E J E 1 : M EMOR I A , J U S T I C I A Y D E R E CHO S HUMANOS

A partir de 2003, cuando por fin fue escuchado el reclamo de sectores mayoritarios de la sociedad, se derogaron las leyes de impunidad y se renovó la Corte Suprema de Justicia, lo que permitió que se declarara la inconstitucionalidad de esas leyes, habilitando la reapertura de los juicios a represores y cómplices. De ese modo, la Memoria, Verdad y Justicia adquirieron carácter de política de Estado, política sostenida hasta hoy por Cristina Fernández y recordada cada 24 de marzo.

“Bájeme esos cuadros de ahí”

ANULACIÓN DE LAS LEYES DE IMPUNIDAD (PUNTO FINAL Y OBEDIENCIA DEBIDA)

DECLARACIÓN DE IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

APERTURA DE JUICIOS CONTRA REPRESORES Y CÓMPLICES

2006 año del primer juicio por delitos de lesa humanidad

1.861 personas, entre civiles y personal de las fuerzas armadas y de seguridad involucradas en causas vinculadas con el terrorismo de Estado

13 juicios orales y públicos en curso en diferentes lugares del país

300 causas se encuentran en trámite, en etapa de instrucción o esperando su elevación a juicio oral

923 procesados en diferentes causas

370 personas condenadas

7 sentencias confirmadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación

A partir de diciembre de 2010, por orden de Nilda Garré, ministra de Seguridad de la Nación, se prohibió a la Policía Federal la portación de armas de fuego de ningún tipo en operativos de disuasión de protestas callejeras, incluyendo las pistolas lanzagases. Por otro lado, el 4 de mayo de 2011, por resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación, se aprobó un protocolo que deben tener en cuenta las provincias a la hora de ordenar la actuación del personal policial y fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas, programadas o espontáneas. Hoy, la sociedad organizada con acompañamiento del Estado Nacional ha desarrollado la Campaña contra la Violencia Institucional. Uno de sus objetivos es el de desarmar discursos y prácticas en torno a la lógica punitiva y directamente represiva en función de la idea de seguridad democrática con respeto y ejercicio de los Derechos Humanos. Pero además, se busca implementar una política integral que permita reformular el rol de las fuerzas de seguridad en el contexto democrático, con control civil y participación comunitaria en todos los niveles de gobierno.

El 19 de diciembre de 2012 se sancionó la Ley Contra la Trata de Personas, en una sesión extraordinaria convocada tras conocerse el polémico fallo de la justicia tucumana que absolvió a los 13 acusados de la desaparición de María de los Ángeles “Marita” Verón. Esta ley impedirá que este delito sea excarcelable en el futuro. La nueva Ley 26842 establece, entre otros puntos, la ampliación de las condenas para los delitos de explotación sexual simple entre 2 y 4 años y la elevación de la condena de 5 a 15 años en los casos agravados (menores de edad o embarazo de la víctima). Además, elimina el consentimiento como elemento para eximir de culpa a quien sea responsable de promover la prostitución y explotar a una mujer y crea un Consejo Federal para la lucha contra la trata y un Comité Ejecutivo para la asistencia de las víctimas.

El 9 de abril de este año la Presidenta presentó el proyecto de reforma judicial que envió Congreso Nacional. No es fortuito ni casual el apoyo que otorgaron a este proceso de democratización personas como Susana Trimarco (mamá de Marita Verón), Pablo Ferreyra (hermano de Mariano Ferreyra), Sergio Burstein (Asociación 18J) y Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo), todos ellos víctimas de la lentitud, la falta de transparencia y el accionar corporativo de parte del Poder Judicial; todos ellos también, acompañados por el gobierno nacional en la lucha por justicia para sus seres queridos, emblemas de los grandes reclamos de la sociedad en su conjunto.

NO REPRESIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL Y CAMPAÑA CONTRA LA

VIOLENCIA INSTITUCIONAL

LEY CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

PROYECTO DE LEY PARA LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA JUSTICIA

Eje 2: Crecimiento con inclusión y redistribución del ingreso

Durante la última década, Argentina experimentó un formidable proceso de crecimiento con inclusión social, a partir de un enfoque heterodoxo en la definición de la política económica con una participación más determinante y activa del Estado como promotor del crecimiento económico con mejoras en la calidad de vida, recuperación del salario real como motor del mercado interno y la producción, sumado a la incorporación de ciencia y tecnología para generar un sistema productivo con mayor valor agregado. El gobierno nacional adoptó medidas económicas que en distintas partes del mundo son tomadas como ejemplo de que es posible recuperarse de una devastadora crisis, a contrapelo de los salvajes ajustes que hunden cada vez más a los pueblos europeos. En Argentina se ensayan medidas contracíclicas que permiten amortiguar los efectos del colapso del capitalismo financiero global, sin la pérdida de puestos laborales.

CRECIMIENTO SOSTENIDO

SOSTENIMIENTO DEL NIVEL DE EMPLEO

FORTALECIMIENTO DEL MERCADO INTERNO

REINDUSTRIALIZACIÓN

+ de 5.000.000 de nuevos puestos de trabajo creados

De $200 a $2.875 evolucionó el Salario Mínimo Vital y Móvil

2.800.000 nuevos jubilados y jubiladas se incorporaron al sistema

5.800.000 de jubilados representan la cobertura previsional más alta de la región

+ de 7.000.000 de niños y niñas fueron incluidos con la Asignación Universal por Hijo

Más del 80% de las jubilaciones y la AUH tuvieron como destinatarias a mujeres

370 personas condenadas

Otro de los puntos emblemáticos de estos años fue la reforma del sistema previsional, mediante la supresión del inviable régimen de capitalización privado (AFJP), reemplazado por uno de matriz estatal. Este régimen permitió la inclusión de más de dos millones y medio de jubilados al sistema previsional, que de otra manera hubieran quedado excluidos de las prestaciones. El Estado desarrolló un sistema previsional solidario, inclusivo y sustentable que garantiza jubilación mínima a trabajadores informales (sin aportes al sistema), amas de casa y otros sectores pasivos, alcanzando una cifra de 5,8 millones de beneficiarios. Se pone fin a la barrera de 30 años de aporte que imponía el sistema privado. En consonancia, se sancionó la Ley de Movilidad Jubilatoria, que establece un aumento en los haberes dos veces al año, de acuerdo a la evolución de los salarios. También es de destacar los créditos a jubilados, a través de la tarjeta ARGENTA, que se financia con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.

La reforma del régimen previsional dio luz otro de los grandes hitos de la gestión kirchnerista: la Asignación Universal por Hijo, cuyo beneficio llega a mas de 7,3 millones de niños y adolescentes, permitió el aumento de la matrícula educativa y vacunatoria de los menores de edad (teniendo en cuenta que son requisitos para la percepción de la AUH). Los planes Nacer y Sumar (asignación de recursos para mejorar la cobertura de salud de mujeres, recién nacidos, niños y adolescentes sin obra social) se inscriben dentro de la misma lógica de Justicia Social.

Por último, cabe destacar la creación del plan Pro.Cre.Ar (créditos a muy baja tasa de interés para el acceso al terreno y la vivienda propia) frente a la falta de soluciones en materia habitacional para amplios sectores de la clase media y sectores populares. Casi 18.000 familias iniciaron las obras para obtener sus viviendas y se construyen alrededor de 400 casas por día, lo que implica un gran impulso al trabajo y la producción.

RETORNO AL SISTEMA PREVISIONAL DE REPARTO, LEY DE MOVILIDAD JUBILATORIA Y TARJETA ARGENTA

ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO

PLAN PRO.CRE.AR

E j e 3 : S o b e r a n í a e I n t e g r a c i ó n R e g i o n a l

A partir de 2003 se establece un giro en el modelo de política exterior, dejando atrás el lastre del Consenso de Washington y las “relaciones carnales” con Estados Unidos y las grandes potencias centrales, para dar paso a un rol más protagónico en función de un proyecto de integración regional ligado a la construcción de la Patria Grande. La IV Cumbre de las Américas fue la punta de lanza del proyecto emancipatorio de la región, donde Argentina tuvo un papel destacable no sólo como país organizador, sino como artífice ideológico junto a Venezuela del rechazo definitivo al ALCA. En esta línea, Argentina colabora activamente en el fortalecimiento de instrumentos de integración como el Mercosur, Unasur y la Celac, formando un triángulo estratégico junto a Venezuela y Brasil, tanto desde el plano comercial como político-ideológico. También se comienza a explorar incipientemente el eje Sur-Sur, a través de misiones diplomáticas y comerciales con países de África y Asia.

PATRIA GRANDE y EJE SUR-SUR

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SOBERANÍA

12 países sudamericanos integran la UNASUR, 10 el Mercosur y 33 países de la región integran la CELAC

75% fue la quita que se logró para la deuda externa mediante su reestructuración

1.800.000 de personas se agregaron al servicio de agua con la reestatización del servicio

1.400.000 de personas se agregaron al sistema de cloacas

+ de 130 países del mundo apoyan el reclamo de Argentina por las Islas Malvinas

50% se redujeron los faltantes de combustible desde la nacionalización de YPF

La política de desendeudamiento con los organismos multilaterales (en particular el Fondo Monetario Internacional) fue otro puntal de la política de soberanía. También se llevó a cabo una muy favorable reestructuración de deuda con los acreedores privados, con una quita inédita del 75 %. La cancelación de los compromisos permitió al país recuperar la iniciativa (en un sentido de autonomía) en las decisiones de política económica, deslegitimando las presiones del capital financiero internacional (y los fondos buitre).

En el terreno de la soberanía económica, Argentina comenzó a construir una senda virtuosa a partir de una serie de medidas de fortalecimiento del Estado en virtud de su carácter de garante de derechos y servicios. La estatización del Correo Argentino y de Aguas Argentinas (renombrada AySA) marcaron el rumbo durante el mandato de Néstor. Siguieron Aerolíneas Argentinas y la expropiación del 51 % de YPF con Cristina. Esta última medida tuvo un fuerte impacto, no sólo económico, permitiendo frenar la hemorragia de utilidades giradas al exterior que no se reinvertían en proyectos productivos en el país, sino también simbólico, teniendo en cuenta el profundo significado que tiene en la memoria colectiva un emblema como YPF

Durante la gestión kirchnerista, y en particular durante los dos mandatos de Cristina, se resignificó el valor de la causa Malvinas como símbolo de unidad nacional, generando conciencia acerca del principio de integridad territorial para discutir la soberanía de las islas. En este sentido, se redoblaron los esfuerzos por entablar instancias de diálogo con el Reino Unido, en el marco de las resoluciones de las Naciones Unidas. Argentina impulsó una intensa campaña en múltiples foros internacionales, con el apoyo unánime e incondicional de los países aliados de Latinoamérica y África.

SOBERANÍA ENERGÉTICA Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO

NACIONAL

SOBERANÍA TERRITORIAL

RECLAMO POR MALVINAS

SOBERANÍA ECONÓMICA Y POLÍTICA DE DESENDEUDAMIENTO

Eje 4: Democratización de la palabra, la cultura y la educación

Estamos atravesando desde los últimos diez años un proceso social, político, cultural y económico inédito en la historia de nuestro país. El gobierno de Néstor Kirchner y los dos gobiernos de Cristina Fernández intervinieron con sus acciones en las diferentes instituciones, promoviendo inéditos cambios en el acceso a la palabra, la cultura y la educación, instrumentando leyes, creando organismos estatales y elevando el presupuesto dedicado al área hasta su punto más alto. La democratización de la palabra, comenzó con la derogación de la figura penal de calumnias e injurias para asuntos de interés público. Y luego, mediante la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se generó uno de los debates más amplios de que se tenga memoria, construyendo una ley para toda la Nación, que dé voz a quienes nunca la tuvieron. El Estado se hizo eco de la demanda de múltiples actores del campo de la comunicación que luchaban en torno a los postulados de los 21 puntos por una comunicación democrática y el proyecto de ley se discutió en foros federales, cuyo resultado se volcó luego en el texto de la ley.

LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

+ de 20 grupos de medios comerciales presentaron sus planes de adecuación a la ley

+ de 180 escuelas primarias y secundarias recibieron sus autorizaciones para emisiones de FM

+ de 50 cooperativas obtuvieron sus licencias para operar cable

+ de 30 pueblos originarios obtuvieron su autorización. Uno de ellos ya tiene instalado su canal de televisión abierta

+ de 4.000 horas de contenidos televisivos se produjeron en el marco de los planes de fomento del Estado Nacional

+ de 1150 frecuencias fueron reservadas para radios municipales

La Ley de Educación Nacional que impulsa la enseñanza media obligatoria dio un paso histórico en un país con altos índices de deserción escolar, cambio también facilitado por la Asignación Universal por Hijo que subió la matrícula escolar. Por otra parte, la creación de más de 1500 escuelas y más de 50 Universidades públicas a lo largo y a lo ancho de todo el país, permitiendo el acceso a altos niveles de educación pública y de calidad a muchísimas personas por primera vez en varias generaciones. Además, el Programa Conectar Igualdad, con más de 3.000.000 de netbooks entregadas en todo el territorio nacional, como parte del reequipamiento de todas las escuelas públicas. Todo esto enmarca el presupuesto más alto nunca antes destinado al sector educativo, casi el 6,5%.

La creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva promovió la construcción del Polo Tecnológico y de Tecnópolis, la muestra de Ciencias más importante de nuestra historia, al alcance de todos y todas. Estas iniciativas se combinan con la repatriación de más 900 científicos que estaban exiliados, mediante el programa Raíces.

La Televisión Digital Abierta es una política pública que se propone garantizar el acceso universal a la televisión de aire de modo gratuito con el objetivo dar cobertura a toda la población. Hoy ya se encuentran en funcionamiento más de 68 Estaciones Digitales de Transmisión en el territorio nacional promoviendo la democratización del acceso a las nuevas tecnologías. Además, somos testigos de la recuperación, renovación y equipamiento de la TV Pública y la creación de los canales Encuentro, Paka-Paka, INCAA TV, Tec TV, Deport TV que construyen un perfil de televisión pública para todos los gustos y todas las voces. También el Programa Fútbol para Todos, recupera un espacio democrático con acceso para toda la sociedad, que anteriormente debía pagar para ver fútbol.

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL

LEY DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

LEY DE EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL

PROGRAMA CONECTAR-IGUALDAD

DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

REPATRIACIÓN DE CIENTÍFICOS

TDA Y PLAN ARGENTINA CONECTADA

RENOVACIÓN DE LA TV PÚBLICA Y CREACIÓN DE CANALES ESTATALES DE

CALIDAD

PROGRAMA FÚTBOL PARA TODOS