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SESIÓN ORDINARIA LA H. “LX” LEGISLATURA DEL

ESTADO DE MÉXICO.

CELEBRADA EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2019.

PRESIDENCIA DE LA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ.

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Las diputadas y los diputados que integran la

“LX” y les agradezco su asistencia y su atención para el cumplimiento de las tareas de esta

Asamblea.

Asimismo; la Presidencia saluda y recibe cordialmente la presencia de los representantes

de los medios de comunicación y del público que nos acompaña en esta sesión, bienvenidos a esta

La Casa del Pueblo, la casa de todos

Para estar en aptitud de dar inicio a la sesión y desarrollar válidamente los trabajos, solicito

a la Secretaría verifique la existencia del quórum, abriendo sistema electrónico de registro de

asistencia hasta por cinco minutos, agregando al constituirse el quórum, será abierta la sesión.

SECRETARIO DIP. MARGARITO GONZÁLEZ MORALES. Ábrase el sistema electrónico para

registrar la asistencia hasta por cinco minutos.

(Registro de asistencia)

SECRETARIO DIP. MARGARITO GONZÁLEZ MORALES. ¿Falta algún, diputado por

registrar su asistencia?

Adelante diputado queda registrada su asistencia diputado Gabriel ¿Algún otro diputado

que haga falta registrar su asistencia?

Diputada Presidenta, en atención al registro de asistencia es de advertirse que existe

quórum, por lo tanto puede usted abrir la sesión.

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Se declara la existencia del quórum y se abre la

sesión siendo las doce horas con treinta y siete minutos del día martes trece de agosto del año dos

mil diecinueve.

Comunique la Secretaría la propuesta del orden del día de la sesión.

SECRETARIO DIP. MARGARITO GONZÁLEZ MORALES. Honorable Legislatura, la

propuesta del orden día de la sesión es la siguiente:

1. Acta de la sesión anterior.

2. Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa de

Decreto para que se declare a nivel estatal el 19 de Noviembre como el “Día de la Mujer

Emprendedora”, presentado por las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos

Constitucionales y de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero.

3. Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al

Gobierno del Estado de México, a contratar uno o varios financiamientos, presentada por el Titular

del Ejecutivo Estatal.

4. Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el cual se autoriza a los

Municipios del Estado de México, para que por conducto de funcionarios legalmente facultados,

gestionen y contraten con cualquier Institución de Crédito integrante del Sistema Financiero

Mexicano que ofrezca las mejores condiciones de mercado, uno o varios créditos o empréstitos,

hasta por el monto, para el destino, los conceptos, plazos, términos, condiciones y con las

características que en este se establecen; para que afecten como fuente de pago un porcentaje del

derecho a recibir y los ingresos que individualmente les correspondan del Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura Social y para que celebren los mecanismos de pago de los créditos que

contraten, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal.

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5. Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se

adiciona la fracción XXXI Bis al artículo 61 y se reforma la fracción XVIII del artículo 77 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, presentada por el Diputado Faustino

de la Cruz Pérez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena.


reforma y adiciona el artículo 2.219 del Código para la Biodiversidad del Estado de México,

presentada por la Diputada Anaís Miriam Burgos Hernández, en nombre del Grupo Parlamentario

del Partido morena.


reforma el artículo 9 del Código Penal del Estado de México, a efecto de que el robo en medios de

transporte público colectivo sea delito grave, presentada por la Diputada Rosa María Zetina

González, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena.


reforman los artículos 2, 15 fracción IV, 24 y 26 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos

del Estado de México, presentada por el Diputado Julio Alfonso Hernández Ramírez, en nombre

del Grupo Parlamentario del Partido morena.

Continuando con el número 9. Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto

de Decreto el cual se modifica la fracción XVIII del artículo 77 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de México, presentada por el Diputado Bernardo Segura Rivera, en

nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

10. Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y

adiciona la fracción XI del artículo 6; se reforma el artículo 7; se adiciona la fracción XV al artículo

8; se adicionan las fracciones XX y XXI al artículo 35, se adiciona la fracción III al artículo 56; se

adiciona el Capítulo Segundo al Título Cuarto artículos 99 bis, 99 ter, 99 Quáter; y se adiciona al

Título Quinto correspondiente a la Seguridad Escolar, recorriendo en su numeración el

subsecuente, adicionando los capítulos del Primero al Noveno y los artículos del 100 al 150

recorriendo la numeración de los artículos subsecuentes de la Ley de Seguridad del Estado de

México, relativo implementar políticas públicas en materia de Seguridad Escolar, presentada por

la Diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, en nombre del Grupo Parlamentario del

Partido Acción Nacional.


adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley para la Protección, Integración y Desarrollo

de las Personas con Discapacidad en el Estado de México, presentada por el Diputado José Antonio

García García, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

12. Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y

adiciona el artículo 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México,

presentada por el Diputado Edgar Armando Olvera Higuera, en nombre del Grupo Parlamentario

del Partido Acción Nacional.


reforman las fracciones I y II del artículo 4.109, el artículo 4.127, la fracción II del artículo 4.129

y el artículo 4.138 del Código Civil del Estado de México, presentada por el Diputado Omar Ortega

Álvarez, la Diputada Araceli Casasola Salazar y la Diputada Claudia González Cerón, en nombre

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

14. Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual

se adiciona la fracción VIII del artículo 4 de la Ley de la Defensoría Pública del Estado de México,

presentada por la Diputada Julieta Villalpando Riquelme, en nombre del Grupo Parlamentario

Encuentro Social.


adiciona una fracción XXVI Bis al artículo 5; se reforman los artículos 16, 68, 88 y 90 de la Ley

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de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, presentada por el

Diputado José Alberto Couttolenc Buentello y la Diputada María Luisa Mendoza Mondragón, en

nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.


adicionan el inciso N) de la fracción I y E) de la fracción II del artículo 7; así como la fracción XIV

BIS del artículo 10 y XXI Bis del artículo 18 de la Ley de Asistencia Social del Estado de México

y Municipios, presentado por el Diputado José Alberto Couttolenc Buentello y la Diputada María

Luisa Mendoza Mondragón, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de

México.

17. Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución,

mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno

Federal, para que a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil garantice la

participación activa del Estado Mexicano en los Foros y Plataformas Internacionales en materia

de Gestión Integral de Riesgos, que fomenten el aprendizaje de nuevos modelos y acciones

exitosas en la Reducción de Riesgo de Desastres; preservando así, una adecuada interacción con

la comunidad internacional en el cumplimiento de los compromisos dispuestos por el marco de

Sendai de la Organización de las Naciones Unidas, presentado por el Diputado Max Agustín

Correa Hernández, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena.


mediante el cual se exhorta a la Junta de Caminos del Estado de México a efecto de que se tomen

acciones inmediatas para la rehabilitación y conservación de las carreteras y vialidades

principales que estén bajo su encargo; así como a los 125 ayuntamientos de la entidad para que

inicien campañas de bacheo, rehabilitación y conservación de calles, avenidas y vialidades,

presentado por la Diputada Monserrat Ruiz Páez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido

morena.


mediante el cual se exhorta al Secretario de Salud del Estado de México y al Director General

del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, para que, en el ámbito de sus

respectivas competencias, y en conjunto con la Asociación Público Privada que participa en la

operación del mencionado Hospital, revisen en el plazo de 30 días naturales los costos de sus

servicios médicos, a efecto de que éstos puedan estar al alcance de la población que requiera

hacer uso de los mismos; y en el mismo plazo remitan informe a esta Legislatura, respecto de los

resultados obtenidos en dicha revisión, presentado por la Diputada Berenice Medrano Rosas, en

nombre del Grupo Parlamentario del Partido de morena.

20. Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta

respetuosamente a los 125 Municipios de la Entidad a efecto de que impulsen la creación de

brigadas especiales contra incendios forestales; así como al Titular de la Protectora de Bosques

del Estado de México, para que en coordinación con los Ayuntamientos, realicen las

capacitaciones correspondientes a dichas brigadas, presentado por la Diputada Iveth Bernal

Casique, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

21. Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para

exhortar de manera respetuosa a los 125 ayuntamientos del Estado de México a fortalecer y

apoyar la instalación, de los Sistemas Municipales Anticorrupción, para garantizar su

operatividad y funcionamiento en cada Municipio del Estado de México, presentada por la

Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública Protección Datos Personales y de

Combate a la Corrupción.

22. Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por

el que se acuerda que atendiendo al principio de soberanía popular y del derecho de participación

ciudadana, dé lugar a la solicitud de la Sociedad Civil Organizada y determina esperar los

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resultados de la consulta pública en materia de matrimonios igualitarios para considerarlos en la

dictaminación de la Iniciativa por el que se reforma el Código Civil del Estado de México, en la

materia, presentado por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

23. Lectura y acuerdo conducente de la licencia definitiva que presenta el Contador Público

Fernando Valente Baz Ferreira para separarse del cargo de Auditor Superior de Fiscalización del

Estado de México. (Urgente y obvia resolución).

24. Posicionamiento con motivo del “Aniversario Luctuoso de Isidro Fabela Alfaro”,

presentado por la Diputada Maribel Martínez Altamirano, en nombre del Grupo Parlamentario del

Partido Revolucionario Institucional.

25. Posicionamiento con motivo del “Día Internacional de la Juventud”, presentado por la

Diputada Brenda Stephanie Selene Aguilar Zamora, en nombre del Grupo Parlamentario del

Partido Revolucionario Institucional.

26. Clausura de la sesión.

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Solicito a quienes estén de acuerdo en que la

propuesta que ha comunicado la Secretaría sea aprobada con el carácter de orden del día se sirvan

levantar la mano, gracias.

¿En contra, en abstención?

SECRETARIO DIP. MARGARITO GONZÁLEZ MORALES. La propuesta del orden del día ha

sido aprobada por unanimidad de votos.

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Habiendo sido publicada la Gaceta

Parlamentaria y conteniendo el acta de la sesión anterior, la Presidencia consulta a las diputadas y

a los diputados si tienen alguna observación, algún comentario en relación con el acta.

ACTA DE LA SESIÓN DELIBERANTE DE LA “LX” LEGISLATURA

DEL ESTADO DE MÉXICO

Celebrada el día ocho de agosto de dos mil diecinueve.

Presidenta Diputada Violeta Nova Gómez

En el Salón de Sesiones del H. Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del

Estado de México, siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos del día ocho de agosto de

dos mil diecinueve, la Presidencia abre la sesión una vez que la Secretaría verificó la existencia

del quórum.

La Presidencia solicito guardar un minuto de silencio, por el fallecimiento de la compañera Beatriz

García Licona, Síndico Municipal de Jilotepec.

Se guarda un minuto de silencio.

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, da lectura a la propuesta de orden del día. La

propuesta de orden del día, es aprobada por unanimidad de votos y se desarrolla conforme al tenor

siguiente:

1.- La Presidencia informa que el acta de la sesión anterior ha sido publicada en la Gaceta

Parlamentaria, por lo que pregunta si existen observaciones o comentarios a la misma. El acta es

aprobada por unanimidad de votos.

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2.- La diputada Mónica Álvarez Nemer hace uso de la palabra, para dar lectura al dictamen

formulado a la Iniciativa de Proyecto de Decreto por el que se crea el Organismo Público

Descentralizado denominado Instituto Municipal de la Mujer, presentado por la Comisión de

Legislación y Administración Municipal Para la Igualdad de Género.

Sin que motiven debate el dictamen y proyecto de decreto, la Presidencia señala que para emitir la

resolución de la Legislatura, se realice la votación nominal, mediante el sistema electrónico, y

solicita a la Secretaría, abrir el mismo hasta por 2 minutos, destacando que si algún integrante de

la Legislatura desea separar algún artículo para su discusión particular, se sirva manifestarlo de

viva voz al registrar su voto. El dictamen y proyecto de decreto, son aprobados en lo general por

unanimidad de votos y considerando que no se separaron artículos para su discusión particular, se

tiene también por aprobado en lo particular; y la Presidencia solicita a la Secretaría provea el

cumplimiento de la resolución de la Legislatura.

3.- La diputada María de Lourdes Garay Casillas hace uso de la palabra, para dar lectura al dictamen

formulado al Punto de Acuerdo en relación a la separación de basura en todas las instalaciones del

Poder Legislativo, presentado por la Comisión de Protección Ambiental y Cambio Climático.

Sin que motiven debate el dictamen y proyecto de acuerdo, la Presidencia señala que para emitir la

resolución de la Legislatura, se realice la votación nominal, mediante el sistema electrónico, y

solicita a la Secretaría, abrir el mismo hasta por 2 minutos, destacando que si algún integrante de

la Legislatura desea separar algún artículo para su discusión particular, se sirva manifestarlo de

viva voz al registrar su voto. El dictamen y proyecto de acuerdo, son aprobados en lo general por

unanimidad de votos y considerando que no se separaron artículos para su discusión particular, se

tiene también por aprobado en lo particular; y la Presidencia solicita a la Secretaría provea el

cumplimiento de la resolución de la Legislatura.

4.- La Presidencia señala que en observancia al punto número 4 del orden del día, con fundamento

en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 148 de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de México, la Presidencia se permite hacer la convocatoria correspondiente en relación

con el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversos párrafos

al artículo 18 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, presentado por

las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Protección Ambiental y

Cambio Climático, con la debida anticipación para que la próxima sesión se pueda desarrollar la

discusión, corrijo, para que en próxima sesión se pueda desarrollar su discusión.

5.- La diputada Mónica Álvarez Nemer hace uso de la palabra, para dar lectura a la Iniciativa con

Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículo 32, 113 A, 113 B y 127; se adicionan, la

fracción VIII al artículo 87, los artículos 96 decies, 96 undecies, 96 duodecies, 96 terdecies, 96

quaterdecies, 96 quindecies, 96 sexdecies, 96 septendecies, la fracción IX,X,XI,XII,XIII,XIV y

XV del artículo 113 D; los artículos 113 I, 113 J y 113 K; y se deroga el artículo 113 C, de la Ley

Orgánica Municipal del Estado de México, presentada por la propia diputada, en nombre del Grupo

Parlamentario del Partido morena.

La Presidencia la registra y la remite a la Comisión Legislativa de Legislación y Administración

Municipal, para su estudio y dictamen.

6.- La diputada María Elizabeth Millán García hace uso de la palabra, para dar lectura a la Iniciativa

con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XV al artículo 29, recorriéndose la

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subsecuente al artículo 29 Bis y la fracción XIX al artículo 62, recorriéndose la subsecuente de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; el párrafo tercero al

artículo 176 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; el

inciso f) al artículo 2 y la fracción XIX del artículo 11, recorriéndose la subsecuente del Reglamento

de Comunicación Social e Imagen Institucional del Poder Legislativo del Estado de México; así

como la fracción XII al artículo 1 del Reglamento Interno del Instituto de Estudios Legislativos del

Poder Legislativo del Estado de México, y se expide Ley de Evaluación y Seguimiento al Trabajo

Legislativo del Estado de México, presentada por la propia diputada, en nombre del Grupo

Parlamentario del Partido morena.

La Presidencia la registra y la remite a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos

Constitucionales, para su estudio y dictamen.

7.- El diputado Luis Antonio Guadarrama Sánchez hace uso de la palabra, para dar lectura a la

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se abroga el decreto 139 en relación con el convenio

amistoso para el arreglo de límites celebrado el 20 de marzo de 2002, entre los ayuntamientos de

Almoloya de Juárez y Zinacantepec, mismo que fue publicado en la Gaceta de Gobierno número

119 del martes 24 de junio de 2003, presentada por el propio diputado, integrante del Grupo

Parlamentario del Partido del Trabajo.

Para hablar sobre la iniciativa, hace uso de la palabra el diputado Javier González Zepeda.

La Presidencia la registra y la remite a la Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado

de México y sus Municipios, para su estudio y dictamen.

8.- El diputado Reneé Rodríguez Yánez hace uso de la palabra, para dar lectura a la Iniciativa de

Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XII al artículo 4.200-Bis, así como la

fracción IX al artículo 4.224, y el artículo 4.228-Bis, todos del Código Civil del Estado de México

y en materia de convivencia familiar, presentada por el propio diputado, en nombre del Grupo

Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Presidencia la registra y la remite a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos

Constitucionales, de Procuración y Administración de Justicia, y de Familia y Desarrollo Humano,

para su estudio y dictamen, ésta última para su opinión.

9.- El diputado José Antonio García García hace uso de la palabra, para dar lectura a la Iniciativa

con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 5.20 Bis al Código Administrativo del

Estado de México, en materia de los Planes Estatal, regionales, municipales y parciales de

Desarrollo Urbano, presentada por el propio diputado, en nombre del Grupo Parlamentario del

Partido Acción Nacional.

La Presidencia la registra y la remite a las Comisiones Legislativas de Desarrollo Urbano y de

Legislación y Administración Municipal, para su estudio y dictamen.

10.- La diputada Araceli Casasola Salazar hace uso de la palabra, para dar lectura a la Iniciativa

con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona el artículo 57 Bis de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de México y se deroga el artículo 1.2 del Código Civil de la Entidad, en

materia de Vigencia de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución

Democrática.

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11.- La diputada Julieta Villalpando Riquelme hace uso de la palabra, para dar lectura a la Iniciativa

con Proyecto de Decreto mediante el cual se crea la Ley del Libre Ejercicio de la Actividad

Periodística para el Estado de México, presentada la propia diputada, en nombre del Grupo

Parlamentario del Partido Encuentro Social.


Constitucionales, y al Comité de Comunicación Social para su opinión, homologándose estas

comisiones para la iniciativa presentada, por la diputada Azucena Cisneros Coss.

Se registrar la iniciativa y se remite a las Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos

Constitucionales y al Comité de Comunicación

12.- El diputado Julio Alfonso Hernández Ramírez hace uso de la palabra, para dar lectura al Punto

de Acuerdo, mediante el cual se exhorta a la Titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de

México, para que informe a esta Legislatura sobre los resultados de la estrategia actual para atender

la violencia y la inseguridad en el Estado de México, así como de las decisiones y acciones

concretas para combatir el incremento de la violencia e inseguridad que afecta a la Entidad,

presentado por el propio diputado, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. Solicita

la dispensa del trámite de dictamen.

El diputado José Antonio García García solicita le permitan adherirse al punto de acuerdo. El

diputado presentante acepta la adhesión.

Es aprobada la dispensa por unanimidad de votos.

Sin que motive debate el punto de acuerdo, la Presidencia señala que para emitir la resolución de

la Legislatura, se realice la votación nominal, mediante el sistema electrónico, y solicita a la

Secretaría, abrir el mismo hasta por 2 minutos, destacando que si algún integrante de la Legislatura

desea separar algún artículo para su discusión particular, se sirva manifestarlo de viva voz al

registrar su voto. El punto de acuerdo, es aprobado en lo general por unanimidad de votos y

considerando que no se separaron artículos para su discusión particular, se tiene también por

aprobado en lo particular; y la Presidencia solicita a la Secretaría provea el cumplimiento de la

resolución de la Legislatura.

13.- La diputada Karla Fiesco García hace uso de la palabra, para dar lectura al Punto de Acuerdo

para exhortar a los 125 ayuntamientos del Estado de México, a implementar la recomendación

general 1/2018 sobre la situación de la violencia de género en el Estado de México, en particular

de la violencia feminicida y el feminicidio expedida por la Comisión de Derechos Humanos,

presentado por la diputada Karina Labastida Sotelo, Presidenta de la Comisión Especial para

Combatir y Erradicar la Violencia vinculada a los feminicidios en el Estado de México y dar

seguimiento a las acciones derivadas de la declaratoria de alerta de violencia de género, sus

integrantes de la comisión, presentada por la propia diputada, y por los diputados Araceli Casasola

Salazar, Maribel Martínez Altamirano, Xóchitl Flores Jiménez, Brenda Escamilla Sámano, María

Mendoza Mondragón, Mónica Álvarez Nemer, Juliana Arias Calderón, Sergio García Sosa, Tanech

Sánchez Ángeles y Guadalupe Mariana Uribe Bernal. Solicita la dispensa del trámite de dictamen.

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14.- El diputado Marlon Martínez Martínez hace uso de la palabra, para dar lectura al Punto de

Acuerdo por el que se exhorta a los 125 ayuntamientos del Estado de México, a favorecer la

transparencia y el acceso a la información pública en términos de lo establecido en la Ley Orgánica

Municipal del Estado de México y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de México, presentado por el propio diputado, en nombre del Grupo Parlamentario del

Partido Revolucionario Institucional. Solicita la dispensa del trámite de dictamen.

El diputado Adrián Manuel Galicia Salceda solicita le permitan adherirse al punto de acuerdo. El

diputado presentante acepta la adhesión.










15.- El diputado Sergio García Sosa hace uso de la palabra, para dar lectura al punto de acuerdo

por el que se exhorta a la Secretaría de Movilidad, Secretaria de Comunicaciones, Secretaría de

Obra Pública, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Seguridad y a los 125 ayuntamientos que

conforman el Estado de México, para que coadyuven y contribuyan entre ellos a fin de que se

cumplimiento en forma integral y puntual al reglamento de tránsito y reglamento de tránsito

metropolitano, así como a trabajar en el mantenimiento, colocación y construcción de las señales

de tránsito preventivas, restrictivas e informativas en las vías primarias y secundarias del Estado

de México, presentado por el propio diputado, en nombre del Grupo Parlamentario del Trabajo.

La Presidencia lo registra y lo remite a las Comisiones Legislativas de Seguridad Pública y

Tránsito, y de Legislación y Administración Municipal, para su estudio.

16.- La diputada Claudia González Cerón hace uso de la palabra, para dar lectura al Punto de

Acuerdo para solicitar consultorio de ISSEMYM en el Poder Legislativo, presentado por el Grupo

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

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La Presidencia lo registra y lo remite a las Comisiones Legislativas de Salud, Asistencia y

Bienestar Social, parar su estudio.

17.- La diputada María de Lourdes Garay Casillas hace uso de la palabra, para dar lectura al Punto

de Acuerdo mediante el cual se exhorta a los tres órdenes de gobierno, organismos autónomos y

al sector privado, que en el ámbito de su competencia fomenten la lectura, promoviendo políticas,

programas y acciones relacionadas con el fomento a la lectura y el libro; impulsando la producción,

edición, publicación y difusión de libros y facilitar su acceso a la población; así como promover

la participación social y de los sectores público y privado en las actividades de fomento a la lectura

y el libro, presentado por la propia diputada, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido

Encuentro Social.

La Presidencia lo registra y lo remite a la Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y

Tecnología, parar su estudio.

18.- El diputado José Couttolenc Buentello hace uso de la palabra, para dar lectura al Punto de

Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y a la Secretaría de Educación del Estado,

para que en ámbito de sus competencias implementen programas de inclusión laboral para adultos

mayores, con el fin de aprovechar la experiencia y conocimientos, presentado por el Grupo

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La Presidencia solicita a la Secretaría verifique el quórum. La Secretaría informa a la Presidencia

que existe quórum.

La Presidencia lo registra y lo remite a las Comisiones Legislativas de Trabajo, Previsión y

Seguridad Social, y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, parar su estudio.

19.- La diputada María Luisa Mendoza Mondragón hace uso de la palabra, para dar lectura al

Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social para

implementar la infraestructura, las políticas públicas y procesos de atención necesarios, que

faciliten a los adultos mayores los diversos trámites gubernamentales, y en caso de ser viable,

involucre para tales efectos al sector privado, presentado por el Grupo Parlamentario del Partido

Verde Ecologista de México.

La Presidencia lo registra y lo remite a las Comisiones Legislativas de Desarrollo y Apoyo Social,

y Para la Atención de Grupos Vulnerables, para su estudio.

La Presidencia solicita a la Secretaría verifique el quórum. La Secretaría informa a la Presidencia

que existe quórum.

20.- La diputada Rosa María Pineda Campos hace uso de la palabra, para dar lectura al Punto de

Acuerdo por el que se exhorta a los 125 Ayuntamientos del Estado de México para que, por

conducto de sus Unidades de Protección Civil, brinden el servicio de “Traslado de personas en

situación de necesidad”, realizando las gestiones necesarias ante Caminos y Puentes Federales de

Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), así como del Sistema de Autopistas, Aeropuertos y

servicio Conexos y Auxiliares, presentado por la propia diputada.

La Presidencia lo registra y lo remite a las Comisiones Legislativas de Comunicaciones y

Transportes y de Protección Civil, para su estudio.

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21.- La diputada María de Jesús Galicia Ramos hace uso de la palabra, para dar lectura al

Pronunciamiento en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Grupo

Parlamentario de morena se suma a esta conmemoración con el fin de ratificar su compromiso

para legislar en favor de nuestros Pueblos Originarios, presentado por el Grupo Parlamentario del

Partido morena.

El diputado Juan Pablo Villagómez Sánchez, para solicitar se le permita adherirse al

pronunciamiento. La Presidencia le manifiesta al diputado Juan Pablo el pronunciamiento se hizo

a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena; sin embargo le pregunto a la diputada si

está de acuerdo. La diputada María de Jesús Galicia Ramos señala que ya dijo lo que tenía que

decir. De todas maneras era recordar esta fecha.

La Presidencia registra lo expresado.

22.- La diputada Montserrat Ruíz Páez hace uso de la palabra, para dar lectura al Pronunciamiento

en el marco del “Día Internacional de la Juventud”, el Grupo Parlamentario de morena se suma a

este acto con el fin de ratificar su compromiso en legislar en favor de nuestra juventud mexiquense,

presentado por el Grupo Parlamentario del Partido morena.


23.- El diputado Benigno Martínez García hace uso de la palabra, para dar lectura al

Pronunciamiento entorno al homicidio de la Síndica Municipal de Jilotepec, Estado de México,

Beatriz García Licona, presentado por el Grupo Parlamentario del Partido morena.

Para hablar sobre este tema hace uso de la palabra, la diputada María Luisa Mendoza Mondragón.


24.- La Presidencia solicita a la Secretaría haga llegar las cédulas de votación para la elección de

la Honorable Diputación Permanente, que habrá de fungir durante el Tercer Período de Receso del

Primer Año de Ejercicio Constitucional.

Una vez realizada la votación y el recuento de los votos, la Presidencia declara como Presidente y

Vicepresidenta, a los diputados a Julio Alfonso Hernández Ramírez y Maribel Martínez

Altamirano, respectivamente; como Secretario y Miembros, respectivamente, a los diputados

Sergio García Sosa, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, Claudia González Cerón, Rosa María

Zetina González, Israel Placido Espinoza Ortiz, Juliana Arias Calderón, María de Lourdes Garay

Casillas; y como Suplentes a los diputados María Mendoza Mondragón, Crista Amanda Spohn

Gotzel, Emiliano Aguirre Cruz, Mónica Angélica Álvarez Nemer y Bryan Andrés Tinoco Ruiz.

La Presidencia solicita a la Secretaría, registre la asistencia a la sesión, informando esta última, que

ha quedado registrada la asistencia de los diputados.

25.- Agotados los asuntos en cartera, la Presidencia levanta la sesión siendo las diecisiete horas

con diez minutos del día de la fecha y cita para el día martes trece del mes y año en curso a las doce

horas.

Diputados Secretarios

José Antonio García García Araceli Casasola Salazar

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Margarito González Morales

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Solicito a quienes estén por la aprobatoria del

acta de la sesión anterior se sirvan levantar la mano, gracias ¿En contra, en abstención?

SECRETARIO DIP. MARGARITO GONZÁLEZ MORALES. El Acta de la sesión anterior ha

sido aprobada por unanimidad de votos.

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Para sustanciar el punto número 2 del orden del

día tienen el uso de la palabra la diputada Mónica Álvarez Nemer, quien dará lectura al Dictamen

formulado a la Iniciativa de Decreto para que se declare a nivel estatal el 19 de Noviembre como

el “Día de la Mujer Emprendedora”, presentado por las Comisiones Legislativas de Gobernación

y Puntos Constitucionales y de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero. Adelante

Diputada.

DIP. MÓNICA ANGÉLICA ÁLVAREZ NEMER. Gracias Presidenta, con el permiso de la Mesa

Directiva saludo con mucho cariño a mis compañeras y compañeros diputados, de igual manera al

público que nos vista en este recinto, a los medios de comunicación y a la gente que nos sigue a

través de las redes sociales, también les mando un saludo muy cordial a la comunidad web a nivel

internacional.

Por acuerdo de la Presidencia de la “LX” Legislatura, fue remitida a las Comisiones

Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Desarrollo Económico, Industrial,

Comercio y Minero, para su estudio y dictamen la Iniciativa de Decreto parar que se declare a nivel

estatal el 19 de Noviembre como el día de la mujer emprendedora representada por la diputada la

de la voz Mónica Álvarez Nemer, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena,

habiendo sido sustanciado el estudio minuciosa de la iniciativa de decreto y ampliamente discutido

por los Integrantes de las Comisiones Legislativas, nos permitimos con fundamento en lo

establecido en los artículos 68, 70 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con

lo señalado en los artículos 13 A, 70, 73, 75, 78, 79 y 80 del Reglamento, someter a la aprobación

de la “LX” Legislatura el siguiente:

DICTAMEN

La Iniciativa de Decreto fue presentada al conocimiento y a la discusión y aprobación de la

Legislatura por la diputada la de la voz Mónica Álvarez Nemer, en nombre del Grupo

Parlamentario del Partido morena, en ejercicio del derecho previsto en los artículos 51 fracción II

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 28 fracción I de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, los Integrantes de las

Comisiones Legislativas con apego al estudio realizado advertimos que la iniciativa de decreto

tiene como objetivo esencial declarar a nivel estatal el 19 de Noviembre como el “Día de la Mujer

Emprendedora”.

RESOLUTIVO

PRIMERO. Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto para que se declare a nivel estatal el

19 de noviembre como el “Día de la Mujer Emprendedora”, de acuerdo con este dictamen y

proyecto de decreto correspondiente.

SEGUNDO. Se adjunta el Proyecto de Decreto para los efectos procedentes.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del

Estado de México, a los días del mes de agosto, de dos mil diecinueve.

COMISIÓN LEGISLATIVA DE

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES

PRESIDENTA

DIP. MARÍA MERCEDES COLÍN GUADARRAMA

SECRETARIO:

DIP. MAX AGUSTÍN CORREA HERNÁNDEZ

PROSECRETARIO:

12

DIP. LUIS ANTONIO GUADARRAMA SÁNCHEZ

MIEMBROS:

DIP. MAURILIO HERNÁNDEZ

GONZÁLEZ

DIP. JOSÉ ALBERTO COUTTOLENC

BUENTELLO

DIP. INGRID KRASOPANI

SCHEMELENSKY CASTRO

DIP. BEATRIZ GARCÍA VILLEGAS

DIP. VALENTÍN GONZÁLEZ BAUTISTA DIP. KARLA LETICIA FIESCO GARCÍA

DIP. CARLOS LOMAN DELGADO DIP. GERARDO ULLOA PÉREZ

DIP. FAUSTINO DE LA CRUZ PÉREZ DIP. OMAR ORTEGA ÁLVAREZ

DIP. MARIO GABRIEL GUTIÉRREZ

CUREÑO

DIP. MIGUEL SÁMANO PERALTA

DIP. JUAN MACCISE NAIME

COMISIÓN LEGISLATIVA DE

DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIAL,

COMERCIAL Y MINERO

PRESIDENTE:

DIP. ALFREDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO:

DIP. EDGAR ARMANDO OLVERA HIGUERA

PROSECRETARIO:


MIEMBROS:

DIP. MARÍA ELIZABETH MILLÁN

GARCÍA

DIP. MARÍA DE LOURDES GARAY

CASILLAS

DIP. MARTA MA DEL CARMEN

DELGADO HERNÁNDEZ

DIP. ADRIÁN MANUEL GALICIA

SALCEDA


CUREÑO

DIP. CRISTA AMANDA SPOHN GOTZEL

Muchas gracias a todos y felicidades a las mujeres empresarias.

Gracias Presidenta.

HONORABLE ASAMBLEA

Por acuerdo de la Presidencia de la "LX" Legislatura fue remitida a las Comisiones Legislativas de

Gobernación y Puntos Constitucionales y de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y

Minero, para su estudio y dictamen, la Iniciativa de Decreto para que se declare a nivel Estatal el

19 de noviembre como el “DÍA DE LA MUJER EMPRENDEDORA”, presentada por la Diputada

Mónica Angélica Álvarez Nemer, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena.

Habiendo sido sustanciado el estudio minucioso de la iniciativa de decreto y ampliamente discutido

por los integrantes de las comisiones legislativas, nos permitimos, con fundamento en lo

establecido en los artículos 68, 70 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con

lo señalado en los artículos 13 A, 70, 73, 75, 78, 79 y 80 del Reglamento, someter a la aprobación

de la “LX” Legislatura, el siguiente:

DICTAMEN

13

ANTECEDENTES

La iniciativa de decreto fue presentada al conocimiento y a la discusión y aprobación de la

Legislatura por la Diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer, en nombre del Grupo Parlamentario

del Partido Morena, en ejercicio del derecho previsto en los artículos 51 fracción II de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y 28 fracción I de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México.

Los integrantes de las comisiones legislativas con apego al estudio realizado advertimos que la

iniciativa de decreto tiene como objetivo esencial declarar, a nivel Estatal, el 19 de noviembre

como el “DÍA DE LA MUJER EMPRENDEDORA”.

CONSIDERACIONES

La “LX” Legislatura es competente para conocer y resolver de la iniciativa de decreto, de

conformidad con lo preceptuado en el artículo 61 fracción I de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de México, disposición jurídica que la faculta para expedir leyes, decretos o

acuerdos para el régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración de gobierno.

Con base en el estudio realizado desprendemos importantes antecedentes y justificaciones, en los

que se sustenta la propuesta legislativa, entre otros: el interés por seguir favoreciendo la igualdad

entre los géneros y el empoderamiento de la mujer, con su participación activa en la construcción

del desarrollo y progreso humano; la congruencia con la perspectiva de la agenda 2030 de las

Naciones Unidas; el reconocimiento del trabajo y la labor de la mujer en los distintos estratos

sociales, sobresaliendo como emprendedora, por su liderazgo, innovación y producción; y el hecho

de que en 155 países, incluyendo a México, y 65 universidades en todo el mundo conmemoren el

“Día de la Mujer Emprendedora”.

En opinión de los integrantes de las comisiones legislativas cualquiera de los antecedentes y

justificaciones “per se” es suficiente para respaldar la propuesta de que la “LX” Legislatura del

Estado de México, declare, a nivel estatal, el 19 de noviembre como el “DÍA DE LA MUJER

EMPRENDEDORA”.

En efecto, sobre todo, en las últimas décadas, en nuestro país, ha sido motivo de interés y atención

relevante, garantizar la igualdad entre la mujer y el hombre, y así, se han realizado diversas acciones

y políticas públicas, incluyendo legislativas para evitar cualquier discriminación y asegurar la

igualdad en todos los espacios sociales, particularmente, en la familia y en el ámbito laboral tanto

público como privado; destacando el principio de igualdad reconocido en el artículo 4° de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derecho que desde nuestra Ley Suprema

coloca al hombre y a la mujer en circunstancias de igualdad de trato y oportunidad y de respeto a

su dignidad.

En relación con la Agenda 2030, de las Naciones Unidas, corresponde a nuestro país impulsar y

promover la igualdad de género y los derechos de la mujer, particularmente, su papel como

emprendedora que contribuya a poner fin a la pobreza. En consecuencia, los gobiernos Federal,

Estatal y Municipal, con la intervención de las y las mexicanos debemos lograr la igualdad de los

géneros; promover el crecimiento económico sostenible e inclusivo; lograr que las ciudades y los

14

asentamientos humanos sean impulsivos, seguros, revientes y sostenibles; y revitalizar la alianza

mundial para el desarrollo sostenible.

Como se expresa en la iniciativa “la mujer emprendedora nace y se hace”. En este contexto,

reconocemos que la mujer emprendedora sobresale por su liderazgo, innovación y producción; ha

contribuido, enormemente, al crecimiento económico del país, Estado y Municipio, mejorando la

vida individual y colectiva con servicios y/o productos que han constituido oportunidades de

empleo, de ingreso y de superación. De conformidad con el Diccionario de la Real Academia de

la Lengua Española, Emprender es un verbo transitivo que significa: “Acometer y comenzar una

obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro”. Por ello, como se

dice en la iniciativa la mujer emprendedora, caracterizada por un espíritu activo y positivo, que la

lleva a asumir riesgos y compromisos, desafía al mercado y al sistema, se levanta y vuelve a

empezar asumiendo los inconvenientes y fracasos como aprendizajes y avanza a pasos agigantados

en los diferentes sectores.

Por otra parte, encontramos que la iniciativa de decreto es concordante con el reconocimiento que

155 países del mundo, considerando a México, y 65 universidades, se han servido expresar en

apoyo de la mujer al conmemorar el Día de la Mujer, testimoniando la importante obra que han

realizado en favor de la igualdad y de la dignidad personal y del crecimiento económico, y a la vez,

para continuar impulsando el propio empoderamiento de la mujer cuya aportación social,

económica y política ha sido decisiva y debe seguirse promoviendo y garantizando.

La iniciativa de decreto forma parte de las acciones encaminadas para seguir motivando el espíritu

emprendedor de la mujer en el Estado de México y en los Municipios, por lo que, estimamos

pertinente que la Legislatura se sume a la propuesta, que además de constituir un justo

reconocimiento, tendrá efectos positivos para la sociedad mexiquense.

Por lo expuesto, evidenciado el beneficio social que conlleva la iniciativa de decreto y acreditados

los requisitos legales de forma y fondo, nos permitimos concluir con los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto para que se declare a nivel Estatal el 19 de

noviembre como el “DÍA DE LA MUJER EMPRENDEDORA”, de acuerdo con este dictamen y

el proyecto de decreto correspondiente.

SEGUNDO.- Se adjunta el proyecto de decreto para los efectos procedentes.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de

México, a los cinco días del mes de agosto del año dos mil diecinueve.

COMISIÓN LEGISLATIVA DE GOBERNACIÓN Y

PUNTOS CONSTITUCIONALES

PRESIDENTE

DIP. MARÍA MERCEDES COLÍN GUADARRAMA

SECRETARIO

DIP. MAX AGUSTÍN CORREA

HERNÁNDEZ

PROSECRETARIO

DIP. LUIS ANTONIO GUADARRAMA

SÁNCHEZ

15

DIP. MAURILIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ DIP. INGRID KRASOPANI

SCHEMELENSKY CASTRO

DIP. VALENTÍN GONZÁLEZ BAUTISTA

DIP. CARLOS LOMAN DELGADO

DIP. FAUSTINO DE LA CRUZ PÉREZ DIP. MARIO GABRIEL GUTIÉRREZ

CUREÑO

DIP. JOSÉ ALBERTO COUTTOLENC

BUENTELLO


DIP. KARLA LETICIA FIESCO GARCÍA DIP. GERARDO ULLOA PÉREZ

DIP. OMAR ORTEGA ÁLVAREZ DIP. MIGUEL SÁMANO PERALTA

DIP. AZUCENA CISNEROS COSS DIP. JUAN MACCISE NAIME

COMISIÓN LEGISLATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIAL,

COMERCIAL Y MINERO

PRESIDENTE

DIP. ALFREDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO

DIP. EDGAR ARMANDO OLVERA

HIGUERA

PROSECRETARIO



GARCÍA

DIP. MARTA MA DEL CARMEN DELGADO

HERNÁNDEZ


CUREÑO

DIP. MARÍA DE LOURDES GARAY

CASILLAS


SALCEDA

DIP. CRISTA AMANDA SPOHN GOTZEL

DECRETO NÚMERO

LA H. “LX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO. Se declara el 19 de noviembre de cada año, como el “Día Estatal de la

Mujer Emprendedora”.

ARTÍCULO SEGUNDO. La conmemoración se deberá incluir en el calendario cívico estatal de

cada año.

TRANSITORIOS

16

ARTÍCULO PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del

Gobierno”.

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación

en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.

ARTÍCULO TERCERO. Hágase del conocimiento de los Ayuntamientos de los 125 Municipios

del Estado para su difusión entre sus pobladores.

Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla.


México, a los trece días del mes de agosto del año dos mil diecinueve.

PRESIDENTE

DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ

SECRETARIOS

DIP. JOSÉ ANTONIO GARCÍA GARCÍA

DIP. ARACELI CASASOLA

SALAZAR

DIP. MARGARITO GONZÁLEZ

MORALES

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Esta Presidencia pide a quienes estén por la

aprobatoria del turno a discusión del dictamen, se sirvan levantar la mano.

Gracias. ¿En contra, en abstención?

SECRETARIO DIP. MARGARITO GONZÁLEZ MORALES. La propuesta ha sido aprobada por

unanimidad de votos.

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Defiera la Secretaría los antecedentes de la

iniciativa.

SECRETARIO DIP. MARGARITO GONZÁLEZ MORALES. La Iniciativa de Decreto fue

presentada a la “LX” Legislatura por la diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer, en uso del

derecho previsto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México.

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Esta Presidencia abre la discusión en lo general

del dictamen y del proyecto de decreto con que se acompaña y consulta a las diputadas y a los

diputados si desean hacer uso de la palabra.

Desarrollaremos la votación nominal y para ello pregunto si es de aprobarse en lo general

el dictamen y el proyecto de decreto y pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación

hasta por 2 minutos adicionando que si algún integrante de la Legislatura desea separar algún

artículo para su discusión en particular se sirva manifestarlo.

SECRETARIO DIP. MARGARITO GONZÁLEZ MORALES. Ábrase el sistema de votación

hasta por 2 minutos.

(Votación nominal)

SECRETARIO DIP. MARGARITO GONZÁLEZ MORALES. ¿Falta de registrar su voto algún

diputado?

El dictamen y el proyecto de decreto han sido aprobados en lo general por unanimidad de

votos.

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Se tienen por aprobados en lo general el

dictamen y el proyecto de decreto, estimando que no se separaron artículos para su discusión

17

particular, se declara su aprobatoria en lo particular, provea la Secretaría el cumplimiento de la


En atención al punto número 3 del orden del día, corresponde el uso de la palabra a la

diputada Imelda López Montiel, quien leerá la iniciativa de decreto, por el que se autoriza al

gobierno del Estado de México a contratar uno o varios financiamiento, presentada por el Titular

del Ejecutivo Estatal.

Adelante diputada.

VICEPRESIDENTA DIP. IMELDA LÓPEZ MONTIEL. Gracias Presidenta.

CIUDADANOS DIPUTADOS

SECRETARIOS DE LA HONORABLE

"LX" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO

PRESENTE.

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 51, fracción I 77 fracción V de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y de conformidad con lo dispuesto

por el artículo 61 fracción XXXVII y XXXVII Bis del mismo ordenamiento, me permito someter

a la consideración de esta Honorable Legislatura por el digno conducto de ustedes la presente

iniciativa de decreto, por el que se autoriza al Gobierno del Estado de México a contratar uno o

varios financiamientos que tienen su fundamento en lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017 y 2027, establece uno de los aspectos para

lograr tener un gobierno capaz y responsable, es tener finanzas públicas sanas, lo cual será posible

a través de una buena planeación de gastos, social e inversión, con políticas recaudatorías eficientes

y el establecimiento de mecanismo de control de gastos corrientes, así como una planeación de

ingresos y egresos.

El esfuerzo del Gobierno del Estado por mantener finanzas públicas sanas ha sido

reconocido por las agencias calificadoras internacionales durante los últimos cinco años e incluso

el Estado de México se ubica mejor en el promedio de las entidades federativas en todo los

indicadores de endeudamientos que publica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Con base en esto que es mediante decreto número 318 publicado en el periódico oficial

“Gaceta del Gobierno” el 10 de agosto de 2018, previo análisis de la capacidad del pago de

Gobierno del Estado del destino de los financiamientos y del otorgamiento del recurso como

fuentes de pago, garantía de pago propuestas por el voto más de dos terceras partes de los miembros

presentes de esta Legislatura se autorizó al Estado a través del Poder Ejecutivo por conducto de la

Secretaría de Finanzas el refinamiento de estructura de diversos financiamientos hasta por el monto

máximo de endeudamiento de 43 mil 779 millones 792 mil 226 punto 57, así mediante Decreto

Número 50 número 15 de fecha 31 de diciembre del 2018 se autorizó al Gobernador del Estado,

por sí o por conducto de la Secretaría de Finanzas para que obtenga un endeudamiento neto en

término del Título Octavo del Código Financiamiento del Estado de México y Municipios por un

monto de 1 mil 900 millones de pesos siempre y cuando no rebase al techo de financiamiento

establecido en el artículo 46 de la Ley dice la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios, con un plazo financiamiento hasta 25 años que será destinado

exclusivamente a inversión pública, productiva en términos de la Ley de Disciplina Financiera de

la Entidad Federativa y los Municipios y del Código Financiero del Estado de México, Municipios

en los rubros del agua obras, obras públicas o comunicaciones salud, cultura, justicia, desarrollo

social, educación, seguridad y vivienda y desarrollo agropecuario a la cual refrenda la confianza

de la Legislatura del Estado con el Gobierno Estatal para el obtención de recursos suficientes que

permitan afrontar los retos económicos globales y los servicios que la sociedad demanda

actualmente.

18

Así el Gobierno Estatal realizado en un magno de las finanzas del Estado con

responsabilidad y transparencia y con la finalidad de implementar mecanismos que permitan

aumentar los recursos estatales en términos de lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley de Disciplina

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios acude a esta Soberanía Popular Social

autorización específica de la contratación de Finanzas por el importante señalado en el artículo 2

de la Ley del Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2019, la cual permitirá realizar

diversas acciones para mejorar al bienestar de la población mexicana en el desarrollo de

infraestructura en materia de comunicación, agua y obras públicas.

Asimismo; sujetándose en todo momento además a las disposiciones establecidas en la Ley

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la administración de

recursos con base en los principios de la legitimidad, honestidad, eficacia, económica, redacción,

edad, autoridad transparencia, control y rendición de cuentas al término de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de México.

Por lo anterior expuesto se someta a la consideración de esta Honorable Legislatura la

presente Iniciativa de Decreto para que este tipo de estimarlo con correcto se apruebe en sus

términos.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Palacio del Gobierno Ejecutivo de la ciudad de Toluca de Lerdo capital del Estado de

México, a la una diez del día del mes de dos mil diecinueve.

EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO

ALFREDO DEL MAZO MAZA

Es cuanto Señora, es cuanto señora Presidenta

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo

del Sur".

Toluca de Lerdo, México, a 09 de agosto de 2019.

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS

DE LA H. "LX" LEGISLATURA


PRESENTES

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 51 fracción I y 77 fracción V de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y de conformidad con lo dispuesto

por el artículo 61 fracciones XXXVII y XXXVII Bis del mismo ordenamiento, me permito someter

a la consideración de esa H. Legislatura, por el digno conducto de Ustedes, la presente Iniciativa

de Decreto por el que se autoriza al Gobierno del Estado de México, a contratar uno o varios

financiamientos, que tiene su fundamento en la siguiente:


El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, establece que uno de los aspectos para

lograr tener un gobierno capaz y responsable, es tener finanzas públicas sanas, lo cual será posible

a través de una adecuada planeación del gasto social e inversión, con políticas recaudatorias

eficientes y el establecimiento de mecanismos de control de gasto corriente, así como una

planeación estratégica de ingresos y egresos.

19

El esfuerzo del Gobierno del Estado por mantener finanzas públicas sanas, ha sido reconocido por

las agencias calificadoras internacionales, durante los últimos cinco años, e incluso el Estado de

México se ubica mejor que el promedio de las entidades federativas en todos los indicadores de

endeudamiento que publica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Con base en esto, es que mediante Decreto Número 318 publicado en el Periódico Oficial "Gaceta

del Gobierno" el 10 de agosto de 2018, previo análisis de la capacidad de pago del Gobierno del

Estado, del destino de los financiamientos y del otorgamiento de recursos como fuente de pago

y/o garantías de pago propuestas, por el voto de más de las dos terceras partes de los miembros

presentes de esa Legislatura, se autorizó al Estado, a través del Poder Ejecutivo, por conducto de

la Secretaría de Finanzas, el refinanciamiento y/o reestructura de diversos financiamientos, hasta

por un monto máximo de endeudamiento de $43,769,792,226.57.

Así, mediante Decreto Número 15 de fecha 31 de diciembre de 2018, se autorizó al Gobernador

del Estado, por sí o por conducto de la Secretaría de Finanzas, para que obtenga un endeudamiento

neto en términos del Título Octavo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, por

un monto de $1,900'000,000.00 (Mil novecientos millones de pesos 00/100 M.N.), siempre y

cuando no rebase el techo de financiamiento establecido en el artículo 46 de la Ley de Disciplina

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, con un plazo de financiamiento hasta de

25 años, que será destinado exclusivamente a inversión pública productiva en términos de la Ley

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y del Código Financiero

del Estado de México y Municipios, en los rubros de Agua, Obra Pública, Comunicaciones, Salud,

Cultura, Justicia, Desarrollo Social, Educación, Seguridad, Vivienda y Desarrollo Agropecuario;

lo cual refrenda la confianza de la Legislatura del Estado con el Gobierno Estatal para la obtención

de recursos suficientes que permitan afrontar los retos económicos globales y los servicios que la

sociedad demanda actualmente.

Así, el Gobierno Estatal, realizando un manejo de las finanzas del estado con responsabilidad y

transparencia y con la finalidad de implementar mecanismos que permitan aumentar los recursos

estatales, en términos de lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley de Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los Municipios, acude a esa Soberanía popular a solicitar la autorización

específica de la contratación de financiamientos por el importe señalado en el artículo 2 de la Ley

de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2019, lo que permitirá realizar diversas

acciones para mejorar el bienestar de la población mexiquense en el desarrollo de infraestructura

en materia de comunicaciones, agua y obra pública.

Asimismo, sujetándose en todo momento, además, a las disposiciones establecidas en la Ley de

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y a la administración de

recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía,

racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, en términos de la Ley de

Fiscalización Superior del Estado de México.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esa H. Legislatura, la presente

Iniciativa de Decreto, para que de estimarlo correcto se apruebe en sus términos.

DECRETO NÚMERO: _____________

LA H. "LX" LEGISLATURA

20


DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 61, fracción

XXXVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 2 de la Ley de

Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del Año 2019 y 259, fracción 1, inciso A),

260, 261, 262, fracción II y 266 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, y

previo análisis de la capacidad de pago del Estado y del otorgamiento de recursos como fuente o

garantías de pago y destino de los financiamientos, se autoriza al Gobernador del Estado, por sí o

por conducto de la Secretaría de Finanzas, a llevar a cabo la contratación de financiamientos de

acuerdo con lo autorizado en la Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del

Año 2019 hasta por un monto de $1,900,000,000.00 (Mil Novecientos Millones de Pesos 00/100

M.N.), destinado exclusivamente de conformidad con lo siguiente:

a) $1266'660,000.00 (Mil Doscientos Sesenta y Seis Millones Seiscientos Sesenta mil Pesos

00/100 M.N.) para ser destinado al sector comunicaciones, para el fortalecimiento de este rubro,

mejorando la competitividad económica de la Entidad, generando soluciones de mejora en la

movilidad y de la economía estatal. Lo anterior, en términos de la Ley de Disciplina Financiera de

las Entidades Federativas y los Municipios y demás ordenamientos aplicables.

b) $633'340,000.00 (Seiscientos Treinta y Tres Millones Trescientos Treinta mil Pesos 00/100

M.N.), para el fortalecimiento del sector Agua y Obra Pública y mejoramiento de la infraestructura

estatal en ese rubro, con base en los artículos aplicables de la Ley de Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los Municipios y sus lineamientos.

Adicionalmente, el Estado podrá contratar, fondear o pagar, según corresponda, con cargo a los

recursos de los financiamientos autorizados o al patrimonio del Fideicomiso Irrevocable de

Administración y Pago F/00105 (en lo sucesivo "Fideicomiso Maestro")„ conforme a los términos

del mismo, autorizado por la Legislatura Estatal mediante los Decretos Números 48 y 84

publicados respectivamente en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno" en fechas 4 de junio de

2004 y 29 de octubre de 2007 él o los fondos de reserva que se determinen, cualesquier costos y

gastos, gastos adicionales o cualesquier gastos adicionales contingentes que resulten necesarios

para instrumentar las operaciones autorizadas en el presente Decreto, incluyendo la contratación

de instrumentos derivados, de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios.

El importe máximo que deba destinarse para cubrir los gastos y costos asociados a la contratación

de los financiamientos celebrados con sustento en el presente Decreto, se ajustará a lo establecido

en el artículo 27 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones

de Entidades Federativas y Municipios.

Adicionalmente, se autoriza al Estado a llevar a cabo acciones que se estimen necesarias para

fortalecer la estructura de los financiamientos, incluyendo la contratación de los instrumentos

derivados para mitigar los riesgos de tasa de interés o Garantías de Pago Oportuno de conformidad

con el Artículo Cuarto del presente Decreto; teniendo los financiamientos, instrumentos derivados

o garantías de pago contratados al amparo del presente Decreto como fuente de garantía y pago

las Participaciones Federales, y las Aportaciones Federales afectas en el Fideicomiso Maestro.

ARTÍCULO SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II del

21

Código Financiero del Estado de México y Municipios, se autoriza al Gobernador del Estado, por

conducto de la Secretaría de Finanzas, a celebrar o suscribir todos los documentos, títulos de

crédito, contratos, convenios, mecanismos, mandatos, instrucciones irrevocables a la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público o cualquier instrumento legal que se requiera para formalizar el

financiamiento, los instrumentos derivados o las garantías de pago oportuno autorizados en el

presente Decreto, con las características, montos, condiciones y términos que constan en el mismo;

así como para implementar o asignar las afectaciones que se requieran para constituir la garantía

o la fuente de pago para el cumplimiento de las obligaciones asociadas a los mismos, asimismo,

se podrán realizar todas las gestiones necesarias para obtener los apoyos federales que se

encuentren disponibles para mejorar las condiciones del financiamiento que se autoriza a contratar

por medio del presente Decreto, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

ARTÍCULO TERCERO.- Los financiamientos enunciados en los artículos anteriores, deberán

contratarse con instituciones financieras del Sistema Financiero Mexicano y tendrán un plazo de

financiamiento hasta de 7300 días (20 años), contados a partir de la fecha de firma o de la fecha

en que se ejerza la primera disposición de los recursos o el desembolso de los financiamientos que

se contraten cuando dicha fecha sea conocida, en el entendido que las demás condiciones, plazos,

términos e intereses serán establecidos en la Convocatoria correspondiente para la contratación de

financiamientos que con motivo de este Decreto, incluyendo la contratación de los instrumentos

derivados que, en su caso, se contraten para mitigar los riesgos de tasa de interés, pudiendo

contratarse directamente o a través de fideicomisos constituidos para dicho fin, los cuales en

ningún caso se entenderá que constituyen organismos auxiliares de la Administración Pública

Estatal.

Asimismo, con la finalidad de fortalecer la estructura y garantizar al o a los acreedores de cada

Financiamiento que se formalice con sustento en lo autorizado en el presente Decreto, el Estado

podrá contratar con la Banca de Desarrollo o con cualquier otra institución financiera de

nacionalidad mexicana, cualquier tipo o instrumento de garantías de pago oportuno, mecanismos

de refinanciamiento garantizado o cualesquier otros instrumentos o mecanismos de garantía de

pago similares o de soporte crediticio u operaciones similares, en favor de los acreedores

respectivos, denominadas en pesos o en Unidades de Inversión, pagaderas en moneda nacional y

dentro del territorio del país, en la inteligencia que el periodo de disposición de las garantías de

pago será igual al plazo de los financiamientos garantizados y adicionalmente contarán con un

periodo de amortización adicional de hasta una cuarta parte del periodo de disposición, con un

plazo máximo de 25 (veinticinco) años, y hasta por un monto máximo equivalente al 30% (treinta

por ciento) del monto total del financiamiento autorizado en virtud del presente Decreto.

Adicionalmente, se autoriza al Estado a contratar bajo las mismas condiciones establecidas en este

artículo para la Garantía de Pago, el financiamiento derivado del posible ejercicio de la misma, en

el entendido que los derechos de disposición que deriven de la Garantía de Pago, podrán ser

afectados a cualquier fideicomiso de administración, garantía y/o fuente de pago.

ARTÍCULO CUARTO.- Las condiciones, plazos, términos e interés que deberán fijarse para los

financiamientos autorizados en el Artículo Primero de este Decreto, observarán las mejores

condiciones de mercado; asimismo, respetarán los principios y disposiciones en materia de

responsabilidad hacendarla y disciplina financiera, la aplicación de reglas y criterios en el manejo

de recursos y contratación de obligaciones, con el objeto de asegurar una gestión responsable y

sostenible de las finanzas públicas, en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios.

22

ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza al Gobernador del Estado, por conducto de la Secretaría de

Finanzas a afectar o asignar como garantía y/o fuente de pago de las obligaciones asociadas a los

financiamientos que contrate con base en la autorización a que se refiere el Artículo Primero del

presente Decreto, así como de los instrumentos derivados y las garantías de pago, en lo

correspondiente, a los recursos aportados al Fideicomiso Maestro; conforme a lo establecido en el

Artículo Primero del presente Decreto. Para efectos de lo anterior, los financiamientos,

instrumentos derivados y/o garantías de pago deberán ser inscritos en el Fideicomiso Maestro en

los términos del mismo.

ARTÍCULO SEXTO.- Para formalizar lo dispuesto en este Decreto, se autoriza al Gobernador

del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas, a suscribir o modificar todos los

documentos, cartas, títulos de crédito, contratos, convenios, avisos, mecanismos, mandatos,

instrucciones irrevocables o cualesquiera instrumentos legales relativos al objeto del presente

Decreto, conforme las disposiciones legales y reglamentarias de la materia.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Los contratos y actos jurídicos, en general, que sean celebrados en

ejecución y cumplimiento de este Decreto, incluyendo la contratación de los instrumentos

derivados para mitigar los riesgos de tasa de interés y las garantías de pago oportuno, deberán

inscribirse en (i) el Registro del Fideicomiso Maestro, en los términos y condiciones de dicho

fideicomiso, a fin de que las obligaciones a cargo del Estado al amparo de dichos contratos y actos

jurídicos sean pagadas con los recursos derivados de los derechos e ingresos afectos a dicho

fideicomiso; (ii) el Registro Público Único que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

conforme a las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los

Municipios, y (iii) el Registro de Deuda Pública del Estado a cargo de la Secretaría de Finanzas,

en los términos del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

El Estado contará con autorización para llevar a cabo todos los actos necesarios para obtener dichos

registros en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

ARTÍCULO OCTAVO.- Los Instrumentos que en su caso se suscriban con sustento en el

presente Decreto deberán cumplir durante su vigencia con las disposiciones que en materia de

transparencia, acceso a la información pública gubernamental, fiscalización y rendición de cuentas

le son aplicables al Estado en términos de la normatividad y legislación aplicable.

ARTÍCULO NOVENO.- El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, deberá incluir

anualmente en el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal en tanto existan obligaciones

pendientes de pago asociadas a los financiamientos que se formalicen con base en el presente

Decreto, el monto para el servicio de la deuda; bajo los términos contratados, hasta la total

liquidación de los mismos.

ARTÍCULO DÉCIMO.- La autorización a que hace referencia el presente Decreto podrá ser

ejercida por el Estado durante los ejercicios fiscales 2019 y 2020, según los requerimientos del

Estado.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

23

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el

Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

Dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado de México, en la ciudad de Toluca de Lerdo,

capital del Estado de México, a los días del mes de de dos mil

diecinueve.

Reitero a ustedes, la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Palacio del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los

días del mes de de dos mil diecinueve.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL


ALFREDO DEL MAZO MAZA PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Gracias Vicepresidenta se registra la iniciativa

y se remite a las Comisiones Legislativas de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas,

para su estudio y dictamen.

En relación con el punto número 4 del orden del día, hace uso de la palabra la diputada

Maribel Martínez Altamirano, para dar lectura a la iniciativa de decreto por el cual se autoriza a

los Municipios del Estado de México, para que por conducto de funcionarios legalmente

facultados, gestionen y contraten con cualquier Institución de Crédito integrante del Sistema

Financiero Mexicano que ofrezca las mejores condiciones de mercado, uno o varios créditos o

empréstitos, hasta por el monto, para el destino, los conceptos, plazos, términos, condiciones y con

las características que en este se establecen; para que afecten como fuente de pago un porcentaje

del derecho a recibir y los ingresos que individualmente les correspondan del Fondo de

Aportaciones para la Infraestructura Social y para que celebren los mecanismos de pago de los

créditos que contraten, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal.

Adelante diputada.

VICEPRESIDENTA DIP. MARIBEL MARTÍNEZ ALTAMIRANO. Gracias Presidenta.

Toluca de Lerdo México, a 9 de agosto de 2019.

CIUDADANOS DIPUTADOS SECRETARIOS

DE LA HONORABLE “LX” LEGISLATURA DEL

ESTADO DE MÉXICO.

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 51 fracción I y 77 fracción V

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, me permito someter a la

consideración de la Honorable Legislatura por su digno conducto, la presente Iniciativa de Decreto

por el cual se autoriza a los Municipios del Estado de México, para que por conducto de

funcionarios legalmente facultados, gestionen y contraten con cualquier Institución de Crédito

integrante del Sistema Financiero Mexicano, que ofrezca las mejores condiciones de mercado, uno

o varios créditos o empréstitos, hasta por el monto, para el destino, los conceptos, plazos, términos,

condiciones y con las características que en éste se establecen; para que afecten como fuente de

pago un porcentaje del derecho a recibir y los ingresos que individualmente correspondan del

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y para que celebren los mecanismos de pago

de los créditos que contraten con base en la siguiente:


Ante el deber de las administraciones municipales de proveer los servicios públicos que se

les atribuyen por mandato de ley, y debido a que el costo de las acciones de implementación para

la presentación de tales servicios, representa en ocasiones mayores recursos que los que los

gobiernos en turno pueden invertir con cargo a los recursos que les pertenezcan, así como de las

24

contribuciones e ingresos que la Legislatura del Estado establezca en su favor de conformidad con

el artículo 115 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es

imprescindible apoyar estrategias de apoyo con los recursos disponibles.

En fecha 29 de diciembre de 1997, se publicó en el Diario Oficial de la Federación de

Decreto por el que se adiciono y reformo la Ley de Coordinación Fiscal por medio de la cual se

incluyó el capítulo quinto defendiendo el proceso de determinación, destino, método de

distribución y disposiciones generales de los ocho fondos de aportaciones federales del ramo 33,

incluido el fondo de aportaciones para la infraestructura social.

El 21 de diciembre de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma a

la Ley de Coordinación Fiscal que expresamente contempla la posibilidad de que los

financiamientos que tengan como fuente de pago, garantía, recursos del fondo de aportaciones para

la infraestructura social sean por uno o más ejercicios presupuestales, precisando que el porcentaje

que servirá como fuente de pago se constituirá con la afectación de hasta el 25% del derecho a

recibir y los egresos que a cada municipio le correspondan del ejercicio en que se contrató el

financiamiento correspondiente, que las aportaciones federales que con cargo al fondo de

aportaciones para la infraestructura social reciban los Estados y los municipios, se destinarán al

financiamiento de obras, acciones sociales básicas y/o inversiones que beneficien directamente a

sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezagos social y de pobreza extrema

conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, así como en la zonas de atención

prioritaria, en particular en los siguientes rubros: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas,

urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y

educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura.

Con fecha 21 de enero de 2019, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en

acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y

calendarización para la administración durante el ejercicio fiscal 2019, de los recursos

correspondientes a los ramos generales 28, participaciones a entidades federativas y municipios y

33 aportaciones federales para entidades federativas y municipios, en el cual en el anexo 23

establece que las erogaciones para el ramo general 33 aportaciones federales para entidades

federativas y municipios asciende a un monto de 73 mil 98 millones 787 mil 411 pesos, para el

fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal y de las demarcaciones territoriales

del Distrito Federal de los cuales 5 mil 493 millones 531 mil 648 pesos se distribuirán entre los

municipios del Estado de México.

El 31 de enero de 2019, se publicó en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” el acuerdo

por el que se le dan a conocer las variables, formula, metodología, distribución y el Calendario de

las Asignaciones por Municipio para el Ejercicio Fiscal 2019, que corresponden al ramo general

33, aportaciones federales para entidades federativas y municipios, considerando el Fondo de

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal y el Fondo para la Infraestructura Social, Municipal y de las demarcaciones

territoriales del Distrito Federal.

Respecto a este último, los recursos deberán destinarse exclusivamente al financiamiento

de obras, acciones sociales básicas y/o inversiones que beneficien directamente a población en

pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, conforme a lo previsto en

la Ley General de Desarrollo Social, así como en las zonas de atención prioritaria en los rubros

descritos anteriormente; dichos recursos, son ministrados de manera mensual durante 10 meses

consecutivos a lo largo del año, mitigando el impacto positivo que tiene la inversión de los recursos,

al contrario del supuesto en el que dichos recursos se aplicarán de una sola vez.

El Estado de México y sus municipios ocupan el XXII lugar en el índice de rezago social

2015, emitido por el CONEVAL, siendo éste el último documento de su tipo disponible a la fecha.

Asimismo el Informe Anual de Pobreza 2018, emitido por la Secretaría de Bienestar sitúa el 41.7

25

por ciento de la población total de la Entidad en pobreza moderada y 6.1 por ciento en pobreza

extrema.

Con base en lo anterior, es claro que los municipios a través de sus administraciones

actuales pueden acceder a recursos económicos adicionales o adelantados por medio de

financiamientos que no desequilibren sus finanzas ni generen compromisos de deuda para

administraciones posteriores, permitiéndoles desarrollar infraestructura en servicios públicos con

mayor impacto social y con una mejor planeación de las obras para mejorar la calidad de vida de

la población en situación de pobreza extrema y elevado rezago social, como es el caso de los

recursos derivados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, los cuales

pueden afectarse como garantía y/o fuente de pago de obligaciones contraídas por instituciones de

crédito y operen en el territorio nacional, siempre que cuenten con autorización de la legislatura

Local y se inscriban ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro Público Único

de las Entidades Federativas y los Municipios, así como en el Registro de la deuda pública a nivel

Estatal.

Con la finalidad de fortalecer y actualizar los mecanismos de pago de los municipios, se

considera conveniente, se autorice al Estado instrumentar su fideicomiso irrevocable de

administración y pago el cual podrá ya estar constituido por el Estado o deberá constituirse por este

o cuyo patrimonio en los municipios, que así lo decidan previo cumplimiento de los requisitos

correspondientes afectarán el derecho y los ingresos que les correspondan por concepto del Fondo

de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal, con el fin de que el Fideicomiso cubra los

compromisos de pagos derivados de las obligaciones que contraten bajo las directrices que

establece la Ley de Coordinación Fiscal, que es una tendencia creciente en los Congresos Locales,

de las distintas entidades federativas.

La aprobación hacia sus municipios, para la contratación de créditos, como fuente pago a

cargo del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social Municipal, ya que a la fecha 22

entidades federativas, tiene antecedentes de proyectos de infraestructura pública realizados con

recurso adelantados a través d este tipo de esquemas.

Que la Legislatura del Estado de México analizando las ventajas de los esquemas de

financiamiento al amparo del Fondo de Aportaciones parar la infraestructura Social Municipal,

tuvo a bien autorizar un decreto global, para la contratación de esta tipo de créditos, para los

municipios del Estado, por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de la Honorable

Soberanía Popular, la presente iniciativa de decreto, reitero a ustedes la seguridad de mi atenta y

distinguida consideración.

Palacio del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México,

a los días del mes de 2019.

ATENTAMENTE

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO

ALFREDO DEL MAZO MAZA.

Es cuanto Presidenta.

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo

del Sur"


CC. DIPUTADOS SECRETARIOS

DE LA H. "LX" LEGISLATURA


26

PRESENTES

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 51 fracción I y 77 fracción V de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, me permito someter a la

consideración de esa H. Legislatura, por su digno conducto, la presente Iniciativa de Decreto por

el cual se autoriza a los Municipios del Estado de México, para que por conducto de funcionarios

legalmente facultados, gestionen y contraten con cualquier Institución de Crédito integrante del

Sistema Financiero Mexicano que ofrezca las mejores condiciones de mercado, uno o varios

créditos o empréstitos, hasta por el monto, para el destino, los conceptos, plazos, términos,

condiciones y con las características que en este se establecen; para que afecten como fuente de

pago un porcentaje del derecho a recibir y los ingresos que individualmente les correspondan del

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y para que celebren los mecanismos de pago

de los créditos que contraten, con base en la siguiente:


Ante el deber de las administraciones municipales de proveer los servicios públicos que se les

atribuyen por mandato de Ley y debido a que el costo de las acciones de implementación para la

prestación de tales servicios, representa en ocasiones mayores recursos que los que los gobiernos

en turno pueden invertir con cargo a los recursos que les pertenezcan, así como de las

contribuciones e ingresos que la Legislatura del Estado establezca en su favor, de conformidad

con el artículo 115, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es

imprescindible apoyar estrategias de apoyo con los recursos disponibles.

En fecha 29 de diciembre de 1997, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por

el que se adicionó y reformó la Ley de Coordinación Fiscal, por medio del cual se incluyó el

Capítulo V, definiendo el proceso de determinación, destino, método de distribución y

disposiciones generales de los ocho Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33, incluido el

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

El 21 de diciembre de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley

de Coordinación Fiscal que expresamente contempla la posibilidad de que los financiamientos

que tengan como fuente de pago o garantía recursos del Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social sean por uno o más ejercicios presupuestales, precisando que el porcentaje

que servirá como fuente de pago se constituirá con la afectación de hasta el 25 % (veinticinco por

ciento) del derecho a recibir y los ingresos que a cada Municipio le correspondan del ejercicio en

que se contrató el financiamiento correspondiente.

Que las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura

Social reciban los Estados y los Municipios se destinarán al financiamiento de obras, acciones

sociales básicas y/o inversiones, que beneficien directamente a sectores de su población que se

encuentren en condiciones de rezago social y de pobreza extrema, conforme a lo previsto en la

Ley General de Desarrollo Social, así como en las zonas de atención prioritaria, en particular en

los siguientes rubros: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación

rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de

vivienda, así como mantenimiento de infraestructura.

Con fecha 21 de enero de 2019, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo

por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y

27

calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2019, de los recursos

correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y

Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, en el cual en

el Anexo 23 establece que las erogaciones para el Ramo General 33 "Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios" ascienden a un monto de $73,098,787,411.00 para el Fondo

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal, de los cuales $5,493,531,648.00 se distribuirán entre los municipios del Estado

de México.

El 31 de enero de 2019, se publicó en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el Acuerdo por

el que se dan a conocer las variables, fórmula, metodología, distribución y el calendario de las

asignaciones por Municipio para el Ejercicio Fiscal 2019 que corresponden al Ramo General 33

"Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios", considerando el Fondo de

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FORTAMUNDF), y el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). Respecto a este último, los recursos

deberán destinarse exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y/o

inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o

muy alto nivel de rezago social, conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social,

así como en las zonas de atención prioritaria, en los rubros descritos anteriormente; dichos

recursos son ministrados de manera mensual durante diez meses consecutivos a lo largo del año,

mitigando el impacto positivo que tiene la inversión de los recursos, al contrario del supuesto en

el que dichos recursos se aplicaran de una sola vez.

El Estado de México y sus Municipios ocupan el vigésimo segundo lugar en el Índice de Rezago

Social 2015 emitido por el CONEVAL, siendo este el último documento de su tipo disponible a

la fecha. Asimismo, el Informe Anual de Pobreza 2018, emitido por la Secretaría de Bienestar

sitúa al 41.7% de la población total de la Entidad en pobreza moderada y 6.1% en pobreza

extrema.

Con base en lo anterior, es claro que los Municipios a través de sus administraciones actuales

pueden acceder a recursos económicos adicionales o adelantados por medio de financiamientos

que no desequilibren sus finanzas ni generen compromisos de deuda para administraciones

posteriores, permitiéndoles desarrollar infraestructura en servicios públicos con mayor impacto

social y con una mejor planeación de las obras, para mejorar la calidad de vida de la población en

situación de pobreza extrema y elevado rezago social, como es el caso de los recursos derivados

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, los cuales pueden afectarse

como garantía y/o fuente de pago de obligaciones contraídas con instituciones de crédito que

operen en el territorio nacional, siempre que cuenten con autorización de la Legislatura Local y

se inscriban ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Registro Público Único de las

Entidades Federativas y los Municipios, así como en el Registro de Deuda Pública a nivel estatal.

Con la finalidad de fortalecer y actualizar los mecanismos de pago de los Municipios, se considera

conveniente se autorice al Estado instrumentar un fideicomiso irrevocable de administración y

pago, el cual podrá ya estar constituido por el Estado, o deberá constituirse por este, a cuyo

patrimonio los Municipios que así lo decidan, previo cumplimiento de los requisitos

correspondientes, afectarán el derecho y los ingresos que les correspondan por concepto del

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, con el fin de que el fideicomiso

cubra los compromisos de pago derivados de las obligaciones que contraten, bajo las directrices

28

que establece la Ley de Coordinación Fiscal.

Que es una tendencia creciente en los Congresos Locales de las distintas entidades federativas, la

aprobación hacia sus Municipios para la contratación de créditos con fuente de pago a cargo del

Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social Municipal, ya que a la fecha veintidós entidades

federativas tienen antecedentes de proyectos de infraestructura pública realizados con recursos

adelantados a través de este tipo de esquemas.

Que la Legislatura del Estado analizando las ventajas de los esquemas de financiamiento al

amparo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, tuvo a bien autorizar

un Decreto Global para la contratación de este tipo de créditos por los Municipios del Estado.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esa H. Soberanía Popular, la

presente Iniciativa de Decreto.

DECRETO NÚMERO:

LA H. "LX" LEGISLATURA


DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto es de orden público e interés social y es

autorizado previo análisis de la capacidad de pago de los Municipios del Estado de México (los

"Municipios"), del destino que se dará a los financiamientos que con sustento en éste se contraten

y la fuente de pago que se constituirá con la afectación de hasta el 25% del derecho a recibir y los

ingresos que a cada Municipio le correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura

Social (el "FAIS"); el cual fue aprobado de conformidad con lo establecido por el tercer párrafo

de la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza a los Municipios para que por conducto de funcionarios

legalmente facultados gestionen y contraten, con cualquier Institución de Crédito integrante del

Sistema Financiero Mexicano, uno o varios créditos, a tasa fija, hasta por el monto que en cada

caso se establece en la siguiente tabla:

ASIGNACIÓN FAIS 2019 CRÉDITO

MUNICIPIO ASIGNACIÓN 2019 25% Acambay de Ruiz Castañeda 85,492,735.37 21,373,183.84 Acolman 39,657,091.02 9,914,272.76 Aculco 40,768,566.60 10,192,141.65 Almoloya de Alquisiras 22,927,330.55 5,731,832.64 Almoloya de Juárez 73,790,967.03 18,447,741.76 Almoloya del Río 5,374,785.97 1,343,696.49 Amanalco 24,379,536.98 6,094,884.25 Amatepec 38,543,942.51 9,635,985.63 Amecameca 18,367,717.85 4,591,929.46 Apaxco 9,790,723.19 2,447,680.80 Atenco 21,022,597.43 5,255,649.36 Atizapán 7,845,876.49 1,961,469.12 Atizapán de Zaragoza 56,176,946.32 14,044,236.58

29

Atlacomulco 55,235,705.76 13,808,926.44 Atlautla 32,167,547.37 8,041,886.84 Axapusco 18,622,278.29 4,655,569.57 Ayapango 7,524,059.43 1,881,014.86 Calimaya 14,543,324.48 3,635,831.12

Capulhuac 12,637,178.76 3,159,294.69

Chalco 122,262,857.13 30,565,714.28

Chapa de Mota 25,561,837.87 6,390,459.47

Chapultepec 7,933,051.60 1,983,262.90

Chiautla 6,309,970.03 1,577,492.51

Chicoloapan 41,570,443.10 10,392,610.78

Chiconcuac 11,695,014.25 2,923,753.56

Chimalhuacán 236,343,422.02 59,085,855.51

Coacalco de Berriozábal 20,520,955.55 5,130,238.89

Coatepec Harinas 33,577,473.47 8,394,368.37

Cocotitlán 4,955,515.83 1,238,878.96

Coyotepec 14,522,883.08 3,630,720.77

Cuautitlán 16,732,129.58 4,183,032.40

Cuautitlán Izcalli 59,748,467.97 14,937,116.99

Donato Guerra 69,247,985.41 17,311,996.35

Ecatepec de Morelos 299,957,875.98 74,989,469.00

Ecatzingo 15,104,573.63 3,776,143.41

El Oro 44,495,625.27 11,123,906.32

Huehuetoca 46,174,421.33 11,543,605.33

Hueypoxtla 22,561,520.26 5,640,380.07

Huixquilucan 35,601,588.89 8,900,397.22

Isidro Fabela 6,944,533.35 1,736,133.34

Ixtapaluca 129,088,710.36 32,272,177.59

Ixtapan de la Sal 26,427,523.53 6,606,880.88

Ixtapan del Oro 18,205,164.79 4,551,291.20

Ixtlahuaca 125,144,093.38 31,286,023.35

Jaltenco 5,481,478.97 1,370,369.74

Jilotepec 77,981,166.98 19,495,291.75

Jilotzingo 9,131,926.85 2,282,981.71

Jiquipilco 69,795,079.86 17,448,769.97

Jocotitlán 30,915,276.17 7,728,819.04

Joquicingo 10,380,297.51 2,595,074.38

Juchitepec 12,643,443.35 3,160,860.84

La Paz 88,866,727.64 22,216,681.91

Lerma 41,517,928.35 10,379,482.09

Luvianos 52,086,087.88 13,021,521.97

Malinalco 29,219,927.98 7,304,982.00

Melchor Ocampo 12,194,450.36 3,048,612.59

Metepec 32,460,544.68 8,115,136.17

30

Mexicaltzingo 7,808,298.10 1,952,074.53

Morelos 37,570,459.68 9,392,614.92

Naucalpan de Juárez 120,159,239.74 30,039,809.94

Nextlalpan 13,516,973.86 3,379,243.47

Nezahualcóyotl 169,826,593.22 42,456,648.31

Nicolás Romero 83,228,662.22 20,807,165.56

Nopaltepec 8,691,189.32 2,172,797.33

Ocoyoacac 15,533,798.01 3,883,449.50

Ocuilan 37,396,074.41 9,349,018.60

Otumba 18,383,728.69 4,595,932.17

Otzoloapan 12,743,590.50 3,185,897.63

Otzolotepec 46,699,716.68 11,674,929.17

Ozumba 20,704,849.14 5,176,212.29

Papalotla 3,498,452.61 874,613 15

Polotitlán 11,137,052.32 2,784,263.08

Rayón 10,598,053.12 2,649,513.28

San Antonio la Isla 12,379,254.02 3,094,813.51

San Felipe del Progreso 180,086,820.93 45,021,705.23

San José del Rincón 187,817,572.71 46,954,393.18

San Martín de las Pirámides 9,352,890.76 2,338,222.69

San Mateo Ateneo 22,302,427.15 5,575,606.79

San Simón de Guerrero 12,599,984.50 3,149,996.13

Santo Tomás 13,313,672.37 3,328,418.09

Soyaniquilpan de Juárez 13,843,513.37 3,460,878.34

Sultepec 60,075,724.31 15,018,931.08

Tecámac 58,528,965.89 14,632,241.47

Tejupilco 117,676,941.98 29,419,235.50

Temamatla 5,579,513.99 1,394,878.50

Temascalapa 17,188,875.54 4,297,218.89

Temascalcingo 82,277,018.63 20,569,254.66

Temascaltepec 51,825,122.10 12,956,280.53

Temoaya 76,390,760.27 19,097,690.07

Tenancingo 42,327,375.10 10,581,843.78

Tenango del Aire 4,714,748.45 1,178,687.11

Tenango del Valle 34,724,957.27 8,681,239.32

Teoloyucan 16,290,983.33 4,072,745.83

Teotihuacán 14,087,414.04 3,521,853.51

Tepetlaoxtoc 10,160,278.03 2,540,069.51

Tepetlixpa 12,743,730.29 3,185,932.57

Tepotzotlán 21,626,604.48 5,406,651.12

Tequixquiac 13,829,664.30 3,457,416.08

Texcaltitlán 27,685,471.58 6,921,367.90

Texcalyacac 4,166,817.28 1,041,704.32

31

Texcoco 53,881,303.74 13,470,325.94

Tezoyuca 19,149,479.62 4,787,369.91

Tianguistenco 34,683,934.27 8,670,983.57

Timilpan 19,342,367.70 4,835,591.93

Tlalmanalco 13,633,903.03 3,408,475.76

Tlalnepantla de Baz 85,937,910.87 21,484,477.72

Tlatlaya 56,689,410.03 14,172,352.51

Toluca 172,681,846.86 43,170,461.72

Tonanitla 5,155,654.91 1,288,913.73

Tonatico 12,325,922.68 3,081,480.67

Tultepec 25,565,968.11 6,391,492.03

Tultitlán 72,858,352.33 18,214,588.08

Valle de Bravo 37,424,273.30 9,356,068.33

Valle de Chalco Solidaridad 131,698,456.27 32,924,614.07

Villa de Allende 86,354,427.70 21,588,606.93

Villa del Carbón 44,428,327.21 11,107,081.80

Villa Guerrero 34,258,956.56 8,564,739.14

Villa Victoria 108,925,519.18 27,231,379.80

Xalatlaco 17,273,533.43 4,318,383.36

Xonacatlán 16,861,170.18 4,215,292.55

Zacazonapan 6,865,625.96 1,716,406.49

Zacualpan 36,587,119.68 9,146,779.92

Zinacantepec 90,092,703.10 22,523,175.78

Zumpahuacán 35,879,386.17 8,969,846.54

Zumpango 35,651,375.18 8,912,843.80

TOTAL 2019: 5,493,531,648.00 1,373,382,912.00

32

Nota: Monto potencial del financiamiento es hasta por el 25% del importe asignado en el

año base 2019. Es un esquema financiero multianual que permite la anticipación de recursos

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), para apoyar el desarrollo

de infraestructura social en las zonas con mayor grado de marginación, hasta por el periodo

administrativo del actual trienio municipal.

El importe máximo de cada crédito o empréstito que individualmente decida contratar el

Municipio de que se trate, así como el plazo para su pago, podrá determinarse en lo particular en

el correspondiente contrato de apertura de crédito que al efecto se suscriba, sin exceder el monto

determinado para cada Municipio en la tabla anterior.

Cada Municipio podrá contratar el o los créditos autorizados en el presente Decreto a más tardar

el 20 de septiembre de 2020, y en cualquier caso deberán pagarse en su totalidad dentro del

período constitucional de la administración municipal que lo contrate; esto es, a más tardar el 31

de diciembre de 2021.

Los Municipios podrán negociar con la Institución de Crédito del Sistema Financiero Mexicano

acreditante, los términos y condiciones del o los financiamientos que cada uno de ellos decida

contratar, con excepción de la tasa fija, en el entendido que para determinar el monto de cada

crédito o empréstito deberá considerarse que los recursos que anualmente podrá destinar cada

Municipio del FAIS para el pago del servicio de su deuda, incluidos el pago de capital,

comisiones, intereses y accesorios financieros, no podrán exceder del 25% (veinticinco por

ciento) del derecho a recibir y los ingresos que individualmente les correspondan por este

concepto en el ejercicio fiscal que se encuentre transcurriendo, o bien, en el año en que el

financiamiento de que se trate hubiere sido contratado, en términos de lo previsto en el artículo

50 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Los Municipios que decidan contratar créditos o empréstitos con base en el presente Decreto,

deberán obtener la previa y expresa autorización de su respectivo Ayuntamiento para tal efecto

mediante Acuerdo de Cabildo que cumpla con los requisitos que exige la legislación aplicable,

así como para afectar un porcentaje del derecho a recibir y los flujos de recursos que

individualmente les correspondan del FAIS y adherirse al Fideicomiso constituido por el Poder

Ejecutivo del Estado de México con el objeto de formalizar el mecanismo de pago.

ARTÍCULO TERCERO.- Los Municipios deberán destinar los recursos que obtengan con el o

los créditos que contraten con base en este Decreto, para financiar, incluido en su caso el Impuesto

al Valor Agregado, obras, acciones sociales básicas y/o inversiones que beneficien directamente

a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, conforme

a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, así como en las zonas de atención prioritaria,

en particular en los siguientes rubros: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas,

urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y

educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, de conformidad

con lo que dispone el artículo 33, Inciso A, fracción I, de la Ley de Coordinación Fiscal y lo

previsto en el catálogo de acciones que como Anexo I se acompaña a los Lineamientos Generales

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social vigentes, emitidos por

la Secretaría de Desarrollo Social (ahora Secretaría del Bienestar) y publicados en el Diario

Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2014 y sus modificaciones, incluidas las que se

efectúen de tiempo en tiempo, y que se consideren inversiones públicas productivas en términos

33

de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

ARTÍCULO CUARTO.- Se autoriza a los Municipios para que por conducto de funcionarios

legalmente facultados y en términos de ley, individualmente afecten como fuente de pago del o

los créditos que contraten y dispongan con base en el presente Decreto, incluidos el pago de

capital, intereses, comisiones, accesorios y cualquier otro concepto, hasta el 25% (veinticinco por

ciento) del derecho a recibir y los flujos de recursos que anual e individualmente les correspondan

del FAIS, en la inteligencia que en tanto se encuentren vigentes los créditos contratados o existan

cantidades pendientes de pago, cada Municipio podrá destinar para el pago del servicio de la

deuda a su cargo, la cantidad que resulte mayor entre aplicar el 25% (veinticinco por ciento) a los

ingresos del FAIS que le corresponda recibir en el ejercicio fiscal que se encuentre transcurriendo,

o bien, en el año en que el financiamiento de que se trate hubiere sido contratado, en términos del

artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal.

ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, a

través de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, para que celebre los instrumentos o

actos jurídicos que se requieran para constituir o modificar un Fideicomiso Irrevocable de

Administración y Pago, en su carácter de Fideicomitente, para formalizar el mecanismo de pago

de los créditos que se contraten con base y en términos del presente Decreto.

El Fideicomiso constituido o que constituya el Estado únicamente podrá modificarse o extinguirse

con el consentimiento previo y por escrito de los fideicomisarios en primer lugar y tendrá el

carácter de irrevocable en tanto existan: obligaciones de pago a cargo de cualquier Municipio, por

créditos contratados con fuente de pago con cargo al FAIS, o instituciones de crédito o integrantes

del Sistema Financiero Mexicano acreedores inscritos con el carácter de fideicomisarios en primer

lugar. La afectación de los recursos del FAIS en el Fideicomiso constituido o modificado por el

Estado cesará previa conformidad por escrito del fideicomisario en primer lugar, una vez que se

encuentren liquidadas las obligaciones de pago a cargo de los Municipios, sin detrimento de que

el Fideicomiso constituido o que constituya el Estado pueda seguir funcionando u operando como

mecanismo de captación y administración de los recursos que deriven del FAIS.

ARTÍCULO SEXTO.- Se autoriza a los Municipios para que: a través de funcionarios

legalmente facultados, y previa autorización de sus respectivos Ayuntamientos, en lo individual,

celebren el o los convenios que se requieran para adherirse al Fideicomiso que constituya o

modifique el Estado, en la forma y términos que en el mismo se establezcan, para instrumentar el

mecanismo de pago del o los créditos que cada uno de ellos contrate con base y en términos de lo

que se autoriza en el presente Decreto.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se autoriza al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México,

para que por conducto del Secretario de Finanzas solicite e instruya irrevocablemente a la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de las unidades administrativas facultadas, que

los recursos que procedan de las aportaciones del FAIS que les correspondan a los Municipios,

se abonen a la o las cuentas del Fideicomiso que le indique la institución fiduciaria que lo

administre.

Se autoriza al Estado y a los Municipios para que por conducto de funcionarios legalmente

facultados, modifiquen cualquier instrucción irrevocable que, en su caso, hubieren emitido con

anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, siempre que no se afecten derechos de

terceros, para que los recursos que procedan de las aportaciones del FAIS que correspondan a los

34

Municipios, ingresen de manera irrevocable al Fideicomiso, con objeto de que la institución

fiduciaria que lo administre cuente con los recursos necesarios para el pago de los créditos que se

formalicen con base en la presente autorización.

ARTÍCULO OCTAVO.- Se autoriza al Estado y a los Municipios para que a través de

funcionarios legalmente facultados, sin detrimento de las atribuciones que les son propias a los

Ayuntamientos, realicen todas las gestiones, negociaciones, solicitudes y trámites necesarios ante

entidades públicas y privadas; así como, para que celebren los contratos, convenios o cualquier

instrumento legal que se requiera con el objeto de formalizar los créditos o financiamientos que

cada Municipio decida contratar con base en el presente Decreto, así como para constituir o

adherirse, según corresponda al Fideicomiso para formalizar el mecanismo de pago de los créditos

que contraten, y para que suscriban todos los actos jurídicos necesarios o convenientes para

cumplir con las disposiciones del presente Decreto o con lo pactado en los contratos que con base

en éste se celebren, como son, de manera enunciativa pero no limitativa, realizar notificaciones o

instrucciones irrevocables, presentar avisos o información, modificar instrucciones anteriores,

solicitar inscripciones en registros de deuda o fiduciarios, entre otras.

Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, para que

promueva a favor de los Municipios que contraten créditos o empréstitos con base en el presente

Decreto, las solicitudes de apoyo por parte de instituciones públicas o privadas que coadyuven a

la instrumentación de los financiamientos y del Fideicomiso, a fin de que los Municipios reciban,

de ser el caso, los apoyos correspondientes para el pago de comisiones, así como de los conceptos

señalados en el párrafo siguiente.

Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, para que realice

las gestiones necesarias y pague los gastos y demás erogaciones relacionados con: (i) el empleo,

utilización, modificación y operación del Fideicomiso, y (ii) la obtención, en su caso, de la

calificación de calidad crediticia de la estructura de los financiamientos que los Municipios

contraten con base en el presente Decreto y se adhieran al Fideicomiso, en el entendido que el

Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México podrá pagar los gastos y demás erogaciones

antes referidas, directamente o mediante aportación al Fideicomiso de los recursos que se

necesiten para tal efecto, siempre y cuando el Poder Ejecutivo pueda recuperar dichas

erogaciones, con recursos provenientes de los apoyos citados en el párrafo anterior.

ARTÍCULO NOVENO.- El importe del crédito o empréstito que individualmente contrate cada

Municipio en el ejercicio fiscal 2019 o 2020 con base en lo que se autoriza en el presente Decreto,

será considerado ingreso por financiamiento o deuda en ese ejercicio fiscal, con independencia

de lo que se encuentre previsto o no en la Ley de Ingresos de los Municipios para el ejercicio

fiscal de que se trate; en el entendido que el Cabildo de cada Ayuntamiento, de ser necesario,

ajustará o modificará el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal de que se trate, para considerar

el importe que permita realizar las erogaciones para el pago del servicio de la deuda a su respetivo

cargo, que derive de los créditos contratados, e informarán del ingreso y su aplicación al rendir la

cuenta pública.

Cada Municipio deberá prever anualmente en su Presupuesto de Egresos, en tanto existan

obligaciones pendientes de pago a sus respectivos cargos que deriven del o los créditos o

empréstitos que individualmente contraten con base en el presente Decreto, el importe que

permita realizar las erogaciones para el pago del servicio de la deuda en cada ejercicio fiscal,

hasta la total liquidación del o de los créditos contratados.

35

ARTÍCULO DÉCIMO.- Se autoriza a los Municipios para que en el supuesto de que resulte

necesario o conveniente, celebren el o los instrumentos que se requieran para reestructurar o

modificar el o los créditos o empréstitos que hubieren contratado con base en este Decreto, a fin

de ajustar los montos, términos, condiciones, plazos, comisiones, tasas de interés, garantías,

fuentes de pago, convenios, mandatos, mecanismo de pago, siempre que no se incremente el

monto de endeudamiento ni el plazo máximo autorizados en este Decreto.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Las obligaciones que deriven de los créditos o empréstitos

que contraten los Municipios con sustento en el presente Decreto constituirán deuda pública; en

consecuencia, deberán inscribirse en el Registro Estatal de Deuda Pública del Estado de México,

a cargo de la Secretaría de Finanzas y en el Registro Público Único de Financiamientos y

Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretada de Hacienda y Crédito

Público, en términos de lo que establecen las disposiciones legales y administrativas aplicables.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el

Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México.

SEGUNDO.- El monto del crédito que individualmente decida contratar cada Municipio, no

podrá exceder el importe conforme a lo dispuesto en el Artículo Segundo del presente Decreto;

en tal virtud, la cantidad de cada crédito se establecerá considerando el periodo disponible entre

el momento de su contratación y el plazo máximo para su amortización.

Dado en el Palacio Legislativo, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México,

a los días del mes de de dos mil diecinueve.

Reitero a ustedes, la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Palacio del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a

los días del mes de de dos mil diecinueve.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL


ALFREDO DEL MAZO MAZA PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Gracias diputada, se registra la iniciativa y se

remite a las Concisiones Legislativas de Planeación y Gasto Público, y Finanzas Públicas, para su

estudio y dictamen.

Considerando el punto número 5 del orden del día, se concede el uso de la palabra al

diputado Faustino de la Cruz Pérez, quien presenta en nombre del Grupo Parlamentario del Partido

morena, iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona la fracción XXXI Bis al artículo

61 y se reforma la fracción XVIII del artículo 77 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de México.

DIP. FAUSTINO DE LA CRUZ PÉREZ. Compañeras diputadas, compañeros diputados, público

en general, medios que nos acompañan y los ciudadanos que están atentos a los trabajos que

estamos realizando en este Congreso.

La Iniciativa del Proyecto de Decreto, que estamos planteando pido a la Mesa registrarlo

de manera íntegra, solamente por obviedad del tiempo, presentaré la propuesta como tal, esta

Iniciativa recoge los sentimientos del uno de julio y tienen que ver con el mandato popular, el

36

derecho que tenemos los ciudadanos y los mexiquenses de la rendición de cuentas, en tal sentido

el planteamiento va para que el Ciudadano Gobernador del Estado, pueda de manera presencial,

personalmente rendir su informe ante esta Soberanía, por lo tanto:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona la fracción XXXI Bis al artículo 61 y se reforma la

fracción XVIII del artículo 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México,

para quedar de la siguiente manera:

Artículo 61. …

Del I al XXXII. …

…

XXXI Bis. Conocer el Informe que el Gobernador del Estado de México presente el día

cinco de septiembre de cada año de manera personal y directa ante la Legislatura acerca del estado

que guarda la administración pública.

XXXII. al LVI. …

Artículo 77. …

I a XVII. …

XVIII. Comparecer ante la Legislatura del Estado de México, el cinco de septiembre de

cada de manera personal y directa a efecto de rendir un informe acerca del estado que guarde la

administración pública cuya presentación también se realizará mediante documento impreso y en

archivo electrónico o en medio magnético.

XIX a LI.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el periódico oficial “Gaceta

del Gobierno” del Estado de México.

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del

Estado de México, a los días del mes del año dos mil

diecinueve.

Es cuanto. Gracias.

Toluca de Lerdo, México, 13 de agosto de 2019.


PRESIDENTA DE LA DIRECTIVA DE LA

LX LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO

PRESENTE.

El Diputado Faustino de la Cruz Pérez integrante del Grupo Parlamentario de Morena y en su

representación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, 57 y 61, fracción I de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 38, fracción IV y 83 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 72 y 74 del Reglamento

del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someto a consideración de esta H.

Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción

XXXI Bis al artículo 61 y se reforma la fracción XVIII del artículo 77 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de México, con la finalidad de que el Gobernador

37

Constitucional del Estado de México acuda de manera presencial a rendir su informe acerca del

estado que guarde la administración pública, en virtud de la siguiente:


Dentro de la concepción de la división de poderes, la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos establece en su artículo 49 que el Supremo Poder de la Federación se divide para su

ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Tales disposiciones nos llevan a observar la bien delimitada separación, no únicamente de quienes

representan a cada uno de los Poderes de la Unión, sino también, a una delimitada separación de

funciones, que deriva en un conjunto de facultades, atribuciones y obligaciones para cada uno de

ellos y, por consiguiente, en una serie de pesos y contrapesos, que implican entre otras funciones

transparentar y rendir cuentas de su ejercicio.

Dentro del marco de la transparencia y la rendición de cuentas, destacan las funciones llamadas de

control que desarrollan los parlamentos o Congresos.

Para ejercer su función de control, los parlamentos cuentan con diversas figuras o mecanismos,

algunos de ellas son la rendición de un informe anual y comparecencia a través de los cuales, se le

exige al Gobierno manifieste en general el estado actual que guarda la administración pública o

rinda informes sobre un asunto o rubro en particular, incluyendo en esta dinámica democrática al

propio Presidente de la República y, por ende, a los Gobernadores.

Los motivos por los que se puede llevar a cabo la comparecencia o para que el Titular del Ejecutivo

presente por sí mismo un informe del estado que guarda la administración pública son varios, desde

evaluar el desempeño del Gobierno, hasta, incluso si se contará con elementos, el fincamiento de

responsabilidades en caso de que encuentre inconsistencias en su función ejecutora.

En el Estado de México, la Constitución Política contempla en su sección segunda referente a las

facultades y obligaciones del Gobernador del Estado, artículo 77, fracción XVIII, la posibilidad de

que el Gobernador Rinda un informe del estado que guarda la administración pública de la Entidad,

mismo que a la letra dice:

“Rendir a la Legislatura del Estado, el cinco de septiembre de cada año, un informe

acerca del estado que guarde la administración pública;”

Sin embargo, la redacción de este apartado no establece la obligatoriedad de que personalmente el

titular del ejecutivo entregue el informe y así fortalezca el ejercicio republicano y democrático de

rendición de cuentas, no ante las y los diputados, sino ante la soberanía de la población mexiquense.

Por otra parte, cabe mencionar que, en el apartado de las facultades y obligaciones de la Legislatura,

en su artículo 61, ninguna fracción establece la facultad para convocar al Gobernador a presentar

de manera personal y directa un informe del estado que guarda la administración pública.

La trascendencia que tiene el contar con un mecanismo que permita la rendición de cuentas

mediante el informe y la comparecencia de manera personal y directa del Titular del Ejecutivo, es

de gran importancia para las y los mexiquenses, ya que se traduce en una forma de dar transparencia

al ejercicio de su mandato democrático, al ser los legisladores, quienes representan la soberanía

38

popular, ante quienes se dé cuenta de lo ejercido durante todo un año; generando con esto los

espacios necesarios de contrapeso, transparencia y rendición de cuentas.

En consecuencia, la presente iniciativa encuentra su justificación, además de la legítima obligación

de la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio de Gobierno, también en una

comprensión integral de los distintos problemas que la ciudadanía mexiquense enfrenta y la

evaluación de las políticas públicas diseñadas y ejecutadas por el Gobierno del Estado a fin de

valorar su eficiencia y efectividad en la atención a las necesidades de los mexiquenses.

La finalidad de comprender de forma integral la realidad en que viven las y los ciudadanos

mexiquenses, surge de los resultados poco alentadores que han tenido las políticas públicas llevadas

a cabo por el titular del Ejecutivo Estatal, que por sólo mencionar algunos ejemplos me referiré a

las siguientes:

En el combate a la corrupción, refiriendo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto

Gubernamental 2018, el Estado de México es una de las 5 entidades con la tasa más alta de víctimas

de actos de corrupción por cada cien mil habitantes1; asimismo, en el Índice de Estados Mexicanos

con Mayor Corrupción del World Justice Proyect2, una organización internacional y

multidisciplinaria, que mide el cumplimiento de la ley en las instituciones y entidades, es decir, el

Estado de Derecho en las entidades, el Estado de México aparece en el segundo lugar como una

entidad donde la corrupción impera y las medidas para combatirla son poco articulada.

En el rubro de seguridad, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre

Seguridad Pública (ENVIPE) 2018 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),3

estima que durante 2017 en el Estado de México se tuvieron alrededor de 46 705 víctimas de delito

por cada cien mil habitantes en una población de 18 años y más.

Lo anterior, coloca al Estado de México a la cabeza en la tasa de prevalencia delictiva de todos los

estados del país. De igual forma, cabe resaltar que, en el área metropolitana del Valle de México,

del cual forma parte nuestro Estado, se estima que los hechos delictivos más comunes fueron los

robos o asaltos en la calle o transporte público con una tasa de 31 175 robo por cada cien mil

habitantes.

Por otra parte, en el ámbito de pobreza y desarrollo social, según el Informe de Pobreza y

Evaluación 2018 para el Estado de México elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la

Política de Desarrollo Social (CONEVAL),4 de 2008 a 2016, la pobreza en el Estado de México

aumentó 4.3 puntos porcentuales, al pasar de 43.6% a 47.9%. Esto se traduce en cerca de 1,652,000

personas más en esta situación en un plazo de ocho años. En contraste, la pobreza a nivel nacional

se redujo 0.8 puntos porcentuales en este periodo, al pasar de 44.4% a 43.6%.

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017, Comunicado de Prensa no. 136/18, INEGI, México, 22 marzo de 2018, p. 3 2 NACIÓN 321; Los Estados con más corrupción en México con base en el Índice de Estado de Derecho en México 2018, NACION 321, México, 2018 consultado en URL: https://www.nacion321.com/seguridad/corruptometro-los-estados-con-mas-corrupcion-en-mexico 3 INEGI; Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, INEGI, México, 2018, pp. 8-11 4 CONEVAL; Informe de Pobreza y Evaluación, Estado de México 2018, CONEVAL, México, 2018, pp. 16-19.

39

En ese mismo periodo, en términos absolutos, hubo alrededor de 10,500 personas más en pobreza

extrema, es decir, aquella parte de la población con tres o más carencias sociales y un ingreso

inferior al valor de la canasta alimentaria por persona al mes aumentó.

Es por ello, que se tiene que establecer claramente dentro de nuestra Constitución la legitima

obligación de rendir cuentas a la ciudadanía a través de la comparecencia de manera personal y

directa por parte del Ejecutivo del Estado, a fin de dar a conocer a la ciudadanía, por conducto de

las y los legisladores que representan a la ciudadanía mexiquense, el estado que guarda la

administración pública estatal.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea, el presente Proyecto

de Decreto, esperando sea aprobado en todos y cada uno de sus términos.

ATENTAMENTE

FAUSTINO DE LA CRUZ PÉREZ

DIPUTADO PRESENTANTE

DIP. ALFREDO GONZÁLEZ

GONZÁLEZ

DIP. ALICIA MERCADO

MORENO

DIP. ANAÍS MIRIAM BURGOS

HERNANDEZ

DIP. AZUCENA CISNEROS COSS

DIP ADRIÁN MANUEL GALICIA

SALCEDA

DIP. GUADALUPE MARIANA

URIBE BERNAL

DIP. BEATRIZ GARCÍA

VILLEGAS

DIP. BENIGNO MARTÍNEZ

GARCÍA

DIP. MARGARITO GÓNZALEZ

MORALES

DIP. BRYAN ANDRÉS TINOCO

RUÍZ

DIP. CAMILO MURILLO ZAVALA

DIP. DIONICIO JORGE GARCÍA

SÁNCHEZ

DIP. ELBA ALDANA DUARTE

DIP. EMILIANO AGUIRRE

CRUZ

DIP. MÓNICA ANGÉLICA

ALVAREZ NEMER

DIP. GERARDO ULLOA PÉREZ

DIP. JUAN PABLO VILLAGÓMEZ

SÁNCHEZ

DIP. JULIO ALFONSO

HERNÁNDEZ RAMÍREZ

DIP. KARINA LABASTIDA

SOTELO

DIP. LILIANA GOLLAS TREJO

DIP. MARÍA DE JESÚS GALICIA

RAMOS

DIP. MARÍA DEL ROSARIO

ELIZALDE VÁZQUEZ


GARCÍA

DIP. MARIO GABRIEL

GUTIÉRREZ CUREÑO

40


GONZÁLEZ


HERNÁNDEZ

DIP. BERENICE MEDRANO

ROSAS

DIP. MONSERRAT RUIZ PÁEZ

DIP. NAZARIO GUTIÉRREZ

MARTÍNEZ

DIP. NANCY NÁPOLES

PACHECO

DIP. ROSA MARÍA ZETINA

GONZÁLEZ

DIP. TANECH SÁNCHEZ

ÁNGELES

DIP. VALENTÍN GONZÁLEZ

BAUTISTA


DIP. XÓCHITL FLORES JIMÉNEZ

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. - Se adiciona la fracción XXXI Bis al artículo 61 y se reforma la fracción

XVIII del artículo 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, para

quedar de la siguiente manera:

Artículo 61.- …

I. a XXXII. …

XXXI. Bis. Conocer el informe que el Gobernador del Estado de México presente el

día 5 de septiembre de cada año, de manera personal y directa ante la Legislatura,

acerca del estado que guarde la administración pública.

XXXII. a LVI. …

Artículo 77.- …

I. a XVII. …

XVIII. Comparecer ante la Legislatura del Estado el 5 de septiembre de cada año,

de manera personal y directa, a efecto de rendir un informe acerca del estado que

guarde la administración pública, cuya presentación también se realizará mediante

documento impreso y en archivo electrónico o en medio magnético.

XIX. a LI. …

TRANSITORIOS

41

ARTÍCULO PRIMERO. - Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del

Gobierno” del Estado de México.

ARTÍCULO SEGUNDO. - El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su

publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México.


México, a los ________ días del mes de _______ del año dos mil diecinueve.

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Gracias diputado Faustino.

Se registra la iniciativa y se remite a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos


Con apego al número 6 del orden del día hace uso de la palabra la diputada Anaís Miriam

Burgos Hernández, quien presente en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena,

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 2.219 del Código

para la Biodiversidad del Estado de México.

Adelante.

DIP. ANAÍS MIRIAM BURGOS HERNÁNDEZ. Compañeros y compañeras diputados y

diputadas.

De acuerdo con diversos autores de la UNAM el estado de derecho es el punto de principios

que forman los requisitos fundamentales para una vida social en orden con libertad, repito, conjunto

de principios que forman los requisitos fundamentales para una vida social en orden y con libertad

y pese a ello en nuestra Entidad, aún existen rubros significativos que carecen de este sistema

jurídico afectando directamente aquellos que viven y trabajan sobre esta grave problemática.

Precisamente por esta situación de ambigüedad es por lo que presento ante ustedes esta

iniciativa de ley que busca otorgar certeza jurídica a los ciudadanos mexiquenses y a los

prestadores de servicios en esta situación específica de verificación vehicular, ya que en las últimas

administraciones estatales se ha registrado una marcada opacidad, negligencia, parcialidad, incluso

injusticia sistemática contra los prestadores de servicios que se encuentran en un contexto de

disminución frente aquellos portentos que gozan de tener un número importante de verificentros

con aparentes privilegios que les permite aplazar a los que no gozan de ellos.

En la exposición de motivos de esta propuesta se explica que tal reforma es sustantiva, ya

que se atenderán temas específicos que hoy inclinan la balanza a favor de unos pocos que tienen

mucho y en contra de muchos que tienen poco, por ejemplo que la entrega de autorizaciones a los

cuidadnos interesados en prestar el servicio de verificación vehicular deberá ser clara, precisa y

concreta.

Que el otorgamiento de auto revalidación, de autorización para operar dichas unidades

autorizadas en territorio estatal sea transparente apegado a la norma atinente y acorde con el

principio de legalidad e imparcialidad que el sistema automatizado de emisión y control de

hologramas de verificación vehicular al que por cierto se encuentran conectadas todas las unidades

de verificación del Estado de México sea operado directamente por la Secretaría del Medio

Ambiente y no por particulares contratados para tal fin, ya que esta situación ha creado un ambiente

de desconfianza y opacidad entre los prestadores de servicios y nosotros, que somos quienes

resultamos afectados al ser usuarios de los verificentros.

Compañeras y compañeros, los ejemplos que acabo de escuchar son algunos de los

problemas graves que se viven actualmente en este sector, no podemos darles la espalda a aquellos

mexiquenses que buscan continuar prestando este servicio o que desean integrar, pero que se

encuentran con una pared sólida que les permite otorgar un servicio apegado a los principios que

el estado de derecho demanda.

42

Por lo antes expuesto someto a consideración de este honorable Congreso del Estado de

México, la presente iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el

artículo 2.2.19 de Código para la Biodiversidad del Estado de México, con la finalidad de otorgar

claridad y certeza del actuar de la autoridad, otorgar la prestación del servicio de verificación

vehicular en beneficio del medio ambiente y de la salud de los mexiquenses, fomentar el desarrollo

económico y social, y crear fuentes de empleo en regiones necesitadas del Estado, abonando para

primer flujo de migración hacia municipios sobrepoblados y con problemas de servicio.

Le pido a la Presidencia insertar íntegramente el texto de la presente propuesta con el fin

de que el resolutivo completo pueda ser del dominio público para su consulta.

Mexiquenses, el Grupo Parlamentario de morena está con ustedes, siempre de su lado,

legislando por su bienestar y por el desarrollo pleno de nuestro Estado, vamos juntos pues a

transformar nuestro contexto, para que sean nuestros hijos quienes se sientan orgullosos de que

cuando tuvimos la oportunidad trabajamos sin descanso para crear una Entidad más próspera y

mejor para ellos, para nosotros, para todos.

Muchas gracias.


DIPUTADA VIOLETA NOVA GÓMEZ

PRESIDENTA DE LA DIRECTIVA DE LA

H. LX LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE MÉXICO

PRESENTE

Diputada Anais Miriam Burgos Hernández, integrante del Grupo parlamentario de Morena y en

su representación, con fundamento en los artículos 6 y 116 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 51, fracción II; 57 y 61, fracción I; de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de México; 28, fracción I; 30 primer párrafo; 38, fracción II; 79 y 81 de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el artículo 68 del Reglamento del Poder

Legislativo del Estado de México, me permito someter a la consideración de esta H. Legislatura,

la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo

2.219 y se adiciona la fracción XIII y XIV al artículo 2.221 del Código para la Biodiversidad

del Estado de México, con el fin de que se garantice el derecho de los mexiquenses a un medio

ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar; así mismo se transparente y garantice la legalidad

por parte de la autoridad; con sustento en la siguiente:


El principio de legalidad es un principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder

público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas.

Si un Estado se atiene a dicho principio entonces las actuaciones de sus poderes estarían sometidas

a la constitución y al estado actual o al imperio de la ley.

Se considera que la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén

sometidas al principio de legalidad. El principio se considera a veces como la "regla de oro" del

derecho público, y es una condición necesaria para afirmar que un Estado es un Estado de derecho,

pues en el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. En íntima conexión con este

https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_p%C3%BAblico


https://es.wikipedia.org/wiki/Ley

https://es.wikipedia.org/wiki/Jurisdicci%C3%B3n

https://es.wikipedia.org/wiki/Persona

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado

https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_de_la_ley

https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_jur%C3%ADdica

https://es.wikipedia.org/wiki/Regla_de_oro

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_p%C3%BAblico

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_derecho

43

principio, la institución de la reserva de Ley obliga a regular la materia concreta con normas que

posean rango de ley, particularmente aquellas materias que tienen que ver la intervención del poder

público en la esfera de derechos del individuo. Por lo tanto, son materias vedadas al reglamento y

a la normativa emanada por el poder ejecutivo. La reserva de ley, al resguardar la afectación de

derechos al Poder legislativo, refleja la doctrina liberal de la separación de poderes.

Esta relación entre el principio de legalidad y el de reserva de la ley esta generalmente establecida

en una democracia en el llamado ordenamiento jurídico y recibe un tratamiento dogmático especial

en el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho tributario y el derecho penal.

El principio de legalidad es un principio fundamental del derecho público conforme al cual todo

ejercicio de potestades debe sustentarse en normas jurídicas que determinen un órgano competente

y un conjunto de materias que caen bajo su jurisdicción. Por esta razón se dice que el principio de

legalidad asegura la seguridad jurídica, pues en él, el poder tiene su fundamento y límite en las

normas jurídicas.

Esto es, que todo acto de autoridad, debe realizarse y cumplirse conforme a lo estrictamente

señalado en la ley aplicable y dentro de sus atribuciones; y no debe aplicarse a discrecionalidad de

las personas, ya que del actuar adecuado de la autoridad, se garantizará la seguridad jurídica de los

gobernados.

La palabra seguridad proviene de la palabra latina “securitas”, la cual deriva del adjetivo (de

secura) que significa estar seguros de algo y libres de cuidados. El Estado, como máximo exponente

del poder público y primer regulador de las relaciones en sociedad, no sólo establece (o debe

establecer) las disposiciones legales a seguir, sino que en un sentido más amplio tiene la obligación

de crear un ámbito general de "seguridad jurídica" al ejercer el poder político, jurídico y legislativo.

La seguridad jurídica es, en el fondo, la garantía dada al individuo por el Estado de que su persona,

sus bienes y sus derechos no serán violentados o que, si esto último llegara a producirse, le serán

asegurados por la sociedad, la protección y reparación de aquellos. En resumen, la seguridad

jurídica es la “certeza del derecho” que tiene el individuo de modo que su situación jurídica no será

modificada más que por procedimientos regulares y conductos legales establecidos, previa y

debidamente publicados.

Este principio encuentra su sustento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, y que no es otra cosa que nadie podrá ser privado de la libertad o de

sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales

previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y

conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho, así como la debida fundamentación y

motivación que todo acto de autoridad debe de cumplir, ya que nadie puede ser molestado en su

persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la

autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Debiendo entender que, para poder considerar un acto de autoridad como correctamente fundado,

es necesario que en él se cite: Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso

concreto, es decir, los supuestos normativos en donde se circunscribe la conducta del gobernado

para que sea un sujeto obligado y los cuales serán señalados con toda exactitud, precisando los

incisos, fracciones y preceptos aplicables, pero no solamente contempla los supuestos sobre la

conducta del gobernado sino que también regula las atribuciones de la autoridad para fijar su

https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_de_Ley

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Derechos_del_individuo&action=edit&redlink=1

https://es.wikipedia.org/wiki/Reglamento

https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo

https://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_de_poderes

https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_constitucional

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_administrativo

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_tributario

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal

https://es.wikipedia.org/wiki/Persona

https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn



https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad

https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico

https://es.wikipedia.org/wiki/Garant%C3%ADa

https://es.wikipedia.org/wiki/Individuo


44

competencia y lo cual debe ser del conocimiento del gobernado para poder objetar o validar el

campo de actuación de la autoridad.

Ahora bien debe entenderse a la motivación como las razones o motivos que tiene la autoridad para

emitir un acto, ya que no hay que olvidar que en un Estado democrático de derecho cuya

constitución garantiza, además, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, los

ciudadanos tienen derecho a conocer las razones tanto fácticas como jurídicas en que se apoyan las

decisiones administrativas, por lo que motivar un acto administrativo es reconducir la decisión que

en el mismo se contiene, a una regla de derecho que autoriza tal decisión de cuya aplicación surge.

Por ello, motivar un acto obliga a fijar, en primer término, los hechos de cuya consideración se

parte y a incluir tales hechos en el supuesto de una norma jurídica, y, en segundo lugar, a razonar

cómo tal norma jurídica impone la resolución que se adopta en la dispositiva del acto.

La presente iniciativa pretende dar certeza jurídica a los ciudadanos mexiquenses y a los

prestadores del servicio de verificación vehicular, que el actuar de la autoridad sea siempre

transparente y apegado a la legalidad, en lo referente a la convocatoria que para esos efectos se

publique en la Gaceta del Gobierno, y que permita participar en la entrega de autorizaciones a los

ciudadanos interesados en prestar el servicio de verificación vehicular, la convocatoria deberá ser

clara, precisa y concreta, respetando los requisitos establecidos en la misma ley, la cual después de

su publicación deberá permanecer visible mínimamente 45 días en el sistema electrónico del

Periódico; así mismo se publicará en la Gaceta del Gobierno y en el sistema electrónico de la

misma, los requisitos de revalidación misma que deberá solicitarse por lo menos con 45 días antes

del vencimiento de la revalidación, dando con esto claridad y certeza a dichos procesos, evitando

que queden a criterio de la autoridad.

Igualmente, deberá establecerse en la ley la distancia mínima que debe existir entre una verificentro

y otro, para no saturar una misma región, la cual no será menor a tres kilómetros en línea recta

entre un centro de verificación y otro, tanto para la autorización de cambio de domicilio como para

la instalación de uno nuevo, en este último caso se beberá otorgar la autorización en aquellos

lugares en donde se requiera la instalación de un centro de verificación, evitando saturar algún

municipio; de lo que se trata es de llevar este desarrollo a todo el estado y generar empleos en otros

municipios, lo que de alguna manera ayudará a detener la migración de habitantes del Estado, hacia

otros municipios que presentan problemas de sobrepoblación y los problemas de servicios que esto

representa, creando fuentes de empleos en los lugares que lo requieran.

Se propone también eliminar la obligatoriedad que tiene el titular de verificentro de otorgar una

fianza, toda vez, que nunca se ha justificado su existencia o razón de ser y desde el año de 1997,

que empezó más en forma el Programa de Verificación, nunca ha sido utilizada por ningún

verificentro.

Otro de los objetivos de la presente iniciativa, es establecer dentro de la Ley, la obligatoriedad del

Ejecutivo Estatal de informar a esta soberanía dentro de su informe anual de resultados; las

autorizaciones de los nuevos verificentros así como de aquellos a los que se le haya revalidado su

permiso de funcionamiento, a fin de transparentar el proceso y evitar que las mismas se entreguen

a discreción por parte de la autoridad responsable.

También se propone, que quede plasmado que el Sistema Automatizado de Emisión y Control de

Hologramas de Verificación Vehicular (SAECHVV), propiedad de la Secretaria del Medio

Ambiente (al cual están conectadas todas la unidades de verificación), y esta evalué el resultado de

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/estado-democr%C3%A1tico-de-derecho/estado-democr%C3%A1tico-de-derecho.htm

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/interdiccion-de-la-arbitrariedad/interdiccion-de-la-arbitrariedad.htm

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/poderes-p%C3%BAblicos/poderes-p%C3%BAblicos.htm

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ciudadano/ciudadano.htm

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/regla-de-derecho/regla-de-derecho.htm

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/t%C3%A9rmino/t%C3%A9rmino.htm

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/norma-jur%C3%ADdica/norma-jur%C3%ADdica.htm

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/norma-jur%C3%ADdica/norma-jur%C3%ADdica.htm

45

las emisiones conforme a las Normas Oficiales Mexicanas y al Programa de Verificación Vehicular

Obligatoria, emitiendo la Secretaría los resultados de aprobación o rechazo y reenviándolos a las

unidades de verificación o verificentros para su impresión y entrega a los usuarios, ya que con esta

medida se da certeza al usuario de que, es el Gobierno del Estado el que finalmente evalúa sus

emisiones y emite los resultados y no un particular autorizado.

La presente iniciativa pretende que la Autoridad no actué discrecionalmente, en el otorgamiento de

nuevas autorizaciones y que su actuar este regulado, para que exista una libre competencia de

mercado y a la postre redundará en un mayor desarrollo económico para el Estado, además regulará

que las nuevas autorizaciones no sean otorgadas como compensaciones o pago de favores a ciertos

personajes de la vida pública o privada a los que el Estado crea que les debe favores, solo de esta

forma existirá transparencia en el actuar de la autoridad. Toda vez que el Programa de verificación

vehicular en el Estado de México junto con la Ciudad de México, son pioneros en la aplicación del

mismo, y ha servido como modelo a otras entidades federativas (Hidalgo, Puebla, Tlaxcala,

Querétaro, Jalisco, Coahuila, Guanajuato, Oaxaca, Veracruz, que buscan implementar los mismos

programas para mejorar la calidad del aire en sus respectivas entidades); buscándose a través de

los métodos y procedimientos que su medio ambiente, la calidad del aire y la salud de sus

habitantes, se encuentren protegidas por la ley, tal y como lo establece el artículo 4 de nuestra

Constitución Federal y 18 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

Con estas reformas que se proponen, se dará mayor claridad y certeza al actuar de la autoridad, que

repercutirá en una mejor prestación del servicio de verificación vehicular en beneficio del medio

ambiente, en la salud de los mexiquenses, fomentará el desarrollo económico y social, y creará

fuentes de empleo en regiones necesitadas del Estado.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa,

esperando sea aprobado para que cobre cabal vigencia.

ATENTAMENTE

ANAÍS MIRIAM BURGOS HERNANDEZ

DIPUTADA PRESENTANTE


GONZÁLEZ

DIP. ALICIA MERCADO

MORENO


ALVAREZ NEMER



SALCEDA


URIBE BERNAL


VILLEGAS


GARCÍA


MORALES


RUÍZ



SÁNCHEZ

46


DIP. EMILIANO AGUIRRE

CRUZ

DIP. FAUSTINO DE LA CRUZ

PÉREZ



SÁNCHEZ

DIP. JULIO ALFONSO

HERNÁNDEZ RAMÍREZ


SOTELO



RAMOS


ELIZALDE VÁZQUEZ


GARCÍA

DIP. MARIO GABRIEL

GUTIÉRREZ CUREÑO


GONZÁLEZ


HERNÁNDEZ


ROSAS

DIP. MONTSERRAT RUIZ PÁEZ


MARTÍNEZ

DIP. NANCY NÁPOLES

PACHECO


GONZÁLEZ


ÁNGELES


BAUTISTA



PROYECTO DE DECRETO

Único. Se reforma el artículo 2.219 y se adiciona la fracción XIII y XIV al artículo 2.221 del

Código para la Biodiversidad del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 2.219. Otorgada la autorización o revalidación de autorización para prestar

el servicio de verificación de emisiones contaminantes, el interesado contará con el

plazo que se fije en la autorización para iniciar la operación, comprometiéndose

previamente al cumplimiento de las obligaciones y condiciones establecidas;

47

En el caso de nuevas autorizaciones, deberá de iniciar la operación del verificentro, en

el tiempo señalado por la autoridad, en caso de incumplimiento será revocada,

otorgándole previamente al gobernado el derecho de su garantía de audiencia.

Para el caso de incumplimiento a las obligaciones y condiciones establecidas para las

revalidaciones de autorización de verificentros ya autorizados, se aplicarán las

sanciones contempladas en el presente Libro.

Los interesados en obtener autorizaciones para establecer y operar verificentros

deberán cumplir con los requisitos y condiciones establecidos en la convocatoria

expedida por la Secretaría y presentar solicitud por escrito con los siguientes datos:

I. Nombre, denominación o razón social y demás datos generales del solicitante;

II. Documentos que acrediten su capacidad técnica y financiera;

III. Ubicación y superficie del terreno destinado exclusivamente a prestar el servicio,

considerando el criterio de la Secretaría, mismo que no será menor a mil metros

cuadrados y ubicado a una distancia mínima de tres kilómetros en línea recta del

verificentro más cercano; esta misma distancia aplicará para verificentros que

soliciten cambio de domicilio;

IV. Descripción precisa de la infraestructura y equipo que se utilizará para llevar a

cabo la verificación, que deberá coincidir con las especificaciones técnicas que para

tal efecto determine la Secretaría;

V. Descripción del procedimiento de verificación;

VI. Las garantías que en su caso solicité la Secretaría; y

VII. Los demás que sean requeridos por la Secretaría, en la convocatoria respectiva.

La convocatoria que se publique en la Gaceta del Gobierno, para participar en la

entrega de nuevas autorizaciones a los ciudadanos interesados en prestar el servicio

de verificación vehicular, deberá ser clara, precisa y concreta, respetando los

requisitos establecidos en el presente reglamento, misma que deberá ser publicada en

la Gaceta del Gobierno el mismo día de su emisión, o a más tardar al día siguiente; así

mismo deberá estar visible en el sistema electrónico del Periódico Oficial de la entidad,

por un término no menor a 45 días hábiles.

La autorización para operar los verificentros tendrá una vigencia mínima de cinco

años, el cual podrá ser prorrogado por la Secretaría a solicitud de los interesados con

45 días hábiles de anticipación a la expiración siempre, que se cumpla con los

requisitos exigidos para el otorgamiento de la autorización, sujetándose a las

disposiciones legales y administrativas aplicables a los verificentros autorizados en el

Estado de México, así como la normatividad ambiental que se encuentre vigente.

48

El Ejecutivo hará del conocimiento de la Legislatura, dentro de su informe anual de

resultados, las autorizaciones y revalidaciones que haya autorizado la Secretaría

durante el ejercicio fiscal, así como a favor de quien fueron autorizadas.

Artículo 2.221. …

I. a XII…

XIII. Operar exclusivamente con el Sistema Automatizado de Emisión y Control de

Hologramas de Verificación (SAECHVV) propiedad de la Secretaría, a fin de que la

misma, pueda tener acceso, control y supervisión en tiempo real a los registros y

actividades del Centro de Verificación Vehicular.

XIV. El Software propiedad de la Secretaría, evaluará el resultado de las emisiones

contaminantes enviado por las Unidades de Verificación o Verificentros, conforme a las

Normas Oficiales Mexicanas y emitirá los resultados reenviándolos para su impresión en

el verificentro o unidad de verificación.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico

oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado Libre y Soberano de México.

SEGUNDO. Publíquese el presente decreto en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” del

Estado Libre y Soberano de México.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo en Toluca de Lerdo, Estado de México a los ___ días del

mes de ___ del año dos mil diecinueve.

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Se registra la iniciativa y se remite a las

Comisiones Legislativas de Protección Ambiental y Cambio Climático y de Comunicaciones y

Transportes, para su estudio y dictamen.

En atención al punto número 7 de la orden del día, tiene el uso de la palabra la diputada

Rosa María Zetina González, para presentar en nombre del Grupo Parlamentario del Partido

morena iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9 del Código Penal del

Estado de México, a efecto de que el robo en medios de transporte público colectivo sea delito

grave, adelante diputada.

DIP. ROSA MARÍA ZETINA GONZÁLEZ. Muchísimas gracias.

Con su venia.


PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DE LA "LX" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO.

PRESENTE

Su servidora la diputada Rosa María Zetina González, Integrante del Grupo Parlamentario

del Partido morena y en representación con el fundamento de los artículos 57 y 61, fracción I de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 38 fracción IV del 83 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y 72 del Reglamento del

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano del Estado de México, someto a consideración de

esta Honorable Legislatura, al siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se reforma

49

el artículo 9 del Código Penal del Estado de México, a efecto de que el robo en medios de transporte

público colectivo sea delito grave.

En México hemos visto cómo en el paso del tiempo la delincuencia se ha robado la

tranquilidad y la paz por una sociedad que día a día se siente más insegura y en donde cada vez es

más frecuente ser testigo cercano o pueda aún víctima de un delito, con cifras del Secretariado

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante los primeros, cuatro meses del

presente año en el Estado de México, ocupa el nada honroso segundo lugar a nivel nacional de las

entidades más violentas con 906 asesinatos, sólo detrás del Estado de Guanajuato, con 963.

Además de ocupar los nada agradables primeros lugares de delitos como en el robo a

transportistas, robo a motociclistas, robo a vehículos, robo a casa habitación y robo a transporte

público colectivo.

Haciendo especial énfasis en el robo del transporte público colectivo, en el Estado de

México resulta que al subir a asaltar a un autobús o a una camioneta colectiva, es tan sencillo como

abordar la misma, esta unidad donde miramos a los asaltantes, pueden intimidar, gritar, amenazar,

golpear y abusar sin contemplación mientras que las y los usuarios quedan a la merced de los

atacantes exponiendo no sólo lo mucho o poco de sus bienes materiales, económicos que carguen

en ese momento sino que hasta la integridad personal psicológica o la propia vida tomando en

cuenta el justificado reclamo ciudadano por la inseguridad en el marco de este cambio de régimen

el Gobierno Federal ha decidido implementar una estrategia con el objetivo de lograr un cambio

de paradigma de seguridad nacional, haciendo especial énfasis en la seguridad pública, este cambio

de paradigma se contempla en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y se desarrolla en nueve

ejes integrales entre los que se destaca la creación de la Guardia Nacional, así como la

conformación de las coordinaciones nacionales, estatales y regionales si bien la vanguardia de la

Guardia Nacional dispondrá de los elementos suficientes instalaciones fijas equipamiento en

diversas zonas del territorio nacional y su despliegue regional, esta no sustituirá a la policía

municipal, ni estatal actuarán en cambio de manera subsidiaria el apoyo a estas instituciones en

medida de sus necesidades.

Uno de los delitos de mayor impacto social es sin duda el robo a transporte público y en el

Estado de México en el año de 2015 se cometieron 7 mil 448 robos de este tipo de los cuales 7 mil

67 fueron con violencia; asimismo; en el año 2017 se cometieron 7 mil 545 robos de los cuales 7

mil 342 fueron con violencia del mismo modo en el año 2017 se cometieron 9 mil 594 de los cuales

9 mil 459 fueron con violencia lo que nos muestra que en promedio el 97 punto por ciento de este

tipo de delitos se realiza con violencia durante el primer cuatrimestre del año 2019 con datos del

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad en este país se denunciaron 6 mil 560

delitos de asalto al transporte público de los cuales 3 mil 47 es decir 46.7 por ciento se realizaron

en el Estado de México ubicando a nuestra a nuestra Entidad nuevamente y como el primer lugar

a nivel nacional con el mayor índice del mismo delito, algo nada ajeno a cómo se ha comportado

este delito en éste en años anteriores.

En el Estado de México se han realizado diversas acciones para prevenir el delito al asalto

al transporte público como el protocolo de revisión al transporte público la instalación del sistema

de video de vigilancias, botones de pánico, la localización de GPS, por lo menos en mil unidades

que presentan el servicio de transporte público; sin embargo, como se demuestra con las cifras

mencionadas estas acciones no han sido suficientes el robo al transporte público aumenta cada vez

más y con mayor violencia como se ha dado cuenta en las grabaciones de las cámaras de vigilancia

instaladas en las unidades del transporte público colectivo del Estado de México.

En el marco de esta cuarta transformación y atendiendo el reclamo ciudadano desde esta

“LX” Legislatura estamos a favor de coordinar en el ámbito de nuestro actuar acciones que hagan

sentir a las y los mexicanos más seguros; en este sentido estaremos legislando para actualizar los

50

ordenamientos jurídicos estatales a efecto de garantizar el derecho a la seguridad de las y los

habitantes de nuestro bello Estado.

Por lo anterior se propone ante esta Honorable “LX” Legislatura la presente Iniciativa con

Proyecto de Decreto, se propone reformar el artículo 9 del Código Penal del Estado de México a

fin de que el delito de robo a transporte público de pasajeros sea incluido como uno de los tipos de

delito de robo considerado como grave.

ATENTAMENTE, su servidora:

ROSA MARÍA ZETINA GONZÁLEZ

DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA

Es cuanto muchísimas gracias.



PRESIDENTA DE LA DIRECTIVA

DE LA LX LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO

PRESENTE

Diputada Rosa María Zetina González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena y en su

representación, con fundamento los artículos 57 y 61 fracción I de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de México; 38 fracción IV y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado Libre y Soberano de México, y 72 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado

Libre y Soberano del Estado de México, someto a consideración de esta Honorable Legislatura, la

siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 9 del Código

Penal del Estado de México, a efecto de que el robo en medios de transporte público colectivo

sea un delito grave, conforme a la siguiente:


En México hemos visto cómo con el paso del tiempo la delincuencia se ha robado la tranquilidad

y la paz de una sociedad que día a día se siente más insegura y en donde cada vez es más frecuente

ser testigo cercano o peor aún víctima de un delito.

Con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública durante los

primeros cuatro meses del presente año, el Estado de México ocupa el nada honroso segundo lugar

a nivel nacional de las entidades más violentas con 906 asesinatos sólo detrás del estado de

Guanajuato con 963. Además de ocupar los nada agradables primeros lugares en delitos como:

robo a transportistas, robo a motocicletas, robo a vehículos automotor, robo a casa habitación y

robo a transporte público colectivo.

Haciendo especial énfasis en el robo al transporte público colectivo, en el Estado de México resulta

que subir a asaltar un autobús o camioneta colectiva es tan sencillo como abordar a la misma unidad

donde sin miramientos los asaltantes pueden intimidar, gritar, amenazar, golpear y abusar sin

contemplación mientras que las y los usuarios quedan a merced de sus atacantes exponiendo no

sólo los muchos o pocos bienes materiales o económicos que carguen en ese mal día, sino hasta la

integridad personal, psicológica o la propia vida.

51

Tomando en cuenta el justificado reclamo ciudadano por la inseguridad en el marco de este cambio

de régimen, el Gobierno Federal ha decidido implementar una estrategia con el objetivo de lograr

un cambio de paradigma en seguridad nacional haciendo especial énfasis en la seguridad pública.

Este cambio de paradigma se contempla en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y se

desarrollará en 9 ejes integrales entre los que destacan: la creación de la guardia nacional; así como

la conformación de las coordinaciones nacionales, estatales y regionales.

Si bien, la guardia nacional dispondrá de elementos suficientes, instalaciones fijas y equipamiento

en diversas zonas del territorio nacional y en su despliegue regional ésta no sustituirá a las policías

municipales ni estatales; actuará, en cambio, de manera subsidiaria y en apoyo a estas instituciones

en la medida de sus necesidades.

En ese sentido, con la participación del coordinador federal, el titular del ejecutivo, sus

comandancias de policía y seguridad pública; así como la invitación especial a la Fiscalía General

de Justicia del Estado de México se busca trabajar para lograr una coordinación en materia de

seguridad pública con el objetivo de establecer las estrategias específicas para atacar los delitos

que causan mayor exasperación social como es el caso el robo a transporte público.

Uno de los delitos de mayor impacto social, es sin duda el robo en transporte público y, en el Estado

de México, en 2015 se cometieron 7,448 robos de este tipo, de los cuales 7,067 fueron con

violencia; en 2016, se cometieron 7,545, de los cuales 7,352 fueron con violencia; en 2017 se

cometieron 9,594, de los cuales 9,459 fueron con violencia; lo que nos muestra que en promedio

más del 97% de este tipo de delito se realiza con violencia.

ROBO A TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO ESTADO DE

MÉXICO

AÑO 2015 2016 2017 2018

CON VIOLENCIA 7067 7352 9459 9001

SIN VIOLENCIA 381 193 135 76

TOTAL 7,448 7,545 9,594 9,077

PORCENTAJE DE ROBO

A TRANSPORTE

PUBLICO CON

VIOLENCIA EN EL

ESTADO DE MÉXICO

94.9% 97.4% 98.6% 99.2%

Durante el primer cuatrimestre del año 2019, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema

Nacional de Seguridad Pública, en el país se denunciaron 6560 delitos de asalto en el trasporte

público, de los cuales 3047, es decir el 46.7% se realizaron en el Estado de México ubicando a

nuestra entidad nuevamente como el primer lugar a nivel nacional, el mayor índice delictivo en el

mismo delito. Algo nada ajeno a como se ha comportado este delito en años anteriores.

ROBO A TRANSPORTE PÚBLICO

AÑO 2015 2016 2017 2018

NACIONAL 11,420 11,599 15,430 14,121

EDOMEX 7,448 7,545 9,594 9,077

52

PORCENTAJE

DE DELITOS

COMETIDOS EN

EDOMEX CON

RESPECTO AL

NACIONAL

65.2% 65.1% 62.2% 64.3%

En el Estado de México se han realizado diversas acciones para prevenir el delito de asalto en el

transporte público como el protocolo de revisión “Transporte Público Seguro”, la instalación de

sistema de video vigilancia, botones de pánico y localización GPS por lo menos en 1000 unidades

que presentan el servicio de transporte al público; sin embargo, como se demuestra con las cifras

mencionadas, estas acciones no han sido suficientes, el robo al trasporte público aumenta cada vez

más y con mayor violencia; como se ha dado cuenta en las grabaciones de las cámaras de vigilancia

instaladas en las unidades de transporte público colectivo.

En el marco de esta cuarta transformación y atendiendo un reclamo ciudadano desde esta LX

Legislatura estamos a favor de coordinar en el ámbito de nuestro actuar acciones que hagan sentir

a las y los mexiquenses más seguros, en ese sentido estaremos legislando para actualizar los

ordenamientos jurídicos estatales a efecto de garantizar el derecho a la seguridad de las y los

habitantes de nuestro Estado.

Por lo anterior, se propone ante esta Honorable LX Legislatura la presente iniciativa con proyecto

de decreto, que propone reformar el artículo 9 del Código Penal del Estado de México, a fin de que

el delito de robo a transporte público de pasajeros con violencia, sea incluido como uno de los tipos

de robo considerado como grave.

ATENTEMENTE

DIPUTADA ROSA MARÍA ZETINA GONZALEZ

P R E S E N T A N TE


GONZÁLEZ

DIP. ALICIA MERCADO MORENO


HERNANDEZ



SALCEDA

DIP. GUADALUPE MARIANA URIBE

BERNAL


VILLEGAS

DIP. BENIGNO MARTÍNEZ GARCÍA


ROSAS

DIP. BRYAN ANDRÉS TINOCO RUÍZ



SÁNCHEZ


DIP. EMILIANO AGUIRRE CRUZ

53


PÉREZ



SÁNCHEZ

DIP. JULIO ALFONSO HERNÁNDEZ

RAMÍREZ


SOTELO



MORALES


RAMOS


ELIZALDE VÁZQUEZ


GARCÍA

DIP. MARIO GABRIEL

GUTIÉRREZ CUREÑO


GONZÁLEZ


HERNANDEZ

DIP. MÓNICA ANGÉLICA ÁLVAREZ

NEMER



MARTÍNEZ

DIP. NANCY NÁPOLES PACHECO

DIP. TANECH SÁNCHEZ ÁNGELES


BAUTISTA



PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se reforma el artículo 9 del Código Penal del Estado de México, para quedar

como sigue:

Artículo 9. Se califican como delitos graves para todos los efectos legales: el

cometido por conductores de vehículos de motor, indicado en el artículo 61 segundo

párrafo, fracciones I, II, III y V, el de rebelión, previsto en los artículos 107 último

párrafo, 108 primer y tercer párrafos y 110, el de sedición, señalado en el artículo

113 segundo párrafo; el de cohecho, previsto en los artículos 129 y 130 en términos

del párrafo segundo del artículo 131, si es cometido por elementos de cuerpos

policíacos o servidores de seguridad pública; el de abuso de autoridad, contenido en

los artículos 136 fracciones V y X y 137 fracción II; el de peculado, señalado en el

artículo 140 fracción II; el de prestación ilícita del servicio público de transporte de

pasajeros, señalado en el artículo 148 párrafo segundo; el de encubrimiento, previsto

en el artículo 152 párrafo segundo; el de falso testimonio, contenido en las

fracciones III y IV del artículo 156, el de evasión a que se refiere el artículo 160, el

54

delito de falsificación de documentos, previsto en el artículo 170 fracción II, el que

se refiere a la falsificación y utilización indebida de títulos al portador, documentos

de crédito público y documentos relativos al crédito señalado en el artículo 174, el

delito de usurpación de funciones públicas o de profesiones, previsto en el artículo

176 penúltimo párrafo, el de uso indebido de uniformes, insignias, distinciones o

condecoraciones previsto en el artículo 177, el de delincuencia organizada; previsto

en el artículo 178, los delitos en contra del desarrollo urbano, señalados en el primer

y segundo párrafos del artículo 189, el de ataques a las vías de comunicación y

transporte, contenido en los artículos 193 tercer párrafo y 195, el que se comete en

contra de las personas menores de edad y quienes no tienen la capacidad para

comprender el significado del hecho, establecidos en el artículo 204 y 205, los

contemplados con la utilización de imágenes y/o voz de personas menores de edad

o personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho para

la pornografía, establecidos en el artículo 206, el de lenocinio, previsto en los

artículos 209 y 209 bis, el tráfico de menores, contemplado en el artículo 219, el de

cremación de cadáver señalado en el artículo 225, el cometido en contra de los

productos de los montes o bosques, señalado en los párrafos segundo y tercero,

fracciones I, II y III del artículo 229, el deterioro de área natural protegida, previsto

en el artículo 230, el de lesiones, que señala el artículo 238, fracción V, el de

homicidio, contenido en el artículo 241, el de feminicidio, previsto en el artículo

242 bis, el de privación de la libertad de menor de edad, previsto en el artículo 262

primer párrafo, el de extorsión contenido en los párrafos tercero y cuarto del artículo

266; el asalto a una población a que se refiere el artículo 267, el de trata de personas,

contemplado en el artículo 268 bis, el de abuso sexual, señalado en el artículo 270,

el de violación, señalado por los artículos 273 y 274, el de robo, contenido en los

artículos 290, fracción I en su primer y quinto párrafos, II, III, IV, V, XVI, XVII y

XVIII y 292, el de abigeato, señalado en los artículos 297 fracciones II y III, 298

fracción II, y 299 fracciones I y IV, el de despojo, a que se refiere el artículo 308,

en su fracción III, párrafos tercero y cuarto, y el de daño en los bienes, señalado en

el artículo 311 y; en su caso, su comisión en grado de tentativa como lo establece

este código, 314 bis, segundo párrafo, y los previstos en las leyes especiales cuando

la pena máxima exceda de diez años de prisión.

TRANSITORIOS

Primero. - Publíquese el presente decreto en el periódico oficial “Gaceta de Gobierno” del Estado

Libre y Soberano de México.

SEGUNDO. - El presente entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial

“Gaceta de Gobierno” del Estado Libre y Soberano de México.


Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de

México, a los ____ días del mes de _____ del año dos mil diecinueve.

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ Tiene el uso de la palabra diputado adelante.

DIP. JOSÉ ANTONIO GARCÍA GARCÍA (Desde su curul). Muchas gracias Presidenta, con todo

respeto solicitarle a la diputada proponente, nosotros en días pasados también promovimos en

representación del Grupo de Acción Nacional, una iniciativa en el mismo contexto, diputada nos

permitiría a título personal adherirnos a esta iniciativa por favor.

55

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Diputada Rosita, le pregunto ¿Sí está usted de

acuerdo en que el diputado José, se adhiera a su iniciativa?

DIP. ROSA MARÍA ZETINA GONZÁLEZ (Desde su curul). Con muchísimo gusto, es un honor

que se incluyan en él. Muchísimas gracias.

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Se registra la iniciativa y se remite a la Comisión

Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Procuración y Administración de

Justicia y de Seguridad Pública y Tránsito, para su estudio y dictamen.

Adelante diputado.

DIP. JUAN CARLOS SOTO IBARRA (Desde su curul). De igual manera ¿Si me es posible

adherirme a su iniciativa la diputada Rosa María Zetina?, ya que es una problemática que aqueja

sobre todo a la zona oriente del Estado, que pudiera yo adherirme a su iniciativa.

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ Diputada Rosita, le pregunto ¿Si está usted de

acuerdo en que el diputado Juan Carlos, se adhiera a su iniciativa?

DIP. ROSA MARÍA ZETINA GONZÁLEZ (Desde su curul). Diputado por supuesto que sí, les

agradezco mucho y por supuesto que serán incluidos y muchísimas gracias.

DIP. JUAN CARLOS SOTO IBARRA (Desde su curul). Gracias diputada.

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Diputada Imelda, tiene el uso de la palabra.

VICEPRESIDENTA DIP. IMELDA LÓPEZ MONTIEL. Diputada, muy buena iniciativa la verdad

a mí también me gustaría adherirme a su punto, porque estamos viviendo lo mismo, igual en los

transportes de Ixtlahuaca a Observatorio y son los camiones, así es mucha la delincuencia, la

verdad, ¿No sé, si me permita adherirme?

DIP. ROSA MARÍA ZETINA GONZÁLEZ. (Desde su curul). Por supuesto que sí diputada, por

supuesto y muy agradecida y sobre todo yo creo que el agradecimiento más grande va a ser de

todos nuestros ciudadanos que ven que si nos estamos preocupando por todos.

Gracias.

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Adelante diputada Crista.

DIP. CRISTA AMANDA SPOHN GOTZEL (Desde su curul). Gracias.

Diputada Zetina, también deseamos el Partido del Trabajo adherirnos a usted, porque si es

algo muy, muy grave.

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Diputada Rosita, por procedimiento nada más,

¿Está usted de acuerdo en que la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo, se adhiera a su

iniciativa?

DIP. ROSA MARÍA ZETINA GONZÁLEZ (Desde su curul). Por supuesto que sí, de igual manera

son bienvenidos y verdaderamente nuevamente les vuelvo a dar las gracias por todos los

ciudadanos.

Gracias y sí.

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Tiene el uso de la palabra la diputada Claudia

González.

DIP. CLAUDIA GONZÁLEZ CERÓN (Desde su curul). Gracias, lo mismo diputada ¿Buena

iniciativa y si nos permites como Grupo Parlamentario del PRD unirnos también a tu iniciativa?.

DIP. ROSA MARÍA ZETINA GONZÁLEZ (Desde su curul). Por supuesto que sí diputada y con

muchísimo gusto, claro que sí.

DIP. CLAUDIA GONZÁLEZ CERÓN (Desde su curul). Gracias.

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Con sujeción al punto número 8 del orden del

día, puede hacer uso de la palabra el diputado Julio Alfonso Hernández Ramírez, quien presenta

en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena, la iniciativa con proyecto de decreto por

el que se reforman los artículos 2, 15 fracción IV, 24 y 26 de la Ley de la Comisión de los Derechos

Humanos del Estado de México.

Adelante.

56

DIP. JULIO ALFONSO HERNÁNDEZ RAMÍREZ. Muchas gracias diputada Presidenta, gracias

a la Mesa Directiva, un saludo muy fraterno sincero a todos los diputados y diputadas y al público

que nos acompaña también a través de los medios.

Antes de comenzar quiero dejar muy en claro, que la siguiente propuesta de iniciativa es

derivada de atender una adecuación normativa a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos y

dejando claro el reconocimiento también en Mesa de Trabajo a propuesta de la propia CODHEM,

de la propia Comisión de Derechos Humanos de nuestro Estado.

Su servidor diputado Julio Alfonso Hernández Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario

de morena y en su representación, sometemos a esta Honorable Asamblea, una propuesta de

iniciativa con proyecto de decreto con el que se reforman los artículos 2, 15 fracción IV, 24 y 26

de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México, conforme a lo siguiente:

La defensa de los Derechos Humanos es una actividad en la que todas las personas debemos

estar involucradas, cada situación contribuye a robustecer el cuerpo doctrinal y filosófico con base

en el cual observamos y defendemos estos derechos, en los últimos años las y los legisladores con

apoyo de la comunidad mexiquense hemos venido desarrollando trabajos para mejorar las

condiciones de los derechos humanos, en esa labor está inmiscuida sin lugar a dudas la Comisión

de Derechos Humanos del Estado de México, CODHEM, que se creó con la promulgación de la

ley en 1992 y comenzó actividades en febrero de 1993, desde entonces se han realizado

adecuaciones al marco jurídico local, con la intensión de construir un régimen adecuado que

permita a la CODHEM desempeñar correctamente sus labores.

El andar sin duda no ha sido fácil, las relaciones humanas siempre muestran una capacidad

sorprendente para hacer notar los ámbitos no contemplados de nuestro marco legal, pero es

responsabilidad de quienes estamos en la Legislatura mostrar capacidad de reacción ante tales

imprevistos, la ciudadanía nos pone a prueba y espera que nuestras instituciones sean eficaces y

eficientes en la garantía de los derechos humanos.

Es por ello que cualquier entidad federativa en la que se tenga como objetivo la promoción,

protección y defensa de los derechos humanos, debe tener incluidos en su constitución los

conceptos de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad a fin de estar

armonizada con la normativa internacional.

El principio de universalidad se refiere a que los derechos humanos son inherentes a todas

las personas y conciernen a la comunidad internacional en su totalidad, en esta medida son

inviolables, lo que no quiere decir que sean absolutos, sino que su naturaleza permite que al

moldarse a las contingencias siempre estén con la persona.

Por otra parte, la indivisibilidad supone que los derechos humanos tienen el mismo valor,

pues no hay derechos más importantes que otros; asimismo, estos derechos son interdependientes

ya que no se contraponen u oponen unos a otros, los derechos humanos tienen un mismo nivel de

importancia, si el estado, las personas y colectivos afectan un derecho, todos los demás se ven

disminuidos de igual manera.

Asimismo la indivisibilidad e interdependencia sirven para mantener el estatus de derechos

y no de privilegios, otro concepto íntimamente relacionado con la universalidad, la indivisibilidad

e interdependencia es el principio de progresividad que constituye en compromiso de los estados

para adoptar las providencias tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional,

especialmente económica y técnica para lograr progresivamente la plena efectividad de los

derechos que se derivan de las normas económicas sociales y sobre educación, ciencia y cultura,

principio que no puede entenderse en el sentido de que los gobiernos no tengan la obligación

inmediata de empeñarse por lograr la realización integra de tales derechos, sino en la posibilidad

de ir avanzando gradual y constantemente hacia su más completa realización en función de sus

recursos materiales, así como en el principio que exige a medida que se mejore el nivel de

57

desarrollo de un estado, también que se mejore el nivel de compromiso de garantizar los derechos

económicos, sociales y culturales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que los Tratados de Derechos

Humanos son instrumentos vivos cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los

tiempos y las condiciones de vida actuales, interpretación evolutiva que es consecuente con las

reglas generales consagradas en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos, así como las establecidas por la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados,

de ahí que dichos derechos dentro de sus límites son inalterables, es decir, que su núcleo esencial

es intangible.

Cabe mencionar que el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, dispone entre otras cuestiones que todas las autoridades en el ámbito de sus

competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos

humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia indivisibilidad y

progresividad, principios que también se encuentran previstos en la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano del Estado de México.

El artículo 5 Título II, de ahí que se propone que la Ley de Comisión de los Derechos

Humanos del Estado de México, contemple los principios de: Progresividad, indivisibilidad,

Interdependencia y Universalidad; pues no son simples palabras, se trata de un conjunto de

principios que deben guiar la labor de esta Comisión, por otra parte y con el fin de atender las

exigencias de la compleja dinámica social, consideramos prioritario fortalecer la estructura

organizacional de la comisión.

En este sentido, se propone que la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos, prevea

dentro de la estructura de la CODHEM, a los Visitadores Adjuntos y Visitadores Auxiliares, pues

si bien el artículo 24 de la citada ley hace referencia a los visitadores, su descripción corresponde

únicamente a las atribuciones de un visitador general, se hace notar que la Ley de la Comisión de

los Derechos Humanos del Estado de México, a diferencia de los ordenamientos legales de otras

entidades federativas que regulan a los organismos protectores de derechos humanos, omite las

figuras de Visitador Adjunto y Visitador Auxiliar, cuyas atribuciones son indispensables, para

sustanciar los procedimientos y conocer de las quejas interpuesta por probables violaciones a

derechos humanos, por lo que se propone la incorporación con la debida precisión de los requisitos

para la ocupación de dichos cargos como son edad, perfil profesional y características con las que

deberá contar la persona y sus atribuciones.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la

presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, esperando sea aprobada en sus términos, muchas

gracias a todas y a todos.





PRESENTE

Diputado Julio Alfonso Hernández Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena y

en su representación, con fundamento en los artículos 51 fracción II, 57 y 61 fracción I de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 28 fracción I y 38 fracción II de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, y 68 del Reglamento

58

del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, sometemos a esta H. Asamblea una

propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 15

fracción IV, 24 y 26 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,

conforme a la siguiente:


La defensa de los Derechos Humanos es una actividad en la que todas las personas debemos estar

involucradas, cada situación contribuye a robustecer el cuerpo doctrinal y filosófico con base en el

cual observamos y defendemos estos derechos.

En los últimos años, las y los legisladores con apoyo de la comunidad mexiquense, hemos venido

desarrollando trabajos para mejorar las condiciones de los derechos humanos. En esa labor está

inmiscuida, sin lugar a dudas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

(CODHEM) que se creó con la promulgación de la Ley en 1992 y comenzó actividades en febrero

de 1993.

Desde entonces, se han realizado adecuaciones al marco jurídico local, con la intención de construir

un régimen adecuado que permita a la CODHEM desempeñar sus labores.1

El andar no ha sido fácil, pues las relaciones humanas siempre muestran una capacidad

sorprendente para hacer notar los ámbitos no contemplados de nuestro marco legal, pero es

responsabilidad de quienes estamos en la legislatura, mostrar capacidad de reacción ante tales

imprevistos. La ciudadanía nos pone a prueba y espera que nuestras instituciones sean eficaces y

eficientes en la garantía de los Derechos Humanos.

Es por ello, que cualquier entidad federativa en la que se tenga como objetivo la promoción,

protección y defensa de los Derechos Humanos, debe tener incluidos en su Constitución los

conceptos de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, a fin de estar

armonizada con la normativa internacional.

El principio de universalidad se refiere a que los Derechos Humanos son inherentes a todas las

personas y conciernen a la comunidad internacional en su totalidad; en esta medida, son inviolables,

lo que no quiere decir que sean absolutos, sino que su naturaleza permite que, al amoldarse a las

contingencias, siempre estén con la persona.2

Por otra parte, la indivisibilidad supone que los Derechos Humanos tienen el mismo valor, pues no

hay uno derechos más importantes que otros, asimismo, estos derechos son interdependientes ya

que no se contraponen u oponen unos a otros.3

Los Derechos Humanos tienen un mismo nivel de importancia, si el Estado, las personas o

colectivos afecta un derecho, todos los demás se ven disminuidos de igual manera.

1 Legislatura del Estado de México. Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Consultado el 20 de mayo de 2019, en http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig076.pdf. 2 PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. EN QUÉ CONSISTEN. Amparo en revisión 184/2012. Margarita Quezada Labra. 16 de agosto de 2012. Disponible en: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2003/2003350.pdf 3 Civilis Derechos Humanos, “Indivisibilidad e interdependencia de los Derechos Humanos I”. Manual de protección de Derechos Humanos de la Sociedad Civil. Consultado el 1 de abril de 2019 en http://derechosoc.civilisoc.org.

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2003/2003350.pdf

http://derechosoc.civilisoc.org/

59

Asimismo, la indivisibilidad e interdependencia sirven para mantener el estatus de derechos y no

de privilegios.

Otro concepto íntimamente relacionado con la universalidad, la indivisibilidad e interdependencia

es el principio de progresividad, que constituye el compromiso de los Estados para adoptar

providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente

económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se

derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, principio que no

puede entenderse en el sentido de que los gobiernos no tengan la obligación inmediata de

empeñarse por lograr la realización íntegra de tales derechos, sino en la posibilidad de ir avanzando

gradual y constantemente hacia su más completa realización, en función de sus recursos materiales;

así, este principio exige que a medida que mejora el nivel de desarrollo de un Estado, mejore el

nivel de compromiso de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales.4

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los tratados de derechos humanos

son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las

condiciones de vida actuales, interpretación evolutiva que es consecuente con las reglas generales

consagradas en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como las

establecidas por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. De ahí que dichos

derechos, dentro de sus límites, son inalterables, es decir, que su núcleo esencial es intangible.5

Cabe mencionar que el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

dispone, entre otras cuestiones, que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen

la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.”6 Principios

que también se encuentran previstos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del

Estado de México en el artículo 5, título segundo.7

De ahí que, se propone que la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México

contemple los principios de progresividad, indivisibilidad, interdependencia y universalidad, pues

no son simples palabras, se trata de un conjunto de principios que deben guiar la labor de la

Comisión.

Por otra parte, y con el fin de atender las exigencias de la compleja dinámica social consideramos

prioritario fortalecer la estructura organizacional de la Comisión.

En este sentido, se propone que la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de

México prevea dentro de la estructura de la CODHEM a los “Visitadores Adjuntos” y “Visitadores

Auxiliares” pues, si bien, el artículo 24 de la citada Ley hace referencia a los “Visitadores” su

descripción corresponde únicamente a las atribuciones del Visitador General. 8

4 Ibídem. Supra nota 3. 5 Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia. Sentencia del 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, pág. 106. 6 Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Consultado el 1 de abril de 2019 en https://www.juridicas.unam.mx/legislacion/ordenamiento/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos. 7 Legislación del Estado de México, “Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Consultado el 1 de abril de 2019 en http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig001.pdf. 8 Cfr. Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Artículo 24.- “Los Visitadores son los encargados de conocer de los procedimientos establecidos por esta Ley y el Reglamento Interno, relacionados con probables violaciones a derechos humanos”.

https://www.juridicas.unam.mx/legislacion/ordenamiento/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos

https://www.juridicas.unam.mx/legislacion/ordenamiento/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig001.pdf

60

Se hace notar que, la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México a

diferencia de los ordenamientos legales de otras entidades federativas que regulan a los organismos

protectores de Derechos Humanos, omite las figuras de “Visitador Adjunto” y “Visitador

Auxiliar”, cuyas atribuciones son indispensables para sustanciar los procedimientos y conocer de

las quejas interpuestas por probables violaciones a Derechos Humanos, por lo que, se propone su

incorporación con la precisión de los requisitos para la ocupación de dichos cargos, como son edad,

perfil profesional y características con las que deberá contar la persona y sus atribuciones.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea la presente iniciativa con

proyecto de decreto, esperando sea aprobado en sus términos.

JULIO ALFONSO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

DIPUTADO PRESENTANTE


GONZÁLEZ

DIP. ALICIA MERCADO

MORENO


HERNANDEZ



SALCEDA


VILLEGAS


GARCÍA


ROSAS


RUÍZ

DIP. CAMILO MURILLO

ZAVALA


SÁNCHEZ




URIBE BERNAL


DIP. JUAN PABLO

VILLAGÓMEZ SÁNCHEZ


SOTELO



RAMOS


ELIZALDE VÁZQUEZ


GARCÍA

DIP. MARIO GABRIEL

GUTIÉRREZ CUREÑO


MORALES


GONZÁLEZ


HERNÁNDEZ


ALVAREZ NEMER

61


DIP. NANCY NÁPOLES

PACHECO


MARTÍNEZ


GONZÁLEZ


ÁNGELES


BAUTISTA

DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ DIP. XÓCHITL FLORES

JIMÉNEZ

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman el artículo 2; 15, fracción IV; 24 de la Ley de la Comisión

de Derechos Humanos del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 2.- La presente Ley tiene por objeto establecer las bases para la promoción,

defensa, protección y garantía de los derechos humanos reconocidos por la

Constitución Federal, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

México, y los Tratados Internacionales con carácter obligatorio para las autoridades

estatales, municipales y órganos con autonomía constitucional, para los que será

indispensable guiarse por los principios de universalidad, interdependencia,

indivisibilidad y progresividad.

Los procedimientos que se sigan ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado

de México, deberán ser breves, sencillos, y estarán sujetos sólo a las formalidades

esenciales que requiera la documentación de los expedientes respectivos en los que

deberán aplicarse los principios procesales de inmediación, concentración e

inmediatez.

Artículo 15.- La Comisión se integra por:

I. La Presidencia.

II. El Consejo Consultivo.

III. La Secretaría General.

IV. Las Visitadurías:

a) Generales.

b) Adjuntas.

c) Auxiliares.

V. …

Artículo 24.- Los Visitadores Generales son los encargados de conocer de los procedimientos

establecidos por esta Ley y el Reglamento Interno, relacionados con probables violaciones a

derechos humanos, cuyas atribuciones podrán delegar en las y los visitadores adjuntos o

auxiliares, según amerite el caso.

62

Artículo 26.- Tendrán el carácter de Visitadores Adjuntos y Visitadores Auxiliares el

personal profesional que labore en las distintas visitadurías de la Comisión encargado de

la integración de los expedientes de queja y de su consecuente investigación.

I. Para ser visitadora o visitador adjunto se requiere:

a) Ser ciudadano mexicano;

b) Tener título profesional de licenciatura en derecho por institución legalmente

facultada, y

c) Tener por lo menos dos años de experiencia para el desempeño de las funciones

que le correspondan.

II. Para ser visitador o visitadora auxiliar se requiere:

a) Ser ciudadano mexicano;

b) Tener título profesional de licenciatura en derecho o en alguna profesión afín a

las actividades sustantivas de la Comisión, expedido por institución legalmente

facultada, y

c) Tener por lo menos un año de experiencia para el desempeño de las funciones que

le correspondan.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el periódico oficial "Gaceta del

Gobierno" del Estado Libre y Soberano de México.

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación

en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado Libre y Soberano de México.



México, a los ______ días del mes de _________del año dos mil diecinueve.


Legislativa de Derechos Humanos., para su estudio y dictamen.

En observancia al punto número 9 del orden del día, perdón se retira el punto número 9 del

orden del día.

En lo concerniente al punto número 10 el orden del día hace uso de la palabra la diputada

Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, para presente en nombre del Grupo Parlamentario de

Partido Acción Nacional, la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adiciona la fracción XI

del artículo 6; se reformará el artículo 7; se adiciona la fracción XV del artículo 8; se adicionan las

fracciones XX y XXI al artículo 35, se adiciona la fracción III al artículo 56; se adiciona el Capítulo

Segundo al Título Cuarto, artículos 99 Bis, 99 Ter, 99 Quáter, y se adiciona el Título Quinto

correspondiente a las Seguridad Escolar, recorriendo en su numeración el subsecuente adicionando

los capítulos del Primero al Noveno y los artículos del 100 al 150 recorriendo la numeración de los

artículos subsecuentes y de la Ley de Seguridad del Estado de México, relativo a implementar

Políticas Públicas en materia de Seguridad Escolar, adelante diputada.

DIP. INGRID KRASOPANI SCHEMELENSKY CASTRO. Muchas gracias diputada Presidenta

Violeta Nova Gómez, Presidenta de esta “LX” Legislatura; compañeros de la Mesa Legislativa,

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compañeros diputados, saludo especialmente a los ciudadanos que nos acompañan y a los medios

de comunicación.

La seguridad pública tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas,

así como preservar, las libertades, el orden y la paz, obligando al Estado a adoptar políticas

pertinentes, que garanticen las condiciones adecuadas, apremiando al Estado de Derecho; el

combate a la inseguridad ha sido en los últimos años, la agenda más importante de los gobiernos

en turno determinado, por las condiciones sociales y políticas y que afectan directamente a las

sociedad a causa de las estrategias inadecuadas, que han agudizado esta problemática,

desafortunadamente la violencia en el Estado de México ha ido en aumento, de acuerdo con el

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en el primer semestre del 2019,

con respecto al mismo periodo del mismo año los delitos de alto impacto se han incrementado: el

robo en un 9 por ciento, los homicidios en 24 por ciento, la extorsión en un 77 por ciento y el

secuestro aumento en un 22 por ciento.

Esta realidad ha sobrepasado la capacidad de respuesta de las autoridades competentes

afectando en mayor medida a los sectores más vulnerables de la sociedad, uno de ellos conformado

con las niñas, niños y adolescentes.

El primer reclamo de la sociedad mexiquense es la seguridad pública.

Hoy este reclamo ha trastocado en todas ocasiones desenlaces fatales en las familias

mexiquenses, es reconocido como un derecho y corresponde al Estado la obligación de brindarla a

todos los habitantes de la Entidad, especialmente frente a esto, quedan en completa indefensión

como lo son las niñas, niños y adolescentes y jóvenes de nuestro Estado.

Por ello, es imperativo coadyuvar en la creación y conservación de las condiciones

necesarias para que los integrantes de la sociedad ejerzan sus libertades y sus derechos en un

ambiente de tranquilidad a través de mecanismos de prevención y sanción que permitan atender las

exigencias de los mexiquenses.

Una de las grandes preocupaciones desencadenadas por la inseguridad proviene de los

padres al tener la incertidumbre del peligro que padecen sus hijos con el solo hecho de acudir a la

escuela, situación que no debemos de normalizar en la Entidad, ya que sería aceptar vivir en un

estado de indefensión de manera permanente.

La población estudiantil mexiquense se conforma por el 25.09 de la población total de la

Entidad, esto es más de 4 millones de alumnos, además de 155 mil 989 docentes de las 21 mil 823

escuelas de educación básica en el Estado.

Este universo estudiantil sin duda es propenso a ver víctima de un acto ilícito o de conductas

que vulneren a la comunidad escolar, el ejemplo más próximo es el pasado 5 de agosto donde

estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán en su primer día de clases fueron

asesinados en el transporte público a pesar de que la unidad pertenecía al Programa de Sendero

Seguro, el cual maneja una ruta directa para asegurar, para resguardar la seguridad de los

estudiantes.

Tenemos una clara responsabilidad de establecer nuevos esquemas que permitan

contrarrestar esta creciente ola de inseguridad, por la que atraviesan no solamente en la Entidad

sino todo el país.

Nuestro compromiso es crear y fortalecer un marco jurídico donde se agoten todas las

instancias para que de ser un trabajo transversal que requiere la participación de todas las

instituciones públicas y privadas, así como cada una de las y de los mexiquenses.

La seguridad pública constituye uno de los rubros más sentidos de la sociedad donde todo

el gobierno debe de tener la sensibilidad de adoptar acciones pertinentes para que se garantice la

tranquilidad y la sana convivencia de cada uno de sus habitantes.

En este tenor se plantea el Programa Denominado “Policía Estratégica Escolar”, cuyo

objetivo primordial es vigilar, cuidar y resguardar el bienestar de los alumnos, la infraestructura de

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los planteles a los padres de familia y/o tutores y personal que labora en los centros educativos, así

como a los vecinos de esta a cargo de que esta sea una tarea que sea designados políticas por el

Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Por otro lado es importante destacar que la presente iniciativa también propone un

instrumento rector en materia de protección civil para los centros escolares, cuya expedición estará

a cargo de la Coordinación General de Protección Civil que atiende la prevención, auxilio y

recuperación.

El programa escolar de protección civil servirá como base para que cada uno de los centros

escolares se cuente con un programa interno de proyección civil en cuya elaboración participe la

comunidad escolar.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional manifiesta su preocupación e interés

de una comunidad estudiantil, porque sus inquietudes no deben de girar en torno a su seguridad,

sino también a su adecuado aprendizaje.

En este contexto y con la finalidad de salvaguardar la integridad y derechos de las personas,

así como de preservar la libertad, el orden y la paz social, especialmente de nuestras niñas, niños y

adolescentes es imperativo actuar en consecuencia estableciendo acuerdos con resultados palpables

que garanticen la integridad de los alumnos mexiquenses.

Solicito que la iniciativa sea integrada de forma completa en el Diario de los Debates y en

la Gaceta Parlamentaria, muchas gracias diputada Presidenta.

Toluca de Lerdo, México, __ de julio de 2019

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA

DE LA H. LX LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO

P R E S E N T E S

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51, fracción II, 61, Fracción I de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción I y 30 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, por su digno conducto, la que suscribe

Diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro a nombre del Grupo Parlamentario del Partido

Acción Nacional presento a la LX Legislatura del Estado de México la Iniciativa de Decreto por

el que se reforman y adiciona la fracción XI del Artículo 6; se reforma el artículo 7; se

adiciona la fracción XV al artículo 8; se adicionan las fracciones XX y XXI al artículo 35, se

adiciona la fracción III al artículo 56; se adiciona el Capitulo Segundo al Título Cuarto

artículos 99 bis, 99 ter, 99 quarter; y se adiciona el Titulo Quinto correspondiente a la

Seguridad Escolar, recorriendo en su numeración el subsecuente, adicionando los capítulos

del Primero al Noveno y los artículos del 100 al 150 recorriendo la numeración de los artículos

subsecuentes de la Ley de Seguridad del Estado de México, relativo implementar políticas

públicas en materia de Seguridad Escolar conforme a la siguiente:


La seguridad pública representa uno de los rubros más sentidos para cualquier pueblo, donde todo

gobierno debe tener la sensibilidad de adoptar las acciones pertinentes para que le garanticen la

tranquilidad y la sana convivencia a toda la población.

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El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ha manifestado siempre que una de las

agendas de atención más apremiantes es la del combate a la inseguridad y la adecuada

implementación de estrategias para generar entornos seguros para las familias mexiquenses.

La violencia en el Estado de México ha ido en aumento. En 2018 de acuerdo con los datos obtenidos

en el sitio web del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el estado se

encontraba en el lugar 15 a nivel nacional en incidencia delictiva. Sin embargo, en el primer

bimestre de 2019 se posiciona en el lugar 14 con 114 385 casos de homicidio, 36 122 casos de

lesiones y 5 916 casos de violencia familiar.

Lo preocupante de esta situación es que ha sobrepasado la capacidad de respuesta de las políticas

de seguridad vigentes y de la función de seguridad del Estado, afectando en mayor magnitud a los

sectores más vulnerables de la sociedad.

La función del Estado en materia de seguridad pública no es otra sino crear y conservar las

condiciones necesarias para que los integrantes de la sociedad ejerzan sus libertades y derechos en

un ambiente de tranquilidad. Por ello, es importante generar mecanismos de prevención y de

sanción que permitan atender las necesidades de seguridad dentro del Estado, focalizando acciones

a la protección de nuestros estudiantes.

La población estudiantil mexiquense se conforma por el 25.09% de la población total de la entidad,

esto es 4 millones 061 mil 166 alumnos de los cuales 2 millones 042 mil 787 son hombres y 2

millones 018 mil 379 son mujeres. Además, 155 mil 989 son docentes de las 21 mil 823 escuelas

de educación básica en el Estado (Secretaría de Educación Pública, 2015).

El diagnostico real de nuestra entidad es sumamente urgente, pues nuestra entidad, existen 22,265

escuelas, entre públicas y privadas, y sin autoridad de seguridad que vele por su bienestar de los

alumnos mexiquenses de manera integral con normas estrategias y protocolos, la comunidad

estudiantil y demás integrantes de la comunidad escolar pueden ser víctimas de algún ilícito o

conducta antisocial y no detectar o poder contar con los elementos para prevenir, combatir y

solucionar conflictos, se están corriendo riesgos que pueden ser evitados y que están causando

pérdidas irreparables.

Para comprender las situaciones de violencia que se experimentan en el espacio escolar, debe

considerarse que en las escuelas existen múltiples aspectos, como el espacio en donde se ubican;

la infraestructura y los materiales con que cuentan; las y los alumnos, docentes y directores que

acuden diariamente; el horario en que se imparten las clases, entre otros. (Zurita, 2012).

La Organización Mundial de la Salud la define a la violencia como “el uso intencional de la fuerza

o poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad,

que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos

del desarrollo o privaciones” (Organización Mundial de la Salud, 2003:5)

Esta definición no solo incluye la violencia que ocurre de manera interpersonal, sino que, además,

establece la importancia en cuestiones de comportamiento suicida que deberían ser consideradas

como asuntos de salud y de seguridad pública.

66

Así mismo, en el informe mundial sobre la violencia y la salud, se clasifica la violencia en tres

categorías con base en el autor generador de violencia: violencia colectiva, violencia dirigida contra

uno mismo y violencia interpersonal.

La violencia colectiva es aquella en el que un grupo de personas que se identifican a sí mismas

como miembros de un grupo, utilizan la violencia como instrumento para lograr objetivos de

carácter político, económico y social. Tal es el caso del joven estudiante que, a través de redes

sociales, amenazó con realizar un atentado en contra de un centro de estudios superiores el pasado

25 de marzo.

Por otra parte, la violencia dirigida contra uno mismo comprende comportamientos suicidas,

autolesiones y automutilación. Un ejemplo son los hechos ocurridos el día 11 de abril del año 2018,

en el cual un estudiante de secundaria del municipio de Huixquilucan atentó contra la vida de uno

de sus compañeros debido a los frecuentes abusos y del acoso por parte de sus compañeros.

Después, el estudiante agresor terminó con su vida.

Por último, la violencia interpersonal se subdivide en dos grupos: violencia intrafamiliar y violencia

comunitaria. La primera se produce, en la mayoría de los casos, entre miembros de la familia o

compañeros sentimentales; el segundo se produce entre individuos no relacionados entre sí. Es en

este último grupo donde surgen la violencia juvenil, la violencia en establecimientos como lo son

las escuelas y los delitos cometidos contra estudiantes. Los principales delitos a los que los jóvenes

se encuentran expuestos con mayor frecuencia son los asaltos en transporte público y avenidas,

homicidios, violaciones.

Hasta agosto de 2018 se habían reportado 6 mil 80 asaltos a bordo de transporte público en el

Estado de México, donde la mayoría de las víctimas son adolescentes, según lo mencionado por

Alejandro Gómez Sánchez, Fiscal General de Justicia del Estado1. Además, dos casos de violación

hacia estudiantes durante el primer trimestre de 2019. Este tipo de indicadores deberían ser la causa

de interés en la prevención de este último tipo de violencia y mejorar los mecanismos de prevención

que permitan al estudiante transitar y desenvolverse en sus actividades cotidianas de una manera

segura.

En diversos momentos hemos destacado que la seguridad pública y la prevención del delito, deben

ser los ejes fundamentales de todo gobierno que enmarquen las acciones para dar la lucha frontal a

la delincuencia, fijando para ello las estrategias y acciones que brinden a los ciudadanos

salvaguardar sus vidas, sus libertades y sus bienes. Sin embargo la seguridad pública que vivimos

los mexiquenses, no corresponde a un entorno sano para quienes habitamos en el, las cifras se han

endurecido y resultan alarmantes.

Como se puede observar la violencia e inseguridad se experimenta en cualquier parte y sin una

hora en particular, lo que afecta los distintos sectores sociales, económicos, culturales y políticos;

en este sentido de manera grave uno de los sectores a los que ha impactado la seguridad es a los

menores en edad escolar en cualquiera de los niveles educativos, día a día nuestros hijos y los

jóvenes estudiantes son víctimas de diversos sucesos delictivos que en muchas ocasiones implican

la perdida personal de un menor en la familia o bien la tragedia de la desaparición de los jóvenes

estudiantes, en la actualidad se le ubica como una comunidad social con profundas vulnerabilidades

en materia de seguridad. c

67

Algunos ejemplos de las conductas delictivas y que vulneran la certidumbre escolar, son: Personas

que distribuyen drogas, el crimen organizado ha puesto como uno de los orígenes de su

fortalecimiento, el convencer a estudiantes, sobre todo de escasos recursos económicos, para la

realización de ilícitos o bien pandilleros, delincuentes, vándalos, u otras personas o grupos con

conductas antisociales acuden a las escuelas a buscar pelea, a invitar a los estudiantes a consumir

alcohol, a incitarlos para entrar en la prostitución, o a agredirlos física, verbal y psicológicamente

o desgraciadamente las sustracción de los menores en las periferias de los centros educativos.

Es importante destacar que la presente iniciativa establece dos temas torales sobre la seguridad

escolar, uno es el relativo a la seguridad pública y el otro está encaminado a normar en esta materia

lo relativo a protección civil, estableciendo la organización que cada plantel educativo tendrá que

seguir así como los programas que se deberán de emitir e implementar para eficientar el actuar de

todas las autoridades y personas involucradas, en beneficio de la comunidad escolar.

La Conformación de los Consejos necesarios para dar atención a cada una de las políticas públicas

que la presente iniciativa de ley establece, es parte fundamental en la integración de la presente

iniciativa, a efecto de materializar lo mandatado por el cuerpo normativo del documento legislativo.

Por todo lo anterior, mediante esta iniciativa el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,

expone una solución a los problemas que afecten directamente a la seguridad de los estudiantes y

de toda la comunidad mexiquense en grado escolar.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración el siguiente proyecto de decreto:

DECRETO NÚMERO

LA H. “LX” LEGISLATURA


DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman y adiciona la fracción XI del Artículo 6; el artículo 7; se

adiciona la fracción XV al artículo 8; se adicionan las fracciones XX y XXI al artículo 35, se

adiciona la fracción III al artículo 56; se adiciona el Capitulo Segundo al Título Cuarto artículos

99 bis, 99 ter, 99 quarter; y se adiciona el Titulo Quinto correspondiente a la Seguridad Escolar,

recorriendo en su numeración el subsecuente, adicionando los capítulos del Primero al Noveno y

los artículos del 100 al 150 recorriendo la numeración de los artículos subsecuentes de la Ley de

Seguridad del Estado de México para quedar como sigue:

Artículo 6.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I… a X…

XI. Instituciones Policiales: a los cuerpos de policía, de vigilancia y custodia de los

establecimientos penitenciarios, de detención preventiva y de centros de arraigos, centros

educativos; y en general, todas las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel estatal

y municipal, que realicen funciones similares;

XII…a XXIII

68

Artículo 7.- El Estado y los Municipios desarrollarán políticas en materia de prevención social del

delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas

antisociales que pudieran atentar contra la integridad de las personas en sus bienes o

derechos; así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos,

que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.

Artículo 8.- …

…

I… a XIV. …

XV. Determinar y coordinar al personal necesario de sus corporaciones para crear un cuerpo

especial de policía de estrategia escolar.

Artículo 35.-

I… a XIX…

XX. Implementar el cuerpo especial de policía de estrategia escolar para vigilar, cuidar y

resguardar el bienestar de los alumnos en la entidad.

XXI. Las demás que establezcan esta Ley, otras disposiciones jurídicas y las que sean

necesarias para cumplir los fines de la seguridad pública.

Artículo 56. …

I … a II. …

III. Formular y desarrollar programas y realizar las acciones que le competen, en materia de

seguridad escolar, coordinándose, en su caso, con las demás dependencias del Ejecutivo

Estatal, según sus respectivas esferas de competencia, o con los municipios de la entidad.

TÍTULO CUARTO

DEL PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

CAPÍTULO PRIMERO

…

CAPÍTULO SEGUNDO

DEL PROGRAMA DENOMINADO POLICÍA DE ESTRATEGIA ESCOLAR.

Artículo 99 bis. La policía escolar es el cuerpo policial especial integrado por conducto del

Consejo Estatal de Seguridad Pública en conjunto con los Consejos Municipales de

Seguridad Pública de los distintos municipios, cuyo objetivo primordial vigilar, cuidar y

resguardar el bienestar de los alumnos la infraestructura de los planteles, a los padres de

familia y/o tutores, personal que labora en las escuelas y a los vecinos de estas.

69

Los elementos que conforman a la policía escolar serán designados por el Consejo Estatal de

Seguridad Pública con base en las políticas y lineamientos de la presente ley y su reglamento.

Artículo 99 ter. La policía escolar tendrá como objetivo prevenir la comisión de hechos

constitutivos de delitos cometidos en perjuicio tanto de los propios estudiantes, como de las

autoridades escolares, padres de familia y/o tutores, vecinos de los centros educativos.

Artículo 99 quater. Son obligaciones de los elementos de la policía escolar:

I. Portar el uniforme con las características y especificaciones que para el efecto les sea

proporcionado por el Sistema Estatal de Seguridad Pública.

II. Coordinarse con la Secretaría de Educación y las autoridades educativas y de padres de familia

del plantel, para la implementación de las actividades y estrategias de prevención y resguardo.

II. Acudir a todos y cada uno de los cursos de capacitación, adiestramiento y especialización

en la materia.

III. Respetar y hacerse respetar por la población, guardando la consideración debida a la

dignidad e integridad corporal de las personas, siempre demostrándose ante los alumnos

como figuras de autoridad en quienes se puede confiar y acudir para dar una solución a

cualquier problemática de las señaladas por esta ley o bien una que por su naturaleza exija

la inmediata reacción de la policía escolar.

IV. Presentarse en las instalaciones del plantel escolar por lo menos con 30 minutos de

anticipación a la hora de entrada del alumnado, permaneciendo a lo largo de todo el horario

escolar y se podrán retirar de los centros educativos hasta que transcurran un período de 30

minutos posteriores a la hora señalada como de salida; salvo que los directivos del plantel les

den aviso oportuno de que necesitan que sigan vigilando la institución académica por un

margen de tiempo superior al antes indicado por haber actividades programadas fuera del

horario escolar.

V. Vigilar el estricto cumplimiento de los reglamentos de tránsito y vialidad por parte de las

personas, padres de familia, tutores o personal que labore en la escuela y que acudan a esta.

VI. Otorgar pláticas a los alumnos y en su momento a los padres de familia sobre cultura

vial, prevención del delito, acoso escolar, los riesgos del consumo de estupefacientes y las

consecuencias que tiene las adicciones, incluyendo simulacros.

VII. Dar aviso inmediato a las administrativas o de procuración de justicia que corresponda,

sobre los casos de venta de estupefacientes y/o cualquier substancia con efectos psicotrópicos

o alucinantes, el incumplimiento a las disposiciones viales, acoso, hostigamiento o

intimidación reportados por el estudiante afectado o por sus padres y/o tutores, o de

cualquier otra conducta que ponga en riesgo los bienes y derechos de los estudiantes.

TITULO QUINTO

DE LA SEGURIDAD ESCOLAR

CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

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Artículo 100.- El presente capitulo tiene por objeto:

I. Establecer las normas y lineamientos conforme a las cuales se llevarán a cabo las acciones en

materia de seguridad escolar;

II. Procurar la creación de vínculos permanentes entre los diversos elementos que interactúan en el

ámbito de la comunidad escolar;

III. Regular las acciones, proyectos y programas de corto, mediano y largo plazo, que permitan su

seguimiento y evaluación constante en materia de seguridad escolar;

IV. Impulsar acciones para generar un clima de seguridad en la comunidad escolar que permita

fortalecer integralmente una cultura de prevención, y

V. Fortalecer las políticas públicas en materia de seguridad escolar.

Artículo 101.- Para los efectos de este capítulo se entenderá por:

I. Ayuntamientos: Ayuntamientos del Estado de México;

II. Centro Escolar: Institución pública o particular donde se imparte educación básica, media

superior y superior ya sea pública o privada en el Estado de México;

III. Comunidad Escolar: Conjunto de personas que comparten espacios educativos, dentro de los

cuales se consideran a alumnos, directivos, docentes, personal administrativo y de apoyo, padres

de familia, vecinos y autoridades educativas;

IV. Consejo de Seguridad: Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de México;

V. Consejo Estatal: Consejo Estatal de Participación Social en la Educación a que refiere el

Artículo 177 de la Ley de Educación del Estado de México, así como los análogos creados en las

escuelas particulares de educación básica.

VI. Infraestructura escolar: Muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el Estado

o municipios de la entidad y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez

oficial de estudios, en el marco del sistema educativo estatal, en términos de la Ley de Educación

del Estado de México, así como a los servicios e instalaciones necesarios para su correcta

operación:

VIII. Secretaría de Educación: Secretaría de Educación del Estado de México;

IX. Secretaría de Seguridad Pública: Secretaria de Seguridad Pública del Estado de México

IX. Secretario Ejecutivo: Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, a que se

refiere la Ley de Seguridad Pública del Estado de México;

71

X. Seguridad Escolar: Resguardo de la integridad física y psicosocial de los integrantes de la

comunidad escolar, al interior y en el entorno que rodea el centro escolar, derivada del conjunto de

acciones preventivas, de seguimiento y de atención ante cualquier situación de riesgo; y

XI. Situación de riesgo: Circunstancias que conllevan la posibilidad de un hecho violento o

peligroso para la comunidad escolar.

Artículo 102.- La seguridad escolar es responsabilidad del Ejecutivo Estatal y Ayuntamientos, de

acuerdo a su ámbito de competencia, con la participación de los sectores público, privado y social,

en los términos de este Capítulo.

Artículo 103.- Los programas y acciones en materia de seguridad escolar que se deriven del

presente Capitulo, tenderán principalmente a modificar las actitudes, así como a formar hábitos y

valores en la comunidad escolar para promover la cultura de prevención de situaciones de riesgo.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LAS AUTORIDADES EN LA SEGURIDAD ESCOLAR

Artículo 104.- Son autoridades en materia de seguridad escolar:

I. Consejo de Seguridad;

II. Secretaría de Educación del Estado;

III. Secretaría de Seguridad Pública del Estado;

IV. Secretaría de Salud del Estado;

V. Coordinación General de Protección Civil;

VI. Secretaría de Desarrollo Social del Estado;

VII. Ayuntamientos; y

VIII. Órganos Municipales de Protección Civil.

Artículo 105.- Corresponde al Consejo de Seguridad, en materia de seguridad escolar, el ejercicio

de las atribuciones siguientes:

I. Coordinar y supervisar la ejecución de los programas en materia de seguridad escolar; y

II. Apoyar, asesorar y capacitar, a través de las instancias correspondientes, a los consejos

escolares.

Artículo 106.- Corresponde a la Secretaría, en materia de seguridad escolar, el ejercicio de las

atribuciones siguientes:

I. Aplicar, en la esfera de su competencia, esta Ley y vigilar su observancia;

72

II. Proponer al titular del Ejecutivo Estatal la celebración de acuerdos y/o convenios con

instituciones educativas particulares, organismos no gubernamentales y demás organismos de la

sociedad civil, con el propósito de cumplir el objeto de la presente Ley;

III. Proponer al Consejo de Seguridad, a través del Secretario Ejecutivo del mismo, la adopción de

medidas necesarias para el cabal cumplimiento del objeto de este Título;

IV. Formular y desarrollar acciones en materia de seguridad escolar, coordinándose con el Consejo

de Seguridad, demás autoridades en la materia y con la sociedad;

V. Mantener permanentemente actualizado el directorio estatal y municipal de los centros

escolares;

VI. Supervisar, en coordinación con la Coordinación General de Protección Civil y sus

dependencias homologas en los Ayuntamientos, la implementación del Programa Interno de

Protección Civil en cada centro escolar con base al Programa Escolar de Protección Civil contenido

en el presente Titulo;

VII. Proponer, a través del Secretario Ejecutivo, al Consejo de Seguridad que en la toma de

decisiones en materia de esta Ley, las autoridades o instancias respectivas consideren las

necesidades específicas para cada municipio del Estado.

VIII. Elaborar el Programa Estatal de Seguridad Escolar del Estado de México, y

IX. Las que conforme a esta ley y otras disposiciones aplicables le correspondan.

Artículo 107.- La Secretaría de Seguridad Pública, se coordinará con la Secretaría de Educación

en la elaboración de la política y programas en materia de prevención del delito en el ámbito

Escolar, para lograr la armonía en las políticas públicas en el Ejecutivo Estatal y en los

Ayuntamientos.

Artículo 108.- Corresponde a la Secretaría de Salud en materia de Seguridad Escolar, el ejercicio

de las atribuciones siguientes:

I. Proponer al Consejo de Seguridad Pública, a través del Secretario Ejecutivo, las acciones para la

identificación de factores de riesgo en los alumnos con los temas de violencia y consumo, abuso

de drogas, así como del comportamiento con base a la Ley de Salud Pública del Estado;

II. Dar seguimiento a los alumnos detectados con factores de riesgo para su tratamiento individual

y del entorno familiar;

III. Generar estadística precisa de los centros escolares atendidos y difundirla para su conocimiento

al Consejo de Seguridad y la Secretaría, y

IV. Las demás atribuciones que conforme a la presente Ley y demás disposiciones legales

aplicables le competan.

Artículo 109.- Corresponde a la Coordinación General de Protección Civil, en materia de

seguridad escolar, el ejercicio de las atribuciones siguientes:

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I. Expedir el Programa Escolar de Protección Civil del Estado con base a lo previsto en el presente

Titulo;

II. En coordinación con los Ayuntamientos autorizar el Programa Interno de Protección Civil en

cada centro escolar con base al Programa Escolar de Protección Civil del Estado;

III. Supervisar, en coordinación con la Secretaría de Educación, la aplicación del Programa Interno

de Protección Civil en cada centro escolar;

IV. Coordinar las actividades que se relacionen con la protección civil en los centros escolares, con

el apoyo del resto de las autoridades y con las entidades auxiliares en materia de seguridad escolar

previstas en el presente Titulo;

V. Identificar los centros escolares dentro del Atlas Estatal de Riesgo, para casos en que se presente

alguna emergencia provocada por factores geológicos, hidrometereológicos, químicos o sanitarios

en alguno de ellos, con base a la información que le proporcione la Secretaría de Educación;

VI. Capacitar en materia de protección civil en los centros escolares a través de la Secretaría de

Educación;

VII. Practicar las inspecciones técnicas a los centros escolares a fin de vigilar el cumplimiento de

las disposiciones legales aplicables e identificar los riesgos que puedan afectar a la comunidad

escolar, así como dictar las medidas de seguridad necesarias e imponer las sanciones

correspondientes, todo ello conforme al Libro Sexto del Código Administrativo del Estado de

México;

VIII. Invitar y fomentar en la comunidad escolar la cultura de la protección civil, a través de la

participación social de la Secretaría de Educación, y

IX. Las demás atribuciones que conforme a la presente Ley y demás disposiciones legales

aplicables, le competan.

Artículo 110.- La Secretaría de Desarrollo Social en materia de Seguridad Escolar, aplicará los

programas que le correspondan en materia de bienestar social, a fin de mejorar el entorno social de

los centros escolares, en coordinación con las autoridades Estatales y Municipales competentes.

Artículo 111.- Corresponde a los Ayuntamientos en materia de Seguridad Escolar, el ejercicio de

las siguientes atribuciones:

I. Colaborar con el resto de las autoridades en materia de seguridad escolar y entidades auxiliares

previstas en el presente Titulo para la ejecución de acciones en materia de seguridad escolar;

II. Aplicar en la comunidad escolar acciones relativas a la prevención del delito y participación

social;

III. Proveer de infraestructura vial, señalización y limpieza en las calles de los centros escolares;

así como tapeado, limpieza o demolición de construcciones abandonadas para garantizar la

seguridad de la comunidad escolar;

74

IV. Instruir a los Órganos Municipales de Protección Civil y Bomberos a que participen en las

acciones que se implementen en materia de seguridad escolar en los centros escolares, dentro del

ámbito de su competencia, conforme a la normatividad aplicable, y

V. Las demás que deriven de esta ley y de otras disposiciones aplicables.

Artículo 112.- Los Organismos Públicos Descentralizados de la Administración Pública Estatal,

sectorizados a la Secretaría Educación, en sus respectivos ámbitos de competencia, propondrán a

ésta, la adopción de cualquier tipo de medida necesaria para el cabal cumplimiento de los objetivos

de este Título, y en su caso, las aplicarán en beneficio de la comunidad escolar.

Artículo 113.- Corresponde a los Órganos Municipales de Protección Civil en materia de seguridad

escolar, el ejercicio de las atribuciones siguientes:

I. Promover la capacitación en materia de protección civil y desastres en los centros escolares.

II. Invitar y fomentar en la comunidad escolar la cultura de la protección civil.

III. Participar dentro del ámbito de su competencia en los programas y acciones que en materia de

protección civil, se implementen en los centros escolares, y

IV. Las demás que conforme a esta Ley y otras disposiciones le correspondan.

CAPÍTULO TERCERO

ENTIDADES AUXILIARES Y PERSONAL DIRECTIVO,

ADMINISTRATIVO Y DE APOYO

Artículo 114.- Son entidades auxiliares en materia de seguridad escolar:

I. Los consejos escolares que operen con arreglo a este Título para los fines exclusivos de seguridad

escolar; y

II. Los demás integrantes del sector privado y organismos de la sociedad civil que de forma

voluntaria decidan auxiliar en materia de seguridad escolar.

Artículo 115.- Los consejos escolares son órganos de apoyo de las autoridades encargadas de

aplicar el presente Titulo que tienen por objeto promover la participación de la comunidad escolar

en acciones que contribuyan a lograr la seguridad escolar.

Artículo 116.- En cada centro escolar habrá un consejo escolar, el cual se sujetará a lo previsto en

el presente título. Al efecto, deberán operar Consejos análogos en las escuelas particulares de

educación básica media y media superior.

En el caso de las instituciones de educación pública que dependan de la autoridad educativa federal,

o en el de las universidades autónomas con domicilio en el Estado, el titular del Ejecutivo Estatal

por conducto de la Secretaría de Educación, podrá celebrar los convenios de colaboración

necesarios para la aplicación del presente Titulo.

75

Artículo 117.- Los consejos escolares se integrarán en cada plantel educativo de la siguiente

manera,

I. Autoridades en materia de Seguridad Pública que para tal efecto se designen;

II. Directivos de los Planteles Educativos;

III. Autoridades en materia de Protección Civil que para tal efecto se designen; y

IV. Representantes de la Sociedad de Padres de Familia.

Artículo 118.- Además de las establecidas en otros ordenamientos aplicables, corresponde a los

consejos escolares, las atribuciones siguientes:

I. Diseñar y aplicar medidas preventivas que propicien un entorno escolar sano, confiable y seguro

para la educación;

II. Fomentar en la comunidad escolar la cultura de la denuncia ciudadana de aquellas acciones

delictivas o contrarias a la legalidad;

III. Hacer del conocimiento al Directivo del centro escolar y en su caso, a la autoridad competente

sobre los hechos presuntamente delictivos o de situación de riesgo de la comunidad escolar;

IV. Constituirse en vínculos efectivos de coordinación entre las autoridades en materia de

Seguridad Escolar para el cumplimiento de las disposiciones de este Título;

V. Proponer al Directivo del centro escolar correspondiente, gestione ante quien corresponda los

recursos para cubrir las necesidades que en materia de seguridad escolar requiera el centro escolar;

VI. Hacer del conocimiento del Directivo del centro escolar correspondiente, de aquellos

estudiantes que requieran algún tratamiento específico de salud o necesidad educativa especial;

VII. Llevar registro de aquellos establecimientos comerciales y/o negocios en general que a juicio

del consejo escolar constituyan una situación de riesgo, así como su difusión entre la comunidad

escolar;

VIII. Proponer al Directivo del centro escolar correspondiente, que otorgue reconocimientos a los

miembros de la comunidad escolar y de la sociedad en general, que se distingan por su valor cívico

y participación social en bien de las labores preventivas de seguridad escolar, así como a sus

propios miembros;

IX. Gestionar ante la autoridad municipal respectiva la instalación de alumbrado público, cámaras

de video vigilancia, de infraestructura vial, de señalización y de limpieza en el perímetro del centro

escolar correspondiente;

X. Promover y difundir entre la comunidad escolar las actividades y capacitaciones que realicen;

76

XI. Promover la colaboración en la vigilancia vecinal tendiente a proteger al alumnado del centro

escolar que corresponda, así como la infraestructura educativa, especialmente en periodos

vacacionales y días inhábiles;

XIII. Promover la información a la comunidad escolar sobre el uso adecuado de los materiales que

existan en el centro escolar que puedan poner en peligro la integridad física del alumnado y prever

su manejo adecuado, y

XIV. Las demás atribuciones que conforme a esta ley y otras disposiciones aplicables le

correspondan.

Artículo 119.- Los consejos escolares para el cumplimiento del presente Titulo, actuarán por

conducto de sus respectivos Comités de Seguridad y Protección Civil.

Artículo 120.- El funcionamiento de los consejos escolares en materia de seguridad escolar se hará

conforme al presente Titulo, sin detrimento de las reglas previstas en la Ley de Educación del

Estado y demás normatividad aplicable.

El funcionamiento de los consejos escolares para efectos de este Título, será coordinado por la

Secretaría de Educación, a través de las Subsecretarías, Coordinaciones Generales, así como de las

Delegaciones Municipales respectivas.

Artículo 121.- Corresponde al Directivo o al encargado de los centros escolares:

I. Propiciar el respeto a la dignidad de los alumnos y el resto de la comunidad escolar;

II. Promover el respeto a la propiedad pública y privada;

III. Fomentar el compañerismo, los valores, la cultura y el deporte entre alumnos, personal docente,

administrativo y de apoyo;

IV. Implementar, en coordinación con la autoridad del ramo, programas permanentes de

concientización, formación e información, que aborden, entre otros, los temas de:

a) Prevención de adicciones;

b) Prevención contra el acoso escolar (bullying);

c) Educación sexual y prevención contra la violencia sexual;

d) Fortalecimiento de valores;

e) Uso responsable del Servicio de Asistencia Telefónica de Seguridad Pública;

f) Cultura de la legalidad;

g) Educación vial;

h) Violencia intrafamiliar;

i) Prevención a conductas contrarias a la armonía en la comunidad escolar, y

j) Protección civil.

V. Contar con un Programa Interno de Protección Civil del centro escolar con base al Programa

Escolar de Protección Civil que expida la Coordinación General de Protección Civil y las

Coordinaciones Municipales de Protección Civil;

77

VI. Canalizar para su atención a las diversas organizaciones e instituciones de los sectores público,

privado o social que corresponda, aquellos estudiantes que requieran algún tratamiento específico

de salud o necesidad educativa especial, con el consentimiento expreso de sus padres o tutores;

VII. Vigilar el aspecto sanitario del centro escolar a su cargo;

VIII. Promover el consumo de alimentos nutritivos;

IX. Promover el respeto al entorno y al cuidado del medio ambiente;

X. Coordinar al interior del centro escolar a su cargo, la revisión del alumnado a fin de detectar

cualquier factor de riesgo hacia su persona o a la comunidad escolar, designando en su caso al

personal educativo idóneo para dicho propósito;

XI. Denunciar los hechos presuntamente delictivos o de situación de riesgo cuando tenga

conocimiento de estos ante las autoridades competentes;

XII. Contar con un botiquín de primeros auxilios, y

XIII. Las demás acciones que conforme a este Título y otras disposiciones aplicables le

correspondan.

Las obligaciones señaladas en el presente artículo se realizarán dentro del instrumento de

planeación estratégica de cada centro escolar,

Artículo 122.- Corresponde al personal docente, administrativo y de apoyo de los centros

escolares:

I. Propiciar el respeto a la dignidad de los alumnos y el resto de la comunidad escolar;

II. Promover el respeto a la propiedad pública y privada;

III. Fomentar el compañerismo, los valores, la cultura y el deporte en el centro escolar;

IV. Auxiliar al directivo o responsable del centro escolar, en la implementación de los programas

permanentes de concientización, formación e información, que aborden, entre otros, los temas de:

a) Prevención de adicciones;

b) Prevención contra el acoso escolar (bullying);

c) Educación sexual y prevención contra la violencia sexual;

d) Fortalecimiento de valores;

e) Uso responsable del Servicio de Asistencia Telefónica de Seguridad Pública;

f) Cultura de la legalidad;

g) Educación vial;

h) Violencia intrafamiliar;

i) Prevención a conductas contrarias a la armonía en la comunidad escolar, y

j) Protección civil.

V. Participar en la elaboración e implementación del Programa Interno de Protección Civil;

78

VI. Promover la higiene de los alumnos a su cargo;

VII. Promover el consumo de alimentos nutritivos;

VIII. Promover el respeto al entorno y al cuidado del medio ambiente;

IX. Auxiliar al directivo o responsable del centro escolar en la revisión del alumnado a su cargo

para detectar cualquier situación de riesgo;

X. Hacer del conocimiento del directivo o responsable del centro escolar, los hechos presuntamente

delictivos o de situación de riesgo cuando tenga conocimiento de estos ante las autoridades

competentes, y

XI. Las demás acciones que conforme a esta Ley y otras disposiciones aplicables le correspondan.

CAPÍTULO CUARTO

PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD ESCOLAR

Artículo 123.- El Programa Estatal de Seguridad Escolar es el documento emitido por la Secretaría

de Educación en coordinación con la Secretaria de Seguridad Pública, que contiene el conjunto de

acciones preventivas, de seguimiento y de atención de la Comunidad Escolar y de su infraestructura

educativa, con el objeto de detectar y minimizar los factores de riesgo delictivo, adictivo y de

cualquier otra circunstancia que la ponga en peligro.

Las autoridades señaladas en el Artículo 107 de este Título, se sujetarán a las disposiciones

establecidas en el Programa Estatal de Seguridad Escolar.

Artículo 124.- El Programa Estatal de Seguridad Escolar se revisará anualmente respecto de su

contenido y resultados.

La Secretaría de Educación, la Secretaria de Seguridad Pública y los Ayuntamientos

implementarán y darán seguimiento al Programa Estatal de Seguridad Escolar, con la participación

de las autoridades en materia de seguridad escolar previstas en el presente Titulo.

La Secretaría de Seguridad informará, por conducto del Secretario Ejecutivo, al Consejo Estatal de

Seguridad, anualmente o cuando sea requerido por éste, sobre los resultados y avances del

Programa Estatal de Seguridad Escolar.

Artículo 125.- El Programa Estatal de Seguridad Escolar deberá atender, por lo menos, los rubros

siguientes:

I. La prevención y tratamiento de adicciones;

II. La prevención de conductas antisociales y cualquier otra situación de riesgo;

III. La vinculación de los integrantes de la comunidad escolar en la implementación del presente

programa;

79

IV. La atención de infraestructura educativa segura y entorno social de los Centros Escolares;

V. Articular los programas educativos federales en materia de seguridad escolar al Programa

Estatal de Seguridad Escolar;

VI. La participación con los diversos sectores público, privado y social, para los fines del Programa

Estatal de Seguridad Escolar, y

VII. El fomento en la comunidad escolar de una cultura de prevención del delito y autoprotección

de cualquier situación de riesgo, así como de la cultura de la legalidad y la denuncia.

Artículo 126.- Las autoridades en materia de seguridad escolar previstas en el presente Titulo,

deberán incorporar el Programa Estatal de Seguridad Escolar en sus respectivos programas anuales

de operación.

CAPÍTULO QUINTO

PROGRAMA ESCOLAR DE PROTECCIÓN CIVIL

Artículo 127.- El Programa Escolar de Protección Civil es el instrumento rector en materia de

protección civil para los centros escolares, cuya expedición estará a cargo de la Coordinación

General de Protección Civil y contiene los subprogramas de prevención, auxilio y recuperación.

El Programa Escolar de Protección Civil servirá como base para que en cada centro escolar se

cuente con un Programa Interno de Protección Civil, en cuya elaboración participe la comunidad

escolar; será autorizado por la Coordinación General de Protección Civil y su aplicación será

supervisada por dicha autoridad, las Coordinaciones Municipales de Protección Civil y la

Secretaria de Educación.

Artículo 128.- En el subprograma de prevención se definirán medidas para evitar y mitigar el

impacto destructivo de desastres de origen natural o humano sobre la comunidad escolar y medio

ambiente, siendo como mínimas, las siguientes:

I. Realizar análisis de riesgos, externos e internos.

II. Actualizar directorios e inventarios.

III. Revisión de normas y señales y equipamiento conforme a la normatividad aplicable.

IV. Programa de mantenimiento.

V. Conformar, coordinar y capacitar brigadas.

VI. Implementar medidas de difusión de acciones.

VII. Ejercicios y simulacros.

VIII. Procedimiento de cierre forzoso.

80

Artículo 129.- En el subprograma de auxilio se engloban las acciones que se llevan a cabo en el

momento en que se presenta una contingencia, están enfocadas a salvaguardar a la comunidad

escolar y se integra de la siguiente forma:

I. Etapa de alertamiento: a través de la cual se requiere llamar la atención de quienes se encuentran

en el centro, escolar cuando se detecta la presencia o proximidad de un incidente.

En esta etapa se debe definir el nombre y ubicación del responsable y suplentes del Comité de

Seguridad Escolar y Protección Civil del Consejo Escolar, así como el establecimiento de un

sistema identificable entre toda la población.

II. Plan de emergencia: que deberá contener actividades y procedimientos específicos para proteger

a la comunidad escolar e infraestructura educativa cuando impacte una contingencia.

Se debe establecer un centro de comando de emergencias, debidamente localizado e

intercomunicado que coordine las operaciones.

III. La evaluación de daños: que deberá contemplar mecanismos y medidas para determinar la

dimensión de la contingencia, la cuantificación de daños humanos y materiales, las necesidades

que deben cubrirse y la previsión de eventos secundarios.

Artículo 130.- El subprograma de recuperación se constituye con una serie de acciones orientadas

a la reconstrucción, mejoramiento o reestructuración de los sistemas dañados por la contingencia,

se derivan de la revisión y análisis de las condiciones físicas internas y externas de las instalaciones

y de la salvaguardia de quienes hayan sido evacuados o movilizados como resultado de la

contingencia, procurando garantizar su regreso a las instalaciones de la manera más segura.

Artículo 131.- En cada centro escolar operará un Comité de Seguridad Escolar y Protección Civil

perteneciente al Consejo Escolar que será responsable de la operación del Programa Interno de

Protección Civil.

Artículo 132.- El Comité de Seguridad Escolar y Protección Civil tendrá las funciones siguientes:

I. Elaborar un diagnóstico de riesgos del centro escolar ajustado a su realidad y entorno.

II. Actualización de directorios e inventarios.

III. Conformación y coordinación de brigadas.

IV. Recibir o solicitar capacitación.

V. Revisión periódica de áreas de riesgo.

VI. Realizar ejercicios y simulacros.

VII. Revisión de procedimientos.

Artículo 133.- En caso de que en un mismo edificio se concentren varios niveles educativos, deberá

existir un Comité de Seguridad Escolar y Protección Civil por cada uno de ellos.

81

En cada Comité de Seguridad Escolar y Protección Civil existirá, por lo menos, brigadas de:

Comunicación, evacuación, primeros auxilios, prevención de incendios, así como búsqueda y

rescate.

La integración de las brigadas se regirá en los términos específicos de cada Programa Escolar de

Protección Civil, atendiendo a las particularidades de cada centro escolar.

En el Comité de Seguridad Escolar y Protección Civil participará un brigadista por cada diez

personas que asistan al centro escolar.

CAPÍTULO SEXTO

PROCEDIMIENTO DE CIERRE FORZOSO

Artículo 134.- El procedimiento de cierre forzoso, previsto en el presente Titulo, es aquel destinado

a restringir el movimiento en el centro escolar ante una situación de riesgo.

Artículo 135.- Las condiciones en las cuales debe activarse el procedimiento de cierre forzoso

pueden ser cualquiera de las siguientes:

I. Situaciones que impliquen el uso de armas de fuego, explosivos o de cualquier otro tipo.

II. Cuando un operativo policial o militar está en acción próxima o en el centro escolar mismo.

III. Cuando alguien tome rehenes.

IV. Cuando se suscite alguna emergencia de sustancias químicas.

V. Situaciones de fenómenos hidrometereológicos, o

VI. Cualquier otra situación análoga a las anteriores que igualmente ponga en riesgo a la comunidad

escolar.

Artículo 136.- Cualquier persona que se percate de la situación de riesgo deberá notificarlo

inmediatamente al personal directivo y/o personal docente y, en su caso, obtener la descripción

física del sospechoso y las circunstancias de la situación de riesgo.

Artículo 137.- Cuando el personal directivo es notificado de una situación de riesgo debe adquirir

la mayor cantidad de información detallada acerca de la misma y, de ser posible, confirmarla.

Después de haber ponderado la información y confirmado la situación respectiva, el personal

directivo inmediatamente deberá implementar el procedimiento de cierre forzoso, enfocándose en

mantener la calma. Asimismo, en todo momento debe ejercitar sentido común y tener siempre

presente que su única prioridad es la seguridad del alumnado y su personal.

Artículo 138.- Toda entidad gubernamental que, atendiendo a sus funciones, pueda atender alguna

situación de riesgo, está facultada para solicitar al personal directivo la activación del

procedimiento de cierre forzoso.

Artículo 139.- Una vez tomada la determinación de activación del procedimiento de cierre forzoso,

se procederá de la siguiente manera:

82

I. Activar la alarma, la cual debe estar diferenciada atendiendo al tipo de situación de riesgo;

II. Notificar al Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo, dependiente de la

Secretaría de Seguridad Pública, proporcionando la información pertinente en forma clara: quién

reporta, nombre del centro escolar, dirección, definición de la situación, información de lesionados,

rutas principales y alternas de acceso, en general, toda aquella de relevancia para su adecuada

atención;

III. El personal directivo deberá comunicar de la situación de riesgo a su superior inmediato a la

brevedad posible;

IV. Quienes se encuentren en el centro escolar deberán trasladarse al salón más próximo,

permanecer ahí o mantenerse en zona segura al aire libre dentro del centro escolar, según lo amerite

la situación. Deben agacharse, cubrirse, alejarse de las paredes, permanecer fuera de la línea de

visión exterior, si es posible cerrar cortinas o instalar y/o improvisar barreras visuales;

V. Si la situación amerita ingresar a espacios cerrados, todas las puertas y ventanas deberán ser

cerradas con llave, únicamente se abrirán cuando un alumno o persona que se encuentre dentro del

centro escolar busque asilo y seguridad;

VI. Los alumnos y el personal de que se trate, deberán permanecer callados y apagar todos los

dispositivos eléctricos, electrónicos y audio-visuales, siendo el personal directivo el único que

utilizará estos medios para contactarse con la autoridad;

VII. Deberán evaluarse particularmente aquellas situaciones en que los alumnos requieran utilizar

el sanitario;

VIII. El personal docente deberá ser promotor de mantener la calma, así como de administrar

primeros auxilios, si las circunstancias lo ameritan;

IX. En casos muy especiales, como situaciones médicas, el personal directivo deberá coordinarse

con las autoridades del puesto de mando exterior para realizar una extracción;

X. Quienes se encuentren fuera del centro escolar deben alejarse lo más rápido posible hacia alguna

zona segura previamente identificada;

XI. Los padres o tutores que se encuentren en el exterior del centro escolar, no podrán ingresar al

área ni recoger a sus hijos hasta que el personal directivo lo indique, previa confirmación de la

autoridad a cargo; y

XII. El procedimiento de cierre forzoso permanecerá hasta que la autoridad a cargo declare la zona

segura.

CAPÍTULO SÉPTIMO

DENUNCIA Y REVISIONES PERIÓDICAS

Artículo 140.- Es obligación de la comunidad escolar reportar o hacer de conocimiento del consejo

escolar cualquier situación riesgo.

83

Artículo 141.- A su vez, el consejo escolar hará del conocimiento del Directivo del centro escolar

la situación de riesgo en cuestión para su atención y los efectos a que haya lugar.

Artículo 142.- Cuando se presuma que existen negocios, vendedores o comerciantes o cualquier

persona cercana o adyacente al centro escolar que venda o regale bebidas de graduación alcohólica,

estupefacientes, psicotrópicos o sustancias toxicas al alumnado, el consejo escolar o el Directivo

denunciarán la situación inmediatamente. Las autoridades competentes deberán solicitar a los

responsables la exhibición de los permisos, autorizaciones o licencias requeridos para su operación.

Artículo 143.- Con el fin de detectar la posesión de estupefacientes, psicotrópicos, armas o demás

sustancias u objetos prohibidos en el interior de los centros escolares, la Secretaría de Educación

autorizará por escrito a las instituciones policiales preventivas locales, la realización de revisiones

periódicas a las pertenencias de los alumnos, las cuales se examinarán detalladamente en su

presencia.

Se entiende por objeto prohibido aquél que, en sí mismo o por su uso, representa un riesgo para la

comunidad escolar y la infraestructura educativa. Tratándose de instituciones policiales preventivas

federales, se estarán a las disposiciones establecidas vía convenio con la Secretaría de Educación.

En los centros escolares privados se actuará en los términos del primer párrafo del presente artículo,

previa autorización de la autoridad correspondiente de los mismos.

CAPÍTULO OCTAVO

REGLAMENTOS INTERIORES DE LOS

CENTROS ESCOLARES EN MATERIA DE SEGURIDAD ESCOLAR

Artículo 144.- Los reglamentos interiores de los centros escolares deberán ser acordes al presente

Titulo y serán autorizados por la Secretaría de Educación, en los cuales se considerarán las

circunstancias propias de cada centro escolar y el nivel educativo que corresponda en materia de

seguridad escolar.

Artículo 145.- Los reglamentos interiores deberán especificar como mínimo lo siguiente:

I. Derechos y prohibiciones de los alumnos;

II. Obligaciones de los padres de familia o tutor;

III. Obligaciones para el personal directivo, docente, administrativo y de apoyo;

IV. Aquellos objetos que se consideren prohibidos o de uso restringidos;

V. Forma y tiempo en que deberán ser regresados a sus propietarios los objetos prohibidos o de

uso restringido que les fueran encontrados en poder de los alumnos, siempre y cuando éstos sean

de uso lícito;

VI. Los mecanismos alternativos de solución de controversias aplicables entre alumnos, y

VII. Sanciones a los alumnos.

84

Artículo 146.- Dentro de las prohibiciones de los alumnos a que se hace referencia en el artículo

que antecede, cuando menos deberán de establecerse las siguientes:

I. Faltar al respeto a la comunidad escolar;

II. Realizar acoso escolar o violencia en contra de algún integrante de la comunidad escolar;

III. Introducir y/o consumir bebidas de graduación alcohólica, estupefacientes, psicotrópicos o

sustancias toxicas en el centro escolar;

IV. Presentarse al centro escolar bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos, substancias

tóxicas o debidas de graduación alcohólica;

V. Fumar en el interior del centro escolar;

VI. Portar armas blancas o portar o disparar armas de fuego en el centro escolar o su perímetro

exterior, independientemente de las sanciones a que hubiera lugar que se deriven de otros

ordenamientos legales aplicables;

VII. Participar, promover, permitir o tolerar cualquier tipo de juegos de azar y juegos con apuestas

en el centro escolar;

VIII. Pintar, modificar, grabar, dibujar o rayar con fines vandálicos paredes, muros, bardas, salones

y demás infraestructura educativa;

IX. Poner en peligro en forma dolosa la seguridad de la comunidad escolar;

X. Causar daños, incendio, destrucción o deterioro de cualquier tipo en la infraestructura educativa;

XI. Participar en riñas en el centro escolar o su perímetro exterior;

XII. Proferir o incitar a otro, a amenazar o coaccionar a algún integrante de la comunidad escolar,

y

XIII. Crear o formar parte de pandillas o cualquier otra agrupación delictiva o contraria a la armonía

social.

Artículo 147.- Dentro de las obligaciones de los padres de familia o tutor, cuando menos deberán

de establecerse las siguientes:

I. Propiciar, inculcar y fomentar el respeto a la dignidad de sus hijos o pupilos, hacia sus

compañeros de estudio, personal directivo y docente, y en general hacia la Comunidad Escolar,

como base de la formación de valores en el hogar;

II. Inculcar y fomentar el estudio, la cultura, la salud y el deporte en sus hijos o pupilos;

III. Informar al consejo escolar o en su caso a las autoridades correspondientes, de cualquier

situación de riesgo que detecten;

85

IV. Asistir y participar en los diversos programas y actividades que se lleven a cabo en el centro

escolar en materia de Seguridad Escolar, realizados por las autoridades escolares o el consejo

escolar;

V. Conocer de las acciones en materia de protección civil al interior de los centros escolares

establecidas por las autoridades competentes, y en su caso, participar en los cursos, ejercicios,

simulacros y demás actividades que permitan reducir riesgos;

VI. Informar al personal directivo o al consejo escolar sobre cualquier irregularidad en el aspecto

sanitario y nutricional de los alimentos ofertados, así como cualquier otra en materia sanitaria en

el centro escolar, y

VII. Dar seguimiento a los programas de prevención, detección y atención de los factores de riesgo

adictivo o de cualquier otro que implique una afectación para sus hijos o pupilos con el apoyo de

la autoridad competente para tal efecto.

CAPÍTULO NOVENO

SANCIONES

Artículo 148.- El incumplimiento a las disposiciones contenidas en la presente Titulo, relativas a

la protección civil, serán sancionadas conforme lo previsto en el Libro Sexto del Código

Administrativo del Estado de México.

Artículo 149.- Es atribución exclusiva de la autoridad educativa competente, sancionar al alumno

conforme lo prevea el reglamento interior en materia de seguridad escolar de cada centro escolar.

Artículo 150.- El incumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente Titulo por parte del

personal directivo, docente, administrativo y de apoyo, serán sancionadas conforme lo previsto en

la Ley de Responsabilidad Administrativas del Estado de México.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”.

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico

oficial “Gaceta del Gobierno”.

TERCERO. El Titular del Ejecutivo expedirá el Reglamento de la presente Reforma, dentro de un

plazo no mayor de ciento ochenta días hábiles posteriores a la entrada en vigor de la misma, el cual

regulará, aclarará o ampliará lo normado por esta Ley.

CUARTO. Los recursos para la operación y funcionamiento del programa policía de estrategia

escolar contara con los recursos suficientes para la implementación, operación y funcionamiento

del mismo, el Titular del Ejecutivo del Estado, solicitará ante la Legislatura que se autorice el

presupuesto económico para la ejecución de la presente Ley y su Reglamento.

QUINTO.- Los Programas, Consejos y reglamentos derivados del presente decreto deberán ser

emitidos y constituidos en un plazo de 180 días naturales a la entrada en vigor del presente decreto.

Lo tendrá por entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla.

86


México, a los __días del mes de ______ del año dos mil diecinueve.

A T E N T A M E N T E

DIPUTADA INGRID KRASOPANI SCHEMELENSKY CASTRO

VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL


Comisiones Legislativas de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Seguridad Pública y

Tránsito, para su estudio y dictamen.

En cuanto al punto número 11 del orden del día, corresponde el uso de la palabra al diputado

José Antonio García García, para presentar en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción

Nacional, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas

disposiciones de la Ley para la Protección, Integración y Desarrollo de las Personas con

Discapacidad en el Estado de México.

DIP. JOSÉ ANTONIO GARCÍA GARCÍA. Muchas gracias Presidenta, con su venia y con la venia

de los integrantes de la Mesa Directiva, saludo con mucho aprecio a las diputadas y diputados, al

público que el día de hoy nos acompaña, quiero comentar que el día de hoy se encuentra en este

pleno mi padre y mi madre, quiero muchas gracias diputados, muchas gracias diputadas, quiero

comentar que soy de las personas que piensan que a quien se le debe la vida, se le debe todo.

Yo estoy muy agradecido por ese esfuerzo y ese acompañamiento de mi padre y de mi

madre a lo largo de mi carrera, gracias por estar el día de hoy aquí, gracias por estar siempre.

Gracias.

Procedo a dar lectura a la iniciativa, la cual dispone que de acuerdo con la Convención sobre

los Derechos de Personas con Discapacidad, las personas con discapacidad son aquellas que

muestran alguna diversidad funcional de tipo físico, mental, intelectual o sensorial, que al

interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad

en igualdad de condiciones con las demás personas.

En México, de acuerdo con datos de la encuesta nacional de la dinámica geográfica,

celebrada en el año 2018, llevada a cabo por el INEGI, señalan que a nivel nacional el 6.3% de la

población padece algún tipo de discapacidad, cifra que representa a poco más de 7.8 millones de

personas que presentan algún grado de discapacidad; de las cuales el 45.9% son hombres y el 54.1

son mujeres.

Dichos datos del INEGI refieren que las principales dificultades que afectan al nivel

nacional a las personas que presentan algún tipo de discapacidad son: la discapacidad motriz, la

cual afecta al 52.7 por ciento de las personas; la discapacidad visual, la cual afecta al 39 por ciento

de las personas; la discapacidad para aprender, recordar o concentrarse, la cual afecta al 19.1 por

ciento de las personas, y la discapacidad auditiva, la cual afecta al 18.4 por ciento de las personas.

Respecto al Estado de México, de acuerdo con datos del Plan Estatal de Desarrollo, llevado

a cabo en el año 2017-2023, el 63 por ciento de la población mexiquense presenta algún grado de

discapacidad visual, a su vez el 59.5 por ciento presenta problemas para caminar, así como el 42.4

por ciento presenta problemas para aprender, recordar o concentrarse; mientras que el 35.9 por

ciento presenta algún grado de discapacidad auditiva, además de que el 32.6 por ciento presenta

dificultades para moverse, para usar sus brazos o manos, igualmente, el 23.2 por ciento de los

mexiquenses presenta problemas emocionales o mentales y el 18 por ciento presenta problemas

para vestirse o comer.

Actualmente uno de los grandes problemas que enfrentan las personas con discapacidad

son los obstáculos para ejercer su derecho al trabajo, pues de acuerdo con el estudio la inclusión

laboral en México avances y retos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social las personas con

87

discapacidad enfrentan una situación problemática con respecto a su integración en las diferentes

áreas de la vida social y en particular a su participación en el mercado laboral pues señala que las

posibilidades de tener un trabajo dignamente remunerado conservarlo y estar en condiciones de

progresar en él son lejanas para la mayoría de estas personas y no por la falta de capacidades sino

por la falta de oportunidades.

De acuerdo con el estudio el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Elemento

necesario para su respectiva inclusión social llevado a cabo por la Organización Impunidad Cero

señala que en México sólo tres de cada 10 personas con discapacidad tienen empleo las cuales

lamentablemente ganan el 33.5 por ciento menos que las personas. Asimismo; según estimaciones

de la Organización Internacional del Trabajo la exclusión de las personas con discapacidad del

mercado del trabajo supone un gran derroche de potencial que conlleva una pérdida del Producto

Interno Bruto entre un 3 por ciento y un 7 por ciento la falta de un empleo formal por parte de este

sector vulnerable se traduce en falta de ingresos para su desarrollo y que puede conllevar a la

pobreza, pues según datos del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo

Social, infiere que el 54.1 por ciento de las personas con discapacidad se encuentra en condiciones

de pobreza cifra superior a la tasa de prevalencia de la pobreza a nivel nacional la cual es del 46.2

por ciento si bien si bien a nivel nacional en los últimos años se han llevado a cabo esfuerzos por

parte de diversas organizaciones, organismos y cámaras empresariales para incorporar al mercado

laboral a trabajadores con discapacidad lo cierto es que aún falta mucho por hacer para poder

ofrecer y ampliar mayores oportunidades laborales a personas con discapacidad en igualdad de

oportunidades y posibilidades de desarrollo personal laboral y económico en virtud de ello la

inclusión de personas con discapacidad en el campo laboral no debe de estar limitada a políticas

públicas que incentiven su contratación.

Tienen la iniciativa privada sino que dichos incentivos deben contemplarse con políticas

públicas orientadas a la contratación de dichos grupos vulnerables en el sector público ampliándose

así el número de beneficiadas y beneficiados derivado de lo anterior, la presente iniciativa tiene

como objetivo establecer al Instituto Mexicano para la integración y desarrollo de las personas con

discapacidad la atribución de promover y ejecutar acciones específicas que busquen incorporar a

las personas con discapacidad como servidores públicos de los poderes del Estado y los

Municipios. Asimismo; la presente propuesta establece la obligación a los poderes del Estado y a

los 125 ayuntamientos de contratar progresivamente a personas con discapacidad hasta alcanzar

cuando menos el 3 por ciento de su plantilla laboral las cuales deberán cumplir con los requisitos

de ingreso y contar con las aptitudes para el desempeño de las funciones correspondientes el

proporcionar a personas con discapacidad la posibilidad de acceder a un empleo decente formal

con prestaciones y con salarios dignos les permitirá poder desarrollarse personal y

profesionalmente además de mejorar sus ingresos y por ende su nivel de vida y el de sus familias,

cabe señalar que actualmente en 18 Estados de la República Mexicana ya se establece esta

obligación en sus leyes respectivamente al incorporar con personas con discapacidad al mercado

laboral al sector público.

Por último quiero manifestarles a todas las personas que presentan algún grado de

discapacidad y que han sido rechazadas o discriminadas y que ha sido en sus centros de trabajo por

su condición que no están solas, que en Acción Nacional, entendemos su situación y refrendamos

nuestro compromiso por velar por sus derechos en igualdad de circunstancias; asimismo,

consideramos que su inclusión laboral tanto en el sector privado como en el público de nuestro

Estado, será la clave para el desarrollo social de la Entidad mexiquense, en virtud de ello es

indispensable hacer efectivo su derecho al trabajo brindando apoyos necesarios que permitan su

plena participación.


88

Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México,

13 de agosto del 2019.

DIPUTADA VIOLETA NAVA GÓMEZ



PRESENTE

El que suscribe, Diputado José Antonio García García, integrante de la LX Legislatura del Estado

de México por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo

dispuesto en los artículos 51, fracción II, 61, Fracción I de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de México, 28, fracción I y 30 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

Libre y Soberano de México, somete a consideración de esta H. Asamblea, la presente Iniciativa

con Proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley

para la Protección, Integración y Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Estado

de México, de conformidad con la siguiente:

Exposición De Motivos

Según la Declaración Universal de Derechos Humanos, las personas que nacen con una

discapacidad son libres, como cualquier persona, pero reconocen que corren mayor riesgo de que

sus derechos sean vulnerados.

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), las

personas con discapacidad son aquellas que muestran alguna diversidad funcional de tipo físico,

mental, intelectual o sensorial que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.1

En México de acuerdo con datos la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID)

2018 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que a nivel nacional poco

más de 7.8 millones de personas presentan algún tipo de discapacidad, cifra que representa al 6.3%

de la población total a nivel nacional, de los cuales el 45.9% son hombres y 54.1% mujeres.2

Dichos datos del INEGI refieren que las principales dificultades que afectan a las personas que

presentan algún tipo de discapacidad son: la discapacidad motriz, la cual afecta al 52.7% de las

personas, la discapacidad visual la cual afecta al 39% de las personas, la discapacidad para aprender

recordar o concentrarse, la cual afecta al 19.1% de las personas y la discapacidad auditiva, la cual

afecta al 18.4% de las personas

Respecto al Estado de México, de acuerdo a datos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023, el

63% de la población mexiquense presenta discapacidad para visual, mientras que el 59.5%, 1 Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2014), Observaciones finales sobre el

informe inicial de México, ONU; disponible en la pág. web. https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf, consultado el día 10-06-2019 2 Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica; INEGI; disponible en la pág. web.-

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadid/2018/doc/resultados_enadid18.pdf, consultada el día 12/06/2019.

https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadid/2018/doc/resultados_enadid18.pdf

89

presenta problemáticas para caminar, subir o bajar usando sus piernas, el 42.4% para Aprender,

recordar o concentrarse, el 35.9% para Escuchar, el 32.6% para Mover o usar sus brazos o manos;

23.2 Por problemas emocionales o mentales; el 23.2% para Bañarse y el 18.0 presenta problemas

para vestirse o comer.

Actualmente una de los grandes problemas que enfrentan las personas con discapacidad, son los

obstáculos para ejercer su derecho al trabajo, principalmente los relacionados con actos

discriminatorios y la falta de infraestructura adecuada en los centros de trabajo.

De acuerdo al estudio “la inclusión laboral en México: Avances y retos”3, en México las personas

con discapacidad enfrentan una situación problemática con respecto a su integración en las

diferentes áreas de la vida social y, en particular, a su participación en el mercado laboral, pues

señala que, las posibilidades de tener un trabajo dignamente remunerado, conservarlo y estar en

condiciones de progresar en él, son lejanas para la mayoría de las personas, y más para aquéllas

con discapacidad.

En este sentido la inclusión de personas con discapacidad en el campo laboral no debe estar limitada

a políticas públicas que incentiven su contratación en la iniciativa privada, sino que dichos

incentivos deben complementarse con políticas públicas orientadas a la contratación de dicho grupo

vulnerable en el sector público, ampliándose así el número de beneficiadas y beneficiados.

En virtud de lo anterior la presente iniciativa tiene como objetivo Promover y ejecutar acciones

específicas de incorporación de personas con discapacidad como servidores públicos de los poderes

Estado y los municipios, estableciendo la obligación a los Poderes del Estado y los Ayuntamientos

de contratar progresivamente a personas con discapacidad, hasta alcanzar cuando menos el 3% de

su plantilla laboral, las cuales deberán cumplir con los requisitos de ingreso y contar con las

aptitudes para el desempeño de las funciones correspondientes.

Cabe señalar que actualmente en dieciocho Estados de la República Mexicana, como lo son:

Aguascalientes, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Hidalgo,

Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala,

Veracruz, Zacatecas y Veracruz, establecen la obligación en sus leyes respectivas de incorporar a

personas con discapacidad al mercado laboral.

En el Grupo Parlamentario del Acción Nacional consideramos que la inclusión laboral de personas

con discapacidad en el sector público, no se trata de “ayudarlos” a ellos, sino de adoptar una

perspectiva de innovación y productividad que nos permita valorar sus aportes en beneficio de la

ciudadanía mexiquense.

Por lo anteriormente expuesto, fundamentado y motivado, sometemos a la consideración de ésta

H. Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

DECRETO NÚMERO___ 3 Inclusión laboral en México: Avances y retos; Biblioteca Mexicana del Conocimiento; disponible en la

pág. web. :http://www.stps.gob.mx/bp/gob_mx/Libro-Inclusion%20Laboral%20en%20Mexico-Avances%20y%20retos%20version%20digital.pdf; consultada el día 12/06/2019.

http://www.stps.gob.mx/bp/gob_mx/Libro-Inclusion%20Laboral%20en%20Mexico-Avances%20y%20retos%20version%20digital.pdf

http://www.stps.gob.mx/bp/gob_mx/Libro-Inclusion%20Laboral%20en%20Mexico-Avances%20y%20retos%20version%20digital.pdf

90

LA H. “LX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO

DECRETA:

Artículo Único. Se Adicionan una fracción VIII Bis al artículo 40 y un artículo 40 Bis a la Ley

para la Protección, Integración y Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Estado de

México, para quedar como sigue:

Artículo 40.- …

I a la VIII. …

VIII Bis. – Promover y ejecutar acciones específicas de incorporación de personas con

discapacidad como servidores públicos de los poderes Estado y los municipios.

IX a la X. …

40 Bis. - Los Poderes del Estado y los Ayuntamientos deberán contratar progresivamente a

personas con discapacidad, hasta alcanzar cuando menos el 3% de la plantilla laboral, las

cuales deberán cumplir con los requisitos de ingreso y contar con las aptitudes para el

desempeño de las funciones correspondientes.

IX a la X. …

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”.

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

TERCERO. Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a lo

establecido en el presente Decreto.


Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca, Capital del Estado de México, a

los trece días del mes de agosto del año dos mil diecinueve.

ATENTAMENTE

Diputado José Antonio García García. PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Se registra la iniciativa y remite a las

Comisiones Legislativas Para la Atención de Grupos Vulnerables y de Trabajo, Previsión y

Seguridad Social, para su estudio y dictamen.

De conformidad con el punto número 12 del orden del día, se concede el uso de la palabra

al diputado Edgar Armando Olvera Higuera, para presentar en nombre del Grupo Parlamentario de

Acción Nacional, Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona al artículo 129 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

Adelante diputado.

DIP. EDGAR OLVERA HIGUERA. “No puede haber fe en el Gobierno si los más altos cargos

están libres de escrutinio; deben dar el ejemplo de transparencia”. Edward Snowden.

91

Buenas tardes compañeras y compañeros diputados, a los diputados integrantes de la Mesa

Directiva, nuestra Presidenta de la Mesa Directiva, en especial a mi compañero José Antonio

García, que habla muy bien el ser agradecido y muestras de su corazón de la generosidad que tienen

a sus padres, saludo también a su señor padre, a su señora madre por estar aquí presentes.

Con su permiso Presidenta. De conformidad con lo establecido en el artículo 51 fracción II,

57 y 61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 38 fracción

II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y su

Reglamento, por su digno conducto el que suscribe diputado Edgar Armando Olvera Higuera, a

nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, someto a consideración de esta Honorable

Soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 129 de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el objeto de considerar el

principio de economía y transparencia en la ejecución del gasto de la Entidad y municipios de

acuerdo a la siguiente:

EXPIOSICIÓN DE MOTIVOS

La rendición de cuentas es imprescindible en los Gobiernos democráticos al vincular

permanentemente a gobernados y a gobernantes, determinante para generar condiciones de

legitimidad a través de informar y justificar las acciones de los servidores públicos en el

cumplimiento de sus obligaciones y en el manejo de los recursos, permitiendo la transparencia y la

participación ciudadana.

La transparencia implica contar con normas, practicas claras que guíen las diversas etapas

del proceso del presupuesto, significa tener acceso a la información oportuna, útil, clara,

exhaustiva, respecto a las finanzas públicas, el ejercicio inapropiado de los recursos públicos tiene

una afectación directa a la sociedad por no recibir los beneficios que conlleva el gasto social,

además se presentan problemas de registro y control y reintegro de los recursos públicos no

aplicados que afectan la transparencia del gasto en la Entidad, en base al Índice de Información

Presupuestal Estatal, IIPE 2017, realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO,

reprueba la Entidad con un nivel de 73 por ciento por una mala calidad de información presupuestal,

el incumplimiento de las obligaciones de la contabilidad gubernamental.

El promedio a nivel nacional es de 83 por ciento, esto significa que está por debajo del

promedio en diez puntos porcentuales en donde esta calificación refleja las condiciones de

insuficiencia en la transparencia de la Entidad, las practicas que carecen de transparencia y

economía en el gasto imposibilita la obtención de resultados, objetivos y metas trazadas, en

consecuencia se crea un desequilibrio que genera un ejercicio eficiente e ineficaz del gasto

limitando la rendición de cuentas.

Los recursos ejercidos por el Estado de México y Municipios deben estar acompañados de

mecanismos de economía y mayor transparencia que garanticen la rendición de cuentas y el uso

eficiente y eficaz del gasto.

En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional tenemos la obligación de dar

seguimiento permanente al uso responsable de los recursos públicos, cuidando que siempre sean

ejercidos con honradez y eficacia, resulta indispensable que la posición local se establezcan

específicamente con total claridad la obligación de administrar los recursos económicos del estado,

los municipios, los órganos autónomos con economía y transparencia dado que dichos principios

se encuentran limitados al no ser contemplados.

La lucha emprendida en Acción Nacional por la transparencia y el correcto ejercicio del

gasto público han sido permanentes con resultados reflejados en un marco jurídico que permite y

crean condiciones para su implementación, como diputados y representantes de la sociedad

mexiquense tenemos la obligación de legislar y proteger sus intereses, esos principios

fundamentales son necesarios para su reconocimiento y legitimación, en virtud de las

92

consideraciones planteadas, someto a esta honorable asamblea, la presente iniciativa y de estimarla

conducente se apruebe en sus términos, anexando el proyecto de decreto correspondiente.

Solicito que la iniciativa sea inscrita de forma completa en el Diario de los Debates y en la

Gaceta Parlamentaria.

Muchas gracias Presidenta, es cuanto.





PRESENTE

De conformidad con lo establecido en el artículo 51, fracción II; 57; y 61, fracción I; de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 38, fracción II, de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y su Reglamento, por su digno

conducto, la que suscribe el Diputado Edgar Armando Olvera Higuera, a nombre del Grupo

Parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a consideración de esta honorable soberanía

la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 129 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México con el objeto de considerar el

principio de economía y transparencia en la ejecución del gasto de la entidad y municipios, de

acuerdo a la siguiente:


La rendición de cuentas es imprescindible en los gobiernos democráticos plenos, al vincular

permanentemente a gobernados y gobernantes, determinante para generar condiciones de

legitimidad, a través de informar y justificar las acciones de los servidores públicos en el

cumplimiento de sus obligaciones y en el manejo de recursos, permitiendo la transparencia y la

participación ciudadana.

La transparencia implica contar con normas y prácticas claras que guíen las diversas etapas del

proceso del presupuesto. Asimismo, significa tener acceso a información oportuna, útil, clara y

exhaustiva respecto a las finanzas públicas y sus diferentes componentes. La transparencia en el

gasto coadyuva sin lugar a dudas a mejorar la eficiencia y la calidad del gasto público.

De acuerdo al reporte sobre Gasto Federalizado presentado el 30 de junio por la ASF, el Estado de

México encabeza la lista al recibir observaciones sobre el manejo de tres mil 499.1 millones de

pesos. Estos resultados dan cuenta de grandes irregularidades en el ejercicio del gasto público,

como consecuencia de la falta de claridad y de la omisión en la normativa correspondientes para

ejercer y administrar los recursos, con eficacia, eficiencia economía y transparencia. Tales

diagnósticos y resultados de la auditoría dan cuenta del sesgo existente en las medidas de

transparencia del gasto.

La economía de los recursos permite alcanzar los objetivos fijados en los programas, proyectos,

actividades o alguna función determinada minimizando el costo de los recursos utilizados, siendo

93

así una herramienta fundamental en la administración pública y determinante para una mejor oferta

de servicios públicos.

El ejercicio inapropiado de los recursos públicos tiene una afectación directa a la sociedad por no

recibir los beneficios que conlleva el gasto social, pero también se presentan problemas de registro,

control y reintegro de los recursos públicos no aplicados, que afectan la transparencia del gasto en

la entidad.

En base al índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE) 2016, realizado por el Instituto

Mexicano para la Competitividad (IMCO) reprueba a la entidad con un nivel de 59% por una mala

calidad de información presupuestal e incumplimiento de las obligaciones de contabilidad

gubernamental, el promedio a nivel nacional es de 76%, es decir está por debajo del promedio en

17 puntos porcentuales, esta calificación refleja las condiciones de insuficiencia en la transparencia

de la entidad.

De igual manera el Índice de Información Presupuestal Municipal 2016 (IIPM), realizado por el

IMCO, sitúa a dos municipios del Estado de México con mayor retroceso de los 453 evaluados de

2015 a 2016, el primero es Toluca al bajar 155 lugares pasando del 1 al 156 y Tlalnepantla al caer

79 posiciones.

Dichas prácticas imposibilitan la obtención de resultados, objetivos y metas trazadas, en

consecuencia se crea un desequilibrio que genera un ejercicio deficiente e ineficaz del gasto,

limitando la transparencia y la rendición de cuentas.

Se debe abonar a medidas y estrategias para la aplicación oportuna y eficaz del gasto, derivado de

la necesidad de aprovechar al máximo los recursos públicos, con el objeto de obtener resultados

que beneficien en el desarrollo de los mexiquenses.

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional tiene la obligación de dar un seguimiento permanente

al uso responsable del gasto público, al ser el motor indiscutible del crecimiento de la entidad,

velando por que el ejercicio de los recursos se realicen con honradez, además de exigir que los

responsables del manejo de los recursos sean sujetos de sanción por los casos de incumplimiento

o irregularidades existentes.

Es claro que se trata de una asignatura en proceso, sin embargo hay que redoblar esfuerzos

encaminados a la consolidación de una actitud ética de los funcionarios frente a los recursos que

administran y el debido cumplimiento de programas.

Por ello los recursos ejercidos por el Estado de México y municipios deben estar acompañados de

mecanismos de economía y mayor transparencia que garanticen la rendición de cuentas y el uso

eficiente y eficaz del gasto público.

Resultando indispensable que en la Constitución local se establezca específicamente y con total

claridad la obligación de administrar los recursos económicos del Estado, los municipios y los

órganos autónomos, con economía y transparencia, dado que dichos principios se encuentran

limitados al no ser contemplados.

94

En mérito de las consideraciones planteadas, someto a la estimación de la Asamblea la presente

iniciativa para que, de estimarla conducente, se apruebe en sus términos, anexando el proyecto de

decreto correspondiente.

La lucha emprendida en Acción Nacional por la transparencia y correcto ejercicio del gasto ha sido

permanente, con resultados reflejados en un marco jurídico que permiten y crean condiciones para

su implementación. Como diputados y representantes de la sociedad mexiquense tenemos la

obligación de legislar y proteger sus intereses, por ello estos principios fundamentales son

necesarios para su reconocimiento y legitimación.

Bajo este orden de ideas plateamos el siguiente decreto:

POR UNA PATRÍA ORDENADA Y GENEROSA”

DIP. EDGAR ARMANDO OLVERA

HIGUERA

DECRETO N°. _________

LA “LX”LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO.

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 129 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de México, para quedar como sigue:

Artículo 129.- Los recursos económicos del Estado, de los municipios, así como de los organismos

autónomos, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para

cumplir con los objetivos y programas a los que estén destinados.

…

…

…

…

…

…

…


PRIMERO.- Publíquese la presente reforma y adición, en el Periódico Oficial “Gaceta del

Gobierno”.

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico

Oficial “Gaceta del Gobierno”.


Dado en el Palacio del Poder legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de

México a ocho días del mes de agosto del año dos mil diecinueve.


comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Transparencia, Acceso a la

95

Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción, para su estudio

y dictamen.

Con base en el punto número 13 del orden del día, tiene el uso de la palabra la diputada

Claudia González Cerón, para leer la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman

las fracciones I y II del artículo 4.109, el artículo 4.127, la fracción II del artículo 4.129 y el

artículo 4.138 del Código Civil del Estado de México, presentada por el Diputado Omar Ortega

Álvarez, la Diputada Araceli Casasola Salazar y la Diputada Claudia González Cerón, en nombre

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante diputada.

DIP. CLAUDIA GONZÁLEZ CERÓN. Gracias Presidenta.

Con el permiso de la Mesa Directiva, buenas tardes a todos, buenas tardes compañeros

diputados y diputadas, con el reglamento nada más a leer el posicionamiento.

Con el paso del tiempo el dinamismo social ha manifestado cambios en los paradigmas

que solíamos conceptualizar la forma de vida y las reacciones entre las personas, cada vez se han

diversificado y lo que antes era un canon social, hoy es un recuerdo arcaico de ideales que algún

día fueron preponderantes.

El Grupo Parlamentario del PRD, se ha pronunciado como un instrumento para derribar

estos limitantes que de alguna manera consideran a una persona por cuestiones de género, sea cual

sea el caso, condenan a una persona.

En el Estado de México según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el

INEGI, en el 2015 los hogares se han ido modificando y se manifiestan de la siguiente manera: Los

hogares están conformados por personas que puede ser o no familiares, que comparten la misma

vivienda y se sostienen de un gasto común.

En el 2015 en la Entidad el INEGI registró 4 millones 168 mil 206 hogares, es decir, que el

28 por ciento tienen jefatura femenina; es decir, son dirigidos por una mujer, un millón 158, 268

hogares; el 72 por ciento tiene jefatura masculina, es decir, dirigidos por un hombre son 3 millones

9 mil 938 hogares, con estas cifras nos podemos dar una idea de los cambios en la dirección,

independientemente de las condiciones que hayan propiciado ese escenario, se deduce que

actuablemente no necesariamente es la mujer la que se dedica a los quehaceres del hogar o al

cuidado de los hijos, eso hace que sean imprescindibles algunos cambios en el Código Civil del

Estado de México, con la finalidad de darle representatividad, tanto a mujeres como a hombres,

dentro de un concubinato, unión conyugal o divorcio, debido a que este asume en su redacción que

la cónyuge o la concubina, es la que se encarga de estas actividades y por ende es la que tiene

derecho a recibir alimento dentro de la unión o separación.

Además la diversidad familiar requiere que la redacción permita una amplia cobertura a

esta pluralidad, dando una integración social completa a los nuevos escenarios que se viven en el

desenvolvimiento social ciudadano, siendo así el Grupo Parlamentario del PRD, propone la

modificación a las fracciones I y II del artículo 4.109, al artículo 4.127, a la fracción II del artículo

4.129 y al artículo 4.138 del Código Civil del Estado de México, con la finalidad de ofrecer una

mayor cobertura en pro de los ciudadanos, sabemos el trabajo arduo que representa parar la

Legislatura poder llegar a un punto de igualdad, pero paso a paso, con la determinación de cumplir

con el fin máximo de este poder, llegaremos a un nivel de reconocimiento más amplia, queremos

avanzar legislativamente para poder ofrecer reformas más representativas ad hoc con la ciudadana,

permitiendo que el efecto de la misma, pueda verse reflejado en el resultado más positivo, sin

prejuicios o estándares de predeterminados por una cultura histórica y en desuso.

Presidenta, le pido de favor que se inserte integra la presente iniciativa al Diario de los

Debates, es cuanto Presidenta, Gracias.

Toluca de Lerdo, México a 09 de Agosto de 2019

96

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA

H. LX LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE

Y SOBERANO DE MÉXICO

PRESENTES

En ejercicio de las facultades que me confieren, lo dispuesto por los artículos 57 y 61, fracción I

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 38 fracción IV, de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo; y 72 de su Reglamento, los que suscriben, Diputado Omar

Ortega Álvarez, Diputada Araceli Casasola Salazar y Diputada Claudia González Cerón, en

representación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sometemos a

consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el

que se reforman las fracciones I y II del artículo 4.109, el artículo 4.127, la fracción II del artículo

4.129 y el artículo 4.138 del Código Civil del Estado de México, conforme a lasiguiente:


En la necesidad de un mayor reconocimiento de igualdad es importante que se realicen las

modificaciones pertinentes a la ley para poder hacer efectiva esta realidad que poco a poco hemos

visto materializarse para converger con el status quo de la sociedad.

Actualmente se han ido rompiendo muchos paradigmas que nos han permitido avanzar

legislativamente para poder ofrecer reformas más representativas y ad hoc con la ciudadanía. En

el Estado de México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2015,

los hogares se han ido modificando y se manifiestan de la siguiente manera:

Hogares

Los hogares están conformados por personas que pueden ser o no familiares, que comparten la

misma vivienda y se sostienen de un gasto común.

2015: En la entidad hay 4 168 206 hogares.

28% tienen jefatura femenina, es decir, son dirigidos por una mujer (1 158 268 hogares).

72% tienen jefatura masculina, es decir, son dirigidos por un hombre (3 009 938 hogares). FUENTE: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

Con estas cifras, nos podemos dar una idea de los cambios en la dirección de los hogares,

independientemente de las condiciones que hayan propiciado ese escenario, se deduce que

actualmente, no necesariamente es la mujer la que se dedica a los quehaceres del hogar o al cuidado

de los hijos, eso hace que sean necesarios cambios en el Código Civil del Estado de México con la

finalidad de darle representatividad tanto a mujeres como a hombres dentro de un concubinato,

unión conyugal o divorcio, debido a que este asume en su redacción que la cónyuge o la concubina

es la que se encarga de estas actividades.

Idea que se muestra arcaica ante nuevas formas de convivencia que se han ido manifestando desde

hace años, además, en el tenor de las nuevas reformas en pro de la diversidad de familias, que no

solo consideran a los matrimonios biparentales sino también a los homoparentales, es necesario

que la redacción permita una amplia cobertura a esta pluralidad, dando una integración social

completa a los nuevos escenarios que se viven en el desenvolvimiento social-ciudadano.

97

Siendo así, el GPPRD propone la modificación a las fracciones I y II del artículo 4.109, al artículo

4.127, a la fracción II del artículo 4.129 y al artículo 4.138 del Código Civil del Estado de México,

con la finalidad de ofrecer una mayor cobertura de los mismos y en pro de los ciudadanos.

Sabemos del trabajo arduo que representa para la legislatura poder llegar a un punto de igualdad,

pero pasó a paso y con la determinación de cumplir con el fin máximo de este poder llegaremos a

un nivel de reconocimiento más amplio.

Por lo antes expuesto, se propone el proyecto de Decreto que adjunto se acompaña.


DIP. OMAR ORTEGA ÁLVAREZ

DIP. ARACELI CASASOLA SALAZAR DIP. CLAUDIA GONZÁLEZ CERÓN

DECRETO NÚMERO: ____________

LA H. "LX" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO. - Proyecto de Decreto por la cual se reforman las fracciones I y II del

artículo 4.109, el artículo 4.127, la fracción II del artículo 4.129 y el artículo 4.138 del Código Civil

del Estado de México, para quedar como sigue:

Alimentos de los cónyuges en el divorcio voluntario.

Artículo 4.109.

En el divorcio voluntario se tendrá derecho a recibir alimentos por el mismo lapso de duración del

matrimonio, sólo cuando se esté en cualquiera de los siguientes supuestos:

I. Cualquiera de los cónyuges que haya realizado trabajo del hogar consistente en tareas de

administración, dirección, atención y cuidado de la familia de manera cotidiana, durante el

matrimonio.

II. Cualquiera de los cónyuges que, por su condición o circunstancia, no pueda allegarse sus

alimentos.

Este derecho se disfrutará mientras no contraiga matrimonio o se una en concubinato.

Derecho de recibir alimentos.

Artículo 4.127.

Tienen derecho a recibir alimentos las y los hijos menores de edad o mayores de edad que se

dediquen al estudio, los discapacitados, los adultos mayores, cualquiera de los cónyuges que se

haya dedicado cotidianamente al trabajo del hogar, consistente en tareas de administración,

dirección, atención y cuidado de la familia y aquel o aquella que dentro de una unión conyugal

o en concubinato se encuentre imposibilitado física o mentalmente para trabajar, previa

acreditación con la documentación idónea expedida por una institución pública de salud.

Reglas sobre alimentos entre concubinos y los hijos.

98

Artículo 4.129.

Los concubinos están obligados a dar alimentos, conforme a las siguientes reglas y acciones

afirmativas:

I. …

II. Que el concubino o concubina carezca de bienes y que se haya dedicado cotidianamente

al trabajo del hogar, consistente en tareas de administración, dirección, atención y cuidado de las y

los hijos, tendrá derecho a alimentos, mismo que no será inferior al cuarenta por ciento del total

del sueldo, hasta que los hijos cumplan la mayoría de edad o que se dediquen al estudio. Tratándose

de las y los hijos mayores de edad discapacitados, previa acreditación con la documentación idónea

expedida por una institución pública de salud, al cuidado de alguno de los concubinos, el otro

deberá proporcionarlos de por vida. Cuando alguno de los concubinos se encuentre imposibilitado

física o mentalmente para trabajar, previa acreditación con la documentación idónea expedida por

una institución pública de salud, tendrá derecho a alimentos, el cual no será inferior al veinte por

ciento del total del sueldo, por el tiempo que haya durado el concubinato.

…

Alimentos de los cónyuges.

Artículo 4.138.

Los cónyuges están obligados a dar alimentos, conforme a las siguientes reglas y acciones

afirmativas:

El cónyuge que carezca de bienes y que durante el matrimonio haya realizado cotidianamente

trabajo del hogar consistente en tareas de administración, dirección, atención y cuidado de las y los

hijos tendrá derecho a alimentos, mismo que no será inferior al cuarenta por ciento del total del

sueldo, hasta que las y los hijos cumplan la mayoría de edad o que se dediquen al estudio, sin

menoscabo de la repartición equitativa de bienes.

Tratándose de las y los hijos mayores de edad discapacitados, previa acreditación con la

documentación idónea expedida por una institución pública de salud, al cuidado de alguno de los

cónyuges, el otro deberá proporcionarlos de por vida.

El cónyuge que no tenga hijas o hijos y que carezca de bienes o que durante el matrimonio haya

realizado cotidianamente trabajo del hogar, consistente en tareas de administración, dirección y

atención, tendrá derecho a alimentos, mismo que no será inferior al treinta por ciento del total del

sueldo, por el tiempo que haya durado el matrimonio, sin menoscabo de la repartición equitativa

de bienes.

El cónyuge que se encuentre imposibilitado física y mentalmente para trabajar, previa acreditación

con la documentación idónea expedida por una institución pública de salud, tendrá derecho a

alimentos, el cual no será inferior al veinte por ciento del total del sueldo, por el tiempo que haya

durado el matrimonio, sin menoscabo de la repartición equitativa de bienes.

99

En la resolución que se dicte con respecto a los alimentos, se fijarán las bases para actualizar la

pensión y las garantías para su efectividad.

Los alimentos determinados por convenio o sentencia, se modificarán de acuerdo a los ingresos del

deudor alimentario. En este caso, el incremento en los alimentos se ajustará a lo que obtenga el

deudor. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia o convenio

correspondiente.

Cuando no sean comprobables el salario o ingresos del deudor alimentario, la o el juez resolverá

tomando como referencia la capacidad económica y el nivel de vida que el deudor y sus acreedores

alimentarios hayan llevado en el último año, la cantidad correspondiente no podrá ser inferior a

una unidad de medida y actualización por cada acreedor alimentario.


PRIMERO. Publíquese el presente decreto en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico

Gaceta Oficial del Estado.


Dado en el Palacio del Poder Legislativo en Toluca de Lerdo, Estado de México a los _______ días

del mes de _______ del año dos mil diecinueve.

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Se registra la Iniciativa y se remite a las

Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y

Administración y Justicia, para su estudio y dictamen.

De acuerdo con el punto número 14 del orden del día, hace uso de la palabra la diputada

Julieta Villalpando Riquelme, para presentar en nombre del Grupo Parlamentario Encuentro Social,

Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se adiciona la fracción VIII del artículo 4 de

la Ley de la Defensoría Pública del Estado de México.

DIP. JULIETA VILLALPANDO RIQUELME. Buenas tardes a todos los presentes, con el permiso

de los Integrantes de la Directiva, saludo a quienes nos siguen por las diversas redes sociales,

agradezco a los medios de comunicación que están siempre atentos a esta sesión.

La Diputada Julieta Villalpando Riquelme, y diputada María de Lourdes Garay Casillas a

nombre del Grupo Parlamentario Encuentro Social, nos permitimos formular a esta “LX”

Legislatura del estado de México, iniciativa, con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona

la fracción VIII del artículo 4 de la Ley de la Defensoría Pública del Estado de México, atendiendo

a la siguiente:


De la cual daré lectura a una síntesis solicitando que el texto íntegro de la iniciativa sea

integrado en el Diario de los Debates.

En materia laboral el principio in dubio pro operario, ante la duda lo más favorable al

trabajador, debe hacerse realidad, en ese sentido, la legislación laboral, dispone que las partes en

el juico laboral tiene derecho a que se garantice su debida defensa y representación, por lo que

deberán estar asistidos por un apoderado legal quien deberá ser licenciado en derecho o abogado

titulado con cédula profesional, se impone la obligación al Tribunal Laboral ante la manifiesta y

sistemática incapacidad técnica del apoderado legal, previo a prevenir la parte afectada para que

designe otro abogado, cuando se trate del trabajador o sus beneficiarios.

100

El Tribunal está obligado a designar un abogado de la Defensoría Pública para que asuma

su representación jurídica, así para garantizar a las personas su derecho humano de debido proceso

en el juicio laboral en su vertiente de asistencia técnica adecuada, los abogados patrones o asesores

legales de las partes sean o no apoderados de estas deberán acreditar ser abogados o licenciado en

derecho con cédula profesional expedida por la autoridad legalmente competente que autorice el

ejercicio de la profesión.

Para los efectos anteriores se propone adicionar la fracción VIII al artículo 4 de la Ley del

Servicio de Defensoría Pública del Estado de México, con el fin de garantizar que los trabajadores

o sus beneficiarios cuenten por conducto de la defensoría pública con una defensa técnica que se

ocupe de su adecuada representación jurídica.

Es cuanto, muchas gracias.

Toluca de Lerdo, México agosto de 2019.

DIPUTADA PRESIDENTA DE LA DIRECTIVA DE LA

H. LX LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO

P R E S E N T E

Diputada Julieta Villalpando Riquelme a nombre del Grupo Parlamentario Encuentro Social con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 51 fracción II, 57 y 61 fracción I de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de México; 28 fracción I, 38 fracción I, 79 y 81 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México, me permito formular a esta Honorable LX

Legislatura del Estado de México, iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se adiciona

la fracción VIII del artículo 4 de la Ley de la Defensoría Pública del Estado de México,

conforme a la siguiente:


En materia laboral el principio indubio pro operando (ante la duda lo más favorable al trabajador)

debe hacerse realidad, en ese sentido la legislación laboral dispone que las partes en el juicio

laboral tienen derecho a que se garantice su debida defensa y representación; por lo que deberán

estar asistidos por un apoderado legal quien deberá ser Licenciado en derecho o abogado titulado

con cédula profesional.

Se impone la obligación al Tribunal laboral ante la manifiesta y sistemática incapacidad técnica

del apoderado legal, previo a prevenir a la parte afectada para que designe otro abogado; cuando

se trate del trabajador1 o sus beneficiarios, el Tribunal está obligado a designar un abogado de la

defensoría pública para que asuma su representación jurídica.

Al respecto, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito ha sostenido

que: El artículo 8, numeral 2, incisos d) y e),2 de la Convención Americana sobre Derechos

1 Ley Federal del Trabajo.

Artículo 8o.- Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Artículo 8. Garantías Judiciales

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente

su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

101

Humanos, contempla como garantía judicial del debido proceso, el derecho a que las personas

puedan defenderse personalmente o ser asistidas por un defensor de su elección, o bien a través de

alguno proporcionado por el Estado.

Así, para garantizar a las personas su derecho humano de debido proceso en el juicio laboral, en su

vertiente de asistencia técnica adecuada, los abogados patronos o asesores legales de las partes,

sean o no apoderados de éstas, deberán acreditar ser abogados o licenciados en derecho con cédula

profesional expedida por la autoridad legalmente competente que autorice el ejercicio de esa

profesión.

Aunado a ello, si por alguna circunstancia ajena a la percepción de las partes, resulta que a quien

se confió su defensa no está legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado o licenciado

en derecho, se estaría privando al representado del goce a su derecho humano de debido proceso,

en su vertiente de asistencia técnica adecuada, ante una falta o deficiente asesoramiento legal que

violentaría a su vez los derechos humanos de igualdad y equidad en la contienda, provocando con

ello la actualización de una violación procesal, puesto que al no contar el trabajador con una

asistencia técnica adecuada, estaría impedido de llevar una defensa apropiada, lo que de

actualizarse, puede trascender en el resultado del fallo.3

Para los efectos anteriores, se propone adicionar la fracción IV al artículo 6 de Ley del Servicio de

la Defensoría Pública del Estado de México, con el fin de garantizar que los trabajadores o sus

beneficiarios que, por razones económicas, no están en condiciones de cubrir los honorarios a un

abogado particular; cuenten por conducto de la defensoría pública con una defensa técnica que se

ocupe de su representación jurídica en juicio.

Por lo anteriormente expuesto y por las razones que se argumentan, somete a consideración de esta

Asamblea la adición de la fracción VIII del artículo 4 de la Ley de la Defensoría Pública del

Estado de México conforme al siguiente proyecto de decreto:

DECRETO NO.

La H. LX Legislatura del Estado de México, decreta:

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse

libre y privadamente con su defensor;

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la

legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido

por la ley; 3 DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO RELATIVO A LA ASISTENCIA TÉCNICA ADECUADA

EN EL JUICIO LABORAL. PARA SALVAGUARDARLO, LA JUNTA DEBE CORROBORAR A TRAVÉS DE

LA PÁGINA ELECTRÓNICA OFICIAL DEL REGISTRO NACIONAL DE PROFESIONISTAS DE LA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, QUE LOS ABOGADOS PATRONOS O ASESORES LEGALES DE

LAS PARTES, SEAN O NO SUS APODERADOS, TENGAN TAL CARÁCTER AL COMPARECER A JUICIO,

VERIFICANDO QUE EL DOCUMENTO CON EL QUE SE APERSONAN ESTÉ DEBIDAMENTE

REGISTRADO.

Época: Décima Época, Registro: 2014467, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada,

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, junio de 2017, Tomo IV, Materia(s): Constitucional,

Laboral, Laboral, Tesis: I.8o.T.6 L (10a.), Página: 2903

102

ÚNICO. Se adiciona la fracción VIII del artículo 4 de la Ley de la Defensoría Pública del Estado

de México, para quedar como sigue:

Artículo 4.-El Instituto tiene por objeto:

…

…

…

VIII. Asesorar en materia laboral, a cualquier persona y de manera preferente a

quienes tengan la calidad de trabajador o sus beneficiarios.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente decreto en periódico oficial Gaceta del Gobierno.

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado de México, a los ----del mes de ------- de 2019.


Comisiones Legislativas de Procuración y Administración de Justicia y de Trabajo, Previsión y

Seguridad Social, para su estudio y dictamen.

Consecuentes con el punto número 15 del orden del día se concede el uso de la palabra al

diputado José Alberto Couttolenc Buentello, para leer la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el

que se adiciona una fracción XXVI Bis al artículo 5; se reforman los artículos 16, 68, 88 y 90 de

la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, presentado por

el Diputado José Alberto Couttolenc Buentello y la Diputada María Luisa Mendoza Mondragón,

en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Adelante diputado.

DIP. JOSÉ COUTTOLENC BUENTELLO. Con su venia Presidenta, amigas y amigos

legisladores, invitados especiales, medios de comunicación y sociedad mexiquense en general.

Nadie escoge cómo nace, en dónde nace, cuándo nace y de quiénes nace. José Emilio

Pacheco, Las Batallas del Desierto.

Hay seres humanos con la fortuna de nacer en el seno de una familia donde se cuenta con

los medios necesarios para su cuidado, alimentaciones, etcétera; sin embargo, existen otros que

nacen en situaciones adversas en medio de familias divididas o con caso que nos ocupa de madres

que se encuentran en reclusión.

Las niñas y niños que hacen en cárceles han pasado desapercibidos ante los ojos de las

autoridades por muchísimos años.

Si bien no podemos negar que se trata de una minoría tampoco debemos de olvidar de que

requieren de atención especial debido al elevado nivel de vulnerabilidad con el que arriban a este

mundo.

Diversas voces especializadas en el estudio de estos casos sostienen que tanto la madre

como el menor que habitan al interior de un centro penitenciario son altamente susceptibles a sufrir

discriminación y todo tipo de violaciones a sus derechos humanos, además se ha demostrado que

los menores que hacen y viven sus primeros años dentro de una prisión tienden a desarrollar

conductas anti sociales o destructivas de acuerdo con el Informe de la Comisión Nacional de

103

Derechos Humanos sobre las mujeres internas en el 2015 el organismo observó deficiencias en el

cumplimiento, en la obligación del Estado a satisfacer las necesidades vitales de las internas y de

los hijos que habitan junto con ellas, se les impide acceder a una alimentación nutritiva, suficiente

y de calidad, así como de contar con atención médica adecuada.

Lo anterior a todas luces resulta violatorio de un amplio marco jurídico no solo nacional,

sino internacional.

A nivel nacional la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce a la

niñez y el deber del Estado de proteger sus derechos humanos consagrados por la misma y por los

tratados internacionales.

Por su parte la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en su

artículo 23, reconoce al derecho de los menores a vivir y convivir con sus familiares, aún y cuando

éstos se encuentren privados de la libertad, en nuestra entidad, la Constitución Local reconoce

también el derecho de todo mexiquense, al plano de desarrollo y la obligación del Estado a proteger

a la familia con ser claro parte base de las sociedad, la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y

Adolescentes del Estado de México, habla de los niños que provienen de madres en estado de

reclusión y obliga a la procuraduría de protección a ejercer medidas especiales para que dichos

menores puedan acceder a sus derechos humanos, a pesar de que el marco jurídico, en torno a los

menores de edad que nacen y viven en centros penitenciarios, es amplio, se perciben importantes

deficiencias y vacíos legales que dan pauta al atropello de sus derechos fundamentales.

Por ejemplo la falta de precisión en la norma, con respecto a los menores antes referidos,

ha derivado en la ausencia de políticas públicas pendientes a que los niños en las funciones cumplan

satisfactoriamente con las necesidades mínimas como la alimentación, salud, educación y un sano

esparcimiento; por lo anterior, proponemos reformar la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y

Adolescentes del Estado de México con los siguientes objetivos:

1. Definir qué son las medidas de protección especial y a quiénes van a ir dirigidas.

2. Distinguir entre aquellos menores cuyos padres se encuentran privados de su libertad y

entre los que nacen de una madre en situación de cárcel y que habitan junto con ella, durante sus

primeros años de vida; puesto que las necesidades de uno y de otro son completamente diferentes.

3. Establecer de manera enunciativa, más no limitativa cuáles serán las medidas especiales

de protección para los menores que nacen y crecen en los centros penitenciarios de la Entidad,

mismas que buscarán garantizar los derechos humanos mínimos de los menores.

4. Fortalecer a la Procuraduría de la Protección para que en coordinación con diversas

autoridades implementen las medidas especiales de protección y verifique el efectivo cumplimiento

de estas mismas.

De tal suerte, los promoventes buscamos fortalecer la legislación en materia de protección

y garantía de acceso a sus derechos humanos, a todas las niñas, niños y adolescentes del Estado de

México, especialmente, a todos aquellos que sin cometer ilícito alguno viven en el interior de un

centro penitenciario, en condiciones de las más hostiles, complejas y adversas para su sano

desarrollo físico y emocional, es cuanto Presidenta.

Muchas gracias.

Toluca de Lerdo, Estado de México a __ de __ de 2019



LX LEGISLATURA DEL H. PODER LEGISLATIVO

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO

104

P R E S E N T E

Honorable Asamblea:

Quienes suscriben JOSÉ ALBERTO COUTTOLENC BUENTELLO Y MARÍA LUISA

MENDOZA MONDRAGÓN, diputados integrantes del GRUPO PARLAMENTARIO DEL

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO en la LX Legislatura del Congreso del

Estado de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 y 116 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 51 fracción II, 57 y 61 fracción I de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de México; 28 fracción I, 30, 38 fracción I, 79 y 81 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someto a la consideración

de este Órgano legislativo, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR

EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXVI BIS AL ARTÍCULO 5; SE REFORMAN

LOS ARTÍCULOS 16, 68, 88 Y 90 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS,

NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MÉXICO, con sustento en la siguiente:


En dónde nacemos no es algo que podamos decidir. Hay seres humanos con la fortuna de nacer en

el seno de familias donde se les espera con gran cariño, donde se cuenta con los medios necesarios

para su cuidado, alimentación, etc. Sin embargo, existen otros que nacen en situaciones adversas,

en medio de familias dividas o, como el caso que nos ocupa, de madres que se encuentran en

reclusión.

Las niñas y niños que nacen en cárceles, han pasado desapercibidos ante los ojos de las autoridades

por muchos años. Si bien, se trata de una minoría de la población, no se puede ignorar que requieren

atención especial debido al elevado nivel de vulnerabilidad con que arriban a este mundo.

De acuerdo con Fabiola Mondragón, Investigadora Jurídica del CIDAC, desde el momento de la

gestación, tanto la madre como el menor que se encuentran al interior de un centro penitenciario,

son altamente susceptibles de sufrir discriminación y todo tipo de violaciones a sus derechos

humanos. Entre los derechos que se atropellan con mayor frecuencia a dicha población están el

derecho a recibir atención médica, a una alimentación adecuada, a la educación, no cuentan con

espacios adecuados para su descanso y no son tomados en cuenta al momento de determinar los

recursos para los centros penitenciarios.

Los efectos psicológicos y sociales, en un menor, por nacer y vivir sus primeros años dentro de una

prisión, dejan huellas para toda la vida que pueden contribuir a desarrollar conductas antisociales

o destructivas.

Sin embargo, a pesar de la extensa información y protocolos desarrollados sobre este tema, resulta

indignante que en las leyes de nuestro país y, en particular, del Estado de México no protejan

adecuadamente a estos niños.

El marco jurídico vigente, considera a los niños nacidos en centros penitenciarios como menores

susceptibles de tutela, mas no, como sujetos con derechos; por lo que podemos afirmar que la ley

y el Estado tratan a éstos menores como objetos y no como seres humanos.

105

He ahí uno de los orígenes del problema que deseamos exponer, pues a partir de que resultan

invisibles para la Ley y para los ejecutores de la misma, no cuentan con los medios necesarios para

ejercer sus derechos plenamente.

De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistemas Penitenciarios

Estatales 2015, en el año de 2014 se registraron 549 menores de seis años viviendo con su madre

en centros penitenciarios en el país. De los cuales 274 eran menores de un año, 126 de un año, 94

de dos años, 53 de 3 años, 16 de cuatro años y 13 de cinco años. Las entidades con mayor número

de niñas y niños, habitando en cárceles junto con sus madres son Ciudad de México, Veracruz,

Guerrero, Tamaulipas, Estado de México y Chiapas.

Por su parte, en el Informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre mujeres

internas 2015, dicho organismo observó deficiencias en el cumplimiento de la obligación del

Estado de satisfacer las necesidades vitales de las internas y de los hijos que habitan junto con ellas,

de tal suerte que se les niega la oportunidad de acceder a una alimentación nutritiva, suficiente y

de calidad; la cual está garantizada por el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos y por el artículo 4 de la Convención Sobre los Derechos del Niño. Dichas

deficiencias, a su vez, evidencian falta de observación del principio XI, punto 1, de los Principios

y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad de las Américas.

Además, la CNDH argumenta incumplimiento del numeral 48, párrafo 1 de las Reglas de Bangkok,

el cual establece que las autoridades deben brindar a las internas embarazadas o lactantes,

asesoramiento sobre su salud y dieta en el marco de un programa elaborado y supervisado por

profesionales, así como, suministrar a las embarazadas y bebés alimentación suficiente y puntual

en un entorno sano.

Por lo tanto, la CNDH denuncia graves violaciones a diversos Tratados Internacionales, a la Carta

Magna y a las legislaciones locales en la forma en que se trata a las mujeres privadas de la libertad

con hijos a su cargo.

Lo anterior, da cuenta de la gravedad del problema al que nos referimos, pues no sólo se trata de

violaciones graves a los derechos humanos de las reclusas, sino de los niños involucrados. Por ello,

estimar que esta materia es de gran relevancia y de sumo cuidado para el Gobierno Estatal.

A nivel internacional se cuenta con un marco legal que establece claramente los métodos y

protocolos que se han de seguir en cuanto al trato de las personas en reclusión y al cuidado de las

niñas y niños que habitan en las cárceles junto a sus madres. A continuación, nombraremos aquellas

que han sido suscritas por nuestro país.

En primer lugar, se encuentra la Convención Sobre los Derechos del Niño, la cual fue aprobada el

20 de noviembre de 1989 y ratificada por México el 25 de enero de 1991. De acuerdo con la misma,

todas las niñas y niños, incluidos aquellos que viven en prisión con sus madres tienen derecho a:

• No distinción ni discriminación

• Interés superior del niño

• Derechos económicos, sociales y culturales

• Supervivencia y desarrollo del niño

• Derecho a la identidad y cuidado de los padres

• Interés superior del niño en cuanto a ser o no separado de los padres

106

• Derecho de tener contacto con padres cuando residan en Estados diferentes

• Derecho del niño a libertad de expresión

• Libertad de pensamiento, conciencia y religión

• Derecho de asociación y reunión

• Derecho a la protección contra injerencias ilegales

• Derecho de acceso a la información

• Obligaciones de ambos padres en su cuidado

• Derecho a no ser abusado ni física ni mentalmente

En segundo lugar, se encuentran las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de reclusas

y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes, mejor conocidas como Reglas

de Bangkok. En las cuales existen varias reglas relacionadas con hijos de mujeres reclusas, aquí

mencionamos las más relevantes:

Regla 2: Señala que antes del ingreso de una mujer con hijos a un centro penitenciario, se deberán

adoptar disposiciones con respecto a ellos, considerando incluso la posibilidad de suspender la

reclusión por un periodo razonable, en función del interés superior del menor.

Regla 3: Se refiere a los registros donde debe constar el nombre del niño y edad que ingresa a un

centro penitenciario y establece las bases mínimas de confidencialidad de la información de los

menores.

Regla 4: Precisa la cercanía que ha de haber entre los centros de readaptación social respecto de

los hogares de las mujeres al cuidado de niños.

Regla 5: Habla de las condiciones y servicios de higiene para las mujeres y para los niños, poniendo

especial énfasis en mujeres embarazadas, en periodo de lactancia y menstruación.

Regla 9: Señala que los menores nacidos al interior de cárceles deben someterse a reconocimiento

médico por un pediatra, para determinar sus necesidades y tratamiento adecuado.

Regla 15: Indica que los servicios sanitarios también deben prever necesidades de mujeres con

hijos.

Regla 21: Establece que cuando se inspeccione a niños con sus madres en prisión o cuando se

encuentren en visitas, el personal debe ser competente, profesional y respetuoso de la dignidad del

menor.

Regla 33: Señala que se debe sensibilizar al personal penitenciario sobre necesidades del desarrollo

de los niños que viven en prisión con su madre; para lo cual deberán contar con nociones básicas

de atención sanitaria y reacción ante necesidad o emergencia.

Regla 42: Prevé que deben habilitarse servicios o disposiciones para el cuidado de los niños para

que las reclusas puedan participar en las actividades de la prisión.

Regla 48: Precisa que las reclusas embarazadas o lactantes deben tener un asesoramiento de salud

y dieta; proporcionándoles a éstas y a sus hijos alimentación suficiente y puntual. Asimismo, alienta

a la lactancia materna por parte de las internas a menos que no existan las condiciones sanitarias

mínimas.

107

Regla 49: Indica que las decisiones entorno a la permanencia de un menor con su madre al interior

de una prisión deben estar siempre basadas en el interés superior del menor y éstos no serán tratados

como reclusos.

Regla 50: Señala que se deben brindar facilidades para que las madres puedan dedicar tiempo a sus

hijos.

Regla 51: Ordena que, en la medida de lo posible, el entorno para la crianza de estos niños habrá

de ser el mismo del que gozan los niños que no viven en centros penitenciarios.

Continuando con el análisis del marco legal internacional en la materia, destacan las Directrices

sobre las Modalidades Alternativas del Cuidado de los Niños, aprobadas por la Asamblea General

de las Naciones Unidas el 24 de febrero de 2010; Los Principios y Buenas Prácticas sobre la

Protección de Personas Privadas de la Libertad de las Américas, aprobadas mediante la resolución

1/08 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos; el Manual de Capacitación en

Derechos Humanos para funcionarios de prisiones, publicado por la Oficina del Alto Comisionado

de los Unidas en 2004, así como, el documento Convictos Colaterales: niñas y niños de

progenitores presos: recomendaciones y buenas prácticas, realizado por el Comité de las Naciones

Unidas sobre Derechos de las Niñez en 2011.

A nivel nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce los derechos

de la niñez mexicana y determina el deber del Estado de proteger los contenidos en la misma y en

los Tratados Internacionales. Lo anterior queda de manifiesto en el noveno párrafo del artículo 4

en donde se plasman las prerrogativas de las niñas y niños mexicanos.

A nivel de ley secundaria, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

(LGDNNA), publicada en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2014, reconoce a los

menores de edad como titulares de derechos, garantiza el pleno ejercicio, la protección, respeto y

protección de sus derechos humanos. Crea y regula el Sistema Nacional de Protección Integral de

los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y establece los criterios que habrán de contener

las políticas públicas en la materia de todos los órdenes de gobierno y de los poderes del Estado

mexicano.

La LGDNNA establece los derechos a los que podrán acceder todas las niñas, niños y adolescentes

en nuestro país, tales como:

Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo

Derecho de prioridad

Derecho a la identidad

Derecho a vivir en familia

Derecho a la igualdad sustantiva

Derecho a no ser discriminado

Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral

Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal

Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social

Derecho a la inclusión de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad

Derecho a la educación

108

Derecho al descanso y al esparcimiento

Derecho de la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura

Derecho a la libertad de expresión y acceso a la información

Derecho a la participación

Derecho de asociación y reunión

Derecho a la intimidad

Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso

En el último párrafo del Artículo 23, la LGDNNA reconoce el derecho de las niñas, niños y

adolescentes a convivir con sus familiares, aun cuando éstos se encuentren privados de su libertad

y otorga la responsabilidad a las autoridades competentes en materia jurisdiccional y penitenciaria

para garantizar tal derecho de forma adecuada y en atención al interés superior del menor.

Por otro lado, la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación

el 16 de junio de 2016, en su artículo 10 habla de los derechos de las mujeres privadas de su libertad.

En la fracción VI de dicho artículo se menciona que las mujeres en reclusión podrán conservar la

guardia y custodia de su hija o hijo menor de tres años. La fracción VII consagra el derecho a

recibir una alimentación adecuada y saludable para sus hijas e hijos, acorde con su edad y

necesidades de salud; de tal suerte que se contribuya al desarrollo físico y mental del menor. La

fracción VIII indica que los menores de madres reclusas habrán de recibir educación inicial,

vestimenta y atención pediátrica, acorde a su edad. La fracción X precisa que los centros

penitenciarios habrán de contar con las instalaciones adecuadas para que los hijos de las reclusas

reciban atención médica adecuada, de conformidad con el interés superior de la niñez.

Asimismo, dicho artículo obliga a los centros penitenciarios a proporcionar condiciones de vida

que garanticen el sano desarrollo de las niñas y niños de mujeres en reclusión. Manifiesta que algún

menor en dicha condición tuviera algún tipo de discapacidad, se podrá ampliar el plazo de custodia

por parte de la madre al interior de la prisión.

La LNEP, en el mismo artículo, precisa la obligación de las autoridades penitenciarias de garantizar

que los centros de reclusión cuenten con espacios adecuados para el desarrollo integral de las hijas

o hijos de las mujeres privadas de la libertad, o en su defecto, para el esparcimiento de los menores

en sus visitas.

En cuanto hace a las entidades federativas, el artículo tercero transitorio de la Ley Nacional de

Ejecución Penal abroga todas las legislaciones estatales que regulan la ejecución de penas.

Un estudio realizado por el Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, revela que

previo a la entrada en vigor de la LNEP, las leyes locales en materia de ejecución penal no contaban

con artículos relacionados con las niñas o niños que viven son sus madres en prisión.

A nivel reglamento, existe evidencia de que algunos centros de reinserción social de las entidades

federativas no prevén situaciones en los que una niña o niño resida al interior de un reclusorio con

su madre, ni respetan lo dispuesto por la LNEP.

En el Estado de México, la Constitución local reconoce en su artículo 5 el derecho de todo

mexiquense al pleno desarrollo y establece la obligación del Gobierno de proteger a la familia, por

109

ser ésta la base de la sociedad. Asimismo, delinea los mecanismos de asistencia para aquellas

familias con carencias que no puedan superar de manera autónoma.

También se encuentra la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México

(LDNNAEM), la cual, así como la Ley General en la materia, establece las bases para el pleno

acceso de los menores de edad a sus derechos humanos.

En su artículo 16 la LDNNAEM, así como la Ley General, consagra el derecho de las niñas y niños

a convivir con sus familiares, cuando éstos se encuentren privados de su libertad. Adicionalmente,

prevé que, cuando una niña o niño nazca de una madre en reclusión, las autoridades penitenciarias

tendrán la obligación de informar a la Procuraduría de Protección a fin de que el menor tenga

acceso a las medidas de protección especiales correspondientes y se asegure el contacto directo con

la madre, cuando ello responda al interior superior de la niña o niño en cuestión.

A pesar de que existe un robusto marco jurídico a nivel internacional, nacional y estatal en la

materia; a nivel local se perciben enormes vacíos legales con relación a las niñas y niños que nacen

y crecen en los reclusorios de la entidad.

Gracias al análisis realizado podemos determinar que la LGDNNAEM no logra hacer distinción

entre aquellos menores hijos de personas privadas de su libertad y entre aquellos que nacen de una

mujer en reclusión y que habitan junto con ella en sus primeros años de vida. Dicha diferencia,

resulta fundamental, pues las necesidades de un grupo y de otro requieren atención y medidas

especiales diferenciadas.

Es necesario precisar que, cuando la ley se refiere a la niñez en general, este término debe ser

amplio y tomar cuenta también a los menores que habitan las cárceles junto con sus progenitoras.

Sin embargo, la falta de tal precisión en la norma, según lo observado por la CNDH, justifica la

ausencia de políticas públicas tendientes a que los niños en las prisiones cumplan

satisfactoriamente con sus necesidades mínimas como la alimentación, salud, educación y sano

esparcimiento.

En la LGDNNAEM se establece que la Procuraduría de Protección habrá de implementar las

medidas de protección especiales correspondientes cuando una niña o niño nazca de una mujer

privada de su libertad, sin embargo, no se establecen los criterios mínimos que habrán de atender

dichas medidas especiales.

Finalmente, a pesar de que las leyes general y estatal de los derechos de las niñas, niños y

adolescentes consagran las prerrogativas de los menores de edad, incluidos aquellos que habitan

en cárceles junto con sus madres, existe evidencia de que la mayoría de esos derechos son

vulnerados, dado que los centros penitenciarios en nuestro país no cuentan con las condiciones

necesarias para garantizar el acceso pleno a los mismos.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario promovente busca a través de la presente iniciativa, definir

en la LDNNAEM qué se entenderá por medidas de protección especial, pues se trata un término

desarrollado a lo largo de toda la ley, pero que queda sujeto a interpretación de los entres

encargados de la aplicación de la norma, lo cual incrementa el riesgo de actuación discrecional.

110

También se busca hacer una clara distinción, en el capítulo referente a las niñas y niños en situación

especial, entre aquellos cuyos padres se encuentran privados de su libertad y entre los que nacen

de una madre en situación de cárcel y que habitan junto con ella durante sus primeros años de vida.

Adicionalmente, se reforma el artículo 16 para establecer de manera enunciativa, mas no limitativa,

cuáles serán las medidas especiales de protección para los menores que nacen y crecen en centros

penitenciarios de la entidad. Mismas que buscan garantizar los derechos humanos mínimos de los

menores, con base en los reconocidos por los Tratados Internacionales de los que México es parte,

por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Ley General, por la

Constitución del Estado Libre y Soberano de México y por la Ley de los Derechos de las Niñas,

Niños y Adolescentes del Edomex.

Por si ello no fuera suficiente, se amplían las facultades de la Procuraduría de Protección para que,

implemente en conjunto con las autoridades penitenciarias las medias especiales de protección y

supervise la correcta aplicación de las mismas.

De tal suerte, los promoventes buscamos fortalecer la legislación en materia de protección y

garantía de acceso a los derechos humanos de todas las niñas, niños y adolescentes del Estado de

México, especialmente, de aquellos que sin cometer ilícito alguno, viven en el interior de un centro

penitenciario, en condiciones de lo más hostiles, complejas y adversas para su pleno desarrollo

físico y emocional.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este H. Poder Legislativo del Estado

de México, para su análisis, discusión y en su caso aprobación, la presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA

FRACCIÓN XXVI BIS AL ARTÍCULO 5; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 16, 68, 88

Y 90 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL

ESTADO DE MÉXICO


DIP. JOSÉ ALBERTO COUTTOLENC BUENTELLO

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

PROYECTO DE DECRETO

DECRETO NÚMERO___

LA LX LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO

DECRETA:

ÚNICO. Se adiciona una fracción XXVI Bis al artículo 5 y se reforman los artículos 16, 68, 88 y

90 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México para quedar

como sigue:

Artículo 5. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

111

I a XXVI…

XXVI Bis. Medidas de Protección Especial: A los mecanismos idóneos que se ejecutan cuando

se advierta un riesgo inminente en contra de niñas, niños o adolescentes en situaciones

especiales, ya que debido a la vulnerabilidad en que se encuentran requieren atención,

preferente y personalizada.

…

Artículo 16. …

…

…

…

En todo momento se privilegiará a los menores en reclusión, el acceso a todos los derechos

consagrados por la Constitución Federal y Estatal, los tratados internacionales, la Ley

General, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Las necesidades específicas en torno al nacimiento y los primeros años de vida deberán

satisfacerse plenamente, para lo cual, las autoridades en materia penitenciaria deberán

implementar las siguientes medidas de protección especial:

I. Los lactantes a quienes se les permita habitar con su progenitora en prisión se les

garantizará el derecho el derecho de los lactantes a acceder a una alimentación

nutricionalmente adecuada con base en una lactancia materna óptima, por lo cual las

autoridades en materia penitenciaria favorecerán el establecimiento de salas de lactancia y

la operación de programas que favorezcan la lactancia materna y la alimentación

complementaria que resulten apropiadas.

II. Así también, se les garantizará el derecho a la identidad, por lo que las autoridades en

materia penitenciaria deberán brindar las facilidades para que en un lapso no mayor

a 45 días posteriores al nacimiento del menor de la persona privada de su libertad, sea

registrado ante un juez cívico y se le extienda el acta correspondiente.

III. De igual forma, se les garantizará el derecho a la salud, para lo cual las autoridades

penitenciarias deberán facilitar que los lactantes nacidos de mujeres en prisión,

puedan ser incorporados a un sistema público de salud, así como, que se les apliquen

las vacunas correspondientes al cuadro básico.

IV. Los menores nacidos al interior de los centros penitenciarios y de readaptación social

de la entidad, tienen derecho a la educación, para garantizar su acceso al mismo, las

autoridades penitenciarias están obligadas a brindar las facilidades para que cuenten

con estimulación temprana y educación inicial durante el tiempo que permanezcan en

reclusión con su progenitora.

V. Los menores nacidos en centros penitenciarios de jurisdicción estatal, igualmente,

tienen derecho al cuidado parental para su adecuado desarrollo, por lo que, las

autoridades penitenciarias deberán garantizarlo y brindar, en coordinación con el

112

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, atención

psicológica para el menor, acorde con su desarrollo físico y cognoscitivo, así como a

los familiares encargados de su cuidado.

VI. Las autoridades penitenciarias al momento de determinar la estadía o no de un menor

en un centro penitenciario, deberán analizar cada caso de manera individualizada.

Las niñas y niños en dicha situación deberán vivir en un ambiente seguro, saludable

y benéfico para su desarrollo. En todas las áreas de la vida del menor.

VII. En todos los supuestos anteriores, se privilegiará el interés superior de la niñez.

Las medidas de protección especial antes referidas son de carácter enunciativo más no

limitativo, a éstas habrán de sumarse, cuando así se requiera, las medidas descritas en las

fracciones I, II, III, IV y V del artículo 91 de esta Ley.

…

Capítulo Vigésimo Primero

De las Niñas, Niños y Adolescentes en Situaciones Especiales

Artículo 68. Para efectos de esta Ley se entienden por niñas, niños y adolescentes en situaciones

especiales:

I. Niñas, niños y adolescentes cuyos padres se encuentren en situación de encarcelamiento.

I Bis. Niñas y niños que nacen y viven sus primeros años de vida en una prisión debido a que

su progenitora se encuentra privada de la libertad.

…

…

…

…

Capítulo Segundo

De la Procuraduría de Protección

Artículo 88. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México

es una unidad administrativa dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del

Estado de México, cuyo objeto es la protección integral y restitución de los derechos de las niñas,

niños y adolescentes, a través de la determinación y coordinación en la ejecución y seguimiento de

las medidas de protección y de las medidas especiales de protección, según corresponda. Para

tal efecto se deberá establecer contacto y trabajar conjuntamente con las autoridades

administrativas de asistencia social, de servicios de salud, de educación, de protección social, de

cultura, deporte, penitenciarias y con todas aquellas necesarias para garantizar los derechos de las

niñas, niños y adolescentes, así como de aquellos que se encuentran en situaciones especiales.

Artículo 90. La Procuraduría de Protección tendrá las atribuciones siguientes:

I a XXI…

113

XXII. Supervisar la ejecución de las medidas especiales de protección de niñas y niños

nacidos de mujeres privadas de su libertad y que habiten junto con éstas los centros

penitenciarios y de reinserción social del estado.

XXIII. Las demás que les confieran otras disposiciones jurídicas aplicables.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico

Oficial “Gaceta de Gobierno” del Estado de México.

SEGUNDO. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México contará

con un plazo de 90, posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, para diseñar e

implementar los programas de orientación psicológica a las madres que se encuentran en centros

penitenciarios y de readaptación social, así como a sus menores.

TERCERO. La Secretaría de Seguridad contará con un pazo de 90 días, posteriores a la entrada

en vigor del presente decreto, para modificar las disposiciones reglamentarias aplicables a los

centros penitenciarios de la entidad, de tal suerte que establezcan las condiciones necesarias para

cumplir con lo dispuesto por este decreto.

CUARTO. Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía que contravengan lo

dispuesto por el presente decreto.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado Libre y Soberano de México y 110 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre

y Soberano de México se tiene que, una vez concluido el proceso de aprobación por el Pleno de la

Legislatura, el Ejecutivo del Estado deberá, para así generar las consecuencias legales conducentes,

hacer que este instrumento legislativo se publique y se cumpla.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo en la Ciudad de Toluca, Capital del Estado de México, a

los días __ del mes de ___ de dos mil ___.


Comisiones Legislativas Para la Atención de Grupos Vulnerables y de Derechos Humanos, para el

estudio y dictamen.

Con apego al número 16 del orden del día, puede hacer uso de la palabra la diputada María

Luisa Mendoza Mondragón, para leer la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan

el inciso n) de la fracción I y e) de la fracción II del artículo 7; así como la fracción XIV Bis del

artículo 10 y XXI Bis del artículo 18 de la Ley de Asistencia Social del Estado de México y

Municipios, presentado por el Diputado José Alberto Couttolenc Buentello y la Diputada María

Luisa Mendoza Mondragón, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de

México.

Adelante diputada.

DIP. MARÍA LUISA MENDOZA MONDRAGÓN. Gracias Presidenta diputada.

Con el permiso de los integrantes de la mesa directiva, de las y los compañeros diputados,

de las personas que hoy nos visitan y por supuesto aquellos que nos siguen a través de diversos

medios.

“El aspecto más inquietante de la vida en prisión es el aislamiento. No hay principio ni final,

sólo tu propia mente, que a veces resulta engañosa”. Nelson Mandela.

114

Para hablar debemos de tener conocimiento de causa, por ello es que los integrantes del

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, realizamos una visita al Penal Femenil Neza

Sur, Tepozanes, donde tuvimos la oportunidad de conocer a los menores de edad que viven en

reclusión junto con sus madres.

Si bien existen errores cometidos por algunas circunstancias, lo es también que no se puede

tener una sentencia para quienes sólo tuvieron la des fortuna de desgastarse y nacer en un mundo

de adultos, con consecuencias de las malas decisiones los menores algunos parecieran entender

dónde se encuentran, otros con toda la inocencia que les caracteriza llenan de luz un espacio

sombrío melancólico y donde el sufrimiento se percibe a la menor provocación esos seres humanos

a los que nos referimos son una minoría. Sin embargo; son igual de valiosos como todos los que

vivimos en libertad en la realidad el interior en el interior de los centros penitenciarios donde

dondequiera que se encuentren es compleja dolorosa y difícil la situación, así resulta tópico hablar

respecto a los derechos humanos de una alimentación adecuada y nutritiva, de servicios médicos

de calidad en condiciones sanitarias idóneas para satisfacer las necesidades más básicas, mucho

menos si se trata de un embarazo o lactancia y a pesar de todo ello la vida surge en medio de lo que

muchas podrían equiparar con el infierno mismo.

Lo anterior, ha buscado ser regulado por acuerdos tratados y reglamentos internacionales

por constituciones así como por leyes a nivel estatal y nacional en la práctica los marcos normativos

se topan con un muro de realidad que parecieran infranqueables caracterizado por el abandono la

insensibilidad de las autoridades la corrupción y por supuesto los presupuestos insuficientes para

quienes ingresan a los centros de reclusión bajo la acusación de haber cometido algún ilícito sean

ciertas o no, sin duda alguna ha de ser una experiencia traumatizante vivir en una prisión por años

enteros, puede entonces constituir una experiencia devastadora a nivel físico, mental y espiritual.

Por ello es que tenemos que ser garantes de los derechos de estos menores los marcos

jurídicos dan oportunidad o tratan con toda frialdad el hecho de que un menor habite con su madre

al interior del Centro de Reclusión Social y que en su debido momento sea separado para que sean

otros familiares quienes se encarguen de su custodia lo que no toman en cuenta es que en ello no

es una labor sencilla y que lamentable muchas vidas han sido destruidas por una mala atención y

la falta de sensibilidad por parte de quienes se encargan de tomar ese tipo de decisiones.

Por ello es compañeros diputados, que los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido

Verde Ecologista proponemos reformar la Ley de Asistencia Social del Estado de México para que

las madres en reclusión y sus hijos que habiten junto con ellas sean consideradas como beneficiarias

prioritarias de programas acciones y servicios de asistencia social. Asimismo, para que la atención

integral de los menores en reclusión se considere como un servicio de asistencia social de igual

forma para que el sistema de desarrollo integral de la familia del Estado de México tenga entre sus

atribuciones el otorgar orientación psicológica a las mujeres en reclusión y a sus hijos mientras

habiten en el interior de los centros de reclusión de la entidad así como para los adultos que tengan

bajo su custodia y cuidado a dichos menores en su caso de ser separados.

Bajo este tenor lo que se busca es proteger la integridad física y mental de los menores que

viven en prisión sin haber cometido delito alguno sino tan solo por haber nacido justo ahí; no me

condenes, antes de escuchar y ver mis acciones que son envueltas en un sueño infantil quiero ser y

formar parte de cualquier niño en este grandioso Estado de México, es obligación de las y los

legisladores ser garante también de los derechos no solamente de los adultos sino también de los

menores que viven en reclusión.

Es cuanto Presidenta diputada, muchas gracias.

Toluca de Lerdo, Estado de México a __ de __ de 2019

115



LX LEGISLATURA DEL H. PODER LEGISLATIVO


P R E S E N T E

Honorable Asamblea:

Quienes suscriben JOSÉ ALBERTO COUTTOLENC BUENTELLO Y MARÍA LUISA

MENDOZA MONDRAGÓN, diputados integrantes del GRUPO PARLAMENTARIO DEL

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO en la LX Legislatura del Congreso del

Estado de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 y 116 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 51 fracción II, 57 y 61 fracción I de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de México; 28 fracción I, 30, 38 fracción I, 79 y 81 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someto a la consideración

de este Órgano legislativo, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR

EL QUE SE ADICIONAN EL INCISO N) DE LA FRACCIÓN I Y E) DE LA FRACCIÓN

II DEL ARTÍCULO 7; ASÍ COMO LA FRACCIÓN XIV BIS DEL ARTÍCULO 10 Y XXI

BIS DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO DE

MÉXICO Y MUNICIPIOS, con sustento en la siguiente:


Toda sociedad tiene aspectos que olvida e ignora, individuos que dejan de existir, que se vuelven

invisibles; por lo que no pueden quedarse en el olvido, aquellas niñas y niños con madres y padres

encarcelados, dado que su situación constituye una realidad latente en el mundo.

A nivel mundial hay alrededor de 10.35 millones de personas en prisión, de acuerdo al informe

anual presentado por Penal Reform International (PRI) and The Thailand Institute of Justice,

publicado el 7 de junio de 2018; por ende, existen a su vez millones de niñas y niños que comparten

de alguna forma el encarcelamiento de sus padres y madres, ya sea viviendo en prisión

(principalmente con sus madres), transitando de estar con ellas a vivir con algún miembro de la

familia nuclear o extensa, en una institución en donde el Estado es el garante o finalmente viviendo

en el exterior alejados de sus padres.

Es aquí en donde el sistema penitenciario requiere adaptarse a las condiciones de paternidad, de

manera específica a las de maternidad, inherentes a la mujer mientras se encuentra privada de su

libertad, dado que surge la necesidad apremiante de crear medidas que garanticen el principio del

interés superior del menor a los hijos de mujeres que se encuentran recluidas.

Resulta necesario tener en mira que aquellas personas privadas de su libertad no pierden su

dignidad humana ni sus derechos, pese a que varios de ellos estén restringidos; en este caso, los

inherentes a la familia y la libre determinación no son parte de aquel grupo.

La situación que enfrentan las mujeres reclusas y sus hijos e hijas, es uno de los temas que pone de

manifiesto la dificultad normativa y social de reconocerlos como sujetos titulares de derechos.

116

Sin embargo, no debe soslayarse que, por lo que hace a los menores, se convierten en un grupo

vulnerable, por lo que requieren de una mayor protección y sobre todo de cuidados especiales para

poder tener un desarrollo sano.

El niño o la niña tienen derecho a la convivencia familiar, a la lactancia materna, a recibir los

cuidados de ambos progenitores, a conocer su identidad, a su integridad física y psíquica, a tener

las condiciones necesarias para su adecuado desarrollo, a la educación y a la salud. No obstante,

todos estos derechos se ven en riesgo de vulneración cuando su madre es recluida en una institución

incapaz de respetar sus propios derechos como mujer y como ser humano, por lo que el reto de

garantizarlos no es sencillo dentro de los sistemas penitenciarios, pero se deben realizar acciones

en pro de ellos.

Por ello, resulta necesario referenciar el marco legal internacional que salvaguarda los derechos de

las mujeres y de las y los niños, en aras de atender la ausencia de regulación específica en la materia,

así como de políticas públicas que hagan efectivas las disposiciones normativas, que se traduzcan

en servicios encaminados a cubrir necesidades de la niñez que vive en centros de reclusión a lado

de sus madres.

Las Naciones Unidas, han proclamado a través de la Declaración Universal de los Derechos

Humanos que toda persona tiene las prerrogativas y libertades enunciados en ella, sin distinción

alguna de cualquier índole, considerando además, que el niño, por su falta de madurez física y

mental, necesita protección y cuidado especial, además de las adecuadas garantías legales.

De lo anterior, se desprende que existe la necesidad de proporcionar al niño una protección especial,

misma que ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño

y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones

Unidas el 20 de noviembre de 1959.

Por lo que, considerando que en todos los países del mundo hay niños que viven en condiciones

excepcionalmente difíciles y que ellos necesitan especial atención, la Convención sobre los

Derechos del Niño, aprobada el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por México el 21 de

septiembre de 1990, recoge los derechos que debe gozar la niñez del mundo.

Además, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 24 establece que

“todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma,

religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección

que en su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del

Estado”, por tanto se le debe garantizar, el no ser excluido socialmente por el hecho de vivir en

reclusión junto a su madre.

Adoptada por unanimidad el 18 de diciembre de 1979, y entrando en vigor en el año de 1981, la

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres

(CEDAW), recoge en su articulado principios y contenidos que corroboran lo ya enunciado por la

Convención sobre los Derechos del Niño.

Este instrumento obliga a los Estados a implementar medidas gubernamentales, legislativas y de

otro carácter, que prohíban toda discriminación contra la mujer, llevándonos así al planteamiento

de que el hecho de que una madre reclusa no pueda cuidar a su hijo o hija por estar en prisión,

atenta contra este principio de no discriminación, toda vez que el único derecho restringido en

117

virtud de una sentencia judicial condenatoria es el de la libertad, por lo que separar a un hijo de su

madre, sin su consentimiento, vulnera el derecho del menor a conocer y ser cuidado por ellas.

El Estado por ende, tiene la obligación de apoyar a las madres reclusas para que puedan atender a

sus hijos y, sobre todo, velar por el pleno desarrollo de los infantes.

Es así que, los artículos 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; VII de la

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 16 del Protocolo de San Salvador,

garantizan el derecho a la maternidad y a la especial protección de los niños a medidas de

protección especiales por parte de su familia, la sociedad y el Estado.

En este orden de ideas, resulta importante tener en cuenta lo señalado en las Reglas de Naciones

Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas no Privativas de la Libertad para las Mujeres

Delincuentes, mejor conocidas como “Reglas de Bangkok”, que a modo de síntesis establecen:

● La necesidad de respetar el interés superior de la niñez, en todas las acciones o decisiones

que se tomen con respecto a hijas e hijos de reclusas.

● Que las decisiones respecto del momento en que se debe separar a un hijo de su madre se

adoptarán en función del caso y teniendo presente el interés superior del niño.

● Que toda decisión de retirar al niño de la prisión debe adoptarse con delicadeza, únicamente

tras comprobarse que se han adoptado disposiciones alternativas para su cuidado.

● El derecho de los niños que viven con sus madres en prisión, a disponer de servicios

permanentes de atención a su salud, así como a la supervisión de su desarrollo por

especialistas, en colaboración con los servicios de la comunidad en la materia.

El interés superior del niño, exige adoptar medidas y procedimientos con un enfoque basado en los

derechos humanos, a fin de garantizar la integridad física, psicológica, moral y espiritual de la

niñez, promoviendo su dignidad humana, tal como lo ha señalado el Comité de los Derechos del

Niño en la Observación General No. 14, realizada en 2013.

Por lo que en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos

conocidas como “Reglas Mandela”, se dispone que en “los establecimientos penitenciarios para

mujeres habrá instalaciones especiales para el cuidado y tratamiento de las reclusas durante su

embarazo, así como durante el parto e inmediatamente después”, y se señaló el derecho a recibir

atención de salud orientada a la mujer y sus hijos.

Por lo que hace al Estado Mexicano, la Carta Magna no sólo reconoce los derechos de la niñez,

sino que impone al Estado el deber de proteger los derechos humanos reconocidos en la propia

Constitución Política así como en los tratados internacionales de los que México sea parte. Lo que

se traduce en que los niños que vivan con sus madres en centros penitenciarios, deben gozar de la

protección más amplia y favorable.

El artículo cuarto constitucional establece que “en todas las decisiones y actuaciones del Estado

se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera

plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”.

Reglamentaria del artículo cuarto constitucional, el 4 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario

Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que prevé

118

la ejecución del Programa Nacional de Protección Integral, que debe contener políticas, objetivos,

estrategias y líneas de acción prioritarias en materia de ejercicio, respeto, promoción, y protección

integral de este grupo poblacional.

Para lo cual, el 2 de diciembre de 2015 se instaló formalmente el Sistema Nacional de Protección

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, por lo que quienes se encuentran en centros de reclusión

no pueden ser excluidos. Por ende, el Estado debe garantizar la sana convivencia materno-infantil

y la de sus familiares, como un derecho a respetar y fortalecer.

En la Ley Nacional de Ejecución Penal, aprobada en 2016, se establece a las autoridades

corresponsables, donde se ubica al “Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y

la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y

Adolescentes o sus equivalentes en las entidades federativas y la Ciudad de México, así como las

demás que por la naturaleza de sus atribuciones deban intervenir” con acciones encaminadas al

cumplimiento del Principio de Protección Especial de Niñas y Niños que aseguren su pleno

desarrollo físico, emocional, psicológico y social, todo ello, en favor del Interés Superior de la

Niñez.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido en el Amparo Directo

en revisión 908/2006, que la expresión “interés superior del niño” implica que el desarrollo de

éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la

elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del infante.

También, existen tesis respecto del Principio relativo al Interés Superior del Niño, emitidas por las

salas de la SCJN. La tesis aislada 2a. CXLI/2016 (10ª), señala que este principio se erige como la

consideración primordial que debe de atenderse en cualquier decisión que les afecte, por ello, si

algo les trastoca en forma individual se deben evaluar y ponderar las posibles repercusiones con el

objetivo de salvaguardar el interés mencionado.

Asimismo, en la misma tesis, la Segunda Sala de la SCJN expone que el interés superior del menor

es un concepto triple, ya que se considera como derecho sustantivo, como un principio jurídico

interpretativo y como una norma de procedimiento. En ese sentido, dicho principio debe

considerarse en cualquier decisión y también en actos, conductas, propuestas, servicios,

procedimientos y otras iniciativas, por lo que la presente, tiene su fundamento en el Interés Superior

del Menor, en aras de su adecuado desarrollo.

De tal forma que, si bien es cierto que la situación de las mujeres en prisión e incluso la de sus hijos

e hijas, ha permitido hacerlos invisibles como sujetos de derechos en la sociedad y, por ende, no

ha generado normas específicas de protección ni políticas que aborden el tema desde una

perspectiva de derechos humanos, es posible construir con los instrumentos existentes un nuevo

modelo que parta del pleno respeto de ellos.

La necesidad de legislar a favor de las madres que viven en reclusión y cuando más por sus hijos

que permanecen a su lado, es urgente, al mes de agosto de 2016, de acuerdo al Cuaderno de

Información Estadística del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación

Social, el sistema penitenciario nacional se integraba por 379 centros, de los cuales 16 eran

exclusivos para albergar población femenina (15 estatales y 1 federal) y 198 considerados mixto,

por lo que en 214 centros del país se albergaban mujeres.

119

La población penitenciaria del país en el citado mes de agosto de 2016, ascendía a 230,519 personas

internas, de las cuales 12,004 (5.21%) correspondía a mujeres, siendo la Ciudad de México y los

estados de Baja California y de México las entidades federativas que concentraban el 33% de

mujeres en reclusión. No se soslaya, que al ser la población femenina minoritaria, la infraestructura,

la organización y el funcionamiento de los establecimientos de reclusión han girado en torno a las

necesidades de los hombres y por tanto no se observa el desarrollo de políticas públicas

encaminadas a atender las necesidades de ellas y sus hijas e hijos, no obstante que se ha visto una

tendencia de crecimiento de la población femenil de entre 4 y 5% del gran total.

De acuerdo a datos reportados en el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos

Humanos sobre las mujeres internas en los centros de reclusión de la República Mexicana en 2015,

de las 1,772 internas entrevistadas, el 61.06% se encontraba en un rango de edad entre 18 y 40

años, periodo en el que las mujeres están en edad reproductiva o incluso pueden ya ser madres.

Las cifras, de conformidad con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema

Penitenciario Estatales 2018, arrojan que en el año 2017 había 523 menores de 6 años viviendo con

su madre en los centros penitenciarios del país, por lo que no pueden permanecer invisibles a pesar

de ser un grupo reducido.

No obstante del bloque de constitucionalidad que guarda México, no existe regulación específica

a nivel nacional en cuanto a la edad en que las hijas y los hijos deban permanecer junto a la madre,

por lo que se encuentran prisiones en donde se permite que los infantes permanezcan con la madre

hasta los seis años, y otras hasta los seis meses de edad; sin embargo existen centros de reclusión

en donde, aun cuando el niño hubiera nacido mientras su madre está en prisión, no les permiten

quedarse ni durante el primer mes de vida.

La edad de los niños y niñas que viven con sus madres internas en los centros de reclusión en el

país, ha oscilado entre los 0 y 6 años de edad, pero a partir de la publicación de la Ley Nacional de

Ejecución Penal del año 2016, la edad se ha modificado hasta los 3 años para el caso de que hayan

nacido durante el internamiento de sus madres y podrá solicitarse su ampliación al Juez de

Ejecución en el caso de que la hija o el hijo tuviera una discapacidad que requiriera los cuidados

de la madre, si esta sigue siendo la única persona que pueda hacerse cargo.

La normatividad antes citada, también contempla que los centros penitenciarios deben garantizar a

los menores: zonas para esparcimiento, una buena alimentación y servicios de salud y de educación

de acuerdo a su edad, lo cual no acontece en la realidad.

Desprendiéndose así, que el Estado Mexicano en su condición de garante, debe asegurar entornos

de estancia digna para los menores de edad que viven junto con su madre en prisión.

Sin embargo, un hecho que se vuelve sumamente complicado, es la separación que enfrentan madre

e hijo, pues se trata de un duelo corporal que ambos deben afrontar, para el cual no existe ninguna

preparación que garantice su salud psicológica, dado que es un evento que generalmente se realiza

de forma violenta.

La separación del niño por tener una madre en prisión reviste un doble efecto desmoralizador, por

la separación en sí misma y por el maltrato que regularmente recibe de parte de los familiares a

cargo o de los empleados de las instituciones asistenciales, para quienes los niños “merecen” un

trato diferente, haciendo extensivo el castigo impuesto a la madre.

120

Es necesario por ello, brindar atención que niñas y niños requieren en las condiciones específicas

en las que se encuentran, de conformidad con los estándares internacionales y con la normatividad

aplicable en su caso.

Entonces, si se atendieran los antecedentes jurisdiccionales y sobre todo el marco legal que vela

por el interés superior del menor y por la separación gradual y paulatina de los infantes y sus

madres, se deben modificar los servicios penitenciarios debiendo tomar en cuenta las necesidades

de las mujeres, dado que requieren una atención especializada.

Por ello, surge la necesidad de brindar en los centros penitenciarios orientación psicológica a las

madres, a efecto de proporcionarles una preparación emocional y de acompañamiento para tener

un desprendimiento de su hijo de modo paulatino, lo que conlleva que también las niñas y los niños

cuenten con servicios de orientación psicológica, en pro de su interés superior, pero además a

efectos de garantizar un desarrollo sano y adecuado emocionalmente.

En la entidad mexiquense, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México

consagra como principio constitucional en su artículo 5, garantizar el desarrollo pleno y la

protección de la familia y sus miembros por ser base fundamental de la sociedad, así como de los

individuos con carencias familiares esenciales no superables de manera autónoma, a través de la

prestación de servicios asistenciales.

El marco legal de regulación en el estado, con relación a mujeres en situación de perdida de libertad,

así como de sus hijos al vivir con ellas, es por un lado la Ley de Asistencia Social del Estado de

México y Municipios y por otro la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado

de México, la cual tiene por objeto garantizar el pleno goce, respeto, protección y promoción de

sus derechos como un interés superior.

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, considera un grupo vulnerable a las niñas

y niños, porque dependen fundamentalmente de otros (padres y/o familia) para cubrir sus

necesidades básicas y fomentar su crecimiento adecuado a nivel biológico, emocional, social y

cultural.

Ahora bien, los establecimientos penitenciarios en la entidad son mixtos, integrados por hombres

y mujeres, mismos que permiten que las madres puedan cuidar de sus hijos hasta máximo los 6

años de edad, los cuales son: Centro Preventivo y de Readaptación Social Santiaguito, en Almoloya

de Juárez; Centro Preventivo y de Readaptación Social, en Chalco; Centro Preventivo y de

Readaptación Social de Ecatepec "Dr. Sergio García Ramírez"; Centro Preventivo y de

Readaptación Social, en Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca y el Centro Preventivo y de

Readaptación Social "Juan Fernández Albarrán”, en Tlalnepantla de Baz.

De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario

Estatales 2018, en 2017, en el Estado de México había 48 menores viviendo con su madre en

centros penitenciarios, 22 menores de 1 año, 12 de un año, 10 de dos años, 3 de 3 años y solo 1 de

5 años.

Es menester, señalar que este grupo tienen una ausencia de normas protectoras de derechos y de

políticas públicas al respecto, lo que ha dado lugar a una falta de visualización por parte del Estado

y de la sociedad de estas mujeres presas y sus hijos como sujetos de derechos.

121

Es preciso, por tanto, repensar y diseñar una sociedad incluyente con pleno respeto de los derechos

y garantías para todos y todas, atendiendo la situación especial de las mujeres reclusas y de sus

hijos e hijas. Ello, debido a que no se puede dejar de tomar en cuenta que tienen necesidades y que

la situación que guardan, debe ser atendida.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), brinda

servicios asistenciales, mismos que se encuentran vinculados con el Sistema de Protección de

Niñas, Niños y Adolescentes, cuya misión estriba en lograr el bienestar familiar, siendo así que la

presente iniciativa propone establecer la obligatoriedad para que el DIFEM brinde orientación

psicológica a quienes han permanecido invisibles en los reclusorios y constituyen un grupo

vulnerable de la sociedad.

Conceder orientación psicológica a mujeres recluidas y a los niños y niñas que viven a lado de sus

madres, implica velar por el desarrollo de un grupo que lo requiere, asimismo, conlleva velar por

el interés superior del menor, y por ende, dar acompañamiento a las madres garantiza este principio

constitucional y los estándares internacionales.

El Partido Verde Ecologista de México, realiza esta iniciativa con el objetivo de reducir las

desigualdades existentes en la entidad y sobre todo para atender a este grupo vulnerable en una de

sus tantas necesidades, a efecto de garantizar el pleno goce de derechos a niñas y niños, que

invariablemente depende de otros para su desarrollo.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este H. Poder Legislativo del Estado

de México, para su análisis, discusión y en su caso aprobación, la presente: INICIATIVA CON

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN EL INCISO N) DE LA

FRACCIÓN I Y E) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 7; ASÍ COMO LA FRACCIÓN

XIV BIS DEL ARTÍCULO 10 Y XXI BIS DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE

ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.


DIP. JOSÉ ALBERTO COUTTOLENC BUENTELLO

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

PROYECTO DE DECRETO

DECRETO NÚMERO___

LA LX LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO

DECRETA:

ÚNICO. Se adicionan los incisos n) de la fracción I y e) de la fracción II, del artículo 7, así como,

las fracciones XIV Bis del artículo 10 y XXI Bis del artículo 18 de la Ley de Asistencia Social del

Estado de México y Municipios, para quedar de la siguiente manera:

LEY DE ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

122

Artículo 7. Se consideran beneficiarios de los programas, acciones y servicios de asistencia social,

de manera prioritaria:

I. Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en condiciones de

vulnerabilidad, situación de riesgo o afectados por:

a) Desnutrición;

b) Deficiencias en su desarrollo físico o mental, o cuando éste sea afectado por condiciones

familiares adversas;

c) Maltrato, abuso o violencia.

d) Abandono, ausencia o irresponsabilidad de progenitores, de tutores, de quienes tengan la guarda

y cuidado, en el cumplimiento y garantía de sus derechos.

e) Ser víctimas de cualquier tipo de explotación;

f) Vivir en la calle;

g) Ser víctimas de la trata de personas, la pornografía y el comercio sexual;

h) Trabajar en condiciones que afecten su desarrollo e integridad física y mental;

i) Infractores y víctimas del delito;

j) Ser hijas o hijos de padres que padezcan enfermedades terminales o en condiciones de pobreza;

k) Ser migrantes y repatriados en situación de riesgo o vulnerabilidad.

I) Ser víctimas de conflictos armados, de persecución o de discriminación.

m) Ser padres adolescentes;

n) Ser hijas o hijos de mujeres que se encuentren cumpliendo una pena privativa de libertad

y que habiten con ellas al interior de los centros penitenciarios.

II. Las mujeres:

a) En estado de gestación o lactancia y las madres adolescentes;

b) En situación de violencia, en cualquiera de sus modalidades; y

c) En situación de explotación, incluyendo la sexual o trata de personas.

d) En lugares en que por las condiciones de inseguridad las coloquen en situación de riesgo.

e) Que sean madres y se encuentren cumpliendo una pena privativa de la libertad.

…

Artículo 10.- Para los efectos de esta Ley se entenderán como servicios en materia de asistencia

social:

I a XIV…

XIV BIS. La atención a hijas e hijos de madres que se encuentren privadas de la libertad en

cumplimiento de una sentencia judicial. Dicha atención velará por el desarrollo integral y el

interés superior del menor.

…

Artículo 18.- El DIFEM tendrá respecto de la asistencia social, las siguientes atribuciones:

I. a XXI…

123

XXI Bis. Crear y brindar programas de orientación psicológica a las madres que se

encuentren cumpliendo una pena privativa de la libertad, así como a sus hijas e hijos durante

el tiempo que los mismos vivan con sus madres y posteriormente, en caso de ser separados, a

los adultos que tengan bajo su cuidado a dichos menores de edad.

…

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico

Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado.

SEGUNDO. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México contará

con un plazo de 90 días, posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, para diseñar e

implementar los programas de orientación psicológica a las madres que se encuentran cumpliendo

una pena privativa de la libertad, así como a sus hijas e hijos.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo en la Ciudad de Toluca, Capital del Estado de México, a

los días __ del mes de ___ de dos mil diecinueve.

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Se registra a la iniciativa y se remite a las

Comisiones Legislativas Para la Atención de Grupos Vulnerables y de Procuración y

Administración de Justicia para su estudio dictamen.

Conforme a lo señalado en el punto número. Adelante la diputada Lily tiene el uso la

palabra.

DIP. LILIANA GOLLÁS TREJO (Desde su curul). Quisiera pedir de manera muy respetuosa a la

diputada poderme sumar a esta iniciativa en aras de ayudar también a nuestras niñas infractoras.

Gracias.

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. La diputada María Luisa está de acuerdo en que

la diputada al inicio adhiera a su iniciativa

DIP. MARÍA LUISA MENDOZA MONDRAGÓN (Desde su curul). Con todo gusto Lili juntos

tenemos que seguir trabajando y trasformando. Gracias por supuesto.

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Conforme a lo señalado en el punto número 17

del orden del día, puede hacer uso de la palabra el diputado Max Agustín Correa Hernández, para

presentar en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena, punto de acuerdo de urgente y

obvia resolución, mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

del Gobierno Federal, para que a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil garantice

la participación activa del Estado Mexicano en los Foros y Plataformas Internacionales en materia

de Gestión Integral de Riesgos, que fomenten el aprendizaje de nuevos modelos y acciones exitosas

en la Reducción de Riesgo de Desastres; preservando así, una adecuada interacción con la

comunidad internacional en el cumplimiento de los compromisos dispuestos por el marco de

Sendai de la Organización de las Naciones Unidas.

Diputado Max, adelante.

DIP. MAX AGUSTÍN CORREA HERNÁNDEZ. Gracias Presidenta, con su venia, compañeras y

compañeros diputados, público que nos acompaña, medios de comunicación, con su permiso.

El de la voz en mi carácter de Presidente de la Comisión Legislativa de Protección Civil e

Integrante del Grupo Parlamentario morena y en ejercicio del derecho que me confiere la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México y la Ley Orgánica del

Poder Legislativo y el Reglamento del mismo ambos del Estado de México, someto a consideración

de esta Honorable Legislatura, Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual

124

se exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, para que a

través de la Coordinación Nacional de Protección Civil se garantice la participación activa del

Estado Mexicano en los Foros y Plataformas Internacionales en materia de Gestión Integral de

Riesgos, que fomenten el aprendizaje de nuevos modelos y acciones exitosas en la Reducción de

Riesgo de Desastres; preservando así, una adecuada interacción con la comunidad internacional en

el cumplimiento de los compromisos dispuestos por el marco de Sendai de la Organización de las

Naciones Unidas, en mérito de la siguiente:


El territorio de México con su cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados, alberga una

diversidad de clima y hábitats naturales que reflejan la riqueza de flora, fauna, entornos

socioculturales, económicos y la complejidad política de una región en la que se fusionan

Centroamérica y los países del Norte del Hemisferio, esta riqueza y complejidad se refleja también

en la presencia de los fenómenos perturbadores de origen geológico, hidrometeorológicos,

sanitario-ecológicos, químico-tecnológicos y los fenómenos socio-organizativos que últimamente

han estado en boga y tal como lo afirmo el Presidente de la Cámara de Diputados, en el evento de

respaldo al Presidente de la República y para celebrar la amistad binacional celebrado en Tijuana

en días pasados, lo que nos convoca a abordar el asunto desde los lineamientos establecidos por la

comunidad internacional destacando los convenios de Naciones Unidas y de la Cruz Roja

Internacional, para darle un enfoque de atención desde los derechos fundamentales al flujo de

migrantes centroamericanos, sin dejar de atender con el mismo enfoque nuestra migración interna

del campo a la ciudad.

Esta clasificación conceptual y operativa de fenómenos corresponde al ámbito de la

protección civil y de la gestión integral de riesgos y cuenta con un marco normativo internacional,

federal y también aplicable para nuestra Entidad, en el orden global la estrategia internacional de

reducción de desastres de la Organización de las Naciones Unidas, ha desarrollado planes de acción

que cada 10 años van marcando la ruta de las naciones del mundo sobre las mejores prácticas, para

fortalecer sus Sistemas de Protección Civil y de reducción del riesgo de desastres para hacer de

este mundo uno más seguro para todas y para todos; es así que la Estrategia de Acción de

Yokohama de 1995 se dio paso al Marco de Acción de Hyogo en donde se estableció desde el año

2005 el tránsito de los modelos reactivos a un modelo de gestión integral de riesgos que incluya la

identificación, el monitoreo y alertamiento de las amenazas, la previsión social y la prevención con

la participación de todos los actores gubernamentales así como de la sociedad, la preparación en la

respuesta especializada y una atención en la emergencia eficaz y un proceso de reconstrucción que

rediseñe marcos legales y de políticas públicas para aprender de la experiencia y dejar de cometer

los mismos errores que llevan a nuevos desastres.

Para el 2015 la Agenda del Marco de Acción de Hyogo se dio por concluida y la comunidad

internacional México incluido, dio paso a un enfoque nuevo de cumplimiento de objetivos, metas

e indicadores, resultado de la implementación de las medidas antes referidas y establecidas en el

marco de acción, referido, por lo tanto el marco de Sendai se considera el instrumento sucesor del

Marco de Acción de Hyogo con la finalidad de comprender mejor la gestión del riesgo de desastres

en lugar del riesgo solamente.

El propósito del Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres que se adoptó

durante la Tercer Conferencia Mundial para las Naciones Unidas, sobre la reducción del riesgo de

desastres, celebrada en marzo del 2015 en Japón, representa una valiosa oportunidad para

reconocer los avances considerables que se han logrado en la reducción del riesgo de desastre y

evitar las pérdidas de vida, medios de vida y la salud, al igual que los bienes económicos, físicos,

sociales, culturales y ambientales de las personas, empresas, comunidades y países; pero sobre

todo, aumentar el grado de sensibilización en torno a este tema y fomentar mayores esfuerzos para

construir comunidades y naciones resilientes a los desastres.

125

Es importante resaltar que en nuestro país en el año 2017, fue sede de la 5ª. Plataforma

Global para la Reducción de Riesgos de Desastre, en Cancún, Quintana Roo, donde se recibieron

más de 7 mil personas de más de 180 países y posteriormente en el año 2018 desde Ginebra a Suiza,

nuestro país fue reconocido a nivel internacional por sus políticas públicas y acciones en materia

de gestión integral del riesgo por el Grupo de Apoyo de la Estrategia Internacional de las Naciones

Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres.

En ese acto el representante del Secretario General de la reducción del riesgo de desastre

Mami Mizutori, resaltó y agradeció las aportaciones de nuestro país hacia el mundo con su

experiencia en este tema y pidió se dé continuidad a los trabajos y compromisos adquiridos a fin

de mantener el liderazgo en la región, también se asumió la Copresidencia del Fondo Global para

la Reducción y Recuperación de Desastres del Banco Mundial desde donde ha fortalecido nuestro

país las alianzas con diversas instituciones internacionales, como la federación internacional de

sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja.

En ese sentido quienes somos parte del Cuarta Transformación en el Congreso Local del

Estado de México, consideramos que en nuestro país, debe seguir por esa ruta, en materia de

reducción de riesgos de desastres, sobre todo en la entidad hemos constituido como un Congreso,

que le apuesta a una Plena Gestión Integral de Riesgo de Desastre e incluso se puede decir que

estamos alineados a las 7 metas globales adoptadas en el Marco de Sendai que son a saber: La meta

de reducir considerablemente la mortalidad mundial causada por desastres; reducir

considerablemente el número de personas afectadas; reducir las pérdidas económicas causadas

directamente por los desastres en relación con el Producto Interno Bruto de cada país y a nivel

mundial; reducir considerablemente los daños causados por los desastres en la infraestructura

vitales como la salud y la educativa; incrementar considerablemente el número de países que

cuentan con estrategias de reducción de riesgo de desastre, mejorar la cooperación internacional,

para los países en desarrollo y finalmente incrementar considerablemente, la disponibilidad de los

Sistemas de Alerta Temprana, Sobre Amenazas Múltiples y de la Información y las Evaluaciones

Sobre el Riesgo de Desastres Tramitadas a las Personas y el Acceso a Ellos, todas esta metas se

plantea en el Decenio 2020-2030.

Como se puede apreciar nuestro país al ser potencialmente sede de múltiples desastres,

cuenta con una vasta experiencia que puede ser compartida en plataformas globales y por supuesto

incrementarla con las aportaciones y experiencias de otras naciones; sin embargo, se desconoce,

por qué razón este año en nuestro país dejó de asistir a la Plataforma Global para la Reducción del

Riesgos de Desastres, que se llevó acabo del 13 al 17 de mayo del año en curso en Ginebra, Suiza,

organizada por la ONU para la reducción de riesgos de desastre, en la que se expusieron temas de

gran valía e interés para el mundo.

Por ejemplo, la Conferencia Mundial de Reconstrucción, la Mejora de la Resiliencia en

Contextos Frágiles y Afectados por Conflictos, las Inversiones Relacionadas por la Agricultura en

la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres; los eventos son naturales, los desastres no, como

las lecciones se pueden ayudar a las comunidades a ser más resistentes y más resilientes.

En el Grupo Parlamentario de morena, consideramos que la autorizada ordenada por el

Presidente de México, es necesaria e indispensable, para lograr las ambiciosas metas de nuestro

Gobierno Federal, dado el dispendio que incluía viajes internacionales que la mayoría de las veces

solo eran vacaciones de funcionarios y sus familias; por ello, creemos también que así como de ha

mantenido un liderazgo en materia ambiental de cambio climático y de la Agenda Hábitat a través

de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por lo que la Secretaría de Seguridad y Protección

Ciudadana, encabezada por el Doctor Alfonso Durazo, puede dar seguimiento a estos espacios con

una representación mínima de expertos en la materia que garantice la participación activa del

Estado Mexicano en los foros y plataformas internacionales que fomente el aprendizaje de nuevos

modelos de acciones exitosas en la reducción de riesgo de desastres, preservando así una adecuada

126

interacción con la comunidad internacional en el cumplimiento de los compromisos dispuestos en

el Marco de Sendai de las Naciones Unidas, así el Gobierno de México, así…

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Diputado Max.

DIP. MAX AGUSTÍN CORREA HERNÁNDEZ. Se comprometerá, se encontrará en condiciones

de realizar la retroalimentación necesaria.

Por todo lo expuesto, Presidenta solicito que se ponga a consideración de esta Soberanía

este exhorto y si es de considerarse se pueda aprobar de urgente y obvia resolución.

Muchísimas gracias.

Toluca de Lerdo, México, a 13 de agosto del 2019.




PRESENTE

Diputado Max Agustín Correa Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de morena y en

su representación, con fundamento los artículos 57 y 61 fracción I de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano del Estado de México, 38 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo y 72 del Reglamento del Poder Legislativo ambos del Estado Libre y Soberano de

México, someto a la consideración de esta Honorable Legislatura, punto de Acuerdo de urgente y

obvia resolución mediante el cual se EXHORTA a la Secretaría de Seguridad y Protección

Ciudadana del Gobierno Federal, para que a través de la Coordinación Nacional de

Protección Civil garantice la participación activa del Estado Mexicano en los Foros y

Plataformas Internacionales en materia de Gestión Integral de Riesgos, que fomenten el

aprendizaje de nuevos modelos y acciones exitosas en la Reducción de Riesgo de Desastres;

preservando así, una adecuada interacción con la comunidad internacional en el

cumplimiento de los compromisos dispuestos por el marco de Sendai de la Organización de

las Naciones Unidas, en mérito de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El territorio de México con sus cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados alberga una diversidad

de climas y hábitats naturales que reflejan la riqueza de flora, fauna, entornos socio culturales,

económicos y la complejidad política de una región en la que se fusionan

Centro América y los países del Norte del Hemisferio, destacando los desafíos que implica el ser

vecinos por tierra de los Estados Unidos de América, y por frontera marítima de nuestra Nación

Hermana, la República de Cuba.

Esta riqueza y complejidad se refleja también en la presencia de los Fenómenos Perturbadores de

origen Geológico, nuestras costas son parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, que

presenta una actividad considerable de origen sísmico permanente, y se encuentran dos de los

volcanes activos más importantes del mundo: el Popocatépetl en límites de nuestra entidad y

Puebla, y el Volcán de Colima en la entidad del mismo nombre.

127

En materia Hidrometereológica se presentan Ciclones, Huracanes y Tormentas Tropicales,

principalmente en la temporada que va de los meses de mayo a septiembre; mientras que en el norte

y centro del país son cada vez más potentes las heladas y la sequía asola a otras regiones del país,

mermando nuestra producción agropecuaria y dificultando el ejercicio del derecho a la

alimentación.

Los riesgos sanitario – ecológicos han crecido debido a la presencia de nuevos vectores

epidemiológicos entre la población, las deficiencias de la cobertura en el sistema de salud pública;

mientras que los incendios forestales y la contaminación de los cuerpos de agua incluyendo los

bordes costeros; son amenazas que se potencian cada vez más con los efectos del Cambio Climático

sobre nuestro país.

La corrupción, la ausencia de previsión y la irresponsabilidad legal, ética y moral, han provocado

también tragedias de origen químico – tecnológico manifestadas en explosiones con un saldo

masivo de víctimas como la de Guadalajara en 1993, la de San Juan Ixhuatepec en 1984 y la de la

agroquímica Anaversa en Veracruz, en el año de 1987; sin dejar de destacar accidentes

deliberadamente provocados como los derrames de sustancias tóxicas en cuerpos de agua del norte

del país, provocados por empresas del sector minero.

Como principal fenómeno socio organizativo, y tal como lo afirmo el Presidente de la Cámara de

Diputados en el evento de respaldo al Presidente de la República y para celebrar la amistad

binacional, celebrado en Tijuana en días pasados, el de la movilidad humana nos convoca a abordar

el asunto desde los lineamientos establecidos por la comunidad internacional, destacando los

Convenios de Naciones Unidas y de la Cruz Roja Internacional, para darle un enfoque de atención

desde los derechos fundamentales al flujo de migrantes centroamericanos, sin dejar de atender con

el mismo enfoque nuestra migración interna del campo a la ciudad.

Esta clasificación conceptual y operativa de fenómenos corresponde al ámbito de la Protección

Civil y de la Gestión Integral de Riesgos, y cuenta con un marco normativo internacional, federal

y también aplicable para nuestra Entidad.

En el orden global, la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres de la Organización de

las Naciones Unidas, ha desarrollado planes de acción que cada 10 años van marcando la ruta a las

naciones del mundo sobre las mejores prácticas para fortalecer sus sistemas de Protección Civil y

de Reducción del Riesgo de Desastres para hacer de este mundo, uno más seguro para todas y para

todos.

Es así, que de la Estrategia de Acción de Yokohama de 1995, se dio paso al Marco de Acción de

Hyogo, en donde se estableció desde el año 2005 el tránsito de los modelos reactivos a un modelo

de Gestión Integral de Riesgos, que incluya la identificación, monitoreo y alertamiento de las

amenazas, la previsión social y la prevención con la participación de todos los actores

gubernamentales así como de la sociedad, la preparación en la respuesta especializada (como son

los grupos de rescate especializado de distintos países que acudieron en nuestro auxilio cuando los

sismos de 2017); una atención en la emergencia eficaz y un proceso de Reconstrucción que rediseñe

marcos legales y de políticas públicas para aprender de la experiencia y dejar de cometer los

mismos errores que llevan a nuevos desastres.

Para 2015, la agenda del Marco de Acción de Hyogo se dio por concluida y la comunidad

internacional, México incluido, dio paso a un enfoque de cumplimiento de objetivos, metas e

128

indicadores, resultado de la implementación de las medidas antes referidas y establecidas en el

Marco de Acción de Hyogo; por lo tanto el Marco de Sendai se considera el instrumento sucesor

del Marco de Acción de Hyogo, con la finalidad de comprender mejor la Gestión del Riesgo de

Desastres en lugar del Riesgo de Desastres.

El propósito del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, que se adoptó durante

la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres,

celebrada en marzo de 2015 en Japón, representa una valiosa oportunidad para reconocer los

avances considerables que se han logrado en la reducción del riesgo de desastres y evitar la pérdida

de vidas, medios de vida y la salud, al igual que de bienes económicos, físicos, sociales, culturales

y ambientales de las personas, empresas, comunidades y países; pero sobre todo aumentar el grado

de sensibilización en torno a este tema y fomentar mayores esfuerzos para construir comunidades

y naciones resilientes a los desastres.

Es importante resaltar que nuestro país en el año 2017 fue sede de la Quinta Plataforma Global

para la Reducción de Riesgos de Desastres en Cancún Quintana Roo, donde se recibieron más de

7 mil personas de más de 180 países; posteriormente en el año 2018, desde Ginebra Suiza, nuestro

país fue reconocido a nivel internacional por sus políticas públicas y acciones en materia de Gestión

Integral del Riesgo por el Grupo de Apoyo de la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas

para la Reducción del Riesgo de Desastres.

En ese acto el representante del Secretario General para la Reducción del Riesgo de Desastres,

Mami Mizutori, resaltó y agradeció las aportaciones de nuestro país hacia el mundo con su

experiencia en este tema, y pidió se dé continuidad a los trabajos y compromisos adquiridos a fin

de mantener el liderazgo en la región. También se asumió la Copresidencia del Fondo Global para

la Reducción y Recuperación de Desastres del Banco Mundial, desde donde ha fortalecido las

alianzas con diversas instituciones internacionales como la Federación Internacional de Sociedades

de la Cruz Roja y Media Luna Roja.

En ese sentido, quienes somos parte de la cuarta transformación en el congreso local del Estado de

México, consideramos que nuestro país debe seguir por esa ruta en materia de reducción de riesgo

de desastres, sobre todo porque en la entidad nos hemos constituido como un gobierno que apuesta

por una plena Gestión Integral de Riesgos de Desastres, e incluso, se puede decir que estamos

alineados a las siete metas globales adoptadas en el Marco de Sendai que a saber son:

2016 – Meta a) Reducir considerablemente la mortalidad mundial causada por

desastres para 2030, y lograr reducir la tasa de mortalidad mundial causada por

desastres por cada 100.000 personas en el decenio 2020-2030 respecto del período

2005-2015;

2017 – Meta b) Reducir considerablemente el número de personas afectadas a nivel

mundial para 2030, y lograr reducir el promedio mundial por cada 100.000 personas

en el decenio 2020-2030 respecto del período 2005-2015;

2018 – Meta c) Reducir las pérdidas económicas causadas directamente por los

desastres en relación con el producto interno bruto (PIB) mundial para 2030;

2019 – Meta d) Reducir considerablemente los daños causados por los desastres en

las infraestructuras vitales y la interrupción de los servicios básicos, como las

instalaciones de salud y educativas, incluso desarrollando su resiliencia para 2030;

129

2020 – Meta e) Incrementar considerablemente el número de países que cuentan

con estrategias de reducción del riesgo de desastres a nivel nacional y local para

2020;

2021 – Meta f) Mejorar considerablemente la cooperación internacional para los

países en desarrollo mediante un apoyo adecuado y sostenible que complemente las

medidas adoptadas a nivel nacional para la aplicación del presente Marco para 2030;

2022 – Meta g) Incrementar considerablemente la disponibilidad de los sistemas de

alerta temprana sobre amenazas múltiples y de la información y las evaluaciones

sobre el riesgo de desastres transmitidas a las personas, y el acceso a ellos, para

2030.

Como se puede apreciar, nuestro país al ser potencialmente sede de múltiples desastres, cuenta con

una vasta experiencia que puede ser compartida en plataformas globales, y por supuesto

incrementarla con las aportaciones y experiencias de otras naciones; sin embargo, se desconoce

por qué razón este año, nuestro país dejo de asistir a la Plataforma Global para la Reducción del

riesgo de Desastres que se llevó a cabo del 13 al 17 de mayo del año en curso, en Ginebra Suiza,

organizado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres

(UNDRR), en la que se expusieron temas de gran valía como:

- Conferencia Mundial de Reconstrucción.

- Mejora de la Resiliencia en contextos frágiles y afectados por conflictos.

- Inversiones relacionadas con la agricultura en la Reducción y Gestión del Riesgo de

Desastres: Tendencias mundiales y regionales entre 2004 y 2016.

- Los Eventos son Naturales, los Desastres no: Cómo las lecciones pueden ayudar a las

comunidades a ser más resistentes.

- Promover el liderazgo de las mujeres en la Reducción del Riesgo de Desastre y la

Resiliencia.

- Infraestructura verde: La mejor defensa de la Naturaleza contra Desastres.

- Llamado a elevar el nivel de ambición en Sendai.

En el Grupo Parlamentario de Morena, consideramos que la austeridad ordenada por el Presidente

de México es necesaria e indispensable para lograr las ambiciosas metas de nuestro nuevo Gobierno

Federal, dado el dispendio que incluía viajes internacionales que la mayoría de las veces solo eran

vacaciones de funcionarios y sus familias, por ello, creemos también que así como se ha mantenido

un liderazgo en materia ambiental, de cambio climático y de la Agenda Hábitat, a través de la

Secretaría de Relaciones Exteriores; por lo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana,

encabezada por el Dr. Alfonso Durazo, puede dar seguimiento a estos espacios con una

representación mínima de expertos en la materia que garantice la participación activa del Estado

Mexicano en los Foros y Plataformas Internacionales que fomenten el aprendizaje de nuevos

modelos y acciones exitosas en la Reducción de Riesgo de Desastres; preservando así, una

adecuada interacción con la comunidad internacional en el cumplimiento de los compromisos

dispuestos por el marco de Sendai de la Organización de las Naciones Unidas.

Así, el Gobierno de México, se encontrará en condiciones de realizar la retroalimentación necesaria

para el seguimiento de compromisos relacionados con la implementación del Marco de Sendai,

para la incorporación de mejores prácticas en el marco de la próxima presentación del Plan

Nacional de Desarrollo 2019-2024, contribuyendo al rediseño del Sistema Nacional de Protección

Civil, concebido con un enfoque que correspondía al estado del arte de la década de los 80´s, para

transitar a un modelo de Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres que

130

involucre más a la sociedad civil, a las comunidades rurales, indígenas, urbanas y deje de enfocarse

sólo en atender, en ocasiones deficientemente emergencias cuando las capacidades institucionales

son rebasadas, para pasar a reducir el riesgo con responsabilidades específicas de los tres órdenes

de gobierno, así como de SEMARNAT, SEDATU, Secretaría de Salud, SCT y sus similares tanto

estatales como municipales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta H. Legislatura, el

proyecto de acuerdo adjunto para que, de estimarlo procedente, se apruebe en sus términos.


DIP. MAX AGUSTÍN CORREA HERNANDEZ

PRESENTANTE


GONZÁLEZ



HERNANDEZ



SALCEDA


BERNAL


VILLEGAS



ROSAS




SÁNCHEZ




PÉREZ



SÁNCHEZ


RAMÍREZ


SOTELO



MORALES


RAMOS


ELIZALDE VÁZQUEZ


GARCÍA

DIP. MARIO GABRIEL

GUTIÉRREZ CUREÑO


GONZÁLEZ


ÁLVAREZ NEMER


131


MARTÍNEZ



GONZÁLEZ



BAUTISTA



PROYECTO DE ACUERDO

La H. LX Legislatura del Estado de México, en ejercicio de las atribuciones que le confieren

los artículos 51 y 61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

México, 38 fracción IV de la Ley Orgánica del Peer Legislativo, ha tenido a bien emitir el

siguiente:

A C U E R D O

ARTÍCULO PRIMERO. La H. LX Legislatura del Estado de México, en un marco de respeto

EXHORTA a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, para que a

través de la Coordinación Nacional de Protección Civil garantice la participación activa del Estado

Mexicano en los Foros y Plataformas Internacionales en materia de Gestión Integral de Riesgos,

que fomenten el aprendizaje de nuevos modelos y acciones exitosas en la Reducción de Riesgo de

Desastres; preservando así, una adecuada interacción con la comunidad internacional en el

cumplimiento de los compromisos dispuestos por el marco de Sendai de la Organización de las

Naciones Unidas.

ARTÍCULO SEGUNDO. Comuníquese el presente acuerdo a la Secretaria de Seguridad y

Protección Ciudadana del Gobierno Federal para los efectos correspondientes.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO. Publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”.


México, a los _____ días del mes de ______ de 2019.

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. La Presidencia con sustento en lo establecido en

los artículos 55 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 83 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, somete a la aprobación de

la LX Legislatura la propuesta de dispensa del trámite del Punto de Acuerdo para proceder de

inmediato a su análisis y resolución.

Esta Presidencia abre la discusión de la propuesta para dispensar el trámite de dictamen y

pregunta a las diputadas y a los diputados si desean hacer uso de la palabra.

La Presidencia pide a quienes estén por la aprobatoria del dispensa del dictamen del Punto

de Acuerdo, se sirvan levantar la mano.

132

Gracias ¿En contra, en abstención?

SECRETARIO JOSÉ ANTONIO GARCÍA GARCÍA. Presidenta informo que la propuesta ha sido


PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Reseñe la Secretaría de manera sucinta los

antecedentes del Punto de Acuerdo.

SECRETARIO JOSÉ ANTONIO GARCÍA GARCÍA. El Punto de Acuerdo fue sometido a la

aprobación de la Legislatura por el diputado Max Agustín Correa Hernández, en nombre del Grupo

Parlamentario del Partido morena en ejercicio de las facultades que le confieren la Ley Orgánica y

el Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México.

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. La Presidencia abre la discusión en lo general

del Punto de Acuerdo y pregunta a los Integrantes de la Legislatura si desean hacer uso de la

palabra.

Esta Presidencia consulta a los integrantes de la Legislatura si es de aprobarse en lo general

el Punto de Acuerdo y solicita a la Secretaría abra el sistema de registro de votación hasta por 2

minutos, aclarando si alguien desea separar algún artículo para su discusión particular se sirva

expresarlo.

SECRETARIO JOSÉ ANTONIO GARCÍA GARCÍA. Con todo gusto Presidenta, se procede a

abrir el sistema de registro de votación hasta por dos minutos.

(Votación nominal)

SECRETARIO JOSÉ ANTONIO GARCÍA GARCÍA. ¿Algún diputado o diputada que desee

manifestar su voto? Diputado Faustino, diputado Armando, Armando a favor; diputado Faustino,

a favor. ¿Alguien más?

Presidenta le informo a usted que el Punto de Acuerdo ha sido aprobado en lo general por


PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Se tiene por aprobado en lo general el Punto de

Acuerdo.

Estimando que no se separaron artículos para su discusión particular se declara su

aprobatoria…

Dígame, se registra su voto a favor diputada Juliana ¿Alguien más falta de registrar su voto?

Gracias.

Estimando que no se separaron artículos para su discusión particular se declara su

aprobatoria en lo particular.

Sírvase la Secretaría expedir el acuerdo correspondiente y provea su cumplimiento.

En cuanto al punto número 18 del orden del día hace uso de la palabra la diputada

Montserrat Ruiz Páez, para presentar en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena,

punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se exhorta a la Junta de Caminos

del Estado de México a efecto de que se tomen acciones inmediatas para la rehabilitación y

conservación de las carreteras y vialidades principales que estén bajo su encargo; así como a los

125 ayuntamientos de la entidad para que inicien campañas de bacheo, rehabilitación y

conservación de calles, avenidas y vialidades, adelante diputada.

DIP. MONTSERRAT RUIZ PÁEZ. Con su venia diputada Presidenta.

Saludo respetuosamente a los integrantes de la mesa directiva a mis compañeras y

compañeros diputados, al público que amablemente el día de hoy nos acompaña, a los

representantes de los diversos medios de comunicación y a quienes nos ven por medio de las redes

sociales.

La de la voz diputada Monserrat Ruiz Páez, Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido

morena. Y en su representación, con fundamento en los artículos 51 y 61 fracción I de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 38 fracción IV de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo y 72 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado de México, someto a

133

la consideración de esta Honorable Asamblea, Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución

mediante el cual se exhorta a la Junta de Caminos del Estado de México, a efecto de que se tomen

acciones inmediatas para la rehabilitación y conservación de las carreteras y vialidades principales

que estén bajo su encargo; así como a los 125 ayuntamientos de la Entidad para que inicien

campañas de bacheo, rehabilitación y conservación de las calles, avenidas y vialidades, conforme

a sus respectivas competencias.

En mérito de la siguiente:


La infraestructura es el conjunto de componentes físicos que interrelacionados entre sí de

manera coherente y bajo cumplimiento de ciertas especificaciones técnicas de diseño y

construcción ofrecen condiciones cómodas y seguras otorgando con conectividad terrestre al País

para el transporte de personas y de cargas, permitiendo realizar actividades productivas, de

servicios, de distracción y turísticas.

Todo medio de transporte, requiere de una infraestructura en condiciones óptimas,

constituyendo una pieza clave e indispensable para la economía y el desarrollo productivo del

entorno geográfico de los municipios.

No sólo las personas que cuentan con un vehículo automotor hacen uso de dicha

infraestructura, de hecho, su deficiencia es una de las principales quejas de la ciudadanía, donde

con justa razón y en muchos casos exigen a las autoridades que se vean reflejados sus impuestos.

En el Estado de México, no es la excepción como en el resto de las entidades,

lamentablemente vivimos y padecemos día con día una gran variedad de hoyos en el pavimento,

que coloquialmente se le conocen como baches; por ejemplo, el pasar por un bache profundo se

puede doblar un ring o romper una llanta, con lo que se vuelven necesarios detenerse para instalar

la refacción y esto genera pérdidas de tiempo económicas, además de representar un riesgo para la

seguridad de todas las personas.

Los baches se han convertido en una tarea desafiante para las y los automovilistas en su

transitar por las vías principales y secundarias de cualquier parte del Estado de México, si bien es

cierto, en nuestra Entidad existen tramos carreteros cuyo mantenimiento está cargo de la Junta de

Caminos del Estado de México, en la mayoría de los casos tal mantenimiento corresponde a los

ayuntamientos, autoridades que en contadas ocasiones implementan brigadas permanentes,

destinadas a la atención de esta problemática, generada por la inclemencia del clima o por la escasa

calidad de los materiales utilizados en la infraestructura.

Aunque existen procedimientos para solicitar a la autoridad a la reparación del daño,

producido a un vehículo por no tener en buen estado las vialidades, las personas tienen que seguir

una serie de pasos complejos y tardados.

Por ello es más conveniente generar medidas preventivas o correctivas de forma inmediata

para la atención de esta constante queja ciudadana con lo expuesto y fundado se someta a

consideración de esta Honorable Legislatura el presente Punto de Acuerdo mediante el cual se

exhorta a la Junta de Caminos del Estado de México a efecto de que se tomen acciones inmediatas

para la rehabilitación y conservación de las carreteras y vialidades principales que estén bajo su

encargo, así como los 125 ayuntamientos de la Entidad para que inicien campañas de bacheo

rehabilitación y conservación de las calles avenidas y vialidades respecto a sus competencias,

esperando sea aprobado de urgente y obvia resolución.

Es cuando muchas gracias.


134




PRESENTE

Diputada Montserrat Ruiz Páez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena y en su

representación, con fundamento en los artículos 51 y 61, fracción I de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de México, 38 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 72

del Reglamento del Poder Legislativo del Estado de México, someto a la consideración de esta H.

Asamblea, Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se EXHORTA

a la Junta de Caminos del Estado de México a efecto de que se tomen acciones inmediatas

para la rehabilitación y conservación de las carreteras y vialidades principales que estén bajo

su encargo; así como a los 125 Ayuntamientos de la entidad para que inicien campañas de

bacheo, rehabilitación y conservación de calles, avenidas y vialidades, en mérito de la siguiente:


La infraestructura es el conjunto de componentes físicos que interrelacionados entre sí de manera

coherente y bajo cumplimiento de ciertas especificaciones técnicas de diseño y construcción,

ofrecen condiciones cómodas y seguras, otorgando conectividad terrestre al país para el transporte

de personas y de carga, permitiendo realizar actividades productivas, de servicios, de distracción y

turísticas.

Todo medio de transporte requiere de una infraestructura en condiciones óptimas, constituyendo

una pieza clave e indispensable para la economía y desarrollo productivo del entorno geográfico

de los municipios.

No sólo las personas que cuentan con un vehículo automotor hacen uso de dicha infraestructura,

de hecho, su deficiencia es una de las principales quejas de la ciudadanía, donde con justa razón en

muchos casos, exigen a las autoridades que se vean reflejados sus impuestos.

El Estado de México no es la excepción como en el resto de las entidades; lamentablemente

vivimos y padecemos día con día una gran variedad de hoyos en el pavimento que coloquialmente

se le conoce como “bache”; por ejemplo, el pasar por un bache profundo se puede doblar un rin o

romper una llanta, con lo que se vuelve necesario detenerse para instalar la refacción y esto genera

pérdida de tiempo, además de un riesgo para la seguridad de las personas.

Los baches se han convertido en una tarea desafiante para las y los automovilistas en su transitar

por las vías principales y secundarias de cualquier parte del Estado de México.

Si bien es cierto, en nuestra entidad existen tramos carreteros cuyo mantenimiento está a cargo de

la Junta de Caminos del Estado de México, en la mayoría de los casos tal mantenimiento

corresponde a los ayuntamientos, autoridades que en contadas ocasiones implementan brigadas

permanentes destinadas a la atención de esta problemática generada por la inclemencia del clima o

por la escasa calidad de los materiales utilizados en la infraestructura.

Aunque existen procedimientos para solicitar a la autoridad la reparación del daño producido a un

vehículo por no tener en buen estado las vialidades, las personas tienen que seguir una serie de

135

pasos complejos y tardados, por ello, es más conveniente generar medidas preventivas o correctivas

de inmediato para la atención de esta constante queja ciudadana.

Por lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta H. Legislatura, el presente proyecto

de acuerdo, para que, de estimarlo procedente, se apruebe en sus términos.



PRESENTANTE


GONZÁLEZ



HERNANDEZ



SALCEDA


BERNAL


VILLEGAS



ROSAS




SÁNCHEZ




PÉREZ



SÁNCHEZ


RAMÍREZ


SOTELO



MORALES


RAMOS


ELIZALDE VÁZQUEZ


GARCÍA

DIP. MARIO GABRIEL

GUTIÉRREZ CUREÑO


GONZÁLEZ


HERNANDEZ


NEMER


MARTÍNEZ


136


GONZÁLEZ



BAUTISTA



PROYECTO DE ACUERDO

La H. LX Legislatura del Estado de México, en ejercicio de las atribuciones que le confieren

los artículos 51 y 61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

México, 38 fracción IV de la Ley Orgánica del Peer Legislativo, ha tenido a bien emitir el

siguiente:

A C U E R D O

ÚNICO. – Se EXHORTA a la Junta de Caminos del Estado de México a efecto de que se tomen

acciones inmediatas para la rehabilitación y conservación de las carreteras y vialidades principales

que estén bajo su encargo, así como a los 125 Ayuntamientos de la entidad para que inicien

campañas de bacheo, rehabilitación y conservación de calles, avenidas y vialidades.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO. Publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”.


México, a los _____ días del mes de ______ de 2019.

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Como ha sido solicitado a esta Presidencia con

sustento en lo previsto por los artículos 55 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de México y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México,

somete a la aprobación de la “LX” la propuesta de dispensa del trámite de dictamen del punto de

acuerdo para realizar de inmediato su análisis y resolver lo que corresponda.


pregunta a las diputadas y a los diputados si desean hacer uso de la palabra.

La Presidencia pide a quienes estén por la aprobatoria de la dispensa del trámite de dictamen

del punto de acuerdo o se sirvan levantar la mano.

¿En contra, en abstención?

SECRETARIO DIP JOSÉ ANTONIO GARCÍA GARCÍA. Presidenta la propuesta ha sido


PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Mencione la Secretaría los antecedentes del

Punto de Acuerdo.

SECRETARIO DIP JOSÉ ANTONIO GARCÍA GARCÍA. El Punto de Acuerdo fue remitido a la

aprobación de la representación popular por la diputada Montserrat Ruiz Páez en nombre del Grupo

Parlamentario del Partido morena, en ejercicio de las atribuciones que le confieren la Ley Orgánica

y el Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México.


del punto de acuerdo y pregunta a los integrantes de la Legislatura si desean hacer uso de la palabra.

137

Esta Presidencia consulta a los integrantes de la Legislatura si es de aprobarse en lo general

el punto de acuerdo y solicita a la Secretaría habrá el sistema de registro de votación hasta por dos

minutos; precisando que si alguien desea separar algún artículo para su discusión particular se sirve

indicarlo.

SECRETARIO DIP JOSÉ ANTONIO GARCÍA GARCÍA. Presidenta procedemos a abrir el

sistema de registro de votación hasta por dos minutos.

(Votación nominal)

SECRETARIO DIP JOSÉ ANTONIO GARCÍA GARCÍA. ¿Algún diputado, diputada que desea

manifestar su voto? Diputada María Luisa, a favor diputada, diputado Sergio, a favor. ¿Alguien

más?

Presidenta le informo a usted que el Punto de Acuerdo ha sido aprobado en lo general por


PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Se tiene por aprobado en lo general el punto de

acuerdo, estimando que no se separaron artículos para su discusión particular se declara su

aprobatoria en lo particular.

Sírvase la Secretaría expedir el acuerdo correspondiente y provea su cumplimiento.

En lo correspondiente al punto número 19 del orden del día, tiene el uso de la palabra la

diputada Berenice Medrano Rosas, para presentar en nombre del Grupo Parlamentario del Partido

de morena, punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se exhorta al

Secretario de Salud del Estado de México y al Director General del Hospital Regional de Alta

Especialidad de Zumpango, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, y en conjunto

con la Asociación Público Privada que participa en la operación del mencionado hospital, revisen

los costos de sus servicios médicos, a efecto de que éstos puedan estar al alcance de la población

que requiera hacer uso de los mismos; y remitan informe a esta Legislatura, respecto de los

resultados obtenidos en dicha revisión.

Adelante diputada.

DIP. BERENICE MEDRANO ROSAS. Diputada Violeta Nova Gómez, Presidenta de la Mesa

Directiva, compañeros diputadas, diputados, invitados especiales y medios de comunicación que

nos acompañan.

La de la voz Diputada Berenice Medrano Rosas, Integrante del Grupo Parlamentario de

morena, de la “LX” Legislatura del Estado de México, someto a consideración de esta Asamblea,

una propuesta de punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, mediante el cual se exhorta al

Secretario de Salud del Estado de México y al Director General del Hospital Regional de Alta

Especialidad de Zumpango, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, y en conjunto

con la Asociación Público Privada que participa en la operación del mencionado hospital, revisen

los costos de sus servicios médicos, a efecto de que éstos puedan estar al alcance de la población

que requiera hacer uso de los mismos; y en breve informen a esta Legislatura, y cuando digo breve

me refiero no a meses, no a años; respecto de los resultados obtenidos en dicha revisión, por lo que

de encontrarse procedente se aprueben todos y cada uno de sus términos en mérito de la siguiente:


La Organización Mundial de la Salud, afirma que el goce del grado máximo de salud que

se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, este derecho incluye el

acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de la salud de calidad suficiente; sin

embargo, en la actualidad 100 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a una

adecuada salud, calidad de vida y servicios sanitarios, lo cual es inamisible con la concepción del

derecho universal a la salud que dispone que todas las personas deban ejercer el derecho a la salud

sin discriminación por motivos de raza, edad, pertenencia de algún grupo étnico u otra condición,

para que una persona pueda tener acceso a la salud deben concebir una serie de acciones y políticas

públicas, así como acciones sociales para propiciar la salud de todas las personas por lo que deben

138

ponerse al alcance de las personas servicios de salud preventivos y de atención, además de

condiciones de trabajo seguras, alimentos innocuos y saludables y una vivienda adecuada para

conservar la salud.

La inexistencia de estos pone en riesgo el goce y disfrute de otros derechos humanos que

se encuentran estrechamente relacionados, se denomina como Sistema de Salud al conjunto de

organizaciones constituidas al interior de la sociedad encargadas de las intervenciones o acciones

que tienen como propósito principal la salud, comprendiendo las atenciones a las personas y al

entorno realizadas con la finalidad de promover, proteger o recuperar la salud o reducir o

compensar la incapacidad y recuperable independientemente de la naturaleza pública o privada de

los agentes sanitarios.

En dicho sistema se encuentra el primer nivel, el cual consta de centros de salud y unidades

de medicina familiar en donde se aplican las medidas de promoción y prevención debiendo resolver

al menos 70 por ciento de las necesidades curativas de salud de la población.

Los hospitales generales que incluyen las especialidades de medicina general, cirugía,

pediatría y ginecobstetricia, funcionan como segundo nivel de atención de debiendo atender hasta

20 por ciento de las necesidades.

Finalmente los hospitales de alta especialidad que comprenden otras especialidades y

subespecialidades que deben atender 10 por ciento de las necesidades restantes, así es el costo de

las unidades, es inversamente proporcional a su nivel de complejidad.

Es preciso mencionar que en nuestro sistema de salud no cuenta con un primer nivel de

atención adecuado, lo cual ha sido alertado por los organismos multilaterales desde hace décadas

como la Organización Panamericana de la Salud, Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económico, Banco Interamericano y de Desarrollo, Banco Mundial, entre otros.

Una de las consecuencias de la falta del primer nivel de atención es el aumento de números

de hospitalizaciones evitables, que son aquellas hospitalizaciones que pudieren hacerse evitado con

una buena atención en este primer nivel.

Un ejemplo de falla del primer nivel de servicios de salud en la modalidad de asociación

pública privada, es el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango cuyo proyecto

comprende la construcción, el equipamiento y la operación de un hospital con 124 camas de

hospitalización, 29 consultorios y 5 quirófanos, unidades de apoyo para cirugía ambulatoria y

hemodiálisis, 28 especialidades médicas, servicio integral de farmacia, intrahospitalaria, medicina

nuclear y área para atención de pacientes quemados, entre otras especialidades destacan también

nefrología, cardiología, neurología, endocrinología y sala de quemados, etcétera, toda esta

infraestructura hospitalaria se encuentra desarrollada en un predio de 5 hectáreas y más de 25 mil

500 metros cuadrados de construcción, entre sus principales instalaciones cuenta con servicios de

apoyo, auditorio, casa de máquinas, consulta externa, área de hospitalización, unidad de cuidados

intensivos, diagnóstico y tratamiento; sin embargo, la percepción de la población ante esta

modalidad de inversión no se traduce en la prestación de servicios eficientes ni de desarrollo de la

Entidad.

Lo anterior, en razón de que los servicios de salud que se ofrecen a la población se

encuentran fuera del alcance del común denominador debido a sus altos costos representando un

servicio privado e inalcanzable, a pesar de que el Hospital Regional de Alta Especialidad de

Zumpango fue construido con la finalidad de proveer servicios médicos de alta especialidad con

enfoque regional, proporcionar consulta externa y atención hospitalaria a la población que no

cuenta con seguridad social y que requiere alguna de las especialidades existentes de la unidad

hospitalaria, en la actualidad los servicios de salud que se ofrecen no se encuentran al alcance de

la población de los municipios aledaños, situación que se contrapone con la obligación de

garantizar el derecho a la salud de las y de los mexiquenses.

139

Por lo anterior, es necesario que las instancias competentes analicen los costos de los

servicios médicos que ofrece el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, en el Estado

de México, para verificar si estos están o no al alcance de la población mexiquenses.

Por lo anteriormente expuesto, solicito que de considerarse ajustado a derecho se apruebe

el presente exhorto.

ATENTAMENTE

QUIENES INTEGRAMOS EL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

ACUERDO ÚNICO. Se exhorta al Secretario de Salud del Estado de México y al Director

General del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, para que en el ámbito de sus

respectivas competencias y en conjunto con la Asociación Público Privada que participa en la

operación del mencionado hospital, revisen los costos de los servicios médicos a efecto de que

estos puedan estar al alcance de la población que requiera hacer uso de los mismos y en breve

informen a esta Legislatura, respecto a los resultados obtenidos de dicha revisión.

Por su atención muchísimas gracias.


DIP.VIOLETA NOVA GÓMEZ

PRESIDENTA DE LA LX LEGISLATURA


PRESENTE

La Diputada Berenice Medrano Rosas, en representación del Grupo Parlamentario de Morena de

la LX Legislatura del Estado de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, 57 y

61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 28 fracción I, 38

fracción IV y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México;

72 y 74 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someto a

consideración de esta H. Asamblea una propuesta de Punto de Acuerdo de urgente y obvia

resolución mediante el cual se EXHORTA al Secretario de Salud del Estado de México y al

Director General del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, para que en el

ámbito de sus respectivas competencias, y en conjunto con la Asociación Público Privada que

participa en la operación del mencionado Hospital, revisen los costos de sus servicios médicos,

a efecto de que éstos puedan estar al alcance de la población que requiera hacer uso de los

mismos, y para que dentro del plazo de 30 días naturales contados a partir del siguiente a la

notificación del presente Acuerdo, informen a esta Legislatura respecto a los resultados

obtenidos de dicha revisión, por lo que de encontrarse procedente, se apruebe en todos y cada uno

de sus términos, en mérito de la siguiente:


La Organización Mundial de la Salud afirma que “el goce del grado máximo de salud que se puede

lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano”, este derecho incluye el acceso

oportuno, aceptable, asequible a servicios de atención de la salud de calidad suficiente; sin

embargo, en la actualidad 100 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a una

adecuada salud, calidad de vida y servicios sanitarios.1 1 Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health

140

Lo cual es inadmisible, con la concepción del derecho universal a la salud, que dispone que todas

las personas deben ejercer el derecho a la salud sin discriminación por motivos de raza, edad,

pertenencia de algún grupo étnico u otra condición, además de que los principios universales para

combatir la discriminación, exigen que los Estados adopten medidas para regular las normas

jurídicas existentes que eviten prácticas discriminatorias.

Para que una persona pueda tener acceso a la salud, deben coincidir una serie de acciones y políticas

públicas, así como acciones sociales, para propiciar la salud de todas las personas, por lo que deben

ponerse al alcance de las personas servicios de salud preventivos y de atención, además de

condiciones de trabajo seguras, alimentos inocuos y saludables, y una vivienda adecuada, para

conservar la salud, la inexistencia de éstos pone en riesgo el goce y disfrute de otros derechos

humanos que se encuentran estrechamente relacionados.

El derecho a la salud establece libertades y obligaciones; entre las libertades, se encuentran los

derechos sexuales y reproductivos, así como una amplia protección a su condición humana y, por

supuesto respeto a su dignidad.

Por otro lado, las obligaciones se encuentran intrínsecamente ligadas a la función de las

instituciones del Estado, para establecer políticas públicas que permitan a la sociedad el acceso a

un sistema de protección de la salud, y en la medida de que se les dote de servicios sanitarios

preventivos e integrales, puedan conservar su salud.

En esta perspectiva, se denomina como “sistema de salud” al conjunto de organizaciones

constituidas al interior de la sociedad, encargadas de las intervenciones o acciones que tienen como

propósito principal la salud. Comprendiendo las atenciones a las personas y al entorno, realizadas

con la finalidad de promover, proteger o recuperar la salud, o reducir o compensar la incapacidad

irrecuperable, independientemente de la naturaleza pública o privada de los agentes sanitarios.

Así, la salud pública es un esfuerzo organizado de la misma sociedad, que puede llevarse a cabo

por los diferentes actores sociales y bajo la dirección del Estado, para mejorar, promover, proteger

y restaurar la salud de la población por medio de actuaciones de carácter colectivo.

En dicho sistema, se encuentra el primer nivel, el cual consta de centros de salud y unidades de

medicina familiar, en donde se aplican las medidas de promoción y prevención, debiendo resolver

al menos 70% de las necesidades curativas de salud de la población.

Los hospitales generales, que incluyen las especialidades de medicina general, cirugía, pediatría, y

ginecoobstetricia, funcionan como segundo nivel de atención y debiendo atender hasta 20% de las

necesidades.

Finalmente, los hospitales de alta especialidad, que comprenden otras especialidades y

subespecialidades, que deben atender 10% de las necesidades restantes. Así el costo de las unidades

es inversamente proporcional a su nivel de complejidad.

Es preciso mencionar que nuestro sistema de salud no cuenta con un primer nivel de atención

adecuado, lo cual ha sido alertado por los organismos multilaterales desde hace décadas, como la

Organización Panamericana de la Salud, Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económicos, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco mundial, entre otros. Una de las

141

consecuencias de la falla del primer nivel de atención es el aumento del número de

hospitalizaciones evitables, que son aquellas hospitalizaciones que pudieron haberse evitado con

una buena atención en ese primer nivel.2

Derivado de la insuficiencia presupuestal gubernamental, para dotar a las poblaciones o ciudades

de infraestructura en el sector salud, surgió la necesidad de permitir la participación de la iniciativa

privada en la construcción de infraestructura e inmuebles destinados no solamente para hospitales,

sino de otra índole; razón por la cual se expidió la Ley de Asociaciones Público-Privadas del Estado

de México, y su reglamento, hecho que ha permitido un fuerte impulso a este tipo de proyectos en

los últimos seis años, ya que México cuenta con un total de 266 proyectos APP que suponen la

inversión de 142,000 millones de USD en el periodo 1990-2016.3

La Legislatura del Estado de México expidió la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado

de México, mediante decreto 310, con la finalidad de regular la participación público privada para

el desarrollo de la infraestructura y prestación de servicios públicos, que son necesarios para la

ciudadanía, con el propósito de alcanzar un desarrollo económico y mejorar la competitividad del

Estado, teniendo como objetivo regular y transparentar no sólo las relaciones crediticias de los

gobiernos locales, sino también las relaciones de largo plazo que afecten la hacienda pública estatal

o municipal, obligando a inscribir los financiamientos y obligaciones en el Registro Público único,

que administra la Secretaria de Finanzas del Estado de México.

Se dice que, las asociaciones público privadas y los proyectos de prestación de servicios, tanto de

la Federación como de las entidades federativas, han incrementado las posibilidades de desarrollo,

ampliando y complementando las capacidades del Gobierno, a través de mecanismos homogéneos

para la viabilidad económica y social.

Mediante estos nuevos mecanismos, la iniciativa privada puede desarrollar y operar infraestructura,

como servicios de salud y construcción de hospitales; administración de la infraestructura para la

educación y para la generación de energía eléctrica; construcción y administración de instalaciones

para la impartición de justicia; construcción y administración de desarrollo urbano y para la

movilidad de los ciudadanos; construcción y operación de redes de agua potable y saneamiento, y

de operación de sistemas de seguridad.

Un ejemplo de infraestructura para brindar servicios de salud, en la modalidad de asociación

pública privada, es el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, cuyo proyecto

comprende la construcción, el equipamiento y la operación de un hospital con 124 camas de

hospitalización, 29 consultorios, 5 quirófanos, unidades de apoyo para cirugía ambulatoria y

hemodiálisis, 28 especialidades médicas, servicio integral de farmacia intra-hospitalaria, medicina

nuclear y área para atención de pacientes quemados. Entre otras especialidades destacan también:

Nefrología, Cardiología, Neurología y Endocrinología, Sala de Quemados, etc.

Toda ésta infraestructura hospitalaria se encuentra desarrollada en un predio de 5 hectáreas y más

de 25,500 m² de construcción, entre sus principales instalaciones cuenta con: servicios de apoyo, 2 SERIE SOBRE HOSPITALIZACIONES EVITABLES Y FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD. El caso de México. Rodríguez Abrego G., Zurita Garza B., Ramírez Sánchez T., Herrera Rojas JJ. Banco Interamericano de Desarrollo Sector Social. División de Protección Social y Salud DOCUMENTO PARA DISCUSIÓN #IDB-DP-273 diciembre 2012. http://services.iadp.org/wmsfiles/products/Publications/37841987.pdf. 3 Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. 2018. Salud deteriorada Opacidad y Negligencia en el Sistema Público de Salud, p. 13

142

auditorio, casa de máquinas, consulta externa, área de hospitalización, UCI diagnóstico y

tratamiento.4

Sin embargo, la percepción de la población ante esta modalidad de inversión, no se traduce en la

prestación de servicios eficientes, ni de desarrollo de la entidad. Lo anterior, en razón de que los

servicios de salud que se ofrecen a la población se encuentran fuera del alcance del común

denominador, debido a sus altos costos, representando un servicio privado e inalcanzable.

A pesar de que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango fue construido con la

finalidad de proveer servicios médicos de alta especialidad con enfoque regional, proporcionar

consulta externa y atención hospitalaria a la población que no cuenta con seguridad social y que

requiera de alguna de las especialidades existentes en la Unidad Hospitalaria, en la actualidad los

servicios de salud que se ofrecen, no se encuentran al alcance de la población de los municipios

aledaños, situación que se contrapone con la obligación de garantizar el derecho a la salud de las y

los mexiquenses.

Por lo anterior, es necesario que las instancias competentes analicen los costos de los servicios

médicos que ofrece el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, Estado de México,

para verificar si éstos están o no al alcance de la población mexiquense.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

(CONEVAL), el ingreso promedio de una familia de cuatro personas se encuentra actualmente en

situación de pobreza, si su ingreso mensual es inferior a $11,290.80.

La cifra anterior, es muy superior al ingreso mensual actual, que equivale a $2,401.2, lo que implica

que habría que incrementar 4.7 veces el salario para cumplir lo estipulado en la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Mientras que organismos internacionales son menos exigentes para medir la canasta básica y la

pobreza. Para el Banco Mundial la canasta básica para considerar a un hogar pobre en México es

de $4,322.70 al mes y la cifra de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

es de $9,172.30, en tanto que para el CONEVAL es de $11,290.80.

El CONEVAL es la institución que con más rigor entiende y mide la pobreza. Con estos criterios

del CONEVAL, actualmente 7 de cada 10 personas en el país tienen un ingreso laboral inferior al

costo de la canasta básica familiar. Los análisis de CONEVAL muestran con contundencia la

problemática del país en términos del bienestar económico de los hogares.5

Por lo anteriormente expuesto, solicito que de considerarse ajustado a derecho se apruebe el

presente exhorto.


DIP. BERENICE MEDRANO ROSAS

PRESENTANTE 4 Disponible en: https://www.construyendomexico.com/noticias/hospital-regional-de-alta-especialidad-de-zumpango-hraez 5 Disponible en: https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Documents/INGRESO-POBREZA-SALARIOS.pdf

https://www.construyendomexico.com/noticias/hospital-regional-de-alta-especialidad-de-zumpango-hraez

https://www.construyendomexico.com/noticias/hospital-regional-de-alta-especialidad-de-zumpango-hraez

https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Documents/INGRESO-POBREZA-SALARIOS.pdf

143


GONZÁLEZ



HERNANDEZ



SALCEDA


BERNAL




MORALES




SÁNCHEZ



DIP. FAUSTINO DE LA CRUZ PÉREZ



SÁNCHEZ


RAMÍREZ

DIP. KARINA LABASTIDA SOTELO DIP. LILIANA GOLLAS TREJO


RAMOS

DIP. MARÍA DEL ROSARIO ELIZALDE

VÁZQUEZ


GARCÍA


CUREÑO


GONZÁLEZ


HERNÁNDEZ


NEMER



MARTÍNEZ



GONZÁLEZ



BAUTISTA


144


PUNTO DE ACUERDO

LA H. "LX" LEGISLATURA EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO Y 38 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA DEL

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, HA

TENIDO A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE:

ACUERDO.

ÚNICO. Se EXHORTA al Secretario de Salud del Estado de México y al Director General del

Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, para que en el ámbito de sus respectivas

competencias, y en conjunto con la Asociación Público Privada que participa en la operación del

mencionado Hospital, revisen en el plazo de 30 días naturales los costos de sus servicios médicos,

a efecto de que éstos puedan estar al alcance de la población que requiera hacer uso de los mismos;

y en el mismo plazo remitan informe a esta Legislatura, respecto de los resultados obtenidos de

dicha revisión

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO. - Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del

Gobierno” del Estado Libre y Soberano de México.


México, a los ________ días del mes de _______ del año dos mil diecinueve.

PRESIDENCIA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Gracias, diputada.

La Presidencia con sustento en lo señalado en los artículos 55 de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de México y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

Libre y Soberano de México, somete a la aprobación de la “LX” Legislatura, la propuesta de

dispensa de trámite de dictamen del Punto de Acuerdo, para proceder de inmediato a su análisis y

resolver lo que estime pertinente.


pregunta las diputadas y a los diputados si desean hacer uso de la palabra.

La Presidencia pide a quienes estén de acuerdo favor de la dispensa del trámite de dictamen

del punto de acuerdo se sirvan levantar la mano, gracias. ¿En contra, en abstención?

SECRETARIO DIP. JOSÉ ANTONIO GARCÍA GARCÍA. Presidenta le informo a usted que la

propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos.

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Haga saber la Secretaría los antecedentes del

punto de acuerdo.

SECRETARIO DIP. JOSÉ ANTONIO GARCÍA GARCÍA. El Punto de Acuerdo fue presentado

a la Legislatura por la diputada Berenice Medrano Rosas, en nombre del Grupo parlamentario del

Partido morena en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica y el Reglamento del Poder

Legislativo del Estado de México.


de Punto de Acuerdo y pregunta a las diputadas y a los diputados si desean hacer uso de la palabra.

145

Esta Presidencia pregunta a los integrantes de la Legislatura si es de aprobarse en lo general

el Punto de Acuerdo y solicita a la Secretaría abra el Sistema de registro de votación, hasta por dos

minutos, aclarando que si alguien desea separar algún artículo para su discusión particular se sirva

comunicarlo.

SECRETARIO DIP. MARGARITO GONZÁLEZ MÓRALES. Presidenta le informo a usted que

se procede a abrir el sistema de registro de Votación hasta por dos minutos.

(Votación nominal)

SECRETARIO DIP. JOSÉ ANTONIO GARCÍA GARCÍA. ¿Alguna diputada o diputado que

desee manifestar su voto?

Presidenta le informo a usted que el Punto de Acuerdo ha sido aprobado en general, por



Acuerdo. Estimando que no se separaron artículos para su discusión particular se declara su

aprobatoria en lo particular. Sírvase la Secretaría expedir el acuerdo correspondiente y provea su

cumplimiento.

En cuanto al punto número 20 del orden del día puede hacer uso de la palabra la diputada

Iveth Bernal Casique, para presentar en nombre del Grupo Parlamentario del Partido

Revolucionario Institucional, Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los 125

Municipios de la Entidad a efecto de que impulsen la Creación de Brigadas Especiales Contra

Incendios Forestales; así como al Titular de la Protectora de Bosques del Estado de México para

que en coordinación con los Ayuntamientos, realicen las capacitaciones correspondientes a dichas

brigadas.

Adelante diputada.

DIP. IVETH BERNAL CASIQUE. Gracias Presidenta.

Buenas tardes compañeras, compañeros diputados, estimada Presidenta, medios de

comunicación, personas que hoy nos acompañan y que nos siguen a través de las redes sociales.

En ejercicio de las facultades que me confiere la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de México y demás leyes aplicables en nombre del Grupo Parlamentario del Partido

Revolucionario Institucional, someto a consideración de esta “LX” Legislatura Punto de Acuerdo

por el que se exhorta respetuosamente a los 125 Municipios de la Entidad, a efecto de que impulsen

la Creación de Brigadas Especiales contra Incendios Forestales; así como al Titular de la Protectora

de Bosques del Estado de México para que en coordinación con los Ayuntamientos, realicen las

capacitaciones correspondientes a dichas brigadas, en base a la siguiente:


Las zonas forestales son parte fundamental para la existencia de la vida en el Planeta, sin

ellas se dejaría de producir y distribuir el agua, de purificar el aire que respiramos, de regular la

temperatura y la humedad, además de proporcionar alimento, medicina y refugio de los seres vivos;

sin embargo, la negligencia del ser humano ha generado que muchas de estas zonas forestales

desaparezcan, entre otras causas por los incendios que día a día consumen miles de hectáreas de

bosques, sabanas, matorrales, humedales y campos agrícolas.

No hay que perder de vista que el fuego puede tener una influencia positiva en la naturaleza,

pues ayuda a mantener la biodiversidad, pero cuando se realiza de forma irresponsable o se produce

por alguna negligencia puede ocasionar incendios forestales de consecuencias devastadoras para el

medio ambiente, incluso para la salud, para la salud y la seguridad de las personas.

Un incendio forestal inicia normalmente en la superficie de cualquier terreno el cual se va

propagando de forma horizontal afectando pastizales, hojas, ramas, arbustos o pequeños árboles de

regeneración natural, troncos entre otros hasta llegar a las copas de los árboles.

Por consiguiente el daño es muy significativo, toda vez que genera pérdida de humedad del

suelo, lo reseca, endurece y evita que el agua se filtre en él; por ende, se reduce la producción

146

agrícola ya que las llamas destruyen los nutrientes esenciales para la vida de las plantas y sobre

todo el humo causa contaminación atmosférica y daños irreversibles en la capa de ozono.

Ante tal situación el Gobierno Federal, mediante el Programa de Manejo de Fuego 2019,

propuso coordinar esfuerzos y recursos entre dependencias federales, los gobiernos estatales y

municipales, así como los dueños y legítimos poseedores de los terrenos forestales para destinar,

prevenir, controlar y combatir los incendios mediante estrategias, líneas de acción y metas que

contribuyan a detener el deterioro de los ecosistemas forestales ocasionados por los incendios.

Para ello se estableció que la autoridad municipal o las demarcaciones territoriales de la

Ciudad de México, deberían atender el combate inicial de incendios forestales y en el caso de que

estos superen su capacidad operativa de respuesta se acudiría a la instancia estatal.

Si ambos esfuerzos resultasen insuficientes se informaría a la Comisión Nacional Forestal,

CONAFOR, para que en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil definieran los

mecanismos pertinentes para el control del incendio.

Sin embargo, a pesar de haberse implementado este programa en el Estado de México, como

en el resto del País se han presentado numerosos incendios forestales, durante el primer semestre

del año; según datos del CONAFOR, del primero de enero al treinta de mayo del 2019, se

registraron 5 mil 989 incendios forestales, en las 32 entidades federativas, afectando una superficie

de 343 mil 545 hectáreas, de las cuales, el 95% corresponde a vegetación en los estratos herbeceos

y arbustivos y el 5% restantes al arbóreo, comparados con el año anterior, el daño se incrementó

en más del 43 mil hectáreas.

Cabe destacar que nuestra Entidad ocupa el primer lugar a nivel nacional en incidencias de

incendios forestales, en 2018, se registraron más de mil 400 casos, es decir, el 23.9 del total

nacional dañando más de 13 mil hectáreas, para la atención de este tipo de siniestros el Estado de

México, cuenta con un organismo público descentralizado denominado Protectora de Bosques del

Estado de México (PROBOSQUE), la cual tiene por objeto la protección, conservación,

reforestación, fomento y vigilancia de los recursos forestales de la Entidad.

Entre otras de sus atribuciones destacan la de coordinarse con las autoridades de los

diferentes órdenes de gobierno para organizar campañas permanentes a efecto de prevenir y

combatir los incendios, incluyendo la capacitación a brigadas del personal de los ayuntamientos,

así como a los propietarios y poseedores de terrenos u organizaciones no gubernamentales, que

tengan como finalidad la protección de recursos forestales.

PROBOSQUE ha detectado en 82 de los 125 municipios que conforman el territorio

mexiquense se tienen registros de incendios forestales durante la temporada de estiaje, 22 de estos

82 municipios se consideran de alta incidencia, porque en ellos se registra más del 60 por ciento de

los incendios ocurridos en la entidad durante dicho período.

Estos municipios de alta incidencia son Ixtapaluca, Ocuilan, Nicolás Romero, Valle de

Bravo, Acambay, Donato Guerra Temascaltepec, Villa de Allende, San José del Rincón,

Amanalco, Coatepec Harinas, Tlalmanalco, Villa Victoria, Lerma, Ocoyoacac, Tenancingo,

Atlacomulco, Jilotzingo, Tlalnepantla, Morelos Tenancingo y Chalco.

De acuerdo con datos de CONAFOR, del primero de enero al 30 de mayo del 2019, para la

implementación del programa de manejos del fuego en el Estado de México, se aplicaron 28 mil

175 días hombre, de los cuales el Gobierno del Estado de México, aportó 11 mil 772 vías hombre,

los voluntarios, 4 mil 462, los propietarios y poseedores de terreno 4, mil 101, CONAFOR 3 mil

963, las autoridades municipales 2 mil 708 y las dependencias federales como la Secretaría de la

Defensa y la Secretaría de Marina, mil 128 días hombre.

Como se puede observar la aportación de los municipios representa el 9.6 por ciento del

total del personal para atender los incendios forestales en sus respectivas demarcaciones.

En ese sentido, la autoridad municipal debe ser la primer responsable en combatir y

controlar los incendios forestales; pero fundamentalmente, en prevenirlos, mediante la

147

identificación de factores de riesgo y vulnerabilidad; así como difundir las medidas pertinentes, a

efecto de que la población tenga conocimiento oportuno de peligro que éstos representan, así como

los daños y afectaciones que ocasionan al medio ambiente.

Más que nunca, es indispensable que en los ayuntamientos existan brigadas especiales,

debidamente capacitadas para el combate de incendios forestales, porque sólo así se podrá prevenir,

evitar y en su caso controlar la propagación del fuego, evitando o minimizando afectaciones;

asimismo, debe tenerse presente que PROBOSQUE, como instancia encargada de proteger los

recursos forestales del Estado de México, implementa acciones tendientes a la capacitación y

entrenamiento de brigadistas para que estos puedan prevenir y atender los incendios forestales.

Por ello, desde esta tribuna hacemos un respetuoso llamado a los 125 municipios de la

Entidad a efecto de que en la medida de sus posibilidades impulsen la creación de brigadas

especiales contra incendios forestales, así como al Titular de PROBOSQUE para que en

coordinación con los ayuntamientos puedan realizar las capacitaciones correspondientes a fin de

prevenir y, en su caso, estar mejor preparados para enfrentar este tipo de amenazas.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta “LX” Legislatura el siguiente Punto

de Acuerdo.


Toluca de Lerdo, a 8 de agosto de 2019


PRESIDENTA DE LA H. LX LEGISLATURA


PRESENTE

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 51 fracción II, 57 y 61 fracción I de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 38 fracción IV de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; así como 72 del Reglamento del

Poder Legislativo, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,

someto a consideración de esta LX Legislatura el Punto de Acuerdo por el que se exhorta

respetuosamente a los 125 Municipios de la Entidad a efecto de que impulsen la Creación de

Brigadas Especiales Contra Incendios Forestales; así como al Titular de la Protectora de Bosques

del Estado de México para que en coordinación con los Ayuntamientos, realicen las capacitaciones

correspondientes a dichas brigadas, con base en la siguiente:


Las zonas forestales son parte fundamental para la existencia de la vida en el planeta; sin ellas, se

dejaría de producir y distribuir el agua, de purificar el aire que respiramos, de regular la temperatura

y la humedad, además de proporcionar alimento, medicina y refugio a los seres vivos.

Sin embargo, la negligencia del ser humano ha generado que muchas de estas zonas forestales

desaparezcan, entre otras causas, por los incendios que día a día consumen miles de hectáreas de

bosques, sabanas, matorrales, humedales y campos agrícolas.

No hay que perder de vista que el fuego puede tener una influencia positiva en la naturaleza, pues

ayuda a mantener la biodiversidad. Pero cuando se utiliza de forma irresponsable o se produce por

148

alguna negligencia, puede ocasionar incendios forestales de consecuencias devastadoras para el

medio ambiente, incluso para la salud y seguridad de las personas.

Un incendio forestal inicia normalmente en la superficie de cualquier terreno, el cual se va

propagando de forma horizontal, afectando pastizales, hojas, ramas, arbustos o pequeños árboles

de regeneración natural, troncos, entre otros, hasta llegar a las copas de los árboles.

Por consiguiente, el daño es muy significativo, toda vez que genera pérdida de humedad del suelo,

lo reseca, endurece y evita que el agua se filtre en él; por ende, se reduce la producción agrícola ya

que las llamas destruyen los nutrientes esenciales para la vida de las plantas y sobre todo, el humo

causa contaminación atmosférica y daños irreversibles en la capa de ozono.

Ante tal situación, el Gobierno Federal mediante el Programa de Manejo del Fuego 2019, propuso

coordinar esfuerzos y recursos entre dependencias federales, los Gobiernos Estatales y

Municipales, así como los dueños y legítimos poseedores de los terrenos forestales para destinar,

prevenir, controlar y combatir los incendios mediante estrategias, líneas de acción y metas que

contribuyan a detener el deterioro de los ecosistemas forestales ocasionados por los incendios.

Para ello, se estableció que la autoridad municipal o las demarcaciones territoriales de la Ciudad

de México, deberían atender el combate inicial de incendios forestales; y en el caso de que éstos

superen su capacidad operativa de respuesta, se acudiría a la instancia estatal. Si ambos esfuerzos

resultasen insuficientes, se informaría a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) para que en

coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil definieran los mecanismos pertinentes

para el control del incendio.

Sin embargo, a pesar de haberse implementado este programa, en el Estado de México, como en el

resto del país, se han presentado numerosos incendios forestales durante el primer semestre del

año. Según datos de CONAFOR, del primero de enero al treinta de mayo de 2019, se registraron 5

mil 989 incendios forestales en las 32 entidades federativas, afectando una superficie de 343 mil

545 hectáreas, de las cuales el 95% corresponde a vegetación en los estratos herbáceo y arbustivo,

y el 5% restante al arbóreo. Comparado con el año anterior, el daño se incrementó en más de 43

mil hectáreas.

Cabe destacar, que nuestra entidad ocupa el primer lugar a nivel nacional en incidencia de incendios

forestales. En 2018, se registraron más de mil 400 casos, es decir, el 23.9 % del total nacional,

dañando más de 13 mil hectáreas.

Para la atención de este tipo de siniestros, el Estado de México cuenta con un organismo público

descentralizado denominado Protectora de Bosques del Estado de México (PROBOSQUE), la cual

tiene por objeto la protección, conservación, reforestación, fomento y vigilancia de los recursos

forestales de la Entidad.

Entre otras de sus atribuciones, destaca la de coordinarse con las autoridades de los diferentes

órdenes de gobierno, para organizar campañas permanentes a efecto de prevenir y combatir los

incendios, incluyendo la capacitación a brigadas del personal de los Ayuntamientos, así como a los

propietarios y poseedores de terrenos u organizaciones no gubernamentales, que tengan como

finalidad la protección de los recursos forestales.

149

PROBOSQUE ha detectado que en 82 de los 125 municipios que conforman el territorio

mexiquense se tienen registros de incendios forestales durante la temporada de estiaje; 22 de estos

82 municipios se consideran de alta incidencia, porque en ellos se registra más del 60% de los

incendios ocurridos en la Entidad, durante dicho período.

Estos Municipios de alta incidencia son Ixtapaluca, Ocuilan, Nicolás Romero, Valle de Bravo,

Acambay, Donato Guerra, Temascaltepec, Villa de Allende, San José del Rincón, Amanalco,

Coatepec Harinas, Tlalmanalco, Villa Victoria, Lerma, Ocoyoacac, Tenancingo, Atlacomulco,

Jilotzingo, Tlalnepantla, Morelos, Tenancingo y Chalco.

De acuerdo con datos de CONAFOR, del 1º de enero al 30 de mayo de 2019, para la

implementación del Programa de Manejo del Fuego en el Estado de México, se aplicaron 28 mil

175 días/hombre, de los cuales el Gobierno del Estado de México aportó 11 mil 772 días/hombre;

los voluntarios 4 mil 462; los propietarios y poseedores de terrenos 4 mil 101; CONAFOR 3 mil

973; las autoridades municipales 2 mil 708, y las Dependencias Federales, como la Secretaría de

la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, mil 128 días/hombre.

Como se puede observar, la aportación de los municipios representa el 9.6% del total del personal

para atender los incendios forestales en sus respectivas demarcaciones.

En ese sentido, la autoridad municipal debe ser la primera responsable en combatir y controlar los

incendios forestales, pero fundamentalmente, en prevenirlos, mediante la identificación de factores

de riesgos y vulnerabilidad, así como difundir las medidas pertinentes, a efecto de que la población

tenga conocimiento oportuno del peligro que éstos representan, así como de los daños y

afectaciones que ocasionan al medio ambiente.

Más que nunca, es indispensable que en los Ayuntamientos existan brigadas especiales

debidamente capacitadas para el combate de incendios forestales, porque sólo así se podrá prevenir,

evitar y, en su caso, controlar la propagación del fuego, evitando o minimizando afectaciones.

Asimismo, debe tenerse presente que PROBOSQUE, como instancia encargada de proteger los

recursos forestales del Estado de México, implementa acciones tendientes a la capacitación y

entrenamiento de brigadistas, para que éstos puedan prevenir y atender los incendios forestales.

Por ello, desde esta Tribuna hacemos un respetuoso llamado a los 125 Municipios de la Entidad, a

efecto de que en la medida de sus posibilidades, impulsen la creación de brigadas especiales contra

incendios forestales, así como al Titular de PROBOSQUE, para que en coordinación con los

Ayuntamientos, puedan realizar las capacitaciones correspondientes, a fin de prevenir y, en su caso,

estar mejor preparados para enfrentar este tipo de amenazar.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta LX Legislatura el siguiente Punto de

Acuerdo, en los términos que se indican en el proyecto que se adjunta.


DIP. IVETH BERNAL CASIQUE

PROYECTO DE ACUERDO

La H. LX Legislatura del Estado de México, con fundamento en los artículos 51, fracción II,

57 y 61, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 38,

150

fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México;

así como 72 de su Reglamento, ha tenido a bien emitir el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Con absoluto respeto a sus atribuciones, y en la medida de sus posibilidades, se

exhorta a los 125 Ayuntamientos de la Entidad, a efecto de que impulsen la creación de brigadas

especiales contra incendios forestales.

SEGUNDO: Se exhorta respetuosamente al Titular de la Protectora de Bosques del Estado de

México para que, en coordinación con los Ayuntamientos y en la medida de su capacidad

presupuestal, realice las capacitaciones correspondientes a las brigadas municipales contra

incendios forestales.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

SEGUNDO. Este acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta

del Gobierno".

TERCERO. Comuníquese el presente acuerdo a los 125 Ayuntamientos de la Entidad, así como

al Titular de la Protectora de Bosques del Estado de México.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado

de México a los ____ días del mes de ____ del año 2019. PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Se turna a las Comisiones Legislativas de

Legislación y Administración Municipal de Protección Civil y de Desarrollo Agropecuario y

Forestal, para su análisis.

En lo tocante al punto número 21 del orden del día corresponde el uso de la palabra a la

Diputada Brenda Escamilla Sámano, para dar lectura al Punto de Acuerdo de urgente y obvia

resolución para exhortar de manera respetuosa a los 125 Ayuntamientos del Estado de México a

fortalecer y apoyar la instalación de los Sistemas Municipales Anticorrupción, para garantizar su

operatividad y funcionamiento en cada Municipio del Estado de México, presentada por la

Comisión de Transparencia Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de

Combate a la Corrupción. Adelante diputada.

DIP. BRENDA ESCAMILLA SÁMANO. Saluda a los integrantes de la Mesa Directiva, en

especial a mi compañero José Antonio García, al público que los acompaña en esta La Casa del

Pueblo y quienes nos siguen por redes sociales a todos los medios de comunicación, buenas tardes.

Compañeras diputadas compañeros diputados, el combate a la corrupción es tarea de todos

convertirnos en una sociedad justa basada en el respeto la transparencia, la ética y la

responsabilidad social es la aspiración de esta Legislatura.

Trabajamos juntos no sólo para generar leyes que nos mantengan en armonía sino para que

estas leyes sean compatibles y aplicables a la nueva realidad que nos toca vivir, el combate a la

corrupción es el camino necesario para un Estado que pretenda recuperar la confianza de los

ciudadanos, por ello institucionalizar la lucha anticorrupción es el primer paso; atendiendo

entendiendo la diversidad cultural social y económica de cada municipio en el Estado de México

es que la Comisión de Transparencia Acceso a la Información Pública Protección de Datos

Personales y de Combate a la Corrupción ha venido trabajando de la mano con ciudadanos

151

organizados con académicos y con miembros del Sistema Estatal Anticorrupción, con un objetivo

muy claro hacer que las políticas anticorrupción generen resultados, entendemos que entre algunos

gobiernos municipales se respira un clima de desconfianza sobre el funcionamiento, las tareas y la

organización que los Sistemas Municipales Anticorrupción presentan hasta el día de hoy.

El 30 de mayo de 2017 se expidió la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México

y Municipios, en ella se da origen al Sistema Municipal anticorrupción del cual queremos hablarles;

con fecha del 29 de julio del 2019 la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado

de México y Municipios en su informe sobre la implementación de los Sistemas Municipales

Anticorrupción presentó los siguientes datos:

38 municipios cuentan con un Sistema Municipal Anticorrupción completo, sólo el 30.4

por ciento del total de municipios del Estado, 3 municipios sólo cuentan con Comisión de Selección

Municipal; 6 municipios cuentan con Comité de Participación Ciudadana, 78 municipios se

encuentran sin evidencia que acredite la implementación del Sistema Municipal Anticorrupción lo

cual representa el 63 por ciento del total de los municipios; de los 125 municipios 9 de ellos se

encuentran con una atención especial, pues presentan problemáticas que van desde lo jurídico-

político hasta lo económico.

Como podemos ver la instalación de los sistemas municipales avanza con lentitud, han

pasado 8 meses desde que los gobiernos municipales se encuentran en funciones y el combate a la

corrupción parece no ser una prioridad municipal.

El pasado 6 de agosto en rueda de prensa, la Maestra Palmira Tapia, Presidenta del Comité

de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios,

informo que sin causa justificada 8 de las nuevas administraciones municipales desintegraron su

Sistema Municipal Anticorrupción, por ello y con absoluto respeto a la autonomía municipal y en

atención a las políticas anticorrupción que desde el Gobierno Federal, Estatal y esta Legislatura

pretenden instaurar como símbolo de la transformación social, política y cívica de este país es que

en mi calidad de Presidenta de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública,

Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción y a nombre de los miembros que

integran la misma, sometemos a la consideración de esta Legislatura el Punto de Acuerdo mediante

el cual:

PRIMERO. Exhortar de manera respetuosa a los 125 Ayuntamientos del Estado de México

a fortalecer y apoyar la correcta instalación de los Sistemas Municipales Anticorrupción, para

garantizar su operatividad y funcionamiento en cada Municipio del Estado de México.

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a los ayuntamientos del Estado de México, que

no hayan instalado la Comisión de Selección Municipal a que en coordinación con el Comité de

Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, emita las convocatorias

correspondientes para la instalación de la misma, en un plazo no mayor a 30 días hábiles contados

a partir de la publicación del presente punto de acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del

Gobierno” del Estado de México y una vez concluido el plazo otorgado, informe a esta Soberanía

por conducto de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de

Datos Personales y de Combate a la Corrupción, sobre el estado que guarda cada uno de los

municipios del Estado de México.

TERCERO. Se exhorta respetuosamente al Comité de Participación Ciudadana del Sistema

Estatal Anticorrupción, a que brinde acompañamiento y asesoría a las Comisiones de Selección

Municipal, para que estas emitan la convocatorias correspondientes para la instalación de los

Comités de Participación Ciudadana Municipal en los municipios donde no hayan sido instalados,

considerando un plazo no mayor a 90 días hábiles, contados a partir de la publicación de la presente

punto de acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” en el Estado de México y una vez

concluido el plazo otorgado, informe a esta Soberanía por conducto de la Comisión de

152

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a

la Corrupción, sobre el estado que guarda cada uno de los municipios en el Estado de México.

CUARTO. Una vez instalado el Comité de Participación Ciudadana en cada municipio del

Estado, se exhorta respetuosamente a los ayuntamientos y al Comité de Participación Ciudadana

Municipal a que sea integrado el Comité Coordinador Municipal, en un plazo no mayor a 10 días

hábiles, para que de esa forma queden instalados en su totalidad los Sistema Municipal

Anticorrupción en todos los municipios del Estado de México, acto seguido se deberá informar a

esta Soberanía por conducto de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública,

Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción, sobre el estado que guarda cada uno

de los municipios de Estado de México.

Compañeras diputadas, compañeros diputados, en la comisión tenemos muy claro que la

Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México, necesita modificaciones y reformas

urgentes, hemos venido trabajando estos meses sobre ellas, sabemos que deben reenviarse y

revisarse qué perfiles, qué requisitos y quiénes participan, qué debe ponerse atención más en la

realidad que pasa cada municipio, incluso como lo señalan algunos miembros del CPC, tal vez

pasar de un Sistema Municipal a uno Regional, mientras tanto transitamos por esta vía y es

imperativo que cada municipio en el Estado de México, le apueste al combate de la corrupción.

Es nuestra tarea garantizarle a las nuevas generaciones instituciones sólidas, eficientes y

muy confiables.

Es cuanto.

PRESIDENTE

DIP. BRENDA ESCAMILLA SÁMANO

SECRETARIO

DIP. KARINA LABASTIDA SOTELO

PROSECRETARIO


MIEMBROS

DIP. MARLON MARTÍNEZ MARTÍNEZ

DIP. SERGIO GARCÍA SOSA

DIP. LILIANA GOLLÁS TREJO DIP. NAZARIO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

Muchas gracias. Buenas tardes.

Toluca de lerdo a 13 de agosto de 2019

VIOLETA NOVA GÓMEZ

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA

DE LA LX LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE

Y SOBERANO DE MÉXICO.

HONORABLE ASAMBLEA:

Con sustento en lo dispuesto por los artículos 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 57 y 61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México;

30, 38 fracción IV, 41 fracción I y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y

Soberano de México; 68 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de

México, en mi carácter de diputada presento a nombre de la Comisión de Transparencia, Acceso

a la Información Pública Datos Personales y de Combate a la Corrupción el Punto de

153

Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar de manera respetuosa a los 125

ayuntamientos del Estado de México a fortalecer y apoyar la instalación, de los Sistemas

Municipales Anticorrupción, para garantizar su operatividad y funcionamiento en cada

Municipio del Estado de México.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El pasado 30 de mayo de 2017 en Periódico Oficial Gaceta de Gobierno, mediante decreto número

207 se expidió la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, en la cual

en su capítulo décimo se da origen al Sistema Municipal Anticorrupción, el cual estará integrado,

en términos del artículo 62 de la misma ley, por un comité coordinador ( Integrado por el titular

de la contraloría municipal, el titular de la unidad de transparencia y acceso a la información del

municipio y un representante del comité de participación ciudadana Municipal , quien lo presidirá

) y, un Comité de Participación Ciudadana Municipal (CPCM ) ( los integrantes del CPCM serán

nombrados con apego a lo establecido en el procedimiento del artículo 72 de la ley antes citada),

si bien en el transitorio octavo de dicha ley se establecen los periodos de instalación de los comités

de participación Ciudadana y la instalación del comité coordinador , dicho transitorio a la letra

dice:

OCTAVO. Dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del

presente Decreto, los Ayuntamientos del Estado deberán designar a los integrantes de la

Comisión de Selección Municipal.

La Comisión de Selección Municipal, nombrará a los Integrantes del Comité de

Participación Ciudadana Municipal, en los términos siguientes:

I. Un integrante que durará en su encargo un año, a quién corresponderá la

representación del Comité de Participación Ciudadana ante el Comité

Coordinador, ambos del Sistema Municipal Anticorrupción.

II. Un integrante que durará en su encargo dos años.

III. Un integrante que durará en su encargo tres años. El Comité Coordinador

Municipal, se instalará en un plazo no mayor a sesenta días naturales

posteriores a que se haya integrado en su totalidad el Comité de

Participación Ciudadana Municipal.

Una vez instalado el Comité Coordinador Municipal tendrá un plazo de noventa días para

emitir las disposiciones relativas a su funcionamiento.

En relación, cabe mencionar que de los 125 municipios del Estado de México y con base en datos

publicados en el informe anual de actividades del Comité de Participación Ciudadana1, se

presentaron estadísticas referentes a la instalación de los Sistemas Municipales Anticorrupción,

donde 24 municipios cuentan con su integración total, es decir el 19% del total de los 125

municipios del Estado de México, los cuales son:

Atizapán Morelos Teoloyucan Ocampo

Calimaya Nicolás Romero Tepetlaoxtoc

Chalco Otzoloapan Toluca

Huehuetoca Ozumba Villa de Allende

Jocotitlán Papalotla Villa Victoria

1 https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/Informe-CPC.pdf

https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/Informe-CPC.pdf

154

La Paz Tejupilco Zacazonapan

Lerma Temamatla

Melchor Temascaltepec

Metepec Tenango del Valle

En dicho informe se observa que 76 municipios se encontraban en proceso de implementación de

su Sistema Municipal Anticorrupción lo que representa el 59%, de los cuales:

22 tienen integrada su comisión de selección Municipal:

Acambay de Ruiz Castañeda, Acolman, Aculco, Almoloya del Río, Amecameca, Chimalhuacán,

Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, El Oro, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Jilotepec, Malinalco,

Naucalpan de Juárez, San Mateo Atenco, Temascalapa, Tenancingo, Tepotzotlán, Texcoco,

Tlalnepantla de Baz, Tlatlaya, Valle de Bravo.

16 han emitido convocatorias para la integración de Participación Ciudadana Municipal:

Almoloya de Alquisiras, Atenco, Atlacomulco, Jiquipilco, Ocuilan, Soyaniquilpan de Juárez,

Sultepec, Tecámac, Texcalyacac, Tultepec, Villa Guerrero, Xalatlaco, Xonacatlán, Zacualpan,

Zinacantepec, Zumpahuacán.

6 tienen integrado su comité de participación ciudadana municipal:

Atizapán de Zaragoza, Chapa de Mota, Coacalco de Berriozábal, Ixtapan del Oro, Mexicaltzingo,

Temascalcingo.

Durante el Primer Taller para Medios de Comunicación del Estado de México, sobre el Sistema

Anticorrupción del Estado de México y Municipios celebrado el día 20 de febrero de 2019, la

Maestra Leonor Quiroz Carrillo, integrante del Comité de Participación Ciudadana, señalo que a

la fecha únicamente se encuentran integrados 40 comités municipales de Participación Ciudadana

en el Estado de México.

Mediante actualización con fecha 22 de julio de 2019 la Secretaría Ejecutiva del Sistema

Anticorrupción del Estado de México y Municipios en su Informe Sobre la Implementación de

Sistemas Municipales Anticorrupción presento los siguientes Datos:

37 municipios cuentan con Sistema Municipal Anticorrupción completo.

Amatepec, Apaxco, Atizapán, Atizapán Zaragoza, Calimaya, Chalco, Chapa de Mota, Coacalco,

Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, El Oro, Huehuetoca, Ixtapan Del Oro, Ixtapan De la Sal*, Ixtlahuaca,

Jilotepec, Jiquipilco, Jocotitlán, Lerma, Melchor Ocampo, Metepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl,

Otzoloapan, Ozumba, Polotitlán, San Mateo Atenco, Tecámac, Temascaltepec, Tenango del Valle,

Teoloyucan, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán, Villa de Allende, Villa Victoria y Zinacantepec.

3 municipios solo cuentan con comisión de selección municipal

Amecameca, Coyotepec y Temascalapa

155

6 municipios cuentan con comité de participación Ciudadana:

Acambay, Atenco, Atlacomulco, La Paz, Nicolás Romero y Zacazonapan

79 municipios sin evidencia que acredite la implementación del SM.

Acolman, Aculco, Almoloya de Alquisiras, Almoloya de Juárez, Almoloya del Río, Amanalco,

Atlautla, Axapusco, Ayapango, Capulhuac, Chapultepec, Chiautla, Chicoloapan, Chimalhuacán,

Chiconcuac, Coatepec Harinas, Cocotitlán, Cuautitlán, Donato Guerra, Ecatzingo, Hueypoxtla,

Huixquilucan, Isidro Fabela, Ixtapaluca, Jaltenco, Jilotzingo, Joquicingo, Juchitepec, Luvianos,

Malinalco, Mexicaltzingo, Morelos*, Nextlalpan, Nopaltepec, Ocoyoacac, Ocuilan, Otumba,

Otzolotepec, Papalotla, Rayón, San Antonio la Isla, San Felipe del Progreso, San José del Rincón,

San Martín de las Pirámides, San Simón de Guerrero, Santo Tomás, Soyaniquilpan de Juárez ,

Sultepec, Tejupilco, Temamatla, Temascalcingo, Temoaya, Tenancingo, Tenango del Aire,

Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Tepotzotlán, Tequixquiac, Texcaltitlán, Texcalyacac,

Texcoco, Tezoyuca, Tianguistenco, Timilpan, Tlalmanalco, Tlatlaya, Tonanitla, Tonatico,

Tultepec, Valle de Bravo, Valle de Chalco Solidaridad, Villa Del Carbón, Villa Guerrero,

Xalatlaco, Xonacatlán, Zacualpan, Zumpahuacán y Zumpango

De los 125 Municipios 9 se encuentran Con atención especial (Acambay, Amecameca, Atenco,

Ecatepec de Morelos, Temascaltepec, Tianguistenco, Toluca, Villa del Carbón y Zacazonapan) los

cuales presentan problemáticas que van de lo jurídico-político hasta lo económico.

156

Que mediante comunicado 05/2019 de fecha 29 de julio de 2019 la Secretaría Ejecutiva del Sistema

Anticorrupción del Estado de México y Municipios, informo que actualmente, de los 125

municipios del Estado de México 38 ya cuentan con su sistema de Municipal Anticorrupción.

El pasado 6 de agosto en rueda de prensa la maestra Palmira Tapia Palacios presidenta del Comité

de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios,

informo que sin causa justificada ocho de las nuevas administraciones municipales desintegraron

su Sistema Anticorrupción Municipal2.

Por ello es de suma importancia que se fortalezcan y apoye a la instalación de los Sistemas

Municipales Anticorrupción, el presente exhorto no solo trata de sumar voluntades políticas y de

comprometer al Gobierno Estatal y a los gobiernos municipales, se trata de dar cumplimiento a lo

estipulado en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, se trata de

fortalecer la lucha contra actos de corrupción en todos los niveles de gobierno, este es el momento

de dar vida al Sistema Nacional, Estatal y a los Sistemas Municipales Anticorrupción.

Derivado de lo anterior formulamos el siguiente:

PROYECTO DE ACUERDO.

La H LX Legislatura del Estado de México, con sustento en lo dispuesto por los artículos 116 de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 y 61 fracción I de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de México; 30, 38 fracción IV, 41 fracción I de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 68 del Reglamento del

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, ha tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO.

PRIMERO: Se exhorta de manera respetuosa a los 125 ayuntamientos del Estado de México

a fortalecer y a apoyar la correcta instalación de los Sistemas Municipales Anticorrupción,

para garantizar su operatividad y funcionamiento en cada Municipio del Estado de México.

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a los ayuntamientos del Estado de México, que no

hayan instalado la Comisión de Selección Municipal, a que en coordinación con el Comité de

Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción emita las convocatorias

correspondientes para la instalación de la misma, en un plazo no mayor a 30 días hábiles

contados a partir de la publicación del presente punto de acuerdo en el Periódico Oficial

“Gaceta de Gobierno” del Estado de México, y una vez concluido el plazo otorgado informe

a esta soberanía por conducto de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción, sobre el estado que

guarda cada uno de los municipios del Estado de México.

2

https://twitter.com/Marcaje_Leg/status/1158780407644508160?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3AMarcaje_Leg%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fmarcajelegislativo.com%2F




157

TERCERO. Se exhorta respetuosamente al Comité de Participación Ciudadana del Sistema

Estatal Anticorrupción a que brinde acompañamiento y asesoría a las Comisiones de

Selección Municipal para que éstas emitan las convocatorias correspondientes para la

instalación de los Comités de Participación Ciudadana Municipal en los municipios donde no

hayan sido instalados, considerando un plazo no mayor a noventa días hábiles contados a

partir de la publicación del presente punto de acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta de

Gobierno” del Estado de México y una vez concluido el plazo otorgado informe a esta

soberanía por conducto de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública,

Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción, sobre el estado que guarda

cada uno de los municipios del Estado de México.

CUARTO. Una vez instalado el Comité de Participación Ciudadana en cada Municipio del

Estado, se exhorta respetuosamente a los Ayuntamientos y al Comité de Participación

Ciudadana Municipal a que sea integrado el Comité Coordinador Municipal, en un plazo no

mayor a 10 días hábiles para que de esa forma, queden instalados en su totalidad los Sistemas

Municipales Anticorrupción en todos los municipios del Estado de México. Acto que deberá

ser informado esta soberanía por conducto de la Comisión de Transparencia, Acceso a la

Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción, sobre

el estado que guarda cada uno de los municipios del Estado de México.

TRANSITORIOS.

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” del

Estado de México.

Dado en el palacio del poder Legislativo, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de

México, a los trece días del mes de agosto del año dos mil diecinueve.

INTEGRANTES DE COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA, DATOS PERSONALES Y DE COMBATE A LA

CORRUPCIÓN

DIP. BRENDA ESCAMILLA SÁMANO

PRESIDENTE

DIP. KARINA LABASTIDA SOTELO

SECRETARIO


PROSECRETARIO

DIP. MARLON MARTÍNEZ MARTÍNEZ

MIEMBRO

DIP. LILIANA GOLLÁS TREJO

MIEMBRO

DIP. SERGIO GARCÍA SOSA

MIEMBRO


MARTÍNEZ

MIEMBRO

DIP. IMELDA LÓPEZ MONTIEL

MIEMBRO


MIEMBRO

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. En términos de la solicitud formulada la

Presidencia con fundamento en lo establecido por el artículo 55 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de México y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre

y Soberano de México somete a la aprobación de la “LX” Legislatura la propuesta de dispensa de

158

trámite de dictamen del Punto de Acuerdo para realizar en este momento su análisis y resolver lo

que se considere pertinente.


pregunta a las a los diputados y a las diputadas si desean hacer uso de la palabra.

La Presidencia pide a quienes estén por la aprobatoria de dispensa del trámite de dictamen

del punto de acuerdo, se sirvan levantar la mano. ¿En contra, en abstención?

SECRETARIO DIP. JOSÉ ANTONIO GARCÍA GARCIA. Presidenta la informo a usted que la

propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos.

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Dé cuenta la Secretaría de los antecedentes del

punto de acuerdo.

SECRETARIO DIP. JOSÉ ANTONIO GARCÍA GARCIA. El Punto de Acuerdo fue presentado

a la consideración de la representación popular por integrantes de la Comisión de Transparencia,

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción en

uso de las atribuciones que le confieren la Ley Orgánica y el Reglamento del Poder Legislativo del

Estado Libre y Soberano de México.


del Punto de Acuerdo y pregunta a los integrantes de la Legislatura si desean hacer uso de la

palabra.

Esta Presidencia consulta a los Integrantes de la Legislatura, si es de aprobarse en lo general

el Punto de Acuerdo y solicita a la Secretaría abra el sistema de registro de votación hasta por dos

minutos, adicionando que si alguien desea separar algún artículo para su discusión particular, se

sirva indicarlo.

SECRETARIO DIP. JOSÉ ANTONIO GARCÍA GARCIA. Presidenta se procede abrir el sistema

de votación hasta por dos minutos.

(Votación nominal)

SECRETARIO DIP. JOSÉ ANTONIO GARCÍA GARCIA. ¿Algún diputado o diputada que desee

manifestar su voto?

Presidenta informo a usted que el Punto de Acuerdo ha sido aprobado en lo general por



Acuerdo, estimando que no se separaron artículos para su discusión particular, se declara su

aprobatoria en lo particular, sírvase la Secretaría expedir el acuerdo correspondiente y provea su

cumplimiento.

Esta Presidencia informa que se retiró el punto número 22 del orden del día.

De acuerdo con el punto número 23 del orden del día tiene el uso de la palabra la diputada

Maribel Martínez Altamirano para leer la licencia definitiva que presenta el Contador Público

Fernando Valente Baz Ferreira, para separase del cargo de Auditor Superior de Fiscalización del

Estado de México. Adelante diputada.

VICEPRESIDENTA DIP. MARIBEL MARTÍNEZ ALTAMIRANO. Toluca, México, a 9 de

agosto de 2019.

“LX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO

PRESENTA

Por medio de la presente por medio de la presente, solicito licencia definitiva del cargo que

desempeño como Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México, a partir del 15 de agosto

del 2019; lo anterior, con fundamento en el artículo 16 de la Ley de Fiscalización de Estado de

México.

Sin otro particular.

CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO

FERNANDO VALENTE BAZ FERREIRA

159


Legislativa de Vigilancia del Órgano de Fiscalización, para su estudio y dictamen, adelante.

DIP. MARIO GABRIEL GUTIÉRREZ CUREÑO. Buenas tardes compañeras y compañeros, los

poquitos que están; quise hacer el uso de la palabra compañera Presidenta, compañeros del

presídium, porque este tema que acaban de proponer, de decirnos aquí de esta licencia, no es un

asunto menor, es un asunto muy muy importante y que era uno de los pendientes que desde hace

ya casi un año debimos de haber realizado, todos sabemos que el OSFEM fue utilizado para

perseguir o para omitir, para perseguir por temas políticos y para omitir cuando así le convenía al

sistema del Estado de México, yo quise hacer uso de la palabra con los derechos que me da la Ley

para solicitar un proceso abierto y transparente, para la sustitución del Auditor del Órgano Superior

del OSFEM, no se trata compañeras y compañeros de poner a uno, de quitar a uno y de poner a

otro, de quitar a uno que tapo las corrupciones de un grupo, para que ahora tape las corrupciones

otro, se trata de vigilar los intereses y los recursos del pueblo del Estado de México, por eso insisto

en que no es un asunto menor.

La renovación del OSFEM debe implicar compañeros y compañeras la incorporación en la

vida pública del Estado de México, de las políticas de la Cuarta Transformación sintetizadas en la

frase de no robar, no mentir y no traicionar, porque eso es por lo que votó la ciudadanía del Estado

de México, la sustitución del Auditor debe implicar la transformación profunda del OSFEM, una

reorganización administrativa, renovación y depuración del personal, de los procedimientos y de

las prácticas y una reforma legal que la institucionalice, la aspiración de los mexiquenses de

terminar con la corrupción en todos los niveles de la Administración Pública del Estado de México,

nadie debe de olvidar que el Sistema Político y Gubernamental Mexiquense, es uno de los que lo

indican con las practicas más corruptas y con una percepción de corrupción de las más elevadas

del país.

No se nos olvide compañeras y compañeros, eso ha limitado el porcentaje de crecimiento e

inversión en la Entidad; asimismo, la impunidad de la que goza la clase política que explica el

divorcio de esta con la comunidad y con la generación de empleos y el desarrollo de los buenos

hábitos de la sociedad mexiquense.

El OSFEM debe renovarse totalmente y esta Legislatura debe entregar a la ciudadanía, más

capaz y preparada de la entidad la labor de fiscalizar y revisar la rendición de cuentas de toda la

clase política mexiquense, incluida la que salió electa por el movimiento de regulación nacional,

más bien dicho, principalmente a la que salió electa por morena.

Me parece que hay una buena señal en esto que por fin se logró.

Yo creo que ya nos habíamos tardado, no felicito a ese señor porque ni siquiera sabemos

cómo fue la negociación para que se saliera, pero hago un exhorto, un llamado a mis compañeros,

a mi coordinador, a la JUCOPO, a todos los que van a hacer para sacar la convocatoria, para que

de todo esto salga alguien que se preocupe no por un grupo, no por un partido, sino por los intereses

de la sociedad del Estado de México que fue la que nos mandó a velar por sus derechos.

Muchas gracias compañeros.

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Adelante diputado Adrián.

DIP. ADRIÁN MANUEL GALICIA SALCEDA (Desde su curul). Buenas tardes.

Yo sólo quisiera reconocer este hecho no es un hecho simple, esto que acaban de leer es un

hecho histórico, estamos comprometidos los diputados de morena de darle rendición de cuentas

claras al pueblo que nos eligió.

Lo que acaban de leer y lo que se quería ver así como simple, yo quiero reconocer que no

es un hecho simple, es un hecho histórico y también quiero reconocer la labor del diputado Tanech

en todo este procedimiento para que hoy le estemos entregando cuentas al Pueblo Mexiquense.

Gracias, buenas tardes.

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Se registra lo expresado por los diputados.

160

En lo relativo…

Perdón, adelante diputado Solorza.

DIP. FRANCISCO RODOLFO SOLORZA LUNA. Muchas gracias Presidenta, saludo

afectuosamente diputadas y diputados.

Yo me sumo a la propuesta, nada que quiero pedirles también que este tema no solamente

sea del Auditor Superior, hay muchos temas pendientes.

A nosotros en particular y lo digo claro el tema de comunicación social nos llama la

atención, no nos quedemos en un solo órgano es eso, eso que acaba de señalar el compañero

Gutiérrez Cureño, tiene razón hace año, pero no solamente al OSFEM, tenemos que revisar toda la

estructura porque entonces estamos dejando las cosas nomás empezadas y con lo que nos conviene

pareciera; no, entrémosle a todo y lo digo clarito, yo he manifestado claramente que en la posición

con respecto al OSFEM sigo insistiendo, sino vamos a reestructurar su método de operación, nos

vamos a quedar empezados, no es cambiar al Director, al Auditor Superior, no, no, no, el problema

no está en el Auditor, no está en la persona, está en cómo se hacen las cosas y sino modificamos la

forma de hacer las auditorías, estamos quedando exactamente igual.

Yo planteo muy clarito, reestructuración a fondo, pero no solamente con el cambio de

auditor, reestructuración a fondo de la forma en cómo se hacen las auditorías, que eso es lo que

tenemos que hacer, realmente de fondo, no nos quedemos al…, eso es un gatopardismo lo que

estamos haciendo, hagamos así las cosas bien, cambiemos realmente bien el método de hacer las

auditorías y que nosotros seamos quienes dirijamos el proceso de hacer las auditorías.

Vamos a hacerlo y revisemos las otras instancias, también tenemos derecho a hacerlo

porque dependen de este Poder Legislativo.

Es cuanto, muchas gracias.

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Se registra lo manifestado por el diputado.

¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Continuamos.

¿Usted diputado? Adelante diputado.

DIP. JOSÉ ANTONIO GARCÍA GARCÍA (Desde su curul). Sí celebrar este hecho a final del día

el Partido Acción Nacional, también celebra que se haya llegado a ese consenso, porque fue un

tema de consenso al final del día, no, todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo y si en el

ánimo de que las auditorías se fortalezcan en un ánimo municipal, en un ánimo estatal y de la propia

federación, cuentas claras que es lo que exige la ciudadanía y lo exigimos todos los que estamos

aquí.

Muchas gracias.

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Adelante diputado Tanech tiene el uso de la

palabra.

DIP. TANECH SÁNCHEZ ÁNGELES. Buenas tardes a todas y a todos los compañeros diputados,

compañeras diputadas; yo quiero también dejar mucha precisión ha sido un proceso para llegar a

este punto, un proceso que ha atravesado por muchas etapas que conocemos todas y todos, me

parece que la labor de la comisión ha sido importante en este ejercicio y quiero resaltar el valor de

las participaciones que me antecedieron, porque sí es necesario que se cambie incluso la Ley de

Fiscalización que hoy existe y que se fortalezca a partir de sus métodos; pero donde la rendición

de cuentas forme parte también de esta ley.

Yo creo que en el desarrollo de este proceso de sustitución pues será parte de lo que

tengamos que discutir al interior de la comisión y que muy seguramente, como así ha venido siendo

con los distintos grupos parlamentarios que integran la comisión, pues vamos a venir a fortalecer

este procedimiento.

También me parece que le tiene que dar este anhelo de transparencia, mucha legitimidad al

proceso de sustitución del auditor, estamos obligados a eso y yo soy el primer convencido en que

tienen que hacerse de esa manera, yo he venido reforzando la idea de que se tiene necesariamente

161

qué reestructurar el órgano de fiscalización, no sólo con el auditor, lo mencioné en reiteradas

ocasiones, es un proceso más profundo de métodos de informes, de procedimientos y en la

discusión al interior de las comisiones, de las unidades técnicas que como en la Comisión de la

Auditoría Superior de la Federación en el Congreso de la Unión ya existen.

Entonces, creo que vamos por buen camino, este es un primer paso sustantivo para este

proceso de reestructuración y me da gusto que hayan diputados y diputadas que muestren el mismo

interés para que se sumen a las mesas de trabajo y nos aporten y no sólo sea una aportación desde

afuerita, sino adentro en la comisión y la discusión misma, porque eso va a nutrir mucho a este

proceso.

Entonces yo reconozco la labor de en la comisión de todas y de todos los integrantes y

bueno pus enhorabuena, estamos iniciando un proceso que hemos venido anunciando ya desde

abril de este año, muchísimas gracias.

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Se registra lo manifestado por los diputados y

se reitera, se registra la solicitud y se remite a la Comisión Legislativa de Vigilancia del Órgano

Superior de Fiscalización para su estudio y dictamen.

En lo relativo al punto número 24 del orden del día, hace uso de la palabra la diputada

Maribel Martínez Altamirano, quien en nombre del Grupo Parlamentario del Partido

Revolucionario Institucional, fija posicionamiento con motivo del Aniversario Luctuoso de Isidro

Fabela Alfaro.

VICEPRESIDENTA DIP. MARIBEL MARTÍNEZ ALTAMIRANO. Buenas tardes, con el

permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros diputados, amigos

todos.

El 12 de octubre en todo México conmemoramos en los calendarios cívicos el aniversario

luctuoso de un mexiquense y mexicano excepcional, Don José Isidro Pedro Fabela Alfaro.

Pocos son los hombres que han desarrollado una vida tan productiva en diversa áreas del

conocimiento de la ciencia y de la cultura como Don Isidro Fabela.

Don Isidro Fabela, muere físicamente un 12 de agosto, pero sus obras perduran en nuestra

memoria, como el ser universal que siempre miró antes que él por su patria. Un 12 de octubre 1962

su cuerpo fue trasladado a la Honorable Cámara de Diputados y se le realizaron las merecidas

guardias de honor entre gobernadores, políticos, intelectuales y académicos quienes sabían que no

se extinguía la vida de una persona sino que se inmortalizaba a un mexicano que lo dio todo por su

nación.

Las semillas de Don Isidro Fabela en el Estado de México, en nuestro País y en el mundo

entero siguen dando frutos sus acciones son patrimonio de todos los mexicanos y ejemplo de

inspiración, sin duda, pocos hombres alcanzan con su muerte la inmortalidad y a sus 52 años de

partida, el espíritu edificante de Don Isidro Fabela hace evidente la afirmación de que al árbol se

le conoce por sus frutos y al hombre por sus obras, este día rememoramos a quien después de un

arduo trabajo como embajador regresó a su tierra como gobernante, donde el reto primigenio era

lograr la estabilidad social, de sus acciones aprendimos que no puede consentirse que intereses

partidistas de grupos o personas impidan el avance hacia un desarrollo democrático, acorde a las

aspiraciones de los mexicanos en su conjunto; en su aniversario luctuoso honramos su memoria

con su ideal que la función pública debe desempeñarse con entrega, justicia y desinterés con apego

indefectible a las leyes y conforme a la voluntad general.

Compañeras y compañeros diputados, en el marco del Aniversario Luctuoso de Don Isidro

Fabela Alfaro en esta Legislatura hacemos válido su legado y alimentados de su memoria, me

permito citar al maestro que nos enseña con su réquiem la finalidad del servicio público

mexiquense, me siento venturoso de haber tenido la oportunidad de servir una vez más a mi patria

chica a la que tanto amo, me iré sin una gota de sangre en las manos y sin un peso mal ganado en

mi bolsillo, me voy físicamente pero no espiritualmente porque les dejaré a ustedes mi corazón

162

entero, les dejaré a ustedes mi cariño, mi esperanza; la esperanza de que los que vengan subirán

más y más con el pueblo de la mano para llegar a la cúspide; la cúspide intelectual del Estado de

México, la cúspide moral del Estado de México, la cúspide cultural del Estado de México.

Enhorabuena por Don Isidro Fabela y larga vida a su memoria. Muchas gracias.


PRESIDENTA DIP VIOLETA NOVA GÓMEZ. Se registra lo expresado por la diputada Maribel

Martínez Altamirano.

Con apego al punto número 25 del orden del día corresponde al uso de la palabra la diputada

Brenda Stephanie Selene Aguilar Zamora, quien formula en nombre del Grupo Parlamentario del

Partido Revolucionario Institucional posicionamiento con motivo del “Día Internacional de la

Juventud”.

DIP. BRENDA AGUILAR ZAMORA. Con el permiso de la mesa de permiso presidenta.

Saludo a mis compañeras y compañeros diputados a quien nos acompaña a los medios de

comunicación y a quien nos siguen en redes sociales.

Con el permiso de esta Honorable Soberanía, inicio mi intervención recordando que el

pasado 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la

resolución 54/120 y siguiendo las recomendaciones de la Conferencia Mundial de Ministros de la

Juventud celebrada en Lisboa en agosto de 1998, se declaró el 12 de agosto como el “Día

Internacional de la Juventud”, este día hace hincapié en el objetivo número 4 de la Agenda 2030

para el Desarrollo Sostenible garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover

oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos.

Se examinan cómo los gobiernos, la juventud y las organizaciones dirigidas por jóvenes,

además de otras partes interesadas están transformando la educación para que se convierta en una

poderosa herramienta para cumplir con la Agenda 2030.

Actualmente existen en el mundo mil 800 millones de jóvenes entre 10 y 24 años de edad,

es la población juvenil más grande de la historia; sin embargo, más de la mitad de los niños y

adolescentes entre 6 y 14 años no saben leer o no tiene conocimiento básico de matemáticas a pesar

que la mayoría de ellos asiste a la escuela en el Plano Nacional el Estado de México, es considerada

como la Entidad más poblada del país, concentra el mayor número de población joven, 3.7 millones

que representan un 13.8 por ciento de la población de este grupo de edad, le siguen la Ciudad de

México, con 8.3 por ciento, Veracruz con 6.7 por ciento y Jalisco con 6.6 por ciento.

Como dato referencial tenemos que durante el primer trimestre de 2018 de la población

económicamente activa, los jóvenes de 15 a 29 años presentan una tasa de desocupación de 5.8 por

ciento, casi el doble de la tasa de desocupación a nivel nacional que es el 3.1 por ciento, en 2015

datos de la encuesta Intercensal, muestran que el 46 por ciento de los jóvenes de 25 a 29 años de

edad cuentan con secundaria o con un nivel de escolaridad menor también nos muestran que el 66

por ciento de los jóvenes entre 15 a 29 años de edad no asistieron a la escuela, esta variable presenta

un comportamiento diferenciado según la edad, pues un gran porcentaje de adolescentes de 15 a

19 años asiste a la escuela, un 62 por ciento con respecto a los que no asisten que es un 37 por

ciento, en contraste la asistencia escolar de los jóvenes de 20 a 24 años representa el 25 por ciento

total para el grupo de 25 a 29 años que representa el 7 por ciento, este comportamiento puede ser

explicado como la prioridad de un joven en lograr la meta educativa o la incorporación al mercado

laboral, inclusive la combinación de ambas condiciones.

Todas estas estadísticas nos recuerdan que aún se requieren modificaciones significativas

para que los sistemas educativos sean más inclusivos y accesibles y más allá de datos y cifras

existen aspectos que nosotros como sociedad y gobierno mismo debemos preocuparnos; pero sobre

todo ocuparnos y tomar conciencia que la juventud que hoy vemos crecer se está preparando y ésta

será los líderes de este país los que generen los avances en todos los campos, los que impulsen a

México y que lo lleven a niveles importantes.

163

De eso va la celebración del “Día Internacional de la Juventud”, de reconocer que un

desarrollo juvenil integral beneficia a toda la sociedad con educación, conocimiento, preparación,

sostenibilidad y el cambio climático, igualdad de género, derechos humanos y una cultura de paz.

A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, nos sumamos

a la búsqueda de una educación más relevante, equitativa e inclusiva, ya que ésta es crucial para

lograr el desarrollo sostenible, la educación es un multiplicador de desarrollo porque desempeña

un papel fundamental en la aceleración del progreso de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, y

es la erradicación de la pobreza, una buena salud, igualdad de género, trabajo decente y

crecimiento, la reducción de la desigualdades, la acción sobre el clima o las construcciones sociales

pacíficas, así logrando lo anterior estamos seguros que se podrá garantizar el acceso a una

educación inclusiva y de calidad y en consecuencia mayores oportunidades de encontrar un trabajo

bien remunerado y con mejores condiciones laborales.

Hoy la educación primaria y secundaria de calidad no son suficientes deben

complementarse con una educación técnica, profesional e incluso posgrado que proporcionen a las

y los jóvenes habilidades relevantes para acceder al empleo y al emprendimiento, la tarea no es

sencilla; sin embargo, las y los jóvenes somos una gran fuente de innovación de ideas, de soluciones

que impulsan los cambios necesarios en tecnología, acción climática, inclusión y justicia social, es

necesario implementar alianzas para lograr nuestro empoderamiento y alcanzar nuestro máximo

potencial, ser joven significa ser dueños de nuestra vida, de nuestro presente y estar dispuestos a

desafiar nuestro destino, significa creer en nuestros ideales, nuestros objetivos y nuestra

personalidad.

Celebrando el “Día Internacional de la Juventud”, también celebramos la valentía, la

libertad, la esperanza de todos eso jóvenes que quieren marcar la diferencia, nuestro tiempo no es

mejor ni el peor, pero si distinto.

Si queremos un futuro mejor en el año 2030 tenemos que invertir urgentemente en lo que

vamos a crear, tenemos la misión de ser la generación mejor preparada de la historia de este país,

sin duda hoy es el comienzo de una nueva era para los jóvenes del Estado de México.


PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Se registra lo expresado por la diputada Brenda

Stephanie Selene Aguilar Zamora.

SECRETARIO DIP. JOSÉ ANTONIO GARCÍA GARCIA. Presidenta la informo a usted que los

asuntos del orden del día han sido agotados.

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Registre la Secretaría la asistencia a la sesión.

SECRETARIO DIP. JOSÉ ANTONIO GARCÍA GARCIA. Ha sido registrada la asistencia,

Presidenta.

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Solicito a la Secretaría que lea el comunicado

que existe.

SECRETARIO DIP. JOSÉ ANTONIO GARCÍA GARCIA. Procedo Presidenta.


INTEGRANTES DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS

DE VIGILANCIA DEL ÓRGANO SUPERIOR DE

FISCALIZACIÓN.

PRESENTES.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 72 Bis de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y 20 fracción I del Reglamento del Poder

Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, me permito citarles a la reunión de trabajo que

la Comisión Legislativa de Vigilancia Órgano Superior de Fiscalización realizará este día martes

13 de agosto el año en curso, al término de la sesión en el Salón Narciso Bassols, para tratar la

solicitud de licencia definitiva que presenta el Contador Público Fernando Valente Baz Ferreira,

164

para separase del cargo de Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México y asuntos

propios de la Comisión Legislativa.

Al rogar su puntual asistencia, les expreso mi elevada consideración.

ATENTAMENTE

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA DE VIGILANCIA DEL

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

DIPUTADO TANECH SÁNCHEZ ÁNGELES

Perdón me comentan que es en el Salón de Protocolo.

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Se levanta la sesión siendo las dieciséis horas

con dieciocho minutos del día martes trece de agosto de dos mil diecinueve y se cita a las a los

diputados y a las diputadas a la Sesión Plenaria que realizaremos el día jueves quince de agosto del

año en curso a las doce horas en este Salón de Sesiones.

Gracias diputados que tengan buena tarde.

SECRETARIO DIP. JOSÉ ANTONIO GARCÍA GARCIA. La sesión ha quedado grabada con la

clave 078-A-LX.