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INTRODUCCIÓN
Desde la codificación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
de 1948, la Declaración Universal de los Derechos del niño de 1959 y la Convención
sobre los Derechos del Niño de 1989, las cuestiones y discusiones vinculadas a los
derechos infantiles y del Adolescente han adquirido una relevante importancia al
nivel internacional y al nivel nacional, tanto, que en Nuestro País, una de las nuevas
áreas de discusión del Gobierno Nacional es el tema de la infancia y la adolescencia,
la cual se ha convertido en un punto importante en nuestra agenda.
Al nivel mundial, Los Gobiernos, Organismos Internacionales,
Organizaciones no Gubernamentales y distintas expresiones orgánicas de las
sociedades nacionales sensibilizadas hacia la situación de la infancia y de la
adolescencia, observan con mucha preocupación el creciente incremento de distintos
problemas o flagelos tanto en el mundo desarrollado, como de los países en vías de
desarrollo y los más empobrecidos, que atentan contra los principios de vida digna y
de desarrollo pleno de estos sectores poblacionales tan vulnerables, violentando los
principios estipulados en La convención sobre los derechos del niño y en distintos
Instrumentos Jurídicos Internacionales en materia infantil.
Entre los cuales podemos mencionar: Pobreza, desigualdades Sociales,
Deterioro Ambiental, Explotación Laboral y Sexual, Tráfico Ilegal de Niños,
Narcotráfico, Desestructuración Familiar, Explotación en todas sus acepciones,
conflictos políticos-militares locales, entre otras.
Dando como resultado la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
cuyos nobles principios sustentan las cartas constitutivas de Organismos
Internacionales (ONU, OEA y demás), las doctrinas de los tratados internacionales de
Derechos Humanos, Los fundamentos de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela y la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niñas y del Adolescente
(LOPNNA).
Venezuela ratificó la Convención y la misma es el fundamento doctrinario que
configura y da vida a nuestra Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niñas y del
Adolescente (LOPNNA), la cual es el instrumento Jurídico en materia de Niños,
Niñas, Adolescentes y Familias más avanzado de Latinoamérica y el Mundo.
Es de suma importancia reconocer la labor emprendida por la Organización de
las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y otros Organismos
Multilaterales y Nacionales en todo el camino trajinado para la elaboración y
codificación de normas en el ámbito de los Derechos Humanos, camino en el cual
Venezuela ha dado sus aportes y ha permanecido activa, como queda palpable en este
intento de recopilación y sistematización de los distintos Instrumentos Jurídicos
Internacionales en materia de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes.
INTRODUCCIÓN A LA DOCTRINA DE PROTECCIÓN INTEGRAL
La doctrina de la protección integral del niño se puede definir como todos
esos conceptos, opiniones, bases legales, razonamientos efectuados por los estudiosos
del derecho (legisladores) para fundamentar las normas que regula la materia.
Entonces, se puede decir que el marco referencial de la "doctrina de la
protección integral" está contenido en una serie de instrumentos jurídicos
internacionales, las cuales tiene su antecedente directo en la "declaración universal
de los derecho del niño y se condensa en seis instrumentos básicos, a saber: La
Convención Internacional De Los Derechos Del Niño, Las Reglas Mínimas De Las
Naciones Unidas Para La Administración De La Justicia Juvenil (reglas de beijing),
Las Reglas Mínimas De Las Naciones Unidas Para Los Jóvenes Privados De
Libertad, Las Directrices De Las Naciones Unidas Para La Administración De La
Justicia Juvenil (directrices de kiyadh), El Convenio No.138 y La Recomendación
no.146 De La Organización Internacional Del Trabajo y la carta de la UNESCO sobre
la educación para todos.
La Convención De Los Derechos Del Niño atribuye una gran importancia a la
Doctrina De Protección Integral, atribuyéndole una gran significación al principio de
la unidad familiar y a la responsabilidad conjunta de la familia y el estado en la
protección de los derechos del niño, al tiempo que realiza un significativo aporte a la
legislación sobre derechos humanos al definir el contenido de los derechos de la
familia.
En Venezuela, la protección integral del niño nace en la Ley Orgánica de
Protección de Niños, Niñas y Adolescente (LOPNNA), teniendo su fundamento en la
convención de los derechos del niño. Se puede decir que entre los conceptos
incorporados en esta ley como base es el del niño como sujeto de derechos, cuyo
respeto se debe garantizar.
Hay que destacar que la nueva doctrina convierte las necesidades de niños y
adolescentes en derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, así
como garantiza para los adolescentes en conflicto en la ley penal, una justicia que
respete los mismos derechos procesales consagrados para los adultos.
El nuevo derecho, fundamentado en la doctrina de la protección integral debe
respetar una serie de principios rectores que constituyen sus pilares fundamentales: el
niño como sujeto de derechos; el interés superior del niño; la prioridad absoluta; la
participación y el rol fundamental de la familia en la garantía de los derechos de los
niños y adolescentes.
TEJEIRO LOPEZ (1998)5, ha dicho que al interior del concepto de protección
" se encuentra la búsqueda de la proyección general del niño y el adolescente como
entes éticos, el desarrollo de su misma personalidad en términos de sus
potencialidades".
La definición de éste autor está dirigida, sin duda, al objeto final de la
protección como acción dirigida a un grupo social determinado. Interesaría además,
formular una definición de protección integral a niños y adolescentes que entrañe las
funciones y acciones intrínsecas de su prosecución socio-jurídica.
Hecha esta breve consideración, nos aproximarnos a la definición de
PROTECCIÓN INTEGRAL al considerarla como el conjunto de acciones, políticas,
planes y Programas que con Prioridad Absoluta se dictan y ejecutan desde el Estado,
con la firme participación y solidaridad de la Familia y la sociedad para garantizar
que todos los Niños y Niñas gocen de manera efectiva y sin discriminación de los
derechos humanos a la Supervivencia, al Desarrollo y a la Participación, al tiempo
que atienda las situaciones especiales en que se encuentran los niños individualmente
considerados o determinado grupo de niños que han sido vulnerados en sus derechos.
TRANSFORMACIONES DE LA DOCTRINA DE LA PROTECCION
INTEGRAL
Dentro de las transformaciones de la doctrina de la protección integral
tenemos un cambio de paradigma el cual es la Doctrina de Protección Integral Vs la
Doctrina de Situación Irregular, en el siguiente cuadro explicaremos estas Doctrinas:
Protección Integral Situación Irregular
Visión del Niño - sujeto de derecho.
Los niños son sujetos de derecho
frente al Estado y la sociedad.
Jurídicamente se les reconoce dotado
de la capacidad de hecho.
Las necesidades se transforman en
derechos (ciudadano dimensión
social).
Ejercicio y responsabilidad
progresiva.
Creación de canales idóneos para el
ejercicio de los derechos
Desjudicialización de los problemas
sociales
Corresponsabilidad (Estado, familias
y sociedad)
Al niño se le considera como
receptor de la asistencia social y se lo
juzga como carente de
discernimiento, sin capacidad de
manifestar su opinión con eficiencia
ni condición ética. Es un futuro
adulto.
Niño objeto de tutela por parte del
Estado
Incapaz. Negación del ejercicio de
sus derechos. Centralización de
decisión sobre su destino en un Juez
omnímodo y discrecional.
Judicialización de los problemas
vinculados con la infancia
Criminalización de la pobreza
PRINCIPIOS DE LA PROTECCION INTEGRAL
Destacan cuatro principios básicos de la Protección integral, que rápidamente
explicaremos:
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
Que es el pilar fundamental sobre el cual se edifica la filosofía de los
Derechos Humanos y se erige como eje para la universalidad de estos derechos. El
carácter universal de las políticas sociales tiene que ver de manera inmediata con este
principio, así como la aplicación y ejercicio de todos y cada uno de los Derechos
humanos de los niños y adolescentes tiene que ver con que esta aplicación y este
ejercicio está dirigido a vencer las condiciones, situaciones y circunstancias,
generalmente sociales, económicas y culturales, que generan discriminación y, por
ende, desigualdad. La Prohibición de discriminación es, entonces, el presupuesto
(entiéndase el principio) inicial para la construcción de políticas de protección
integral.
Se encuentra contenido en el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos
del Niño, en los siguientes términos:
"Los Estados partes respetarán los derechos enunciados en la presente
Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin
distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la
religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la
posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra
condición del niño, de sus padres o representantes legales"
Este principio de igualdad se erige como fundamental, como norma con
carácter jurídico-social definido, es decir, orientado a la lectura de todos los derechos
consagrados en la propia Convención que lo trae como principio, dirigido al
desarrollo de políticas igualitarias en el ámbito público y privado, que garanticen el
respeto de los derechos humanos de los niños.
En consecuencia no debe haber distinción para negar o conceder derechos,
utilizándose como fundamento la condición social, el sexo, la religión o la edad
(igualándose así los derechos de los niños a los de los adultos), al mismo tiempo este
principio de igualdad establece un elemento novedoso y relevante en materia de
derechos humanos, con alcance ulterior, que se proyecta más allá de la propia
condición del niño, al prohibir no sólo la discriminación en razón de las condiciones
inherentes a la propia persona (niño o niña), de que se trate con respecto a sus
semejantes (niños o adultos), sino que además abarca el amplio sentido de traspasar
su propia condición de niño, para evitar (y prohibir) la discriminación en razón de
alguna condición de sus padres o representantes legales, el caso de niños cuyos
padres sean de etnia diferente a los demás, o de nacionalidad extranjera respecto al
país en donde nace el niño.
En estos casos, la propia condición de sus padres no debe ser nunca elemento
de juicio para la consideración discriminatoria del hijo. Además, mención especial
debe hacerse a este principio en relación al IMPERIO DE LA CONVENCION, como
norma inherente al principio mismo, dirigida en dos vertientes, la primera al
establecerse la obligación de los Estados Partes en respetar los derechos que se
consagran a los niños en este instrumento jurídico internacional (que son sólo
enunciativos); imperio acorde con el principio de la extraterritorialidad de las leyes
que obliga a respetar, en este caso, la Convención a todo niño sometido a la
jurisdicción del Estado de que se trate, independiente del lugar en donde se encuentre
el niño, y la segunda, como mecanismo de cumplimiento la obligación de su efectiva
aplicación, y observancia de las medidas que ordena el particular segundo del artículo
2 antes citado, respecto a las actividades, opiniones, creencias de sus padres, tutores o
familiares.
EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO:
Consagrado en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño,
establece que:
"En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas
o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el
interés superior del niño."
Este principio nos invita a desprendernos de lo que hasta ahora habíamos
considerado como ese interés, es decir, no es un simple interés particular, porque más
allá de eso consiste en un principio jurídico-social de aplicación preferente en la
interpretación y práctica social de cada uno de los derechos humanos de los niños y
adolescentes.
Este principio trasciende la simple consideración de inspiración para la toma
de decisiones de las personas públicas o privadas, al erigirse más bien como
limitación de la potestad discrecional de estos entes, pero principalmente al constituir
un principio de vínculo normativo para la estimación, aplicación y respeto de todos
los derechos humanos de los niños, adquiere particular relevancia su precisión y
determinación como garantía fundamental de protección-prevención.
Al respecto lo considera un principio jurídico garantista, es decir, que su
significado estriba fundamentalmente en la plena satisfacción de los derechos de los
niños, dejando de ser una directriz vaga e indeterminada. De esa manera, el Interés
Superior del Niño junto a la no discriminación, constituyen la base de sustentación y
protección de los derechos humanos de los niños.
LA EFECTIVIDAD Y PRIORIDAD ABSOLUTA:
El artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño recoge este
principio en los siguientes términos:
"Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas
y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente
Convención" ( principio de efectividad ) "...En lo que respecta a los derechos
económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el
máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco
de la cooperación internacional" (Principio de Prioridad Absoluta) Por un lado, la
efectividad trae aparejado consigo la adopción de medidas o providencias no solo de
carácter administrativo y legislativas, sino todas aquellas que siendo de cualquier
índole conduzcan a la efectividad ( goce y disfrute real) de los derechos humanos de
los niños y niñas, al respeto de estos derechos y al desarrollo de garantías sociales,
económicas, legales, institucionales y administrativas .
Este principio de efectividad se repetirá a lo largo de todo el articulado de la
Convención en donde se establecen derechos a supervivencia, protección,
participación y desarrollo, ya no como principio general, sino con formulación
precisa, más bien específica de las medidas a tomar para alcanzar determinado
derecho humano, por ejemplo, en el artículo 24 en el que se reconoce el Derecho a la
salud, se ordenan las medidas apropiadas para combatir enfermedades, malnutrición,
atención y prevención, educación en salud, y otras, o en los artículos 28 y 29 sobre el
derecho a la educación, que establece las medidas particulares para garantizarlo en
igualdad de condiciones, desde la enseñanza primaria obligatoria y gratuita, hasta las
medidas para la eliminación del analfabetismo y garantizar el acceso escolar.
El principio de efectividad es la base que da expresión práctica al carácter
imperativo y a los mecanismos de cumplimiento previamente enunciados en la
Convención, pero además, y principalmente, constituye el programa genuino para el
desarrollo de las políticas de derechos humanos hacia los niños.
Sobre las medidas de efectividad que obliga la Convención a los Estados
Partes, se fundamenta el examen crítico, las recomendaciones generales, sugerencias
técnicas y programáticas del Comité de Derechos del Niño, conforme a los artículos
43, 44 y 45 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Vale afirmar para este
principio lo expresado en el anterior principio del Interés Superior del Niño, es decir,
asimilarlo a principio garantista.
Por otra parte, los Derechos humanos de los niños y niñas deben ser atendidos
con prioridad absoluta. Significa este principio que el Estado debe adoptar medidas
hasta el máximo de los recursos para propender a la protección integral y, de ser
necesario, recurrir a la cooperación internacional.
Que los derechos de niños y adolescentes sean atendidos con prioridad
absoluta no es únicamente que se les dé preferencia en la formulación de las políticas
públicas, sino también prioridad en el destino de los recursos públicos, preferencia
absoluta en atención y socorro en cualquier circunstancia y en protección preferente
frente a situaciones de violación o negación de derechos, y que también se castigue y
sancionen preferentemente estas violaciones.
Esta parte del artículo 4 de la Convención que consagra la Prioridad Absoluta
es de particular interés para transformar la conducta institucional de los gobiernos
respecto a la planificación social, puesto que invierte el orden jerárquico o de
preeminencia de los asuntos de estado y de gobierno, al colocar en primer lugar las
medidas referidas al cumplimiento de los derechos sociales, económicos y culturales,
sin que valga de excusa motivaciones de carácter presupuestario, emergentes o
circunstanciales que tradicionalmente se han utilizado para evadir responsabilidades
en el cumplimiento de los derechos humanos.
En un sentido práctico de las políticas públicas, significa que a la hora de su
diseño y destino, primero y en primer lugar estará el análisis de la situación de los
niños, la aplicación de políticas, incluyendo acciones, planes, programas y
presupuesto hacia esta población, antes que otro sector social, pero si acaso no fueren
suficientes los recursos nacionales para la aplicación de las medidas que impone el
principio de prioridad absoluta, también con prioridad se debe recurrir a la
cooperación internacional, lo que en la práctica de la política de solicitud de
cooperación significaría colocar en primer plano de la ayuda a los niños, antes que los
compromisos derivados de otras acciones del estado.
LA PARTICIPACIÓN SOLIDARIA O PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD:
Tal como hemos visto rápidamente en los tres principios anteriores, siendo los
niños y las niñas el eje central de esos principios; el Estado, la Familia y la
Comunidad conforman la trilogía sobre la cual descansa la responsabilidad en el
ejercicio y goce efectivo de los derechos humanos de la infancia. El conjunto
articulado de las acciones entre el Estado y la sociedad destacan como un principio de
participación democrática para la garantía de los derechos universales que permiten
construir la doctrina de la Protección Integral.
El artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece este
principio general de la siguiente manera:
"Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los
deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la
comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otra personas
encargadas legalmente del niño, de impartirle, en consonancia con sus facultades,
dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos
en la presente Convención"
El Principio de solidaridad, como se ve, debe leerse e interpretarse en
conjunción con el de efectividad y prioridad absoluta, porque si bien éste último
obliga a las medidas de goce, disfrute y garantía de los derechos de los niños en un
sentido amplio; el de solidaridad explica el deber de comunidad y padres a orientar el
pleno ejercicio por parte del niño. De manera alguna quiere decir que esta orientación
sea imposición, por cuanto siempre debe ser entendida como coadyuvante acción del
ejercicio per se del niño.
Para cumplir, respetar y hacer cumplir los derechos en una concepción
universal, colectiva e integral no basta con que el gobierno sea el responsable
inmediato de estos. Si bien lo es, por intrínseca naturaleza de los propios derechos
humanos; la sociedad y la familia están obligados a activar los mecanismos de
garantía y protección necesarios para que la obligación del Estado sea correspondida
con la obligación y solidaridad social. Para ello, la Doctrina de Protección Integral
invita a crear mecanismos apropiados desde cada uno de los estamentos e instancias
de la sociedad.
A groso modo, estos son los cuatro principios esenciales sobre los cuales
descansa la Doctrina de Protección Integral, insistiendo por supuesto en que de su
estricto apego y cumplimiento dependerá en gran medida la transformación de la
situación de desigualdad en que hasta ahora el régimen de situación irregular ha
tutelado a la infancia.
DERECHOS HUMANOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE
Los Derechos Humanos “son aquellos derechos fundamentales de la persona
humana -consideradas tanto en su aspecto individual como comunitario- que
corresponden a éste en razón de su propia naturaleza y que deben ser reconocidos y
respetados por todo poder o autoridad y toda norma jurídica positiva, cediendo, no
obstante, en su ejercicio ante las exigencias del bien común“. (Castán Tobeñas, J.,
1985, p. 13-14).
Es decir que son garantías jurídicas universales que protegen a los individuos
y a los grupos frente a las acciones que menoscaban, amenazan o violan las libertades
fundamentales y la dignidad humana.
Las normas y principios de derechos humanos obligan a los Estados a
respetar, garantizar (prevenir, normar, monitorear, investigar, sancionar, reparar) y
asegurar el logro progresivo (no regresividad) de cada uno de los derechos a favor de
las personas sin ningún tipo de discriminación.
Entre las características de los Derechos Humanos tenemos:
1. Innatos o inherentes
2. Necesarios -sentido jurídico-.
3. Inalienables.
4. Imprescriptibles.
5. Oponibles erga omnes.
6. Universales -“Universalidad uniforme”-.
7. Indivisibles e Interdependientes.
8. Progresivos.
LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS
En el paradigma de protección integral y en los instrumentos que lo conforman encontramos claramente definidos los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes que nos permiten aproximarnos con claridad al proyecto social de Protección que propone y reconoce como obligación de todos los Estados que han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño. En ese sentido, destacamos cuatro grupos de derechos:
. DERECHOS A LA SUPERVIVENCIA
. DERECHOS AL DESARROLLO
. DERECHOS A LA PARTICIPACION, y
. DERECHOS A LA PROTECCIÓN
Sin entrar a detallar ni explanar todos y cada uno de los derechos, un rápido
mapa esquemático de estos grupos, siempre considerados como universales e
interdependientes, nos permitirá ubicar los principales derechos contenidos en cada
uno de ellos:
GRUPO DE SUPERVIVENCIA: Comprendido por los derechos:
A la vida: No sólo entendido como derecho a la vida intrínsecamente
considerada, es decir, a la vida física, sino en un sentido amplio que comprende tanto
la vida física como el derecho a las condiciones para una vida digna, en donde se
ubican específicos derechos a la supervivencia y al desarrollo, tales como el
desarrollo integral del niño, en lo moral, cultural y social. Este carácter amplio del
derecho a la vida, nos permite entender la característica de interdependencia entre
diversas categorías de derechos.
A la salud: que entre otras prerrogativas comprende la atención a la salud, el
establecimiento de un sistema preventivo de salud, la garantía de asistencia
médica y sanitaria, y el combate a las enfermedades y a la desnutrición.
A la seguridad social: que incluye los beneficios de la seguridad social en
general, y del seguro social, en particular, para todos los niños.
A no participar en conflictos armados que además comprende el respeto de las
normas de derechos internacional humanitario que le sean aplicables al niño
en estos casos.
GRUPO DE DESARROLLO: que comprende, entre otros derechos:
A la Educación: que debe garantizarse en condiciones de igualdad de
oportunidades, de manera obligatoria y gratuita, tanto en el nivel escolar primario,
como el fomento de la enseñanza secundaria también de forma gratuita y con
asistencia financiera cuando se haga necesario.
A la Cultura y Recreación teniendo acceso a ellas, con participación efectiva
y libre en la vida cultural y en las artes, en condiciones de igualdad, y en especial al
derecho cultural, religiosos y lingüístico de las minorías étnicas.
Al Nombre y a la Nacionalidad: de forma inmediata después de su
nacimiento, lo cual comprende además el derecho a que se le preserve su identidad,
incluyendo las relaciones familiares, es decir, tanto el nombre o identidad legal como
el familiar y social.
A la libertad de pensamiento, conciencia y religión: en especial el de formarse
un pensamiento libre, tener culto y conciencia autónoma.
Grupo de Participación: en donde se incluyen derechos de gran importancia
para el ejercicio de la ciudadanía de los niños y la necesaria interrelación
democrática, incluso desde el seno familiar hasta el ámbito público. Entre estos se
encuentran los derechos a:
La libertad de expresión e información: que incluye el de expresarse de
manera libre, y buscar, recibir y difundir informaciones. La concatenación de éste
derecho con el de opinión que se verá seguidamente, permite colegir sin duda, el
derecho a exigir la fuente de proveniencia de la información que se dirige a los niños
y a la sociedad en general.
Opinión: que permite la expresión libre del niño o niña en todos los asuntos
de su interés, incluyendo los procedimientos administrativos o judiciales.
Asociación: que comprende todo lo relativo a las formas organizativas lícitas,
como el de fundarlas, dirigirlas, participar en ellas y celebrar reuniones.
GRUPO DE PROTECCIÓN ESPECIAL: que, como se explicará más
adelante, comprende los derechos a estar protegido contra situaciones específicas de
cualquier índole que le son adversas y vulneran derechos a los niños. Entre ellos se
encuentran:
Protección contra toda forma de explotación, perjuicio, abuso físico o mental,
maltrato o descuido. A los refugiados, asistencia humanitaria adecuada en caso de
refugio, sea sólo o con sus padres.
A un proceso justo en caso de ser procesado por un órgano judicial, lo cual
comprende asistencia jurídica adecuada, derecho de defensa, a no ser torturado ni
sometido a otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, a que no se le
imponga pena capital ni prisión perpetua, a no ser detenido o privado de libertad
ilegal o arbitrariamente, y en fin, a ser tratado acorde con la dignidad humana.
Contra la venta, el secuestro o trata ejecutados con cualquier fin o en cualquier
forma. Contra el uso ilícito de estupefacientes Las políticas públicas deben estar
concebidas con la integración de todos y cada uno de los derechos comprendidos a su
vez en cada uno de estos grupos, como única forma de garantizar una política de
protección integral, ya desde la óptica de la prevención, ya desde la ejecución
programática de atención universal como forma de protección.
Visto así, las políticas de Protección Integral a la niñez y adolescencia deben
estar tendidas sobre la creación y activación de los mecanismos que sean necesarios,
tales como los de carácter legislativo, educativos, culturales, sociales e institucionales
que permitan subrayar el carácter universal de la protección para el vencimiento de
cada uno de los obstáculos de carácter especialmente estructurales que han creado
marcadas relaciones de inequidad para la infancia.
De los cuatro grupos de derechos contenidos en la Doctrina de Protección
Integral, los derechos a la supervivencia, a la protección y a la participación forman
un conjunto que convoca a la prioridad absoluta para todos los niños y niñas, para que
se formulen y ejecuten políticas de Estado destinadas a la totalidad de la niñez y la
adolescencia en materia de derechos y garantías a la vida, a la salud, a la educación, a
la alimentación, al esparcimiento, a la asociación juvenil a la cultura, a la libertad, a la
justicia y, en fin, al conjunto de derechos relacionados con el desarrollo personal y
social, con la integridad y con la igualdad.
Pasar de "ningún derecho para muchos niños" (formulación de la injusticia en
que se basa la Doctrina de la Situación Irregular), a "todos los derechos para todos los
niños" (dimensión humana de la formulación de la Doctrina de la Protección Integral)
no es tarea fácil, y mucho menos inmediata, pues requiere de una transformación
integral de la sociedad; especialmente en el orden cultural, jurídico, social,
económico e institucional.
LA PROTECCIÓN ESPECIAL COMO DERECHO PARTICULAR DE LA
PROTECCIÓN INTEGRAL
La Protección Integral compromete a que además de las acciones y políticas
globales para asegurar el derecho a la supervivencia, al desarrollo personal y social, a
la integridad y a la participación; se deba prestar particular empeño en la formación
de la estructura de protección especial para las situaciones de mayor vulnerabilidad
en que se encuentran grandes cantidades de niños, niñas y adolescentes.
La aspiración y esperanza de la Protección Integral, está en la articulación de
todas las acciones del Estado y de la sociedad para garantizar todos los derechos a
todos los niños, y el ideal para el goce a plenitud de los derechos humanos estará
conquistando un gran trecho cuando además de adoptar y garantizar los derechos
fundamentales, los de vocación universal, los de todos los niños y adolescentes;
podamos vencer las situaciones de vulnerabilidad.
Por esa razón, la Convención reconoce los derechos a la protección especial
como uno de los grupos de derechos que al ser atendidos con prioridad, junto a los de
supervivencia, desarrollo y participación; permitirán materializar la Protección
Integral.
En ese sentido 16 de los 54 artículos de la Convención están destinados a
reconocer derecho a los niños y niñas a estar protegidos contra toda forma de
negligencia, abuso, maltrato, discriminación, explotación, violencia,
farmacodependencia, crueldad, opresión y secuestro, entre otros.
Para estas situaciones más que la atención de políticas globales para todos los
niños, la Convención acuerda medidas especiales de protección que se conviertan en
formas sociales de impacto real para transformar la situación de abierta desprotección
en que se encuentran grupos determinados de niños y niñas. Ya no se trata de
reconocer, cumplir y garantizar derechos universales en las políticas globales de una
sociedad, sino de proteger a determinados grupos de niños, o a un niño en particular,
de las situaciones adversas que le vulneran su condición humana.
La Protección especial como parte integrante e integradora de la Protección
Integral no está dirigida al reconocimiento de situaciones jurídicas de derechos
humanos universales (salud, educación, vida digna, etc.), sino al reconocimiento del
derecho a ser protegido frente a situaciones de hecho que impiden el ejercicio de
otros derechos, o violentan derechos, para restituir la condición y situación a
parámetros normales de protección, y en consecuencia se trata de una atención
positiva y preferencial de los niños que se encuentran en estas situaciones especiales
de desprotección.
La protección especial, no se trata ya de dar beneficios a los niños, sino de
acabar con los maleficios que no les dejan disfrutar de los beneficios que otros tienen.
Por último, la Protección Integral propone e insiste en un cambio cultural al
que estamos obligados todos por igual. En ese sentido, debemos asumir la
responsabilidad de iniciar una transformación en nosotros mismos, respecto a todos
los mitos peligrosistas y los tratamientos compasivos o represivos hacia la Infancia,
entendiendo que los niños, niñas y adolescentes son seres en permanente evolución,
son ciudadanos que de acuerdo a la dialéctica de la sociedad y a la evolución de sus
condiciones, van participando progresivamente en la misma sociedad que durante
muchos años les ha relegado.
Y también en ese sentido la solidaridad social está comprometida a orientar
las acciones más adecuadas para el ejercicio eficaz de los derechos, tanto de carácter
universal, como los de protección especial.
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
La Convención sobre los Derechos del Niño es el primer instrumento
internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de derechos
humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. La Asamblea General
de las Naciones Unidas del 20 de Noviembre de 1989 aprobó por unanimidad la
Convención sobre los Derechos del Niño, los dirigentes mundiales decidieron que los
niños y niñas debían de tener una Convención especial destinada exclusivamente a
ellos, ya que los menores de 18 años precisan de cuidados y protección especiales,
que los adultos no necesitan. Los dirigentes querían también asegurar que el mundo
reconociera que los niños y niñas tenían también derechos humanos.
La Convención establece estos derechos en 54 artículos y dos Protocolos
Facultativos. Define los derechos humanos básicos que disfrutan los niños y niñas en
todas partes: el derecho a la supervivencia; al desarrollo pleno; a la protección contra
influencias peligrosas, los malos tratos y la explotación; y a la plena participación en
la vida familiar, cultural y social. Los cuatro principios fundamentales de la
Convención son la no discriminación; la dedicación al interés superior del niño; el
derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo; y el respeto por los puntos de vista
del niño. Todos los derechos que se definen en la Convención son inherentes a la
dignidad humana y el desarrollo armonioso de todos los niños y niñas. La
Convención protege los derechos de la niñez al estipular pautas en materia de
atención de la salud, la educación y la prestación de servicios jurídicos, civiles y
sociales.
Al aceptar las obligaciones de la Convención (mediante la ratificación o la
adhesión), los gobiernos nacionales se han comprometido a proteger y asegurar los
derechos de la infancia y han aceptado que se les considere responsables de este
compromiso ante la comunidad internacional. Los Estados parte de la Convención
están obligados a la estipular y llevar a cabo todas las medidas y políticas necesarias
para proteger el interés superior del niño.
Dr. Miguel Cillero Bruñol, “El Interés Superior del Niño en el marco
de la Convención Internacional sobre los derechos del niño”
“La Convención no es meramente una reafirmación de los derechos
del niño como persona humana, sino una especificación de estos derechos
para las particulares circunstancias de vida y una fuente de derechos propios
para niños y adolescentes”.
La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño es parte del
conjunto de instrumentos jurídicos que conforman la doctrina de protección integral
En Venezuela, la ratifica la Convención el 29 de Agosto de 1990. Gaceta
Oficial Número 34.541, año en el cual el Estado venezolano ratifica la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño, se genera, en el seno de las organizaciones
sociales independientes del sector oficial que trabajaban con niñas, niños y
adolescentes, un gran entusiasmo que se traduciría en una diversidad de propuestas
cuyo alcance llegaría hasta el cambio de instrumentos jurídicos en materia de infancia
y adolescencia.
La doctrina de la protección integral supera la visión del niño como un
minusválido, objeto de compasión y de tutela. Igualmente, abarca a todos los infantes
y no sólo a aquellos cuya vida está en peligro, en precariedad de condiciones y con
compromisos con la justicia, debido a la trasgresión de alguna norma legal. Es decir,
supera a la doctrina de la situación irregular, cuyo propósito era limitado y fuente de
grandes arbitrariedades, entre otras, porque equiparaba la pobreza con la
delincuencia. Y, además, el tratamiento de la delincuencia de los menores de edad se
fundamentaba en la discrecionalidad de los administradores de justicia, no se basaba
en las garantías que si se consideraban para los adultos.
LA DOCTRINA Y LA CONVENCIÓN
Hubo un cambio doctrinario: de la doctrina de la situación irregular pasó a la
doctrina de la protección integral. La Convención Internacional sobre los Derechos
del Niño, como se indicó previamente, forma parte de la doctrina de la protección
integral. Tal cambio tiene variados alcances, por ejemplo, queda establecido que los
derechos son para todas y todos, infantes y adolescentes, sin discriminación alguna.
No es para unos pocos, como sucedía, como se indicó previamente, con la aplicación
de la doctrina de la situación irregular. Una consecuencia que surge a partir de la
modificación doctrinaria referida, es el hecho de que las niñas, los niños, las y los
adolescentes de los países pobres tienen los mismos derechos que tienes quienes
viven en los países ricos. Sin embargo, la pobreza restringe la vivencia de los
derechos de la infancia y adolescencia.
Por lo tanto, se deben impulsar esfuerzos incansables para que las muchachas
y los muchachos de los países pobres logren condiciones de vida que posibiliten el
disfrute de sus derechos. En este sentido, es necesario acotar que se hace
impostergable la lucha contra la pobreza. Es indispensable hacer los esfuerzos que se
requieran para que las niñas, los niños, las y los adolescentes, en su totalidad, sin
discriminación de ningún tipo, tengan la garantía de que sus derechos pueden hacerse
realidad en su vida concreta, en su cotidianidad.
Al respecto, es imperioso comprender que el compromiso abarca a todos los
Estados que suscribieron la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
En este marco, la responsabilidad de que el contenido de la Convención, en toda su
extensión, se transforme en vivencia, para quienes no los disfrutan, por distintas
razones, entre ellas, las condiciones de pobreza, a nuestro entender, se hará real
cuando la humanidad comprenda que las y los infantes y adolescentes constituyen la
continuidad de la especie humana y, en consecuencia, se disponga a comprometerse
con las exigencias previstas en la Convención Internacional sobre los Derechos del
Niño.
APORTES DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
Entre los aportes tenemos:
1. Todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida, y los Estados garantizarán en
la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño.
2. Todo niño tiene derecho a un nombre y a una nacionalidad desde el
nacimiento.
3. Los tribunales, las instituciones de bienestar social o las autoridades
administrativas que se ocupen de los niños atenderán a una consideración
primordial que es el interés superior del niño.
4. Se prestará cuidadosa atención a las opiniones del niño.
5. Los Estados velarán por que cada niño disfrute de todos los derechos sin
discriminación ni distinciones de ninguna clase.
6. Los niños no serán separados de sus padres, excepto cuando las autoridades
competentes lo juzguen necesario para su bienestar.
7. Los Estados facilitarán la reunificación de las familias permitiendo la entrada
o la salida de su territorio a esos efectos.
8. A los padres incumbe la responsabilidad primordial de la crianza del niño,
pero los Estados les facilitarán asistencia apropiada y establecerán
instituciones para el cuidado de niños.
9. Los Estados protegerán a los niños contra los peligros físicos o mentales y el
descuido, incluido el abuso sexual o la explotación.
10. Los niños privados de libertad estarán separados de los adultos: no serán
sometidos a torturas ni a otros tratos crueles y degradantes.
11. No participará en hostilidades ningún niño menor de 15 años; los niños
afectados por un conflicto armado recibirán protección especial.
12. Los niños pertenecientes a poblaciones minoritarias e indígenas disfrutarán
libremente de su propia cultura, religión e idioma.
13. Los niños que hayan sido víctimas de malos tratos, abandono o detención
recibirán un trato o cuidados adecuados para su recuperación y reintegración.
14. Todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales será tratado
de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, y
procurando su reintegración en la sociedad.
15. Los Estados deberán dar a conocer ampliamente los derechos enunciados en la
Convención tanto a los adultos como a los niños.
CONVENIO DE HAYA
Hecho en La Haya el 29 de Mayo de 1993 Los Estados signatarios del
presente Convenio, reconociendo que para el desarrollo armónico de su personalidad,
el niño debe crecer en un medio familiar, en un clima de felicidad, amor y
comprensión, recordando que cada Estado debería tomar, con carácter prioritario,
medidas adecuadas que permitan mantener al niño en la familia de origen.
Reconociendo que la adopción Internacional puede presentar la ventaja de dar
una familia permanente a un niño que no puede encontrar una familia adecuada en su
Estado de origen.
Convencidos de la necesidad de adoptar medidas que garanticen que las
adopciones internacionales tengan lugar en consideración al interés superior del niño
y al respeto a sus derechos fundamentales, así como para prevenir la sustracción, la
venta o el tráfico de niños.
Deseando establecer a tal efecto disposiciones comunes que tomen en
consideración los principios reconocidos por instrumentos internacionales,
especialmente por el Convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño,
de 20 de noviembre de 1989, y por la Declaración de Naciones Unidas sobre los
principios sociales y jurídicos aplicables a la protección y al bienestar de los niños,
considerados sobre todo desde el ángulo de las prácticas en materia de adopción y de
colocación familiar en los planos nacional e internacional (Resolución de la
Asamblea General 41/85, de diciembre de 1986).
La iniciativa de la adhesión venezolana a la Convención de La Haya fue el 05
de octubre de 1961 que suprime la Legalización de los Documentos Públicos
Extranjeros partió de la Dirección General Sectorial de Relaciones Consulares del
Ministerio de Relaciones Exteriores.
De la convenio de la haya nace el Protocolo Facultativo De La Convención
Sobre Los Derechos Del Niño Relativo A La Venta De Niños, La Prostitución
Infantil Y La Utilización De Los Niños En La Pornografía el Convenio de La Haya
sobre la Protección de los Niños y la Cooperación en materia de Adopción
Internacional, la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles del Secuestro
Internacional de Niños, la Convención de La Haya sobre la Jurisdicción, el Derecho
Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de
Responsabilidad Parental y Medidas para la Protección de los Niños, así como el
Convenio No. 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la prohibición
de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación.
La Conferencia de La Haya de derecho internacional privado (HCCH) ha sido
pionera en el desarrollo de sistemas de cooperación Internacional, tanto a nivel
administrativo como judicial, para proteger a los niños en situaciones de carácter
transfronterizo.
Proporcionan sistemas factibles y procedimientos prácticos para la
implementación de algunos de los principios enunciados en forma general en la
Convención de Naciones Unidas sobre los derechos del niño de 1989.
SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE
NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (o CIDH) es una de las
dos entidades del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Tiene
su sede en Washington, DC. El otro organismo del sistema es la Corte Interamericana
de Derechos Humanos. La Comisión está integrada por 7 personas de reconocida
trayectoria en Derechos Humanos; electos a título personal y no como representantes
de ningún gobierno.
Es un órgano de la Organización de los Estados Americanos creado para
promover la observancia y la defensa de los derechos humanos además de servir
como órgano consultivo de la OEA en esta materia.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un Órgano de carácter
dual (1. Carta de la OEA y 2. Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Herramientas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son:
1. Procesamiento de casos individuales.
2. Medidas Cautelares.
3. Audiencias (1997 Cejil y Casa Alianza para la creación de una Relataría Especial
en Niñez)
4. Observaciones in loco.
5. Informes de la Comisión (informes anuales, estudios especiales y breves informes
por país. Temas: hijos de los desaparecidos en la dictadura Argentina. Detención,
juzgamiento y reclutamiento de adolescentes y niños. Adolescentes en situaciones
de mayor vulnerabilidad. Conflictos Internos. Desnutrición. DESC. Primer
informe sobre la situación de la niñez en el hemisferio).
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Es el tribunal internacional de derechos humanos en las Américas. La CIDH
es una institución judicial autónoma cuyo objeto es la aplicación e interpretación de la
CADH y otras convenciones americanas d derechos humanos para las que tenga
competencia. Posee atribuciones en lo contencioso (solución de casos) y lo consultivo
(interpretación de normas interamericanas de derechos humanos)
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. CONDICIÓN
JURÍDICA Y DERECHOS HUMANOS DEL NIÑO:
1. Continúo usando y amplió los instrumentos internacionales en materia de
niñez.
2. Por primera vez se refiero al principio de interés superior como un punto de
referencia para el cumplimiento de todos los derechos.
3. Reconoció a los niños como sujetos de derechos y no objeto de protección.
4. Estableció la posibilidad de discriminación positiva a los NNA.
5. Estableció pautas sobre la procedencia de las medidas de separación de los
niños de sus padres (situación de pobreza).
6. Es reconoció a la familia como el ámbito primordial de desarrollo del niño y
ejercicio de sus derechos.
7. Avanzó en la protección de los DESC (realizar el mayor esfuerzo, de manera
constante y deliberada para asegurar el acceso de los niños a sus derechos
evitando retrocesos y demoras injustificadas y asignando los mayores recursos
disponibles).
8. Descriminalización de la pobreza
9. Los Estados debe contar con instituciones capaces de proteger a los niños.
ASPECTOS MEDULARES DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTE
Niños, niñas y Adolescentes Sujetos de Derecho. Todos los ninos, niñas y
adolescentes son sujetos de derecho; en consecuencia, gozan de todos los derechos y
garantías consagrados a favor de las personas en el ordenamiento jurídico,
especialmente aquellos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño
(Art. 78 CRBV y Art. 10 LOPNNA).
IMPLICANCIAS DE LOS NNA COMO SUJETOS DE DERECHO.
1. Nuevos paradigmas en relación a la infancia y adolescencia
2. Los NNA son los titulares de los derechos.
3. Respeto a sus capacidades.
4. Planteamiento holístico en relación a la infancia y adolescencia.
5. Fomento de la participación de los NNA como parte de la sociedad.
6. Necesaria institucionalización para la protección de los derechos de NNA.
Derechos y garantías inherentes a la persona humana. Los derechos y
garantías de los niños, niñas y adolescentes siempre son de carácter enunciativo.
Se les reconoce, por lo tanto todos los derechos y garantías inherentes a la
persona humana que no figuren expresamente en esta ley o en el ordenamiento
jurídico. (Art. 22 CRBV)
NATURALEZA DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES.
Los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes son inherentes a la
persona humana, en consecuencia son:
a.- De orden público.
b.- Intransigibles.
c.- Irrenunciables.
d.- Interdependientes entre sí.
e.- Indivisibles.
LIMITACIONES Y RESTRICCIONES DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS
Los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes reconocidos y
consagrados en esta Ley sólo pueden ser limitados o restringidos mediante ley, de
forma compatible con su naturaleza y los principios de una sociedad democrática y
para la protección de los derechos de las demás personas.
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS, Y DE LOS DEBERES DE LOS
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, SEGÚN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y
LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTE (LONNA).
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Artículo 78: Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y
estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales
respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución, la
Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales que en esta
materia haya suscrito y ratificado la República. El Estado, las familias y la sociedad
asegurarán, con prioridad absoluta, protección integral, para lo cual se tomará en
cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les conciernan.
El Estado promoverá su incorporación progresiva a la ciudadanía activa y
creará un sistema rector nacional para la protección integral de los niños, niñas y
adolescentes.
Artículo 79: Los jóvenes y las jóvenes tienen el derecho y el deber de ser
sujetos activos del proceso de desarrollo. El Estado, con la participación solidaria de
las familias y la sociedad, creará oportunidades para estimular su tránsito productivo
hacia la vida adulta y, en particular, para la capacitación y el acceso al primer empleo,
de conformidad con la ley.
DEBERES Y GARANTÍAS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
SEGÚN LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTE (LOPNNA)
Artículo 11. Derechos y Garantías Inherentes a la Persona Humana. Los
derechos y garantías de los niños y adolescentes consagrados en esta Ley son de
carácter enunciativo. Se les reconoce, por lo tanto, todos los Derechos y garantías
inherentes a la persona humana que no figuren expresamente en esta Ley o en el
ordenamiento jurídico.
Artículo 12. Naturaleza de los Derechos y Garantías de los Niños y
Adolescentes. Los derechos y Garantías de los niños y adolescentes reconocidos y
consagrados en esta Ley son inherentes a la persona humana, en consecuencias son:
a) De orden público;
b) Intransigibles;
c) Irrenunciables;
d) Interdependientes entre sí;
e) Indivisibles.
Artículo 13. Ejercicio Progresivo de los Derechos y Garantías. Se reconoce a
todos los niños y adolescentes el ejercicio personal de sus derechos y garantías, de
manera progresiva y conforme a su capacidad evolutiva. De la misma forma, se le
exigirá el cumplimiento de sus deberes.
Parágrafo Primero: Los padres, representantes o responsables tienen el deber
y el derecho de orientar a los niños y adolescentes en el ejercicio progresivo de sus
derechos y garantías así como en el cumplimiento de sus deberes, de forma que
contribuya a su desarrollo integral y a su incorporación a la ciudadanía activa.
Parágrafo Segundo: Los niños y adolescentes en condición de retardo mental
ejercerán sus derechos hasta el límite de sus facultades.
Artículo 14. Limitaciones y Restricciones de los Derechos y Garantías. Los
derechos y garantías de los niños y adolescentes reconocidos y consagrados en esta
Ley sólo pueden ser limitados o restringidos mediante Ley, de forma compatible con
su naturaleza y los principios de una sociedad democrática y para la protección de los
derechos y las demás personas.
Artículo 38. Prohibición de Esclavitud, Servidumbre y Trabajo Forzoso.
Ningún niño o adolescente podrá ser sometido a cualquier forma de esclavitud,
servidumbre o trabajo forzoso.
Artículo 40. Protección Contra el Traslado Ilícito. El Estado debe protegerá
todos los niños y adolescentes contra su traslado ilícito en territorio nacional o al
extranjero.
Artículo 42. Responsabilidad de los Padres, Representantes o Responsables
en Materia de Salud. Los padres, representantes o responsables son los garantes
inmediatos de la salud de los niños y adolescentes que se encuentren bajo su patria
potestad, representación o responsabilidad. En consecuencia, están obligados a
cumplir las instrucciones y controles médicos que se prescriban con el fin de velar
por la salud de los niños y adolescentes.
Artículo 44. Protección de la Maternidad. El Estado debe proteger la
maternidad. A tal efecto, debe garantizara todas las mujeres servicios y programas de
atención, gratuitos y de la más alta calidad, durante el embarazo, el parto y la fase
post natal. Adicionalmente, debe asegurar programas de atención dirigidos
específicamente a la orientación y protección del vínculo materno-filial de todas las
niñas y adolescentes embarazadas o madres.
Artículo 45. Protección del Vínculo Materno-Filial. Todos los centros y
servicios de salud deben garantizar permanencia del recién nacido junto a su madre a
tiempo completo, excepto cuando sea necesario separarlos por razones de salud.
Artículo 46. Lactancia Materna. El Estado, las instituciones privadas y los
empleadores proporcionarán condiciones adecuadas que permitan la lactancia
materna, incluso para aquellos hijos cuyas madres estén sometidas a medidas
privativas de libertad.
Artículo 51. Protección Contra Sustancias Alcohólicas Estupefacientes y
Psicotrópicas. El Estado, con la activa participación de la sociedad, debe garantizar
políticas y programas de prevención contra el uso ilícito desustancias alcohólicas,
estupefacientes y Psicotrópicas. Asimismo, debe asegurar programas permanentes de
atención especial para la recuperación de los niños y adolescentes dependiente y
consumidores de estas sustancias.
Artículo 54. Obligación de los Padres, Representantes o Responsables en
Materia de Educación. Los padres, representantes o responsables tienen la obligación
inmediata de garantizar la educación de los niños y adolescentes. En consecuencia,
deben inscribirlos oportunamente en una escuela, plantel o instituto de educación, de
conformidad con la Ley, así como exigirles su asistencia regular a clases y participar
activamente en su proceso educativo.
Artículo 57. Disciplina Escolar Acorde con los Derechos y Garantías de los
Niños y Adolescentes. La disciplina escolar debe ser administrada de forma acorde
con los derechos, garantitas y deberes de los niños y adolescentes. En Consecuencia:
a) Debe establecerse claramente en el reglamento disciplinario de la escuela, plantel o instituto de educación los hechos que son susceptibles de sanción, las sanciones aplicables y el procedimiento para imponerlas;
b) Todos los niños y adolescentes deben tener acceso y ser informados oportunamente, de los reglamentos disciplinarios correspondientes;
c) Antes de la imposición de cualquier sanción debe garantizarse a todos los niños y adolescentes el ejercicio de los derechos a opinar y a la defensa y, después de haber sido impuesta, se les debe garantizar la posibilidad de impugnarla ante autoridad superior e imparcial;
d) Se prohíben las sanciones corporales, así como las colectivas;
e) Se prohíbe las sanciones por causa de embarazo de una niña o adolescente;
El retiro o la expulsión del niño o adolescente de la escuela, plantel o instituto
de educación solo se impondrá por las causas expresamente establecidas en la Ley,
mediante el procedimiento administrativo aplicable, los niños y adolescentes tienen
derecho a ser reinscritos en la escuela, plantel o instituto donde reciben educación,
salvo durante el tiempo que hayan sido sancionados con expulsión.
Artículo 59. Educación para Niños y Adolescentes Trabajadores. El Estado
debe garantizar regímenes, planes y programas de educación dirigidos a los niños y
adolescentes trabajadores, los cuales deben adaptarse a sus necesidades específicas,
entre otras, en lo relativo al horario, días de clase, calendario y vacaciones escolares.
El Estado debe asegurar recursos financieros suficientes que permitan cumplir esta
obligación.
Artículo 60. Educación de Niños y Adolescentes Indígenas. El Estado debe
garantizar a todos los niños y adolescentes indígenas regímenes, planes y programas
de educación que promuevan el respeto y la conservación de su propia vida cultural,
el empleo de su propio idioma y el acceso a los conocimientos generados por su
propio grupo o cultura. El Estado debe asegurar recursos financieros suficientes que
permitan cumplir con esta obligación.
Artículo 61. Educación de Niños y Adolescentes con Necesidades Especiales.
El Estado debe garantizar modalidades, regímenes, planes y programas de educación
específicos para los niños y adolescentes con necesidades especiales. Asimismo, debe
asegurar, con la actividad participación de la sociedad, el disfrute efectivo y pleno del
derecho a la educación y el acceso a los servicios de educación dónde estos niños y
Artículo 62. Difusión de los Derechos y Garantías de los Niños y
Adolescentes. El Estado, con la activa participación de la sociedad, debe garantizar
programas permanentes de difusión de los derechos y garantías de los niños y
adolescentes en las escuelas, institutos y planteles de educación.
Artículo 64. Espacios e Instalaciones para el Descanso, Recreación,
Esparcimiento, Deporte y Juego. El Estado debe garantizar la creación y conservación
de espacios e instalaciones públicas dirigidos a la recreación, esparcimiento, deporte,
juego y descanso.
Parágrafo Primero: EI acceso y uso de estos espacios e instalaciones públicas
es gratuito para los niños y adolescentes que carezcan de medios económicos.
Parágrafo Segundo: La planificación urbanística debe asegurar la creación de
áreas verdes, recreacionales y deportivas destinadas al uso de los niños, adolescentes
y sus familias.
Artículo 69. Educación Crítica para Medios de Comunicación. El Estado debe
garantizar a todos los niños y adolescentes educación dirigida a prepararlos y
formarlos para recibir, buscar, utilizar y seleccionar apropiadamente la información
adecuada a su desarrollo.
Parágrafo Primero: La educación crítica para los medios de comunicación
debe ser incorporada a los planes y programas de educación y a las asignaturas
obligatorias.
Parágrafo Segundo: El Estado, con la activa participación de la sociedad, debe
garantizar a todos los niños, adolescentes y sus familias programas sobre educación
crítica para los medios de comunicación.
Artículo 71. Garantía de Mensajes e Informaciones Adecuadas. Durante el
horario recomendado o destinado a público de niños y adolescentes o a todo público,
las emisoras de radio y televisión sólo podrán presentar o exhibir programas,
publicidad y propagandas que hayan sido consideradas adecuadas para niños y
adolescentes, por el órgano competente. Ningún programa no apto para niños y
adolescentes podrá ser anunciado o promocionado en la programación dirigida a
público de niños y adolescentes o a todo público.
Artículo 90. Garantías del Adolescente Sometido al Sistema Penal de
Responsabilidad del Adolescente. Todos los adolescentes que, por sus actos, sean
sometidos al sistema penal de responsabilidad del adolescente, tienen derecho a las
mismas garantías sustantivas, procesales y de ejecución de la sanción, que las
personas mayores de dieciocho años, además de aquéllas que les correspondan por su
condición específica de adolescentes.
Artículo 91. Deber y Derecho de Denunciar Amenazas y Violaciones de los
Derechos y Garantías de los Niños y Adolescentes. Todas las personas tienen derecho
de denunciar ante las autoridades competentes los casos de amenazas o violaciones a
los derechos o garantías de los niños y adolescentes. Los trabajadores de los servicios
y centros de salud, de las escuelas, planteles e institutos de educación, de las
entidades de atención y de las Defensorías del Niño y del Adolescente, tienen el deber
de denunciar los casos de amenazas o violaciones de derechos y garantías de los
niños y adolescentes de que tengan conocimiento, mientras prestan tales servicios.
Antes de proceder a la denuncia, estas personas deben comunicar toda la información
que tengan a su disposición sobre el caso a los padres, representantes o responsables,
salvo cuando sean éstos los que amenacen o violen los derechos a la vida, integridad
y salud del niño o adolescente. En estos casos, los padres deben ser informados en las
cuarenta y ocho horas siguientes a la denuncia
Artículo 92. Prevención. Está prohibido vender o facilitar, de cualquier forma,
a los niños y adolescentes:
a) Tabaco;
b) Sustancias estupefacientes y psicotrópicas, incluidos los inhalantes;
c) Sustancias alcohólicas;
d) Armas, municiones y explosivos;
e) Fuegos artificiales y similares;
f) Informaciones o imágenes inapropiadas para su edad;
Parágrafo Único: Se prohíbe a los niños y adolescentes ingresar a:
a) Bares y lugares similares;
b) Casinos, casas de juegos y lugares donde se realicen apuestas;
Artículo 93. Deberes de los Niños y Adolescentes. Todos los niños y
adolescentes tienen los siguientes deberes:
a) Honrar a la patria y sus símbolos;
b) Respetar, cumplir y obedecer todas las disposiciones del ordenamiento jurídico y las órdenes legítimas que, en la esfera de sus atribuciones, dicten los órganos del poder público;
c) Respetar los derechos y garantías de las demás personas;
d) Honrar, respetar y obedecer a sus padres, representantes o responsables, siempre que sus órdenes no violen sus derechos y garantías o contravengan al ordenamiento jurídico;
e) Ejercer y defender activamente sus derechos;
f) Cumplir sus obligaciones en materia de educación;
g) Respetar la diversidad de conciencia, pensamiento, religión y culturas;
h) Conservar el medio ambiente;
i) Cualquier otro deber que sea establecido en la Ley.
Artículo 97. Niños Trabajadores. Los niños trabajadores serán amparados
mediante medidas de protección En ningún caso estas medidas pueden implicar
perjuicios adicionales de los derivados del trabajo y deben garantizar al niño
trabajador su sustento diario.
Artículo 109. Garantía de Protección en las Contratistas. Las personas
naturales o jurídicas que se beneficien de las obras y servicios ejecutados por
contratistas, deben garantizar que los adolescentes que trabajen para éstas, se
encuentren inscritos en el Registro de Trabajadores Adolescentes y gocen de la
protección, derechos y beneficios establecidos en la Ley.
CONCLUSIÓN
La Doctrina de la protección integral está contenido en una serie de
instrumentos jurídicos internacionales, las cuales tiene su antecedente directo en la
Declaración universal de los derecho del niño y se condensa en seis instrumentos
básicos, a saber: La Convención Internacional De Los Derechos Del Niño, Las
Reglas Mínimas De Las Naciones Unidas Para La Administración De La Justicia
Juvenil (reglas de beijing), Las Reglas Mínimas De Las Naciones Unidas Para Los
Jóvenes Privados De Libertad, Las Directrices De Las Naciones Unidas Para La
Administración De La Justicia Juvenil (directrices de kiyadh), El Convenio No.138 y
La Recomendación no.146 De La Organización Internacional Del Trabajo y la carta
de la UNESCO sobre la educación para todos.
Los derechos y los deberes; ambos asuntos son indivisibles. Es como si
describiéramos una moneda, ella tiene dos caras y aunque son dos lados separados, a
la vez son una unidad. Pues así son los derechos y deberes; uno solo.
La LOPNA es la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del
Adolescente, la cual se rige por una serie de artículos, en donde se expresan los
derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes.
Ésta ley contiene normas de más amplio alcance, garantista y novedosa.
Se encuentra plasmada en hojas, lo cual no significa que dicha ley sea aplicada en la
actualidad, a pesar que, haciendo un análisis de ella, es evidente la importancia y el
gran aporte que tendría, de ser aplicada, para nuestra sociedad.
Por lo tanto se queda a reflexión, qué imprescindible es aplicar todas y
cada una de estas leyes, para la obtención y mejora del significado de " calidad de
vida".
BIBLIOGRAFÍA
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela, 5.453 (Extraordinaria) Marzo 24, 2000.
Convención sobre los Derechos del Niño
Convención de La Haya
Convención Interamericana de los Derechos Humanos.
Ley Orgánica de Protección para el Niño, Niña y Adolescente. Gaceta Oficial Nº
5.859 (Extraordinario) de fecha 10 de Diciembre de 2007.
http://www.iin.oea.org/sim/pdf/
LOS_CONVENIOS_DE_LA_HAYA_SOBRE_LOS_NI%C3%91OS_s_
%20mem.pdf
http://netsalud.sa.cr/gestores_en_salud/derechos%20humanos/infancia/
dereninezunicef.pdf
http://www.iin.oea.org/sim/pdf/
LOS_CONVENIOS_DE_LA_HAYA_SOBRE_LOS_NI%C3%91OS_s_
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