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Grupo Refundación Movimiento de Reflexión y Propuesta.
La expresión más elevada, más genuina y más valiosa del priismo no es la dirigencia, sino la militancia. -Luis Donaldo Colosio
DENUNCIANTE: GRUPO REFUNDACION PROBABLE RESPONSABLE: ENRIQUE PEÑA NIETO
LICENCIADO FERNANDO ELIAS CALLES ALVAREZPRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DE JUSTICIA PARTIDARIA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONALP r e s e n t e
Ciudad de México a 30 de noviembre de 2018.
Por medio del presente ocurso y con fundamento en lo establecido en los artículos
8,14,16,35 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ; 1,2,3,25
y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos ; 1,2,214,223 fracción
II, 227 fracción X , y demás relativos y aplicables de los Estatutos del Partido
Revolucionario Institucional; 1,2,3,4,5,6,11,129 al 154, y demás relativos y aplicables
del Código de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional; Grupo
Refundación, Movimiento de Reflexión y Propuesta, con el carácter de militantes y
simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional, nos dirigimos a usted para
solicitar la suspensión de derechos partidarios como militante del Partido al C. Enrique
Peña Nieto, actual Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y, una vez acreditada
las conductas contrarias a los Documentos Básicos del Partido Revolucionario
Institucional, SOLOCITAMOS SU EXPULSION DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL ; lo anterior salvo error de apreciación de los suscritos , por ello nos
permitimos manifestar lo siguiente:Tokio 807 int. 503 - Col. Portales – CP.033OO- Del. Benito Juárez – Ciudad de México
[email protected] Teléfonos: 5554348690 y 5537314794
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HECHOS.
1. Recordando los hechos violentos que vivieron los pobladores de San Salvador Atenco.
San Salvador de Atenco es sinónimo de los excesos de las autoridades en el país; fue
escenario de un operativo para reprimir a manifestantes que derivó en torturas físicas,
psicológicas y sexuales a decenas de mujeres.
Al frente de la entidad estaba por ese entonces el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto.
Los organismos de derechos humanos consideran que el Estado mexicano no
sólo violó los derechos humanos de las víctimas sino que incumplió su obligación de investigar los hechos adecuadamente y recomiendan identificar las
responsabilidades que se derivan de la cadena de mando.
Desde que era gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto hizo hasta lo
imposible para evitar que el caso de las mujeres de San Salvador Atenco vejadas por
uniformados durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 llegara a la Corte
Interamericana.
Pero su desdén y el de algunos de sus antiguos colaboradores a las observaciones de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos provocaron que el asunto llegara a
esa instancia, que en el último trimestre del año 2017 analizará el caso. Es primera
vez que se toman como objeto de análisis las declaraciones públicas de Peña Nieto
para investigarlo.
“Es un hecho inédito que la CIDH razonara que, con sus declaraciones (Peña Nieto)
generara un clima de impunidad en el que prevalece el caso hasta día de hoy.
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2. Caso ODEBRECHT y su filial BRASKEM.
Braskem, la filial petroquímica de Odebrecht, acompañó “de tiempo completo” la
campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, de acuerdo con Carlos
Fadigas, quien en aquellos días era el director de la compañía y hoy es delator ante la
justicia brasileña para esclarecer el gigantesco caso de corrupción internacional
conocido como ‘Lava Jato’.
De acuerdo con nuevos documentos obtenidos por MCCI, Braskem intervino durante
los días de la campaña presidencial con tres transferencias por 1.5 millones de dólares
a la empresa Latin America Asia Capital, afincada en Islas Vírgenes, que ha sido
vinculada por delatores o testigos protegidos en Brasil con Emilio Lozoya Austin, quien
se desempeñaba como coordinador de Vinculación Internacional del candidato del
PRI.
El 14 de agosto de 2017, MCCI publicó que en plena contienda electoral de 2012, la
constructora Odebrecht transfirió 3 millones 140 mil dólares en siete depósitos a la
empresa ligada por los delatores a Lozoya, en pago por supuestos favores.
Con los nuevos documentos, ahora se sabe que tres de esas transferencias por 1.5
millones provenían de Braskem, la filial petroquímica de Odebrecht, que en aquellos
días construía la planta Etileno XXI en el estado de Veracruz, en alianza con la
empresa mexicana Idesa.
Los documentos revelados por MCCI –que incluyen estados de cuenta de
transferencias desde el Meinl Bank- fueron integrados a la carpeta de investigación
FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017 que tiene abierta la Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).
Esta no es la primera vez que Braskem es investigada por financiamiento de campañas electorales. En la pesquisa del caso Lava Jato, se descubrió que la firma
petroquímica financió a candidatos y partidos políticos en Brasil, mientras que en
Argentina aportó dinero para la campaña del presidente Mauricio Macri.
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El seguimiento de Braskem y de Odebrecht a la trayectoria de Peña Nieto se dio desde antes de que éste fuera candidato a la Presidencia.
En la primera semana de abril de 2010 el entonces Gobernador del Estado de México
viajó a Brasil para reunirse con Marcelo Odebrecht y luego, en octubre de 2011 –
cuando ya se perfilaba como candidato presidencial-, se agendó otra cita de ambos
personajes en Toluca.
Peña Nieto se volvió a encontrar con Marcelo Odebrecht en la ciudad de Querétaro el
12 de noviembre de 2012, a unos días de tomar protesta, de acuerdo con otra cadena
de correos obtenida para esta investigación. Por esos mismos días habló con Carlos
Fadigas sobre el proyecto Etileno XXI, según relató el director de Braskem en otra
reunión con inversionistas efectuada el 9 de noviembre de 2012, de cuya transcripción
MCCI también tiene copia.
Apenas asumió la Presidencia, Peña Nieto se reunió de nuevo con Fadigas, quien actualmente está procesado en Brasil por corrupción.
Las planillas de pagos de Braskem a la empresa ligada a Lozoya aparecen en un expediente que forma parte de la investigación del caso Lava Jato.
Las fechas en que se hicieron estos pagos coinciden con los días en que transcurría la campaña del entonces candidato a la Presidencia por el PRI, Enrique Peña Nieto.
3. Caso Casa Blanca y Grupo HIGA.
Para el jurista Jaime Cárdenas hay suficientes elementos para pensar que hay
conflicto de interés, pues Hinojosa Cantú, quien celebró el contrato de compraventa de
la casa, se ha favorecido con contrataciones del gobierno federal tan importantes
como la del tren México-Querétaro o el proyecto hidráulico Monterrey VI.
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Doctor en derecho e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM, Cárdenas recuerda que el artículo 8, fracción XI, de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece como
obligación excusarse de intervenir “por motivo de su encargo” en asuntos donde tenga
interés personal, familiar y de negocios o que puedan resultar en un beneficio para su
cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, parientes civiles o para
terceros con relación profesional, laboral o de negocios, o sociedades de las que
formen o hayan formado parte.
A la luz de ese precepto Cárdenas precisa que no es Rivera quien incurrió en conflicto
de interés sino el presidente Peña Nieto.
Juan Armando Hinojosa Cantú ha recibido contratos de obra pública con el gobierno
federal y es el dueño de Grupo Higa, un consorcio que incluye a la empresa que
compró la casa del presidente Enrique Peña Nieto, según reveló la investigación
periodística La Casa Blanca en 2014.
El contratista dueño de Grupo Higa, que tras el caso de “La Casa Blanca” también
fue señalado en la investigación ‘Panama Papers’ de haber “escondido” 100 millones de dólares en paraísos fiscales, fue una de las presencias más controvertidas del
informe en el que Peña Nieto presumió, precisamente, logros en el combate a la
corrupción, entre otros temas.
Pese a los señalamientos y críticas por un presunto conflicto de interés entre Hinojosa
y el mandatario, la empresa Innovación Integrada recibió casi 10 millones de pesos
entre 2015 y 2017 a través de cuatro contratos por adjudicación directa —es decir, no
fue elegida en un concurso público en el que haya resultado como mejor opción— del
ISSSTE, Sedatu y Exportadora de Sal S. A. de C. V., empresa dependiente de la
Secretaría de Economía.
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4. La Estafa Maestra
Contratos bajo el esquema de La Estafa Maestra; la triangulación de recursos fue el
esquema que se aplicó entre la Sedatu y la empresa de Hinojosa.
La Sedatu contrató a la Universidad Politécnica de Chiapas para realizar una
aplicación móvil que diera “una solución tecnológica basada en web, que asistiera en
la automatización de los procesos de consulta dentro del Sistema Nacional de
Inclusión Sedatu”, según documentó la Auditoría Superior de la Federación(ASF) en la
auditoría 195-DS realizada a la institución como parte del informe de Cuenta Pública
2016.
La Universidad a su vez subcontrató a la empresa Innovación Integrada para realizar
el trabajo a través de un contrado por 5 millones 568 mil pesos provenientes de la
Sedatu.
La contratación fue por asignación directa apelando a la excepción prevista en el
artículo 41 de la Ley de Adquisiciones que permite contratar sin hacer licitaciones
cuando solo existe en el mercado un proveedor capaz de dar el servicio; que el
servicio sea con fines militares o atiendan casos de fuerza mayor como un desastre
natural, entre otros.
En este caso no se cumplen los criterios para que la Universidad haya optado por la
asignación directa a la empresa, y solo “evadió la licitación”, según la Auditoría. Por
ello, al contratar a Innovación Integral “no se acreditaron los principios constitucionales
de eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad y honradez” y, por tanto, “no se
obtuvieron las mejores condiciones disponibles en cuanto precio, calidad
financiamiento y oportunidad”.
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Al revisar el cumplimiento del servicio, la empresa proporcionó evidencia de los
trabajos y la Auditoría comprobó que la aplicación móvil estaba en funcionamiento,
pero la compañía “no acreditó los insumos tanto humanos como materiales que
presumiblemente utilizó, ni presentó evidencia de la integración de los costos para
ejecutarlos”.
La Universidad tampoco pudo comprobar que hubiese hecho algún cálculo e
integración de costo sobre los servicios, lo que evidencia que la institución cobró “de
forma discrecional sin una base de costos”.
Incluso en el convenio SEDATU/UPPEI-UPCH/33901-07/2016 realizado entre la
Universidad y la dependencia el 1 de marzo de 2016 (un mes después del contrato
con la empresa) para “servicios profesionales y técnicos del Servicio Tecnológico para
el sistema para el control de la Estrategia de Inclusión Nacional de la Sedatu”, por 18
millones 860 mil pesos, la institución sólo pudo comprobar el pago de 5 millones 658
mil pesos a Innovación Integrada, según el contrato mostrado a la Auditoría.
El resto del dinero se considera como un sobrecosto “en beneficio de la universidad y
lo utilizó para fines distintos a los servicios convenidos con la Sedatu”, dice la
Auditoría.
Más contratos
Innovación Integrada S. A. de C. V. recibió cuatro contratos más mediante asignación
directa, es decir, sin competir con otras empresas, según información publicada en la
plataforma Compranet, donde la administración pública federal está obligada subir los
contratos con empresas.
El contrato con el ISSSTE es por el mismo objeto que el convenio de Sedatu: hacer un
“sistema de control de la estrategia de inclusión nacional”, por el que la empresa cobró
5 millones 200 mil pesos en un contrato con vigencia de julio a diciembre de 2016.
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El funcionario encargado de la contratación fue Raúl Marmolejo Pacheco del
Departamento de control de servicios operativos, según la información de Compranet.
Sin embargo, el ISSSTE no publicó las razones por la que el contrato fue otorgado por
asignación directa. Tampoco se encuentra el contrato completo sino un documento
con “datos relevantes del contrato”, que sólo incluyen datos del funcionario público y el
monto pagado, pero ningún desglose del servicio ni más datos de la empresa que el
nombre.
Se preguntó al ISSSTE por qué benefició con una adjudicación directa de más de 5
millones a la compañía fundada por Juan Armando Hinojosa, y la respuesta fue que la
empresa fue beneficiada sin pasar por una licitación porque “acreditó los criterios de
economía, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia”, y porque era la mejor
opción económica para el Estado, ya que según una “investigación de mercado” esta
sociedad daba los servicios entre un 13 y 23% más barato “que las empresas
competidoras”.
No obstante, el ISSSTE no precisó en su escrito cuáles son las empresas que
supuestamente compitieron por el contrato, ni entregó el “estudio de factibilidad” a
partir del cual se le otorgaron recursos públicos a Innovación Integrada.
Además, los argumentos esgrimidos por el ISSSTE en su escrito tampoco coinciden
con la excepción prevista en el artículo 14 de la Ley de Adquisiciones; el cual, como ya
se expuso líneas arriba, permite las adjudicaciones directas solo cuando hay un único
proveedor capaz de dar un servicio; que el servicio sea con fines militares; o que se
ponga en riesgo la seguridad nacional si la contratación del proveedor se realiza
mediante licitación pública, entre otros.
Cursos millonarios… de una semana
Innovación integrada recibió 4 millones 777 mil pesos de tres contratos directos por
parte de Exportadora de Sal, S. A. de C. V., una compañía dependiente de la
Secretaría de Economía, productora y proveedora de sal para la industria del cloro-
álcali en la cuenca del pacífico.Tokio 807 int. 503 - Col. Portales – CP.033OO- Del. Benito Juárez – Ciudad de México
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Por un “estudio de evaluación y diagnóstico” cuyo contrato tuvo vigencia de una
semana (del 15 al 22 de diciembre de 2015) la empresa cobró 2 millones 874 mil
pesos y el contrato también fue otorgado por adjudicación directa.
En 2016, Innovación Integrada ganó 1 millón 300 mil pesos por un “programa de
capacitación en SAP” del 2 al 9 de mayo; al siguiente año cobró 602 mil pesos por el
servicio de “capacitación a usuarios”, del 12 al 31 de octubre de 2017.
Las tres contrataciones fueron realizadas por la funcionaria Victoria Vergara Flores, de
la Gerencia de adquisiciones y almacenes de Exportadora de Sal.
Una empresa de familia
Innovación Integrada SA de CV es una de las múltiples compañías del empresario
Juan Armando Hinojosa Cantú y sus familiares más cercanos.
De acuerdo con su acta constitutiva, esta sociedad fue creada el 4 de enero de 2013
en Toluca, Estado de México, y se dedica a múltiples giros relacionados con proveer
servicios de “telecomunicaciones” y “tecnologías de la información”.Los fundadores de
Innovación Integrada SA de CV son el propio Juan Armando Hinojosa Cantú y su socio
Alberto del Moral González, quien tal y como consta en su perfil de Facebook y en
múltiples notas de revistas de sociedad, es pareja sentimental de María Teresa
Hinojosa García; una de las dos hijas de Juan Armando Hinojosa.
Un mes después de la fundación Innovación Integrada SA de CV, el 15 de febrero de
2013, tanto Hinojosa Cantú como Alberto del Moral cedieron sus acciones a otras dos
personas. Pero no formalizaron este cambio ante el Registro Público de Comercio
hasta más de cuatro años después, el dos de junio de 2017.
A pesar de la venta de acciones de Juan Armando Hinojosa, su familia mantuvo la
presencia en la compañía a través de María Teresa Hinojosa García, quien ocupa el
cargo de comisaria en la misma. ‘Maritere’ Hinojosa es la encargada de vigilar el
correcto funcionamiento financiero de esta sociedad.Tokio 807 int. 503 - Col. Portales – CP.033OO- Del. Benito Juárez – Ciudad de México
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5. Opacidad como representante del Poder Ejecutivo Nacional en los casos de corrupción protagonizados por Gobernantes PRIISTAS durante su periodo como Titular del Ejecutivo Federal.
María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
(MCCI), el recuento de la situación legal de 11 exgobernadores, luego de la captura de
Javier Duarte, exmandatario de Veracruz, le revela que
“son grandes las redes de corrupción que hay para el desvío de recursos públicos y
que hay una parte del poder político del país vinculada con el crimen organizado y en
particular con el narcotráfico”.
Los delitos por los que los 11 exmandatarios tienen que rendir cuentas ante la justicia
son contra la salud, lavado de dinero, delincuencia organizada, operaciones con
recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal, enriquecimiento ilícito, peculado,
desvío de recursos, venta ilegal de terrenos del patrimonio estatal, delitos electorales,
encubrimiento, abuso de autoridad y tráfico de influencias.
Los escándalos más grandes tienen que ver con los exgobernadores priistas. Alguna
vez señalados por el mismo Peña Nieto como las caras del nuevo PRI, personajes
como Javier Duarte, Roberto Borge o César Duarte son señalados por desvíos
multimillonarios de las arcas de sus estados. Los dos primeros ya están detenidos,
Duarte en el reclusorio norte y Roberto Borge en Panamá en espera de la deportación,
mientras que hay una orden de aprehensión contra César Duarte.
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De norte a sur, el PRI ha dañado los recursos públicos de los 22 estados del país que
ha gobernado durante el mandato del Presidente Enrique Peña Nieto que inició en
diciembre de 2012. El ex Gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, presumió en
una noche de copas poseer 400 pares de zapatos, mil camisas, 400 pantalones y 300
trajes de marca de lujo; al ex Gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, se le
descubrió una casa de 340 millones de pesos de 8 mil 357 metros cuadrados, en
Nuevo León; y el aún Gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, presumió su rancho
“El Ensueño” de 40 millones de pesos, con un lago y criadero de caballos… ¿Cuántos
millones de pesos han desviado los gobernadores priistas tan solo en este sexenio?
De los 32 gobernadores que han administrado el país a la par del sexenio del
Presidente Enrique Peña Nieto, sólo entre los 22 que son priistas han desviado
alrededor de 258 mil 829 millones 185 mil pesos de los recursos públicos, de acuerdo
con denuncias penales y resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Hasta el momento, sólo cinco de ellos han sido detenidos o tienen orden de
aprehensión y cuatro han sido denunciados ante la Procuraduría General de la
República (PGR). Entre sus señalamientos destacan ropa de lujo, mansiones, un
banco o un rancho con lago incluido.
De mayor a menor monto desviado, según lo que se ha documentado, destacan las
gestiones del ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez (2010-2016),
buscado por la Interpol, y la del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa
(2010-2016).Pero los Duarte sólo son una parte del desfalco total de los mandatarios
emanados del PRI a las entidades del país.
6. Opacidad en el caso de los estudiantes Normalistas del municipio de Ayotzinapa
La investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), que señala que
los jóvenes fueron ejecutados e incinerados en el basurero de Cocula y sus cenizas,
vertidas en el río San Juan, “fue reprobada por todas las instancias externas al
gobierno federal que la han revisado”: el Grupo Interdisciplinario de Expertos Tokio 807 int. 503 - Col. Portales – CP.033OO- Del. Benito Juárez – Ciudad de México
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Independientes (GIEI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(OACNUDH), y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Reynosa,
Tamaulipas.
Los inconformes destacaron que, contrario a lo que ha dicho Peña Nieto en entrevistas
y en el promocional de la Presidencia, “los mensajes de telefonía enviados por
presuntos integrantes de la delincuencia organizada la noche de los hechos, desde
Chicago hacia Iguala, no corroboran la hipótesis oficial como lo afirma el presidente”.
Se evidencia la existencia de “un esquema de macrocriminalidad no acotado a la
esfera municipal”
Contradictorias “las expresiones de solidaridad” de Peña Nieto, cuando ha
encabezado una “campaña en la que al menos 10 dependencias de su gobierno han
presentado más de 200 recursos y escritos jurídicos para impugnar el fallo” del
Tribunal Colegiado, que ordena la creación de la “Comisión de Investigación para la
Verdad y la Justicia (Caso Iguala)”.
7. Conflicto de Intereses con la constructora Higa
El incrementó 179 por ciento el costo de la obra, al pasar de 2 mil 129 millones a 5 mil
947 millones
El Gobierno del Estado de México, al igual que hizo con OHL –hoy
Aleatica– benefició a Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, firmando un convenio en el que aportó 300 millones de pesos a un fideicomiso para garantizar la conclusión de la autopista Toluca-Naucalpan.
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Además, le modificó cuatro veces el Título de Concesión de la obra para que la empresa justificara un aumento en el costo, ampliara el plazo de operación
y subiera sus tarifas en más del 50 por ciento; ningún coche ha circulado por esa
vía porque no está terminada.
Armando Hinojosa es el mismo que “vendió” a Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto la mansión conocida como “casa blanca”, valuada en 86 millones de pesos.
Al último día de Eruviel Ávila Villegas como Gobernador del Estado de México, a Grupo Higa se le había ampliado la concesión de la autopista de 30 a 60 años,
además de que la pusieron en venta.
En el año 2007 el Gobierno del Estado de México, bajo la administración de Enrique Peña Nieto, otorgó el Título de Concesión de la autopista Toluca-Naucalpan a la Constructora Teya –de Grupo Higa– para la construcción y
operación de la obra. La concesión fue por mil 449 millones de pesos y tendría que
quedar lista en dos años, es decir, para el 2009.
En un segunda modificación, de 2011, se amplió el plazo de la concesión, de septiembre de 2037 a agosto de 2041; se sustituyó el Anexo de las Tarifas, para
prever un incremento de 35 por ciento (automóviles), 76 por ciento (autobuses) y 106
por ciento (camiones de carga), y se incrementó 179 por ciento el costo de la obra, al
pasar de 2 mil 129 millones a 5 mil 947 millones. La cuarta modificación no está disponible al público, pero se sabe que en esta última se puso en venta la concesión de la obra.
LAS ‘CONSENTIDAS’ DE EPN
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El abogado Paulo Díez Gargari, quien mantiene un litigio en contra de OHL por las irregularidades en el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario,
explicó que Higa forma parte de un grupo de empresas consentidas del Presidente Enrique Peña Nieto y por eso utilizaron el mismo esquema que con OHL para
beneficiarla.
“Esta claro que Higa es una de las empresas consentidas de Enrique Peña, lo mismo
que ocurre con OHL. En esta última modificación me queda claro que se benefició
ilegalmente a Grupo Higa para que estos señores vayan al mercado y emitan deuda o
tengan crédito, incluso hasta podría ser autorizado por Banobras”.
Maestra Claudia Ruiz Massieu , como podrá notar , el trabajo administrativo del
Presiente Enrique Peña Nieto , no solamente ha sido turbio sino contradictorio a los
documentos básicos de nuestro instituto político; asi mismo y en concordancia con su
tweet, el cual citamos “ Tenemos que seguir trabajando por el PRI, porque tenemos
una gran responsabilidad para que los futuros priistas crezcan sabiendo que hay un
gran partido que sabe renovarse y reformarse para ser cada vez mas grande”
entendemos que usted también desea cambiar la imagen que la actual administracion
encabezada por Enrique Peña Nieto ha demeritado y hecho sinónimo de corrupción e
impunidad.
Que a nadie quepa la menor duda de que vamos a llevar al PRI de nuevo a ser el
mejor partido de México y que aquellos que se aprovecharon de nuestro Instituto
Político serán combatidos y exhibidos en toda instancia partidaria.
Esperamos poder sostener pronto un encuentro con la dirigencia a su cargo para
abordar con transparencia, de manera democrática lo expuesto en esta misiva.
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Reciba un cordial saludo.
A t e n t a m e n te
Grupo Refundación,Movimiento de Reflexión y Propuesta, Priistas de a pie.
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