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 Maestría en Gestión de los Recursos Hídricos ENSAYO FINAL DE ECOLOGIA POLITICA “ACUMULACIÓN POR DESPOJO EN EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL QUIMBO COLOMBIA”  PRESENTADO POR: Jhonatan SEDANO CABRERA  LIMA 10 DE JULIO DEL 2015

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Acumulación del recurso hídrigo en los proyectos de Aprovechamiento de El Quimbo, Colombia

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Maestría en Gestión de los Recursos Hídricos

ENSAYO FINAL DE ECOLOGIA

POLITICA

“ACUMULACIÓN POR DESPOJO EN

EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL

QUIMBO COLOMBIA” 

PRESENTADO POR:

Jhonatan SEDANO CABRERA 

LIMA 10 DE JULIO DEL 2015

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INTRODUCCION

En palabras de la World Commission of Dams,  cerca de 45 000 presas han sido

construidas en el mundo en el siglo pasado, para lo cual tuvieron que intervenir en

cuerpos de agua en específico: los ríos. Es así que según McCully, “los ríos son mucho

más que agua fluyendo hacia los mares. Los ríos acarrean hacia abajo no solo agua, sino

también sedimentos importantes, minerales disueltos y recursos ricos en nutrientes,

necesarios para la supervivencia de plantas y peces. En estos cuerpos de agua es donde

se construyen las represas en su mayoría, que tienen dos funciones en específico:

almacenar agua para compensar las fluctuaciones del flujo en los ríos para satisfacer

demandas de agua y energía, e incrementar el nivel del agua para permitir que el agua

sea derivada por un canal y así incrementar la altura de caída de la misma.” (Adaptado

de McCully, 2001) Sin embargo, muy aparte de las condiciones y propósitos para los

que fueron edificados, ya sea aprovechamiento hidráulico para desarrollo agrícola,

generación de energía eléctrica o de simple regulación de flujos, la construcción de

represas ha traído grandes impactos ambientales. Para el año 2000, aproximadamente

500 000 km2 de superficie de tierras habían sido artificialmente inundadas por estos

reservorios. (Nüsser, 2003) y según datos propios de la World Commission of Dams,

cerca de un estimado de 40 a 80 millones de personas han sido forzadas a abandonar sustierras y reestablecerse en otros lugares; con todo lo que esto significa: abandono de sus

actividades agrícolas, riesgos forestales, como también para otros recursos (Nüsser,

2003) Por lo expuesto, se deduce que las consecuencias e impactos negativos de estos

 proyectos afectan mucho más a los menos favorecidos, que mayormente son las

 poblaciones rurales, campesinos e indígenas; por lo que se puede hablar de una

distribución inequitativa de consecuencias derivadas de la construcción de estas

estructuras, desde un enfoque de Ecología Política. Así, el propósito de este ensayo es

analizar precisamente desde este enfoque un caso en específico, la construcción de la

represa El Quimbo sobre el río Magdalena, una de las principales vertientes de

Colombia, y analizar cómo es que este proyecto hidroenergético afecta la vida de los

 pobladores de la región de El Huila, mediante mecanismos de despojo y apoyados desde

las políticas estatales de fomento a la generación de energía, donde las consecuencias

sociales y ambientales negativas provenientes de esta edificación, son repartidas de un

modo inequitativo entre los actores presentes en este conflicto.

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Desde la construcción de la presa Hoover en 1936 en Estados Unidos, se puede

considerar que nació la gran era de construcción de presas en el mundo. Como

manifiesta McCully (2001), para muchos escritores, gobernantes, ingenieros

nacionalistas y revolucionarios “las grandes represas representan símbolos potentes

tanto de orgullo nacional como de conquista de la naturaleza por el ingenio del hombre.

Proveedores de energía eléctrica, agua y comida, domadores de aniegos,

transformadores de desiertos, garantes de independencia nacional y las más grandes

estructuras construidas por la humanidad, han simbolizado progreso, no importando el

arraigo de algunos países al capitalismo, al socialismo o al comunismo” (Adaptado de

McCully, 2001) Es así que este simbolismo ayuda a crear el discurso de desarrollo y

necesidad de construcción de represas para la mejora de vida y crecimiento económico

de los países. Un caso en especial entre los diversos medios de aprovechamiento de lo

hecho por las represas, es el de generación de energía, el cual se considera muy

necesario y muchas veces indispensable para mejores condiciones de vida. Es así que

“diversos sectores sociales consideran que la energía como elemento fundamental para

crear y recrear la vida es ‘condición necesaria para gozar de una vida digna’. Así

también muchas de las instituciones internacionales señalan que el acceso a la energía

es condición indispensable para superar la pobreza” (Yacoub, Duarte y Boelens; 2015)

Es en estos discursos en los que se ampara la construcción de represas y son repetidos

incesantemente. Del modo contrario, las consecuencias desiguales de los impactos

generados no tienen la misma repercusión. La construcción de represas, como se esbozó

anteriormente, no impacta de modo equitativo a los actores involucrados en esta

actividad, siendo los más vulnerados, las minorías más indefensas. Tal como manifiesta

 Nüsser, “un gran número de casos estudiados en países desarrollados proveen evidencia

de que los impactos negativos de la construcción de represas han afectado

desproporcionalmente a agricultores de subsistencia, indígenas y minorías étnicas, que

confían en el régimen regular del río para la utilización de sus recursos y para su

supervivencia”  (Nüsser, 2003) Uno de los impactos negativos de los que habla Nüsser

se ve materializado en el despojo de las tierras debido a la inundación de estas producto

del aumento del nivel estático de las aguas, lo que deviene no solo en el desplazamiento

de las poblaciones, sino como manifiesta Rojas, “significan el desplazamiento de

comunidades indígenas o campesinas a zonas extrañas para ellas y la afectación de los

usos y usuarios ubicados en zonas donde los cursos de agua son cambiados de dirección

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y terminan con la inundación de terrenos con un valor agrícola, religioso o de otro tipo

 para la comunidad” (Rojas, 2011)

Así, los conflictos debido a este tipo de construcciones son frecuentes, en los cuales

cada uno de los actores toma parte a favor o en contra de la edificación de presas. Es asíque “mientras los defensores de la construcción de represas arguyen modernización,

 progreso tecnológico y abastecimiento de agua en zonas áridas así como incentivos para

el desarrollo económico nacional o regional, los opositores argumentan una amplia

gama de aspectos negativos ambientales y graves consecuencias socioeconómicas y

 políticas del reasentamiento involuntario, todo esto ocasionado por la construcción de

las presas”  (Nüsser, 2003). Sin embargo, es necesario conocer estos conflictos sin

desmerecer el contexto donde se desarrollan. Los conflictos generados por laconstrucción de presas toman lugar dentro de un ambiente politizado; y muy

relacionado a este se encuentra el reconocimiento de que los problemas ambientales y

las varias dimensiones de los conflictos no pueden ser entendidas excluyendo el

contexto político y económico en el que están inmersos (Adaptado de Nüsser, 2003). Es

así que la mera simplificación de los conflictos como hidropolíticas modernizadas 

versus fundamentalismo ambiental, no es factible; por lo cual analizar los conflictos

utilizando un enfoque de ecología política, para reconocer a los actores parece másadecuado (Adaptado de Nüsser, 2003)

Se puede distinguir entre los actores que intervienen dentro de los conflictos por la

construcción de presas, a los gobiernos nacionales, a las instituciones estatales, las

compañías e Industria dedicada a la construcción de presas, instituciones de fondos

multilaterales, grupos pro ambientalistas no gubernamentales y la población afectada.

Como manifiesta Nüsser (2003), tanto los que están favor, como los que están en contra

de la construcción de presas, forman coaliciones para reforzar sus posiciones.

Sin lugar a dudas, los gobiernos nacionales están entre los más importantes actores

dentro del planeamiento de grandes represas. Estas son vistas por ellos como símbolos

de la nación o como síntoma de desarrollo de las mismas. Para tal específico propósito,

se crean instituciones burocráticas especializadas para la construcción de esas

estructuras, con el fin de continuar ambas, Estado e instituciones dependientes,

ostentando poder y prestigio (Adaptado de Nüsser, 2003) Asimismo, las compañías

constructoras, las consultoras internacionales y proveedores de equipos, se definen

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como una fuerza importante sólo después de los aparatos estatales. Tienden a formar

coaliciones, las cuales promueven la construcción de presas, mediante mítines

internacionales y congresos para la discusión con expertos sobre el tema. Asimismo, los

instrumentos necesarios para la construcción de los mismos, excluyendo el diseño,

también se vuelven de gran interés para otras compañías, o en muchos casos, las

mismas. Estudios de factibilidad y estudios de impacto ambiental son llevados a cabo

muchas veces por compañías que están envueltas en la construcción de represas, así

como también empresas dedicadas a la generación de energía y al desarrollo de agro

negocios, está íntimamente ligadas a la construcción de las mismas. (Adaptado de

 Nüsser, 2003)

Otras instituciones que intervienen en la construcción de presas son los Bancosmultifondos internacionales. El Banco Mundial es la principal entidad que efectúa

 préstamos e incentivos para la construcción de presas, muchas de las cuales estaban

envueltas en situaciones controvertidas. Debido a una evaluación de esta misma

institución acerca de la verificación de los impactos producidos por las presas y su

mitigación, además del cumplimiento de ciertas políticas propias del Banco Mundial, la

institución decidió disminuir el monto de préstamos otorgados para la construcción de

estas estructuras hasta un monto menor que la mitad de lo que otorgaba en su pico másalto de préstamos en la década de los 80’s. (Adaptado de Nüsser, 2003) Asimismo,

existen otras instituciones envueltas en la construcción de represas, con la figura de

Bancos de Desarrollo para África, Asia y Latinoamérica (el caso de la Corporación

Andina de Fomento)

Los grupos opositores juegan un papel importante desde hace muchos años. El

 International Anti-Dam Movement   es uno de los principales y junto a otras

organizaciones no gubernamentales (ONG), y trabajando con los afectados locales, soncapaces de representar y realizar poderosas campañas y declaraciones contra la

construcción de grandes represas.

Ahora bien, el Estado no solo apoya y fomenta la construcción de represas mediante

órganos burocráticos especializados; sino que provee a la misma de instrumentos

legales que facilitan sus actividades y ahondan muchos más las desigualdades

contenidas en sus consecuencias. En el caso específico de Colombia, la historia acerca

del fomento de la generación masiva de energía hidroeléctrica tiene larga data; de algo

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más de 5 décadas. Para tal promoción, se han incluido o modificado ciertas normativas

 para permitir la explotación hidroenergética a gran escala en el país. Así, La Ley 142

Ley de Servicios Públicos domiciliarios y la Ley 143 Ley Eléctrica, “adaptan el sistema

estatal a los intereses privados para facilitarles las condiciones estructurales y

organizacionales para su inversión. Asimismo, el capítulo II de la Ley 156 de 1991 y

algunas partes de la Ley 143, contemplan la reglamentación y declaración de utilidad

 pública e interés social de los territorios donde se pretende aprovechar las condiciones

hidroenergéticas; por lo que permiten y autorizan la expropiación de tierras a los

 propietarios que se nieguen a vender las mismas, y a los que son pobladores de las

riberas de los ríos, que por lo general no cuentan con título alguno, les espera el

desalojo. Las leyes colombianas declaran en muchas ocasiones los proyectos de

aprovechamiento energético, de interés público y de prioridad para la nación. Como

manifiesta Soler y Roa (2015), “bajo los discursos de energía limpia, progreso y

desarrollo, la reconfiguración de los territorios, la imposición de modos de vida y el

control de las aguas por parte de empresas nacionales y recientemente internacionales se

hace posible” (Adaptado de Soler y Roa; 2015) La globalización también tiene

consecuencias en este sentido, debido a la intervención de intereses extranjeros en la

acumulación del recurso hídrico para sus propios fines. “La globalización aumenta

fuertemente el número y la heterogeneidad de los competidores sobre las fuentes de

agua locales, lo que provoca un aumento de la demanda y una menor disponibilidad de

agua, y crea tensiones que generan cada vez más conflictos”  ” (Boelens, Cremers y

Zwarteveen, 2011) La aparición de actores extranjeros se ve favorecida por las políticas

estatales; las que también van aunadas con un “clima neoliberal de políticas a favor de

algunos de los usos y usuarios sobre los demás, lo que genera procesos de acumulación

de agua que contribuyen a la pobreza y amenazan la seguridad hídrica y alimentaria de

aquellos con menos poder y voz, llevando al mismo tiempo a la degradación delambiente” (Boelens, Cremers y Zwarteveen, 2011) Siendo analizado por un enfoque de

ecología política, la construcción de presas y la generación de energía conlleva a un

 proceso denominado “acumulación por despojo”, el cual  fue acuñado por David

Harvey; quien realiza, como él mismo denomina, “un examen más detallado de la

descripción marxiana de la acumulación primitiva, lo que revela un amplio abanico de

 procesos, que incluyen la mercantilización y privatización de la tierra, y la expulsión

 por la fuerza de las poblaciones campesinas; la conversión de varios tipos de derechosde propiedad en derechos de propiedad privada exclusivos; la supresión del acceso a

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 bienes comunales; la mercantilización de la fuerza de trabajo y la supresión de formas

alternativas de producción y consumo…” (Harvey, 2003). Para Harvey, la acumulación

mediante despojo es la máxima expresión de las relaciones capitalistas que intensifica el

número de personas que son excluidas de sus territorios y obligadas a abandonar sus

formas de vida que están ligadas al aprovechamiento de la oferta de biodiversidad. “El

despojo del agua, en estos casos entonces debe entenderse más allá del simple fluido

líquido, sino de lo que en su conjunto encierra la transformación de sus dinámicas

hídricas naturales” (Roa y Duarte, 2013)  Es esto lo que pasa exactamente con la

construcción de represas, donde se despoja mediante la regulación del flujo de los ríos y

la inundación de vastas cantidades de terreno, la propiedad de campesinos y

comunidades rurales. Esto puede ser considerado, como manifiestan Boelens, Cremers y

Zwarteveen como una nueva serie de “encierros de los comunes” que se producen a

través de inversiones capitalistas en los recursos tierra y agua, que a menudo

efectivamente despojan a sus anteriores propietarios (ya sea mediante compra directa o

 por medio de contratos de arrendamiento). Tal despojo a menudo implica que los

anteriores dueños de los recursos tierra y agua se ven divorciados de los medios directos

de ganarse la vida; ya no son dueños de sus propios medios de producción (Adaptado de

Boelens, Cremers y Zwarteveen, 2011)

Es así que la commodificación que sufren los recursos naturales desde una perspectiva

neoliberalista, se hace evidente, puesto que se procura aprovechar al máximo los

mismos sin tener en cuenta las consecuencias ecológicas y ambientales de esto. Como

manifiestan Roa y Duarte, “las represas se sitúan comúnmente en valles fértiles, donde

la gente tiene libre acceso al agua o según normas de acceso locales; sin embargo, estos

territorios son considerados y calificados como ociosos e improductivos por el sistema

dominante y mediante procesos de negociación se reducen a un solo juego de

valoración: el económico” (Roa y Duarte, 2013) 

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DESCRIPCION DEL CASO

El río Magdalena, con sus más de 1500 km de recorrido, es la principal arteria fluvial en

el territorio colombiano. Considerado por muchos colombianos como “el río de la

Patria”, tiene un gran significado para los pobladores de sus orillas y alrededores,quienes ven en él su medio de vida. Pescadores obtienen de él su sustento diario, los

agricultores confían en sus aguas para bañar sus tierras y su potencial turístico es

innegable. Sin embargo, hoy un proyecto está reconfigurando sus características. En el

2007, el Ministerio de Minas y Energía de Colombia aprobó mediante subasta pública el

 proyecto de generación de energía hidroeléctrica El Quimbo, que contemplaba la

construcción de una gran represa y el desvío del cauce del río Magdalena; y fue

entregado para su construcción y explotación a la empresa de generación de energíaEMGESA, filial colombiana de la multinacional ENEL-ENDESA, de capitales ítalo-

españoles. Al año siguiente, se declaró de “interés público e interés social” los terrenos

necesarios para la construcción y operación de este proyecto hidroenergético, lo que

incluía la facultad de expropiación de tierra y asignación de tierras comunitarias y de

reserva a favor de la futura represa, que inundará 8 586 hectáreas, 5300 de las cuales

eran consideradas muy productivas, afectando a seis municipios. Según EMGESA,

empresa encargada de la construcción de la hidroeléctrica de El Quimbo, el proyecto permitirá cubrir con el 8% de la demanda energética del país; asimismo, “impulsará el

desarrollo y crecimiento del Huila en línea con la agenda de competitividad del

departamento, generando dinamismo económico en la región; además, permitirá activar

la generación de empleo donde se espera que en el mayor pico de construcción, se

generen aproximadamente 3000 empleos en la región” (Adaptado de web de EMGESA,

2015) Todo esto, según la referida empresa, en aras de elevar la seguridad energética de

la Nación, y contribuir a la estabilidad del sistema eléctrico colombiano.

Las construcciones concernientes al desarrollo del proyecto comenzaron a fines del

2008, sin siquiera haberse aprobado el estudios de impacto ambiental, teniendo en

cuenta que el 95% del territorio afectado por la represa forma parte de la Reserva

Forestal Protectora de la Amazonía y el Macizo Colombiano. Ante este panorama, el

Ministerio de Energía y Minas ordenó levantar una investigación ambiental acerca de

estos hechos; sin embargo, en el 2009 el proyecto obtuvo la licencia ambiental y el

Ministerio del Ambiente y además, se le exoneró de toda responsabilidad de lainvestigación administrativa y ambiental, por la construcción anticipada sin contar con

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este instrumento. A pesar de haber obtenido la certificación ambiental, ésta genero

muchas dudas y observaciones. La Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio del

Ambiente paralizar la construcción de la represa, y la misma Contraloría de la Nación

hizo lo propio al declarar que “Colombia está al borde del colapso ambiental, y El

Quimbo es un caso excepcional” Sin embargo, la empresa contó con el decidido apoyo

de las autoridades locales, como la Gobernación del Huila y el estado Colombiano,

expresadas en la imposición de medidas preventivas para EMGESA, y su casi inmediato

levantamiento, garantizando a la empresa la continuidad de los trabajos y sus medidas

impuestas. Entre las medidas tomadas por la empresa para el desarrollo del proyecto, se

encuentra el despojo y expropiación de tierras a los agricultores, que en total totalizan

1537 afectados. Según las leyes colombianas, se le garantiza a la población expropiada

la restitución por igual cantidad de tierras productivas, pero el modo de operación de la

empresa consiste en comprar las propiedades a un precio demasiado bajo, debido a la

devaluación de la tierra producto del inicio de operaciones para la construcción de la

represa. Algunos propietarios, como los terratenientes que cuentan con más propiedades

aparte de las que ostentan en esta parte del Huila, accedieron a la venta, por lo que los

 jornaleros y trabajadores de estas fincas se quedaron sin medios de subsistencia y sin

compensación alguna. Quizá anticipándose ante estos hechos es que, en el 2008 los

municipios de Grande, La Jagua y Hobo forman la Asociación de afectados por la

construcción del Proyecto Hidroeléctrico (ASOQUIMBO), como una plataforma de

"defensa de los intereses y derechos de distinta índole de los asociados en la medida en

que estos resulten vulnerados por las acciones y omisiones derivadas, en forma directa o

indirecta, de la construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, sean estas de origen

 privado o estatal", como la misma asociación manifiesta. La formación de esta

organización a la par del anuncio de la concesión del proyecto a EMGESA no es

gratuita y tiene precedentes: en 1987 se construyó en Hobo la primera gran represa de laregión, denominada Betania. Los promotores del proyecto en ese entonces esgrimieron

el discurso de que las obras traerían progreso y desarrollo a la región del Huila, además

de empleo masivo. Los pobladores acataron el desarrollo de las obras sin oposición

alguna, y después de más de dos décadas los resultados son muy desalentadores:

 población desplazada, tierras inundadas y proliferación de pobreza entre los que

 permanecieron. Al igual que esos años, EMGESA se arma del mismo discurso de

 progreso y empleo, y realiza actividades para legitimar sus acciones, como el apoyo en presentación de libros acerca de la riqueza histórica y arqueológica del Huila, entrega de

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laboratorios a escuelas de los municipios directa o indirectamente afectados, entre otros.

Sin embargo, las expropiaciones continúan y si bien la empresa manifiesta que están

desarrollando proyectos productivos para mejorar la calidad de vida de la población

afectada, tanto ASOQUIMBO como los vecinos afectados lo niegan. EMGESA alega

estar actuando según los acuerdos tomados con el Estado acerca de la reubicación de los

 propietarios expropiados, sin embargo los pobladores manifiestan que los censos que

efectúa la empresa para cuantificar a los afectados no incluyen a todos los propietarios

de tierras, y mucho menos a los trabajadores desplazados que no tenían propiedad

alguna. Es por esto que ASOQUIMBO, apoyada por diversas Organizaciones No

Gubernamentales como la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur (ACAS) y el

Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA)

solicitaron en 2012 una Audiencia Ambiental para evaluar los impactos contemplados

en el Instrumento de Gestión Ambiental y los realmente ocasionados. No obstante, el

Ministerio del Ambiente colombiano desestima esta petición. Movilizaciones en contra

del proyecto hubieron muchas, destacándose la de Agosto del 2013, acatada por 24 de

los 32 departamentos y congregando campesinos, indígenas y transportistas, captando la

atención de la opinión pública ante las situaciones establecidas por la construcción de El

Quimbo, y las condiciones más precarias para los pobladores del campo colombiano.

Este año se empezó con el llenado de la represa, sin autorización de la Gobernación del

Huila y avalada por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA); y tal

 parece que a pesar de haber pasado ya casi 8 años desde el inicio del conflicto, las

 peores consecuencias aún están por venir.

CONCLUSIONES

Las políticas neoliberales colombianas aplicadas actualmente se ven reflejadas en lo

expresado por Juan Manuel Santos, mandatario de esa nación: “La ‘locomotora minero -energética’ debe tirar de la economía del país” Es así como casos de la Hidroeléctrica de

El Quimbo son repetidos con frecuencia en territorio colombiano. Las leyes

colombianas hacen de los proyectos energéticos prioridad de la nación, amparada en

discursos de “utilidad pública”  o “la seguridad energética de la nación”, validan los

 procedimientos empleados para lograr el aprovechamiento energético a toda costa y

despojando de los medios de vida y subsistencia que representan los ríos para los

colombianos, que en el caso de El Quimbo vienen a ser la pesca artesanal y laagricultura. La influencia del Estado es tal que favorece insospechadamente a

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EMGESA, la responsable de la ejecución del proyecto, al levantar casi inmediatamente

medidas preventivas tomadas en su contra, o exonerarla de cualquier responsabilidad

aunque haya entrado en operaciones antes de haber sido aprobado el Estudio de Impacto

Ambiental. Es así que el gobierno colombiano, amparado en sus políticas extractivistas

que tienen como fin hacer de la nación un lugar atractivo para la Inversión Extranjera

Directa (IED), permite a estas empresas la profunda transformación del territorio

colombiano, expresado con el despojo y expropiación de las tierras de, como ya es

costumbre, los más pobres y desfavorecidos. La normativa colombiana, tanto de las

declaraciones de utilidad pública de los proyectos energéticos y la aprobación de su

capacidad de expropiación para tal logro, además de la apertura económica contenida en

la Constitución de 1991; constituyen el marco legal necesario para que proyectos como

El Quimbo puedan legitimar sus actividades por despojo. Tal como manifestaba Harvey

(2003), la acumulación de capital se desarrolla mejor en el marco de ciertas estructuras

institucionales, en las cuales se incluyen las leyes.

En El Quimbo, la acumulación por despojo propuesta por David Harvey se manifiesta a

través del despojo de tierras y medios de subsistencia a las comunidades campesinas y

rurales, para poder aprovechar el potencial energético de las aguas y poder así, seguir

acumulando capitales, proceso que se da por la imposición de discursos y normativas para satisfacer el acaparamiento, lo que es un síntoma de la formación de coaliciones

entre las empresas explotadoras, en este caso EMGESA, y el aparato estatal, en este

caso el gobierno colombiano, en pro del modelo extractivista. No obstante, en la otra

vereda también se observa la formación de coaliciones, como lo propuso Nüsser: la

Asociación de Afectados por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo

(ASOQUIMBO) con ONG’s como ILSA o ACAS y pronunciaciones a favor también

 por parte del Movimiento Ríos Vivos, opositores a la represa de HidroItuango también

en Colombia; nos confieren también la conclusión de que este tipo de conflictos

también sirve como espacio para la formación de nuevas movimientos de organización

social capaces de proponer alternativas de desarrollo diferentes al neoliberal. En el caso

de El Quimbo, los afectados proponen la Creación de una Reserva AgroCampesina para

la zona afectada.

De acuerdo a datos de la Agencia de la ONU para refugiados (ACNUR), Colombia

cuenta con cifras altas de desplazados; de 2 a 3 millones de personas se vieron forzadasa dejar sus propiedades innegablemente por causas del conflicto armado, no obstante,

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casos como el abordado en este ensayo, contribuyen al despojo de tierras y aumento en

la cifra de desplazados antes mencionada.

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