revista la injusticia
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Revista de política colombianaTRANSCRIPT
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Otro logro para vencer la injusticia
Ronald Rangel R. Editor GeneralMartha Luz Marrugo CoordinadoraArchivos web Fotografías
Revista La Injusticia Es una publicación editada por:
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www.revistalainjusticia.com ISSN 2339-3521
/RevistaLaInjusticiaCasoJavier CaceresLeal /RevistaLaInjusticia
Todos los documentos probatorios de las verdades que aquí se afirman aparecerán en el portal web de la revista:www.revistalainjusticia.com
La revista La Injusticia quiere aclarar que por razones propias del proceso, aparecen nombre de personas a quienes de ninguna manera quisieramos perjudicar en si digni-dad humana y que si son mencionados es simplemente por que aparecen en los expe-dientes sin que ello implique juzgamiento alguno de nuestra parte.
Editorial Dartagnan S.A.S. prestó sus servi-cios de diagramación y distribución para la presente obra, la editorial no se hace res-ponsable de las ideas, expresiones y opinio-nes de los autores aquí vertidas, tampoco se hace responsable de su exactitud o vero-similitud y delega cualquier responsabili-dad legal en los autores. Dichas opiniones no reflejan en ningún momento la posición oficial de Editorial Dartagnan S.A.S., de su equipo o de sus colaboradores.
Número 7
sta frase, que fue acuñada como en una película, se usa cuando todas las variables desencadenan en una
situación de gran relevancia. Hoy podemos decir, tal como la película comentada, que la JUSTICIA COLOMBIANA —si aún queda algo de ella— atraviesa por una tormenta perfecta y su desenlace puede ser peor que catastrófico para el Estado.
La Justicia, que es un servicio público esen-cial, por décadas viene arrastrando una pérdida de legitimidad y de efectividad en sus actuaciones. Ya es lugar común escu-
char cómo se perdió la majestuosidad de la investidura de Juez. Los ciudadanos, con nostalgia, se refieren a las otroras cortes de lujo, que engalanaron el pensamiento jurídico Colombiano.
Por lo anterior, pese a lo escandaloso de lo escuchado en el caso Pretel, los ciuda-danos han permanecido a la expectativa de cual va ser el desenlace del mismo y de paso han confirmado lo que en las ca-feterías se escucha: “Es mejor un centí-metro de Juez, que un kilómetro de Juris-prudencia”.
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E
EDITORIAL
Si estuviésemos en un país en donde la ver-dad y el honor se conjugaran como verbos principales en la acción de la mayoría de los funcionarios judiciales, seguro este es-cándalo no hubiese pasado a mayores, ya que el cuestionado Magistrado hubiese re-nunciado en el acto.
El magistrado cuestionado —a quien no condenamos penalmente desde esta tribu-na— no sólo ha manifestado que no va re-nunciar, sino que además pasó al contra ataque y lanzó su frase célebre : “Si me voy yo, nos vamos todos…”
Se pregunta desde esta tribuna, ¿acaso lo denunciado por Pretel y la misma denun-cia contra él, es una flor exótica en la jus-ticia y esta situación es la culpable de és-ta crisis?
La respuesta es un NO rotundo. La crisis de la justicia viene de tiempo atrás y podemos decir, sin equivocarnos, que este actual es-pectáculo es la gota que rebasó el vaso. Los barros que vemos hoy en día y que pro-meten salpicar a todos, y por demás, arras-trar con la institucionalidad, se originaron en aquellos polvos que podemos resumir de esta forma: INJUSTICIA MATERIAL Y FORMAL en los procesos.Sin entrar a revisar todas las jurisdiccio-nes, la forma de impartir justicia en las al-tas cortes —sobre todo en la penal— parece más un escenario de venganza política, que el de un juicio justo.
Si en la máxima instancia de casación pe-nal, en el sumun del derecho penal, se vul-neran los mínimos derechos procesales, se construyen condenas con testigos fal-
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“Si en la máxima instancia de casación penal, en el sumun del derecho penal, se vulneran los mínimos derechos procesales, se construyen condenas con testigos falsos, se valoran las
pruebas en contra de la sana critica, se comete fraude procesal...”
sos, se valoran las pruebas en contra de la sana critica, se comete fraude procesal, se viola el principio universal de la presun-ción de inocencia, se viola el principio uni-versal de doble instancia; ¿qué se puede esperar entonces para los jueces de infe-rior jerarquía?
Por ende, de la forma como se resuelvan las situaciones atrás enunciadas, de la for-ma como se garantice que la justicia otor-gue justicia material y soluciones adecua-das, de la forma como se garantice que los magistrados tenga un verdadero juez que los investigue, que se acabe el clientelis-mo judicial, que se aplique un verdadero régimen de inhabilidades e incompatibili-dades, que se acabe la mora judicial; de-penderá que la ciudadanía vuelva a creer en la justicia.
Los anuncios que hace el Gobierno Nacio-nal, no resuelven la integralidad de lo que se requiere. Los cambios tienen que ser es-tructurales y si el Congreso de la Republica no los puede realizar, pues llegó la hora de que esta tormenta perfecta abra el paso a una ASAMBLEA CONSTITUCIONAL, la cual
puede ser convocada por el Sr. Presidente y con un solo tema: REFORMA ESTRUCTU-RAL a la justicia.
Esta reforma debe permitir que las cortes recobren su dignidad, pero que también los jueces territoriales impartan justicia pronta y oportuna. La reforma debe elimi-nar todas las arandelas que han sido colga-das al árbol de la justicia y que hoy, lo tie-nen torcido.
Elevar la edad para acceder a las Cortes y evitar de esta manera que jóvenes y brillan-tes abogados, una vez terminen su periodo se dediquen a litigar, no eliminar el Conse-jo Superior de la Judicatura, pero si quitar-le la función jurisdiccional y que solo sea un órgano administrador y disciplinario, garantizar la doble instancia en todos los juicios, garantizar una instancia imparcial para el juicio de los magistrados, estable-cer la prohibición de que familiares sean nombrados en cualquier cargo del Estado —salvo los de carrera— y eliminar las fun-ciones electorales de las cortes, serán los temas que podrán desenredar el nudo gor-diano de la incredulidad.
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ste es el capítulo que le faltó a Bor-ges en su Historia universal de la infamia. Me resisto a creer que se-
mejante monstruosidad esté ocurriendo aquí, aquí mismo, en Colombia, y en nues-tras propias barbas. No puede ser posible. Adónde iremos a parar.
En este país nuestro, donde la corrupción se volvió pan de cada día, donde asesinan a los niños en grupo y donde ya no queda es-cándalo que asombre a la gente, hay un ca-so que los supera a todos en maldad y en
vergüenza. Me refiero al cartel de los fal-sos testigos judiciales.
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“El que no quiere ser vencido por la verdad
será vencido por la mentira.”
(San Agustín)
E
ACTUALMENTE HAY MÁS DE TRES MIL PROCESOS POR FALSOS TESTIMONIOS
Crónica de Juan Gossaín
La idea perversa de mentir en un testimo-nio es tan vieja como la humanidad. Re-cuerde usted cómo fue que Caín tuvo el des-caro de negar lo que había hecho. Los diez mandamientos del cristianismo lo dicen claramente: “No levantarás falso testimo-nio ni mentirás”. Está advertido en el her-moso Libro de los Proverbios: “La boca de los impíos se burlará del juicio y se llenará de iniquidad”.
En tiempos modernos la cosa se fue agra-vando. Baste con recordar lo que le pasó al capitán Dreyfus en Francia. Pero a nadie –ni siquiera a Herodes o a Hitler– se le ocu-rrió la aberración que está sucediendo en Colombia: crear una industria completa, que tiene hasta teléfonos propios, dedica-da a preparar
mentiras judiciales con el único fin de ven-dérselas al mejor postor. O al mejor impos-tor, para ser exactos. Ya tienen hasta tari-fas; la más barata es para conseguir un tras-lado de cárcel. Solo falta que pongan un aviso en las páginas amarillas.
El infierno en un libro
Me gasté más de un año buscándoles res-puestas a tantas inquietudes: de dónde proviene este horror, cómo nació, qué be-neficios buscan sus autores. Hasta que un día me mandaron de Bogotá la mejor in-
vestigación sobre esta atrocidad, un libro titulado ‘El falso testimonio’. Su autor es Gustavo Moreno, un abogado que apenas tiene 33 años, experto en derecho probato-rio y penal. La obra no contiene opiniones personales ni especulaciones filosóficas, sino un registro de hechos concretos de la vida real. Parece una notaría de papel. Es una gran crónica del infierno, una investi-gación minuciosa avalada por Colciencias. Es periodismo puro. Tanto así que Moreno fue asesorado por el profesor Luis Ernesto Chiesa, director del Departamento de De-recho Penal de la Universidad de Búfalo, en Estados Unidos.
Lo cierto es que toda esta tragedia, concebi-da como plan, comenzó hace diez años, cuando se inició la desmovilización de los grupos conocidos como paramilitares, y si-multáneamente apareció el nuevo sistema acusatorio, que ofrece considerables reba-jas de penas y beneficios carcelarios a quie-nes delaten a otros.
El grupo de la Fiscalía
Entonces los sindicados comenzaron a men-tir, a cambio de ser postulados para la nue-va Ley de Justicia y Paz, cuya pena máxima es de ocho años, aunque se hayan cometi-do homicidios. Antes era de veinticinco o treinta años. Negaban hechos verdaderos o inventaban falsedades para lograr conde-
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nas que no pasaran de ocho años. Mientras más mentían, más beneficios les daban.
Fue así como empezaron a autoinculparse de delitos que no habían cometido a cam-bio de cuantiosas sumas de dinero. Se desa-tó entonces una auténtica feria de acusacio-nes, de manera que antiguos casos aisla-dos, como aquellos testimonios mentirosos contra Jubiz Hazbún o contra el almirante Arango Bacci, se volvieron pan de cada día.
El asunto creció tanto que, hace poco más de dos años, y tras verse obligado a presen-tarle disculpas públicas al diputado Sigifre-do López, el Fiscal General tuvo que crear un Grupo de Tareas Especiales de Falsos Testigos, integrado por once fiscales con un equipo de apoyo técnico y logístico.
El problema es que ya el Grupo no da abas-to porque acumulan tanto trabajo que en algunos casos se han visto obligados a apla-zar hasta cuatro veces las acusaciones judi-ciales contra falsos testigos. Es la triste his-toria de la justicia que se maniata a sí mis-ma mientras los delincuentes siguen feli-ces haciendo sus diabluras.
Testigos profesionales
La situación es tan grave que en este mo-mento hay más de tres mil procesos por falsos testimonios. Y la avalancha
no se detiene. El propio director del cuer-po de investigaciones de la Fiscalía, Julián Quintana, tuvo que convocar una rueda de prensa, el pasado 27 de enero, para anunciar que se están presentando veinte nuevas imputaciones contra los testigos embusteros.
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“Los falsos testigos se venden hasta por un
plato de lentejas. Dicen que vieron sin
haber visto...”
El señor Quintana dijo: “Son desmoviliza-dos de las autodefensas que han incurrido en falso testimonio y fraude procesal. He-mos detectado su intención de afectar a personajes de la vida pública”. Parece que por fin se dieron cuenta.Los falsos testi-gos se venden hasta por un plato de lente-jas. Dicen que vieron sin haber visto, que estuvieron ahí sin haber estado o que se los contó Fulano, es un muerto que no puede desmentirlos. Algunos episodios se-rían cómicos si no fueran trágicos. En una cárcel de Bogotá un detenido le ofreció di-nero a un criminal para que prestara testi-monio a su favor.
–¿Lo quiere con llorada o sin llorada? –le preguntó el otro.
En casi todos los países de América Latina un testigo dispone de seis meses para que cuente todo lo que sabe y pueda obtener rebajas. En Colombia es ilimitado. Hay tes-
tigos profesionales que llevan nueve años contando cosas y nunca terminan. Y la jus-ticia los sigue oyendo. Hay un hombre al que la Corte Suprema condenó en el 2006, pero, desde entonces, y hasta hoy, ha sido testigo en cuatro procesos diferentes, aun-que ya le demostraron que mintió en los tres primeros.
Las víctimas
En el juicio a la senadora Nancy Patricia Gu-tiérrez, que estuvo en la cárcel tanto tiem-po, se descubrió que su principal acusador era un testigo profesional: había aparecido ya en quince procesos distintos. Ni siquiera era un paramilitar, sino un lavador de dine-ro condenado a 20 años de prisión.
Había rendido tantos testimonios que, a punta de rebajas, se ganó la salida en liber-tad con el argumento de que la cárcel no lo dejaba dormir. Luego se descubrió que
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Senadora Piedad Zuccardi de García.
había mentido. La detenida tuvo que ser absuelta. Fue exactamente lo mismo que ocurrió con otro congresista, el senador Luis Fernando Velasco.
La Corte Suprema ordenó que detuvieran al exgobernador de Antioquia Luis Alfre-do Ramos por el testimonio de un hombre que tiene 12 alias diferentes, y que fue prófugo de la justicia. Ya la Fiscalía esta-bleció que ha mentido varias veces. Lo van a procesar. Fue condenado por esta-far a varias personas. Los grandes jefes de la política colombiana, que suelen ser ru-dimentarios e impulsivos, utilizan ejem-plos como los anteriores para hacer cam-paña contra sus adversarios. No compren-den que el cartel de testigos no actúa por motivos políticos, sino por obtener benefi-cios. Repasen los nombres que acabo de darles: Gutiérrez y Velasco son gobiernis-tas, pero Ramos es uribista. La infamia no distingue entre ellos.
¿La culpa es de la justicia?
–Si el falso testigo se vuelve profesional –me dice el abogado Gustavo Moreno– es porque recibe grandes beneficios. Ese es el asunto de fondo.
Para empezar, Moreno cree que hay que darle más importancia al Grupo de Tareas de la Fiscalía, “porque están trabajando
con las uñas y sus dientes son de leche. Hay que darles facultades y poderes verda-deros”.
¿Quién incita y manipula a los falsos testi-gos? Un paramilitar llamado ‘Néver’ sindi-có a la senadora Piedad Zuccardi. Fue dete-nida. Después ‘Néver’ dijo que dos investi-gadoras de la Fiscalía le habían ofrecido prebendas para que mintiera, pero, como no le cumplieron, resolvió revelar toda la historia, que corre publicada en el portal de internet La otra orilla. Ramos y Zuccar-di siguen presos. Yo no sé si son culpables o inocentes. Me limito a contar los hechos con exactitud.
“Un sistema corrupto”
Lo cierto es que hoy siguen apareciendo en varios procesos algunos testigos que han mentido en juicios anteriores. Hasta el pun-to de que pasaron de testimoniar en asun-tos políticos a hacerlo en delitos comunes, como el caso Colmenares, y, luego, hasta en los carruseles que se roban el dinero de las obras públicas.
El profesor Chiesa me dice que, a su juicio, “la culpa de los falsos testimonios n 26/02/15 19:31:18: La Verdad Llegara: o es de la rebaja de penas ni de la colaboración con la justicia. Es producto de un sistema de justicia criminal generalmente defectuoso
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y en ocasiones corrupto. En un sistema co-rrupto, habrá más testimonios falsos que en otro sistema que, como el de Estados Unidos, funciona bien”.
A su turno, Moreno concluye que “el ver-dadero desafío consiste en descubrir quién los usa y los pone en los procesos, quién los instruye en la mentira, quién les fabrica la farsa, quién es ese jefe que los organiza”.
Epílogo
Si esa es la justicia con políticos y gentes de poder, me imagino cómo será con los ciudadanos anónimos. En medio de seme-jante horror, va a llegar el día en que los colombianos nos quedaremos sin saber quién es el honrado y quién el bandido.
¿Qué fue lo que se corrompió aquí, la políti-ca o la justicia? ¿O ambas cosas? De qué te asombras, si en el mercado popular de San Victorino, en pleno centro de Bogotá, ven-den por cinco mil pesos un disco compacto que instruye al delincuente sobre cómo en-gañar al juez cuando lo llame a declarar.
Mientras voy terminando de escribir es-tos apuntes hay un par de preguntas que me zumban en la oreja y no me dejan tranquilo. ¿Cuántos colombianos inocen-tes están en la cárcel por culpa de los fal-
sos testimonios? ¿Y cuántos culpables an-dan sueltos por la misma razón? Ya no se sabe cuál de las dos cosas es peor. Dios nos coja confesados.
JUAN GOSSAÍNEspecial para EL TIEMPO
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Luis Alfredo Ramos
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A este escándalo de la exdirectora del DAS, politizado hasta los extremos de concluir que el gobierno Uribe quería “capar” al Poder Judicial para impedir los juicios de la ‘parapolítica’, le hace falta contar las historias salvajes que lo
antecedieron. Es decir, revelar la verdad.
e dice que, sintiéndose acorralado, el gobierno Uribe cayó en la tenta-ción de convertirse en un Estado
policía. (Ojalá que a este gobierno no le pa-se lo mismo, porque, con la complicidad de la Fiscalía, va por los mismos pasos). Y ac-tuando como tal, vulneró a un órgano cons-titucional, la Corte Suprema de Justicia. Al que no solo espió y le grabó las sesiones de su Sala Penal, sino que se entrometió en la vida privada de sus magistrados, al punto de averiguar por sus finanzas. Abominable.
¿Qué pasaba en el entretanto, que provoca-ra tan malsanas sospechas?Descaradamente, se sucedían los atropellos políticamente inspirados del magistrado auxiliar Iván Velásquez, ‘el héroe de la pa-rapolítica’, quien, además de emborrachar a sus testigos para cuadrar sus testimonios y meter anónimos en los expedientes, se llevaba estos para su casa dizque para tra-bajar más, aunque casualmente aparecían todos publicados en El Espectador. A eso sobrevino la historia salvaje, imperdonable (hubiera hecho lo que hizo) que montaron para embadurnarlo.
También cabalgaba sobre la Corte Suprema el ‘lobista de la justicia’, Ascencio Reyes. Colmaba a los magistrados de gratuitas in-vitaciones a almuerzos, homenajes para ellos y sus familias, incluyendo alojamien-to y transporte pagos a otras ciudades del
país. Semejante ‘mecenas de la justicia’ te-nía dudosas conductas comerciales. Uno de sus socios terminó extraditado por narco-tráfico. Pero qué carambas, si atendía tan bien...
Los ‘lobistas de la justicia’ gratuitos no exis-ten. Siempre están esperando algo a cam-bio: un favor, una información, un docu-mento, e incluso llaves para la complicidad con equipos de abogados. Como el que, a propósito, según El Espectador, se descu-brió en el World Trade Center de Bogotá, aparentemente vinculado con Ascencio Re-yes. Pero dicho periódico solo recibe filtra-ciones de la Fiscalía que publica, pero que no investiga...
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S
“existen videos de magistrados chapuceando
familiarmente en una piscina del condominio
El Peñón..”
A unos magistrados les dieron regalos co-mo relojes Rolex. Y, según el mismo diario, existen videos de magistrados chapucean-do familiarmente en una piscina del condo-minio El Peñón con los defraudadores de Cajanal (un millonario ‘tumbe’ al Estado). ¿Coincidencia o complicidad? Por favor: El Espectador solo recepciona.
Pero, según el mismo diario, el gobierno Uribe investigaba también si era cierto que magistrados mantenían relaciones secretas con guerrilleros como ‘Raúl Reyes’, o con la tenebrosa pareja de los esposos alema-nes Werner y Michaela Mauss, negociado-res de los secuestros y de los sobornos de la Mannessman al Eln.
Fue tan de malas la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que cuando, de mane-ra ignominiosa, el gobierno Uribe se dice que infiltró a “la señora de los tintos” con una grabadora ilegal, se vino a descubrir que en lugar de andar resolviendo los pro-blemas jurídicos de los colombianos, mu-chos de sus magistrados se la pasaban ho-ras, horas, conspirando contra Álvaro Uri-be, el presidente de la República. No que-rían que se reeligiera. Pero, desde luego, conspirar no era su función.
La raya de las excepciones al Estado de de-recho en materia de privacidad pública y privada solo ha sido corrida por motivos
del terrorismo en Europa y EE. UU., y eso que aún está bajo una feroz discusión so-bre el derecho a la intimidad. Aquí, esa ra-ya no se ha borrado, y por lo tanto impera la Constitución.
Que respeten a las cortes y a sus magistra-dos. Pero también hay que denunciar la his-toria salvaje de que los más altos represen-tantes de nuestra justicia están muy, pero muy corrompidos.Entre tanto... Estamos tan agradecidos con las Farc, porque ahora solo se llevarán a los de 17 pa’ arriba.
María Isabel RuedaEspecial para EL TIEMPO
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María del Pilar Hurtado
l linaje y el abolengo se heredan y hasta se vuelven tradicionales. El talante, la decencia y las buenas
maneras se aprenden y aprehenden. Esto en razón de la renuncia de la magistrada de la sala de casación penal de la corte su-prema de justicia de Colombia que, bajo la velada pretensión de posar como persona de buen talante, aprovecha —diría yo— los estertores de su periodo constitucional en la suprema corte de justicia para anunciar una dimisión que produzca en el imagina-rio social la semblanza de una servidora pú-
blica cuya pulcritud contrasta con la podre-dumbre que hoy el país conoce; se anida y se reproduce en las altas cortes de justicia de la cual hace parte, y que está a ocho dí-as de abandonar.
Renunciar al cheque o al salario de ocho dí-as para un asalariado del sueldo mínimo es un acto crucial y loable, lo es tanto como desprenderse de un pedazo de despensa do-méstica y de vida. Pero ocho días de salario para un funcionario que cuenta con la for-tuna de percibir por mas de 7 años un sala-
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E
rio superior a los 20 millones de pesos, no deja de ser una burla y un acto cínico de oportunismo mediático bajo la hipócrita intención de presentarse ante el país con una acrisolada conciencia que no permite los rumores, la sospecha y el entredicho de la moral, lo cual antes que resultar sabio y cierto, no es más que una mofa a quienes respetan la dignidad y la majestad de la jus-ticia, la familia y la sociedad misma. Ni los más cercanos pueden mirar sin ánimo de hilaridad este acto de dejación del cargo de la magistrada González De Lemus de ayer y González Muñoz de hoy. No comparto con el sociólogo que sostiene que las sociedades no pueden enfermarse porque no son organismos vivos. Nuestra sociedad colombiana padece de muchas pa-tologías y aquella que más daño ha hecho es la mitomanía, que nos ha llevado a ser la sociedad de la mentira, de la hipocresía y el cinismo.
Lo más trágico de todo resulta ser que quie-nes tienen acceso a los medios masivos de comunicación terminan sacando un cuan-tioso botín de sus mentiras e hipocresías.
En tanto ha sido difícil recoger calumnias después de lanzadas, también resulta difí-cil recoger falacias que tienen delineado su propósito colectivo; marcado desde su gé-nesis. Habrá que tomar uno a uno a cada colombiano enterado para explicarle que la anunciada renuncia no era nada noble y que tenía y tiene unos propósitos que na-dan tiene que ver con el altruismo y la de-cencia pública.
En ese mismo orden, se ha sabido que de-trás de esa renuncia, cuidadosamente mar-cada en el tiempo para que la renunciante no pierda el 100% de su prima de junio, se esconden, otro tipo de motivaciones hipó-critamente guardadas, como aquellas que tienen que ver con la campaña y el proseli-tismo que acostumbran a hacerle, tres me-ses antes de irse, los honorables salientes al nuevo magistrado que debe remplazarlo. Así el proselitismo será más cómodo: Ha-cerlo como “ex” y no como magistrado titu-lar, con la responsabilidad moral y jurídica a cuestas.Esto seria lo menos. Pero y si fuera cierto, y no está descabellado ni lejos de serlo, que
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“Nuestra sociedad colombiana padece de muchas patologías y aquella que más daño ha
hecho es la mitomanía ...”
se estuviere preparando para integrar el proyectado tribunal de aforados, la mofa y la morisqueta jurídica de este episodio dor-mitorio sería la fresa de la desfachatez que hoy ocupa las primeras planas de los me-dios de comunicación, sobre todo por cuan-to se cocina y se arde en los salones y pasi-llos de las altas cortes, y cuanto más en los elegantes salones de los clubes sociales del país entero, a los cuales acuden bien tiesos y bien majos todos los honorables magistra-dos que oronda y plácidamente aceptan ho-menaje, y merced de todos cuantos tengan intereses en los asuntos y “negocios” que se tramitan en la administración de justi-cia. Yo conocía parte del talante de la hoy ex -magistrada Maria Del Rosario González Muñoz y me tocó vivirlo en carne propia. Aun no olvido su sarcástica sonrisa frente a mis alegatos cuando me correspondió asumir mi defensa ante la corte suprema de justicia, donde ocupé el banquillo de los acusados por cuenta de los falsos testigos.
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“Lo más trágico de todo resulta ser que quienes tienen acceso a los medios masivos de comunicación terminan sacando un cuantioso
botín de sus mentiras e hipocresías.”
Maria Del Rosario González Muñoz
Los jueces pueden sonreír frente a los chis-tes y a los temas jocosos pero no sobre la prevalencia de los derechos fundamentales de las personas que juzgan. Con el rumbo de la vida de las personas no se juega ni se hace chiste.
La magistrada que hoy dimite, supuesta-mente asqueada por la crisis de dignidad y decoro judicial que atraviesa la administra-ción de justicia, no permitía que en mi con-dición de acusado hiciera contradicción y controversia de la prueba, bajo el liviano y no jurídico argumento que ya la honorable sala “conocía” la prueba, y así cortaba auto-ritariamente el discurso de la defensa. Los audios no me dejaran mentir jamás. La his-toria del talante de la magistrada que pre-tende sacar provecho y lucro moral de una renuncia oportunista y trasnochada, está en los audios y records de la corte suprema de justicia.
El talante de la magistrada queda registra-do en la orden de extradición de un nacio-nal que luchó hasta el cansancio para ha-cerle entender que no era la persona reque-rida por el país solicitante, y pese a las su-plicas probadas fue favorable el concepto con ponencia de la dimitente y fueron las autoridades del exterior quienes atendie-ron el pedido del nacional extraditado y de-vuelto a su país. Pero ya tarde. La madre del extraditado murió en el intento.El acto de dignidad lo tienen los restantes magistrados o compañeros de salas de la dimitente, en no aceptarle que deje el car-go por renuncia sino por terminación del periodo constitucional y cerrarle al paso una nueva burla al país jurídico.Por ello, el talante no es de genes, se constru-ye, se edifica, se hace, se dignifica. Y si fuera genético, debe demostrarse y probarse.
JAVIER CÁCERES LEAL
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“Aun no olvido su sarcástica sonrisa frente a mis alegatos cuando me correspondió asumir
mi defensa ante la corte suprema de justicia...”
os magistrados de la corte supre-ma de justicia, seleccionan y esco-gen a quienes serán sus compañe-
ros de trabajo judicial, debería ser esto una bendición para el país. ¿Quién más califica-do para elegir y designar un magistrado que una corporación de magistrados de di-ferentes matices y disciplinas?Sin embargo, aquello que debería ser un ho-nor, un privilegio, se ha convertido en deshonra y en desvergüenza.
Algo tan simple y tan sencillo como verifi-car las eximías calidades y reglados requisi-
tos de un futuro magistrado, se convirtió en un tortuoso y escabroso camino de lar-gas sesiones y de prolongadas vacantes, porque 20 magistrados no logran “ponerse de acuerdo” en un nombre que reúna los requisitos que enlista la constitución nacio-nal para ser magistrado de la corte supre-ma de justicia de Colombia.Los magistrados “se ponen de acuerdo” en que el elegido y designado debe ser “amigo” o “debe ser amigo del amigo”, o debe ser “amigo del compadre”, o debe ser “familia del amigo o del compadre”. En eso si están de acuerdo los honorables
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L
magistrados. En lo que nunca se ponen de acuerdo es que el futuro magistrado sea “amigo” de toda la corporación; esto pro-longa las sesiones y arranca el espectácu-lo de las votaciones que, sin vergüenza al-guna, tardan años.Entonces, le corresponde al futuro magis-trado comprometer y empeñar, sus prin-cipios y convicciones para asegurar “la votación”.Es un proselitismo político-judicial costo-so e indigno. Es un proselitismo de ofi-dios y entre bloques de bribones que al mejor estilo de mercaderes persas se re-parten la burocracia judicial y compro-meten la inteligencia con la maldad y el dinero en abundancia.
Acceder a la magistratura dejo de ser un honor, por cuenta de quienes indigna-mente, hicieron de ella un motivo de des-confianza y de indecencia pública y, lo
hicieron sin ayuda de nadie: ellos y la co-optación.Se trafica con todo. Se manipula por el poder y a través del poder. Se condenan inocentes. Se absuelven culpables. Se en-trega la razón a quien no corresponde. Se le niega el derecho a quien le pertene-ce. De suerte tal, que solamente con los verdaderos “amigos” es como se puede y conviene administrar justicia de tal mo-do. Bendita sea la cooptación para estos propósitos criminales. Ningún procedi-miento de nominación será mejor que és-te para tener una administración de justi-cia que titirita de coima en coima y de mordida en mordida.Nunca otro procedimiento de llenar va-cantes le superará en efectividad. Solo llevando aliados incondicionales se pue-de acometer una empresa de tal laya y es-tofa jurídica.
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¿Cómo podrán renunciar los magistrados de la alta corte a tan maquiavélico procedimiento de
nominación y llenar sus propias vacantes de manera antojadiza, voraz y rampante apetito de
poder y dominación
¿Cómo podrán renunciar los magistrados de la alta corte a tan maquiavélico procedi-miento de nominación y llenar sus propias vacantes de manera antojadiza, voraz y rampante apetito de poder y dominación?A lo anterior se agrega el componente polí-tico, o más bien, de etiqueta azul, roja o de un desteñido multicolor, para garantizarle a la corporación el equilibrio ideológico que permita ubicar las decisiones a tomar en columnas o casillas de retrogradas, pro-gresistas, luminosas o revolucionarias.
Todo es una farsa que conviene a unos pocos. Y lo peor: ellos, los honorables ma-gistrados, lo saben y pocos se sonrojan por ello. Saben que son indignos. Saben que son corruptos. Saben que no adminis-tran justicia. Saben que trafican con el poder y saben que el daño que causan es incalculable pero, lastimosa y afortunada-mente para ellos, también saben que no tienen jueces que juzguen sus actos por muy alejados y distanciados que se en-cuentren del derecho.A nosotros, solo nos queda confiar en la jus-ticia divina y que, tal como lo escribiera el maestro del periodismo Juan Gossain: “Oja-la, los coja confesados” en la hora final, a nuestros ilustres magistrados que poco han dejado a la honorabilidad y a la gloria jurídica de este país.
JAVIER CÁCERES LEAL
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Es oficial: el sistema judicial co-lombiano ha colapsado. Y no lo di-go porque los despachos de fisca-
les, jueces y magistrados hayan cerrado sus puertas, sino porque las roscas, la com-praventa de providencias, los fallos sesga-dos y los procesos politizados han llevado a la Rama a perder la confianza de los ciu-dadanos, un activo sin el cual la justicia no puede ser respetada ni acatada. Casi to-das las decisiones judiciales de importan-cia están hoy bajo grave sospecha.
La garrotera entre dos bloques de magis-trados de la Corte Constitucional que con-
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Por corrupción la justicia perdió la
confianza de la gente y sin eso es imposible que sea respetada.
L
dujo al destape de supuestas coimas en busca de un determinado fallo –algo que revuelve el estómago– es apenas la gota que rebosa una copa que decenas de episo-dios anteriores habían llenado hasta el borde. Sin importar lo que ocurra con la investigación del caso en la desprestigia-da Comisión de Acusación de la Cámara, lo sucedido enloda a la única corte que ofrecía alguna esperanza.
Roscas y sobornos en el Consejo de Estado son de vieja data: ese tribunal está perdido hace años. La politización de la Corte Su-prema llevó a su sala penal a descartar pruebas técnicas y documentales como el computador de ‘Raúl Reyes’, que guardaba las huellas de políticos funcionales a las Farc, mientras validó sin beneficio de in-ventario casi todos los testimonios verba-les de los peores criminales del país para procesar políticos –muchos de ellos culpa-bles, sin duda, pero otros inocentes– sin
otro indicio que esas declaraciones. Así, la ‘parapolítica’ avanzó y la ‘Farcpolítica’ no.
En cuanto a la Fiscalía, arrastra dos peca-dos de gravedad. Primero, la famélica debi-lidad de su aparato investigativo, que la ha-ce depender de inciertos testimonios de procesados que cantan cualquier tonada a cambio de rebajar su pena, a tal punto que operan con eficacia varios carteles de fal-sos testigos. Y segundo, la torpe interven-ción del organismo en la campaña presi-dencial pasada, con los ojos vendados ante las maniobras de la ‘mermelada’ corrupta del Gobierno, pero bien abiertos para inda-gar en los pecados del candidato opositor.
Sobre esto, aterra el más reciente episodio del supuesto hacker de la campaña de Ós-car Iván Zuluaga. La Fiscalía le acaba de otorgar un principio de oportunidad por-que este oscuro personaje reconoció que les mintió a las autoridades cuando dijo que había sido amenazado para que no di-
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“casi todos los testimonios verbales de los peores criminales del país para procesar
políticos –muchos de ellos culpables, sin duda, pero otros inocentes-”
vulgara lo que supuestamente sabía sobre las interceptaciones a la mesa de La Haba-na. Confirmado con ello que el señor es un mentiroso profesional, aun así la Fiscalía le otorga beneficios para que siga colaboran-do como testigo de la justicia. ¡A un menti-roso confeso!El Gallup Poll revelado el jueves resulta diciente: la Corte Suprema va para dos años con mucha más imagen desfavora-ble que favorable entre los colombianos, y la Fiscalía completa ya ocho meses en la misma situación, después de década y media de amplia favorabilidad. La Corte Constitucional todavía divide opiniones, pero después de lo sucedido –que la en-cuesta no alcanzó a registrar– de seguro caerá en picada. Todo esto mientras el presupuesto del sec-tor judicial crece de modo acelerado, lo mismo que su burocracia, y los magistra-dos se quedan con las pensiones más al-tas. Más puestos y más plata para casi na-da de justicia.
Hay cientos de fiscales y jueces que hacen su trabajo con honestidad y disciplina. Pe-ro al no estar en las roscas –y para estar, tendrían que comprometer su decencia–, son los que menos ascienden a los altos car-gos. Triste por ellos y triste por el país, que se ha quedado sin un aparato judicial con-fiable y respetable justo en momentos en
que, si es verdad que se acaba la guerra, por falta de justicia la paz seguirá lejana.
* * *
Alerta. Confirmado: el riesgo de ‘mermela-da’ llegó a Ecopetrol. A vigilar.
MAURICIO [email protected]
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e leído con avidez y gran gozo las columnas El cartel de los fal-sos testigos: viaje a las entrañas
del demonio y Adiós, justicia, adiós, que hoy publicamos en esta trinchera contra la injusticia. Primero porque provienen de plumas sin máculas, sin odios, sin parciali-dad y de gran respeto por los colombianos.
Que la honorable Sala Penal ha condenado inocentes y a algunos los ha privado de su libertad con testimonios falsos es verdad. Pero esa Sala sabía que esos testimonios eran falsos; además lo hacían aupados por
ellos mismos, es decir por los magistrados de la Sala, incluso negociando la extradi-ción con tal de que dieran testimonio en contra de X o Y parlamentario.
Voy a mostrarles a ustedes de lo que fue-ron capaces no en la corte, sino los inte-grantes de la Sala Penal. Les juro que es po-co por la limitación del espacio en la revis-ta, pero es un pequeño aporte a la veraci-dad de sus columnas. También afirmo que no soy el único inocente de este nefasto pe-riodo de la aplicación de “Justicia”.
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La investigación de parapolítica la solicité yo. Incluso supliqué que se me investigara. Siempre lo hice así frente a cualquier co-mentario, nota periodística y/o anónimo. Consideraba y creía ciegamente, como mu-chos colombianos, que estaba frente a abo-gados probos, estudiosos y justos, pero que equivocado estuve…
Voy a señalar a algunos con sus pruebas reinas, como en mis debates contra la co-rrupción en mi proceso. En mi expediente está la prueba de mi inocencia y la culpabi-lidad de quienes me condenaron.
En mi injusta condena no solo hubo injusti-cias, prevaricato y parcialidad; también hu-bo sevicia por parte de los honorables Ma-gistrados que “firmaron” mi condena inve-rosímil, sin ninguna prueba real.
Habla Don Juan de los falsos testigos y en su mayoría lo son, sobre todo en los proce-sos de la Corte Suprema, pero no es que sus testimonios pongan en duda la inocen-cia del encartado. Sus propios testimonios determinran que son injuriosos, que no co-noce los hechos que relata, que no conoce a la víctima de su mentira. Pero es la mis-ma corte, que a través de sus auxiliares ha aleccionado al falso testigo en su dicho, que no será diferente a puras injurias pero con la tranquilidad del victimario de que su dicho la Corte lo volverá verdad. Por eso desde la primera revista, y en mi proceso, denunciamos que si hay falsos testigos y que tienen un dueño, una fábrica, en mi caso la Sala Penal, y en otros casos la mis-
ma justicia (fiscalía). Uno de los mayores “dueños” de la fábrica de testigos es el ma-gistrado estrella de la parapolítica Iván Ve-lásquez con la complacencia de toda la Sala Penal. Don Juan y Don Mauricio, no creo que en el caso de los condenados por la Sa-
la Penal de la Corte la Fiscalía se reco-nozcan falsos testigos, porque eso se-ría tumbar las condenas de la Corte, y el señor fiscal y la mayoría de fisca-les, son elegidos unos por la corte y
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otros por la cuotas políticas de los honora-bles magistrados.
(Ver www.revista la injusticia.com pági-na 23 y 30 primera edición).
No voy a extenderme en palabrerías. Voy a mostrar a los periodistas que se han atrevi-do a decir la verdad sobre los inocentes de la parapolítica, pruebas irrefutables en mi caso que muestran la atrocidad, sevicia y perversidad con que la Corte me condenó.
Le pedí a la Sala Penal el 19 de junio de 2010, que me llamara a indagatoria de la investigación, que yo supliqué se me hicie-ra, porque los comentarios de pasillo de-cían que cuando la magistrada campeona de los permisos regresara de su paseo, ha-bría dicho que me capturaría. Es un dere-cho legal el solicitar su propia indagatoria.
La honorable magistrada nunca respondió mi solicitud pero tal como lo decían en los
pasillos, el 14 de septiembre de 2010 me capturó.El 23 de noviembre de 2009, le expidió ile-galmente copias de la declaración de los di-ferentes desmovilizados (entre ellos a Alias “Zambrano” quien tenía la calidad de testigo en mi proceso). Esto para que en la cárcel donde estaban todos, pudieran tra-tar de ajustar sus calumniosos dichos. Esta violación a la reserva se dio en la etapa de la investigación preliminar: violaron el artí-culo 306 del CPP numeral 2 y 3 de acuerdo al artículo 307 de la ley 600 (ver Revista la Injusticia pagina 17 Segunda Edición).
(ver Revista la Injusticia pagina 17 Se-gunda Edición).
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“Consideraba y creía ciegamente, como muchos colombianos, que estaba frente a abogados
probos, estudiosos y justos, pero que equivocado estuve…”
En el proceso apareció una carta con prue-ba trasladada de otro proceso en el año 2011. La carta iba dirigida al Comisionado de Paz y denunciaba que en Bolívar los pa-ramilitares no estaban dejando hacer polí-tica. Esta carta tenia fecha del 15 de sep-tiembre de 2003; apenas tuve conocimien-to de la aparición de dicha carta, oficié a la Corte que no conocía la carta ni su con-tenido antes de que se trasladara a mi ex-pediente en marzo del 2011; como siem-pre he sido franco, le manifesté que no era mi firma y advertí que si en aquel mo-mento hubieran requerido mi firma en ese documento lo hubiera firmado porque no era un documento delictual, ni la carta ni su contenido. Mi defensa técnica le ma-nifestó a la Corte que si llegaran a utilizar la carta como delictual, me hicieran la res-pectiva prueba grafológica. Pásmense se-ñores periodistas, porque un mes después de haber enviado este escrito, la Sala Pe-nal, en resolución de acusaciones, dice que está probado que no asistí a la reu-nión del caramelo pero que firmé la carta y eso me hacía participe del delito.
Por todas las maneras seguimos recordán-dole a la Corte nuestro escrito donde, an-tes de la resolución de acusaciones, adverti-mos que no firmé la carta y la solicitud de la prueba grafológica. La Sala hizo mutis
por el forum y en la resolución de conde-na, más de un año después de la adverten-cia citada, la Corte en un acto de desfacha-tez dice que en el juicio Cáceres Leal quiere sorprendernos, afirmando que le falsifica-ron la firma, ¡que perversos! El expediente muestra sin ninguna duda, que por lo me-nos trece meses antes de la resolución de condena y en infinidades de veces se había advertido y solicitado la prueba grafológi-ca respectiva. ¡Pero eso no es todo! Imagí-nense que esta misma carta, y para quie-nes sí la firmaron, la Corte consideró en sentencias anteriores a la mía, que era un documento y trámite constitucional el que se había hecho con esta carta, siendo la misma carta que yo no firme y no asistí a dicha reunión… La volvieron criminal en mi proceso para condenarme… ¿Cómo les parece Don Juan y Don Mauricio?
(ver página 30 de la Revista Injusticia Se-gunda Edición y Pagina 14 de la Tercera Edición).
Se pueden contar por cientos las falseda-des, violaciones y fraudes de la Sala Penal en mi proceso. No solo los falsos testimo-nios de los desmovilizados que en muchos casos terminaron confesando sus menti-ras y la preparación que la corte les hizo para tal fin.
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Los miembros de la Sala Penal que veía yo como impolutos, justos y estudiosos, eran totalmente falsos, injustos, flojos y nada de impolutos. Voy a mostrar a ustedes seño-res periodistas, dos falsedades de la Corte difíciles de creer, pero, como en mis deba-tes, con pruebas reinas. Pido perdón a Ar-mando Benedetti por contar esta historia, sabiendo, como lo dije en la Corte, que era una infamia contra el senador Benedetti:
Alias “El Canoso”, quien fue beneficiado en principio por la Sala Penal para no extradi-tarlo supuestamente por decir la verdad (denuncié en mi juicio que le ofrecieron la extradición para inculparme), manifestó en su versión ante la Corte, que en las elec-ciones del año 2006 Alias “Gonzalo” le con-tó que había ayudado electoralmente en el municipio de Soledad al Doctor Benedetti. Dicha versión original de Alias “El Cano-so”, fue cambiada por la Sala Penal en que el canoso había afirmado un apoyo electoral a Javier Cáceres en vez de a Benedetti. ¡Qué barbaridad! Basta con oír el minuto y la diligencia señalada por la Sala para escuchar lo que afir-mó el canoso, y no es a Cáceres a quien señala. ¡Qué sevicia!, ¡qué falsedad de los magistrados de la Sala Penal! Esto se puede confirmar, con la resolución de acu-saciones en el folio 158 del cuaderno 10 y con la diligencia en el minuto 1:29:47.
(Ver Revista la Injusticia pagina 14 cuar-ta edición).
El Alias “Juancho Dique” manifestó que ha-bía cambiado su dicho de que no me cono-cía ni se había reunido jamás con el suscri-to. Manifestación que había hecho ante la procuraduría y dos veces ante la Corte, pe-ro que en Agosto del 2009 la magistrada lo obligó a decir cosas de Cáceres y señaló co-mo prueba la diligencia de ese mes, donde la magistrada lo coacciona con la mujer de Alias “Juancho Dique”, y que ella sabe que Dique le mintió a Justicia y Paz sobre el ase-sinato de un señor apellido Bonfante. La Sa-la jamás compulsó copias para investigar a
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Iván Velasquez
la magistrada, como era su deber, ante la autoridad competente. Sencillo: una inves-tigación imparcial así debía fallarlo, pre-sión indebida al testigo (Ver Revista la Injusticia pagina 22 Cuar-ta Edición).
Imagínense que en la resolución de acusa-ciones, los “honorables” amarraron un car-go contra mí con un escrito en el pie de pá-
gina, donde afirman que el señor Adalber-to Marimon reconoció que el senador Cáce-res era amigo político de Álvaro Trocha Guzmán (asesinado por los paramilitares siendo exalcalde del Guamo, Bolívar). ¡Otra gran falsedad de los magistrados de la Sala Penal! El señor Adalberto Marimon fue un testigo de la Corte y rindió una versión que duró una hora y quince minutos, y en nin-gún momento se le preguntó siquiera por el señor Álvaro Trocha Guzmán. Imagínen-se como está plagado mi proceso de false-
dades de la corte, falsedades que se cuentan por cientos y están a la vista
en el proceso 28436.
Don Juan y Don Mauricio, tam-bién se cuentan por cientos las
pruebas documentales y testi-moniales de mi inocencia, pero parece que no existie-ran en mi proceso, nunca se mencionan ni se evalúan.
Les recuerdo aquí una de ellas que causo sensación na-
cional: cuando le pedí a todas las autoridades del país en el
año 2002 que me quitaran 593 vo-tos en el municipio de Córdoba, Bo-
lívar; por considerar que esos votos no me pertenecían
(Ver Revista la Injusticia pagina 16 Segunda Edición).
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Mauricio Vargas
Mi pregunta es: si no le da miedo firmar una resolución con estos fraudes, ¿de qué no serán capaces? Pero claro, no tienen te-mor alguno, los protege la impunidad, na-die revisa sus fallos y no tienen más juez para sus delitos penales que ellos mismos.
Posdata: estoy preparando para ustedes, Don Juan y Don Mauricio, un documento más extenso donde se demuestra en mi pro-ceso las barbaries de la Corte y me ratifico en no ser el único inocente de estos proce-sos de parapolítica.
JAVIER CÁCERES LEAL
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“...no tienen temor alguno, los protege la impunidad, nadie revisa sus fallos y no tienen
más juez para sus delitos penales que ellos mismos.”
Que los comentarios de pasillos sobre los miembros de nuestras cortes son mentirosos y exagerados, ¿mentira?
Que los magistrados llegan a la cumbre de nuestro sistema judi-cial con los maletines llenos de hojas de vida de familiares, amantes y amigos para enchafainar en cualquier rama del po-der público, ¿mentira?
Que nuestros honorables Magistrados una vez elegidos no cie-rran sus oficinas o se las dejan al compadre, ¿mentira?
Que nuestros honorables Magistrados tienen que hacer mucho lobby para poder aparecer en la terna del Consejo Superior de la Judicatura, ternas hasta de 19, ¿mentira?
Que nuestros magistrados tienen luego que hacer lobby ante los togados de la corte a la que aspiran, ¿mentira?
Que nuestros magistrados han tenido que esperar hasta 2 años para salir elegidos por peleas internas de conservar mayorías al interior para decidir con “lineamientos”, ¿mentira?
Que nuestros togados deben comprometerse con sus electores a respetar la línea “jurisprudencial”, ¿mentira?
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Que nuestros togados son elegidos principalmente respetando la decisión de la Sala a la que aspiran, ¿mentira?
Que nadie sabe cuánto cuesta una “campaña” para salir elegido Magistrado de las altas cortes en Colombia, ¿mentira?
Que a muchos de los aspirantes a ser magistrados se les engor-da el cuerpo, se les adelgaza la billetera y corren el riesgo de quedar alcoholizados, ¿mentira?
Que muchos de estos aspirantes quedan atónitos ante la capaci-dad de mentir de los togados, ¿mentira?
Que estos togados hacen mayoría en sus respectivas Salas para elegir presidentes de la misma y para decidir respaldo en esa mayoría, ¿mentira?
Que en las salas los togados se enfrentan con sus bandos en con-tra de otros bandos y no necesariamente por temas jurídicos, ¿mentira?
Que dejan la oficina de abogados cuando la cooptación los elige y entregan poder a amigos o socios que litigarán con la presun-ción de ser el amigo o socio de tal magistrado, ¿mentira?
Que nuestros togados una vez se acerca su partida buscan dejar al partir un amigo en su silla, ¿mentira?
Que nuestros togados buscan elegir a sus auxiliares como su re-emplazo, ¿mentira?
Que nuestros togados en su gran mayoría son docentes, son socia-bles (almuerzos, desayunos, cenas, tinticos y buen traguito y mu-cho turismo) a qué hora leen tan extensos procesos, ¿mentira?
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Que nuestros togados ideológicamente son promiscuos, que unos hacen el 5 a 4 a favor de una tesis y al rato el 5 a 4 en con-tra de la tesis que impusieron primero, ¿mentira?
Que nuestros togados cambian las jurisprudencias por conve-niencia como se cambia los calcetines o los pantaloncillos los futbolistas, ¿mentira?
Que nuestros togados legislan en contra de la ley con sus “juris-prudencias”, ¿mentira?
Que nuestros togados tienen contactos con los interesados en los temas que investigan y no necesariamente en sus despa-chos, ¿mentira?
Que nuestros togados son flojos, se duermen en las audiencias, que no leen los procesos y firman los fallos sin leer, ¿mentira?
Que hay togados responsables que han renunciado no de mane-ra posfechada sino de manera inmediata. No es mentira
Que hay togados que sin ser mediáticos cumplen humildemente, responsablemente, justamente con su función. No es mentira
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s costumbre en la política Colom-biana obtener información del ri-val político, de sus pecados o ilicitu-
des cometidas, y no usarlas para que la ley actúe, sino guardarlas como una espada de Damocles y esperar si el rival es enchanfei-nado o ganador de un evento eleccionario. Entonces, con esas pruebas guardadas, chantajearlo o tumbarlo del logro obteni-do. Esta actitud calculadora, fría, carente de ética, se ve mucho en nuestras corpora-ciones públicas, en los cargos de elección uninominal, en las designaciones de funcio-
narios. Pero también en los otros poderes públicos, cuando los colombianos creíamos que esto se daba solo entre politiqueros.
La única verdad que hoy no se investiga y ha pasado bastante ignorada, es que detrás del tema de “fidupetrell” está planteada la pelea por el poder burocrático y económi-co que genera la Registraduría Nacional. Efectivamente, en esas componendas que también hacen los miembros del poder Ju-dicial, le tocaba al Magistrado Pretell la Presidencia de la honorable Corte Constitu-
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cional, y coincidía su periodo el de escoger con los otros Presidentes de las Altas Cor-tes, entre otros cargos el de Registrador Na-cional.
Tal vez al momento de llegar a los acuer-dos de cómo se repartía la Presidencia de la Corte Constitucional, los togados no tu-vieron en cuenta que el periodo de Pretel como presidente le otorgaba esa honrosa “decisión”, que es la tajada más grande, tanto burocráticamente como en su alta contratación. El Magistrado de Marras es
un militante reconocido del Partido Conser-vador. Para enmendar los Togados tal hie-rro, acudieron como abesados politiqueros a boicotear, no la Presidencia de Pretell, si-no el acuerdo de la Corte para su llegada anunciada a la presidencia. Por lo menos dos meses antes se conocía por algunos to-gados los comentarios del Doctor Pacheco sobre los quinientos millones, pero de ma-nera calculada lo guardaron en silencio pa-ra desmontar la presidencia de Pretell, lo-grando dividir la elección que arrojó cinco votos contra cuatro.
Estoy seguro de que no ganó Pretell; ganó el cumplimiento del acuerdo. Una vez en-cueradas las partes, los derrotados sabían que su incumplimiento al pacto podría ser cobrado; ¿cómo?: sacándolo del reparto de la registraduría. Además todo lo que de su
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“Solo hasta ese segundo paso, recordaron nuestros togados que es deber de todo
ciudadano poner en conocimiento de las autoridades competentes todo lo que pueda
constituir delito”
presidencia se derive y quién diablos sabe que más.
El matoneo del secreto de Fidu-petrol no dio resultado. Venía entonces el paso si-guiente: “golpe de Estado”. Era hacer públi-co el caso “Fidu-Pretel”. Solo hasta ese se-gundo paso, recordaron nuestros togados que es deber de todo ciudadano poner en conocimiento de las autoridades competen-tes todo lo que pueda constituir delito y vi-no lo que los Colombianos conocemos el ca-so fidu-pretel, que va convirtiéndose en un tsunami contra la justicia Colombiana, del cual indudablemente el citado magistrado hasta ahora lleva la peor parte.
Pero se confirma por todos los Colombia-nos que esos comentarios y murmuracio-nes —parecidas a la relación de amantes en lo que se dice por lo bajo y en secreto—, eran verdad. Bernabé le da a Borondongo y Borondongo le da a Bernabé, y apenas sa-lió una mudita de la mucha ropa sucia que hay en nuestros órganos de cierre judicial, y cada día salen más pringados con este es-cándalo.
JAVIER CÁCERES LEAL
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Carlos Ariel Sánchez Torres, Director Registraduría Nacional
El testigo falso declara sin odio. Sin rabia. Sin ira. ¡Sin pasión!
El testigo falso declara sin odio. Sin rabia. Sin ira. ¡Sin pasión!
¡Sin carga emocional! Es calculador y meti-culoso.
En suma: es frio, tenebroso y escalofriante.
Y todo, por una razón muy sencilla: no cono-ce a su víctima. No conoce al protagonista de sus relatos. No ha vivido aquello que cuenta y relata con pasmosa y escalofriante “sereni-dad objetiva”. No se turba. No se altera aní-micamente, porque no tiene emociones vívi-das en su psiquis.Todo es producto de su inagotable y criminal imaginación. No necesita fingir emociones porque corre el riesgo que éstas lo delaten.
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“Se equivoca Margarita Maria Restrepo cuando escribe que los desmovilizados declaran como lo hacen y se les conoce porque “sienten un
odio visceral”. ¡Eso no es cierto!.”Tomado de: http://www.centrodemocratico.com/columna-infamia/
Es perversamente malvado y sonríe mien-tras gesticula su prosa criminal, meticulo-samente preparada con la debida antela-ción al “acto solemne” de recitarla, tal co-mo le fue enseñada su lección o como pla-neó su personal y macabro verbo en contra del sujeto de testimonio de turno.La pregunta es:¿Cuál de los dos —juez o testigo— es más perverso o malvado? El juez si conoce a la víctima del testimo-nio.
El juez si conoce a su preso.
El testigo falso no conoce a su acusado.
El Juez está obligado a conocer a su preso, a su acusado, antes de ordenar encerrarlo.
El testigo falso no debe ni tiene por qué te-ner pasión en lo que hace criminalmente.
El juez está obligado a tener pasión por la función que desempeña entre los hombres.
La judicatura es un apostolado que no se ejerce sin humanidad. El Juez tiene que sentir emoción cuando juzga, acusa y encie-rra a un semejante. La misión del Juez no está vacía de contenido humanístico. Su proceder no puede ser siniestro ni crimi-nal. En la medida en que el Juez es ecuáni-me, humanista y con sindéresis jurídica, esto le permite dormir tranquilo.
Se equivoca Margarita Maria Restrepo cuando escribe que los desmovilizados de-claran como lo hacen y se les conoce por-que “sienten un odio visceral”. ¡Eso no es cierto!.Tampoco es cierto, que los desmovilizados son antiuribistas, los magistrados si lo son.
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“Qué desgracia que la toga se ponga al servicio de la politiquería y se convierta en
un descarado instrumento de poder para aniquilar al contrario, o a mi adversario
político o personal.”
Estas personas, cuando actúan bajo la eti-queta de “testigos falsos”, ¡declaran sin emoción alguna! ¡Con enigmática tranquili-dad! Al punto que los jueces que los escu-chan en las audiencias públicas duermen plácidamente ante los macabros relatos de estos, porque de antemano conocen esa pe-lícula que se reedita en las audiencias públi-cas y que ya son el recital de lo planeado por auxiliares “judiciales” e “investigado-res”, que cumplen esos siniestros y malha-dados encargos dizque “judiciales” ¡cuan-do delictivos son en toda su esencia y di-mensión!Sin duda ninguna, ¡la mayor perversidad está en el juez!Primero porque no debe permitir lo indebi-do, incorrecto, ilícito y lo maldadoso.
Y segundo, porque no debe auspiciarlo, propiciarlo y estimularlo
descarada y cínicamente.
Si…
Qué pena que se utilice la toga para frenar aspiraciones políticas legítimas. Qué triste-za que la toga sirva para despejarle el cami-no a un candidato cercano a los afectos y apetitos políticos y personales del Juez.
Qué desgracia que la toga se ponga al servi-cio de la politiquería y se convierta en un descarado instrumento de poder para ani-quilar al contrario, o a mi adversario polí-tico o personal.
Qué tragedia que la toga la ciñan personas inescrupulosas que posan permanentemen-te de honestos y de límpidos estandartes de la moral, cuando en realidad son sepul-cros blanquecinos que por dentro llevan iniquidad y putrefacción, y pese a todo ello se enorgullezcan sin sonrojo de la toga bien ceñida, impecable y con el cordón do-rado al pecho, pero escanda-losamente inmerecida por la falta absoluta de honor, honra y digni-dad de juzga-dor
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rectilíneo con apego a la moral y a la ley.
Que el testigo falso sea malvado y perver-so, es excusable. Menos no se puede espe-rar del criminal que ha dedicado su vida al delito. Pero que el Juez no solo sea compla-ciente con ese ominoso proceder criminal sino que, además de ello, lo propicie y lo estimule, revela un grado mayor de mal-dad y de siniestra criminalidad superior a la del delincuente que falsamente acusa a quien no conoce, con la sabida complicidad del juez receptor del relato mentiroso e irreal.
JAVIER CÁCERES LEAL
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“ Que el testigo falso sea malvado y perverso, es excusable. Menos no
se puede esperar del criminal que ha
dedicado su vida al delito. .”
obre el escándalo que se anuncia por estallar en la Corte Suprema de Justicia en un caso parecido a “fidu
pretelt”, donde se señaló una coima de 800 millones de pesos supuestamente para que 3 magistrados de la Sala Penal fallaran en favor de Ramiro Suarez. Una revisión que se encontraba en la sala pe-nal, uno de los magistrados era la Dra. María del Rosario González, quien en compañía del magistrado Zapa-
ta y Bustos, denunció el hecho ante el se-ñor Fiscal General de la Nación; investiga-ción que no anduvo, y el principal testigo, Javier Suarez Corzo, murió de una penosa enfermedad.
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Columna de María Jimena Dussan en la Revista Semana de 5 de abril de 2015
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Consultando con nuestra conciencia emiti-ríamos una negación a tal acto en manos de esta magistrada, a quien conocemos pre-cisamente por ser carcelera, por no creer en la presunción de inocencia, por no leer los fallos, por ser la campeona de los permi-sos, por una sed de condenar por conde-nar, por imponer su voluntad; la conozco bien en esos aspectos y los puedo mostrar ante cualquier autoridad imparcial o acadé-mica. Pero platera no.
De los magistrados señalados, dos visitaron al Fiscal General de la Nación. Todo el país sabe que este funcionario es elegido por la honorable Corte Suprema de Justicia y pue-de que en vez de invitar al testigo a decla-rar esto, lo cohíba, y es precisamente la ma-gistrada María del Rosario quien muestra las mejores relaciones burocráticas con la Fiscalía. Ella trajo dos fiscales a mi proceso como magistrados auxiliares de ella, quie-nes “cumplieron” su encargo y luego regre-saron nuevamente a la Fiscalía. Estos son Carlos Iván Mejía y Mónica Jiménez.
Era mejor pedir que la investigara la Comi-sión de Acusaciones y no “asustar” al testi-
go con la Fiscalía. Respecto a los otros dos magistrados, yo tengo igual pensamiento. En mi caso prevaricaron y lo puedo demos-trar ante cualquier autoridad imparcial, pe-ro desde ya le doy mi presunción de inocen-cia sobre la coima de 800 millones. Esto no quiere decir que no existan en la Corte Suprema de Justicia posibles funcio-narios que si les guste la platica. Se avizora en la columna de María Jimena, que la Dra. María del Rosario González no logrará de-jar un amigo en su reemplazo y se señala a un funcionario precisamente de la Fiscalía para sucederla. ¿Fue derrotada la honora-ble magistrada por sus colegas? Porque en votaciones anteriores la Doctora González hizo fuerza a Iván Velásquez también sin éxito, tal vez esta pelea al igual que en el caso de “fidu-pretelt” se encone por el su-cesor de la Magistrada María del Rosario González. ¿por que la honorable magistrada no com-pulso copias para que averiguaran las pre-siones a los testigos de mi caso?, una res-puesta para la historia y para la corte pe-nal internacional.
JAVIER CÁCERES LEAL
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ablar de corrupción en Colom-bia se ha convertido en lugar co-mún de tertulias y de los medios
de comunicación. El escándalo del día tie-ne siempre tanta fuerza, que logra opacar al escándalo de ayer. Pero cuando se ha-bla de corrupción en la rama judicial, los cimientos del Estado tiemblan, y aunque todo pareciera indicar que nunca sucede-rá nada y que las aguas volverán a su cau-ce normal, no se puede negar que la fuer-za de ésta corriente logra escarchar la mu-ralla institucional.
Cuando los ciudadanos acudimos a la justi-cia siempre soñamos o esperamos que un Juez justo nos conceda el Derecho, frene la arbitrariedad o imparta castigo al in-fractor. Cuando los ciudadanos acudimos a la justicia, nos sometemos a las reglas del juego de las sociedades modernas, que imponen no tomarse la “justicia” con la propia mano.
Lo que no logra pasar por la mente de los simples ciudadanos, es que nos vayamos a encontrar con jueces que no miran los es-
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critos y las pruebas, sino la prebenda que le ofrezca la parte o la contraparte. Cuando esto sucede, toda la arquitectura del Esta-do tiembla y la desesperanza nos embarga.Pero, ¿solo será corrupción pedir coimas para un fallo?, ¿para torcer el sentido de una prueba?, ¿para demorar una investiga-ción a fin de que prescriban los delitos?, ¿para alterar un reparto?
Por muy deleznables que sean estas con-ductas que relatamos en el párrafo ante-rior, corrupción es también TORCER el sen-tido natural de la justicia, impartir vengan-za política antes que justicia material, fa-llar a sabiendas que está demostrada la ino-cencia del investigado, conspirar para lo-grar que un adversario sea retirado del ejercicio democrático con un juicio sesga-do; en resumidas cuentas, PREVARICAR.
Pareciera que el PREVARICATO, delito im-putable a los administradores de justicia, fuese un tipo penal de menor envergadura que el cohecho o la concusión. Pero no, es-te tipo penal tiene tanta perversidad o es más grave que la petición de una vulgar coima. El prevaricato mina la confianza en la justicia, mientras la concusión o el cohe-cho afrentan al interés personal en la con-
tienda. El Juez prevaricador atenta contra todo el andamiaje judicial. Un Juez prevari-cador que falle en contra de las pruebas o que fabrique pruebas como por arte de ma-gia, es más peligroso que cien bombas te-rroristas.
Por ende , si de reforma a la justicia se tra-ta, no se tiene que garantizar con esta que la justicia no sea manoseada por los merca-deres de los fallos y de poderosos intere-ses, sino que también se logre descontami-nar la misma de manzanas podridas que tienen como arma preferida el PREVARICA-TO, para con este impartir venganza políti-ca.
La sal tiene la capacidad de limpiar, de ma-rinar y en este caso, la justicia es la sal de la sociedad, pero cuando ésta se corrompe, toda la sociedad queda a merced de la bar-barie.
MARTHA LUZ MARRUGO
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“corrupción es también TORCER el sentido natural de la justicia...”
a Unión Internacional de Parlamen-tarios sabe que en Colombia se es-tán condenando congresistas, vio-
lando el debido proceso, el Derecho Inter-nacional y los Pactos Suscritos por el Esta-do Colombiano, principalmente el de los Derechos Civiles y Políticos; por ello se ha pronunciado en varios casos advirtiendo esta injusticia. El caso de la senadora Pie-dad Zuccardi es otro de los procesos en que la UIP ha estado advirtiendo a las auto-ridades colombianas e internacionales so-bre las violaciones del proceso de la sena-
dora. Aquí publicamos algunos apartes de estos pronunciamientos:
El Comité está al tanto del caso de la seño-ra Zuccardi, ex miembro del Senado co-lombiano y autora de varios libros El Con-sejo Directivo de la UIP, en su 193ª reu-nión (Ginebra, 9 de octubre de 2013), adoptó una resolución por unanimidad. Esta resolución consideraba que, hasta la
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L1
fecha, los procedimientos del Tribunal ha-bían violado un gran número de derechos humanos y no se habían respetado las ga-rantías legales.
En especial, el Consejo Directivo consideró entre otras cosas que:
La senadora, en cuanto que fue miembro del Parlamento de Colombia, está investi-gada y procesada en única instancia por la sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia.
En junio de 2012, el Procurador General de la Nación solicitó el sobreseimiento de la causa y la retirada de todos los cargos, ba-sándose en dos circunstancias, una de las
cuales era que no había ninguna evidencia razonable ni información a propósito de que la senadora hubiera estado implicada en ningún tipo de alianza con los grupos paramilitares.
El tribunal que examinó la causa de la de-tención era el mismo que ordenó su arresto, concretamente la Corte Suprema de Justicia.
A la senadora se le había impedido apelar su detención o que una jurisdicción compe-tente examinara la legalidad de su arresto, como prescribe de forma inequívoca la Con-vención Americana.
Ha habido varios testigos que han puesto en duda la imparcialidad y los métodos de los investigadores. Estos testigos informa-
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“ Ha habido varios testigos que han puesto en duda la imparcialidad y los métodos de los
investigadores. Estos testigos informaron de que se ejercieron presiones e intimidación
sobre la Corte Suprema, ”
ron de que se ejercieron presiones e intimi-dación sobre la Corte Suprema, pero que este tribunal no invocó ninguna investiga-ción al respecto.
La Corte Suprema ha autorizado —y lleva a efecto— la transferencia de pruebas y testi-monios que no procedían de esta causa y los ha incluido en el presente sumario, pe-ro no permite a la defensa el acceso a la lec-tura completa de ningún informe externo ni tampoco cuando la transferencia de pruebas es parcial.
Aunque la Corte Suprema decidió a princi-pios de agosto de 2013 cerrar la fase de in-
vestigación de la causa, este mismo tribu-nal decidió posteriormente añadir nuevos materiales al sumario, especialmente la de-claración de un antiguo alcalde, el señor Torres Serra, que incriminaba a la senado-ra. Por más que el señor Torres hubiera si-do sentenciado, en octubre de 2012, a 35 meses de presión, tras ser declarado culpa-ble de acusación de mala fe, precisamente por aquella declaración.
Los encargados de las investigaciones fue-ron acusados, especialmente por un testigo (el llamado NEVER), de haber ejercido pre-siones y haber aducido un falso testimonio ante la Procuraduría en el proceso contra
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la senadora Zuccardi de Gar-cía. Al parecer, este testigo presentó una demanda ante la Procuraduría, pero la Cor-te Suprema se negó a incluir como prueba tanto la acusa-ción como la documentación de las investigaciones efec-tuadas en la causa.
El texto completo puede en-contrarlo en www.revistalainjusticia.com
JAVIER CÁCERES LEAL
eñores Juan Gossaín y Mauricio Vargas: De manera textual público aquí la presión criminal que la Ma-
gistrada hace al testigo alias “Juancho Di-que”, para que éste involucre al senador Cáceres Leal. Las presiones se hacen usan-
do posibles crímenes contra la mujer de alias “Juancho Dique”, a quien además le ha entregado desde la diligencia anterior unos “documentos”, para que con base en ellos acuse a Cáceres Leal —la “tarea”—; y lo han “visitado” en la cárcel los auxiliares.
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“público aquí la presión criminal que la Magistrada hace al testigo alias “Juancho
Dique”, para que éste involucre al senador Cáceres Leal.”
Versión 28/ 08/ 09
05:08 minutosMAGISTRADA: octubre de 2003, es decir para diciembre de 2003 él ya estaba posesionado co-mo alcalde tratándose de este señorUBER BANQUEZ: si señora 05:17 minutosMAGISTRADA: alcalde de María la baja, correc-to?UBER BANQUEZ: si señoraMAGISTRADA: su esposa se llama Martínez Gon-zález Lizbeth MaríaUBER BANQUEZ: si señoraMAGISTRADA: de profesión bacterióloga?UBER BANQUEZ: si señora
05:40 minutosMAGISTRADA: está, ella obtuvo su o solicitó el registro de títulos según está acá en la hoja de vida en mayo el 11 mayo 2002 grado a eso lo que dice aquí que solicitó, dice se encuentra de-bidamente registrado el titulo el 11 mayo 2002 entonces estaba graduada a partir de la … del 2002 según estos documentos, ella es nombrada en el hospital de María la baja en el cargo de subdirección científica el 1 diciembre de 2003 es decir donde el mismo señor Adalberto Marimon Pérez había sido alcalde como me explica usted esoUBER BANQUEZ: yo la llamé a ella y le pregun-té que ella fue nombrada la subdirección por una cooperativa de actualmente estaba ahí
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06:44 minutosMAGISTRADA: ahhh la nombraron y usted ha-bía puesto el alcaldeUBER BANQUEZ: si
06:45 minutosMAGISTRADA: triste porque la llamó esta maña-na y le hizo esta pregunta, acaso usted sabía lo que se le iba a preguntar esta mañana?UBER BANQUEZ: estaba preocupada porque la hoja de vida que la fiscalía lo estaba investigan-do entonces yo no sé en qué fiscalía entonces ya nosotros colocamos un abogado sobre este pro-ceso porque yo no sé qué proceso ibaMAGISTRADA: bien,UBER BANQUEZ: entonces ella me dice que fue nombrada por el actual gerente
06:49 minutosMAGISTRADA: a ella le dijo, o sea, su esposa fue a trabajar a María la baja a trabajar a María la baja y no supo que la nombróUBER MARQUEZ: no porque yo tenía amigos de Arjona que eran asesores en María la baja
07:18 minutosMAGISTRADA: a bueno, listo, usted no supo quién la nombró casualmente, cuando el alcal-de era suyo, perfecto, después de que es nombra-da e inclusive con decreto 005 del 9 febrero del año 2004 es la encargada, es encargada de del hospital de María la baja ya no como subdirec-tora sino como versa aquí en calidad de encar-gada gerente del hospital, apreciación, un año y medio, ella se graduó en mayo aquí ya no tenía, para esa fecha tenía año y medio inclusive pa-ra el primer nombramiento tenía año y medio de egresada, entró como subdirectora y después poquitos meses después como gerente usted me dice que no sabe ese nombramiento, no sabíaUBER BANQUEZ: según me dijo la nombró el al-calde según ella
08:14 minutosMAGISTRADA: y usted no sabía de ese nombra-miento, ni ideaUBER BANQUEZ: no
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“En el texto se ve lo ilegal del interrogatorio, pero en el audio el tono de la Magistrada es
más criminal.”
08:23 minutosMAGISTRADA: perfecto, tampoco tenía idea so-bre ese señor, precisamente cuando ella la nom-bran ahí hubo una tutela por parte del Rafael Antonio Bonfante precisamente criticando esa situación que porque nombraban a una perso-na sin la más mínima experiencia en un cargo como es, supo usted de la tutela?UBER BANQUEZ: no señora la tutela la supe yo desde el accidente… la trinchera por la vaina de policía
08:50 minutosMAGISTRADA: no, usted supo de esa tutela o no la supo, pero también muy extrañamente días después de que este señor pone la tutela el se-ñor es asesinado tampoco supo?UBER BANQUEZ: el asesinato si por ahí en una trinchera de la policía
09:00 minutosMAGISTRADA: usted reconoció en justicia y paz pero con una causa diferente, bien, pero usted no sabía nada, de esto no sabía nadaUBER BANQUEZ: no señora
09:30 minutosMAGISTRADA: en declaración pasada se había suspendido para observar esto y se dijo que, re-pito estaba cansando usted dijo que observaba, que iba a hacer un análisis, hizo la tarea sí o no?UBER BANQUEZ: hice la tarea de tres o cuatro doctora
09:45 minutosMAGISTRADA: de tres o cuatro qué?UBER BANQUEZ: alcaldes señoraMAGISTRADA: y quienes sonUBER BANQUEZ: Ospino, este que fue alcalde de la región Ospino
09:53 minutosMAGISTRADA: porque no puedo hacer la tarea sino de tres o cuatroUBER BANQUEZ: por qué que le digo ahí docto-ra como yo hice un trabajo de la parte de Bolí-var con Peter, el Profe y Carlos que fue un traba-jo en conjunto si, un trabajo en conjunto, enton-ces a mí me gustaría aquí lograr hablar perso-nalmente con ellos para que ellos me ayudaran abrirse como dice uno la mente por qué eso un cargo muy grande ahí en el norte de… ¿Qué pertinencia hay entre posibles puni-bles de alias “Juancho Dique” y su mujer con el senador Cáceres? No hay. Se trataba de mostrarle al testigo que si no hacía la “tarea”, le podían vincular hasta la mujer. Tenemos un ejemplo actual de cuando a un encartado le “tocan” la mujer, en el caso de FiduPretel.
Volviendo a esta diligencia de Agosto del 2009, donde el testigo paramilitar con la “técnica” de la Magistrada, cambia sus 3 versiones anteriores respecto a que no co-nocía al Senador Cáceres; es el mismo “Juancho Dique”, quien luego afirmara que
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la Magistrada lo presionó para decir lo que dijo del Senador Cáceres. Sin embargo, la Sala Penal, que no escucho de seguro esta diligencia ni ninguna otra, firmaría la con-dena de Cáceres y nunca la Dra. María del Rosario González pediría la investigación para la Magistrada auxiliar, quien además conoce que “Dique” engañó a Justicia y Paz cambiando el móvil del asesinato del señor Bonfante y no lo denuncia. ¡Que presión y tarea criminal!
En el texto se ve lo ilegal del interrogato-rio, pero en el audio el tono de la Magistra-da es más criminal. Sobre alias “El Profe” ver quinta edición página 9 de la Revista la Injusticia.
JAVIER CÁCERES LEAL
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