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Ya hay solicitados70 permisos y otros75 están entramitación

Hoy hay convocadauna manifestaciónnacional contra elfracking en Burgos

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La fiebre por la extracción de gas 'no convencional' ha desatado el debate entre quienes se muestran a favor y en contra de la

polémica técnica de la fractura hidráulica. Sociedad, ecologistas, expertos y políticos se posicionan. Las intenciones de la industria

chocan con la fuerte contestación social. Hoy hay convocadas manifestaciones en varias ciudades españolas

LUCÍA VILLA Madrid 18/05/2013 09:00 Actualizado: 18/05/2013 09:02

Máquinas de estracción de gas en California. REUTERSDonde unos ven oportunidad otros sólo ruina. La fiebre por la extracción de

gas no convencional a través de la fractura hidráulica o fracking, como se

conoce comúnmente a esta técnica, ha cruzado el charco y presiona para

quedarse. Según datos del Ministerio de industria, Energía y Turismo, las

solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos, la primera

fase para estudiar si el suelo reúne las condiciones para una futura

perforación, han aumentado en más de un 67% desde 2008.

Pero las empresas del sector de hidrocarburos y el Gobierno, que ya ha dado alas a su desarrollo, se mueven en terreno revuelto. La

contestación social a esta práctica, que consiste en perforar el suelo para inyectar a presión una mezcla de agua, arena y productos

químicos que rompen la roca liberando el gas metano, es creciente y está organizada. La última tendrá lugar este sábado en Burgos, donde

las plataformas y asambleas contra la fractura hidráulica del Estado, compuestas por 12 agrupaciones de diferentes territorios, han

convocado una manifestación nacional para protestar contra una tecnología que consideran "contaminante" e "insostenible". Otras

ciudades, como Albacete, también acogerán concentraciones.

"Aunque en Madrid se esté empezando ahora a hablar de esto, desde el norte llevamos bastante tiempo luchando", dice Elvira Cámara,

miembro de la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Burgos.

Castilla y León, Cantabria y Euskadi son los territorios que llevan más tiempo movilizándose debido a

que la gran mayoría de los permisos otorgados, (unos 70 por el momento) se concentran en esta zona

de la geografía española. La Asociación Española de Compañías de Investigación, Exploración y

Producción de Hidrocarburos y Almacenamiento Subterráneo (ACIEP) sostiene que la geología del lugar

tiene unas características y potencial similares a las de Dakota del Norte, en EEUU, único país del

mundo donde la extracción de gas de esquisto a través del fracking se practica de forma masiva desde

hace décadas.

Pero también se han creado asambleas en Asturias, La Rioja, Navarra, la Comunidad Valencia o

Catalunya, donde se ha desatado un encendido debate en torno al tema. "El movimiento es enorme,

cada semana nos llaman diciendo que se ha creado una nueva plataforma", afirma Samuel Martín, de

Ecologistas en Acción.

Su organización presentó el jueves un último informe en el que denunciaba que la apuesta por la fractura

hidráulica es "errónea desde una perspectiva energética, económica, ecológica y estratégica" al

considerar que, entre otras cosas, detrás de la fiebre gasística se esconden intereses especulativos que han hecho que se

sobrevaloraran las estimaciones de extracción real entre un 100% y un 400%. "No resulta ni creíble ni serio afirmar que una técnica de

explotación como la fractura hidráulica pueda sostener la soberanía energética de un territorio como el español", cita el estudio.

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La industria hablade inversiones deentre 700 y 1.000millones de euros

Lo ecologistasdenuncian lacontaminación, elriesgo sísmico y elimpacto visual

Agricultores,pobladores locales,políticos y expertosse posicionan afavor o en contra

Mapa de 2013 de sondeos, permisos de inv estigación

y concesiones del Ministerio de Industria (Pincha aquí

para ampliar)

El shale gas, o gas ‘no convencional', es

de mucho más difícil acceso que el gas

convencional, lo que acarrea serias

desventajas a la hora de su extracción.

Los pozos suelen ser muy productivos

durante los dos primeros años, pero a

partir del tercero la producción se reduce

entorno al 50%, lo que obliga a las

compañías a realizar nuevas

perforaciones para mantener un ritmo

que les sea rentable.

La

industria, que lanzó en 2012 la plataforma Shale Gas para abrir el debate y tratar de contrarrestar la

fuerte oposición, estima sin embargo que, aunque falta por saber qué datos arrojarán los resultados de

las investigaciones que se están haciendo, España podría albergar recursos de gas (en su mayoría no

convencional) en una cantidad equivalente a 70 años de consumo, según sostiene un informe de la

ACEIP. No obstante, estas estimaciones están hechas sobre acumulaciones de hidrocarburos que no

han sido descubiertas, sino que se intuye que están ahí a base de "evidencias indirectas", por lo que la cantidad real podría ser bastante

menor.

El presidente de ACEIP, Antonio Martín, anunció en marzo que los permisos vigentes en España podrían conllevar inversiones por valor

de entre 700 y 1.000 millones de euros, cifras, según señaló, que podrían "triplicarse" en caso de que finalmente se autorizaran los

permisos pendientes de aprobación (unos 75).

"Hay interés por explorar un recurso energético muy importante de gas que antes no era posible porque no existían los recursos

tecnológicos necesarios. Si no tuviera potencial no habría ese interés y las empresas se irían a otra parte. Hablar de una burbuja es un

contrasentido", afirma a Público Mónica Cristina, portavoz de Shale Gas.

En cualquier caso, el principal punto de discordia reside en los riesgos medioambientales y para la

salud que entraña esta práctica, que han tratado de ser confirmados y desmentidos a partes iguales.

Los grupos ecologistas llevan años denunciando que el fracking conlleva la contaminación de los

acuíferos y el aire, amén de que, debido a las ingentes cantidades de agua que se necesita para la

fracturación, podría suponer riesgos en el abastecimiento. Destacan también que la técnica aumenta el

riesgo de sismicidad en las zonas donde se instalan los pozos y el grave impacto que supone para el

paisaje.

La industria sostiene que la técnica es "segura y sostenible". "España tiene una de las legislaciones ambientales más estrictas. Los

acuíferos están protegidos porque utilizamos una triple barrera de acero y cemento y en cuanto a los productos químicos que se utilizan,

son todas sustancias reguladas, algunas están presentes en productos de limpieza comunes o incluso en la industria alimentaria", asegura

Cristina.

Pero el debate es enorme y ha traspasado las fronteras entre ecologistas e industria. Agricultores,

pobladores locales, políticos y expertos se han posicionado a un lado y a otro de la contienda. A

principios de enero, medio centenar de profesores e investigadores universitarios, en su mayoría

especialistas en geología e hidrografía, firmaban contra la técnica del fracking. El Consejo Superior de

Ingenieros de Minas, en cambio, presentaba un informe dos meses después animando a aprovechar lo

de que, de otro modo, sería "una oportunidad perdida para sumarnos al carro de las nuevas

tecnologías".

El catedrático de la Facultad de Geología de la Universidad de Barcelona Mariano Marzo critica que no haya habido suficiente

investigación ni una adecuada participación de geólogos expertos. "Yo, personalmente, no me creo las estimaciones que dicen que hay

recursos para 90 años, pero asumir que todos los incidentes invalidan la técnica es como decir "el coche mata". Es un discurso que no está

basado en el conocimiento sino en la opinión", dice en conversación con este diario.

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El Gobierno se hamostrado dispuestoa apoyar y regularla polémica técnica

Cantabria prohibiópor ley en abril laextracción de gaspor fracking

Cantabria, un verso libre

Incluso a nivel político han llegado las

divisiones. Mientras el Gobierno de

Mariano Rajoy se ha mostrado dispuesto

a apoyar la polémica técnica y trabaja

para darle un marco legal (todos los

proyectos tendrán que presentar una

Evaluación de Impacto Ambiental), no

son pocas las administraciones

autonómicas y locales, también del

Partido Popular, que ya se han

posicionado en contra del fracking. El caso de Cantabria, que aprobó por unanimidad el pasado abril prohibir la fractura hidráulica en

toda la comunidad autónoma, es paradigmático.

Allí, la presión de los vecinos y las asambleas que se han ido creando en todas las comarcas ha sido

fundamental para conseguir que Ignacio Diego (PP) diera el paso para vetar las extracciones y para que

más de 40 ayuntamientos cántabros hayan aprobado mociones contra el fracking.

Florencio Enríquez, que pertenece a la Plataforma contra la Fractura Hidráulica de Cantabria, es de

Cabezón de la Sal, el pequeño pueblo de algo más de 8.000 habitantes donde se prendió la mecha de la

movilización al conocerse el primer caso de fracking en España. "Luego nos enteramos de que había

solicitados muchos más permisos. Nos empezamos a reunir unas 60 personas hace dos veranos y comenzamos a repartir información a

los vecinos. Ahora en la plataforma hay alcaldes, concejales, agricultores y tenemos el apoyo de empresas locales", cuenta a Público.

La prohibición en Cantabria, sin embargo, deja algunas lagunas que aún no se sabe cómo se

resolverán. El permiso de investigación de hidrocarburos Luena, solicitado por Repsol en el Valle

del Río Pas, mantiene en vilo a los vecinos. Al comprender territorio tanto de Brugos como de Cantabria,

la autorización fue otorgada por el Gobierno central. La ley cántabra prohíbe la extracción por fracking,

pero no las investigaciones previas, en las que la compañía petrolera sigue trabajando. "Nadie construye

una casa para no usarla", denuncia Nacho Modinos, coordinador contra el fracking de la zona pasiega.

"Lo que más nos preocupa son los riesgos sobre la economía porque hasta ahora nos sustentábamos en la agricultura, la ganadería y el

turismo. Y ya me dirás, si esto se convierte en un campo de pozos, todos esos usos se imposibilitan. Esto no va a durar para siempre,

dentro de 20 o 30 años las empresas se irán y dejarán tierra quemada. Es arrasar Cantabria", denuncia.

© Diario Público.

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