recuento de daños a las libertades de expresión e información durante 2004

RECUENTO DE DAÑOS A LAS LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN DURANTE EL 2004 Verónica Trinidad Martínez* / Martha Soto** / Omar Raúl Martínez*** * Coordinadora de la Unidad de Libertad de Expresión de la Fundación Manuel Buendía. ** Coordinadora de la Unidad de Internet de la Fundación Manuel Buendía. ***Presidente de la FMB y director de la Revista Mexicana de Comunicación. Aunque la cifra de actos contra comunicadores no varió diametralmente en relación con los cuatro años precedentes1, el 2004 significó el periodo con mayor índice porcentual de violencia para el gremio periodístico en la última década. Si en 2003 se registraron 76 incidentes contra el trabajo informativo, en 2004 hubo un aumento del 21% al consignarse 92 actos, entre los cuales destacan cuatro asesinatos y una desaparición física: el dato más preocupante en lo que va del presente sexenio en materia de libertad de expresión en México (y más aún si a ello sumamos las cifras preliminares en torno a 2005 y que arrojan un resultado de 43 casos, entre ellos dos muertos y otra desaparición).

TIPO DE INCIDENTES / PERSPECTIVA GLOBAL

A diferencia de los cuatro años anteriores en que los ataques públicos o embozados a periodistas y medios nunca superaron el 60% del total de actos, en 2004 alcanzaron una cifra inédita: el 83%. Tales tendencias patentizan el intento de acallar a los informadores por la ruta violenta y ya no sólo el afán de inhibir vía los tribunales como se había acostumbrado de manera creciente en los últimos años.

Recuento de Daños 2004 Un Acercamiento al Estado de las Libertades de Expresión e Información en México

Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación

La gravedad de la violencia registrada en 2004 -y cuya inercia parece presentarse en 2005- radica en que, de acuerdo con los primeros indicios e indagatorias, los grupos de narcotraficantes comienzan a erigirse en los presuntos responsables de un significativo número de hechos violentos contra periodistas. Pero esa inquietud tiende a enrarecerse más aún si consideramos

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que las pesquisas de las autoridades judiciales no han rendido frutos suficientes para sancionar a los autores materiales e intelectuales, con lo que la impunidad sigue siendo la indiscutible ganadora en este terreno.

INCIDENTE / PERSPECTIVA GLOBAL

Todo lo anterior se desprende de un análisis y seguimiento hemerográfico y documental sobre el estado de las libertades informativas en México durante 2004, realizado por la Fundación Manuel Buendía, el Centro Nacional de Comunicación Social y el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, como parte de las tareas emprendidas por la Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación, de la cual también son organismos miembros la Academia Mexicana de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Fraternidad de Reporteros de México, el Centro de Derechos Humanos Fray francisco de Vitoria y el Centro de Periodismo y Ética Pública.

CARGO / PERSPECTIVA GLOBAL


Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación Pág 2

Visión global De la suma total de actos consignados (92) y de acuerdo con nuestros criterios metodológicos2, el 83% (o sea, 76) fueron ataques públicos o embozados tanto a periodistas (73%) como a medios (10%). El porcentaje restante (17%) correspondió a hechos que pueden significar inhibición o presiones a informadores y empresas mediáticas. Este dato llama la atención habida cuenta que, de 2000 a 2003, el rubro de actos inhibitorios osciló entre 41% y 43%, lo cual parecía mostrar en primera instancia la sofisticación paulatina de los recursos represivos por parte de los poderes constituidos. Ahora, sin embargo, vuelve a emerger una inclinación que se creía rebasada: los ataques violentos o acciones abiertamente amedrentadoras.

ÁREA QUE CUBRE O TOCA EL PERIODISTA / PERSPECTIVA GLOBAL

Así, del número total de actos (92) registrados en 2004, el 27% fueron agresiones físicas y en segundo orden se ubicaron amenazas e intimidaciones con 25%. Con menores porcentajes aparecen atentados (10%) citas a




comparecer (5%), así como asesinatos, detenciones y demandas, cada uno con 4%. Conviene resaltar que el segmento de amenazas e intimidaciones es el más elevado de los últimos seis años e incluso el porcentaje se duplicó en relación con 2003. Pero lo más lamentable fueron los homicidios de Roberto Mora García (Tamaulipas), Francisco Ortiz Franco (Baja California), Francisco Arratia (Tamaulipas) y Gregorio Rodríguez (Sinaloa), así como la desaparición de Leodegario Aguilera (Sonora). Al igual que en estudios anteriores, se advierte que los periodistas mayormente expuestos a agresiones siguen siendo quienes van en busca de la información, es decir, los reporteros (26%) e informadores con funciones diversas (11%), y específicamente los que trabajan para dos de las fuentes más frecuentadas por el público: la política (42%) y policíaca (41%). Aquí vale destacar un notorio incremento porcentual en el rubro de temas policíacos respecto de 2003 en que apenas sumó 17%. Pero el dato salta más a la vista si recordamos que el porcentaje más alto (30%) consignado en los últimos ocho años en ese mismo rubro se había obtenido en 1998. Las primeras hipótesis y pesquisas permiten suponer que en la reciente incidencia de la fuente policíaca no resulta ajeno el avance del crimen organizado y en particular del narcotráfico.

MEDIO O ESPACIO DONDE LABORAN LOS AFECTADOS / PERSPECTIVA GLOBAL

Otra tendencia que no ha variado en los últimos dos lustros es la referida al hecho de que los comunicadores de medios impresos continúan concentrando el porcentaje más elevado de agresiones y actos inhibitorios con 62%. Los motivos para cometer acciones contra periodistas y medios lamentablemente tampoco reflejan variaciones drásticas, ya que el oficio reporteril continúa siendo el más acosado al momento de cubrir sus informaciones o luego de publicarlas. De esa suerte, de acuerdo con las fuentes hemerográficas y documentales consultadas, el 38% de los actos ocurrieron debido a contenidos dados a conocer, 32% por tratar de ejercer la tarea reporteril, 10% por posibles contenidos, 9% por denuncias, y con menores cuantías siguen: por motivos desconocidos (5%), por posibles denuncias (4%) y críticas (2%). La vertiente de presuntos responsables arroja mínimas pero significativas variaciones. El Poder Público volvió a concentrar la mayor parte de incidencias (48%) al englobar cuatro rubros: fuerzas del orden (24%), funcionarios de



gobierno (13%), instituciones gubernamentales (7%) y funcionarios de dependencias plicíacas (4%). No obstante lo anterior, visto en perspectiva, se manifestó un descenso del 21% respecto del año precedente en la recurrencia de los representantes del Poder Público en los actos contra las libertades informativas. El índice porcentual incluso -pese representar casi la mitad de total de incidentes registrados en 2004- significó el más bajo en los últimos cinco años. Pero más que a una posible condescendencia del aparato de gobierno, habría que atribuir tal disminución a dos razones: a) la imposibilidad de identificar a los responsables que ocultan sus ataques en la sombra del anonimato (16%), y b) el hecho de que nuevos actores empiezan a cobrar fuerza como agresores recurrentes, tales como particulares (8%), grupos de narcotraficantes (7%), representantes de partidos políticos y grupos sociales (5%).

MOTIVOS / PERSPECTIVA GLOBAL

El lugar donde se registró el mayor número de actos contra el gremio periodístico fue el Distrito Federal3 (15%), y le siguieron Baja California (12%), Sinaloa (9%) y Chihuahua (8%). En los estados del norte del país es justamente donde en los años recientes se han elevado los índices de criminalidad bajo la batuta de grupos de narcotraficantes que pretenden enquistarse cual poderes informales para tratar de imponerse e inducir -vía la corrupción y/o la violencia- a los poderes constitucionales. Con menores cuantías aparecen los estados de Chiapas (7%), Oaxaca (7%), Veracruz (5%), Tamaulipas (5%), Guerrero (5%), Morelos (3%), San Luis Potosí (3%) y Estado de México (3%), entre otros.

PRESUNTOS RESPONSABLES / PERSPECTIVA GLOBAL




Breve mirada al Distrito Federal Del universo de casos registrados a nivel nacional, 14 (15%) ocurrieron en la Ciudad de México. Así, se advierte un ligero y paulatino descenso habida cuenta que si en 2002 se consignaron 17 acciones en contra de periodistas, para 2003 hubo 16. De los 14 casos referidos, 13 fueron ataques públicos o embozados a periodistas (12) y medios informativos(1). Al desglosar el tipo de incidentes, no hay diferencias sustanciales en relación con el año previo: 43% fueron agresiones físicas, 43% amenazas e intimidación, 7% atentados, y 7% citas a comparecer frente a la autoridad. Los aparentes móviles lo constituyeron, principalmente, el ejercicio reporteril al momento de cubrir la información (50%) y los contenidos publicados (36%).

RESPONSABLES / DISTRITO FEDERAL



Al igual que en la visión global, los reporteros acumulan gran proporción de las incidencias (36%) y le siguen fotoreporteros (21%), entre otros, particularmente de las fuentes política (50%), policíaca (29%) y deportiva (14%). Al analizar el segmento de presuntos autores de las agresiones y presiones contra periodistas y medios, surge una llamativa diferencia en relación con el marco nacional y con lo ocurrido en 2003: si bien el Poder Público conserva un alto índice porcentual (35%), en 2004 creció sustancialmente (36%) el segmento que desconoce la identidad de los posibles responsables.

ÁREA QUE CUBRE O TOCA EL PERIODISTA AFECTADO / DISTRITO FEDERAL

Tendencias preliminares de 2005 Pareciera que el mismo ritmo e intensidad de los actos contra las libertades de expresión e información resentidos a lo largo de 2004 en México, se han empezado a reflejar durante los primeros cinco meses de 2005. Sirvan los siguientes datos preliminares para constatar el aserto anterior: 1. Hasta la primera quincena de mayo se habían consignado 43 casos, de los cuales 79% fueron ataques públicos o embozados a periodistas (77%) y medios (2%), en tanto que 21% lo constituyeron hechos que pueden significar inhibición o presiones a periodistas (19%) y medios (2%). 2. De ese total, se han presentado dos homicidios (Guadalupe García Escamilla y Raúl Gibb Guerrero) y una desparición (Alfredo Jiménez Mota). 3. Entre los actos con mayores incidencias están las amenazas e intimidaciones (33%) y las agresiones físicas (21%). Con menor recurrencia -pero no menos importantes dado su impacto en la opinión pública nacional- se advierten citas a comparecer (7%), atentados (7%), demandas (7%) y asesinatos (7%).

INCIDENTES / DISTRITO FEDERAL



4. Los periodistas abocados a la tarea de captar información y publicarla siguen apareciendo como los principales afectados, en especial los de las fuentes política (53%), policiaca (43%) y de información general (5%), y con marcada incidencia los de medios impresos (53%). 5. Sí bien el 59% de los presuntos responsables forman parte del Poder Público, resulta preocupante que en 23% de los casos se desconozca la identidad de los agresores cuyos aparentes móviles para actuar en contra del quehacer periodístico fueron, fundamentalmente, por contenidos publicados, en un 42%; y por ejercer la labor reporteril (33%). Puntos de interés Cuatro vertientes más son las que podemos resaltar en la trama de hechos ocurridos durante 2004 y parte de 2005 en materia de libertad de expresión en México: a) Narcotráfico. En casi el 70% de los casos de homicidio y desapariciones de periodistas ocurridas en los últimos 17 meses, existen suficientes elementos de presunción para sostener que fueron víctimas del crimen organizado, especificamente del narcotráfico. Con ello parece cumplirse la advertencia expresada hace dos años por organismos internacionales de que los grupos de narcotraficantes comenzaban a erigirse en uno de los principales riesgos para el trabajo de los periodistas y, por ende, representan un amago permanente para las libertades informativas.4 De hecho, reporteros de Baja California, Chihuahua, Sonora y Tamaulipas han manifestado su inquietud ya que su quehacer se ve constantemente amenazado.


Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación

b) Chiapas. El 26 de mayo de 2004 entraron en vigor las reformas y adiciones al Código Penal de Chiapas, aprobadas el 17 de febrero anterior por el Congreso local, que sancionan hasta con nueve años de prisión y multas de hasta mil salarios mínimos la difamación y la calumnia. Los códigos penales de otras entidades federativas no incluyen el tipo de disposiciones que contiene la reforma chiapaneca. La tendencia internacional en la materia es reducir las sanciones penales e incluso despenalizar en su totalidad los llamados delitos

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de prensa. Ante ello, los comunicadores locales y la Red Mexicana de Protección a Periodistas consideran que la aprobación de tales reformas constituye una afrenta a la libertad de expresión, según los lineamientos marcados por la ONU y la OEA.5

MOTIVOS / DISTRITO FEDERAL

c) Organismos internacionales. La Sociedad Interamericana de Prensa y Reporteros Sin Fronteras, entre otros organismos internacionales, se han pronunciado repetidas veces en defensa de las libertades de expresión e información en México. En noviembre pasado, la SIP solicitó al presidente Vicente Fox que intervenga para que se aclaren las agresiones contra informadores y recordó que, de acuerdo con la Declaración de Chapultepec, suscrita por nuestro país en 1994, "el asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan la libertad de expresión y de prensa".6 Reporteros Sin Fronteras, por su parte, en enero pasado sostuvo que "en México, Brasil y Perú, los asesinatos han adquirido una dimensión preocupante".7 Y en su informe sobre México correspondiente al año pasado, señaló que "2004 se recordará como un año negro para la libertad de prensa, marcado por el recrudecimiento de la violencia contra periodistas, por parte de los cárteles de la droga que asolan el norte del país". d) Organización y movilizaciones. Ante la multiplicacion de actos contra de las libertades informativas, un significativo sector del gremio periodístico ha pasado de la indignación a la organización y la movilización. Bajo el impulso del Centro de Periodismo y Ética Pública, en un hecho sin precedentes, cientos de periodistas se concentraron el 11 de octubre, en 16 ciudades de 10 estados del país, para reclamar justicia en torno a la escalada de violencia contra informadores y exigir su pleno esclarecimiento y castigo al gobierno Federal. Aunado a ello, el pasado 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa, una docena de organizaciones de derechos humanos y promotoras de la libertad de expresión, se sumaron a la convocatoria tendiente a sumar esfuerzos y voluntades para impulsar acciones concretas para proteger el ejercicio periodístico. Así, decidieron lanzar una campaña y una declaracion






contra la violencia a periodistas y por la plena libertad de expresion en México.8

MEDIO O ESPACIO DONDE LABORAN LOS AFECTADOS / DISTRITO FEDERAL

Conclusiones 1. A diferencia de los cuatro años anteriores en que los ataques públicos o embozados a periodistas y medios nunca superaron el 60% del total de casos, en 2004 alcanzaron una cifra inédita: el 83%. Ello patentiza el intento de silenciar a los informadores y ya no sólo el mero fin de inhibir vía los tribunales. 2. Del total de actos consignados (92), el 83% fueron ataques públicos o embozados tanto a periodistas (73%) como a medios (10%). El porcentaje restante (17%) correspondió a hechos que pueden significar inhibición o presiones a informadores y empresas mediáticas. 3. El 27% de los hechos registrados en 2004 fueron agresiones físicas y en segundo orden se ubicaron amenazas e intimidaciones con 25%. Con menores porcentajes aparecen atentados (10%), citas a comparecer (5%), así como asesinatos, detenciones y demandas, cada uno con 4%. 4. Al igual que en estudios anteriores, se advierte que los periodistas mayormente expuestos a agresiones siguen siendo los reporteros (26%) e informadores con funciones diversas (11%), y específicamente quienes trabajan para dos de las fuentes más frecuentadas por el público: la política (42%) y policíaca (41%). 5. El 38% de los actos ocurrieron debido a contenidos dados a conocer, 32% por tratar de ejercer la tarea reporteril, 10% por posibles contenidos, 9% por denuncias, entre otros con menores cuantías. 6. El Poder Público volvió a concentrar la mayor parte de incidencias (48%). No obstante, se manifestó un descenso del 21% respecto del año precedente. Pero en realidad habría que atribuir tal disminución a la imposibilidad de identificar a los responsables que ocultan sus ataques en la sombra del




anonimato (16%), y a la emergencia de nuevos agresores recurrentes, tales como particulares (8%), grupos de narcotraficantes (7%), representantes de partidos políticos y grupos sociales (5%). 7. El lugar donde se registró el mayor número de actos contra el gremio periodístico fue el Distrito Federal (15%), y le siguieron Baja California (12%), Sinaloa (9%) y Chihuahua (8%). En los estados del norte del país es justamente donde en los años recientes se han elevado los índices de criminalidad bajo la batuta de grupos de narcotraficantes que pretenden enquistarse cual poderes informales para tratar de imponerse e inducir -vía la corrupción y/o la violencia- a los poderes constitucionales. 8. Del universo de casos registrados a nivel nacional, 14 (15%) ocurrieron en la Ciudad de México. Con ello se advierte una ligera y paulatina disminución respecto de 2002 y 2003. Y de esos 14 casos, 13 fueron ataques públicos o embozados a periodistas (12) y medios informativos (1). Al desglosar el tipo de incidentes en el DF, no hay diferencias sustanciales en relación con el año previo: 43% fueron agresiones físicas, 43% amenazas e intimidaciones, 7% atentados, y 7% citas a comparecer frente a la autoridad. 9. Entre el 1o de enero y el 16 de mayo de 2005 se consignaron 43 actos contra el ejercicio periodístico en México. De ellos, 79% fueron ataques públicos o embozados a periodistas (77%) y medios (2%), en tanto que 21% lo constituyeron hechos que pueden significar inhibición o presiones a periodistas (19%) y medios (2%). Entre los incidentes con mayor recurrencia están las amenazas e intimidaciones (33%) y las agresiones físicas (21%). Con menor incidencia -pero no menos importantes dado su impacto en la opinión pública nacional- se advierten citas a comparecer (7%), atentados (7%), demandas (7%) y asesinatos (7%). 10. En los últimos 17 meses la lista negra contabiliza seis homicidios y dos desapariciones de periodistas.9 Los muertos en 2004 fueron Roberto Mora García (Tamaulipas), Francisco Ortiz Franco (Baja California), Francisco Arratia (Tamaulipas) y Gregorio Rodríguez (Sinaloa). Los caídos en 2005 fueron Guadalupe García Escamilla (Tamaulipas) y Raúl Gibb Guerrero (Veracruz). Los desaparecidos son Alfredo Jiménez Mota (Sonora) y Leodegario Aguilera (Guerrero). NOTAS 1) En 2003 se consignaron 76 actos contra periodistas y medios de comunicación; en 2002, 100; en 2001, 126; y en 2000, 101. 2) Véase el texto "Los criterios de selección de casos contra las libertades de expresión e información", que aparece en las páginas siguiente del presente Recuento de daños. 3) Conviene recordar, como en anteriores informes, que una de las razones por las cuales el DF suele encabezar la lista de agresiones a las libertades de




expresión e información, es que las fuentes hemerográficas consultadas proceden en su mayor parte de la Ciudad de México. 4) Ver: Balbina Flores, "Abril negro", Zócalo, mayo, 2005; y El Universal, 2, febrero, 2005. 5) Bitácora de Revista Mexicana de Comunicación, agosto-septiembre, 2004. 6) La Crónica de Hoy, 23 de noviembre, 2004; La Jornada, 23 de noviembre, 2004. 7) El Universal, 6 de enero, 2004. 8) Consúltese la página Web del Centro de Periodismo y Ética Pública: www.cepet.org 9) Véase el artículo de Balbina Flores que aparece en el presente informe. VITRINA METODOLÓGICA A) Se seleccionaron todas las informaciones sobre agresiones o actos contra periodistas y medios, aparecidas en seis periódicos de circulación nacional, así como las consignadas en informes relativos al tema elaborados por entidades académicas, gremiales y de derechos humanos. B) Se creó una base de datos en el programa Access, considerando las siguientes variables: incidente, tipo de agresión o hecho, nombre del afectado, sexo, cargo, fuente o área abordada por el periodista, nombre del medio o espacio, fecha, lugar, presuntos responsables, motivos reales o aparentes, y entidad o persona que refiere o aporta la información. C) En la base referida, se vaciaron los datos identificados o investigados de cada uno de los casos -procurando evitar las repeticiones- y se hizo el cruce de información. D) Una vez procesados los datos, las variables sistematizadas se pasaron al programa Excel -un programa contable- con el cual fue posible diseñar las tablas y gráficas que ilustran el estudio. E) Con todas las informaciones a la mano, en orden cronológico se redactó una relación de los hechos ocurridos contra las libertades de expresión e información.



Reflexiones y propuestas para combatirla

Permanente impunidad David Peña* / Eréndira Cruzvillegas** *Miembro del Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS). ** Directora del Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS). Dentro del sistema penal mexicano existe un índice de impunidad de aproximadamente el 96%, según estimaciones recientes de instituciones educativas.1 No obstante que estas alarmantes cifras demuestran las deficiencias de nuestro sistema penal y, por ende, de la impartición de justicia, ahora el tema especifico igualmente preocupante es el relativo a los altos índices de impunidad al momento de investigar y sancionar los actos contra comunicadores en México. En los casos que aparecen documentados en el presente informe, podemos notar que durante 2004 se cometieron muchas agresiones en contra de periodistas, pero destacan cinco homicidios. En la mayoría de los crímenes existe algún probable responsable señalado e incluso indiciado ante las autoridades competentes. En todos los casos, sin embargo, las investigaciones no se han llevado hasta sus últimas consecuencias y no se conocen a los autores intelectuales ni las motivaciones de los asesinos materiales. De acuerdo con el presente análisis, varias constantes evidencian que en los casos de agresiones contra periodistas existe una clara línea que los relaciona entre sí: la impunidad. En un sentido amplio, la impunidad no sólo se refiere a la falta de aprehensión y sanción de los responsables, sino también al hecho de evitar o erradicar las causas o motivaciones que generaron ese daño irreparable (enel caso concreto, la muerte de un comunicador), e incluye además la realización de una investigación seria, creíble, confiable y apegada a estándares internacionales en materia de procuración e impartición de justicia. No obstante lo anterior, el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales han reinstaurado una vieja práctica de nuestro sistema judicial: nunca encontrar a los autores intelectuales; pero paralelamente han establecido una nueva: el desviar las motivaciones de las agresiones y en especial de los homicidios hacia el plano personal o familiar, descontextualizándolos del quehacer informativo. Investigar y sancionar La responsabilidad y obligación del gobierno mexicano para investigar y sancionar a los culpables tanto de los homicidios como de las diversas agresiones perpetradas en contra de comunicadores han sido incumplidas de manera sistemática, debido a la falta de investigaciones concluyentes, procesamientos y castigos a los responsables.2 Ello ha generado un clima de impunidad institucionalizada. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derecho Humanos ha definido a la impunidad como:



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La falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares.3 Sin lugar a dudas, el problema planteado no es privativo de los casos en contra de comunicadores, sino que constituye una constante dentro del sistema de impartición y procuración de justicia a nivel nacional. Este problema se advierte claramente cuando observamos el monopolio que tiene el Ministerio Público para ejercer la acción penal, pues "el sistema jurídico mexicano obliga a todos los denunciantes u ofendidos a recorrer tortuosos procedimientos ante el Ministerio Público si quiere que el caso llegue al conocimiento del juez".4 Lo anterior se convierte en una imposibilidad jurídica de cuestionar las resoluciones del Ministerio Público que, en la etapa de averiguación previa, actúa como autoridad, juez y parte. De esa manera, se cancela la posibilidad de que las víctimas del delito puedan cuestionar o impugnar las determinaciones del Ministerio Público, pues en algunos de los casos expuestos, la premisa ha sido investigar en una línea diferente a la vinculada con el ejercicio de la profesión, cerrando toda tentativa de indagar aquellas relacionadas con el crimen organizado o con las "consecuencias y reacciones" que han podido tener las publicaciones e investigaciones realizadas por los profesionales de la información. Todo ello configura una falta real de acceso a la justicia puesto que en muchos de los casos ni siquiera se ha tenido acceso a un juez competente para determinar las probables responsabilidades, y por lo tanto se ha cerrado la posibilidad a los familiares de las víctimas para acceder a la justicia en los términos internacionalmente reconocidos. En suma: las prácticas sistemáticas y recurrentes en las que han incurrido distintas autoridades ministeriales y judiciales de los tres niveles de gobierno, lo único que propician es una impunidad generalizada, y como consecuencia de ésta permea una conducta que genera la repetición de esa clase de actos. La impunidad es una constante en los casos de agresión a comunicadores y comunicadoras. La impunidad es un lastre que precisa erradicarse lo más pronto posible de nuestro sistema judicial y de nuestra sociedad. Una reforma de fondo Ante lo expuesto en el presente Recuento de daños y frente a todas las evidencias emanadas de distintos casos ventilados en el sistema penal y de impartición de justicia de nuestro país, podemos desprender las siguientes reflexiones a manera de propuestas, cuya finalidad es ubicar de mejor manera los puntos en los que resulta preciso hacer énfasis para frenar esta permanente impunidad: 1) Mejoras a la figura constitucional de la coadyuvancia. Es indispensable que tanto las propias víctimas cuando sea posible, como sus familiares, puedan





ejercer plenamente y en el mejor de los sentidos esta figura constitucional que necesita ser ampliada y garantizada por todas las autoridades que participen en las investigaciones y en configuración de probables responsabilidades. Ello posibilita en todo momento la aportación de pruebas, líneas de investigación, documentos, evidencias, sospechas o cualquier otro indicio que permita ubicar a los agresores. 2) Crear recursos jurídicos idóneos para fiscalizar la labor del Ministerio Público. Aunque en la actualidad se cuentan con algunos recursos jurídicos para impugnar las determinaciones del Ministerio Público (MP) en su ámbito de competencia, resulta indispensable crear más mecanismos idóneos para poder no sólo impugnar la determinación final del MP sino también las formas y las líneas en las que éste realiza sus investigaciones, pues es precisamente en esta etapa en la que muchas de las pesquisas se desvirtúan y desvían. 3) Reclasificación de los delitos cometidos en contra de los comunicadores con un agravante superior. Al atentar contra un comunicador o comunicadora no sólo se atenta contra la libertad de expresión de la persona o del medio para el cual trabaja, sino que además se atenta contra toda la sociedad en su conjunto al restringirle o negarle la posibilidad de acceder a determinado tipo de información. Ante ello sería conveniente que esta clase de delitos se clasificaran con un agravante especial en tratándose de periodistas. 4) Creación de una fiscalía especial a nivel federal para atender los casos relacionados con ataques a comunicadores. Ésta es una demanda añeja que no ha tenido el eco suficiente al interior de las instancias competentes, pues si se considerara de manera formal y se implementara, se podrían observar las similitudes y coincidencias existentes en más de un caso, facilitando con ello las investigaciones. 5) Sensibilización del Poder Judicial hacia la labor de los comunicadores. La mayoría de los jueces mexicanos carece de una mínima sensibilización para entender el trabajo de los comunicadores: suelen llamarlos a declarar para que revelen sus fuentes de información, e incluso tratan sus agresiones y ataques como comunes, descontextualizándolos de una realidad omnipresente. Si cerramos frentes con éstas y otras demandas similares, las autoridades de todos los niveles de gobierno (incluido el Poder Legislativo) no podrán cerrar los ojos. Tampoco podrán justificar sus deficientes acciones en la norma legal, y quizás -sólo quizás- sólo así podrán empezar a cumplir con ese gran pendiente histórico, político y social que tienen con toda la sociedad mexicana: terminar con la impunidad. NOTAS 1) Tenorio Tagle Fernando, "La Impunidad en México por encima de la media mundial", Revista Comunicación Universitaria Num. 150, Universidad Autónoma Metropolitana, División de Derecho, Especialista en Derecho Penal, Noviembre 2004.



2) Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer "Consideración de los informes de los Estados partes", 23 de agosto de 2002, CEDAW/C/2002/EXC/CRP.3/Rev.1, párr. 24. 3) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Paniagua Morales y otros, Sentencia del 8 de marzo de 1998, Serie C Num. 23, párr.173. 4) Ibid, p.12.



Catorce periodistas asesinados durante el sexenio foxista

Por la justicia y no al olvido Balbina Flores Corresponsal en México de Reporteros Sin Fronteras (RSF) En el sexenio de Vicente Fox, se han registrado 14 asesinatos de periodistas y en varios de ellos parece aflorar con cierta evidencia la mano del narcotráfico. En los distintos casos, los gobiernos federal y local se han comprometido públicamente a investigar y sancionar a los responsables, "con toda la fuerza del Estado". Sin embargo en ninguno de ellos se ha sentenciado a los responsables materiales e intelectuales. Las cuentas en materia de libertad de expresión, al final del sexenio, no resultan muy satisfactorias. La lista es preocupante, como la impunidad que priva en este terreno. Enseguida se hace un repaso de los asesinatos registrados entre fines de 2000 y 2005 en diversos estados del país, entre los que destacan: Tamaulipas con seis: Pablo Pineda Gaucín, Saúl Antonio Martínez, Félix Alfonso Fernández, Roberto Mora García, Francisco Arratia y Guadalupe Escamilla; Chihuahua con tres: José Ramírez Puente, José Luis Ortega Mata y José Barbosa Bejarano; Guerrero con dos: Gregorio Urieta y Leodegario Aguilera Lucas; Baja California con uno: Francisco Ortiz Franco; Sinaloa con uno: Gregorio Rodríguez, y Veracruz con uno: Raúl Gibb Guerrero. Hasta la fecha continúan desaparecidos los periodistas Alfredo Jiménez Mota (Hermosillo Sonora) y Jesús Mejía Lechuga (Martínez de la Torre Veracruz), sin que las investigaciones realizadas por las autoridades locales y federales hayan logrado resultados positivos. La mayor parte de los casos de comunicadores asesinados no han tenido avances significativos en las pesquisas, salvo aquéllos en que se han detenido a presuntos autores materiales cuya culpabilidad estaría en proceso de comprobarse. A continuación se presenta una breve reseña de la situación que guardan algunos de esos casos, gran parte de ellos ocurridos en un periodo de tiempo muy corto -tan sólo 14 meses- y que han cimbrado a la opinión pública nacional e internacional, pues perfilan algunos patrones que valdría la pena analizar. Por lo menos en cuatro de tales casos, las víctimas tenían un papel directivo importante en el medio donde trabajaban; en ninguno hay autores materiales ni intelectuales; y el móvil de su asesinato se vincula claramente con su labor periodística. Raúl Gibb Guerrero El 8 de abril de 2005, hacia las 21:30 horas y cerca de su domicilio fue asesinado el director del diario La Opinión, que se edita en Poza Rica, Veracruz.



Las primeras investigaciones indican que el móvil del asesinato de Raúl Gibb Guerrero podría ser la línea crítica y de denuncia del diario que dirigía, La Opinión. El 20 de abril, la Procuraduría General de la República anunció que con base en el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales y en el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría, ejercería la atracción de la averiguación previa PZR-2/2/185/2005, del asesinato del periodista. Informó que un equipo de servidores públicos de la delegación estatal en Veracruz analizaba el expediente para conocer los avances y elaborar un plan de investigación. El 26 de abril, según La Crónica, las investigaciones realizadas indicaban que un año antes del asesinato, Raúl Gibb había sido víctima de un intento de corrupción por unos miembros de la banda local Los chupaductos, quienes visitaron al periodista en su redacción con el fin de conseguir, previo pago, que el periódico no publicara una serie de artículos sobre un caso de contrabando de gasolina en el que estaban implicados. El dinero ofrecido procedía de ese tráfico. Tal precedente, establecido en el marco de la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público, lleva a considerar a Martín Rojas como principal sospechoso del asesinato del informador. Guadalupe García El 20 de abril, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, se declaró incompetente para continuar con las investigaciones sobre el homicidio de la comunicadora Guadalupe García Escamilla, por lo que remitió dicha indagatoria a la Procuraduría General de la República, informó Roberto Maldonado Siller, delegado de la dependencia federal. Corresponderá a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), seguir las investigaciones. El 16 de abril, después de un atentado ocurrido el 5 de ese mes y once días de agonía, falleció la periodista García Escamilla, reportera y locutora de la estación de radio XHNOE Estéreo 91, que se transmite en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Gregorio Rodríguez Abraham Ernesto y Ulises Sedano Ornelas fueron detenidos y consignados como presuntos asesinos materiales de Gregorio Rodríguez Hernández. La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que existen pruebas directas que señalan a Ulises Sedano como la persona que habría efectuado los disparos contra el reportero gráfico el pasado 28 de noviembre. Las pesquisas sobre el asesinato de Gregorio Rodríguez no se han agotado, aseguró el Procurador de Justicia del Estado de Sinaloa, Luis Cárdenas Fonseca, en marzo de 2005, y se ha solicitado la orden de aprehensión en contra del autor intelectual. Según las investigaciones de la Ministerial, se afianzó la hipótesis de que el



móvil del homicidio se derivó de venganzas por el ejercicio de su profesión, y se identificó como autor intelectual a Frausto Ocampo, señalado como uno de los operadores del capo Ismael Zambada García, El Mayo Zambada. Gregorio Rodríguez, corresponsal gráfico del diario El Debate de Mazatlán, Sinaloa, fue asesinado a balazos el domingo 28 de noviembre de 2004, en la comunidad de Escuinapa, por desconocidos cuando se encontraba acompañado de su familia en una conocida cenaduría. Francisco Arratia El 1 de octubre de 2004, la Procuraduría General de la República informó que atrajo las investigaciones del asesinato del periodista, luego de que la Procuraduría Estatal declarara su incompetencia. Ese mismo día se informó que se había ejercido acción penal contra Raúl Castelán Cruz, presunto autor material del homicidio. Según la Procuraduría, Castelán está ligado al Cártel del Golfo, concretamente con la célula que lidereaba Ramiro Hernández García Hernández, El Mati. En relación con los avances de las investigaciones, en una reunión con diferentes organizaciones nacionales, un representante de la SIEDO informó que la Procuraduría de Tamaulipas declinó su autoridad a favor de la justicia federal por los delitos de delincuencia organizada y portación de armas prohibidas, pero no cedió la jurisdicción en las investigaciones del crimen, razón por la que dichas investigaciones siguen en manos de la Procuraduría local, sin que hasta la fecha se conozcan los avances de las mismas. Francisco Arratia Saldierna, colaborador del diario El Imparcial y del diario digital Línea Directa, fue asesinado el 31 de agosto de 2004, en Matamoros, Tamaulipas. El informador fue secuestrado por unas horas y posteriormente abandonado su cuerpo con golpes y signos visibles de haber sido torturado, lo que horas después provocó su muerte. Francisco Ortiz Franco En septiembre de 2004, la Procuraduría General de la República reveló a los medios de comunicación los nombres de los presuntos autores materiales e intelectuales implicados en el asesinato de Francisco Ortiz Franco. Asimismo se identificó a los integrantes de la célula del cártel de Tijuana como los responsables, entre los que señalaba a Jorge Alberto Briceño López, El Cholo (autor intelectual), y principal operador del cártel de Tijuana en Mexicali; Eduardo Ronquillo, El Niño, y Artemio Villarreal Albarrán, El Nalgón, supuestos autores materiales; y a Hernando Villegas Delgado, ex agente ministerial de Baja California; Jesús Manuel Molina Hernández, ex policía ministerial y José Luis Molina Hernández, ex agente ministerial, como presuntos colaboradores en la ejecución. El móvil del crimen, de acuerdo con las investigaciones realizadas por la SIEDO, se relacionaba con el trabajo del periodista, quien antes de su muerte publicó las fotografías de varios integrantes de la organización criminal de los Arellano y su forma de operar. A casi un año del asesinato de Francisco Ortiz



Franco (22 de junio), y habiéndose identificado de manera oficial hace nueve meses a los presuntos autores materiales e intelectuales del crimen, no hay ningún detenido ni procesado. Desaparición Las autoridades federales y estatales trabajan en tres líneas de investigación para el esclarecimiento del caso del periodista Alfredo Jiménez Mota de El Imparcial, en Sonora. Las pesquisas están enfocadas al narcotráfico, a la participación de un funcionario de la PGR y al círculo de relaciones personales de Alfredo Jiménez, señalaron representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), después de una reunión que sostuvieron con el gobernador del Estado Eduardo Bours y el Procurador General de Justicia del Estado Abel Murrieta. En días anteriores, el 20 de abril, la Procuraduría General de la República atrajo las investigaciones sobre la desaparición del reportero del periódico El Imparcial. Gilberto Higuera Bernal, Subprocurador de Procesos Penales de la PGR, señaló que el encargado de las indagatorias para dar con el paradero de Jiménez Mota, será el titular de la SIEDO, José Luis Santiago Vasconcelos. La Asociación 7 de junio denunció la desaparición de Alfredo Jiménez, reportero del diario El Imparcial de Hermosillo, Sonora, ocurrida el 2 de abril. Desde entonces se desconoce su paradero. No está por demás recordar que, desde julio de 2003, también se encuentra desaparecido el periodista Jesús Mejía Lechuga, del Noticiario a Primera Hora MVS-Noticias de Martínez de la Torre, Veracruz. Otro caso pendiente. Roberto Mora El 16 de enero de 2005, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas emitió la Recomendación 013/2005, dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Estado, en la que le recomienda gire instrucciones para agotar las investigaciones relativas al homicidio de Roberto Mora García. La recomendación fue emitida el 26 de enero de 2005, una vez que la Comisión En Memoria presentó una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos por las anomalías en las investigaciones y ésta solicitó información a su homóloga Estatal. Al cumplirse un año del asesinato de Roberto Mora, el 24 de marzo pasado, la Comisión En Memoria denunció las graves irregularidades en la investigación oficial, entre las cuales destaca el hecho de que el arma homicida presentada por la Procuraduría no coincide con las heridas que provocaron la muerte del periodista, según expertos consultados por la Comisión. Además, los presuntos autores materiales fueron sometidos a tortura. Y como si lo anterior fuera poco, uno de ellos murió asesinado en el penal el 13 de mayo de este mismo año. Por ello, la Comisión consideró que en tanto persistan dudas graves sobre el crimen de Roberto Mora García, la libertad de expresión en Tamaulipas está



seriamente cuestionada, y exhortó al gobierno estatal a ordenar una investigación que no descarte posibles pistas, sobre todo aquéllas relacionadas con las actividades periodísticas de Mora García. Los casos reseñados aquí de manera sucinta, son tan sólo una muestra de lo que ha sucedido con otros asesinatos ocurridos en el presente sexenio. Si bien es cierto que el gobierno federal no es el responsable directo de estos crímenes, constituye su obligación investigarlos y sancionar a los responsables, como bien lo recomienda la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. Corresponde a la sociedad, los periodistas y los medios de comunicación, exigir justicia y decir No al olvido.



Recuento de actos contra periodistas durante 2004

RELACIÓN DE HECHOS Martha Soto* / Verónica Martínez ** *Coordinadora de la Unidad de Internet de la Fundación Manuel Buendía **Coordinadora de la Unidad de Libertad de Expresión de la Fundación Manuel Buendía AC.

ENERO ABRIL JULIO OCTUBREFEBRERO MAYO AGOSTO NOVIEMBREMARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE

Enero 3. Luis Fernando Pech Cetina, presidente municipal de Konkal, Yucatán, amenazó de muerte a Jorge Aguilar Aguilar, coordinador de información del diario Por Esto, por la información que publicó el periodista en relación con las denuncias realizadas por los ciudadanos sobre las funciones de esa autoridad. 5. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, miembros de la Agencia Estatal de Investigaciones detuvieron a Walter Hernández González, columnista del periódico Siglo XXI, cuyo arresto y posterior encarcelamiento atienden a presuntos delitos de difamación y agravio contra el gobernador del estado Pablo Salazar Mendiguchía, quien emitió una demanda penal después de que el columnista lo llamó "pillo" por convencer a presidentes municipales de destinar recursos para la construcción de un estadio de fútbol. 13. A raíz de los continuos reportajes publicados desde agosto de 2003, con respecto a una red de prostitución infantil en la que se involucran funcionarios de gobierno, Irene Medrano Villanueva, reportera de El Sol de Sinaloa, sufrió una serie de amenazas de muerte y de atentados tales como el allanamiento de su hogar, la descompostura de los frenos de su vehículo, así como el choque de éste por individuos a bordo de un auto sin placas. Ante esa situación, Medrano Villanueva responsabilizó al alcalde Jesús Enrique Hernández Chávez de lo que pueda pasar. 15. Después de ser citado por la PGR, Narciso Arturo Reyes, periodista del diario Tiempo, fue acusado penalmente por el director de Seguridad Pública Municipal de Oaxaca, Jorge Castañeda Espinoza de los Monteros, por el delito de difamación. El funcionario oaxaqueño aseguró que el periodista violó su privacidad, aunque lo publicado en dicho periódico corresponde a la denuncia de abusos cometidos por el funcionario. 15. Alonso Aguilar Orihuela, reportero oaxaqueño del Diario Noticias, fue agredido mientras realizaba un reportaje acerca de la invasión del predio El Portillo por parte de paracaidistas, mismos que golpearon al periodista quien fue derribado a puntapiés y despojado de sus pertenencias, más tarde arribó la



http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/Tables/FMB/libertadexpresion/2004/relacionb.html#1












policía. 20. Un sistema de espionaje fue descubierto en las oficinas corporativas del director general del periódico Noroeste, Manuel Clouthier Carrillo, así como en el despacho del mismo en Culiacán. 30. El presidente de la Junta de Concertación Política del Congreso local en Querétaro, José Luis Aguilera Rico, prohibió el acceso de reporteros de diversos medios al área adjunta al salón de plenos, desde donde se pueden observar las sesiones públicas, esto con la finalidad de evitar filtraciones y posibles escándalos sobre las actividades de los legisladores. Febrero 10. En Monterrey, Nuevo León, un grupo de reporteros y camarógrafos de diversos medios impresos y cadenas televisoras fueron agredidos por dos sujetos que participaron en un accidente vial. Los hechos se registraron cuando los representantes de los medios de comunicación se trasladaron al lugar donde había sido reportado un accidente. Quienes viajaban en el automóvil, al percatarse de la presencia de los reporteros y camarógrafos comenzaron agredirlos. 12. Arturo Quintero Carmona, fotógrafo del periódico Milenio, fue agredido con un cabezazo por el futbolista Cuauhtémoc Blanco, después de que el reportero le tomó fotos cuando salía de un restaurante. 13. En Yucatán, Mario Renato Menéndez Rodríguez, director del diario Por Esto, denunció que fue objeto de intento de secuestro por parte de la PGR de la entidad. El agredido informó que la acción se debe a que el diario publicó información sobre diversos fraudes contra una empresa constructora. 18. Bajo el argumento de que eran policías, los guardias del líder del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps, amenazaron con una pistola y despojaron de su material al fotógrafo del periódico Reforma Israel Rosas Camarena, quien pretendía fotografiar al líder sindical mientras bajaba de un automóvil en un restaurante de Lomas de Chapultepec, después de haber cenado con el priísta Fidel Herrera. 18. Raúl Flores Martínez, reportero de Radio Capital, fue objeto de amenazas anónimas y constante hostigamiento después de rendir su declaración por el caso de una disputa entre ambulantes del Centro Histórico liderados por María Rossete y Alejandra Barrios, siendo ésta última entrevistada por el periodista antes de los hechos violentos. Temiendo por su vida y la de su familia, el periodista levantó una averiguación previa ante el Ministerio Público de la Fiscalía de Personas e Instituciones por el delito de amenazas. 19. Jorge Medina Palomino, fotógrafo del diario El Universal en Morelos, presentó una denuncia ante el Ministerio Público por delitos de abuso de autoridad, allanamiento de morada, lesiones y lo que resulte en contra de los agentes de la policía ministerial del estado, ya que catearon el hogar del



fotógrafo sin ninguna orden judicial, además de amagar y golpear a su hijo, todo bajo el pretexto de ser un operativo antidrogas. 20. Durante la boda de los actores Niurka Marcos y Boby Larios en Toluca, Estado de México, se presentó un altercado entre los medios de comunicación y elementos de seguridad, luego de que los reporteros quisieron entrar a la fuerza y fueron recibidos con golpes, empujones y una serie de agresiones. 21. En Tijuana, Baja California, los periodistas Lorenzo Garibay Martínez y Atahualpa Garibay Reyes, director y coordinador, respectivamente, del semanario Expediente Público fueron objeto de un atentado al ser incendiados sus automóviles Se desconoce el motivo de la agresión, pero no descartaron que se trate de una venganza por parte de elementos policiacos o de funcionarios locales a raíz de ciertas publicaciones. Marzo 3. En medio de insultos y agresiones, mujeres policías despojaron con violencia a reporteros de diversos medios de su material de trabajo, después de que éstos cubrían la nota que involucraba el embargo a una farmacia en el municipio de Juchitán, Oaxaca. Los reporteros que intentaron entrevistar a los implicados en el embargo de la farmacia, fueron amedrentados por elementos de la policía municipal. 5. Los periodistas del diario Política, Iván Peralta y Andres Timoteo, y el periodista del Diario de Xalapa y corresponsal de El Financiero Oved Contreras, fueron demandados penalmente en Boca del Río, Veracruz, por el delito de difamación contra el diputado federal panista, Baruch Barrera Zurita. Los periodistas argumentan que la demanda surgió a raíz de una entrevista hecha al presidente de la delegación local del PAN, Honorio Cruz, sobre la situación administrativa y financiera que se había encontrado en la estructura municipal que presidió el ahora diputado federal. 8. Los conductores de televisión Joaquín López Dóriga de Noticieros TELEVISA y Víctor Trujillo de El Mañanero, recibieron amenazas de muerte después de transmitir los videos donde se aprecia a miembros del gobierno de la ciudad cometiendo actos de corrupción. 9. Integrantes de Antorcha Campesina agredieron al periodista Adrián Avalos, reportero de un canal de televisión local en San Luis Potosí. El incidente ocurrió después de que el reportero intentó entrevistar a integrantes de Antorcha, quienes se manifestaban frente al palacio de gobierno en la Plaza de Armas y que bajo las órdenes de su dirigente Romel Alanis se abalanzaron sobre el periodista. 16. El editor de un semanario local en Guerrero, Demetrio Altamirano Nava, denunció ante el Ministerio Público que seguidores del entonces candidato perredista, Zeferino Torreblanca, y personal al servicio del alcalde de Coyuya de Benítez, Rafael Ariza, lo agredieron y amenazaron. También, denunció el robo de 300 ejemplares del semanario que él mismo voceaba.



18. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, aseguró un lote de bienes inmuebles a la familia Cruz Jiménez, propietarios y directivos del periódico Cuarto Poder, quienes presuntamente fueron adquiridos de manera ilícita y que involucra a un exfuncionario público estatal. 19. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, Roberto Javier Mora García, director editorial del periódico El Mañana, fue asesinado de 26 puñaladas. La propietaria del diario, Ninfa Deandar Martínez, denunció que el periodista había recibido amenazas de muerte a raíz de las investigaciones que realizaba relacionadas al secuestro de otro reportero. Una semana después del crimen se detuvo a los presuntos responsables del asesinato, Hiriam Olivares Ortiz, Raúl Eduardo Coss García y Mario Medina Vázquez, éste último asesinado en el reclusorio donde se encontraba detenido bajo juicio como autor material del homicidio, situación que complica el esclarecimiento en torno al caso del periodista. Abril 13. El corresponsal en Chiapas del periódico La Jornada, Hermann Bellinghausen, denunció ser objeto de espionaje. Aseguró que un grupo de individuos no identificados vigilaban sin motivo aparente su casa en San Cristóbal. El periodista dijo que según testimonios, dichos "vigilantes" se reportaban constantemente en un retén de la Agencia Estatal de Investigaciones y la policía de caminos. El gobernador de la entidad, Pablo Salazar, deslindó a su gobierno del acoso al periodista. 19. El corresponsal de TV Azteca en Morelos, Agustín Olais, recibió amenazas de muerte a raíz de las investigaciones que evidenciaron nexos entre funcionarios de gobierno del Estado y el narcotráfico. 21. Policías municipales y empleados de Bancomer en Ciudad Juárez Chihuahua, detuvieron a Jesús Aguirre y Raymundo Ruiz de El Mexicano y Jorge Luis Aguirre de La Polaka.Com. Los reporteros pedían información acerca de un fraude cometido por el banco, momento en que el gerente ordenó a elementos de seguridad detenerlos argumentado que tomaban fotografías sin permiso. 28. Hermén Macías López, director del semanario Lo Nuestro, sufrió un atentado en la carretera libre Monterrey-Cadereyta-Reynosa. Fue agredido a tiros por David Vega Zamarripa, hermano de Hilario Vega, ex secretario del STPRM. Al no lograr su objetivo, Vega Zamarripa huyó del lugar. Mayo 6. La reportera Guadalupe Thomas del diario Tiempo en Juárez, Oaxaca, interpuso una demanda en contra el diputado y dirigente estatal del PAN, Javier Castellanos García, por el delito de difamación. En la conferencia de prensa convocada por el partido para conmemorar el "Día Mundial de la Libertad de Expresión", el diputado criticó su trabajo y afirmó que la periodista realmente trabajaba para el PRI.



12. Un juez dictó formal prisión a los policías Jesús Velázquez Ocaña, Alejandro Mediana Solar, Joaquín Álvarez Vázquez y Saúl Morales Fuentes por los delitos de privación ilegal de la libertad, robo con violencia, abuso de autoridad y lesiones en contra del periodista de TELEVISA Radio, Manuel de la Cruz. Los policías municipales de Tuxtla Guitierrez, Chiapas, fueron procesados después de que secuestraron y vejaron al periodista quien cita que el motivo de tal agresión tiene que ver con su trabajo periodístico realizado en las zonas de conflicto en Chiapas y las denuncias que constantemente ha realizado sobre la corrupción en los cuerpos policiacos. 18. Un grupo de periodistas locales y extranjeros, fueron agredidos y amenazados por un grupo clandestino de madereros en el municipio de Ocampo, Michoacán, quienes intentaron bloquear el acceso al grupo. Posteriormente, los agresores destruyeron el equipo de los comunicadores y los amenazaron de muerte si publicaban o denunciaban la tala ilegal. 22. Aparentemente como resultado de sus artículos y publicaciones, el periodista Leodegario Aguilera Lucas, editor de la revista Mundo Político, fue secuestrado por dos individuos quien a punta de pistola lo sacaron de su domicilio y pretendían hospedarse en la casa de Aguilera quien puede ser víctima de la confrontación social y política que vive el puerto de Acapulco, Guerrero. 22. Martín Serrano Herrera, fundador y director del periódico editado en Jalapa Veracruz, Diario Tribuna, fue agredido por tres desconocidos, que según el periodista eran agentes policiacos. La agresión, sostiene Serrano, tiene relación con sus artículos que implicaban a varios funcionarios del estado de Veracruz en algunos casos de corrupción y enriquecimiento ilícito. 23. Los reporteros Édgar Badillo Medina y Mario Solís Espinoza del Diario de Colima, así como Maximiliano Cortés Zepeda, titular de la estación Radio Variedades, fueron golpeados por sujetos encabezados por Samuel Rodríguez Moreno, sobrino del ex gobernador Fernando Moreno Peña. Los aparentes motivos responden a la línea informativa del diario que criticaba la forma en que se conducían los jóvenes llamados juniors. 27. En Mexicali Baja California, el reportero policiaco Juan H. Galván, quien trabaja para el Sol de México, fue víctima de un atentado en un acto perpetrado por desconocidos quienes causaron severos daños a su camioneta situada frente a su domicilio, lanzándole dentro una bomba molotov que incendió el vehículo, mientras el periodista descansaba en su casa junto a su familia. Al respecto, el periodista declaró que tal atentado pudo haber sido cometido por personas que se han visto afectadas en su trabajo. 29. El director del diario editado en el Estado de Morelos El Clarín/Sur, Francisco Guerrero Garro, denunció que la publicación ha sido sujeta a presiones por la información, sobre la presunta implicación de dos policías en un caso de violación en Cuautla, además denunció que Arturo Cruz acentuó el hostigamiento contra el periódico y Margarita Ruiz, corresponsal.



31. José Perea, jefe de Asuntos Internos de la Subprocuraduría de justicia Estatal, citó a 12 periodistas para que revelaran sus fuentes. El funcionario les solicitó los nombres de quiénes filtraron información sobre homicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, argumentando que la información publicada entorpece las investigaciones. Entre los periodistas citados se encuentran Daniel Domínguez de Radio Cañón 800, Gabriel Jass, del Canal 56; Armando Rodríguez de El Diario; Arturo Pérez corresponsal de TV Azteca; Edgar Román, del Canal 44; Víctor Armando Rey del Canal 5; Carlos Huerta y Salvador Castro, ambos del periódico El Norte de Juárez. Todos ellos se negaron a dar información. Junio 4. En un intento de coartar la libertad de prensa, el Congreso del Estado de Tabasco a través del presidente de la Gran Comisión de la LVIII Legislatura, Carlos Ocampo, echó atrás una disposición en la cual los periodistas tendrían que presentar preguntas por escrito y con media hora de antelación a las conferencias de prensa. 15. Por órdenes del titular de la Subprocuraduría de Justicia de Ciudad Juárez,Chihuahua, Rafael Maldonado Porras, personal de seguridad obligó a salir de su lugar de trabajo a periodistas que cubrían la fuente policiaca para televisión, radio y prensa. Tales medidas fueron ordenadas aparentemente a raíz de que los medios publicaron los nombres de los agentes de la Policía Judicial del Estado (PJE) y gentes del Ministerio Público involucrados en la red de protección al Cártel de Juárez, así como los casos de prostitución infantil. 18. El reportero de la revista Quehacer Político, Norberto Vázquez Mercado, fue intimidado por sujetos desconocidos que lo agredieron verbalmente. Los agresores seguían al periodista a bordo de un automóvil en calles aledañas al Monumento a la Revolución, quienes tras preguntarle su nombre --a lo cual él se negó a responder--, lo amenazaron con lenguaje obsceno. 18. Supuestos empleados de la Secretaría General del gobierno estatal compraron toda la edición de La Jornada San Luis para impedir la difusión de una nota en que se revelaba la participación de Alfonso Castillo Machuca, en un intento de soborno al alcalde de Cerro de San Pedro para otorgar permisos municipales de instalación a la compañía Minera San Xavier. 22. El editor del semanario Zeta, Francisco Javier Ortiz Franco, fue acribillado en la colonia Revolución de la ciudad de Tijuana, cuando salía de una terapia de rehabilitación, por una parálisis facial, a 300 metros de la oficina de Homicidios de la Procuraduría General de Justicia (PGJ). Salió del lugar para abordar su automóvil en compañía de sus hijos, los subió al vehículo en el asiento trasero. Ni siquiera había encendido al motor del auto cuando un hombre encapuchado acercó el cañón hasta el vidrio de la portezuela. Primero le disparó al pecho, eso obligó al periodista a dejar caer su cuerpo hacia delante. Con frialdad volvió un impacto entre el hombro y el cuello, otro más arriba, a la altura del oído, y uno más en la cabeza. Murió en forma instantánea. Al escuchar el estruendo de la pistola, los niños abrieron la puerta



trasera y se fueron corriendo, unos vecinos les auxiliaron. Ortiz Franco había publicado datos reveladores, en mayo, en un artículo de denuncia con la lista y fotografías de 76 sicarios del Cártel de los Arellano Félix que portaban credenciales apócrifas de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Baja California. 23. La agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de Ocampo en Tlaxcala, Delia Molina Arroyo solicitó información sobre un artículo publicado por La Jornada de Oriente exigiendo a su vez al subdirector de éste, Raúl Jiménez Guillén, revelar sus fuentes informativas. El artículo publicado el 17 de octubre de 2003 y firmado por Juan Luis Cruz Pérez hace referencia a la acusación hecha por el alcalde del municipio de Calpulapan, Vicente Hernández Roldán, al dirigente barzonista de la entidad, Eloy García Reyes quien presuntamente intentó chantajearlo. 23. En la redacción del periódico Frontera de Tijuana, se recibió una amenaza en el buzón de voz. La advertencia se sumó a la acción perpetrada en la que presuntos narcotraficantes dejaron abandonada una camioneta con 800 kilogramos de marihuana en el estacionamiento del periódico. 23. El personal del semanario Cicuta fue amenazado por medio de su buzón de voz, en el que se les advertía que "ustedes son los próximos". Se cree que son posibles narcotraficantes, ya que se han producido atentados contra los trabajadores de medios en Tijuana. 25. Después de que Álvaro Delgado revelara en el semanario Proceso que la organización El Yunque había infiltrado a los organizadores de la "marcha contra la delincuencia" y que esa información generara entrevistas a ex miembros de ese grupo clandestino, el reportero recibió una amenaza de muerte por correo electrónico, que dio a conocer en un comunicado dirigido al gremio periodístico. 29. Durante el evento de cierre de campaña del entonces candidato del PRI a gobernador del Estado de Chihuahua, Reyes Baeza, personal encargado de la seguridad agredieron física y verbalmente a la reportera del portal informativo noticias en línea.com, Mayra González, quien fue desplazada con agresiones del templete donde se desarrollaba el acto político, por no portar su respectiva acreditación. Acto seguido, los reporteros del periódico El Mexicano, Roberto Carlos Lara y Joel González, fueron agredidos por los mismos elementos de seguridad, en un intento por defender a su compañera, propinándoles golpes en cara, brazos y piernas. Julio 14. El comentarista del programa radiofónico Palabra y Punto, Gerardo Ponce de León, sufrió un atentado frente a su casa ubicada al sur de la ciudad de Hermosillo, Sonora, después de que dos individuos desconocidos intentaron incendiar su automóvil. El comentarista fue amenazado mediante una misiva que advertía que un segundo ataque sería en contra de él y su familia. El mensaje escrito anónimamente, y que fue encontrado en el lugar de los



hechos, advirtió a su vez que se atuviera a las consecuencias pues sus comentarios estaban afectando intereses. 20. El director técnico de la Selección Mexicana de fútbol, Ricardo Antonio La Volpe, propinó una patada a Christian Palma, del diario Deportivo Récord, en el aeropuerto capitalino. La acción sucedió después del constante acoso por parte de reporteros de distintos medios quienes provocaron el hartazgo del entrenador. La Volpe más tarde pidió una disculpa al reportero vía telefónica. 28. En el enfrentamiento entre integrantes del Frente Único Huautleco, en Huautla de Jiménez Oaxaca, el corresponsal del periódico Noticias, César Peralta, fue agredido mientras tomaba fotos, aparentemente por un grupo de priístas quienes lo despojaron de su cámara y grabadora, mismos que fueron destruidos. 28. A raíz de las investigaciones efectuadas en el caso del asesinato del periodista Francisco Ortiz Franco que involucra al priísta Jorge Hank Rohn como autor intelectual y vinculado además con el narcotráfico, el periodista y director del semanario Zeta, Jesús Blancornelas, ha sido objeto de amenazas de muerte a través de correo electrónico en donde se refiere que los hermanos Arellano Félix han ofrecido cinco millones de dólares para matarlo. Agosto 3. El entonces candidato de la alianza Unidos por Veracruz a la gobernatura del estado, Dante Delgado, agredió verbalmente y arrebató la grabadora al reportero radiofónico Filiberto Lima, quien cuestionó la estadía del candidato en un penal acusado por peculado. 4. El reportero de TV Azteca Veracruz, Javier Moranchel García, fue despedido aparentemente por exigencia de Fidel Herrera Beltrán, así como de funcionarios del gobierno estatal, a raíz de que el periodista criticó en su noticiario Matutino AM, el lenguaje y actitud adoptados por el candidato priísta frente a los debates con sus homólogos. 7. Durante un enfrentamiento entre granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y vendedores ambulantes, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Salvador García y Miguel Moreno camarógrafos, fueron agredidos por los elementos de seguridad quienes intentaron despojarlos de su equipo, después de que se filmara a un elemento amenazándolos con la pistola. 23. El presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas del Estado de México, Santos Rosales Enciso, fue golpeado en las oficinas de la XI Regidora en Ecatepec de Morelos, por Sergio González Vargas, hermano de la funcionaria del ayuntamiento Nancy Belinda González. El también secretario de Seguridad Social de la Asociación de Periodistas Mexicanos, fue agredido al solicitar información exclusiva del ayuntamiento. Posteriormente levantó una averiguación previa.



23. El columnista del diario Síntesis Jesús Ramos fue demandado penalmente por difamación por el diputado local en el Estado de Puebla, Carlos Manuel Meza Viveros. El presidente de la Asociación de Hombres de la Comunicación de Puebla, Miguel Ángel Pérez Merchant, denunció que Meza Viveros se caracteriza por denigrar a reporteros para chantajearlos y posteriormente utilizarlos en contra de sus adversarios políticos. 29. La reportera del diario La Prensa, Paula Castro Paz, fue agredida afuera de su domicilio en la unidad San Juan de Aragón, por Armando Mota Carrera, fotógrafo de una agencia noticiosa. Paula Castro denunció al agresor quien la abordo al salir de su domicilio y luego la despojó de sus pertenencias. El agresor, quien fue detenido y liberado después, quería lograr en apariencia una relación sentimental con la agredida. 31. En Matamoros, Tamaulipas, fue asesinado Francisco Arratia Saldierna, periodista de 55 años. Publicaba su columna en El Imparcial, Regional de Matamoros, El Mercurio y El cinco de Ciudad Victoria. El comunicador fue abandonado aún con vida cerca de las instalaciones de la Cruz Roja de la localidad, en donde fue auxiliado y trasladado al Hospital General Alfredo Pumarejo. Arratia Saldierna presentaba fracturas de cráneo y dedos, quemaduras en las palmas de las manos, torso y hombros. Tres horas más tarde perdió la vida. El atentado hace suponer a las autoridades estatales que pudo haberse tratado de una venganza por algo que Arratia publicó. Por consiguiente, las autoridades se dieron a la tarea de revisar los más recientes textos periodísticos publicados por el columnista. Entre las primeras líneas de investigación, destaca la de un ajuste de cuentas con el narcotráfico, principalmente con Raúl Castelán Cruz, del Cártel del Golfo. Septiembre 3. La estación de radio en AM XEJA Mundo 610 con sede en Xalapa, Veracruz, fue presionada por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a través del delegado Carlos Ugalde. El funcionario se presentó en las oficinas del medio exigiendo hablar con el concesionario Jorge Rizo Navarro y argumentando que sancionaría a la estación si ésta no cambiaba el contenido de sus programas, a raíz de una critica que se hizo al programa radiofónico del presidente Fox. 8. El empleado del Instituto Tamaulipeco de la Vivienda y Urbanización, Jesús Casanova Galván, fue detenido por la Policía Ministerial después de haber golpeado al periodista Efraín Klérigan del periódico Reforma de Ciudad Victoria, Tamaulipas. La agresión ocurrió mientras el reportero viajaba en su automóvil junto a su esposa e hija cuando el individuo comenzó a seguirlo hasta chocar levemente la parte trasera del auto de Klérigan, momento en el que éste bajo de su auto y agredió al reportero en lo que fue aparentemente un altercado de tránsito. 9. Después de ser secuestrado el 22 de mayo en su domicilio, el editor de la revista Mundo Político, Leodegario Aguilera Lucas, fue encontrado muerto en un lugar llamado "La curva del capitán" en el Estado de Guerrero. El procurador



general de justicia del estado, Jesús Ramírez Guerrero, presentó a Alfonso Noel Vargas Baños, Juan Carlos Salinas y Alberto Cárdenas Flores como presuntos homicidas a causa de la disputa de un predio. El presunto asesino Alfonso Vargas detalló que agentes judiciales lo obligaron a firmar documentos donde aceptaba su participación en el secuestro, además de que amenazaron con dañar a su familia si no aceptaba haber calcinado el cuerpo del periodista. 11. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, Manuel Díaz Lerma, acudió a las instalaciones del periódico La Crónica de Baja California para cuestionar la línea editorial de la publicación a causa de una nota que criticó a la Policía Estatal Preventiva de la entidad, después de haber involucrado a cinco de sus agentes en el frustrado secuestro del empresario Fernando Manuel Aguilar Gutiérrez. 12. El diario Frontera, publicado en Tijuana, denunció un ataque con armas de fuego contra sus instalaciones. Los impactos se dirigieron a la fachada de su edificio y a una de las puertas de vidrio de la entrada principal. El diario señaló que varios de sus reporteros fueron objeto de amenazas por dar seguimiento a notas relacionadas con el narcotráfico. 13. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a reporteros de diversos medios en el estado de Campeche, quienes además acusan a los uniformados de haberlos agredido física y verbalmente y de tratarles como delincuentes. Eric Alcocer Chávez, Karime Sánchez Sánchez, Miguel Pérez Durán y Patricia Acuña Salavarría fueron detenidos mientras viajaban en un automóvil ya que presuntamente insultaron a los elementos de seguridad al pasar junto a una patrulla, hecho que fue negado por los comunicadores. 18. El reportero gráfico Abel Medina Alcántara, del periódico La Extra del Sol, fue detenido por elementos de la policía municipal de Toluca a petición de la agente de la Procuraduría General de Justicia del Estado Municipal (PGJEM), Leticia Martínez Flores, acusando al reportero de obstaculizar el trabajo del Ministerio Público, cuando al parecer éste sólo ejercía su labor periodística. 21. La presidenta de la Asociación de Periodistas de Matamoros, Virginia Castillo, denunció ser víctima de un atentado después de que desconocidos encendieron dos bombas molotov debajo de una camioneta que se encontraba a un costado de su casa. La comunicadora mencionó que tal intimidación pudo surgir por las constantes manifestaciones que ha realizado para esclarecer la muerte del periodista Francisco Arratia Saldierna. 27. Elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) acudieron a las oficinas del periódico La Jornada de San Luis, para preguntar al subdirector de información Jaime Hernández López, si podía revelar la fuente de una nota publicada el año pasado, en la que empleados del Instituto Nacional de Migración denunciaban a la delegada Elodia Gutiérrez, como responsable de abusos y favoritismo.



Octubre 2. A causa de información que publicó en el Diario Rotativo de Oaxaca, el reportero policiaco Othón García Díaz fue amenazado de muerte por el agente de la Policía Ministerial del Estado, Hugo Manuel García Durán, quien se vio perjudicado por la nota del periodista.Con pistola en mano García Durán amenazó al periodista debido a que éste publicó una nota que expuso la presunta relación del agente con el homicidio de un asaltante y los procesos que ha enfrentado por otros delitos. 12. Un grupo de policías de la Policía Federal Preventiva (PFP) golpearon a reporteros de TV Azteca, después de que éstos los videograbaron haciendo uso de una patrulla mientras bebían alcohol, en las calles de Saltillo, Coahuila. 13. El despido del conductor del noticiario Periodistas en Acción en el Estado de Chiapas, Hugo Isaac Robles Guillén, provocó la reacción de periodistas quienes, a través de un comunicado, calificaron el acto como injustificado y que responde a una manifestación por parte del gobierno chiapaneco para tomar control de los medios. El despido del periodista vino aparentemente como consecuencia de una entrevista entre el reportero y el gobernador del Estado, Pablo Salazar Mendigucía, quien fue cuestionado por desatender al poblado de San Cristóbal de las Casas. Los periodistas exponen que el gobierno de Salazar Mendiguchía se ha caracterizado por intentar controlar a los medios de comunicación de la entidad, con el fin de promoverse una imagen favorable ante la opinión pública. 21. Reporteros de los periódicos El Debate y Noreste fueron agredidos en Mazatlán, Sinaloa, por elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), después de una serie de cateos a 18 domicilios relacionados con el Cártel de los Carrillo Fuentes, que la organización policiaca llevó a cabo en distintas localidades del Estado. 22. En Pachuca, Hidalgo, el periodista Anselmo Estrada Alburquerque fue denunciado penalmente por el delito de difamación en contra de Francisco Austria Cabrera, por una entrevista publicada en 1993 en el desaparecido Diario Visor y reproducida en el suplemento Sucesión en 2004. La entrevista publicada con el profesor Inocencio Rangel Honojosa hace más de 10 años hacía referencia al cacicazgo del acusador en Tepehuacán de Guerrero. 22. El reportero del periódico El Sur editado en Acapulco, Guerrero, Jorge Nava, fue llamado a declarar a las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR), donde fue sometido a un interrogatorio por un agente quien trató de refutar la veracidad de una nota publicada por el periodista acerca del abuso policiaco de un agente de la AFI. 24. El corresponsal del periódico El Sur en Acapulco, Guerrero Gregorio Urrieta, recibió una amenaza de muerte vía telefónica donde una voz desconocida le dijo que iba a asesinar a su hijo si continuaba escribiendo. Tales amenazas corresponden posiblemente a lo publicado por Urrieta quien



ha referido sus letras a políticos y empresarios corruptos así como ha llevado el seguimiento del asesinato del periodista Rafael Villafuerte, ocurrido en 2003. 25. Elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) detuvieron, golpearon y despojaron de su equipo al fotógrafo de la cadena periodística El Debate, Martín Urista Morales mientras cubría un operativo policial relacionado con una de las residencias del ex comandante de la policía ministerial del Estado de Sinaloa, Pedro Pérez López, vinculado con el Cártel de Juárez. 27. Carlos Ramírez, director general del periódico La Crisis, recibió una serie de correos con agresiones y amenazas, por escribir sobre un grupo aparentemente religioso. Noviembre 1. El periodista del periódico La Verdad del Sureste, Víctor Ulín Fernández, fue hospitalizado después de haber sido asaltado y golpeado fuera de su domicilio. El periodista tabasqueño fue violentado por dos individuos quienes lo obligaron a subir a su automóvil. Atribuyó la agresión como consecuencia de lo escrito en su columna Sin remitente. 5. Después de su visita al Palacio Legislativo, el ex coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa, René Bejarano, agredió a la periodista de TELEVISA Yuridia Sierra quien cuestionó las relaciones del político con la Procuraduría capitalina. Bejarano respondió dándole un manotazo en la muñeca. Posteriormente su esposa Dolores Padierna secundó la agresión estrellando en la frente de la periodista una botella de agua. 10. El periodista del diario hidalguense Zu Noticias, Genaro Zuviri González, afirmó en conferencia de prensa haber recibido insultos y amenazas por parte del senador y ex candidato panista a gobernador del Estado de Hidalgo, José Antonio del Sagrado Corazón de Jesús, quien demandó penalmente al periódico por difamación y donde se le expuso en un bochornoso escándalo en la ciudad de Huejutla. 16. Un grupo de transportistas en Tijuana, Baja California, golpearon al reportero de Radio Fórmula José Luis Camarillo quien tomaba fotografías de los manifestantes cuando ejercía su labor. 16. El reportero de TELEVISA Odilón García así como el camarógrafo que lo acompañaba fueron insultados por transportistas tijuanenses que se manifestaron en contra de la Ruta troncal 01. Tras las agresiones el líder transportista de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Jesús Beltran Lachica ofreció disculpas. Los periodistas agredidos presentaron una denuncia por lo que fue detenido César Manuel Gutiérrez. 16. Después de haber comenzado la jornada electoral en Ciudad Victoria, simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), instalados en una preparatoria, repartieron dinero a personas quienes votaban por el partido y



quienes agredieron después a reporteros del periódico El Universal, que dieron cuenta del proselitismo ilegal. 19. En Culiacán, Sinaloa, el recién electo diputado local panista Saúl Rubio, amenazó verbalmente a los reporteros de la cadena periodística El Debate de Guasave, Resina Ávila y Alonso Sánchez. En el acto, el diputado incineró varios ejemplares de ese diario en respuesta a la difusión dada sobre la asistencia del panista, al sepelio del presunto narcotraficante Miguel Ángel Beltrán Lugo, asesinado en el penal de la Palma. 27. El periodista y conductor del programa de radio Línea Deportiva 1240, Felipe Orozco Reyes, fue agredido por el ex campeón mundial de boxeo, Julio César Chávez cuando trataba de entrevistarlo. Felipe Orozco interpuso una demanda en el Departamento de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría de Justicia del Estado en contra del boxeador. 28. El propietario del diario Noticias, Ericel Gómez Nucamendi, editado en la ciudad de Oaxaca, denunció que su publicación fue objeto de agresiónes por parte del presidente municipal Miguel Garza Quintana, el síndico Román Cruz y Agustín Morales presidente municipal suplente. El editor del diario responsabilizó a su vez al exgobernador del estado, José Murat Casab, quien amenazó antes al periódico a consecuencia de la línea editorial que mantenían. 29. Gregorio Rodríguez Hernández, fotógrafo del diario local El Debate de Mazatlán en el municipio de Escuinapa, en Sinaloa, fue asesinado a balazos mientras cenaba con su familia por el sicario del Cártel de Sinaloa Frausto Ocampo. Información extraoficial indica que el homicidio tiene relación con una nota publicada sobre la detención de Tamar Aguilar Iñiguez, hermano de Jesús Antonio Aguilar Iñiguez ex director de la policía ministerial, quien se encuentra prófugo y es buscado por la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntos nexos con el narcotráfico. Diciembre 8. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) citó a comparecer en calidad de testigo al reportero de Crónica, Raymundo Sánchez, encargado de cubrir las actividades del jefe capitalino, Andrés Manuel López Obrador. El oficio que fue dirigido al director del periódico cita a comparecer al reportero presuntamente por la nota que publicó acerca de los condones que comenzó a distribuir el PRD con la imagen del jefe de gobierno capitalino para promoverle. 14. El corresponsal del periódico local Noreste en Escuinapa, Mazatlán, Juan Torres, fue amenazado por escribir en sus artículos la relación de la policía con el narcotráfico. Tres individuos que viajaban en una camioneta se pararon frente al domicilio del periodista y dirigieron sus amenazas hacía su hijo.



Instituciones Referidas

AFI Agenda Federal de Investigación PGJDF Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal

CTM Confederación de Trabajadores de México

PGJE Procuraduría General de Justicia del Estado

ITAVU Instituto Tamaulipeco de la Vivienda y Urbanización

PGR Procuraduría General de la República

MP Ministerio Público PRD Partido de la Revolución Democrática

PAN Partido Acción Nacional PRI Partido Revolucionario Institucional

PEMEX Petróleos Mexicanos SSP Secretaría de Seguridad Pública

PFP Policía Federal Preventiva

STPRM Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana

Fuentes

CEPET Centro de Periodismo y Ética Pública PRE La Prensa

CNDH Comisión Nacional de Derechos Humanos PRO Proceso

CUE Cuestión REF Reforma CRO La Crónica de Hoy RSF Reporteros sin Frontera

EMAIL Correo Electrónico SOL El Sol de México

EXC Excélsior SUR El Sur

JOR La Jornada UNI El Universal

MEX El Mexicano ZOC Zócalo

NMIL Nuevo Milenio



Metodología para el análisis y seguimiento

Criterios de selección de casos contra las libertades de expresión e información

Omar Raúl Martínez / Verónica Trinidad Martínez La experiencia en el seguimiento y el análisis de casos de amagos a la libre expresión, nos permiten plantear la siguiente tipología: 1. Ataques públicos o embozados a periodistas a) Acoso u hostigamiento b) Agresión física c) Allanamiento d) Amenazas e intimidación e) Anuncio de bloqueo informativo f) Asesinato g) Atentado a la vida h) Censura i) Decomiso de material j) Desaparición k) Espionaje l) Insultos ll) Intento de secuestro m) Obstaculización, bloqueo informativo, veto o restricciones n) Secuestro 2. Hechos que pueden significar inhibición o presiones a periodistas ñ) Arbitrariedad en la edición o) Anuncio de demanda p) Auto de formal prisión q) Cita a comparecer r) Demanda s) Despido t) Detención por parte de autoridades u) Orden de aprehensión v) Renuncia inducida w) Robo x) Soborno y) Suspensión z) Cateo 3. Ataques públicos o embozados a medios a) Allanamiento b) Amenazas e intimidación c) Amenazas de confiscación



d) Amenazas de toma e) Atentado g) Bloqueo informativo h) Censura i) Confiscación j) Toma 4. Hechos que pueden significar inhibición o presiones a medios k) Anuncio de bloqueo publicitario l) Anuncio de demanda ll) Auditoría fiscal m) Bloqueo publicitario n) Cancelación de un programa o de una concesión ñ) Cierre temporal o clausura de una emisora o) Demanda p) Embargo q) Robo r) Anuncio de bloqueo informativo Vale señalar que no es gratuita la expresión ataquess públicos o embozados, pues los estudios realizados anteriormente revelan que un considerable porcentaje de casos suelen ocurrir bajo el anonimato de los responsables. En otras palabras: no resulta infrecuente que ciertos personajes, molestos o inquietos por informaciones, críticas o comentarios publicados o por darse a conocer, actúen contra periodistas a través de mensajes inhibitorios de manera embozada -es decir, sin dar la cara- para evitar comprometer su imagen pública o la de la institución que representan. Por eso se decidió considerar los casos en que los indicios apuntan a tal propósito. En torno a los hechos que pueden significar inhibición o presiones a periodistas y medios de comunicación, conviene apuntar que, estrictamente hablando, no pueden considerarse "agresiones". Sin embargo, la experiencia indica que tanto la interpretación y aplicación de las leyes como las relaciones medios-gobierno en México están influidas por la discrecionalidad y la parcialidad en momentos clave, lo cual posibilita cauces inhibitorios o de presión mediante argucias legales o de otra índole. Por tanto, aunque resulta complejo dilucidar a ciencia cierta cuándo se trata realmente de atentados a las libertades de expresión e información1, la simple referencia de tales hechos implica una insoslayable veta de análisis. Las variables Entre las variables por considerar para el desarrollo del estudio, se encuentran: incidente, tipo de agresión o acto, nombre de la persona afectada, sexo, cargo o quehacer, fuente informativa o área del periodista, medio o espacio al que pertenece o donde participa, fecha y lugar en que ocurrió, presuntos responsables, motivos reales o aparentes del hecho, y referencia o entidad o persona que proporcionó la información.



http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/Tables/FMB/libertadexpresion/2004/criteriosb.html#1

Para los fines de un análisis como el que aquí se propone, resulta pertinente definir el concepto de periodista: toda aquella persona que participa de manera regular en el acopio, análisis, procesamiento o redacción y difusión de informaciones o comentarios a través de los medios de comunicación y que vive de ello.2 Por ende, cuando se trate de agresiones a periodistas, éstos deberán identificarse como tales en función de un cargo específico: articulista3 o columnista, caricaturista, comentarista de radio y/o televisión, conductor o locutor, coordinador de sección, corresponsal, director, subdirector, editor, reportero gráfico, jefe de información, jefe de redacción, redactor, reportero, videoasta, y otros. En consecuencia, los incidentes en contra de empleados de los medios de ninguna manera pueden considerarse como agresiones a periodistas habida cuenta que su cargo no se ajusta a la acepción de periodista que proponemos, pero sí habrán de consignarse -sólo si las razones se vinculan directamente al ejercicio de las libertades de expresión e información- como agresiones a medios. En esa lista de afectados por su pertenencia a un medio de comunicación, se encuentran: el administrador o contador, dueño, gerente, presidente, vigilante, voceador, secretaria, y empleado (aquí entran aquellos cargos no contemplados). La detección de las fuentes que cubren -o temas que abordan- los periodistas afectados, contribuye a perfilar un abanico de las áreas de mayor controversia o conflicto. Así, tras una consulta a varios periódicos, se decidió clasificar las fuentes de la siguiente manera: 1) Agropecuaria/Agraria; 2) Cultural; 3) Deportes; 4) Ecología/Medio ambiente; 5) Economía y finanzas; 6) Educativa; 7) Espectáculos; 8) Información general (incorpora: aeropuertos y turismo, organismos asistenciales como ISSSTE e IMSS, asociaciones profesionales, Departamento del Distrito Federal, delegaciones, estados, religión e iglesias, salud y medicina, seguridad pública); 9) Policiaca (juzgados, nota roja); 10) Política (Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, derechos humanos, información diplomática, información electoral, fuerzas armadas, sindicatos, ONG's, partidos políticos, Presidencia de la República, secretarías de Estado, Suprema Corte de Justicia); y 11) Sociales. Una variable en la que se ha puesto particular atención por su carga acusatoria es la referida a los responsables, la cual se desglosa así: 1) Desconocidos; 2) Directivos de medios (dueño, presidente, director, subdirector...); 3) Exfuncionarios de dependencias policiacas 4) Exfuncionarios de gobierno; 5) Fuerzas del orden (aquí entra una larguísima lista: agentes y comandantes de la Policía Federal de Caminos, Policía Fiscal Federal, Policía Judicial del Distrito Federal, Policía Preventiva Municipal, Policía Judicial Estatal, Policía Judicial Federal, así como comandantes de la Procuraduría General de la República, efectivos, granaderos y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, elementos de la Dirección de Seguridad Pública, policías antimotines de la Secretaría de Protección y Vialidad, y toda clase de agentes, judiciales, policías -como los de tránsito-, granaderos, y guardaespaldas como los del Estado Mayor Presidencial); 6) Funcionarios de dependencias policiacas (delegados de la PGR, directores de DSP...); 7) Funcionarios de gobierno





(gobernadores, regidores, presidentes municipales...); 8) Grupos políticos 9) Grupos sociales; 10) Instituciones de gobierno; 11) Otros (organizadores de una feria, sacerdotes, maestros...) 12) Particulares; 13) Representantes de partidos políticos (senadores, diputados, etcétera); 14) Representantes o miembros de organismos deportivos (Federación Mexicana de Futbol, clubes deportivos, directores técnicos, jugadores, etcétera); 15) Representantes o miembros de instituciones educativas (profesores, alumnos, coordinadores, etcétera), y 16) Supuestos narcotraficantes. Los motivos para cometer cada uno de los hechos o agresiones contra periodistas y medios, constituyen otra variable de sumo interés por lo que tienen de significación para el ejercicio de las libertades de expresión e información en nuestro país. Por ello, resulta imprescindible definirlos en detalle: a) Por contenidos: cuando el periodista escribe, publica o transmite determinado material que molesta o preocupa a alguien, sin especificar si el afectado es un articulista, columnista o reportero. b) Por críticas: cuando el periodista o el medio realiza juicios o comentarios críticos de las actividades de organismos o personas públicas; por lo general se trata de columnistas, articulistas o ensayistas que analizan, cuestionan y opinan en torno a temas de coyuntura.4 c) Por denuncias: cuando un reportero -o eventualmente un columnista- hace la revelación de datos, sucesos o informes que evidencian manejos turbios o ineficientes o ilegales, que afectan al conjunto social y son de interés público. d) Por motivos desconocidos: cuando la fuente omite el dato o el afectado ignora la identidad de los agresores. e) Por nexos con el narcotráfico: cuando el periodista aparentemente tiene algún vínculo con narcotraficantes. f) Por ejercer su labor: cuando el periodista resulta agredido por o al momento de realizar su trabajo reporteril. g) Por posibles contenidos o denuncias: cuando no se tiene la certeza de que el periodista haya sido agredido por transmitir alguna información o comentario, pero hay probables indicadores para señalar responsabilidades. h) Robo: cuando al periodista se le despoja de algún material de trabajo con el fin indirecto de inhibir su labor y los indicios refuerzan tal hipótesis. i) Por difundir propaganda propia: cuando los responsables toman las instalaciones de un medio informativo con el propósito de divulgar sus propios planteamientos, informaciones o puntos de vista en torno a asuntos que les compete. Finalmente, las variables referidas a nombre, sexo, medio o espacio, fecha y lugar, significan datos de relevancia innegable, por lo que también son tomados en cuenta en la presente metodología. Criterios adicionales 1) Cuando concurra más de un incidente en una oportunidad, en el listado aparecerán como un sólo caso, y se consignará para el análisis sólo el primero por ser el predominante. 2) Los incidentes de tipo judicial (demanda, cita a comparecer, orden de




aprehensión y auto de formal prisión) cometidos en una o varias oportunidades, se contemplarán -cada caso- en el análisis de manera separada. 3) Las agresiones contra empleados sólo podrán ser consideradas si en ellas se advierten claros indicios de afectar a la persona por su pertenencia al medio. De tal suerte que dicho acto se integre al bloque de agresiones a medios de comunicación. 4) La detección de las fuentes se inferirá de acuerdo con la clase de agresor o responsable. 5) Las agresiones a camarógrafos se registrarán en el apartado de Fotógrafos/Reporteros por considerar que se trata de un hecho implicado directamente en el ejercicio reporteril. 6) Se considerará perjuicio colectivo cuando se agredan a más de tres personas en las mismas circunstancias y en la misma ocasión. 7) Únicamente se contemplarán robos cuando éstos tengan como fin central atentar contra las libertades de expresión e información. 8) Se excluirán del análisis los asesinatos de periodistas que evidentemente -de acuerdo con los indicios judiciales y las propias fuentes hemerográficas- hayan sido cometidos por razones ajenas al oficio periodístico. NOTAS 1) Aquí nos ajustamos a lo delineado por Ernesto Villanueva: "[...] el contenido de la libertad de expresión 'puede consistir en reflexiones o comentarios sobre ideas generales, o referirse a comentarios sobre noticias relacionadas con acontecimientos concretos', o como bien ha señalado el Tribunal Constitucional de España: 'La libertad de expresión tiene por objeto pensamientos, ideas y opiniones'". Y por lo que se refiere a la libertad de información, el mismo autor la concibe como "el derecho de todo individuo a recibir, investigar y transmitir hechos dotados de trascendencia pública a través de los medios de comunicación social". Véase Villanueva, Ernesto, Régimen jurídico de las libertades de expresión e información en México, México, UNAM, 1998, 253 pp. 2) Se entiende que entra en la acepción de periodista quien se encargue tan sólo de una de esas etapas, como un redactor o un editor. 3) Habitualmente un articulista no vive sólo de su tarea como tal, pero se contempla en el presente estudio por la imposibilidad de soslayar su ejercicio de la libertad de expresión y la recurrencia de actos en su contra. 4) Tal apartado puede ubicarse en los linderos referidos a la libertad de expresión.



recuento de daños a las libertades de expresión e información durante 2004

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