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Transformaciones democráticas y memorias de la violencia en el Perú

Transformaciones democráticasy memorias de la violencia en el Perú

Colección Documentos de Trabajo | Serie Reconciliación N.° 2

Coordinador: Félix Reátegui Carrillo

Transformaciones democráticas y memorias de la violencia en el PerúColección Documentos de Trabajo | Serie Reconciliación N.° 2

Copyright © 2006 Instituto de Democracia y Derechos Humanos - Pontificia Universidad Católica del PerúCalle Tomás Ramsey 925, MagdalenaTeléfono: 261-5859Fax: 261-3433Correo electrónico: [email protected]://www.pucp.edu.pe/idehpucp/

Derechos reservados, prohibida la reproducción de este libro por cualquiermedio total o parcialmente, sin permiso expreso de los editores.

Primera edición: octubre de 2006500 ejemplaresImpreso en Perú - Printed in Peru

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N.º

Diseño y diagramación: Gisella ScheuchImpresión:

Índice

Presentación

JAVIER CIURLIZZA CONTRERAS .............................................................................. 9

Introducción

FÉLIX REÁTEGUI CARRILLO ................................................................................. 11

Narrativas sobre el conflicto armado interno en el Perú:

la memoria en el proceso político después de la CVR

RAFAEL BARRANTES SEGURA Y JESÚS PEÑA ROMERO ................................................. 15

De la comisión de la verdad al juicio de la historia

EDUARDO GONZÁLEZ CUEVA ............................................................................... 41

Justicia retributiva y reconciliación en el Perú. Paradojas en la aplicación

de la justicia penal ante casos de violaciones de derechos humanos

FRANCISCO MACEDO BRAVO ................................................................................ 49

El Instituto de Democracia y Derechos Hu-manos de la Pontificia Universidad Católicadel Perú (IDEHPUCP) pone a disposición delpúblico interesado el segundo número de laserie Reconciliación. Este documento de tra-bajo analiza los escenarios que se han pre-sentado en nuestro país después de la pre-sentación del Informe Final de la Comisiónde la Verdad y Reconciliación (CVR), desdeun ángulo poco auscultado: la formación dela memoria histórica del país en torno a loshechos que fueron materia del Informe de laCVR, así como la conexión entre el sentidoamplio de justicia y el sentido específico quees propio del sistema jurídico penal.

Los tres años transcurridos desde la pre-sentación del Informe Final de la CVR permi-ten reconstruir la lógica y el sentido de losdiscursos y las posiciones generadas en tor-no a los hechos de violencia y, lo más impor-tante, en relación con lo que se debe hacerpara alcanzar los objetivos de justicia, repa-ración y garantías de no repetición. El debatepúblico, muchas veces perturbado por cir-cunstancias políticas efímeras, requiere deanálisis más rigurosos que permitan susten-tar las propuestas de política pública que sedeben desarrollar en múltiples campos.

Presentación

Podemos afirmar que el mensaje dejadopor la CVR ha calado en los debates ciudada-nos, aun cuando falta mucho por hacer paraque la narrativa allí expresada se conviertaen memoria colectiva y compartida. Los re-cientes ataques dirigidos a aspectos parcia-les del Informe (las cifras, las reparacionesindividuales o los casos judicializados) seempiezan a confundir con discusiones másamplias de la vida política nacional. Los me-dios de comunicación recrean ciertos discur-sos originando naturales impresiones anta-gónicas en la ciudadanía.

Desde su fundación, el IDEHPUCP habuscado promover una cultura de derechoshumanos en el país desde sus actividades dedocencia, impacto público e investigación. Elpresente documento de trabajo procura es-tablecer ciertos parámetros sólidos en tornoa temas que ciertamente requieren intensi-dad en su desarrollo, pero también tranquili-dad y equilibrio en su debate.

Expresamos nuestro especial reconoci-miento a la Conferencia Episcopal Alemana –MISEREOR por su constante apoyo a las ac-tividades de IDEHPUCP y, en particular, porel auspicio que brinda a la publicación de losDocumentos de Trabajo del Instituto.

Lima, septiembre de 2006

JAVIER CIURLIZZA CONTRERAS

Director del IDEHPUCP

Han transcurrido tres años desde que se hi-ciera de conocimiento público el Informe Fi-nal de la Comisión de la Verdad y Reconcilia-ción. Entre los diversos valores que pudohaber tenido ese documento estatal, uno par-ticularmente relevante es el de haber propues-to una versión del proceso de violencia quedesafiaba la historia oficial instituida implíci-tamente en los años previos. Esa nueva pers-pectiva del registro histórico, convertida enuna memoria social de más profundidad ymás incluyente, es importante para las ac-ciones y los cambios institucionales requeri-dos con miras a la consolidación de la paz yde la democracia. En los textos que se pre-sentan a continuación, se examina desde dis-tintos ángulos la fortuna mayor o menor queha tenido la memoria histórica de la violen-cia en el Perú y las consecuencias que ellotiene, precisamente, en las grandes decisio-nes públicas referidas a la protección y a lagarantía de los derechos humanos en el país.

Las reflexiones que aquí se proponenpueden resultar oportunas en momentos enque se ha producido un relevo en el ejerciciodel gobierno nacional con la segunda elec-ción de Alan García Pérez como presidentede la República. Las recientes elecciones ge-nerales y el cambio de gobierno representandesde cierto punto de vista discreto un mo-mento de inflexión en el proceso político pe-ruano. Lo son, en efecto, si se atiende a losaspectos más circunstanciales de la política.Sin embargo, es pertinente preguntarse con

Introducción

un ángulo de observación más abierto y abar-cador qué anuncian esos relevos para el ejer-cicio y la consolidación de la democracia engeneral y para la agenda de cuestiones pen-dientes en materia de derechos humanos yconstrucción de la paz en particular.

La respuesta a esta última cuestión de-pende, desde luego, de una multiplicidad deelementos que, por lo general, son percibi-dos como factores esencialmente políticos:Estado, partidos políticos, movimiento social,demandas de los sectores más poderosos,estado de la opinión pública expresado en losmedios de comunicación o manifestado enencuestas, y exigencias de la competenciaeconómica mundial, entre otros elementos.Usualmente, es en la correlación entre esoselementos donde se encuentran las explica-ciones más inmediatas para las decisionesque se toman. No obstante, las decisionespúblicas mismas son de profundidades muydiversas. Y aquellas que se refieren a la cons-trucción de una paz con justicia o a la conso-lidación de la democracia pueden obedecerademás a otros factores que están más alláde los que predominan en la política circuns-tancial.

La memoria de la violencia es uno de esosfactores. Y alrededor de ella se produce unaconfrontación que no aparece de manera tanevidente —o tan deliberadamente organiza-da— en los titulares de los diarios ni en suscolumnas de análisis político. Pero, no obs-tante esa tenue visibilidad, de ella —de la

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manera como se recuerde y se dé sentido alpasado— pueden depender las más grandesdecisiones que el país debe tomar, por ejem-plo, en lo relativo a políticas de inclusión, derespeto de la diversidad cultural, de promo-ción de la equidad de género o de fomentode una educación equitativa y de calidad.

El primero de los trabajos que componenesta publicación, elaborado por Rafael Barran-tes y Jesús Peña, pone en escena una recons-trucción de ese antagonismo entre una me-moria de la violencia preexistente al trabajode la Comisión de la Verdad y Reconciliación yla narrativa propuesta por dicha Comisión. Enel desenlace de esta confrontación simbólicaestá en juego, para la democracia peruana,mucho más de lo que se reconoce desde unamirada rutinaria o demasiado encandilada porla llamada actualidad. La contienda que aquíse describe es una disputa simbólica por ex-celencia: se dirime la vigencia de una u otraforma de representarnos el pasado. Es llama-tivo comprobar que, en lenguaje corriente, lapalabra «simbólico» es un subterfugio paradesignar lo irrelevante, lo carente de peso, loprivado de consecuencias. Es un grave error.La beligerancia puesta en la disputa simbóli-ca a la que se refiere este trabajo mide indi-rectamente hasta qué punto la política perua-na de hoy y de mañana se juega en granmedida en ese terreno: el de la imaginaciónpública y el de las palabras con los que nosrepresentamos el pasado.

De otro lado, la batalla por la memoriapuede adoptar figuraciones imprevisibles. Nosiempre se manifiesta en la defensa de unamemoria autoritaria, que reivindica comoejemplares los actos delictivos cometidos,frente a una memoria justiciera y recrimina-dora. Antes bien, puede presentarse, de par-te de los perpetradores, como un intento dehacer un canje tácito: dejar en suspenso lamemoria, y el consiguiente reclamo de unjuicio histórico laudatorio, a cambio de im-punidad. Esto sería lo ensayado por los cons-tantes llamados a «no mover el pasado», «darvuelta a la página» o «no sembrar el odio en-tre peruanos». El trabajo de Eduardo Gonzá-lez explora esta derivación del debate sobre

el pasado de violencia que actualmente sedesarrolla en el Perú. De esa contienda, cier-tamente, se halla excluido el PCP-SenderoLuminoso. No solamente su derrota y su con-finamiento a la cárcel lo han sacado de ella;también, y sobre todo, la monótona, unifor-me, exhaustiva atrocidad de sus crímenes loha excluido de toda posibilidad de buscar unareivindicación en el diálogo público peruano.

Como se ha mencionado antes, una me-moria justa de la violencia está llamada a serun acicate para ciertas acciones del Estadoindispensables para hacer frente al duro le-gado de la violencia. Entre esas acciones, esimportante la aplicación de la justicia respec-to de las violaciones de derechos humanoscometidas por las organizaciones subversi-vas y también por agentes estatales. Respec-to de las primeras, es interesante, y al mis-mo tiempo preocupante, comprobar que,salvo en casos muy contados, la memoriareconstruida no ha sido aprovechada lo sufi-ciente para hacer del procesamiento penalde los crímenes del PCP-Sendero Luminosoun vigoroso ejercicio de pedagogía cívica y,en última instancia, democrática. Una de lasfunciones potenciales de la memoria, preci-samente, sería la de colocar las responsabili-dades penales, sin diluirlas, sino al contrario,enfatizándolas, en un contexto más amplio: lajusticia es un asunto judicial y tiene que ha-cerse sobre la base de la legalidad más estric-ta, pero ella es también un asunto político-moral. En atención a ese contexto, las víctimasdel PCP-Sendero Luminoso tendrían que ac-ceder a una presencia más visible en el juzga-miento de los crímenes de esa organizaciónpor parte del Estado. El Poder Judicial, al im-poner justicia sancionadora a los perpetrado-res, es al mismo tiempo un emisario del Esta-do «haciendo justicia» a las víctimas. Pero esepapel —ese, por así llamarlo, doble fondo dela justicia— sólo será percibido y puesto enacción desde una comprensión del procesa-miento de dichos crímenes que no sea rutina-ria ni burocrática, sino que esté impregnadade profundidad histórica. Otro tanto cabe de-cir, desde luego, respecto del procesamientode las violaciones de derechos humanos por

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agentes estatales; más aun cuando, en estecaso, resulta muy resistente cierto sentidocomún de diversos sectores sociales segúnel cual los delitos de miembros de las fuer-zas policiales o de las fuerzas armadas de-ben ser medidos con diferente rasero. Unacultura cívica que incorpore genuinamente ladoctrina y los principios de los derechos hu-manos es incompatible con esa percepción.

El trabajo de Francisco Macedo constitu-ye una reflexión sobre algunos de los proble-mas todavía vigentes en el sistema de proce-samiento de las violaciones de derechoshumanos acumuladas en los años de violen-cia. Aunque esos problemas tengan que servistos, en primer lugar, en el plano de la or-ganización del sistema, la aplicación de lanormatividad existente o la cultura institucio-nal que prevalece entre los operadores dederecho, no es menos importante pensar,como aquí se propone, en los nexos entre las

insuficiencias de la justicia penal y ciertosvacíos de memoria todavía no subsanados enla cultura general de la nación. Este trabajotiene como antecedente una investigaciónrealizada por IDEHPUCP sobre las caracte-rísticas y dificultades del procesamiento deviolaciones de derechos humanos en el Perú.

En resumen, el tema de reflexión que sepropone en este Documento de Trabajo estádotado de la urgencia no siempre evidente quetienen los problemas históricos. A fin de cuen-tas, en efecto, la memoria de la violencia esun problema atinente a la historia contempo-ránea de nuestro país. Pero, lo sabemos, lahistoria no sólo se refiere al pasado. Se refieretambién —y a veces principalmente— al por-venir. La consolidación de una democraciaduradera en el Perú, en el futuro, depende delo que decidamos hacer hoy y mañana, peroesto a su vez es tributario de cómo recorda-mos lo que hicimos ayer.

FÉLIX REÁTEGUI CARRILLO

Coordinador de Investigaciones del IDEHPUCP

1. Introducción

En agosto del año 2003 se presentó el Infor-me Final de la Comisión de la Verdad y Re-conciliación (CVR, en adelante) sobre la basede un estudio exhaustivo del conflicto arma-do interno. Este estudio ofrecía una versiónalternativa del pasado de violencia, frente ala versión difundida durante la década de1990, que concedía al gobierno de AlbertoFujimori y a las Fuerzas Armadas la respon-sabilidad absoluta de la derrota del PCP-Sen-dero Luminoso. De esta forma, la publicacióndel Informe Final de la CVR abrió espacio parauna contienda entre posturas distinguibles enfunción de su identificación o acuerdo, porun lado, con la versión difundida durante ladécada de 1990 y, por otro, con la versión dela CVR. Esta contienda, como veremos másadelante, permanece y se expresa en una dis-puta entre argumentos a favor y en contradel Informe Final de la CVR.

El presente trabajo examina la manera enque coexisten y contienden estas distintas ver-siones del pasado en el espacio público ac-tual. La elaboración de distintas versiones so-bre un pasado de violencia, la competenciaque se entabla entre ellas y la importanciaque eso tiene para el destino de una comuni-

Narrativas sobre el conflicto armado interno en el Perú:la memoria en el proceso político después de la CVR

RAFAEL BARRANTES SEGURA Y JESÚS PEÑA ROMERO*

dad política, ha sido objeto de estudio envarias disciplinas durante las décadas recien-tes. Desde la Filosofía, la Literatura, la Cien-cia Política, la Sociología de la Cultura y laAntropología, se ha venido produciendo unanueva comprensión de cómo los hechos delpasado cobran existencia colectiva a travésde ciertas formas culturales que denomina-mos narrativas y cómo estas narrativas seconvierten en prácticas sociales al ser asimi-ladas y convertidas en memorias. Existe hoyuna conciencia mucho más aguda de que esasmemorias tienen un profundo impacto sobrelas decisiones políticas, la forma de hacer jus-ticia y, por último, las oportunidades de con-solidación de la democracia en sociedadesque han salido de una historia reciente deautoritarismo o de violencia masiva.

Las versiones que se elaboran sobre laviolencia se establecen a partir de una activi-dad interpretativa permanente de grupos so-ciales sobre los hechos del pasado. El actointerpretativo de cada grupo social disponelos hechos en función de sus proyectos y ex-pectativas frente al futuro, dando lugar a re-latos del pasado con significados y sentidosespecíficos. En la medida de que los relatosadmiten organizaciones específicas de loshechos, contienen una «coherencia narrativa»

* Rafael Barrantes es egresado de Antropología y Jesús Peña de Filosofía. Ambos son investigadores del IDEHPUCP.

RAFAEL BARRANTES SEGURA Y JESÚS PEÑA ROMERO

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que resulta de la «coordinación entre aconte-cimientos múltiples, entre causas, intencio-nes, y también entre causalidades».1 Las cau-salidades e intenciones con que se ordenanlos hechos hacen evidente la gravitación po-lítica de tales relatos al motivar prácticas po-líticas presentes y explicar marcos cultura-les comprensivos respecto de tales prácticas.

En ese sentido, afirmamos que existenrelaciones cercanas entre las versiones quese elaboran sobre la violencia y la toma dedecisiones públicas sobre asuntos críticoscomo: reparaciones, aplicación de la justiciapenal, reformas institucionales y otras cues-tiones vinculadas directamente con la cons-trucción de la paz o referidas a cuestionesmás generales sobre democratización y de-sarrollo. En efecto, esas versiones existen, enprimer lugar, en una dimensión narrativa;pero trascienden esa dimensión en el momen-to en que comienzan a moldear el lenguajede la colectividad política y también de lossujetos particulares que viven en ella. En esemomento, las narrativas se convierten enmemoria, esto es, propiamente, en narrati-vas socialmente compartidas y con impactosobre las prácticas sociales.

Reconocemos entonces que, cuando lasnarrativas logran conquistar cierta legitimi-dad simbólica y eficacia social, se constitu-yen en memoria. Así, las narrativas, comorelatos distinguibles entre sí, organizan loshechos del pasado otorgándoles sentido, yse posicionan como memorias cuando soncapaces de articular nuestras experienciaspresentes en marcos de sentido con capaci-dad persuasiva y eficacia social. La memoriaes entendida aquí en el sentido de memoriaemblemática, es decir, una especie de marcoo de forma de organizar las memorias con-cretas y sus sentidos.2

Las memorias presuponen la imposiciónde lenguajes que moldean relaciones políti-cas y delimitan decisiones públicas. Cuandose habla de propuestas, demandas, reclamos,agendas políticas, acuerdos, concertaciones,pactos y otros componentes del proceso po-lítico se está hablando, precisamente, de re-laciones políticas moldeadas por el lenguaje.Desde ese punto de vista, una cierta memoriade la violencia hace posible o impone —segúnse desee considerar— un lenguaje, y éste, asu vez, delimita las decisiones públicas, de-jando fuera decisiones que no guardan cohe-rencia con su marco de sentido. En conse-cuencia, la «memoria entra en el ámbito dellenguaje»3 cuando ha impuesto ciertas for-mas de entender una práctica social que ad-quieren reconocimiento y aceptación en elámbito público. En efecto, un análisis cultu-ral de las prácticas políticas da cuenta de loslenguajes que se disponen para encuadrar ydar cierta apertura a decisiones y accionesen la conformación de la agenda pública.

En el Perú, como veremos más adelante,la memoria de la violencia que se elabora enla experiencia de la CVR es portadora de unamáxima apertura del lenguaje hacia las de-mandas relacionadas con los derechos huma-nos, la inclusión y el ejercicio de la justicia. Encambio, la memoria previa, que concede aAlberto Fujimori la responsabilidad absolutade la derrota del PCP-Sendero Luminoso y quepermanece muy sólida en influyentes secto-res de la sociedad, supone un lenguaje máscerrado a estos temas, aunque más abierto aotros valores sociales tales como el orden.

La memoria, por su naturaleza discursi-va, se presenta como algo construido en unarelación social antagónica. Las versiones másinfluyentes del pasado de violencia en el Perúson el resultado de procesos políticos. No son

1 RICOEUR, Paul. La memoria, la historia, el olvido. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2004, p. 317.2 STERN, Steve. «De la memoria suelta a la memoria emblemática: hacia el recordar y el olvidar como procesohistórico (Chile, 1973-1998)». En GARCÉS, Mario y otros (comp.). Memoria para un nuevo siglo. Chile, miradas a lasegunda mitad del siglo XX. Santiago de Chile: Lom ediciones, Eco educación y comunicaciones y Universidad deSantiago de Chile, 2000, pp. 11-33.3 RICOEUR, Paul. Ob. cit., pp. 167-168.

Narrativas sobre el conflicto armado interno en el Perú: la memoria en el proceso político después de la CVR

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dimanaciones naturales de los hechos «talcomo ocurrieron», sino el fruto de procesosmás o menos deliberados de selección y or-denamiento de hechos. La premisa es que elsentido del pasado constituye una interpre-tación o «trabajo de la memoria». A decir deElizabeth Jelin el pasado está

[…] sujeto a reinterpretaciones ancladas enla intencionalidad y en las expectativas ha-cia [el] futuro. Ese sentido del pasado es unsentido activo, dado por agentes sociales quese ubican en escenarios de confrontación ylucha frente a otras interpretaciones, otrossentidos.4

En el marco del sentido activo del pasadocomo «trabajo de memoria», las posicionessociales en disputa narran y construyen senti-dos del pasado enfocando de forma distintalos hechos ocurridos. En principio, las narra-tivas y las memorias versan sobre múltiplesaspectos de una experiencia social. El casoespecífico de la comprensión de un procesode violencia —llámese guerra interna o con-flicto armado interno— está compuesto demúltiples dimensiones: orígenes, responsabi-lidades, hechos, actores, ideas de cómo fina-lizó, efectos sobre el cuerpo social y muchasmás. Las partes en conflicto seleccionan cier-tas dimensiones, en todo caso hacen girar susnarrativas y memorias sobre ciertos ejes quepueden tener mayor importancia estratégica.Se produce así una disputa simbólica en laque las partes ponen de relieve algunos as-pectos mientras que otros son descuidados ode hecho suprimidos. Se trata de una disputaque da forma al sentido del pasado según losintereses y recursos con que se cuenta. Estacontienda no es un dato registrado muy os-tensiblemente en la discusión política perua-na. Sin embargo, se da de manera más o me-nos subterránea y tiene una importancia muyconcreta para grandes metas como consoli-dación democrática, inclusión y desarrollo.

Ya hemos adelantado que luego de la pu-blicación del Informe Final de la CVR se abrióun debate intenso sobre la base de argumen-tos que buscaban defender las memorias enpugna. La versión elaborada por la CVR se pre-sentó en abierto antagonismo con la versiónque se había construido durante el régimendictatorial de Alberto Fujimori. La primera sos-tiene una memoria para la reconciliación quese abre a valores democráticos y a la realiza-ción de un orden constitucional justo y sinexclusiones; la segunda plantea una memo-ria de salvación en la que el régimen dictato-rial de Alberto Fujimori aparece como únicoresponsable de la derrota del PCP-SenderoLuminoso y plantea la posibilidad de empe-ñar algunos valores democráticos a cambiode paz y orden.

Escapa a los intereses de este trabajoanalizar a los promotores o defensores de unau otra memoria y a sus intereses específicos;pero sí cabe señalar quienes son los agentesdetrás de cada una de ellas. Elizabeth Jelinhabla de emprendedores5 de la memoria parareferirse a aquellos agentes que promueven,empujan y dirigen sus energías en pro de lahegemonía de sus memorias. En el caso pe-ruano, organizaciones civiles vinculadas a lasfuerzas armadas y policiales, algunos miem-bros de las fuerzas del orden —en retiro y enactividad—, sectores conservadores de la de-recha política y de la iglesia, elites económi-cas (entre las que destacan algunos gremiosempresariales) y simpatizantes del régimendictatorial de Alberto Fujimori son emprende-dores de la memoria salvadora; por otro lado,organizaciones de derechos humanos, algu-nos gremios profesionales, sectores progre-sistas del espectro político y la iglesia, diver-sos intelectuales y las organizaciones devíctimas son emprendedores de la memoriapara la reconciliación. Por otra parte, los me-dios de comunicación también son agentes oemprendedores afines a una u otra memoria;en ese cometido no sólo orientan sus líneas

4 JELIN, Elizabeth. Los trabajos de la memoria. Madrid: Siglo XXI, 2002, p. 39.5 Ibídem, pp. 48 y 49.


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editoriales, sino que también dan forma a lasnoticias.

El antagonismo entre ambas memoriasy sus respectivos emprendedores ha cobra-do especial importancia en un contexto detransición a la democracia en el que se haabierto la posibilidad de reorganizar el equi-librio de fuerzas políticas y procesos judicia-les contra militares y policías implicados enviolaciones a los derechos humanos. En esteámbito, se presentan intereses políticos rela-cionados con argumentos que justifican ydefienden esquemas comprensivos acerca delperiodo de violencia. Los argumentos buscansostener una proposición para convencer aalguien de aquello que se afirma o se niega,en ese sentido tienen un carácter reactivodado que responden a la afirmación o nega-ción de algo. Con más precisión podemosdecir que un argumento consiste en un «ra-zonamiento que se emplea para probar odemostrar una proposición». Desde nuestroenfoque, hay dos tipos de argumentos queintentan sostener, probar o demostrar lasnarrativas y memorias acerca de la historiade violencia: los argumentos que ven en elInforme Final de la CVR una conspiracióncontra la historia, y que intentan defenderla memoria de salvación, y los argumentosque ven en el Informe Final de la CVR unarevelación de la historia, y que intentan de-fender la memoria para la reconciliación, pro-pia de la CVR.

A continuación, presentamos la natura-leza de las memorias salvadora y de reconci-liación para, posteriormente, hacer un análi-sis de los argumentos que defienden dichasmemorias y las prácticas sociales que ellasimplican. Las memorias y argumentos queaquí se consignan se han reconstruido sobrela base de declaraciones de distintos medios

de comunicación, organizaciones políticas,organizaciones sociales y distintas instanciasestatales, vertidas entre septiembre de 2003y mayo de 2006. A pesar de que no se ve entodos los casos coherencia interna, pues ad-quieren diversas formas y diversos énfasis, locentral en ellos es la capacidad que tienen deinfluir en la opinión pública a modo de corrien-tes de opinión. El objetivo de toda declaraciónpública es ser eficiente socialmente.

Para el presente análisis no nos interesasaber si las declaraciones presentadas son ono son fidedignas. Es sabido que los mediosde prensa suelen distorsionar las declaracio-nes para hacer de ellas una noticia. Lo quenos interesa es que, ciertas o no, estas de-claraciones fueron difundidas masivamentey se constituyeron en oferta de opinión. Vere-mos así cómo esta oferta se enmarca en lasmemorias arriba mencionadas y las defien-den con argumentos. Ello no quiere decir queéstas sean la totalidad de las declaracionesproducidas, ni tampoco que existan en el Perúsólo dos memorias públicamente activas.Pero nos concentraremos en ellas debido aque, de alguna manera, son las más impor-tantes y las más ampliamente difundidas.6

En los tres años transcurridos desde lapresentación del Informe Final de la CVR sepercibe una auténtica batalla por la memoria.7

De un lado, se han elaborado argumentos quese identifican con la memoria de salvación, yque buscan defenderla y preservarla. De otrolado, están los argumentos que se identifi-can con una memoria para la reconciliación quebusca justicia sobre los crímenes, reconoci-miento de las víctimas y garantías de no re-petición sobre la base de la aceptación de loserrores pasados. Esta memoria tiene como ejela narrativa de la CVR, pero hay que conside-rar que es una memoria en elaboración desde

6 Todas las declaraciones que hemos trabajado han sido recogidas del boletín ¿Y después de la CVR qué?, publicadosemanalmente en Internet (dirección URL: <http://www.aprodeh.org.pe/>) desde la aparición del Informe Final dela CVR. Sin embargo, consignaremos únicamente las referencias directas a los medios de prensa de las que fueronrecogidas. También debemos precisar que cada vez que consignamos la palabra «editorial» luego del nombre delperiódico implica que la información ha sido extraída de la columna Editorial o, en su defecto, de alguna noticia querefleja la línea editorial de la publicación periódica. Este trabajo no habría sido posible sin la colaboración de RaúlRosasco, encargado de dicho boletín, editado en APRODEH.7 Véase JELIN, Elizabeth. Ob. cit., 2002.


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antes de la publicación del Informe Final yque alberga versiones que no coinciden es-trictamente con él. Se trata, en ambos ca-sos, de campos organizados alrededor deciertas verdades emblemáticas, pero interna-mente diversos.

2. Memoria de salvación y memoriapara la reconciliación

Entre las versiones históricas de la violencia ylos crímenes cometidos, logró especial influen-cia, durante la década de 1990, aquélla ver-sión según la cual el gobierno de Alberto Fuji-mori, respaldado por las fuerzas armadas, fueel único responsable en la derrota estratégicadel PCP-Sendero Luminoso. En razón de esemérito, presuntamente exclusivo, el entoncesgobernante cobraba la condición de mejor oúnico garante posible del orden y de la seguri-dad frente a las recurrentes amenazas de lasubversión y el desgobierno, entre las cualesse incluían las diversas formas de protestasocial. Esta versión del pasado puso en pri-mer lugar el papel de las fuerzas armadas enla pacificación del país —en cuanto relato ex-plícito de los hechos—, y validó el autorita-rismo —en cuanto mensaje implícito—, y tuvocomo resultado la consolidación de una suer-te de historia oficial que legitimó el autorita-rismo en la conducción del Estado y, comose verá a lo largo de este documento, cerró,política y simbólicamente, las posibilidadesde edificar una paz con justicia en el Perúdespués del fin del conflicto armado interno.En otros países del cono sur latinoamericanotuvo correlatos semejantes que forman partede un relato matriz que explica los procesosdictatoriales y justifica las violaciones de losderechos humanos basándose en narrativasque otorgan a los militares un papel salvador

frente al caos y amenaza creados por quie-nes intentan subvertir a la nación. A esta for-ma de recordar el pasado se ha llamado «me-moria de salvación».8

No es posible fijar un momento específi-co en el cual la memoria de salvación aparecepúblicamente en el Perú. Si bien el mensajea la nación de Alberto Fujimori de abril de1992 hizo el diagnóstico y el plan que la sus-tentaron, ésta adquirió su forma narrativaespecífica y discernible en la madrugada del14 de junio de 1995 cuando en el Congresode la República tuvo lugar una calurosa dis-cusión sobre si se debía o no amnistiar a losmilitares implicados en violaciones a los de-rechos humanos. Poco antes se había hechopública la existencia del denominado GrupoColina y las ejecuciones extrajudiciales queestaba llevando a cabo, por lo que el gobiernotuvo que aceptar que se abrieran procesospenales a sus miembros, los cuales finalmen-te recibieron condenas de reclusión penal.

La ley de amnistía que se discutió en elCongreso fue la salida que el régimen encon-tró para lograr la impunidad de todos losmilitares implicados en violaciones a los de-rechos humanos, incluidos los del grupo Co-lina. Tanto la bancada oficialista como la delas minorías de oposición debatieron y ensa-yaron argumentaciones sobre el caso. Fue eneste escenario donde el oficialismo dio for-ma a una comprensión del fin de la violenciaa través de la cual emergió la memoria de sal-vación. En este debate, la mayoría impuso laidea de que los militares, aplicando métodosinevitables que eran, en teoría, los propiosde toda guerra, habían salvado al país de sudestrucción. Esa efectividad en la «defensade la democracia» no había podido ser con-seguida antes, según esta argumentación,porque los políticos, las leyes y las organiza-ciones de derechos humanos y cierta prensa

8 Véase STERN, Steve. Art. cit. Véase también MARCHESI, Aldo. «Vencedores vencidos: las respuestas militares frente alos informes «Nunca Más» en el cono sur». En HERSHBERG, Eric y Felipe ARGÜERO (comps.). Memorias militares sobre larepresión en el Cono Sur: visiones en disputa en dictadura y democracia, Madrid: Siglo XXI, 2005. Para el caso peruano,Carlos Iván Degregori ha utilizado el concepto de «memoria salvadora» en múltiples ocasiones. Véase DEGREGORI,Carlos Iván (ed.). «Jamás tan cerca arremetió lo lejos. Memoria y violencia política en el Perú ». Introducción. Lima:IEP y Social Science Reserch Council, 2003.


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de oposición tenían a las fuerzas armadasatadas de manos en su lucha contra el PCP-Sendero Luminoso. El gobierno de AlbertoFujimori habría sido el único en tomar con-ciencia del desafío histórico que se enfrenta-ba, ofreciendo a los militares el espacio paraactuar a discreción y los recursos necesariospara cumplir su misión. En consecuencia —sigue la tesis— el país y sus representantespolíticos sólo deben gratitud permanente alos miembros de la institución militar, mien-tras que, por el contrario, la intención de pe-dirles cuentas por las violaciones de derechoshumanos cometidas no es solamente una pa-tente ingratitud sino que, incluso, puede seruna forma involuntaria o deliberada de «ha-cerle el juego» a la subversión. Con esta tesisse abrió la posibilidad de convalidar los atro-pellos a la institucionalidad democrática y losderechos humanos que estaba llevando acabo el régimen de entonces y de legitimarel uso irrestricto de la violencia estatal comoun mal menor en comparación con el núme-ro de víctimas de las acciones subversivas.9

La memoria de salvación puede entender-se a partir de lo que Ricoeur llamó memoriamanipulada, entendiendo por tal aquélla quees motivo de una acción concertada por quie-nes tienen el poder y que está al servicio dela reivindicación de una identidad amenaza-da. Según este autor, detrás de la memoriamanipulada se encuentra una ideología quecumple la función de cuidar la identidad yjustificar un sistema de orden o de poder,gracias a que produce un relato que ofrecerecursos de manipulación de memoria en unplano en que ésta queda equipada por unahistoria oficial, autorizada, celebrada yaprendida.10

Tras el colapso del gobierno de AlbertoFujimori, el gobierno de transición a la de-mocracia creó la Comisión de la Verdad y

Reconciliación (CVR) para analizar tanto loshechos ocurridos durante el conflicto arma-do interno, como sus causas, consecuenciasy las posibilidades que la situación ofrecíapara la reconstrucción de la democracia so-bre la base de una serie de recomendacionesque abarcaron desde reformas instituciona-les hasta reparaciones a las víctimas, pasan-do por la condena penal a los responsablesde las violaciones a los derechos humanos.Como resultado de su trabajo, la CVR produ-jo un Informe Final de nueve tomos, en el que,entre otras cosas, se ofrecía una versión dis-tinta de la que el régimen anterior había ele-vado al rango de oficial. Habría que añadirque esa versión no era, de otro lado, sola-mente una refutación de la historia oficialconsagrada por el gobierno de Fujimori. Enprimer lugar, se trata de una versión máscomprensiva de las distintas aristas de la vio-lencia y de las voces no oídas o no atendidashasta entonces. En segundo lugar, ella cons-tituye una interpelación bastante severa a lostres gobiernos bajo los cuales se desarrollóel conflicto y se violaron impunemente dere-chos humanos.

La narrativa que elaboró la CVR haceénfasis en distintos aspectos como: el núme-ro de víctimas fatales; la responsabilidad prin-cipal —pero no única—del PCP-Sendero Lu-minoso en el conflicto; las violaciones de losderechos humanos cometidas tanto por lasorganizaciones subversivas como por las fuer-zas de seguridad del Estado; la responsabili-dad de los gobiernos civiles; y la dimensiónque dio al conflicto la exclusión, la discrimi-nación y el racismo. Todos estos aspectos sus-tentan la necesidad de reparar a las víctimas,castigar a los responsables de las violacionesde los derechos humanos, de reformar las ins-tituciones y de intervenir en los factores «es-tructurales» de la violencia; y define lo que

9 Para un análisis más exhaustivo del debate que tuvo lugar en el Congreso, véase SANDOVAL, Pablo. «El olvido estálleno de memoria. Juventud universitaria y violencia política en el Perú: la matanza de estudiantes de la Cantuta».Tesis de Licenciatura. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2002. En <http://catalogo-01.unmsm.edu.pe>.10 RICOEUR, Paul. Ob. cit., pp. 109-116.


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este organismo entendió por reconciliación.Definiéndola de esta manera, se puede decirque la CVR desarrolla una lectura del pasadoque pone el acento en aquellos aspectos quedeben ser resueltos para alcanzar un futurocon justicia, por lo que en adelante llamare-mos a esta versión de los hechos «memoriapara la reconciliación».

La memoria para la reconciliación puedeser entendida a partir de lo que Todorov lla-mó una «memoria ejemplar». La CVR acudeal pasado para recoger de él el recuerdo delos hechos que pueden ser útiles para actuarcon justicia en el presente. En efecto, lasmemorias ejemplares extraen de los recuer-dos traumatizantes su valor ejemplar: se re-miten al pasado pero para dirigirse al futuro.De lo que estamos hablando entonces es deuna acción que obedece al imperativo u obli-gación de justicia.11

Pero, además, la CVR, basándose en lostestimonios de casi 17 mil personas afecta-das directa o indirectamente por los actoresarmados durante la violencia, produjo unanarrativa alternativa sobre la victoria contrael PCP-Sendero Luminoso y la pacificación.Así, por un lado, reconoce y agradece el éxitoque tuvieron las fuerzas del orden en la lu-cha contrasubversiva y, por otro, considerafactores explicativos de la derrota del PCP-Sendero Luminoso que van más allá de lopuramente militar: como el deterioro de larelación que tenía el PCP-Sendero Luminosocon la población debido a su carácter dog-mático, totalitario y terrorista; la resistenciade las organizaciones sociales y populares; yel desgaste al interior del mismo grupo sub-versivo. Respecto de los costos del conflicto,la memoria para la reconciliación discute laidea de que había que pagar un alto costo envidas humanas para ganar la guerra, aducien-do que las violaciones de los derechos hu-manos no fueron excesos sino que se produ-jeron de manera sistemática y generalizadaen algunos lugares y momentos. Además,

caracterizando de equivocadas las estrategiasde lucha contrasubversiva que dieron lugar adichas violaciones, en tanto que reflejabandesconocimiento de la naturaleza del PCP-Sendero Luminoso, no consideraban la im-portancia de los derechos fundamentales dela población, y obviaban vías no militares delucha contrasubversiva (salvo en las iniciati-vas fallidas del General Huamán Centeno ydel partido aprista en la primera fase de sugobierno).

Las dos memorias mencionadas rivalizanentre sí y otorgan marcos de organización ysentido a las memorias sueltas o personales,y, a su vez, organizan el campo en el que ellasmismas compiten. La presentación del Infor-me Final de la CVR en agosto del 2003 fuerecibida de distintas maneras por la opiniónpública, suscitado diversas respuestas y mo-tivando disímiles acciones entre quienes de-fienden los derechos humanos y se oponen ala versión oficial de la violencia, y entre quie-nes se sienten identificados y prestos a de-fender la tesis de salvación. De esta manera,y teniendo como eje la historia reconstruidapor la CVR, se ha ido constituyendo un cam-po polémico entre las distintas posturas res-pecto de los hechos del pasado, las respon-sabilidades existentes, la valoración políticay moral de las conductas institucionales oindividuales, y las obligaciones que se deri-van de esa historia. Se escenifica en este cam-po, así, lo que se viene llamando una «bata-lla por la memoria».

3. Memorias en conflicto en elescenario post CVR

Como se ha dicho antes, las memorias cons-tituyen marcos comprensivos del pasado quegozan de cierta legitimidad y tienen impactosobre las prácticas sociales y la configura-ción de la agenda de política pública. Cuan-do estos marcos plantean versiones distintas

11 Ibídem, p. 119.


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o contrapuestas del pasado se producen «ba-tallas por la memoria». Las distintas fuerzaspolíticas se enfrentan con la finalidad de cui-dar la legitimidad e impacto social de éstas.Se trata de un ejercicio de poder en el cual sehacen uso de argumentos que defienden laspropias versiones del pasado y/o atacan lasversiones de una narrativa diferente relacio-nadas con intereses específicos. Hemos dis-tinguido dos tipos de argumentos: aquéllosque defienden la memoria de salvación y ata-can la memoria para la reconciliación, viendoen el Informe Final de la CVR una conspira-ción contra la historia, y aquellos que defien-den la memoria para la reconciliación y atacanla memoria de salvación, viendo en dicho in-forme una revelación de la historia.

No se debe dejar de tener en cuenta queeste ejercicio de poder, a través del uso deargumentos, se realiza dentro de una organi-zación social específica ordenada en funciónde un sistema simbólico que la articula. Losargumentos usados responden a sistemassimbólicos que explican el modo en que seorganiza y da sentido a la vida en sociedad.Por un lado, los argumentos que defienden lamemoria de salvación responden a una visióndel pasado que se relaciona con el interés depreservar el orden y la seguridad aunque seponga en riesgo los valores democráticos; asu vez, sintoniza con propuestas de impuni-dad y la preservación de posiciones de privile-gio evitando la realización de cambios socia-les estructurales. Por otro lado, los argumentosque defienden la versión presentada por la CVRresponden a una visión del pasado relaciona-da con el interés de lograr una reconciliacióncoherente con los derechos humanos, la afir-mación de la democracia y la apuesta por unproyecto de nación inclusivo y de cambiossociales.

A continuación, realizamos una sistema-tización de declaraciones vertidas en mediosde comunicación clasificados en función desu posición a favor o en contra de las memo-rias emblemáticas existentes: la memoria desalvación y la memoria para la reconciliación.Tales declaraciones, como veremos, se pro-ducen en la forma de argumentos destinados

a defenderlas o atacarlas. Así, las memoriastoman la forma de bastiones que se buscanproteger con la intención de salvaguardarhábitos y prácticas sociales difundidas.

3.1. Argumentos sobre conspiración: queven en la CVR una conspiración contrala historia

Entre las posiciones que intentan blindar lamemoria de salvación, hemos observado que,poco a poco, fue restándose protagonismo alpapel asignado a Alberto Fujimori en la lu-cha contra el PCP-Sendero Luminoso, paradárselo a las fuerzas armadas, que comen-zaban a aparecer como únicas responsablesde la victoria del estado peruano contra elterrorismo. A pesar de que agentes de lasfuerzas armadas se encontraban involucra-dos en juicios penales por violaciones a losderechos humanos, las fuerzas armadas nose vieron tan afectadas como el gobiernoautoritario de Alberto Fujimori, debido a quecontaban y cuentan —como se podrá refren-dar con las fuentes de las declaraciones enlas que nos basamos— con el apoyo de algu-nas organizaciones de la sociedad civil: losgremios empresariales, organizaciones liga-das al cuerpo militar, algunos políticos, fun-cionarios estatales y líderes de opinión. Así,finalmente, pudo lograrse una suerte de ree-dición de la memoria de salvación en la quelas fuerzas armadas eran las principales pro-tagonistas.

La preservación de la memoria que sedenomina «de salvación» ha cobrado variasexpresiones. Éstas se han dado en la formade argumentos de defensa frente a la versiónde la CVR. Uno de estos argumentos, tal vezel más visible hoy en día, es el que arma sudefensa poniendo en entredicho al emisor dela versión del Informe Final de la CVR, es de-cir, la propia CVR. Esto se realiza al caracte-rizar a la CVR como parte de una conspira-ción. Se trata del equivalente del argumentoad hominem con un refuerzo importante: laadvertencia constante de la amenaza del sen-derismo y el peligro de que se debiliten las


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instituciones tutelares. De esta forma, se evi-ta hacer un cotejo de las narrativas en suspropios méritos sobre la base de la evidenciaempírica existente, los testimonios fidedig-nos disponibles o la coherencia interna de lasversiones.

No hay que olvidar que la imaginación queve conspiraciones expresa una de las formasreconocibles en que las personas dan cuentade la organización del poder en sus socieda-des.12 Esto se da en las grandes sociedadesmultitudinarias de hoy en día, en las cualeslos individuos están sujetos a una experienciaparadójica que consiste en que, por un lado,son conscientes de que sus vidas están gober-nadas por grandes sistemas e instituciones,no todas ellas de carácter estatal; y, por otrolado, no tienen la oportunidad de comprobarde primera mano cómo funcionan esas insti-tuciones y cómo gobiernan.

La memoria de salvación se vale de argu-mentos que muestran al Informe de la CVRcomo un instrumento de conspiración con-tra la historia; de esta forma, la memoria desalvación intenta defenderse de la amenazaque para ella constituye la irrupción de estaversión alternativa del pasado. Se intentaprobar que la CVR conspira contra los hechos«reales» del pasado. En este contexto, la me-moria de salvación adquiere un carácter reac-tivo puesto que constituye una respuesta a laversión ofrecida por la CVR (por lo que aludeconstantemente a ésta, a su Informe Final y

a sus integrantes). Esta respuesta se caracte-riza por cuestionar la legitimidad del InformeFinal por medio de argumentos que buscandesacreditar la CVR presentándola tan sólocomo un artilugio planificado contra las fuer-zas armadas. El argumento ad hominem ad-quiere un tono maniqueo cuando —en sus ver-siones más extremas— la CVR es vista comouna continuación de la política subversiva.

Los argumentos sobre conspiración cons-tituyen un blindaje destinado a respaldar lamemoria de salvación. Estos argumentos pro-yectan sobre algunas de las instituciones deemergencia, creadas durante el proceso detransición, la intención conspirativa del PCP-Sendero Luminoso frente al Estado. Así, laCVR representa una trampa ideada contra lasfuerzas del orden, con una visión parcializa-da en clave antimilitar y con un «tufo políticoantiuniforme», en sentido estricto, no se tra-taría más que de un «engendro antimilitar».13

En las distintas versiones de los argumen-tos sobre conspiración, se distinguen hastacuatro actores responsables de las intencio-nes de la CVR: el espectro político de izquier-da,14 la red de ONG,15 el PCP-Sendero Lumi-noso16 y el gobierno chileno.17 Así, en algunasdeclaraciones se dice que el sesgo de la CVRse debe a que algunos de sus comisionadosmilitaban en la izquierda marxista (inclusose menciona a la teología de la liberación)18 yhabrían utilizado a la CVR como un caballo deTroya para conseguir protagonismo político y

12 SANTORO DOMINGO, Pablo. «La deriva de la sospecha: conspiraciones, ovnis y riesgos». Nómadas 9: revista crítica deciencias sociales y jurídicas, Madrid: Universidad Complutense, enero-junio, 2004. Dirección URL: <http://www.ucm.es/info/nomadas/9/psantoro.ntm>.13 Comunicado de TRADICIÓN Y ACCIÓN. «Por un Perú mayor». Correo, 10 de octubre de 2003. Expreso, 17 de enero de2006. Véase también VEGA LLONA, Ricardo. Expreso, Editorial, 25 de noviembre de 2003; vicealmirante FranciscoMARIÁTEGUI. Expreso, 16 de septiembre de 2003.14 TRADICIÓN Y ACCIÓN. «Por un Perú mayor». Correo, 10 de octubre de 2003. ASOCIACIÓN DE DEFENSORES DE LA DEMOCRACIA

CONTRA EL TERRORISMO (ADDCOT). La Razón, julio de 2004. FUJIMORI, Alberto. La Razón, marzo de 2005. Expreso, Edito-rial, septiembre de 2003. DIEZ CANSECO, Francisco, presidente del Consejo por la Paz. La Primera, septiembre de2005. Expreso, Editorial, 24 de octubre de 2003. La Primera, Editorial, 6 de septiembre de 2005. GONZÁLEZ, Raúl.Expreso, mayo de 2006. FAVRE, Julio, ex presidente de la Confederación Nacional de Instituciones EmpresarialesPrivadas (CONFIEP). El Comercio, 30 de agosto de 2004.15 La Razón, Editorial, 5 de diciembre de 2003.16 Expreso, Editorial, 17 de enero de 2006. GONZÁLEZ CHÁVEZ, Raúl. Peruinforma.com, abril de 2004. ASOCIACIÓN DE

DEFENSORES DE LA DEMOCRACIA CONTRA EL TERRORISMO (ADDCOT). La Razón, julio de 2004. REY, Rafael. La Razón, septiembrede 2003. La Razón, septiembre de 2003. La Razón, octubre de 2003. Liberación, 28 de octubre de 2003.17 La Razón, Editorial, 6 y 7 de marzo de 2004.18 ASOCIACIÓN DE DEFENSORES DE LA DEMOCRACIA CONTRA EL TERRORISMO (ADDCOT). La Razón, 23 de julio de 2004.


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participar en la fundación de un partido. A lavez, se asume que la izquierda ha odiadodesde siempre a las fuerzas armadas, quehabría acatado o sido funcional a la estrate-gia de los terroristas, es decir, que habríabuscado una solución política a los proble-mas derivados de la guerra para conseguiruna amnistía o indulto para todos los presosdel PCP-Sendero Luminoso. La influencia deeste grupo terrorista en la CVR estaría demos-trada, además, en dos hechos: la evidenciaexistente de que sus principales dirigentesencarcelados participaron en la coordinaciónde su conformación;19 y en el previo conoci-miento de algunos comisionados de la ideolo-gía de Abimael Guzmán cuando firmaron en1970 un comunicado pidiendo su libertad.20

En sus versiones más extremas, el argumentosobre conspiración dice que los que fueronmiembros de la CVR habrían estado actuandocomo representantes del brazo legal del PCP-Sendero Luminoso.21 Y llegan a sostener que,además de la influencia ideológica y políticaproveniente de la izquierda y de los mismosgrupos subversivos, en la elaboración del in-forme de la CVR habrían colaborado aboga-dos chilenos en la realización de investiga-ciones para tener acceso a informaciónreservada.22

La intención del complot antimilitar ha-bría sido minar la moral de las fuerzas arma-

das y de la policía nacional para afectar sucapacidad operativa, sus valores fundamen-tales, su dignidad y su honor.23 Además, sebuscaría dar oportunidad de reconciliación alos subversivos con la sociedad y no a lasautoridades ni a las instituciones armadas ypoliciales,24 lograr que el Congreso pida per-dón al país por los crímenes de la guerra queel PCP-Sendero Luminoso inició contra la ciu-dadanía,25 y que la izquierda se encumbresobre las cenizas de la guerra como las co-lumnas éticas sobre las cuales debe construir-se el país.26 Así, luego de su derrota militar,el terrorismo estaría reactivando su luchacontra el Estado y la sociedad peruana en elcampo político, psicosocial y legal para des-truir las instituciones armadas y dejar al Es-tado sin quién lo defienda con eficacia y sol-vencia profesional.27 Además, este complotestaría tratando de reeducar a la opiniónpública en su ideología, pues las propuestasde la CVR coincidirían con las del PCP-Sen-dero Luminoso en su intento por modificar elpacto social que dio nacimiento al Estado yfundar una nueva república y un nuevo ordensocial. La CVR estaría coincidiendo con el PCP-Sendero Luminoso cuando afirma que el pac-to social peruano es bastante frágil y cuandodice que ello se expresa en el hecho de quelas políticas contrasubversivas se llevaron acabo mediante una represión generalizada y

19 Se refieren al audio encontrado de la conversación entre Javier Ciurlizza y los dirigentes del PCP-Sendero Lumi-noso, cuando el primero era asesor del Ministerio de Justicia.20 En el contexto de la lucha por la gratuidad de la enseñanza en Huanta, Ayacucho en 1969.21 JOHN CARO, Héctor, ex jefe de la DINCOTE. La Razón, 24 de octubre de 2005.22 Coherentes con este argumento y como un rezago de la versión original de la memoria de salvación, AlbertoFujimori y sus partidarios dicen que la CVR fue un instrumento más de la política de desprestigio que se hace en sucontra, lo cual se demostraría en el hecho de que encuentra sólo responsabilidad política en los ex presidentesBelaunde y García (FUJIMORI, Alberto, ex presidente del Perú. La Razón, 21 de octubre de 2003).23 Según la declaración, «Además de su ataque gratuito, liviano y groseramente injurioso contra los prelados de laiglesia católica» (ASOCIACIÓN DE DEFENSORES DE LA DEMOCRACIA CONTRA EL TERRORISMO (ADDCOT). La Razón, julio de 2004).24 GONZÁLEZ, Raúl. Expreso, mayo de 2006.25 La Razón, Editorial, diciembre de 2003.26 TAFUR, Juan Carlos. Correo, diciembre de 2004.27 Asociaciones de ex militares y familiares de víctimas de las fuerzas armadas y de la Policía Nacional, integradasen la Coordinadora Nacional de Asociaciones de las fuerzas armadas y la Policía Nacional, pronunciamiento públi-co. Expreso, septiembre de 2003. Ex-comandantes generales de las fuerzas armadas, pronunciamiento. La Razón,marzo de 2004. FUJIMORI, Alberto. La Razón, marzo de 2005. IBERICO, Luis, presidente de la Comisión de Defensa delCongreso. Expreso, marzo de 2006. ASOCIACIÓN DE OFICIALES GENERALES Y ALMIRANTES (ADOGEN). Texto extraído del edito-rial de la carta mensual n.° 2, febrero de 2005. Pronunciamiento suscrito por diceisiete ex comandantes generalesdel ejército. Correo y La Razón, marzo de 2005.


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una militarización de la sociedad.28 Comoparte de la estrategia de afectar a las fuerzasarmadas y reeducar a la población en la ideo-logía senderista, se estaría responsabilizan-do a las fuerzas del orden de las violacionesde los derechos humanos ocurridas duranteel conflicto armado interno, mediante un con-junto de «mentiras camufladas» que preten-den borrar de la mente de la opinión públicalo que hizo el PCP-Sendero Luminoso, sosla-yar los éxitos colectivos de las fuerzas delorden y subrayar sólo los costos individua-les. Si el PCP-Sendero Luminoso utilizó comoestrategia crear trampas a las fuerzas delorden ocultándose entre la población y ha-cerlas cometer así algunos crímenes, la CVRestaría hoy creando trampas en el terrenojurídico para que aparezcan como violadoresde derechos humanos.29 En la base de todaesta visión respecto de la CVR está un aspec-to muy tradicional de la imaginación públicaperuana relacionada con la tradición milita-rista, el culto a la fuerza y la falta de credibi-lidad en las instituciones.

Más allá de que subsista o no una ame-naza subversiva, existe la convicción de queel estamento militar se encuentra por enci-ma de las leyes que rigen a los civiles. Estaconvicción, transparentada en los argumen-tos sobre conspiración, revela tener eficaciapolítica en la resistencia que existe a realizaruna reforma profunda en el sistema de de-fensa nacional y, en un plano todavía másespecífico, en la negativa a subsumir la justi-cia militar al fuero civil.

El argumento del espantapájaros o del hombrede paja

Este argumento intenta probar que existe unaconspiración que distorsiona la narrativa del

Informe Final de la CVR y su metodología. Ladistorsión se produce cuando se modificanalgunas de sus proposiciones para intensifi-car el sentido conspirativo que se pretendedenunciar. La idea es crear pruebas de cons-piración donde no las hay para generar unaimagen fantasmagórica, desestabilizadora,como la de un espantapájaros. Así, se criticaa la CVR confundiendo y exagerando sus te-sis respecto de las estrategias contrasubver-sivas de las fuerzas armadas. Como parte deesta crítica se afirma que las fuerzas del or-den no tuvieron una estrategia de represiónindiscriminada, ni una directiva del gobiernoo del comando de las fuerzas armadas quehaya posibilitado numerosas violaciones dederechos humanos y acciones genocidas, apesar de que la CVR nunca dice que las es-trategias contrasubversivas hayan sido siem-pre indiscriminanadas ni tampoco habla deacciones genocidas. Lo que se dice es quehubo prácticas sistemáticas y generalizadasde violaciones de derechos humanos en al-gunos momentos y lugares durante el con-flicto30 y crímenes de Lesa Humanidad. Comosi se estuviera tratando de lo mismo, se pasade negar el genocidio a negar la tesis quedefiende la CVR. Además, se considera quela CVR suprimió el término «terrorista» paradesignar al PCP-Sendero Luminoso conside-rándolo únicamente como un partido políti-co, a pesar de que en múltiples pasajes sehabla del PCP-Sendero Luminoso como ungrupo que cometía acciones terroristas. Tam-bién se critica a la CVR por haber usado lacategoría de Conflicto Armado Interno, su-poniendo que favorece a los acusados porterrorismo en sus procesos judiciales, cuan-do es sabido que, según el Artículo tres co-mún de los Convenios de Ginebra, la defini-ción de conflicto armado interno no modifica

28 GONZÁLEZ, Raúl. Expreso, mayo de 2006.29 La Razón, Editorial, octubre de 2003. TAFUR, Juan Carlos. Correo, diciembre de 2004. Pronunciamiento de ex-comandantes generales de las fuerzas armadas. La Razón, marzo de 2004. JOHN CARO, Héctor, ex jefe de la DINCOTE.La Razón, octubre de 2005. Expreso, Editorial, enero de 2006. Comunicado de la ASOCIACIÓN DE OFICIALES GENERALES Y

ALMIRANTES (ADOGEN). El Comercio y Correo, septiembre de 2003.30 La CVR no acusa en ninguna parte de su Informe Final de genocidio, sino de prácticas sistemáticas y generaliza-das de los derechos humanos en algunos lugares y momentos.


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el estatuto jurídico de las partes.31 Tambiénse critica a la CVR por haber sostenido queeste conflicto fue producto de la pobreza ysentimientos de orden racial y étnico, consi-derando que el conflicto tuvo lugar únicamen-te debido a la decisión del PCP-Sendero Lu-minoso de destruir al Estado para implantarun régimen totalitario. Se presupone que elhecho de que el 75 por ciento de las víctimastengan el quechua u otras lenguas nativascomo lengua materna se habría debido a queel PCP-Sendero Luminoso eligió el lugar máspobre del Perú para utilizar sus métodos ge-nocidas y asesinar cruelmente a indígenas ycampesinos pobres.32 Ello a pesar de que laCVR no dice en ningún momento que el con-flicto tuvo motivos étnicos. En el capítulo ti-tulado «Violencia y desigualdad racial y étni-ca», se comienza diciendo que «el conflictoarmado interno ocurrido en el Perú no puedecaracterizarse como un conflicto étnico o ra-cial, debido a que ninguno de los actores de laviolencia asumió motivaciones, ideologías odemandas étnicas explícitas».33 Sin embargo,la CVR reconoce la importancia que tuvieronlos factores étnicos y el racismo en el origen ydesarrollo del conflicto armado interno, pero

presentando una interpretación más comple-ja de su lugar dentro de la violencia.

Acerca de la metodología utilizada por laCVR, se aduce, en primer lugar, que ésta uti-lizó como único respaldo los datos de las ONGde derechos humanos; también se aduce queno precisó las etapas de la investigación niuna cronología de los hechos, que manipulóla lista de lugares donde se violaron los dere-chos humanos, y que no hizo una historia dela izquierda marxista entre los setenta yochenta.34 Además, se señala que la CVR sehabría basado en las manifestaciones malin-tencionadas y políticas de testigos que, ensu mayoría, recibían una compensación eco-nómica, estaban aterrados, eran simpatizan-tes, masa o familiares de los terroristas.35

Sumado a todo esto, una porción consi-derable del debate se ha centrado en la dis-cusión sobre la idoneidad del método de cál-culo de víctimas empleado por la CVR, con elcual llegó a la conclusión de que las víctimasfueron alrededor de 69 mil. Es interesante ellugar que tiene este tema en la batalla porla memoria, pues revela distintos ángulospolémicos. La estimación total de víctimases una cuestión técnica. La CVR realizó esa

31 Pronunciamiento de Ex-comandantes generales de las fuerzas armadas. Expreso, 16 de septiembre. La Razón,Editorial, marzo de 2004. Vicealmirante Francisco MARIÁTEGUI. Expreso, Editorial, septiembre de 2003. Pronuncia-miento de los ex-comandantes generales de las fuerzas armadas. La Razón, marzo de 2004. Expreso, Editorial,septiembre de 2003 y La Razón, Editorial, octubre de 2003 y marzo de 2004. VEGA LLONA, Ricardo. Expreso, noviem-bre de 2003. Generales (r) Pedro RICHTER y Otto ELÉSPURU. Correo y Expreso, septiembre de 2003. ASOCIACIÓN DE OFICIA-LES EN RETIRO DE LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ (ADORFAIP). La Razón, septiembre de 2003. General (r)Tomás CAVERO. Expreso, septiembre de 2003. Pronunciamiento de los ex-comandantes generales de las fuerzasarmadas. La Razón, marzo de 2004. General Roberto CHIABRA, comandante general del Ejército. Perú21 y La Razón,diciembre de 2003. General de brigada (r) EP Raúl TALLEDO. La Razón, junio de 2004. NOEL, Clemente. La Razón,enero de 2005. ASOCIACIÓN DE OFICIALES GENERALES Y ALMIRANTES (ADOGEN). Texto extraído del editorial de la cartamensual, año XI, n.° 2, febrero de 2005. DIEZ CANSECO, Francisco, presidente del Consejo por la Paz. La Primera,septiembre de 2005. ÑOPO, Hugo. Expreso, enero de 2004.32 CONFEDERACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS PRIVADAS (CONFIEP). Pronunciamiento público. Lima, 26 de septiembre de2003. ASOCIACIÓN DE OFICIALES GENERALES Y ALMIRANTES EN RETIRO DEL PERÚ (ADOGEN). 24 Horas, 20 de agosto de 2004.ASOCIACIÓN DE OFICIALES GENERALES Y ALMIRANTES (ADOGEN). Texto extraído del editorial de la carta mensual, año XI, n.°2, 28 de febrero de 2005. Pronunciamiento de los ex-comandantes generales de las fuerzas armadas. La Razón, 8de marzo de 2004. CONFEDERACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS PRIVADAS (CONFIEP). Pronunciamiento público. Lima, 26 deseptiembre de 200333 Véase COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIANCIÓN. «El impacto diferenciado de la violencia». En Informe Final. Lima:CVR, 2003, tomo VIII.34 Expreso, Editorial, 17 de enero de 2006.35 FAVRE, Julio, ex presidente de la Confederación Nacional de Instituciones. Empresariales Privadas (CONFIEP).Correo, 12 de enero de 2006. NOEL, Clemente. La Razón, 28 de enero de 2005. ASOCIACIÓN DE OFICIALES GENERALES Y

ALMIRANTES (ADOGEN). Texto extraído del editorial de la carta mensual, año XI, n.° 2, 28 de febrero de 2005. RAMOS

ESPINOZA, Juan, Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar. Correo, 2 de octubre de 2005.


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estimación con métodos similares a los em-pleados en la investigación de la guerra civilsufrida en Guatemala entre 1960 y 1996, yen la investigación sobre los conflictos balcá-nicos de la década de 1990. Sin embargo,esa cuestión técnica posee una potente re-verberación política y simbólica, e inclusopuede tener consecuencias judiciales.

En el caso peruano no está claro qué eslo que está en cuestión en la discusión delas cifras.36 En algunos casos, el argumentoes que se ha exagerado el número de vícti-mas para a su vez exagerar las responsabili-dades de las fuerzas armadas; en otros ca-sos, se afirma que con esta cifra se quiereobligar al Estado a brindar reparaciones porencima de lo que le correspondería. Tam-bién cabe la posibilidad de que se quierademostrar que, ya que hizo mal el cálculode cifras, la CVR no tiene autoridad parahablar sobre otros temas y en especial so-bre las responsabilidades de las fuerzas ar-madas en los crímenes de lesa humanidad.Cabe señalar aquí que la CVR hace imputa-ciones similares e incluso más categóricasa las organizaciones subversivas cuando

establece sus responsabilidades frente a crí-menes de lesa humanidad.37

Como resultado de las críticas a las con-clusiones de la CVR, surge una visión acordecon la memoria de salvación que reconsideralas responsabilidades de las fuerzas del or-den. Según esta visión, éstas habrían cum-plido cabalmente con su rol de defensa delEstado sujetándose a la constitución y a lasleyes de la república. Así pues, las fuerzasdel orden no actuaron por iniciativa propia ysu intervención estuvo dispuesta por los go-biernos de turno y habría sido ejecutada demanera subordinada al Jefe Supremo de lasfuerzas armadas: el Presidente de la Repú-blica.38 Su actuación habría sido enérgica ytenaz, y el resultado exitoso en beneficio dela sociedad peruana, que estaba inmersa enun clima de intranquilidad y zozobra. Lasacciones tomadas habrían sido correctas,ajustadas a la normatividad vigente e impreg-nadas de una concepción humanista que pa-tentiza con el más pleno respeto de los dere-chos humanos.39 En este empeño, miles demilitares y policías entregaron la vida o que-daron discapacitados.40

36 Una de las críticas metodológicas más comunes consiste en afirmar que la CVR no tiene registros de todos loscadáveres para establecer su estimación de 69 280 muertos y desaparecidos como cifra probable. La contradicciónestriba en que se critica la estimación por no tener registro de todos los cadáveres, a pesar de que, si hubieraregistro de éstos, no se necesitaría de ninguna proyección.37 Existen otras críticas a las cifras también de carácter conspirativo, sólo que en sentido inverso. Éstas son lasproducidas por Raúl Wienner, quien dice que los casos revisados por la CVR apenas habrían logrado una coberturadel 20% del universo probable y que se requerirían tal vez cinco comisiones más para lograr la lista real. Además,refiere que, si no existe el compromiso de llegar a la lista final, es debido a que ese dato no interesa como recons-trucción de lo humano, sino como puro número de impacto político y mediático. De este modo se pone en cuestiónel objetivo mismo de mencionar las cifras, pues sería propagandístico y el método de proyección que las respaldaestaría dirigido a ensanchar las cifras y permitir fuertes alegatos sobre los culpables. Además, critica también alencargado de la proyección pues, según dice, no sólo sería un técnico, sino también habría side el encargado de BillClinton en la ex Yugoslavia donde también habría inflado las cifras (Correo, 10 de septiembre de 2005; La Razón, 28de septiembre de 2005).38 Coronel (r) EP Ángel Arturo CASTRO FLORES. La Razón, 2 de febrero de 2005. Almirante (r) GIAMPIETRI, Luis. La Primera,2 de septiembre de 2005. CONFEDERACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS PRIVADAS (CONFIEP). Pronunciamiento público. Lima,26 de septiembre de 2003. Comandante AP (r) Luis DE LA JARA. Expreso, 9 de septiembre 2003. Pronunciamiento delos ex-comandantes generales de las fuerzas armadas. La Razón, 8 de marzo de 2004. Almirante Ricardo ALBOCCÓ

LICCETTI. El Comercio, 9 de octubre de 2003. Pronunciamiento suscrito por diecisiete ex comandantes generales delejército. Correo, La Razón, 14 de marzo de 2005.39 General de brigada (r) EP Raúl TALLEDO. La Razón, 2 de junio de 2004. Pronunciamiento suscrito por diecisiete excomandantes generales del ejército. Correo, La Razón, 14 de marzo de 2005. Pronunciamiento de los ex-comandan-tes generales de las fuerzas armadas. La Razón, 8 de marzo de 2004. General EP (r) Clemente NOEL, primer jefepolítico-militar de la zona de emergencia de Ayacucho. La Razón, 4 de mayo de 2004. ASOCIACIÓN DE OFICIALES GENERA-LES Y ALMIRANTES (ADOGEN). Texto extraído del editorial de la carta mensual, año XI, n.° 2, 28 de febrero de 2005.40 General (r) Tomás CAVERO. Expreso, 22 de septiembre de 2003. CONFEDERACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS PRIVADAS (CON-FIEP). Pronunciamiento público. Lima, 26 de septiembre de 2003.


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Los excesos producidos durante el con-flicto, propios de todo enfrentamiento béli-co, habrían sido ocasionados por la inexpe-riencia de los años iniciales,41 la presiónpsicológica y el medio hostil creado por elPCP-Sendero Luminoso que aterrorizó a lascomunidades para enfrentarlas a las fuerzasdel orden y las usó como escudo con la fina-lidad de provocar reacciones brutales porparte de las fuerzas del orden, las cuales,algunas veces, cayeron en este calculadomecanismo.42 Si bien el PCP-Sendero Lumi-noso intentó enemistar a las fuerzas arma-das con la población, la mayoría de las ve-ces, éstas tuvieron una relación bastantecercana expresada en el apoyo a los comitésde autodefensa y a otras organizaciones po-pulares.43 Además, los excesos cometidos noserían atribuibles a los comandos políticomilitares (autoridades máximas de las zonasde emergencia). Se niega que tales coman-dos hayan dejado que ocurran dichos exce-sos, o que los hayan incitado u ocultado; seafirma, por el contrario, que las acciones ar-madas tuvieron una conducción descentrali-zada y no se desarrollaron bajo control di-recto de los comandos de la zona.44 Lasresponsabilidades serían, entonces, de carác-ter sólo individual.

3.2. Argumentos de revelación: que ven enla CVR una revelación de la historia

Como se expuso en las primeras páginas deeste texto, con el inicio del proceso de transi-ción a la democracia y la activación de la CVRse abrieron oportunidades para el desarrollode una memoria alternativa a la memoria de

salvación que se hizo oficial durante la déca-da de los noventa. Esta memoria alternativaintenta descubrir los horrores de la tragediacon miras a la reconstrucción del estado y lasociedad sobre la base del trabajo realizadopor las organizaciones de derechos humanose intelectuales que estudiaron el conflictoarmado y el régimen dictatorial de AlbertoFujimori. No nos vamos a detener en las ca-racterísticas de dicha memoria, pues estáampliamente desarrollada en los nueve to-mos del Informe Final de la CVR y en su ver-sión abreviada, Hatun Willakuy. Sólo recorda-remos algo que ya se señaló líneas arriba:que, desde la versión que esta memoria cons-truye del conflicto armado interno, se dio unaexplicación más compleja sobre la derrota delPCP-Sendero Luminoso, y se reconsideraronlas ideas oficiales sobre los costos de la gue-rra y la distribución de responsabilidades porlas violaciones a los derechos humanos. Estamemoria, por tanto, se constituyó en abiertoconflicto con la memoria de salvación.

La elaboración de una narrativa más in-cluyente no debe ser entendida, sin embargo,como una pretensión absolutista de plantearuna memoria totalmente uniforme. Podríapercibirse, más bien, como la intención deplantear un diálogo público razonable que hade comenzar por la expulsión de aquello quees fehacientemente falso y de aquellos valo-res que definitivamente quedan fuera del or-den constitucional republicano a partir delcual se define el Perú históricamente —almenos en el plano de los discursos manifies-tos—. Es decir, esa memoria busca proscri-bir las mentiras más flagrantes y los valoresque entran en contradicción con una ideolo-gía democrática y humanitaria. Lo que se

41 Algunas declaraciones van en el sentido contrario, como las del General EP (r) Clemente Noel, primer jefe político-militar de la zona de emergencia de Ayacucho, quien defiende que para las fuerzas armadas el PCP-SenderoLuminoso nunca fue un enemigo desconocido (La República y Expreso, 7 de noviembre de 2003).42 ASOCIACIÓN DE OFICIALES GENERALES Y ALMIRANTES (ADOGEN). Texto extraído del editorial de la carta mensual, año XI, n.°2, 28 de febrero de 2005.43 Pronunciamiento suscrito por diecisiete ex comandantes generales del ejército. Correo, La Razón, 14 de marzo de2005.44 ASOCIACIÓN DE OFICIALES GENERALES Y ALMIRANTES (ADOGEN). Texto extraído del editorial de la carta mensual, año XI, n.°2, 28 de febrero de 2005.


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aspira a dejar dentro son un conjunto de «có-digos culturales compartidos», que puedenser entendidos como ciertos acuerdos bási-cos, sobre la base de los cuales siempre exis-tirán, inevitablemente, matices y cierta plu-ralidad de versiones. Por otro lado, hay quetomar en cuenta que estas versiones no tie-nen lugar en una sociedad uniforme, sinodentro de una «organización social» que al-berga sectores de población más poderosose influyentes que otros. Entre esos sectoresse debe dar el debate democrático, pero,siempre, a partir de un discurso mínimamen-te compartido, afín a los derechos humanosy la democracia.45

La narrativa que procede de la CVR seha constituido en una memoria emblemáticaen el sentido de que acota un campo en elque se deja fuera de sus límites una serie decontenidos —que generan actitudes— inasi-milables para una cultura o un proyecto de-mocrático, sin instaurar una uniformidad oaspirar a un autoritarismo simbólico o cultu-ral. Dentro de ese campo seguirá habiendo,si se quiere, disenso e incluso antagonismospero siempre dentro de un marco común.Como toda memoria emblemática, la narra-tiva de la CVR da un «sentido interpretativo»de las «memorias personales, vividas o me-dio sueltas»46 acerca del pasado de violenciaque, antes de la publicación del Informe Fi-nal de la CVR, habían guardado consonanciacon el orden constitucional democrático. Apartir de la publicación del Informe Final dela CVR, estas memorias particulares adquie-ren un nuevo criterio de interpretación. Sindejar de preservar sus matices, se expresanen forma de distintas versiones que coincidenen ver en la narrativa propuesta por la CVRuna revelación de la historia, en tanto que éstapropone una explicación más fidedigna del

pasado de violencia y de la derrota del PCP-Sendero Luminoso. La idea de «revelación»hay que entenderla en su sentido literal, comodevelación de hechos que antes no eran co-nocidos.47 Además, en el plano del debatesobre los hechos de violencia, las distintasversiones afines al Informe Final de la CVR sepresentan como argumentaciones que defien-den la legitimidad de dicho Informe. Debidoa ello, las llamamos argumentos de revelación.Más precisamente, de revelación de la histo-ria y de sus posibilidades de constituirse eninstrumento de transición para un proyectopolítico de nación reconciliada.

Así como los argumentos sobre conspira-ción utilizan falacias para sustentar sus pro-posiciones; los argumentos de revelación co-locan algunos acentos o énfasis en ciertostemas para hacerse persuasivos. Podemos vercómo, mientras los argumentos sobre conspi-ración se refieren constantemente a los agen-tes de la memoria contraria: la CVR, las or-ganizaciones de derechos humanos y lanarrativa que defienden; los argumentos de re-velación se refieren constantemente a la mis-ma narrativa que defienden. El que la discu-sión objeto de este análisis haya surgido apartir de la publicación del Informe de la Co-misión mencionada, ha definido el campo delucha por la memoria de una forma tal queunos y otros se refieren a la CVR, sea paradefenderla o para cuestionarla. Tenemos, en-tonces, que quienes utilizan argumentos derevelación se fijan sobre todo en: las víctimaspobres y excluidas, las responsabilidades pe-nales de algunos miembros de las fuerzas ar-madas y las características sistemáticas ygeneralizadas que tuvieron los crímenes quecometieron en algunos lugares y momentos,la forma en que las estrategias antisubvesivaspermitieron que esto ocurriera, la brutalidad

45 Sobre el sentido estructural de un entramado público a partir de «códigos culturales compartidos» véase yconfróntese JELIN, Elizabeth. Ob. cit., p. 22.46 Véase STERN, Steve. Ob. cit.47 En múltiples oportunidades Carlos Iván Degregori, ex comisionado de la CVR, ha dicho que quienes trabajaron enla CVR se sorprendían constantemente frente a la corroboración de nuevos hechos que arrojaba la investigación yque no habían sido antes previstos, dado que el conflicto resultó ser más grave de lo esperado.


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de las acciones subversivas, y las responsa-bilidades políticas de los partidos que gober-naron el Perú durante los años del conflictoarmado interno.

Una primera característica de los argu-mentos que se tejen a favor de la memoriapara la reconciliación es que aluden constan-temente a que el conflicto armado internoprodujo gran cantidad de víctimas. Sin em-bargo, ese reconocimiento presta atención,sobre todo, a las víctimas pobres, poco edu-cadas y provenientes de zonas rurales de laregión andina o selvática. Ello debido a que,por un lado, son el sector mayoritario deluniverso total de víctimas y, por otro, son lasmismas que han sido históricamente exclui-das e ignoradas por el Estado y la sociedadurbana. Así, se recuerda constantemente quea la tragedia vivida por la violencia se sumaal sufrimiento de la exclusión. El caso de lapoblación asháninka es constantemente re-cogido debido a su carácter emblemático, porsu persistente situación de abandono y porel hecho de que la violencia que ese pueblosufrió fue tan intensa que si hubiera sido asíen todo el país habríamos tenido más de dosmillones de peruanos muertos.48 Se ha lla-mado la atención acerca del hecho de que,incluso hoy, al gobierno se le dificulte tantoreconocer a estos sectores y que no haya lo-grado integrarlos, a pesar de que el PCP-Sen-dero Luminoso aún los acecha y viven azota-dos por males como el TBC y la malaria.49

De esta manera, se utilizan casos como éstepara sentar posición acerca del racismo ylas actitudes de desprecio subsistentes en la

sociedad peruana, y la forma en que éstosinfluyeron en la dinámica de la violencia.50

Otro tema que es considerado con fre-cuencia en las declaraciones que argumen-tan desde la revelación de la historia es el delas responsabilidades por las violaciones delos derechos humanos. Si bien se reconoce—como lo hace la CVR— que detrás de lacatástrofe descrita estarían, principalmente,los grupos subversivos (en particular el PCP-Sendero Luminoso pues fue el que dio inicioal conflicto y es el responsable de la mayorcantidad de víctimas fatales)51 y también lasfuerzas armadas y la clase política, se poneel acento en las responsabilidades de losmiembros de las fuerzas del orden, aludien-do al hecho de que las fuerzas armadas co-metieron violaciones sistemáticas y generali-zadas a los derechos humanos en algunoslugares y momentos,52 cuando su función eraproteger la vida humana.53

Esto muestra cómo los argumentos queintentan probar que el Informe Final de la CVRconstituye una revelación de la historia con-tienen elementos reactivos frente a los argu-mentos sobre conspiración con los cuales com-piten. Esto se debe a que, al desarrollarse eldebate en el marco de procesos judiciales con-tra los miembros de las fuerzas armadas,quienes argumentan que la CVR conspira con-tra la historia atacan la narrativa de la CVR yla memoria para la reconciliación diciendo quelos procesos son una trampa maquinada con-tra las fuerzas armadas; lo cual lleva a losdefensores de la CVR a proponer argumentosdefensivos y reactivos que niegan que la CVR

48 Perú21, Editorial, 21 y 31 de mayo de 2004. COMPAÑÍA DE JESÚS, 1º de enero de 2004. LERNER FEBRES, Salomón, expresidente de la CVR. El Comercio, Perú21, 29 de agosto de 2005. El Comercio, 31 de agosto de 2005.49 Perú21, Editorial, 21 y 31 de mayo de 2004.50 COMPAÑÍA DE JESÚS, 18 de septiembre de 2004. LERNER FEBRES, Salomón, ex presidente de la CVR. El Comercio,Perú21, 29 de agosto de 2005. El Comercio, 31 de agosto de 2005.51 LERNER FEBRES, Salomón, ex presidente de la CVR. El Comercio, 6 de febrero de 2006. TAPIA, Carlos, ex comisionadode la CVR. La República, 2 de febrero de 2006. Pronunciamiento de las vicarías de la solidaridad de las prelaturasde Ayaviri, Juli y Sicuani, 18 de septiembre de 2003. COMPAÑÍA DE JESÚS, 1º de enero de 2004. TAPIA,Carlos, excomisionado de la CVR. La Primera, 6 de septiembre de 2005. TAPIA, Carlos, ex comisionado de la CVR. La República,13 de febrero de 2006.52 ALVA HART, Beatriz, ex comisionada de la CVR. Perú 21, 15 de enero de 2004. Pronunciamiento de distintasorganizaciones de familiares y víctimas de la violencia política. Lima, 15 de abril de 2005. LERNER FEBRES, Salomón,ex presidente de la CVR. El Comercio, 6 de febrero de 2006.53 GONZÁLEZ CUEVA, Eduardo. «Un argumento inmoral». La República, octubre de 2003.


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haya actuado a favor de los subversivos y encontra de las fuerzas armadas.54

Sobre la base de que ha habido una malacomprensión del Informe Final, intentan de-mostrar que en ningún pasaje de dicho Infor-me se sostiene que las fuerzas armadas ha-yan ejecutado un plan de aniquilamiento, nique los miembros de los institutos castren-ses tengan en su haber más muertes y de-sapariciones que los subversivos. Al respec-to, se recalca —partiendo de la CVR— quetodo hallazgo de responsabilidad penal a losmiembros de las fuerzas armadas es de ca-rácter individual y no institucional, debido aque las decisiones fueron tomadas por algu-nos mandos operativos y no por las fuerzasarmadas como institución. En algunas decla-raciones se niega expresamente que haya unavoluntad torcida contra las fuerzas armadasy se reconoce a su vez que hubo patrullasmilitares que actuaron con corrección.55 Sinembargo, en uno de los argumentos recogi-dos se habla de una política institucional delas fuerzas armadas en los crímenes y viola-ciones de derechos humanos, lo cual deja verelementos de heterogeneidad entre los argu-mentos de revelación.56 Se debe tomar encuenta, además, que los procesos judicialesdistorsionan y reorientan el foco de atenciónhacia los casos seguidos contra los miem-bros de las fuerzas del orden, puesto queestán menos desarrollados que los seguidoscontra los miembros del PCP-Sendero Lumi-noso.

Parte del cometido de los argumentos dedefensa de la memoria para la reconciliaciónha consistido en recordar las tesis y conclu-siones expuestas por el Informe de la CVR.Respecto de las responsabilidades y violacio-nes cometidas por agentes de las fuerzas ar-madas, se desarrolló un tema complementa-rio referido a la forma como se desarrollaronlos crímenes de las fuerzas armadas: el desu carácter sistemático y generalizado en al-gunos lugares y momentos,57 y el de la estra-tegia del PCP-Sendero Luminoso y la formacomo ésta influyó en las primeras tácticasdesarrollas para la lucha contrasubversiva.58

Se desarrolló así un argumento de revelaciónque intentaba convencer de la pertinencia dela calificación de «sistemáticas y generaliza-das» sobre la base del reconocimiento de lasdificultades iniciales para luchar contra ungrupo terrorista con características tan es-peciales como lo es el PCP-Sendero Lumino-so. Así, se recordó que, junto a la estrategiasenderista de camuflarse entre la población,no dar la cara y atacar por la espalda, se sumóel pobre, ineficiente y descoordinado trabajode inteligencia durante los primeros años delconflicto, lo cual llevó a que se produzca unarepresión indiscriminada. En ese contexto, serecuerda que dicha represión indiscrimina-da hizo que los campesinos o pobladoressospechosos de pertenecer a las organiza-ciones subversivas fueran, en muchos casos,detenidos, interrogados, torturados, muertosy desaparecidos.

54 LERNER FEBRES, Salomón, ex presidente de la CVR. Perú 21, 5 de octubre de 2005. TAPIA, Carlos, ex comisionado dela CVR. La Primera, 6 de septiembre de 2005. LERNER FEBRES, Salomón, ex presidente de la CVR. El Comercio, 6 defebrero de 2006.55 AMES, Rolando, ex comisionado de la CVR. La República, 18 de octubre de 2003. BERNALES, Enrique, ex comisionadode la CVR. El Comercio, 29 de septiembre 2003.56 Pronunciamiento de las vicarías de la solidaridad de las prelaturas de Ayaviri, Juli y Sicuani, 18 de septiembre de2003.57 LERNER FEBRES, Salomón, ex presidente de la CVR. La República, El Peruano, 25 de noviembre de 2003; GARATEA,Gastón, ex comisionado de la CVR. El Comercio, 26 de noviembre de 2003; SOBERÓN, Francisco, secretario ejecutivode la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. El Comercio, 22 de noviembre de 2003. El Peruano, 23 denoviembre de 2003. Perú 21, 22 de noviembre de 2003. LA COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. La República,30 de noviembre de 2003. Comunicado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. La República, Correo, 1°de diciembre de 2003. Comunicado del Movimiento Ciudadano Para que No se Repita. La República, 4 de diciembrede 2004. AMNISTÍA INTERNACIONAL. Informe Anual 2003: Resonaron las voces de los jamás escuchados. Perú21, mayode 2004.58 TAPIA, Carlos, ex comisionado de la CVR. La República, 13 de febrero de 2006.


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Específicamente, en respuesta de los ar-gumentos sobre conspiración que intentan de-fender la memoria de salvación negando laexistencia de violaciones sistemáticas, los ar-gumentos de revelación de la historia apelanal recuerdo de casos que ilustran la existen-cia de un sistema en las violaciones a los de-rechos humanos. Entre ellos, se señalan elplan ejecutado en la provincia Vilcashuamán,dirigido a aniquilar senderistas escondidos;59

los crímenes de lesa humanidad cometidospor los miembros de las CAD; las violacionescometidas en el cuartel Los Cabitos entre1983 y 1984;60 y la agresión sexual tambiénsistemática que afectó a numerosas mujeres—muchas de ellas violadas antes de morir—perpetrada en su mayoría por agentes del Es-tado en 40 bases militares.61 Por parte de lasacciones cometidas por el PCP-Sendero Lu-minoso, se recuerda como caso emblemáti-co a la matanza de Lucanamarca ocurridaen 1983 contra los campesinos y planificadapor el mismo Abimael Guzmán.62 La estrate-gia del detalle, del dato documentado, del co-nocimiento del nombre, de la fecha y el lugarexacto donde ocurrió una matanza o una tor-tura forma parte de los recursos argumenta-tivos de quienes defienden la memoria para lareconciliación con argumentos de revelación.Dar nombre a la víctima y recuperar la histo-ria particular (la experiencia de dolor y muer-te) es una forma de hacer frente a la volun-tad de olvidar y de manipular la memoria.

Más allá de la discusión sobre responsa-bilidades, caracterización de los crímenes ysu relación con las estrategias antisubversi-vas, se utilizaron argumentos para defenderlas razones por las que los procesos judicia-les no deben dar ningún tratamiento espe-cial a los miembros de las fuerzas armadasque están siendo procesados. Ello en respues-ta a posiciones que intentan justificar viola-ciones de derechos humanos con el argumen-to de que se tenía que pagar un costo paraalcanzar la paz y el orden, y que critican a laCVR por equiparar el accionar subversivo conel militar. Así pues, en los argumentos de re-velación se declara que el trato jurídico quedeben recibir los miembros de las fuerzasarmadas no puede ser distinto del recibidopor los miembros del PCP-Sendero Lumino-so dado que un crimen es un crimen, inde-pendientemente de quién lo cometió y ennombre de qué objetivos.63

Por último, otro tema al que se le sueleponer atención es el de las responsabilida-des de los partidos políticos que gobernarondurante el conflicto armado interno. Así, des-de los argumentos de revelación de la historiase les conminó a asumir sus responsabilida-des políticas en el conflicto armado interno ya pedir disculpas públicas. Ante la resisten-cia que mostraron, se denunció dicha resis-tencia como una falta de compromiso sólidocon el proceso de transición y consolidación ala democracia64 y se puso de manifiesto las

59 La República, 9 de febrero de 2005.60 COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. Febrero de 2004. Pronunciamiento de organizaciones de Ayuacucho:El Frente Regional de Organizaciones de Base por la Verdad y Justicia, La Red de Integración por la Paz y la Vida, laAsociación Nacional de Familiares de Asesinados, Secuestrados, Detenidos Desaparecidos del Perú- ANFASEP, en-tre otras organizaciones. 20 de febrero de 2004.61 VILLANUEVA, Rocío, defensora adjunta para los derechos de la mujer. Perú21, 9 de marzo de 2004. Perú21, 12 dediciembre de 2004. El Peruano, 3 de octubre de 2003. MACHER, Sofía, ex comisionada de la CVR. El Comercio, 8 denoviembre de 2003. PAREDES, Susel, integrante del programa de Derechos Humanos de la ONG Flora Tristán. ElPeruano, 14 de octubre de 2004.62 LERNER FEBRES, Salomón, ex presidente de la CVR. La República, 25 de octubre de 2004.63 GONZÁLEZ CUEVA, Eduardo. «Un argumento inmoral». La República, octubre de 2003.64 Perú21, Editorial, 21 y 31 de mayo de 2004. COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. La República, Correo, 1° dediciembre de 2003. TAPIA, Carlos, ex comisionado de la CVR. La República, 13 de febrero de 2006. COMPAÑÍA DE JESÚS.18 de septiembre de 2004. TAPIA, Carlos, ex comisionado de la CVR. Perú21, 10 de diciembre de 2004. LERNER

FEBRES, Salomón, ex presidente de la CVR. El Comercio, Perú21, 29 de agosto de 2005. El Comercio, 31 de agosto de2005. JUGO, Miguel, director ejecutivo de APRODEH. El Comercio, 31 de agosto de 2005. Perú21, La Primera, 31 deagosto de 2005. LERNER FEBRES, Salomón, ex presidente de la CVR. Perú 21, 7 de noviembre de 2003.


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responsabilidades políticas atribuidas a Fer-nando Belaunde y a Alan García (no a AlbertoFujimori, pues a éste se le atribuyen respon-sabilidades de tipo penal) basándose en latesis de que los gobiernos que administra-ron el Estado durante el conflicto abdicaronsus prerrogativas democráticas y las trans-firieron a los militares, con lo que la clasepolítica —incluida la izquierda radical— sedesentendió del problema de las violacionesde los derechos humanos.65

Para el caso del gobierno aprista, si biense le reconoce relativa apertura hacia la CVRy su Informe, se argumenta sobre su pobrecompromiso con la justicia en los casos deviolaciones de los derechos humanos y se lla-ma la atención sobre la designación del Ge-neral (r) Luis Giampietri como candidato a lavicepresidencia de la república. Dado queGiampietri ha declarado en repetidas ocasio-nes a favor de una amnistía a los militares yse ha pronunciado en contra de la CVR, seargumenta que existe la posibilidad de que,al llegar el gobierno aprista al poder, los deli-tos contra los derechos humanos quedenimpunes.66 Para el caso de Fernando Belaun-de, se ha argumentado en contra de la ideaampliamente difundida de que, como gober-nante, fue respetuoso de la democracia. Estose hizo patente cuando, ante la iniciativa delevantar un monumento en su honor en eldistrito de San Isidro (Lima), algunos activis-tas protestaron recordando que en su gobier-no las fuerzas armadas y policiales llevarona cabo una política deliberada y sistemáticade ejecuciones extrajudiciales, desaparicio-nes, tortura y violaciones sexuales hacia mi-llares de campesinos en Huanta, Huamangay otras provincias de Ayacucho, lo cual no lo

haría un ejemplo para la sociedad peruanani asociable con virtudes cívicas o con la de-mocracia.67

Los argumentos de revelación de la histo-ria reconocen que estas responsabilidades nose deben a crímenes, sino a consideracionesde tipo ético y político. No obstante, en algu-nos casos se plantean como un momentoprevio a las responsabilidades penales si és-tas pudieran probarse mediante un procesojudicial.68 Es decir, si bien se reconoce queno existen responsabilidades penales, se diceque cabe la posibilidad de que las haya si sellegaran a probar. En esta argumentación serespeta la lógica de las verdades jurídicas,pero se pone el acento en la posibilidad deencontrar pruebas en el futuro. Sin embargo,algunas organizaciones de víctimas dan unpaso más adelante al considerar que las res-ponsabilidades políticas en el caso de AlanGarcía sí están enmarcadas en responsabili-dades de tipo penal. Las responsabilidadespenales pasan, de ser una posibilidad, a serasumidas como un hecho a pesar de que nose le ha logrado probar nada, jurídicamentehablando. Según el argumento de estas or-ganizaciones, García habría tolerado y encu-bierto las violaciones de los derechos huma-nos en casos como los de Pucayacu; Umaruy Bellavista; Parcco y Pomatambo; Cayara;Santa Ana y Pampamarca; los penales El Fron-tón, Lurigancho y Santa Bárbara; así comolos casos presentados en San Martín, Apurí-mac, Pasco, Huancavelica, Huánuco, TingoMaría y Áncash.69 La diferencia entre verdadjurídica e historia es aquí borrada forzándo-se la transición de premisas formuladas entérminos históricos a conclusiones formula-das en términos jurídicos. La transición entre

65 AMES, Rolando, ex comisionado de la CVR. La República, 18 de octubre 2003. LERNER FEBRES, Salomón, ex presiden-te de la CVR. Perú21, 8 de marzo de 2006.66 LERNER FEBRES, Salomón, ex presidente de la CVR. El Comercio, 6 de febrero de 2006.67 Caretas, 22 de enero de 2004, n.° 1807. Carta abierta del 2 de enero al alcalde de San Isidro, Jorge SalmónJordán, enero 2004.68 AMES, Rolando, ex comisionado de la CVR. La República, 18 de octubre de 2003.69 Pronunciamiento de distintas organizaciones de familiares y víctimas de la violencia política. Lima, 15 de abril de2005.


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premisas históricas y conclusiones jurídicases forzada por una reacción emocional y nopor una adhesión racional que se lleva a caboal mostrar información abundante de una ma-nera detallada y erudita.

El caso de los argumentos de revelaciónmuestra cómo una memoria manipulada pue-de a su vez manipular la forma en que sumemoria contrincante (en este caso, una me-moria ejemplar) orienta su defensa. Por la for-ma en que se desarrolló el debate, los argu-mentos de revelación tuvieron que dejar de ladotemas muy importantes pero menos polémi-cos sobre el desarrollo del conflicto, como ellugar que en éste tuvo el sistema educativo,las catastróficas secuelas que la guerra signi-ficó para el sistema de representación políticay el tejido social, las consecuencias de teneramplios sectores de la población con expecta-tivas frustradas de modernidad y desarrollo,etc. Es decir, el debate giró hacia temas que,aunque muy importantes, no se relacionandirectamente con la reforma de las institucio-nes estatales.

4. Memoria y proceso político peruano

Ya hemos dicho que las memorias y los argu-mentos con que éstas se defienden definenun lenguaje que da forma a las relacionespolíticas y dispone las decisiones públicas.Toda decisión política es coherente con cier-ta lectura de la historia, y esto es especial-mente importante cuando estas interpreta-ciones llegan a convertirse en las memoriasoficiales que orientan el rumbo de una na-ción. Justamente, uno de los objetivos evi-dentes de quienes han venido defendiendo lamemoria de salvación y la memoria para la re-conciliación es que su memoria se constituya

en oficial y defina las políticas de gobierno.Desde la presentación del Informe Final de laCVR en agosto de 2003 hasta mayo de 2006,quienes defendieron la memoria de salvacióno la memoria para la reconciliación han pro-puesto, de manera explícita e implícita, quese tomen algunas decisiones coherentes consu forma de leer la historia. A continuación,analizaremos los argumentos en la perspec-tiva de las políticas de memoria y justicia quede ellos se desprenden.

Quienes defienden la memoria de salvacióncon argumentos sobre conspiración contra lahistoria proponen al gobierno evitar que elInforme Final de la CVR se convierta en undocumento de referencia para el Estado pues-to que, según ellos, sus contenidos han abier-to una herida que nunca podrá cerrarse alcontraponer odios70 y su difusión supondríauna buena noticia para el PCP-Sendero Lumi-noso.71 En razón de esta propuesta, se pideque el Congreso analice e investigue la falsahistoria construida por de la CVR y la sancio-ne por sus injustas acusaciones y por haberperjudicado en sus conclusiones a las fuerzasarmadas.72 La idea es, finalmente, acabar conla supuesta «conspiración» para anular todapropuesta de política que pueda venir de ella.

Respecto del tema de justicia, los proce-sos judiciales presentados por la CVR comolos presentados por la Defensoría del Pue-blo, siguen en curso. En tanto se niega queestas violaciones hayan tenido un caráctersistemático y generalizado en algunos luga-res y momentos, se plantean sólo responsa-bilidades de carácter individual. Se propone,entonces, hacer a un lado los excesos come-tidos a nivel individual y salvaguardar las ac-ciones heroicas de la institucionalidad de lasfuerzas armadas.73 Algunos miembros de lasfuerzas del orden violaron las normas legales

70 FAVRE, Julio, ex presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP).Correo, 12 de enero de 2006. TRADICIÓN Y ACCIÓN: POR UN PERÚ MAYOR. Comunicado. Correo, 10 de octubre de 2003.71 Expreso, Editorial, 17 de enero de 2006. La Razón, Editorial, 11 de octubre de 2005.72 Vicealmirante AP Luis GIAMPETRI. La Primera, 16 de septiembre de 2005. La Primera, 6 de septiembre de 2005.73 General EP (r) Wilfredo MORI, ex jefe político-militar de Ayacucho. La Razón, 21 de noviembre de 2003. Pronuncia-miento suscrito por diecisiete ex comandantes generales del ejército. Correo, La Razón, 14 de marzo de 2005.


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y tuvieron comportamientos extraños a laformación que recibieron en las fuerzas ar-madas. Estos deben ser juzgados, pero no sedebe comprometer al resto de la institución.Además, es necesario considerar las atenuan-tes del contexto en que cometieron sus crí-menes74 y el carácter antimilitar de las de-nuncias.75 Es interesante notar que por«comprometer al resto de la institución» seentiende comprometer a los altos mandosmilitares que habrían ordenado o permitidoestos crímenes, como si las fuerzas arma-das como institución estuvieran representa-das únicamente por algunos miembros de sujerarquía. Además de esta propuesta de de-fensa institucional, se ha propuesto formaruna comisión de alto nivel que dictamine cuá-les juicios contra militares deben seguir ycuáles deben ser detenidos, haciendo llegarlas disculpas y agradecimientos respectivosa aquéllos injustamente perseguidos.76 Algu-nas propuestas incluso van más lejos y ha-cen de los atenuantes justificaciones de loscrímenes que tendrían que sustentar unaamnistía para aquéllos que lucharon contrala subversión.77

Sobre el tema de reparaciones, a excep-ción de algunas declaraciones,78 la mayoríase mostró en contra de las responsabilida-des individuales y defendió que éstas tengancarácter colectivo. Lo que primó fue una dis-torsión del carácter de las reparaciones comoacto de justicia restaurativa de derechos ciu-dadanos a las víctimas de la violencia. Las

políticas de restitución de derechos que sederivan de la memoria de salvación y sus ar-gumentos sobre conspiración se confunden enla mayoría de los casos con estrategias dedesarrollo. Las reparaciones

[…] pueden quedar entendidas como ayudaspara el desarrollo contra la pobreza extremay no como obligaciones del Estado haciaquienes fueron víctimas de violencia y sufrie-ron por acción o por omisión la violación desus derechos fundamentales. Es como si,desde el punto de vista de lo que es concebi-ble como retórica y como identidad políticadel Estado peruano, el lenguaje del desarro-llo resultara más normal, más admisible, queun lenguaje que implique, aunque sea táci-tamente, reconocimiento de faltas ante unapoblación que, por costumbre histórica, notiene derechos y ante la que no cabe tenerdeberes ni mucho menos culpas.79

Quienes defendieron la memoria para lareconciliación con argumentos de revelación dela historia hicieron propuestas de acción ypolítica. Lo primero que vale la pena desta-car es la importancia que otorgaron al reco-nocimiento de las responsabilidades de losactores involucrados en el conflicto con el finde construir una memoria más incluyente delpasado. En una suerte de ejercicio pedagó-gico de asunción de responsabilidades, al-gunas organizaciones e instituciones reco-nocieron su responsabilidad en el conflicto

74 TAFUR, Juan Carlos. Correo, 7 de diciembre de 2004. CONFEDERACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS PRIVADAS (CONFIEP). Pro-nunciamiento público. Lima, 26 de septiembre de 2003. General (r) Tomás CAVERO. Expreso, 22 de septiembre. TAFUR,Juan Carlos. Correo, 7 de diciembre de 2004. Pronuciamiento público de las asociaciones de ex militares y familia-res de víctimas de las fuerzas armadas y de la Policía Nacional, integradas en la Coordinadora Nacional de Asocia-ciones de las fuerzas armadas y la Policía Nacional. Expreso, 25 de septiembre de 2003. Pronunciamiento de los ex-comandantes generales de las fuerzas armadas. La Razón, 8 de marzo de 2004. Pronunciamiento suscrito pordiecisiete ex comandantes generales del ejército. Correo, La Razón, 14 de marzo de 2005.75 La Primera, 6 de septiembre de 2005.76 FAVRE, Julio, ex presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP).Correo, 12 de enero de 2006.77 FAVRE, Julio, ex presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP).Correo, 12 de enero de 2006.78 TAFUR, Juan Carlos. Correo, septiembre de 2003, noviembre de 2003, agosto de 2004, septiembre de 2004.79 Véase REÁTEGUI, Félix. «Batalla contra la memoria: instrucciones para liquidar una transición». En El inciertocamino de la transición: a dos años del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Documentos deTrabajo del IDHEPUCP, Serie de reconciliación n.º 1. Lima: IDHEPUCP, 2005.


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construyendo una narrativa según la cual sehacen responsables por no haber hecho todolo que estuvo a su alcance para evitar la tra-gedia. Nos referimos, por un lado, al pedidode perdón público de algunos sectores de laiglesia por sus pecados de «obra y omisión»80

y las críticas que a su interior se hicieron con-tra los representantes de la iglesia católicaen Ayacucho. Y, por otro lado, al reconoci-miento que hizo el presidente de la CorteSuprema de la poca firmeza con que el Po-der Judicial asumió su compromiso frente ala defensa de la vida y la libertad durante losaños de violencia.81 La importancia de lospedidos de disculpas radica en que, con ellos,se demostraría una voluntad política parareconciliar el país a través de la reforma deinstituciones y la reparación simbólica a lasvíctimas.

De esta manera, los que proponen accio-nes con argumentos de revelación de la histo-ria sostienen que, si las fuerzas del orden bus-can legitimarse y contribuir al proceso dereconciliación, deberán reconocer su respon-sabilidad en el conflicto y poner a disposicióndel Ministerio Público a los oficiales y subofi-ciales que estén involucrados en los críme-nes.82 Al poder judicial le tocaría tomar accio-nes contra los responsables de los crímenes,ya sea que estos hayan asesinado, destruidofamilias y comunidades en nombre de la lu-cha armada, o que hayan dispuesto desapari-ciones forzadas, realizado asesinatos y hayan

violado sistemáticamente los derechos huma-nos al combatir la subversión.83 Con ello, sedaría cuenta de lo realmente sucedido con losmiles de desaparecidos durante la violenciapolítica, desde la ética y desde un sentido su-perior de la política.84

Uno de los temas a los que los defenso-res de la memoria para la reconciliación presta-ron más atención fue el de las reparaciones alas víctimas. Sobre la base del reconocimientode la vulneración de sus derechos ciudada-nos y la situación de desamparo y despro-tección en que quedaron, se hicieron propues-tas de acción y política para defender elderecho y el deber de reparar, y para conven-cer de la posibilidad de hacerlo. Son múlti-ples las declaraciones en las que se deja cla-ra la importancia que tienen las reparacionespara el proceso de reconciliación. Se defien-de así que las reparaciones individuales ycolectivas, sean simbólicas o materiales, sonuna buena forma de resarcir el daño que pro-dujo el conflicto armado interno.85

Debido a la confusión entre reparación ydesarrollo explicada líneas arriba, buena par-te de las intervenciones se centraron en acla-rar la diferencia. Así, se señaló que con lasreparaciones no se trata de llevar a cabo losprogramas de desarrollo planeados de ante-mano por el gobierno; el Plan de Paz y Desa-rrollo que el presidente Toledo llevó a cabopara asistir a los sectores más pobres de lapoblación no puede ser asimilado como un

80 COMPAÑÍA DE JESÚS. 18 de septiembre de 2004. Monseñor Luis BAMBARÉN. El Comercio, 30 de agosto de 2004.81 SIVINA, Hugo, presidente de la Corte Suprema. Expreso, El Comercio, La Razón, Perú 21, El Peruano, 22 de noviembrede 2003.82 Comité regional de mujeres afectadas por la violencia política de la región San Martín. Diciembre de 2003. TAPIA,Carlos, ex comisionado de la CVR. Perú21, 10 de diciembre de 2004. DEFENSORÍA DEL PUEBLO. «Violencia política en elPerú: 1980-1996. Un acercamiento desde la perspectiva de género». La República, Correo, 9 de marzo de 2004.83 Pronunciamiento colectivo. Iniciativas ciudadanas de Villa el Salvador. 28 septiembre de 2003.84 LERNER FEBRES, Salomón, ex presidente de la CVR. El Comercio, 6 de febrero de 2006. TAPIA, Carlos, ex comisionadode la CVR. La República, 2 de febrero de 2006.85 El Peruano, Editorial, noviembre de 2003 y marzo de 2004. POMA, Zarela Trinidad, secretaria ejecutiva de laComisión Diocesana de Servicio Social (CODISPAS). La República, agosto de 2004. GARATEA, Gastón, ex comisionadode la CVR. El Comercio, septiembre de 2003. Pronunciamiento de la Organización de Mujeres Afectadas por laViolencia Política (OMAVIPO) – Huanuco. Info APRODEH, n.° 2, semana 8-14, septiembre de 2003. Pronunciamientodel Foro Descentralista. Info APRODEH, n.° 3, semana 15-21, septiembre de 2003. LERNER FEBRES, Salomón, expresidente de la CVR. La Razón y La República, noviembre de 2003. Plataforma del Paro Agrario, septiembre de2003. ALBÁN, Walter. Perú21, septiembre de 2004.


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programa de recuperación.86 Por otro lado,el hecho de que se haya puesto en cuestiónlas reparaciones individuales motivó variasdeclaraciones en su defensa. Desde las queproponían que sólo sean individuales y nocolectivas;87 hasta las que defendía las posi-bilidades de implementación de ambas. Así,se precisó que una serie de países estuvie-ron dispuestos a canjear deuda externa porgastos en reparación,88 y que las reparacio-nes no tienen por qué ser exclusivamentemonetarias, pues pueden tomar la forma debecas a huérfanos, de atención en salud men-tal, etc.,89 también se sugiere que podríanefectuarse reparaciones individuales de mon-tos pequeños.90 Acerca de las reparacionescolectivas, se señaló que éstas deberían ser«enganchadas» con servicios en educación,salud e infraestructura para las comunida-des que fueron más afectadas, cosa de la quetendrían que hacerse cargo los ministeriossociales del Estado.91

Las decisiones propuestas, así como lasmemorias y argumentos con que se defien-den, suponen proyectos de nación distintosque habría que diferenciar. Hace falta reflexio-nar más sobre la gravitación cierta, pero noevidente que las batallas por la memoria tie-nen en el proceso político peruano. Al hablarde ese proceso, por otro lado, se puede teneren cuenta cuestiones de diverso orden queconviene diferenciar:

• El proceso pendiente de reconciliación queincluye: justicia respecto de los crímenes

cometidos, reparaciones a las víctimas yreformas que garanticen la no repeticiónde la violencia. Esto se hace más exigen-te, además, por la acepción compleja dereconciliación que adoptó y propuso laCVR: como una reparación de los lazosentre Estado y sociedad y entre los miem-bros de la sociedad.

• El proceso de consolidación de la demo-cracia en un sentido que vaya más alládel puramente electoral y que se traduz-ca en una construcción de ciudadaníauniversal, igualitaria y activa.

• El proceso de toma de decisiones para eldesarrollo y el necesario equilibrio entrelas metas de crecimiento económico ylas metas de equidad social e inclusiónelementales.

• El proceso de restauración o renovacióndel sistema político, el cual supone ha-cer frente a los problemas de represen-tación política actuales.

Las mencionadas son cuestiones que seanalizan más habitualmente en el plano delas voluntades políticas y de la consistenciade los actores. No se hace tanto desde unpunto de vista ideológico, en gran parte debi-do a que el sistema político peruano ha perdi-do marcas de identidad ideológica. Pero unaconcepción más abarcadora del proceso po-lítico tendría que incorporar la dimensióncultural —visiones del mundo, comprensiónbásica de ciertos valores, representacionessimbólicas de la realidad—. En el particular

86 GARATEA, Gastón, ex comisionado de la CVR. La República, noviembre de 2003. DIEZ CANSECO, Javier. El Peruano, LaRazón y El Comercio, noviembre de 2003. SOBERÓN, Francisco, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional deDerechos Humanos. El Peruano, noviembre de 2003. Pronunciamiento de varias organizaciones de afectados por laviolencia política. Perú21 y La República, febrero de 2004. TAPIA, Carlos, ex comisionado de la CVR. La República,marzo 2004. LERNER FEBRES, Salomón, ex presidente de la CVR. La República, agosto de 2005.87 MENDOZA, Angélica, presidenta de ANFASEP. Caretas, noviembre de 2005.88 FEBRES, Salomón, ex presidente de la CVR. Perú 21, marzo de 2006.89 CIURLIZZA, Javier. El Comercio, noviembre de 2003. GARATEA, Gastón, ex comisionado de la CVR. La República, no-viembre de 2003. LERNER FEBRES, Salomón, ex presidente de la CVR. Perú 21, La República y El Peruano, noviembre de2003. DEGREGORI, Carlos Iván, ex comisionado de la CVR. Perú 21, marzo de 2004. GARATEA, Gastón, ex comisionadode la CVR. La República, julio de 2005.90 LERNER FEBRES, Salomón, ex presidente de la CVR. El Comercio, noviembre de 2003.91 Pronunciamiento. Partido por la Democracia Social. Perú21, septiembre de 2003. GARATEA, Gastón, ex comisiona-do de la CVR. La República, noviembre de 2003.


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contexto peruano, la memoria, vista dentrode la dimensión cultural de la política, cons-tituye un factor central, ya que nuestra so-ciedad conserva efectos de un conflicto ar-mado todavía perceptibles.

¿Cómo interviene la recuperación delpasado en el proceso político? Todorov esta-blece una distinción entre recuperación delpasado y su utilización subsiguiente, pararesponderse a la pregunta sobre el papel queel pasado debe desempeñar en el presente:

[…] la exigencia de recuperar el pasado, derecordarlo, no nos dice todavía cuál será eluso que se hará de él; cada uno de ambosactos tiene sus propias características y pa-radojas. Esta distinción, por neta que sea,no implica aislamiento. Como la memoria esuna selección, ha sido preciso escoger entretodas las informaciones recibidas, en nom-bre de ciertos criterios; y esos criterios, ha-yan sido o no conscientes, servirán también,con toda probabilidad, para orientar la utili-zación que haremos del pasado.92

La memoria de salvación —junto a su jus-tificación con argumentos sobre conspiracióncontra la historia— es una memoria manipu-lada ideológicamente en función a interesese identidades concretos dirigidos al mante-nimiento del orden, más allá de si éste aten-ta o no contra los derechos humanos y lademocracia. Debido a ello, se construye unavisión del pasado que justifica los crímenescometidos como inevitables, y se ataca todointento de presentar explicaciones e interpre-taciones de los hechos destinadas a recono-cer los errores cometidos. Por eso mismo,desde esta memoria se proponen accioneshacia el presente que apuntan en función ala impunidad y a la no atención de los dañosque sufrieron las víctimas de manera indivi-dual. De lo que se trata es de una memoriaa partir de la cual, como ya dijimos, no se

aceptan deberes, obligaciones ni mucho me-nos culpas. De esta manera, la reconciliaciónno es considerada como anhelo ni programapara el futuro; la consolidación de la demo-cracia no es planteada en términos de cons-trucción de una ciudadanía universal; el de-sarrollo económico puede pensarse deespaldas a los factores estructurales que hi-cieron posible la violencia; y el proceso derestauración del sistema político es dejadoal abandono.

Por otro lado, la memoria para la reconci-liación —junto a su justificación con argumen-tos de revelación de la historia— es una me-moria ejemplar puesto que se dirige al pasadopara aprender de él y construir un futuro dis-tinto donde se respeten los derechos huma-nos y se afirme la democracia. Debido a ello,se construye una visión del pasado que ana-liza las causas y características de los críme-nes y ataca todo intento por justificarlos comoinevitables. Por eso mismo, desde esta me-moria se proponen acciones hacia el presen-te que apuntan al procesamiento de los res-ponsables y a la atención de las reparacionesindividuales y colectivas. De lo que se trataes de una memoria emblemática que mira alpasado para aprender de él y rescatar leccio-nes que permitan construir una nación másinclusiva desarrollando los cambios necesa-rios para ello. De esta manera, la reconcilia-ción es considerada en sus múltiples dimen-siones de justicia penal, reparación, reformainstitucional e inclusión y reconocimiento so-cial; la consolidación de la democracia es en-tendida como construcción de ciudadanía; eldesarrollo económico puede pensarse a suvez como crecimiento y como equidad social;y el proceso de restauración del sistema po-lítico es presentado como requisito indispen-sable para afrontar democráticamente losconflictos sociales y para representar mejorlos intereses y las necesidades de todos losperuanos.

92 TODOROV, Tzvetan. «La memoria amenazada». En TODOROV, Tzvetan. Los Abusos de la memoria. Barcelona: Paidós,2000, pp. 11-60.


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Estas relaciones problemáticas entrememoria y proceso político tienen una expre-sión aun más amplia que se extiende a la tra-yectoria seguida por el Perú republicano. Sepodría decir, en ese horizonte de reflexión,que hay una relación compleja entre la cons-trucción de una memoria histórica y el orde-namiento político general de la República. Eneste plano, lo que está en cuestión no es so-lamente la adopción de decisiones públicassectoriales, sino la posibilidad de constituiruna democracia de ciudadanos en la que nocabe exclusión de ningún tipo.

Gonzalo Portocarrero93 explora esa dimen-sión de la exclusión o de la imposibilidad deinclusión. En el Perú no se ha elaborado

[…] una «historia justa» que reconozca loséxitos y sufrimientos de las distintas comu-nidades, y que, por tanto, cristalice una ima-gen en la que todos los peruanos podamosreconocernos. Es decir, no se ha forjado unanarrativa que nos abarque a todos, institu-yéndonos como un pueblo de ciudadanosiguales en derechos pero diferentes en otrosmuchos aspectos.94

Consideramos que la narrativa de la CVRtiene posibilidades de motivar la construcciónde una «historia justa», tal como la entiendePortocarrero, puesto que puede permitir atodos los concernidos un procesamiento jus-to de los hechos vividos. La idea de «permitir»es aquí muy relevante, pues se refiere a queel recordar no garantiza el procesamiento jus-to de un pasado en el que todos somos algovíctimas y algo responsables, al mismo tiem-po que actores comprometidos con la cons-trucción de la paz con justicia. Lo interesan-te es pensar esta memoria del pasado comouna invitación y posibilidad para asumir un

horizonte de encuentro y diálogo con el otro.Según Portocarrero, este proceso está rela-cionado con lo que Levinas llama «verdaderopresente» y que se define, desde Ricoeur,como un tiempo de diálogo y mutuos reco-nocimientos.95

En el Perú, las posibilidades de reconci-liación se ven trabadas por la manera en quese han enfrentado las memorias en la discu-sión sobre nuestro pasado reciente. No po-drá construirse un país inclusivo, democráti-co y respetuoso de los derechos de los sereshumanos sin voluntades dirigidas críticamen-te al pasado para aprender de él y extraerlecciones. Lamentablemente, los interesesdefensivos de ciertos sectores de las fuerzasarmadas y el respaldo que reciben de grue-sos sectores de las elites políticas y econó-micas, terminan oponiéndose a las necesi-dades de la consolidación de la democracia.Además, la búsqueda de una paz con justi-cia, llevada a cabo por los que razonan des-de el argumento de revelación de la historia, seve entorpecida por su incapacidad de llevara la agenda pública la memoria para la recon-ciliación en toda su complejidad, pues se dis-traen en las discusiones interesadas que traela coyuntura, distorsionando la narrativa deesta memoria con consideraciones sesgadassobre las responsabilidades y la determina-ción de las víctimas.

Un primer paso hacia la reconciliaciónnacional implica reconocernos como una so-ciedad que ha vivido un conflicto, pues estonos llevaría a darnos cuenta de que hay pro-blemas que resolver, como aquellos factoresque hicieron posible la violencia y que siguenhoy latentes, y aquellos problemas que la vio-lencia ha tenido como efecto y que es necesa-rio corregir. Esto podría cambiar el rumbo enque se consideran actualmente las políticas

93 PORTOCARRERO, Gonzalo. «Perú, el país de las memorias heridas: entre el (auto)desprecio y la amargura». En BELAY,Raynald, Jorge BRACAMONTE, Carlos Iván DEGREGORI y Jean Joinville CACHER (eds.). Memorias en conflicto: aspectos de laviolencia política contemporánea. Lims: Embajada de Francia en el Perú, IEP, IFEA y Red para el desarrollo de lasCCSS en el Perú, 2004.94 PORTOCARRERO, Gonzalo. Ob. cit.95 RICOEUR, Paul. Ob. cit., p. 36.


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de Estado y abriría el camino para una refor-ma más consistente de las instituciones. Enel contexto de un nuevo gobierno, se abrennuevas oportunidades y se afirma el reto de

construir un «verdadero presente» en el quetodos seamos capaces de reconocernos, dia-logar sobre nuestro pasado y construir un fu-turo más justo y democrático.


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Los derrotados de toda época cifran en eljuicio de la historia sus esperanzas de rei-vindicación futura. En Latinoamérica, vienea la mente el caso de rebeldes capturados,como Fidel Castro luego de su inicial fraca-so en 1953, o represores en desgracia, comoel almirante Massera acabada la junta mili-tar argentina. Héroes y miserables; valien-tes y cobardes suelen proclamar «la historiame absolverá», sirviéndose de ese modo deuna sencilla metáfora y una poderosa ilusión:que la opinión de las generaciones futurasserá comparable a la sentencia de un tribu-nal justo.

Los vencedores también buscan apropiar-se de la historia pero —al gozar de las venta-jas del poder— su tarea tiene menos urgen-cia. En las palabras de los derrotados esdonde se pone en evidencia la importanciade la memoria como fuente de legitimidadpara cualquier proyecto político. Puestos fren-te al tribunal que los ha de condenar irreme-diablemente, los derrotados aprovechan laoportunidad para afirmar que sus muertosno cayeron en vano y sus ideas no perdieronvigencia.

* * *


EDUARDO GONZÁLEZ CUEVA*

En el Perú, el gran derrotado del conflictoarmado fue el PCP-Sendero Luminoso. Porun lado, sus estructuras políticas y militaresfueron desmanteladas como consecuencia dela captura de su dirección central. Por otrolado, su ideología fue desprestigiada y susmétodos de actuación negaron cualquier jus-tificación a su causa. En consecuencia, elPCP-Sendero Luminoso no tenía otra opciónsalvo la de asumir la derrota y glorificar sumemoria en la esperanza de una futura con-firmación histórica. Eso exactamente es loque intentó Abimael Guzmán en la arenga quelanzó al ser presentado en público, y que susacólitos siguen llamando «el discurso del leónenjaulado».

Sin embargo, en algún momento, Abi-mael Guzmán fue persuadido de abandonarsu actitud desafiante. Creyó que sería toma-do en serio por el gobierno en posibles nego-ciaciones para desarmar a su grupo, y deci-dió aceptar la oferta. Lo que siguió fue unaconducta equívoca, interpretada por muchosde sus seguidores como una simple capitu-lación y que provocaría fatales luchas parti-darias intestinas.

En un documento de lógica torturadaque —con ayuda del Servicio de Inteligencia

* Sociólogo. Actualmente es Senior Associate del International Center for Transitional Justice de Nueva York, dondedirige los programas de Colombia, Indonesia y Timor Oriental.

EDUARDO GONZÁLEZ CUEVA

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Nacional— filtró a sus militantes,1 Guzmánexplicaba que era necesario negociar la ver-dad con el enemigo. Para persuadir a los sen-deristas de la justeza de tamaño viraje, empe-zó por argumentar que la verdad no existíacomo término absoluto, sino que había —enrealidad— por lo menos cuatro verdades:

«Verdad filosófica», corresponde a la contra-dicción, es un camino sinuoso. «Verdad histórica», proceso de desarrollo delas revoluciones, la lucha de clases es así. «Verdad política», la lucha de todos los díaspor el Poder, expresan esta necesidad. «Verdad sicológica», como se comprendedesde la posición de clase.2

De nada servía, en ese marco, lamentar-se por el hecho de negociar con el enemigo yconcederle la victoria y la «verdad política»por hoy, porque la verdad histórica —sinuo-sa pero inevitablemente— se impondría enun par de generaciones. Las «condicionesobjetivas» —es decir, el hecho de que él ha-bía caído prisionero— imponían concesionesque serían difíciles de aceptar para aquéllosatrapados en una «pueril impaciencia» segu-ramente indicadora de una posición de clasemenos que proletaria. Nada costaba compro-meter la verdad por la que había exigido a sumilitancia cruzar un río de sangre; esa ver-dad única e inmarcesible podía esperar, o erauna más entre tantas. Guzmán capturado sepreguntaba, con la impaciencia de Pilatos, quéera esta «verdad» de la que tanto se preocu-paban otros.

Ahora sabemos que Guzmán calculó mal:el fujimorismo nunca lo tomó en serio y suscartas «de presidente a presidente» fuerontratadas como una broma absurda. La ma-niobra fue en vano; la estrategia de preservar

fuerzas apostando a una nueva oportunidadhistórica terminó con los principales líderesen prisión, condenados a sentencias largas ya la irrelevancia política.

Años después de su fracasada aventuranegociadora, desaparecido el gobierno fuji-morista al que alguna vez había consideradouna necesidad histórica, Guzmán se encon-tró frente a los tribunales de la democracia,que le otorgaban un juicio justo. Pero unadécada después del desafiante discurso dela jaula, Guzmán ya no tenía la menor ener-gía para apelar al juicio de la historia en losmismos términos. Ciertamente, asumía laresponsabilidad política de haber iniciado delconflicto armado interno, pero regatea todaculpabilidad penal: «Jamás he negado, nie-go, ni negaré la responsabilidad aludida. Sinembargo, no estoy conforme y rechazo el jui-cio que se ha dispuesto en mi contra».3

El Informe Final de la Comisión de la Ver-dad y Reconciliación condenó inequívocamen-te al PCP-Sendero tanto por iniciar el conflic-to sin causa justa, como por utilizar mediosatroces en pos de sus objetivos. La decisiónde iniciar el conflicto fue una imposición au-toritaria «a contracorriente de la abrumado-ra mayoría de peruanos y peruanas, en mo-mentos en que se restauraba la democraciaa través de elecciones libres».4 Los métodosde lucha no vindicaron la decisión de iniciar-la, por el contrario, la CVR afirma que el PCP-Sendero «[…] desplegó extremada violenciae inusitada crueldad [...] la tortura y la sevi-cia como formas de castigar o sentar ejem-plos intimidatorios».5 En resumidas cuentas,el PCP-Sendero fue «un proyecto militaristay totalitario de características terroristas»6 yde «potencial genocida».7

Así las cosas, Guzmán utilizó la poca ener-gía que le quedaba en una breve performance

1 GUZMÁN, Abimael. ¡Asumir y combatir por la nueva gran decisión y definición! Octubre de 1993.2 Ibídem.3 Expediente 276-03. Declaración instructiva del acusado Abimael Guzmán Reynoso. 5 de mayo de 2003.4 COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN. Informe Final. Lima: CVR, 2003, Conclusiones Generales, tomo VIII, p. 355.5 Ibídem.6 Ibídem.7 Ibídem.


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provocada por reporteros ansiosos de unafotografía y dejó el resto a sus abogados. Susúltimos escritos públicos no han sido análisispolíticos, sino pedidos de hábeas corpus. Nadaen su comportamiento ha llegado al dramatis-mo de Milosevic en La Haya o Hussein en Bag-dad. Guzmán y sus compañeros han optadopor aceptar la garantía que les ofrece el estadode derecho de no autoincriminarse, es decir,han decidido enfrentar el proceso en silencio y,al renunciar a la lucha por su propia verdad,han aceptado su completa derrota.

* * *

Los otros grandes actores del drama, los al-tos mandos militares que tuvieron la respon-sabilidad de dirigir la política contrainsurgen-te, no están interesados en el juicio de lahistoria porque en él tienen todo que perder.El sentido común les es altamente favorable,de modo que cualquier revisión les es perju-dicial. Además, en el mundo real, «más acá»de la metáfora del «juicio de la historia», nin-gún alto mando militar ha sido jamás conde-nado al cabo de un juicio imparcial frente aun tribunal legalmente establecido. Seríaabsurdo que tuvieran el menor interés en ter-minar con tan provechosa situación de im-punidad. ¿Para qué ir a juicio, ya sea en elfuero civil o en el fuero de las generacionesfuturas?

Así, curiosamente, vencidos y vencedo-res se encuentran en la misma situación:ambos han renunciado a luchar por su me-moria, unos por cansancio, otros por venta-ja. Lo que no esperaban los militares respon-sables de la lucha contrainsurgente fue laexistencia de la Comisión de la Verdad y Re-conciliación (CVR) y el peso del sistema in-ternacional de derechos humanos para ero-sionar la impunidad de jure y de facto quedisfrutaban.

Por un lado, la Corte Interamericana deDerechos Humanos, examinando el caso Ba-rrios Altos anuló las leyes de amnistía dadaspor el fujimorismo en 1995;8 por otro, el In-forme Final de la CVR examinó con precisiónlos patrones de violaciones atribuidas a lasfuerzas del orden y casos específicos, con-cluyendo que las fuerzas armadas aplicaronuna estrategia que —al menos inicialmen-te— «fue de represión indiscriminada con-tra la población considerada sospechosa» yque —en determinados momentos— «la ac-tuación de miembros de las Fuerzas Arma-das no sólo involucró algunos excesos indi-viduales de oficiales o personal de tropa, sinotambién practicas generalizadas y/o siste-máticas de violaciones de los derechos hu-manos, que constituyen crímenes de lesahumanidad así como transgresiones de nor-mas del Derecho Internacional Humanitario».9

El Informe Final de la CVR no significaba—en sí mismo— ningún riesgo directo de ir ala cárcel, dado que no se trataba de un orga-nismo judicial, pero sí era un golpe directo ala legitimidad de la impunidad y es por elloque ha despertado reacciones tan hostiles.Lo sorpresivo de la reacción militar y conser-vadora no debiera ser, entonces, la tenacidadcon la que atacan el Informe Final, sino queel resultado directo de esa contestación nosea la defensa de una verdad alternativa, sinoel pedido de olvido.

Los militares y sus defensores en la esfe-ra política, aparentemente, se rehúsan a de-fender su verdad frente a un tribunal. Espe-ran que la justicia política de su causa —lalucha contra el totalitarismo maoísta— de-termine la justicia de sus actos, incluso delos más atroces. Repiten, como el perpetra-dor argentino Emilio Massera que «nadie tie-ne que defenderse por haber ganado unaguerra justa»,10 pero en vez de hacer comoMassera y reivindicar su verdad, optan por el

8 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Chumbipuma Aguirre et al. vs. Perú. Sentencia del 14 de marzo de 2001.9 COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN. Ob. cit.10 Juicio de las juntas militares de gobierno. Corte Suprema de la República Argentina, 1985.


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modelo de Pinochet una vez recuperada lademocracia y parecen proclamar como lohiciera el general «es mejor quedarse calladoy olvidar. Es lo único que debemos hacer. Te-nemos que olvidar. Y esto no va a ocurrirabriendo casos, mandando gente a la cárcel.Ol-vi-dar: esta es la palabra».11

En la ansiedad pre-electoral del año2006, un amplio número de operadores polí-ticos se aunaron a ese argumento pidiendo ojustificando una amnistía para los militaresacusados de violar los derechos humanos.Según ellos, los militares no deben ser juz-gados porque eso significaría ponerlos en elmismo nivel de los senderistas. Eso es inacep-table, dice el argumento, puesto que aqué-llos defendían el orden constitucional, y és-tos querían destruirlo: quien libra una guerrajusta está por encima de la ley.

Este es, naturalmente, un argumento ex-céntrico y dice muy poco de la lealtad al es-tado de derecho de algunos políticos perua-nos. Lo más paradójico del argumento es que—en la práctica— no niega el crimen. Por elcontrario, lo admite, pero lo justifica en nom-bre de una contingencia política: el criminalestaba de nuestro lado, si no fuera por suvictoria no estaríamos aquí. Con esa lógica,los violadores de derechos humanos y susdefensores políticos nada podrían objetar siel PCP-Sendero Luminoso hubiera ganado laguerra y celebrase con honores a quienesmasacraron Lucanamarca o esclavizaron a losasháninkas.

El ex [almirante] Luis Giampietri, elegidovicepresidente de la República en las últimaselecciones, es un claro ejemplo de la lógica derenunciar a una memoria supuestamente he-roica en nombre de una lógica pragmática.Luego de años de presentar la matanza depresos acusados de terrorismo en el Frontóncomo un combate formal, se presentó ante

la CVR para eludir toda responsabilidad pe-nal y pedir comprensión:

No se puede comparar lo que hacía la poli-cía con lo que hacía la Fuerza Armada. Y esoes un poco lo que viene a ser la decisión dequien toma esa decisión. Porque el presiden-te de la República, tanto [Fernando] Belaun-de como Alan García, tuvieron diversas op-ciones para tomar una decisión. Pero quiense autotitula jefe supremo de las Fuerzas Ar-madas tiene que conocer cómo actúa cadauno [la policía y la Fuerza Armada]. Ustedpuede sofocar un incendio o soportar unmotín y mandar a los bomberos o lanzarbombas lacrimógenas, mandando a la poli-cía o a la Fuerza Armada. Pero si uno tomacualquiera de esas opciones, tiene que sa-ber la reacción y el entrenamiento que tienela gente. En la forma de reaccionar, allí hayuna responsabilidad política de quien deci-de. [...] Si no lo hubiera hecho como lo hice[...], podría haber sido acusado de cobarde ode ineficiente. Entienda usted, yo no he sidoun policía, ni he pretendido ser un policía. Yohe sido un miembro de la Fuerza Armada.12

Interrogado por los medios por la apa-rente inconsistencia de aceptar una postula-ción a la vicepresidencia bajo el hombre enquien descargaba la responsabilidad por loshechos de El Frontón, Giampietri sintetizó sudefensa en una sola frase: «Les pido que yadejen este tema. No quiero confrontacionescon este caso».13

Los militares sobre los que pesan lasmás graves acusaciones rehúyen todo jui-cio: el de la historia, porque les ha de esca-motear la memoria gloriosa que consagróen su favor el fujimorismo; el de los tribuna-les, porque les puede significar años de cár-cel. Sin embargo, puestos frente a la real

11 Santiago, 13 de septiembre de 1995. Citado en CANDINA, Azun. «El día interminable». En JELIN, Elizabeth (comp.).Las conmemoraciones: las disputas en las fechas «in-felices». Madrid: Siglo Veintiuno, 2002.12 «Giampietri declaró que García es responsable político de El Frontón». La República, 2 de febrero de 2006.13 Ibídem.


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posibilidad de ser juzgados y balanceandoambas cosas, deciden que el riesgo de undía de cárcel pesa más que todas las me-morias gloriosas.

Es ésta una opción pragmática pero ex-traña. Después de todo, cualquiera que co-nozca el Perú sabe que la justicia ordinariaha de enfrentar graves convulsiones y dudasantes de atreverse a condenar a militares dealta graduación que gozan de apoyo político.Aún así, los que se sienten posibles acusa-dos no quieren arriesgar nada y, luego de añosde disfrutar de una memoria que les era con-veniente, piden dejar el tema, una amnistía,olvido, ocultamiento. Ésta es una defensa fe-ble que recuerda penosamente a criminalesde épocas pasadas para quienes sus hechosfueron «[…] una página gloriosa de nuestrahistoria que nunca ha sido escrita y que ja-más lo será».14

* * *

En verdad, lo que le faltaba a la ficción histó-rica que el fujimorismo y el militarismo le-vantaron era un testigo de cargo; era —losabemos ahora— demasiado audaz crear undiscurso sin corroboración. Esta oportunidadse presentó en 1993 cuando el derrotadoAbimael Guzmán le ofreció a la dictadura re-conocer su derrota militar y el triunfo históri-co del Estado peruano.

El «juicio histórico adelantado» que elfujimorismo proclamó para los militaresadictos al régimen hubiera quedado blinda-do contra las contingencias de la política dehaber aceptado la oferta de Guzmán. ¿Quémejor prueba de tener razón que la voz delenemigo diciendo que ha sido derrotado lim-piamente? Una salida negociada al conflic-to, al estilo de las experiencias centroameri-canas hubiera concluido —como en aquelcaso— en pactos mutuos de silencio o —comoofrecía Guzmán— en una capitulación formal.

Sin embargo, la dictadura de 1993, ce-gada por una victoria fácil, se mofó de la pom-posa pretensión de quien quería ser su socioen la construcción de una «verdad» convenien-te y lanzaron las cartas de Guzmán al tachode basura, utilizándolas nada más que comoun instrumento de corto plazo para ganarvotos en las elecciones que dieron lugar alCongreso Constituyente Democrático.

Habiendo perdido a un testigo estrellafrente al juicio de la historia, la memoria glo-riosa de los altos mandos militares se hizodependiente de la fortuna política del fujimo-rismo. A su caída, los antiguos mandos vie-ron que, a la falta de control de tropa, se agre-gaba la falta de control de la historia y de lostribunales. Al primer riesgo de juicios, se hanvisto obligados a ofrecer —a través de algu-nos operadores políticos y de los medios queles son adictos— su renuncia a una historiainsostenible, luego del informe de la CVR, acambio de impunidad: olvido y perdón.

Quien pide amnistía renuncia a justificarsu causa y se conforma con el silencio. Esparadójico que algunos antiguos militaresciten al almirante Massera, quien se portóatrevidamente ante los jueces del más altotribunal de la democracia recuperada, perotengan temor de hacer lo mismo frente a unmodesto juez provincial. Prefieren una treguaantes que librar una batalla por su memoria.La paradoja más profunda es que —al igualque Guzmán— la jerarquía militar le pide hoya sus subordinados olvidar la causa por laque le exigieron cruzar un río de sangre.

* * *

Por su parte, las víctimas de uno y otro bandoquieren justicia, pero viven en la frustraciónde un sistema legal ineficiente y políticamen-te débil. Las víctimas de los militares se en-frentan a procesos largos y penosos: a la com-plejidad inherente a un juicio por crímenes de

14 HIMMLER, Heinrich. Discurso en Posen. 4 de octubre de 1943.


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lesa humanidad, hay que agregar las dispu-tas de fuero y las presiones políticas. Las víc-timas del senderismo no están en mejor si-tuación: ciertamente, los senderistas estánen prisión, pero muy pocos entre ellos lo es-tán por un caso particular. La viuda de unpolicía asesinado por la espalda no puedesaber a ciencia cierta si el asesino individualde su esposo está en prisión, porque la abso-luta mayoría de quienes ahí están fueron con-denados sin un proceso debido y nada ga-rantiza que sean efectivamente culpables dealgo específico.

Las víctimas de los militares no han en-contrado justicia porque el sistema judicialutiliza la imparcialidad de los procedimien-tos como una excusa para la demora y unabrecha por la que irrumpen las presionespolíticas. Las víctimas del senderismo no hanencontrado justicia tampoco porque las cor-tes se olvidaron de la imparcialidad y pusie-ron en prisión a justos e injustos. A las pri-meras, la justicia peruana parece decirles «sí,esos son los criminales, pero no podemoshacer nada»; a los segundos les dice «no sa-bemos si estos son los criminales, pero sonlos que tenemos».

Por eso, a todas las paradojas revisadasen estas breves líneas hay que agregar otra:de un lado, los senderistas que cometieroncrímenes contra el estado de derecho seamparan en el derecho al debido proceso paracallar. De otro lado, los miembros de las fuer-zas armadas que defendieron el estado dederecho se niegan a ejercer su derecho aldebido proceso y piden olvido.

* * *

Vale la pena preguntarse si no es preciso —sinrenunciar a la justicia— imaginarla de otramanera: menos concernida por el proceso ymás por el resultado, menos enfocada en losperpetradores —que escamotean y negocianla memoria— y más en la víctima, que afirmauna memoria suprimida. La CVR es lo más cer-cano que tenemos a tal imagen alternativa.

La CVR tuvo —durante su breve existen-cia— sus propios rituales y procedimientos,

que se expusieron ante la sociedad peruanacon contundencia. Cualquiera que haya vistolas audiencias públicas de la Comisión losabe: en lugar del proceso escrito, un proce-so oral; en lugar de los papeles, la voz deltestigo; en lugar de la narrativa lineal de lahistoria escrita, la narrativa circular, quebran-tada de quien ya no piensa en términos deinicio, nudo y desenlace.

En un país en el que las únicas perfor-mances conocidas para escenificar la relaciónentre sociedad y estado son la pelea calleje-ra y el besamanos, la Comisión propuso porun momento brevísimo un juego de jerarquíasinvertidas: las víctimas compartiendo la mis-ma mesa que los comisionados; éstos ponién-dose de pie para recibir a la víctima y no a lainversa; los poderosos y privilegiados agra-deciendo a los que no tienen más que sushistorias, por compartirlas.

Las comisiones de la verdad proponenuna manera paradójica de escribir la histo-ria, distinta a la ruta judicial y distinta a laruta académica. En lugar de escribirla recu-rriendo a los expertos célebres, lo hacen re-curriendo a los insignificantes, a los que lohan perdido todo menos la voz y la memoria.De esta forma, las comisiones se conviertenen un eficaz instrumento de potenciación delas memorias sumergidas, las sub-versionesque han sido tanto tiempo negadas por eldiscurso dominante.

Las comisiones son por naturaleza aje-nas a la normalidad: ocurren sólo una vez enla vida de una comunidad política; son crea-das por mecanismos extraordinarios, recibenpoderes extraordinarios y funciones extraor-dinarias. Por ello, escapan a la rutina de lascortes de justicia y están en condiciones deganar el carisma de lo milagroso. El precioque deben pagar para ello es ser irrepetiblesy limitarse en el tiempo: al terminar su tra-bajo, las comisiones se disuelven y dejan de-trás un legado escrito y archivístico que in-tenta hacer perdurar en la palabra escrita lavoz estremecedora de las víctimas.

Mientras permaneció activa, la CVR per-maneció callada y cedió la palabra a las vícti-mas, escogiendo el rol de testigo silencioso


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y empático. Al terminar su trabajo, la perfor-mance cambió y la Comisión se convirtió enel coro de la tragedia, que nos informa delos horrores que han ocurrido y extrae deellos lecciones morales. Pero este nuevopapel —que supone el poder de la reflexiónserena— nunca puede interpelarnos delmodo que lo hace la observación directa deldolor de otros. Por eso, la CVR ofrece ahoraun blanco fácil, pues se ha asimilado a suInforme Final y a la persona de los comisio-nados: atacar estadísticas es mucho másfácil que atacar la imagen de las víctimas,tal como ha quedado grabada en la psiquenacional.

* * *

Al terminar el trabajo de la Comisión, las cor-tes de justicia y las agencias sociales del Es-tado asumieron su legado; pero la performan-ce que llevan a cabo es previsible y rutinaria.No puede ser de otra manera, puesto que larutina y la certidumbre de los procedimien-tos es la esencia de la administración públi-ca. La gran pregunta es si los resultados hande ser también completamente ciertos y pre-decibles: si lo son, la equidad de los procedi-mientos quedaría falseada.

En efecto, de nada sirve someter a Guz-mán a un nuevo juicio ante un tribunal civil sisu condena es un resultado políticamente or-denado, o a los perpetradores estatales si sesabe de antemano que no serán condenados:

la esencia de un procedimiento democrático—y por extensión de la justicia penal— es laincertidumbre de los resultados,15 la posibi-lidad aceptable de que el favorito pierda. Sise hubiera sabido de antemano que los 22acusados en Nuremberg serían ahorcados, eljuicio no hubiera merecido el nombre de tal yhabría dado igual que se les hubiera fusiladoal momento de la captura.

No se puede renunciar a la esperanza deque las cortes de justicia peruanas sean au-ténticas: que traten imparcialmente a losacusados de ambos bandos y separen, por lotanto, historia de política contingente. Al mis-mo tiempo, no puede asumirse pasivamenteque las cortes peruanas —por largo tiempodébiles e ineficaces— se hagan cargo del pri-vilegio de escribir la historia, pues ésta debequedar siempre «más allá»: lejos de las ma-niobras de actores contingentes.

Ni deben escribir la historia ni deben se-guir siendo la metáfora que representa la his-toria. En los años en los que se creó la Comi-sión de la Verdad peruana, circularon muchasmetáforas alternativas: la historia fue «bata-lla», audiencia pública, testimonio. El hechode que los perpetradores de uno y otro ban-do ahora se abstengan de defender su me-moria no puede negar la existencia de unacompleja y disputada construcción común.Quizá, alguna vez en este terreno «nos seadado inventar metáforas que no pertenecen—o aún no pertenecen— a los paradigmasaceptados».16

15 PRZEWORSKI, Adam, Michael E. ALVAREZ, Jose Antonio CHEIBUB y Fernando LIMONGI. Democracy and Development: Politi-cal Institutions and Well-Being in the World, 1950-1990. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.16 «It may be given to us to invent metaphors that do not belong —or do not yet belong— to accepted patterns».BORGES, Jorge Luis y Calin Andrei MIHAILESCU (eds.). This Craft of Verse: The Charles Eliot Norton Lectures, 1967-1968.Harvard University Press, 2000.

Veintiséis años y algunos meses después deque un grupo de integrantes del PCP-Sende-ro Luminoso perpetrara —en las alturas aya-cuchanas de Chuschi— su primer atentadocontra el incipiente sistema democrático pe-ruano,1 resulta desalentador constatar lasenormes dificultades que encuentra la reali-zación de la justicia en un país desolado porun conflicto armado tan intenso y prolonga-do como el vivido en las dos últimas décadasdel siglo pasado.

Aquel desaliento se funda en la certezade que una eficaz aplicación de la llamadajusticia retributiva es indispensable para inten-tar aproximarse de forma efectiva a aquelloque se concibe como reconciliación, y en laconstatación de cuán distante se encuentrala sociedad peruana respecto de ese cometi-do, necesario para reparar las fracturas so-ciales que permitieron el origen y desarrollodel periodo de violencia, y que se han incre-mentado como consecuencia de la citadaconflagración y de la marginación en la que

permanece sumida una significativa parte dela población.

Sería mezquino afirmar que, transcurri-dos más de veintiséis años, la situación en elPerú se muestra tan esquiva a la justicia comolo estuviera en la década de 1980 —lapso enel que el aparato judicial fue temeroso e in-dulgente con los crímenes del PCP-SenderoLuminoso—, o en la década de 1990 —perio-do en el que desatendió su responsabilidadde proteger los derechos de las personas yse convirtió en un mero instrumento de unEjecutivo autocrático—.

Sin lugar a dudas, la actitud del sistemajudicial y otras agencias vinculadas con lasanción penal de las violaciones de derechosde las personas ha evolucionado. Tras la caí-da del régimen de Alberto Fujimori se experi-mentó una transición expresada en la recu-peración de la independencia de la judicatura.No obstante, la ausencia de políticas públi-cas que se orientaran a coadyuvar al cumpli-miento de la función jurisdiccional, en el

Justicia retributiva y reconciliación en el Perú.Paradojas en la aplicación de la justicia penal ante casosde violaciones de derechos humanos

FRANCISCO MACEDO BRAVO*

* Abogado, Investigador del IDEHPUCP y Coordinador del proyecto «Fortalecimiento de la política de procesamien-to penal de violaciones de derechos humanos».

1 El 17 de mayo de 1980, en la víspera de los comicios generales del citado año, miembros del PCP-SenderoLuminoso quemaron once ánforas electorales. Chuschi es un distrito de la provincia Cangallo, ubicada en la regiónAyacucho.

FRANCISCO MACEDO BRAVO

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marco de una reforma institucional,2 se con-fabuló contra la posibilidad de cautelar demanera efectiva los derechos y libertades delos individuos y grupos que componen la so-ciedad peruana.

1. Motivación, alcances teóricos ypremisas

Antes de explicar las razones que sustentanlas afirmaciones expuestas, es importanteprecisar que esta breve disquisición buscadeterminar la eficacia del procesamiento ju-dicial de las violaciones de derechos huma-nos en nuestro país, en el entendido de quealcanzar la justicia es un elemento requeridopara la consecución de la reconciliación na-cional, entre individuos y grupos.

Para ello, debemos plantear ciertas dis-tinciones teóricas. Por ejemplo, la idea dereconciliación se presenta como vaga y con-fusa si no es adecuadamente delimitada. Esútil, en este caso, emplear la definición esbo-zada por la Comisión de la Verdad y Reconci-liación (CVR, en adelante) en su Informe Fi-nal, diferenciándola de la noción de perdón:

La reconciliación es la puesta en marcha deun proceso que busca restablecer o refun-dar los vínculos fundamentales entre losmiembros de una comunidad, luego de ha-ber superado el conflicto que los destruyó—incluso si este conflicto es iniciado por unade las partes—. En contraste, el perdón esel acto gratuito, asimétrico y único de darpor pagada una culpa y de permitir a la víc-tima (ocasionalmente al gobernante, ennombre de la nación) revivir el pasado —por más doloroso que sea— para superarlo.

El perdón, aunque tiene una dimensión so-cial, y hasta pública, no tiene empero pro-piamente función en la ley ni en la adminis-tración de justicia. Así, la reconciliaciónapunta a la construcción y al diseño del fu-turo por parte de una comunidad o Estado;mientras que el perdón solamente puedecontribuir a su realización.3

De mantenerse quebrados los lazos en-tre los miembros de la sociedad peruana,podrá seguirse alegando que el Estado per-manece alejado de las personas que habitansu circunscripción geográfica, y no deberásorprender que se siga reclamando —y, enalgunos casos, exigiendo— cambios drásti-cos en su modelo y diseño para incluir en ladeliberación pública a individuos y gruposhistórica e injustamente aislados.

La reconciliación, en los términos plan-teados por la CVR, no puede concretarse sinjusticia.4 Dado que el término justicia tienediversas acepciones, conviene puntualizar quese está aludiendo a una modalidad denomi-nada justicia retributiva.

La justicia retributiva es aquélla que con-templa la imposición de castigos impersona-les, proporcionales a las ofensas cometidase individualmente definidos por la agresiónde bienes valiosos para la sociedad y, por ello,protegidos jurídicamente. Se basa en la per-secución de los individuos o grupos que da-ñan tales bienes jurídicos y, por tanto, dere-chos o libertades de otros individuos o grupos,para, en función de la potestad punitiva delEstado, aplicarles sanciones.5

Sin una aplicación eficaz de la justicia re-tributiva a las violaciones de los derechos hu-manos es quimérico pensar en la factibilidady viabilidad de la edificación de relaciones o

2 Tal como lo propusiera la Comisión de la Verdad y Reconciliación. En: COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN.Informe Final. Lima: CVR, 2003, tomo IX; y, posteriormente, la Comisión Especial para la Reforma de la Administra-ción de Justicia (CERIAJUS). En Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia. Lima, 23 deabril de 2004.3 COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN. Ob. cit., tomo IX, pp. 30-31.4 «[…] la justicia es condición necesaria de la reconciliación y, al mismo tiempo, su resultado […]». Ibídem, p. 25.5 Cfr. BLOOMFIELD, David, Teresa BARNES Y Luc HUYSE (editores). Reconciliation after violent conflict. A handbook. Estocol-mo: International Idea, 2003.

Justicia retributiva y reconciliación en el Perú. Paradojas en la aplicación de la justicia penal ante casos de violaciones...

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la reconstrucción de los deteriorados víncu-los de los integrantes de la sociedad perua-na. Sin que se investigue, persiga, y sancionelas vulneraciones de los derechos y liberta-des fundamentales6 no es posible referirse niapuntar a la reconciliación.

Otra razón que conduce a considerarplausible la afirmación de que, en el Perú, lareconciliación no podrá concretarse sin justi-cia retributiva es la consideración de que éstaúltima reconoce y reivindica los derechos delos afectados. En una sociedad en la que granparte de sus miembros no disfrutan de unaciudadanía universal efectiva,7 la justicia re-tributiva se torna imprescindible.

Es pertinente añadir otro elemento rele-vante para el análisis que se está plantean-do. La obtención de la justicia en una socie-dad que transita a la democracia después deun conflicto armado o un régimen autorita-rio requiere de la memoria histórica, relatosurgido como consecuencia del ejercicio delderecho de los pueblos a conocer la verdadsobre graves violaciones de derechos huma-nos ocurridas en el pasado, y del derecho delas víctimas a tener un conocimiento certerosobre las circunstancias que caracterizaronlas afectaciones que sufrieron. El cumplimien-to de las obligaciones generadas por el deno-minado derecho a saber —en términos de Dia-ne Orentlicher—8 avala la elaboración deaquel relato histórico, y favorece un real acer-camiento a la justicia y, por ende, a la recon-ciliación.

El trabajo efectuado por la CVR satisfizolas obligaciones relacionadas con el derechoa saber en relación con la violencia de origenpolítico de fines del siglo XX. Dicho organismoextrajudicial de investigación reconstruyó la

memoria histórica de nuestro país basándo-se en la perspectiva de las víctimas, dando aconocer la verdad sobre muchos de los crí-menes y violaciones de derechos humanosperpetrados desde 1980 y sosteniendo razo-nablemente la necesaria pretensión de iden-tificar y sancionar a los responsables.

La memoria histórica que restableció laCVR debiera facilitar la consecución de la jus-ticia y la reconciliación en el Perú. Sin em-bargo, los rasgos poscoloniales de nuestrasociedad generarían desidia ante la dramáti-ca verdad descubierta. Una ciudadanía quetiene una visión estamental de la sociedadparece no asumir ni querer asumir la verdadde lo sucedido. Más adelante volveremos ahacer referencia a ello.

2. La justicia penal aplicable a lasviolaciones de derechos humanosen el Perú: modo de aproximación

Establecido el vínculo entre justicia y reconci-liación, corresponde hacer mención a la ma-nera en la cual se han estudiado los rasgos yproblemas de la aplicación de la justicia retri-butiva a las violaciones de derechos huma-nos perpetradas en nuestro país.

Con el fin de aproximarse de forma com-prehensiva al objeto de estudio, se evaluó elpapel que cumplen las diferentes agenciasestatales y no estatales en la resolución delos conflictos causados por vulnerar los de-rechos de los individuos y grupos humanos.

Si bien las sentencias y resoluciones delPoder Judicial expresan la facultad delegadaen el Estado para «administrar justicia»,9 yponen de manifiesto su capacidad punitiva y

6 A lo cual el Estado peruano se ha obligado internacionalmente al reconocer la competencia contenciosa de laCorte Interamericana de Derechos Humanos. Cfr. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Velásquez Rodrí-guez vs. Honduras. Serie C, n.º 4, sentencia del 29 de julio de 1988, parágrafo 166.7 Entendida como el goce y ejercicio pleno de los derechos humanos.8 ORENTLICHER, Diane. Conjunto de principios actualizados para la protección y la promoción de los derechos huma-nos mediante la lucha contra la impunidad. En http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/109/03/PDF/G0510903.pdf?OpenElement.9 La Constitución Política de 1993 reconoce, expresamente, esa atribución: «La potestad de administrar justiciaemana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitucióny las leyes». Cita del artículo 138 de la Constitución Política del Perú.


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sancionadora a través del monopolio del usolegítimo de la fuerza,10 no sólo la judicaturaes relevante para determinar la eficacia delsistema de resolución de conflictos, en parti-cular, cuando se producen afectaciones a losderechos y libertades fundamentales.

A nivel estatal, importa tomar en cuenta,también, al Ministerio Público —que asumela titularidad de la acción penal estatal, pro-mueve y defiende la legalidad y a la socie-dad—,11 a la Defensoría del Pueblo —institu-ción encargada de defender los derechosconstitucionales y fundamentales12 de la per-sona y de la comunidad—;13 y a ciertos órga-nos del Poder Ejecutivo como el Ministeriode Justicia,14 el Ministerio del Interior y laPolicía Nacional del Perú —responsable deproteger y ayudar a las personas y la comu-nidad—,15 y el Ministerio de Defensa —inclui-das las Fuerzas Armadas, y el, hasta hoy exis-tente, Consejo Supremo de Justicia Militar—.

Asimismo, la dilucidación de los proble-mas que aquejan al procesamiento de las vio-laciones de derechos humanos obliga a incluiren el análisis a la sociedad civil congregadaen organizaciones de defensa y promoción delos derechos de las personas, y agrupacionesde víctimas de tales agresiones.

Una investigación realizada por elIDEHPUCP16 comprendió a todos los actoressociales aludidos y extrajo conclusiones sobre

las trabas que impiden al Estado peruano, me-diante los órganos jurisdiccionales, sancionareficazmente ese tipo de crímenes —en los quela eficacia es, a su vez, una garantía de norepetición—.

3. Los problemas en la judicializaciónde las violaciones de derechoshumanos en el Perú

Las pesquisas efectuadas permitieron apre-ciar obstáculos de diferente magnitud y natu-raleza. Se constató falencias de los operado-res del sistema judicial17 en relación con elconocimiento y la correcta aplicación de as-pectos sustantivos y procesales del procesa-miento penal de las violaciones de derechoshumanos, dificultades vinculadas con la adop-ción de acciones de política y organizaciónjudicial, y de naturaleza político-institucionalimputables a otros poderes del Estado.

Una de las dificultades identificadas quereviste mayor gravedad es la inexistencia deun sistema especializado en el procesamien-to de violaciones de derechos humanos. Unarecomendación de la CVR,18 que indicó la ne-cesidad de que un conjunto de órganos judi-ciales se dedicase de manera exclusiva a co-nocer la inmensa cantidad de violaciones dederechos humanos producidas en las últimas

10 Cfr. WEBER, Max. Economía y sociedad. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1987, p. 1056.11 «Corresponde al Ministerio Público: 1. Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa dela legalidad y de los intereses públicos tutelados por el Derecho. 2. Velar por la independencia de los órganosjurisdiccionales y por la recta administración de justicia. 3. Representar en los procesos judiciales a la sociedad».Cita del artículo 159 de la Constitución Política del Perú.12 En este texto se entenderá por derechos constitucionales a los reconocidos por la Carta Magna, a diferencia de losderechos fundamentales, sinónimo de derechos humanos, aquellos inherentes a la persona y cuyo reconocimiento noimplica su necesaria inclusión en la norma suprema del sistema jurídico.13 Cita del artículo 162 de la Constitución Política del Perú.14 El cual se encarga, según su ley orgánica (decreto ley 25593), de asesorar legalmente al Poder Ejecutivo yespecialmente al Consejo de Ministros; de promover una eficiente y pronta administración de justicia, vinculando alPoder Ejecutivo con el Poder Judicial, el Ministerio Público y otras entidades; y de sistematizar, difundir y coordinarel ordenamiento jurídico, entre otras funciones.15 Artículo 166 de la Constitución Política del Perú.16 Ampliamente descrita en la publicación Procesamiento de violaciones de derechos humanos en el Perú. Característi-cas y dificultades. Lima: IDEHPUCP, 2006.17 Vocales, jueces, fiscales y abogados litigantes. Se considera, también, a los agentes policiales relacionados conlas investigaciones por delitos que comprenden violaciones de los derechos humanos porque, de acuerdo con elmodelo procesal vigente, la Policía Nacional colabora con la labor del Ministerio Público y aporta medios de prueba.18 «C.5. Establecimiento de un sistema especializado temporal para procesar casos de crímenes y violaciones de losderechos humanos». Recomendación C.5. COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN. Ob. cit., p. 96.


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décadas del siglo pasado y la positiva expe-riencia recogida en el sistema judicial antico-rrupción, puso de relieve la urgencia que teníala creación de un sistema judicial especializa-do en derechos humanos.

Ello no se produjo. El Poder Judicial y elMinisterio Público ampliaron las funciones dealgunas instancias para que se encarguen deprocesar los casos trabajados y presentadospor la CVR y, posteriormente, por la Defenso-ría del Pueblo sobre la materia.

La ampliación de funciones significó, enel mejor de los casos, seguir conociendo pa-ralelamente los casos instaurados por el de-lito de Terrorismo —en otros, implicó el man-tenimiento de la carga procesal ordinaria—.La primera característica, exclusividad, no sehabía cumplido. Además, los órganos querecibieron el encargo no fueron dotados delos recursos humanos y económicos necesa-rios para afrontar con éxito las nuevas tareas.Tampoco se dictó políticas de gobierno con-certadas entre los órganos judiciales, lo cualse manifestó agudamente en la asignaciónde competencias a los denominados Juzga-dos supraprovinciales de Lima, habilitados paraconocer —en primera instancia— casos deviolaciones de derechos humanos producidasen todo el país, a diferencia de las Fiscalíassupraprovinciales de Lima, que mantuvieronsus atribuciones habituales. La necesariahomologación de funciones entre el PoderJudicial y el Ministerio Público fue omitidaen torno de las competencias de juzgados yfiscalías penales supraprovinciales.

Las dificultades en la organización delos órganos encargados de procesar viola-ciones de derechos humanos se ha agrava-do recientemente con la emisión de una re-solución19 que deja sin efecto la designaciónde los magistrados encargados del Primer yTercer Juzgado Penal Supraprovincial de Limay dispone que su carga procesal sea asumi-da por el Segundo y el Cuarto Juzgado PenalSupraprovincial. Dicha medida desactiva, enla práctica, a dos de los cuatro juzgados de-dicados al conocimiento de violaciones dederechos humanos.20

Otro problema de singular relevancia esel relacionado con la protección de víctimasy testigos vinculados con el establecimientode la verdad judicial en los procesos seguidospor violaciones de derechos humanos. Pesea que existe un marco legal adecuado paracautelar la integridad física y psíquica de laspersonas,21 el Ministerio Público no ha cum-plido con reglamentarlo y ponerlo en prácti-ca. Esa situación dificulta la actuación judi-cial pues priva de testimonios fundamentalespara determinar responsabilidades.

Lo señalado en los párrafos precedenteslleva a la hipótesis de que no existiría la vo-luntad política requerida en los órganos degobierno judicial para concretar la formaciónde un sistema especializado con las caracte-rísticas señaladas, ni para brindarle a los ór-ganos designados para cumplir con esas la-bores las condiciones que les permitan atenderexitosamente sus encargos.

19 Resolución 001-2006 de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, del 18 de mayo de 2006.20 Cabe añadir que, de acuerdo con una nota publicada por el diario El Comercio el pasado 28 de junio de 2006, alconcluir —probablemente a fines de 2006— los procesos por delitos de Terrorismo, la Sala Penal Nacional y losjuzgados penales supraprovinciales «[…] obtendrían las facultades necesarias para afrontar un nuevo desafío acorto plazo: reemplazar en los procesos de juzgamiento y sentencia a los cabecillas terroristas, por los feroces ysanguinarios jefes de bandas organizadas que hacen de las suyas en las calles del país». En el supuesto de que seamplíe su competencia para procesar los delitos cometidos por bandas organizadas, se perjudicaría la adecuadajudicialización de las violaciones de derechos humanos al impedir que existan órganos dedicados exclusivamente asu conocimiento. La posibilidad de que la Sala Penal Nacional y los juzgados penales supraprovinciales pierdan lafacultad de conocer violaciones de derechos humanos y crímenes vinculados con ellas prácticamente eliminaría lasoportunidades de aplicar justicia retributiva frente a las vulneraciones de derechos fundamentales cometidas entre1980 y el año 2000.21 Ley que establece los beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de la criminalidad organizada (ley 27378del 20 de diciembre de 2000) y decreto supremo 020-2001-JUS.


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La insuficiente voluntad política no debeatribuirse únicamente a los órganos de gobier-no del Poder Judicial y el Ministerio Público.

La falta de protección de las autoridadesjudiciales relacionadas con el procesamientode violaciones de derechos humanos, la ac-tuación de los Ministerios de Defensa y el In-terior (que, en muchos casos, se negaron aresponder los pedidos de información plan-teados por fiscalías y juzgados), el incum-plimiento de mandatos de detención de mi-litares en actividad o retiro por parte demiembros de la Policía Nacional del Perú, ola impasible actitud ante la reiterada inten-ción del Consejo Supremo de Justicia Militarpor procesar violaciones de derechos huma-nos, evidenciarían que el Poder Ejecutivo tam-poco está plenamente comprometido con lacausa de investigar, perseguir y sancionar lasviolaciones de los derechos de las personas.

Lamentablemente, no es posible desta-car una actitud diferente en el Poder Legisla-tivo. El parlamento, en líneas generales, semostró indiferente respecto de la protecciónde los derechos fundamentales. Esa situaciónpuede corroborarse al tomar en cuenta lasconstantes discusiones acerca de los mon-tos destinados al Poder Judicial y al Ministe-rio Público en el Presupuesto General de laRepública, o al revisar las discutibles tipifica-ciones penales de delitos vinculados con vio-laciones de derechos humanos.

A lo expuesto, debe agregársele trabasrelacionadas con ciertas falencias en la for-mación de los magistrados, algunos de loscuales muestran un insuficiente manejo deconceptos y principios básicos del DerechoPenal, del Derecho Internacional de los De-rechos Humanos y del Derecho Procesal Pe-nal.22 Las deficiencias de formación jurídicaespecializada acentúan la magnitud del

problema generado por la falta de decisio-nes políticas.

Pero, las falencias en la formación jurídi-ca no son las únicas relevantes para identifi-car las trabas que encuentran los magistra-dos que procesan violaciones de derechosfundamentales. Es insoslayable que el des-conocimiento de las estructuras e idiosincra-sia militar y policial facilita la inconstitucio-nal y constante intervención del ConsejoSupremo de Justicia Militar ante casos de vul-neraciones a los derechos fundamentalesperpetrados por agentes policiales o miem-bros de las Fuerzas Armadas.

Del mismo modo, la falta de un conoci-miento profundo sobre la historia reciente delPerú —aquélla que corresponde al procesode violencia y fuera detalladamente descritay explicada por la CVR— evita una mayor ca-lidad en la actuación judicial y fiscal.

El desconocimiento del quechua y del ay-mara, cuando se ejerce funciones en zonasdonde parte importante de la ciudadanía tie-ne a esos idiomas como lengua materna, aten-ta de manera irreparable contra el derecho deacceso a la justicia de la ciudadanía.

Los miembros de las Policía Nacional delPerú (PNP) que reciben denuncias por delitosque comprenden violaciones de derechos fun-damentales necesitan conocer la lengua ma-terna de las víctimas y estar familiarizados conlas características y rasgos del conflicto ar-mado interno si pretenden atender correcta-mente a las «personas y la comunidad» talcomo la propia Constitución Política del paísdispone. Siendo la PNP el primer eslabón delsistema, una falla originada por el desconoci-miento del idioma o de la historia recientepuede perjudicar, desde su inicio, la partici-pación del Estado en la sanción de las viola-ciones de derechos fundamentales.

22 Básicamente, un impreciso conocimiento y uso de las fuentes jurídicas internacionales, la falta de claridadconceptual sobre temas claves como la imprescriptibilidad y la naturaleza permanente de ciertos delitos, las dife-rencias entre los conceptos violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, la jerarquía de las nor-mas sobre derechos fundamentales y las formas de interpretarlas, la determinación de responsabilidad individualy la autoría mediata, y la calificación de tipos penales como tortura, desaparición forzada de personas, o genocidio.


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Un magistrado, un agente policial o al-gún otro funcionario del Estado vinculado conla penalización de delitos no son ni debenconvertirse en burócratas que se limiten aaplicar automáticamente una norma al veri-ficar que ocurra una situación tipificada. Cadauno de ellos, como ciudadanos y parte de lasociedad, debe conocer y asimilar como pro-pia la memoria histórica del país y tenerlaen consideración cuando le correspondacumplir su rol en la resolución de conflictossociales.

A lo expuesto es necesario añadir el es-caso interés que evidencian la opinión públi-ca y la ciudadanía en general acerca de laimportancia de sancionar a los perpetrado-res de violaciones de derechos humanos. Esasituación demostraría que gran parte de losintegrantes de la sociedad peruana, poscolo-nial, no considera suya la causa de los afec-tados por el conflicto armado interno, no re-conoce la memoria histórica reconstruida eignora las necesidades de reconciliación.

4. Conclusiones

Puede sostenerse, atendiendo a cada uno delos problemas indicados, que el Estado noestá asumiendo sus obligaciones de investi-gar, perseguir y sancionar las violaciones dederechos humanos tal como se obligara anteel sistema interamericano de derechos hu-manos y tal como exige la necesidad de re-conciliar a los peruanos a través de la refun-dación del pacto social y el restablecimiento—o la formación— de vínculos entre los inte-grantes de la sociedad.

La ineficiente acción del Estado frente alas agresiones a principios y libertades fun-damentales aparenta mostrar que no se hacomprendido que la justicia retributiva es unacondición necesaria para alcanzar la recon-ciliación.

La carencia de una actuación decidida ydiligente del Estado para crear un sistemaespecializado que procese las violaciones dederechos humanos, para dotar de los recur-sos humanos y económicos necesarios a los

órganos existentes, para capacitar debidamen-te a magistrados y agentes policiales, demues-tra un débil compromiso con la sanción de lasviolaciones de derechos humanos que puedesustentarse en la falta de conciencia acercade su importancia. La situación se agrava alconstatar la indiferencia del Estado y granparte de la sociedad respecto de la memoriahistórica del conflicto armado interno.

Ello genera que el Estado perciba a otrasobligaciones como preponderantes frente ala investigación, persecución y sanción de lasviolaciones de derechos humanos y conside-re que el fortalecimiento de la justicia retribu-tiva no es un objetivo prioritario para la re-conciliación, lo que ocasiona las seriasdificultades descritas en el aparato judicial,y los órganos y entidades vinculados con lasanción de los crímenes que vulneran dere-chos humanos.

La ineficacia del procesamiento judicialde las violaciones de derechos humanos im-pide que la justicia retributiva peruana preven-ga los conflictos sociales y se convierta enuna garantía de no repetición y un pilar en elcamino hacia la reconciliación.

Tal situación podría, incluso, propiciar elresurgimiento de iniciativas violentas y anti-democráticas fundadas en la percepción deque la exclusión será permanente y de que laforma de revertirla exige el uso de la fuerza.

Es paradójico que la justicia retributiva seaun elemento imprescindible para la reconci-liación y que no se aplique adecuadamentepor la escasa voluntad política apreciada enlos órganos de gobierno de los poderes de unEstado.

4.1. Una investigación pendiente: el análisiscultural

Lo señalado previamente se concentra enlas deficiencias y vacíos que presenta el sis-tema y las debilidades en la voluntad políti-ca para sancionar las violaciones de dere-chos humanos. Empero, una comprensióncabal del problema podría beneficiarse conla contemplación de otras líneas de reflexión


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convergentes, como aquéllas que procedende un análisis cultural.

En efecto, una interpretación de los pro-blemas que aquejan a la justicia peruana —yno sólo a la relacionada con violaciones dederechos humanos— puede reclamar unamirada cultural que repare en la estructurade valores y sentimientos que subyacen a lasdecisiones públicas más amplias así como alas más concretas.

Ante la pregunta de por qué no se tomandecisiones obvias para atender problemas fla-grantes, podría argumentarse que, en unasociedad poscolonial como la peruana, lospatrones de conducta se reproducirían a tra-vés del aparato estatal y las concepciones delas personas. Dado que los derechos huma-nos son un discurso que forma parte de latrama simbólica de la sociedad, es probableque su respeto y tutela se vean afectados porun orden jerárquico, que se construye y rege-nera a partir de estatus preestablecidos yconsidera a, cuando menos, un sector de lapoblación como subalterno.

Si es así, la formación de una cultura dederechos humanos parece un objetivo suma-mente difícil de lograr, pues los obstáculospara edificarla no son fácilmente susceptiblesde modificación sobre la base del diseño y laejecución de políticas públicas,23 y porque ta-

les políticas públicas24 deben involucrar laparticipación de un Estado formado por indi-viduos que, probablemente, no escapen aesas concepciones. El Estado comprende,desde luego, al Poder Judicial, el MinisterioPúblico, a la Defensoría del Pueblo y al PoderEjecutivo (incluidos los Ministerios de Justi-cia, Interior y Defensa, la Policía Nacional delPerú, las Fuerzas Armadas, y el Consejo Su-premo de Justicia Militar); actores claves dela judicialización de las violaciones de dere-chos humanos, cuyo interés por sancionar lasviolaciones de derechos humanos puede es-tar seriamente mermado por una concepciónjerárquica y estamental de la vida en comu-nidad.

Pese a que la eventual verosimilitud deesta hipótesis podría llevarnos a pensar queno existe una solución alcanzable, el obstá-culo no es insalvable y la solución parece ha-llarse en la implementación de políticas pú-blicas que, fundadas en una educaciónintercultural, contribuyan con la inclusión so-cial y puedan, paulatinamente, desterrar ladiscriminación en las nociones que tienenlos individuos sobre otros miembros de lasociedad.

Naturalmente, la hipótesis descrita bre-vemente en este acápite exige un análisis másdetallado y exhaustivo que el sugerido.

23 Cfr. PORTOCARRERO, Gonzalo. Rostros criollos del mal. Cultura y transgresión en la sociedad peruana. Lima: PUCP, 2004.24 «Una Política pública corresponde a los cursos de acción y flujos de información relacionados con un públicoobjetivo definido en forma democrática; los que son desarrollados por el sector público y, frecuentemente, con laparticipación de la comunidad y el sector privado».. LAHERA, Eugenio. Introducción a las políticas públicas. Santiago deChile: Fondo de Cultura Económica, 2002, p. 16.


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