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Puga, I. (2010) “Lo justo y lo posible: desigualdad, legitimidad e ideología en Chile”,
en Desigualdad, legitimación y conflicto. Dimensiones políticas y culturales de la
desigualdad en América Latina, Castillo, M., M. Bastías y A. Durand, compiladores
Ediciones Alberto Hurtado, Santiago.
Lo Justo y lo Posible: Desigualdad, Legitimidad e Ideología en Chile.
Ismael Puga Rayo1
I. Desigualdad social y comportamiento legitimante.
Chile es un país desigual: una de las economías con peor distribución de ingresos a
nivel mundial (Cademartori, 2003; De Ferranti et al, 2004; Hojman, 1996; Meller, 1999;
Sabatini y Wormald, 2004; Solimano y Torche, 2007; Sunkel, 2006; Torche, 2005b),
compartiendo este lugar en Sudamérica junto a Brasil y Colombia. El caso destaca, a
nivel latinoamericano, al combinar esta desigualdad con alto crecimiento económico. El
modelo chileno, ortodoxamente liberal antes y matizado con mayor inversión social tras
la dictadura, obtiene resultados macroeconómicos y fracasa en términos distributivos.
Esta desigualdad se complementa con niveles de estratificación social que, de
acuerdo a la literatura, debieran resultar tendientes hacia una gran conflictividad social.
Mientras diversos estudios plantean una gran volatilidad de los ingresos, la probabilidad
de movilidad significativa en éstos términos es comparativamente muy baja, tanto
intrageneracional (Contreras et al, 2007) como intergeneracionalmente (Núñez y Risco,
2005). Similarmente ocurre con el ámbito laboral, donde la movilidad entre posiciones
de estatus similares es muy frecuente (Torche, 2005b), pero existen bajísimas
probabilidades de cambio sustantivo en la posición de las personas (Puga y Solís, 2010).
Respecto de la desigualdad educacional la situación es análoga. La expansión de
la matrícula ha generado gran movilidad estructural en términos de escolaridad,
mientras el modelo de municipalización y de subvención a la educación particular ha
generado nuevas formas de diferenciación social al interior de la educación financiada
1 Sociólogo, Doctor (C) en Sociología de la Humboldt Universität zu Berlin. Correo electrónico: [email protected].
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públicamente (Rodríguez y Winchester, 2001; Sabatini y Wormald 2004; Torche
2005a). La evidencia respecto de la segregación social del sistema educativo es tan
categórica que la OECD describió este sistema, en el año 2004, como conscientemente
estructurado hacia distintas clases sociales.
En contraste con esta desigualdad rampante, Chile vive tiempos de considerable
estabilidad política y social desde el fin de la dictadura. La desigualdad persistente no
ha conducido a mayores niveles de conflictividad social, la movilización social y
política decreció progresivamente desde 1990 (Garretón, 2003; Guerrero, 2006), y el
nuevo escenario político es transversalmente descrito como poco confrontacional y/o
moderado (Agüero, 1998; Barrett, 1998; Drake y Jaksic, 1999; Garretón, 2003; Munck
y Bosworth, 1998). Así, la desigualdad no se ha traducido en conflicto, lo que sugiere
que posee cierta legitimidad social. Esto ha sido respaldado por algunos estudios.
Castillo (2009) analiza las brechas entre salarios “percibidos” y entre salarios
considerados “justos” para distintas posiciones ocupacionales en Chile. Observa que,
aunque existe un diferencial importante entre la desigualdad percibida y la tenida por
justa, esta última es comparativamente muy alta en el país. A la vez, diversos estudios
reportan la fortaleza de valores igualitaristas en la sociedad chilena (Garretón y
Cumsille, 2002; PNUD, 2000). Estos valores conviven con valores individualistas muy
extendidos (Castillo, Mühleck y Wegener, 2009), fenómeno estudiado bajo el concepto
de “consciencia dividida”. Los estudios sobre ingresos justos en Chile dotan de sustento
empírico a la intuición inicial frente al contraste entre desigualdad y estabilidad social:
en Chile las personas legitiman altos niveles de desigualdad. En ello, la idea de
consciencia dividida jugaría un rol central.
II. Valores, consciencia dividida y legitimidad.
A nivel internacional, se ha demostrado que es perfectamente posible que valores
igualitaristas convivan con valores distributivos “individualistas”. Al respecto, Wegener
y Liebig (1995) distinguen entre ideologías de justicia “primarias”, incrustadas en las
valoraciones culturales imperantes y compartidas por la gran mayoría, e ideologías
“secundarias”, impulsadas principalmente por condicionantes estructurales y sostenidas
sólo por algunos segmentos. Este modelo permitiría explicar el fenómeno de
consciencia dividida que, según comienza a ser consensual en la literatura, afecta a parte
importante de la población respecto de sus creencias sobre justicia distributiva.
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Pero cabe realizar algunas acotaciones respecto del contraste entre valores
igualitaristas e individualistas. Los valores asociados al “individualismo” no son, en su
contenido preciso, valores legitimantes de la estructura distributiva de una sociedad
capitalista liberal. Típicamente se miden actitudes relacionadas con la validez del
esfuerzo como generador de diferencias en los ingresos. Otros factores distributivos del
capitalismo, particularmente el patrimonio y la herencia, se consideran secundarios o
son directamente omitidos. Es lógico que quienes se sientan interpretados por diversas
formas de individualismo acepten ciertos márgenes de desigualdad social, pero no
necesariamente las desigualdades realmente existentes hoy.
¿Es adecuada entonces la oposición a priori entre esta forma de individualismo
y unos valores igualitaristas? Si nos remitimos a la versión más clásica y extendida de
un planteamiento económico igualitarista, la teoría marxista de la plusvalía, vemos que
ésta plantea que los trabajadores son retribuidos sólo una porción de su trabajo, su
esfuerzo, mientras el resultado del esfuerzo restante es “enajenado” por el capitalista. Es
decir, a través de la máxima “a cada cuál según su esfuerzo” se puede tanto sostener una
defensa de ciertas desigualdades como una crítica radical de la desigualdad económica
en el capitalismo. El carácter legitimante de esta forma de “individualismo” existe
únicamente en tanto sus partidarios estuvieran dispuestos a aseverar, al mismo tiempo,
que el esfuerzo es el principal factor tras las desigualdades sociales imperantes: un
argumento legitimante posee al menos una dimensión normativa (X es lo justo), una
cognitiva (lo real es como en X), y una práctica (lo real es tratado como justo).
Ahora bien, efectivamente los valores “individualistas” se asocian
empíricamente a la justificación de una mayor brecha salarial (Castillo, 2009). Los
valores meritocráticos tienen un rol en la legitimación de la economía capitalista, y
conforman un eje diferenciable de algunos valores igualitaristas. Sin embargo, para
proveer de legitimidad a la desigualdad de ingresos, la creencia en el esfuerzo individual
como principio distributivo tendría que asociarse a la creencia en su efectividad como
mecanismo distributivo en la realidad empírica, y de no ser así bien podría fungir como
valoración crítica. Realmente, el esfuerzo como criterio distributivo es tan o más
contradictorio con el capitalismo liberal como lo es con un igualitarismo estricto.
De este modo, la oposición frontal entre los principios igualitaristas y del
esfuerzo queda en entredicho, y en cambio destaca claramente la disonancia entre
cualquiera de estos principios distributivos y la legitimación de altas brechas salariales
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en contextos de estratificación social. Así, el mecanismo que asocia valoraciones
individualistas (u otras) a la aceptación de mayores brechas salariales como justas se
torna un problema empírico, cuya explicación no pasa necesariamente por el ajuste
entre principios normativos y las evaluaciones de los actores. En lugar de la disonancia
entre ideologías en una consciencia dividida, podemos plantearnos la disonancia entre
principios normativos no-legitimantes y actitudes prácticas legitimantes del status quo.
Este trabajo aporta a la investigación sobre legitimación social de la desigualdad
analizando los mecanismos que conducen a actitudes legitimantes tales como la
definición de “salarios justos” muy desiguales. La hipótesis es que, si bien hay en Chile
una legitimación de las desigualdades sociales en tanto los actores se comportan “como
si” las desigualdades fueran legítimas para sí mismos, tal comportamiento no se asocia a
la correspondencia entre valores sociales y la realidad social percibida. En ese sentido,
resulta claramente discutible la “legitimidad social” de las desigualdades en Chile.
III. Legitimación, Legitimidad e Ideología.
Max Weber desarrolló el primer concepto sociológico relativamente sistemático de
legitimidad, que utilizará para explicar la estabilidad de las relaciones de dominación.
Para el autor, la aceptación de una determinada relación jerárquica es inherente al
fenómeno de la dominación, que involucra la aceptación de la voluntad de quien domina
(Weber, 1914). La creencia en la legitimidad de la dominación, entonces, no se limita
únicamente a tal aceptación. Involucra, necesariamente, un acuerdo a nivel colectivo
sobre la pertinencia y justicia de la dominación evaluada: una dimensión normativa.
No es posible discutir aquí los detalles de la teoría de Weber sobre la legitimidad
social, pero interesa enfatizar que la creencia en la legitimidad involucra mucho más
que una actitud de aceptación o sumisión. Se trata de una aceptación que colectivamente
es voluntaria sobre la base de estructuras normativas compartidas, aunque
individualmente se torne entonces “legítimamente obligatoria” por sanción del mismo
acuerdo normativo (Blau, 1963). Esta dimensión voluntaria y normativa de la
legitimidad social nos permite destacar que, aún desde una perspectiva empírica, no
todo arreglo distributivo tomado por legítimo es efectivamente tal.
Existen otros mecanismos capaces de cumplir las funciones estabilizadoras de la
legitimación. Llamaremos a estos mecanismos “ideológicos”, apelando a la connotación
marxista del término en dos sentidos: estos mecanismos (1) permiten la reproducción de
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relaciones de dominación que no poseen validez normativa entre quiénes son afectados
por ellos, y; (2) son intrínsecamente delusorios en el sentido de que aparecen en sus
resultados como legitimidad social, pero no lo son. Tanto la legitimidad social como los
mecanismos ideológicos podemos entenderlos como “mecanismos legitimantes”, cuyo
producto en común es “legitimación”. Así la legitimidad social designa un mecanismo
específico de legitimación basado en la existencia de un acuerdo normativo.
Sin desarrollar por ahora una teoría acabada sobre los mecanismos ideológicos,
se propone identificar como tales los procesos en que se evidencia la disonancia entre
los valores del actor y el funcionamiento objetivo de la desigualdad. Hipotéticamente
podemos identificar dos mecanismos ideológicos que permiten una actitud legitimante
frente a una forma dada de desigualad sin un discurso normativo consonante:
(1) Una percepción distorsionada de los mecanismos distributivos operantes.
Específicamente, la percepción de similitud de la realidad social con los principios de
justicia propuestos, en circunstancias de que existe información objetiva para descartar
esa similitud. La actitud legitimante del actor se produce por la invisibilización del
contraste entre sus valores y el funcionamiento de la estructura social. La distorsión es
cognitiva, por lo que se designa a este mecanismo como de “ilusión”. Este mecanismo
puede asociarse a la teoría “clásica” de la ideología como “velo” que impide a los
actores tomar consciencia de las relaciones de dominación en que se ven involucrados,
pero no requiere de la determinación a priori de los intereses o las valoraciones
normativas racionales correspondientes a un sujeto social (falsa consciencia).
(2) Una inconsistencia entre los principios normativos sostenidos por el actor y
las prácticas sociales, dada una percepción (fácticamente correcta o no) de los
mecanismos distributivos imperantes. En este caso la actitud legitimante se produce
“como si” existiera consistencia entre valoraciones internas y realidad social, aunque el
actor perciba a nivel cognitivo una contradicción existente entre ambas. Se actúa de
modo legitimante bajo la premisa de que otros valores son hegemónicos o a través de la
sencilla habituación, ambos fenómenos reforzados y perpetuados a través de la misma
acción legitimante. El mecanismo de “mistificación” describe un consenso normativo
supuesto y operante, pero inexistente, mistifica como acuerdos normativos pautas de
comportamiento cuya fuerza reside en la coerción y la habituación. Este mecanismo
puede asociarse a la idea de ideología como fetichismo (Zizek, 1994), en tanto práctica
social constreñida por una realidad social que aparece “dada” sólo en la medida en que
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los sujetos actúan sin estar “activamente conscientes” de la relación entre su propia
práctica y el reforzamiento de tal realidad social.
La relevancia de la distinción entre mecanismos legitimantes ideológicos y el
mecanismo de la legitimidad social tiene dos grandes aristas. Una normativa, desde una
perspectiva crítica, y otra analítica, orientada a maximizar el poder explicativo de los
conceptos de legitimidad, ideología y legitimación.
Desde una perspectiva crítica es crucial discutir si las actitudes legitimantes se
producen o no a partir de un acuerdo normativo entre los actores, y sobre todo si se
producen a partir de un acuerdo entre las creencias normativas de los actores y la
realidad en que viven. Si no es así, la estabilización de las sociedades desiguales aparece
como voluntaria en las prácticas sociales de los actores cuando, en realidad, está
determinada por las mismas relaciones de dominación en las cuales los actores están
involucrados involuntariamente, sin mediar una internalización normativa de éstas. Los
mecanismos ideológicos designan una dominación que se refuerza a si misma.
Tal distinción posee implicancias programáticas para una teoría crítica, en la
medida en que la primacía de distintos mecanismos legitimantes orientaría la crítica de
las sociedades desiguales a tareas sustantivamente diferentes: (1) la de proponer y
reforzar valores distributivos distintos (mecanismo de legitimidad social); (2) la de
develar los verdaderos mecanismos distributivos operantes en una sociedad desigual
(mecanismo de ilusión), o; (3) la de develar la inexistencia de los consensos normativos
legitimantes dados por supuestos (mecanismo de mistificación).
Para la investigación sociológica la distinción tiene dos ventajas. Una de ellas es
lidiar más adecuadamente con la relación entre estabilidad social y política de un lado e
integración social por el otro. La legitimidad social de un orden, teóricamente, se asocia
a una mayor integración social, a la incorporación y cohesión de los actores en el tejido
colectivo (Habermas, 1967; Stollte, 1983). Esta hipótesis teórica se sostiene
precisamente en la dimensión normativa de la legitimidad: la cohesión se produce en
tanto los actores se embarcan en relaciones de cooperación sobre la base de creencias
comunes. Así, la legitimación por mecanismos ideológicos debiera producir estabilidad,
pero no así integración social y cohesión, dando paso a síntomas anómicos. El caso de
Chile es nuevamente de interés aquí, exhibiendo síntomas como baja participación
política, bajo apoyo y preocupación por la institucionalidad democrática (Sperberg,
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2001), así como altísimos niveles de inseguridad subjetiva y desconfianza por el otro,
sin relación con los niveles de inseguridad objetiva (Dammert y Malone, 2008).
Otro aporte de la distinción entre mecanismos legitimantes refiere a la
identificación de las causas de la estabilidad en sociedades desiguales. En el caso de
Chile, existen numerosas hipótesis respecto de qué elementos explican la estabilidad y
la supresión del conflicto social y político desde los’90: la experiencia traumática de la
dictadura, la desarticulación de las organizaciones populares, la nueva institucionalidad
político-partidaria, la hegemonía del individualismo y de una racionalidad tecnocrática-
neoliberal, el ascenso en los estándares de consumo, la transformación de la estructura
productiva y consiguientemente de las pertenencias de clase de los individuos, etc.
Identificar cuáles son los mecanismos legitimantes que operan efectivamente en la
sociedad chilena, y cuál es el rol del acuerdo normativo en ello, aporta sustantivamente
a la tarea de determinar cuáles son los procesos macrosociales cruciales en la
estabilización socio-política en las condiciones de desigualdad que experimentamos.
IV. Metodología
Desde esta perspectiva surgen muchas preguntas. ¿Cuál es la relación entre los valores
sociales sobre justicia distributiva de los chilenos y sus actitudes frente a la
desigualdad? Las actitudes de relativo conformismo o indiferencia frente a ésta:
¿responden a la consistencia de tales desigualdades con una estructura normativa
hegemónica, o a fenómenos ideológicos como los antes descritos? La fuerza del
principio normativo del esfuerzo, ¿se experimenta como una justificación o como una
demanda social? ¿Cuáles son, finalmente, los mecanismos que mejor -o en mayor
medida- explican las evaluaciones legitimantes que otros estudios ya han confirmado?
Éstas preguntas requieren abarcar los argumentos legitimantes como objeto de
estudio, diferenciando: (a) una dimensión cognitiva, la percepción de los actores de los
arreglos distributivos operantes; (b) una dimensión normativa, los valores internalizados
por los actores en materia distributiva, y; (c) una dimensión práctica, las actitudes
prácticas de los individuos frente a la desigualdad, incluyendo las evaluaciones que
realizan los actores sobre los resultados de tales arreglos distributivos. El contraste entre
estos aspectos permitirá al investigador identificar los mecanismos en operación.
Este programa de investigación implica más de lo que puede desarrollarse en
estas páginas. El presente artículo es parte de una extensa investigación sobre
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mecanismos legitimantes de la desigualdad en Chile, involucrando herramientas
cualitativas y cuantitativas de elaboración de datos. Se presentará un análisis de parte de
estos datos, información recientemente obtenida en tres grupos focales sobre
desigualdad social en Santiago, con un total de 21 participantes (hombres y mujeres de
entre 26 y 55 años).
Cada grupo fue conformado por sujetos de distintas posiciones y orígenes
sociales: (a) un grupo de individuos de clase trabajadora, empleados en trabajos no
manuales de baja calificación o manuales, con ingresos mensuales no superiores a los
300.000 pesos chilenos (aproximadamente 600 USD); (b) un grupo de clase media alta,
profesionales o administrativos de nivel medio-alto, con ingresos mensuales superiores
a los 900.000 (1.800 USD) pesos chilenos y cuyos padres hayan ocupado posiciones
sociales similares; (c) un grupo de nueva clase media, con individuos similares a los de
clase media alta pero cuyos padres ocupaban posiciones de clase trabajadora.
Antes de participar en los grupos, cada participante contestó un cuestionario
sobre desigualdad social ante una persona distinta del moderador del grupo. Las
opiniones individuales reflejadas en este cuestionario sirven como contraste a los
discursos desplegados en la instancia grupal. El análisis busca explorar los principales
mecanismos legitimantes en contextos de clase diferenciados, profundizar en su
funcionamiento y distinguir claramente entre ellos, identificando los elementos
normativos, cognitivos y pragmáticos de los argumentos legitimantes.
V. Un Análisis de Argumentaciones Legitimantes.
1-. Dimensión Cognitiva. Percepción de los mecanismos distributivos.
En la discusión, fue claramente hegemónica la percepción de que la herencia familiar y
los orígenes sociales en general son el principal determinante de los logros y
recompensas de las personas en todos los ámbitos. En esta opinión generalizada, la
riqueza y posición de clase de la familia de origen se complementa con otros rasgos
adscritos -“la discriminación”-, cuya relevancia relativa varía bastante según el grupo.
La idea de discriminación (con la excepción de la de género) se encuentra
particularmente ligada al mundo del trabajo, donde la selección usaría filtros para
excluir a ciertos grupos de las mejores posiciones. El ámbito del trabajo se caracteriza
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también por la relevancia de los contactos, el “pituto”2. Los contactos parecen a veces
incluso más relevantes que los orígenes sociales a la hora de determinar los logros de las
personas, pero en general se reconoce que la calidad de los contactos está asociada a los
orígenes sociales de los individuos. Así, se revelan como un mecanismo mediante el que
las clases privilegiadas aseguran sus posiciones en el mercado laboral.
El esfuerzo y el talento se perciben como herramientas marginales en el mundo
del trabajo: es posible acceder a ciertos avances en materia de empleo si te “esfuerzas el
doble” o eres “realmente brillante”. El caso del talento es devaluado mayoritariamente
en términos de su relevancia numérica. El rol del esfuerzo es más complejo y presenta
muchas variaciones entre los grupos, que serán discutidas en sus apartados.
El diagnóstico sobre el ámbito de los ingresos es bastante similar. El “factor
hereditario” es consignado sin titubeos como la explicación central (o única) de los
logros económicos. Se percibe como mucho más débil el rol del esfuerzo en la
obtención de ingresos que en el logro ocupacional, a la vez que la percepción de la
magnitud de las desigualdades de ingresos es más marcada. Más allá de los mecanismos
distributivos, la desigualdad de ingresos se percibe como “excesiva” o “grosera”.
El diagnóstico de la distribución de la educación es particularmente claro. Los
participantes asocian mayor y mejor educación casi exclusivamente a factores
hereditarios, al tiempo que evalúan estas diferencias como sumamente determinantes en
la vida de las personas y “mucho más graves que antes”. Esta percepción va más allá de
la noción de que a más recursos mejor es la educación obtenida (dimensión cualitativa),
y en general las etapas superiores de educación se perciben como reservadas casi
exclusivamente a quienes poseen una posición social de privilegio.
Las respuestas individuales fueron en general consistentes con las opiniones
dadas en el grupo. La mayoría de los individuos identificó el capital familiar y la
herencia como el factor central para explicar las recompensas y logros en materia de
educación (20), trabajo (18) e ingresos (17). Las otras respuestas se distribuyeron entre
el esfuerzo y el talento como mecanismos distributivos. Durante la discusión, las
personas con estas últimas respuestas se sumaron rápidamente a la opinión mayoritaria.
2 En Chile, el término “pituto” designa a un contacto que facilita el acceso a distintos recursos, especialmente a una posición laboral.
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1.1 Percepciones de la nueva clase media. Este grupo pone mayor énfasis en el impacto
de distintos rasgos adscritos en el logro, sin negar la primacía de los recursos y el capital
como principal explicación de éste. Estos rasgos se asocian a la posición de origen de
los individuos, por lo que probablemente este grupo está más expuesto a experimentar
este contraste en su proceso de movilidad. Las “marcas” más destacadas incluyen los
apellidos de origen extranjero o aristocrático, y los rasgos indígenas. Otras “marcas”
más directamente vinculadas con el “clasismo” operan para restringir las posibilidades
de ascenso social: el lenguaje, la comuna de residencia, el colegio, etc.
El rol del esfuerzo en el logro laboral se reconoce, pero se considera débil: el
sacrificio para “ascender” es desproporcional a los beneficios, que están limitados a un
rango estrecho de posiciones “alcanzables”. Además, los logros obtenidos con esfuerzo
en el trabajo no se traducen necesariamente en mayores recompensas económicas.
En el ámbito de los ingresos aparecen como contraparte los empresarios, fuera
de la conversación cuando se discute sobre empleo. Se percibe que la movilidad
ocupacional no permite acceder a la verdadera “riqueza”, y que la movilidad de ingresos
accesible es despreciable. Se reconoce eso sí que los ingresos y el bienestar han
mejorado para muchos, pero esta mejora viene acompañada de mayor “violencia” en la
vida social, menor integración, vulnerabilidad social, individualismo y riesgo constante.
1.2 Percepciones de la clase media alta. Este grupo enfatiza en el problema de la
desigualdad de oportunidades, negando la posibilidad de movilidad social a partir del
esfuerzo y del talento. El contexto de falta de oportunidades se asocia a “la salida fácil”
que se expresa en delincuencia, violencia, etc., contenidos casi ausentes en los otros
grupos. Al mismo tiempo existe la percepción (minoritaria) de que mucha de la “gente
pobre” está cómoda donde está y no se esfuerza por salir de su posición.
Este grupo percibe claramente que la desigualdad educativa es el eje que
estructura todas las otras desigualdades. El talento y el esfuerzo pueden tener frutos
escolares, pero muy por debajo de los que se obtienen con recursos. Hay menor énfasis
inicial en las dimensiones de las diferencias de ingresos, que se destacan más adelante
por la comparación con países europeos. El grupo de comparación interna son “las elites
económicas”, que favorecerían el desarrollo de un modelo específicamente orientado a
la desigualdad y la concentración de la riqueza. Frente a esta situación, particularmente
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este grupo percibe a “los chilenos” como conformistas, “admirados de sus patrones” y
crédulos, convencidos de la bondad de la desigualdad y del liderazgo del empresariado.
1.3 Percepciones de la clase trabajadora: En el caso de este grupo, destaca sobre todo
una percepción menos categórica respecto de los mecanismos distributivos imperantes a
todo nivel. Si bien la idea de que el factor hereditario es la principal explicación del
logro en los distintos ámbitos sigue siendo mayoritaria, aparece con algo más de fuerza
la creencia en el esfuerzo y el talento, generándose más discusión al respecto.
Respecto de la educación se rescata la existencia de becas y ayudas para los
estudiantes más talentosos, pero perciben que estos mecanismos están disponibles para
una minoría muy pequeña: las oportunidades están repartidas de modo muy desigual, y
la educación se percibe completamente segregada. Este grupo enfatiza además el
problema de las condiciones de vida durante el proceso educativo como condicionantes
que impiden la movilidad social: aunque el esfuerzo puede ser útil a nivel individual, el
esfuerzo requerido para los mismos objetivos varía radicalmente según la posición
social. Es decir, el esfuerzo se percibe como alternativa práctica pero no como
mecanismo distributivo relevante a nivel social.
Este grupo comparte con el de la nueva clase media el relativizar la relevancia
de la educación en la movilidad social: en el ámbito laboral se percibe que pueden
obtenerse resultados sin contar con gran capacitación. Sin embargo, los puntos de
referencia para definir la movilidad posible son muy moderados. Así el esfuerzo se
percibe nuevamente como una posibilidad de obtener algunos resultados en Chile, pero
dentro de límites estrechos y claramente definidos por el origen social de las personas.
Como en los otros grupos, se destaca el rol en el trabajo de los contactos, que
nuevamente están asociados con claridad a las posiciones de origen favorecidas. Se
enfatiza también la relevancia de la apariencia física en el trabajo, aunque no se asocia
directamente a discriminaciones raciales o de clase.
En el ámbito de los ingresos destaca la aparición de una crítica, ausente en los
otros grupos, respecto de la retribución del esfuerzo involucrado en las tareas de cada
empleo: los ingresos no están asociados al esfuerzo involucrado en las tareas de un
trabajador, especialmente cuando se trata de un esfuerzo físico. Es decir, en el caso de
los ingresos se minimiza el impacto del esfuerzo en el logro económico, enfatizándose
que viene ya dado por la herencia familiar, los contactos y las credenciales
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educacionales (que son ambos distribuidos según origen social). Al respecto, existe una
clara percepción de que no existe voluntad por parte de las elites económicas de aceptar
una distribución más equitativa del dinero, y de que las “reglas del juego” se van
modificando en el tiempo con el fin de que nunca “chorree el vaso”.
2-. Dimensión Normativa. Definición de mecanismos distributivos justos.
En la definición de lo justo se observaron niveles importantes de consenso, tanto al
interior de cada uno de los grupos como entre ellos: efectivamente pareciera existir un
patrón normativo bastante hegemónico, aunque lógicamente existen variaciones
importantes al respecto. Por esto, esta dimensión se expone en un solo apartado común.
Los participantes hablaron de cómo distribuir la educación, los empleos y los
ingresos en una sociedad justa. Optaron por ir definiendo lo justo en este mismo orden,
tomando como base las condiciones de una educación justa para definir cómo debiera
funcionar el trabajo, y las condiciones de un empleo justo para definir los ingresos.
En el aspecto educativo el consenso es bastante sorprendente, y apenas se
observaron diferencias entre los grupos. En todas las discusiones se definió rápidamente
que sólo es justa una educación completamente igualitaria en la que se elimina toda
influencia de los recursos, pero también del esfuerzo o del talento de las personas al
menos en los niveles que se consideren básicos. La definición de lo “básico” -la
educación que debía considerarse una necesidad y asegurarse igualitariamente- muestra
variaciones, pero en general incluye al menos una educación superior inicial.
El criterio de igualación como justicia en materia educativa tiene dos aristas
destacadas en los tres grupos. El primero es la eliminación o el control de la educación
privada. El grupo de clase media alta planteó claramente que la educación privada debía
eliminarse para asegurar condiciones de justicia educativa. Esta posición es mayoritaria
pero no absoluta en los otros grupos, donde algunos plantearon que podía existir
educación privada si se asegura calidad equivalente en la educación gratuita y abierta a
todos. Participantes en ambos grupos de clase media fueron más lejos planteando que lo
justo sería que la educación tuviera un rol específicamente homogenizador, “tal como
en The Wall”, contrarrestando el impacto de los orígenes de las personas en su vida.
Existe cierto acuerdo también en que, si ya existen las condiciones de acceso
completamente igualitario a la educación, es justo que la sociedad destine sus recursos a
nivelar la educación de las personas con más necesidades. En esto los participantes se
refirieron tanto a dificultades cognitivas de las personas -igualar las capacidades- como
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a suplir las desventajas sociales que las personas tienen por fuera del sistema educativo
para que pudieran desarrollarse en igualdad de condiciones. En este sentido cabe
destacar que en todos los grupos las personas enfatizaron que la igualdad en el acceso a
la educación era necesaria pero insuficiente para la justicia social en materia educativa.
Respecto de los niveles de educación más altos existe cierto consenso en que se
requiere de algún grado de selección, y en la necesidad de eliminar cualquier impacto de
las condiciones de origen en ella. Las aptitudes y capacidades acumuladas, así como un
aspecto vocacional, fueron en general planteadas como criterios válidos para
seleccionar. El esfuerzo en este caso es secundario (hubo más desacuerdo sobre esto en
el grupo de nueva clase media) pero no ilegítimo. Es decir, en materia de educación hay
un consenso normativo en torno de la primacía de la igualdad o necesidad como criterio,
y en la justicia de aplicar criterios de capacidades (talento y esfuerzo) en los niveles
superiores si las necesidades educativas generales están ya cubiertas.
En materia de distribución de los empleos, existe un consenso en los distintos
grupos en torno a la centralidad de la igualdad de oportunidades. Bajo el supuesto de
igual acceso a la educación, los participantes en general enfatizaron distintos medios
para eliminar la influencia de la herencia social y los contactos en el proceso de logro
ocupacional. En los grupos de clase media alta existe más preocupación por eliminar
también otros insumos ilegítimos como el endeudamiento, el atractivo físico, etc.
La distinción entre talento y esfuerzo aparece muy difusamente en este nivel –no
así en el de educación- y las personas se inclinan por el desempeño, la eficiencia
individual, las capacidades en general, o en menor grado la experiencia como criterios
válidos para distribuir las posiciones laborales entre las personas.
En el caso del grupo de clase trabajadora destaca una concepción distinta de las
“capacidades” adecuadas para asignar posiciones de empleo. Los participantes se
esforzaron en especificar que debían compararse las capacidades específicas para cada
tipo de trabajo, de forma más cualitativa que jerárquica, orientada hacia un principio de
complementariedad en lugar de competencia. Como se verá después, esta idea tiene
conexión con la definición de criterios de justicia para los ingresos.
Respecto de los ingresos, en todos los grupos se coincidió en que las diferencias
en una sociedad justa debían ser mucho menores, aunque existirían. Inicialmente primó
en el criterio distributivo de necesidad o igualdad, en el sentido de que es necesario
asegurar el acceso a ingresos adecuados para cumplir con las necesidades de cada cuál.
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Al respecto, se planteó con diversa intensidad (menor en la clase trabajadora) que estas
necesidades debían ir mucho más allá de las “básicas”, asegurándose el acceso a ciertos
lujos y buen vivir para todas las personas. Hubo discusión sobre si este ingreso básico
debía supeditarse a la disposición al trabajo en el grupo de clase media alta, mientras
que en los otros la disposición a trabajar en un contexto más justo se dio por sentada.
Ya establecido que toda diferenciación en los ingresos debía ser posterior a la
cobertura igualitaria de ciertas necesidades, se observan más diferencias entre los
grupos respecto de qué criterios son justos para hacer estas diferenciaciones. En todos
los grupos estas diferenciaciones se basan en el mundo del trabajo, y así se tiende aquí a
reproducirse la posición normativa planteada por cada grupo en ése ámbito.
En el grupo de nueva clase media, los mecanismos legítimos consensuados son
el esfuerzo y el sacrificio implicado en cada trabajo. Esto es considerado un problema
algo secundario, ya que se considera que las diferencias debieran ser muy reducidas. En
el grupo de clase media alta se validan como criterios el esfuerzo y la iniciativa, ésta
última asociada al emprendimiento y a la inquietud, a la idea del que ambiciona y “se
las busca”. Los participantes, en general, intentan conjugar los principios de igualdad y
necesidad con la libertad de obtener beneficios para quienes deseen buscarlos.
En el grupo de clase trabajadora frecuentemente se sugiere que la igualdad
absoluta de ingresos es deseable o justa pero inalcanzable. Las diferencias de ingresos
“lamentablemente deben” existir, y se plantea al esfuerzo como el criterio justo para
hacer esas diferencias. Sólo en éste grupo el esfuerzo no aparece como necesariamente
vinculado a la obtención de posiciones laborales distintas: algunos consideran justo que
las personas compitan entre sí con su esfuerzo por posiciones asociadas a ingresos
mayores que otros, mientras otra parte postula que lo justo sería que uno fuera
remunerado por su esfuerzo y sus capacidades “en lo que hace”. Esta idea de retribución
está claramente asociada al criterio “cualitativo” de distribución de los empleos.
En conclusión, la estructura normativa de los participantes puede resumirse de
en la combinación de dos principios distributivos diferentes. Por una parte, los
principios de igualdad y necesidad, que rigen la distribución de la educación al menos
hasta cierto nivel avanzado, así como la distribución igualitaria de un bienestar
universal básico sin mediar relación con el trabajo. Por la otra, los principios del
esfuerzo y el talento, a menudo unificados como “capacidades” o “desempeño”, que
serían formas generalmente legítimas de distribuir excedentes y recompensas una vez
15
que las necesidades de todos y cierto nivel de igualdad general está garantizado. Por
último, resulta claro que la distribución de cualquier forma de recompensa de forma
hereditaria, o a través del acceso a redes o círculos asociados al origen social, es
considerada completamente injusta por la gran mayoría de las personas.
En el cuestionario individual, los participantes debían indicar qué criterio sería,
en una sociedad justa, el más importante para obtener mejor y más educación, mejores
trabajos y más ingresos, y cuáles no debieran tener ninguna injerencia en cada caso. Las
respuestas fueron consistentes con lo observado en la discusión, con gran dispersión
entre posiciones igualitaristas y meritocráticas, y coincidiendo la gran mayoría en la
indeseabilidad de cualquier forma de transmisión hereditaria del logro.
En el ámbito de la educación, 9 sujetos indicaron que el esfuerzo debía primar y
2 optaron por el talento. Optaron 7 por igualdad absoluta y 3 por una educación
distribuída según las necesidades de cada quién, sumando un total de 10 opciones
marcadamente igualitaristas. Respecto del empleo, el esfuerzo apareció como claro
valor hegemónico respecto de cómo debían asignarse las mejores posiciones, con 16
preferencias. 4 personas optaron por el talento y sólo 1 por igualdad absoluta. Respecto
de los ingresos, 10 optaron por el esfuerzo como criterio distributivo y 5 por el talento,
mientras que 4 optaron por la igualdad absoluta y 2 por las necesidades de cada cuál.
Adicionalmente, la mayoría de los participantes consideraron completamente
injusto que los logros de los padres o la familia tuvieran alguna ingerencia en la
educación (20), el empleo (18) o los ingresos (17) de las personas. Como resultaba
esperable, nadie escogió tal criterio como más justo en ningún ámbito.
Atendiendo a estas respuestas individuales, la combinación de mecanismos
distributivos igualitaristas y meritocráticos en la discusión podría entenderse como un
compromiso entre partes o como la expresión de modelos similares con diferentes
énfasis. En las argumentaciones de los participantes, ambas ideologías no aparecen
contrapuestas si no como complementarias, y es difícil hallar evidencia de una
“consciencia dividida” al interior de la dimensión normativa. Por el contrario, igualdad
y esfuerzo aparecen como dos momentos de un modelo normativo consistente.
3-. Dimensión Práctica. Actitudes frente a la desigualdad.
16
De lo anterior se desprende que, para la mayoría de los participantes, su percepción de
los mecanismos distributivos en Chile era exactamente contraria a su definición de lo
justo. Cabría esperar un rechazo total de la justicia y legitimidad de la realidad chilena.
Hasta cierto punto, es así. La mayoría de las personas describen a la sociedad
chilena como injusta. Sin embargo, la mayoría de éstas despliegan actitudes que
podemos describir como legitimantes de la misma.
Individualmente, sólo 7 de los 21 evaluó la educación en Chile como
“completamente injusta” en una escala de 4 niveles, y sólo 4 lo hicieron con el mercado
laboral y la distribución de las oportunidades de trabajo. La mayoría (13) clasificó la
distribución de ingresos como completamente injusta. Sin embargo estas mismas
personas, al definir un salario justo para un obrero y otro para un gerente, proponen en
promedio3 como “brecha salarial justa” una relación de 11 a 1, comportándose de modo
similar al indicador equivalente medido a nivel nacional (Castillo, 2009). Al
consultarles sobre si alguna vez habían participado en alguna instancia o actividad
orientada a remediar las desigualdades sociales que consideraban injustas 9 personas
reconocieron que no, y de las 12 restantes sólo 3 reportaron haber participado en algún
tipo de acción u organización colectiva de tipo reivindicativo (el resto reportó pautas de
conducta en su trabajo, participación en actividades de tipo asistencial, etc.).
Estas actitudes legitimantes toman, en la discusión, la forma de diversos
dispositivos cuyo análisis detallado escapa a los alcances de este artículo y sólo pueden
presentarse a modo de ejemplos. Diversas formas de atenuación en el lenguaje permiten
a las personas reducir la disonancia entre creencias normativas y cognitivas. La
culpabilización de la víctima permite atenuar el conflicto a través de la “actuación” de
prejuicios que, en general, los mismos actores han descartado (o descartarán después)
como falsos o imprecisos. La localización de problemas generales de la desigualdad
como la educación o los ingresos en demandas o segmentos específicos (inmigrantes,
minorías étnicas, ruralidad extrema) permite también eludir el posicionamiento práctico
frente al problema general, sin negarlo explícitamente ni evidenciar(se) así el quiebre
argumental. El desplazamiento del nudo problemático de la desigualdad, en el tiempo
histórico (inscribiendo la desigualdad como inherente a nuestra historia nacional), o en
3 Se excluyó un caso extremo con una brecha justa de 375,14, que arrastraba el promedio hasta 27,5.
17
el espacio (la desigualdad es global y no puede modificarse desde lo nacional), permite
a los actores tomar una postura comparativamente benevolente o fatalista.
El fatalismo, posiblemente la actitud más generalizada cuando el contraste entre
evaluaciones prácticas, percepciones y valores se hace evidente, se nutre de dispositivos
diversos y a menudo complementarios. Particularmente en el grupo de clase trabajadora,
un fatalismo por naturalización permite actuar “como si” la desigualdad imperante
fuera natural o inmutable, aún cuando los mismos sujetos sugieren antes o después
argumentos y ejemplos que descartan esta noción: un tópico clásico de la teoría de la
ideología. Alternativamente, un fatalismo cínico permite describir de modo descarnado
a Chile como una sociedad de clases marcada por la dominación y la explotación
extrema. Sin naturalizar necesariamente, este cinismo da esta situación por evidente y
coloca a la crítica en el lugar de la ingenuidad. Tal vez el más relevante, cierto fatalismo
por soledad percibida produce impotencia y autocensura de la crítica a través de la
percepción del conjunto de la sociedad, sobre todo los miembros de otras clases y
grupos sociales, como conformistas, alienados, o completamente convencidos de la
justicia de la sociedad existente: “vasallos admirados de sus patrones”.
Finalmente, a menudo los participantes omiten preguntas directas que podrían
llevarlos a confrontar la brecha entre lo tenido por cierto y lo tenido por justo. Esta
evasión emerge sobre todo cuando la discusión se desplaza de lo cognitivo a lo
normativo, y la insistencia en esta situación genera a veces irritación y sensaciones de
impotencia, así como actitudes defensivas. Una forma común de éstas es sostener la
irrelevancia de la propia subjetividad, recurriendo a la variabilidad individual (“depende
del criterio de cada persona”) o cultural (“depende, hay países donde dirían que esto es
justo o donde no”) para eludir cualquier juicio práctico o inclusive normativo.
Con la excepción de la culpabilización de la víctima, estos dispositivos tienden a
perder fuerza y frecuencia en la medida en que se desarrolla la dinámica grupal.
Mientras los sujetos descubren las opiniones de sus pares, las críticas y juicios se tornan
más categóricos y las actitudes menos evasivas. En particular, cuando se logra traspasar
las evasiones sobre qué es lo justo, estas defensas pierden gran fuerza.
Después surge la pregunta (de los mismos participantes o inducida) sobre por
qué esta situación permanece así, y algunos ofrecen interpretaciones de sus propias
actitudes (pasivas). Éstas pasan por las condiciones de riesgo e impotencia que dicen
experimentar: no se describe a Chile como una sociedad poco democrática o represiva,
18
pero existe desconfianza de las chances de cualquier acción colectiva (especialmente
política), y miedo de las consecuencias de la protesta o del conflicto social. Esto no se
expresa directamente, se implica en precauciones como “ahora nadie está seguro en su
trabajo” o “la gente tiene una familia que mantener”, y en la idea de “los políticos”
como una clase social diferenciada, cerrada y con intereses propios.
VI. Conclusiones.
El análisis anterior da cuenta de que la creencia (normativa) de los actores en el
esfuerzo como mecanismo distributivo tiene una connotación crítica en el contexto
chileno, asociándose a un discurso igualitarista antes que liberal-capitalista. Así, la
hipótesis de la consciencia dividida queda cuestionada, ya que en general los actores son
capaces de articular de modo coherente los criterios distributivos de esfuerzo e
igualitarismo, con énfasis variable en uno u otro.
La percepción de los mecanismos distributivos imperantes contrasta
abruptamente con los valores al respecto de los actores, que sin embargo en su práctica
presentan actitudes legitimantes al respecto. Esto demuestra cómo pueden explicarse
estas actitudes legitimantes a través de un mecanismo de mistificación, y que las
actitudes legitimantes de los participantes no se asocian necesariamente a convergencia
entre definiciones de justicia y percepción de la realidad social. Los actores se muestran
cognitivamente conscientes respecto de las contradicciones entre sus modelos
normativos y sus percepciones de lo real, pero actúan de modo que disuelve esta
contradicción en su práctica. Esto parece producirse no sólo por la habituación inherente
a las prácticas cotidianas, si no porque la modificación de la realidad en un sentido
consistente con lo que aparece como “justo” aparece explícitamente como imposible. Es
interesante que tal imposibilidad no sólo se expresa en formas de naturalización como
las que describían las teorías clásicas de la ideología (que siguen siendo relevantes), si
no sobretodo a través de la suposición de consensos que, aparentemente, son sólo
supuestos. Evaluar con certeza esta hipótesis, sin embargo, requiere complementar este
trabajo con información cuantitativa.
No se encontró evidencia en estos casos sobre la relevancia del mecanismo de
ilusión. Sin embargo, esto puede deberse a la dinámica grupal en la que tiende a
producirse rápidamente una postura hegemónica. Las respuestas al cuestionario en la
dimensión cognitiva indican que posiblemente algunos individuos podrían ser
19
caracterizados por el mecanismo de ilusión pero modificaron rápidamente sus opiniones
en el grupo. Es necesario entonces explorar este tipo de casos a través de técnicas
individuales.
No es posible, sólo con esta información, afirmar la inexistencia de casos en que
la legitimidad social, la consistencia entre las creencias normativas y la realidad, opere
como principal mecanismo legitimante. Sin embargo, los resultados apuntan hacia la
preponderancia de los mecanismos ideológicos antes enunciados. Aunque resulta crucial
complementar esta investigación con casos individuales e investigación cuantitativa, el
trabajo realizado sugiere que la desigualdad social en Chile no posee legitimidad social,
y sobre todo que la legitimación de tal desigualdad se desarrolla de modo conflictivo y
problemático para los actores. Al evaluar la realidad social y enfrentarse a su propia
práctica legitimante, los actores renuncian a “lo justo” para actuar en “lo posible”,
extendiendo en esa misma actuación la distancia entre ambos mundos. La irritación y
ansiedad que genera en los actores confrontar esta renuncia sugiere, también, la
impotencia de los mecanismos ideológicos para, más allá de la obediencia, generar
integración social.
20
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