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INDICE

V INTEGRACIÓN ECONOMÍA Y MEDIO AMBIENTE _______________________________ V-3

V.1 INTRODUCCIÓN __________________________________________________________ V-3 V.2 ASPECTOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y MACRO ______________________________ V-3 V.2.1 CONDICIONES MACROECONÓMICAS, POLÍTICA AMBIENTAL Y COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL __________________________________________________________________ V-3 V.2.1.1 Condiciones macroeconómicas ______________________________________ V-3 V.2.1.2 Política ambiental_________________________________________________ V-6 V.2.1.3 Competitividad internacional ________________________________________ V-8 V.2.2 PRINCIPALES TENDENCIAS ECONÓMICAS, SECTORIALES Y AMBIENTALES _____________ V-9 V.2.2.1 Desacoples ____________________________________________________ V-10 V.2.2.2 Mercado de bienes y servicios ambientales ___________________________ V-15 V.2.3 PRIVATIZACIÓN Y ASPECTOS AMBIENTALES__________________________________ V-16 V.2.3.1 Fases del proceso en Chile ________________________________________ V-16 V.2.3.2 Obras públicas __________________________________________________ V-17 V.2.3.3 Saneamiento básico y agua potable _________________________________ V-20 V.2.4 DESARROLLO SUSTENTABLE: ESTRATEGIA, INSTITUCIONES______________________ V-21 V.2.4.1 El Sistema Nacional de Gestión Ambiental ____________________________ V-21 V.2.4.2 El Consejo de Desarrollo Sustentable ________________________________ V-22 V.2.5 INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL: ESTRUCTURA Y PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN (HORIZONTAL Y VERTICAL) ____________________________________________ V-23 V.2.6 INTEGRACIÓN BASADA EN EL MERCADO: MEDIO AMBIENTE EN LAS POLÍTICAS FISCALES, SUBSIDIOS AMBIENTALMENTE PERJUDICIALES _________________________________________ V-24 V.2.6.1 Políticas fiscales “verdes” _________________________________________ V-24 V.2.6.2 Subsidios ambientalmente perjudiciales ______________________________ V-25 V.2.7 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO SUSTENTABLE (PLANIFICACIÓN MACROECONÓMICA, ESPACIAL Y SECTORIAL) Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL ____________________ V-25 V.2.7.1 Infraestructura __________________________________________________ V-26 V.2.7.2 MIDEPLAN y el Sistema Nacional de Inversiones_______________________ V-27 V.2.7.3 Ordenamiento territorial ___________________________________________ V-28 V.2.7.4 Cuentas Ambientales_____________________________________________ V-28 V.3 COSTO EFECTIVIDAD DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES ____________________________ V-31 V.3.1 INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y REGULATORIOS, EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, EVALUACIONES ECONÓMICAS _____________________________________________________ V-31 V.3.1.1 Normas Ambientales _____________________________________________ V-31 V.3.1.1.1 Programa Priorizado de Normas (PPN)____________________________ V-33 V.3.1.2 Planes de prevención y descontaminación en Chile _____________________ V-34 V.3.1.3 SEIA: Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental_____________________ V-36 V.3.1.4 Evaluaciones económicas _________________________________________ V-42 V.3.2 IMPLEMENTACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA NORMATIVA AMBIENTAL ___________ 47 V.3.2.1 Ordenamiento institucional___________________________________________ 47 V.3.2.2 Metodologías _____________________________________________________ 49 V.3.2.3 Procedimientos y planes o programas de cumplimiento de la legislación ambiental 50 V.3.2.4 Cumplimiento de la Legislación Ambiental en Chile: hacia un Enfoque Integrado 51 V.3.3 INSTRUMENTOS ECONÓMICOS _____________________________________________ 53 V.3.3.1 Cuotas individuales transferibles de pesca (CIT)__________________________ 55 V.3.3.2 Instrumentos de fomento ____________________________________________ 56 V.3.3.2.1 Fondo de Asistencia Técnica (FAT) ambiental ________________________ 56 V.3.3.2.2 Otros instrumentos de fomento ____________________________________ 56

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V.3.3.3 Permisos de emisión transables: el sistema de bonos de descontaminación ____ 57 V.3.4 ACUERDOS VOLUNTARIOS E INICIATIVAS PRIVADAS _____________________________ 60 V.3.5 GASTO AMBIENTAL _____________________________¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. V.3.5.1 Gasto ambiental del sector público _____________ ¡Error! Marcador no definido. V.3.5.2 Gasto Ambiental de Empresas Estatales_________ ¡Error! Marcador no definido. V.3.5.3 Gasto Ambiental de las Empresas Privadas ______ ¡Error! Marcador no definido. V.4 DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS ___ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. V.4.1 MINERÍA_____________________________________¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. V.4.1.1 Descripción del sector _______________________ ¡Error! Marcador no definido. V.4.1.2 Política Ambiental Minera ____________________ ¡Error! Marcador no definido. V.4.1.2.1 Gestión del aire _________________________ ¡Error! Marcador no definido. V.4.1.2.2 Gestión del agua ________________________ ¡Error! Marcador no definido. V.4.1.2.3 Gestión de residuos______________________ ¡Error! Marcador no definido. V.4.1.2.4 El uso de la energía______________________ ¡Error! Marcador no definido. V.4.1.2.5 Inversiones ambientales __________________ ¡Error! Marcador no definido. V.4.1.2.6 Otras iniciativas ambientales del sector minero en Chile _ ¡Error! Marcador no definido. V.4.1.3 Consideraciones Finales _____________________ ¡Error! Marcador no definido. V.4.2 FORESTAL ___________________________________¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. V.4.2.1 Dinamismo productivo del sector forestal ________ ¡Error! Marcador no definido. V.4.2.1.1 Plantaciones forestales ___________________ ¡Error! Marcador no definido. V.4.2.1.2 Bosque nativo __________________________ ¡Error! Marcador no definido. V.4.2.2 Relación del sector forestal con el entorno social __ ¡Error! Marcador no definido. V.4.2.2.1 Fomento forestal ________________________ ¡Error! Marcador no definido. V.4.2.2.2 Forestación campesina ___________________ ¡Error! Marcador no definido. V.4.2.2.3 Empleo________________________________ ¡Error! Marcador no definido. V.4.2.2.4 Comunidades indígenas __________________ ¡Error! Marcador no definido. V.4.2.2.5 Prevención y combate de incendios forestales _ ¡Error! Marcador no definido. V.4.2.3 Desarrollo ambiental del sector forestal__________ ¡Error! Marcador no definido. V.4.2.4 Control ambiental de la producción forestal_______ ¡Error! Marcador no definido. V.4.2.4.1 Catastro de los Recursos Forestales de Chile__ ¡Error! Marcador no definido. V.4.2.4.2 Certificación forestal _____________________ ¡Error! Marcador no definido. V.4.2.4.3 Proceso de Montreal _____________________ ¡Error! Marcador no definido. V.4.2.4.4 Mecanismos de desarrollo limpio del protocolo de Kioto__ ¡Error! Marcador no definido. V.4.3 ACUICULTURA ________________________________¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. V.4.3.1 Políticas ambientales del sector acuícola ________ ¡Error! Marcador no definido. V.4.3.2 Desempeño ambiental del sector acuícola _______ ¡Error! Marcador no definido. V.5 BIBLIOGRAFÍA _________________________________ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. V.6 ANEXOS ________________________________________ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. V.6.1 ESTADO DE AVANCE DE LAS NORMAS PRIORIZADAS A LA FECHA (ABRIL DEL 2004) _ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. V.6.2 INSTRUMENTOS DE FOMENTO CORFO Y SUS APLICACIONES AMBIENTALES _______ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. V.6.3 FICHAS DESCRIPTIVAS DE LOS APLS.________________¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. V.6.4 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE COBRE EN CHILE ___ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. V.6.5 RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS MINERAS EN CHILE__ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. V.6.6 PRINCIPALES HITOS JURÍDICOS E INSTITUCIONALES DEL SECTOR ACUÍCOLA EN CHILE. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

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V INTEGRACIÓN ECONOMÍA Y MEDIO AMBIENTE

V.1 Introducción El presente capítulo describe las principales acciones que se han tomado en el país para integrar las políticas ambientales con las políticas económicas y las estrategias de desarrollo que se han implementado en Chile durante el período considerado. El criterio seguido ha sido presentar los principales hitos dentro de este proceso, procurando destacar los resultados efectivamente obtenidos en esta integración, mencionando otras iniciativas que no han prosperado como se esperaba y señalando, finalmente, aquellas iniciativas que al momento aparecen como las más factibles de una implementación efectiva en el mediano plazo. Este capítulo está estructurado en tres partes: Aspectos de desarrollo sustentable y macro; Costo efectividad de las políticas ambientales; y Desempeño ambiental de los sectores productivos, en la que se ha desarrollado la Minería, el sector Forestal y la Acuicultura.

V.2 Aspectos de desarrollo sustentable y macro V.2.1 Condiciones macroeconómicas, política ambiental y competitividad internacional V.2.1.1 Condiciones macroeconómicas Chile ha conocido un favorable desempeño económico de las últimas dos décadas. Si bien la década del 80 se inició con una crisis bancaria y de deuda, desde 1984 hasta 1997, se experimentó un alto y sostenido crecimiento (5% a 6%). Posteriormente, la economía se desaceleró, aunque registró un crecimiento negativo sólo en 1999. Desde finales de 2002 y comienzos del 2003, por otra parte, se evidencia una recuperación importante en el crecimiento aunque aún por debajo de las cifras anteriores a 1997. Así, el crecimiento per cápita del ingreso más alto de América Latina ha sido el de nuestro país. La inflación, por otra parte, ha caído en forma importante de 30% a comienzos de la década de 1990 a 3% anual en el período 1999 a 2002. Esta favorable situación se ve reflejada en que Chile cuenta con los spreads más bajos de América Latina. En el Cuadro V.1 se presentan indicadores que comparan el período 1990-1996 con el período 1997-2002.

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Cuadro V.1: Comparación de indicadores macroeconómicos. Período Crecimiento

promedio del PIB (%)

Crecimiento promedio del Gasto

Interno

Inflación promedio

anual

Tasa de inversión (%

del PIB)

Tasa promedio de desempleo

(%)

Déficit Cuenta

Corriente (% del PIB)

1990-96 7,8 9,1 14,7 22,8 7,3 -2,6 1997-02 3,1 2,5 4,1 24,2 8,2 -2,1 Fuente: Banco Central Los pilares que sustentan esta situación han sido estudiados y descritos ampliamente1. Sin duda contar con una política monetaria orientada a la consecución de metas de inflación fue un elemento crucial. La experiencia del Banco Central2 ha sido exitosa en velar por la estabilidad de la moneda, lo que se ha hecho utilizando como instrumento preeminente de política monetaria la tasa de interés, complementado con un régimen de flotación cambiaria. El Banco Central también ha asegurado el normal funcionamiento de los pagos internos y externos a pesar de los fuertes shocks externos a los que Chile se ha visto enfrentado3. La política fiscal, por su parte, también ha sido prudente. La principal innovación ha sido el compromiso del gobierno con un superávit fiscal estructural de 1% del PIB. Se tiene, además, una relación de deuda pública a PIB baja, junto con tasas de interés y vencimientos de la deuda pública favorables. También aporta a la disciplina en las cuentas fiscales la prohibición de tener impuestos preasignados a gastos específicos. Otro aspecto crucial que ha sido identificado como pilar de la situación económica favorable de Chile lo constituye la solidez y transparencia de sus instituciones. Chile ocupó el lugar 20 de 133 de acuerdo al Índice de Percepción de Corrupción 2001 de Transparencia Internacional y el segundo lugar entre las 45 principales economías de mercado con relación a un Índice de Opacidad4 construido por Price Waterhouse-Coopers. Por último, la política de apertura económica adoptada por Chile también es soporte fundamental de la situación actual. Esta política comercial es de carácter “multidimensional”. Es decir, se trata de una estrategia que involucra una profundización de la apertura unilateral, la negociación de nuevos acuerdos de libre comercio bilaterales, el perfeccionamiento de otros previamente existentes, y una participación activa en foros y negociaciones regionales y multilaterales. Con relación al primero de estos elementos, Chile aplica un arancel general parejo a todas las importaciones, prácticamente sin excepciones. Entre 1999 y 2003, el arancel NMF aplicado se redujo unilateralmente y de manera escalonada desde un 11% a 6%. (Según estimaciones de la Cámara de Comercio de Santiago, el arancel real a diciembre de 2003, es de 2.9% debido a los numerosos acuerdos preferenciales en vigencia). Se ha estimado que este arancel (bajo y parejo), no sólo ayuda a una asignación más eficiente 1 Ver Estudios Económicos de la OCDE - Chile. Noviembre 2003. 2 Cabe señalar que el Banco Central funciona de manera autónoma desde 1989 y es gobernado por un consejo de cinco miembros nombrados por períodos de 10 años por el Presidente, con el consentimiento del Senado. 3 A finales de la década del 90, Chile se vio enfrentado a la crisis asiática de fines de 1997, a la crisis rusa de 1998 y a la crisis brasileña en enero de 1999. 4 Opacidad definido como “falta de prácticas claras, precisas, formales y ampliamente aceptadas”.

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de los recursos, sino que ha facilitado la negociación bilateral. Además, cabe destacar que el principio de no tratar de manera diferenciada a los distintos sectores productivos no se restringe solamente al ámbito de la política comercial, sino que es un elemento importante de la política económica en general. Como segundo eslabón de esta estrategia destaca las iniciativas bilaterales a las que Chile se ha abocado. Se estima que éstas ofrecen una vía complementaria que permite alcanzar resultados sustanciales en plazos más breves que lo que es factible en el ámbito multilateral. Además, esta vía es particularmente efectiva cuando las negociaciones bilaterales se efectúan, como ha sido el caso de Chile, con los principales mercados del país. Así, Chile cuenta hoy con Acuerdos de Complementación Económica con Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Perú, Venezuela y MERCOSUR ; y Tratados de Libre Comercio con Canadá, México, Centroamérica, Corea del Sur , Estados Unidos, la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). Cabe destacar el hecho de que entre los socios comerciales de Chile se cuentan las dos principales potencias mundiales y que, además, tanto en estos dos casos como con Canadá, los acuerdos han incorporado específicamente la temática ambiental, aunque con un enfoque diferente en cada caso según se detallará en el Capítulo VII. Por otra parte, junto con los acuerdos bilaterales, Chile ha mantenido una participación activa en instancias regionales y sub regionales. Entre ellas se destaca el Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico (APEC), que este año desarrolla sus actividades en Chile y el MERCOSUR, donde participa en la mayoría de los grupos de trabajo, incluido el Subgrupo de Trabajo N.6 sobre Medio Ambiente. Ha participado también en forma activa en las negociaciones, en curso, del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Por último, Chile mantiene de manera invariable su compromiso con el sistema multilateral de comercio representado por la Organización Mundial de Comercio (OMC), pues considera que sus instancias aseguran que las reglas multilaterales del comercio se respeten y que países con distinto peso político y económico, puedan resolver sus controversias en un plano de igualdad. Esta estrategia de apertura tendrá efectos que van más allá de la simple mejora en las condiciones del comercio, al reducir la vulnerabilidad externa de la economía, consolidar y ampliar el acceso de los productos a las principales economías internacionales, diversificar las exportaciones y contar con reglas del juego claras. La productividad de las empresas chilenas se verá incrementada al facilitarse la adquisición de tecnologías más modernas y a menores precios, lo que redunda en mejores oportunidades para aumentar el valor agregado de la oferta exportable, reforzando la presencia de manufacturas y de servicios calificados en las exportaciones. En la medida que los principales beneficiarios de los acuerdos serán posiblemente las industrias manufactureraa, es decir, las que más trabajo y tecnología incorporan a los productos, estos nuevos acuerdos beneficiarán el empleo. Asimismo, se espera que potencien el desarrollo sustentable, ya que al haber mejores oportunidades para los productos elaborados, mejorará la diversificación productiva y habrá una menor presión sobre la extracción de recursos naturales. Esta transformación productiva deberá ser analizada con mayor profundidad por los efectos ambientales, positivos y negativos, que puede conllevar. Cabe señalar que hoy no son exigibles legalmente, en Chile, las evaluaciones ambientales de los acuerdos de comercio. No obstante ello, se llevó a cabo una evaluación del Tratado de Libre Comercio

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firmado con los Estados Unidos y se ha participado en la Evaluación de Sustentabilidad (SIA), desarrollada por la Unión Europea respecto del Acuerdo de Asociación en vigencia entre ambas Partes. Asimismo, dado que hay conciencia de la importancia de la realización de estas evaluaciones, diversos organismos se encuentran desarrollando metodologías afines. A pesar de este buen desempeño económico, Chile reconoce que todavía enfrenta el desafío de encontrar un sendero de desarrollo más equitativo. Son innegables los progresos que en materia de reducción de la pobreza se han alcanzado: en 1987 Chile tenía un 47% de pobreza y hacia el año 2000 ésta había disminuido a un 20,6% (Encuesta CASEN). Sin embargo, Chile aún posee una distribución del ingreso con fuertes desigualdades. Los coeficientes de Gini (basados en ingresos per cápita familiares) arrojaron cifras estimadas, en las décadas de 1980 y 1990, entre 0,54 y 0,58. Otra dimensión de disparidad importante de analizar es la geográfica, ya que en Chile la actividad económica está fuertemente concentrada en la Región Metropolitana (representaba el 2000 alrededor de un 43% del PIB y un 40% de la población nacional). Ciertamente esta concentración conlleva asociadas externalidades negativas como son la contaminación y la congestión vehicular. Los Gobiernos de la Concertación5, si bien continuaron y perfeccionaron el enfoque orientado al mercado heredado del gobierno anterior, implementaron una agenda social mucho más activa. Así, el gasto público en políticas sociales aumentó en términos absolutos y como proporción del gasto total y se concentró en resolver las necesidades más agobiantes de la población. En cifras, el 68% del gasto fiscal social se concentra en el 40% de los hogares más pobres a través de asignaciones familiares y programas focalizados en educación, salud y capacitación laboral. Este gasto ha sido financiando con aumentos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e impuestos al ingreso personal y a las corporaciones6. V.2.1.2 Política ambiental Un tema casi completamente ausente en la estrategia de desarrollo impulsada por el gobierno militar fue el ambiental. Esto trajo como consecuencia un significativo deterioro del entorno, producto del rápido crecimiento económico que Chile experimentó al final de los 80. En este caso, al igual como ocurrió con el tema social, los gobiernos democráticos otorgaron al tema ambiental rango de prioridad pública y política, a la vez que lo incorporaron como un factor estratégico para el desarrollo global del país y su inserción plena en la economía mundial. En la década del 90, se instauró el marco legal e institucional necesario para impulsar una política ambiental propiamente tal. La Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) se creó en 1994 y, tras un período de instalación y ajuste, su Consejo Directivo dio a conocer públicamente, en 1988, la Política Ambiental del Gobierno de Chile, apoyándose en el desarrollo sustentable como concepto directriz.

5 Desde 1990 en adelante. 6 Ejemplos de estos esfuerzos son: introducción de la educación de jornada completa en los colegios públicos, iniciada en 1997; aumento en un 20% de los salarios mínimos entre 1998 y 2000; y la reforma a la ley laboral en 2001.

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El foco de la Política Ambiental es la calidad de vida de todos los chilenos y de las generaciones futuras; para alcanzarlo se considera a la gestión ambiental como una función eminentemente pública, de responsabilidad individual y colectiva, que requiere del compromiso y la participación de toda la sociedad civil. La Política Ambiental descansa en un conjunto de fundamentos y principios, establece objetivos específicos de política y plantea una agenda ambiental de compromisos. El texto culmina enunciando los grandes temas ambientales que el país debe abordar en el futuro. En tal contexto, los fundamentos de la Política Ambiental declarada por el gobierno de Chile fueron los siguientes: • El mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas sin

comprometer las expectativas de las generaciones futuras; • La complementariedad entre desarrollo socioeconómico y sustentabilidad ambiental; y • La equidad social y la superación de la pobreza. Por otra parte, los principios en que se sustenta esta política ambiental responden a las necesidades de un país que requiere profundizar y acelerar su desarrollo: 1. Políticas públicas ambientalmente sustentables, lo que implica involucrar

transversalmente a todo el aparato de gobierno; 2. Estado y el sector privado tienen cada cual su rol en la gestión ambiental; 3. La participación ciudadana para llegar a acuerdos y consensos; 4. La sustentabilidad es central en cuanto a respetar los límites físicos al uso de recursos

renovables y no renovables y reconocer el concepto de equidad intergeneracional; 5. La responsabilidad del causante en cuanto los responsables de la degradación

ambiental deben reparar el daño sufrido y restaurar el componente ambiental deteriorado;

6. La prevención de modo de evitar el daño ambiental como opción económicamente más deseable que la recuperación;

7. La estabilidad en términos de reglas claras, coherentes y sostenidas en el tiempo para dar confianza a los diferentes actores;

8. El gradualismo y el mejoramiento continuos, ya que la sustentabilidad ambiental sólo se logra a través de esfuerzos incrementales;

9. El perfeccionamiento del sistema por la vía de revisar la legislación y la institucionalidad de modo de consolidar el modelo de gestión ambiental; y

10. La responsabilidad ante la comunidad internacional a través del cumplimiento de los acuerdos internacionales relativos al medio ambiente.

Estos principios siguen dirigiendo la acción del gobierno, interpretados según las coyunturas que se han ido produciendo, pero sin renunciarse a ellos a pesar de los cambios políticos y del contexto económico. El texto declara que el objetivo general de la política ambiental es promover la sustentabilidad ambiental del proceso de desarrollo, con miras a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Los objetivos específicos perseguidos y los instrumentos propuestos son: I. Recuperar y mejorar la calidad ambiental. Los instrumentos específicos son las

normas de calidad ambiental, los planes de descontaminación y las políticas ambientales específicas.

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II. Prevenir el deterioro ambiental. Los principales instrumentos son: el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; la incorporación de la dimensión ambiental en las políticas públicas; la educación ambiental; las normas de calidad y emisión; los planes de prevención; y la investigación científico-tecnológica.

III. Fomentar la protección del patrimonio ambiental y el uso sustentable de los recursos naturales. Los instrumentos son el marco regulatorio de la ley, las medidas de conservación, el manejo sustentable del territorio y el estudio de los ecosistemas.

IV. Introducir consideraciones ambientales en el sector productivo. Promoción de procedimientos de certificación y fomento de la producción limpia para con ello contribuir a su mejor inserción en los mercados internacionales.

V. Involucrar a la ciudadanía en la gestión ambiental. Desarrollo de las instancias de participación de acuerdo a lo establecido en la ley y generación de programas para estimular la co-responsabilidad en el cuidado del medio ambiente.

VI. Fortalecer la institucionalidad ambiental a nivel nacional y regional a través de la consolidación del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, potenciando la dimensión regional.

VII. Perfeccionar la legislación ambiental y desarrollar nuevos instrumentos de gestión. Integración, coherencia y eficacia de los textos legales ambientalmente relevantes.

Esta Política Ambiental entregó un marco para desarrollar acciones ambientales concretas en el ámbito gubernamental y, lo que es fundamental, se dio un marco para la acción privada y ciudadana. En concordancia con la estructura propia de la gestión ambiental en Chile -que no se apoya en un ente de rango ministerial sino en una comisión coordinadora de ministerios y servicios sectoriales-, se han desarrollado Agendas Ambientales de otras reparticiones públicas de alta relevancia en cuanto a su influencia en la calidad ambiental, como los Ministerios de Minería, Agricultura, Obras Públicas y Economía. En los capítulos respectivos se abunda sobre estas experiencias. V.2.1.3 Competitividad internacional Sin duda, para Chile, como país de economía pequeña y abierta al mundo, avanzar en lograr el equilibrio entre crecimiento económico y los desafíos sociales y ambientales -como ha sido la meta desde 1990 en adelante-, robustece su posición y mejora su competitividad internacional, aún cuando se reconoce que en este ámbito aún existe espacio para mejoras. Un tema que ha sido materia de debate, y que relaciona las dimensiones económicas y ambientales, es si la especialización de Chile en productos básicos de exportación es una desventaja para el crecimiento sostenido. Los minerales no ferrosos, principalmente el cobre, constituyen un componente importante de las exportaciones. Si bien la dependencia de este commodity es menor a lo que era en décadas anteriores, su participación en las exportaciones es aún alta, de alrededor de 30%. Si se agregan otros productos importantes de exportación, tales como otros minerales, celulosa, harina de pescado y otros, se llega a casi un 50% de las exportaciones. Esta dependencia de un número limitado de productos de exportación hace que la economía sea vulnerable a fluctuaciones en los términos de intercambio. Sin embargo, si bien la diversificación del sector exportable en Chile sigue siendo limitada y basada en recursos naturales, ha

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habido un creciente proceso de diversificación de las mismas, desarrollándose nuevos e importantes nichos de mercado (vinos, salmón, frutas frescas, entre otros). La teoría conocida como “enfermedad holandesa”, propone que los grandes auges económicos liderados por la exportación de recursos naturales pueden afectar negativamente el crecimiento, ya que la apreciación del tipo de cambio real desincentiva la inversión en el sector manufacturero donde la productividad es típicamente más alta, disminuyendo así el crecimiento potencial. Sin embargo, el informe "Estudios Económicos de la OCDE – Chile (2003)" señala que la literatura no proporciona evidencias concluyentes sobre la relación entre el tipo de especialización y crecimiento. Según señala el citado informe de la OCDE, la hipótesis señalada no sería el caso de Chile, ya que la minería, agricultura y pesca no son necesariamente sectores de baja productividad, especialmente en economías de mercado emergentes en una fase de fuerte aceleración. Como complemento de todo lo anterior, cabe destacar que hay conciencia en Chile de que, a partir de la base existente, es necesario desarrollar una estructura de exportaciones más amplia que incluya no sólo las manufacturas sino también servicios como, por ejemplo, el turismo. Para ampliar la base de productos de exportación y asegurar la competitividad internacional, se considera un objetivo esencial lograr la congruencia de las políticas de Gobierno. La credibilidad de la política económica es ya un hecho y la política ambiental -si bien desarrollada en forma más tardía-, es hoy un pilar importante que apunta en la dirección correcta, pues incorpora explícitamente la dimensión ambiental en los sectores productivos, en particular en aquellos orientados a los mercados de exportación. Es importante mencionar en este contexto la agenda ambiental del Ministerio de Agricultura, que está desarrollando programas de mediano y largo plazo con esta perspectiva. Por último, cabe señalar que los tratados de libre comercio recientemente negociados con la UE, Corea y Estados Unidos, entre otros, al bajar las barreras comerciales y mejorar el acceso a esos mercados, crean oportunidades de exportación para los productos procesados, que es necesario saber aprovechar. Hay algunos sectores que temen que en las etapas iniciales del proceso de liberalización comercial, las fuerzas de las ventajas comparativas podrían incluso reforzar los patrones de especialización tradicionales. De ahí la importancia y la preocupación de contar con una combinación adecuada de políticas para explotar plenamente esta nueva ventana de oportunidades y las acciones emprendidas al respecto. No es ajeno a este esfuerzo la incorporación explícita del tema ambiental en varios acuerdos comerciales y de cooperación, como los firmados con Canadá, la UE y los EEUU y otros en negociación. V.2.2 Principales tendencias económicas, sectoriales y ambientales En el marco de lo planteado, las principales tendencias en la estrategia de desarrollo de los gobiernos democráticos chilenos se pueden resumir así: La política económica se ha centrado en tres elementos fundamentales: Primero, la estabilidad macroeconómica, como una forma de garantizar las condiciones mínimas para el desarrollo de un mercado confiable para el desarrollo de las actividades productivas y

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financieras. Segundo, se han establecido unos aranceles bajos para permitir la competitividad abierta entre productos nacionales e importados, y de ese modo elevar la competitividad y estimular las modernizaciones, en particular en los sectores productivos. Tercero, se ha ido consolidando un Estado relativamente subsidiario y más eficiente, dando así al sector privado un rol de protagonista en el desenvolvimiento de la dinámica del desarrollo. Estas tendencias han condicionado fuertemente los desarrollos sectoriales y las características de la política ambiental. Ha sido la búsqueda de un crecimiento acelerado y sostenido lo que ha condicionado toda la estrategia. Conviene hacer mención al hecho que incluso habiéndose incrementado las tasas de crecimiento a partir del año 2003, las proyecciones de las autoridades económicas confirman una desaceleración del crecimiento potencial. Por ello, las autoridades se han abocado a implementar una segunda serie de reformas adicionales, ahora en el campo microeconómico. La Agenda Pro-Crecimiento, anunciada en enero de 2002 y elaborada en conjunto por el Gobierno y el sector empresarial privado, impulsa una serie de reformas microeconómicas que apuntan a cambios normativos, de la política tecnológica, estructura tributaria, mercado de capitales, eficiencia del gasto público, mundo laboral, simplificación de trámites y desarrollo exportador. Esta Agenda incorpora la Ley de Bonos de Descontaminación (permisos de emisión transables) que impulsa CONAMA como una de las medidas para fortalecer la competencia. Un análisis más en detalle de esta ley se desarrollará más adelante en este documento. V.2.2.1 Desacoples Se ha podido generar alguna información cuantitativa acerca de los principales desacoples que han surgido entre las tendencias económicas y los esfuerzos de mejoramiento ambiental en el país. En la minería del cobre se da el ejemplo más relevante, que se presenta en la Figura V.1.

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Figura V.1. Desacople entre emisiones de SO2 y producción de cobre en fundiciones

del país, período 1993-2002.

Fuente: COCHILCO. Se evidencia aquí un desacople entre los niveles de producción de cobre de fundición (que se ha mantenido relativamente constante en el tiempo) y las emisiones de anhídrido sulfuroso, que comenzaron a caer en forma importante a partir de 1997, cuando se concretaron las inversiones ambientales requeridas por los respectivos planes de descontaminación. Otros ejemplos documentados se refieren también a ganancias ambientales en materia de descontaminación de aire y agua en la Región Metropolitana y la Región de Talcahuano. Así, la Figura V.2 presenta un cruce entre los niveles porcentuales registrados de PM2,5 (anual) correspondiente a la red mediciones de la Región Metropolitana, con un indicador de crecimiento económico regional (el PIB, producto interno bruto). La diferencia entre ambas curvas es un ejemplo de desacople que se define como la ganancia ambiental registrada en la Región Metropolitana. En términos cuantitativos es un escenario en el que aún cuando el PIB local se ha duplicado, la concentración de PM2,5 se ha reducido a la mitad.

Emisiones de Anhídrido Sulfuroso (SO2) y Producción de Cobre de Fundición en Chile

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Emisiones SO2 (miles TM/año) Prod. Cu Fundición (miles TM/año)

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Figura V.2. Ganancia ambiental Región Metropolitana (PIB regional y concentraciones de PM2,5), 1997-2003.

0

50

100

150

200

250

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

%

Contaminante más agresivo para la salud

Crecimiento Económico

GANANCIA AMBIENTAL

Fuente: CONAMA RM Otro ejemplo interesante de desacople se da con el Programa de Recuperación Ambiental de Talcahuano, PRAT. La comuna de Talcahuano ha sido para la gestión ambiental del país un lugar pionero, ya que fue el primer lugar con problemas ambientales agudos que contó con una iniciativa voluntaria de cumplimiento ambiental que involucró múltiples variables y participación social. Se llevó a cabo en forma de acuerdos voluntarios de gestión participativa y donde el sector privado jugó un papel destacado en el éxito de dicho programa, tanto por sus aportes económicos directos como técnicos. Significó éxitos objetivos en diversas materias ambientales, tales como la reducción dramática de los niveles de SO2 en el aire, como se ve en las Figuras V.3 y Figura V.4 7.

7 Programa de Recuperación Ambiental de Talcahuano. Informe de gestión 1994-2000. Reporte preparado por CONAMA región del Bio Bio.

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Figura V.3. Ganancia ambiental Talcahuano (crudo procesado ENAP y concentraciones anuales de SO2) 1998-2003.

Fuente: CONAMA Bío Bío, incluyendo información de ENAP Refinerías Bio Bio Figura V.4. Ganancia ambiental Talcahuano - Sector San Vicente (producción regional de harina de pescado y concentraciones anuales de SO2, estación local) 1997-2002.

Fuente: CONAMA Bío Bío, incluyendo información del Anuario Estadístico de Pesca 2002 Por otra parte, en Chile, como en la mayoría de los países en desarrollo no existe una tendencia de desacople en materia de energía. Crecimientos en el PIB han sido acompañados de un elevado crecimiento en el consumo de energía y en particular de la electricidad. En el período desde el año 1990 hasta el año 2001, el crecimiento del 6,3% anual del PIB tuvo como contraparte un crecimiento del 5,3% en el consumo de combustibles y de un 8,6% en la electricidad (Figura V.5).

V-14

Relación de Crecimiento del PIB y Consumo de Energía (Base 1990=100)

0

50

100

150

200

250

300

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Año

PIBElectricidadTotal Energia

Figura V.5. Relación entre crecimiento del PIB y Consumo de Energía en Chile Fuente: Comisión Nacional de Energía Ante esta realidad, la Comisión Nacional de Energía implementa un “Programa Nacional de Uso Eficiente de la Energía” cuyos detalles se presentaron en el Capítulo II. Cabe señalar además, que aún así el consumo de energía per cápita en el país es bajo (0,067 Tj por habitante), comparado con la situación de los países desarrollados (por ejemplo: Estados Unidos: 0,339; Australia 0,243). Un análisis de la evolución del consumo de energía y de las emisiones asociadas indica que durante el período 1990-2001, el consumo de energía secundaria aumentó en un 5,7% tasa promedio anual y las emisiones de CO2 asociadas aumentaron en 4,3%. El crecimiento de emisiones fue menor al crecimiento del consumo de energía, lo cual se refleja en una disminución en 1,3% de la intensidad CO2/Energía. La variación negativa de la intensidad de emisión de CO2 indica que hoy día se emite menor cantidad de CO2 por unidad de consumo de energía respecto a 1990. La Figura V. 6 ilustra la situación descrita. En ella se aprecia como a partir de 1997, comienza un desacoplamiento gradual y sostenido entre el consumo de energía y las emisiones de CO2, el cual es reforzado desde el año 1999. La razón de este desacople obedece a la introducción del gas natural desde Argentina que reemplazó a combustibles fósiles más contaminantes. Detalles de este cambio en la matriz energética se entregaron en el Capítulo II.

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Figura V. 6. Evolución del consumo de energía, emisiones de CO2 e intensidad de CO2/Energía.

Fuente: Comisión Nacional de Energía. V.2.2.2 Mercado de bienes y servicios ambientales En 1999, el mercado ambiental chileno fue valorizado en aproximadamente US$ 810 millones y se esperaba un crecimiento del orden del 10% anual. Estimaciones de los sub-sectores más importantes fueron: agua servidas (US$270 millones), control de contaminación atmosférica (US$ 320 millones), manejo de residuos sólidos (US$ 80 millones), tratamiento del aguas industriales (US$ 60 millones), consultoría e ingeniería (US$60 millones), manejo de residuos peligrosos y hospitalarios (US$20 millones)8. En 2001, Chile exportó e importó bienes ambientales por un valor de aproximadamente US$ 438 millones y US$ 995 millones respectivamente, que representan alrededor del 2.4% y 6.1% respectivamente de las exportaciones e importaciones totales9. Aunque Chile es responsable de menos del 1% de las exportaciones mundiales de bienes ambientales, ocupa el 15to. lugar entre los exportadores más grandes de este tipo de bienes entre los países en desarrollo. Sin embargo, es importante recalcar que el 85% de estas exportaciones consisten en un sólo producto, el metanol.

8 USDC (2000), “Chile Environmental Export Market Plan”, US Department of Commerce, available at htpp://www.environment.ita.doc.gov. 9 Estas estimaciones se basan en la definición de bienes ambienatles de la OCDE. Uno de los problemas con las cifras es la presencia de multi uso bienes – es decir, algunos de los que están clasificados como bienes ambientales efectivamente son usados para otros fines.

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Consumo Total Energia

CO2 Total Energía

Intensidad CO2 / Total Energía

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Hay numerosos ejemplos más específicos -incluyendo inversiones bajo el mecanismo de desarrollo limpio del Protocolo de Kyoto, la reconversión del parque automotriz a convertidores catalíticos (de 0 en 1994 a 53% en 1998 y un estimado 77% en 2010), y las significativas inversiones del sector industrial en tratamiento de aguas industriales y aguas servidas- y han sido documentados en trabajos como Dufey et al (2003)10. Clave para el desarrollo del mercado de bienes y servicios ambientales en Chile ha sido la regulación ambiental doméstica, así como las exigencias ambientales en los mercados de exportación. V.2.3 Privatización y aspectos ambientales V.2.3.1 Fases del proceso en Chile Chile fue un país pionero en las privatizaciones en la región latinoamericana. Se trató de una iniciativa que abarcó no sólo la privatización de empresas estatales, sino que también abarcó el sistema de pensiones, parte del sistema de salud y educacional y, además, involucró a la empresa privada en grandes obras de infraestructura. Se pueden distinguir tres fases en el proceso de privatización chileno11. En la primera, que cubre el período 1974-1980, 259 empresas que habían sido expropiadas o adquiridas por el Estado durante la administración del Presidente Allende fueron devueltas a sus propietarios originales. El Gobierno militar vendió también otras 118 empresas adquiridas en el mismo período, reteniendo 7 en esta categoría. Además, 34 de las 65 empresas estatales pre-1970 también fueron privatizadas o cerradas. No obstante, al final de la década de los 80 el Gobierno todavía era propietario de 40 empresas, algunas por ser consideradas de carácter estratégico y otras debido a que no hubo interesados en comprarlas. Éstas incluían las más grandes empresas de telecomunicaciones y eléctricas, así como también las compañías mineras de cobre. Cabe señalar que la privatización en Chile no fue transparente en sus primeras fases. Esto se explica parcialmente por las convulsiones sociales que afectaron a Chile en el período 1970-1982. No existe casi ningún registro de las privatizaciones que ocurrieron en la década a partir de 1973, año del quiebre de la democracia. Los libros contables no entregan información confiable acerca del valor de las firmas, ya que los niveles de inflación fueron más de 500% en algunos años y las regulaciones contables fueron laxas hasta la crisis de 1982. Además, la libertad de prensa estaba restringida. En la segunda fase, desde 1980 a 1989, se privatizaron las empresas de telecomunicaciones y eléctricas como también la mayoría de las firmas que anteriormente habían sido consideradas como estratégicas: la Compañía de Acero del Pacífico (CAP) y la Línea Aérea Nacional (LAN), entre otras. También se terminaron de vender las últimas firmas que había adquirido el gobierno del presidente Allende (en 1989 sólo 16 de las 65 empresas estatales pre 1970 seguían siéndolo). En los primeros años de esta década muchas actividades que habían estado bajo el dominio del Estado como el sistema de

10 Dufey,A., Claro,E., Borregaard,N. (2003) Environmental goods and services market determinants and their impact on chilean trade of environmental goods and services. Report prepared for OECD. October 2003. 11 Fisher et al. (2003). The effects of privatization on firms and on social welfare: the Chilean case. Inter-American Bank, Latin American research Network. Research Network Working Paper #R-456.

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pensiones, el financiamiento de la salud y el sistema educacional, también fueron privatizados, al menos parcialmente. Sin duda durante estos dos períodos la privatización de empresas estatales fue importante, pero existen aún 38 empresas –la mayoría de ellas de importancia económica– que permanecen en manos del Estado. Estas incluyen: la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), que sustenta el monopolio de la refinación del petróleo; CODELCO, que posee las minas de cobre más grandes del país; el BancoEstado, el cuarto banco comercial más grande del país; la Empresa Nacional de Correos; la Empresa del Ferrocarril Metropolitano; la Casa de Moneda; la Empresa de Ferrocarriles del Estado; la Polla Chilena de Beneficencia; 10 puertos; la Zona Franca de Iquique (ZOFRI), y otras compañías menores que representan en total alrededor del 9% del PIB12. El grueso de las privatizaciones de empresas ocurrió antes de 1990 y dichos procesos se llevaron a cabo sin ninguna consideración ambiental pues, como fue antes señalado, la preocupación por esta temática no se inició en Chile hasta el advenimiento de la democracia. Cabe señalar, a este respecto, que no hay estudios que respalden la existencia de una correlación particular entre propiedad de la empresa y desempeño ambiental. Se estima que la incorporación de esta dimensión en las actividades empresariales dependería más bien de las regulaciones a que han sido sujetas, de las presiones de los mercados y del interés de los grupos gerenciales. Así es posible observar que dentro del sector minero, por ejemplo, prácticamente todas las empresas han adoptado una actitud proactiva respecto al medio ambiente y al desarrollo sustentable. CODELCO, siendo una empresa pública, no ha sido una excepción y materializó, a Diciembre de 2003, la certificación ISO 14.001 de todas sus instalaciones. El período 1990-2001, puede considerarse como una tercera fase del proceso de privatización, pese a que se redujo el ritmo de la privatización de empresas estatales. La característica más distintiva de este período fue, sin embargo, la privatización –a través de las concesiones de contratos– de la gestión de la infraestructura. Así, la década de los 90 ha sido sin duda el período de mayor transformación y adelanto en la infraestructura de Chile. Cabe mencionar, finalmente, la existencia de requerimientos en términos de planificación de los sectores privatizados, que forman parte de los acuerdos y que contienen elementos de sustentabilidad de interesantes perspectivas, sobre todo en el mediano y largo plazo, en áreas clave como energía e infraestructura. V.2.3.2 Obras públicas El diagnóstico de la situación de infraestructura a los inicios de la década de los 90, compartido por todos los sectores de la vida nacional, mostraba un importante déficit valorado en US$11.000 millones en esta materia, que constituía un obstáculo objetivo al crecimiento económico del país y no se correspondía con los estándares de vida alcanzados por la población y la industria nacional13. Pero no solamente este déficit

12 Hachette, D. 2000. “Privatizaciones: Reforma estructural pero inconclusa”. In: F. Larraín y R. Vergara, editores. La transformación económica de Chile. Santiago, Chile: Centro de Estudios Públicos. 13 Sistema de Concesiones en Chile, 1990-2003. Ministerio de Obras Públicas, Junio 2003.

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representaba un obstáculo al crecimiento, sino que el estado actual de la misma significaba pérdidas de competitividad, que alcanzaban a la suma de US$1.710 millones anuales14. Si bien se consideraba que solucionar este problema constituía un imperativo para el país, los niveles de inversión requerida eran imposibles de enfrentar con fondos públicos, sin afectar los equilibrios macroeconómicos del país y otros proyectos de alta rentabilidad social. Hubo consenso en los distintos actores que una vía para hacer frente a la situación era a través de una asociación público privada, que permitiera la inversión, a través del sistema de concesiones, de grandes capitales privados para obras de gran envergadura y complejidad, tanto desde el punto de vista de la ingeniería requerida como de su financiamiento. El principio rector de este sistema era el “pago por uso de infraestructura”. A partir de los años 1992-1993, comienza un plan de concesiones de obras a través de capitales privados según se presenta en el Cuadro V.2.

Cuadro V.2: Evolución de inversión privada en infraestructura en Chile

Año Monto (miles US$)

Variación (%)

1993 1.966 1994 14.087 716,0 1995 73.145 519,0 1996 142.126 94,3 1997 233.683 64,4 1998 370.304 63,1 1999 590.379 59,4 2000 689.299 8,5 2001 647.322 -9,4 2002 493.428 -31,1

Fuente: Ministerio de Obras Públicas. Junio, 2003. Sistema de Concesiones en Chile. Con la inversión privada se ejecutaron diversos proyectos de carreteras y autopistas en prácticamente todas las regiones del país, entre ellos el más importante de mencionar es la autopista de La Serena (IV Región) a Puerto Montt (X Región), que son cerca de 1.500 Km. de carreteras cuya ejecución se distribuyó en 8 concesiones. Además, en este año 2004, se construyen y amplían en la Región Metropolitana modernas autopistas como son: la Autopista Central, Costanera Norte y dos sectores de la circunvalación Américo Vespucio. Es importante mencionar también que se han renovado y ampliado prácticamente todos los aeropuertos, por lo que hoy se operan por concesión los de Santiago, Iquique, Antofagasta, Calama, La Serena, Concepción, Puerto Montt y Punta Arenas, y se inicia la construcción de un nuevo aeropuerto en Copiapó-Caldera. La ampliación y modernización de los aeropuertos ha cambiado de manera significativa el transporte de pasajeros y carga por este medio, creando un mercado sostenido y competitivo, en continua expansión. Cabe señalar que tanto los trabajos en carreteras 14 Cámara Chilena de la Construcción, citado por Ministerio de Obras Públicas, Junio 2003.

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como aeropuertos se han sometido a las exigencias de la ley ambiental, en particular los estudios de impacto de rigor. En la actualidad están en etapa de construcción 14 proyectos por más de US$2.000 millones y en explotación 24 obras por más de US$3.400 millones. Por otra parte, desde 1990 la inversión pública en esta materia también tuvo un aumento significativo de US$240 millones a US$ 636 millones en el año 2002. El aumento de la inversión privada ha permitido la focalización de los recursos públicos en aquellas inversiones que no son rentables para el sector privado y que sí mejoran la calidad de vida para la población al destinarse a caminos secundarios y rurales, puentes, colectores de aguas lluvia, etc. En consecuencia, la inversión total efectuada por el MOP a través de distintas modalidades se ha quintuplicado entre los años 1990 y 2002, pasando de US$253 a US$1.222 millones anuales. La situación descrita significó una transformación importante para el Ministerio de Obras Públicas, que marca un cambio cualitativo fundamental en esta tercera fase del proceso privatizador. Un hito de este proceso fue la creación de la Unidad Socioambiental y Territorial de la Coordinación General de Concesiones (CGC). Entre sus múltiples actividades esta Unidad desarrolla perfiles ambientales, licitaciones, Estudios y Declaraciones de Impacto Ambiental, determina y especifica las materias ambientales a ser incorporadas en cada una de las Bases de Licitación (BALI), es contraparte técnica en el diseño y realización de éstos, define auditorías independientes, fiscaliza y apoya en terreno a los administradores de los contratos, tanto en proyectos en construcción como en explotación, evalúa el cumplimiento de obligaciones ambientales de los contratos, desarrolla manuales de apoyo de ingeniería ambiental y de manejo de empréstitos, botaderos y áreas verdes de obras concesionadas. A la fecha, esta Unidad de la CGC ha contratado más de 60 Estudios de Impacto Ambiental, de los cuales ha sometido 25 proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA); ha desarrollado más de 70 Términos de Referencia; más de 20 perfiles ambientales; un sinnúmero de planes de manejo ambiental; tramitación y obtención de más de 10 seguros ambientales; y la implementación de diversas auditorías ambientales a proyectos en fase de construcción; entre otras actividades. Este trabajo ha permitido que los proyectos de concesiones se desarrollen de acuerdo a una política ambiental básicamente preventiva. Así, en una inversión de 5.000 millones de dólares en proyectos concesionados (proyectos en construcción y explotación), cerca de 250 millones de dólares corresponden a medidas de mitigación, reparación, compensación y/o planes de seguimiento ambiental. El aporte fundamental ha sido incorporar consideraciones ambientales en las obras concesionadas de manera que se logre una disminución sustancial de costos del proyecto a través de la definición temprana de medidas ambientales, evitando generar impactos ambientales negativos, el rechazo de la comunidad y el aumento de plazos, entre otros aspectos no deseados. En segundo lugar, se aplican principios de desarrollo sustentable, que han constituido un aporte al medio ambiente del país y a la calidad de vida de sus habitantes, sin olvidar que se ha fortalecido la participación pública temprana en decisiones sobre la gestión del medio ambiente. También destaca la creación de guías metodológicas para actividades que no se pueden definir durante el proyecto, como instalación de faenas, explotación de empréstitos, plantas de producción y otras, y que están definidas en el correspondiente

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Manual, el que forma parte de las obligaciones de cada contrato y constituye un material que puede utilizarse en cualquier obra vial. V.2.3.3 Saneamiento básico y agua potable Otra área en que se han involucrado capitales privados y que tiene directa relación con el medio ambiente corresponde al sector de abastecimiento de agua potable y saneamiento. En este caso, la incorporación de privados resultó en una transformación extraordinaria del sector en un plazo de sólo 10 años, experiencia que ha sido catalogada como única en el mundo. El análisis del sector sanitario realizado a fines de la década de los 80 determinó la conveniencia de redefinir el rol del Estado en el sector agua potable y alcantarillado, separando de éste las labores netamente relacionadas con la provisión del servicio, y haciendo prevalecer su rol subsidiario, normativo y fiscalizador. Hacia finales de la década del 90 las tasas de cobertura tanto en agua potable como alcantarillado eran prácticamente totales. Esta cobertura se logró gracias a un marco regulatorio estable y a un sistema de tarificación que elevó las tarifas a su nivel económico. El gran desafío pendiente al final de la década era el tratamiento de aguas servidas. Sólo una fracción minoritaria de las aguas servidas era tratada, estimándose en no más del 1%, un nivel bajísimo incluso en el ámbito latinoamericano. El obstáculo para invertir en tratamiento era el financiamiento. Para acelerar este proceso, y permitir concentrar los esfuerzos fiscales en otros programas, se optó por el financiamiento de estas inversiones vía la participación del sector privado, una vez que se publicó el reglamento que establece la modalidad de gestión del sector mediante el otorgamiento de concesiones a sociedades anónimas en el año 1992. Existían dos posibilidades para involucrar al sector privado en tratamiento. Primero, por la vía de contratos para la construcción y operación de las plantas de tratamiento y, segundo, la privatización (concesión indefinida) de los operadores en su globalidad. Se optó por la segunda modalidad. A partir de 1998, se inició un proceso de venta de las empresas más grandes del país. Actualmente el 78% de los clientes del país reciben el servicio de agua potable y alcantarillado de un operador privado. A su vez, las empresas privatizadas han hecho cuantiosas inversiones en tratamiento. En la Región Metropolitana de Santiago, la empresa Aguas Andinas S.A., ha construido dos plantas de tratamiento, una por US$ 150 millones en el 2001 y otra por US$315 millones en el 2003. Esta última planta, La Farfana, es la más grande de América Latina y una de las cinco plantas más grandes del mundo. Aún queda una planta grande más por construir (y 13 en las áreas periféricas de la región). Lo importante del modelo adoptado por Chile es que quienes se benefician de estas inversiones no se limitan a los clientes de las empresas. Otros beneficiarios incluyen a los agricultores que ahora podrán regar sus productos con aguas limpias, incrementando el valor de su cosecha y mejorando las posibilidades de aprovechar las oportunidades ofrecidas por los tratados de libre comercio con la Unión Europea y Estados Unidos firmados recientemente. Naturalmente, el medio ambiente general también se beneficia

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con el tratamiento, ya que se ha eliminado el vertimiento directo de aguas servidas a cursos de agua, la que va ahora a colectores que a su vez conducen a las plantas. En Chile se optó por que los clientes pagaran, vía las tarifas del servicio de alcantarillado, por la inversión y operación de las obras de tratamiento. Sin embargo, el impacto tarifario ha sido menor. En Santiago, el gasto en tratamiento constituye cerca del 17% de una facturación por 15m3. Para otras empresas el impacto tarifario probablemente es menor ya que los costos en tratamiento pueden ser menores (en la costa donde se puede construir emisarios submarinos) y las tarifas de agua potable mayores (por ser empresa más pequeñas o de alto costo). Además, en Chile existe un subsidio de agua potable, enteramente financiado por impuestos generales, para hogares de escasos recursos. Este subsidio cubre entre un 25% u 85% de la cuenta de agua potable y del alcantarillado, dependiendo de la región. En Santiago, el subsidio cubre el 50% de la cuenta, que favorece a un importante número de familias modestas. V.2.4 Desarrollo Sustentable: estrategia, instituciones La Política Ambiental para el Desarrollo Sustentable, explicitada por el gobierno desde 1998, es un documento en el cual se ve ampliado el mandato establecido en la Ley de Bases del Medio Ambiente para construir una gestión ambiental en el país que se desenvuelva en el marco de la estrategia global de desarrollo, y en sus expresiones regionales. V.2.4.1 El Sistema Nacional de Gestión Ambiental En el marco de lo anterior, el gobierno de Chile ha hecho suya una estrategia de integración del concepto de desarrollo sustentable en todo el aparato público, el llamado Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), como una manera de responder a un criterio de no manejar el tema ambiental independientemente de los aspectos económicos y sociales descritos antes, sino de integrarlo en toda la estructura del aparato público. Así, el SNGA es una suerte de red de colaboración e integración de hecho entre servicios, con la CONAMA como centro, destinada a desarrollar el tema ambiental en los ámbitos de la competencia sectorial. Este esquema es coherente con el carácter propio de la institucionalidad ambiental de Chile. La CONAMA ha promovido la creación de unidades ambientales en ministerios y servicios. Algunas de las más importantes se encuentran en los Ministerios de Agricultura, Obras Públicas y Transporte, Minería, Relaciones Exteriores, Bienes Nacionales, Vivienda, Subsecretaría de Pesca y en la Comisión Nacional de Energía. Los Ministerios de Defensa y Educación cuentan con unidades especializadas. El sistema incluso consolidó una instancia de coordinación técnica con la CONAMA, donde representantes ministeriales tienen la oportunidad de discutir con la Dirección Ejecutiva de CONAMA los desarrollos de sus respectivas agendas ambientales, las dificultades técnicas o financieras que los pueden afligir, e informan de los nuevos desarrollos sectoriales en el tema del medio ambiente. La presencia de ministerios con fuerte componente económico y social, hace de esta instancia una expresión del desarrollo sustentable que se ha revelado fértil para consolidar los esfuerzos de coordinación alcanzados.

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V.2.4.2 El Consejo de Desarrollo Sustentable El desarrollo sostenible en el contexto de la institucionalidad ambiental del país está entregado a todas y cada una de las reparticiones públicas en el entendido que ésta comprende aspectos sociales, económicos y ambientales. Un mecanismo ha sido la creación del Consejo de Desarrollo Sustentable, a través del Decreto Supremo DS N° 90 de 5 de junio de 1998 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Respondió al deseo del Gobierno de dar a la sustentabilidad una cabida importante en la estrategia de desarrollo, y respondió también a los mandatos internacionales de crear instancias que permitieran un avance en el tema. El principal propósito del citado decreto por un nuevo decreto se sintetiza en sus considerandos iniciales: “Los compromisos asumidos en la Cumbre de la Tierra Brasil, 1992 y en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo, Sudáfrica, 2002 en el sentido de asegurar por todos los medios existentes la efectiva participación de los diferentes grupos sociales, en los procesos de toma de decisiones relativas al desarrollo sustentable. Del mismo modo la determinación de velar porque nuestra rica diversidad, fuente de nuestra fuerza colectiva, sea utilizada en una alianza constructiva para el cambio y para la consecución del objetivo común del desarrollo sustentable. La coincidencia del propósito precedentemente consignado, con el especial énfasis en el fomento y resguardo de una efectiva participación ciudadana en las resoluciones relativas al medio ambiente, que la política ambiental del Gobierno se encuentra empeñada en imprimir. La mayor relevancia del tema ambiental en el plano internacional, en que nuestro país ha demostrado tener una especial preocupación por participar en todas las instancias que se han abierto para enfrentar los grandes desafíos ambientales, en conjunto con otras naciones. El compromiso adquirido por nuestro país de implementar la Agenda 21, producto de su participación en la Cumbre de la Tierra, efectuada en Brasil en 1992, en el sentido de hacer suyas las recomendaciones efectuadas a los países signatarios, como la de crear instancias internas que permitan y aseguren la participación, tanto de agentes públicos como privados, en los procesos resolutivos en materia de protección del medio ambiente. La necesidad de cumplir con los propósitos anteriores, creando una instancia de intercambio de información y visiones expresadas en propuestas públicas, con participación de agentes públicos y privados, cuyo objeto difiere en amplitud y finalidad de aquel asignado al consejo Consultivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente por la ley 19.300. Su función consistirá en brindar asesoría en los procesos de toma de decisión en materias de desarrollo sustentable y en la implementación de la Agenda 21”. Siguiendo estos conceptos, se crea entonces el el Consejo de Desarrollo Sustentable ya mencionado como “órgano asesor del Presidente de la República”, y se establece que “su función principal será el estudio y proposición tanto de propuestas y políticas públicas como acciones de seguimiento e impulsos para resguardo del desarrollo sustentable, cometido que se materializará mediante una acción concertada de agentes públicos y privados, con el objeto de asegurar la participación de diferentes grupos sociales nacionales en los procesos de toma de decisión relativos a dichos propósitos”.

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Es claramente un órgano de participación ciudadana, que no sólo asesora a la autoridad sino que, además, debe presentar anualmente al Presidente de la República “un informe que contenga una visión concertada del desarrollo sustentable a mediano y largo plazo... en un documento de público conocimiento, sus sugerencias y propuestas en materia de desarrollo sustentable”. V.2.5 Integración institucional: estructura y procedimientos de coordinación y cooperación (horizontal y vertical) En el período 1990-2004, Chile ha modificado cualitativa y cuantitativamente sus patrones de consumo, su perfil socio-productivo y sus sistemas y costumbres de vida. Al mismo tiempo, se advierte de manera cada vez más intensa, la demanda de los distintos grupos ciudadanos por mayores espacios de participación y decisión, en razón de la profundización de los procesos democráticos experimentados por el país. En este marco, el tema ambiental ha sido un espacio de conexión con esa modernidad. La promulgación de la Ley 19300 sobre Bases del Medio Ambiente y su implementación, permitieron nuevas formas de hacer gestión pública y privada. En efecto, en esta primera década, la implementación de la ley ambiental y sus instrumentos de gestión ambiental permitieron al Estado nuevos espacios de coordinación y cooperación a nivel nacional y regional, para enfrentar la gestión ambiental, de manera intersectorial e interdisciplinaria. Existen temáticas ambientales que permiten dar cuenta de avances relevantes logrados a través de un proceso de coordinación y cooperación entre los ministerios (horizontal) y desde los niveles nacional al regional y municipal (vertical). Cabe destacar al respecto que: • En materia de Descontaminación del Aire de la Capital, los episodios de alta

contaminación se han reducido de manera significativa, pasando de 37 días con Pre-emergencia y 4 días con Emergencia en 1997, 7 Pre-emergencias y ninguna Emergencia en el año 2002. Estas cifras eran aún mayores antes de 1997; sin embargo, no existía la red monitoreo que hay en la actualidad.

• En el mismo tema se puede apreciar que los niveles de material particulado fino (PM 2,5), se han reducido a la mitad en el transcurso de la misma década del noventa. Estos logros son el resultado del esfuerzo de la CONAMA, los Ministerios de Salud y Vivienda, la Subsecretaría de Transportes y la Intendencia Metropolitana.

• La minería ha aplicado una serie de políticas de gestión ambiental que le ha permitido mantener un crecimiento que duplicó su producción (Cu Refinado y Blister), en la década de los noventa, a la par de la reducción a la mitad de sus emisiones de anhídrido sulfuroso (SO2). Ha sido una respuesta a los requerimientos de la Ley de Bases aplicados a nivel sectorial y regional, más los impulsos positivos provenientes de las exigencias de los mercados internacionales. En pocas palabras, son acciones de desarrollo sustentable, que combinan propósitos múltiples en materia comercial, tecnológica, ambiental y social.

• En materia de tratamiento de aguas, en el mismo período, es importante rescatar lo sucedido con el tratamiento de estas a nivel país, para la población urbana, pues se ha pasado de un 5% de tratamiento en 1990, a un 73% en el 2003, esperando llegar al 2005, con un 80% de las aguas tratadas (94% al 2010), cifras que muy pocos países en el mundo pueden exhibir, y que permiten reducir grandes costos en tratamiento médico a los habitantes afectados directa e indirectamente. A su vez, ha permitido

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abrir importantes oportunidades exportadoras al sector agrícola. En ambos casos, el impacto en la economía es considerable.

• También en materia de aguas, encontramos hoy un 100% de cumplimiento de la norma de coliformes fecales en las playas de la Quinta Región, lo que significó en algunas de éstas, una reducción desde 240.000 CF/m3 a menos de lo exigido por la norma (1.000). Se trata aquí de un esfuerzo conjunto de cooperación entre el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Servicios Sanitarios, más la Intendencia Regional y los municipios. Los resultados desde el punto de vista de recuperación del turismo han sido notables.

• En relación a los residuos sólidos -pese a ser un tema conflictivo y que la discusión alcanza a veces ribetes de gran animosidad-, se pueden citar importantes avances, pues sólo en 1994, toda la basura generada era dispuesta en lugares sin control y con muy bajas condiciones sanitarias, donde el riesgo a la población era altísimo. Hoy esta realidad está cambiando con la disposición del 50% de los residuos en rellenos sanitarios, que cuentan con una serie de garantías ambientales y sanitarias, que ponen al país a la vanguardia en esta materia en el nivel latinoamericano. Se espera que este tratamiento, aumente hasta un 80% en el 2006. Cabe señalar aquí, para el caso de la Región Metropolitana (RM), la existencia de un mecanismo de coordinación entre municipios que ha permitido manejar un problema tan complejo y encontrar soluciones costo-efectivas.

• Por último, la misma ley ambiental ha permitido consolidar en el tiempo uno de los más importantes instrumentos de gestión ambiental preventiva en Chile, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que ha evaluado a la fecha sobre 6.700 proyectos de inversión y que es la expresión más patente de una coordinación institucional eficiente y exitosa. En la Sección 2 se entrega una descripción más detallada de este instrumento, de su funcionamiento y de las instancias que involucran coordinación institucional.

V.2.6 Integración basada en el mercado: medio ambiente en las políticas fiscales, subsidios ambientalmente perjudiciales V.2.6.1 Políticas fiscales “verdes” La Constitución Política de Chile consagra la imposibilidad de establecer usos específicos para los ingresos fiscales. En efecto, su artículo 19, inciso 20 señala: ".... Los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la Nación y no podrán estar afectos a un destino determinado". El sistema tributario chileno es único, deducible y transversal, es decir, es aplicable en igualdad de condiciones a todos los sectores económicos productivos. La política fiscal en Chile se ha orientado sobre dos principios: equidad y eficiencia, cuya búsqueda ha hecho que por ahora no se haya avanzado en buscar opciones por el lado de impuestos verdes o ambientales. Cabe mencionar en todo caso, que en Chile existe un impuesto a la gasolina y al petróleo diesel utilizado en transporte. No obstante, ser considerados impuestos de tipo ambiental de acuerdo a la categoría establecidas por la OECD, el objetivo original de estos impuestos era el financiamiento de la construcción y la mantención, reposición y renovación de la infraestructura vial por parte de los usuarios.

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Durante el año pasado se produjo un debate respecto de la conveniencia de aumentar el impuesto a los vehículos livianos y medianos que utilicen petróleo diesel. Si bien desde el punto de vista ambiental resultaba conveniente desincentivar la dieselización del parque automotriz la justificación de las propuestas del Ejecutivo eran de orden fiscal. En efecto, el Ejecutivo ha intentado corregir la distorsión tributaria que significa que a la gasolina se le cobre un impuesto 4 veces mayor que al petróleo diesel. Ello ha generado una creciente participación de vehículos livianos y medianos a diesel en las ventas totales de vehículos nuevos, con la consecuente erosión de la base tributaria del impuesto a la gasolina. Por lo tanto, la estructura fiscal chilena no permite introducir consideraciones ambientales en el sistema impositivo y, en consecuencia, la creación de "impuestos verdes" no es un tema de debate prioritario. V.2.6.2 Subsidios ambientalmente perjudiciales Si bien existen subsidios en los sectores agrícola y forestal éstos no están orientados a fomentar las exportaciones ni tampoco a consolidar sectores productivos particulares. Estos subsidios en Chile cumplen principalmente un rol social, pues apuntan más bien a apoyar sistemas productivos de subsistencia. Se profundiza sobre el tema en el punto que se refiere al desempeño ambiental del sector forestal. En el sector transportes cabe señalar que el Estado no subsidia a las compañías de transporte en general. Sin embargo, se otorgan subsidios a servicios en localidades aisladas donde el Estado tiene la responsabilidad de asegurar un transporte regular, lo que incluye algunos servicios de ferry locales entre islas. En Chile existen escasos estudios que se ocupen de las consecuencias ambientales de los subsidios, lo que seguramente responde a que éstos son muy poco importantes como instrumento de política, en especial si se compara con el uso que de ellos se hace en países desarrollados. V.2.7 Planificación estratégica y desarrollo sustentable (planificación macroeconómica, espacial y sectorial) y planificación ambiental En materia de planificación se han desarrollado en el país algunas iniciativas específicas que es importante destacar porque van más allá de una mera gestión ambiental sectorial para aparecer como enfoques que han sido claves para reforzar la política ambiental impulsada desde la CONAMA. Agendas ambientales sectoriales se han elaborado e implementado en áreas como Acuicultura, Agricultura, Obras Públicas, Eficiencia Energética y Economía, entre otras. Se presentan a continuación algunos casos relevantes. Uno de ellos tiene que ver con la infraestructura y el otro con la inversión pública. Se describen también avances en materia de ordenamiento territorial.

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Respecto a la planificación ambiental, por otra parte, existe una iniciativa que, aunque actualmente suspendida, cuenta con una base metodológica sólida y que en caso de continuarse su desarrollo se constituiría en un significativo aporte para la planificación ambiental. Se trata del Proyecto Cuentas Ambientales que se describe al final de esta Sección. V.2.7.1 Infraestructura Durante el año 2003, en conjunto con los Ministerios de Planificación y Secretaría General de Gobierno, el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones (MOPTT) desarrolló un programa de seminarios a nivel nacional cuyo objetivo era generar un espacio de intercambio, análisis, reflexión y definición de lineamientos para la acción en torno a la gestión integrada de políticas públicas, con especial énfasis en infraestructura. La gestión integrada, a partir de la incorporación de las variables ambientales, territoriales y de participación ciudadana (variables ATP) a los proyectos de infraestructura, constituye un aporte metodológico novedoso en la gestión gubernamental. Se pasa de una visión sectorial -reflejada en el quehacer de cada uno de los servicios públicos-, a una visión de integración territorial de la gestión, en donde la intervención en un espacio se hace interinstitucional e interdisciplinario, llegando a la ciudadanía no sólo con la respuesta a un requerimiento específico, sino que se incluye su opinión en un abanico de oportunidades y ofertas del Sector Público. En efecto, la gestión integrada optimiza los recursos públicos generando las sinergias necesarias que provocan en general ese plus distintivo de los buenos planes, programas y proyectos. Un aspecto fundamental a mencionar es el establecimiento de colaboraciones a nivel internacional que permitan en un ámbito de reciprocidad y cooperación contar con apoyos de expertos, pasantías y posibilidad de intercambio de metodologías y experiencias exitosas en estos ámbitos A través de la gestión de la Secretaría Ejecutiva de Medio Ambiente y Territorio (SEMAT), los Equipos Nacionales de Ambiente y Territorio así como los Encargados Regionales (UGAT’s), se ha promovido en el caso especifico del MOPTT la gestión integrada en las políticas públicas en general, y en las políticas de infraestructura, en particular, para optimizar las inversiones, potenciar impactos y reducir conflictos. El concepto de “gestión integrada” tiene la riqueza, en relación con el “ordenamiento territorial” de que puede asociarse con un proceso continuo (alejándose de la dialéctica ordenar / desordenar), con la acción (la gestión) y la integración (de actores, de dimensiones, en última instancia, de la diversidad). Los procedimientos de gestión integrada, definidos preliminarmente a través de los manuales de gestión ambiental, territorial y participativa, ayudan a proyectar algunos de los procedimientos mínimos en éstas materias así como sus instrumentos para manejar en su globalidad los componentes ambientales, territoriales y sociales de un proyecto de infraestructura, en sus diferentes etapas del ciclo de vida: idea, perfil, pre-factibilidad, factibilidad, diseño, construcción y explotación. Estos componentes, para resultar eficaces, oportunos y rentables tanto en su aplicación como en su incorporación, deben hacerse operativos en el ciclo de producción del proyecto y conjuntamente con la definición de los aspectos técnicos y económicos de un proyecto en particular.

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Con la gestión integrada de proyectos, se busca identificar y abordar tempranamente los conflictos que pudieran nacer del desarrollo de un proyecto de infraestructura, ya sea por incompatibilidades entre los diferentes actores y el uso del territorio (por la ocupación actual y potencial del territorio), por el desconocimiento de la importancia de ciertas variables ambientales y sus potencialidades para el desarrollo local y regional, y/o por razones culturales, patrimoniales o de índole social. La SEMAT, ha elaborado numerosos manuales y guías de trabajo en materia de Gestión Medio Ambiental, Territorio y Participación Ciudadana. En el “Manual de Gestión Ambiental” de Diciembre 2001 y especialmente en el “Manual Participación Ciudadana en Proyectos de Infraestructura”, de diciembre de 2002, se profundiza en el concepto de Gestión Integrada de Proyectos de Infraestructura. Estos manuales están disponibles en Internet. El primer capítulo del último manual mencionado desarrolla el concepto que permite pasar de la visión sectorial por dirección al interior del MOPTT a una visión de ordenamiento territorial, en donde la intervención en el espacio se hace de manera interdisciplinaria buscando la realización de estudios en forma conjunta, llegando a la ciudadanía con un abanico de obras que satisfacen sus requerimientos e incorporan su opinión. El sistema, de reciente creación, es coordinado de manera transversal por la SEMAT, para toda el área de infraestructura y permite a los servicios públicos nacionales, desconcentrados y descentralizados, operar en las regiones con una “perspectiva territorial”, buscando convergencias y sinergias con los demás servicios, ofreciendo productos más idóneos, mejorando el uso de los recursos públicos y logrando un mayor beneficio para sus clientes, usuarios y beneficios. La perspectiva territorial o gestión territorial integrada se refiere a que el servicio cumple con los requisitos técnicos que le permiten contribuir a mejorar la satisfacción de las necesidades de sus clientes, usuarios y beneficiarios a través de una mayor integración entre los servicios públicos y mayor equidad territorial en la provisión de sus productos, bienes y servicios. La mayor equidad se logra a través de la adecuación de la definición, modos de acceso y provisión de sus productos a la realidad regional. La integración, a través de una mayor complementariedad de sus productos, bienes y servicios con las de otros servicios afines, de modo de presentar una oferta integrada de productos y servicios en las regiones. Han comprometido a este sistema la ejecución de alguna de sus cuatro etapas, 173 de los 186 servicios públicos. En el MOPTT, seis direcciones comprometieron la etapa de diagnóstico y otras seis comprometieron, además, la de Plan o Programa para el 2004. V.2.7.2 MIDEPLAN y el Sistema Nacional de Inversiones El Estado de Chile ha desarrollado un conjunto de normas, técnicas y procedimientos que ordenan el proceso de inversiones del sector público. En ello consiste el Sistema Nacional de Inversiones (SNI), cuyo gran objetivo es mejorar la calidad de la inversión pública nacional, asignando recursos a iniciativas de mayor rentabilidad social y económica, de acuerdo con los lineamientos del gobierno. Administrado en forma conjunta por el Ministerio de Planificación y Cooperación y el Ministerio de Hacienda, el SNI tiene una organización institucional descentralizada y

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desconcentrada territorialmente, en la cual interactúan un gran número de instituciones públicas desde su respectivo rol y funciones. Para cumplir su misión, el SNI se sustenta en cuatro herramientas: • Metodologías de Preparación y Evaluación de Proyectos: permiten uniformar criterios

de decisión relativos a la conveniencia de financiar proyectos específicos, priorizando y seleccionando iniciativas de inversión desde una perspectiva económica y social.

• Capacitación: permite disponer de recursos humanos en el sector público en los distintos niveles territoriales, en condiciones que aseguren la eficiencia en la asignación de los recursos públicos. Para ello, cuenta con cursos de capacitación con diferentes niveles de complejidad en el tratamiento de cada una de sus materias.

• Banco Integrado de Proyectos (BIP): permite disponer de un sistema de información que apoya la gestión de inversión, proporcionando información sistematizada y oportuna para la toma de decisiones y operando en sí como un mecanismo de coordinación institucional.

• Precios Sociales: permiten medir, a través de la evaluación de los proyectos, la verdadera contribución de éstos al crecimiento y desarrollo económico. En esta materia se han hecho intentos por incluir el tema de los resultados de los estudios de EIA, que en los proyectos públicos incluyen un nuevo factor para el perfil de evaluación de un proyecto. No se ha avanzado mayormente tras algunas propuestas metodológicas.

V.2.7.3 Ordenamiento territorial El desarrollo de políticas nacionales orientadas al mejor uso del suelo y al manejo sustentable de la tierra, se ha basado principalmente en el perfeccionamiento y actualización de los diversos Instrumentos de Planificación Territorial (IPT), como son: los Planes Regionales de Desarrollo Urbano (PRDU), los Planes Reguladores Intercomunales (PRI), y los Planes Reguladores Comunales (PRC), enfocados a orientar y normar el desarrollo de áreas urbanas y rurales del territorio nacional, implementando, además, prácticas de planificación que incorporan el borde costero, el desarrollo del turismo, la definición de áreas protegidas, silvoagropecuarias y la preservación del suelo agrícola productivo. Del mismo modo, se ha avanzado en acciones para absorber el crecimiento urbano al interior de las ciudades, con medidas de densificación y con incentivos para la construcción de viviendas en áreas urbanas centrales (Programa de Subsidio de Renovación Urbana). V.2.7.4 Cuentas Ambientales El Consejo del Banco Central acordó en abril de 1993, desarrollar un proyecto denominado “Introducción de la Contabilidad Ambiental en las Cuentas Nacionales del Banco Central” con el propósito general de cuantificar, ordenar y evaluar –a nivel experimental o como plan piloto– los efectos ambientales de la actividad económica sobre los recursos naturales y el medio ambiente. El objetivo particular de ese proyecto fue analizar los impactos de las actividades productivas en los sectores forestal, pesquero y minero.

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El proyecto Cuentas Ambientales, se desarrolló bajo las recomendaciones del Sistema de Cuentas Económicas y Ambientales Integradas 1994,15 y las del Sistema de Cuentas Nacionales 1993,16 sobre cuentas satélites. Para su ejecución se constituyó una unidad adscrita al Departamento de Cuentas Nacionales del Banco Central de Chile que operó hasta el cierre del proyecto en el año 2001. Originalmente los componentes del proyecto fueron: Balances de Activos Físicos, Costos de Mitigación, Gastos de Protección Ambiental, Valorización y Stock de Capital Producido, cuyas características se detallan a continuación. No fue posible finalizar la totalidad de las tareas por las razones que se explican más adelante. Las características de cada componente se presentan en el Cuadro V.3. Cuadro V.3.. Características de los componentes del proyecto Cuentas Ambientales

Componente Características Balances de Activos No Producidos en Unidades Físicas

Determinación de las existencias de Recursos Naturales y su evolución en el tiempo en los sectores Forestal, Pesca y Minería

Costos de Mitigación Estimación del daño sobre el medio ambiente provocado por las actividades productivas de los sectores considerados, valorizado al mínimo costo de evitarlas.

Gastos de Protección Ambiental Determinación de los gastos que realizan los agentes económicos para mitigar o prevenir efectos adversos producidos en el medio ambiente por las actividades económicas

Valorización de los Activos Físicos

Esta valorización permite relacionar los resultados de los Balances de Activos Físicos con el marco central del sistema de Cuentas Nacionales

Medición del Stock de Capital Producido

Esta medición se desarrolló por la inexistencia de mediciones de este elemento en el Sistema de Cuentas Nacionales de Chile hasta esa fecha. Tenía por objeto obtener un elemento de comparación con los resultados esperados de las mediciones de Activos Económicos No Producidos

Fuente: Banco Central. La ejecución del Proyecto de Cuentas Ambientales se vio obstaculizado básicamente por tres razones: 1. Los objetivos del Proyecto no estaban suficientemente delimitados a la esfera de la

Contabilidad Nacional, lo que alimentó expectativas que fueron más allá del verdadero alcance de los trabajos por parte de entidades interesadas en el tema ambiental en el país.

2. La información efectiva existente fue muy inferior a la estimada al inicio del Proyecto, puesto que diversas instituciones informaron que disponían de antecedentes que finalmente no correspondieron a lo requerido para los estudios sectoriales.

3. Finalmente, en el intento por impulsar el desarrollo de estadísticas básicas, el Banco Central se vio envuelto en una discusión propia de entidades especializadas en el tema ambiental en el país y ajena a los objetivos y facultades establecidas en su Ley Orgánica.

15 Contabilidad Ambiental y Económica Integrada, Naciones Unidas Serie F No. 61, 1994 16 Sistema de Cuentas Nacionales 1993. Eurostat, FMI, OCDE, Naciones Unidas, Banco Mundial.

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A continuación se detallan los resultados alcanzados, la fuente de información y su respectiva publicación:

Cuadro V.4. Productos del Proyecto Cuentas Ambientales Resultado Fuente de la Información Publicación Hojas de Balance Sector Minero en unidades físicas

Convenio con el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN)

1. “Cuantificación de los Principales Recursos Minerales de Chile (1985-1994)”. Publicado en diciembre de 1998

Hojas de Balance Sector Forestal: Bosque Nativo y Plantaciones en unidades físicas

Convenio con la Corporación Nacional Forestal (CONAF)

“Cuentas Ambientales: Metodología de Medición de Recursos Forestales en Unidades Físicas 1985-1996”. Publicado en Marzo de 2001

Stock de Capital Producido Elaboración Propia “Cálculo del stock de capital para Chile 1985-2000”. X. Aguilar y M. P. Collinao. Diciembre 2001

Fuente: Banco Central. En marzo del 2001, el Consejo del Banco Central dio por finalizado el proyecto piloto. Desde esa fecha, el Departamento de Cuentas Nacionales no ha incursionado nuevamente en el tema, dándose prioridad al cumplimiento del esquema central del Sistema de Cuentas Nacionales. El Banco Central estima que a futuro estos estudios podrían ser abordados por las instituciones especializadas en Recursos Naturales y/o Medio Ambiente y contar con el apoy