la hacienda de atenco conflicto agrario en el estado de...

LIC. EN HIST. JOSÉ JAIME CASTRO RESÉNDIZ CRONISTA DEL PLANTEL CUAUHTÉMOC DE LA UAEM.

LA HACIENDA DE ATENCO: CONFLICTO AGRARIO EN EL ESTADO DE MÉXICO

(1827-1828)

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARIA DE RECTORÍA

DIRECCIÓN DE IDENTIDAD UNIVERSITARIA COLEGIO DE CRONISTAS

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“La hacienda de Atenco: conflicto agrario en el Estado de México (1827-1828)”

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“La hacienda de Atenco:

conflicto agrario en el Estado de México

(1827-1828)”

LIC. EN HIST. JOSÉ JAIME CASTRO RESÉNDIZ

CRONISTA DEL PLANTEL CUAUHTÉMOC DE LA UAEM. La irregularidad política, económica y social palpada en todo México, en la primera década como nación independiente, tuvo como consecuencia, entre otros problemas, una distribución desordenada de la tierra, y la conservación de los vestigios estructurales heredados de la colonia; generando con ello una serie de conflictos, principalmente entre los hacendados y los pueblos indígenas quienes muy a pesar de su condición de ignorancia, recurrieron a otra clase social para llevar a cabo la defensa de sus derechos, tal es la confrontación que se presentó en los años de 1827 y 1828 entre los dueños de la extensa HACIENDA DE ATENCO y los pueblos de Capulhuac, Calimaya, Santa Cruz Atizapán, Texcaliacac, La Asunción, San Antonio la Isla, Jalatlaco, Techuchulco y Almoloya del Rio, todos pertenecientes al Partido de Tenango del Valle, que como vecinos de la hacienda fueron despojados de sus tierras; este conflicto estuvo a punto de convertirse en un genocidio y posteriormente en una verdadera guerra civil sangrienta y radical, por la posesión de tierras. La Hacienda de Atenco, desde sus orígenes coloniales ha tenido muchos dueños, el primero de ellos fue el español Ángel Michaus, quien le dio a la Hacienda una tradición además de la agrícola, productora de ganado bravo. El enfrentamiento por tierras de 1828 tuvo antecedentes coloniales, porque algunas extensiones considerables pertenecieron al ex Conde de Santiago de Calimaya; además de los antecedentes legales, porque desde el inicio del conflicto, intervinieron los Departamentos de Justicia y la Audiencia, pero sin lugar a duda el antecedente más determinante fue la mentalidad indígena al considerar a la tierra como su medio de subsistencia, ya que nació en el campo, por lo que es lógico deducir que al privársele de ella se le estaba condenando al sufrimiento. Así en las primeras exposiciones que los indígenas hicieron sobre el asunto, al Gobernador Lorenzo de Zavala diciéndole que:



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El Síndico del ilustre Ayuntamiento de Calimaya, a nombre del mismo Ayuntamiento y de

todos los pueblos comprendidos en la municipalidad, ante V.E. con el debido respeto, se

hace presente que agraviados los pueblos por muchos años por la usurpación y tiranía de

todo género que ejercieron los dueños de la Hacienda de Atenco…estuvieron a cargo del

español D. Martín Ángel Michaus...vea V.E. que esta hacienda era el centro de un gran

feudo en medio del hermoso Valle de Toluca…y que cuando en toda América se

disfrutaba una completa libertad, solo aquí abrumaba la opresión a los infelices pueblos

que circundaban la finca de la Hacienda de Atenco … por lo que acudimos al corazón

siempre amoroso de V. E. para terminar pronto con nuestros males…

(AHEM. Fondo: fomento, Serie: tierras. Vol. 39. Expediente:680. Fojas. 561. Fechas

extremas: 1824-1865)

Sin embargo, no solamente existía una queja por parte de los indígenas, sino también de los campesinos y las autoridades locales quienes los apoyaban, fue el Juez de Tenango del Valle, quien en agosto de 1827 había mandado hacer una repartición de tierras a favor de los pueblos; cosa que molestó al dueño de la Hacienda de Atenco, quien asumió la actitud característica de todo aquel individuo que pertenece al grupo económicamente fuerte y el Juez de Tenango lo acusaba de:

“Que el dueño de la Hacienda de Atenco, me quiso sorprender con enredos y

cavilaciones, intentó comprarme con el oro y me amedrentó con indecentes amenazas,

nada consiguió y apeló entonces a la Audiencia. Este Tribunal, valiéndose sin duda de los

mismos recursos, logró que sin oír a los pueblos, para nada se revocaran mis

determinaciones” (Idem)

La Audiencia, que de hecho era un órgano judicial, sin realizar diligencia e investigación alguna, emitió su fallo a favor del dueño de la Hacienda de Atenco y solicitó que inmediatamente se mandara ejecutar la sentencia, señalando argumentos por la parte que ha favorecido en septiembre de 1827 para:



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…para llevar adelante lo resuelto…en todas sus partes, declarando no haber lugar a la

revocación asentada, a cuyo efecto se dirige a V.E. el presente, para que se sirva ordenar

al Prefecto de Toluca y al Subprefecto de Tenancingo que de ninguna suerte impidan las

resoluciones de nuestro fallo y antes bien afronten y soliciten al Juez de Letras, nombrado

ejecutor de la providencia, todos los auxilios que pudiere para su debido cumplimiento con

arreglo a las leyes.

(AHEM. Fondo: fomento, Serie: Límites.Volumen:1.Expediente:24. Fojas. 269. Fechas

extremas: 1824-1855).

La misma Audiencia y el Gobernador del Estado, en una carta al Prefecto de Toluca,2 intentaron mantener su posición unilateral de justicia, pero lo cierto es que a través de ella enfáticamente manifestaron su condición de grupo dominante, teniendo entre sus colaboradores incondicionales, a las autoridades locales, expresando las condiciones siguientes:

La recta administración de justicia es el alma de las sociedades…y el obedecimiento a los

fallos de los magistrados en que está depositada, asegura las propiedades, sostiene la

igualdad, conserva los derechos y evita los desórdenes…si se dejase a los ciudadanos a

que por otros medios que no sean los demarcados por la ley, paralizarían las

deliberaciones de los Tribunales de Justicia…y si así no se verifica…resultará un ejemplo

pernicioso y destructor…

(AHEM. Fondo: fomento. Serie: tierras. Vol.: 39. Expediente: 680. Fojas. 56. Fechas

extremas: 1824-1865)

Respecto a sus tierras de dominio, el español Ángel Michaus dueño de la Hacienda de Atenco, se negaba a manifestar y poner en confrontación los documentos que legalizaban su propiedad, por lo que al respecto los indígenas y campesinos argumentaron que:

“…los trámites nunca serán favorables al que no sea acaudalado…y están por lo mismo

decididos a dejar de existir primero, que dejar de ser dueños de lo que les dio la

naturaleza para su subsistencia…”(Idem)



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Iguales consideraciones presentaron los Ayuntamientos de Capulhuac y Calimaya, adoptando la misma posición todos los demás pueblos afectados con el fallo de la Audiencia, toda vez que vieron que el dinero había triunfado sobre la razón; se notó una gran desconfianza a los trámites burocráticos que les daban los Tribunales de Justicia, pero al mismo tiempo en su benévola e ingenua mentalidad indígena, existía todavía algo de confianza, porque todos ellos poseían y conservaban sus respectivos títulos de propiedad. Por su parte las autoridades locales de la Municipalidad de Capulhuac informaron al Gobierno del Estado, que los ánimos de los indígenas estaban sumamente exaltados y que ya veían presentarse un enfrentamiento y que no se responsabilizaban de los resultados que tuviera el mismo. A su vez la Prefectura de Toluca, al tener conocimiento del ambiente que se respiraba entre los habitantes de los pueblos afectados, mandó circular la resolución de la Audiencia en todas las municipalidades y prefecturas de este Distrito, para que se llevara pacíficamente su cumplimiento, pese a que Capulhuac y Tenango habían manifestado lo contrario. Pero en el terreno de los hechos y corroborando que el 20 de febrero de 1828, en la Subprefectura de Tenango del Valle, se reunieron más de tres mil indígenas, quienes solicitaron que se revocara el fallo de la Audiencia, e insistían que se confrontaran sus títulos de propiedad con los del dueño de la Hacienda de Atenco, el español Ángel Michaus. Pero se esbozó para los indígenas una sutil negativa, intentado maniatar y alinear a las autoridades locales, señalándoles que su deber era considerar la petición de los indígenas como un acto de insubordinación y que su obligación era mantener el orden y la tranquilidad de sus pueblos. Pero hasta ese momento los gobiernos de los Ayuntamientos manifestaron una negativa parcial al ver la negligencia del estado y de la federación, llegando al grado de preferir su renuncia antes de asumir una actitud servil a los intereses del hacendado. Los métodos de represión comenzaron a hacerse presentes, ante la negativa radical de los indígenas respecto a no aceptar el fallo de la Audiencia que favorecía al español Michaus; y ante la negativa los funcionarios locales de acatar las órdenes recibidas ya que consideraban que sus milicias no podían reprimir a los pueblos, por el paisanaje que formaban parte de sus filas y porque consideraban que no era conveniente que naciera el odio entre ellos mismos.



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Por su parte el Gobierno Federal y la Prefectura de Toluca libraron las siguientes órdenes:

…a los Subprefectos y Ayuntamientos a fin de que vigilen si algún individuo va para

aquellos pueblos a provocar alguna alarma, o verifiquen a algunos vecinos…que procedan

a su prisión, y en caso de su negativa los ejecuten, que se les forme la correspondiente

causa como incitadores a la desobediencia…hagan responsables a las autoridades de

que cualquier reunión que se forme, puedan destruirla…deles a conocer que el gobierno

verá con mayor desagrado todo motín o alboroto que se ocasione con su descuido,

parcialidad o apatía, y que se tomarán providencias para corregir, al que resulte

culpable…que la justicia no quedará burlada ni el gobierno en ridículo.

Si así no fuere…y los pueblos llegaran a reunirse y oponer fuerza a la justicia…debe

apelar a ser auxiliados por la tropa permanente, pidiéndola al Gobierno Federal , porque

es muy importante cerrar la puerta a atentados que produzcan desquiciamiento al estado.

(Idem)

Pese a estas advertencias los Ayuntamientos de Tenango, Calimaya y Capulhuac

informaron al gobierno estatal que independientemente de la posición de la Audiencia y

del dueño de la Hacienda de Atenco, los indígenas señalaron “confrontación de títulos o

muerte”

Egoístamente el gobierno estatal sin escuchar estos argumentos, intentó concluir la ejecución del fallo emitido por la Audiencia de restituir las tierras a la Hacienda de Atenco, y en caso de desobediencia recurrir a las milicias de infantería, caballería y dragones de la Reyna apostados en la Prefectura de Toluca, que además de causar temor, podían disolver por la fuerza a los grupos que se resistieran al despojo de sus tierras. Considérese hasta aquí la Actitud del español Ángel Michaus, dueño de la Hacienda de Atenco estaba dispuesto a pagar los servicios de los grupos militares; agregándole las facilidades que se le darían para que en el momento decisivo se le restituyeran sus tierras; además recomendaba que se distrajera a los indígenas con festividades religiosas que coincidieran con la ejecución del fallo de la Audiencia y así mantener apaciguados los ánimos de que por sí ya estaban demasiado exaltados. Esta medida no fue de gran utilidad para el gobierno estatal y así lo indicaron los indígenas en una carta que le enviaron al Gobernador Lorenzo de Zavala diciéndole:



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…podemos decir que jamás los dignos miembros que componen el gobierno, han

padecido más equivocaciones, al llamarnos violentos y despojadores…que de propia

autoridad nos tomamos las tierras en disputa, nosotros Señor a nadie hemos

despojado…no hicimos más que reclamar las tierras que nos pertenecen…y lo

comprobamos con nuestros títulos de dominio y con la información de testigos…nada

tiene que alegar el dueño de la Hacienda de Atenco contra nuestras robustas pruebas…y

que sus administradores que lo representaban huyeron en lugar de comparecer cuando se

les citaba para el juicio… (Idem)

Como se puede observar los válidos argumentos de los pueblos se esgrimieron dentro de lo que consideraron justo ante la incompetencia para ejecutar el fallo de la Audiencia que debió hacer el Juez de Tenango y que la Prefectura de Toluca dispusiera que fuera el Juez de Letras de Tenancingo el que llevara a cabo la resolución, cosa que no aceptaron los pueblos y nuevamente exigieron al gobernador que se hiciera la confrontación de los títulos de propiedad y además le reclamaron que:

“…consideramos injusto el sentimiento de parcialidad de las partes que favorecían al

dueño de la Hacienda de Atenco…y que fueron arbitrariamente desposeídos por parte de

su gobierno y de la Audiencia…ya que mandaron se llevara a efecto sin hacer

averiguaciones fundadas y rechazando todos los inconvenientes que les habían formulado

los Ayuntamientos de Tenango, Capulhuac y Calimaya” (Idem)

La sentencia que favorecía a la Hacienda de Atenco se ejecutó el 9 de abril de 1828 con dos situaciones que marcaron claramente la disparidad social existente: Primero: la posición estratégica de los grupos militares en distintos caminos que conducen a Tenango del Valle y segundo: la ubicación inmóvil de más de tres mil indígenas, que hasta este último momento esperaban que se revocara y no se llevara a cabo la sentencia de restitución de las tierras al dueño de la Hacienda de Atenco. El Subprefecto de Tenango en una carta le informaba al Prefecto de Toluca que:

…la insolencia creció y un momento después de nuestras exhortaciones, se dispararon

dos tiros…los indígenas arrojaron una multitud de piedras y se echaron a los frenos de los

caballos…los Dragones de la Reyna, aunque sin mandato alguno arremetieron sobre los

pobres con sable en mano y con algunos tiros… este hecho repentino no pudo menos que

reproducir un notable desorden… a esta razón, la Compañía de Infantes y Granaderos de



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Toluca, que estaban frente a la mojonera también se abalanzó sin orden de sus jefes,

argumentando que estaba en peligro su comandante y las autoridades

presentes…cargaron con furor sobre los indios ya desordenados, hundidos unos y otros

llenos de espanto…todo se presentaba en estas críticas circunstancias dando una escena

funesta… y nosotros en nada pensábamos sino en evitar un derramamiento de sangre de

aquellos desgraciados…nos dedicábamos con el mayor empeño a contener el entusiasmo

de las tropas, al mismo tiempo exhortábamos a los indios a que cesaran …y estas

diligencias peligrosas nos colocaban entre las partes contendientes cerca de un cuarto de

hora…hasta que por fin se logró la completa clama…retirándose algunos indios…y

reconociendo el terreno desocupado, resultaron haber quedado en él algunos muertos y

heridos de los indios a los cuales e dio la orden de proporcionarles los auxilios

espirituales…creemos que si no hubiéramos actuado, la nación entera nos echaría en

cara nuestra debilidad…de que los amotinados se impusiesen a los ejecutores de la ley.

(Idem)

Escuchando el Gobernador Lorenzo de Zavala este razonamiento hecho por los funcionarios del Ayuntamiento de Tenango, donde con su información favorecieron a los indígenas al determinar que la milicia:

…había causado la muerte y la herida en los pacíficos habitantes de esta municipalidad, y

causa espanto el referir como se atropelló con la espada y la bala a una multitud de

indígenas miserables, tímidas mujeres y tiernecitos niños, desposeídos enteramente de

toda defensa, auxilio y protección…los indígenas no tenían arma alguna o defensiva,

contentándose los que escapaban a tirar terronazos a los soldados que los perseguían ya

que no había piedras ni palo alguno…Se distinguieron también en esta acción para

maltratar a los indígenas algunos religiosos como el Padre Fray Francisco Cruz, un

Agustino que también se encontraba en el lugar de los hechos…

Lo expuesto es lo único verdadero y cierto, que las posiciones se dan sobre los cadáveres

de los infelices indios y por lo mismo nos juzgamos obligados a poner en su conocimiento

Señor Gobernador, protestándole toda la verdad y publicidad en lo que referimos para que

no se engañe a V. E. con bellas pinturas y hechos falsos de los autores de aquella

atrocidad… (Idem)



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Ante lo expuesto por las autoridades del Ayuntamiento de Tenango, se notó que a pesar de las pruebas presentadas por los indígenas, y haber concurrido al acto posesorio en beneficio del dueño de la Hacienda de Atenco y preocupados por ser despojados de lo que creían le correspondía, fueron considerados como revoltosos, y ante la desigualdad de fuerzas, son rápidamente aplacados, justificando el gobierno que la actitud de los indígenas los consideró culpables e impuso su autoridad como ejemplo. El Gobernador Lorenzo de Zavala, pese a que el acto posesorio se había realizado después del desigual enfrentamiento, ordenó al Juez de Letras de Tenancingo suspendiera todo procedimiento que vaya en relación a dicha restitución de tierras, para que el estado de cosas continúe como estaban y se busquen las medidas más convenientes para que un vuelva a derramarse más sangre y no se altere el orden y la tranquilidad. Así mismo dispuso que se hicieran las averiguaciones con el fin de que se le informe a la población por medio de la prensa gubernamental a la población lo que para él es la realidad del enfrentamiento. Estas medidas mostraron una actitud gubernamental tradicional al buscar y apresar líderes para justificarse mediante la divulgación distorsionada y manipulada de la información, encontrándose hasta en esto serios obstáculos para esclarecer las verdades; y es que es difícil identificar cabecillas cuando los movimientos populares se realizan en forma casi instintiva, agobiados por situaciones en que peligra la vida del núcleo; de tal forma que las averiguaciones ordenadas se realizaron principalmente en las Subprefecturas de Tenango, Calimaya y Capulhuac.

Mientras se hacían las averiguaciones entre los indígenas, se siguió desarrollando una actitud

de desconfianza y odio hacia las autoridades; por eso no es de extrañarse que llegaran a

considerarlas como enemigas que agudizaban aún más su miseria y pobreza, ni tampoco

escuchar exclamaciones como de: “tu nos has vendido y los Alcaldes están

comprados…maten al juez comisionado…nosotros respondemos, pues ya está comprado,

mátenlo” (Idem)

Se trató de encontrar culpables a través de las investigaciones realizadas por el Subprefecto de Santiago Tianguistenco, basándose en los siguientes puntos: •Si las gentes de los pueblos portaban armas y si entre ellos habían mujeres y niños. •Quién inició el fuego y quien lo mandó hacer •Quienes insistieron en los atentados



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•Cuántos muertos y heridos resultaron del enfrentamiento •Qué hicieron los funcionarios que estaban presentes en el lugar. Se le informó al Gobernador Zavala que se entrevistaron a ocho personas que presenciaron los hechos, entre ellos tres alcaldes auxiliares, un soldado de las milicias, dos ciudadanos, un labrador y un regidor. Todos coincidieron en que el día del enfrentamiento de la sublevación indígena, los habitantes de los pueblos no portaban armas, que si habían mujeres y niños, y en cuanto al número de muertos, estaba entre cuatro y seis hombres, una mujer y muchos heridos, respecto a quien inició el fuego, manifestaron unánimemente que los de infantería arremetieron contra los indios, mientras los de la caballería los dispersaban utilizando las espadas y armas de fuego, y que los indígenas de los pueblos sólo utilizaron terrones para defenderse. Lo ambiguo y confuso de aquella confrontación, primero legal y después represiva que sostuvieron las autoridades con los pueblos de los Ayuntamientos de Capulhuac, Calimaya y Tenango del Valle contra la Hacienda de Atenco, al dar por concluido el caso con el cese y nulificación del fallo de la Audiencia que favorecía al dueño de dicha Hacienda y que había tenido como un hecho, al tumulto y represión de indígenas en Tenango; dejaba incierto el asunto, y quedó manifiesto que las medidas del Gobierno de Lorenzo de Zavala, ante muchos problemas agrarios como el que se trata, fueron sólo paliativos más no remedios efectivos. De tal forma que en 1837, cuando los dueños de la Hacienda de Atenco ya eran otros, solicitaron que se ejecutara aquel fallo de la Audiencia ya que consideraban toda su validez legal porque había emanado de una autoridad como tribunal de justicia, ahora José Cervantes, nuevo dueño de la Hacienda argumentaba que si era necesario conservar la calma y el orden después de la represión indígena en Tenango, debería respetarse el derecho de su propiedad, basándose ahora en las leyes de un gobierno centralista. Sin embargo la respuesta a esta solicitud por parte del Partido de Tenango fue de que no existe ningún antecedente, ya que las disposiciones del Gobernador del Estado de México D. Lorenzo de Zavala, fue el no dejar constancia alguna en el ahora en 1837 el Departamento de México, por lo que no había razón de obrar de mala fe que pudiera quitarles las tierras a los pueblos de Capulhuac, Calimaya, Santa Cruz Atizapán, Texcaliacac, La Asunción, San Antonio la Isla, Jalatlaco, Techuchulco y Almoloya del Rio, todos pertenecientes al Partido de Tenango del Valle, que como vecinos de la Hacienda de Atenco fueron despojados de sus tierras.



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Referencias

• AHEM*. Fondo: fomento. Serie: tierras. Vol.: 39. Expediente: 680. Fojas. 56. Fechas

extremas: 1824-1865

• AHEM*. Fondo: fomento, Serie: Límites.Volumen:1.Expediente:24. Fojas. 269. Fechas extremas: 1824-1855).

• *La siglas AHEM corresponden a la abreviatura del ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO

DE MÉXICO.

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“2013, 50 Aniversario Luctuoso del Poeta Heriberto Enríquez”


la hacienda de atenco conflicto agrario en el estado de...

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