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SALA CIVIL PRIMERAResolución N°: 58
Folio: 171 Tomo: 15
Santa Fe, 23 de Junio de 2014.-
Y VISTOS: Estos caratulados: “BBVA BANCO FRANCES S. A. C/
KOCHANIUK, LIDIA ISABEL S/ EJECUTIVO” (Expte. Sala I Nº 112, Año 2013),
venidos para resolver el recurso de apelación (concedido en relación y con efecto
suspensivo -ver fojas 169-) deducido por la ejecutada en subsidio del de reposición (que, a
su turno, desestimara el a quo por sentencia de fecha 27.5.2013 -v. fs. 166/7-) contra la
providencia del 19.12.2012 emitida por el titular del Juzgado de Primera Instancia de
Distrito en lo Civil y Comercial de la Undécima Nominación (v. fojas 158) y,
CONSIDERANDO:
1. Que en fecha 9.6.2009 el BBVA Banco Francés S.A., por apoderado, promovió
juicio ejecutivo contra Lidia Isabel Kochaniuk y, ya en el transcurso del mismo, solicitó que
se decrete la inhibición general de bienes de la misma (ver fs. 13/vta.), lo que fue proveído
de conformidad por el a quo en fecha 18.6.2009, por decreto que, en lo pertinente, reza:
“En los términos de los artículos 452, 459, 460 y 290 del Código Procesal Civil y
Comercial, líbrese mandamiento de intimación de pago y decretase la inhibición general de
la accionada en cantidad suficiente a cubrir el capital reclamado con más la suma de seis
mil pesos ($ 6.000) presupuestados provisoriamente para intereses y costas. A sus efectos,
ofíciese” (v. fs. 16).
Por su parte, en fecha 27.4.2010 y a instancias de la actora, el juez de grado dispuso
lo siguiente: “Trábese embargo sobre las sumas de dinero que el demandado perciba de la
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe, en proporción de ley y en
cantidad suficiente a cubrir el capital reclamado, con más la suma de doce mil pesos ($
12000) presupuestados provisoriamente para intereses y costas...” (v. fs. 45), medida que
fue comunicada a dicha institución en fecha 9.5.2010 (según oficio diligenciado glosado a
fs. 47).
En fecha 2.9.2010 la ejecutada -mediante apoderado- promovió incidente de
levantamiento de embargo con fundamento en lo dispuesto en el inciso c del artículo 14 de
la ley 24.241, solicitando -con cita de jurisprudencia local- que se ordene el levantamiento
del embargo trabado sobre sus haberes jubilatorios.
Por decreto del 3.9.2010 el a quo dispuso sustanciar el incidente, corriéndole
traslado a la actora (v. fs. 62), quien levantó la carga de contestarlo en fecha 14.9.2010,
solicitando el rechazo de la pretensión incidental (v. fs. 70/72).
Que el 18.10.2010, en ocasión de la audiencia de vista de causa, las partes
arribaron a un acuerdo indicando que “han decidido zanjar las diferencias materia de este
incidente en los siguientes términos: la demandada entrega a la actora en pago parcial de su
acreencia la suma que a la fecha se haya retenido de sus haberes previsionales. Ofrece
continuar abonando, hasta que mejore su condición actual, la suma de cien pesos ($100)
mensuales y propone que las costas de la incidencia se impongan en el orden causado; la
demandante por su lado acepta dichas condiciones y deja a salvo que resta acordar con la
contraparte el modo de verificar la mejora de fortuna de la demandada tanto como la
aceptación de esa forma de pago por parte del Banco. A lo que S.S. resuelve: tener presente
lo manifestado y en consecuencia, ordenar que se libre oficio a la Caja de Jubilaciones y
Pensiones de la Provincia de Santa Fe para que proceda a dejar sin efecto la retención de
haberes de la demandada” (v. fs. 87/vta.).
Posteriormente -y luego de una serie de alternativas procesales que no tienen
relevancia a los fines de la presente- comienzan a producirse incumplimientos en relación a
la suma que mensualmente se obligó la accionada y, por tanto, en fecha 7.6.2011 el
apoderado de la actora solicitó que se acrediten los pagos mensuales a los que se obligó la
ejecutada (v. fs. 124 vta.), lo que reiteró el 8.9.2011 (v. fs. 125).
Corrido el respectivo traslado, en 26.10.2011 el apoderado de la Sra. Kochaniuk lo
levanta indicando que la misma es “persona enferma que tiene jubilación por discapacidad”
aditando que “no ha podido depositar los $ 100,- (pesos cien) mensuales porque su magro
ingreso no le alcanzó por tener que atender gastos extraordinarios de salud” lo que pidió se
tenga presente (v. fs. 127).
Así las cosas, en 14.11.2011 el apoderado de la actora solicitó que se deje sin efecto
el acuerdo en razón del incumplimiento de la ejecutada (v. fs. 130), lo que no fue proveído
expresamente por el a quo. Asimismo, el 7.12.2012 solicitó, por idéntica razón, que “se
ordene trabar embargo sobre los haberes jubilatorios de la [ejecutada], en cantidad
suficiente a cubrir la suma de $ 34.666,11, con más lo que [se] estime provisoriamente para
intereses y costas...” (v. fs. 156).
Ello así, por decreto del 19.12.2012 -cuestionado mediante el recurso de apelación
por el que se abrió esta instancia- el a quo dispuso lo siguiente: “Procédase a la sustitución
de la cautelar ordenada en autos a foja 16 y en su lugar trábese embargo sobre los haberes
de la demandada en proporción de ley por el capital reclamado con más la suma de
diecisiete mil trescientos pesos ($ 17.300) presupuestados provisoriamente para intereses y
costas. Ofíciese a sus efectos” (v. fs. 158).
Contra dicho proveído se alzó la ejecutada en fecha 15.3.2013 mediante sendos
recursos de reposición y apelación -este último interpuesto en forma subsidiaria- (v. fs.
161/vta.), siendo el primero desestimado por el a quo por auto de fecha 27.5.2013 (v. fs.
166/7) y el segundo concedido en relación y con efecto suspensivo mediante providencia
del 13.6.2013 (v. fs. 169).
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Para resolver como lo hiciera, el sentenciante de la instancia anterior sostuvo que
“más allá de que las medidas cautelares no causan estado y su levantamiento, reducción o
sustitución puede ser requerida en cualquier tiempo, lo cierto es que la incidencia que aquí
se resuelve está dirigida a revocar el decreto que dispuso la traba del embargo con motivo
del incumplimiento de lo pactado en el acta de foja 87. La demandada funda su pretensión
recursiva en el hecho de haber hecho cosa juzgada lo resuelto respecto del levantamiento
del embargo. La sola consideración de que lo dispuesto sobre medidas cautelares no causa
estado, basta para desestimar la revocatoria interpuesta. Empero, debe quedar aclarado que
el levantamiento de la cautelar dispuesta en el acta que se mencionara con anterioridad no
responde a un pronunciamiento adoptado por el oficio en razón de los argumentos de una u
otra parte, sino sólo como consecuencia de que éstas transaron un incidente que tenía por
fin el levantamiento -o no- de esa medida. Los términos del proveído de fecha 19 de
diciembre de 2012 pueden resultar confusos en tanto hacen referencia a una sustitución;
pero en realidad, lo dispuesto es la nueva traba de embargo y, ello, con motivo en el mero
pedido de la parte actora que cuenta con un pronunciamiento favorable y tiene derecho a
que el mismo se haga realidad; es decir, se ejecute. Si la demandante aceptó -aunque de
manera condicionada- levantar el embargo por existir un pacto sobre el pago; lo que debería
demostrar la demandada, para oponerse a la traba del embargo, es que ha cumplido con lo
pactado; y no lo ha hecho. En consecuencia y más allá de lo que pueda requerir sobre el
embargo trabado la parte demandada, reiterando o no los argumentos con que fundó su
pretensión en etapas anteriores; no puede, con sustento en un cosa juzgada inexistente y
sobre materia en la que las decisiones no causan estado, oponerse a una nueva traba de
embargo motivada en el incumplimiento de lo pactado”.
Ya en esta sede, la apelante expresó agravios en fecha 18.10.2013, en los siguientes
términos: “La actora traba embargo sobre los haberes jubilatorios de la demandada
-jubilada por invalidez-, ante lo cual ésta promueve incidente de levantamiento de embargo
fundado en la inembargabilidad de sus haberes por ley, doctrina y jurisprudencia. La actora
responde oponiéndose y se fija audiencia de vista de causa para el 18 de octubre de 2010, la
que obra a fs. 87. Como consta en dicha acta, en ningún momento desistí del
cuestionamiento del embargo, y respecto de la deuda reclamada acordamos pagar $100.-
por mes que era lo único que podía la jubilada, lo que aumentaría si mejoran sus ingresos.
El Sr. Juez resuelve el incidente de levantamiento de embargo ordenando se oficie para que
se proceda a dejarlo sin efecto. Surge como elemental que si el embargo fuera procedente
no se lo iba a levantar por el ofrecimiento de pagar $100 de una liquidación de $24.116,82 a
febrero de 2010. Se accede a ese pago ínfimo porque no les quedaba otra salida, ya que de
tener la cautelar el Banco no iba a desistir prácticamente de su reclamo, pues con $100 por
mes nunca cobraría la deuda. El Juez al levantar el embargo hace lugar a mi pedido en tal
sentido. Si el incidente no hubiera sido procedente, nunca el Banco aceptaría pagar costas
del mismo (costas por su orden). La jubilada no pudo cumplir con ese pago, y el Banco
pidió a fs. 156 que se ordene trabar embargo por el monto de la última liquidación
($34.666,11), a lo que el a quo dispone a fs. 158: 'Procédase a la sustitución de la cautelar
ordenada a fs. 16, y en su lugar trábese embargo sobre los haberes de la demandada...'. El
primer embargo fue levantado ante mi planteo de inembargabilidad, por lo tanto no podía
'sustituirlo', n[i] ordenar uno nuevo, había cosa juzgada. Ante ello planteé revocatoria y
apelación en subsidio (fs. 161), a lo que no se opuso la actora debidamente notificada...
Pasan los autos a resolución y el Juez rechaza la revocatoria diciendo que 'los términos del
proveído de fecha 19/12/2012 pueden resultar confusos en tanto hacen referencia a una
sustitución; pero en realidad, lo dispuesto es la nueva traba de embargo y, ello, con motivo
en el mero pedido de la parte actora que cuenta con un pronunciamiento favorable y tiene
derecho a que el mismo se haga realidad; es decir, se ejecute.' Nunca discutimos la
sentencia de ejecución que se dictó en rebeldía. Sabemos que se sabe, pero no se puede
pagar ya que a posteriori de la concesión del préstamo se la jubiló por invalidez a la
demandada. No es verdad la afirmación del Juez de que la actora aceptó el levantamiento
de embargo en el incidente por existir un pacto sobre el pago (si puede llamarse pacto de
pago abonar $100 por mes ante la cuantía de la deuda). Lo aceptó porque era improcedente
por la inembargabilidad de la jubilación. Con todo respeto digo que es evidente que el Juez
busca una justificación a su error de haber ordenado el nuevo embargo cuando ya resolvió
favorablemente el levantamiento ante mi planteo. Asimismo me agravia al manifestar que
no existía cosa juzgada. Me remito a la resolución tomada en la audiencia de vista de causa
en que ordena el levantamiento del embargo pedido por mí”.
Corrido traslado de los agravios expresados (ver decreto de fs. 182), al actora los
contesta en fecha 31.10.2013 (v. escrito de fs. 184/185), quedando la causa en estado de ser
resuelta.
2. Que, así las cosas, corresponde hacer las siguientes precisiones:
2.1. Más allá de los improcedentes argumentos que sustentan los agravios de la
ejecutada (particularmente en torno a la inexistencia cosa juzgada respecto del
levantamiento del embargo de haberes previsionales) igualmente se anticipa que –a mérito
de los errores in iudicando que la afectan- se procederá a dejar sin efecto lo decidido en la
anterior instancia en el auto interlocutorio puesto en crisis a través de la apelación que nos
convoca.
2.2. En efecto, para comenzar, desbarra el resolutorio de marras cuando indica que
“Los términos del proveído de fecha 19 de diciembre del año 2012 pueden resultar
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confusos en tanto hacen referencia a una sustitución; pero en realidad, lo dispuesto es una
nueva traba de embargo …” (v. fojas 167 vta. tercer párrafo ab initio).
En efecto, a poco que se consulta el texto del aludido despacho (v. fojas 158) se
advierte claramente que el pretorio (de oficio y sin que existiera pedido acorde de la actora
–que, en todo caso, solicitó se ordene un “nuevo embargo” sobre la jubilación de la
accionada, v. fojas 156-) ordenó la “sustitución de la cautelar ordenada en autos a fojas
16” (o sea la “inhibición general de bienes” que oportunamente se trabara tanto en el
Registro de la Propiedad Automotor cuanto en el Registro de la Propiedad Inmueble –v.
fojas 16 y 20/23.).
En segundo lugar el primigenio embargo se levantó porque así lo ordenó el a quo –
y no la ejecutante- de oficio sin dar razón alguna (v. fojas 87 y vta.) y no (como se dice en
el resolutorio de fojas 166/167) porque “la demandante aceptó –aunque de manera
condicionada- levantar el embargo por existir un pacto sobre el pago” (v. fojas 166 vta.,
cuarto párrafo).
En puridad, lo único que refleja el contenido de la Audiencia cuya acta rola a fojas
87 y vta. es que las partes dieron fin a través de un “medio anormal de terminación”
(precisa y técnicamente una “transacción” y no un “pacto de pago” como se dice en la
resolución cuestionada) al proceso ejecutivo que ya transitaba la etapa de ejecutoriedad de
lo oportunamente decidido en la sentencia de trance y remate obrante a fojas 29.
Consecuentemente y transada la materia “principal” (a través de la transacción
aludida que constaba de otorgar en pago las sumas “embargadas” hasta ese momento y
comprometerse a abonar $ 100 por mes de ahí en adelante) es lógico que las partes podían
(o no) acordar también sobre la materia “incidental” (o sea sobre quien tenía o no razón en
relación a si el embargo dispuesto sobre haberes previsionales estuvo bien o mal
despachado –sobre la incorrecta decisión del a quo, ahora reiterada, volveremos más
adelante-) y, además, sobre las “costas” del susodicho incidente.
Pues así lo hicieron: dejando abstracta la materia del “incidente” (a mérito que se
transó sobre lo “principal”) y, además, conviniendo que las costas del mismo se
distribuyeran por su orden (v. fojas 87 y vta.).
Desde allí, no alcanza a comprenderse como el a quo entiende que la actora aceptó
la dación en pago (de lo hasta allí embargado) y la obligación consecuente (los $ 100
mensuales de allí en adelante) de “manera condicionada” siendo que tal condición (sea
suspensiva o resolutoria) no surge de la transacción antes referida.
De todas maneras, lo cierto es que, a partir de la transacción aludida (que por
definición legal implica la extinción de las “obligaciones litigiosas” –v. artículo 832 del
Código Civil-) debería haber finalizado la saga procedimental y nunca reavivarse cada vez
que la ejecutada demore el pago de los $ 100 mensuales a los que se obligó.
En todo caso, acaecida esta última circunstancia lo que ahora se “ejecuta” es el
nuevo título (ahora “ejecutorio”) surgido de la transacción de mención (que no se
homologa sino que se tiene “presente” como bien hizo el juez actuante) y, en ese caso, la
mora y consecuentes y eventuales medidas cautelares que pueden trabarse lo serán por la
deuda “actual” que se devenga a razón de $ 100 cada mes.
Ello se puede hacer, lógicamente, en el mismo expediente, pero con las limitaciones
aludidas: las obligaciones originales (incluso convalidadas por la sentencia de trance y
remate) fueron “novadas” (a mérito de las “concesiones recíprocas” que se hicieron las
partes en la transacción aludida –innecesario indicar que se puede transar aún luego de una
sentencia firme entratándose de derechos patrimoniales disponibles-) y, por tanto, cada mes
que la jubilada demandada no abone la cuota a la que se obligó genera una “mora” distinta
y, además, un monto de capital, intereses y eventuales costas mucho menor que el anterior a
los fines de una “nueva traba de medidas cautelares”.
De ninguna manera puede entenderse (y menos resolverse) que el incumplimiento
del pago de una sola de las cuotas aludidas produce la “caducidad” (como impropiamente
suele redactarse en convenios de éste tipo) o “ineficacia” (terminología correcta) del
convenio y hace exigible la totalidad de las obligaciones novadas. Y ello es así, simple y
sencillamente, porque en la Audiencia referida las partes no lo pactaron (rectius: transaron)
de esa manera.
2.3. Sentado lo expuesto, queda claro que hasta el momento de la transacción
aludida, sobre el patrimonio de la ejecutada pesaban “dos medidas cautelares” (una
inhibición general y un embargo sobre haberes previsionales) y que, a partir de allí, el
segundo se levantó (reiteramos: de oficio por orden del juez actuante y sin dar razón
jurídica de ello –pues las partes transaron sobre la materia principal y sobre desistir del
proceso incidental de levantamiento de la medida cautelar más no sobre si el embargo sobre
la jubilación se mantendría o no, como suele hacerse en la mayoría de los casos para
asegurar el pago-) y la primera subsistió.
Y que, precisamente, es dicha “inhibición general” la que fue sustituida por el
“nuevo embargo sobre la jubilación de la accionada” (v. fojas 158), más allá de lo que
indicó en el resolutorio puesto en crisis (v. fojas 166/167).
Hoy –entonces- solo tenemos “una” medida cautelar trabada: el embargo sobre
haberes previsionales.
Ahora bien, como se sabe, siendo éste el objeto del recurso de apelación lo primero
que corresponde preguntarnos es si ha sido bien o mal concedido.
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Para concederlo (en relación y con efecto suspensivo -v. fojas 169-) el a quo no dio
razones para hacer excepción al criterio imperante en la materia que –recordemos- es
aquél que indica que el art. 484 de C.P.C.C. establece que en estos procesos sólo son
recurribles las sentencias, los autos y resoluciones que la ley declara tales y los que
importan la paralización del juicio, únicos tres supuestos de recurribilidad (v.gr. fallos de
ésta Sala del 7.5.1997 in re “Mestre, Carmen F. c/ Mesa, Anastacio s/ Juicio Ejecutivo”; del
5.5.1997 in re “Carbone, María Teresa de c/ Hek y/o Gek, Juan Liberato y otro s/ Ejecución
Hipotecaria”; del 20.5.1997 in re “Molino, Jorge Aníbal c/ Coll, Ana Catalina y otros s/
Ejecución Hipotecaria”; del 18.9.1997 in re “Baroni, Griselda Beatriz c/ Giuliani, Juan s/
Juicio Ejecutivo”; del 24.2.1998 in re “Mutual de Protección recíproca entre socios del
Centro Comercial e Industrial de San Jorge c/ Turletti, Carlos y otra s/ Ejecutivo”; del
10.3.1999 in re “Armando, Raúl Federico c/ Cuevas, Norma Beatriz s/ Ejecución
Hipotecaria”; del 9.12.1999 in re “Hernández, Patricia c/ Vega, Osmar s/ Ejecución
Hipotecaria”; del 12.4.2000 in re “Citroni, Jorge Arnoldo y ots. c/ Riera, Myriam Claudia s/
Ejecución Hipotecaria”; del 28.11.2001 in re “Uriarte, Olga María c/ Romero, Mirta Beatriz
s/ Juicio Ejecutivo”; del 5.11.2007 in re “Bocco, Víctor Ramón c/ Grenón, Jorge Omar y
otro s/ Demanda Ejecutiva”; del 11.12.2007 in re “Torres, Luis Raúl c/ Adamo, Pedro Javier
s/ Juicio Ejecutivo”; del 30.4.2009 in re “Nuevo Banco Santa Fe S.A. c/ Mántaras, Alberto
D. s/ Ejecución Hipotecaria”, etc.).
En particular, en fallo del 5.11.2007 en la citada causa “Bocco, Víctor Ramón c/
Grenón, Jorge Omar y otro s/ Demanda Ejecutiva”, se dijo que “El art. 484 de CPCYC
establece que sólo son recurribles las sentencias, los autos y resoluciones que la ley declara
tales y los que importan la paralización del juicio, únicos tres supuestos de recurribilidad …
La disposición limitativa del art. 484 del digesto ritual tiene preeminencia sobre cualquier
otra, por referir a un proceso recursivo específico y restringido, acorde con la propia
naturaleza de esta clase de juicio, distinta de la de los procesos declarativos siendo por
consiguiente inapelables toda aquellas decisiones que no encuadren en alguno de los
supuestos de aquella norma legal, deviniendo forzoso aceptarse que, aún en caso de duda
debe estarse por la inapelabilidad de las resoluciones dictadas en un proceso ejecutivo
(esta Sala, 28/11/01, “Uriarte Olga María c/ Romero Mirta Beatriz s/ Juicio Ejecutivo”,
Autos 41-431).
Ahora bien, como también se sabe, a ello hace excepción -necesario es remarcarlo-
el caso en que se discute lo inherente a medidas cautelares, tanto cuando se hace lugar
como cuando se deniegan las mismas (o bien lo relativo a disminución, mejora, sustitución,
etc.).
En estos supuestos los recursos de apelación y nulidad son admisibles, por cuanto el
mantenimiento o cesación de ellas podría ocasionar agravios no reparables en el juicio
ordinario posterior, lo que justifica estar a la normativa genérica de recurribilidad de las
diligencias cautelares contenida en el art. 284 del C.P.C.C. (cfr. Corte Suprema de Justicia
de la Provincia, A. y S. t. 109, f. 23, del 6.7.1994 en autos “Gasparri, Oscar Pascual c/
Reyes, Miguel -Apremio- s/ Recurso de inconstitucionalidad” Expte. N° 30 – Año 1990;
asimismo esta Sala en sentencia del 13.3.1998 in re “Banco Provincial de Santa Fe c/
Brussino, Silvia Liliana s/ Demanda Ejecutiva” Expte. Nro. 186 – Año 1996, protocolizada
al N° 34 de autos, F° 48, T° 38).
2.4. Ahora bien, es del caso que en la resolución en crisis, el a quo “por segunda
vez” despachó un embargo sobre haberes previsionales en franca colisión con lo dispuesto
por el artículo 14 inciso c. de la Ley 24.241 (aplicable por las razones que expondremos a
continuación) y, en particular, contra lo dispuesto en conocido fallo de la Sala II de esta
Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial que, a su turno y fundado en precedentes
jurisprudenciales de la máxima jerarquía (o sea de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación), revocara una medida de similar tenor a la aquí cuestionada dictada por el mismo
magistrado que interviene en la anterior instancia.
Y, hacíamos la aclaración sobre si el recurso de apelación había sido bien o mal
concedido pues el a quo derivó al ahora apelante a que éste “incidente” nuevamente sobre
“levantamiento” del moderno embargo (y es así que le indica: “más allá de lo que pueda
requerir sobre el embargo trabado la parte demandada, reiterando o no los argumentos con
que fundó su pretensión en etapas anteriores”), siendo que, como se sabe, el primigenio
recurso de reposición (más allá de sus errados argumentos) habilitaba al juzgador a
reexaminar su criterio y, atento colisionar éste con normas de orden público, lo revocara –
antes que tenga que hacerlo éste Tribunal de Alzada-.
Sin perjuicio de ello, aunque el recurso haya sido bien o mal concedido, lo cierto es
que “de oficio” éste Tribunal de Alzada debería (y debe) enmendar (rectius: revocar) el
criterio expuesto en la anterior instancia pues la inembargabilidad de haberes previsionales
es de “orden público”.
Ello así por el juego de lo dispuesto en los artículos 14 inciso c. (que establece que
las prestaciones que se acuerden por el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y
Legislación Previsional reúnen los siguientes caracteres: “…c) Son inembargables, con la
salvedad de las cuotas por alimentos y litisexpensas”) e in fine (“Todo acto jurídico que
contraríe lo dispuesto precedentemente será nulo y sin valor alguno”) de la Ley 24.241
[la doctrina (conf. Brito Peret, José I. y Jaime, Raúl C., "Régimen previsional. Ley 24.241",
p. 153; en similar sentido Campagnale (h.), Humberto, "Manual teórico-práctico de la
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seguridad social", p. 82) ha señalado, con relación al tema, que el fundamento de la
decisión legislativa descansa en el principio de intangibilidad de las prestaciones
previsionales, puesto que "su naturaleza se asemeja al derecho alimentario, ya que ambos
tienden a cubrir las primeras necesidades de los beneficiarios" (conf. CS, 21/4/67,
"Romagnoli", Fallos: 267:336) y/o riesgos de subsistencia y ancianidad (conf. CS, 18/6/81,
"Chazarreta", Fallos: 303:857) y tal conclusión es más que aceptable si se piensa que, en
sus aspectos prácticos, el art. 14 inc. c) de la ley 24.241 no constituye otra cosa que una
reproducción del art. 46, inc. c) de la ley 18.037 reconociendo como primer y remoto
antecedente la ley 9511 que autorizaba sólo el embargo de las jubilaciones y/o pensiones
que superaran cierto monto mínimo y hasta un tope que no podía sobrepasar el 20 % del
haber percibido por su titular (cfme. Pawlowski de Pose, Amanda Lucía; “Sobre el
principio de inembargabilidad de las prestaciones previsionales”, espigado en DT1999-B,
2157)] y 125 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe (“Las
nulidades deben declararse a petición de parte interesada. Las de orden público podrán ser
alegadas por cualquiera de las partes o por el ministerio público, en todo estado y grado de
la causa; el juez deberá pronunciarlas de oficio”).
Es que, en realidad, todas las leyes que refieren a la “previsión social” son –expresa
o implícitamente- de “orden público” y lo son “porque señalan principios de orden superior,
que la Constitución Nacional ha consagrado (art. 5° y 14 bis) y a los que las leyes deben
adecuarse. La Ley Provincial de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia. de Santa Fe 6915 (al
igual que las de otras provincias) y la Ley Nacional de Jubilaciones y Pensiones 24.241
indudablemente tienen como finalidad consolidar estos principios y garantías de orden
superior, que en definitiva persiguen cubrir los riesgos de subsistencia y ancianidad que
acontecen a todas las personas. La normativa previsional por su naturaleza es de orden
público, conclusión que extraemos siguiendo las pautas de los arts. 16 y 21 del Código
Civil. El orden público —bien que de difícil conceptualización— implica `un conjunto de
principios de orden superior, políticos, económicos, morales y algunas veces religiosos a
los que se considera estrechamente vinculados a la existencia y conservación de la
organización social establecida y que limita la autonomía de la voluntad, y al que deben
acomodarse las leyes y la conducta de los particulares’ (Salas, Acdeel E., "Código Civil
Anotado", Ed. Depalma, t. I, p. 21) [Juárez, Luciano D.; “Inembargabilidad de las
jubilaciones y pensiones de carácter provincial”, espigado en DJ 17/05/2006, 176 -
LLLitoral 2006 (mayo), 451].
Incluso, vale recordar que la Ley 24.241 fue reformada profundamente por la Ley
24.463 (llamada de “solidaridad previsional”) cuyo artículo 10 expresamente –ahora-
confiere a “todo el sistema” el carácter de “orden público” (el mencionado dispositivo reza:
“La presente ley es federal y de orden público”).
De todas maneras –insistimos- “las leyes no son de orden público porque ellas
mismas se den esa calidad, sino por su naturaleza, por las causas que determinaron su
sanción y por los fines que con ellas se persiguen, lo cual es del caso en análisis” (Juárez,
Luciano D.; ob. cit.).
Dicho orden público habilita a que “de oficio” y en “cualquier estado y grado del
proceso” el Tribunal actuante (en éste caso la Sala) revoque cualquier decisión que haya
violentado el aludido principio de la “inembargabilidad de los haberes previsionales”.
Es por eso que la Sala Ia. de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de
Rosario ha tenido ocasión de decidir que "por tratarse de una cuestión de orden público no
puede considerarse precluida la cuestión de inembargabilidad de los haberes previsionales
(Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala A, 12.06.1998, "Camjalli, Isaac R.
c. Torino, Ricardo D." DT 1999-B, 2157)" (C. Civ. y Com. Rosario, Sala 1ra., "Paletta,
Sandra c. Silva, Jorge", Auto N° 371 del 25.09.2008, Expte. N° 220/07).
2.5. Pero hay más.
Si el juzgador –ante el pedido de la ejecutante- decidió (bien que implícitamente lo
cual por falta de motivación invalida su resolución –cfme. art. 95 de la C.P.-) no aplicar la
expresa directiva contenida en el inciso c. del artículo 14 de la Ley 24.241 (norma de
elección aquí bien por vía directa –al ser ley federal de derecho común- o bien indirecta –
por la remisión que hace el artículo 59 de la Ley 6915 a las normas del derecho común en
cuanto dispone "Los haberes de los beneficios que acuerda la Caja sólo podrán embargarse
en la medida autorizada por el derecho común"-) debía –ineludiblemente- declarar su
inconstitucionalidad.
Y, aún si así lo hubiere hecho, debía explicar (con fundadas razones) porqué se
permitía apartarse de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
el leading case “Castilla” (fallo del 24.4.2003 in re “Castilla, Mario c. Rodríguez, Noemí
E.”, espigado en TySS 2003, 616) donde el cimero Tribunal ratificó criterios uniformes
precedentes (Fallos: 138:240; 163:276 y 169:40 entre otros) declarando la plena
constitucionalidad de lo dispuesto en el artículo 14 inciso c. de la Ley 24.241 [nótese que,
por ejemplo, la Sala IV de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario
sostenía –antes del fallo de la C.S.J.Sta. Fe en “Coinauto”- que la inembargabilidad de los
salarios de los empleados públicos era un privilegio inconstitucional; sin embargo, a poco
que el cimero Tribunal de la Provincia de Santa Fe se expidió en sentido contrario acató tal
temperamento señalando que “Es cierto que esta sala IV de la Cámara de Apelación en lo
Civil y Comercial de Rosario; en precedentes obrantes en protocolo de la misma, se
SALA CIVIL PRIMERAResolución N°: 58
Folio: 171 Tomo: 15
pronunció en reiteradas ocasiones en torno a la inconstitucionalidad del decreto 6754/43.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, en reciente fallo del 30703/05,
dictado en autos: "Coinauto S.A. c. Martins, Oscar A. s/ Ejecución Prendaria s/ Recurso de
inconstitucionalidad", declaró la constitucionalidad de dicho decreto que establece la
inembargabilidad de los sueldos de los empleados públicos tema esencial para dirimir la
restitución de fondos reclamada por el fallido. En razón de la doctrina judicial de leal
acatamiento —entonces—, en este punto debe estarse a lo resuelto por ese Supremo
Tribunal Provincial. Si bien el régimen jurídico de la República Argentina —de tradición
romanista— (a diferencia del anglonortemaericano que sí lo hace), la jurisprudencia de la
propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido cual es la eficacia que posee
sobre las sentencias de los jueces inferiores y este tema ha sido también examinado por la
doctrina (Sagüés, Néstor P., "Eficacia vinculante o no vinculante de la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación", ED, 93-891; Palacio de Caeiro, Silvia B., "La
eficacia vinculante de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la
creación del Derecho", en Revista de Doctrina y Jurisprudencia "Foro de Córdoba", 1999,
Nro. 51, p. 49). En este tópico la CSJN, pese a no proclamar expresamente el valor
genérico y vinculante de sus pronunciamientos, insiste en forma permanente sobre la
obligación y el deber de los magistrados inferiores de conformar sus decisiones a los
criterios sentados, con fundamento en el deber moral y la autoridad institucional de estos
fallos. Todo ello a su vez, fundado en la doctrina judicial de leal acatamiento (Fallos
303:1768, 307:1049; 312:2007), llegándose a afirmar enfáticamente que "carecen de
fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de
la CSJN, sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar las posiciones
sustentadas en ellos, dado que aquélla reviste el carácter de tribunal supremo de la
República" (CS "Plan Rombo", 12/08/97, La Ley Supl. Derecho Constitucional del
11/02/98, p. 94)” (C.C.C.Rosario, Sala IV., fallo del 17.3.2006, in re “Bustos, Ramón”,
espigado en LLLitoral 2006 (julio), 729, con nota de Silvana Mabel García - IMP 2006-13,
1698 - LLLitoral 2006 , 1383, con nota de Manuel Usandizaga; María Dalla Bona; también
en Repertorio Zeus, T. 102,-J-251, con comentario al fallo de Micelli, María Indiana; "El
fallo Bustos: la inembargabilidad de los sueldos de los empleados públicos")].
En este punto, bueno es citar –una vez más- la opinión de Juárez en cuando indica
que “La CSJN, en fallo de escasa data, recordó que "desde sus primeros pronunciamientos
esta Corte ha resuelto que las relaciones entre acreedor y deudor sólo pueden ser objeto de
la exclusiva legislación del Congreso de la Nación, en virtud de la delegación contenida en
el antiguo art. 67, inc. 11 (actual art. 75, inc. 12) de la Constitución Nacional. Ello alcanza
—obviamente— a la forma y modalidades propias de la ejecución de los bienes del
deudor...", añadiendo que "determinar qué bienes del deudor están sujetos al poder de
agresión patrimonial del acreedor —y cuáles, en cambio, no lo están— es materia de la
legislación común, y, como tal, prerrogativa única del Congreso Nacional, lo cual impone
concluir que no corresponde que las provincias incursionen en ese ámbito. Ese poder ha
sido delegado por ellas a la Nación al sancionarse la Constitución y esta distribución de
competencias no podría alterarse sin reformar la Ley Fundamental" (CSJN, 19/03/2002, "in
re": "Banco del Suquía c. Tomassini, Juan C.", LA LEY, 2003-B, 245, con nota de Emilio
A. Ibarlucía, LA LEY, 2002-C, 254 – LLC, 2002-325 – LLC, 2002-1391, con nota de
Emilio A. Ibarlucía – LLC, 2003-1090, con nota de Analía Griboff de Imahorn – JA, 2002-
III, 549 – ED, 199-198 – Fallos: 325:428). En virtud de ello se descarta el razonamiento
que sujeta el principio de inembargabilidad a una disposición provincial expresa que así
lo consagre. La inembargabilidad de los bienes es materia de derecho común, y por tanto
reservada al Congreso Nacional. Tal aserto ha llevado a la mejor doctrina a afirmar la
inconstitucionalidad de las normales procesales provinciales que establecen sobre la
inembargabilidad de ciertos bienes (sobre este tópico puede consultarse: Chiappini, Julio
O., "Constitucionalidad de las leyes que disponen la inembargabilidad de ciertos bienes",
DJ, 1998-II-1013; "Las "inembargabilidades" provinciales son inconstitucionales", C Civil
y Comercial N° 2; "El art. 469 del CPCC santafesino es inconstitucional", en Problemas de
Derecho Procesal, Ed. Fas, Rosario, 2003, t. VIII, p. 101; Borga, Ernesto Eduardo,
Enciclopedia Jurídica Omeba, consultar voz "Bienes inembargables", Bs. As., 1979, t. II, p.
255). Dentro de tal órbita jurídica, la ley provincial 6915, al discernir que "serán
embargables en la medida autorizada por el derecho común" no quita ni agrega nada a
la cuestión, ya que por su naturaleza, y de acuerdo al texto expreso de la Constitución
Nacional y la interpretación de la Corte, el derecho común es el que debe contener
previsiones sobre la inembargabilidad de los bienes. Sólo trató con buen criterio, de sentar
claramente que la inembargabilidad es ajena a la legislatura provincial, remitiendo
lógicamente al Derecho Común” (Juárez, Luciano D.; ob. cit.).
Reiteramos “nos encontramos ante el supuesto de una ‘ley de derecho común
federalizada’, ya que la materia por ella tratada, corresponde al derecho común del nunca
dictado Código del Trabajo y Seguridad Social. Sabido es que las normas previsionales
reposan sobre fundamentos diversos del derecho laboral, por lo que obvio es que, pese a la
ausencia de su codificación, constituyen materia propia del Código del Trabajo y
Seguridad Social a que se refiere el actual texto del art. 72, inc. 12, de la Constitución
Nacional. Tal es así, que Nuestro Máximo Tribunal en el precedente memorado al inicio ha
estimado que "... -desde Fallos: 294:430- la legislación que estaría comprendida, por su
materia, en un eventual código "del trabajo y seguridad social", tiene el carácter de derecho
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común de la Nación, que es aquel que sanciona el Congreso con arreglo a la delegación
del art. 67, inc. 11 (actual 75, inc. 12) de la Constitución Nacional. Ajeno, por lo tanto, a la
competencia normativa de los estados provinciales" (CSJN, 19/03/2002, "in re": "Banco del
Suquía c. Tomassini, Juan C.", citado en nota n° 4). La inexistencia de dicho cuerpo de
leyes no impide que las leyes que son materia del mismo —Ley de Contrato de Trabajo
20.744 y la Ley de Jubilaciones y Pensiones 24.241, entre otras— sean entendidas como un
todo orgánico, ya que ellas constituyen el Derecho Común Nacional al que ley provincial
refiere. Como hemos esbozado, la ley 24.241 constituye un caso de "federalización
parcial del derecho común". Ello ocurre "cuando una ley del congreso sobre derecho
común decide, con razón suficiente, apartar la materia regulada del ámbito del derecho
común, con lo que sustrae su aplicación a los tribunales provinciales" (Bidart Campos,
Germán, "Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino", t. II, p. 173; t. I, p.
154, citando Fallos CSN, 263-437, Fallos, 257-159; 270-11; Quiroga Lavié, Humberto y
otros, "Derecho Constitucional Argentino", t. II, p. 765 CSJN, Fallos 172:29, "Avico c. De
la Pesa" Sup. Emergencia Económica y Teoría del Derecho 2003-95; Sup. Emergencia
Económica y Teoría del Derecho, 2003-95; Fallos 313:1513, "Peralta"). Empero, la
Constitución Nacional no enerva la facultad de que las provincias de crear y regular sus
organismos de la Seguridad Social (confr. art. 21, Constitución de Santa Fe). Al respecto,
bien ha dicho la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que "Si bien es cierto que el art. 75,
inc. 12 de la Constitución Nacional faculta al Congreso de la Nación a dictar el Código de
Trabajo y Seguridad Social, también lo es que en determinadas circunstancias las
provincias se encuentran facultadas —como consecuencia del poder no delegado por el art.
105 de la Carta Magna— para crear y reglamentar regímenes de seguridad social aplicables
a sus Administraciones Públicas, magistrados y funcionarios de sus tribunales, integrantes
de sus legislaturas y respecto de quienes ejerzan profesiones liberales" (CS Santa Fe,
02/09/1996, "Cena, Juan M. c. Provincia de Santa Fe", LLLitoral, 1998-1027). Sí en
cambio, como ya hemos visto, le está vedado regular las relaciones entre los beneficiarios
y sus acreedores, circunstancia que incluye la inembargabilidad de las prestaciones”
(Juárez, Luciano D.; ob. cit.).
2.6. Con lo dispuesto en el caso “Castilla”, el más Alto Tribunal Nacional
(confirmando el añejo temperamento ya esbozado en los conocidos fallos “Mensi” -1931- y
“Carone” -1933-) desbarató la pretérita y superada argumentación en torno a que con la
concesión de la aludida “inembargabilidad de los haberes previsionales” se otorga un
supuesto “privilegio” a favor de una “clase” especial de la población (los jubilados) en
perjuicio del resto a quienes sí alcanzaría otro conocido principio que predica que su
patrimonio es la “prenda común de los acreedores” y, a partir de allí, se violaría el
principio de igualdad ante la ley (art. 16 de la C.N.).
Lo que sucede es que –entre otros motivos- sólo se protegen los “haberes
previsionales” (y no todo el patrimonio de los jubilados) que tienen una especial relevancia
constitucional a partir de lo dispuesto en el artículo 14 bis de la Carta Magna (ídem:
artículo 21 de la Constitución Provincial) así como a lo previsto en los Tratados
Internacionales que tienen rango preferencial en el bloque constitucional federal argentino
(vía artículo 75 inciso 22, entre los que podemos citar a la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales).
Precisamente por ello es que, además de la declaración por parte de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, numerosos tribunales defendieron la norma protectoria
del art. 14, inc. c) de la ley 24.241, con sólidos fundamentos. En particular, se dijo que "Las
previsiones del art. 14 inc. c) de la ley 24.241, en cuanto consagran el principio de
inembargabilidad de los beneficios previsionales no resultan violatorias de la garantía de
igualdad consagrada por nuestra Constitución Nacional, ya que no coloca en situación de
privilegio a un determinado sector de los habitantes del país, limitándose proteger sus
ingresos y dejando intacto el derecho de los acreedores para perseguir el cobro de sus
créditos mediante la ejecución de otros bienes" (CNCom., sala A, 12/06/1998, "Camjalli,
Isaac R. c. Torino, Ricardo D.", DT, 1999-B-2157) y, en otra ocasión que "El art. 14 inc. c)
de la ley 24.241 —en cuanto declara inembargables los haberes jubilatorios— no viola el
principio de igualdad consagrado en el art. 16 de la Constitución Nacional, toda vez que
las condiciones psico-físicas en las que se encuentra la clase pasiva, respecto a la capacidad
laborativa de un trabajador activo no puede equipararse" (CCiv. y Com. 6ª Nom. Córdoba,
28/02/2002, "Martínez, Juan C. c. Luna, Carlota G.", LLC, 2002-1560) [citados por Juárez,
Luciano D.; ob. cit.]
2.7. La inembargabilidad de las jubilaciones “locales” (pues sobre las “nacionales”
nadie discute) conforme lo dispuesto por la precitada Ley Nacional de Jubilaciones y
Pensiones 24.241 ha sido declarada, entre otros, por los siguientes tribunales santafesinos:
a) Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, Sala IV, fallo del
18.2.2005 in re “Tardío, Clelia s/quiebra”, espigado en DJ 17/05/2006, 175; donde se
señaló que “… debemos partir de reconocer que la determinación de los bienes que no son
embargables es una cuestión propia de la competencia federal. A partir de numerosos
preceptos de la ley civil y con toda lógica debemos partir del principio general de que todos
los bienes integrantes del patrimonio del deudor constituyen la garantía común de los
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acreedores. Las excepciones a ese principio general deben resultar también de la ley. Esta
temática hace al derecho de las obligaciones (art. 495 y sigtes., CC.), en cuanto toma la
etapa de la responsabilidad originada en el incumplimiento. Por tanto es la Nación la que
debe regular este tema (arts. 75 inc. 12 y 125 C.N.). Así lo ha señalado reiteradamente la
C.S. J.N., entre otros en el precedente citado por la recurrente (JA, 2002-III-549 con una
importante nota de Juan M. Olcese). Por tanto, la calidad de un bien de embargable o
inembargable, ejecutable o no, lo define el Congreso Nacional, que aparece en este caso
definiendo el derecho común. Entonces bien podría considerarse que el derecho común al
que remite la legislación local es la legislación nacional y específicamente en este caso la
ley 24.241, que ha reorganizado el sistema de jubilaciones y pensiones, normativa que
consagra la inembargabilidad de las prestaciones de ese sistema (art. 14 inc. c-)”, voto
concordante de los Dres. Avelino J. Rodil; Jorge W. Peyrano y Edgar J. Baracat);
b) Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, Sala I, fallo del
13.10.2009 in re “Ciani María Elisa c/ Cristiani Waldemar R. s/ ejecutivo”, espigado en
Laborjuris – Microjuris, decisorio en el cual se remarcó que “el argumento relativo a que el
beneficio jubilatorio reconocido al actor fue concedido por el Instituto Municipal de
Previsión Social de Rosario (Ordenanza Municipal 6.116/95, modif. por Ordenanza
7.919/05), no es idóneo para descartar la aplicabilidad de la inembargabilidad de
haberes jubilatorios dispuesta en el ámbito nacional. En un precedente anterior de este
Tribunal se ha recordado que: ". esta Sala, en anteriores precedentes y en relación a la
legislación nacional que la jueza de grado entendió aplicable al caso y la inembargabilidad
que esa ley consagra (art.14 incs. b- y c- ley 24.241) sostuvo que la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación y la de los tribunales nacionales ha sido
constantes en aceptar la validez constitucional de las normas que declaran la
inembargabilidad de las prestaciones previsionales (v. C.S.J.N., 24.04.2003, "Mario
Castilla c. Noemí E., Rodríguez", Fallos, 326;1471; tb. CNCom., sala D, 06.03.2007,
"Estévez, Julio c. Banco Francés S.A. , en DJ, 2007-II, pág.940), lo que despeja toda duda
acerca de la legalidad del fundamento en el que se sustentó la decisión apelada (sobre los
alcances de la expresión "derecho común" de la ley 6.915 y la aplicabilidad de la ley 24.241
v. Juárez, Luciano D., Inembargabilidad de las jubilaciones y pensiones de carácter
provincial, nota a fallo en La Ley Litoral, 2006, págs.451 y sgtes.) (cfr. CCC Ros., Sala 1a.,
Auto N° 239 del 08.06.2007, "Provencred 2 Sucursal Argentina c. Marquinez, Víctor s.
Ejecutivo", Expte. N° 528/2005; de esta sala ver tb. Auto N° 371 del 25.09.2008, "Paletta,
Sandra c. Silva, Jorge s. Apremio", Expte. N° 220/2007)" (C. Civ. y Com. Sala 1ra., "Grupo
Unión S.A.", Auto N° 524 del 24.12.2008). En ese mismo precedente se sostuvo que no era
certero excluir el beneficio de la inembargabilidad de haberes jubilatorios consagrado en
la legislación nacional sobre la base de invocar que en el caso regía la ley 6.915 con
carácter autosuficiente -en el presente caso, se trata análogamente de un beneficio
otorgado por el Instituto Municipal de Previsión Social de Rosario, ordenanza 6.116/95,
modif. Ordenanza 7.919/05-. Para así concluir se indicó que: "puesto que la posibilidad de
disponer el embargo de determinados bienes, salvo que se trate de normas procesales,
incumbe al derecho de fondo, por tratarse de circunstancias relativas a deudores y
acreedores, cuya regulación, por tanto, compete al Congreso de la Nación por expresa
delegación constitucional (art.75 inc.12 Const. Nac.), conforme también así lo ha
entendido la doctrina judicial sentada en diversos precedentes por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación (cfr. CSJN, 06.04.2004, "Administración Federal de Ingresos Públicos
c. Empresa Provincial de la Energía", en Jurisprudencia Argentina, 2004-III, suplemento
del fascículo n° 9, v. tb. Fallos, 317:739, 1422, 318:1755 y 319:860)". En suma, no puede
sostenerse que el beneficio jubilatorio reconocido al actor cuente con una protección menor,
sobre este punto, que el reconocido en el ámbito nacional puesto que precisamente la
inembargabilidad fue establecida por el Congreso Nacional que es el órgano con
competencia para regular dicha materia. Igualmente, corresponde asumir un criterio
hermenéutico que asigne a la directiva constitucional del art.14 bis de la Constitución
Nacional y art. 21 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, un alcance compatible
y armónico evitando asimetrías que lleven al absurdo, como lo sería admitir la
inembargabilidad del salario dado el carácter de empleados públicos con fundamento en
el decreto 6.754/43 (C.S.J.S.F. "Coinauto S.A. c. Martins, Oscar" 30.03.2005), haciéndola
cesar en cambio cuando se accede al beneficio jubilatorio. No cabe desconocer que la
aspiración protectoria de la seguridad social expresada en la Constitución, es la misma más
allá del que el beneficio sea reconocido por la Nación, la Provincia o el Estado municipal”
(voto de los Dres. Ariza, Silvestri y Serra);
c) Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe, Sala II, fallo del
11.2.2010 in re “Asociación Mutual General San Martín c/ Goggi, Hugo Omar s/ ordinario”
(Expte. N° 205 - Año 2009), espigado en Revista del Foro de Práctica Profesional del
Colegio de Abogados de Santa Fe, julio del año 2010, Año III, Nº 8, cuando resolvió que
“esta Sala ya se ha expedido sobre la embargabilidad de los haberes previsionales y en tal
sentido hemos dicho que en relación a la competencia para legislar sobre las relaciones
entre deudor y acreedor, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que tales
relaciones sólo pueden ser objeto de la exclusiva legislación del Congreso de la Nación , en
virtud de la delegación contenida en el art. 75 inc. 12 CN, lo cual alcanza a la forma y
modalidades propias de la ejecución de los bienes del deudor. Determinar qué bienes del
deudor están sujetos al poder de agresión patrimonial del acreedor -y cuáles, en cambio,
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no lo están- es materia de la legislación común y, como tal, prerrogativa única del
Congreso Nacional, lo cual impone concluir que no corresponde que las provincias
incursionen en ese ámbito, en tanto ese poder ha sido delegado por ellas a la Nación al
sancionarse la Constitución y esa distribución de competencias no podría alterarse sin
reformar la ley fundamental. También el máximo Tribunal, cuando examinó leyes que
excluían del embargo a ciertos bienes (por razones que calificó de "humanidad"), consideró
que las normas dictadas por el Congreso Nacional constituían, por la materia que regulaban
y por el hecho de haberlas sancionado aquél, preceptos de fondo, o sustantivos, destinados
a regir las relaciones entre acreedor y deudor, y por consiguiente, normas generales del
derecho civil establecidas en virtud de poder conferido por el artículo constitucional citado
supra (JA 2002-III-548 y sus remisiones, entre ellas, Fallos 138:240, 244, 245). En el
mismo sentido y citando el fallo señalado anteriormente, se ha expedido en nuestra
Provincia la Sala 4ta. Civil y Comercial de la ciudad de Rosario, que partiendo de la
premisa de que la determinación de los bienes que no son embargables, es una cuestión
propia de la competencia federal pues es una temática que hace al derecho de las
obligaciones (art. 495 y cc. CC), en cuanto toma la etapa de la responsabilidad originada en
el incumplimiento, y por ende es la Nación la que debe regular este tema (arts. 75 inc. 12 y
125 C.N.); consideró que si la calidad de un bien de embargable o inembargable, ejecutable
o no, lo define el Congreso Nacional, que aparece en el caso definiendo el derecho común,
bien puede considerarse que el derecho común al que remite la legislación local, es la
legislación nacional y específicamente en este caso la ley 24.241, que ha reorganizado el
sistema de jubilaciones y pensiones, y que consagra la inembargabilidad de las
prestaciones de ese sistema (art. 14 inc. c); o el decreto 6754/43 ratificado por ley 13.894
(esta Sala, 28/12/2007, “Incidente de levantamiento de Embargo promovido por:
Antoniucci, Nilo Pascual en autos: "Sindicato de Luz y Fuerza de Santa Fe c/ Antoniucci,
Nilo Pascual s/ Ejecutivo", Resolución N° 430 F° 216 L. 7; y 25/02/2008, “Sindicato De
Luz y Fuerza de Santa Fe c/ Pavan, José Luis s/ Legajo de Copias para tramitación de Inc.
de levantamiento de cautelar”, Resolución N° 29 F° 282 L. 7 y su remisión a CCC Rosario
(SF), Sala 4, 18/02/05, "Tardío, Clelia s/ propia quiebra", en Zeus 97 J-587). Asimismo en
otro precedente -"S.A.M.C.O. c/ Avalos" (Resolución N° 205, F° 235, T. 43A, del
13/12/04)-, la Sala destacó que el régimen previsional vigente no hace distinciones en
cuanto al importe mensual de la jubilación a los fines de determinar si ella es o no
parcialmente embargable, y en su caso, el porcentaje por el cual procedería la medida, a
diferencia de lo establecido por la ley 9.511 modificada por la ley 14.443. En este aspecto
la ley 24.241 (B.O. 18/10/93) -cuya constitucionalidad no ha sido cuestionada- prevé la
inembargabilidad de las prestaciones sin establecer limitación alguna en cuanto al
monto del haber y con la sola excepción de las deudas por alimentos y litis expensas, por
lo que no cabe sino concluir que el haber mensual que percibe el demandado, es
inembargable” (voto de los Dres. Enrique Müller, Cristina De Césaris y Armando Drago).
d) Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela, fallo del
17.5.2002 in re “Ganín c/ Asociación Mutual C.C.A.O. s/ Inc. Levantamiento de Embargo”
(voto Dres. Macagno, Carbone y Berger).
2.8. Por supuesto, a idéntica conclusión han llegado innumerables tribunales de
todo el país, entre los que cabe citar (por ser provinciales y referir a jubilaciones otorgadas
en el ámbito de Cajas Provinciales) al Superior Tribunal de Justicia de Corrientes (en fallo
del 13.2.2012 in re autos caratulados: "Zaldua, Roberto J. c/Dirección Provincial de Energía
y Estado de la Provincia de Corrientes s/ Demanda Contenciosa Administrativa". Expte. Nº
ST1 7.630/91); Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy (fallo del 18.6.2003
in re “L., N. A. v. C., V. E. s/recurso de inconstitucionalidad”, espigado en Abeledo Perrot
Nº: 26/1378); Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán, Sala Laboral y
Contencioso-administrativa (fallo del 26.2.2007 in re “Zerda, Claudia E. v. Rogel, Carlos
R.”, espigado en Abeledo Perrot Nº: 70035811); Corte Suprema de Justicia de la Provincia
de Tucumán, Sala Civil y Penal (fallo del 26.11.2007 in re “Robles, Benjamín G. v. Pascual,
María S.”, espigado en Abeledo Perrot Nº: 70042763); Cámara de Apelaciones en
Documentos y Locaciones de Tucumán, Sala I (fallo del 19.12.2001 in re “Díaz, Claudio
Alberto v. Marcaida, Carlos Domingo s/cobro ejecutivo de pesos”, espigado en Abeledo
Perrot Nº: 25/6647); Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 2a Nominación de
Santiago del Estero (fallo del 10.10.2000 in re “Marcoux de Carabajal, Rosa M. v. Hache,
José A. s/daños y perjuicios”, espigado en Abeledo Perrot Nº: 19/10367); Cámara 4a de
Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza (fallo del
24.8.1998 in re “Iuvaro, José v. Cortijo, Reinaldo s/ejecución de honorarios”, espigado en
Abeledo Perrot Nº: 33/2974); Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba,
2ª Nom. (fallo del 29/8/05 in re “Banco Mayo Coop. Ltdo. c/ Villafañe Honorato -Ejecutivo
por cobro de cheques, letras o pagares- Recurso de apelación”, espigado en www.editorial-
zeus.com.ar); etc.
2.9. Ahora bien, en particular, cabe hacer mención al precedente dictado en
2.12.2007 por la Sala IIa. de ésta Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa
Fe in re “Incidente de levantamiento de Embargo promovido por: Antoniucci, Nilo
Pascual en autos: "Sindicato de Luz y Fuerza de Santa Fe c/ Antoniucci, Nilo Pascual s/
Ejecutivo (expte. 239 año 2006)” (Expte. N° 84 – Año 2007). Es que, en el mismo, se
revocó una resolución de igual tenor a la aquí analizada proveniente del mismo tribunal de
grado.
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En efecto, en el resolutorio de mención se dirimió un caso proveniente del mismo
juzgado del cual surgía que “en el escrito introductorio de instancia la parte actora solicitó
se trabe embargo preventivo sobre los haberes previsionales del accionado, como jubilado
de la Provincia de Santa Fe (fs. 3 y vta.), petición que fue acogida por el juez a quo quien
ordenó la cautelar, en proporción de ley (fs. 4). Citado de remate el demandado, éste por
apoderado opuso excepciones, pero simultáneamente planteó como cuestión previa, el
levantamiento liso y llano del embargo ordenado …. Corrido traslado a la parte actora, ésta
lo evacua manifestando, respecto al pedido de levantamiento de la cautelar, que con la
última reforma constitucional, el gobierno federal delegó a las provincias y ciudad de
Buenos Aires, la facultad de conservar y legislar sobre seguridad social (art. 125); que si
bien la Nación conserva la Ley 24.241 que dispone la inembargabilidad de los haberes
previsionales, la Provincia de Santa Fe, conserva el régimen instituido por la ley 6.915, que
con la reforma introducida por la ley 10.534 dispone que "los haberes de los beneficios que
acuerda la Caja sólo podrán embargarse en la medida autorizada por el derecho común";
que se ha entendido que esta medida refiere a la proporcionalidad del embargo,
remitiéndose a lo que establece la Ley de Contrato de Trabajo (arts. 120 y 147
reglamentado por el decreto 484/87). Solicita el rechazo del pedido de levantamiento de
embargo, con costas (fs. 15/16). El juez a quo dirimió la controversia a favor de la parte
actora, fundando su decisión en que la normativa en la que basa su pretensión la demandada
no resulta aplicable a la relación jurídica ventilada en autos y que se encuentra sometida al
derecho público local; que en cuanto se trata de un régimen de excepción que privilegia una
categoría determinada de deudores y como se está en presencia de un embargo ejecutivo y
ante un planteo que disminuye la garantía del acreedor, se impone la interpretación estricta;
que la restricción no puede ir más allá de los términos de la ley, y en el caso de autos en que
la ejecución de la sentencia de mérito, en los límites mencionados, no disminuye el monto
del haber del demandado a una suma inferior al Salario Mínimo Vital y Móvil, debiéndose
embargar el 10% del haber, rechaza el pedido de levantamiento de embargo, con costas a la
vencida (fs. 20/21). Que contra dicho pronunciamiento se alzó la parte demandada, quien
ya en esta sede evacua el traslado que se le corriera para expresar agravios. Se agravia por
el apartamiento que realiza el a quo de lo normado por el art. 1 Ley 13.894, ratificatoria del
Dec. 6754/43, sosteniendo que no debe aplicarse al caso y que el mismo debe someterse al
derecho público local. Expresa que también se agravia cuando el Inferior aplica el régimen
establecido por la Ley de Contrato de Trabajo y el Decreto 484/87, sosteniendo que las
remuneraciones de los empleados son inembargables hasta una suma equivalente al importe
mensual de SMVM, olvidándose que a los empleados públicos no puede aplicárseles dicha
normativa y que la aplicación que hace el a quo contraría lo dispuesto por la ley 13.894. Se
agravia además, cuando el Inferior sostiene que los empleados públicos cuentan con un
régimen de excepción, que los privilegia como una categoría de deudores especiales que
restringe a su vez los derechos de los acreedores. Cita jurisprudencia y hace reserva de
recursos (fs. 39/40). Corrido traslado de éstos, son contestados manifestando la parte actora
estar de acuerdo con la aplicación normativa realizada por el Juez Inferior en el auto venido
a revisión. Expresa que la ley provincial 10534 tiene su fuente en el art. 125 de la
Constitución Nacional, por ser materia reservada y no delegada a la Nación; que el art. 59
in fine -ley 10.534- dispone que "los haberes de los beneficios que acuerda la Caja sólo
podrán embargarse en la medida autorizada por el derecho común"; que esa medida
autorizada refiere a la proporcionalidad del embargo remitiéndose a lo que establece la ley
de Contrato de Trabajo; que interpretar que la medida autorizada por el derecho común lo
constituye la limitación impuesta por el decreto ley 6754/43 (ley 13.894), importa un
verdadero contrasentido”.
Así las cosas, el Tribunal de Alzada expresó que “es dable mencionar que en autos
el debate se centra fundamentalmente en determinar la atribución de legislar sobre las
relaciones entre deudor y acreedor; y consecuentemente la ejecución de los bienes del
deudor. En este sentido tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que las
relaciones entre acreedor y deudor sólo pueden ser objeto de la exclusiva legislación del
Congreso de la Nación, en virtud de la delegación contenida en el art. 75 inc. 12 CN, lo
cual alcanza a la forma y modalidades propias de la ejecución de los bienes del deudor.
Determinar qué bienes del deudor está sujeto al poder de agresión patrimonial del acreedor
-y cuáles, en cambio, no lo están- es materia de la legislación común y, como tal,
prerrogativa única del Congreso Nacional, lo cual impone concluir que no corresponde
que las provincias incursionen en ese ámbito, en tanto ese poder ha sido delegado por
ellas a la Nación al sancionarse la Constitución y esa distribución de competencias no
podría alterarse sin reformar la ley fundamental. También dijo el máximo Tribunal, que
cuando examinó leyes que excluían del embargo a ciertos bienes (por razones que calificó
de "humanidad"), consideró que las normas dictadas por el Congreso Nacional constituían,
por la materia que regulaban y por el hecho de haberlas sancionado aquél, preceptos de
fondo, o sustantivos, destinados a regir las relaciones entre acreedor y deudor, y por
consiguiente, normas generales del derecho civil establecidas en virtud de poder conferido
por el artículo constitucional citado supra (JA 2002-III-548 y sus remisiones, entre ellas,
Fallos 138:240, 244, 245). En el mismo sentido y citando el fallo señalado anteriormente,
se ha expedido, en nuestra Provincia, la Sala 4ta. Civil y Comercial de la ciudad de
Rosario, manifestando que la determinación de los bienes que no son embargables, es una
cuestión propia de la competencia federal. A partir de numerosos preceptos de la ley civil y
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con toda lógica, debemos partir del principio general de que todos los bienes integrantes del
patrimonio del deudor constituyen la garantía común de los acreedores. Las excepciones a
ese principio general deben resultar también de la ley. Esta temática hace al derecho de las
obligaciones (art. 495 y cc. CC), en cuanto toma la etapa de la responsabilidad originada en
el incumplimiento. Por tanto es la Nación la que debe regular este tema (arts. 75 inc. 12 y
125 C.N.). Agrega que la calidad de un bien de embargable o inembargables, ejecutable o
no, lo define el Congreso Nacional, que aparece en el caso definiendo el derecho común;
que bien podría considerarse que el derecho común al que remite la legislación local, es la
legislación nacional y específicamente en este caso la ley 24.241, que ha reorganizado el
sistema de jubilaciones y pensiones, normativa que consagra la inembargabilidad de las
prestaciones de ese sistema (art. 14 inc. c); o el decreto 6754/43 ratificado por ley 13.894
(CCC Rosario (SF), Sala 4, 18/02/05, "Tardío, Clelia s/ propia quiebra", en Zeus 97 J-587).
Por ello, en autos es de aplicación lo dispuesto por la legislación nacional -ley 24.241-
que determina la inembargabilidad del haber previsional”.
Como se ve, el a quo se mantiene en su pretérito criterio (favorable a proceder al
embargo de haberes previsionales) no obstante lo previsto en una norma federal (artículo
14 inciso c. de la Ley 24.241) que ha sido declarada constitucional por la Corte Suprema de
Justicia (in re “Castilla”) y avalada, entre otros, por Tribunales de Alzada de Rosario, Santa
Fe y Rafaela (al igual que otros del resto del país) y, en particular, por integrantes de la
Sala II de ésta Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial que –a su turno- revocaron tal
temperamento en causa análoga a la que ahora toca decidir a ésta Sala Ia. del mismo órgano
jurisdiccional.
2.10. Por último, no podemos menos que recordar que –para casos como el que nos
convoca- la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido sobre el deber de los
jueces de considerar prioritariamente tal carácter alimentario de las prestaciones
previsionales y, desde ese mirador, ha señalado que tal naturaleza "...exige una
consideración particularmente cuidadosa a fin de que, en los hechos, no se afecten sus
caracteres de integrales e irrenunciables, ya que el objetivo de aquéllos es la cobertura de
los riesgos de subsistencia y ancianidad, momentos en la vida en los que la ayuda es más
necesaria. Sus titulares son ciudadanos y habitantes que al concluir su vida laboral
supeditan su sustento, en principio, absolutamente, a la efectiva percepción de esas
prestaciones que por mandato constitucional les corresponde" (in re "Rolón Zappa, Víctor
F.", sentencia del 25/8/1988 espigada en TySS 1986-798; íd., 10/10/1996 in re "Hussar,
Otto v. Administración Nacional de la Seguridad Social" espigada en RJP, t. VI, p. 568)
aditando que "El carácter alimentario de todo beneficio previsional, ya que tiende a cubrir
las primeras necesidades de los beneficiarios y de allí su reconocida naturaleza de
subsistencia, obliga a sostener el `principio de favorabilidad' y a rechazar toda
fundamentación restrictiva (Fallos 289:430; 292:447; 293:26; entre otros)" (fallo del
17/5/2005 in re "Sánchez, María del Carmen v. Administración Nacional de la Seguridad
Social s/ reajustes varios " espigado en RDLSS 2005-11-864).
En este mismo fallo el Dr. Maqueda, en un meditado voto, aclara concretamente la
postura de la Corte Suprema, expresando: "Asimismo, desde la incorporación del art. 14
bis, CN el tribunal ha asumido una consideración particularmente cuidadosa de los
derechos en materia de previsión social, a fin de que, en los hechos, no se afectaran sus
caracteres de integrales e irrenunciables. Desde esa perspectiva, asimiló los beneficios
previsionales al derecho alimentario y enfatizó que tienden a la cobertura de los riesgos de
subsistencia y ancianidad, que se hacen manifiestos en los momentos de la vida en que la
ayuda es más necesaria (doct. Fallos 267:336; 293:304; 294:94; 307:135; 311:1644;
319:2151, 2215; y -más recientemente- causa I.349.XXXIX, `Itzcovich, Mabel v.
Administración Nacional de la Seguridad Social s/ reajustes varios', sent. del 29/3/2005,
consid. 5 del voto de los jueces Maqueda y Zaffaroni)".
Como bien se ha dicho, las circunstancias de los jubilados, que en tal calidad están
identificados como integrantes de los denominados grupos vulnerables que requieren de
toda la protección constitucional, subrayada por los acuerdos y pactos internacionales
suscriptos por nuestro país -que tienen jerarquía constitucional conforme al art. 75 , inc. 22,
CN-, configuran los extremos necesarios de razonabilidad de la ley para la protección de
sus derechos, que no sólo permite sino que hace necesaria una consideración especial en
su tratamiento tendiente a evitar el menoscabo de sus derechos alimentarios (Martín
Yáñez, María Teresa; “Una paradójica declaración de inconstitucionalidad. El art. 14, ley
24241 y la inembargabilidad de los haberes previsionales”, espigado en La Ley on line,
0003/800923).
Al respecto, se ha puntualizado que “La calificación en el texto constitucional de los
ancianos como un grupo particularmente vulnerable incorpora una regla hermenéutica que
no se compadece con la introducción de diferencias que, distantes de protegerlos,
desmejoran su posición jurídica, y, en materia previsional, es claro que los procedimientos
constitucionales deben otorgar la posibilidad de apreciar más rigurosamente la justificación
fáctica y jurídica de la privación de derechos, pues se trata de un ámbito especialmente
tutelado por el art. 14 bis , Carta Fundamental” (Corte Suprema de Justicia de la Nación,
fallo del 2.3.2010 in re “Martinelli, Carlos L. v. Caja Notarial Complementaria de
Seguridad Social”, del dictamen de la Procuradora Fiscal al que remite la Corte Suprema,
espigado en Newsletter Abeledo Perrot del 5.5.2010).
Concretamente, sobre la regla de igualdad y la protección debida a los
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beneficiarios de la prestaciones previsionales, en el conocido fallo "Itzcovich", el Dr.
Ricardo L. Lorenzetti ha expresado que “La calificación constitucional de los ancianos
como un grupo particularmente vulnerable incorpora una regla hermenéutica que no se
compadece con la introducción de diferencias que, lejos de protegerlos, desmejoran su
posición jurídica... Estos principios son recibidos en la Constitución Nacional al establecer
la regla de la igualdad (art. 16) y justificar la distribución diferenciada a través de
medidas de acción positiva destinadas a garantizar la igualdad real de oportunidades y el
pleno goce de los derechos reconocidos por la Carta Magna y los tratados internacionales
vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los
ancianos y las personas con discapacidad (art. 75, inc. 23, párr. 1)” (considerando: 11).
Así las cosas, resulta evidente que este cúmulo de precedentes y la coherente
doctrina resultante que salvaguarda la garantía constitucional de los beneficiarios de las
prestaciones previsionales no han sido tenidos en cuenta en el fallo de la anterior instancia.
3. Por todo lo expuesto, cuando corresponde es hacer lugar al recurso de apelación
deducido en subsidio y, en consecuencia, revocar el decisorio apelado en cuanto ordenaba
(bien que en los términos confusos que se explicitaron ut supra) trabar embargo sobre los
haberes previsionales de la ejecutada así como en lo relativo a la imposición o distribución
causídica relativa al mini-incidente por la tramitación del recurso de reposición ante el
mismo magistrado que dictó la medida cautelar de marras.
Atento a cómo se resuelve (por argumentos oficiosos y no a tenor de los agravios –
insuficientemente formulados- de la apelante) las costas por lo actuado, tanto en la primera
como en esta segunda instancia, se imponen en el orden causado (arg. art. 250 del
C.P.C.C.).
Por ello, la SALA PRIMERA DE LA CAMARA DE APELACION EN LO
CIVIL Y COMERCIAL DE SANTA FE, RESUELVE: 1) Hacer lugar al recurso de
apelación deducido en subsidio y, en consecuencia, revocar el decisorio apelado en cuanto
ordenaba trabar embargo sobre los haberes previsionales de la ejecutada así como en lo
relativo a la imposición o distribución causídica relativa al mini-incidente por la tramitación
del recurso de reposición ante el mismo magistrado que dictó la medida cautelar de marras.
2) Atento a cómo se resuelve las costas por lo actuado, tanto en la primera como en esta
segunda instancia, se imponen en el orden causado (arg. art. 250 del C.P.C.C.). 3) Los
honorarios de Alzada se liquidarán en la proporción establecida en el artículo 19 de la ley
6767, modificada por la ley 12.851, oportunidad en que se correrá vista a la Caja Forense.
Insértese, hágase saber, bajen.
Si-//
//guen las firmas.
VARGAS ALETTI DE TARCHINI ECHARTE
(En abstención)
PENNA
(Secretaria)
ABSTENCION DE LA DRA. ECHARTE:
Habiendo tomado conocimiento de estos autos
y existiendo votos totalmente concordantes de dos jueces, de conformidad al art. 26 de la
Ley 10.160 y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, me
abstengo de emitir opinión.
ECHARTE
PENNA
(Secretaria)