xi congreso internacional de la academia de ciencias administrativas...
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XI CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS AC (ACACIA)
Ponencia “ PROPUESTA DEL ESTABLECIMIENTO DE UNA UNIDAD
GUBERNAMENTAL PARA LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO DE
JALISCO”
Tema: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Autor: Dr. Humberto Palos Delgadillo Coautor: M. en A. Juan Antonio Flores Mora Profesores investigadores del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Tel. Trab. 01 (3) 37703300 Ext. 5304 EMAIL: [email protected]. EMAIL: [email protected]. Periférico Norte No. 799 Núcleo “Los Belenes” Edifício. “N204” Apartado Postal 2738 C.P. 45100 Zapopan, Jalisco, México
Tlaquepaque, Jalisco, México, 22,23, 24 y 25 de mayo del 2007
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PONENCIA
“ PROPUESTA DEL ESTABLECIMIENTO DE UNA UNIDAD GUBERNAMENTAL
PARA LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
PÚBLICA EN EL ESTADO DE JALISCO” .
RESUMEN.
Las nuevas tendencias de las modernas administraciones públicas, requieren de
elementos estratégicos que permitan ejercer su función de manera óptima y eficaz en
beneficio de las sociedades a las que sirven. Para ello, deben utilizar herramientas
como la planeación de mediano y largo plazo, sistemas de financiamientos adecuados y
procesos de descentralización que estén orientados a la consolidación de un desarrollo
social basado en el bien común de todos.
A este respecto, una de las herramientas que permiten legitimidad en la toma de
decisiones respecto a las inversiones, es la metodología de evaluación
socioeconómica, ya que proporciona criterios de rentabilidad bajo un marco sustentable
y de responsabilidad.
En consecuencia y derivado de este trabajo, se propone el establecimiento de una
Unidad Gubernamental para el Estado de Jalisco, que permita eficientizar las tareas
que conlleven el uso optimo de los recursos y la satisfacción de las necesidades que
demanda la población jalisciense, mediante la ejecución de obras públicas de
conveniencia y rentabilidad económica y social.
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I. INTRODUCCIÓN
En México cada día se experimenta con mayor intensidad la necesidad de instrumentar
políticas públicas que permitan elevar la calidad y el nivel de vida de la población. Uno
de los retos fundamentales que tiene el país, es generar mayores recursos para
asignarlos eficazmente y con criterios objetivos como es, la inversión para el desarrollo
en donde se busque reducir las brechas sociales.
La escasez de recursos económicos y su alto costo financiero para realizar inversiones
públicas, han generado conciencia en las tres instancias de gobierno y sus tomadores
de decisiones, situación que obliga a buscar mecanismos que permitan la aplicación
eficiente en esta materia, aunque estos esfuerzos carezcan de plataformas jurídicas y
administrativas que lo sustenten adecuadamente. Sin embargo, son diversos los
cambios estructurales que en esta materia se han experimentado, destacándose las
medidas tendientes a favorecer las actuales condiciones financieras y administrativas
de los tres ordenes de gobierno (federal, estatal y municipal) a través de mecanismos
que les facilita el contar con mayores recursos para ejecutar inversiones de
infraestructura y equipamiento, así como las orientadas al desarrollo institucional.
En ese sentido, se pueden citar estrategias de gobierno como el Programa Especial
para un Autentico Federalismo, el Programa Nacional para el Financiamiento del
Desarrollo 20012006, la Ley de Coordinación Fiscal con sus diferentes ramos
presupuestales o los excedentes derivados de los precios internacionales de petróleo
entre otros. Estos son ejemplos que demuestran, el constante crecimiento de las
capacidades de inversión sin que a la par crezcan y se desarrollen dentro de las
instituciones gubernamentales, áreas dedicadas especialmente a desarrollar análisis
evaluatorios de proyectos de inversión bajo la óptica de la evaluación socioeconómica,
que permita determinar la conveniencia social o no de ejecutar dichas inversiones. Es
decir, aunque existen constantes incrementos en la asignación presupuestal para los
Estados y Municipios, el presupuesto público enfrenta restricciones administrativas y de
operación ya que mientras las necesidades de bienes y servicios se incrementan
paralelamente al crecimiento poblacional, la justificación de la obra publica e inversión
en infraestructura social, parte solamente de elementos cualitativos no comparables lo
4
que viene a confirmar que no se han desarrollado mecanismos eficaces que aseguren
el mejor destino de las inversiones para el beneficio social.
En lo que se refiere al Estado de Jalisco, los procesos de planeación regional y sectorial
y sus consecuentes programas de inversión, tampoco han estado sujetos a
evaluaciones exante ni expost, aún cuando para ésta última etapa existe una
plataforma jurídica y administrativa vigente, desconociéndose los indicadores de
impacto y de si lo invertido fue en las mejores alternativas para atender un problema o
responder a una necesidad social.
Es por ello, que esta investigación tiene como interés, responder a la inquietud
manifiesta de que exista una dependencia gubernamental que evalué desde el punto de
vista de la rentabilidad social, todas las inversiones públicas que se realicen en el
Estado de Jalisco.
II. MARCO TEORICO
En México, los lineamientos generales establecidos para el desarrollo económico y
social emanados del Plan Nacional de Desarrollo 20012006, tienen como premisa
fundamental elevar los niveles de bienestar y la calidad de vida de los mexicanos, a
través de la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios
básicos, así como de la promoción del desarrollo equilibrado regional y urbano de la
Nación.
El Plan Nacional de Desarrollo 20012006, en su apartado del Sistema Nacional de
Planeación Participativa establece que la presente administración, por medio del Sistema Nacional de Planeación Participativa, impulsará un proceso de definición, concertación, seguimiento y evaluación de las políticas y acciones del Poder Ejecutivo Federal y las actividades de todas las dependencias y entidades de la administración pública federal, además de integrar la opinión de la población, mediante mecanismos de participación ciudadana para la elaboración y evaluación de planes y programas. 1
Asimismo, señala que en el ámbito de la administración pública federal se establecerán espacios de colaboración y concertación intersecretarial para el análisis, seguimiento y evaluación de los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales. 2
1 Gobierno de la República, Plan Nacional de Desarrollo 20012006, México, D.F. 2001, pág. 6. 2 Ibidem, pág. 6.
5
Sobre el particular, indica que para ello se creará un sistema de seguimiento y control, cuyo elemento central es el Sistema Nacional de Indicadores que mide el avance del Plan Nacional de Desarrollo en cada uno de sus objetivos y estrategias. 3
Respecto a la política social, establece: a fin de evaluar los resultados de la acción gubernamental en las tareas de incrementar la satisfacción de las necesidades básicas en cantidad y calidad, se medirán los avances en aspectos tales como educación, salud, vivienda, infraestructura y reducción de la pobreza. 4
En materia de impacto señala: como indicadores de los resultados de Gobierno se utilizará información sobre las oportunidades en el acceso a la salud, a la educación, al trabajo y en otros aspectos del ámbito social y humano que tengan distintos grupos de la población, para lo cual las estadísticas que elaboren las dependencias de la administración pública reflejarán las diferencias por género. 5
Con referencia a medición de resultados prevé: Para evaluar la cobertura, calidad y repercusión de los programas puestos en ejecución se utilizarán estadísticas relacionadas con la escolaridad, las competencias laborales y sociales, la capacidad emprendedora y la capacidad de innovación. 6 Claramente se ve institucionalizada la evaluación a partir de indicadores de resultado, gestión y proceso.
Finalmente, en materia económica, ya se hace referencia a un ambicioso programa
evaluatorio de diversos órdenes a otro nivel, indicadores de impacto, Para asegurar que la política económica avance en la dirección deseada, que la administración pública rinda cuentas y que los servidores públicos unifiquen visiones, objetivos, estrategias y acciones, se han seleccionado los siguientes indicadores, que permitirán evaluar los avances: la tasa de crecimiento anual del PIB; el número de empleos permanentes de nueva creación; el comportamiento de la inflación y las tasas de interés, del ahorro público y privado, de la inversión extranjera directa, de la relación inversióncrecimiento del PIB, de los ingresos tributarios respecto del PIB; el grado de equilibrio en el ejercicio del presupuesto; el mantenimiento de un cociente razonable de deuda total respecto del
3 Ibidem, pág. 7. 4 Ibidem, pág. 49. 5 Ibidem, pag. 49. 6 Ibidem, pág. 50.
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PIB, considerando los pasivos contingentes; el sostenimiento del grado de conversión de la deuda externa mexicana denominada en moneda extranjera determinado por entidades calificadoras de riesgo de prestigio internacional; el crecimiento de la productividad; el comportamiento de los niveles de ingreso de la clase trabajadora; los logros alcanzados en la reducción de las desigualdades entre regiones en su actividad económica, así como en su tasa de empleo; el incremento del PIB –verde (el que descuenta la depreciación y el agotamiento de capital natural) que refleje un desarrollo sustentable; la reducción del porcentaje de pérdidas de agua en el sector agrícola, y el crecimiento en la proporción de recursos forestales del país incorporados a programas de manejo sustentable. 7
La política de financiamiento del desarrollo que se deriva de este Programa contiene
acciones dirigidas a fortalecer los componentes del ahorro e inversión de la economía y
a promover una canalización eficiente de los recursos financieros disponibles hacia
actividades con rentabilidad social. Sólo de esta manera será posible seguir ofreciendo
más y mejores oportunidades de progreso para todos los mexicanos.
No obstante la amplitud de la propuestas establecidas en el máximo instrumento rector
de la planeación en México, el PND, es necesario despender del mismo, lineamientos
jurídicos y administrativos que ordenen la operativización de los procesos de evaluación
exante de la inversión, en cualquiera de sus modalidades, para asegurar el
cumplimiento de los objetivos establecidos, al mismo tiempo que será necesaria la
reestructuración de algunos procedimientos administrativos en la toma de decisiones de
la inversión, que incluya modificaciones a Leyes Orgánicas, enfatizando la capacitación
respectiva, para conformar Unidades de Evaluación Social de Proyectos de Inversión
en los diversos ordenes de Gobierno.
De lo anterior se desprende de igual manera, que para el completo logro de las metas
establecidas, se hace necesaria una verdadera optimización, mediante la
implementación de un adecuado marco legal que lleve a la práctica los eficaces
procesos administrativos de las finanzas públicas, y asimismo, propicie la óptima
utilización del gasto y la inversión pública. Es decir, la política económica pública, para
estimular el crecimiento económico, debe considerar dos aspectos relevantes:
7 Ibidem, pág. 60.
7
• Incentivos de manera que aumente la inversión privada, y
• Racionalizar la inversión pública de tal forma que el gasto se genere en los sectores
más rentables y a su vez en los proyectos que proporcionen mayor beneficio neto de
esos sectores.
Para lograr, tanto el incremento de la inversión privada como la racionalización del
gasto público, es condición indispensable establecer un proceso de planeación del
desarrollo. Y éste tendrá un mejor resultado cuando consiga involucrar a la mayoría de
las ramas del gobierno, al sector privado, y la opinión de consejeros que provengan por
ejemplo de universidades y grupos de interés en el desarrollo de la sociedad; asimismo,
que los líderes de la planeación sean expertos y responsables.
Por otra parte, en el proceso de planeación deben identificarse los sectores de mayor
rentabilidad desde el punto de vista social, por ejemplo, en países en desarrollo, las
construcciones públicas monumentales (de relumbrón) son menos convenientes que la
educación de mano de obra técnica. En el mismo sentido, la inversión en nuevas industrias capaces de competir en los mercados mundiales es más costosa y menos eficiente que la mejora de la industria existente que haya demostrado ventaja comparativa a escala mundial. 8
Entonces, para eficientar la inversión y con ello contribuir a un mayor crecimiento
económico es conveniente cumplir con dos condiciones:
• Aplicar las técnicas de evaluación socioeconómica de proyectos (ESP) la cual
coadyuva a identificar aquellas inversiones que tienen el mayor margen de
productividad social marginal y,
• Con base en la Evaluación Socioeconómica de Proyectos (ESP), se debe
estructurar un sistema de inversiones que permita organizar la programación,
presupuestación, ejecución y operación de los proyectos. Ignorar la conveniencia de
un sistema de inversiones causaría que no se fomentara la evaluación
socioeconómica de proyectos y a su vez, el proceso de inversión carecería de los
fundamentos que permitan dirigir los recursos hacia los proyectos más rentables que
potencian el crecimiento.
8 Ibidem, pág. 47.
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En la actualidad, independientemente de los Planes de Desarrollo y Programas para el
Financiamiento, coordinar el presupuesto en México implica otros órdenes jurídicos y
ante todo, equilibrar las prioridades del gasto en diferentes niveles de Gobierno. Los
mecanismos para coordinarlo son distintos en cada nivel: Federal–Estatal, Estatal–
Municipal y Federal–Municipal. El presupuesto Federal–Estatal se coordina mediante el
proceso diseñado para el presupuesto Federal, y otros mecanismos. Anteriormente los
Estados solían presentar planes operativos anuales, POA’s, por sector que a la sazón
se ajustaban e incorporaban al plan sectorial Federal, el cual se sometía a
consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La actual Ley de Coordinación Fiscal sustituyó en parte ese proceso mediante
mecanismos de fórmula automática, pero algunas Secretarías Federales, como
Educación y Salud, siguen exigiendo que los Estados elaboren un cierto tipo de planes
operativos anuales para el presupuesto por sectores. Una vez que el plan se presenta,
la SHCP filtra aún más los planes por sector y presenta el proyecto de Ley para el
presupuesto ante el Congreso. Sobre el particular cabe hacer mención que, aunque los
mecanismos actuales para elaborar el presupuesto garantizan cierto intercambio de
información y oportunidades para conciliar las prioridades Federales y Estatales, aún se
carece de normas transparentes y explícitas para la asignación de recursos Federales
en todos los Estados.
Además de la preparación del presupuesto Federal, las Juntas Ordinarias de
Coordinación Federal–Estatal (se trata de reuniones trimestrales entre la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, las áreas de Ingresos y Egresos, y los Secretarios de
Hacienda de los Estados) y el Pacto Fiscal Federal también son contextos en los que se
coordina el presupuesto. La coordinación de ingresos y el equilibrio tributario entre el
Gobierno Federal y los Estados se logra principalmente por medio del Pacto Fiscal y la
respectiva transferencia de ingresos generales de casi el 22 por ciento de las llamadas
participaciones (recaudación federal participable).
Sin embargo, como el ejercicio fiscal coincide con el año calendario en todos los
ordenes del Gobierno, la información sobre el presupuesto Federal va a los Estados y
Municipios apenas en el momento del cierre mismo del ejercicio fiscal anterior o a
principios del nuevo año; lo que hace que la elaboración del presupuesto en los niveles
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inferiores de Gobierno sea cada vez más difícil, ya que los presupuestos y
transferencias federales son menos previsibles y se autorizan en los últimos días de
diciembre.
La coordinación del presupuesto Federal–Municipal, incluso la Federal–Estatal–
Municipal, también se ejerce mediante la transformación del Ramo 26 en el Ramo 33.
Las fórmulas ya especifican que la mayor parte de la asignación de recursos especiales
del Ramo 33 es fundamental, pero no exclusivamente, para fondos sectoriales.
Por consiguiente, el Ramo 33 –en la práctica es un mecanismo por medio del cual el
nivel Federal (el Congreso y el Poder Ejecutivo) garantiza la asignación territorial de
recursos conforme a las prioridades Federales. Sin embargo, los informes y la
contabilidad para los recursos del Ramo 33 aún son deficientes, con ciertas cuotas de
manejo discrecional, lo que no fomenta la confianza intergubernamental ni deja un
margen para supervisar o evaluar sus efectos. Los mecanismos actuales para coordinar
el presupuesto, obstaculizan la iniciativa y autonomía en los niveles inferiores de
Gobierno.
Lo anterior genera que, en vez de fomentar la asignación más eficiente de recursos en
los territorios (Estados y Municipios) se tiende a aumentar el control Federal de la
asignación de recursos, incluso, aunque se otorgue más responsabilidad política a los
Estados en este sentido. Por consiguiente, estos mecanismos complican la distribución
de responsabilidades entre los niveles de Gobierno y reducen la responsabilidad de
cada nivel. Además, dichos mecanismos no contribuyen a una verdadera coordinación
bilateral del gasto porque, ante todo, son métodos formales de programación y
presupuesto sujetos a normatividades específicas por sector de inversión.
III. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. Planteamiento del problema
En los últimos seis años, ha existido un constante incremento en los volúmenes
financieros con que se diseñan los presupuestos globales para la provisión de la
infraestructura física y social en los tres niveles de gobierno en México; federal, estatal
y municipal debido fundamentalmente a los ingresos excedentes de la venta del
petróleo. Los mecanismos de coordinación son distintos en cada nivel y la eficacia de
su aplicación es una exigencia ciudadana que requiere de la maximización de los
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beneficios, la minimización de los costos y la distribución equitativa de los recursos para
efecto de generar oportunidades para todos. A este respecto, las políticas de la
administración pública han estado sujetas a retrasos en su misión y visión para estar a
la par del crecimiento económico que requiere el país.
En el estado de Jalisco, los esfuerzos gubernamentales para establecer lineamientos
jurídicos y normativos en materia de evaluación de programas de inversión han sido
variados, pero sin una consistencia que responda a proponer soluciones inteligentes de
acuerdo a las necesidades de la población en su conjunto. Es decir, se han operado
programas de desarrollo social con una práctica viciada en la que se han carecido de
los preceptos que en materia de evaluación socioeconómica de proyectos de inversión
se establecen, lo que ha traído consigo el desconocer la rentabilidad social de los
proyectos instrumentados por el gobierno estatal y en consecuencia su conveniencia o
no de su realización.
3.1.1. Preguntas de investigación.
En ese sentido, no se han potencializado las capacidades profesionales para evaluar
social y económicamente la aplicación de los recursos por las diversas secretarías y
organismos del gobierno estatal lo que lleva a las siguientes preguntas ejes de la
investigación:
Pregunta principal.
• ¿Cómo responder a la inquietud manifiesta de que exista una unidad gubernamental
que evalué desde el punto de vista de la rentabilidad social, todas las inversiones
públicas que se realicen en el Estado de Jalisco.
Preguntas específicas.
• ¿Cuál sería la estructura orgánica y funcional de la unidad gubernamental?
• ¿Qué lineamientos deberán considerarse en los procesos de inversión social?
• ¿Qué elementos estratégicos son necesarios articular para eficientizar el uso de los
recursos financieros disponibles hacia actividades de alta rentabilidad social?
3.2. Objetivos a alcanzar con la investigación.
Objetivo general
• Proponer el establecimiento de una unidad gubernamental especializada en
evaluación socioeconómica de los proyectos de inversión en el estado de Jalisco,
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que eficientice la asignación de los recursos económicos presupuéstales y asegure
el cumplimiento de los programas de gobierno en materia de inversión publica.
Objetivos particulares
• Establecer la estructura orgánica y funcional de la unidad gubernamental
especializada en evaluación socioeconómica de proyectos de inversión en Jalisco.
• Diseñar los lineamientos generales para la inversión publica de aplicación general
en el estado de Jalisco.
• Proponer estrategias para evaluar socioeconómicamente los proyectos de inversión
en Jalisco.
3.3. Tipo de investigación.
Esta fue de tipo exploratoria y descriptiva con trabajo de gabinete, cuya base consistió
en profundizar en las diversas teorías de la administración pública, su planeación en la
inversión social y las metodologías basadas en criterios de eficacia y rentabilidad que al
respecto se recomiendan de carácter universal. Adicionalmente, se realizaron análisis
de la evolución económica estatal y de las diversas plataformas jurídicas y
administrativas existentes en Jalisco, para que con base en la documentación
recolectada y dentro de una etapa prospectiva, se abordara el fenómeno de estudio. En
este sentido se utilizó el estudio de caso, seleccionándose una dependencia
representativa del sector gubernamental de Jalisco y su actuar en la toma de decisiones
en proyectos de inversión social.
IV. LA DEPENDENCIA DE ESTUDIO. Un caso representativo
El estado de Jalisco a partir de su Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco (LOPEEJ) cuenta dentro de estructura orgánica con Secretarías y
Dependencias descentralizadas que ejercen, desde el ámbito de sus competencias,
recursos provenientes de la federación a través de los diferentes Ramos que contempla
la Ley de Coordinación Fiscal. En cada uno de los casos, la normatividad con que
deben aplicarse los recursos asignados responde a necesidades específicas de
carácter sectorial y subsectorial.
La Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno de Jalisco, es la responsable de
ejercer los recursos que el estado asigna vía sus diferentes dependencias o entidades a
acciones de obra pública. Es decir, es la responsable de la ejecución de los diversos
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programas de inversión pública en la entidad. Al respecto, la Secretaría de Desarrollo
Urbano, cuenta con la siguiente estructura orgánica (véase Cuadro No. 1).
Cuadro No. 1: Organigrama de la SEDEUR
Fuente: www.jalisco.gob.mx/secretarías/sedeur, septiembre de 2006..
SECRETARIO
DIR. DE PROG. Y CONTROL
DIR. DE EVALUACIÓN
DIR. DE LOGÍSTICA
DIR. DE PLANEAC. Y URB.
DIR. DE ORDEN. TERRIT.
DIR. DE PLANEACIÓN ZMG
DIR. DE PLANEACIÓN MPAL.
DIR. DE PROMOCIÓN URBANA
DIR. DE PROMOCIÓN URBANA
DIR. DE SUELO Y VIVIENDA
DIR. DE PATRIM. URBANO
DIR. DE PROY. DE INFRAEST.
DIR. DE PROY. CARRETEROS
DIR. DE PROY. MPALES.
DIR. DE PROG. Y PRESUP.
DIR. DE CONSTRUCCIÓN
DIR. DE CONTROL DE O. P.
DIR. DE PROG. Y CONTROL
DIR. DE CONST. Y MAQ.
DIR. DE INGENIERÍA
DIR. DE PROM. Y CONVENIOS
DIR. DE EST. PROY. Y CONST.
DIR. DE REC. FIN., MAT., HUM. Y D. O.
DIR. DE PROM. Y CONVENIOS
DIR. DE INFORMÁTICA
DIR. DE CONV. CONSULTIVA Y CONT.
DIR. GENERAL ADMINISTRATIVA
DIR. GRAL. DE INFRAEST. CARRET.
DIR. DE OBRAS PUBLICAS
DIR. GRAL DE PROY. Y OBRAS PUB.
DIR. GRAL DE PROY. Y OBRAS PUB.
DIR. GENERAL SECTORIAL
DIR. DE ESTUDIOS TÉCNICOS
DIR. GRAL DE PLAN. Y URB.
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Con el fin de posicionar el carácter transversal de este estudio de caso, se toma como
ejemplo el ejercicio presupuestal ejercido en el año 2005 por la Secretaría de Desarrollo
Urbano (SEDEUR), cuyo comportamiento demuestra que, de acuerdo con los
lineamientos en vigor, es la responsable de ejecutar más del 73% del presupuesto total
para inversión pública en el estado, conformada con recursos provenientes de la
federación mayormente y propios en menor escala (véase Cuadro No. 2).
Cuadro No. 2: Presupuesto Estatal de Inversión Pública 2005 ejercido por SEDEUR
Fuente: Dirección de evaluación y servicios Técnicos, SEDEUR, agosto de 2005.
En ese mismo periodo de análisis, SEDEUR realizó más de 2 mil obras de diferentes
montos, de las cuales aproximadamente el 20% fueron superiores a los 10 millones de
pesos cada una, esto representa que cerca de 200 obras no fueron evaluadas
socioeconómicamente (véase Cuadro No.3).
Cuadro No. 3: Obras ejecutadas por SEDEUR y que no fueron evaluados socioeconómicamente.
Obra Costo total Nodo vial en Avs. Américas y López Mateos 450’000,000$
Paso a desnivel en López Mateos y Manuel Acuña 65’000,000$ Carretera a Puerto Vallarta, vía Mascota 550’000,000$
Acceso sur a GDL (Las CuatasPeriférico) 18 kms. 1,860’000,000$ Refugio para Mujeres Violentadas (DIF Jalisco) 20’000,000$
Dependencia Estatal Inversión autorizada
Secretaría de Desarrollo Urbano 3,431’723,000
COPLADE 268’000,000
Secretaría de Cultura 62’000,000
Secretaría del Medio Ambiente 15’000,000
Comisión Estatal del Deporte, CODE 15’000,000
Secretaía de Turismo 9’046,000
Secretaría de Salud 5’000,000
Secretaría de Promoción Económica 4’000,000
Secretaía de Finanzas 40’000,000
Secretaría de Desarrollo Rural 462’000,000
Comité Admdor. del Prog. Est de Const. de Escuelas, CAPECE 350’000,000
Secretaría de Administración 6’422,000
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Fuente: Dirección de evaluación y servicios Técnicos de la SEDEUR, agosto de 2005.
4.1. Análisis del fenómeno observado
Las Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y Convenios que existen en la legislación
local, reiteradamente se refieren al término “evaluar”, pero realmente, más allá de la
exigencia marcada en cada uno de esos documentos, las tareas para medir los
alcances no se han llevado a cabo de una manera profesional y con criterios de
eficiencia y eficacia.
De inicio, resulta conveniente destacar que a nivel de las técnicas de evaluación social
desarrolladas por diversos expertos y organismos internacionales, es necesario
establecer que dicho análisis implica dos grandes tareas fundamentales:
• Una de ellas es relativa a medir previamente el grado de rentabilidad ó beneficios que
una inversión traería para los habitantes del lugar donde se realice, ésta se conoce
como evaluación exante, la cual no se realiza, y
• La otra gran tarea es llevar al cabo mediciones ya en la operación de la vida útil
económica del proyecto en cuestión, es decir, de la relación entre el importe de
determinada inversión pública y los beneficios obtenidos, una vez descontados los
costos de la inversión, a ésta se le conoce como evaluación ex–post, ésta última a
pesar de ser obligatoria por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el Plan Estatal de
Desarrollo, de igual manera no se lleva a la práctica.
Al margen de los diversos ordenamientos legales ya citados, la palabra “evaluación” se
señala mas como parte del proceso final en la inversión que como tarea fundamental
inicial. Aunque existen lineamientos adecuados a favor de la realización de tareas
evaluatorias de diversos instrumentos económicos para generar crecimiento, es
evidente la ausencia de áreas administrativas específicas, prácticas, para determinar la
rentabilidad de la creciente inversión pública estatal.
Así, el término “evaluación”, independientemente de su reiterada presencia en la amplia
normatividad gubernamental, no es sino el paso teórico final de un proceso basado en
los principios fundamentales de la administración, que crónicamente se ha desatendido
a nivel institucional.
A esa parte fundamental que cierra el círculo de una adecuada planeación le ha faltado
un elemento normativo que la sustente operativamente; cuando se habla de evaluar
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programas, planes y acciones. De forma ambigua se dice bajo cual de las dos
perspectivas debe hacerse, si antes ó después.
Con relación a lo anterior y vinculándolo con los presupuestos del estado de Jalisco, por
ejemplo, al nivel de la Administración 19952001, en el último año del ejercicio fiscal se
asignó más del 60% del presupuesto total a programas sociales, sin que a la fecha,
incluyendo informes oficiales de gobierno, se conozcan sus impactos reales por la idea
generalizada de dar a conocer indicadores de proceso ó gestión principalmente.
Por ello, al hacer referencia directa a diversas estructuras programáticas que requieren
de evaluaciones sociales antes y después de su aplicación, se llega a considerar de
entrada dos grandes marcos de erogación presupuestal:
Por una parte, en lo que se refiere al caso del programa Federal Ramo 33, creado en el
marco de la descentralización para transferir directamente a estados y municipios
recursos para su ejercicio directo, éste tiene entre otros, 2 subprogramas de
financiamiento, uno conocido como “Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social” 9 , con dos vertientes una estatal y otra municipal, que en ambos casos buscan subsanar deficiencias en servicios básicos; y otro denominado “Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios” 10 , orientado básicamente a la modernización administrativa.
En ambos casos la asignación de recursos por parte de la federación se realiza a través
de una fórmula que mide el nivel de pobreza de los estados, y que considera entre otras
variables cobertura de servicios básicos y de infraestructura de apoyo. El problema
radica en la discrecionalidad con que estados y municipios pueden ejercer sus
recursos, sin importar los impactos que se pueden generar.
En el mismo rubro de las participaciones federales, otro fondo, conocido como Ramo
20, “Desarrollo Social”, está orientado para apoyar proyectos productivos en zonas de
alta pobreza y marginalidad, mediante programas específicos como Empresas Sociales,
que financia créditos microempresariales; Crédito a la Palabra, por el que el sector
campesino accede a líneas crediticias para fomento a la producción agrícola y cuyas
amortizaciones deben canalizarse a proyectos de beneficio social en las comunidades
9 Diario Oficial de la Federación. Decreto de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal. Diciembre 31 de 1998. 10 Ibidem.
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donde se apliquen. Claro está que esos proyectos pocas veces se realizan por
deficiencias en el proceso de recuperación, y cuando sí es posible, los proyectos no son
decididos con base en estudios analíticos de factibilidad, conveniencia e impacto social.
Entre los principales aspectos encontrados, como deficiencias administrativas, se
destacan los siguientes:
• La programación no se apoya en estudio de los sectores de mayor rentabilidad social
para el estado o en diagnóstico de las necesidades de la entidad
• No existen criterios formales de selección y priorización que orienten la elección de las
ideas de proyectos en las comunidades y los Comités de Planeación para el Desarrollo
Municipal (COPLADEM’s), en tal virtud, la selección y jerarquización de las propuestas
obedece al juicio de los involucrados
• El gobierno del estado no cuenta con un banco de proyectos que se integre a partir de
las propuestas que elaboran año con año los municipios por conducto de sus
COPLADEM’s y de los propios proyectos que elabore el mismo gobierno. Por la misma
razón, no existe un programa multianual de inversiones sectoriales debidamente
jerarquizado y con fuentes de financiamiento planeadas
• La mayoría de las propuestas que se efectúan responden a necesidades de orden
particular (local) que están por debajo de necesidades regionales o subregionales.
• Para la toma de decisiones sobre las inversiones que se llevarán a cabo, el gobierno
del estado no realiza estudios de preinversión, en donde aplique herramientas de
eficiencia como la ESP, que permita determinar la rentabilidad social de los proyectos y
en su caso, asignar de manera eficiente el gasto de inversión para contribuir a generar
el mayor bienestar posible para la población, y
• La inversión que se decide al interior de los subcomités sectoriales, o la indicada por
el propio gobernador del estado, igualmente, no es avalada por las técnicas de la ESP,
situación que en fechas recientes ha generado críticas y en algunos casos, hasta la
modificación total de proyectos.
4.2. La necesidad de evaluar los proyectos de inversión pública
Ya se ha establecido que existe una profunda relación entre niveles de bienestar social
y adecuadas actuaciones de la administración pública, los compromisos que tiene a su cargo exigen como imperativo que las capacidades institucionales orientadas a
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gobernar y administrar la vida pública sean actuales, consistentes y eficaces 11 . Por ello, la exigencia para que las instituciones públicas desarrollen sus responsabilidades con
eficacia ha sido una constante durante las últimas décadas, en parte por las constantes
demandas de la sociedad y en parte, por el cuidado con que la nueva democracia
plantea los resultados de los Gobiernos.
El contexto anterior, otorga entonces, una cuota de valor a la función pública para que
sus inversiones respondan a las necesidades de una sociedad que vive con carencias y
desigualdades; bajo el entendido de que si los proyectos se focalizan para beneficiar
directamente a la sociedad, entonces se comprende la importancia de evaluarlos para
optimizar sus beneficios.
Actualmente, existe un compromiso intrínseco en la mayoría de las administraciones
públicas de cualquier orden, para que sus inversiones mantengan costos e impactos
diversos, otorgando sentido igualitario mediante proyectos de inversión social,
asistencial y productivo, entre otros, definidos por políticas, criterios, normas y procesos
que buscan desarrollo humano, limitar la exclusión social, el atraso económico y el
subdesarrollo social, aunque esto último, no es responsabilidad única de la función
pública, el gobierno, ya que la iniciativa privada tiene una gran responsabilidad, los vínculos de la administración pública con el llamado tercer sector conjunto de autonomías, organizaciones, relaciones, recursos, espacios, interacciones y grupos de lo público y social pueden fructificar en la visión de la cooperación extendida, no hay condiciones para que la administración pública intente abarcar todo lo relativo al bienestar social. 12
V. LA PROPUESTA
Es conveniente y además una obligación gubernamental que la inversión pública sea
eficiente con el fin de maximizar los beneficios y contribuir a generar mayor riqueza
social. En este sentido, se propone la Unidad Gubernamental para la Evaluación
Socioeconómica de proyectos de inversión pública en el estado de Jalisco, que en lo
sucesivo se denominará Unidad de Inversiones, entidad que cubriría funciones de
asesoría. Su objetivo fundamental sería facilitar la toma de decisiones mediante la
11 Uvalle Berrones, Ricardo, El sentido axiológico de la función pública, instituto de Administración Pública, Puebla, Puebla, 2002, pág, 126. 12 Ibidem, pág. 43.
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sugerencia de las opciones de inversión más rentables desde el punto de vista
económico y social.
Para el logro de su objetivo fundamental, la Unidad de Inversiones tendría como
principales funciones homogenizar, normar y coordinar la información relativa al
proceso de formulación, evaluación y ejecución de proyectos de inversión de las
distintas Secretarías y Dependencias del estado, para lo cual deberá emprender las
siguientes acciones:
• Elaborar las normas y criterios relativos al proceso de preinversión, inversión y
ejecución en materia de planeación y evaluación de proyectos para que, a través de las
instancias pertinentes, se establezca la reglamentación del proceso de inversión pública
• Difundir conjuntamente con las instituciones involucradas en el sistema, las normas,
procedimientos y metodologías para la presentación y evaluación de proyectos
• Establecer y operar un Banco de Proyectos
• Analizar los proyectos que promuevan las entidades ejecutoras y emitir una
recomendación desde el punto de vista socioeconómico de los proyectos que se
consideren convenientes para el estado
• Capacitar a los funcionarios involucrados en la planeación de la Inversión Pública de
Jalisco, sobre su funcionamiento y la operación del banco de proyectos
• Formular conjuntamente con la Secretaría de Finanzas (SEFIN) y el Comité de
Planeación de Desarrollo Estatal (COPLADE) el Programa Multianual de Inversiones y
el correspondiente Programa Financiero Multianual, e
• Instrumentar un programa permanente de capacitación en materia de evaluación
socioeconómica de proyectos que involucre a funcionarios públicos.
5.1. Estructura orgánica y funcional
La Unidad de Inversiones se creará como parte del COPLADE, órgano técnico público
de coordinación, concertación y planeación del Ejecutivo Estatal. La Unidad de
Inversiones estará formada por una Dirección y una Coordinación Técnica, y en el corto
plazo se podrá adicionar una Coordinación de Evaluación (véase Figura No. 1).
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Figura No. 1: La Unidad de inversiones
Fuente: Elaboración propia.
La Dirección General: tendrá las siguientes funciones:
• Coordinar los procedimientos y normas establecidos para el Sistema de Planeación de
Inversión Pública
• Emitir las observaciones y la recomendación que se tenga de los proyectos tanto a la
secretaría ejecutora como a la SEFIN
• Priorizar los proyectos en coordinación con las distintas dependencias
• Elaborar en coordinación con la SEFIN la formulación del Programa Multianual de
Inversiones
• Establecer la relación con las diferentes secretarías y dependencias ejecutoras,
buscando el buen desarrollo del Sistema Estatal de Planeación de la Inversión Pública
de Jalisco, y
• Supervisar y dar la conducción adecuada a las acciones que desempeñen las
Coordinaciones de Evaluación y Técnica
La Coordinación Técnica: las Funciones que se le atribuyen son las siguientes:
• Desarrollar las normas que habrán de seguirse en las etapas de preinversión,
inversión y ejecución de los proyectos en materia de planificación de inversiones
DIRECCIÓN GENERAL
STAFF SECRETARIAL
COORDINACIÓN TÉCNICA COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN
4 ESPECIALISTAS EN E.S.P.
4 ESPECIALISTAS EN E.S.P.
4 ESPECIALISTAS EN E.S.P.
4 ESPECIALISTAS EN E.S.P.
GRUPO TÉCNICO DE APOYO
GRUPO TÉCNICO DE APOYO
4 ESPECIALISTAS EN E.S.P.
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• Desarrollar y difundir las metodologías de proyectos específicos a bien, de que las
entidades ejecutoras posean el marco de referencia para formular los diferentes tipos
de proyectos
• Programar los cursos de capacitación para funcionarios públicos, y
• Desarrollar los temas a impartirse en los cursos de capacitación
La Coordinación de Evaluación: con las funciones siguientes:
• Diseñar las Fichas de Presentación de Proyectos (FIPREP) o Fichas de Información
Básicas (FIB) que habrán de ser formuladas por las secretarias y entidades ejecutoras
para la programación de sus proyectos dentro del presupuesto anual
• Dar el seguimiento y la asesoría necesaria a las diversas áreas en las distintas
dependencias para la correcta formulación de las FIPREP y FIB
• Conformar el Banco de Proyectos clasificado por sectores y/o Secretarías y
priorizarlos de acuerdo a criterios de bienestar social neto
• Analizar y verificar los estudios de evaluación de proyectos con el fin de que la Unidad
de Inversiones emita una recomendación, y
• Realizar la evaluación ex post de los proyectos en operación para verificar que éstos
cumplan con su objetivo y de igual forma sirva de retroalimentación para la etapa de
preinversión
5.2. Programa de Capacitación
La capacitación estará diseñada y dirigida a dos grupos bien definidos:
• Altos funcionarios públicos involucrados directamente en la asignación de los recursos
y,
• Funcionarios públicos operativos y administrativos encargados de la formulación y
presentación de proyectos.
Para el primer grupo se prevé ofrecer conferencias, seminarios y reuniones temáticas
con un día de duración, donde se señalará la importancia de la evaluación
socioeconómica y su contribución al desarrollo económico, se compartirán las
experiencias de otros sistemas de planeación de inversiones. Además, la presentación
de algunos estudios socioeconómicos de proyectos evaluados.
Para el segundo grupo, se programará la realización de un Diplomado en Preparación y
21
Evaluación Socioeconómica de Proyectos dirigida a funcionarios públicos operativos y
administrativos.
Adicionalmente al programa de capacitación de la Unidad de Inversiones, y como una
estrategia del gobierno del estado de Jalisco, cada entidad ejecutora enviará al menos
un funcionario público a la especialidad en Evaluación Socioeconómica de Proyectos.
Este curso tiene una duración de once meses y comprende una fase teórica y otra
práctica en la cual se preparan y evalúan proyectos reales de interés estatal.
5.3. Proceso de planeación
La primera etapa en el proceso de planeación constituye el envío de las fichas de
presentación de proyectos por parte de la Unidad de Inversiones a cada una de las
Promotoras o Ejecutoras, las cuales, irán acompañada del documento que contiene las
normas generales de presentación de los proyectos en las fichas denominadas. La ficha
es un resumen de los principales aspectos tratados en los proyectos y tiene como
objetivo estandarizar la presentación de éstos a la Unidad de Inversiones.
La segunda etapa la llevan a cabo las dependencias públicas (secretarías y
dependencias ejecutoras), las cuales tendrán que elaborar las fichas de presentación
de proyectos o fichas básicas de Información que acompañadas de los estudios y
resumen de antecedentes del proyecto contenidos en la ficha serán enviadas a la
Unidad de Inversiones.
La tercera etapa la realizará la Unidad de Inversiones, la cuál consiste en revisar,
clasificar y analizar los proyectos contenidos en las fichas de presentación de proyectos
o fichas básicas de Información y emitir una recomendación de avance tanto a la
secretaría interesada al COPLADE. En la revisión de las fichas, la Unidad de
Inversiones tendrá la responsabilidad de verificar que éstas hayan sido formuladas
correctamente, y en su caso deberá efectuar las observaciones correspondientes para
su modificación. Asimismo, se revisará que los estudios presentados cumplan con la
metodología propuesta para el tipo de proyecto.
Las características del análisis socioeconómico que realizará la Unidad de Inversiones
dependen de la etapa en que se recibe el proyecto (preinversión o inversión). En
general, este consiste en la revisión de los antecedentes, de la problemática, de los
términos de referencia del estudio a contratar y de sus costos, de verificar los
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fundamentos técnicos económicos que lo justifican y de su consistencia con el Plan
Estatal de Desarrollo.
Además, para la etapa de inversión se analizará la metodología utilizada en los estudios
presentados, la definición correcta del proyecto, la problemática, las situaciones
actuales y con proyecto y finalmente su financiamiento y operación; entre otros factores.
Como consecuencia del análisis se emitirá un documento de “Resultados del Análisis
Socioeconómico y Recomendaciones”, el cuál será enviado a la SEFIN y a la secretaría
interesada. El propósito es que éste sirva de apoyo en la decisión sobre los proyectos
que habrán de realizarse sujetándose a la restricción presupuestal, para la decisión final
del gobernador del estado.
5.4. Banco de proyectos
En los últimos años se han desarrollado diferentes instrumentos para mejorar la calidad
de la planeación y gestión de la inversión. Los bancos de proyectos son uno de estos
instrumentos que se han creado con el objetivo de facilitar el manejo del volumen de
información que generan los procesos de identificación, formulación, evaluación y toma
de decisiones de los proyectos de inversión pública. Estos son básicamente sistemas
de información en red orientados a proveer información sobre los proyectos a lo largo
de su ciclo de vida. Es decir, un banco de proyectos sigue a cada proyecto desde la
preinversión, pasando por la inversión hasta la operación.
El banco de proyectos es una base de datos que funcionará como apoyo a la inversión
pública de Jalisco, cuyos principales usuarios son las instituciones que participan en la
toma de decisiones en materia de asignación de recursos de la inversión estatal. De
esta manera, el banco de proyectos compilará las oportunidades de inversión pública
del estado de Jalisco y su administración estará a cargo de la Unidad de Inversiones.
Los objetivos específicos del banco de proyectos serán:
• Brindar información detallada y concisa sobre cada uno de los proyectos que se
suscriben
• Mejorar y agilizar, las labores de programación y ejecución relacionadas con la
preinversión e inversión de proyectos del gobierno del estado de Jalisco
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• Vincular a las instituciones que participan en el proceso de inversión pública y mejorar,
a través de la coordinación institucional, la toma de decisiones, las labores de
administración y las tareas de planificación
Las características conceptuales son:
• El banco de proyectos abarca el ciclo de vida completo de los proyectos de inversión
pública, pero sólo almacena información sistematizada y resumida. Por tanto, el banco
de proyectos se divide en siete rubros de acuerdo a las etapas de cada uno de los
proyectos: idea, perfil, prefactibilidad, factibilidad, diseño, ejecución y operación
• Dado que la etapa refleja el grado de madurez del proyecto dentro del ciclo, en un
momento determinado cada proyecto puede estar sólo en una etapa
• Cada proyecto debe identificarse de manera individual durante toda su vida, para ello,
se debe mantener un código y nombre único e inalterable para el proyecto
• Siempre existirá una institución responsable del proyecto, la cual ha sido denominada
entidad promotora o ejecutora. Dicha entidad podrá cambiar cuando el proyecto avance
de una etapa a otra, pero será imprescindible identificarla claramente
• En general, la entidad promotora es la única que podrá entregar información sobre el
proyecto a la unidad de inversiones para incorporarse al banco de proyectos, aunque la
información provenga de otras fuentes
• La calidad de la información contenida en el banco de proyectos es responsabilidad
exclusiva de la entidad promotora
• La información contenida en el banco de proyectos es referencial, pero no tienen
carácter legal ni es sustituto de la información para efectos de contabilidad
gubernamental y,
• El banco de proyectos es una base de datos que tiene múltiples usuarios y requiere
preservar la confiabilidad. Para ello, se definirán privilegios a los usuarios del banco de
proyectos.
5.5. Operaciones y privilegios
Las operaciones y privilegios se ilustran a continuación (véase Figura No. 2).
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Figura No. 2: Operaciones y los privilegios de cada usuario del banco de proyectos
Fuente: Elaboración propia.
Como se observa en el gráfico anterior, las operaciones del banco de proyectos serán:
Ingreso y modificaciones: A solicitud de la entidad promotora, la unidad de inversiones
registra el nuevo proyecto o las modificaciones al mismo.
Consultas: Cualquier usuario podrá extraer diferentes reportes:
• Reportes individuales (información sobre un proyecto en específico)
• Reportes agregados (comprende información sobre un grupo o sector de proyectos).
• Reportes especiales
Bajas: La unidad de inversiones dará de baja aquellos proyectos que ya no sean
factibles debido a cambios sustanciales en las condiciones del mercado, o bien, porque
se genere una mejor alternativa de solución. Los proyectos que se den de baja
permanecerán en una sección especial del banco de proyectos con el fin de analizar y
considerar en futuros proyectos los errores pasados, las variables más sensibles y los
riesgos.
Los requisitos básicos para la solicitud del ingreso de un proyecto al Banco de
Proyectos, en la etapa de idea, serán:
• Nombre del proyecto
• Entidad promotora, Secretaría o Dependencias
Privilegio del usuario Operaciones Observaciones
Solicitar el ingreso o modificación de información de un
proyecto
Consultar o extraer información
Administración del Sistema
Entidad promotora del Gobierno de Jalisco
Usuarios del Sistema
Unidad de Inversiones del Estado de Jalisco
El tipo de información puede tener origenes
diferentes. En casos particulares otra entidad podrá realizar la solicitud.
La administración incluye: ingresos, modificaciones y
bajas.
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• Localización
• Problemática (causas, efectos, población afectada y evolución en el tiempo)
• Descripción del proyecto
• Alternativas de solución
La entidad promotora entregará el proyecto formulado a la Unidad de Inversiones y
solicita su ingreso al banco de proyectos. Las solicitudes de ingreso se realizarán
directamente en la Unidad de Inversiones del gobierno del estado de Jalisco durante
todo el año y se registrarán en una primera base de datos.
Se verificará que el proyecto haya sido elaborado conforme a las metodologías
correspondientes y que cumpla con las condiciones exigidas por la misma. En caso
negativo se devuelve con las observaciones para que se realicen los ajustes
necesarios. Los proyectos ajustados a las metodologías se registrarán en el banco de
proyectos donde se les asignará un código y nombre único y permanente.
La Unidad de Inversiones entregará, en forma anual, a la SEFIN y al COPLADE una
lista de los proyectos jerarquizados y sus recomendaciones. El óptimo social sería que
sólo se incluyan en el Programa Multianual de Inversiones proyectos previamente
registrados en el Banco de Proyectos del gobierno del estado de Jalisco y que ya
cuenten con la recomendación de la Unidad de Inversiones.
VI. CONCLUSIONES YRECOMENDACIONES
La Propuesta del establecimiento de una unidad gubernamental para la evaluación
socioeconómica de los proyectos de inversión en Jalisco, se orienta resolver
deficiencias en la decisión de la inversión pública del estado, basándose en los
principios fundamentales de la Evaluación socioeconómica con las consecuentes
ventajas que ello implica: eliminación de inversiones innecesarias, optimización de los
recursos disponibles y canalización de acciones hacia sectores más rentables, con lo
cual se dispondría de mejores condiciones financieras para enfrentar los retos que el
necesario crecimiento económico de Jalisco requiere.
La idea central de la Unidad de Inversiones está adicionada por un proceso continuo de
capacitación de los recursos humanos en cada dependencia estatal, para favorecer el
proceso de filtrado de los proyectos desde las mismas instancias que los promueven.
Con ello, el gobierno estatal tendrá una visión de largo plazo, con lo cual se garantizará
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el crecimiento económico sostenido; adicionalmente se podrá lograr una adecuada
planeación de la inversión, que ofrezca mejores opciones de capitalización para dar
continuidad a los planes de mediano y largo plazo que requiere el Estado. De esta
manera, el bienestar de los Jaliscienses se verá incrementado y con ello, se logrará
consolidar la confianza y credibilidad de la ciudadanía en sus gobernantes.
VII. BIBLIOGRAFÍA.
BANOBRAS, (19982000). Revistas. Federalismo y Desarrollo. Nos. 11 y 13, enero a marzo del 1998 y octubre a diciembre del 2000. BERRONES, Uvalle (2002). El sentido axiológico de la función pública. Instituto de Administración Pública. Puebla, Puebla. CEPEP BANOBRAS (1999). Apuntes sobre la evaluación social de proyectos. México, DF. COHEN, E. y Franco R. (1998). Evaluación de Proyectos Sociales. ILPES, 1ª. Edición. DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (1998). Gobierno de la República, México, DF. FONTAINE, Ernesto R. (2000). Evaluación social de proyectos. Ediciones Universidad Católica de Chile. NORMATIVIDAD DEL ESTADO DE JALISCO:
Constitución Política del Estado de Jalisco Ley de Planeación del Estado de Jalisco y sus Municipios Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Jalisco Plan Estatal de Desarrollo 20012007
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 20012006 (2001). Gobierno de la República, México, DF. 2001.
Direcciones electrónicas : www.jalisco.gob.mx/secretarías/sedeur