El retorno del ciudadano.

Una revisin de la produccin reciente en teora de la ciudadana*

WILL KYMLICKA University ofOttawa

WAYNE NORMAN University ofOttawa

* Este texto apareci originalmente como Return of the Citizen: A Survey of Recent Work on Citizenship Theory, en Ethics,,N 104, Chicago, The University of Chicago Press, Enero de 1994 pgs. 257-289. Publicado con permiso de los autores. La versin en castellano aqu reproducida apareci en Cuadernos del CLAEH, n 75, Montevideo, 1996, pgs. 81-112.

INTRODUCCIN

El inters de los tericos polticos por el concepto de ciudadana ha experimentado una verdadera explosin. En 1978 era posible afirmar confiadamente que el concepto de ciudadana ha pasado de moda entre los pensadores polticos (Van Gunsteren, 1978, 5. 9). Quince aos ms tarde, ciudadana se ha convertido en una palabra que resuena a lo largo de todo el espectro poltico (Heater, 1990, pg. 293; Vogel y Moran, 1991, pg. x). Hay una serie de razones que explican este renovado inters, propio de los noventa. En el nivel de la teora, se trata de una evolucin natural del discurso poltico, ya que el concepto de ciudadana parece integrar las exigencias de justicia y de pertenencia comunitaria, que son respectivamente los conceptos centrales de la filosofa poltica de los aos setenta y ochenta. El concepto de ciudadana est ntimamente ligado, por un lado, a la idea de derechos individuales y, por el otro, a la nocin de vnculo con una comunidad particular. En consecuencia, es probable que pueda ayudar a clarificar lo que est realmente en juego en el debate entre liberales y comunitaristas.

El inters en la ciudadana ha sido tambin alimentado por una serie de eventos polticos y tendencias recientes que se registran a lo largo y ancho del mundo: la creciente apata de los votantes y la crnica dependencia de los programas de bienestar en los Estados Unidos, el resurgimiento de los movimientos nacionalistas en Europa del Este, las tensiones creadas por una poblacin crecientemente multicultural y multirracial en Europa occidental, el desmantelamiento del Estado de bienestar en la Inglaterra thatcheriana, el fracaso de las polticas ambientalistas fundadas en la cooperacin voluntaria de los ciudadanos, etc.

Estos acontecimientos han mostrado que el vigor y la estabilidad de una democracia moderna no dependen solamente de la justicia de su estructura bsica sino tambin de las cualidades y actitudes de sus ciudadanos.1 Por ejemplo, su sentimiento de identidad y su

1 Rawls dice que la estructura bsica es el tema primario de la teora de la justicia, en Rawls, 1971, pg. 7, y Rawls, 1993, pgs. 257-289.

percepcin de las formas potencialmente conflictivas de identidad nacional, regional, tnica o religiosa; su capacidad de tolerar y trabajar conjuntamente con individuos diferentes; su deseo de participar en el proceso poltico con el propsito de promover el bien pblico y sostener autoridades controlables; su disposicin a autolimitarse y ejercer la responsabilidad personal en sus reclamos econmicos, as como en las decisiones que afectan a su salud y al medio ambiente. Si faltan ciudadanos que posean estas cualidades, las democracias se vuelven difciles de gobernar e incluso inestables2. Como observa Habermas, las instituciones de la libertad constitucional no son ms valiosas que lo que la ciudadana haga de ellas (Habermas, 1992., pg. 7).

No es sorprendente, pues, que haya cada vez ms invocaciones a una teora de la ciudadana que se ocupe de la identidad y de la conducta de los ciudadanos individuales, incluyendo sus responsabilidades, roles y lealtades. Sin embargo, hay dos riesgos generales en esta bsqueda. El primero es que el alcance de una teora de la ciudadana es potencialmente ilimitado, ya que prcticamente todo problema de filosofa poltica implica relaciones entre ciudadanos o entre los ciudadanos y el Estado. En la presente revisin intentaremos evitar este peligro centrndonos en dos cuestiones generales que, en opinin de los tericos de la ciudadana, fueron desatendidas como resultado del excesivo nfasis que ha puesto la filosofa poltica reciente en las estructuras e instituciones. Se trata de las virtudes cvicas y de la identidad ciudadana.3

El segundo peligro para una teora de la ciudadana surge como resultado de la frecuente confusin entre dos conceptos que aparecen en la discusin: la ciudadana-como-condicin-legal, es decir, la plena pertenencia a una comunidad poltica particular, y la ciudadana-como-actividad-deseable, segn la cual la extensin y calidad de mi propia ciudadana depende de mi participacin en aquella comunidad.

Como veremos en la prxima seccin, muchos autores creen que una teora de la ciudadana adecuada requiere un gran nfasis en las responsabilidades y virtudes. Sin embargo, pocos de entre ellos proponen que debamos revisar nuestra concepcin de la ciudadana como-condicin-legal de manera tal que sea posible, digamos, despojar de su ciudadana a la gente aptica. Lo que preocupa a estos autores son ms bien los requisitos que caracterizan al buen ciudadano. Pero deberamos esperar que una teora del buen ciudadano sea relativamente independiente de la cuestin legal consistente en saber qu es un ciudadano, del mismo modo que una teora de la persona de bien es algo diferente del problema metafsico (o legal) de saber qu es una persona. Si bien muchos tericos respetan esta distincin al desarrollar sus propias teoras, en la ltima seccin vamos a discutir una tendencia muy generalizada a ignorarla cuando se trata de criticar las teoras de los dems (por ejemplo, por la va de contrastar la propia concepcin fuerte de la ciudadana-como-actividad con la concepcin dbil de la ciudadana-como-condicin defendida por el oponente).

LA ORTODOXIA DE POSTGUERRA

Antes de describir la produccin reciente es preciso bosquejar rpidamente el punto de vista implcito en buena parte de la teora de posguerra. Este punto de vista estuvo casi enteramente definido en trrminos de posesin de derechos. La exposicin ms influyente de esta concepcin de la ciudadana como-posesin-de-derechos fue la de T. H. Marshall

2 Esto puede explicar el reciente inters de algunos gobiernos en promover la ciudadana. Vanse Comisin Britnica de Ciudadana, Encouraging Citizensbip, 1990; Senado de Australia, Active Citizenship Revisited, 1991; Senado de Canad, Canadian Citizenshpi: Sharing the Respomability, 1993. 3 Un problema del que no nos vamos a ocupar aqu es el de las polticas de inmigracin y naturalizacin (vanse, por ejemplo, Brubaker, 1989 y Van Gunsteren, 1988).

en Citizenship and Social Class, escrito en 1949.4 En opinin de Marshall, la ciudadana consiste esencialmente en asegurar que cada cual sea tratado como un miembro pleno de una sociedad de iguales. La manera de asegurar este tipo de pertenencia consiste en otorgar a los individuos un nmero creciente de derechos de ciudadana. Marshall divide estos derechos en tres categoras que, desde su punto de vista, se materializaron en Inglaterra en tres siglos sucesivos: derechos civiles, que aparecen en el siglo XVIII, derechos polticos, que se afirman en el siglo XIX y derechos sociales - por ejemplo, a la educacin pblica, a la asistencia sanitaria, a los seguros de desempleo y a las pensiones de vejez - que se establecen en el siglo XX (Marshall, 1965, pgs. 78 y sigs.).5 Con la expansin de los derechos de ciudadana - anota Marshall - hubo tambin una expansin de las clases de ciudadanos. Los derechos civiles y polticos, que originalmente se restringan a los varones blancos, propietarios y protestantes, fueron gradualmente extendidos a las mujeres, los trabajadores, los judos, los catlicos, los negros y otros grupos previamente excluidos.

Para Marshall, la ms plena expresin de la ciudadana requiere un Estado de bienestar liberal-democrtico. Al garantizar a todos los derechos civiles, polticos y sociales, este Estado asegura que cada integrante de la sociedad se sienta como un miembro pleno, capaz de participar y de disfrutar de la vida en comn. All donde alguno de estos derechos sea limitado o violado, habr gente que ser marginada y quedar incapacitada para participar.

A esta concepcin suele denominrsela ciudadana pasiva o privada, dado su nfasis en los derechos puramente pasivos y en la ausencia de toda obligacin de participar en la vida pblica. Se trata de una concepcin que sigue contando con grandes apoyos,6 y esto por buenas razones: Los beneficios de la ciudadana privada no se deben menospreciar, ya que ponen ciertos bienes humanos bsicos (seguridad, prosperidad y libertad) al alcance de casi todos. Y esto es nada menos que una fantstica realizacin humana (Macedo, 1990, pg. 39).

Sin embargo, a esta ortodoxia de posguerra la han atacado con creciente frecuencia a lo largo de la ltima dcada. A los fines de este artculo, podemos identificar dos clases de crticas. La primera se centra en la necesidad de complementar (o sustituir) la aceptacin pasiva de los derechos de ciudadana con el ejercicio activo de las responsabilidades y virtudes ciudadanas (entre las que se incluyen la autosuficiencia econmica, la participacin poltica e incluso la civilidad). Estas cuestiones se discuten en la seccin siguiente.

La segunda seala la necesidad de revisar la definicin de ciudadana generalmente aceptada con el fin de incorporar el creciente pluralismo social y cultural de las sociedades modernas. Puede la ciudadana aportar una experiencia comn de identidad y lealtad a los miembros de la sociedad? Es suficiente por s misma para incluir en pie de igualdad a los grupos histricamente excluidos o, al menos en algunos casos, es

4 Reimpreso en Marshall, 1965. Para una introduccin concisa a la historia de la .ciudadana, vanse Heater, 1990, y Walzer, 1989. 5 Con frecuencia se menciona lo idiosincrsico de la historia inglesa. En muchos pases europeos varios de estos progresos ocurrieron apenas en los ltimos cincuenta aos y frecuentemente en un orden inverso. Y aun en Inglaterra, la evidencia histrica habla de un modelo de flujo y reflujo ms que de un esquema lineal (Heater, 1990, pg. 271; Parry, 1991, pg. 167; HGeld, 1989, pg. 193; Turner, 1989). 6 Cuando se le pregunta qu es lo que significa ciudadana, la gente tiende a hablar mucho ms frecuentemente de derechos que de responsabilidades. Esto es cierto tanto en Gran Bretaa como en los Estados Unidos, si bien los britnicos tienden a enfatizar la importancia de los derechos sociales (por ejemplo, a la educacin pblica y a los cuidados mdicos), mientras que los estadounidenses mencionan habitualmente los derechos civiles, como la libertad de expresin y la libertad religiosa (King y Waldron, 1988; Conover y otros, 1991, pg. 804). Para mucha gente, la ciudadana es, como af i rm una vez la Suprema Corte de los Estados Unidos, el derecho de tener derechos (Trop versus Dulles 356 U. S. 86, 102 (1958)..

necesario agregar disposiciones particulares? Esta cuestin se discute en la ltima seccin.

LAS RESPONSABILIDADES Y VIRTUDES DE LA CIUDADANA

I. La crtica de la Nueva Derecha a la ciudadana social y al Estado de bienestar

La primera crtica a la ortodoxia de posguerra y la ms poderosa en trminos polticos proviene del ataque de la Nueva Derecha a la idea de derechos sociales. Estos derechos siempre fueron Ifesistidos desde la derecha, con el argumento de que a) son incompatibles con las exigencias de libertad negativa y con los reclamos de justicia basados en el mrito, b) son econmicamente ineficientes, y c) nos hacen avanzar en el camino hacia la servidumbre. Pero estos argumentos el gran pblico los vea inverosmiles, o bien los consideraba justificadamente neutralizados por consideraciones de justicia social o por una defensa del Estado de bienestar fundada, como la de Marshall, en la idea de ciudadana.

Una de las revoluciones del pensamiento conservador durante los aos de Thatcher y Reagan fue la voluntad de empujar a la izquierda a dar la batalla en el propio terreno de la ciudadana social. Mientras que Marshall haba argumentado que los derechos sociales permitan a los ms desfavorecidos integrarse a la corriente principal de la sociedad y ejercer efectivamente sus derechos civiles y polticos, la Nueva Derecha sostiene que el Estado de bienestar ha promovido la pasividad entre los pobres, no ha mejorado sus oportunidades y ha creado una cultura de dependencia. Lejos de aportar una solucin, el Estado de bienestar ha perpetuado el problema al reducir a los ciudadanos al papel de clientes inactivos de la tutela burocrtica. De acuerdo con Norman Barry, no hay evidencia de que los programas de asistencia hayan promovido realmente una ciudadana ms activa (Barry, 1990, pgs. 43-53).

La Nueva Derecha cree que el modelo de la ciudadana pasiva no percibi hasta qu punto la satisfaccin de ciertas obligaciones es condicin para poder ser aceptado corno miembro pleno de la sociedad. En particular, al no poder cumplir con la obligacin de satisfacer sus propias necesidades econmicas, los desempleados a largo plazo son una fuente de humillacin tanto para la sociedad como para s mismos (Mead, 1986, pg. 240)7 La incapacidad de satisfacer las obligaciones comunes es un obstculo a la plena pertenencia a la sociedad tan grave como la ausencia de derechos iguales. En tales circunstancias, obligar a quien se encuentra en una situacin de dependencia a cumplir con las mismas obligaciones que los dems es algo esencial para alcanzar la igualdad, no algo que se oponga a ella. Una poltica social efectiva debe colocar a sus beneficiarios bajo las obligaciones comunes a todos los ciudadanos, en lugar de eximirlos de ellas (Mead, 1986, pgs. 12-13).

Segn la Nueva Derecha, el esfuerzo por asegurar la integracin social y cultural de los ms pobres debe ir ms all de los derechos, focalizndose en su responsabilidad de ganarse la vida. Dado que el Estado de bienestar desalienta a la gente de todo esfuerzo por llegar a autoabastecerse, se debe cortar la red de seguridad y todo beneficio social restante debe conllevar alguna obligacin. Esta es la idea que orient una de las principales reformas del sistema de seguridad social en los Estados Unidos e Inglaterra durante los aos ochenta: la introduccin de programas de workfare, que exigen una

7 Para encontrar evidencia acerca de que existe un conjunto de expectativas que los estadounidenses tienen respecto de los dems y de s mismos (expectativas que deben ser satisfechas si se pretende ser percibido como un miembro pleno de la sociedad), vanse Mead, 1986, Pg. 243; Shklar, 1991, pg. 413; Moon, 1988, pgs. 34-35; Dworkin, 1992, pg. 131.

actividad laboral como contrapartida de los beneficios aportados por las polticas sociales. El objetivo es reforzar la idea de que los individuos deben ser capaces de mantenerse a s mismos.

Esta visin de la Nueva Derecha no qued a salvo de objeciones. Por ejemplo, la afirmacin de que el crecimiento de una subclase de desempleados dependientes de los programas de bienestar es un resultado de las propias polticas sociales desconoce el impacto de la reestructuracin econmica global, al tiempo que es difcilmente compatible con el hecho de que algunos de los pases en donde ms se ha desarrollado el Estado de bienestar (en Escandinavia, por ejemplo) han registrado tradicionalmente las tasas ms bajas de desempleo.

Ms an - agregan los crticos, es difcil encontrar alguna evidencia de que las reformas impulsadas por la Nueva Derecha en los aos ochenta hayan actuado en favor de una ciudadana responsable. Tales reformas pretendan extender la accin de los mercados en la vida de la gente - mediante el libre comercio, la desregulacin, la reduccin de impuestos, el debilitamiento de los sindicatos y el recorte de los seguros de desempleo con el propsito, al menos parcial, de ensearle las virtudes de la iniciativa, la confianza en s mismo y la autosuficiencia (Mulgan, 1991, pg. 43). Sin embargo, se puede argumentar que en lugar de alcanzar este objetivo, muchas iniciativas desregulatorias condujeron a una era de voracidad y de irresponsabilidad econmica sin precedentes, como lo mostraron los escndalos vinculados al ahorro, el prstamo y la comercializacin de ttulos en los Estados Unidos (Mulgan, 1991, pg. 39). Paralelamente, el recorte de los programas de asistencia, lejos de convertirse en un estmulo para los desfavorecidos, tuvo la consecuencia de expandir el grupo de desclasados. Las desigualdades de clase se exacerbaron, y los desempleados y trabajadores pobres fueron efectivamente desciudadanizados al volverse incapaces de participar en la nueva economa de la Nueva Derecha (Fierlbeck, 1991, pg. 579; Hoover y Plant, 1988, cap. 12).

Para muchos, por lo tanto, el programa de la Nueva Derecha no debe verse como expresin de una concepcin alternativa de lo que es ser un ciudadano sino como un asalto al propio principio de ciudadana. Como dice Plant, en lugar de aceptar la ciudadana como

condicin poltica y social, los conservadores modernos han intentado reafirmar el rol del mercado y han rechazado la idea de que la ciudadana confiere un estatus independiente respecto del nivel econmico (Plant, 1991, pg. 52; Heater, 1990, pg. 303; King, 1987, pgs. 196-198)8

II. Repensando la ciudadana social

Dadas las dificultades que afronta la crtica de la Nueva Derecha, mucha gente de izquierdas sigue defendiendo el principio de que la ciudadana plena requiere derechos sociales. Para la izquierda, el argumento de Marshall segn el cual las personas slo pueden ser miembros plenos y participativos de la vida social en la medida en que sus necesidades bsicas sean satisfechas es hoy tan fuerte como siempre (Ignatieff, 1989, pg. 72). Sin embargo, muchos autores de izquierdas reconocen que las instituciones del Estado de bienestar efectivamente existentes son impopulares, y esto, al menos en

8 Algunas personas desde la derecha han reconocido este peligro asociado a una concepcin de ciudadana enteramente basada en el mercado y han llamado a compensarlo mediante un nfasis en la caridad y el voluntariado. Vase la discusin acerca de la retrica del Partido Conservador Britnico a propsito de la ciudadana en Fierlbeck, 1991, pg. 589; Andrews, 1991, pg, 13 y Heater, 1990, pg. 303

parte, porque parecen promover la pasividad y la dependencia, al tiempo favorecen un retraimiento privatista de la ciudadana y una particular "clientelizacin" del rol de ciudadano (Habermas, 1992, pgs. 10-11; King, 1987, pgs. 45-46).

Cmo puede entonces el Estado fomentar la autosuficiencia y la responsabilidad? La izquierda ha reaccionado de modo ambivalente ante propuestas tales como los programas de workfare. Por un lado, el principio de responsabilidad personal y de obligacin social ha ocupado siempre el corazn del socialismo (Mulgan, 1991, pg. 39). Despus de todo, el deber de trabajar est implcito en la famosa consigna de Marx: De cada cual segn sus capacidades, a cada cual segn sus necesidades. Alguna gente de izquierdas, por lo tanto, aceptara el workfare siempre y cuando no slo atribuya responsabilidades sino tambin garantice la capacidad de hacer uso de ellas (Mulgan,1991, pg. 46).

Por otro lado, sin embargo, muchas personas de izquierdas se sienten incmodas ante la idea de imponer obligaciones como parte de la poltica social. Suponen que la gente en situacin de dependencia ha quedado fuera de la corriente principal de la sociedad a causa de la falta de oportunidades (trabajo, educacin, capacitacin laboral) y no como consecuencia de su renuencia a trabajar. Por lo tanto, es intil imponer obligaciones cuando no existen verdaderas oportunidades e innecesario cuando s existen, ya que la gran mayora de quienes dependen de las polticas sociales preferiran no estar en esa situacin (King, 1987, pgs. 186-191; Fullinwider, 1988, pgs. 270-278). Ms que imponer la obligacin de trabajar, la izquierda querra alcanzar el pleno empleo por la va, por ejemplo, de los programas de capacitacin. En consecuencia, si bien la izquierda acepta el principio general de que la ciudadana implica tanto derechos como responsabilidades, considera que los derechos de participacin deben, en cierto sentido, preceder a las responsabilidades. Esto es: slo es apropiado exigir el cumplimiento de las responsabilidades una vez que se han asegurado los derechos de participacin.

Similar rechazo de las ideas de la Nueva Derecha puede encontrarse en las recientes discusiones feministas sobre el tema de la ciudadana. Muchas feministas aceptan la importancia de equilibrar derechos y responsabilidades. Ms an, las conclusiones a las que ha llegado Carol Gilligan sugieren que las mujeres, en su razonamiento moral de todos los das, prefieren el lenguaje de la responsabilidad al lenguaje de los derechos (Gilligan, 1982, pg. 19). Pero las feministas manifiestan serias dudas ante la retrica de la Nueva Derecha sobre la autosuficiencia econmica. El discurso neutral desde el punto de vista del gnero a propsito de la autosuficiencia suele ser una manera codificada de decir que los hombres deben mantener econmicamente a su familia, en tanto las mujeres deben ocuparse del hogar y cuidar de los ancianos, los enfermos y los menores. Todo esto refuerza las barreras que impiden la plena participacin de las mujeres en la sociedad, en lugar de eliminarlas.9

Cuando la Nueva Derecha habla de autosuficiencia, el prefijo auto se refiere a la familia. Son las familias las que deben ser auto-suficientes. De ah que una mayor autosuficiencia es coherente con una mayor dependencia dentro de la familia e incluso puede requerirla. Sin embargo, la dependencia de la mujer respecto del hombre que se concreta dentro de la familia puede ser tan daina como la dependencia respecto del Estado de bienestar, ya que permite que los hombres ejerzan un poder excesivo sobre las decisiones que se adoptan en materia de sexo, reproduccin, consumo, tiempo libre, etc. (King, 1987, pg. 47; Okin, 1989, pgs. 128-129).

Dado que las percepciones sobre el ejercicio de responsabilidades tienden a tratar a las mujeres con desigualdad, muchas feministas comparten la visin de la izquierda segn la 9 El nfasis de la Nueva Derecha en la autosuficiencia deja a las mujeres ante un dilema ineludible: si se quedan en casa cuidando a sus nios, caen bajo la acusacin de no estar viviendo de acuerdo a la exigencia de autoabastecerse (de aqu el estereotipo de las madres irresponsablemente dependientes de los programas de bienestar). Pero si intentan ganarse la vida, entonces son acusadas de desatender sus responsabilidades familiares.

cual los derechos de la participacin deben, en cierto sentido, preceder a las responsabilidades. Ms an, las feministas desean extender la lista de derechos sociales con el fin de atacar las barreras estructurales que impiden la plena participacin de las mujeres como ciudadanos. Barreras que son comnmente ignoradas, si no exacerbadas, por el Estado de bie-, tal como ocurre con la desigual distribucin de las responsabilidades domsticas (Phillips, 1991a, 1991b; Okin, 1992). Dada la dificultad de combinar las responsabilidades familiares con las pblicas, la ciudadana igualitaria para las mujeres ser imposible a menos que se rediseen los lugares de trabajo y las expectativas laborales con el fin de conceder ms lugar a las responsabilidades familiares, y que los hombres acepten compartir estas ltimas (Okin, 1989, pgs. 175-177).

Sin embargo, si los derechos deben preceder a las responsabilidades, parecera que estamos volviendo a la vieja concepcin de la ciudadana pasiva. Y la izquierda acepta, al igual que la derecha, la necesidad de cambiar en este punto. La propuesta ms popular para afrontar este problema es la de descentralizar y democratizar el Estado de Bienestar, dando, por ejemplo, ms poder a las agencias que desarrollan los programas sociales y hacindolas ms controlables por parte de sus clientes (Pierson, 1991, pgs. 200-207). De ah el discurso ya familiar de otorgar poder a los beneficiarios, sustituyendo los derechos de bienestar por derechos a la participacin democrtica en la administracin de los programas sociales.

Este es el tema central de la concepcin contempornea de la izquierda acerca de la ciudadana social.10 Sin embargo, es difcil saber si este punto de vista va a permitir superar la dependencia respecto del Estado de bienestar. Por una parte, quienes suministran los servicios se han opuesto a los intentos de hacerlos ms controlables (Rustin, 1991, pg. 231; Pierson, 1991, pgs. 206-207). Por otra parte, puede haber algunas tensiones entre el objetivo de asegurar ms capacidad de control democrtico a las comunidades locales y el de aumentar esa misma capacidad en los beneficiarios de los programas (Plant, 1990, pg. 30). Como veremos en la prxima seccin, es posible que la izquierda deposite excesiva confianza en la capacidad de los sistemas de participacin democrtica para resolver los problemas ligados a la nocin de ciudadana. III. Necesidad de virtudes cvicas. Muchos liberales clsicos creyeron que aun sin una ciudadana armente virtuosa la democracia liberal poda asegurarse te la creacin de controles y equilibrios. Dispositivos institucionales y procedimentales como la separacin de poderes, el poder legislativo bicameral y el federalismo serviran en conjunto para bloquear el paso a los posibles opresores. Incluso en el caso de que cada persona persiguiera su propio inters sin ocuparse del bien comn, un conjunto de intereses privados podra controlar a otro conjunto de intereses privados"11 Sin embargo, ha terminado por quedar claro que estos

10 Otro tema en la produccin de izquierda sobre la ciudadana es la importancia de los derechos constitucionales. De hecho, la reconciliacin de la izquierda con los derechos liberales es uno de los principales fenmenos tericos de nuestros tiempos (Philips, 1991b, pg. 13; Andrews, 1991, pgs. 207-211y Shedley, 1991, pg. 226). 11 Kant pensaba que el problema del buen gobierno puede ser resuelto incluso en el caso de un pueblo de demonios (citado en Galston, 1991, pg. 215). Otros liberales reconocieron, por supuesto, la necesidad de la virtud pblica. Entre ellos se cuentan Locke, Mill y los idealistas britnicos; vase Vincent y Plant, 1984, cap. I. Vanse tambin Carens, 1986, y Deigh, 1988, quienes argumentan que los derechos y principios liberales fundamentales establecen un amplio espectro de deberes y responsabilidades sociales, entre los que se cuentan la obligacin de hacer buen uso de los talentos propios, la de votar, la de asumir las responsabilidades propias

mecanismos procedimental-institucionales no son suficientes y que tambin se necesita cierto nivel de virtud y de preocupacin por lo pblico (Galston, 1991, pgs. 217 y 244; Macedo, 1990, pgs. 138-139).

Consideremos las mltiples maneras en que las polticas pblicas dependen de decisiones responsables a nivel de los estilos de vida personales: el Estado ser incapaz de proveer cuidados sanitarios adecuados si los ciudadanos no actan responsablemente hacia su propia salud (siguiendo una dieta balanceada, haciendo ejercicio y controlando el consumo de alcohol y tabaco); el Estado puede tornarse incapaz de satisfacer las necesidades de los nios, los ancianos y los discapacitados si los ciudadanos no aceptan su cuota de responsabilidad en cuanto a la atencin de sus propios parientes; el Estado no podr proteger el medio ambiente si los ciudadanos no aceptan reducir el consumo o practicar el reciclaje en sus propios hogares; la capacidad del gobierno para regular la economa puede debilitarse si los ciudadanos se endeudan demasiado o exigen aumentos salariales excesivos; los intentos de crear una sociedad ms justa van a sufrir serios tro-piezos si los ciudadanos exhiben una intolerancia crnica hacia la diferencia o si carecen de lo que Rawls llama sentido de la justicia (Rawls, 1971, pgs. 114-116 y 335). Sin cooperacin y autocontrol en estas reas, la capacidad de las sociedades liberales de funcionar con xito disminuye progresivamente (Galston, 1991, pg. 220; Macedo, 1990, pg. 39).

En pocas palabras, se requiere una comprensin y una prctica de la ciudadana que sean ms completas, ms ricas e incluso ms sutiles porque lo que el Estado necesita de la ciudadana no se puede obtener mediante la coercin sino solamente por medio de la cooperacin y el autocontrol en el ejercicio del poder privado (Cairns y Williams, 1985, pg. 43). Ahora bien, es creciente el temor de que la civilidad y el inters de los ciudadanos por lo pblico puedan estar declinando seriamente en las democracias liberales (Walzer, I992b, pg. 90).12 Una concepcin adecuada de la ciudadana parece exigir, por lo tanto, un equilibrio entre derechos y responsabilidades. Pero, dnde aprendemos esas virtudes? La Nueva Derecha apuesta fuerte por el mercado como escuela de la virtud. Pero hay otras respuestas a esta pregunta.

a) La izquierda y la democracia participativa. Tal como sealbamos, una de las respuestas de la izquierda al problema de la pasividad ciudadana consiste en otorgar a los ciudadanos ms poder por medio de la democratizacin del Estado de bienestar y, ms en general, por medio de la dispersin del poder estatal en una serie de instituciones democrticas locales, asambleas regionales y tribunales de apelacin. Sin embargo, el nfasis en la participacin no alcanza para explicar cmo podemos asegurar que los ciudadanos participen responsablemente, es decir, con espritu de servicio a la cosa pblica, sin egosmos ni prejuicios.

De hecho, y como indica Mulgan, al haberse concentrado demasiado estrechamente en la necesidad de transferir el poder y en las virtudes de la libertad, las cuestiones relativas a la responsabilidad han quedado marginadas (Mulgan, 1991, pgs. 40-41). Los ciudadanos que se benefician, de nuevas cuotas de poder pueden usarlo de forma irresponsable, reclamando beneficios y prerrogativas que finalmente no pueden solventar, o votando reducciones de impuestos y recortes a los programas sociales, o buscando chivos expiatorios en la indolencia de los pobres, el exotismo de las minoras

de cada funcin pblica y la de colaborar con la defensa del pas, as como el deber de proteger y educar a los hijos. 12 Segn una encuesta reciente, slo el 12 % de los adolescentes estadounidenses piensa que votar es importante para ser un buen ciudadano. Esta apata no es una simple funcin de la edad: comparaciones con encuestas similares realizadas en los ltimos cincuenta aos sugieren que la poblacin joven contempornea es la que menos conoce, menos se preocupa y menos critica a sus lderes e instituciones (Glendon, 1991, pg. 12.9). La evidencia proveniente de Gran Bretaa es similar (Heater, 1990, pg. 215).

tnicas o la insolencia e irresponsabilidad de las mujeres modernas (Fierlbeck, 1991, pg. 592).

Siguiendo a Rousseau y a Stuart Mill, muchos partidarios de la democracia participativa suponen que la participacin poltica ensear la responsabilidad y la tolerancia. Como observa Oldfield, quienes piensan de este modo depositan su fe en la actividad participativa como el medio por el cual los individuos pueden habituarse a cumplir con los deberes de la ciudadana. La participacin poltica abre la mente de los individuos, los familiariza con los intereses que estn ms all de las circunstancias particulares y el entorno personal, los alienta a reconocer que los asuntos pblicos deben ser el objeto central de su atencin (Oldfield, 1990b, pg. 184).

Mucha gente de izquierdas ha tratado as de obviar el problema de la Ciudadana responsable, disolvindolo en el problema de la democracia. Esto los ha llevado a su vez a defender la toma colectiva de decisiones como la solucin a todos los problemas de la ciudadadana (Held, 1991, pg. 23; Pierson, 1991, pg. 202).13 Por desgracia, esta fe en la funcin educativa de la participacin parece excesivamente optimista (Oldfield, 1990b, pg. 184; Mead, 1986, pg. 247; Andrews, 1991, pg. 216). Esto explica por qu existe un creciente reconocimiento de que las responsabilidades ciudadanas deben quedar ms explcitamente incorporadas en las teoras de la izquierda (Hoover y Plant, 1988, pgs. 289-291; Vogel y Moran, 1991, pg. xv; Mouffe, 1992b). Pero parece claro que la izquierda no ha encontrado todava un vocabulario de la responsabilidad con que sentirse cmoda ni un conjunto concreto de polticas que permitan promover esas responsabilidades.14

b) Republicanismo cvico. La tradicin cvico-republicana moderna es una forma

extrema de democracia participativa principalmente inspirada en Maquiavelo y Rousseau (quienes estaban a su vez fascinados por los griegos y los romanos). No es sorprendente que el reciente aumento de inters por la nocin de ciudadana le haya dado una amplia audiencia.

El rasgo que distingue a los republicanos cvicos de otros participativistas como los tericos de izquierdas que acabamos de discutir, es su nfasis en el valor intrnseco que tiene la actividad poltica para los propios participantes. Esta participacin es, en palabras de Oldfield, la forma de coexistencia ms elevada que los hombres pueden esperar (Oldfield, I99oa, pg. 6). En esta perspectiva, la vida poltica es superior a las satisfacciones puramente privadas que puedan proporcionar la familia, el vecindario o la profesin y debe por lo tanto ocupar el centro de la vida de las personas. La falta de participacin poltica hace del individuo un ser radicalmente incompleto y atrofiado (Oldfield, I99ob, pg. 187; Pocock, 1992, pgs. 45 y 53; Skinner, 1992 y Beiner, 1992).

Como admiten sus propios partidarios, esta concepcin est claramente en conflicto con el modo en que la mayor parte de la gente entiende actualmente tanto la ciudadana como la vida buena. La mayor parte de la gente no encuentra su principal fuente de felicidad en la poltica sino en la vida familiar, el trabajo, la religin o el ocio. La participacin poltica es vista como una actividad ocasional y por lo general gravosa,

13 Vase Arneson (1992, pgs. 488-492), en donde se presenta una serie de conflictos potenciales entre lo

procedimientos democrticos y los objetivos socialistas. Como observa Dworkin, existe el peligro de hacer de la democracia un agujero negro al que van a parar todas las otras virtudes polticas (Dworkin, 1992, pg.132).

14 La izquierda desde durante dcadas muchas de estas cuestiones, con el argumento de que la preocupacin por la nocin de ciudadana era burguesa. El propio lenguaje de la ciudadana le era ajeno (Selbourne, 1991, pg. 94; Van Gunsteren, 1978, pg. 9; Dietz, 1992b, pg. 70; Wolin, 1992b, pg. 241; Andrews, 1991, pg. 13).

aunque necesaria para que el gobierno respete y proteja la libertad que permite a los individuos proseguir sus actividades y cultivar sus vnculos personales. Este supuesto de que la poltica es un medio para proteger la vida privada es compartido por mucha gente de izquierdas (Ignatieff, 1989, pg. 72-73) y de derechas (Mead, 1986, pg. 254), as como por no pocos liberales (Rawls, 1971, pg. 229-230), tericos de la sociedad civil (Walzer, 1989, pg. 215) y feministas (Elshtain, 1981, pg. 327). De hecho, define la concepcin moderna de la ciudadana.

Para explicar la indiferencia moderna hacia la participacin poltica los republicanos cvicos suelen argumentar que la vida poltica se ha empobrecido en comparacin con la ciudadana activa ligarnos, la antigua Grecia. El debate poltico ha perdido sentido, la gente carece de acceso a una verdadera participacin.

Pero es ms verosmil ver nuestro apego a la vida privada como resultado no de un empobrecimiento de la vida pblica, sino del enriquecimiento de la vida privada. Si ya no buscamos gratificaciones en la poltica es porque nuestra vida social y personal es mucho ms rica que la de los griegos. Muchas son las razones de este cambio histrico: la valoracin del amor romntico y de la familia nuclear (con su nfasis en la intimidad y la privacidad), la creciente prosperidad (y el consiguiente enriquecimiento de las formas de ocio y de consumo), la afirmacin cristiana de la dignidad del trabajo (que los griegos despreciaban) y la creciente aprensin hacia la guerra (que era positivamente valorada por los griegos), entre otras.

Los ciudadanos pasivos que prefieren las satisfacciones de la vida familiar y profesional a los deberes de la poltica no estn necesaria equivocados. Como ha dicho Galston, los republicanos que denigran la vida privada como tediosa y absorbente revelan no encontrar satisfaccin en el contacto con comunidades reales y, ms desprecian la vida de todos los das (Galston, 1991, pgs. 58-63).15

c) Tericos de la sociedad civil. Vamos a utilizar la expresin tericos de la sociedad civil para identificar un reciente desarrollo del pensamiento comunitarista de los aos ochenta. Estos tericos subrayan la civilidad y el autocontrol como condiciones de una democracia sana, pero niegan que el mercado o la participacin poltica sean suficientes para ensear esas virtudes. En las organizaciones voluntarias de la sociedad civil Iglesias, familias, sindicatos, asociaciones , cooperativas, grupos de proteccin del medio ambiente, asociaciones de vecinos, grupos de apoyo a las mujeres, organizaciones de beneficencia es donde aprendemos las virtudes del compromiso mutuo. Segn Walzer, la civilidad que hace posible la poltica democrtica slo se puede aprender en las redes asociativas de la sociedad civil (1992b, pg. 104).

Dado que estos grupos son voluntarios, la incapacidad de vivir en consonancia con las responsabilidades que ellos plantean normalmente recibe la desaprobacin y no el castigo legal. Pero como la desaprobacin proviene de la familia, los amigos, los colegas o los com-paeros, en muchos sentidos es un incentivo ms poderoso para actuar

15 Los republicanos cvicos raramente defienden hasta el final su concepcin de lo que da valor a la vida. Por ejemplo, despus de afirmar que la vida poltica es la forma de Coexistencia ms elevada que los hombres pueden esperar, Oldfield contina diciendo: no voy a argumentar en favor de esta tesis moral. Ya ha sido defendida muchas veces en el corpus literario del republicanismo cvico (1990a, pg. 6). Pero muchos crticos han sostenido que estas defensas previas reposan en el sexismo y la denigracin de la esfera privada (por ejemplo, Vogel, 1991, pg. 68; Young, 1989, pg. 253 y Phillips, 1991b, 49) o en la exclusin tnica (Habermas, 1992, pg. 8). El argumento de Skinner parece ser que, si bien la participacin poltica puede tener un valor puramente instrumental a los ojos de la gente, debemos lograr que se la vea como una actividad dotada de valor intrnseco, ya que, de los contrario, no ser posible contrarrestar las amenazas internas o externas que pesan .sobre la democracia (Skinner, 1992, pgs. 219-221). Para una discusin de la relacin entre las concepciones republicanas del bien y el liberalismo, vanse Dworkin, 1989, 499-504; Taylor, 1989, pgs. 177-181; Hill, 1993, pgs. 67-84, y Sinopoli, 1992, 163-171.

responsablemente que la sancin por parte de un Estado impersonal. Aqu se forman el carcter, las competencias y la capacidad de la ciudadana, porque aqu interiorizamos la idea de responsabilidad personal y compromiso mutuo, y aprendemos el autocontrol voluntario que es esencial para una ciudadana verdaderamente responsable (Glendon, 1991, pg. 109).

En consecuencia, una de las primeras obligaciones de la ciudadana es participar en la sociedad civil. Como afirma Walzer, smate a la organizacin que prefieras no es un eslogan para reanimar a los militantes polticos, sino lo que la sociedad civil requiere (Walzer, I992b, pg. 106).

La afirmacin de que la sociedad civil es el semillero de la virtud cvica (Glendon, 1991, pg. 109) es una afirmacin esencialmente emprica para la cual no hay mucha evidencia, ni en favor ni en contra. Se trata de un punto de vista antiguo y venerable, pero no es obviamente cierto. Puede que el vecindario sea el lugar donde aprendemos a ser buenos vecinos, pero las asociaciones vecinales tambin ensean a la gente a decir no lo haga en el fondo de mi casa cuando se trata de ubicar nuevos conjuntos habitacionales o de definir el emplazamiento de obras pblicas. De modo similar, la fa-milia suele ser una escuela de despotismo que ensea la dominacin masculina sobre la mujer (Okin, 1992, pg. 65), las Iglesias suelen ensear la sumisin a la autoridad y la intolerancia hacia los otros credos, los grupos tnicos suelen ensear el prejuicio hacia las otras razas, y la enumeracin puede continuar.

Walzer reconoce que mucha gente est atrapada en alguna relacin de subordinacin, en la cual aprende una "civilidad" ms sumisa que independiente y activa. En tales circunstancias agrega, tenemos que reconstruir la red asociativa bajo nuevas condiciones de libertad e igualdad. De forma similar, cuando las actividades de algunas asociaciones estn concebidas de manera estrecha, parcial o particularista, entonces necesitan de una correccin poltica. Walzer llama a este punto de vista asociacionismo crtico, con lo que quiere significar que las asociaciones de la sociedad civil pueden necesitar reformas orientadas por los principios de la ciudadana (Walzer, I992b, pg. 106-107).

Pero esto va demasiado lejos en la direccin contraria. Lejos de proteger a las asociaciones voluntarias, este enfoque puede justificar inintencionadamente una intervencin a gran escala sobre ellas. Por supuesto, los gobiernos deben intervenir con el f in de proteger los derechos de las personas que estn dentro y fuera del grupo, si efectivamente ocurre que esos derechos son amenazados. Pero, es desea-ble que los gobiernos reconstruyan las Iglesias, por ejemplo, con el fin de promover la democracia en su interior o para asegurar que sus miembros aprendan a ser independientes y no deferentes hacia la autoridad? Y, en todo caso, no podra ocurrir que los esfuerzos por promover la democracia dentro de las Iglesias, familias o sindicatos comiencen a debilitar su carcter esencialmente libre y voluntario, lo que supuestamente los convierte en semilleros de virtud? Los tericos de la sociedad civil piden demasiado a las organizaciones voluntarias al esperar que sean la principal escuela (o una rplica en pequea escala) de la ciudadana democrtica. Si bien las asociaciones pueden ensear las virtudes cvicas, no es sta su razn de ser. El motivo por el cual la gente se incorpora a las Iglesias, familias u organizaciones tnicas no es el de aprender tales virtudes. Su objetivo es ms bien el de poner en prctica ciertos valores y disfrutar de ciertos bienes, y esto puede tener poco que ver con la promocin de la ciudadana.

La incorporacin a una asociacin religiosa o tnica puede ser ms una manera de apartarse de la corriente principal de la sociedad que un modo de aprender cmo actuar dentro de ella. Pretender que los padres, sacerdotes o militantes organicen la vida interna de sus grupos de manera que promuevan ante todo el ejercicio de la ciudadana es ignorar la razn de existencia de tales grupos. Algunas asociaciones, como los boy

scouts, estn diseadas con el propsito de promover la ciudadana, pero sta es la excepcin y no la regla. 16

Un problema similar se plantea a propsito de las teoras de la ciudadana maternal, que se centran en la familia y en particular la maternidad como escuela de la responsabilidad y la virtud. Segn Jean Elshtain y Sara Ruddick, la maternidad ensea a las mujeres la responsabilidad de conservar la vida y de proteger a los dbiles, y estas lecciones deberan transformarse en los principios orientadores de la vida poltica en su conjunto. Por ejemplo, la maternidad una actitud metafsica de pertenencia que da prioridad leccin de las relaciones existentes sobre la adquisicin de nuevos beneficios (Elshtain, 1981, pgs. 326-327, 349-353; Ruddick, 1987, pgs. 242). Esto tiene obvias implicaciones sobre las decisiones de la guerra o del medio ambiente.

Sien embargo, algunos crticos argumentan que la maternidad no involucra los mismos atributos o virtudes que la ciudadana y que no hay evidencia de que las actitudes maternales promuevan valores democrticos tales como la participacin ciudadana, el autogobierno, el igualitarismo y el ejercicio de la libertad (Dietz, 1985, pg. 30; Nauta, 1992, pg. 31). Como seala Dietz, un despotismo ilustrado, una burocracia de partido nico y una repblica democrtica son igualmente capaces de respetar a las madres, proteger las vidas de los nios y mostrar compasin hacia los ms dbiles (Dietz, 1992b, pg. 76).

Esta crtica es paralela a la de las teoras de la sociedad civil. Tanto las feministas como los tericos de la sociedad civil definen la ciudadana en funcin de las virtudes propias de la esfera privada. Pero si bien es verdad que estas virtudes pueden a veces ser necesarias para el ejercicio de la ciudadana, lo cierto es que no son suficientes y a veces pueden ser contraproducentes.

d) Teoras de la virtud liberal. A los liberales a menudo se los critica y no sin razn a

causa del frecuente desequilibrio que establecen entre derechos y responsabilidades. Los tericos liberales de los aos setenta y ochenta se centraron casi exclusivamente en la jus-tificacin de los derechos y de las instituciones necesarias para asegurarlos, sin atender a las responsabilidades de los ciudadanos. Muchos crticos piensan que los liberales son incapaces de corregir este desequilibrio, dado que el compromiso liberal con la libertad, la neutralidad o el individualismo hace ininteligible el concepto de virtud cvica (Mouffe, 1992, b).

Sin embargo, algunos de los trabajos ms interesantes acerca de la importancia de la virtud cvica fueron hechos por liberales como Amy Gutmann, Stephen Macedo y William Galston. De acuerdo con Galston, las virtudes requeridas para el ejercicio responsable de la ciudadana se pueden dividir en cuatro grupos: a) virtudes generales: coraje, respeto de la ley, lealtad; b) virtudes sociales: independencia, apertura mental; c) virtudes econmicas: tica del trabajo, capacidad de postergar las gratificaciones, adaptabilidad al cambio econmico y tecnolgico; y d) virtudes polticas: capacidad de reconocer y respetar los derechos de los dems, disposicin a no exigir ms de lo que se puede pagar, capacidad de evaluar el desempeo de quienes ocupan los cargos pblicos, disposicin a participar en el debate pblico (Galston, 1991, pgs. 221-224).

Las dos ltimas virtudes mencionadas la capacidad de cuestionar a la autoridad y la voluntad de involucrarse en la discusin pblica son los componentes distintivos de la teora liberal de las virtudes. La necesidad de cuestionar a la autoridad proviene en parte del hecho de que, en una democracia representativa, los ciudadanos eligen representantes que gobiernan en su nombre. En consecuencia, una importante responsabilidad de los ciudadanos es la de controlar a quienes ocupan cargos pblicos y 16 Tambin es difcil percibir como estos grupos, an reformulados, podran ensear lo que algunos consideran el aspecto esencial de la ciudadana, esto es, una identidad comn y el sentido de un propsito compartido (vase Phillips, 1991b, pgs. 117-118). Discutiremos este punto en la ltima seccin.

juzgar su conducta. La necesidad de involucrarse en la discusin pblica proviene del hecho de que, en una democracia, las decisiones del gobierno deben adoptarse pblicamente, a partir de una discusin libre y abierta.

Pero, como observa Galston, la virtud del discurso pblico no se reduce a la voluntad de participar en poltica o de dar a conocer el punto de de vista que uno defiende. Ms bien, esta virtud incluye la disposicin a escuchar seriamente una gama de puntos de vista que, dada la diversidad de las sociedades liberales, va a incluir ideas que inevitablemente sonarn extraas y aun odiosas a quien las oiga. La virtud del discurso poltico tambin incluye la voluntad de presentar las propias ideas de manera inteligible y sincera, como base de una poltica de persuasin y no de manipulacin o de coercin (Galston, 1991, pg. 227).

Macedo llama a esta disposicin la virtud de la razonabilidad pblica. Los ciudadanos liberales deben dar razones que sustenten sus reclamos polticos, en lugar de limitarse a manifestar preferencias o proferir amenazas. Estas razones deben adems ser pblicas en el sentido de que deben ser capaces de convencer a personas de diferentes creencias y nacionalidades. No es suficiente, por lo tanto, invocar las Escrituras o la tradicin.17 Los ciudadanos liberales deben justificar sus reclamos polticos en trminos que sus conciudadanos puedan no slo entender sino tambin aceptar como consistentes con sus estatus de ciudadanos libres e iguales. Esto requiere un esfuerzo consciente para distinguir aquellas creencias que son objeto de un acto de fe puramente privado, de aquellas que pueden ser objeto de defensa pblica, es decir, de una defensa que tenga en cuenta cmo se ven las cosas desde el punto de vista de quienes tienen compromisos religiosos y bases culturales diferentes de los nuestros (Phillips, 1991a, pg. 57-59).18

Dnde se aprenden estas virtudes? Algunos tericos que hemos examinado confan en el mercado, la familia o las asociaciones de la sociedad civil como matrices de la virtud cvica. Pero, parece claro que la gente no va a aprender automticamente a involucrarse en el discurso pblico o a cuestionar la autoridad en ninguna de estas esferas, dado que stas suelen organizarse en torno al discurso privado y el respeto de la autoridad.

La respuesta, segn varios tericos de las virtudes liberales, es el sistema educativo. Las escuelas deben ensear a los alumnos cmo incorporar el tipo de razonamiento crtico y la perspectiva moral que definen la razonabilidad pblica. Como sostiene Amy Gutmann, los chos en la escuela no slo deben aprender a comportarse segn lo establecido por la autoridad sino tambin a pensar crticamente acerca de ella, si se espera que vivan de acuerdo con el ideal democrtico de compartir la soberana poltica en tanto ciudadanos. La gente que slo es gobernada por el hbito y la obediencia es incapaz de construir una sociedad de ciudadanos soberanos (Gutmann, 1987, pg. 51).19

Sin embargo, la idea de que las escuelas deben ensear a los alumnos a ser escpticos a propsito de la autoridad poltica y a distanciarse de sus propias tradiciones al embarcarse en una discusin pblica no est fuera de controversia. Los tradicionalistas la rechazan argumentando que esta poltica conduce inevitablemente a que tambin cuestionen la vida privada, la tradicin y la autoridad paterna o religiosa. Y esto es seguramente correcto. Como admite Gutmann, la educacin para la ciudadana

17 Vase la discusin sobre el principio de la motivacin secular en Audi, 1989, pg. 284

18 Esto muestra por qu los tericos de la sociedad civil se equivocan al pensar que la buena ciudadana puede fundarse en virtudes esencialmente privadas. El requerimiento de razonabilidad pblica se aplica al debate poltico, pero es innecesario e indeseable en la esfera privada. Sera absurdo exigir a quienes tienen vnculos con una Iglesia que se abstengan de apelar a la Escrituras a la hora de decidir corno se relacionarn con ella. 19 Las escuelas pblicas no slo ensean estas virtudes a travs del curriculum sino tambin por la va de insistir en que los estudiantes se sienten en sus sitios (cerca de otros estudiantes de diferentes razas y religiones), levanten sus manos antes de hablar, entreguen sus tareas domiciliarias a tiempo... sean buenos deportistas en el campo de juego (Gutmann, 1987, pg. 53).

democrtica implica necesariamente dotar a los muchachos de las habilidades intelectuales requeridas para evaluar formas de vida diferentes de la de sus padres, ya que muchas, si no todas, las capacidades necesarias para poder elegir entre modelos de la vida buena son tambin necesarias para poder elegir entre modelos de la sociedad buena (Gutmann, 1987, pgs. 30, 40).

Esto explica por qu aquellos grupos que actan en funcin de una aceptacin acrtica de la tradicin y de la autoridad, aunque no sean estrictamente excluidos, son forzosamente debilitados por las actitudes libres, abiertas, pluralistas y progresistas que alienta la educacin liberal (Macedo, 1990, pgs. 53-54)- Por eso grupos como los amish han querido retirar a sus hijos del sistema educativo. Esto plantea un dilema para los liberales, muchos de los cuales desean incorporar a los grupos respetuosos de la ley como los amish. Algunos de ellos ven la desaparicin de estos grupos como algo lamentable pero a veces inevitable en una sociedad democrtica (Rawls, 1975, pg. 551; Rawls, 1988, pgs. 267-268). Otros, en cambio, prefieren ajustar la educacin para la ciudadana de manera que se minimice el impacto sobre la autoridad paterna o religiosa. Galston, por ejemplo, argumenta que la necesidad de ensear a los muchachos cmo incorporarse al debate pblico y cmo evaluar a los lderes polticos no justifica la conclusin de que el Estado debe (o puede) estructurar la educacin pblica de forma que se aliente la reflexin escptica sobre los modos de vida heredados de los padres o de las comunidades locales (Galston, 1991, pg. 253). Sin embargo, el propio Galston admite que no es fcil para las escuelas promover la disposicin de los muchachos a cuestionar la autoridad poltica sin debilitar su inconmovible creencia en la rectitud del modo de vida de sus padres.

Este dilema es similar al que encuentran los tericos de la sociedad civil. stos afrontan el problema de cmo intervenir sobre los grupos privados para convertirlos en mejores escuelas de la virtud cvica, Los tericos de la virtud liberal, por su parte, afrontan la cuestin de cmo modificar la educacin cvica que se imparte en las escuelas para limitar su impacto sobre las asociaciones privadas. Ninguno de los dos grupos ha conseguido hasta el momento resolver ente estos problemas.

IV. Conclusin. Ciudadana responsable y polticas pblicas

Para la mayor parte de la teora poltica de posguerra, los conceptos normativos fundamentales eran democracia (para evaluar los procedimientos de decisin) y justicia (para evaluar los resultados). Cuando se hablaba de la idea de ciudadana, se la vea como derivada de las nociones de democracia y justicia: un ciudadano es alguien que tiene derechos democrticos y exigencias de justicia. Pero hoy toma fuerza a lo largo de todo el espectro poltico la idea de que el concepto de ciudadana debe desempear un papel normativo independiente de toda teora poltica plausible, y que la promocin de la ciudadana responsable es un objetivo de primera magnitud para las polticas pblicas.

Empero, un rasgo llamativo del debate contemporneo es la timidez con que los autores aplican sus teoras de la ciudadana a cuestiones de poltica pblica. Como hemos visto, se hacen algunas sugerencias acerca del tipo de instituciones o de polticas que podran promover o reforzar las virtudes y responsabilidades caractersticas de la buena ciudadana. Pero stas tienden a ser las mismas polticas eran largamente defendidas mediante apelaciones a las ideas de justicia o de democracia. La izquierda favoreca la democratizacin del Estado de Bienestar mucho antes de haber adoptado el lenguaje de la ciudadana, del mismo modo que las feministas favorecan elcuidado cotidiano y la Nueva Derecha se opona al Estado de bienestar. No est nada claro si, en materia de polticas, el hecho de adoptar1 la perspectiva de la ciudadana conduce a conclusiones

diferentes de las que se deducen de las perspectivas, ms familiares, de la justicia y de la democracia.

Podemos imaginar propuestas ms radicales de promocin de la ciudadana. Si la civilidad es importante, por qu no aprobar leyes de benefcencia como las que existen en muchos pases europeos? Si la participacin poltica es importante, por qu no imponer el voto obligatorio como en Australia y Blgica? Si el involucramiento con los problemas pblicos es importante, por qu no exigir un perodo de servicio civil obligatorio, como el que existe en algunos pases de Europa? Si las escuelas pblicas ayudan a inculcar la responsabilidad ciudadana, por qu no prohibir las escuelas privadas?

Este es el tipo de polticas que merece ser considerado cuando se trata de promover especficamente la ciudadana y no la justicia o la democracia. Sin embargo, hay pocos amores que se ocupen de estas propuestas. De hecho, la mayor parte de los tericos de la ciudadana dejan sin contestar la cuestin de cmo fomentarla (Glendon, 1991, pg. 138), o bien se concentran en modalidades modestas o suaves y relativamente no obstructivas de favorecer las virtudes cvicas (Macedo, 1990, pgs. 254, 253).20 Si bien los tericos de la ciudadana deploran la excesiva atencin prestada a los derechos, parecen remisos a proponer polticas que puedan restringirlos.

Puede que haya buenas razones detrs de esta timidez, pero lo cierto es que sta no combina con la afirmacin de que estamos frente a una crisis ciudadana y que necesitamos urgentemente una teora de la ciudadana que permita revertira. Como resultado, buena parte de la produccin reciente acerca de este tema parece sencillamente vaca. Sin ningn criterio que permita distinguir entre formas legtimas e ilegtimas de promocin y de reforzamiento de la buena ciudadana, muchos trabajos se vern reducidos a la trivialidad: la sociedad sera mejor si la gente fuera ms amable y reflexiva.21

Por otra parte, no est claro hasta qu punto es urgente la necesidad de promover la buena ciudadana. La literatura sobre este tema est repleta de sombras predicciones acerca de la declinacin de la virtud, pero, como admite Galston, el pesimismo cultural es un tema que atraviesa la historia humana casi en cada ge-neracin (Galston, 1991, pg. 237).22 Si se registra un crecimiento del nmero de delitos y un descenso de las tasas de participacin electoral, es igualmente cierto que somos ms tolerantes y ms respetuosos de los derechos de los dems y que estamos ms comprometidos con la democracia y el constitucionalismo que las generaciones precedentes (Macedo, 1990, pgs. 6-7). No resulta claro, por lo tanto, cmo debemos promover la buena ciudadana ni cuan urgente es esta tarea.

20 Para otras propuestas de modalidades no obstructivas de promover la ciudadana, vanse Habermas, 1992, pgs. 6-7; Hill, 1993, y Rawls, 1993, pg. 216 21. Mouffe, por ejemplo, critica al liberalismo por reducir la ciudadana a un simple estatus legal que rene los derechos que el individuo puede hacer valer contra el Estado (Mouffe, 1992b, pg. 227) y busca restablecer la conexin perdida entre tica y justicia por la va de entender la ciudadana como una forma de identidad poltica que se crea a travs de la identificacin con la res publica (pg. 230). Sin embargo, Mouffe no hace ninguna sugerencia acerca de cmo promover o impulsar esta participacin pblica, e insiste (contra los representantes del republicanismo cvico) que los ciudadanos deben tener la libertad de elegir no dar prioridad a sus actividades polticas. Su crtica del liberalismo parece reducirse a afirmar, por lo tanto, que la concepcin liberal de la ciudadana-como-estatus-legal no es una concepcin adecuada de la buena ciudadana, cosa que los liberales pueden aceptar sin dificultad. Muchas crticas de la ciudadana liberal se apoyan en esta exigencia poco esclarecedora. 22 De hecho, podemos encontrar similares preocupaciones acerca de la apata poltica en los socilogos polticos de los aos cincuenta y an en Tocqueville.

CIUDADANA, IDENTIDAD Y DIFERENCIA

La ciudadana no es simplemente un estatus legal definido por el conjunto de derechos y responsabilidades. Es tambin una identidad, la expresin de la pertenencia a una comunidad poltica. Marshall conceba a la ciudadana como una identidad compartida que integrara a los grupos que haban sido excluidos de la sociedad Britnica y proveera una fuente de unidad nacional. Su preocupacin central era la integracin de las clases trabajadoras, cuya falta de educacin y recursos econmicos las exclua de esa cultura compartida que debera haber sido un bien y una herencia comunes Marsha11, 1965, pgs. 101-102).23

Con el tiempo ha resultado claro, sin embargo, que muchos grupos negros, mujeres, pueblos aborgenes, minoras tnicas y religiosas, homosexuales y lesbianas todava se sienten excluidos de la cultura compartida, pese a poseer los derechos comunes propios de la ciudadana. Los miembros de tales grupos se sienten excluidos no slo a causa de su situacin socioeconmica sino tambin como consecuencia de su identidad sociocultural: su diferencia. Un creciente nmero de tericos, a los que llamaremos pluralistas culturales, sostienen que el concepto de ciudadana debe tener en cuenta estas diferencias. Los pluralistas culturales creen que los derechos de ciudadana, originalmente definidos por y para los hombres blancos, no pueden dar respuesta a las necesidades especficas de los grupos minoritarios. Estos grupos slo pueden ser integrados a la cultura comn si adoptamos lo que Iris Marin Young llama una concepcin de la ciudadana diferenciada (Young, 1989, pg. 258). Desde esta perspectiva, los miembros de ciertos grupos seran incorporados a la comunidad poltica no slo como individuos sino a travs del grupo, y sus derechos dependeran en parte de su pertenencia a l. Por ejemplo, algunos grupos de inmigrantes reclaman derechos especiales o excepciones para hacer posibles sus prcticas religiosas; grupos histricamente desaventajados como las mujeres o los negros exigen una representacin especial en las instituciones y muchas minoras nacionales (los habitantes del Quebec, los Kurdos, los Catalanes) procuran aumentar sus poderes de autogobierno dentro del pas en que habitan o buscan directamente la secesin. Estas demandas de ciudadana diferenciada plantean serios desafos a la concepcin predominante de la ciudadana. Mucha gente considera la idea de una ciudadana diferenciada en funcin de grupos como una contradiccin en los trminos. Desde el punto de vista ortodoxo, la ciudadana es, por definicin, una manera de tratar a la gente como individuos dotados de derechos iguales ante la ley. Esto es lo que distingue a la ciudadana democrtica del feudalismo y otras concepciones premodernas que determinaban el estatus poltico de la gente en funcin de su pertenencia a determinada clase, etnia o confesin religiosa. De aqu que la organizacin de la sociedad sobre la base de derechos o pretensiones derivados de la pertenencia a determinado grupo se opone tajantemente al concepto de sociedad basado en la idea de ciudadana (Porter, 1987, pg. 128). Esto explica por qu la idea de ciudadana diferenciada se percibe como una inflexin radical dentro de la teora de la ciudadana.

Una de las ms influyentes pensadoras del pluralismo cultural es Iris Marin Young. Desde su punto de vista, el intento de crear una concepcin universal de la ciudadana que trascienda las diferencias grupales es fundamentalmente injusto porque histricamente conduce a la opresin de los grupos excluidos: En una sociedad donde algunos grupos son privilegiados mientras otros estn oprimidos, insistir en que, como ciudadanos, las personas deben dejar atrs sus filiaciones y experiencias particulares para adoptar un punto de vista general, slo sirve para reforzar los privilegios. Esto se

23 Para una discusin de la funcin integradora de la ciudadana, vase Barbalet, 1988, pg. 93

debe a que la perspectiva y los intereses de los privilegiados tendern a dominar este pblico unificado, marginando y silenciando a los dems grupos (Young, 1989, pg. 257).24

Young da dos razones por las cuales la genuina igualdad requiere afirmar, ms que ignorar, las diferencias grupales.

Primero, los grupos culturalmente excluidos estn en desventaja de cara al proceso poltico, y la solucin consiste, al menos parcialmente, en proveer medios institucionales para el reconocimiento explcito y la representacin de los grupos oprimidos (Young, 1989, pg. 259). Estos dispositivos procedimentales deberan incluir fondos pblicos para la defensa de estos grupos, representacin garantizada en las instituciones polticas y derechos de veto sobre determinadas polticas que afecten directamente al grupo (Young, 1989, pgs. 261-262; 1990, pgs. 183-191).

Segundo, los grupos culturalmente excluidos tienen necesidades particulares que slo se pueden satisfacer mediante polticas diferenciadas. Estas incluyen los derechos lingsticos para los hispanos, los derechos territoriales para los grupos aborgenes y los derechos relativos a la reproduccin para las mujeres (Young, 1990, pgs. 175-183). Otras polticas reivindicadas por los pluralistas culturales incluyen las leyes de difamacin colectiva en favor de las mujeres o los musulmanes, el financiamiento pblico de escuelas dirigidas a ciertas minoras religiosas y la suspensin de la aplicacin de aquellas normas que interfieren con el culto religioso, como las relativas al descanso dominical o a la faena de animales (normas que interfieren con las prcticas religiosas de judos y musulmanes) o las que obligan a los motociclistas a usar el casco de seguridad, lo cual interfiere con el uso del turbante, prescriptito para los Sikhs (Parekh, 1990, pg. 705 y 1991, pgs. 197-204; Modood, 1992).

Mucho se ha escrito en torno a la justificacin de estos derechos, as como acerca de sus vinculaciones con las teoras de la justicia y de la democracia. La propia Young defiende la legitimidad de estas medidas como respuesta a una opresin que ella presenta en cinco formas: explotacin, marginacin, carencia de poder, imperialismo cultural y violencias y acosos asistemticos motivados por el odio o miedo grupal (Young, 1989, pg. 261). Nos llevara demasiado lejos considerar estas justificaciones o las distintas objeciones que se han levantado en su contra.25 En lugar de ello, vamos a concentrarnos en el impacto que tienen estos tipos de derechos sobre la identidad ciudadana.

Los crticos de la ciudadana diferenciada temen que si los grupos soni estimulados a replegarse sobre s mismos y a centrarse en su diferencia (sea racial, tnica, religiosa, sexual o de cualquier otro tipo), entonces la esperanza de una amplia fraternidad entre todos los estadounidenses deber abandonarse (Glazer, 1983, pg. 227). La ciudadana dejar entonces de ser un dispositivo para cultivar el sentido de comunidad y de propsitos compartidos (Heater, 1990, pg. 295; Kristeva, 1993, pg. 7; Cairns, 1993). Nada vincular a los diferentes grupos que conforman la sociedad y nada evitar la diseminacin de confianza mutua y del conflicto (Kukathas, 1993, pg. 156).

24 Vase tambin la discusin de Pateman en relacin al modo en que la ciudadana es normalmente construida a partir de los atributos, capacidades y actividades de los hombres, por lo cual slo puede ser extendida a las mujeres como hombres d isminudos (Pateman, 1988, pgs. 252 253; James, 1992,, pgs. 52 55, y Pateman, 1992). 25 Los crticos han objetado que la ciudadana diferenciada: a) viola la igualdad ya que, al asegurar ciertos derechos a algunas personas pero no a otras en funcin de su pertenencia grupal, crea una jerarqua en la que algunos son ms iguales que otros; b) viola el principio liberal de la neutralidad del Estado, segn el cual el rol cultural de los poderes pblicos debe limitarse a mantener un mercado de ideas limpio; c) es arbitraria, ya que no hay principios que permitan determinar cules grupos merecen un estatus diferencial. Para una discusin de estas objeciones vanse Glazer, 1983; Taylor, 1991 y 1992a, pgs. 51-61; Hindess, 1993; Kymlicka, 1989, 1991; Phillips, 1992 y Van Dyke, 1985.

Los crticos temen, asimismo, que una ciudadana diferenciada pueda crear una poltica de la reivindicacin. Si, como Young supone, slo los grupos oprimidos estn autorizados a ejercer la ciudadana diferenciada, esto puede estimular a los dirigentes de muchas comunidades a invertir su energa poltica en alimentar una imagen de postergacin que funcione como apoyo de sus reclamos de derechos, en lugar de trabajar para la superacin de las desventajas. Estos asuntos son evidentemente serios. Para evaluarlos, sin embargo, debemos distinguir tres tipos de grupos y tres tipos de derechos grupales que tanto Young como sus crticos tienden a confundir: derechos especiales de representacin (en beneficio de grupos desfavorecidos); b) derechos de autogobierno (en beneficio de minoras nacionales); y c) derechos multiculturales (en beneficio de inmigrantes y comunidades religiosas). Cada uno de estos tipos de derechos tiene consecuencias muy diferentes sobre la identidad ciudadana.

a) Derechos especiales de representacin. Para muchos de los grupos que figuran en

la lista de Young (como los pobres, los ancianos, los afroamericanos y los homosexuales), el reclamo de derechos grupales toma la forma de una demanda de representacin especial en los procesos de decisin poltica del conjunto de la sociedad. Dado que Young considera que tales derechos son una respuesta a las condiciones de opresin, probablemente debamos tomarlos como medidas temporarias en la marcha hacia una sociedad en que la necesidad de una representacin especial deje de existir. La sociedad debera intentar eliminar la opresin, y con ella la necesidad de este tipo de derecho.

b) Derechos de autogobierno. En algunos de los ejemplos ofrecidos por Young, como el del sistema de reservas para los indios estadounidenses, el reclamo de derechos grupales no es considerado una medida temporaria y no es correcto decir que se trate de una respuesta a una forma de opresin que algn da ser eliminada. Las poblaciones aborgenes y otras minoras nacionales como los habitantes del Quebec canadiense o los escoceses exigen derechos permanentes e inherentes, fundados en el principio de autodeterminacin. Estos grupos son culturas, pueblos o naciones, en el sentido de ser comunidades histricas ms o menos institucionalizadas, que ocupan una tierra natal y comparten una historia y un lenguaje distintivos. Estas naciones estn insertas dentro de los lmites de una comunidad poltica ms amplia, pero reivindican el derecho de gobernarse a s mismas en algunos temas cruciales con el propsito de asegurar el desarrollo libre y pleno de su cultura y de los intereses de su gente. Lo que estas minoras nacionales pretenden no es una mejor representacin en el gobierno central sino ms bien la transferencia del poder y de la jurisdiccin legislativa desde el gobierno central hacia sus propias comunidades.

c) Derechos multiculturales. El caso de los latinoamericanos y otros grupos inmigrantes en los Estados Unidos es diferente a los dos anteriores. Sus reclamos incluyen el financiamiento pblico de la educacin bilinge y de los estudios tnicos, as como la suspensin de aquellas leyes que obstaculizan sus prcticas religiosas. Se supone que estas medidas ayudarn a los inmigrantes a expresar su particularidad cultural y el respeto de s mismos, sin por ello impedir su xito en las instituciones econmicas y polticas de la sociedad dominante. Al igual que los derechos de autogobierno, estos derechos no necesitan ser temporarios, ya que las diferencias culturales que promueven no son algo que esperemos eliminar. Pero, a diferencia de los derechos de autogobierno, los derechos multiculturales aspiran a promover la integracin en la sociedad global, no la independencia.

Es manifiesto que estas tres clases de derechos pueden superponerse en el sentido de que algunos grupos pueden reclamar varias de ellas al mismo tiempo. Si se define a la ciudadana diferenciada como la adopcin de uno o ms de estos derechos grupales

diferenciados, entonces toda democracia moderna los reconoce virtualmente en alguna forma. La ciudadana es hoy un concepto mucho ms diferenciado y mucho menos homogneo de lo que supusieron los tericos polticos (Parekh, 199O, pg. 702). Sin embargo, muchos pluralistas culturales reclaman un grado de diferenciacin que prcticamente no existe en ninguna democracia desarrollada.

La adopcin de uno o ms de estos derechos grupales, corroera la funcin integradora de la ciudadana? Una mirada ms atenta a la distincin entre las tres clases de derechos sugiere que este temor est frecuentemente fuera de lugar. En trminos generales, los reclamos de derechos de representacin y de derechos multiculturales constituyen, de hecho, una demanda de inclusin. Los grupos que se sienten excluidos desean ser incluidos en la sociedad global y el reconocimiento y la acogida de su diferencia son considerados un camino para facilitar este proceso.

El derecho a una representacin especial no es ms que la nueva versin de una vieja idea. Siempre se ha reconocido que una democracia mayoritaria puede ignorar sistemticamente las voces de las minoras. En los casos en que las minoras estn concentradas territorialmente, la respuesta de los sistemas democrticos ha sido delinear deliberadamente las fronteras de las unidades federales o de los distritos electorales, a fin de crear circunscripciones donde la minora sea mayoritaria (Beitz, 1989, cap. 7). Los pluralistas culturales simplemente extienden esta lgica a las minoras no territorializadas, que pueden tener similares necesidades de representacin (por ejemplo, las mujeres, los minusvlidos o los homosexuales y lesbianas).

Hay enormes dificultades prcticas para alcanzar este objetivo. Cmo determinar, por ejemplo, el procedimiento para decidir cules son los grupos que tienen derecho a tal representacin?26 O cmo asegurar que los representantes efectivamente rindan cuentas ante el grupo?27 Pero, en todo caso, el impulso bsico que subyace en los derechos de representacin es la integracin, no la separacin.

De modo similar, muchas demandas multiculturales prueban que los miembros de los grupos minoritarios desean incorporarse a la corriente principal de la sociedad. Consideremos el caso de los sikhs canadienses que desean integrar la Polica Montada Real pero que, a causa del imperativo religioso que los obliga a usar turbante, no pueden hacerlo a menos que se los exima del uso del sombrero que forma parte del uniforme. El hecho de que estos hombres quieran incorporarse a la Polica Montada, uno de los smbolos nacionales de Canad, es un slido testimonio de su deseo de participar en la comunidad que los acoge. El derecho especial que estn solicitando 26 Segn Young, una vez que tenemos claro que el principio de representacin grupal slo se refiere a los grupos sociales oprimidos, entonces el temor de una proliferacin inmanejable de representaciones grupales debera disiparse (1990, pg. 187). Sin embargo, parecera que su lista de grupos oprimidos incluye el 80% de la poblacin. Esta lista informa de que, en efecto, en los Estados Unidos de hoy, al menos los siguientes grupos son de una o varias maneras: las mujeres, los negros, los americanos nativos, los chicanos, los puertorriqueos y otros americanos hispanohablantes, los americanos de origen asitico, los homosexuales, las lesbianas, los trabajadores, los pobres, los ancianos y los minusvlidos fsicos y mentales (1989, pg. 261). En sntesis, todos excepto aquellos que son saludables, relativamente privilegiados, relativamente jvenes, heterosexuales y pertenecientes al sexo masculino. Es difcil ver cmo este criterio podra evitar una proliferacin inmanejable, dado que cada uno de estos grupos cuenta con subgrupos que podran reivindicar sus propios derechos. En el caso de Gran Bretaa, por ejemplo, el concepto omniabarcativo de "negro" rpidamente se disuelve en una distincin entre comunidades asiticas y afrocaribeas, y luego cu distinciones ms finas entre una gran variedad de grupos tnicos. Qu cuenta en este contexto como representacin tnica "adecuada"? (Phillips, 1992, pg. 89) No es menos cierto, sin embargo, que algunos partidos polticos y sindicatos han aceptado formas especiales de representacin grupal sin ingresar en una escalada de demandas y resentimientos (Young, 1989, pgs. 187-189 27 No hay muchos mecanismos que permitan establecer lo que cada grupo desea... El rendir cuentas es siempre la otra cara de la representacin y, en ausencia de procedimientos que permitan hacerlo, no podemos hablar seriamente de representacin poltica (Phillips, 1992, pgs. 86-88). En ausencia de toda forma de control, sera ms apropiado hablar de consulta que de representacin.

slo puede ser entendido como un incentivo, no un obstculo, a su integracin.28

Algunos temen que los derechos multiculturales impidan el proceso de integracin de los inmigrantes al crear un confuso hogar a medio camino entre su antigua nacin y su nueva ciudadana. Pero estos temores parecen empricamente infundados. La experiencia en pases con amplios programas multiculturales, como Canad y Australia, sugiere que los inmigrantes de primera y segunda generacin, aunque mantienen el orgullo de su herencia cultural, se cuentan entre los ciudadanos ms patriticos de su nuevo pas (Kruhlak, 1992).29 Ms an, su fuerte adhesin al nuevo pas parece estar en gran medida basada en la voluntad no slo de tolerar sino de dar la bienvenida a la diferencia cultural.30

Los derechos de autogobierno, sin embargo, plantean serios lemas a las nociones tradicionales de identidad ciudadana. Mientras que la representacin y los derechos multiculturales toman a la comunidad poltica global como un dato y buscan una inclusin profunda en ella, los reclamos de autogobierno reflejan el deseo de debilitar los vnculos con la comunidad global e incluso cuestionar su propia naturaleza, autoridad y permanencia. Si la democracia es el gobierno del pueblo, la autodeterminacin grupal plantea la cuestin de quin es realmente el pueblo. Las minoras nacionales pretenden ser pueblos diferentes, con derechos inherentes a la autodeterminacin que no fueron reconocidos en el momento de su federacin (a veces involuntaria) con otras naciones en un pas ms grande. De hecho, la conservacin de ciertos poderes suele afirmarse de modo explcito en los tratados o acuerdos constitucionales que establecen los trminos de la federacin.

Los derechos de autogobierno constituyen pues la argumentacin ms completa en favor de la ciudadana diferenciada, dado que dividen a la poblacin de un pas en pueblos separados, cada uno con sus propios derechos histricos, territorios y poderes de autogobierno y cada uno, en consecuencia, con su propia comunidad poltica. |Parece poco probable que la ciudadana diferenciada pueda cumplir en este contexto una funcin integradora. Si ciudadana es integracin en una comunidad poltica, entonces, al crear comunidades polticas superpuestas, los derechos de autogobierno propician necesariamente una suerte de ciudadana dual y conflictos potenciales para determinar cul es la comunidad con la cual los ciudadanos se identifican ms profundamente (Vernon, 1988). Por otra parte, no parece haber un punto final natural a los reclamos de autogobierno. La concesin de una autonoma limitada puede simplemente realimentar las ambiciones de los dirigentes nacionalistas, que no se declararn satisfechos hasta obtener su propio Estado-nacin. Por esta razn, los Estados democrticos multinacionales parecen ser inheren-ente inestables.

28 Esto es diferente del caso de muchas comunidades aborgenes de Canad que, como parte de su autogobierno, han intentado expulsar a la Polica Montada de sus reservas y reemplazarla por una fuerza policial nativa. Por supuesto, algunas demandas de derechos multiculturales adoptan la forma de una retirada de la sociedad marco, si bien es ms probable que esto sea cierto de las sectas religiosas (por ejemplo, los amish) que de las comunidades tnicas per se. 29Por otra parte, la proliferacin de tales demandas es improbable, dado que normalmente involucran casos claros y especficos de conflicto involuntario entre las reglas mayoritarias y las prcticas religiosas de la minora. Y dado que la prueba de la opresin no es necesaria ni suficiente para poder reclamar tales derechos, hay poco riesgo de que se promueva una poltica de la reivindicacin. 30Por supuesto, los liberales no pueden aceptar una demanda de un grupo de poner en prctica costumbres religiosas o culturales que violen los derechos fundamentales de sus miembros (por ejemplo, clitoridectoma, restricciones a la libre salida). Es importante dist inguir lo que podemos llamar derechos grupales internos y externos. Los derechos internos son derechos que el grupo puede hacer valer sobre sus propios miembros con el fin de obligarlos a obedecer las costumbres o la autoridad tradicional. Los derechos externos son derechos del grupo contra la sociedad, de los que puede servirse para resistir las presiones externas econmicas o polticas- a favor de la asimilacin. En las democracias occidentales, los derechos grupales diferenciados son casi siempre externos, en tanto los derechos internos son claramente incoherentes con las normas liberal-democrticas. Vanse Kukathas, 1992, y Kymlicka, 1992.

Podra parecer tentador, en consecuencia, ignorar los reclamos de las minoras nacionales, dejar fuera de la Constitucin toda referencia a grupos particulares e insistir en que la ciudadana es una identidad comn compartida por todos los individuos independientemente de sus pertenencias grupales. De este modo se suele describir la estrategia estadounidense para encarar el pluralismo cultural. con algunas pocas excepciones como la de las poblaciones indoamericana, inuit, puertorriquea y hawaiana, mayoritariamente remotas y aisladas , los Estados Unidos no son un Estado multicultural. Su problema fue asimilar poblaciones que inmigraban voluntariamente, no incorporar comunidades histricamente autogobernadas cuyo territorio original pasara a formar parte de una comunidad ms amplia. Y cuando se aplic a las minoras nacionales los indo-americanos, por ejemplo, la ciudadana comn fue un catastrfico fracaso, como lo admiten sus propios partidarios (Walzer, 1982, pg. 27, y Kymlicka, 1991). Como resultado de ello, en la actualidad a muchos de estos grupos se les conceden derechos de autogobierno en el interior de los Estados Unidos.

De hecho, hay muy pocos Estados democrticos multinacionales que sigan estrictamente la estrategia de la ciudadana comn. Esto no es sorprendente, ya que el simple rechazo de los reclamos de autogobierno puede agravar la alienacin de esos grupos y aumentar su deseo de secesin (Taylor, 1992a., pg. 64).31 Por eso los reclamos de autogobierno plantean un problema tanto a los partidarios de la ciudadana comn como a los defensores de la ciudadana diferenciada. Sin embargo, es llamativa la poca atencin que unos y otros han prestado a esta modalidad de la ciudadana diferenciada o al arreglo institucional que ms comnmente se emple para hacer valer los derechos de autogobierno, es decir, el federalismo.32

Cul es, finalmente, la fuente de unidad en un pas multinacional? Rawls afirma que, en las sociedades modernas, la fuente de unin es una concepcin compartida de la justicia: Si bien una sociedad bien ordenada est dividida y signada por el pluralismo... el acuerdo pblico sobre cuestiones de justicia poltica y social sostiene los lazos de amistad cvica y protege los vnculos asociativos (Rawls, 1980, pg. 540). Pero el hecho de que dos grupos nacionales compartan los mismos principios de justicia no necesariamente les da una razn decisiva para unirse o mantenerse juntos, en lugar de separarse o mantenerse separados. El hecho de que los habitantes de Noruega y Suecia compartan los mismos principios de justicia no es una razn para que los noruegos se arrepientan de la secesin de 1905. Del mismo modo, el hecho de que los anglfonos y francfonos de Canad compartan los mismos principios de justicia no es una razn decisiva para que se mantengan unidos, dado que los habitantes del Quebec sostienen correctamente que su propio Estado nacional podra respetar los mismos principios. Una concepcin de la justicia compartida por una comunidad poltica no genera necesariamente una identidad comn, para no hablar de una identidad ciudadana compartida que supere las identidades rivales basadas en la etnicidad (Nickel, 1990 y Norman, 1993a).33

Parece claro, pues, que ste es un punto en donde realmente necesitamos una teora

31. De cualquier modo, el Estado no puede evitar conceder el reconocimiento pblco a algunas identidades grupales particulares. Despus de todo, los gobiernos deben decidir qu lengua(s) va(n) a ser empleada(s) como lengua oficial en las escuelas, cortes y legislaturas. 32 . Para una revisin de la produccin filosfica sobre federalismo, vase Norman, 1993b 33 Si los gobiernos desean servirse de la identidad ciudadana para promover la unidad nacional, debern identificar la ciudadana no slo con la aceptacin de los principios de justicia sino tambin con un sentido emocional-afectivo de la identidad, tal vez basado en una manipulacin de vnculos compartidos o mitos histricos. Para una discusin de esta estrategia, vase Norman, 1993a

de la ciudadana y no solamente una teora de la democracia o de la justicia. Cmo podemos construir una identidad comn en un pas donde la gente no slo pertenece a comunidades polticas distintas sino que lo hace de diferentes maneras esto es, algunos se incorporan como individuos y otros a travs de la pertenencia comunitaria? Taylor llama a este fenmeno diversidad profunda e insiste en que su respeto es una frmula necesaria para evitar que un Estado multinacional se desintegre. Pero admite que queda abierta la cuestin de qu es lo que mantiene unido un Estado de este tipo.34 De hecho, la gran diferencia entre las situaciones histricas, culturales y polticas de cada Estado multinacional sugiere que toda respuesta general a esta pregunta ser una sobresimplificacin. Sera un error suponer que se puede desarrollar una teora general del papel que desempea la identidad ciudadana comn o la identidad ciudadana diferenciada en la promocin o el debilitamiento de la unidad nacional (Taylor, I992b, pgs. 65-66). Como en muchos otros casos mencionados a lo largo de esta resea, no est del todo claro qu podemos esperar en este punto de una teora de la ciudadana.

Traduccin de Pablo da Silveira

34 Los filsofos europeos se ven cada vez ms urgidos por estos dilemas, al pretender comprender la naturaleza de la Comunidad Europea y las formas de ciudadana que sta requiere. Habermas y sus seguidores argumentan que la unin europea no puede basarse en las tradiciones, culturas y lenguas compartidas que caracterizan a los Estados nacionales exitosos. Ms bien, la ciudadana europea debe fundarse en un patriotismo constitucional posnacional basado en principios compartidos de justicia y democracia (Haberlas, 1992; Berten, 1991; y Ferry, 1992). Otros, sin embargo, sostienen que esta base de unidad es demasiado exigua. Como observa Taylor, incluso los pases modelo en materia de patriotismo constitucional Francia y los Estados Unidos han necesitado tambin de muchas de las vestiduras propias de los Estados nacionales, incluyendo mitos fundacionales, smbolos nacionales e ideales de pertenencia histrica y cuasitnica (Taylor, 1992b, pg. 61; Lenoble, 1992 y Smith, 1993). Segn Taylor, no corresponde a los filsofos definir a priori la forma de ciudadana que es legtima o adminisble. Ms bien, debemos buscar las formas de identidad que aparecen como significativas para la propia gente (Taylor, 1992b, pg. 65 y Berten, 1992, pg. 64).