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UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
TESIS:
NECESIDAD DE QUE SE REGULE EL SICARIATO COMO DELITO EN EL
CÓDIGO PENAL
POR:
WAGNER CRISTÓBAL MÉNDEZ SANDOVAL
GUATEMALA, JUNIO AÑO 2014
UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
TESIS:
NECESIDAD DE QUE SE REGULE EL SICARIATO COMO DELITO EN EL
CÓDIGO PENAL
POR:
WAGNER CRISTÓBAL MÉNDEZ SANDOVAL
PREVIO A OPTAR AL GRADO ACADÉMICO DE
LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
GUATEMALA, JUNIO AÑO 2014
iii
AUTORIDADES DE LA FACULTAD, ASESOR Y REVISOR
DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN
DECANO DE LA FACULTAD: Lic. Luis Antonio Ruano Castillo
SECRETARIO DE LA FACULTAD Lic. Omar Abel Morales Lurssen
ASESOR: Licda. Coralia Carmina Contreras Flores
REVISOR: Lic. German Ambrosio Alvarado López
iv
v
vi
vii
REGLAMENTO DE TESIS
ARTICULO No. 8. RESPONSABILIDAD
“Solamente el autor es responsable de los conceptos expresados en el trabajo de tesis.
Su aprobación en manera alguna implica responsabilidad para la Universidad”
viii
INDICE
CAPITULO I
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1
1. EL DERECHO PENAL ............................................................................................. 2
1.1. BREVES ANTECEDENTES ....................................................................................... 2
1.2. DEFINICIÓN DE DERECHO PENAL ........................................................................ 3
1.3. NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO PENAL .............................................. 4
1.4. LAS FUENTES DEL DERECHO PENAL GUATEMALTECO .............................. 5
1.5. LOS FINES PRINCIPALES DE LA CIENCIA DEL DERECHO PENAL EN LA SOCIEDAD GUATEMALTECA ..................................................................................... 6
1.6. LA LEY PENAL ....................................................................................................... 7
1.6.1. DEFINICIÓN .................................................................................................................. 7
1.6.2. CARACTERISTICAS DE LA LEY PENAL ....................................................... 8
1.6.3. ESPECIES Y FORMAS DE LA LEY PENAL ................................................... 9
1.7. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA LEY PENAL ....................................... 10
CAPITULO II
2. LA TEORIA DEL DELITO .......................................................................................13
2.1. ASPECTOS GENERALES ........................................................................................ 13
2.2. ELEMENTOS POSITIVOS DEL DELITO ............................................................... 14
CAPITULO III
3. EL SICARIATO COMO FIGURA JURÍDICO PENAL ..............................................24
3.1. ASPECTOS GENERALES ........................................................................................ 24
3.2. DEFINICIÓN ................................................................................................................ 24
3.3. EL BIEN JURÍDICO TUTELADO DEL DELITO DE SICARIATO ...................... 26
3.4. LOS ELEMENTOS INTERVINIENTES EN EL DELITO DE SICARIATO ......... 26
3.5. LOS SUJETOS EN EL DELITO DE SICARIATO ................................................. 26
3.6. EL SICARIATO EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA ...................................... 28
3.6.1. REPÚBLICA DE ECUADOR ............................................................................ 28
3.6.2. REPÚBLICA DE COLOMBIA ........................................................................... 30
3.6.3. REINO DE ESPAÑA........................................................................................... 45
3.7. ANALISIS DE LA INICIATIVA DE LEY QUE PRETENDE CREAR EL SICARIATO COMO DELITO EN EL CÓDIGO PENAL GUATEMALTECO ......................................................................................................... 50
CAPITULO IV
4.PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO…52
4.2. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA .......... 54
CONCLUSIONES ..........................................................................................................58
RECOMENDACIONES ..................................................................................................59
BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................60
LEGISLACIÓN ..............................................................................................................61
1
INTRODUCCIÓN
Se elabora el presente informe de investigación tomando en cuenta no solo los requisitos
que se exigen previo a obtener el grado académico de Licenciatura en Ciencias Jurídicas
y Sociales de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, sino también en cuanto al
interés que mostró en quien escribe acerca de la problemática que atraviesa la sociedad
guatemalteca con respecto al crimen organizado y grupos de delincuentes que realizan
homicidios o muertes de personas por encargo, y esta situación no se encuentra regulada
en el Código Penal aún, a pesar de que actualmente existe una iniciativa de ley en el
Congreso de la República de Guatemala, que pretende precisamente eso, crear esta
figura delictiva en el Código Penal.
Ha quedado establecida la realidad, en cuanto a la situación de inseguridad que se vive
en Guatemala y que proviene principalmente de los actos delictivos de la criminalidad que
opera a diario, creando un ambiente de temor y psicosis que va creciendo día con día, lo
que produce falta de paz y tranquilidad en la población guatemalteca, pues en los últimos
tiempos lo que se ha visto mas vulnerado principalmente es el derecho a la vida, en vista
de que quienes delinquen lo hacen de una manera profesional, sin sentimientos y sobre
todo por un precio llegando a valorar la vida humana cual si fuera un objeto mercantil; lo
peor de tal situación es que cada día dicho precio tiende a disminuir, valorando en casi
nada la vida, pues con tantos delincuentes, la proliferación de armas, poca seguridad de
parte del Estado y sumado a esto la profesionalización de quienes se dedican a cometer
actos delictivos de manera continua, sin ningún motivo personal, más que esperando
recibir una retribución de carácter económico o en especie.
Por lo anterior, tal como se concluye en este trabajo, se hace necesario crear una ley que
tipifique el sicariato como una figura delictiva a fin de penalizar esta actividad, ahora bien
sobre la necesidad jurídico social de tipificación legal de la actividad del sicariato es el
tema que me ocupa, pues es evidente que el Estado de Guatemala, no ha hecho nada al
respecto, derivado de que uno de los problemas que están generando estas ejecuciones,
es que la sociedad se está acostumbrando y terminan perdiendo sensibilidad frente a la
muerte, de manera que no se convierte en un asombro, más bien una indiferencia.
1
2
CAPÍTULO I
1. EL DERECHO PENAL
1.1. BREVES ANTECEDENTES
Para analizar la historia del Derecho Penal y como esta disciplina jurídica ha evolucionado, se
tiene que remontar a determinadas etapas bien marcadas que han repercutido fundamentalmente
en cómo se encuentra actualmente el Derecho Penal como tal. El Derecho Penal ha surgido
como una disciplina desde tiempos remotos, se puede concebir la idea de que con el surgimiento
del Estado es que aparece el Derecho penal, fundamentalmente por el hecho de que el ejercicio
del poder coercitivo o punitivo le corresponde única y exclusivamente al Estado. Anteriormente la
forma de castigar como parte importante o componente esencial del Derecho Penal estaba
centrada en el particular con la venganza privada, el tema de ojo por ojo y diente por diente era
manejado como un concepto esencial en el caso de los hechos criminales que se ocasionaban en
las sociedades.
Esta disciplina surge como una forma de control o bien orden social. “tras las modernas
aportaciones de Rawls y Habermas se ha producido una profunda revitalización de la idea del
contrato social como criterio legitimador del orden social. Con ellos, sin embargo, este tradicional
y fecundo criterio fundamentador de las sociedades modernas ha terminado asumiendo en un
grado hasta ahora desconocido el carácter contingente de sus contenidos, alejándose en alguna
medida de los planteamientos kantianos que a partir del cierto momento consolidaron la teoría
clásica del Contrato Social”.1
Se concibe al Derecho Penal como una forma de control del orden social, y por lo tanto, viene a
ser un sub sistema más dentro del sistema de control social, que, como todos los restantes,
persigue sus mismos fines de aseguramiento del orden social y se sirve de idénticos instrumentos
fundamentales, esto es, normas, sanciones y proceso.
Cuando se habla de ese control social, se está refiriendo a determinados elementos que lo
componen y que son tres, la norma, la sanción y el procedimiento de verificación de la infracción
de la norma, de determinación de la sanción a imponer y de cumplimiento de ésta.
1 Vallespin Oña. S. NUEVAS TEORIAS DEL CONTRATO SOCIAL: Rawls, Nozick, Buchanan. Alianza Universidad
1985. Pág. 15-29.
2
3
1.2. DEFINICIÓN DE DERECHO PENAL
El derecho Penal constituye una especialidad en la esfera del ámbito del derecho en general. Se
encuentra conformado por un conjunto de normas jurídicas, leyes, instituciones, principios, etc. El
autor José Luís Diez Repolles 2 para poder establecer la definición del Derecho Penal hace una
relación de este concepto material y lo divide en cuanto al orden social en el control social, el
control social penal, y se refiere a que un orden social cualquiera que Este sea, no se logra a
través de un simple acuerdo sobre sus contenidos. Exige una profunda involucración de muy
diferentes instituciones sociales, sean de naturaleza primaria como la familia, la escuela, la
comunidad local… sean de naturaleza secundaria como la opinión pública, los tribunales, la
policía…Todas ellas aportan su colaboración para asegurar que los comportamientos de los
ciudadanos sean socialmente correctos, esto es, respetuosos con los contenidos del orden social
acordados.
Conforme el Diccionario el Derecho Penal “es el que establece y regula la represión y castigo de
los crímenes o delitos por medio de la imposición de las penas”.3
El Derecho Penal “lo primero que ha de hacer es fijar los bienes jurídicos que han de ser
protegidos penalmente y sobre esos principios variables en el tiempo y en el espacio, configurar
específicamente los delitos y establecer la pena que a cada uno de ellos corresponde”.4
Como lo dice José Luís Diez Ripolles5 respecto al concepto formal del Derecho Penal que significa
la definición de la norma jurídico penal, se refiere a la protección de bienes jurídicos por el
Derecho penal que se realiza a través del instrumento que constituyen las normas jurídico
penales. Estas pueden ser de dos clases: prohibitivas o mandatos. Mediante las primeras el
derecho penal prohíbe las acciones dirigidas a lesionar o poner en peligro los bienes jurídicos.
A través de las segundas ordena realizar determinadas acciones para evitar la lesión o puesta en
peligro de los bienes jurídicos. En todo caso, en la medida en que van dirigidas a conseguir la
omisión (objeto de prohibiciones) o la realización (objeto de mandatos) de acciones son normas
de determinación, y no meras normas que valoran comportamientos.
2 MANUAL DE DERECHO PENAL GUATEMALTECO Pág. 3, 4, 5.
3Osorio, Manuel. DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES. 1981. Pág. 345
4 Ibíd. Pág. 345
5 MANUAL DE DERECHO PENAL GUATEMALTECO. Pág. 17
4
El tratadista Eugenio Cuello Calón6 establece que “es el conjunto de normas jurídicas que
determina los delitos, las penas, y las medidas de seguridad que el Estado impone a los
delincuentes y las medidas de seguridad que el mismo establece”.
El Licenciado De León Velasco y De Mata Vela lo definen: 7 El derecho penal sustantivo o
material. La parte del derecho compuesto por un conjunto de normas establecidas por el Estado
que determinan los delitos, las penas y/o las medidas de seguridad que han de aplicarse a
quienes los cometen”.
1.3. NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO PENAL
Cuando se habla de naturaleza jurídica, esto radica en la esencia, en la razón de ser del Derecho
Penal. Para entender los distintos criterios que la definen. Por un lado se ha establecido que el
Derecho Penal es de naturaleza pública, porque corresponde al Estado en ejercicio del poder
punitivo sancionar a los ciudadanos que cometen infracciones a las normas penales, por otro lado,
se ha establecido que la naturaleza jurídica del Derecho Penal es que es considerado como una
ciencia, otros lo consideran como una disciplina jurídica, a juicio de la sustentante, se considera
ambos aspectos, toda vez, que constituye una ciencia, porque contiene elementos integrantes de
la misma, toda vez que implica un estudio, un estudio científico, de averiguación que conlleva la
experimentación, que conlleva ser efectiva y de aplicabilidad en la sociedad en el espacio y época
determinado, con respecto a buscar la redefinición de los fines de la misma, en cuanto al ejercicio
del poder punitivo del Estado que conlleva la facultad de juzgar y sancionar, tomando como base
garantizar los derechos fundamentales individuales y colectivos. No cabe duda que, para la
existencia misma del Derecho Penal, como un conjunto de normas jurídicas que regulan la
prohibición de determinadas conductas humanas, y que si se infringe con ello, el sujeto activo se
hace acreedor de una sanción penal, éste, el Derecho Penal debe basarse exclusivamente al
aparecimiento, sin el cual no fuera Derecho Penal, del Principio de Legalidad.
Como afirma Rodríguez Devesa,8 respecto a la intervención del Estado y al origen del Derecho
Penal, este necesariamente debe basarse precisamente en el origen del principio de legalidad y
de las garantías que de él se derivan, se halla en el anhelo de seguridad jurídica y en la lucha
para excluir la arbitrariedad en el derecho punitivo.
Pretende entonces, a través del ejercicio del Derecho Penal, como una disciplina jurídica, limitar
ese poder punitivo del Estado, evitando excesos y arbitrariedades en contra de la sociedad.
6 DERECHO PENAL ESPAÑOL, citado por José Francisco De Mata Vela y Héctor Aníbal De León Velasco. Pàg.6
7 Ibíd. Pág.6
8 Ibíd. Pág. 463
5
1.4. LAS FUENTES DEL DERECHO PENAL GUATEMALTECO
Se ha escrito en la doctrina varias descripciones de las distintas fuentes del Derecho Penal. El
Licenciado José Francisco de Mata Vela9 al respecto las describe como fuentes reales o
materiales, refiriéndose a las que también en la doctrina se denominan substanciales, y que tienen
su fundamento en la realidad social de los hombres y los pueblos y se refieren a los hechos
naturales, a las expresiones humanas o a los actos sociales que determinan el contenido de las
normas jurídico – penales, es decir, son las expresiones y manifestaciones socio- naturales
previas a la formación de una ley penal, por cuanto que son los fenómenos naturales o sociales
los que constituyen y plantean las necesidades de regulación penal por parte del Estado con el
objeto de brindar protección a bienes jurídicos, que en un momento determinado se consideran
amenazados por efecto de los fenómenos indicados.
Con relación a las fuentes formales indican que son aquellas que se identifican con el proceso de
creación jurídica de las normales penales y los órganos del Estado técnicamente destinados a
este proceso, de acuerdo a la organización política que corresponde al Organismo legislativo a
través del Congreso de la República.
En cuanto a las fuentes directas o inmediatas, indica que son aquellas que por sí mismas tienen la
posibilidad de emanar directa e inmediatamente del Derecho Penal, es decir, las normas
imperativo-atributivas que describen delitos, penas y medidas de seguridad. Agrega que las
fuentes directas del Derecho Penal suelen dividirse en fuentes directas de producción y fuentes
directas de cognición, las de producción se refieren al poder que dicta las normas o la autoridad
que declara el derecho, que no es más que el estado a través del Organismo Legislativo,
representado por el Congreso de la República, que es el lugar donde por excelencia se producen
las leyes, y las fuentes de cognición se refieren a la forma que el derecho objetivo asume en la
vida social y en la cual se manifiesta la expresión de la voluntad del legislador, es decir, los
códigos y las leyes penales.
En cuanto a las indirectas o inmediatas, indica el tratadista que son aquellas que por sí mismas no
tienen la virtud de crear normas jurídicas con carácter obligatorio, empero si pueden influir y
coadyuvar en forma indirecta y mediata en la creación y proyección de nuevas normas jurídico
penales, además que pueden ser de mucha utilidad en la interpretación, valoración y aplicación de
la ley penal cuando se trata de resolver casos concretos. Estas pueden ser la costumbre, los
9 MANUAL DE DERECHO PENAL GUATEMALTECO. Pág. 87
6
principios generales del Derecho, los tratados internacionales y la jurisprudencia. El Licenciado
Edgar Maldonado Juárez, en su trabajo de tesis,10 describe la siguiente clasificación:
a) Reales o materiales: Hechos naturales o actos sociales que se manifiestan en una sociedad,
previo a la elaboración de la ley penal.
b) Formales: El proceso de creación de la Ley penal y los órganos que intervienen en su
elaboración (Congreso y Ejecutivo).
c) Directas: Son aquellas de donde emana directamente el Derecho Penal. La ley suele ser la
única fuente directa para crear normas que contengan figuras delictivas. Se subdividen en:
1. Fuentes Directas de producción: Es la autoridad. El Estado, quien se manifiesta en
Organismo Legislativo.
2. Fuentes Directas de cognición: la ley a saber, es decir, el Código Penal, que refleja la
expresión de la voluntad del legislador.
d) Fuentes Indirectas: Pueden coadyuvar a la formación de nuevas normas penales e incluso
pueden ayudar en la interpretación y en la sanción de la ley penal. Pero no puede ser fuente de
Derecho Penal. Carecen por si solas, de eficacia para obligar:
1. La costumbre: Conjunto de normas jurídicas no escritas. Antes se aceptaba como fuente de
Derecho Penal, hoy no.
2. La jurisprudencia: Criterio constante y uniforme de aplicar el Derecho mostrado en las
sentencias de los tribunales de la nación. La jurisprudencia es de mucha importancia para
interpretar las leyes penales, pero no es fuente independiente ni productora de Derecho
Penal. Existen países en que sí.
3. La Doctrina: El Derecho penal científico. Conjunto de teorías, opiniones y especulaciones de
los juristas, es tan solo una fuente de derecho indirecta.
4. Los principios generales de derecho: Son los valores máximos a que aspiran la ciencia
jurídica, la justicia, la equidad y el bien común.
1.5. LOS FINES PRINCIPALES DE LA CIENCIA DEL DERECHO PENAL EN LA SOCIEDAD
GUATEMALTECA
Los fines inmediatos que pretende la aplicación del Derecho Penal en la sociedad, es mantener
ese control por parte del Estado a través del ejercicio del poder punitivo, y la sanción efectiva que
amerita al infractor de normas prohibitivas e imperativas que se rigen en los códigos penales,
10
ANÀLISIS JURÌDICO CRÌTICO DEL JUZGAMIENTO POR ANALOGÌA EN LOS CASOS DE LA
PARTICIPACIÒN EN EL DELITO”. Pág. 7
7
permitiendo a la vez, mantener la armonía entre los ciudadanos que necesitan además de que se
les prohíba conducta que puedan afectar bienes jurídicos tutelados por el Estado, como lo son la
vida, la seguridad, la libertad, proteger a los ciudadanos de los infractores o los que lesionen éstos
bienes jurídicos.
Ahora bien, tomando en consideración que el Derecho penal, se constituye en el ámbito del
ordenamiento jurídico y que se ocupa de la determinación de los delitos y faltas, de las penas,
procede entonces, imponer a los delincuentes y de las medidas de seguridad establecidas por el
Estado para la prevención de la delincuencia, el contenido de éste lo son:
a) Los delitos
b) Las penas
c) Las medidas de seguridad y corrección
El Licenciado Edgar Maldonado Juárez11 dice que “El derecho penal criminal, tiene un fin
único, que se mantiene tradicionalmente, el mantenimiento del orden jurídico previamente
establecido, y su restauración a través de la imposición o ejecución de la pena cuando es
afectado o menoscabado por un delito. Sin embargo, a lo anterior, hay que agregar que con el
Derecho Penal moderno, se adiciona a las discutidas medidas de seguridad, un fin último: la
objetiva prevención del delito y la efectiva rehabilitación del delincuente”.
1.6. LA LEY PENAL
1.6.1. DEFINICIÓN
El termino ley o lex proviene del verbo latino “lego (are)” que significa leer. La importancia de la ley
escrita es que, en combinación con su carácter impersonal y abstracto, satisface el ideal de un
“Estado de derecho”. Sólo por la palabra escrita puede garantizarse los derechos ciudadanos
(libertad, seguridad jurídica e igualdad ante la ley), estableciendo, así, un sistema de
competencias para los gobernantes, en donde no existan situaciones jurídicas de excepción.”12
Palacios Motta lo entiende en sentido amplio (latu sensu) e indica que es el conjunto de normas
que definen los delitos y las faltas, determinándose las responsabilidades o las excepciones y
establecen las penas o medidas de seguridad que corresponden a las figuras delictivas. Y en
sentido estricto, como la ley penal es una norma de carácter general que asocia una sanción,
pena o medida de seguridad, a una conducta prohibida por ella, es decir, el delito o la falta.
La Ley Penal, única fuente capaz de crear delitos y penas, estados peligrosos y medidas de
seguridad, ha de reunir los requisitos materiales y formales exigibles a toda ley. En toda norma
11
Ibíd. Pág. 10 12
Diccionario Enciclopédico Escasa Calpe, S.A. Pág. 246
8
jurídica, existe un precepto o presupuesto y una sanción o consecuencia jurídica. La norma penal
establece un presupuesto (la descripción de un delito, falta o estado peligroso, cuando se refiere a
la posibilidad de imposición de una medida de seguridad) y le vincula una consecuencia
imperativa (pena o medida de seguridad). Esto ocurre en los tipos penales que integran la llamada
parte especial (delitos en particular) de los Códigos Penales, sin que se pueda extender esta
técnica a la parte general de los textos penales, formada para evitar repeticiones de la norma
penal.
La Ley penal expresa el pensamiento del legislador e implica siempre un juicio de valor -
imperativo y desfavorable- sobre determinada conducta que desaprueba y castiga con una pena.
La función que desempeña la Ley penal es castigar determinadas conductas, implicando
indirectamente la prohibición de las mismas o estableciendo mediatamente una norma de
conducta. Las normas que describen delitos o faltas y establecen penas se dirigen a todos los
ciudadanos que integran la sociedad y también a los órganos judiciales encargados de su
aplicación, mientras que estos órganos judiciales del estado son los únicos destinatarios de las
normas que describen estados peligrosos y establecen medidas de seguridad.
1.6.2. CARACTERISTICAS DE LA LEY PENAL
Dentro de las principales características de la ley penal, las siguientes:13
a) Generalidad, obligatoriedad e igualdad: significa que una norma va dirigida a todos, a la
general, sin distinción de ninguna naturaleza o criterio, por lo que se vuelve obligatoria para todo
ciudadano, lo que consecuentemente trae una igualdad en la aplicación de la misma. La
inmunidad o el antejuicio no afectan lo escrito, puesto que lo único que constituyen es un trámite
especial para quien detenta este privilegio, sin embargo, es ley obligatoria para todos.
b) Exclusividad: Es la exclusividad de la ley penal para hacer el Derecho Penal “Nadie puede ser
penado por delitos o faltas que no estén contenidos en la ley, y a nadie se le puede aplicar penas
que no sea previamente establecidas por la ley. Sólo la ley penal puede establecer ilícitos y solo
ella puede imponer o asociar una sanción.
c) Contiene normas prohibitivas e imperativas, así como son normas permanentes e ineludibles:
Se establece que la ley penal contiene conductas que son prohibidas para la sociedad, porque
protegen bienes jurídicos tutelados, además, de ser prohibitivas son imperativas, porque
constituyen mandatos que de no cumplirse generan consecuencias jurídicas, no como lo que
sucede con las normas morales, que aunque son prohibitivas de determinadas conductas, no son
13
Ibíd. Pág. 12
9
imperativas, porque es facultad del sujeto pasivo acatarlas o no, porque las consecuencias no son
jurídicas, sino más bien morales.
Son permanentes, porque se necesita de un proceso para que sean abolidas, y mientras esté
vigente la ley es ineludible.
1.6.3. ESPECIES Y FORMAS DE LA LEY PENAL
i. Formas de la Ley Penal
La ley penal tiene un ámbito temporal y una eficacia espacial, así como una vigencia en relación
con las personas. En este último sentido debemos proclamar que el principio de igualdad ante la
ley (artículo 4 de la Constitución) no admite excepciones en la norma penal.
El artículo 3 del Código Penal establece: “Ley excepcional o temporal. La ley excepcional o
temporaria se aplicará a los hechos cometidos bajo su vigencia, aún cuando ésta hubiere cesado
al tiempo de dictarse el fallo, salvo lo dispuesto en el artículo 2 que dice Extractividad. Si la ley
vigente al tiempo en que fue cometido el delito fuere distinta de cualquier ley posterior, se aplicará
aquella cuyas disposiciones sean favorables al reo, aún cuando haya recaído sentencia firme y
aquel se halle cumpliendo su condena”.
El ámbito temporal de la ley penal debe estudiarse teniendo en cuenta su vigencia o validez formal
(desde su entrada en vigor hasta su derogación expresa o tácita) y eficacia o vigencia material (la
ley penal se aplica a los hechos cometidos bajo su vigencia). La regla general es el principio de
irretroactividad y la excepción es la retroactividad de la ley penal favorable. Con carácter general
se formula el principio de irretroactividad en la Constitución Política de la República de Guatemala,
que dice en el artículo l5. “Irretroactividad de la ley. La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en
materia penal cuando favorezca al reo”.
El Licenciado Edgar Maldonado Juárez14 al respecto dice que existen formas de la ley penal de
manera formal y material. La ley penal formal se establece en tanto que ella nace del órgano
técnicamente facultado para hacerlo, es decir: El Congreso de la república. En el caso de la Ley
Penal material, es cuando nace la ley de un órgano que no es el que constitucionalmente está
establecido para crearla. Tal el caso de los Decretos leyes que se emiten en un estado de hecho,
por no haber congreso.
ii. Especies de la Ley Penal
La ley penal es única, sin embargo, dentro del marco jurídico existen leyes generales, especiales y
las que provienen de los tratados internacionales especialmente lo que se relacionan a los
Derechos Humanos.
14
Ibíd. Pág.14
10
El Licenciado Edgar Maldonado Juárez, establece lo siguiente: “Las leyes que aparte de la
principal, como el Código Penal, se convierten en especies de la Ley penal.
a) Leyes Penales especiales: Que rigen para personas de un fuero determinado: El Código
Penal Militar, el Código de Aduanas, la Ley de Contrabando y defraudación, etc.
b) Convenios internacionales: Tal el caso del Código de Bustamante, o Código de Derecho
Internacional privado. Cuando una ley interna los convierte en legislación del Estado, por
ser países signatarios.
c) Los Decretos leyes: son aquellas leyes que emanan del organismo ejecutivo, toda vez que
no existe Congreso de la República por cualquier motivo, tal el caso de los gobiernos de
factos y los Estados de emergencia. La ley de Protección al Consumidor, por ejemplo, que
nace por emergencia y en un gobierno de facto”:
iii. Leyes Penales en Blanco o Abiertas
Entre las formas de aparición de la norma penal destacan las leyes penales incompletas, en
blanco o necesitadas de complemento, en las que la propia ley penal se remite a otra fuente del
Derecho para integrar del precepto o la sanción, que pueden aparecer incluso en preceptos
distintos. Así, la remisión puede hacerse a otra disposición de la misma ley penal, a otra ley
distinta o a una disposición de rango reglamentario. En este último supuesto -ley penal en blanco
en sentido propio- la delegación del legislativo en la Administración debe restringirse al máximo y
sólo es aconsejable que, por su propia naturaleza, son imposibles de determinar en las leyes
penales.
Al respecto, el Licenciado Edgar Maldonado Juárez indica que “son aquellas normas penales en
las que aparece muy bien definida la sanción que deberá imponerse al infractor de las mismas,
pero para saber con precisión a que se refiere la conducta delictiva que amenaza la pena descrita,
debe consultarse otra ley o reglamento de autoridad competente. Son diferentes las leyes
penales incompletas, puesto que se trata de normas que su interpretación requiere de un análisis
extensivo y pueden provocar una laguna de ley, pero las primeras no”.
1.7. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA LEY PENAL
Existen tratadistas y estudiosos del Derecho penal que han abordado esta temática desde varios
puntos de vista. En el presente caso, se tomará en cuenta lo que al respecto ha escrito José
Luis Diez Ripolles15 que los clasifica en tres grandes bloques de principios en torno a los cuales se
15
Citado en el Manual de Derecho Penal Guatemalteco. El Derecho Penal Bosch Casa Editorial 1981. Pág. 34-36 y 77-
83
11
ha de estructurar la intervención penal garantista y que pueden denominarse respectivamente, los
principios de la protección, de la responsabilidad y de la sanción.
El primero de ellos atiende a las pautas que deben regir la delimitación de los contenidos a
proteger por el Derecho penal. El segundo se ocupa de los requisitos que deben concurrir en un
determinado comportamiento para que se pueda exigir responsabilidad criminal por él. El tercero
atiende a los fundamentos en virtud de los cuales se puede reaccionar con sanciones frente a una
conducta responsable criminalmente.
Los principios que este autor refiere son los siguientes:
a. PRINCIPIO DE LESIVIDAD
Este principio menciona que ha marcado históricamente el paso de una antijuricidad meramente
formal, que estimaba suficiente para considerar legitimado el carácter delictuoso de un
comportamiento con la correspondiente declaración del legislador positivo, a otra antijuricidad
material, que se suele plasmar en la idea de la dañosidad social.
Plantea dos exigencias fundamentales a la hora de incriminar una conducta: ante todo, debe
tratarse de un comportamiento que afecte a las necesidades del sistema social en su conjunto,
superando por tanto, el mero conflicto entre autor y víctima. En segundo lugar, las consecuencias
negativas de esa conducta deben poder ser constatadas en la realidad social, lo que implica la
accesibilidad a su comprobación por las ciencias empírico-sociales. Será a través de este
principio como se logrará una adecuada distinción entre el Derecho Penal y la moral, y en el
encontraran un importante campo de aplicación las aportaciones de las ciencias sociales”.16
b. PRINCIPIO DE NEUTRALIZACIÓN DE LA VICTIMA
Se constituye este principio como el elemento fundamental de todo Derecho Penal garantista,
tiene su origen en la voluntad del Estado de que la respuesta al conflicto penal quede en sus
manos y no en las de la víctima. De allí el surgimiento de la acción penal pública. Se
fundamenta en la necesidad de mantener la deslegitimación de la venganza privada, aun en sus
formas enmascaradas. “En estrecha relación trata de evitar la socialización de los intereses de la
víctima, en torno a cuyas posibilidades de reacción se agruparían en diversos grupos sociales, en
especial, aquellos más cercanos a ella o afectados por el miedo a la criminalidad, que terminarían
fomentando actuaciones desproporcionadas contra el delincuente o injustas contra inocentes,
como desgraciadamente se produce en los últimos tiempos. En tercer lugar, se pretende evitar
16
Véase al respecto Diez Repolles. EL DERECHO PENAL ANTE EL SEXO. Bosch Casa Editorial 1981. Pág. 34-36
12
una legislación simbólica, carente de efectividad pero tranquilizadora de las víctimas, y que libera
indebidamente a los poderes públicos de sus obligaciones relativas a un efectivo control de la
delincuencia. En último término, se aspira a posibilitar un Derecho Penal que, por estar centrado
en una eficaz protección de la sociedad, debe seguir girando en torno a los efectos a obtener en el
delincuente real o potencial, que es el punto de referencia fundamental en la prevención de la
criminalidad.
c. PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN MINIMA
Este se encuentra basado en el reconocimiento de un cierto déficit de legitimación del Derecho
Penal que se originaría en la interacción entre la gravedad de las sanciones susceptibles de
imponerse a los ciudadanos a través de este subsistencia de control social y la limitada eficacia
social a él atribuida. El autor José Luis Diez Ripolles17 se refiere a que de este principio existen
dos sub principios. El primero de ellos es el del carácter fragmentario del Derecho Penal, que
permite utilizar a éste exclusivamente para la salvaguarda de los presupuestos inequívocamente
imprescindibles para el mantenimiento del orden social, y aun entonces solo frente a los ataques
más intolerables a tales presupuestos imprescindibles. El segundo de ellos, es el de
subsidiariedad, que entiende el derecho penal como el último recurso frente a la desorganización
social, una vez que el Estado ha agotado todas las posibilidades que le ofrecían, tantas medidas
de política social en general, como otras subsistencias de control social no jurídico o jurídicos no
penales.
17
Manual de Derecho Penal Guatemalteco. Pág. 10
13
CAPÍTULO II
2. LA TEORIA DEL DELITO
2.1. ASPECTOS GENERALES
Cuando se hace un estudio de Derecho Penal, necesariamente se tiene que abordar como su
contenido fundamental el tema de la teoría del delito. Esta se puede describir como un sistema
que se encuentra conformada en primera instancia por un grupo de presupuestos jurídico-penales
de carácter general que deben concurrir para establecer la existencia de un delito, es decir,
permite resolver cuando un hecho es calificable de delito, y por lo tanto, en el caso de los
legisladores y jueces, poder cumplir con uno de los fines del Derecho Penal, dentro de las
limitaciones que tiene que tener el Estado en el ejercicio del poder punitivo, contra la sociedad. A
esto también en la doctrina se le denomina prevención general y especial.
Es por ello, que cuando se habla de la teoría, es precisamente eso, todo aspecto que no puede
circunscribirse a un hecho, un orden material, sino que constituye, como se dijo antes, un
presupuesto que parte de la doctrina que arroja los elementos o condiciones básicas y comunes a
todos los delitos, y en el tema de que se valore la necesidad de que una conducta repetitiva que
lesiona posiblemente un bien jurídico tutelado por el Estado se incluya dentro del catalogo de
delitos, como se pretende en este trabajo, constituye determinar la necesidad y legitimidad del
mismo.
Ahora bien, “Históricamente, se puede hablar de dos corrientes o líneas: la teoría causalista del
delito y la teoría finalista del delito. Para la explicación causal del delito la acción es un movimiento
voluntario físico o mecánico, que produce un resultado el cual es tomado por el tipo penal, sin
tener en cuenta la finalidad de tal conducta. La teoría finalista del delito entiende la conducta como
un hacer voluntario final, en cuyo análisis deben considerarse los aspectos referidos a la
manifestación exterior de esa finalidad. Más recientemente, las doctrinas funcionalistas intentan
constituir un punto de encuentro entre finalistas y causalitas. Cabe destacar en esta línea Roxin en
Alemania o De la Cuesta Aguado en España, entre otros.
La primera corriente considera preponderantemente los elementos referidos al desvalor del
resultado; la segunda, por el contrario, pone mayor énfasis, en el desvalor de la acción. La
mayoría de los países del llamado derecho continental, utilizan la teoría finalista del delito. Pero a
partir de la década de los 90, en Alemania, Italia y España, aunque parece imponerse en doctrina
y jurisprudencia la estructura finalista del concepto de delito, se inicia el abandono del concepto de
injusto personal, propio de la teoría finalista, para introducirse poco a poco en doctrina y
jurisprudencia las aportaciones político-criminales de un concepto funcionalista del delito orientado
13
14
a sus consecuencias. Quizá la aportación más significativa al concepto de delito del funcionalismo
moderado sea la denominada "Teoría de la imputación objetiva" que introduce el concepto de
riesgo en la tipicidad, buscado la moderación, en unos casos, de la amplitud de las conductas
inicialmente susceptibles de ser consideradas como causa y en otros, la fundamentación de la
tipicidad en base a criterios normativos en aquellos supuestos en los que ésta, la tipicidad, no
puede fundamentarse en la causalidad como sucede en los delitos de omisión, algunas
modalidades de delitos de peligro, etc.18
Por ello, la teoría general del Delito, estudia al delito propiamente dicho, los elementos
integrantes, tanto positivos como negativos. “En la base de la teoría del delito se encuentra el
comportamiento humano, por lo cual el intérprete debe comenzar preguntándose, ante todo, si lo
que tiene bajo análisis es un comportamiento o conducta humanos.
El concepto de acción juega así un papel básico en la teoría general del delito. A partir de él, y
mediante diversas elaboraciones teóricas, se han ido introduciendo los restantes elementos del
delito. El elemento tipicidad se agregó con los aportes de E. Beling, quien indica que la conducta
penalmente relevante se deduce de las descripciones que hace la ley penal, de la legislación
positiva, la que presenta tipos, que son conceptos formales, figuras, que por abstracción hace el
legislador. En cuanto al elemento antijuricidad, parece ser una de las más antiguas herramientas
de los penalistas, desde que Carrara hablara de la infracción de la ley del Estado, y que más tarde
K. Bindign definió como lo prohibido por la norma, hasta hablarse llanamente de la confrontación
entre la conducta realizada y la prescrita por el orden jurídico. El elemento culpabilidad ha sufrido
diversas transformaciones históricas: si para el causalismo contenía sobre todo las formas de la
responsabilidad subjetiva, el dolo y la culpa, en la actualidad, a partir del concepto finalista de
acción, se acepta que el dolo y la inobservancia del cuidado objetivamente debido estén en el tipo,
dando lugar a tipos dolosos e imprudentes, la culpabilidad según este concepto, es un juicio de
reproche que se formula a quien no se abstiene de actuar, pudiendo hacerlo, de acuerdo al
mandato de la norma.
Por último, aparece la punibilidad como elemento que aporta contenidos de oportunidad o
conveniencia precisos en ciertos casos para poder alcanzar plenamente el concepto de delito”.19
2.2. ELEMENTOS POSITIVOS DEL DELITO
a. LA ACCIÓN Y LA OMISIÓN
18
De la Cuesta Aguado, citado por De Mata Vela, José Francisco. MANUAL DE DERECHO PENAL
GUATEMALTECO. Pág. 140. 19
De León Velasco, Aníbal. MANUAL DE DERECHO PENAL GUATEMALTECO. Ob. Cit. Pág. 143
15
La acción constituye la realización de un acto, ejercer una actitud externa del ser humano. La
conducta humana (acción u omisión) es la base sobre la cual descansa toda la estructura del
delito. Si no hay acción humana, si no hay conducta, no hay delito. En el caso de la omisión, esta
puede interpretarse como la acción en su forma pasiva.
“Von Liszt define por primera vez el concepto de acción como la producción, reconducible a una
voluntad humana, de una modificación en el mundo exterior. En este concepto, para la
modificación causal del mundo exterior debía bastar cualquier efecto en el mismo, por mínimo que
sea.”20
Para Welzel, acción humana es el ejercicio de la actividad final, y la "finalidad" o "carácter final" de
la acción se basa en que el hombre, gracias a su saber causal, puede prever en cierta medida las
posibles consecuencias de su actuación, fijarse por ello diversos objetivos y dirigir
planificadamente su actuación a la consecución de esos objetivos.
Actividad final es, en consecuencia, una producción consciente de efectos partiendo de un
objetivo, la cual supradetermina finalmente el curso causal externo.
Para Welzel, la acción humana está encaminada a un fin objetivo. Según Welzel existen ciertos
límites que el Derecho Penal debe tomar en cuanto a la acción, y es que el concepto de acción,
propiamente tal, es suprajurídico.21
La acción humana, como tal, tiene como fundamento el encaminarse hacia un fin determinado, por
lo que la acción humana es una conducta dirigida a un determinado fin que incluiría elementos
internos (motivaciones, intenciones, voluntad, análisis de medios, decisión) y elementos externos
(los medios elegidos para encaminar la acción al fin determinado).
b. ANTIJURIDICIDAD
“En términos generales se entiende la antijuricidad como una relación de contradicción con el
orden jurídico. Esta contradicción ya se ha dado, aún de modo provisional, en cuanto se
comprueba la realización del tipo”.22
La antijuridicidad es aquel desvalor que posee un hecho típico contrario a las normas del Derecho
en general, por eso se ha dicho que no basta con que la conducta se encuadre en el tipo penal,
20
Consulta Internet: LA TEORÌA GENERAL DEL DELITO. Wikipedia.com. Día: 30-1-2010 21
De León Velasco, Aníbal. MANUAL DE DERECHO PENAL GUATEMALTECO. Pág. 234 22
De León Velasco, Aníbal. MANUAL DE DERECHO PENAL GUATEMALTECO. Ob. Cit. Pág. 147
16
puesto que es necesario que esta conducta sea antijurídica, considerando como tal, a toda aquella
definida por el ordenamiento, no protegida por causas de justificación.
La antijuridicidad precisamente radica en contrariar lo establecido en la norma jurídica. Para que
sea delictuosa, la conducta ha de ser típica, antijurídica y culpable. La antijuricidad es otro de los
elementos estructurales del delito.
Por lo anterior, es que se considera como un elemento positivo del delito, es decir, cuando una
conducta es antijurídica, es considerada como delito. Para que la conducta de un ser humano sea
delictiva, debe contravenir el Derecho, es decir, ha de ser antijurídica.
Se considera un concepto jurídico que supone la comparación entre el acto realizado y lo
establecido por el ordenamiento y que denota como ésta es una conducta contraria a Derecho, "lo
que no es Derecho", aunque en realidad la conducta antijurídica no está fuera del Derecho, por
cuanto éste le asigna una serie de consecuencias jurídicas.
Al respecto, el Licenciado Aníbal De León Velasco23 se refiere a que en cuanto a este elemento,
deben surgir causas de justificación que el Código Penal señala, para eximir de responsabilidad
penal al sujeto activo, dentro de ellas se encuentra la legítima defensa, que su fundamento reside
en la necesidad en que se puede encontrar un individuo de defender de inmediato sus bienes
jurídicos, unido al hecho de que ellos están siendo agredidos a través de una acción que es
injusta y que, por ello, no tiene porque soportar. El legislador ha previsto para estos casos un
precepto permisivo que autoriza realizar el tipo delictivo que sea preciso para neutralizar la
agresión ilegitima.
El Estado de necesidad es otra situación que legitima un comportamiento típico: de acuerdo a lo
que establece el artículo 24 numeral 2º del Código Penal, esta situación se da cuando se comete
un hecho en principio delictivo obligado por la necesidad de salvarse o de salvar otros de un
peligro no causado por él voluntariamente ni evitable de otra manera, siempre que el hecho sea
en proporción al peligro. Se trata de una situación de conflicto de intereses, en la que el peligro
actual e inminente para legítimos intereses únicamente puede ser conjurado mediante la lesión de
otros intereses o bienes jurídicos.
Hay dos grupos de Estado de necesidad: en el primer grupo, el fundamento de la exención es la
salvación del interés objetivamente más importante, estamos en el estado de necesidad
justificante, que hace lícita la conducta típica llevada a cabo para salvar tal interés.
23
Ob. Cit. Pág. 147
17
En el otro grupo el interés lesionado sería igual al que se salva; en este caso la conducta típica
realizada continua siendo antijurídica, todo lo más, se le podrá disculpar de la pena al sujeto si ha
actuado en una situación difícil, en la que no le era exigible.
c. LA TIPICIDAD
Se refiere al tipo, al encuadramiento de la norma. Se denomina tipicidad a la adecuación de la
conducta humana a la descripción contenida en la ley. Por ejemplo, cuando en el Código Penal
Guatemalteco, el artículo 123 se refiere a "el que matare a otro", la conducta típica está dada por
el hecho concreto de matar a otro, y esto se denomina homicidio.
En el tipo se incluyen todas las características de la acción prohibida que fundamenten
positivamente su antijuricidad. Pero no siempre se pueden deducir directamente del tipo estas
características y hay que dejar al juez la tarea de buscar las características que faltan. Ello se
debe a la dificultad de plasmar legalmente tales características en el tipo legal. Esta tarea
también ha sido muy discutida por los doctrinarios cuando algunos se refieren a que el tipo debe
ser claro que permita que el juez, adecue la acción o conducta humana a esa figura tipo, y no
debe por lo tanto, el juez agregar o interpretar de conformidad con el hecho, las características o
elementos que hagan falta en el tipo puesto que en este caso, se ha dicho, se caería en una
ilegalidad.
Ahora bien, se habla de las funciones que ejerce el tipo, es decir, aquellas manifestaciones del ser
humano cualesquiera que sean sus características de presentación, es decir, es todo aquello que
hacemos, pensamos y sentimos. Siempre va encaminada a la realización de un fin y existe una
voluntad consciente para la realización del acto.
Debe existir un nexo causal. La prueba de la relación de causalidad es un elemento imprescindible
en los delitos de resultado para la calificación como típica de la conducta. La teoría causal más
extendida y comúnmente admitida es la Teoría de la equivalencia de condiciones si bien no en su
versión tradicional (Conditio sine qua non) sino como teoría causal que explica lógicamente
porque a una acción le sigue un resultado en el mundo exterior, según las leyes de la naturaleza.
Una vez constatada la existencia de una relación de causalidad, en algunos supuestos será
necesario comprobar, que, además, la conducta es imputable a su autor.
Esta atribución se realiza, según la teoría de la imputación objetiva en base a criterios normativos
limitadores de la causalidad natural. En primer lugar, habría que constatar que el resultado
producido incrementó el riesgo prohibido y a continuación, que el riesgo creado fue el que se
materializó efectivamente en el resultado producido.
18
También existe la teoría de la imputación objetiva que se explica en cuanto a que existen tipos
penales de cuya causalidad se duda o que, siendo causales, se duda de su tipicidad.
El ejemplo más claro de esta crítica son los delitos omisivos. En estos tipos, la no realización de
una conducta es lo que se pena, pero no es racionalmente posible atribuir a esa inacción el
posible resultado posterior, pues no se sabe qué sucedería si el agente hubiese actuado como se
lo pide la norma. Ante este obstáculo, la doctrina ha elaborado la teoría del “riesgo típicamente
relevante”, para poder atribuir tipicidad a una acción.
En primer lugar se analiza si, efectivamente, la conducta realizada despliega un riesgo de entre
los tutelados por la norma penal. Así, en caso de un delito comisivo, el análisis de una conducta
homicida deberá determinar que, por ejemplo, disparar a otro con un arma de fuego es una
conducta que despliega un riesgo de los contemplados por la norma que prohíbe el homicidio, es
decir, que es idóneo para entrar dentro de la descripción normativa de homicidio. De esta forma,
causar la muerte a otro clavándole una aguja en el dedo, provocando así una reacción química
inesperada no es un riesgo de los previstos por la norma penal, pues el clavar una aguja a otra
persona no es una conducta socialmente vista como suficientemente riesgosa para causar un
homicidio (aunque, efectivamente, exista una relación causal).
Por el otro lado, en el supuesto de un delito omisivo, como el de no socorrer a alguien que está en
peligro, la conducta de no hacer nada no es causal del posible daño posterior, pero sí despliega
un riesgo de los previstos por la norma. Es decir, no hacer nada ante esa situación es justamente
aquello que la norma penal busca prevenir (igual que la del homicidio busca evitar las conductas
socialmente consideradas idóneas para matar).
A partir de la constatación de ese riesgo típicamente relevante, se debe constatar que el
resultado (la muerte, las lesiones, etc.) es expresión de ese riesgo, y no fruto de otras conductas o
eventos ajenos al agente. Este último análisis no se realiza en delitos llamados “de mera
actividad”, en los que no hace falta un resultado para que haya delito (omisión de socorro,
allanamiento de morada, etc.).24
En este apartado también se tendría que abordar el tema del resultado que se espera por el sujeto
activo. El resultado es la consecuencia externa y observable derivada de la acción (manifestación
de voluntad). Los códigos penales castigan en algunos casos la acción (delitos de simple
actividad) y en otros el resultado que se deriva de ésta (delitos de resultado). Pero también puede
24
Dentro de algunos exponentes de estas teorías, son José María Silva Sánchez, y profesor Sánchez Ortiz, entre otros.
19
haber conductas de no hacer o dejar de hacer que traen como consecuencia un resultado y puede
ser formal o material.
Así también, respecto al dolo, este ha sido definido por numerosos e importantes autores. Entre
los que destacan como los principales Grisanti, Carrara, Manzini y Jiménez de Asúa25 quienes han
emitido un concepto completo de lo que se entiende por el dolo.
Según Hernando Grisanti26 el dolo es la voluntad consciente, encaminada u orientada a la
perpetración de un acto que la ley tipifica como delito. Según Francesco Carrara el dolo es la
intención más o menos perfecta de hacer un acto que se sabe contrario a la ley. Manzini define al
dolo como la voluntad consciente y no coaccionada de ejecutar u omitir un hecho lesivo o
peligroso para un interés legitimo de otro, del cual no se tiene la facultad de disposición
conociendo o no que tal hecho esta reprimido por la ley. Luís Jiménez de Asúa dice que el dolo es
la producción del resultado típicamente antijurídico con la conciencia de que se está quebrantando
el deber, con conocimiento de las circunstancias de hecho y del curso esencial de la relación de
causalidad existente entre las manifestaciones humanas y el cambio en el mundo exterior, con la
voluntad de realizar la acción u con representación del resultado que se requiere.
Puede decirse que el dolo es conocimiento y voluntad de realizar un delito o una conducta punible.
El dolo está integrado entonces por dos elementos: un elemento cognitivo: conocimiento de
realizar un delito, y un elemento volitivo: voluntad de realizar un delito o en pocas palabras
significa: "El querer de la acción típica".
Se ha estudiado varias clases de dolo, dentro de las más conocidas se encuentran las siguientes:
a) Dolo Directo: Se produce cuando un sujeto se representa en su conciencia el hecho típico, es
decir, constitutivo de delito. En el dolo directo el autor tiene el total control mental de querer y
saber cuál es la conducta típica que se plantea realizar y la comete, independientemente de que
aquella acción dé sus resultados esperados. Un ejemplo del dolo directo es el hecho de que una
persona planifica matar a otra, y realiza todos los elementos necesarios para cumplir ese fin, y
llega el momento en que lo hace.
b) Dolo Indirecto: Es aquel que se materializa cuando el sujeto se representa el hecho delictivo,
pero no como un fin, sino como un hecho o efecto inevitable o necesario para actuar o desarrollar
la conducta típica. Ejemplo: "Roberto quiere dar muerte a Pedro, le pone una bomba en el auto, la
bomba explota y producto de ello mueren la señora y los hijos de Pedro". La finalidad no es matar
a la familia, pero es necesario.
25
Citados por De Mata Vela, José Francisco. Ob. Cit. Pág. 234 26
Ob. Cit. Pág. 234
20
c) Dolo Eventual: Cuando el sujeto se representa el hecho como posible, lejano, pero que podría
llegar a ocurrir; no obstante, actúa aceptando dicha posibilidad. Ejemplo: "La persona que le tira
una flecha a un sujeto que tiene una manzana sobre la cabeza".
Otro tema también es el de la culpa. El tipo culposo individualiza una conducta (al igual que el
doloso). La conducta no se concibe sin voluntad, y la voluntad no se concibe sin finalidad, la
conducta que individualiza el tipo culposo tendrá una finalidad, al igual que la que individualiza el
tipo doloso. Pero el tipo culposo no individualiza la conducta por la finalidad sino porque en la
forma en que se obtiene esa finalidad se viola un deber de cuidado. También en este caso, se
tiene que distinguir las formas de culpa que existe, y es el caso que un tipo penal no puede
contener todas las formas, sino que debe derivarse de una o dos, pero no necesariamente todas,
y estas son: la imprudencia que no es más que afrontar un riesgo de manera innecesaria
pudiendo evitarse. Se encuentra también la negligencia, que implica una falta de actividad que
produce daño, es decir, no hacer. La impericia, se presenta en aquellas actividades que para su
desarrollo exigen conocimientos técnicos especiales. En algunas legislaciones, no en el caso de
Guatemala, también, se consideran parte de la culpa, la inobservancia de Reglamentos, lo cual
implica dos cosas: conociendo las normas estas sean vulneradas implicando "Imprudencia"; o se
desconozcan los reglamentos debiendo conocerse por obligación implicando "Negligencia".
También existen causas de atipicidad que se dan en los supuestos en los que concurren unas
determinadas circunstancias que suponen la exclusión de la tipicidad de la conducta, negando con
ello su inclusión dentro del tipo penal. Por ello, se han manejado conceptos como los siguientes:
a) Atipicidad objetiva: Se da cuando en los elementos objetivos del tipo uno de ellos no encuadra
en la conducta típica o simplemente no se da. Se dice que existe ausencia del tipo cuando en la
ley no se encuentra plasmada o regulada alguna prohibición de alguna conducta, acorde al
principio de legalidad penal. Por ejemplo, la blasfemia no está tipificada como delito en la mayoría
de los países. Aunque para muchos pueda ser una actitud reprochable, esta no será castigada por
la ley o el Estado, ya que no es una conducta recogida y penada en el código penal.
b) Error de tipo: Es el aspecto negativo del elemento intelectual del dolo. Es la falla de la
conciencia de los elementos del tipo penal, ya sea por error o ignorancia. Es el desconocimiento
de las circunstancias objetivas del tipo.
c) El error de tipo tiene como efecto principal eliminar el dolo. Si el dolo es la voluntad de realizar
el tipo objetivo con conocimiento de todos y cada uno de sus elementos, evidentemente el error
que recae sobre el conocimiento de alguno de los componentes objetivos, eliminará el dolo en
todos los casos.
Otro tema es el caso fortuito que se regula en la legislación penal guatemalteca. Este supone la
inexistencia del tipo doloso o del tipo imprudente debido al carácter de imprevisibilidad de la
situación típica. El caso fortuito puede suponer también una causa de justificación, cuando supone
21
una exclusión de antijuridicidad por no existir desvalor alguno de la acción, de tal suerte que en su
interpretación puede ofrecer dificultades judiciales.
d. CULPABILIDAD
Bajo la categoría de la culpabilidad, como tercer elemento del concepto de delito se agrupan
aquellas cuestiones relacionadas con las circunstancias específicas que concurrieron en la
persona del autor en el momento de la comisión del hecho ya calificado como típico y antijurídico.
Se trata del elemento del delito en el que la persona del autor se relaciona dialécticamente con el
detentador del ius puniendi (estado)27
A partir de Frank,28, es común definir la culpabilidad como la reprochabilidad de un acto típico y
antijurídico, fundada en que su autor, en la situación concreta, lo ejecutó pudiendo haberse
conducido de una manera distinta, es decir, conforme a Derecho. Algunos códigos penales, como
el de Paraguay de 1998 llegaba a hacer desaparecer el término "culpabilidad" que era sustituido
por el de reprochabilidad. Sin embargo, la doctrina española pone de manifiesto como el término
reprochabilidad se asocia al reconocimiento de la existencia del libre albedrío, algo imposible de
probar en el caso concreto, por lo que desde teorías preventivas de la pena se propugna su
sustitución por la idea de motivabilidad o de exigibilidad.
e. PUNIBILIDAD
La Punibilidad sencillamente se puede traducir en la amenaza de una pena que contempla la ley
para aplicarse cuando se viole una norma. Dentro del tema de punibilidad se aborda lo que se ha
dado a conocer como la condición objetiva. Esta se encuentra constituida por requisitos que la ley
señala eventualmente para que pueda perseguirse el delito. Algunos autores dicen que son
requisitos de procedibilidad, y para otros son simples circunstancias o hechos adicionales,
exigibles. Y para otros constituyen un autentico elemento del delito.
Así también la ausencia de punibilidad o excusas absolutorias estas constituyen la razón o
fundamento que el legislador considero para que un delito, a pesar de haberse integrado en su
totalidad, carezca de Punibilidad.
En la legislación penal guatemalteca, deben darse todos los elementos positivos del delito para
que este pueda ser penado o sancionado, sin embargo, también, debe considerarse que pueden
suscitarse todos a excepción del último, derivado de excusas absolutorias, como por ejemplo, la
27
De la Cuesta Aguado. CULPABILIDAD, EXIGIBILIDAD Y RAZONES PARA LA EXCULPACIÓN. Pág. 533 28
Citado por De la Cuesta Aguado. Ob. Cit. Pág. 354
22
legislación señala que no puede ser culpable la esposa que le roba al esposo, y otros casos más
que caen en que precisamente se da una conducta típica, antijurídica, imputable y culpable; pero,
por disposición legal expresa, no es punible.
Por otro lado está la imputabilidad. Es el presupuesto de la culpa que en ser capaz de
comprender, ya sea, la ilicitud de la conducta, su acto reprochable, así como de reconocer la
posibilidad de actuar de otra manera distinta que no provoque un resultado dañoso. Un imputable
es capaz de comprender el elemento de reproche que forma parte de todo juicio penal, y por lo
tanto, si se le hallare culpable, se haría acreedor a una pena; si no lo puede comprender, será un
inimputable, no le será reprochada su conducta, y el juez lo someterá más bien a una medida de
seguridad. Esto es lo que en el Código Penal señala a los que sufren trastornos mentales
transitorios o bien los menores de edad.
De igual manera la conciencia de la antijuridicidad. Para que exista culpabilidad es necesario que
el sujeto tenga conciencia y conocimiento de la antijuricidad del hecho; basta con que el autor
tenga motivos suficientes para saber que el hecho cometido está jurídicamente prohibido y es
contrario a las normas más elementales que rigen la convivencia.
En este tema se aborda también el error de prohibición. Se define como el “Déficit cognitivo del
autor de una conducta típica en relación a la antijuridicidad de la conducta. Dependiendo de su
carácter de "vencible" o "invencible" se determina la ausencia o no de culpabilidad.”29
De igual manera la exigibilidad y se ha establecido en los códigos penales en su mayoría el hecho
de que el Estado no puede exigir al ciudadano un comportamiento heroico. Surge así la
posibilidad de excluir la imposición de la pena por la existencia de circunstancias que sitúen al
autor del delito en una situación según la cual adecuar su comportamiento a las exigencias
normativas hubiera supuesto una exigencia intolerable para el hombre común.
El juicio de exigibilidad entonces se realiza mediante la comparación de las características
personales o circunstanciales del destinatario de la normas y de un modelo idealizado construido
mediante la generalización. Cuando de esta comparación se deduzca que al sujeto no le era
exigible actuar conforme al mandato normativo, su conducta típica y antijurídica no merecerá
reproche penal, y como consecuencia, no se podrá afirmar la existencia de un delito por ausencia
de culpabilidad.
La mayoría de la doctrina configura dentro de la categoría de la culpabilidad, a exigibilidad de otra
conducta en sentido negativo, como "causas de no exigibilidad". “Recientemente se propugna
desde una perspectiva dialéctica y democrática de la culpabilidad, en España, la consideración de
la exigibilidad entendida como posibilidad de reclamar e imponer por parte del ius puniendi un
29
Ob. Cit. Pág. 345
23
comportamiento acorde con la norma jurídico-penal como el auténtico fundamento material de la
culpabilidad.
Cuando por razones excepcionales ajenas a su persona el sujeto destinatario de la norma no
pudiera adecuar su comportamiento al mandato normativo, surgirían las causas de disculpa o
exculpación basadas en la inexigibilidad de otra conducta. Como causa de inexigibilidad se suelen
enumerar el miedo insuperable o el estado de necesidad disculpante (aquel en el que el mal
causado es igual que el que se trata de evitar o aquel en el que no se puede determinar cuál de
los dos males es mayor).
También, aunque escasamente admitido por la jurisprudencia, se incluyen como supuestos de no
exigibilidad el hurto o el robo famélico.”30
Los diversos códigos penales admiten estos supuestos con diversos enunciados, pero si el juicio
de exigibilidad es un juicio que debe realizar el juez y podrían surgir otros supuestos, distintos a
los tradicionalmente reconocidos que deberían admitirse como causa de exculpación, aunque la
mayoría podría ser considerados como supuestos de estado de necesidad. Pero en este caso,
se cae en un acto discrecional de los jueces, que pueden ser en determinado momento
perjudiciales para los procesados.
30
Ob. Cit. Pág. 345
24
CAPÍTULO III
3. EL SICARIATO COMO FIGURA JURÍDICO PENAL
3.1. ASPECTOS GENERALES
El aparecimiento del sicariato como tal, se debe entre otras cosas a la violencia y la cultura de
violencia que se suscita en países como el de Guatemala. Se puede hacer una distinción de la
violencia enfocada en este caso a la delincuencia y criminalidad, que es la más visible en términos
estadísticos y de muertes de personas. Dentro de los antecedentes que se conocen acerca del
sicariato como tal vale la pena citar a la Antigua Roma31 que se dice que sicario significaba
hombre-daga, pues sica, es una daga pequeña, fácil de esconder para apuñalar a los enemigos
políticos. En la actualidad es quien asesina por encargo, a cambio de una compensación
económica. Entonces se debe entender que el sicariato no es solo un fenómeno de unos sujetos
aislados que usan la violencia para cometer homicidios por encargo, es algo mucho más complejo
que ello, debido a que su realidad está asentada sobre la base de un conjunto de redes sociales
que permean la sociedad y sus instituciones, y de una construcción valórica en términos
económicos (toda vida tiene un precio) y culturales (el vértigo, el ascenso social). De manera que
este fenómeno es un proceso que está creciendo en la obscuridad porque se niega su existencia
o porque se lo recubre bajo el manto de la definición e homicidio agravado.
Se puede decir que el surgimiento del Sicariato se debe a varios factores, uno de ellos se debe a
falta de educación, por desintegración familiar, por falta de empleo, en donde las personas que
cometen este delito del sicariato que aun no está tipificado en la legislación penal guatemalteca,
pero que existe una iniciativa de ley en el congreso de la república pendiente de ser aprobada, la
mayoría de personas que se dedican a realizar este tipo de delito, son los menores de edad,
condición jurídica en caso de ser aprehendidos gozan de inimputabilidad penal; mientras no existe
una ley que tipifique la figura del delito del sicariato en la legislación penal guatemalteca, seguirá
aumentando la delincuencia en el país.
3.2. DEFINICIÓN
Antes de definir en qué consisten el delito de sicariato es importante señalar en qué consiste el
delito como tal, el delito para Beling citado por Raúl Goldstein en el Diccionario de Derecho Penal
31
Sicariato, Fernando Carrión Mena. Flacso, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Sede Ecuador. Pág. 1
24
25
y criminología, establece que “es una acción típica, antijurídica, culpable, cubierta con una
sanción penal adecuada a la culpabilidad y que llena las condiciones legales de punibilidad.”32
Gerland, citado por Zaffaroni, en su obra Tratado de Derecho Penal, establece que “delito es una
conducta humana culpable, que viola las normas del Estado y que las leyes penales colocan bajo
pena.”33 Para Fernando Carrión “El Sicario es un asesino profesional, en el sentido que vive de
eso y lo hace eficientemente, en muchos casos cobra por adelantado o, en otros, por cuotas con
garantías de cobro (la vida misma).” 34
Con respecto al delito del sicariato existen varias definiciones de diferentes tratadistas, las
personas que se dedican al sicariato son aquellas con bajo índice de escolaridad, y a veces son
personas profesionales que se dedican a matar por encargo a cambio de recibir alguna
recompensa, y así poder satisfacer algunas necesidades, y en algunos casos también lo realizan
algunas personas que no tiene algún parentesco con la víctima, o también son personas que lo
realizan por motivo de venganza alguna, ya que el narcotráfico en elk país es uno de los factores
importantes que está influyendo a realizar esta clase de delitos por que las personas que lo hacen
son bien pagados.
Cuando se trata el tema del delito de sicariato, el diccionario de Manuel Osorio lo define como
“Homicida por precio, lo cual lo convierte en asesino” 35 Etimológicamente sicario se entiende:
Sicarii (plural latino de sicarium, que usa de daga, asesino por contrato o encargo) este término se
aplicó, por analogía empleada por los invasores y ocupantes romanos, a los defensores judíos, (o
a los insurrectos) que procuraron expulsar a los Romanos y a sus partidarios de Judea36
El delito del sicariato es realizado por personas cuya finalidad es dar muerte a una persona a
cambio de recibir dinero por adelantado y a veces reciben cosas en especie, ya que algunas
veces estas personas son contratadas por jefes del narcotráfico o por personas de otros países;
las personas que se dedican al sicariato también son aquellas que no tienen ninguna relación con
la víctima y matan por venganza. El sicario es una asesino profesional, en sentido que vive de
eso y lo hace eficientemente, cobra por adelantado, y en otras ocasiones el cobro se realiza
después de haber cometido el hecho y con presentación de pruebas que acrediten el mismo. Las
personas que realizan este hecho delictivo al ser encontrados culpables son penalizados con la
figura de asesinato.
32
Goldstein, Raúl. DICCIONARIO DE DERECHO PENAL Y CRIMONOLOGÌA 2ª. Edición, Editorial Astro Buenos
Aires, 1983. 33
Zaffaroni, Eugenio. TRATADO DE DERECHO PENAL parte General, Ediar S.A. Tomo III Pág. 472 34
Carrión M., Fernando. EL SICARIATO: UNA REALIDAD AUSENTE Pág. 349 35
Osorio, Manuel. DICCIONARIO DE CIENCIAS JUR. POL. Y SOC. Pág. 893 36
EL SICARIO Consulta internet: 07-06-2010 http://es.wikipedia.org/wiki/Sicario
26
3.3. EL BIEN JURÍDICO TUTELADO DEL DELITO DE SICARIATO
El bien jurídico tutelado es la materia prima de la función o razón del Derecho Penal. A través de
los mismos, se crea un conjunto de normas jurídicas y una serie de instituciones que pretenden,
precisamente protegerlos. Dentro de los bienes jurídicos tutelados que están legitimados por la
naturaleza de los mismos, esta la vida, el patrimonio, la libertad.
El Derecho Penal “lo primero que ha de hacer es fijar los bienes jurídicos que han de ser
protegidos penalmente y sobre esos principios variables en el tiempo y en el espacio, configurar
específicamente los delitos y establecer la pena que a cada uno de ellos corresponde”.37
El bien que se resguardaría mediante la tipificación de delito de sicariato sería la vida, como
consecuencia de la penalización de la acción que atenta contra la misma.
Todo atentado que signifique eliminar físicamente a una persona por encargo o cumpliendo
órdenes a cambio de una remuneración o recompensa económica o de cualquier especie,
constituirá el elemento caracterizante del delito en su manifestación más común.
3.4. LOS ELEMENTOS INTERVINIENTES EN EL DELITO DE SICARIATO
A. El elemento objetivo: El elemento objetivo del delito está dado por la acción que la ley tipifica
como delito. Así, en el homicidio, “el que matare a otro” (art. 123, del Código Penal); en la
estafa, “el que defraudare a otro mediante cualquier ardid o engaño” (art. 263, del Código
Penal); etc. En el delito de sicariato la acción resulta de dar muerte a una persona por
encargo o en cumplimiento de órdenes, sin ningún motivo personal directo con la víctima,
más que esperando una recompensa o remuneración.
B. El elemento subjetivo: Como en todos los delitos, el elemento subjetivo está constituido por
el dolo o la culpa con que actúe el delincuente. Parte de la doctrina sostiene que, aparte del
dolo o culpa genéricos, podría exigirse para este tipo de delito un dolo específico, tal como
el contenido para ciertas figuras delictivas en las que el legislador introduce algún elemento
subjetivo. Otros autores, por su parte, creen que bastará que el legislador defina la acción
punible. El dolo estará dado no solo por la voluntad de producir el resultado tipificado por la
ley sino también cuando se tenga conciencia de la criminalidad de la acción, y, a pesar de
ello, se obre.
3.5. LOS SUJETOS EN EL DELITO DE SICARIATO
37
Ibíd. Pág. 345
27
a. Sujeto activo: El sujeto activo es la persona que realiza la actividad delictiva o como lo indica
De Mata Vela “Sujeto activo es el que realiza la acción, el comportamiento descrito en la ley”
.38 Las personas que cometen el delito de sicariato son aquellas que se dedican por
completo a realizar este tipo de acciones, aunque como lo señala Cárdenas: eventualmente
“Alternan la ejecución de homicidios con otras actividades ilegales, como el hurto, o con
oficios como el de obrero de construcción, reparador de vehículos, recicladores o
vendedores callejeros”. 39 Estos sujetos tienen habilidades para el manejo de armas y
vehículos en los que frecuentemente utilizan para escapar del lugar del crimen sin
intercambiar palabras con la víctima.
b. Características Personales: Son generalmente personas jóvenes (entre 13 y 25 años), con
un nivel muy bajo de escolaridad, pocos familiares y con sus propias creencias religiosas.
Pertenecen a condiciones socioeconómicas media baja o baja; algunos provienen de zonas
con alto grado de criminalidad y que ven en este tipo de actividad una manera de obtener un
ingreso económico al ser contratados por personas particulares o por la delincuencia
organizada. Algunos de estos sujetos han pertenecido a fuerzas armadas de elite tales
como ex policías, ex militares, incluso ex presidiarios, quienes poseen conocimiento en el
manejo de armas, lo que da como resultado la eliminación de la víctima con mayor
efectividad, sin importar que la misma cuente con seguridad personal.
c. Móviles: Las razones que impulsan al autor de este ilícito para proceder en tal sentido, son:
1. La obtención de una ganancia personal, económica o en especie.
2. La comisión del delito conlleva la idea de que al actuar de manera efectiva, el sujeto será
requerido para cometer atentados contra personas de mayor importancia para la
sociedad en general o para el grupo al que pertenece.
3. El odio y los deseos de venganza personal, en muy pocas ocasiones son factores que
animan a realizar este tipo de acción.
4. La necesidad de un ingreso económico.
5. La perturbación mental.
d. Sujeto pasivo: El sujeto pasivo o la víctima del delito es el ente sobre el cual recae la
conducta de acción u omisión que realiza el sujeto activo, doctrinariamente Cuello Calón y
38
De León Velasco, Héctor Aníbal y De Mata Vela José Francisco. DERECHO PENAL GUATEMALTECO. Editorial Llerena,
Guatemala, l996 39
Cárdenas, Diego Arturo, Diana Paola Lorduy Rivera y Cesar Alfonso Velásquez Monroy. SICARITAO EN
BOGOTA. Pág. 378. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2,009)
28
Garraud, citado por De Mata Vela define sujeto pasivo así: “Es el titular del derecho interés
lesionado o puesto en peligro por el delito. 40
Al principio el sicariato estuvo vinculado a la política, “actuando en asambleas populares,
particularmente durante el peregrinaje al templo, cuando apuñalaban a sus enemigos
(contrarios políticos de sus amos o simpatizantes-clientes de ellos) lamentándose
ostensiblemente después del hecho para escapar de la detención.” 41
En la actualidad las víctimas suelen ser de cualquier ideología, estrato social, político,
económico, aunque principalmente son víctimas los propietarios de empresas, sus
dependientes (en los últimos años los conductores de transporte público).
Es también de conocimiento que entre dirigentes o integrantes del crimen organizado, haya
victimas, pues con el afán de mantener control sobre determinado territorio, contratan
sicarios para que se encarguen de eliminar a quienes compiten con determinado grupo
criminal.
3.6. EL SICARIATO EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA
3.6.1. REPÚBLICA DE ECUADOR
Este país tiene similares características a las de Guatemala, a tal grado que para regular esta
figura jurídico penal del sicariato como otro homicidio calificado, lo hizo a través de reformas al
Código Penal, lo mismo está sucediendo en el caso de Guatemala. Dentro de los aspectos más
importantes de considerar en estas reformas al Código penal de Ecuador para regular el Sicariato,
se encuentran las siguientes:
1. Dentro de la exposición de motivos, establece que la Constitución de la República en su
Artículo 1, prescribe que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia;
2. Que, la Constitución de la República en el numeral ocho de su Artículo 3 dispone que es
deber primordial del Estado el garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de
paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción;
3. Que, la Constitución de la República en el numeral nueve de su Artículo 11 establece que
el ejercicio de los derechos se regirá por principios y en la especie se reconoce y
garantiza a las personas que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer
respetar los derechos garantizados en la Constitución;
40 De León Velasco, Héctor Aníbal y De Mata Vela José Francisco. DERECHO PENAL GUATEMALTECO. Editorial Llerena,
Guatemala, l996 41
EL SICARIO Consulta internet: 07-06-2010 http://es.wikipedia.org/wiki/Sicario
29
4. Que, la Constitución de la República en el primer numeral de su Artículo 66 reconoce y
garantiza a las personas, el derecho a la inviolabilidad de la vida;
5. Que, la Constitución de la República en el numeral tres de su Artículo 66 reconoce y
garantiza a las personas el derecho a la integridad personal, en sus diversas formas;
6. Que, la Constitución de la República en su Artículo 75 establece que toda persona tiene
derecho a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses;
7. Que, la Constitución de la República en su Artículo 82 establece que el derecho a la
seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de
normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes;
8. Que, la Constitución de la República en su Artículo 84 establece que la Asamblea Nacional
y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y
materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la
Constitución y los Tratados Internacionales y, los que sean necesarios para garantizar la
dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades;
9. Que, la Constitución de la República en su Artículo 132 establece que se requerirá de la
aprobación de una ley en el caso en que se vaya a tipificar infracciones y establecer las
sanciones correspondientes;
10. Que, conforme al Artículo 134 la Constitución de la República, la iniciativa para presentar
proyectos de ley les corresponde a las asambleístas y los asambleístas; Que, el sicariato
es un homicidio agravado que se ejecuta fraudulentamente, por un encargo a cambio de
una recompensa económica y que se lo está practicando en el país, causando alarma,
preocupación e inseguridad en la ciudadanía; Que, pese a la inquietante frecuencia con
que se comete el sicariato en el país, las autoridades judiciales se encuentran
imposibilitadas de juzgar adecuadamente esta conducta, por falta de su tipificación en el
Código Penal.
11. Por lo anterior, plantea una ley reformatoria al Código Penal para la tipificación del delito de
sicariato, y dice: Art. 1.- Agréguese a continuación del Art. 450 del Código Penal, el
siguiente artículo innumerado: Art. ….- DEL DELITO DE SICARIATO.- Es delito de
sicariato y será reprimido con reclusión mayor especial de veinte a veinticinco años, el
homicidio que se cometa por precio, promesa remuneratoria, recompensa, dádiva, orden
o cualquier otro medio fraudulento con el fin de obtener, directa o indirectamente, un
beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros. Igual sanción recibirá
el autor intelectual del hecho o contratante, el cómplice y el encubridor, sin perjuicio de
que se les aplique las penas previstas para el juzgamiento de otros delitos tipificados en
este mismo código. Art. 2.- La presente Ley entrará en vigencia con su publicación en el
Registro Oficial.
30
Como podemos ver, la legislación penal de Ecuador regula el delito de Sicariato como un
Homicidio Agravado que se ejecuta fraudulentamente por un encargo a cambio de
recompensa alguna, tanto el autor intelectual como material son penalizados con prisión
de veinte a veinticinco años; esta regulación penal se realizo a través de una iniciativa
para reformar el artículo 450 del código penal de Ecuador; en Guatemala existe la
iniciativa de ley en el Congreso de la República que pretende reformar el Código Penal,
haciendo una Adición al artículo 132, definiendo la Figura del delito de Sicariato,
últimamente la violencia se ha incrementado en el país, con el crimen organizado
afectando a hombre, mujeres, niños y ancianos, generando un estado de inseguridad en
el país.
3.6.2. REPÚBLICA DE COLOMBIA
En este país se ha señalado que es uno de los más significativos de donde surge el sicariato,
pues este tiene estrecha relación con la actividad del narcotráfico. Derivado de ello, y por
considerarlo importante, se ha descrito la intención de los legisladores colombianos de modificar el
texto constitucional para establecer un estatuto antiterrorista. Dentro de los aspectos más
importantes de resaltar del mismo, conviene señalar lo siguiente:
1. PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO No.223-2003 CAMARA "Por medio del cual se
modifican los artículos 15, 28, y 250 de la Constitución Política de Colombia, para enfrentar el
terrorismo" Dentro de la exposición de motivos, se dice que el presente instrumento es el
medio por medio del cual se modifican los artículos 15, 28, y 250 de la Constitución Política
de Colombia, para enfrentar el terrorismo. El artículo 1º. El Artículo 15 de la Constitución
Política quedará así: Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y
familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo,
tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido
sobre ellas en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la
recolección, tratamiento y circulación de los datos se respetarán la libertad y demás garantías
consagradas en la Constitución. La correspondencia y demás formas de comunicación
privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial,
en los casos y con las formalidades que establezca la Ley. Una Ley Estatutaria reglamentará
la forma en que autoridades administrativas, sin previa orden judicial, puedan restringir este
derecho, exclusivamente para casos de terrorismo. Para efectos tributarios o judiciales y para
los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado, podrá exigirse la presentación
de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la Ley.
31
2. El ARTÍCULO 2º. El artículo 28 de la Constitución Política quedará así: Artículo 28. Toda
persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o
arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de
autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido
en la ley. Una Ley Estatutaria reglamentará la forma en que autoridades administrativas
puedan realizar detenciones con fines de identificación y registros domiciliarios, con aviso
inmediato a la Procuraduría General de la Nación y control judicial posterior, exclusivamente
en casos de terrorismo. La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del
juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión
correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención,
prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.
3. ARTÍCULO 3º. El artículo 250 de la Constitución Política tendrá un parágrafo final del
siguiente tenor: Artículo 250. Corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de oficio o
mediante denuncia o querella, investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante
los juzgados y tribunales competentes. Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de
la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. Para tal efecto la
Fiscalía General de la Nación deberá: PARÁGRAFO. Para combatir el terrorismo, la Fiscalía
General de la Nación podrá conformar Unidades Especiales de policía judicial con miembros
de las Fuerzas Militares, el DAS o la Policía Nacional, las cuales estarán bajo su dirección y
coordinación. Para el desarrollo de las labores propias de esta función, los miembros de la
Unidad Pertenecientes a las Fuerzas Militares se regirán por los mismos principios de
responsabilidad que los demás miembros de la Unidad Especial. ARTÍCULO 4º. Vigencia. El
presente Acto Legislativo empezará a regir a partir de su sanción y promulgación, y deroga
todas las disposiciones que le sean contrarias.
4. También en la exposición de motivos, se refiere a la plena conciencia de que la solución a
una situación que persiste durante décadas no puede lograrse mediante normas transitorias.
Es hora de reconocer al terrorismo como un crimen de manifestación permanente y no como
un fenómeno coyuntural. Como indica la Corte Constitucional en relación con la revisión de
un decreto de conmoción interior, "Si se comparan los considerandos del decreto 1793 del 8
de noviembre de 1992, con los del decreto 1370 del 16 de agosto de 1995, se encuentra que
son sustancialmente, los mismos. ¿Por qué? Sencillamente porque las situaciones de
desorden público que se pretendía conjurar en las dos épocas, eran, en esencia, las mismas,
con la única diferencia de la agravación de ellas en 1995..." (C-466/95) Hoy nos encontramos
ante la misma situación crítica de orden público, si no peor, y han pasado siete años desde
este pronunciamiento. No puede señalarse nada distinto a que, si se han mantenido tales
considerandos durante tantos años, es porque la situación no es transitoria y, por ende, los
32
mecanismos adecuados para conjurarla no se pueden facilitar mediante decretos legislativos.
Se requiere, por el contrario, normatividad permanente.
5. Dispersión de Normas. En la medida en que los diferentes gobiernos han pretendido conjurar
la crisis de orden público a través de mecanismos legales transitorios, ha sido enorme la
dispersión de normas y críticos los efectos de la temporalidad de las mismas. Adelante se
presentará un somero recuento de las iniciativas normativas sobre este tema de las que ha
sido testigo el país desde hace varios años. Jurisprudencia de la Corte ha impedido su
organización. La Corte Constitucional, en especial durante los últimos cuatro años, ha sido
bastante crítica y estricta en el entendimiento de las razones que han llevado al Gobierno a
decretar el estado de conmoción interior y así, ha convertido a éste en un mecanismo en
parte inservible para el ejecutivo ante la crítica situación del País. Carencias constitucionales
para afrontar el fenómeno del terrorismo. La Constitución otorga al Presidente de la República
la misión de velar por el orden público en todo el territorio nacional. Pero para ello no puede
contar con el concurso de sus fuerzas armadas. Tampoco pueden éstas colaborar en las
funciones de policía judicial, ni siquiera en casos en que por su especialidad, complejidad o
ubicación geográfica, presentan enormes dificultades para los fiscales. Imposibilidad de la
Fiscalía y, en general, de la justicia, para atender las necesidades de la investigación en
múltiples regiones del país. Si se revisan los "considerandos" de los decretos de estado de
sitio y de conmoción interior se podrá encontrar un factor común en la mayoría de ellos: la
insistencia de las autoridades judiciales acerca de las dificultades con que se encuentran en
determinados casos para cumplir con las funciones propias de policía judicial que les
corresponden. Desde hace años diversas instancias del Gobierno Nacional también han
sostenido que el nivel de la delincuencia terrorista y las circunstancias geográficas y de
comunicaciones, entre otras razones, dificultan, e incluso llegan a imposibilitar, la adecuada
acción de la justicia. Tal es el caso, por ejemplo, presentado en 1992, en el marco del
Decreto 1810 -dictado en ejercicio del estado de conmoción interior declarado mediante el D.
1793 de 1992-, en el que, para efectos del análisis de constitucionalidad (Sent. C-034/93) se
pronunciaron diversas autoridades. En este sentido, el Secretario General de la Presidencia
de la República afirmó que "la perturbación del orden público se ve agravada por la capacidad
de las organizaciones guerrilleras y de la delincuencia organizada para sustraerse a la acción
de la justicia, debido a que la mayoría de los actos delincuenciales se desarrollan en sectores
en donde no existe presencia física de las autoridades de policía judicial, o en lugares donde
estos funcionarios fácilmente podrían exponer su vida e integridad física, todo lo cual
repercute en la pérdida de valiosos elementos de prueba". A continuación, el Señor Fiscal
General de la Nación precisa que "no en todas las regiones del país funcionan unidades del
Cuerpo Técnico de Policía Judicial de la Fiscalía. (...) lugares específicos en los que a la
33
policía judicial se le dificulta su actividad investigativa..." Estos argumentos, aún hoy
esgrimidos, se utilizaban ya hace más de nueve años, lo cual es sobremanera indicativo de
que la situación que atraviesa el país en materia de terrorismo no es coyuntural, que su
solución no puede buscarse mediante la utilización de instrumentos legales de emergencia y
de aplicación limitada en el tiempo. Se necesitan herramientas permanentes que ayuden a las
autoridades a conjurar una situación delincuencial que en nuestro país, e incluso en el mundo
entero, se ha convertido en mucho más que temporal. En desarrollo del mismo proceso de
revisión de excequibilidad indicaba el entonces Jefe de Secretaría de la Fiscalía General, que
"en los anteriormente llamados Territorios Nacionales, las acciones de la guerrilla y los
grupos paramilitares los convierten en territorios vedados aun para los organismos que
cumplen funciones judiciales". No podemos menos que preguntarnos qué puede esperarse
ahora, luego de nueve años de haberse afirmado tal situación, cuando actualmente los
jueces, los fiscales, e incluso los alcaldes han sido expulsados de sus regiones. La constante,
permanente y creciente situación del terrorismo en Colombia es un hecho notorio que no
requiere ser demostrado.
6. Oportunidad de la Reforma. Coyuntura política y social determinante para fortalecer los
mecanismos y herramientas de lucha contra los actores violentos y para el control del orden
público en todo el territorio nacional. Como se analizó atrás, no estamos frente a un fenómeno
transitorio y no podemos prever que los actores de este tipo de delincuencia dejen su
actividad, con lo que hay que contar es, por el contrario, con que los avances tecnológicos y
las ventajas de la internacionalización de la criminalidad, fortalezcan cada vez más su poder.
Es este el momento de proporcionar al Presidente de la República y a las instituciones del
Estado los mecanismos necesarios para ejercer una real labor preventiva, única opción clara
de controlar este fenómeno. Cada día que pasa sin el ejercicio de eficaces labores
preventivas se cobra nuevas víctimas en nuestro país.
7. Viabilidad de la Reforma. La Corte Constitucional incluso ha señalado que "El hecho de que
se le confiera un tratamiento excepcional al delito de terrorismo no implica el desconocimiento
de principios consagrados en la Constitución y en los Pactos Internacionales sobre Derechos
Humanos." (Sent. C-127/93) Admite el alto tribunal que se otorgue al terrorismo un
tratamiento especial, siempre y cuando se respeten los umbrales de protección contenidos en
los acuerdos internacionales de derechos humanos. Por eso el proyecto pretende crear esa
posibilidad de tratamiento excepcional a un tipo de criminalidad también excepcional, pero
ajustando los procedimientos para que el individuo no se vea afectado en sus derechos
fundamentales. Para una mejor comprensión de la situación que vivimos hoy en materia de
34
control del orden público y de prevención del terrorismo, como elemento esencial de aquél,
procederemos a presentar un recuento histórico y normativo de este conflicto en Colombia.
8. EL TERRORISMO: FLAGELO NACIONAL E INTERNACIONAL. RECUENTO HISTÓRICO
DE LA VIOLENCIA TERRORISTA EN COLOMBIA. Es un hecho que el terrorismo es la gran
manifestación delincuencial de nuestra época. Afianzado por el perfeccionamiento de la
delincuencia organizada y por sus características propias, ha permitido a grupos minoritarios
generar contundentes resultados ante enemigos teóricamente más poderosos. Los medios de
gran impacto y repercusión colectiva propios de este crimen permiten que se amedrente,
selectiva o masivamente, a la población y se ejerza así presión sobre los estamentos del
Estado. Facilitan la producción de daños sobre la vida, la integridad física, la propiedad
privada y estatal y la desestabilización de las instituciones democráticas, mediante el pánico y
el terror que se genera en la sociedad. Este delito altera notablemente el orden público
precisamente por la magnitud de los resultados que puede producir en los bienes y en el
ánimo de la comunidad. Los fines buscados por esta forma de guerra y ataques no
convencionales pueden ser políticos, religiosos, culturales o directamente la toma del poder.
En Colombia los objetivos para los cuales se ha utilizado este tipo de violencia de alto impacto
han sido claramente políticos, de toma del poder, o de presión a las instituciones para la
consecución de diversos objetivos.
9. La historia reciente de Colombia ha estado marcada por la presencia de diversas formas de
violencia y constantes perturbaciones del orden público en todo el territorio nacional. Como ya
se comentó, los diferentes gobiernos han enfrentado este tipo de situaciones mediante la
adopción de estrategias y programas de seguridad y defensa, especialmente a través del
mecanismo de la legislación extraordinaria o de excepción, dictada en el marco de situaciones
de estado de sitio o conmoción interior. Vale la pena hacer un recuento de esta normativa y
de los momentos históricos que la generaron.
10. La Violencia Partidista y el Frente Nacional. Durante la década del 50 predominó en
Colombia la violencia política, producto del enfrentamiento de los dos partidos tradicionales
mayoritarios: el liberal y el conservador. Este conflicto llega a su punto más álgido con la
muerte del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, episodio que da
comienzo al período conocido como "La Violencia" (1948-1958). Durante el enfrentamiento
bipartidista el Gobierno del Presidente Mariano Ospina Pérez intentó conjurar la situación con
la declaratoria de estado de sitio en los departamentos más conflictivos, en los cuales la
justicia militar acudió a juicios sumarios para intentar reducir las cuadrillas de "bandoleros".
Sin embargo la confrontación se tornó aún más aguda, especialmente en las zonas rurales.
35
Entonces los partidos enfrentados acordaron la alternación del poder durante cuatro períodos
presidenciales, con una participación paritaria en todo el Gobierno Nacional (1958-1974). El
pacto político fue incorporado a la Constitución Política y el pueblo colombiano lo ratificó a
través de plebiscito. En el marco legal se destaca como un hito importante el Decreto 942 del
27 de mayo de 1958, que conformó una Comisión de Paz de amplias facultades de
investigación y mediación -Comisión Nacional Investigadora de las Causas de la Violencia-.
Parte de sus actividades y resultados quedó plasmada en la obra "Estudio sobre la Violencia
en Colombia". Las Fuerzas Militares fortalecieron la planeación militar contra insurgente y
ordenaron en 1960 a "Los Comandantes subalternos que hicieran una recopilación,
valoración y clasificación de las experiencias militares obtenidas en la lucha por el
establecimiento del orden público con el objeto de elaborar una guía para una mejor acción
contra las guerrillas". Gracias a esto, ya al comenzar los años setenta, las Fuerzas Armadas
contaban con un adecuado cuerpo de normas que les facilitaban el mantenimiento del orden.
En 1965, bajo el mandato del Presidente Guillermo León Valencia, el Gobierno Colombiano
estableció el conjunto de preceptos constitucionales y legales que desde entonces conformó
la llamada "Doctrina de Seguridad Nacional" y que luego se adicionó con normas sobre
control interno de las Fuerzas Armadas y de Policía (Decreto Legislativo número 3398 de
1965, "por el cual se organiza la defensa nacional", promulgado bajo el estado de sitio y
posteriormente adoptado como legislación permanente por la Ley 48 de 1968). Representó
éste el primer esfuerzo de integración normativa para el manejo del orden público y durante
cerca de dos décadas rigió la seguridad y la defensa en Colombia. Varios de los artículos de
esta ley fueron derogados o declarados inexequibles, especialmente a la luz de la
Constitución de 1991.
11. Mediante el Decreto 1355 del 1 de enero de 1970 el Gobierno expidió el Código Nacional de
Policía, con el cual se estableció una serie de medidas que buscaban hacer frente a las
alteraciones del orden público. Posteriormente, por medio del Decreto 1573 del 31 de julio de
1974, "se establecen los documentos inherentes a la planeación de la Seguridad Nacional", y
se diseña el organigrama de la seguridad nacional. En este mismo sentido, y para determinar
la estructura y los funcionarios encargados de la toma de decisiones en asuntos de seguridad,
se dicta el Decreto 2064 de septiembre 30 de 1974.
12. El Estatuto de Seguridad. El Frente Nacional culmina con el Gobierno del Presidente Misael
Pastrana (1970-1974), al cual le siguen los denominados "Gobiernos de transición". Hasta
este momento, la principal amenaza contra el régimen había sido el enfrentamiento
bipartidista, pero esta situación cambia al fortalecerse la presencia de los grupos guerrilleros.
En particular, el periodo del Presidente Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982) se caracteriza
36
por el fortalecimiento de la acción militar como criterio gubernamental frente a la subversión y
demás fenómenos que pusieran en peligro la institucionalidad. La política de gobierno optó
por la solución militar de los problemas de orden público, por la criminalización de la protesta
y de las acciones contra el sistema, y por la gran autonomía otorgada al estamento militar en
el manejo del orden público. Durante este Gobierno se expidió el conocido "Estatuto de
Seguridad" mediante el Decreto 1923 de 1978, para el mantenimiento del orden público. Fue
expedido bajo situación de estado de sitio, la cual había sido decretada mediante el Decreto
2131 de 1976. Como justificación para su expedición se hace referencia a la reiteración y
agudización de prácticas terroristas dirigidas a producir efectos políticos y a la necesidad de
adoptar medidas de seguridad para mantener el orden social y la paz en el territorio nacional.
Se incrementaron las penas por el delito de secuestro, delitos políticos y conductas
relacionadas con el terrorismo. Llama la atención el artículo 3º, en el que se penaliza "la
integración de bandas, cuadrillas o grupos armados de tres o más personas que invadan o
asalten poblaciones, predios, causando muertes, incendios o daños en los bienes, o cometan
otros delitos contra la seguridad e integridad colectivas..., o establezcan contribuciones con el
pretexto de garantizar, respetar o defender la vida o los derechos de las personas", conductas
a las que se impusieron penas de presidio de 10 a 15 años. También se concedieron amplias
facultades a la Justicia Penal Militar para juzgar a civiles por delitos contra la seguridad del
Estado y conexos y por delitos relacionados con el narcotráfico, así como por cualquier
conducta que atentara contra la vida e integridad personal de los miembros de la Fuerza
Pública, funcionarios civiles a su servicio, miembros del DAS en actos o no del servicio, y
contra funcionarios públicos por razón de su investidura o por causa del ejercicio de sus
funciones. Aumentó las penas por porte ilegal de armas, municiones y explosivos; limitó la
información relacionada con la situación de orden público, cese de actividades, paros o
huelgas ilegales, o noticias que "inciten al delito o hagan su apología" y facultó al Ministerio de
Comunicaciones para recobrar transitoriamente, a favor del Estado, el dominio pleno de las
frecuencias o canales de radiodifusión explotadas por particulares, cuando ello fuere
necesario para conjurar la perturbación del orden público y restablecer la normalidad. El
Estatuto estuvo acompañado de medidas como las dictadas en el Decreto 70, del 1 de enero
de 1978, por medio de la cual se eximía de responsabilidad penal a miembros de la Fuerza
Pública cuando intervinieran en operaciones para prevenir o reprimir casos de extorsión,
secuestro o narcotráfico.
13. La Década de los 80: Proceso de paz - Ley de Amnistía. Los gobiernos concentran su
atención en la violencia política y el narcotráfico, expidiendo normas en la medida en que se
van creando formas de criminalidad organizada como el "sicariato", auspiciado por el
narcotráfico, que se constituye en una de las mayores amenazas al orden público a finales de
37
la década. El Gobierno del Presidente Belisario Betancur se identificó más con una política
de paz que intentó dar predominio a la solución política sobre la militar, tal como quedó
manifestado en la Cumbre Política de 1982, donde se elige la Comisión de Paz encargada del
desarrollo de esta iniciativa de Gobierno. Se retomó la amnistía a las guerrillas, mediante la
Ley 35 del 20 de noviembre de 1982, por medio de la cual se permitía la liberación de
guerrilleros presos, particularmente de la dirigencia del M-19, omitiendo la condición de
entrega de las armas. Durante el proceso de negociación, al suscribirse los Acuerdos de La
Uribe con las FARC, se hace una de las primeras declaraciones públicas contra los actos de
terrorismo producidos por los grupos insurgentes, en la que se condena explícitamente: "el
secuestro, la extorsión y el terrorismo en todas sus formas, como atentados que son contra la
libertad y la dignidad humanas". Entre 1981 y 1982 el Gobierno responde con un cambio en
los modelos de represión y en los mecanismos de control social, utilizando las facultades
otorgadas por el estado de sitio, como forma alterna a la legalidad ordinaria. El Presidente
Betancur creó la Comisión de Paz Asesora del Gobierno Nacional e inició conversaciones con
la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, que representaba a los grupos guerrilleros más
numerosos en ese momento. Este proceso logró la firma de un cese al fuego con las FARC,
del cual surge el movimiento político de la Unión Patriótica. Durante este período el
narcotráfico es uno de los actores con mayor incidencia y repercusión en el incremento de la
violencia, a pesar del inicio de su vida política en 1981. El momento más álgido se da con el
asesinato del entonces Ministro de Justicia, el Doctor Rodrigo Lara Bonilla, en 1984. La
reacción del Gobierno fue implantar de la extradición. La Ley 2 del 1 de enero de 1983 crea
la jurisdicción especial de orden público y adopta el procedimiento sumario, otorgando
facultades a inspectores de Policía y rebajando penas a los delatores; los Decretos
Legislativos 666 a 670 de 1983 extienden la Justicia Penal Militar al juzgamiento de civiles por
delitos de narcotráfico; el Decreto 747 de 1984 crea un Consejo de Guerra por delitos de
narcotráfico y el Decreto 670 de 1983 entrega a los jueces militares la competencia sobre
casos de delitos políticos. En su origen obraban amparados por una interpretación bastante
amplia de la Ley 48 de 1968, que permitía "la utilización de personal civil en actividades y
trabajos para el restablecimiento de la normalidad" y que fue asumida como una autorización
legal para organizar grupos civiles armados, los cuales resultaron actuando al margen de la
Ley y la Constitución. Por esta razón el Gobierno, años más tarde y nuevamente bajo la
situación de alteración del orden público, se vio obligado a suspender esta disposición
mediante el Decreto 815 de 1989, durante la Presidencia de Virgilio Barco. En noviembre de
1985, cuando aún estaba vigente la situación de estado de sitio establecida mediante el
Decreto 1038 de 1984, se produjo la toma por parte del M-19 del Palacio de Justicia. Este
acontecimiento marcó sin duda un hito dentro de la historia de la violencia reciente. Ante la
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agudización del conflicto, las Fuerzas Militares recuperaron la autonomía perdida, aunque ya
no en las mismas condiciones que existían antes de 1982.
14. Estatuto para la Defensa de la Democracia. El Gobierno del Presidente Virgilio Barco Vargas
(1986-1990) estableció una instancia con rango de Consejero Presidencial, para coordinar los
temas relacionados con la paz. También creó la Consejería Presidencial para la
Reconciliación, Normalización y Rehabilitación Nacional y estableció una Comisión de
Estudios sobre la Violencia. El Congreso expidió la Ley 77 de 1989 que autorizó al Presidente
para conceder indultos y expedir autos inhibitorios, en desarrollo de la política de
reconciliación, con la cual se pretendía reactivar las negociaciones con las FARC y adelantar
un acercamiento con el M-19, el EPL, y otros grupos insurgentes como el Movimiento Quintín
Lame y el MRT. El Presidente Virgilio Barco tuvo en sus primeros años de gobierno que
afrontar varios hechos de notable impacto: en octubre de 1988 del dirigente Jaime Pardo Leal,
el magnicidio del Procurador General Carlos Mauro Hoyos y el secuestro del entonces
candidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá, Andrés Pastrana Arango. En respuesta a esta
situación el gobierno declara el estado de sitio y promulga el llamado "Estatuto en Defensa de
la Democracia" mediante el Decreto 180 de enero 27 de 1988, que definió como delito la
conformación de grupos de sicarios o de organizaciones terroristas, tipificó varias conductas
relacionadas con el terrorismo y agravó las penas de otros delitos. Bajo un escenario de
notorio incremento de actos de matanzas se expidieron varios decretos legislativos en materia
penal y de procedimiento penal y se creó una Comisión Asesora y Coordinadora de las
acciones contra los escuadrones de la muerte, bandas de sicarios, grupos de autodefensa o
de justicia privada, mal denominados paramilitares, por medio del Decreto 813 de 1989. De
otra parte, el Decreto 814 de 1989 creó un Cuerpo Especial Armado de la Policía contra los
mismos grupos, y el Decreto 815 de 1989 suspendió la vigencia del artículo 25 del Decreto
3398 de 1965 que autorizaba la utilización de personal civil en actividades y trabajos para el
restablecimiento de la normalidad y que había sido interpretado como una autorización legal
para organizar grupos civiles armados. De igual forma, se tipificó como conducta penal la
"promoción, financiación, organización, dirección, fomento o ejecución de actos tendientes a
obtener la formación o ingreso de personas a grupos armados de los denominados
comúnmente escuadrones de la muerte, bandas de sicarios o de justicia privada", así como el
"ingreso, entrenamiento o vinculación" a los mismos bajo cualquier modalidad, y se estableció
un agravante de la pena cuando el sujeto activo fuera miembro activo o retirado de las
Fuerzas Militares, de la Policía, o de los organismos de seguridad del Estado. Estas nuevas
conductas, así como todas las relacionadas con los delitos políticos y con el narcotráfico,
pasaron al conocimiento de la Jurisdicción de Orden Público y de los Jueces Especializados,
creados mediante la Ley 2 de 1984, cuya vigencia fue prorrogada por el Decreto Legislativo
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2026 de 1989. Durante el segundo semestre de ese año se produjeron numerosos
acontecimiento violentos que conmovieron al país, tales como la bomba que causó la
destrucción del edificio del DAS, la explosión de un avión de Avianca en pleno vuelo, el
asesinato del Gobernador de Antioquia y del Comandante de la Policía del mismo
departamento y el magnicidio del líder liberal Luis Carlos Galán Sarmiento, el 19 de agosto de
1989. A raíz justamente del asesinato del candidato liberal a la Presidencia, Luis Carlos
Galán, el Gobierno emprendió una ofensiva de grandes proporciones contra el narcotráfico. El
Presidente Barco revivió el tratado de extradición con Estados Unidos que se encontraba
suspendido legalmente y muchos miembros de los carteles de la droga fueron encarcelados y
sus propiedades confiscadas, ofensiva que condujo a la muerte del reconocido narcotraficante
Gonzalo Rodríguez Gacha, el 15 de diciembre de 1989. En marzo fue asesinado el candidato
a la Presidencia por la Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo Ossa y en abril el candidato por el
M-19, Carlos Pizarro.
15. La Asamblea Nacional Constituyente y la estrategia nacional contra la violencia. El Presidente
Gaviria expidió varios decretos legislativos, entre ellos el 2790 de 1990, conocido como
Estatuto de la Justicia, orientado a fortalecer los mecanismos para combatir la violencia y la
impunidad. Se destaca también el establecimiento del mecanismo de rebaja de penas por
confesión de delitos de competencia de los Jueces de Orden Público y Especializados; la
reserva respecto de la identidad del testigo que aporte informaciones para el esclarecimiento
de los delitos de competencia de estos mismos jueces, así como para la identificación o
individualización de sus autores o partícipes; y la autorización de elecciones para convocar
una Asamblea Nacional Constituyente que debía dotar a la Rama Jurisdiccional y al Ministerio
Público de los instrumentos jurídicos necesarios para hacer frente al terrorismo y a la
criminalidad organizada. La expedición del Estatuto para la Defensa de la Justicia integró en
una sola jurisdicción los jueces de Orden Público y los Especializados, creando mecanismos
para su protección y la de los demás intervinientes en los procesos de su competencia.
También organizó la Subdirección Nacional y las Direcciones Seccionales de Orden Público,
dando lugar a la conocida "justicia sin rostro". Promovió la rebaja de penas para delitos
contenidos en la Ley 30 de 1986 (Estupefacientes) en caso de confesión y denuncia y la
incautación de bienes que hubieran servido para la realización del ilícito o provinieran de su
ejecución. Varios de estos Decretos fueron después adoptados como legislación permanente
a través del Decreto 2265 de 1991. Como otro mecanismo de control, el Congreso, a través
de la Ley 4 de 1991, dictó precisas instrucciones a Alcaldes, Gobernadores, Comisarios e
Intendentes para el manejo del orden público y estableció drásticas sanciones a los
funcionarios que no dieran cumplimiento a sus disposiciones. Esta Ley también creó el
servicio militar obligatorio para bachilleres en la Policía Nacional, como un mecanismo para
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fortalecer la acción policial de las administraciones municipales. En 1993 es abatido Pablo
Escobar, quien se encontraba prófugo de la justicia desde junio de 1992, cuando escapó de la
cárcel de máxima seguridad de Itaguí. Los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente
fueron elegidos en diciembre de 1990 y entraron a sesionar en febrero de 1991. Respecto al
tema que nos atañe, la nueva Constitución llevó a cabo una importante modificación en la
estructura de la rama judicial. Sobresalen la creación de la Fiscalía General de la Nación y la
implementación de un sistema penal de tendencia acusatoria, e impuso limitaciones a la
figura de los estados de excepción. El Gobierno creó, a través del Decreto 416 de 1991, un
impuesto conocido por los medios de comunicación como “impuesto de Guerra”, para
financiar a las Fuerzas Armadas, suspendió la extradición de nacionales colombianos, asignó
a la Superintendencia de Control de Cambios la función de ejercer el control sobre la
tenencia, negociación, ingreso y egreso de divisas provenientes de actividades ilícitas, y se
adoptaron como legislación permanente las disposiciones del Decreto 180 de 1988 relativas
al terrorismo y conductas conexas. Después de promulgada la Constitución Política de 1991,
el Gobierno, motivado en las acciones terroristas de las organizaciones guerrilleras y la
delincuencia organizada, puso en vigor el estado de conmoción interior mediante los Decretos
1155 y 1793 de 1992, cuya vigencia fue prorrogada por los Decretos 261 y 829 de 1993. Se
expidió el Decreto 1810 de 1992, que otorgó facultades de policía judicial a las Fuerzas
Militares. No obstante, al realizar su revisión, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad
condicionada a que “se entienda que las unidades de policía judicial se integran con personal
no militar”. Mediante otros decretos legislativos, derivados del Decreto 1793 de 1992 y por
consiguiente de vigencia transitoria, durante el año de 1992 se tomaron varias medidas
tendientes a contrarrestar las acciones terroristas. Entre otras, se restringió la difusión de
comunicados que se atribuían o provenían de grupos guerrilleros y demás organizaciones
vinculadas al narcotráfico o al terrorismo; se concedieron beneficios por colaboración con la
justicia al disponer que el testigo no sería sometido a investigación ni acusación cuando su
declaración pudiera contribuir eficazmente a determinar la responsabilidad penal de los
autores o participes de los hechos respecto de los cuales declara, siempre que fueran de
competencia de los jueces regionales; se creó el Programa de Protección a testigos, víctimas
e intervinientes en los procesos penales por delitos de competencia de los jueces regionales,
así como el Sistema de Seguridad, Protección y Asistencia de los funcionarios y ex
funcionarios de la Rama Judicial y del Ministerio Público; y se dispuso el embargo preventivo
y extinción del derecho de dominio de los bienes, fondos, derechos u otros activos, respecto
de los cuales existiera indicio de que provenían o tenían relación con la comisión de delitos de
competencia de los jueces regionales. También se previó la caducidad de los contratos
celebrados con las entidades estatales cuando el contratista hiciera, tolerara u omitiera algo
invocando injustificadamente amenazas de la delincuencia organizada o grupos guerrilleros, o
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les prestara ayuda bajo cualquier modalidad. Se autorizó a los jueces penales o promiscuos
municipales para avocar las investigaciones en sitios donde no existiera fiscal. Se dispuso la
asunción, con cargo al presupuesto general, de los pagos que debieran hacerse para cubrir
los riesgos provenientes de ataques terroristas contra vehículos de carga o pasajeros; se
suspendieron algunos requisitos para ingresar o permanecer en la Policía Nacional. Se
facultó, así mismo, al Comandante General de las Fuerzas Militares y Comandantes de
Brigada o sus equivalentes en la Armada y la Fuerza Aérea para suspender la vigencia de los
salvoconductos para porte de armas a personas naturales o jurídicas y al Comandante
General de las Fuerzas Militares para autorizar la utilización de vehículos blindados, y se
dictaron medidas en materia del uso de sistemas de radiocomunicaciones.
16. Ante el aumento excesivo de los casos de secuestro, no solamente de parte de los grupos
guerrilleros, sino también de la delincuencia común, el Congreso de la República expidió el
Estatuto Nacional contra el Secuestro que aumentó la pena por este delito y ajustó sus
modalidades y circunstancias de agravación, prohibió a empresas nacionales y extranjeras la
entrega de dinero a los extorsionistas, creó los grupos UNASE para recolectar, analizar,
evaluar y difundir la información requerida por la Fiscalía para investigar y reprimir los delitos
de extorsión y secuestro, aumentó las penas para el delito de extorsión, ordenó la creación de
Programas de Asistencia Integral al Secuestrado y sus Familiares y una Comisión de
Seguimiento a las políticas gubernamentales y judiciales contra el secuestro, y previó
beneficios penales y tributarios para quienes presten eficaz colaboración que permita la
captura de los secuestradores. La legislación transitoria se complementó con otros decretos
legislativos que aumentaron los beneficios por colaboración con la justicia en casos de delitos
de la justicia regional, que incluía los actos de terrorismo y conductas relacionadas con el
narcotráfico, y se suspendió por un mes la utilización y el uso del servicio de
radiocomunicaciones a través de buscapersonas en el área metropolitana de Medellín y
Envigado, como herramienta para detener en esta ciudad la ola de asesinatos que contra
miembros de la Fuerza Pública se había venido presentando y que llegó a registrar varias
muertes por día. Se dictaron también normas que concedían beneficios a quienes
abandonaran voluntariamente las organizaciones subversivas. En materia de paz se
expidieron disposiciones para facilitar el diálogo con los grupos guerrilleros, su
desmovilización y reinserción a la vida civil. En materia penal se aumentaron las penas por
actos terroristas y se previó que estas conductas no podían considerarse conexas con delitos
políticos y por lo tanto sus autores o partícipes no podrían beneficiarse de amnistía o indulto;
también se limitó el derecho a la libertad provisional del sindicado en el caso de delitos de
competencia de los jueces regionales. A finales del Gobierno del Presidente Gaviria se
expide, con vigencia de dos años, la Ley 104 de 1993, por la cual se consagran unos
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instrumentos para la "búsqueda de la convivencia y la eficacia de la justicia" y donde se
retoman muchas de las medidas transitorias que habían sido dictadas en estado de
conmoción interior. Esta ley pretendió dotar al Estado de instrumentos eficaces para asegurar
la vigencia del Estado Social y Democrático de Derecho, para lo cual ordenó a las autoridades
garantizar el libre desarrollo y expresión de los movimientos sociales y de las protestas que se
realizaran conforme a la Constitución y a la ley; extendió beneficios en materia penal a los
miembros de grupos subversivos o de justicia privada que abandonaran voluntariamente la
organización y se entregaran a las autoridades; dictó disposiciones para facilitar el diálogo
con los grupos guerrilleros, su desmovilización y reinserción; previó beneficios para las
víctimas de atentados terroristas; autorizó al Gobierno para conceder indultos por delitos
políticos y conexos, siempre que no se tratara de delitos atroces; creó unidades ambulantes
para ejercer funciones de policía judicial; creó el Programa de Protección a testigos, víctimas
e intervinientes en el proceso y funcionarios de la Fiscalía; autorizó al Gobierno para ordenar
auditorías de los presupuestos de las entidades territoriales y descentralizadas para evitar
que con recursos públicos se financien actividades subversivas o terroristas; estableció
sanciones para los contratistas que en cualquier forma colaboraran con las organizaciones
terroristas; ordenó el embargo preventivo y extinción del derecho de dominio de bienes
vinculados a la comisión de delitos de competencia de los jueces regionales; contempló
restricciones a la información sobre comunicados provenientes de organizaciones vinculadas
al narcotráfico y al terrorismo y sobre el uso de sistemas de radiocomunicaciones; previó
sanciones para los funcionarios que incumplan las órdenes del Presidente relacionadas con
orden público y autorizó la creación de fondos de seguridad en los departamentos y
municipios donde no existían.
17. Con la Ley 241 de 1995 la vigencia de esta ley se extendió por otros dos años a la vez que se
fortalecieron algunas de sus medidas. En 1993 también se promulga el Decreto 2535 que
regula la tenencia, porte, comercio, producción y uso de armas, municiones y explosivos en el
territorio nacional. Este decreto deroga el parágrafo 3º. del artículo 33 del Decreto 3398 de
1965, que disponía que "El Ministerio de Defensa Nacional, por conducto de los comandos
autorizados podrá amparar, cuando lo estime conveniente, como de propiedad particular,
armas que estén consideradas como de uso privativo de las fuerzas armadas."
18. Crisis política y fortalecimiento de la ofensiva guerrillera. Legislación contra el terrorismo. Al
año siguiente de empezar su mandato el Presidente Samper recurrió al estado de conmoción
interior para fortalecer los mecanismos de investigación y juzgamiento y el sistema carcelario,
así como dictar otras medidas para detener la ola de terror. Inicialmente, el estado de sitio fue
decretado mediante el Decreto 1370 de 1995, pero fue declarado inexequible por la Corte
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Constitucional a través de la Sentencia C-466 de 1995. Nuevamente, y como una reacción del
Estado ante el asesinato del dirigente político, exconstituyente y excandidato presidencial
Álvaro Gómez Hurtado, se declara el estado de conmoción interior que mediante dos
prórrogas se mantuvo hasta el 29 de julio de 1996. Varias de las disposiciones dictadas bajo
su vigencia fueron prorrogadas hasta 90 días después de su levantamiento. Los decretos
legislativos expedidos en esta oportunidad contemplaron disposiciones en materia de orden
público, restricción de información, medidas tendientes a proteger a la población civil en los
operativos militares y normas relativas al sistema carcelario y penitenciario nacional. También
se regularon aspectos tales como la reserva de identidad del denunciante, interceptación o
registro de comunicaciones, inspecciones o registros domiciliarios, aprehensión de personas
respecto de las cuales se tuviera indicio sobre su participación en los hechos que motivaron la
declaración de estado de conmoción interior; recompensas para quienes sin haber participado
en la comisión de hechos punibles, suministraran información eficaz en casos de delitos de
competencia de los jueces regionales; también se dispuso que los sindicados o condenados
por homicidio con fines terroristas no podían recibir rebaja de penas ni cualquier otro beneficio
de los establecidos en las normas penales y administrativas vigentes. En el mismo contexto
se crearon "zonas especiales de orden público", autorizando al respectivo Gobernador para
su delimitación y contemplando medidas restrictivas que se aplicarían en las mismas, tales
como la limitación del derecho de circulación y residencia; suspensión de los permisos para
porte de armas; recolección, verificación, conservación y clasificación de información sobre
lugar de residencia y ocupación habitual de los habitantes o personas que transitaran la zona,
así como de las armas, equipos de comunicaciones y vehículos de transporte que circularan o
prestaran sus servicios en las zonas; revisión de toda carga que en el área fronteriza de la
zona especial fuera a ser transportada y competencia en materia de detención preventiva a
todos los miembros de la Fuerza Pública respecto de quienes existieran motivos fundados y
objetivos que permitieran deducir que una persona estaba vinculada a actividades criminales,
o fuera a transportar carga para auxiliar a miembros de cualquier organización al margen de
la ley, o tuviera, portara o utilizara armas no denunciadas antes las autoridades competentes.
La ausencia de normas ordinarias en la legislación colombiana para combatir el terrorismo,
siendo éste un fenómeno casi permanente en la realidad del país, explica la proliferación de
disposiciones transitorias a las que acude el Gobierno bajo estado de conmoción interior para
conjurar situaciones de grave alteración del orden público. El Gobierno del Presidente Samper
fracasó en varios de sus intentos de recurrir al estado de conmoción interior para adoptar
medidas transitorias por causa de la naciente jurisprudencia de la Corte Constitucional en
materia de legislación extraordinaria. Por ello optó por expedir el Decreto Ejecutivo 2271 de
1995, mediante el cual integró una Comisión Redactora del "Proyecto de Ley por el cual se
adopta un Régimen Integral contra el Terrorismo". No obstante, esta comisión legislativa
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transformó en legislación ordinaria los Decretos Legislativos 180, 181 y 182 de 1988, 1857 de
1989 y 2790, 099, 390 y 1676 de 1990, convirtiendo nuevamente en legislación ordinaria
medidas que se habían tomado en estado de conmoción interior; así, dejó de aprovecharse
una oportunidad para expedir un estatuto antiterrorista con propuestas integrales, serias y
coherentes, que dotaran a las instituciones de las herramientas necesarias para enfrentar las
diferentes manifestaciones terroristas que pueden darse en un país que como Colombia,
quizá nunca ha conocido los beneficios de convivir en paz.
19. Sin embargo, el Congreso ha expedido en los últimos años algunas normas que pueden ser
tenidas como punto de referencia en materia de control de algunos de los factores que
desencadenan acciones terroristas: se dispuso la extinción de dominio, a favor del Estado, de
los bienes adquiridos directa o indirectamente en ejercicio de actividades ilícitas y se
establecieron normas tendientes a combatir la delincuencia organizada aumentando las
penas para delitos relacionados con la misma, agravando las penas por el punible de
concierto para delinquir cuando éste sea para cometer terrorismo, narcotráfico, secuestro,
extorsión o para conformar escuadrones de la muerte, grupos de justicia privada o bandas de
sicarios. De igual forma, merece destacarse la expedición de la Ley 418 de 1997 que
consagró instrumentos para la búsqueda de la convivencia y la eficacia de la justicia. En ella
se fundamenta jurídicamente el proceso de paz que adelantó el Gobierno del Presidente
Pastrana.
20. Legislación comparada. Siendo el terrorismo un flagelo de connotación mundial, por supuesto
no exclusivo de nuestro ámbito nacional, encontramos diversos mecanismos de lucha contra
este tipo de criminalidad en la legislación extranjera, especialmente en países que, como
España, Irlanda Gran Bretaña, Francia e Italia, han sido víctimas de complejas organizaciones
terroristas durante décadas. Estados Unidos, especialmente luego de los hechos acaecidos el
11 de septiembre de 2001, presenta también importantes manifestaciones normativas para la
preservación del orden público y la prevención de sucesos que puedan alterarlo. Sobra decir
que, además, estos estados son parte de las mismas organizaciones internacionales que
velan por el respeto a los derechos humanos y a todos los derechos fundamentales de la
persona, y a las cuales debe atender Colombia en el momento de diseñar una estrategia
legislativa de lucha contra la delincuencia.
21. La Unión Europea. El Parlamento Europeo expide una lista de organizaciones y personas que
son consideradas terroristas para los efectos legales y administrativos que proceden en todos
los Estados de la Unión. Esta norma del Parlamento es asumida por todos los Estados en
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forma automática, debido a la cláusula que incorpora a la legislación interna toda norma
expedida por el Parlamento sin necesidad de ninguna formalidad adicional.
La República de Colombia es uno de los países en donde surge el Sicariato, por tal motivo se
crearon varios decretos para tener un mayor control de la delincuencia, el narcotráfico y el
terrorismo, ya que estos se desarrollan en lugares o sectores en donde existe poca presencia
policial, también se hicieron modificaciones en algunos artículos de la Constitución Política de
la República de Colombia, para poder tener control sobre la delincuencia que hay en Ecuador.
También se crearon Decretos, de estado de Sitio, programas de seguridad, para poder así
disminuir el índice de delincuencia que existe en la República de Colombia, así también se
declaran estado de sitios en los lugares más conflictivos con respecto al crimen organizado, el
narcotráfico, que son parte en donde se deriva el Sicariato, y así mantener el orden público en
Colombia. En Guatemala existe una iniciativa de ley en el Congreso de la República
pendiente de ser aprobada, para poder regular la figura del delito del Sicariato, en la
legislación Penal guatemalteca, y así poder hacer una Adición en el artículo 132 el delito del
Sicariato, ya que con esta iniciativa de ley, se disminuiría el índice de delincuencia, el crimen
organizado y el narcotráfico que opera en el país.
3.6.3. REINO DE ESPAÑA
En materia de criminalidad y delincuencia la Unión Europea y en especial España, tienen
contemplado un marco normativo bastante completo, dentro de los aspectos a considerar con
relación al sicariato, se pueden señalar los siguientes:
1. La Constitución Española establece un trato diferenciado al tema de la criminalidad
relacionada con el terrorismo. El artículo 55.2, correspondiente al Capítulo Quinto, "de la
suspensión de los derechos y libertades" autoriza al legislador para, mediante ley
orgánica, suspender determinados derechos fundamentales -libertad, domicilio,
comunicaciones-, en aras de afrontar las investigaciones por delitos de tan compleja
estructura como los propios de las organizaciones terroristas.
2. Art. 55.2 CE.: "Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en que, de forma
individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los
derechos reconocidos en los artículos 17.2 y 18.2 y 3 pueden ser suspendidos para
personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la
actuación de bandas armadas o elementos terroristas."
3. Art. 17.2 CE.: "La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente
necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los
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hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá
ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial"
4. Art. 18.2 CE.: "El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin
consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito."
5. Art. 18.3 CE.: "Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las
postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial"
6. La Ley Orgánica 8 del 26 de diciembre de 1894 fue expedida en desarrollo de tal mandato
constitucional y prevé numerosas medidas sustantivas y procedimentales para la lucha
contra el terrorismo. Al respecto, vale la pena mencionar las siguientes: “Artículo 1.
Ámbito de aplicación de la ley. 1. La presente ley es de aplicación de las personas
integradas en bandas armadas o relacionadas con actividades terroristas o rebeldes que
proyecten, organicen o ejecuten los delitos que se especifican en el siguiente apartado, y
las que cooperen en ellos o provoquen a la participación en los mismos, o encubran a los
implicados. También es de aplicación a las que hicieran apología de tales delitos. 2. El
ámbito de aplicación de esta ley comprenderá los supuestos siguientes: a) Delitos contra
la vida y la integridad de las personas. b) Atentados contra la autoridad, sus agentes, los
funcionarios públicos y sus familiares. c) Detenciones ilegales, secuestros bajo rescate o
cualquier otra condición o con simulación de funciones públicas. d) Asalto a
establecimientos militares de las Fuerzas Armadas de Seguridad del Estado, Policías de
las Comunidades Autónomas y de los entes locales, instalaciones y centros de
comunicación, trenes, buques, aeronaves, automóviles, edificios públicos, oficinas
bancarias, recaudatorias, mercantiles y otras en las que se conservan caudales, así como
polvorines, armerías y centros sanitarios. e) Coacciones, amenazas o extorsiones. f)
Incendios u otros estragos. g) Delitos contra el Jefe del Estado o su sucesor, contra los
altos organismos de la Nación, contra la forma de Gobierno y delitos contra la seguridad
exterior del Estado. h) Rebelión. i) Tenencia o depósito de armas, municiones o
explosivos, así como su adquisición, fabricación, manipulación, transporte o suministro. j)
La constitución de entidades, organizaciones, bandas o grupos formados para la
actividad terrorista o rebelde, la pertenencia a los mismos y los actos de cooperación o
colaboración con sus actividades. k) Cualesquiera otros delitos realizados por las
personas comprendidas en el número 1, cuando la comisión de los mismos contribuya a
la actividad terrorista o rebelde, así como los delitos conexos y los cometidos en
cooperación con dichas actividades o individuos."
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7. Artículo 7. Integración en bandas terroristas o rebeldes. 1. Los integrantes de una
organización terrorista, rebelde o banda armada, así como quienes prestaren a éstas su
cooperación, serán castigados con la pena de prisión mayor y multa de 150.000 a
750.000 pesetas. A los promotores y directivos de la organización terrorista, rebelde o
banda armada y a quienes dirigieran cualquiera de sus grupos se les impondrán las
penas del párrafo anterior en su grado máximo. 2. La conspiración, la proposición y la
provocación para la constitución del grupo terrorista, rebelde o banda armada serán
castigadas, respectivamente, con las penas inferiores en grado."
8. Artículo 8. Delitos de terrorismo. 1. El que integrado en una organización terrorista, rebelde
o banda armada realizare cualquiera de los hechos delictivos relacionados en los
apartados a) al h) del artículo 1º., utilizando armas de fuego, bombas, sustancias o
aparatos explosivos o medios incendiarios de cualquier clase, cualquiera que sea el
resultado producido, será castigado con la pena de prisión mayor en su grado máximo. A
los promotores y organizadores del hecho, así como a los que hubieran dirigido su
ejecución, les será impuesta la pena de reclusión menor. 2. Cuando los hechos
relacionados en el párrafo anterior sean susceptibles de incriminación con arreglo a otro o
más preceptos, se aplicará la pena de mayor gravedad."
9. Artículo 9. Delitos de colaboración en actividades terroristas y rebeldes. 1. Será castigado
con penas de prisión mayor y multa de 150.000 a 750.000 pesetas el que obtenga,
recabe o facilite cualquier acto de colaboración que favorezca la comisión de delitos
comprendidos en esta Ley o la realización de los fines de un grupo terrorista o banda
armada o rebelde. 2. En todo caso, son actos de colaboración los siguientes: a)
Información sobre personas y patrimonios, instalaciones, edificios públicos y privados,
centros urbanos y cualesquiera otras que sean significativas para las actividades del
grupo o banda armada o rebelde. b) Construcción, cesión o utilización de cualquier tipo
de alojamiento u otro elemento susceptible de ser destinado a ocultación de personas,
depósito de armas o explosivos, víveres, dinero y otras pertenencias relacionadas con los
grupos o bandas armadas, terroristas o rebeldes, o vinculadas con sus actividades
delictivas y la prestación de cualquier tipo de ayudas que favorezcan la fuga de aquellas.
c) Organización o asistencia a cursos o campos de entrenamiento de los grupos o
bandas armadas, terroristas o rebeldes y el mantenimiento de relaciones de cooperación
con organizaciones extranjeras del mismo carácter. e) Cualquier forma de cooperación
económica o de ayuda o mediación hecha con la finalidad de financiar grupos o
actividades terroristas, rebeldes y bandas armadas. 3. Cuando los hechos relacionados
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en los apartados anteriores sean susceptibles de incriminación con arreglo a otro u otros
preceptos se aplicará el que señale pena de mayor gravedad."
10. Artículo 10. Apología de los delitos previstos en esta Ley. 1. La apología de los delitos
comprendidos en esta ley será castigada con las penas de prisión menor y multa de
150.000 a 750.000 pesetas. En el supuesto de que el delito tuviera señalada la pena de
prisión menor o inferior la apología será castigada con la pena inferior en un grado. Los
jueces y tribunales podrán acordar la clausura del medio en el que se hubiere realizado la
publicación o difusión, con los efectos expresados en el artículo 21. 2. Se considera, en
todo caso, apología: a) La alabanza o aprobación de hechos delictivos comprendidos en
esta Ley, mediante la manifestación hecha en público. b) El apoyo o ensalzamiento de la
rebelión o de las actividades propias de una organización terrorista o grupo armado o
rebelde, o de los hechos y efemérides de sus miembros mediante la publicación y
difusión en los medios de comunicación social del os artículos de opinión, reportajes
informativos, composiciones gráficas, comunicados y, en general, cualquier otro modo en
el que se materialice la difusión. c) El apoyo o adhesión a la rebelión o a las de sus
miembros, mediante discursos, soflamas u ostentación de pancartas, que se produjeren
durante la celebración de concertaciones en las vías urbanas y otros lugares abiertos al
público. 3. No se aplicará este precepto cuando el hecho esté sancionado en otra o más
normas que lo castiguen con pena de mayor gravedad."
11. Artículo 13. Detención Preventiva. Los detenidos por hallarse comprendidos en este Ley,
serán puestos a disposición del Juez competente dentro de las setenta y dos horas
siguientes a la detención. No obstante, la detención preventiva podrá prolongarse el
tiempo necesario para los fines investigados hasta un plazo máximo de otros siete días,
siempre que tal propuesta se ponga en conocimiento del Juez antes de que transcurran
las setenta y dos horas del a detención. El juez, en el término de veinticuatro horas,
denegará o autorizará la prolongación propuesta."
12. Artículo 14. Control Judicial de la detención. 1. Durante la detención, el Juez podrá en todo
momento requerir información y conocer personalmente o mediante delegación en el
Juez de Instrucción del partido o demarcación donde se encuentre el detenido, la
situación de éste, pudiendo el primero en su caso, revocar la autorización de
prolongación de la detención. 2. La previsión anterior se entiende sin perjuicio de las
actuaciones judiciales pertinentes en caso de utilización injustificada o abusiva de las
facultades reconocidas en esta Ley y de las competencias que en defensa de la legalidad
corresponden al Ministerio Fiscal."
49
13. Artículo 15. Incomunicaciones. 1. La autoridad que haya decretado la detención o prisión
podrá ordenar la incomunicación por el tiempo que estime necesario mientras se
completan las diligencias o la instrucción sumarial, sin perjuicio del derecho de defensa
que afecte al detenido o preso..."
14. Artículo 16. Detenciones y registros domiciliarios. 1. Los miembros de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado podrán proceder sin necesidad de previa autorización o
mandato judicial a la inmediata detención de los presuntos responsables de las acciones
a que se refiere el artículo 1º., cualquiera que fuese el lugar o domicilio donde se
ocultasen o refugiasen, así como al registro de dichos lugares y a la ocupación de los
efectos e instrumentos que en ellos se hallaren y que pudieren guardar relación con el
delito. 2. El Ministro del Interior o, en su defecto, el Director de la Seguridad del Estado
comunicarán inmediatamente al Juez competente el registro efectuado, las causas que lo
motivaron y los resultados obtenidos del mismo, con especial referencia a las
detenciones que, en su caso, se hubiesen practicado."
15. Artículo 17. Observación postal, telegráfica y telefónica. 1. El juez podrá acordar en
resolución motivada la observación postal, telegráfica o telefónica, por un plazo de hasta
tres meses, prorrogable por iguales períodos, respecto de aquellas personas en las que,
de las investigaciones sobre la actuación de bandas armadas, rebeldes o elementos
terroristas, a que se refiere esta Ley, resulten indicios de responsabilidad criminal o de las
que se sirvan para la realización de sus fines ilícitos. 2. En caso de urgencia esta medida
podrá ordenarla el Ministro del Interior o, en su defecto, el Director de Seguridad del
Estado, comunicándolo inmediatamente por escrito motivado al Juez competente..."
16. El Código Penal Español, a su vez, dota a la rama judicial de claros tipos penales para
afrontar la delincuencia de las organizaciones terroristas y presenta redacciones de vital
importancia en esta lucha como es la figura de la "apología del terrorismo". Sin embargo,
el Tribunal Constitucional despojó de eficacia jurídica a este tipo al indicar que con esa
conducta no se cumple el requisito de la antijuridicidad material.
Como se puede ver, la legislación penal española regula en relación del sicariato, en
materia de criminalidad y delincuencia, relacionado con el terrorismo, así también en el
código penal español existen tipos penales para poder afrontar la delincuencia, y así poder
desarticulizar grupos terroristas o bandas armadas bien organizadas vinculadas a
actividades delictivas con relación al sicariato; en nuestro medio existe una iniciativa de ley
pendiente de ser aprobada en el Congreso de la República, para poder regular en la
50
Legislación Penal Guatemalteca la figura del delito del Sicariato, y así poder desarticular
bandas del narcotráfico y poder bajar el índice de delincuencia que se realizan a diario en
el país.
3.7. ANALISIS DE LA INICIATIVA DE LEY QUE PRETENDE CREAR EL SICARIATO COMO
DELITO EN EL CÓDIGO PENAL GUATEMALTECO
Dentro de los aspectos más importantes de resaltar de esta iniciativa se encuentran los siguientes:
1. Dentro de la exposición de motivos, se encuentra que Guatemala en la última década se ha
visto asediada por la pobreza, enfermedad, falta de vivienda, desempleo, inflación, y
extrema pobreza, generando malestar social pero uno de los problemas que más ha frenado
el desarrollo económico social y político del país es la inseguridad ciudadana producto de la
violencia propiciada por el crimen organizado, afectando a la sociedad con secuestros,
extorsiones, chantajes, violaciones, robos, homicidios y asesinatos. Según reportes
policiales los medios que utilizan para perpetrar estos tipos de delitos son automóviles, en
un tres por ciento, camionetas, un punto veinticinco por ciento, microbuses, punto cero ocho,
motocicletas un tres por ciento, mototaxi uno por ciento, pick up uno punto quince por ciento,
taxi el uno por ciento, ignorando el noventa y dos por ciento, de lo que se desprende en los
datos estadísticos que el periodo comprendido del uno de enero al quince de marzo del dos
mil nueve se han registrado un mil doscientos diecinueve homicidios, lo que en porcentaje
equivale a un promedio de veintidós homicidios diarios, en el territorio nacional.
2. Este estatus tiene a la población capturada por el estado es incapaz de resolver en el corto
plazo. Estas organizaciones de la muerte para cumplir sus objetivos ligan a algunos jóvenes
que buscan sustento y ocupación, pero que es lo que lleva adolescentes, casi niños a
realizar labores donde tienen poca posibilidad de sobrevivir? Se puede responder que es la
carencia de sentido de la existencia, del tiempo y del futuro. Matar o morir es ya un hecho
normal de la vida o mejor dicho, de la muerte, se convierten en un medio de vida.
3. La existencia de bandas o grupos, no solo tienen como vinculo de unión el interés por el
dinero, sino también la búsqueda de un sentido de la vida, un rol social, lo que ha
estimulado a hombres mujeres, adolescentes y niños a incorporarse a bandas que se
dedican a cortar vidas.
4. En los reportes policíacos se menciona la existencia del denominado sicariato el cual a la
fecha es una figura delictiva que involucra uno o más sujetos activos y uno o más sujetos
51
pasivos, que matan por un precio. La doctrina dice que el Sicariato es una institución
criminal que comete asesinatos por encargo, tanto para saldar cuentas, como para intimidar
a determinados sectores y sancionar o acallar a quienes asumen una actitud de denuncia en
contra de esta actividad.
5. Para operacionalizarlo se proveen y utilizan a delincuentes comunes, menores de edad,
Portu condición jurídica en caso de ser aprehendidos gozan de inimputabilidad penal. Ante
las difíciles circunstancias que agobian a la sociedad, se hace necesario proponer la
iniciativa de ley que tenga por objeto la sanción de la figura delictiva del sicariato, los autores
intelectuales y materiales.
6. Dentro del contenido de la iniciativa lo que se pretende es el artículo 132 ser del Código
Penal que diga: Comete delito de sicariato extrajudicial quien por orden, encargo, a cambio
de un precio con autorización o apoyo aquiescencia, de autoridades del Estado, privare de
la vida por motivos políticos. Igualmente cometen el delito de sicariato los miembros
integrantes de grupos o bandas del crimen organizado con fines terroristas, insurgentes,
subversivos o con cualquier otro fin delictivo como cuando resultado de su accionar resultare
la muerte de una o más personas. En ambos casos, el sicario y el autor intelectual será
sancionado con prisión de treinta a cincuenta años.
7. El artículo 3 de dicho decreto en iniciativa también regula que comete delito de sicariato
disfrazado quien mata a una o más personas sin testigos, planteando una situación que
pudiera hacerlo parecer un accidente suicidio o cualquier otra cosa que este distante a la
realidad, al autor intelectual y al sicario se les impondrá prisión de treinta a cincuenta años.
Se impondrá la pena de muerte en lugar del máximo de prisión, en cualquiera de los
siguientes casos: cuando la víctima sea menor de doce años de edad, persona
discapacitada o mayor de sesenta años.
52
CAPITULO IV
4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO
4.1. Opinión de los Profesionales de Derecho, y Fiscales del Ministerio Público.
El trabajo de campo consistió en la realización de entrevistas a abogados en general, fiscales y
auxiliares fiscales, por lo que a continuación se presentan los resultados del trabajo de campo
realizado.
CUADRO No. 1
PREGUNTA: ¿CONSIDERA QUE EN LA ACTUALIDAD SE HA INCREMENTADO LAS MUERTES VIOLENTAS DE PERSONAS?
Respuesta Cantidad
Si 15
No 00
Total 15
Fuente: Investigación de campo, Diciembre 2010.
CUADRO No. 2
PREGUNTA: ¿CREE USTED QUE LAS MUERTES VIOLENTAS SE VEN RELACIONADAS CON LA PROLIFERACIÒN DE ARMAS
DE FUEGO?
Respuesta Cantidad
Si 15
No 00
Total 15
Fuente: Investigación de campo, Diciembre año 2010.
CUADRO No. 3
PREGUNTA: ¿CREE USTED QUE LAS MUERTES VIOLENTAS, EN MUCHOS CASOS, SE DERIVAN DE LA OPERACIÓN QUE
REALIZAN CASI BAJO LA IMPUNIDAD EL CRIMEN ORGANIZADO?
Respuesta Cantidad
Si 15
52
53
No 00
Total 15
Fuente: Investigación de campo, Diciembre año 2010.
CUADRO No. 4
PREGUNTA: ¿CONSIDERA QUE EXISTE UNA DIFERENCIA ENTRE CRIMENES COMUNES Y CRIMEN ORGANIZADO Y QUE
FACILMENTE SE PUEDEN DETECTAR CON LAS MUERTES QUE SE PRODUCEN A DIARIO EN GUATEMALA?
Respuesta Cantidad
Si 15
No 00
Total 15
Fuente: Investigación de campo, Diciembre año 2010.
CUADRO No. 5
PREGUNTA: ¿CREE USTED QUE ES FRECUENTE QUE SE PRODUZCAN MUERTES DE PERSONAS POR ENCARGO?
Respuesta Cantidad
Si 15
No 00
Total 15
Fuente: Investigación de campo, Diciembre año 2010.
CUADRO No. 6
PREGUNTA: ¿CONSIDERA QUE SE PRODUCE EN GUATEMALA EL SICARIATO ESPECIALMENTE CON EL APARECIMIENTO
DEL CRIMEN ORGANIZADO, LAS MARAS, GRUPOS ORGANIZADOS PARAMILITARES ETC?
Respuesta Cantidad
Si 15
No 00
Total 15
Fuente: Investigación de campo, Diciembre año 2010.
CUADRO No. 7
PREGUNTA: ¿CONSIDERA QUE ES COMÚN DETERMINAR QUE MUCHAS MUERTES SE PRODUCEN POR SICARIOS?
Respuesta Cantidad
Si 15
54
No 00
Total 15
Fuente: Investigación de campo, Diciembre año 2010.
CUADRO No. 8
PREGUNTA: ¿CREE USTED QUE LAS MUERTES POR ENCARGO, CONLLEVAN UNA REMUNERACIÓN, Y GENERALMENTE
ES PROVOCADA POR OPERACIONES ILEGALES QUE SE PRODUCEN DENTRO DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA?
Respuesta Cantidad
Si 15
No 00
Total 15
Fuente: Investigación de campo, Diciembre año 2010.
CUADRO No. 9
PREGUNTA: ¿SABE USTED SI EL SICARIATO SE ENCUENTRA REGULADO COMO DELITO EN OTROS PAÍSES?
Respuesta Cantidad
Si 00
No 15
Total 15
Fuente: Investigación de campo, Diciembre año 2010.
CUADRO No. 10
PREGUNTA: ¿CONSIDERA USTED QUE EL SICARIATO SE DEBE REGULAR COMO DELITO EN EL CÓDIGO PENAL
GUATEMALTECO?
Respuesta Cantidad
Si 15
No 00
Total 15
Fuente: Investigación de campo, Diciembre año 2010.
4.2. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA
En primer lugar, conviene hacer la reflexión de que de acuerdo a los resultados del trabajo de
campo, todos los entrevistados concuerdan que efectivamente existe un grave problema social
55
con relación a las muertes violentas, porque muchas de éstas se producen a través del crimen o
delincuencia organizada, y que la palabra o el significado de la palabra sicariato es muy conocida
y es empleada actualmente con relación a estas muertes.
También resulta oportuno que es positivo para la sociedad guatemalteca, que exista actualmente
una iniciativa de ley que pretenda reformar el Código Penal e incluir el delito de sicariato, con la
modalidad que se establece también el sicariato disfrazado.
De acuerdo a la iniciativa de ley también es importante establecer que en su redacción debiera
mejorarse, especialmente empleando palabras técnicas, pues como por ejemplo, el hecho de que
refiera quien matare a alguien, es poco apropiado y poco técnico.
Así también, debe existir una diferenciación de las formas en que se produce el sicariato,
especialmente cuando se refiere al que se produce derivado de la actuación de funcionarios o
empleados públicos y la que se realiza por particulares, o cuando se emplean en cualquiera de
sus formas a funcionarios públicos o empleados públicos (pueden ser los agentes de la policía
nacional civil) como autores materiales, y a quienes se les debe considerar en este sentido, como
autores intelectuales, y esto debe tener relación directa con lo que refiere el artículo 36 del Código
Penal vigente.
Así también, debe redactarse en forma técnica y adecuada, para que sea entendible y por lo tanto,
aplicable, lo que se concibe en la iniciativa como sicariato disfrazado, los supuestos o elementos
de la figura tipo deben estar claros y en este sentido, se considera que tal como se regula en la
iniciativa no lo están.
El sicariato no puede ser judicial, por lo tanto, el hecho de que se cree la figura del sicariato
extrajudicial es redundar y por lo tanto, es poco técnico, se debe establecer el sicariato como tal y
las formas agravadas en que este se produce, por ejemplo, cuando se produce por miembros de
la policía nacional civil, o bien que estos sean los autores intelectuales o materiales del mismo.
Otra forma agravada que debe regularse de manera técnica jurídicamente hablando es el hecho
de que en dicho accionar se empleen menores, adolescentes, etc., y también la forma agravada
cuando se produce por funcionarios o empleados públicos, ya sea como autores intelectuales o
como autores materiales.
Las penas son muy elevadas a juicio de quien escribe, y está claro que el fin del Derecho Penal
fundamentalmente es la rehabilitación y resocialización del delincuente, y rige las mismas penas
para los autores intelectuales como materiales, lo cual riñe con la teoría garantista del Derecho
56
Penal, y otras teorías modernas, por lo cual debiera estudiarse estos aspectos para determinar
cuáles serian las penas apropiadas.
Por último, resulta ser un poco atrevido a juicio de quien escribe, el hecho de establecer en la
reforma propuesta que se impondrá la pena de muerte en lugar del máximo de prisión, en
cualquiera de los siguientes casos: cuando la víctima sea menor de doce años de edad, persona
discapacitada o mayor de sesenta años. Lo anterior, porque a partir de la suscripción de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, por parte de Estado de Guatemala, se
determino que ya no se establecería la pena de muerte para nuevos delitos, y de acuerdo a lo que
rige en la Carta Magna, se regula la pena de muerte para determinados delitos, pero estos
estaban con anterioridad a la suscripción y aprobación de la Convención Americana sobre
derechos Humanos, lo cual impide que el Estado de Guatemala, luego de firmar los compromisos
contraídos en dicha convención, los violente con establecer la pena de muerte para este nuevo
delito.
También una depuración en la Policía Nacional Civil, para con ello poder restablecer la seguridad
jurídica e implantar el orden en la población.
El ingreso de delincuentes por las zonas fronteras incide en el nivel de conflictividad y cree que
debe tomarse el control en esas zonas y no ser muy permisivos, con lo cual se reduciría los
posibles “sicarios”.
Asimismo se suma la tenencia ilegal de armas de fuego por parte de los ciudadanos en lo cual hay
que tomar controles y permisos adecuados para evitar así el uso inadecuado de las armas de
fuego que únicamente deberían ser portados para protección personal.
Por la crueldad humana y las formas de muerte con la que se comete y por mercantilizar la vida
de las personas, el sicariato sebe ser juzgado conforme a la magnitud de la acción de su autor,
con todo el rigor de la ley.
Las estadísticas existentes demuestran que están involucrados los delincuentes que operan en las
calles, y siendo principalmente afectados las personas, por eso los ciudadanos tienen miedo ante
el incremento delincuencial, ya que lo ven y lo siente día a día, ya que el efecto de un asalto y
robo, causa en las personas, un trauma psicológico muy difícil de superar, si bien importa los
bienes robados que portan las personas, molesta y alarma la sensación de inseguridad, percibir
que las calles y la ciudad no son seguras para poder transitar.
57
Todo este se incrementa cuando los jueces por el sistema existente, y que no se encuentra
tipificado el sicariato en nuestro ordenamiento jurídico penal, no poder sancionar a los
delincuentes, y esto no solo incrementa el nivel de inseguridad, sino que la impunidad por falta de
sanción, alienta a los delincuentes a continuar cometiendo sus fechorías.
Así mismo la prevención del sicariato es anticiparse a los hechos delictivos, mediante procesos
educativos, políticas de estado y actividades policiales.
La seguridad no solo es un problema judicial, ni de la policía, es social en donde todas las
personas deben involucrarse, desde las autoridades gubernamentales, en los hogares, lugares de
trabajo o los centros educativos.
En los comercios, buscar medidas de control y prevención, con alarmas, guardias, vigilancias, de
manera que los delincuentes vean que existe una organización y medidas de control, contra la
delincuencia.
En los Centros Educativos, promover las prácticas deportivas, fuera del horario de clases, o los
fines de semana. Crear espacio para las lecturas, las artes, la música; saber identificar las
necesidades de la niñez y juventud, para apoyarles y alejarles de las drogas o el licor. Así también
promover charlas donde se den a conocer los peligros del alcohol, las drogas, la delincuencia.
La Prevención Policial, con medidas de inteligencia para que se anulen a las bandas delictivas
antes de que operen, de esa manera se evitaría el sicariato.
Así también el delito del sicariato aun no se encuentra tipificado en nuestro ordenamiento jurídico
penal, en este caso se trata de un hecho delictivo que no es reciente, pero que en los últimos años
se ha ido incrementando y perfeccionando.
En este sentido una de las principales soluciones para enfrentar este tipo de delito de sicariato es
el servicio de inteligencia para desmantelar estas posibles bandas u oficinas de sicariato, cuya
investigación se torna compleja porque no solo hay que investigar el delito del asesinato, sino
sobre todo, determinar quiénes y porque realizan esta clase de actividad ilícita.
58
CONCLUSIONES
1. El Derecho Penal es ejercitado exclusivamente por el Estado, y dentro de los principios
fundamentales que lo inspiran se encuentra el de menor lesividad, mínima intervención,
legalidad, proporcionalidad, lo que quiere decir, que este debe intervenir efectivamente
cuando se lesionen bienes jurídicos tutelados y que estos gocen de legitimidad.
2. La teoría del delito debe conformarse para poder imputársele a una persona determinada
responsabilidad de acuerdo a un hecho delictivo establecido, y dentro de los elementos que
lo conforman se encuentra la acción o inacción, la antijurídicidad, tipicidad, culpabilidad y
penalidad.
3. El delito de sicariato tiene como antecedente la criminalidad y delincuencia organizada, y se
ha establecido que en muchos países del mundo, aun no se encuentra conformado como
delito en sus leyes penales, tal y como sucede en el caso de Guatemala.
4. El Congreso de la República de Guatemala, tiene pendiente de aprobación una iniciativa de
ley que pretende reformar el Código Penal para establecer o crear la figura del delito de
sicariato, lo cual es necesario en la actualidad, derivado de la delincuencia y criminalidad
organizada, pero debiendo analizar la forma jurídica, técnica que debe redactarse dicha
reforma al Código Penal.
58
59
RECOMENDACIONES
1. El Ejecutivo tiene la obligación que en ejercicio del poder punitivo perseguir los delitos de
acuerdo a los bienes jurídicos penalmente relevantes, y esto debe obedecer a una política
criminal que se debe establecer con base a la intervención de las instituciones que se
encuentran a cargo de la misma, en la búsqueda de la justicia para la sociedad
guatemalteca.
2. De acuerdo a la teoría del Delito, le corresponde al legislativo determinar cuáles podrían ser
aquellas conductas penalmente relevantes para que estas de conformen con la realidad y se
establezcan en las leyes penales.
3. Los legisladores tienen la obligación de que a través de las comisiones respectivas realizar
estudios que conlleven la determinación de crear figuras delictivas penalmente relevantes
que se encuentran aquejando a la sociedad, como sucede con la delincuencia y criminalidad
organizada, dentro de ello, la importancia de que se cree el delito de sicariato, tal como se
puede evidenciar con la realidad actual.
4. Debe entrar en vigencia la iniciativa de ley número 4071 que se encuentra actualmente en el
Congreso pendiente de aprobación, y que pretende reformar el Código Penal lo cual es
positivo para la sociedad guatemalteca. Sin embargo, deben determinarse algunos ajustes a
dicha iniciativa de acuerdo a lo analizado en el presente trabajo de investigación de tesis.
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60
BIBLIOGRAFÍA
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LEGISLACIÓN
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2. Ley del Organismo Judicial
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4. Código Penal y sus Reformas
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