Razones para cambiar los actuales estatutos de la Universidad de Antofagasta

1.- Ilegitimidad de origen: Los actuales Estatutos fueron promulgados en dictadura y bajo la vigencia de una nueva Constitución aprobada sin reunir condiciones mínimas de legitimidad. Tampoco existía una ley orgánica constitucional relativa a la educación, la que fue rápidamente despachada por la Junta de Gobierno en 1990, cuando ya una mayoría ciudadana se había pronunciado claramente contra el régimen en el plebiscito de dos años atrás.

Respecto de dichos Estatutos, así como los de otras universidades estatales que habían sido parte de la Universidad de Chile o de la Universidad Técnica del Estado, tampoco se consultó a la comunidad académica.

2.- El Estado no asume su responsabilidad para con sus universidades: En los Estatutos vigentes no se establece un compromiso del Estado con las universidades estatales, en este caso la Universidad de Antofagasta, de garantizar su existencia, estabilidad y posibilidades de mejoramiento, sobre todo en el ámbito del financiamiento.

3.- Hay una concentración del poder en autoridades unipersonales: La normativa que nos rige establece una excesiva concentración de las decisiones en autoridades de carácter unipersonal, en desmedro de los cuerpos colegiados y de la transparencia de dichas decisiones, propiciando, así, un uso discrecional del poder, con todas las consecuencias negativas que ello entraña.

4.- Falta de participación en la elección y control de las autoridades: La mayor parte de las autoridades se constituyen y ejercen sus cargos sin participación de quienes están subordinados a ellas, ni tampoco están obligados a reunir exigencias mínimas de competencia para poder acceder a dichos cargos.

Del mismo modo, hay muy pocos, cuando existen, procedimientos de control respecto del desempeño de las autoridades, lo que fomenta la toma de decisiones poco reflexiva o carente de fundamentos apropiados, dado que una mala gestión o una mala decisión específica, por lo general, no tiene consecuencias para la autoridad correspondiente, aunque sí para la Universidad, cuyo patrimonio físico e intelectual se ve afectado.

5.- Carencia de un debido proceso: Los Estatutos heredados del régimen militar que aún nos rigen nos ofrecen garantías de un debido proceso a los funcionarios académicos y no- académicos, como el derecho a apelación y a defensa, lo que permite el despido o la sanción arbitraria, entre otros.

6.- La estructura organizacional es inapropiada: La UA como organización, posee una estructura organizacional inapropiada para el buen cumplimiento de sus funciones, con una repetición de tareas en distintos cargos y una burocracia excesiva en diversas áreas, todo lo cual dificulta su gestión interna y externa.