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I. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

II. La Ley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

III. Autoridad ejecutora: la Secretaría de Gobernación . 207

IV. El derecho de libertad religiosa . . . . . . . . . . . 211

V. Los actos de culto público . . . . . . . . . . . . . . 216

VI. Las asociaciones religiosas . . . . . . . . . . . . . 220

1. Naturaleza de las asociaciones religiosas. . . . . 221

2. Constitución de las asociaciones religiosas. . . . 224

3. Personalidad de las asociaciones religiosas . . . 228

4. Funcionamiento de las asociaciones religiosas . . 232

5. Los miembros de las asociaciones religiosas. . . 236

6. Régimen patrimonial de las asociaciones reli-giosas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

7. Las Iglesias y agrupaciones religiosas no regis-tradas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

8. Infracciones y sanciones . . . . . . . . . . . . . 253

9. El recurso de revisión . . . . . . . . . . . . . . . 259

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ANÁLISIS DE LA LEY DE ASOCIACIONESRELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO1

I. INTRODUCCIÓN

Con motivo de las importantes repercusiones que tendrá en la vidasocial mexicana la aplicación de esta Ley de Asociaciones Religio-sas y Culto Público, que podrá constituir un fundamento invaluablepara la paz social si es entendida y aplicada de modo que preserveel derecho fundamental de todo hombre a la libertad religiosa, esnecesario que los juristas y los encargados de aplicarla, sean autori-dades civiles, sean directores o ministros de culto de asociacionesreligiosas, vayan conociendo y comentando su contenido.

El presente trabajo pretende ser una primera colaboración enel sentido de aclarar, explicar y sistematizar el contenido de laLey. Es un intento inicial, que pretende dar una visión completade su contenido, aunque no con todo el detalle que merece. Lamateria que regula esta Ley es ciertamente delicada y compleja,por lo que hace falta que la Ley se estudie con más detenimientoy, sobre todo, teniendo en cuenta las experiencias que ha habidoen otros países que, a diferencia de México, han tenido regular-mente un régimen institucional de relaciones entre el Estado ylas Iglesias o asociaciones religiosas.

Pero viendo la conveniencia de proporcionar una visión pa-norámica y organizada del conjunto de la Ley, dado que ya en-tró en vigor, he decidido publicar este trabajo, casi sin consul-tar bibliografía especializada, sabiendo que se trata de unaprimera aproximación al tema, que posteriormente tendrá queser revisada.

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1 Publicado como folleto en México, Imdosoc, 1992.

II. LA LEY

El 15 de julio de 1992 el Diario Oficial publicó la Ley de Aso-ciaciones Religiosas y Culto Público que entró en vigor el día si-guiente de su publicación y es ley reglamentaria de los artículosconstitucionales que se refieren a la libertad religiosa (artículos 3o.,5o., 24) y a las relaciones entre el Estado y las Iglesias (artículos 27y 130), que habían sido previamente reformados, por decreto publi-cado en el Diario Oficial el 28 de enero de 1992.

La Ley consta de 36 artículos ordinarios y siete transitorios.Está dividida en cinco títulos, que llevan las siguientes rúbricas:I. “Disposiciones generales” (artículos 1o.-5o.), II. “De las aso-ciaciones religiosas” (artículos 6o.-20), III. “De los actos religio-sos de culto público” (artículos 21-24), IV. “De las autoridades”(artículos 25-28) y V. “De las infracciones y sanciones y del re-curso de revisión” (artículos 29-36).

Su materia es principalmente, como lo dice su título, el cultopúblico y las asociaciones religiosas, pero también se refiere, enel título primero, al contenido de la libertad religiosa. Como sepuede apreciar, la parte más voluminosa es la relativa a las aso-ciaciones religiosas.2 Se trata de una ley reglamentaria de pre-ceptos constitucionales, por lo que tiene una jerarquía mayor queotras leyes aprobadas por el Congreso de la Unión. Es ademásuna ley de orden público, o sea que sus disposiciones no puedenmodificarse por acuerdo de personas privadas, y es ley de ob-servancia general en todo el país.

Sus disposiciones deberán ser desarrolladas por medio de unoo varios reglamentos que expida el presidente de la República.Por lo pronto, la Ley menciona que deberán desarrollarse las dis-

ESTUDIOS SOBRE POLÍTICA Y RELIGIÓN206

2 Se trata de una de las leyes “emanadas de la Constitución”, que deacuerdo con el artículo 133 constitucional, constituye, junto con la Constitu-ción y los tratados, la “ley suprema” del país. La Suprema Corte de Justicia hasentado jurisprudencia en el sentido de que estas leyes “emanadas” de la Cons-titución, a las que se refiere el artículo 133, son las leyes reglamentarias de pre-ceptos constitucionales.

posiciones relativas a la libertad religiosa (artículo 2o.-c), los de-rechos de las asociaciones religiosas (artículo 9o.), los actos deculto público fuera de los templos (artículo 21) y las infraccionesa la Ley (artículo 29). Pero podrán y deberán desarrollarse otrasmás, como los requisitos para obtener el registro de asociaciónreligiosa, el contenido del derecho de libertad religiosa, especial-mente en lo relativo a practicar la fe religiosa en forma indivi-dual o colectiva, sobre todo en circunstancias especiales, comoen hospitales públicos, cárceles o campamentos o cuarteles mili-tares, y otras más.

III. AUTORIDAD EJECUTORA: LA SECRETARÍA

DE GOBERNACIÓN

La aplicación de la Ley corresponde al Ejecutivo Federal porconducto de la Secretaría de Gobernación (artículo 25), pero losgobiernos estatales y municipales pueden intervenir como auxi-liares de la Secretaría de Gobernación. La intervención de estosserá necesaria sobre todo en lo relativo al otorgamiento de per-misos para realizar actos de culto público fuera de los templos(artículos 22 y 27).

Para coordinar sus funciones con las autoridades locales, laSecretaría de Gobernación podrá concertar con ellas conveniosde colaboración y coordinación, en los que se podrá precisar, porejemplo, si las autoridades locales podrán otorgar el permiso pa-ra actos de culto público o tendrán que informar la solicitud a laSecretaría para que ésta otorgue el permiso, o si las autoridadeslocales podrán recibir solicitudes para obtener el registro de unaasociación religiosa o tendrán que presentarse todas las solicitu-des ante la mencionada Secretaría, si se podrán acreditar minis-tros de culto, o notificar su separación, ante las autoridades loca-les o necesariamente ante la Secretaría, etcétera. Pero en todocaso, las autoridades locales tendrán que informar a la Secretaría

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de Gobernación del uso que hagan de las facultades que les co-rrespondan en esta materia.

Además de la aplicación general de la Ley, le corresponden a laSecretaría de Gobernación las siguientes facultades específicas:

a) Otorgar o negar el registro como asociaciones religiosas alos grupos religiosos o Iglesias que lo soliciten. No hay un ar-tículo que expresamente consigne esta facultad, pero está implí-cita al decir la Ley que los grupos religiosos e Iglesias podrántener personalidad jurídica si obtienen su registro ante esa Se-cretaría (artículo 6o.) y siempre que cumplan determinados re-quisitos (artículo 7o.).

Es esta la facultad más importante que tiene la Secretaría por-que su ejercicio conlleva una decisión política importante, la delreconocimiento de que un determinado grupo religioso o Iglesiatiene arraigo en el país y constituye un elemento promotor delbien público. Pero la Ley no establece ni qué órgano de la Secre-taría debe tomar la decisión, ni con qué criterios debe tomarla, nilos plazos que han de cumplirse para que se dé.

Relacionada con esta facultad está la obligación, a cargo de lamisma Secretaría, de llevar un registro de asociaciones religiosas(artículo 26).

b) Otorgar o negar autorización a las asociaciones religiosas pa-ra que puedan adquirir bienes inmuebles, según que considere laSecretaría que dichos bienes “son indispensables” para cumplir elobjeto de las asociaciones religiosas o no lo son (artículo 17).

Dicha autorización se puede obtener expresamente, medianteuna “declaratoria de procedencia” expedida por la Secretaría, oimplícitamente, cuando la Secretaría no emite la declaratoria en elplazo de 45 días naturales,3 en cuyo caso, dice la Ley, “deberá ex-pedir” un certificado de que no dio respuesta en el plazo señalado.


3 La Ley sólo dice “cuarenta y cinco días” sin distinguir si son días natu-rales o hábiles, por lo que debe entenderse lo que ordinariamente se entiendepor “días”, esto es, días naturales. En otros artículos que se refieren a los proce-dimientos (artículos, 28 y 33) sí habla de días hábiles.

En consecuencia, la facultad de negar la autorización para adquirirbienes inmuebles sólo puede ejercerla emitiendo una declaraciónde que no es procedente la adquisición de cierto inmueble por noser indispensable al objeto de la asociación religiosa; el mero si-lencio, en cambio, obliga a la Secretaría a expedir el certificado deque no dio respuesta en el plazo establecido.

Como consecuencia del ejercicio de esta facultad, se establecela obligación de la Secretaría de llevar un registro de los bienes in-muebles que las asociaciones religiosas “posean o administren”(artículo 26). No es lo mismo poseer o administrar que tener enpropiedad o adquirir. Aunque el artículo 26 dice que el registro esde los bienes que las asociaciones religiosas “posean o adminis-tren”, esta expresión debe interpretarse en relación con el conjuntode disposiciones de la Ley sobre el particular. Las asociaciones re-ligiosas tienen obligación de manifestar los bienes con que seconstituyen, es decir, los que aportan para su constitución e inte-gran su patrimonio inicial (artículo 7o.-III); también tienen obliga-ción (artículo 17, párrafo final) de registrar ante la propia Secreta-ría los bienes inmuebles que adquieran posteriormente.

Por consecuencia, el registro que debe llevar la Secretaría deGobernación es de los bienes que constituyen el patrimonio ini-cial y de los inmuebles que posteriormente adquieran en propie-dad, y no de todos los bienes inmuebles que posean o adminis-tren. Si se interpretara de otro modo, en el sentido de que laSecretaría debería registrar todos los bienes inmuebles que lasasociaciones religiosas poseyeran o administraran, como todoslos inmuebles que poseyeran en calidad de arrendatarias o usua-rias, se estaría dando a la Secretaría, en contra del artículo l30constitucional, facultades para intervenir en la vida interna de lasasociaciones religiosas, o se les estaría imponiendo a éstas unaobligación no prevista en la Ley, la de manifestar y registrar esosbienes, es decir, en uno u otro caso, se haría una interpretaciónabusiva de la Ley.


c) Tiene también la facultad de imponer sanciones por incum-plimiento de la Ley (artículos 30 y 31). Aquí sí señala la Ley elórgano específico que tiene esta facultad: una comisión com-puesta por funcionarios de la Secretaría de Gobernación, que seintegrará conforme lo prescriba un reglamento que habrá de ex-pedirse posteriormente (artículo 30-1). Las sanciones puedenaplicarse, dice la Ley (artículo 29) a “los sujetos” a que ella serefiere, es decir, a las asociaciones religiosas, a sus representan-tes, a los ministros de culto, a los miembros de asociaciones reli-giosas, a las Iglesias y grupos religiosos no registrados, a sus re-presentantes y miembros y ocasionalmente a los propietarios,concesionarios de medios de comunicación masiva que transmi-tan actos de culto público, así como a los organizadores y patro-cinadores del evento. Evidentemente hay infracciones que sólopueden ser cometidas por alguno o algunos de estos sujetos y nopor todos y, por consiguiente, también hay sanciones que sólopueden ser aplicadas a unos sujetos y no a otros.

d) Tiene la facultad de conocer y resolver el recurso de revi-sión que, de acuerdo con los artículos 33 y siguientes, pueden in-terponer las personas afectadas contra una decisión de la propiaSecretaría o de otra autoridad respecto de las materias reguladaspor esta Ley. Esto confirma el papel que tiene dicha Secretaríacomo máxima autoridad en la materia.

e) Tiene la facultad de procurar la solución de los conflictosque se susciten entre asociaciones religiosas (artículo 28). Aun-que el primer párrafo del artículo dice que tiene la facultad de“resolver” los conflictos, en realidad es sólo facultad de interve-nir, a petición de una asociación religiosa, para procurar una so-lución conciliatoria. Si no es posible el arreglo, la Secretaría deGobernación podrá decidir la controversia como árbitro, si laspartes consienten en ello; es decir, la facultad de “resolver” elconflicto no se la da la Ley, sino el acuerdo de las partes. El ór-gano que tiene por ley la facultad de resolver los conflictos entreasociaciones religiosas es el juez competente (artículo 28,párrafo final).


f) Otorgar o negar la autorización para difundir actos de cultopúblico por medios de comunicación masiva no impresos (ar-tículo 21). En el ejercicio de esta facultad, la Secretaría tendráque ir definiendo qué es lo que entiende en concreto por “actosde culto”. Habrá de discernir, por ejemplo, si la homilía de unpredicador constituye o no un acto de culto, por el hecho de quese inicie o concluya con una invocación a Dios.

En el ejercicio de todas estas facultades la Secretaría de Gober-nación, como cualquier otro órgano del gobierno, debe sujetarse ala ley de la materia y a la Constitución general. Por consiguiente,si la Secretaría ejerciera sus facultades abusiva o impropiamente,podrán impugnarse sus actos, mediante juicio de amparo promovi-do ante los tribunales de circuito de la Suprema Corte de Justicia,si son actos que violan las garantías individuales, entre las cualesestá la de libertad religiosa (artículo 103-1 constitucional). Inclusouna decisión que tomara la Secretaría conociendo un recurso derevisión podría también impugnarse, no promoviendo ante la Su-prema Corte de Justicia una nueva revisión del fallo, sino plan-teando el fallo como un acto que viola las garantías individuales.

IV. EL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA

No obstante que la Ley dice que su materia es solamente lasagrupaciones, Iglesias, asociaciones religiosas y el culto público,contiene algunas disposiciones (artículos 2o. a 4o.) que se refie-ren al contenido del derecho de libertad religiosa, que reconoceel artículo 24 constitucional.

De acuerdo con el precepto constitucional la libertad religiosaque tiene cada persona consiste en: a) la libertad “para profesarla creencia religiosa que más le agrade” y b) la libertad “parapracticar las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo,siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley”.

Respecto de la libertad de profesar creencias, la ley aclara queincluye el derecho de no profesar una creencia, de abstenerse de


practicar actos de culto o de pertenecer a una asociación religio-sa (artículo 2o.-b). Que comprende también el derecho del cre-yente de no ser discriminado, coaccionado u hostigado por causade su fe, ni obligado a declarar acerca de ella (artículo 2o.-c); co-mo consecuencia de este derecho, la Ley prescribe que a nadie sele puede impedir el ejercicio de cualquier trabajo o actividad pormotivos religiosos, salvo los casos previstos en ella (como el im-pedimento de los ministros de culto para desempeñar cargos pú-blicos) u otras leyes. Una disposición complementaria de estederecho del creyente a no ser discriminado por causa de su fe esla que establece que en los documentos oficiales de identifica-ción no se hará mención de las creencias religiosas de las perso-nas (artículo 3o., párrafo final).

En cuanto a la libertad de practicar las creencias, que en el ar-tículo 24 constitucional se limita a “practicar las ceremonias, de-vociones o actos de culto”, la Ley amplía considerablemente suámbito de vigencia, al reconocer que comprende no sólo la liber-tad de practicar el culto (artículo 2o.-a), sino también la libertadde manifestar las ideas religiosas (artículo 2o.-d) y la de asociar-se o reunirse pacíficamente con fines religiosos (artículo 2o.-e).

A propósito de la libertad de practicar el culto, la Ley añadealgo que la Constitución omite, esto es que comprende tanto lapráctica individual como la colectiva (artículo 2o.-a). La prácticadel culto público es la materia del título tercero de la Ley, que seanalizará posteriormente.

La libertad de manifestación de las ideas religiosas la estable-ce la Ley de modo negativo al señalar (artículo 2o.-e) que nadiepuede “ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrati-va por la manifestación de ideas religiosas”. Lo cual debe enten-derse en relación con el artículo 6o. constitucional que dice que“la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisi-ción judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque lamoral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbeel orden público”. La misma limitante debe extenderse a la mani-


festación de las ideas religiosas, pues el ejercicio de la libertadno debe conculcar los derechos de la sociedad ni los de terceros.Pero respetando esos derechos, no hay razón, ni precepto legal oconstitucional, que impida la difusión de ideas o mensajes reli-giosos por los medios de comunicación masiva.4

El reconocimiento de la libertad de asociarse con fines religio-sos implica el reconocimiento de que las asociaciones con finesreligiosos pueden tener personalidad jurídica. La Ley establece,siguiendo el artículo 130 constitucional, que “las Iglesias y agru-paciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asocia-ciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente regis-tro constitutivo”.

Como ya se dijo arriba, la regulación de estas asociaciones esla materia más amplia de la Ley, y se examinará luego más dete-nidamente. Pero el reconocimiento de la libertad de asociarsecon fines religiosos implica también la posibilidad de constituirotro tipo de asociaciones con fines religiosos, es decir, la posibi-lidad, de acuerdo con el artículo 25-V del Código Civil del Dis-trito Federal, de constituir asociaciones civiles con fines religio-sos, que tienen una normativa privada diferente de la que tienenlas asociaciones religiosas de carácter público, previstas por estaLey. Sucede algo parecido con las asociaciones que persiguen fi-nes políticos: pueden ser constituidas como partidos políticos, yentonces se rigen por una normativa pública definida por laConstitución y las leyes electorales, o pueden constituirse comoasociaciones civiles con fines políticos y regirse por los códigosciviles aplicables.

El punto a discutir está en definir cuál es el elemento que hacela diferencia para considerar que una determinada “agrupaciónreligiosa” debe constituirse como asociación religiosa o puede


4 El artículo 21 señala una limitante más para difundir actos de culto enmedios de comunicación masiva, pues exige la previa autorización de la Secre-taría de Gobernación: pero nada dice respecto de la difusión de mensajes oideas religiosas por esos mismos medios.

constituirse como asociación civil. En el caso de las asociacionescon fines políticos la diferencia es clara: si la asociación preten-de participar en los procesos electorales y registrar candidatos,debe constituirse como partido político y cumplir la normativarespectiva. En el caso de las agrupaciones religiosas quizá podríadecirse que el elemento determinante es el fin de celebrar actosde culto público y/o de propagar públicamente, por medios decomunicación masiva, su doctrina. En efecto, estas finalidadeshacen que la agrupación tenga un carácter no privado, no seconstituye para bien de los socios principalmente, su carácter espúblico, pues se constituye para bien del pueblo.

Como puede apreciarse, la Ley significa, en general, una am-pliación del derecho de libertad religiosa, que acerca nuestro or-denamiento jurídico al régimen de la libertad religiosa que estácontenido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-cos (artículo 18) y en la Convención Americana sobre DerechosHumanos (artículo 12), que son Tratados en vigor en México.

Pero sigue faltando el reconocimiento de un aspecto funda-mental de la libertad religiosa: el reconocimiento del derecho delos padres a educar a sus hijos en sus propia fe y, como conse-cuencia, el derecho a que sus hijos reciban, en las escuelas públi-cas, clases de religión, impartidas no por el Estado, sino por lospadres de familia o las asociaciones religiosas.

Cabe recordar que el gobierno mexicano firmó y ratificó, sinhacer reserva o declaración interpretativa alguna, el siguiente pá-rrafo del citado Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-cos: “Los Estados partes en el presente Pacto —entre ellos Méxi-co— se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en sucaso, la de los tutores legales, para garantizar que los hijos reci-ban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con suspropias convicciones”.

Es decir, el gobierno mexicano se ha comprometido a “garan-tizar” que los hijos de los mexicanos reciban la educación reli-giosa que quieran sus padres; “garantizar” no es sólo respetar,significa asegurar; y una manera de asegurar que los niños ten-


gan esta educación, es permitir que pueda impartirse en lasescuelas públicas.

Para llegar a eso, hace falta superar el prejuicio de que la edu-cación religiosa es nociva, y reconocer su eficacia para la forma-ción de la conciencia personal y social de los niños.

La Ley tiene todavía otras limitaciones, que están incluidas enla Constitución, y que son explicables sólo como atavismos his-tóricos: el no reconocimiento de la eficacia jurídica del matrimo-nio religioso y de la eficacia jurídica del juramento (artículo 130constitucional y artículo 4o. de la Ley). Estos actos son al mismotiempo actos jurídicos (un contrato —el matrimonio—, o unapromesa o una declaración judicial —el juramento—) y actos re-ligiosos (un sacramento —el matrimonio—, y un acto de culto—el juramento—). De modo que si alguien libremente quierepracticarlos nada debe impedir que el mismo acto produzca susefectos religiosos y jurídicos. En otras palabras, no hay ningunarazón que justifique que el matrimonio canónico celebrado libre-mente por mexicanos católicos no surta también los efectos quereconoce el derecho civil mexicano, como son, entre otros, laobligación de dar alimentos a los hijos o la de prestarse ayuda re-cíproca los cónyuges. Lo mismo cabe decir respecto del jura-mento, si una persona quiere libremente, al rendir testimonio, ha-cerlo bajo juramento, no hay razón para impedírselo ni negarlevalor como declaración porque el deponente invocó a Dios portestigo de la verdad de sus afirmaciones.

Contiene además una limitación de carácter general, que notendrá importancia mientras no se produzcan conflictos de con-ciencia en los ciudadanos por causa del contenido de las leyes odisposiciones gubernativas. Dice el párrafo final del artículo 1o.de la Ley: “Las convicciones religiosas no eximen en ningún ca-so del cumplimiento de las leyes del país. Nadie podrá alegarmotivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligacio-nes prescritas en las leyes”.

Por supuesto que si las leyes ordenan conductas conformescon la conciencia religiosa de los ciudadanos no podrá haber nin-


gún motivo para no cumplirlas; pero si llegan a presentarse leyesque imponen conductas que contradicen la conciencia recta delcreyente, éste, si es congruente con su fe, tiene el deber de pos-ponerlas y seguir el dictado de su conciencia.

Este es el fundamento último del derecho de libertad religiosa:el imperativo o deber que experimenta la persona de obrar confor-me a su conciencia. Los ordenamientos jurídicos que reconocenesta realidad íntima de la persona humana han desarrollado el sis-tema de objeción de conciencia, por medio del cual los creyentestienen un recurso para justificar el incumplimiento, por su parte,de alguna ley o disposición gubernativa que contradiga su con-ciencia.

Este sistema permite resolver en forma pacífica e institucionallas rupturas que pueden darse entre una población creyente y elgobierno, pero tiene el inconveniente de que puede prestarse aabusos para justificar desobediencias que, en realidad, respondena intereses ajenos a la fe. El hecho de que en México, con el cita-do artículo, se haya excluido expresamente la objeción de con-ciencia impone a los gobernantes el deber político de cuidar quesus disposiciones legislativas o gubernativas no contradigan laconciencia del pueblo o de sectores del pueblo, para no causar unenfrentamiento entre creyentes y gobierno, cuya solución notiene cauces institucionales.

V. LOS ACTOS DE CULTO PÚBLICO

Evidentemente que toda la reglamentación relativa a un actode culto, como las reglas sobre su validez, requisitos, ceremo-nias, circunstancias, etcétera, es materia de la exclusiva compe-tencia de las comunidades de creyentes que lo practican. El Esta-do no tiene en este campo específico ninguna competencia.

La facultad del Estado de intervenir en materia de actos de cul-to público se origina en su deber de conservar el orden público, esdecir, el orden mínimo necesario para la paz social. Cuando un ac-


to de culto constituye en sí mismo un ataque al orden público o aderechos de otras personas o, como dice el artículo 24 constitucio-nal, constituye un delito o falta penados por la ley, el Estado debeintervenir impidiendo o reglamentando la celebración de tales ac-tos, no por ser actos de culto, sino por ser actos contrarios al ordenpúblico. Esta facultad debe ser ejercida por el Estado, con apego ala legalidad y sobre la base de leyes justas. Sería evidentementeuna discriminación inaceptable que una ley prohibiera un determi-nado acto de culto por considerarlo, injustificadamente, un agra-vio al orden público. La prudencia del gobernante debe seguir a laprudencia del legislador.

El Estado también puede intervenir, con base en el mismoprincipio de conservación del orden público, para regular la cele-bración de actos de culto público que tengan lugar fuera de lostemplos. Así lo dice expresamente el artículo 24 constitucional, ylo desarrolla la Ley Reglamentaria en su título tercero (artículos21 a 34): “Por regla constitucional, los actos de culto público de-ben celebrarse ordinariamente en los templos; la celebración deactos de culto público fuera de ellos se considera algo “extraor-dinario” (artículo 24 constitucional y 21 de la Ley). Cabe aclararque lo extraordinario no es el acto de culto en sí, sino su celebra-ción fuera de los templos; por eso resulta desorientadora la ex-presión que usa el artículo 22 de la Ley de Actos de Culto “concarácter extraordinario”.

Ni la Ley ni la Constitución definen, ni tenían por qué definir,qué es un acto de culto. Esto es materia que compete a las pro-pias comunidades religiosas; pero ciertamente quien aplique laLey deberá tener una noción de lo que es acto de culto, que de-berá tomar de lo que las propias comunidades religiosas operanteen el país consideren como tal. Pero sobre todo, la autoridad eje-cutora de la Ley necesita saber qué es lo que se entiende por“culto público”. Aquí cabe distinguir entre lo que una comuni-dad de creyentes entiende por “culto público”, de lo que el Esta-do puede considerar como “culto público”. Por ejemplo, para laIglesia católica culto público es aquel que se “ofrece en nombre


de la Iglesia por las personas legítimamente designadas y me-diante aquellos actos aprobados por la autoridad de la Iglesia”.5

Para el Estado, en cambio, culto público puede ser simplementeel que se realiza en lugares abiertos al público, ya que a él leinteresa no la calidad del acto de culto sino sus repercusiones enel orden público.

Aunque no hay en la Constitución ni en la Ley ninguna defi-nición de lo que es acto de culto público, sí puede colegirse unaa partir de las diversas disposiciones que se refieren a él. Un pri-mer elemento lo da el artículo 24 de la Constitución que dice, ensu párrafo final, que los actos de culto público se celebrarán or-dinariamente en los templos; de aquí resulta que los actos de cul-to público son los que ordinariamente se practican en los tem-plos, es decir, en lugares abiertos al público, de acceso norestringido. Esto lo corrobora el artículo 24 de la Ley que consi-dera el templo como un “local destinado al culto público”. El ar-tículo constitucional citado añade que podrán celebrarse actos deculto público fuera de los templos, con sujeción a lo que disponela Ley Reglamentaria.

La Ley dice (artículo 22) que la celebración de actos de cultopúblico fuera de los templos requiere permiso previo de las auto-ridades competentes, pero agrega (artículo 23-III) que no requie-ren permiso, y por consecuencia, no son actos de culto público,los que se “realicen en locales cerrados o en aquellos en que elpúblico no tenga libre acceso”. Esto lleva a concluir que los ac-tos de culto público que se practican fuera de los templos sonsólo los que se practican en lugares abiertos al público, como ca-lles, plazas, parques, estadios, etcétera, y no los que se practicanen locales privados. La misma Ley hace todavía otra considera-ción que permite completar la noción de acto de culto público;dice en su artículo 21, párrafo segundo, que la transmisión de ac-tos de culto a través de medios de comunicación masiva requierede permiso previo otorgado por la Secretaría de Gobernación, o


5 Código de Derecho Canónico, canon 834-2.

sea que considera, a mi juicio con razón, la difusión masiva deesos eventos como actos de culto público.

En síntesis, de las disposiciones legales sobre la materia sepuede colegir que el acto de culto público es aquel celebrado enlos templos, en otros lugares abiertos al público o transmitidopor medios de comunicación masiva.

El acto de culto público celebrado en los templos no requierede ningún permiso o autorización, pero es preciso que al abrirseun templo, se le dé aviso a la Secretaría de Gobernación, en unplazo de 30 días hábiles a partir de la fecha de apertura (artículo24). Este aviso no es una solicitud de permiso o autorización pa-ra abrirlo, sino sólo una notificación, cuya omisión puede dar lu-gar a una multa o apercibimiento, pero no a la clausura del tem-plo.6 Sin embargo, el templo podría clausurarse temporal odefinitivamente por otras causas, como haberse convertido en lu-gar habitual para reuniones de carácter político o por carecer decondiciones de seguridad, sanidad u otras exigidas por leyes ur-banísticas.

La celebración de actos de culto público fuera de los templospuede ser llevada a cabo por asociaciones religiosas registradas,o bien por Iglesias y grupos religiosos no registrados (ver artícu-los 9o.-III y 10), siempre que obtengan permiso previo de la au-toridad competente. La Ley no define cuál es la autoridad com-petente, pero cabe entender que se trata de las autoridadescompetentes sobre los lugares donde haya de celebrarse, quepueden ser autoridades federales, del Distrito Federal, estatales omunicipales. La solicitud de permiso debe hacerse con 15 días deanticipación, con indicación del lugar, fecha, y hora del acto,“así como el motivo por el que éste se pretende celebrar” (artícu-lo 22). La autoridad podrá “prohibir la celebración del acto”,fundando y motivando su decisión sólo por razones de seguri-dad, salud, moral, tranquilidad y orden público o derechos de


6 Véase número 8, literal C, lo relativo a las sanciones y el criterio paraimponerlas.

terceros. Aquí nuevamente tiene que operar la prudencia de losgobernantes para cada caso concreto, pues resultaría fácil prohi-bir actos de culto alegando falsas razones de “seguridad” o de“orden público”.

Aclara la Ley (artículo 23) que no requieren ese permiso ni laafluencia de grupos para dirigirse a los templos, esto es, las “pe-regrinaciones”, ni el tránsito de personas entre domicilios parti-culares con el propósito de celebrar conmemoraciones religiosas,como sucede en la costumbre de “la visita de las siete casas”.

La transmisión de actos de culto por medios de comunicaciónmasiva puede hacerse sólo por asociaciones religiosas, y no porlas Iglesias o grupos religiosos no registrados (artículo 21). Parapoder hacerla, las asociaciones religiosas deben contar con auto-rización previa de la Secretaría de Gobernación. Aunque la Leyno lo dice expresamente, cabe entender —por analogía— que laSecretaría podrá negar la autorización sólo por las mismas razo-nes por las que puede negarse el permiso para celebrar un actode culto público fuera de los templos.

Los propietarios de los medios de comunicación, los organiza-dores de la transmisión y los patrocinadores, dice el artículo 21,serán solidariamente responsables, con las asociaciones religio-sas, de cumplir con estas disposiciones. Esto significa que latransmisión de actos de culto, sin previa autorización, constituyeuna infracción a la Ley, de la cual responderán tanto las asocia-ciones religiosas, como los propietarios, organizadores y patroci-nadores del medio que lo transmitió; tanto ellas como éstos po-drán ser sancionados, con las sanciones previstas en esta Ley.

VI. LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS

Esta es la materia más ampliamente regulada por la Ley, y estácondicionada por lo que dice el nuevo artículo 130 constitucional.Este artículo establece que en el país pueden operar Iglesias oagrupaciones religiosas, pero que si quieren tener personalidad ju-


rídica, deben constituirse como “asociaciones religiosas”. LasIglesias y agrupaciones religiosas, por consiguiente, no tienenobligación de constituirse como asociaciones religiosas, sino sólola posibilidad de hacerlo si quieren operar con una personalidadjurídica específica.

Por eso, la misma Ley reconoce (artículo 10) la existencia delas Iglesias y agrupaciones religiosas no registradas y no prevéninguna sanción contra ellas por el hecho de no registrarse. Esalgo semejante a lo que puede ocurrir en otros campos sociales:si un grupo de personas quieren unir esfuerzos y bienes para pro-mover una determinada actividad cultural pueden hacerlo libre-mente, sin necesidad de contar con una organización formal; pe-ro si quieren operar con una personalidad jurídica diferente de lade cada una de ellas, pueden constituir una asociación civil; y lomismo en el terreno mercantil: varias personas pueden unirse pa-ra hacer negocios a nombre de una de ellas, mediante un contratode asociación en participación, pero si quieren constituir unapersona jurídica que tenga un patrimonio propio distinto delpatrimonio de cada uno de los socios, pueden constituir unasociedad mercantil.

1. Naturaleza de las asociaciones religiosas

Las asociaciones religiosas son sociedades que tienen por ob-jeto la “observancia, práctica, propagación o instrucción de unadoctrina religiosa o de un cuerpo de creencias religiosas” (artícu-lo 7o.-I). Su fin es lo que las distingue esencialmente de otrasasociaciones, y lo que justifica, por la incidencia social tan gran-de que tiene el factor religioso en la vida social, que tengan untratamiento diferente del que tienen asociaciones con finesculturales o educativos.

La consideración de su finalidad religiosa como lo esencial aellas ha hecho que la Ley prohíba que estas asociaciones (artícu-lo 8o.-u) se dediquen a la consecución de fines de lucro o pre-


ponderantemente económicos. Está claro que si una asociaciónreligiosa se dedicara a actividades mercantiles no sería en reali-dad una asociación religiosa, sino una sociedad mercantil y ten-dría que estar sujeta a las leyes que rigen este tipo de sociedades.Pero es también claro que la prohibición no excluye que las aso-ciaciones religiosas pueden obtener ganancias derivadas de laadministración de sus bienes que podrán destinar a la consecu-ción de sus fines religiosos. Lo que la Ley prohíbe a las asocia-ciones religiosas no es la realización de actos concretos que pue-dan generales una ganancia, sino la realización permanente deactividades mercantiles so capa de finalidades religiosas, es de-cir, se prohíbe la desnaturalización, por cambio de fin, de unaasociación religiosa.

Consecuente con esta doctrina, el artículo 29-VIII de la Leyconsidera que es una infracción a la Ley, que merece sanción,el que las asociaciones religiosas se desvíen de sus fines de mo-do que “pierdan o menoscaben gravemente su naturaleza reli-giosa”. Es una medida prudente, que protege al público de cier-tas agrupaciones dizque religiosas que se constituyen parapromover la venta de un libro o de ciertos productos, o bien pa-ra colectar donativos que se aprovechan en beneficio de lospropios organizadores.

Pero si se interpretara la prohibición de “perseguir fines de lu-cro” (que se repite en el artículo 9o.-IV) en el sentido de que seprohíbe cualquier acto de administración o disposición de bienesque pueda generar un lucro a las asociaciones religiosas se caeríaen un absurdo, pues sería tanto como decir que las asociacionesreligiosas no pueden realizar actos de disposición ni de adminis-tración de sus bienes. Por ejemplo, si una asociación religiosa re-cibe, con autorización de la Secretaría de Gobernación, la dona-ción de un edificio de viviendas de alquiler, podrá seguircobrando las rentas convenidas, percibir ese lucro, o venderlo ypercibir el precio, aunque implique una ganancia. Si se interpre-tara que la asociación religiosa no puede hacer estos actos queimplican un lucro, significaría que tendría que abandonar el edi-


ficio o sostenerlo por su propia cuenta sin poder percibir nada deél. Esta interpretación absurda haría inútil el registrarse comoasociación religiosa, pues se obtendría una personalidad jurídicaque no permite administrar sanamente un patrimonio.

Además de ser asociaciones de naturaleza religiosa, las aso-ciaciones religiosas son también asociaciones de naturaleza pú-blica, es decir, asociaciones cuyas finalidades son en beneficiodel pueblo y que, por consecuencia, están regidas por una ley de“orden público”, como lo establece el artículo 130 constitucionaly lo repite el primer artículo de la Ley. Que sean públicas, noquiere decir que sean estatales o que sean parte de la administra-ción pública; significa sólo que están orientadas al servicio deuna finalidad que es de interés general para el pueblo.

Esto lo recoge la Ley al establecer (artículo 7o.-II) que las aso-ciaciones religiosas deben contar “con notorio arraigo entre la po-blación”, cosa que no es necesaria cuando se trata de constituiruna asociación privada, para lo cual bastan dos personas que esténde acuerdo en perseguir un fin común. En su calidad de públicas,las asociaciones religiosas se asemejan a los partidos políticos,que son también asociaciones de interés público (artículo 41 cons-titucional) pero no son estatales ni órganos de la administraciónpública.

Las asociaciones religiosas de naturaleza pública se distin-guen así nítidamente de las asociaciones privadas con fines reli-giosos, que pueden constituirse con base en el artículo 9o. cons-titucional y en el artículo 25-V del Código Civil Federal, quedice que tendrán personalidad jurídica las asociaciones civilesque persigan fines lícitos, entre los cuales está el fin religioso.7

Estas asociaciones tienen una normativa privada diferente de laque tienen las asociaciones religiosas, de carácter público, pre-vistas por esta Ley.

Es conveniente tomar en cuenta esta distinción y profundizarlas consecuencias que lógicamente deberían derivarse de ella.


7 Véase arriba lo dicho al respecto, en el apartado V.

Una sería que los actos de culto público, entendidos como se de-finió arriba, sólo pueden realizarse por asociaciones religiosaspúblicas, y no por las asociaciones privadas. Otra, que los tem-plos, como son lugares públicos, sólo pueden ser abiertos y ad-ministrados por las asociaciones religiosas públicas, y no por lasprivadas. Esto no contradiría la libertad religiosa, pues siemprecualquier persona tendría la posibilidad de practicar actos de cul-to en recintos apropiados, pero que no fueran templos, en el sen-tido administrativo, por no estar abiertos a todo público.

La Ley, en cambio, aunque considera que practicar actos deculto público es un derecho de las asociaciones religiosas (artícu-lo 9o.-III), no excluye que lo puedan practicar las agrupacionesreligiosas no registradas (artículo 10), lo que significa que tam-bién podrán realizarlos asociaciones privadas; y aunque exigeque se avise a la Secretaría de Gobernación de la apertura de untemplo, no exige que la persona que lo abra sea una asociaciónreligiosa, sino que parece ser que puede hacerlo cualquier perso-na (artículo 24).

2. Constitución de las asociaciones religiosas

Las asociaciones religiosas se constituyen en cuanto obtienensu registro ante la Secretaría de Gobernación (artículo 130-aconstitucional y artículo 6o. de la Ley). La Secretaría podrá dar odenegar el registro.8 Contra la negativa de registro, puede proce-der el recurso de revisión, ante la misma Secretaría (artículo 33).

Para obtener el registro, una Iglesia o agrupación religiosa de-be cumplir con los siguientes requisitos (artículo 7o.):

a) Que tenga como finalidad principal la observancia, prácti-ca, propagación o instrucción de una doctrina religiosa.

b) Que demuestre haber realizado este tipo de actividades enla República mexicana por un periodo mínimo de cinco años,que cuenta con “notorio arraigo entre la población” y que tiene


8 Véase arriba, apartado III, inciso c.

su domicilio en la República mexicana. Este requisito en reali-dad implica tres: el haber realizado actividades religiosas por unperiodo de cinco años y el tener domicilio en el país son hechosque pueden demostrarse fácilmente. Pero el tener “notorio arrai-go entre la población” es algo que debe ser evaluado por la pro-pia Secretaría de Gobernación, para lo cual podrá servirse de da-tos como los siguientes: número de fieles mayores de edad,9 detemplos, incidencia de su prédica, etcétera. Pero en todo casoquedará a su juicio determinar si tiene no sólo arraigo, sino “no-torio arraigo”. Se trata por tanto de un requisito que deja abiertala posibilidad de que la Secretaría decida caso por caso, con cier-ta libertad, si da o niega el registro.

c) Que aporte bienes suficientes para cumplir con su objeto.Se entiende que se trata de aportar bienes que le permitan desa-rrollar actividades tendentes a sus finalidades, y no que se apor-ten todos los bienes que serían necesarios para cumplir su objeto.

Respecto de los bienes inmuebles que vayan a aportarse paraconstituir el patrimonio inicial de la asociación, hay una regla es-pecial. Para adquirir cualquier inmueble las asociaciones religio-sas, ya constituidas, tienen que contar con una previa autoriza-ción de la Secretaría de Gobernación, emitida en la forma de“declaratoria de procedencia”, es decir, una declaración de quees procedente, y conforme a la Ley, la adquisición de un deter-minado inmueble (artículos 16 y 17). Parece ser que los legisla-dores, a última hora, tuvieron el reparo de que esa autorizacióntambién se necesitaría cuando se aportaran bienes inmuebles pa-ra constituir una asociación religiosa. Por eso incluyeron un ar-tículo transitorio10 (el séptimo) que dice que cuando se pretendaaportar bienes inmuebles al patrimonio inicial de una asociaciónreligiosa se deberá presentar, junto con la solicitud de registro,


9 Véase artículo 11 y su comentario en el apartado VI de este trabajo.10 Aunque formalmente es parte de los artículos transitorios, materialmente

no lo es por su contenido, y habrá de aplicarse, no de manera transitoria ymientras se adaptan las realidades sociales a la nueva Ley, sino en todos los ca-sos en que se solicite el registro de una asociación religiosa.

una declaración de tales bienes, de modo que la Secretaría deGobernación pueda emitir, en el plazo de seis meses posterioresa la fecha de registro, una “declaratoria general de procedencia”para la adquisición de los mismos. Esto permite a la Secretaríacombinar el ejercicio de estas dos facultades, la de aprobar el re-gistro y la de aprobar la adquisición de bienes, de modo que pue-de dar el registro y luego negar la adquisición de todos o parte delos bienes inmuebles que se pretendía integraran el patrimonioinicial de la asociación religiosa.

d) Presentar estatutos que contengan lo siguiente (artículo 6o.,segundo párrafo): 1) las bases fundamentales de su doctrina reli-giosa; 2) la determinación de “sus representantes”; 3) la determi-nación, si hubiera, “de las entidades y divisiones internas” de ca-da asociación religiosa, tanto las que correspondan a “ámbitosregionales” como las que correspondan a “otras formas de orga-nización autónoma”, y 4) la determinación de los “representan-tes” de dichas entidades y divisiones internas.

El contenido que deben tener los “estatutos” requeridos es mí-nimo. Consiste sólo en la información que precisa la Secretaríade Gobernación para saber lo esencial acerca de la doctrina pro-fesada por la asociación religiosa y para saber con quién puedetratar. Nada dice acerca del contenido que todo estatuto socialdebe tener: las normas de organización, estructura y funciona-miento de la sociedad; sin embargo la Ley reconoce (artículo6o., segundo párrafo) que las asociaciones religiosas “se regiráninternamente por sus propios estatutos”.

No obstante que la Ley no exige que los estatutos que se pre-senten para la constitución de una asociación religiosa contenganlas normas de organización y estructura interna, es convenienteque las contengan, pues de otro modo tendrían que funcionar conun doble estatuto: uno, el presentado ante la Secretaría de Gober-nación, registrado y con valor jurídico en derecho mexicano, y elotro, el estatuto interno, que podrá ser respetado o no por losmiembros de la asociación, pero que no tendrá valor jurídicoconforme a derecho mexicano.


Esta duplicidad de estatutos podría originar problemas gravesen caso de disputas acerca de la validez de actos celebrados porlas asociaciones religiosas, por ejemplo, disposiciones de bieneshechas por personas que no tenían facultad de disponer confor-me a los estatutos internos, pero que eran “representantes” acre-ditados ante la Secretaría de Gobernación; o en el caso de “repre-sentantes” que pretenden asumir hacia dentro de la asociaciónfacultades que no les corresponden conforme a los estatutos in-ternos. Un doble estatuto podría convertirse en un principio dedivisión interna de consecuencias graves.

También conviene notar que la Ley exige que los estatutos de-terminen a los “representantes” de las asociaciones religiosas, yno a sus directores. No es lo mismo representantes que directoreso autoridades de las asociaciones. Los representantes, en el dere-cho de sociedades en general, pueden ser los directivos o puedenser personas que no tienen cargos directivos o incluso que no sonsocias de la sociedad que representan.

Además, los representantes pueden ser de varias clases: ge-nerales (para todo tipo de asuntos y respecto de cualquier per-sona) o particulares (para asuntos específicos o ante determina-das personas). ¿Qué es pues lo que entiende la Ley cuandohabla de “representantes”? El artículo 11 da una respuesta aldecir que “los representantes de las asociaciones religiosas de-berán ser mexicanos y mayores de edad y acreditarse con dichocarácter ante las autoridades correspondientes”. Esto significaque los representantes no tienen que ser directores o autorida-des, ni siquiera “ministros de culto”, sino sólo cumplir con lacondición de mexicano y mayor de edad, y que su función es derepresentar a las asociaciones religiosas ante las autoridades ci-viles y, especialmente, ante la Secretaría de Gobernación.

Evidentemente, la designación de los representantes es unasunto interno de las asociaciones religiosas, que deberá nor-marse conforme a sus propios estatutos. Por lo tanto, un repre-sentante acreditado ante las autoridades civiles podrá ser remo-vido por decisión de la propia asociación, tomada conforme a


sus propios estatutos. Aquí se muestra una vez más la conve-niencia de registrar los estatutos de organización, y no sólo losexigidos por la Ley: si una asociación religiosa quiere cambiara un representante ante las autoridades civiles, pero éste noquiere renunciar, cómo podría saber la Secretaría de Goberna-ción que se ha revocado válidamente el mandato al representan-te acreditado si no conoce los estatutos internos.

Aunque el artículo 6o. no exige que en los estatutos se men-cione cuáles son los fines de la asociación religiosa, se entiendeque los deben consignar, pues éstos constituyen un elementoindispensable para poder integrar y valuar el patrimonio de lasasociaciones religiosas. En efecto, el artículo 16 prescribe queéstas tendrán sólo el patrimonio “indispensable” para realizarsus fines, de modo que no podrá juzgarse si el patrimonio esadecuado o excesivo si no se conocen claramente los fines de laasociación.

3. Personalidad de las asociaciones religiosas

La Constitución establece (artículo 130) que las Iglesias y gru-pos religiosos pueden tener personalidad en cuanto se registrencomo asociaciones religiosas. No reconoce que dichas comunida-des religiosas tuvieran una personalidad jurídica anterior que aho-ra la Constitución incorpora al derecho mexicano, sino que deter-mina que sólo tendrán personalidad jurídica si se constituyencomo asociaciones religiosas, y a partir del momento en que se re-gistren como tales.

Esta es una peculiaridad de la legislación eclesiástica mexica-na, que la acerca a legislaciones como la norteamericana o fran-cesa, que también requieren que las Iglesias se organicen confor-me a un tipo societario reconocido en el ordenamiento jurídicoestatal, y que la distingue de otras legislaciones como la alemanaque reconoce la personalidad jurídica que tenían las dos Iglesiasde mayor arraigo en el país, la católica y la evangélica. Un puntointermedio es la legislación española, que reconoce la personali-


dad jurídica previa de la Iglesia católica, pero exige el registro delas demás.

La Ley Reglamentaria (artículo 6o.) recoge ese principioconstitucional y añade un elemento interesante, que es el de quelas “entidades y divisiones internas” de una asociación religiosapueden tener también “personalidad jurídica en los términos deesta Ley”. Esto significa que puede haber asociaciones religio-sas que, por no tener o no designar sus “entidades y divisionesinternas”, se configuran con una sola persona jurídica, y otrasque contienen, en una sola asociación, varias personas jurídi-cas, que corresponden a las “entidades y divisiones internas”designadas por la propia asociación al momento de solicitar suregistro o posteriormente, a medida que vayan surgiendo inter-namente nuevas entidades.

Me parece que la intención de la Ley de que haya una solaasociación con varias personas jurídicas correspondientes a susdivisiones internas, se evidencia donde habla de entidades y divi-siones “internas” —no externas, separadas, segregadas o genera-das— que corresponden a ámbitos regionales o a otras formas deasociación “dentro” de las propias asociaciones religiosas; o seaque concibe una asociación religiosa dentro de la cual hay variaspersonas jurídicas.

Si se pensara que cada división interna debería constituir unaasociación religiosa específica y obtener su propio registro comotal resultaría, en la práctica, y por efecto de la Ley, una violaciónal precepto constitucional (artículo 130-b) que dice que “las au-toridades no intervendrán en la vida interna de las asociacionesreligiosas”. En efecto, la Ley dispone en su artículo 28 que la Se-cretaría de Gobernación tiene facultades para conocer los con-flictos que se den entre asociaciones religiosas y procurar unasolución; si ocurriera que entre dos personas jurídicas de unamisma asociación, digamos entre una diócesis y un instituto reli-gioso de la Iglesia católica, se presentara algún conflicto, el cita-do artículo permitiría que la Secretaría de Gobernación intervi-


niera, con lo cual estaría interviniendo, en contra del citadoprecepto constitucional, en la vida interna de la Iglesia católica.

En cambio, si cada división interna es una persona dentro dela misma asociación religiosa, los conflictos entre ellas no seríanconflictos entre asociaciones religiosas diferentes, no serían con-flictos externos que puedan provocar la intervención de la autori-dad civil, sino meros asuntos internos.

Esta posibilidad de que en una sola sociedad confluyan va-rias personas jurídicas la contempla el derecho mexicano enotros ámbitos: en el ámbito del derecho público se habla deuna personalidad jurídica del gobierno federal o de los gobier-nos estatales que, no obstante constituir cada uno de ellos unasola entidad administrativa, contienen varias personas jurídi-cas diferentes, como las de los organismos paraestatales; suce-de en el ámbito del derecho social, respecto de las centralesobreras o campesinas, que constituyen unidades jurídicas ysocietarias, es decir, una personalidad jurídica, en las que con-fluyen las personas jurídicas de las distintas entidades agrupa-das, y acaece también en el ámbito del derecho privado en elcaso de las llamadas “sociedades controladoras” (holdings)que agrupan a diversas personas jurídicas.

En el campo de las asociaciones religiosas esta posibilidad deuna asociación con varias personas es la que evidentemente con-viene a la Iglesia católica, que internamente se concibe como unapluralidad de personas jurídicas.11

La Ley no determina con claridad la forma de llegar a constituiruna asociación religiosa con varias personas; sólo dice que las di-visiones internas de una asociación podrán tener personalidad jurí-dica “en los términos de esta Ley”, por lo que es necesario inter-pretar lo que significa “los términos de esta Ley”. Está claro, tantoen la Constitución como en la Ley, que la asociación religiosa tie-ne personalidad a partir del momento en que se registre.


11 Véase Código de Derecho Canónico, artículos 113 y siguientes.

Extendiendo esto por analogía, se puede afirmar que las divi-siones internas de una asociación religiosa tendrán personalidadjurídica a partir del momento en que se registren; pero habrán deregistrarse no como asociaciones religiosas independientes, sinocomo entidades de una asociación religiosa ya registrada. Para te-ner la seguridad de que las entidades que pretenden registrarse co-mo partes de una asociación religiosa realmente son parte de ella,debe exigirse, antes de otorgarles el registro, que la asociación re-ligiosa registrada las reconozca formalmente como tales.

Para obtener el registro como entidad de una asociación reli-giosa, no será necesario cumplir con todos los requisitos que seexigen a las asociaciones religiosas. No tendrá que probarsetiempo de operación, ni domicilio en el territorio nacional, ni no-torio arraigo, pues se trata de una entidad que es parte de otraque ya cumplió con esos requisitos. Tampoco hará falta que laentidad presente sus estatutos, pues se entiende que esa entidadestá regida, fundamentalmente, por los estatutos de la asociaciónreligiosa a que pertenece; pero si tuvieran un estatuto particular,es decir, un estatuto especial pero que es parte del estatuto gene-ral de la asociación religiosa, podrían presentarlo al momento desolicitar su registro. La Ley sí exige (artículo 6o.) que, antes delregistro, se designen los nombres de los representantes de estasentidades, que deberá cumplir con los requisitos de ser mexica-nos y mayores de edad. Como cada persona implica un patrimo-nio diferente, también será necesario que las entidades que pre-tendan personalidad jurídica como partes de una asociaciónreligiosa presenten la relación de bienes que constituyen su patri-monio inicial, del mismo modo que lo hacen las asociacionesque pretenden registrarse.

Las entidades de una asociación religiosa podrán registrarsesimultáneamente con la asociación religiosa, como lo prevé el ar-tículo 6o.; pero nada impide que también puedan registrarse des-pués de que la asociación haya obtenido su registro. Si no hubie-ra esta posibilidad se estaría condenando a las asociacionesreligiosas a una vida inmóvil, en la que no podrían ni aumentar


ni disminuir sus personas, ni ampliarse o reformarse sus estatu-tos. En todo derecho de sociedades se contemplan siempre lasposibilidades de modificar una sociedad, dividirla, fusionarla,extinguirla. La Ley de Asociaciones Religiosas es muy parca alrespecto y sólo contempla expresamente la posibilidad de liqui-dar una asociación religiosa (artículo 16), pero de ningún modoimpide ni rechaza la posibilidad de modificar sus estatutos o suorganización.

4. Funcionamiento de las asociaciones religiosas

La vida de estas asociaciones está regida por cuatro principiosfundamentales, de los cuales los dos primeros están previstos enla Constitución:

a) Deberán actuar con apego a la Constitución y la legalidadvigente y respetar las instituciones del país (artículo 130, primerpárrafo de la Constitución, y artículo 8o.-1 de la Ley). Esto es unprincipio, no sólo para este tipo de asociaciones, sino para cual-quier persona física o moral que viva dentro de un Estado dederecho. Por supuesto que en el caso de leyes injustas, las aso-ciaciones religiosas tienen también todos los derechos reconoci-dos en el orden jurídico mexicano a cualquier persona paraimpugnarlas, modificarlas o suspender su aplicación.

b) Las autoridades civiles no intervendrán en la vida interna delas asociaciones religiosas (artículo 130-b de la Constitución), locual significa que no intervendrán en su funcionamiento, organi-zación, elección de autoridades, administración de bienes, forma-ción y designación de ministros de culto, etcétera. Este deber delEstado es como una contrapartida al deber de las asociaciones re-ligiosas de respetar la legalidad vigente: las asociaciones religio-sas respetan la legislación del Estado y el Estado respeta la norma-tividad o legalidad interna de las asociaciones religiosas.

c) Como consecuencia de ambos principios, se deriva el quelas asociaciones religiosas “se regirán internamente por sus pro-


pios estatutos” (artículo 6o., párrafo segundo, de la Ley). Con es-te principio se reconoce que la norma jurídica que rige la vida in-terna de las asociaciones religiosas es, por disposición de una leyde orden público, los propios estatutos de cada asociación, locual quiere decir que dicha Ley reconoce la validez que tienenlos mismos en el derecho mexicano, no sólo para la propia aso-ciación, sino también para las personas físicas o morales que rea-licen actos jurídicos con ellas.

Por ejemplo, si una asociación religiosa toma en arrendamien-to un inmueble y luego se niega a pagar el alquiler diciendo quela persona que hizo el contrato a nombre de la asociación no te-nía poder para hacerlo, se tendrá que investigar si conforme a losestatutos internos de la asociación tal persona tenía o no poderpara celebrar el contrato de arrendamiento, con lo cual el estatutointerno viene a repercutir como norma que tiene que respetar elpropietario del inmueble arrendado; no podría alegar éste quepor tener otra confesión religiosa no debe aplicársele el estatutode aquella asociación, sino el de la asociación a la que él perte-nece, o que por no pertenecer a asociación alguna deben aplicar-se las normas previstas para tales casos por las leyes civiles omercantiles.12

d) Principio de igualdad, esto es que todas las asociaciones re-ligiosas son iguales ante la Ley en derechos y obligaciones (ar-tículo 6o.). Este principio es consecuencia de la neutralidad queasume el Estado mexicano frente al fenómeno religioso, y que lodistingue de otro tipo de Estados que reconocen una religión ofi-cial (Estados confesionales) o una religión mayoritaria.

Como obligaciones específicas de las asociaciones religiosas,la Ley menciona, aparte de la de respetar la legalidad vigente, lade “abstenerse de perseguir fines de lucro o preponderantementeeconómicos”. Se entiende que esta obligación comprende la de


12 El recurso a legislación mexicana podría ser válido sólo a falta de normasexpresas en los estatutos de la asociación religiosa, aunque la Ley nada diceacerca de cuál puede ser la norma subsidiaria en caso de lagunas estatutarias.

perseguir sistemáticamente fines de lucro o preponderantementeeconómicos, y no necesariamente, como ya se explicó arriba, lade abstenerse de realizar cualquier acto del que pueda derivarseuna ganancia, que deberá ser aplicada a la consecución de los fi-nes propios de la asociación.13

Los derechos que la Ley (artículo 9o.) concede a estas asocia-ciones son los siguientes:

a) Identificarse mediante una denominación exclusiva. Esto esalgo muy importante, que permite preservar la identidad de cadauna de las asociaciones religiosas. En el caso de que se constitu-yera una asociación con varias personas o entidades internas, ca-da una de ellas podría llevar la denominación exclusiva, pues setrata de un derecho que pertenece por entero a toda la asociación(artículo 9o.-1).

b) Organizarse libremente en sus estructuras internas, adoptarsus estatutos, establecer su propio sistema de autoridad y funcio-namiento (artículo 9o.-II). Es nuevamente la facultad de regirseconforme a sus propios estatutos. En este aspecto, las asociacio-nes religiosas tienen una situación diferente de los demás tiposde asociaciones que reconoce el orden jurídico mexicano, y queordinariamente tienen en la Ley una reglamentación mínima parasu funcionamiento. Las asociaciones religiosas, aparte de losprincipios enunciados, no tienen en la Ley mexicana ningunanormatividad acerca de su forma de organización, autoridades,etcétera. Es una situación que se explica por la peculiaridad delfenómeno religioso que exige, más que ningún otro sector de laactividad humana, respeto por parte del Estado.

c) Designar y formar libremente a sus propios ministros (ar-tículo 9o.-II). Esto se considera como una actividad esencial-mente religiosa en la que el Estado no debe intervenir. No obs-tante, la Ley señala que las asociaciones religiosas tienen laobligación de notificar a la Secretaría de Gobernación quiénes


13 Véase arriba, en el apartado VI, número 1.

son, o dejan de ser, sus ministros de culto; y en caso de que lasasociaciones omitan esta notificación, la Ley establece la presun-ción de que son ministros de culto los directores, representanteso funcionarios de la asociación (artículo 12).

Esta presunción no es pues un nombramiento, hecho por elEstado, de las personas que son ministros de culto, sino tan sólouna atribución de tal carácter a determinadas personas, comoconsecuencia de que la asociación religiosa no ha informado a laSecretaría quiénes son los que la propia asociación ha nombradocomo tales.

d) Realizar actos de culto público y, por consecuencia, tenertemplos, es decir, lugares destinados ordinariamente a la celebra-ción de actos de culto público (artículo 9o.-III). Como ya se dijoarriba, la realización de actos de culto público, y especialmentelos celebrados fuera de los templos, está regulada por la Ley ypor los reglamentos que habrán de expedirse.

e) Propagar su doctrina (artículo 9o.-III). La Ley no pone ningu-na limitación en cuanto a los medios que las asociaciones religiosaspueden usar para difundir su doctrina. La Constitución reconoceque lo pueden hacer por medio de la enseñanza religiosa en plante-les educativos privados (artículo 30-IV), y no prohíbe que lo pue-dan hacer en planteles públicos, puesto que es sólo la educación“impartida por el Estado” la que debe ser laica, y no la impartidapor particulares o por asociaciones religiosas.

La Ley impide que las asociaciones religiosas sean propieta-rias de medios de comunicación masiva (artículo 16), y que setransmitan o difundan por esos medios actos de culto religiososin la previa autorización de la Secretaría de Gobernación (ar-tículo 21), pero no impide que se difunda su doctrina por esosmismos medios, sin necesidad de previa autorización.

f) Celebrar todo tipo de actos jurídicos para el cumplimientode su objeto (fracción V). Este es un derecho común a cualquierasociación con personalidad jurídica. Empero, la Ley añade unarestricción específica para las asociaciones religiosas, el que los


actos jurídicos que realicen no persigan fines de lucro; esta res-tricción, como ya se explicó, sólo se justifica si significa que lasasociaciones no realicen habitualmente actos jurídicos que persi-gan una ganancia, mas no que ocasionalmente realicen un actoque les pueda producir una ganancia.

g) Participar por sí o asociadas con personas físicas o moralesen la constitución, funcionamiento y administración de institu-ciones de asistencia privada, de instituciones educativas o de ins-tituciones de salud, sujetándose, como es evidente, a la legalidadrespectiva (fracción V). Este derecho permite a las asociacionesreligiosas participar en los campos sociales donde es más impor-tante su presencia: la educación y el servicio a los menesterososy enfermos.

h) Usar, en forma exclusiva, los templos que sean propiedadde la nación (fracción VI), es decir, todos los templos construi-dos antes de las reformas constitucionales de enero de 1992 yque fueron expropiados a favor de la nación.

i) Los demás derechos que les otorguen las leyes, como porejemplo, las exenciones fiscales.

5. Los miembros de las asociaciones religiosas

La ley distingue entre tres tipos de personas integrantes de lasasociaciones religiosas: los asociados, los representantes y losministros de culto.

a) Los asociados. La Ley define quiénes son los asociados,pero esta definición sólo se toma en cuenta, dice el artículo 11,“para los efectos del registro” de la asociación. Según ella, sonasociados únicamente “los mayores de edad, que ostenten dichocarácter conforme a los estatutos” de la asociación.

No queda claro qué pretende la Ley al determinar que para losefectos del registro sean asociados los mayores de edad, porque lamisma Ley no exige, para el registro de una asociación religiosa,que tenga un determinado número de “asociados”. Exige que ten-


ga “arraigo” y esto puede significar, como se dijo arriba, quecuente con un importante número de fieles.

De modo que lo que quizá pretendió decir fue que para deter-minar si una agrupación religiosa o Iglesia que pretende su regis-tro tiene o no arraigo, se tomarán en cuenta únicamente a sus se-guidores mayores de edad.

b) Los representantes de las asociaciones religiosas son aque-llas personas que cumplen los requisitos de ser mexicanos, ma-yores de edad y que están acreditados como tales ante las autori-dades correspondientes (artículo 11). La Ley dice que en losestatutos que presentan las agrupaciones e Iglesias al momentode solicitar su registro se deben determinar quiénes son sus re-presentantes (artículo 6o.), o sea que se entiende que están acre-ditados como representantes, en primer lugar, aquellas personasdeterminadas en los estatutos.

Pero esto no impide que con posterioridad al registro de laasociación las asociaciones puedan acreditar otros representan-tes, por ejemplo, para suplir a los que hubieran dimitido o falle-cido. Para la Ley, como se dijo arriba, son “representantes”, nonecesariamente los directores o funcionarios de las asociacio-nes religiosas, ni siquiera cualquier representante de las mis-mas, sino exclusivamente sus representantes acreditados antelas autoridades mexicanas.

c) Los ministros de culto son (artículo 12) aquellas personas,mayores de edad, no necesariamente mexicanos, a quienes las“asociaciones religiosas a que pertenezcan confieran ese carác-ter”. Es decir, son ministros de culto quienes las asociaciones re-ligiosas consideren como tales. Pero estas asociaciones tienenobligación de notificar a la Secretaría de Gobernación quiénesson sus ministros de culto, y en caso de no hacerlo, se tendráncomo ministros de culto, con todas sus limitaciones legales, a laspersonas que tengan como “principal ocupación” la dirección,representación u organización de la asociación religiosa.

Esta posición de la Ley parte de la premisa de que toda aso-ciación religiosa practica actos de culto y requiere, por tanto, de


ministros de culto. Con esto, se está señalando implícitamente unrequisito que deben cumplir las asociaciones religiosas, el depracticar actos de culto. Claro que puede haber asociaciones quese conciban a sí mismas como religiosas porque procuran, comodice el artículo 7o., la enseñanza de una doctrina religiosa. Peroa este tipo de asociaciones no les conviene organizarse comoasociaciones religiosas, puesto que la Ley presumirá que tienenministros de culto y les impondrá algunas restricciones de dere-chos importantes; más se ajusta a sus fines el organizarse comoasociaciones civiles con fines religiosos.

Que la Secretaría de Gobernación tenga conocimiento dequiénes son los ministros de culto es una exigencia razonablefundada en el cuidado del orden público, pues se tiene que ase-gurar a la población que quienes actúan con ese carácter, y quepor lo mismo pueden tener gran influjo en la población, sonpersonas que efectivamente son ministros de culto, y no impos-tores. La necesidad de conocimiento público de quienes son mi-nistros de culto está también prevista en la Iglesia católica porel Código de Derecho Canónico (canon 284), que prescribe quelos clérigos vistan “un traje eclesiástico” a fin de que puedandistinguirse de los fieles comunes.

Así como las asociaciones informan a la Secretaría de Gober-nación quiénes son sus ministros de culto, también ellas mismasson las que deben informarle quiénes dejan de serlo, por cual-quier causa (artículo 14, párrafo final). Pero aquí la misma Leydice que también podrán informar de esta circunstancia las pro-pias personas que libremente han renunciado al ministerio, paralo cual bastará con que presenten a la Secretaría de Gobernaciónsu escrito de renuncia en el que conste que fue recibido por unrepresentante de la asociación religiosa respectiva.

Si se entiende esta disposición literalmente, se puede prestar aabusos, ya que puede ser que un ministro de culto haga un escri-to de renuncia, lo presente ante la persona que corresponda en suasociación religiosa y obtenga que le sellen de recibido una co-pia de su escrito. Con esto, según una interpretación literal, esa


persona ha dejado de ser ministro de culto para los efectos de laLey y ha quedado libre de las limitaciones que impone la misma,y que más adelante se detallarán, pero puede ser que, desde elpunto de vista de los estatutos de la asociación religiosa, sigasiendo ministro de culto, mientras no se acepte su renuncia y sesigan determinados trámites. Resulta así una situación ambiva-lente: la de una persona que, según la Ley, no es ministro de cul-to, pero según los estatutos de su asociación sí lo es; no tiene laslimitaciones legales que la Ley le impone, pero sí los derechosque le dan los estatutos de su asociación religiosa.

Como el objetivo de que la Secretaría de Gobernación conoz-ca quiénes son los ministros de culto es asegurar a la poblaciónacerca de quiénes son o han dejado de ser ministros de culto, seentiende que la disposición comentada de la Ley significa quelas personas que se separan del ministerio de algún culto podráninformar de esto a la Secretaría de Gobernación, presentando undocumento en el que conste que efectivamente han dejado de serministros de culto.

En consideración al estado peculiar de los ministros de culto ya su influjo en la vida social, la Constitución les ha establecidociertas limitaciones en sus derechos políticos y patrimoniales,que luego desarrolla la Ley.

Las Limitaciones de los derechos políticos consisten en:a) los ministros de culto no pueden ser candidatos a puestos

de elección popular, es decir, carecen del derecho de voto pasivo(artículo 130-d constitucional); los ministros de culto que dejende serlo, podrán ser votados para puestos de elección popularuna vez que hayan transcurrido cinco años después del día de suseparación (artículo 14 de la Ley).

b) No pueden desempeñar “cargos públicos superiores”, sinohasta que hayan transcurrido tres años del día de su separación(artículo 130-d constitucional y 14 de la Ley); queda a la inter-pretación de los autoridades definir qué son cargos “superiores”;evidentemente lo son los que corresponden el primero y segundonivel jerárquico del gobierno federal o de los gobiernos estatales;


pero los “cargos superiores” en gobiernos municipales quizá ten-gan que definirse caso por caso, según la importancia socioeco-nómica del municipio de que se trate, y lo mismo cabe decir res-pecto de cargos en organismos paraestatales.

c) No pueden asociarse con fines políticos ni realizar propa-ganda a favor o en contra de candidato alguno a puesto de elec-ción popular, ni a favor o en contra de partidos políticos. Se tratade una restricción importante al derecho que concede la Consti-tución a todos los mexicanos (artículo 35) de “asociarse para tra-tar los asuntos políticos del país”. Una consecuencia directa deesta restricción es que los ministros de culto no pueden sermiembros de partidos políticos, ni de asociaciones con finespolíticos.

Todas estas restricciones de los derechos políticos se justi-fican por razón del mismo ministerio de culto. En efecto, losministros de culto tienen la función de promover el culto divi-no y armonizar las conciencias de los fieles en torno a losprincipios y prácticas religiosas. Este servicio puede quedarseriamente comprometido cuando el ministro de culto adoptapúblicamente una posición política determinada, con lo cualpuede hacer pensar a los creyentes que la opción política queél ha tomado es la opción que deben tomar todos los seguido-res de la religión que sirve ese ministro.

De este modo, se confunden lamentablemente los ámbitos dela religión y la política, y el ministro de culto deja de ser un pro-motor de valores religiosos y se convierte en un partidario políti-co. La Iglesia católica ha reconocido la necesidad de separar losámbitos político y religioso, por lo cual prescribe en el Códigode Derecho Canónico, como normas generales, que los clérigosno desempeñen “cargos públicos, que llevan consigo una partici-pación en el ejercicio de la potestad civil” (canon 285-3), y queno participen “activamente en los partidos políticos ni en la di-rección de asociaciones sindicales” (canon 287-2).

La limitación patrimonial consiste en una restricción al dere-cho de heredar por testamento, esto es, al derecho de ser herede-


ros. Los ministros de culto no pueden heredar de las personas aquienes “hayan dirigido o auxiliado espiritualmente”, exceptocuando se trata de personas que sean sus parientes hasta en cuar-to grado. Esta restricción la marcan la Constitución (artículo130), la Ley Reglamentaria (artículo 15) y el artículo 1325 delCódigo Civil del Distrito Federal.

La expresión haber “dirigido o auxiliado espiritualmente” esmuy amplia y comprende prácticamente cualquier acto que reali-za un ministro de culto en favor de otra persona. En efecto, si unministro de culto enseña a rezar a otra persona, le instruye en ladoctrina, le da un consejo, le administra cualquier sacramento ola consuela en momentos difíciles, se puede decir que la ha “au-xiliado espiritualmente” y que, por consiguiente, no puede serheredero de ella. Lo que significa esta restricción, en otras pala-bras, es que los ministros de culto sólo pueden heredar de sus pa-rientes, hasta el cuarto grado, ya que no podrán heredar de laspersonas a quienes hayan auxiliado espiritualmente, ni es pensa-ble que los nombren herederos personas a las que nunca atendie-ron espiritualmente ni son sus parientes.

Esta restricción también afecta a las asociaciones religiosas alas que pertenezcan los ministros de culto, a sus ascendientes,descendientes, hermanos o cónyuges, quienes tampoco puedenheredar de las personas a quienes haya auxiliado el ministro deculto.

El motivo de esta restricción es simplemente una sospecha; lasospecha de que el ministro de culto pueda haber ejercido su in-fluencia para mover al testador a que lo nombrara heredero. Esuna suspicacia excesiva, pues el testador tiene amplia libertadpara modificar su testamento cuando quiera, sin necesidad de co-municárselo a nadie.

Quizá el legislador pensaba originalmente sólo en el caso deque el ministro de culto asistía espiritualmente al testador en susúltimos momentos, y en ese entonces lo movía a nombrarle here-dero, de modo semejante a lo que prevé el Código Civil del Dis-


trito Federal (artículo 1323), que incapacita al médico para here-dar del paciente al que asistió en su última enfermedad.

Si bien la restricción es amplia, en cuanto al número de perso-nas de las que no pueden ser herederos los ministros de culto, esprecisa en cuanto al acto que impide: el de ser heredero. LaConstitución dice literalmente que los ministros son “incapacespara heredar por testamento”, y las mismas palabras usan la Leyy el Código Civil.

En consecuencia, como ni la Constitución ni la Ley lo seña-lan, esta incapacidad no inhabilita a los ministros de culto paraser legatarios en un testamento, que es cosa muy distinta de serherederos por testamento, ni tampoco para ser herederos por su-cesión legal.

Finalmente, los ministros de culto no pueden tener o adminis-trar concesiones para la explotación de estaciones de radio o te-levisión ni tener o administrar medios de comunicación masiva(artículo 16).

6. Régimen patrimonial de las asociaciones religiosas

Se consideran varios aspectos: a) el patrimonio, b) la adqui-sición de bienes inmuebles, c) la posesión y uso de los templos,d) las limitaciones de poseer o administrar medios de comuni-cación masiva y e) la situación fiscal.

a) El patrimonio de las asociaciones religiosas. Como conse-cuencia inseparable de su personalidad jurídica, las asociacionesreligiosas tienen un patrimonio propio, constituido, dice la Ley,“por todos los bienes que bajo cualquier título adquieran, poseano administren” (artículo 16). Pero se trata de un patrimonio queno puede crecer indefinidamente, sino que está limitado a sersólo el “indispensable” para que las asociaciones religiosas pue-dan cumplir sus propios fines. Esta restricción proviene del ar-tículo 27- II constitucional que dice que las asociaciones religio-sas sólo tienen “capacidad” para adquirir poseer o administrar


“exclusivamente los bienes que sean indispensables para su obje-to”. Hay una incongruencia de la Ley, con respecto a la Consti-tución.

La ley fundamental, con mejor técnica jurídica, dice que la“capacidad” de las asociaciones religiosas para adquirir bienesestá limitada a sólo los indispensables para su objeto. En cambio,la Ley dice que el “patrimonio” es el que está limitado a esosbienes, como si el patrimonio lo constituyeran sólo los bienes yno también las obligaciones. En cualquier caso, esta restricciónhace ver la conveniencia de que en los estatutos se defina clara-mente cuáles son los fines de la asociación, de modo que se ten-ga así un criterio claro para saber si los bienes adquiridos poruna asociación religiosa son en monto adecuado o excesivo enrelación a esos fines.

Evidentemente que la razón de esta disposición es evitar quelas asociaciones religiosas posean bienes en una cantidad talque las desvíe de sus finalidades religiosas y las convierta ensociedades mercantiles encubiertas. Pero no se trata de negarlesla posibilidad de tener cuantos bienes sean necesarios para rea-lizar sus finalidades religiosas, ya que la consecución de éstassirve a la sociedad y al pueblo.

Estos criterios deben tenerse en cuenta cuando se trata de juz-gar si el patrimonio de una asociación religiosa es o no el “indis-pensable” para cumplir sus finalidades. Una interpretación estre-cha de este término haría que las asociaciones religiosas tenganque vivir en una situación patrimonial límite, que únicamente lespermite tener lo estrictamente “indispensable”, es decir, sólo lonecesario para sobrevivir.

Esta interpretación contradiría todo el espíritu de la Ley, quecontempla las asociaciones religiosas como personas de derechopúblico, es decir, como entidades que sirven al pueblo, y que portanto deben contar con los medios necesarios y suficientes pararealizar su función en beneficio del pueblo. Este espíritu estápresente en el artículo 7o.-III que exige, para el registro de una


asociación, que aporte bienes “suficientes” —no los “indispensa-bles”— para cumplir sus objetivos.

El concepto de patrimonio que ofrece la Ley es claramenteparcial, pues sólo contempla los bienes y derechos (el activo),mas no las obligaciones (el patrimonio pasivo). Cuando se quierajuzgar si el patrimonio de una asociación religiosa es el “indis-pensable” habrá que tomar en cuenta, además de los bienes queadquiera, posea o administre, las obligaciones y deudas que ten-ga, pues de otro modo podría juzgarse que no es “indispensable”un patrimonio que podría parecer cuantioso pero que apenas bas-ta para garantizar el cumplimiento de las deudas y obligacionespendientes de pago.

En particular debe tomarse en cuenta este criterio respectode los bienes que las asociaciones “administren”, como pue-den ser los templos propiedad de la nación. El valor de esosbienes no es parte del patrimonio de la asociación religiosa, si-no que es parte del patrimonio de la nación; lo que está en elpatrimonio de la asociación religiosa es el derecho de usar esosbienes, de lo cual se debe descontar el valor negativo que repre-senta la obligación de conservarlos.

Como consecuencia de esta limitación patrimonial de las aso-ciaciones religiosas, la Ley establece (artículo 29-III) que consti-tuye una infracción a la Ley, que merece sanción, el que las aso-ciaciones religiosas adquieran posean o administren bienes queno sean los “indispensables” para sus fines. Nótese que lo san-cionado no es tener un patrimonio que exceda el límite fijado porla Ley, sino el acto concreto de adquirir o poseer y administrar,por virtud del cual la asociación se constituye con un patrimonioque excede el límite legal. Por tanto, para juzgar si hay o no in-fracción, no basta considerar el acto aisladamente, sino que espreciso valorarlo en relación con el conjunto patrimonial.

Pero además añade este artículo que la infracción también seconstituye cuando las asociaciones adquieren, poseen o admi-nistran bienes por “interpósita persona”. Esta noción de la ad-quisición de bienes por “interpósita persona” se entendía en la


situación jurídica previa a las reformas constitucionales, cuan-do las agrupaciones religiosas e Iglesias no tenían personalidadjurídica, ni por consecuencia patrimonio, de modo que todoslos bienes que usaban debían tenerlos o poseerlos, no a nombrepropio, sino a nombre de un tercero que era la “interpósita per-sona”, es decir, la personalidad jurídica interpuesta para justifi-car la propiedad o posesión de esos bienes. Pero ahora que lasasociaciones religiosas ya tienen personalidad jurídica, ya nohace falta ese concepto de “interpósita persona”, pues cada unade ellas es una persona que actúa a nombre propio.

Si lo que quiere prevenir la ley es que las asociaciones religio-sas lleguen a tener de hecho el control o posesión de bienes queexceden las necesidades de su objeto social, gracias a que esosbienes están a nombre de otras personas físicas o morales, lascuales son jurídicamente dependientes de las primeras, debió ha-ber hecho una expresión muchas más clara de lo que entiendepor “interpósita persona”.

Si esto no se aclara, el precepto podría servir para cometer ar-bitrariedades, por ejemplo, la de considerar que una asociacióncivil que persigue fines religiosos en consonancia con los de unaasociación religiosa es una “interpósita persona” y que todo loque adquiera o posea la asociación civil se entienda como adqui-rido o poseído por la asociación religiosa; o que incluso los bie-nes que adquiera o posea una persona física, conocida pública-mente por su adhesión a una determinada fe o su pertenencia auna asociación religiosa, se entiendan adquiridos o poseídos porla asociación religiosa.

Para el fin que pretende la Ley, por “interpósita persona” debeentenderse únicamente la persona que esté jurídicamente subor-dinada, respecto de la disposición de sus bienes, a una asociaciónreligiosa, como podría serlo una sociedad por acciones en que lamayoría de los acciones fueran de una asociación religiosa. Eneste caso, y otros semejantes, sí se puede considerar que los bie-nes de dicha sociedad son bienes que de algún modo integran el


patrimonio de la asociación religiosa, porque finalmente ésta esla que tiene el poder de disposición sobre ellos.

Si se pensara que también deben considerarse corno “interpó-sitas personas” a personas que no tienen un vínculo jurídico dedependencia con una asociación religiosa, pero que tienen unvínculo de dependencia por razones económicas o políticas o so-ciales, sería necesario legislar al respecto y establecer qué tipo derelaciones son las que hacen presumir que una persona física omoral actúa subordinada a una asociación religiosa. De esta ma-nera, las autoridades encargadas de aplicar la Ley tendrían crite-rios objetivos para determinar si hay o no vínculos de dependen-cia. Mientras estos criterios no se definan, debe limitarse elconcepto de interpósita persona a sólo las personas jurídicamentesubordinadas.

Por otra parte, las adquisiciones de bienes por encima del lí-mite legal, de acuerdo con el artículo 5o. de la Ley, deben consi-derarse como actos jurídicos “nulos de pleno derecho”. Esto sig-nifica, de acuerdo con el artículo 2226 del Código Civil Federal—que sería la ley aplicable en este punto— que cualquier perso-na interesada podría pedir al juez que destruyera retroactivamen-te los efectos jurídicos de tal acto, haciendo así que las partesque intervinieron en él vuelvan a tener la situación jurídica quetenían antes de realizado; por ejemplo, que vuelva el vendedor atener la propiedad de la cosa que vendió y que vuelva elcomprador a tener el precio que pagó.

b) Las adquisiciones de bienes inmuebles. Como una disposi-ción complementaria de la limitación patrimonial establecida, laLey señala que las asociaciones religiosas deberán contar con au-torización de la Secretaría de Gobernación para adquirir bienesinmuebles (artículo 17). La autorización la dará o negará la se-cretaría considerando si la adquisición del bien inmuebles es ono “indispensable” para los fines de la asociación.

La Ley precisa a qué tipo de adquisiciones se refiere. En pri-mer lugar se aclara que se trata de actos por los que se adquiera“la propiedad” de un bien inmueble (artículo 18); quedan exclui-


dos por tanto todos los actos que se refieran a bienes muebles, ytambién todos los actos que permitan adquirir la posesión, la ad-ministración o el uso de un inmueble, o los que constituyan underecho real distinto de la propiedad.

Aclara (artículo 17 -1 y II) que se refiere tanto a las adquisi-ciones de la propiedad de inmuebles que se den por actos intervivos, como las que se den mortis causa, por herencia o legado,y que especialmente, aunque no exclusivamente, se refiere a lasadquisiciones de inmuebles que provengan de instituciones deasistencia privada, de salud o de educación, en las que participenlas asociaciones religiosas que pretenden adquirirlos (artículo17-IV).

Se incluye también el que una asociación religiosa adquieraderechos como fideicomisaria respecto de un bien inmueble, ex-cepto si la propia asociación es el fideicomitente (artículo17-IlI), ya que en ese caso no se trata en realidad de un acto deadquisición sino de uno de administración.

Para obtener la autorización, debe presentarse una solicitud ala Secretaría de Gobernación, la cual deberá dar respuesta en 45días. Si no da respuesta, la solicitud se entiende aprobada, peroserá necesario que la misma Secretaría expida una certificaciónde que ha transcurrido el término sin producirse una respuestaespecífica (artículo 17).

La Ley no explica los criterios que seguirá la mencionada Se-cretaría para juzgar si autoriza o no la adquisición de un inmue-ble, pero en todo caso lo que debe juzgar es si el bien que se pre-tende adquirir es “indispensable”14 o no para los fines de laasociación religiosa. Contra la negativa de autorización, procedeel recurso de revisión ante la misma Secretaría y, si se confirmala negativa en el recurso de revisión, el juicio de amparo.

Los bienes inmuebles que adquieran las asociaciones religio-sas deberán inscribirse en un registro que para tal efecto llevará


14 Véase lo dicho arriba en el inciso a sobre la interpretación de la palabra“indispensable”.

la Secretaría de Gobernación (artículo 17, párrafo final), y ade-más en los otros registros que señalen otras leyes, como el regis-tro público de la propiedad o el registro de monumentoshistóricos.

c) La posesión y uso de templos propiedad de la nación. Lasasociaciones religiosas, no así las Iglesias y agrupaciones religio-sas no registradas, podrán usar y administrar los templos quesean propiedad de la nación, es decir, todos los templos que seconstruyeron antes de las reformas constitucionales de 1992 yque fueron expropiados en favor de la nación. Esos templos pue-den ser además monumentos arqueológicos, artísticos ohistóricos.

Los derechos de las asociaciones religiosas a la posesión yuso de los templos propiedad de la nación que no son monumen-tos arqueológicos, artísticos o históricos se regirá por lo que dis-pone la Ley General de Bienes Nacionales.

La posesión y uso de templos que sean también monumentosarqueológicos, artísticos o históricos se regirá por la ley citada ypor la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas,Artísticas e Históricas. Pero además, la Ley de AsociacionesReligiosas establece algunas disposiciones especiales. Las aso-ciaciones deben nombrar, y registrar ante la Secretaría de Desa-rrollo Social y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, alos representantes que serán responsables de los templos; éstostienen la obligación, de la cual finalmente responde la asociaciónreligiosa, de “preservar su integridad” y cuidar “su salvaguarda yrestauración”, de conformidad con lo que dispongan las leyes es-peciales de la materia (artículo 20).

Esta obligación se refuerza, porque la Ley considera comoinfracción que merece una pena administrativa (artículo 29-XI),tanto el “realizar actos” que atenten contra la integridad, salva-guarda y preservación de esos templos, como el “omitir las ac-ciones que sean necesarias” para preservarlos. El sancionar lamera omisión es una disposición exigente, que se justifica por


la razón de preservar bienes que son parte del patrimonio cultu-ral de la nación.

d) Limitaciones de poseer o administrar medios de comunica-ción masiva. Aparte de la limitación general de poseer los bienesnecesarios a su objeto, la Ley establece una limitación especialparta las asociaciones religiosas: “no podrán poseer o adminis-trar, por sí o por interpósita persona, concesiones para la explota-ción de estaciones de radio, televisión o cualquier tipo de teleco-municación, ni adquirir, poseer o administrar cualquiera de losmedios de comunicación masiva” (artículo 16). Se exceptúan laspublicaciones impresas de carácter religioso.

No se ve cuál es la razón de ser de esta prohibición. La Cons-titución garantiza a toda persona la libre manifestación de susideas (artículo 6o.) y la libre publicación de escritos (artículo7o.), con las restricciones, claro está, por razón de orden públicoo derechos de terceros.

Una consecuencia de estas libertades es la de tener en propie-dad o poseer los medios de comunicación masiva. ¿Qué razónpuede haber para negar este derecho a una asociación religiosaregistrada y dárselo, en cambio, a una sociedad mercantil o a unaasociación civil con fines culturales? Sánchez Medal opina quese trata de una limitación anticonstitucional, pues excede la limi-tación general al patrimonio de las asociaciones religiosas pre-vista en la fracción segunda del artículo 27 constitucional, y es,por consecuencia, impugnable por vía de amparo.15

En todo caso, esta prohibición no llega a las asociaciones civi-les con fines religiosos.

e) Situación fiscal. La Ley sólo menciona que las personas fí-sicas (como los ministros de culto o los representantes de asocia-ciones religiosas), las personas morales (asociaciones religiosas)y los bienes (templos) a que ella se refiere tendrán el régimenfiscal que determinen las leyes fiscales. Es decir, sólo hace una


15 Sánchez Medal, R., La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público,México, Imdosoc, 1992, p. 32.

referencia a las leyes especializadas, que serán las que tendránque determinar este aspecto.

Respecto del impuesto sobre la renta, la Ley respectiva16 pres-cribe que no causan este impuesto las asociaciones o sociedades“civiles” que persigan fines religiosos (artículo 95-XVI). Aun-que las asociaciones religiosas no son propiamente sociedadesciviles, puesto que las regula una ley de orden público, sin em-bargo, se entiende, por mayoría de razón, que no causan ese im-puesto ya que su finalidad no es repartir utilidades entre sus aso-ciados.

Respecto del Impuesto sobre adquisición de inmuebles, se dis-puso en el Distrito Federal que las asociaciones religiosas no pa-garían este impuesto por los inmuebles que adquirieran en losseis meses siguientes a la fecha de haber obtenido su registro an-te la Secretaría de Gobernación.17 Esto debe tomarse en cuentacuando se quiera formular la solicitud de registro, que deberá es-tar acompañada con una lista de los bienes inmuebles que seránparte del patrimonio inicial de la asociación, y respecto de loscuales, la Secretaría de Gobernación deberá emitir una autoriza-ción general para que la asociación religiosa pueda adquirirlos.Ambas disposiciones dan como resultado que las asociacionesreligiosas no tendrán que pagar este impuesto por todos los in-muebles que manifiesten como parte de su patrimonio inicial alhacer su solicitud de registro.

La misma exención se da respecto de los bienes que constitu-yan el patrimonio inicial de las entidades registradas como partesde una asociación religiosa. Pero se trata de un beneficio transi-torio, que se da únicamente en ese momento. Para las ulterioresadquisiciones de inmuebles, las asociaciones religiosas y susentidades internas sí deberán pagarlo.


16 Vigente en 2007.17 Artículo 3o. transitorio del decreto del 14 de julio de 1992, que adicionó

la fracción III del artículo 26 de la Ley de Hacienda del Departamento del Dis-trito Federal (publicado en el Diario Oficial el 20 de julio de 1992).

f) Liquidación del patrimonio de las asociaciones religiosas.La Ley prevé que las asociaciones religiosas puedan disolversey, por consecuencia, liquidar su patrimonio (artículo 16, párrafotercero). Contempla dos casos: uno, la disolución y liquidaciónpor decisión de la propia asociación, si bien la Ley nada disponerespecto del procedimiento que debe seguirse para su disoluciónvoluntaria y la consecuente cancelación de su registro, lo cualtendrá que precisarlo posteriormente algún reglamento.18 El otroes la disolución y liquidación por orden de la autoridad compe-tente que sanciona así una infracción grave cometida por la aso-ciación (artículo 32-V).

Cuando se hace una liquidación voluntaria, la Ley precisa quelos bienes de la asociación religiosa en liquidación únicamentepodrán transmitirse “por cualquier título” a otras asociaciones re-ligiosas. La expresión “por cualquier título” parece autorizar queuna asociación religiosa en liquidación venda sus bienes a otraasociación religiosa, pero entonces surge la cuestión de qué des-tino tendrá el dinero cobrado como precio.

Como las asociaciones religiosas no tienen fines de lucro, nose puede admitir que los bienes de la asociación en liquidaciónse repartan o distribuyan entre sus directores, representantes, mi-nistros de culto o asociados. Por eso, debe entenderse que el di-nero resultante de la liquidación debe aplicarse al pago de lasdeudas que tenga la asociación religiosa y, si hubiera algún re-manente, debe destinarse a otra asociación religiosa como dona-tivo o a la asistencia privada o pública. Cuando la liquidación sehace por orden de la autoridad, los bienes de la asociación en li-quidación pasarán a la asistencia pública.


18 El Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público notiene disposiciones al respecto.

7. Las Iglesias y agrupaciones religiosas no registradas

Tanto el artículo 130 constitucional (primer párrafo) como laLey Reglamentaria reconocen la existencia de “Iglesias y agru-paciones religiosas” que, por no registrarse, no constituyen unaasociación religiosa con personalidad jurídica de derecho públi-co. La Ley no considera que esos grupos tengan obligación deregistrarse ni, en consecuencia, prevé sanción alguna para el casode que actúen sin registro. Pero previene que serán jurídicamenteresponsables las personas físicas o morales (es decir, asociacio-nes o sociedades) por medio de las cuales actúen. Se trata de unasituación semejante a la que tenían las Iglesias antes de las refor-mas constitucionales: existían en la sociedad y actuaban jurídica-mente a través de “interpósitas personas”.

La situación jurídica de esos grupos les es poco favorable. Laspersonas por medio de las cuales actúan, no importa si es una ovarias, deben cumplir todas las obligaciones establecidas en laLey (artículo 10), y si no las cumplen se harán merecedoras delas sanciones correspondientes; pero sólo tienen algunos de losderechos que la Ley concede a las asociaciones religiosas, queson los de identificarse con una denominación exclusiva, organi-zarse libremente conforme a estatutos propios y realizar actos deculto público y de difusión de su doctrina.19 Además la Ley pre-sume (artículo 10) que los representantes, directores u organiza-dores de estos grupos son ministros de culto, que tienen, porconsecuencia, todas las limitaciones políticas y patrimoniales delos verdaderos ministros de culto.

Las agrupaciones religiosas e Iglesias no registradas debendistinguirse de las asociaciones civiles con fines religiosos. Nobasta con acudir a una distinción formal y decir que las asocia-ciones civiles con fines religiosos son asociaciones constituidas


19 La Ley reconoce implícitamente estos derechos, pues como que niegaque tengan los previstos en las fracciones IV a VII del artículo 9o., se entiendeque sí tienen los derechos previstos en las fracciones I a III del mismo artículo.

conforme a las leyes mexicanas, que tienen una personalidad ju-rídica y un régimen legal expreso, mientras que las agrupacionese Iglesias no constituyen una persona jurídica.

Es una distinción que debe tomarse en cuenta, pero no basta,porque la Ley prevé que dichas agrupaciones o Iglesias puedenactuar, de hecho, por medio de personas morales, es decir, deasociaciones civiles. Hace falta, por tanto, un criterio para dis-cernir con claridad cuando una asociación civil con fines religio-sos es realmente una asociación de ese tipo y cuando no es másque una “interpósita persona” de una agrupación religiosa oIglesia no registrada.

Me parece que el criterio decisivo es el de considerar si se tra-ta de una asociación privada, que intenta beneficiar exclusiva-mente a sus miembros, y entonces es una asociación civil; o setrata de una asociación con fines públicos, que pretende propagaruna doctrina religiosa entre el pueblo, utilizando medios de co-municación masiva, o practicar actos de culto público, es decir,en templos abiertos al público o en lugares públicos, en cuyo ca-so se trata de una agrupación religiosa o Iglesia no registrada,aun cuando se presente aparentemente como una asociación civilcon fines religiosos.

8. Infracciones y sanciones

La Ley contiene un capítulo (capítulo primero del título quin-to) que define las conductas que constituyen infracciones a lamisma, las sanciones que corresponden y el modo dedeterminarlas.

La determinación de las infracciones no es muy precisa, puesfalta la indicación de la persona en concreto que puede cometercada una de ellas. El artículo 29 dice que constituyen infraccio-nes una serie de conductas que cometan los “sujetos” a que laLey se refiere.


En realidad, la Ley se refiere a varios sujetos: los represen-tantes de las asociaciones religiosas, los ministros de culto, losasociados de las mismas, los notarios que intervengan en actosde las asociaciones religiosas, los funcionarios públicos queejerzan las facultades definidas en la Ley, los encargados de laadministración y cuidado de los templos; también pueden con-siderarse como “sujetos”, en sentido amplio, las asociacionesreligiosas registradas. Por eso, se hace necesario interpretar,respecto de cada conducta tipificada como “infracción” quiénes el sujeto que la comete.

A. Infracciones

Las infracciones previstas son las siguientes:a) “Asociarse con fines políticos” o “realizar proselitismo en

favor de partido político o algún candidato” (se entiende a puestode elección popular). Esta infracción, que está prevista tambiénen la Constitución (artículo 130-c) se refiere exclusivamente, co-mo lo dice la propia Constitución, a los ministros de culto, y no alos otros sujetos a que se refiere la Ley, como los asociados o losrepresentantes de asociaciones religiosas que no sean ministrosde culto.

b) “Agraviar los símbolos patrios”. La Constitución (en el lu-gar citado) prohíbe esto exclusivamente a los ministros de culto.Pero evidentemente esta conducta es una infracción que puedencometer cualquier otra persona; pero cuando la comete alguienque no es ministro de culto, se trata entonces de una infracción,no a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, sino a laLey sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, o deuna conducta que constituye un delito tipificado por el CódigoPenal del Distrito Federal, aplicable en todo la República en ma-teria federal.20


20 Se trata de delito de ultraje a la bandera o al escudo nacional, previsto enlos artículos 191 y 192.

c) Adquirir las asociaciones religiosas bienes por mayor cuan-tía de los “indispensables para su objeto”21 Evidentemente quecuando se trata de bienes inmuebles que hayan sido adquiridoscon autorización de la Secretaría de Gobernación, no puede con-figurarse esta infracción. Añade la fracción tercera del citado ar-tículo que también es una infracción el adquirir “concesiones dela naturaleza que fuesen”.

Evidentemente se refiere —aunque la lectura literal diga otracosa— exclusivamente a las concesiones para explotar emisorasde radio, televisión o cualquier tipo de comunicaciones, que sonlas únicas concesiones que tienen prohibido adquirir estas aso-ciaciones (artículo 16). No sería infracción, por ejemplo, que ad-quiriesen una concesión para el uso de agua. Si adquiriesen, pón-gase por caso, una concesión para prestar servicios de banca, nocometerían infracción por adquirir una concesión, sino pordesviarse de sus finalidades religiosas.

d) “Promover la realización de conductas contrarias a la saludo integridad física de los individuos”. Como esta Ley no definelo que es salud, ni integridad física, se tendrá que atender a loque al respecto prescriben la Ley General de Salud y los códigospenales. Cuando esta conducta la realicen los ministros de cultoso las asociaciones religiosas, será una infracción a esta Ley; perosi la realizan otros sujetos, serán infracciones a las leyes de lamateria.

e) “Ejercer violencia física o presión moral, mediante agresio-nes o amenazas, para el logro de sus objetivos”. El ejercer vio-lencia física o moral no es una infracción a esta Ley sino queconstituye un delito, que puede cometer cualquier persona, pre-visto por las leyes penales, que son las que definen lo que debeentenderse por “violencia física” o “amenazas”.


21 Véase lo dicho en el apartado VI, número 6, acerca de lo que debe en-tenderse por “indispensables”.

f) “Ostentarse como asociación religiosa cuando se carece delregistro”, lo cual es algo que sólo puede ser hecho por una aso-ciación religiosa.

g) Destinar los bienes adquiridos “a un fin distinto del previs-to en la declaratoria de procedencia correspondiente”. El sentidode esta infracción debe aclararse. Se refiere, aunque no lo precisaexpresamente, únicamente a bienes inmuebles, pues sólo respec-to de ellos se emite, previa a su adquisición, una declaratoria deprocedencia. Para emitir la declaratoria de procedencia, no exigela Ley que se precise un fin específico al que se va a destinar di-cho inmueble, sino únicamente que la Secretaría de Gobernaciónjuzgue si la adquisición de ese bien es “indispensable” para losfines —en general— de la asociación. Por lo tanto, esta infrac-ción sólo consiste en dar a los bienes inmuebles un fin que nosirva de modo directo o indirecto a los fines religiosos propiosde la asociación.

h) Desviar los fines de las asociaciones religiosas, de modoque éstas pierdan o menoscaben gravemente su naturaleza reli-giosa. Esta es una infracción que sólo podrá ser cometida por losdirigentes de dichas asociaciones, es decir, por los que tienen laresponsabilidad de dirección de las asociaciones, pero no por susmeros representantes no dirigentes, ni por los ministros de cultocuando actúan a título personal.

i) Convertir un “acto religioso” en reunión de carácter políti-co. Esto va en consonancia con la Constitución que prohíbe (ar-tículo 130) que haya reuniones de carácter político en los tem-plos. La expresión “acto religioso” que emplea aquí la Ley debeentenderse como acto de “culto público”, celebrado en los tem-plos o en lugares públicos, ya que sobre los actos de culto priva-do, ni la Ley ni el Estado tienen facultades. El acto de culto pú-blico puede transformarse en acto político por impulso delministro de culto, o por impulso de los asistentes a tal acto;ambos, pues, pueden ser los sujetos que cometan esta infracción.

j) “Oponerse a las leyes del país o a sus instituciones en reu-niones públicas”. La Constitución (artículo l30-e) establece que


esta prohibición compete sólo a los ministros de culto, por lo queno afecta a los miembros comunes de las asociaciones religiosas.

Por “oponerse” a las leyes o a las instituciones debe entender-se no la mera crítica, aun negativa de esas leyes, pues en un Esta-do democrático, como el mexicano, todos los ciudadanos tienenderecho a opinar sobre las leyes e incluso derecho de impugnar-las por los medios establecidos, como el juicio de amparo, o pro-mover su reforma o derogación, por medio de los representantespopulares. Ni la Constitución —pues se contradiría— ni la Leypuede establecer una prohibición antidemocrática.

Por “oponerse” debe entonces entenderse la desobedienciasistemática a las leyes o la impugnación sistemática de las ins-tituciones, sin acudir a los medios legales establecidos. Lo quese castiga no es la oposición institucional, que es parte esen-cial de la vida democratica, sino la oposición sistemática porvías de hecho.

k) Realizar actos, o permitirlos, que atenten contra la integri-dad, salvaguarda y preservación de los templos que forman partedel patrimonio cultural del país, así como omitir los actos nece-sarios para preservarlos. Se trata de una infracción que sólo pue-den cometer los encargados del cuidado de estos templos.22

l) Las demás que establezca esta Ley (como la de ser un mi-nistro de culto candidato a puesto de elección popular, sin haber-se separado con tiempo suficiente de su ministerio, o la de nom-brar funcionario de nivel superior a un ministro de culto sinhaberse separado de su ministerio) y otras leyes especiales.

B. Órgano sancionador

La autoridad encargada de definir si existe o no infracción yde aplicar la sanción correspondiente es una comisión especial,integrada por funcionarios de la Secretaría de Gobernación (ar-


22 Véase lo dicho en el apartado VI, número 6, acerca del uso y administra-ción de estos templos.

tículo 30-1), de acuerdo con un reglamento específico que poste-riormente deberá promulgarse.23

La Ley no define si esta comisión se encargará de vigilar si lasasociaciones religiosas y los ministros de culto cumplen la ley, osi actuará únicamente por petición de alguna parte interesada.Esto es algo que deberá definir un reglamento, pero en todo ca-so, se debe mantener el principio constitucional que establece(artículo 130-b) que “las autoridades no intervendrán en la vidainterna de las asociaciones religiosas”. En consecuencia, de esta-blecerse una vigilancia versará únicamente sobre la “vida exter-na” de las asociaciones religiosas, esto es, de sus relaciones conotras personas o instituciones distintas de ella, y exclusivamentesobre los aspectos de esta vida externa regulados por la Ley.

Para imponer una sanción, esta comisión deberá notificar alinteresado los hechos que considera violatorios de la Ley, y darleun plazo de 15 días, posteriores a la notificación, para que com-parezca ante la comisión y alegue lo que a su derecho convenga.Si el interesado se presenta, lo que haya alegado y probado en sufavor deberá ser analizado por la comisión en la resolución quepronuncie. Si, pasado el plazo, no se presenta el interesado, lacomisión resolverá con los datos y pruebas que ella haya obteni-do (artículo 30-II y III).

C. Sanciones

La comisión mencionada puede imponer una o varias de lassiguientes sanciones: a) apercibimiento; b) multa hasta de veintemil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal; c) clau-sura temporal y definitiva de un templo; d) suspensión temporalde los derechos de asociación religiosa en todo el territorio o en


23 Véase lo dicho en el apartado VI, número 6, acerca del uso y administra-ción de estos templos.

un Estado, municipio o localidad determinada, y e) cancelacióndel registro de una asociación religiosa.

Evidentemente que las primeras dos sanciones (apercibimien-to y multa) pueden imponerse tanto a las asociaciones como a losministros de culto, representantes de las asociaciones, encargadode templos u otras personas físicas. En cambio, las últimas tressanciones (suspensión de derechos, clausura de un templo y can-celación de registro) sólo pueden imponerse a las asociacionesreligiosas.

La comisión sancionadora tiene un arbitrio amplio para deter-minar la sanción que corresponda, ya que la Ley no determinaespecíficamente la sanción que corresponde a cada infracción.Pero para ejercer su discrecionalidad, la comisión deberá consi-derar lo siguiente: a) la naturaleza y gravedad de la falta o in-fracción; b) la posible alteración de la paz o el orden público re-sultante de la infracción; c) la situación económica y grado deinstrucción del infractor, y d) si hay reincidencia (artículo 31).

La discrecionalidad que puede ejercer la comisión en la impo-sición de las sanciones se equilibra con la posibilidad que, porconsecuencia de esa discrecionalidad, tienen las personas sancio-nadas de impugnar, no sólo la decisión acerca de si hay o no in-fracción, sino de impugnar también la sanción misma, aunque sereconozca la existencia de la infracción, por considerarse excesi-va o desproporcionada.

9. El recurso de revisión

Todos los actos o resoluciones tomadas por las autoridades enel ejercicio de las facultades y deberes que define esta Ley pue-den ser impugnados por las personas (asociaciones o personas fí-sicas) que tengan interés jurídico en ello, es decir, por las perso-nas a quienes afecte en sus derechos u obligaciones (artículo 33).El medio para impugnarlo es el recurso de revisión.


El recurso de revisión debe presentarse por escrito y dentrodel plazo de 20 días hábiles posteriores al día en que se notificóel acto o la resolución. Debe presentarse ante la Secretaría deGobernación (un reglamento24 habrá de determinar qué depen-dencia en concreto de esta Secretaría será la que reciba y conoz-ca el recurso) o ante la propia autoridad que realizó el acto o re-solución impugnado. La Secretaría de Gobernación será siemprela que conozca y decida el recurso, por lo que en caso de que elrecurso se haya presentado ante otra autoridad, ésta debe remitir-le el expediente completo en un plazo de diez días hábiles (ar-tículo 33).

La Secretaría examinará el recurso para decidir, primero, si loadmite o lo rechaza. Para ello analizará si fue presentado a tiem-po, y en caso de encontrar que se presentó pasado el plazo, lo re-chazará sin más averiguación; si fue presentado a tiempo, peroen forma “irregular” (por ejemplo, ante una autoridad que no de-bía recibirlo) u “oscura” (por ejemplo, sin explicar claramente enel escrito qué se impugna o por qué se impugna), citará al recu-rrente para que se presente ante la Secretaría, dentro de un plazode diez días después de haber recibido la notificación, para acla-rar el recurso; si el recurrente no se presentara a aclarar, se ten-drá el recurso como no interpuesto.

Si el recurso fue oportuno y debidamente presentado (o bienoportunamente aclarado), la Secretaría decidirá si lo admite o re-chaza. Si lo admite, podrá también ordenar, si así lo pidió el re-currente, la suspensión de los efectos del acto o resolución im-pugnados, por ejemplo, que no se exija el pago de una multaimpuesta por la comisión sancionadora.

Cuando la suspensión de efectos pueda causar daños o perjui-cios a terceros, sólo podrá ordenarse la suspensión si el recurren-


24 Conforme al reglamento de la Ley (artículo 38), la Comisión Sanciona-dora se integra por el titular de la Dirección General de Asuntos Religiosos, eltitular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y el titular de la Unidad de Promocióny Defensa de los Derechos Humanos.

te otorga una garantía suficiente de que reparará los daños que secausen, en caso de que no obtuviera una resolución favorable(artículo 35). Si la Secretaría decide rechazar el recurso, el afec-tado podrá impugnar este acto de la autoridad, por medio del jui-cio de amparo, si constituye una violación de garantías indivi-duales (artículo 103-1 constitucional).

Una vez admitido al recurso, la Secretaría lo examinará con elobjeto de resolver si revoca, modifica o confirma el acto o reso-lución recurridos (artículo 34, párrafo final).

La Ley nada dice acerca del procedimiento que debe seguir laSecretaría para tomar esa decisión, pero remite (artículo 36), co-mo norma supletoria, al Código Federal de Procedimientos Civi-les, que será por tanto la Ley que debe considerarse para definiren qué plazo tendrá derecho el recurrente para ofrecer pruebas yalegatos, cómo debe valorar las pruebas la autoridad, en quéplazo debe decidir, y demás aspectos procedimentales.

Como el procedimiento que se sigue en el recurso de revisiónes un procedimiento de segunda instancia, las normas aplicablesdel citado Código deben ser las relativas a procedimientos desegunda instancia.


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