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Poder Judicial de la NaciónTRIBUNAL ORAL FEDERAL DE RESISTENCIA

FRE 93001169/2009/TO1/45/1

//sistencia, 25 de septiembre de 2.018.AH

VISTO: El presente EXPEDIENTE Nº FRE 93001169/2009/TO1/45/1

– “INCIDENTE DE PRISIÓN DOMICILIARIA DE FRANCISCO ORLANDO ÁLVAREZ”, del

registro de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal;

RESULTA:

I. Francisco Orlando Álvarez, D.N.I. N° 8.520.223, quien desde fecha

21/08/18 se encuentra en calle Andreani Nº 650, Villa Chica, Resistencia, Chaco,

bajo internación domiciliaria, fue condenado en el marco del EXPEDIENTE FRE Nº

93001169/2009/TO1 – “MANADER, GABINO Y OTROS S/TORMENTO AGRAVADO

(ART. 144 TER, 1º Y 2º PÁRRAFOS DEL C.P. INCORPORADO POR LEY Nº 14.616)” , de

nuestro registro judicial, a la pena de veinticinco (25) años de prisión, inhabilitación

absoluta perpetua, accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable

del delito de “Tormento agravado por la condición de perseguido político de la

víctima tres (3) hechos (artículo 144 ter del C.P., incorporado por Ley Nº 14.616).

Cfr. Sentencia Nº 232, registrada el 13/12/10 al Tomo: XII. Folios: 5.2456/5.343 del

Libro de Fallos.

II. A fs. 1/9, el Dr. Ricardo Ariel Osuna, abogadodefensor a la fecha de su

presentación, solicitó su prisión domiciliaria invocando como basamento las

prescripciones de los artículos 10, inciso a) del C.P. y 32, inciso a) de la Ley N°

24.660, modificada por Ley N° 26.472.

En el marco de ello, refirió que Francisco Orlando Álvarez padece una

patología compleja y severa, con antecedentes de trastorno psicoorgánico, E.P.O.C.

(Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), hipertensión arterial, diabetes tipo II,

dermatitis psoriasiforme, anemia de tipo mixta y crónica y epilepsia con tratamiento

irregular, para cuyo tratamiento es menester poseer asistencia médica especializada,

incompatible con su actual situación de encierro.

Acompañó constancias médicas respaldatorias, y, en apoyo de su solicitud,

subrayó que su defendido no podía ser asistido eficazmente dentro de la Prisión

Fecha de firma: 27/09/2018Firmado por: JUAN MANUEL IGLESIAS, JUEZFirmado(ante mi) por: NADIA VANINA SASOWSKY, SECRETARIA DE EJECUCIÓN

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Regional del Norte (U.7) S.P.F., habiendo sufrido en reiteradas oportunidades

desmayos y descompensaciones.

Agregó, además, que sobre la base del cuadro de situación descripto, a éste

no se le realizaban los estudios de alta complejidad, los exámenes de laboratorio y los

tratamientos médicos necesarios e imprescindibles para el tratamiento adecuado de su

afección e indicó la falta de control en su medicación, encontrándose en consecuencia

en un estado sumamente frágil, con riesgo de descompensación y peligro inminente

para su vida.

En relación a lo último, indicó que la Prisión Regional del Norte (U.7)

S.P.F. no reunía condiciones edilicias ni climáticas favorables e imposibilitaba el

cumplimiento de las recomendaciones y prescripciones médicas para preservar su

salud, por lo que resultaba evidente la imposibilidad de su recuperación y el

tratamiento adecuado de sus múltiples patologías.

Luego de desarrollar sus fundamentos y citar la jurisprudencia existente en el

orden nacional e internacional, a todo lo cual me remito “brevitatis causae”, invocó

expresamente, teniendo en cuenta las previsiones legales del caso, la ausencia de

peligrosidad procesal respecto a su defendido.

A fs. 20 se dispuso la intervención del Cuerpo Médico Forense de la

Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de que se evalúe el estado

de salud integral del interno Francisco Orlando Álvarez, determinándose si su

detención en la Prisión Regional del Norte (U.7) S.P.F. impedía el tratamiento

adecuado de sus afecciones.

Asimismo, se ordenó la confección a través del Área de Asistencia Social de

la Unidad Penal, de un informe socioambiental en el domicilio propuesto para

cumplir su pena privativa de libertad.

III. A fs. 23, se le corrió vista al Ministerio Público Fiscal, y sus

representantes Dres. Diego Jesús Vigay y Horacio Francisco Rodríguez, luego de

referir los antecedentes del caso, solicitaron previo a expedirse, el cumplimiento de


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las medidas dispuestas, a fin de evaluar el contenido de los informes a incorporarse a

los presentes autos, en particular, los correspondientes al Cuerpo Médico Forense de

la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación. (Cfr. el contenido del

dictamen fiscal obrante a fs. 23 y vta.)

IV. A fs. 30/31, se agregó el relevamiento social confeccionado por la

Sección Asistencia Social de la Prisión Regional de Norte (U.7) –S.P.F.,

consignándose que la Sra. Teresa de Jesús Roldán, esposa del interno Francisco

Orlando Álvarez, fue puesta en conocimiento de los deberes y obligaciones que le

correspondían como referente, manifestando ésta su predisposición para brindarle su

apoyo y contención. Se acompañó, al efecto, el acta de conformidad firmada por

ésta.

V. A fs. 90/95, se agregó el informe suscripto por el Dr. Luciano Poitevin del

Cuerpo Médico Forense de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación

junto con el perito de la D.A.T.I.P. Ministerio Público Fiscal, Dr. Mariano

Raposeiras, en el que se consignó que Francisco Orlando Álvarez se encontraba

clínicamente compensado sin evidencias clínicas de patologías físicas agudas en

evolución, indicándose en orden a los antecedentes relatados por él, la realización de

los siguientes estudios: laboratorio de sangre y orina con hemoglobina glicosilada y

examen neumonológico.

A fs. 102, se ordenó respecto al prenombrado, un nuevo traslado a la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, con alojamiento provisorio en el Instituto Penal Federal

“Campo de Mayo” (U.34) –S.P.F., para la realización de los últimos estudios

médicos mencionados.

A fs. 107, la actuaria dejó constancia de que en el EXPEDIENTE FRE Nº

93001169/2009/TO1/45 – “ALVAREZ, FRANCISCO ORLANDO S/ LEGAJO DE

CONDENA”, el interno Francisco Orlando Álvarez solicitó revocar la designación de su

abogadodefensor, Dr. Ricardo Ariel Osuna, y designar a sus efectos al Sr. Defensor

Público Oficial, Dr. Juan Manual Costilla, a quien se le dio intervención.


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A fs. 109/111, se agregó un informe actualizado del estado de salud del

prenombrado, producido por la Sección Asistencia Médica de la Prisión Regional del

Norte (U.7) –S.P.F., en el cual se indicó la imposibilidad de su traslado al Cuerpo

Médico Forense de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación.

A fs. 112, se suspendió el traslado dispuesto y se solicitó que se disponga lo

pertinente para que un Especialista en Neumonología se constituya en la jurisdicción

a los fines de su examen.

A fs. 120, el Cuerpo Médico Forense de la Excelentísima Corte Suprema de

Justicia de la Nación informó que no efectuaba viajes para realizar estudios

complementarios, y que resultaba imposible el traslado de los equipos necesarios para

el examen del condenado Francisco Orlando Álvarez, sugiriendo que se realice en

una institución hospitalaria extramuros y que se remita posteriormente para su

análisis pericial.

A fs. 121, se dispuso que a través del Área de Asistencia Médica de la Unidad

Penal se gestione un turno en el Hospital “Dr. Julio C. Perrando” de esta ciudad para

que el prenombrado sea evaluado conforme su patología de base E.P.O.C..

A fs. 124/126, se agregó el informe elaborado por la Licenciada Silvia

Castelao, perito psicóloga del Cuerpo Médico Forense de la Excelentísima Corte

Suprema de Justicia de la Nación, quien determinó la inexistencia de patologías

psíquicas en evolución que impliquen el deterioro de las funciones superiores de

concentración, atención y memoria, consignando que el plano de su competencia el

prenombrado no requería de una atención especial.

A fs. 138/142, el Área Médica de la Unidad Penal informó que en fecha en

fecha 27/07/18 el prenombrado fue trasladado de urgencia al Sanatorio Frangioli

S.R.L. por presentar dificultad respiratoria, quedando internado en la unidad de

terapia intensiva con cuadro de E.P.O.C. reagudizado, adjuntándose informe del

galeno interviniente.


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A fs. 150, el Sr. Defensor Público Oficial, Dr. Juan Manuel Costilla, solicitó

su internación domiciliaria refiriendo la indicación en tal sentido de la Dra. Luisina

Astrid Silva, adjuntando a sus efectos, informes médicos, planilla de solicitud de

internación domiciliaria y orden de provisión de oxígeno.

A fs. 164/169, se agregaron los informes médicos producidos en el marco de

su internación sanatorial, consignándose la existencia de una insuficiencia

respiratoria, con requerimiento permanente de oxígeno. Se comunicó su evaluación

con médico neumonólogo por espirometría presentando diagnóstico de patrón

obstructivo mixto severo, solicitándose internación domiciliaria y oxígeno

domiciliario.

A fs. 199/206, se agregaron las constancias presentadas por Francisco

Sebastián Álvarez, hijo del condenado Francisco Orlando Álvarez, con constancia del

cumplimiento de los trámites administrativos del caso para la internación domiciliaria

de su padre.

A fs. 213, se ordenó sobre la base de las prescripciones médicas del caso, su

traslado desde el Sanatorio Frangioli S.R.L. al domicilio sito en calle Andreani Nº

650, Villa Chica, Resistencia, Chaco, disponiéndose para el cumplimiento de su

internación domiciliaria, la consigna permanente de personal penitenciario y la

solicitud de implementación del Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia

Electrónica de la Dirección Nacional de Readaptación Social –Ministerio de Justicia

y Derechos Humanos de la Nación.

A fs. 218/220, se agregó la pericia forense del condenado Francisco Orlando

Álvarez, complementaria de la obrante a fs. 90/93, en la que se refirió que al

momento de su revisión inicial éste se encontraba clínicamente compensado sin

evidencias clínicas de patologías físicas agudas en evolución, y que sobre la base del

informe producido por los Especialistas en Neumonología, se concluía que padecía

un compromiso severo que ameritaba su alojamiento en un ambiente adecuado en el

que se intentara minimizar los factores de riesgo de eventuales reagudizaciones y se


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le administrara la medicación adecuada. Consecuentemente, y sobre la base de ello,

se consignó que la privación de la libertad de Francisco Orlando Álvarez en un

establecimiento carcelario no favorecería su recuperación ni permitiría tratar

adecuadamente su dolencia.

Por su parte, y en nota al pie, el Dr. Marcelo Raposeiras agregó que el

informe neumonológico producido por el Cuerpo Médico Forense de la

Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación fue realizado sobre la base de

un informe del equipo tratante, con el paciente en plena crisis de reagudización de su

E.P.O.C., sugiriendo que se someta a una nueva pericia clínica y neumonológica

superada la misma.

VI. A fs. 221, se corrió nueva vista los representantes del Ministerio Público

Fiscal Unidad de Derechos Humanos, quienes luego de referir los antecedentes del

caso y remitirse a todo efecto la medida judicial dispuesta a fs. 213 –internación

domiciliaria, consideraron que sobre la base de la sugerencia efectuada por su

representante pericial, Dr. Marcelo Raposeiras, debía realizarse una nueva pericia

clínica y neumonológica en el término de dos (2) meses para evaluar nuevamente el

estado de salud del condenado Francisco Orlando Álvarez y resolver, a partir de ello,

su solicitud de prisión domiciliaria.

Y CONSIDERANDO:

Sentados lo anterior, corresponde que me avoque a la resolución de la

presente incidencia.

I. Sobre la base de los antecedentes del caso, cuya ponderación efectuaré

seguidamente, adelanto mi opinión refiriendo que me expediré a favor de la prisión

domiciliaria del condenado Francisco Orlando Álvarez, quien por prescripción

médica se encuentra desde fecha 27/07/18, cumpliendo internación domiciliaria en el

domicilio sito en calle Andreani Nº 650, Villa Chica, Resistencia, Chaco.

En orden a ello, y a fin de introducir los fundamentos que justifican la

procedencia, en el marco de la ejecución de una pena privativa de la libertad, de la


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modalidad excepción prevista en los artículos 10 del Código Penal y 32 de la Ley Nº

24.660, indicaré que son razones de orden esencialmente humanitario las que

subyacen en su regulación legal.

En el marco de ello, y a través del artículo 75, inciso 22) de la Constitución

Nacional se recepta la normativa internacional que, en el plano de los derechos

humanos, rige la materia. En el sentido indicado, el artículo 10.1 del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prescribe que toda persona privada de

la libertad debe ser tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad

inherente al ser humano. El artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos

Humanos, que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o

degradantes. El artículo 12.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales, que se reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más

alto nivel posible de salud física y mental. El artículo 5 de la Convención Americana

de Derechos Humanos, que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad

física, psíquica y moral punto 1 y que las que se encuentran privadas de su libertad,

deben ser tratadas con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano –punto

2. El artículo 3, incisos “a”, “n” y “o” de la Convención Interamericana sobre la

protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que éstas son

merecedoras de una “protección judicial efectiva” y de la “promoción y defensa de

sus derechos humanos y libertades fundamentales”, siendo el Estado responsable con

la participación de la familia y la comunidad de su cuidado y atención

A partir de ello, y circunscribiéndome al plano penitenciario, es posible

afirmar que la salud psicofísica de los internos es considerado un presupuesto básico

para el cumplimiento de la finalidad de reinserción social que inspira la ejecución de

toda pena privativa de la libertad, ello en sentido afín con las prescripciones de la Ley

Nº 24.660, en cuanto refiere a la finalidad de la pena artículo 1, a la consideración

de situaciones especiales –artículo 32, y al derecho a la salud –artículo 143.

En resumen, la normativa vigente de carácter nacional, receptiva de la

normativa internacional de Derechos Humanos, establece un marco de obligación de


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los Estados partes vinculadas a ellas, y delinea los límites dentro de los cuales se debe

resolver la presente cuestión.

II. En el caso “subjudice” el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de

Justicia de la Nación, en oportunidad de dictaminar, refirió que el condenado

Francisco Orlando Álvarez, en el marco de su examen clínico, realizado el 10/05/18,

acusó un estado general de compensación, sin la evidencia de patologías de carácter

agudo en evolución, recomendándose no obstante, en orden a los antecedentes

resultantes de su relato y del informe producido por la Sección Asistencia Médica de

la Unidad Penal, de fecha 17/04/18, un examen neumonológico.

Éste último, realizado el 10/08/18, determinó como dictamen final por parte

del Cuerpo Técnico interviniente, que el prenombrado padecía respecto a su patología

de base –E.P.O.C., un compromiso severo que ameritaba su alojamiento en un

ambiente adecuado en el que se intentaran minimizar el riesgo de eventuales

reagudizaciones y se le administrara la medicación adecuada, considerando a partir

de ello que la privación de su libertad en la unidad penal no favorecería su

recuperación ni permitiría tratar adecuadamente su afección pulmonar. (Cfr. las

constancias periciales de fs. 218/220)

En el marco del cuadro de situación descripto, y por expresa disposición de

sus médicos tratantes, se dispuso su internación domiciliaria con provisión continua

de oxígeno, efectivizándose el 21/08/18, fecha en la que fue trasladado desde el

Sanatorio Frangioli S.R.L. al domicilio sito en calle Andreani Nº 650, Villa Chica,

Resistencia, Chaco, con asignación de custodia continua por parte del personal

penitenciario.

Sentado ello, y considerando todos y cada uno de los aspectos reseñados en

los párrafos que anteceden, estimo que se configuran respecto a la situación del

condenado Francisco Orlando Álvarez, los recaudos legales exigidos por los artículos

10), inciso a) del C.P. y 32, inciso a) de la Ley Nº 24.660, para la procedencia de su

prisión domiciliaria. Ello, por cuanto como lo afirman las autoridades forenses, en el


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dictamen clínico de fs. 219/220, su estadía en la unidad penal, por las condiciones de

hábitat y atención que ésta presenta, repercutiría negativamente en su estado,

impidiendo su recuperación física y atentando contra la dispensa de un adecuado

tratamiento de su afección pulmonar.

En el marco de lo afirmado es relevante subrayar que la Excelentísima Corte

Suprema de Justicia de la Nación, in re: “Bergés, Jorge Antonio s/recurso de

casación” CSJ 384/2014 (50B)/CS1 determinó a los fines de garantizar la

imparcialidad de la actuación de quienes, en el marco de la resolución de incidencias

como la presente, deben dictaminar sobre el estado de salud de las personas privadas

de su libertad, que los informes del Cuerpo Médico Forense constituyen el

asesoramiento técnico necesario de Auxiliares de la Justicia cuya imparcialidad está

garantizada por normas específicas. (Cfr. el considerando 7º del fallo individualizado

en el presente párrafo)

A partir de ello, y sin perjuicio de la consideración efectuada por el Dr.

Marcelo Raposeiras, perito interviniente en representación del Ministerio Público

Fiscal D.A.T.I.P., en la parte “in fine” del dictamen de fs. 219/220, estimo

procedente para el condenado Francisco Orlando Álvarez la concesión de la prisión

domiciliaria.

En relación a ello, y en el marco de la situación de hecho descripta, que

refleja un cuadro de síntomas que desde su aparición se ha sostenido en el tiempo,

determinando el actual estado de salud del prenombrado y, consecuentemente, el

dictamen del Cuerpo Médico Forense, resulta intrascendente para determinar la

resolución del presente caso, que el examen de su patología neumonológica se haya

realizado durante un cuadro de reagudización, dado que lo que se juega en el caso es

la preservación de su estado de salud y su consecuente mejoría, derecho éste de

carácter intangible que, precisamente, subyace en el basamento de la prisión

domiciliaria. No correspondiendo, a juicio del suscripto, sujetar la decisión

jurisdiccional que debe recaer en el caso a las contingencias de la evolución del

condenado Francisco Orlando Álvarez.


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Lo afirmado en el párrafo anterior, sin perjuicio de reverse su estado de salud,

con la regularidad que indiquen sus médicos tratantes, a fin de determinar la

necesidad y subsistencia de la medida legal a disponer en el marco de las presentes

actuaciones incidentales.

III. En orden a las consideraciones efectuada en el punto anterior, y teniendo

en cuenta el resultado del informe socio ambiental realizado, del que surge la

disposición de un hábitat propicio para la situación del condenado Francisco Orlando

Álvarez, acredito viable su cumplimiento en el domicilio sito en calle Andreani Nº

650, Villa Chica, Resistencia, Chaco, correspondiente a la residencia de su esposa,

Teresa de Jesús Roldán, D.N.I. Nº 6.411.480, quien luego que le fueran explicados

los deberes y obligaciones a asumir aceptó el cargo de referente, su hijo, su nuera y

su nieta. (Cfr. las constancias de fs. 30 –Informe Socio Ambiental y 31 –Acta de

Conformidad)

Asimismo, y en orden a lo dispuesto en ocasión de autorizar su internación

domiciliaria, considero que previo a disponerse el levantamiento de la custodia

penitenciaria que tiene asignada, debe efectivizarse la colocación del dispositivo que

provee el Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica de la

Dirección Nacional de Readaptación Social Ministerio de Justicia y Derechos

Humanos de la Nación, a la que se le dio intervención por Oficio Nº 2.096, de fecha

13/08/18. (Cfr. las constancias de fs. 213 2do. y 3er. párrafos, 214, 216/217 y 227)

Lo indicado a fin de garantizar, en el marco del cumplimiento de su pena

privativa de la libertad, su permanencia en el asiento domiciliario, descartando en

orden al arraigo familiar que posee acreditado, a sus condiciones físicas y etarias, y a

la conducta procesal observada hasta el día de la fecha, la existencia de riesgos

procesales, debiendo comunicarse lo que se dispondrá, a sus efectos, al Juzgado

Federal de Primera Instancia Nº 1 de Resistencia, por ante el cual tramita la Causa

FRE Nº 16000025/2010 – “MEZA, RAMÓN ESTEBAN Y OTROS S/ INF. ART. 144 TER,


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1ER. Y 2DO. PÁRRAFO –SEGÚN LEY 14.616, PRIVACIÓN ILEGAL LIBERTAD AGRAVADA (ART.

142, INC.1) Y PRIVACIÓN ILEGAL LIBERTAD AGRAVADA (ART 142, INC. 5)”

En el marco de las previsiones legales del caso, considero pertinente para la

supervisión social del condenado Francisco Orlando Álvarez, darle intervención al

Centro de Liberados del Chaco, a cargo de la Dra. Ana María Fernández Troxler,

disponiendo una vez cumplidos los trámites atinentes a la colocación de su

dispositivo de vigilancia electrónica, que la Agrupación XVIII “Chaco” de la

Gendarmería Nacional Argentina, se ocupe de sus traslados para comparendos

legales y atenciones médicas.

En el marco de lo dispuesto en último término, corresponde puntualizar que el

prenombrado será autorizado, bajo apercibimiento de ley, a egresar del domicilio real

fijado para concurrir a sus controles médicos, bajo la custodia del personal de la

fuerza seguridad actuante, previa autorización judicial, y, con comunicación

telefónica inmediata a la instancia jurisdiccional, para su atención en casos de

urgencia, debiendo acreditar posteriormente la situación.

Por las consideraciones expuestas, y oídos los representantes del Ministerio

Público Fiscal –Unidad de Derechos Humanos;

RESUELVO:

I. INCORPORAR al condenado Francisco Orlando Álvarez, D.N.I. Nº

8.520.223, al régimen de la prisión domiciliaria, con cumplimiento en calle Andreani

Nº 650, Villa Chica, Resistencia, Chaco, bajo la tuición de su cónyuge, Teresa de

Jesús Roldán, D.N.I. Nº 6.411.480, quien deberá aceptar el cargo bajo la forma de

estilo. (Cfr. artículos 10, inciso a) del Código Penal y 32, inciso a) de la Ley Nº

24.660, modificada por Ley Nº 26.472).

II. DISPONER su sometimiento al “Programa de Asistencia de Personas

bajo Vigilancia Electrónica” de la Dirección Nacional de Readaptación Social

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, al que se le dio

intervención, para que se efectivice una vez verificadas las condiciones que surgen


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del protocolo de actuación para su ejecución. (Cfr. el contenido del Anexo I de la

Resolución Nº 86/2016).

III. ORDENAR la continuidad de la custodia penitenciaria que tiene

asignada en su asiento domiciliario, hasta el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en

el punto precedente. (Cfr. las disposiciones del proveído de fs. 123 del presente

Incidente de Prisión Domiciliaria).

IV. REQUERIR la intervención del Centro de Liberados del Chaco, a cargo

de la Dra. Ana María Fernández Troxler, a los fines de la supervisión del régimen de

ejecución de excepción resuelto en el marco del presente decisorio judicial. (Cfr.

artículo 33, 3er. párrafo de la Ley Nº 24.660, modificada por Ley Nº 26.813).

V. PRECISAR que el condenado Francisco Orlando Álvarez, D.N.I. Nº

8.520.223, se encuentra autorizado, bajo apercibimiento de ley, a egresar del

domicilio individualizado en el punto I. para concurrir a sus controles médicos bajo la

custodia del personal de la Agrupación XVIII “Chaco” de la Gendarmería Nacional

Argentina, previa autorización judicial, y, con comunicación telefónica inmediata a la

instancia jurisdiccional, para su atención en casos de urgencia, con acreditación

posterior de la situación.

VI. COMUNICAR lo resuelto, a sus efectos, al Juzgado Federal de Primera

Instancia Nº 1 de Resistencia, Chaco, por hallarse el prenombrado a disposición

conjunta en el marco de los autos caratulados: “MEZA, RAMÓN ESTEBAN Y OTROS S/

INF. ART. 144 TER, 1ER. Y 2DO. PÁRRAFO –SEGÚN LEY 14.616, PRIVACIÓN ILEGAL

LIBERTAD AGRAVADA (ART. 142, INC.1) Y PRIVACIÓN ILEGAL LIBERTAD AGRAVADA (ART

142, INC. 5)” EXPEDIENTE FRE Nº 16000025/2010, de su registro judicial.

REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE

JUAN MANUEL IGLESIASJUEZ


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NADIA VANINA SASOWSKY

SECRETARIA DE

EJECUCIÓN


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