profundización del modelo de gestión de los recursos

Profundización delmodelo de gestiónde los RecursosNaturales en BoliviaEncuentros de Secretarios de RRNNde Organizaciones IndígenasOriginarias y Campesinas

CEJIS Regional La Paz

Profundización del modelo de gestión de los Recursos

Naturales en Bolivia

Encuentros de Secretarios de RRNN de Organizaciones Indígenas Originarias y Campesinas

Julio y Septiembre, 2009

Memoria

“Profundización del modelo de gestión de los Recursos Naturales en Bolivia”

Encuentros de Secretarios de RRNN de Organizaciones Indígenas Originarias y Campesinas

Organizaciones participantes:

Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB)

Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ)

Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB)

Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB)

Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”

(CNMCIO-BS).

Movimiento de los Trabajadores Campesinos Indígenas Sin Tierra Bolivia (MST-B)

Redacción:

Iván Bascopé SanjinésPolo de la Riva MirandaMiguel Vargas DelgadoMauricio Díaz VidaurreAdriana Rosso Pantoja

Edición:

Pablo Villegas N. CEDIB

Ilustración portada

Efraín Ramos

Impresión:

LIVEGRAPHICS

Depósito legal:

4 -1-2713-09

El material contenido en esta publicación puede ser utilizado citando a los autores y fuentes.

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Contenido

AAC ................................. Autoridad Ambiental CompetenteAC .................................... Autoridad CompetenteADI .................................. Área de Impacto DirectoAII .................................... Área de Impacto IndirectoAMIAC ........................... Actividad Minera con Impacto Ambiental No SignificativoAOPM ............................ Actividad, Obra o Proyecto MineroAPG ................................. Asamblea del Pueblo Guaraní CC’s ................................. Comunidades CampesinasCCCH .............................. Consejo de Capitanes de Chuquisaca CFNMCIOB “BS” ...... Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas

Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, CIPLA ............................ Central del Pueblo Leco de Apolo, CONAMAQ .................. Consejo Nacional de Ayllus y Markas del QullasuyoCOPNAG ....................... Central de Pueblos Nativos Guarayos, CPILAP ......................... Central de Pueblos Indígenas de La Paz, CSUTCB ........................ Confederación Sindical de Trabajadores Única de Campesinos

de Bolivia EEIA ............................... Estudio de Evaluación de Impacto AmbientalEIA .................................. Evaluación de Impacto AmbientalEMAP ............................. Exploración Minera y Actividades PequeñasFSUTC - P .................... Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de Pando, FSUTC -B ..................... Federación Sindical de Trabajadores Campesinos del Beni, IDH ................................. Impuesto Directo a los HidrocarburosLA .................................... Licencia AmbientalMMM.............................. Ministerio de Minería y MetalurgiaMST -B .......................... Movimiento Sin Tierra de Bolivia, OICH............................... Organización Indígena Chiquitana, OPIM .............................. Organización del Pueblo Indígena Mosetén, PILCOL .......................... Pueblo Indígena Leco Larecaja, PIO’s .............................. Pueblos Indígenas OriginariosPM ................................... Prospección MineraRAAM ............................ Reglamento Ambiental para Actividades MinerasRASH.............................. Reglamento Ambiental para el Sector HidrocarburosRL .................................... Representante Legal

Lista de abreviaciones

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a presente memoria es producto de la participación en los Encuentros de Se-cretarios de Recursos Naturales de las organizaciones indígenas, originarias y campesinas de Bolivia, llevados a cabo entre julio y septiembre del 2009; con un rol activo, protagónico y, por lo tanto, es un producto enriquecedor de

estos actores que nos brinda elementos sociales, políticos y jurídicos en el abordaje de las temáticas que atañen al nuevo Modelo de Gestión de los Recursos Naturales, desde una óptica de conservación del medio ambiente y ejercicio de los derechos colectivos expresados en la Constitución Política del Estado, que nos permiten un análisis profundo de las Industrias Extractivas en el país.

Este proceso ha demostrado por sus resultados, que las organizaciones no quie-ren quedar fuera del proceso de implementación de este modelo de gestión, pero a su vez no quieren estar dentro de las formas en las que hasta ahora se ha planteado el problema que hace al uso, aprovechamiento y beneficios de los recursos naturales no renovables, como es el caso de los hidrocarburos y minería; tal como se aprecia en las declaraciones que son parte de esta publicación. Todo ello, conlleva un tema de fondo y de forma. Sucede que en muchos casos, los foros implican una pedagogía y didáctica únicas, que pueden hacer perder de vista las particularidades de los asis-tentes y participantes, en ello existe un reto para los conductores de estos ámbitos de trabajo compartido, que deben explotar la imaginación al máximo, para que los aportes sean realmente significativos.

De fondo, partamos admitiendo que invitar a los pueblos indígenas no quie-re decir involucrarlos y esto sucede por lo mencionado anteriormente. De fondo, la lectura de este trabajo puede servir para abogados, sociólogos, comunicadores, quienes toman las decisiones y quienes pueden propiciar voluntades políticas para abordar de forma seria el tema de los recursos naturales; sin embargo, esta lectura debe ser empática, es decir, teniendo la habilidad de colocarse en la posición del

Prefacio

PROFUNDIZACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN BOLIVIA

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indígena, originario y campesino, como si fuera la propia, ya que debemos admitir, por segunda vez, que los directamente afectados o al menos de manera primigenia son los que desarrollan formas de vida en lo material y simbólico directa y estrecha-mente en función de la tierra y el territorio.

Una lectura plural de la presente memoria ha de encontrar componentes nue-vos, que a lo mejor con mayor profundización, puedan enmarcarse en la compren-sión del factor histórico, la iniciativa política con el factor organizativo y de esa ma-nera ser aprehensivos con las posibles nuevas soluciones que están dispersas, en todos los testimonios que aquí se rescatan.

Existe un salto cualitativo que no debe ser desestimado, y es que a lo largo de las jornadas de estos encuentros, las organizaciones demostraron real voluntad por entrar en el campo jurídico, como apostando de forma coherente con los resultados obtenidos el día en que se aprobó la Nueva Constitución Política del Estado Plurina-cional de Bolivia. Así, se abre un nuevo frente a ser trabajado y se discuten los asun-tos de siempre en este nuevo escenario: derecho a la tierra y el territorio indígena, originario y campesino, derecho de consulta, al trato equitativo frente a las empre-sas que explotan los recursos naturales y una larga cadena de colaterales como son el medio ambiente sano, el fortalecimiento de las organizaciones y otros derechos que en última instancia implican justicia, entre lo más resaltantes, que concatenados reflejan el espíritu del autogobierno o la aspiración permanente de ejercer la libre determinación en el marco de las estructuras de este nuevo Estado.

La utilidad de esta memoria radica, particularmente, en que el contenido está reservado, en mayor medida, a expresar en la discursividad de los actores directos, los temas que los investigadores en todos los ámbitos antes mencionados deben tener presente para ubicar y re – definir sus paradigmas e incluso los resultados obtenidos, ya que antes de creer que están aquí plasmadas todas las respuestas, más bien se tiene un incentivo y aporte para la discusión, de manera más próxima para enfrentar el desarrollo legislativo sobre estas materias. Si bien es cierto que hasta el momento, la manera en la que se ha construido el conocimiento y su encuadra-miento, de corte occidental, multidisciplinario, hemos llegado a ciertos acuerdos y avances, que aunque inicialmente son fragmentarios y de experiencias aisladas, se cree que con el posicionamiento necesario de los sectores indígenas, originarios y campesinos, el tema de los recursos naturales se complementa e enriquece con su aporte complejo, aperturando posibilidades que, aunque con algunas dudas e in-certidumbres, se ha iniciado a marcar éste proceso donde la mayoría de los actores quiere los mismos resultados.

Este aporte no es fortuito y mucho menos debe considerarse como un aporte más a la discusión ya que detrás de ese aporte existen lógicas sociales y políticas de alta cohesión, con espacios de reflexión comunitaria muy alejada a la que estamos acostumbrados y porque no en buena medida es lo que nos haría mucho bien en imitar, para que nuestros resultados y propuestas tengan la efectividad que tanto esperamos.

Equipo CEJIS, Regional La Paz

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a promulgación de la Constitución Política del Es-tado (CPE), realizada el 7 de febrero de 2009, mar-có el reto hacia la consolidación del nuevo Estado Plurinacional boliviano, demanda que fue reivin-

dicada por las naciones y pueblos indígenas originarios y comunidades campesinas aglutinadas al Pacto de Uni-dad a través de sus organizaciones, quienes incidieron y lucharon porque la CPE reconozca su preexistencia, el dominio ancestral sobre sus territorios, su libre deter-minación, el ejercicio de su autogobierno a partir de las autonomías, la gestión territorial, la gestión del medio ambiente, la promoción y conservación de sus lenguas, culturas e instituciones, el derecho a ser consultados mediante procedimientos adecuados de menare previa, libre, obligatoria, de buena fe y concertada; interpelando, de esta manera, al viejo Estado monocultural e incorpo-rando la inclusión de los 36 pueblos del oriente, chaco y Amazonía y, de tierras altas, en el marco de las estructuras políticas del nuevo Estado Plurinacional. Un paso inicial para este propósito, tiene que ver con la participación y representación política de estos pueblos y naciones en la conformación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que tendrá como uno de sus principales roles la creación de nuevas normas e instituciones que reflejen el nuevo carácter plurinacional del Estado boliviano.

Por lo tanto, la etapa de desarrollo actual del Estado Plurinacional debe ser asumida como histórica por todos

Introducción

los actores sociales y con la responsabilidad que impli-ca, especialmente por parte de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos, que impulsaron el proceso con propuestas y agendas, ya que existe, ahora, el peligro real de desconstitucionalizar el contenido del texto de la CPE en lo referido a los derechos colectivos reconocidos a través de nuevas normas e instituciones similares a las actuales, lo que imposibilitaría la idea de avanzar hacia un nuevo modelo de Estado.

En este sentido las organizaciones matrices de las naciones y pueblos indígenas originarios y comunidades campesinas, representadas por el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (CONAMAQ) y sus Suyus, Jach’a Suyu Pakajaqi, Q`apac Omasuyu, Urus, Suras, Jaki-sa, CAOP, Jach’a Karangas y la Nación Chichas; la Confe-deración de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y sus regionales, entre ellas: Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CEPSC), la Organización Indígena Chi-quitana (OICH), la Central de Pueblos Nativos Guarayos (COPNAG), la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), la Central del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA), el Pueblo Indígena Leco Larecaja (PILCOL), la Organización del Pueblo Indígena Mosetén (OPIM), la Central Indígena del Norte Amazónico de Bolivia (CIRABO), la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB), la Central Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB) y


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la Central de Mujeres Indígenas del Beni (CIMB); la Con-federación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (CNMCIOB “BS”), la Confederación Sindical de Trabajadores Única de Cam-pesinos de Bolivia (CSUTCB), el Movimiento Sin Tierra de Bolivia (MST –B), el Pueblo Afroboliviano, la Asam-blea del Pueblo Guaraní (APG), , la APG Charagua Norte, el Consejo de Capitanes de Chuquisaca (CCCH) y la APG del Alto y Bajo Isoso; plantearon la necesidad de desarro-llar espacios en los que se discutan los lineamientos para el desarrollo legislativo y reglamentario de las Industrias Extractivas sobre actividades mineras e hidrocarburífe-ras, incorporando el reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos colectivos, con un enfoque de conservación y gestión del medio ambiente.

Es así que durante la primera semana de julio y sep-tiembre se desarrollaron el I y II “Encuentro de Secreta-rios de Recursos Naturales de las organizaciones indí-genas originarias y campesinas”, en las ciudades de La Paz y Santa Cruz, respectivamente.

Con estas directrices y asumiendo experiencias como las adquiridas en el 2002, año en que las organi-zaciones matrices de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos se unieron en un solo cuerpo para exigir la convocatoria a la Asamblea Constituyente; así como el 2004, en el que se apoyo la necesidad de mo-dificar la legislación de hidrocarburos y propiciar que se reconozcan los derechos colectivos en la Ley Nº 3058; se demostró que toda reivindicación planteada será reali-zable con la cohesión y articulación política de las orga-nizaciones, expresada en la participación activa de cada uno de los pueblos y sus estructuras organizativas, tanto de tierras bajas y tierras altas.

Estos encuentros tuvieron como objetivo principal el de definir lineamientos y estrategias para la implemen-tación del modelo de gestión y conservación de los re-cursos naturales, a través de la reflexión y el análisis del estado de las Industrias Extractivas en el país y, los temas socioambientales conflictivos que afrontan las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos en sus te-rritorios.

Dentro del planteamiento de los encuentros, se con-templó trabajar en la priorización de los temas conflicti-vos y sus posibles alternativas de solución, construyendo y articulando agendas orgánicas, ello como una forma de sentar precedentes en lo político y lo jurídico por parte de las organizaciones indígenas, originarias y campesi-nas para la defensa y exigibilidad de los derechos eco-nómicos, sociales, culturales y ambientales reconocidos en la CPE.

El analizar la pertinencia jurídica y política de pro-puestas que profundicen el modelo de gestión y conser-vación de los Recursos Naturales, a partir de una visión integral y de sustentabilidad, tendiente a facilitar nuevos marcos normativos de protección al medio ambiente, frente a las actividades de extracción y explotación; el definir los mecanismos de incidencia para lograr el po-sicionamiento de las temáticas priorizadas, su proposi-ción y validación en los niveles orgánicos, como ante el gobierno central, promoviendo una regulación socioam-biental integral en el país y, socializar, construir y validar insumos y contenidos generales de regulación socioam-biental de las Industrias Extractivas en el país, de acuer-do a los ejes priorizados, para su retroalimentación y se-guimiento en el marco de un plan de trabajo y agenda de las organizaciones indígenas originarias y campesinas, fueron los contenidos de fondo de dichos encuentros.

La importancia y urgencia de encontrar soluciones a los conflictos socioambientales ya presentes en los terri-torios, usando como medio la plena, amplia y democrá-tica participación en la elaboración de las políticas del Estado, para que éstas asuman las iniciativas y mandatos generados desde las organizaciones, eran los componen-tes de la complejidad en la discusión entre las organiza-ciones, obteniendo como resultado la creación del “Con-sejo Nacional de Recursos Naturales y Medio Ambiente de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios y Comu-nidades Campesinas”, instancia que deberá articular, via-bilizar y principalmente, consensuar las demandas de las organizaciones ante el contexto descrito.

Sin quedarse en la conformación de la instancia, la experiencia sirvió de motivación a las organizaciones para participar en la elaboración de la normativa que permita la adecuación de los instrumentos reglamenta-rios para la industria minera e hidrocarburífera, como ejercicio de los derechos colectivos inmersos en la nueva CPE, con lo que se obtuvo como productos tangibles, do-cumentos de propuesta y posicionamiento, los siguientes: el Reglamento de Consulta y Participación para activida-des hidrocarburíferas a Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas; el Reglamento de Monitoreo Socioambiental a las actividades hidrocarburíferas en los territorios de los Pueblos Indígenas Originarios y Co-munidades Campesinas; la Propuesta de Reglamento de Consulta y Participación para actividades mineras a Pue-blos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas; la Propuesta de lineamientos normativos sobre Indem-nizaciones/Compensaciones en actividades hidrocarbu-ríferas; la Propuesta de lineamientos normativos sobre Transparencia y Control Social a las actividades hidro-carburíferas; y, finalmente, la Propuesta de Reglamenta-ción Ambiental para el Sector Hidrocarburífero.

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En proyección, este trabajo debiera servir, como ha sido la intención del movimiento indígena originario y campesino, para que el pueblo boliviano, re - conozca en este sector su naturaleza vigilante y propositiva en la construcción colectiva de las leyes, misma que si bien esta en la línea de respetar y garantizar la inversión y de-sarrollo del país, vela porque no caigan prejuicios sobre sus pueblos y territorios. No obstante, ha quedado claro que no desestiman retomar y apuntalar sus demandas históricas, como lo hicieron en el pasado, en función de lograr un futuro mejor para todos, basado en el respe-to a los preceptos amparados en el actual ordenamiento jurídico del país, y sobre todo a sus derechos colectivos

plasmados con esmero, compromiso y persistencia para la construcción del nuevo Estado Plurinacional.

“Esperando que todas estas propuestas sean de uti-lidad para la implementación de la CPE, en especial del modelo de gestión y conservación de los RR.NN., en el marco del proceso de cambio que atraviesa el país” es lo propuesto al Presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, por cada una de las organizaciones que participaron en los encuentros, lo que refleja que las na-ciones y pueblos indígenas mantienen el rol protagónico alcanzado en toda su historia en defensa de sus derechos y en busca del vivir en armonía, del Suma Qamaña, el Su-maq Kawsay y el Ñandereco.

INTRODUCCIÓN

PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE SECRETA-RIOS DE RRNN DE LAS ORGANIZACIONES INDÍGE-

NAS ORIGINARIAS CAMPESINAS

“PROFUNDIZACIÓN DEL MODELO DE GES-TIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NA-

TURALES EN BOLIVIA”

La Paz, 7 y 8 de julio de 2009

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I. Introducción

Los resultados que se presentan a continuación se han recogido del I Encuentro Nacional Secretarios de RRNN de las organizaciones indígenas originarias y cam-pesinas, del cual se lograron resultados en las resolucio-nes emitidas bajo la justificación y fundamentación de las intervenciones de los participantes que más adelante se muestran de forma sistematizada, dando cumplimien-to a los objetivos esenciales del evento.

II. Objetivos del Evento

a. Objetivo General:

Definir lineamientos y estrategias para la imple-mentación del modelo de gestión y conservación de los recursos naturales, a través de la reflexión y el análisis sobre el estado de las industrias extractivas en el país, los temas socioambientales conflictivos que afrontan los pueblos indígenas originarios y campesinos en sus terri-torios y la necesidad de un marco de desarrollo legislati-

La Paz, 7 y 8 de julio de 2009

PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE SECRETARIOS DE RRNN

DE LAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS ORIGINARIAS CAMPESINAS

“Profundización del Modelo de Gestión y Conservación de los

Recursos Naturales en Bolivia”

vo y/o reglamentario, de forma de viabilizar sus alcances y garantizar la efectivización de los derechos de acuerdo a la Nueva Constitución Política del Estado.

b. Objetivos específi cos:

a. Priorizar temas conflictivos y sus posibles alternati-vas que sirvan de referencia y precedente político y jurídico a las organizaciones Indígenas, originarias y campesinas para la defensa de los derechos econó-micos, sociales, culturales y ambientales reconoci-dos en la Constitución Política del Estado en función a la construcción/articulación de sus agendas orgá-nicas.

b. Analizar la pertinencia jurídica y política para la construcción de propuestas que profundicen el modelo de gestión y conservación de los Recursos Naturales, a partir de una visión integral y de sus-tentabilidad, tendiente a facilitar nuevos marcos normativos de protección al medio ambiente frente a las actividades de extracción y explotación de los Recursos Naturales.

c. Definir los mecanismos de incidencia para lograr el posicionamiento de las temáticas priorizadas, su proposición y validación en los niveles orgánicos,

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PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE SECRETARIOS DE RRNN DE LAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS ORIGINARIAS CAMPESINAS

como de gobierno, de forma de promover una regu-lación socioambiental integral en el país.

d. Socializar, construir y validar insumos y contenidos generales de regulación socioambiental de las in-dustrias extractivas en el país, de acuerdo a los ejes priorizados, para su retroalimentación y seguimien-to en el marco de un plan de trabajo y agenda de la Comisión de Recursos Naturales de las organizacio-nes sociales.

III. Organización

Institución Organizadora:

• Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, CEJIS Regional La Paz

• Centro de Documentación e Información Bolivia - CEDIB

Institución Auspiciadora:

• Programa de IIEE para Bolivia, Oxfam Internacional

IV. Participantes

• Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, CO-NAMAQ

Jach’a Suyu Pakajaqi

Q`apac Omasuyu

Urus

Suras

JAKISA

CAOP

Jach’a Karangas

Nación Chichas

• Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, CIDOB

Organización Indígena Chiquitana, OICH

Central de Pueblos Nativos Guarayos, COPNAG

Central de Pueblos Indígenas de La Paz, CPILAP

Central del Pueblo Leco de Apolo, CIPLA

Pueblo Indígena Leco Larecaja, PILCOL

Organización del Pueblo Indígena Mosetén, OPIM

• Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indí-genas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, CFNM-CIOB “BS”

• Confederación Sindical Única de Trabajadores Campe-sinos de Bolivia, CSUTCB

Federación Sindical Única de Trabajadores Campe-sinos del Beni, FSUTC -B

Federación Sindical Única de Trabajadores Campe-sinos de Pando, FSUTC - P

Central Campesina Los Tajibos, San Borja

• Movimiento de los Trabajadores Campesinos Indígenas Sin Tierra de Bolivia, MST -B

Provincia Velasco

Provincia Gran Chaco

• Pueblo Afroboliviano

Coroico

Chijchipa

• Asamblea del Pueblo Guaraní, APG Nacional

Asamblea del Pueblo Guaraní, APG Charagua Norte

Consejo de Capitanes de Chuquisaca, CCCH

Asamblea del Pueblo Guaraní, APG Alto y Bajo Iso-so

V. Desarrollo del Evento: Martes 07 de julio

Inauguración evento, a cargo del Tata Castro Cho-que, Secretario de RRNN de CONAMAQ, mismo que dio saludos a los 9 departamentos y las 5 confederaciones. Luego procede a realizar el acto ritual con motivo de la inauguración.

Palabras de inauguración a cargo de Iván Bascopé, Responsable de CEJIS Regional La Paz, enfatizando que la implementación de la Constitución Política del Estado tiene diferentes formas de hacerlo, deberíamos buscar la mejor forma de implementar este modelo de los RRNN, en base a las experiencias sobre los impactos socioam-bientales que las organizaciones indígenas originarias y campesinas continuamente viven y enfrentan con esca-sas posibilidades de ejercer de sus derechos.

Cristian Domínguez, CSUTCB:

La primera experiencia de Entre Ríos donde se to-caron los temas de industrias extractivas en el país, mo-


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mento en que se conformó un grupo de secretarios de RRNN que se fueron reuniendo, como una continuación de lo que se venía haciendo desde 2007, incrementando el número de reuniones por año hasta la fecha. De estas reuniones siempre participan la CIDOB, el CONAMAQ y la CSUTCB; han asistido CSCIB algunas veces, y Bartolinas nunca.

Además, quiero señalar que es necesaria la sincroni-zación de agendas para cada organización. La Ley tratará los temas ambientales y de recursos naturales para todos de forma igual, pero al momento de aplicarla no es posi-ble, porque Bolivia está conformada por su diversidad natural y cultural; por tanto, la aplicación de la ley tiene que diferenciarse, sobre todo en el manejo adecuado de los modelos de producción con el fin de que conlleven al desarrollo sustentable.

Debe correlacionarse el modelo de producción con las vivencias de las comunidades y pueblos, cambiando el capitalismo, ya que el dinero es lo que manda y así no se pueden plantear nuevas formas de vivir bien. Por esta razón es necesario ver la realidad de cada lugar del país.

La reunión de secretarios de RRNN es para ver los problemas que se tienen para plantear las soluciones adecuadas y llegar al objetivo de “vivir bien”.

Edwin Arce, MST – B:

Esta organización plantea propuestas respectivas a la temática a pesar de la exclusión que han tenido; aún así se encargan de cumplir roles, organizadas, como ser: recuperación de tierras de los latifundistas para contro-lar la explotación de RRNN, principalmente maderables.

El tema de hidrocarburos está siendo analizado y trabajado poco a poco. Se recalca que la ley debe ver to-das las regiones del país, porque la diversidad de los re-cursos tienen que ser tratados según sus características y la zonificación ecológica del país.

Con esta reunión se pretende establecer un plantea-miento de decisiones que articulen las organizaciones sociales a los diferentes niveles en función a la reglamen-tación de la ley de RRNN, sin excluir a ninguna organiza-ción, para que con el intercambio de ideas se tengan ba-ses sólidas que ayuden a incrementar un mejor manejo de los RRNN.

Nelson Bartolo, APG Nacional:

El tema de consulta y monitoreo debido a la proble-mática de extracción de hidrocarburos en base a actores sociales propios del lugar, el pueblo guaraní, necesita de una nueva reglamentación para analizar y organizarnos.

El monitoreo sirve para estructurar las propuestas que modifiquen el decreto pero de manera compatible para el pueblo guaraní. En cuanto a la indemnización/compensación y servidumbres se necesita del respaldo de la ley, ya que se tienen falencias principalmente ju-rídicas, sociales e institucionales, principalmente de las autoridades competentes por falta de conocimiento de los temas.

Es necesario relacionar los temas de consulta entre el pueblo, las instituciones y las petroleras, ya que al-gunas instituciones están a favor de las empresas y no coadyuvan a nuestras demandas.

Por eso se debe discutir, organizar y plantear los te-mas de RRNN (hidrocarburos, minería, etc.) para unificar las ideas de cada región por parte de cada organización, con el fin de organizar y plantear bases para trabajar en dichos temas.

Asimismo, se debe buscar mecanismos para estruc-turar los temas jurídicos y económicos para correlacio-nar a las organizaciones. Así, se debe formalizar el taller y realizar un acta que plasme todas las ideas que se lo-gren con esta actividad.

Lorenzo Paredes CPILAP:

Se tienen conocimientos del tema de RRNN pero es necesario ver la situación del lugar con respecto a la ex-plotación de los hidrocarburos. El tema político es com-plicado para esta región por la tenencia de tierras; existe avasallamiento y, por tanto, no se cumple la ley, siendo que este gobierno prometió eliminar todos los tipos de exclusión.

No hubo la consulta a las TCO’s ni a los pueblos indí-genas por parte del gobierno, ni se coordinó con las ins-tituciones para realizar la exploración sísmica en zonas potenciales de hidrocarburos.

La autoridad competente recién ha otorgado la ficha ambiental a la empresa que operará en una de nuestras zonas.

Agradecemos a CEJIS que otorga apoyo a CPILAP en el marco jurídico e institucional, pero aún falta mayor apoyo por parte de las autoridades competentes, minis-terios y gobierno.

Marfa Inofuentes Pueblo Afroboliviano:

Los problemas son diversos en cada región, pero es necesario conocerlos y articular para que en la práctica se logren mecanismos que solucionen dichos problemas.

No solamente el gobierno debe hacerse cargo de los problemas, creo que como representantes de las organi-

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zaciones hay que trabajar para plantear una agenda que estructure y articule a las regiones de manera orgánica y que realmente se refleje en la CPE y en el desarrollo de la ley.

Ariel Pérez, Oxfam Internacional:

La ley tuvo un desarrollo complejo y amplio que in-cluyó a los pueblos indígenas, juntamente con sus repre-sentantes en función a la consulta y monitoreo socioam-biental, esto tiene que seguir en adelante.

Se tienen reglamentaciones de RRNN, agua, hidro-carburos, etc., lo que nos debe servir para definir estrate-gias que deben ser implementadas para cada situación.

El camino más arduo está en incluir a los pueblos indígenas desde la época colonial puesto que la produc-tividad solo se basaba en el modelo extractivista. Por eso existe el cambio político del vivir bien, para que otorgue privilegios en las áreas sobre todo rurales, en base al monitoreo socioambiental, especialmente en cuanto a contaminación y efectos, la consulta y participación de pueblos indígenas y sus vivencias y que el desarrollo sea adecuado en cuanto a producción y manejo de RRNN. Por tanto, se necesita articular las vivencias y experiencias que tienen las organizaciones, a nivel jurídico, ambiental y económico.

Rubén Atahuichi, CEDLA:

Es necesario crear una mesa de trabajo de RRNN para trabajar ejes temáticos según los problemas en hi-drocarburos, minería, bosques, etc., pero en función a te-mas transversales, como son los impactos ambientales y la contaminación de agua.

El objetivo es intercambiar ideas, conflictos, expe-riencias de las regiones para conformar dichas mesas y así avanzar en las tareas.

Se tienen muchos desafíos, por tanto, organizar una plenaria analítica es indispensable para incidir en la agenda nacional del gobierno; con metas y propuestas; teniendo el conocimiento de las regiones, de modo de otorgar el apoyo necesario y así integrar los problemas para dar las soluciones entre todos.

Si se busca el cambio tiene que ser para bien y me-jorar la calidad de vida de los pueblos indígenas y comu-nidades campesinas, no solo para criticar las actividades del gobierno, porque la política organiza las condiciones de cómo se quiere vivir. Para ello, se necesita conocer la situación actual para evitar acciones negativas donde los personajes principales son las comunidades, con los re-presentantes de las respectivas organizaciones.

VI. Intercambio de experiencias respecto a los conflictos socio-ambientales que enfrenta los pueblos en sus territorios

a) Caso Charagua Norte:

La explotación de hidrocarburos conllevó a trabajar entre las empresas y la comunidad de Charagua.

En Charagua Norte son 30 comunidades, 8 re-asen-tamientos y 3 empresas petroleras que operan en la zona. Las negociaciones con las empresas se iniciaron el 2004, en esto las primeras afectaciones que sufren las capitanías son ocasionadas por los ductos. Aún faltan más negociacio-nes con las empresas en cuanto al monitoreo socioambien-tal que se generaron a partir de los informes de campo y el análisis de los EEIA, pero falta ejercer la normativa vigente que no se cumple por la no voluntad del gobierno.

La zona sufre de pasivos ambientales, esto a raíz de los pozos cerrados que causan los impactos socioam-bientales.

En el tema de territorio está contemplando el proce-so de consolidación de las capitanías de acuerdo a com-pensaciones y dotaciones por parte del INRA, por tanto, aún hay falencias de indemnización y servidumbres.

El tema político necesita volver a estructurarse para desarrollar propuestas en función a la producción (IDH de tierras bajas y pueblo guaraní). Por otra parte, el tema ambiental, de Tierra Sin Mal, dueño del propio territorio, continúa en desarrollo.

En otros temas transversales, en el caso especial de la Consulta, que conduce a la conformación de institucio-nes y representaciones del pueblo guaraní; a lo que se apunta es a ampliar el escenario político con una estruc-tura orgánica que permita la toma de decisión respecto al manejo de RRNN y ejercicio de los derechos indígenas, como también para los temas orgánicos e institucionales conforme a lo jurídico y territorial.

Respecto a los temas relativos a impactos socioam-bientales de los Comités de de Base de Monitoreo Socio-ambiental, se han desarrollado talleres de capacitación con apoyo de CEJIS a las comunidades y a la Capitanía de Charagua; luego se estructuró formalmente el Comité Socioambiental Indígena Charagua Norte que cuenta con una Directiva y una Red de Monitores de base que han empezado a trabajar en toda la zona.

Posteriormente se realizaron visitas a la empresa Pluspetrol para tener el conocimiento del trabajo de la em-



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presa, donde nos percatamos que no solo se trataba de la extracción de gas, sino también de otras actividades como tratamientos de suelo, descargas de aguas contaminadas con hidrocarburos, transporte vía ramales de gasoducto, tratamiento de áridos, entre los más destacables.

Con estos antecedentes se informó al Ministerio del ramo, pero nunca hubo apoyo por parte de esta institu-ción. Aún así, la insistencia de nuestro Comité se man-tiene en el trabajo en las áreas y capitanías con el fin de mitigar los impactos. El mismo caso se tiene en el campo Takovo, donde sigue la insistencia de las capitanías para plantear las soluciones adecuadas, por tanto sigue en etapa de desarrollo de nuestras demandas y propuestas.

Las relaciones y negociaciones se realizan con la empresa y el directorio del lugar. El problema del D.S. es que no se le quiere dar operatividad para la realización del monitoreo socioambiental, por el cual no existe un trato adecuado a los comunarios por parte de las empre-sas operadoras en nuestro territorio.

Asimismo, las compensaciones solo fueron plantea-das por las empresas, pero no hubo consulta a la comu-nidad.

b) Caso CPILAP:

Los derechos de los pobladores del norte de La Paz no están siendo respetados, son vulnerados a causa de la exploración y la sísmica de la zona.

El escenario se basa en la explotación hidrocarbu-rífera, pero se ven otros medios de producción como ser del cacao.

Se ha planteado el EEIA, pero no se ha visto a los derechos. Si existe la Ley de Hidrocarburos, debe mani-festarse cómo se plantea, sin embargo, no se ha cumplido la normativa.

Ya que el problema es reciente, aún falta mucho co-nocimiento por parte del CPILAP y la población, por lo que la presentación de documentos tiene que plasmar la realidad del lugar, velando los intereses de las comunida-des afectadas o que pueden afectarse.

La preocupación por los impactos ambientales en temas de biodiversidad (flora y fauna), necesitan ser analizados en función al respeto de los derechos de los pueblos indígenas.

c) Caso Suyu Soras:

La región de Oruro se basa en la extracción mine-ra a cielo abierto. La principal contaminación por tanto es atmosférica, donde los cianuros y otros gases tóxicos perjudican la zona.

La contaminación hídrica se observa por el deterio-ro de los cuerpos de agua (lago Poopó y Urus) donde la fauna acuática se ha perdido, perjudicando a las Markas y Ayllus, como su fuente de ingresos y productividad.

La explotación irracional de los RRNN, específica-mente minerales, por parte de las trasnacionales se de-ben a negociaciones internas (ej: derrame de petróleo), pero los impactos negativos son vividos por los luga-reños. En esto se hicieron denuncias a las autoridades, medios de comunicación, y aún así no existe el logro de remediación de daños. Entonces para amortiguar estas quejas se plantearon pequeños proyectos, -plazas, par-ques y obras menores- incentivando el conformismo de la población, ya que la separación por municipios ha in-ducido a la desarticulación de los suyus.

Se requiere hacer un trabajo unificado, no de mane-ra aislada e independiente, por tanto no solo es exigir y denunciar. La responsabilidad por parte de las organiza-ciones y representantes se debe conformar para que de manera conjunta se logren soluciones.

El temor por parte de los pobladores, especialmente del pueblo Uru, induce a no realizar denuncias para no perder la producción en los mercados. El deterioro de la región es paulatina y perjudica a la zona.

El caso de Coro-Coro, las afectaciones se darán por la extracción y tratamiento de minerales, comenzando con el proceso de la consulta a las organizaciones. En este caso COMIBOL está reactivando nuevamente la ac-tividad minera, indicando que las indemnizaciones re-compensan los efectos perjudiciales debido a la empresa encargada, sin embargo la riqueza minera abarca una extensión más grande para su explotación.

Se tienen actas de entendimiento entre COMIBOL y los dirigentes Mallkus en el tema de minería, firmados por representantes, los que han llegado a la conclusión de que se realizó la consulta en una breve reunión, sin respetar un procedimiento apropiado a nuestras nacio-nes originarias.

Sin embargo, los documentos no reflejan la realidad que tienen el caso Coro-Coro, incluso para el Presidente. Los encargados por parte de las instituciones del gobier-no son personajes que no están reconocidos en el campo profesional ni por nuestras organizaciones.

Los derechos indígenas no han sido respetados por-que no se realizó la consulta adecuada, y aún más por la reactivación que pretende COMIBOL, y el Presidente Evo Morales no tiene el conocimiento verdadero del proble-ma de Coro-Coro.

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La actividad de este caso es hidrometalúrgica, sin embargo, la contaminación de la región tiene una gran influencia.

Si se ha votado por un Proceso de Cambio, tienen que verse dichos cambios, ya sea de un gobierno neoli-beral o indígena, pero la paciencia se termina y el apoyo puede terminar llevándonos a conflictos. Por esa razón la ayuda entre organizaciones tiene que articularse para evitar problemáticas y conflictos.

El problema de avasallamiento viene desde anterio-res generaciones, -padres, abuelos-, por el manejo de los gobiernos, y los beneficios solo llegan a pocos. Estados Unidos aún maneja y disminuye la productividad del país por la materia prima extraída de las regiones.

Las guerras y conflictos se generan por falta de en-tendimiento y apoyo, quienes sufren las consecuencias son los lugareños, por lo cual es necesario ver sus expe-riencias para reorganizar y dar soluciones a la población.

d) Caso Ayllu Sud ChichasCabe recalcar que el departamento de Potosí tiene

producción minera.

Este ayllu está en la región limítrofe con Argentina, donde la producción de cultivos se ve perjudicada por granizos o heladas perdiendo una fuente de ingresos, motivando a los pobladores a emigrar a Argentina prin-cipalmente los jóvenes.

La alfarería del lugar también es una fuente de pro-ducción, sin embargo, Argentina aprovecha el comercio para volver a vender los productos como si fueran pro-pios.

La apertura de caminos también es un tema que debe tratarse, puesto que esta región, principalmente por su ubicación, está siendo olvidada.

(En quechua) Los efectos de las minas que maneja la COMIBOL se reflejan en la propia zona, por tanto, la temática ambiental y social no está siendo tomada en cuenta, y el gobierno tampoco tiene los conocimientos reales.

La generación de conflictos en la zona genera con-troversias en la explotación minera y las indemnizacio-nes por esos efectos nocivos, principalmente en la región de Cotagaita, no se están reflejando como establece la CPE.

e) Caso región de los Yungas de Inquisivi, Pueblo Afroboliviano:

La problemática ambiental en nuestra región se debe al deterioro de suelos por el monocultivo de la hoja

de coca, contaminación de cuerpos de agua por uso de fertilizantes, que se usan para mejorar la producción de hoja de coca, los brotes de enfermedades y desliza-mientos de suelos por alteración de la capa freática, que perjudican a otros tipos de cultivos, por ejemplo, huertos frutales.

Existen regiones que ya no cuentan con el recurso agua debido a la erosión causando la migración de la po-blación.

No existe apoyo por parte del gobierno, y la “fiebre de coca” está alterando la zona de los yungas y los efec-tos pueden verse en el mismo paisaje. Asimismo, la tierra está siendo erosionada a gran escala porque el medio de sustento es la coca, olvidando la anterior forma de pro-ducción agrícola como los cítricos y otros frutales.

f) Caso Pueblo Guaraní: Santa Cruz-Chuquisaca-Tarija

El principal tema se trata sobre la consulta que poco a poco se realiza con el Ministerio; esto en función de la línea base para plantear el EEIA y recién realizar la con-sulta.

Con un acta de aceptación se plantea la ficha y pos-teriormente la licencia ambiental, con esto cualquier ac-tividad de productividad, con el manejo de RRNN, tiene que ser manejado.

Actualmente, el tema de consulta es el eje principal para plantear el monitoreo socioambiental, es decir que, con el conocimiento previo de las comunidades de lo que pretende realizar la empresa. No se cumple con la ley y con lo que establecen los decretos.

Esto se logra con la coordinación de acciones, aún así no se cumple en su totalidad, pero paulatinamente la APG está haciendo cumplir las acciones.

g) Caso OICH

Hay que dar importancia a la administración de los RRNN y el territorio porque las empresas y sus encarga-dos no dan notificaciones de las actividades y, por falta de experiencia, los lugareños se dejan manipular hasta incluso engañar.

Se necesita incentivar a las comunidades otorgando información de las problemáticas, además que el actual gobierno no tiene la información de la situación real en que se vive.

h) Caso MST –B

Las organizaciones que están reunidas en este even-to tienen como problemáticos transversales referidas a



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las estructuras orgánicas, ya que cada organización se ha dirigido de manera independiente, pero no se han logra-do grandes cambios positivos, por eso es necesario coor-dinar y articularnos entre todas organizaciones.

El caso del MST con respecto a las comunidades se basa en la agricultura y pastoreo, en este caso se reali-zan actividades con maquinarias y por tanto pérdidas en nuestra producción, en el caso de la región del Chaco, se presenta un clima árido profundizando aun más esta problemática.

Todas las acciones que se tomen para mejorar la ca-lidad de vida no son para beneficio propio, sino para las siguientes generaciones, sobre todo para el desarrollo sostenible, entonces, se debe enfocar una visión a largo plazo y a futuro.

El tema de extracción de recursos maderables en esta región no tiene el control adecuado, y las comunida-des no tienen beneficios, como tampoco el acceso a otras fuentes, como ser el recurso agua. Al mismo tiempo, tam-bién trae como consecuencia la erosión de los suelos. La deforestación acarrea consecuencias de alteración de los ciclos del agua y del aire. Así ,la depredación de los recur-sos ha deteriorado la zona.

Si bien la ley menciona los derechos de los indígenas, no se promueve ni se da ejemplo en su cumplimiento.

VII. Participación Oxfam Internacional:

La reglamentación de los RRNN es un eje de impor-tancia para su adecuado manejo.

El sector de hidrocarburos tiene reglamentación que data desde el año 96 con ajustes posteriores tal que se tiene vigencia actual.

La Ley 3058 de Hidrocarburos y el D.S. de naciona-lización, la propia CPE y Declaración de Derechos de los pueblos indígenas por parte de la ONU, desde el punto de vista jurídico, debe verse en la vinculación de acciones; así, si no se cumplen las acciones se debería sancionar.

En el caso del RASH, no tiene esa perspectiva, por lo que las empresas que se encargan de la explotación de los hidrocarburos lo hacen de acuerdo a sus conve-niencias.

El Art. 22 de la Ley de Hidrocarburos menciona que la exploración y explotación debe evitarse en áreas eco-lógicamente sensibles. Por tanto, la normativa se ve como un “catalogo de recomendaciones”, así, se necesita hacer

un análisis en función a las afectaciones de las comunida-des donde existe actividad hidrocarburífera y la CPE, en términos de reconocimiento de los derechos.

Entonces, debe haber congruencia de lo que men-ciona la normativa y la situación actual de las comuni-dades. Se deben plantear bases empezando por el factor ambiental -ambiente sano-, el principio de prevención, para evitar el daño; disponer de mejores prácticas que minimicen los impactos negativos -no invertir en callar a las comunidades de sus problemas, caso contrario, inver-tir en actividades que mitiguen la contaminación-, “inter-nalizar” la externalidad, es decir quien contamina paga; incentivar la consulta a pueblos indígenas y restaurar o recomponer el daño en las zonas de afectación, por ejem-plo: el derrame de petróleo en el Poopó.

YPFB tiene como rol el de controlar toda la activi-dad hidrocarburífera, desde la exploración-explotación, transporte-refinamiento-comercialización. Las zonas para exploración de hidrocarburos están en todo el país (3 millones de Ha., para exploración).

Se tiene como ejemplo a Ecuador, la empresa Texa-co, que ha marcado a gran escala el deterioro ambiental. Entonces se necesita manejar una política adecuada y de transparencia en el factor ambiental y social.

El D.S. de Nacionalización plantea la reestructu-ración de YPFB para ejecutar mecanismos de transpa-rencia y políticas correspondientes en el marco de la estructura y administración. La ley de Hidrocarburos tiene como antecedente el planteamiento de principios de transparencia, sin embargo no se tiene mayor avance en la práctica.

Falta mayor análisis en el aspecto económico de acuerdo al IDH, la productividad del lugar y el cumpli-miento de obligaciones sociales-ambientales.

Existen denuncias de corrupción y actividades ne-gativas, sin embargo no existe el manejo en términos de transparencia en los diferentes ámbitos. Por tanto, el de-safío es la implementación de políticas de transparencia en las empresas.

También es necesaria la vinculación de las comu-nidades indígenas y campesinas para que orienten y garanticen los beneficios de las actividades de las em-presas, pero que no causen efectos negativos a dichas comunidades.

Debe generarse y difundir información de las AOP’s que realizan las empresas hidrocarburíferas y analizar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) realizadas por ellas. Para lograr esta meta se requiere un “control social y participación activa”

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Rubén Atahuchi, CEDLA

A título de hacer una síntesis de las reflexiones y experiencias compartidas el día anterior, puedo señalar que el gobierno incumple el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, mencionado en el Convenio 169 de la OIT/Ley 1257, la CPE Art. 30, la Declaración de los Dere-chos de los Pueblos Indígenas de la ONU, el D.S. 29033, entre otros. Si cumple, lo hace a costa de la unidad de las comunidades, como el caso de los mosetenes y lecos.

El carácter funcional de los pueblos y organizacio-nes los desmoviliza, no pueden protestar contra el go-bierno, como el caso Coro-Coro.

Hay desconocimiento del derecho a la consulta por parte de los pueblos y organizaciones.

Hay interesantes experiencias de monitoreo socio-ambiental y consolidación del derecho a la consulta en la APG Charagua Norte.

Hay riesgo de conflictos en varias comunidades susceptibles de explotación de hidrocarburos, como en el caso del Norte de la Paz y minería con el caso Coro-Coro.

Existe riesgo en la modificación del D.S. 29033 que eventualmente le quitará el carácter vinculante de la consulta.

Falta mayor socialización del derecho a la consulta. Se debe hacer incidencia sobre el proceso y su necesidad de cumplimiento.

Debe haber una auditoria de los recursos naturales hidrocarburíferos y mineros susceptibles de explota-ción.

Se debe promover la consolidación de los mecanis-mos de consulta, y de monitoreo socioambiental, lo pro-pio en el caso de la participación y control social, con sus respectivas normas.

Las comunidades deben estar unidas al momento de reclamar sus derechos y necesidades.

Se da apoyo al gobierno pero también debe existir el valor de reclamar al gobierno para hacer cumplir las necesidades, puesto que se ha votado por un proceso de cambio.

Si bien se apoya al gobierno actual también se tiene el derecho de satisfacer las demandas.

El desconocimiento de normas, leyes y reglamentos debilitan el derecho a la consulta.

Las experiencias de los diversos casos, expuestos anteriormente, dan la información de la situación actual

de la consulta y del monitoreo socioambiental, que pue-den ser útiles para el mejoramiento de actividades en las regiones.

Debido a la división de las comunidades, existe un gran riesgo para llegar a conflictos sociales, similar al caso de Perú, por lo que es necesario un análisis de la situación para hacer prevalecer los derechos de las co-munidades indígenas.

Las modificaciones de los decretos y reglamentos tienen que ser con el objetivo de direccionar ventajas y aspectos positivos para las comunidades, evitando la de-gradación ambiental.

Es urgente un estudio referido a la consulta para pueblos indígenas como base para la reglamentación de AOP’s, manejo de RRNN, derechos de los pueblos indíge-nas, preferiblemente en el tema de hidrocarburos, mine-ría y bosques.

Deben consolidarse los mecanismos de consulta y participación en las diferentes zonas del país, para ello las organizaciones son responsables de promover estas acciones de manera integral, viendo las perspectivas am-bientales, sociales, económicas y culturales.

La CPE en su Art 289, respecto a la institución de autonomías indígenas, y el Art. 304, sobre sus competen-cias, plantean el manejo adecuado de los RRNN tal como su aprovechamiento directo.

Si bien se plantean indemnizaciones y compensacio-nes en las zonas susceptibles de afectación, es de suma importancia tener medidas para prevenir la afectación a los RRNN producto de la explotación hidrocarburífera y minera, con el fin de mejorar las condiciones de vida en los niveles social, económico, político y sobre todo para la salud.

Se tienen como temas principales: indemnizaciones y compensaciones y manejo de RRNN, además del tema de la consulta, del monitoreo socioambiental, de la trans-parencia y la responsabilidad social corporativa.

Los recursos económicos como producto de los RRNN, tienen que ser para mejorar la salud, la educación, la productividad.

No solamente se debe hablar de fondos indígenas, también de las regalías y de acuerdo a las autonomías.

Con todos estos fundamentos se procede a la elabo-ración de lineamientos propositivos, posicionamientos y estrategias en mesas de trabajo. Posteriormente, se pro-siguió a instalar las mesas de trabajo, las cuales se divi-dieron en los siguientes ejes temáticos:



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Mesa 1: Consulta y Participación de Pueblos Indígenas Originarios y Campesinos en actividades hi-drocarburíferas y mineras.

Mesa 2: Reglamentación Ambiental para el Sector Hi-drocarburífero, Transparencia en instancias estatales y Responsabilidad Social Corporati-va.

Mesa 3: Monitoreo Socioambiental en actividades hi-drocarburíferas y mineras.

Mesa 4: Régimen de Indemnizaciones y Compensacio-nes por daños socioambientales.

Luego de la socialización de ideas en las correspon-dientes mesas y el planteamiento de acuerdo, se efectuó la plenaria donde se mostraron las conclusiones, mismas que se han plasmado en las resoluciones.

VIII. Trabajo de mesas temáticas

Conclusiones de las Mesas de Trabajo

Minería:

- La promulgación del reglamento de consulta y participación en actividades mineras pro-puesto por las organizaciones indígenas originario campesinas del país.

- Paralización de los procesos de Consulta Pública en Democracia desarrollados por el Mi-nisterio de Minería para iniciar proyectos mineros, hasta que no se tenga promulgado el reglamento de consulta y participación en actividades mineras.

- Realización de la consulta y participación a pueblos indígenas originarios y campesinos, respetando las estructuras orgánicas las normas y procedimientos propios y la territoria-lidad.

- Paralización de las actividades mineras en los propios territorios indígenas originarios y campesinos, que no sean sujetos a las consultas y participación.

Hidrocarburos:

- Participación de las organizaciones en las modificaciones de la ley de hidrocarburos res-petando el título de derechos indígenas.

- Participación de las organizaciones en la modificación al DS 29033 de manera orgánica, respetando las estructuras originarias, y no solo de participación de los ejecutivos.

- Hasta que se dé la derogación del artículo 29033 se debe aplicar el mismo de acuerdo a la CPE, el convenio 169 y la declaración de la ONU, sin responder a consignas políticas como en el caso CEPILAP.

- La consulta y participación debe tener carácter vinculante e incluirse este mecanismo en los EIA y los proyectos hidrocarburíferos de explotación.

- Realización de intercambio de experiencias en casos de consulta y participación en mine-ría e hidrocarburos entre tierras altas y tierras bajas.

Conclusiones:

- Conformar la comisión de minería e hidrocarburos para dar seguimiento a los conflictos.

- Socializar las propuestas de reglamentación de consulta y participación sobre actividades de explotación minera.

- Elaborar una propuesta para modificar la consulta y participación en hidrocarburos y minería.

Eje Temático

Consulta y Participación

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- Exigir al ejecutivo información sobre el desarrollo de las normas que tengan relación y/o afectan a los pueblos indígenas originarios campesinos.

- Apoyo al CEPILP en el caso de la exploración hidrocarburífera, al Jach’a Suyu Pakajaqi en minería, Amayapampa, Manquiri, San Bartolomé y otras demandas.

- Respeto a la estructura orgánica de las organizaciones sociales y de pueblos indígenas originarios campesinos, desde arriba hasta abajo.

Acciones del RASH.

Posición política:

- Se debe elaborar un nuevo reglamento con participación de PIO’s y CC’s.

- El RASH vigente responde a la Ley de Hidrocarburos 1689 abrogada. Se debe armonizar en base a la Nueva Constitución (derecho al ambiente, autonomía indígena).

- El RASH nuevo se debe elaborar con participación de organizaciones indígenas origina-rias y campesinos en base al derecho a la consulta.

- Exigimos respeto a la fauna y flora en territorios indígenas de modo sostenible de acuer-do a conocimientos tradicionales.

- Revisión norma RASH vigente y elaboración de propuestas tomando en cuenta leyes in-ternacionales positivas.

- Socialización y validación de propuestas.

Acciones externas:

- Presentación de propuesta al órgano ejecutivo.

- Incidencia política para la aprobación de la propuesta.

- Convocar reunión para la revisión del RASH para su elaboración de la propuesta en 30 días.

YPFB. Transparencia, Control Social.

Posición política:

- YPFB debe generar información pública sobre sus operaciones, medidas ambientales, sociales, planes de trabajo, nuevos proyectos, costos recuperables, recursos humanos y EEIA.

- Exigir que YPFB apruebe una política de transparencia y control social y de relaciona-miento con las comunidades indígenas, sobre la base de propuestas de las organizacio-nes.

- YPFB debe estar abierta a la participación y control social de las organizaciones.

- YPFB debe cumplir con normas sociales y ambientales tanto o más que empresas priva-das extranjeras. Debe dar ejemplo de buena gestión, en especial en derechos a consulta previa, indemnización, derecho al medio ambiente.

- YPFB debe desarrollar sus operaciones bajo el principio de gestión compartida con con-trol social de las organizaciones.

Acciones internas:

- Se conforma la subcomisión sobre YPFB con participación de los integrantes de la mesa.

- Elaborar una propuesta de reglamente de control social a YPFB.

Transparencia, RASH y RSC



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- Elaborar propuestas políticas de transparencia y de relacionamiento con comunidades indígenas de YPFB.

Acciones externas:

- Convocar a un debate Nacional de las organizaciones sociales, indígenas originarias y campesinas sobre la necesidad de generar un nuevo modelo de desarrollo sostenible, más allá de la explotación extractiva no renovable y de renta de gas y minería.

- Presentar una propuesta de reglamento de control social a YPFB y una propuesta de po-lítica de relación con comunidades indígenas originarios campesinos y transparencia con control social al poder ejecutivo.

- Exigir que se dé espacio al control social con concurso de las organizaciones indígenas originarias y campesinas dentro del directorio.

- Exigir información sobre operaciones de YPFB, planes de trabajo, inversiones medidas de prevención, mitigación, auditorías ambientales y auditorias de costos recuperables.

Lineamientos para el desarrollo de reglamentación en monitoreo socioambiental:

- Revisión a fondo del Decreto Supremo 29103 actual.

- Revisar cuales son las deficiencias y vacíos.

- Proponer ejes de trabajo: tema económico, nivel de decisión y monitoreo indígena, repre-sentatividad, acreditación de las organizaciones sociales (no desvirtuar las estructuras representativas de las organizaciones desde el ejecutivo hasta las representaciones de base).

- Adecuación de la normativa existente que permita contar con un sustento legal en el pe-riodo de transición.

- Construir desde las organizaciones sociales, una ley marco de monitoreo socioambiental.

- Incluir el tema de minería en la normativa de monitoreo.

Mecanismos ámbito de articulación orgánica:

- Conformar un Consejo Nacional de Recursos Naturales de las organizaciones sociales.

- Crear subcomisiones relacionados a Recursos Naturales y medio ambiente.

- Delegar responsables de las organizaciones para garantizar la continuidad del proceso.

- Los representantes deben ser avalados por las organizaciones.

- Estrategias de incidencia política:

Concretar una política sectorial de las organizaciones que sea defendida por las instan-cias nacionales (Consejo Nacional de RRNN).

Las propuestas generadas y consensuadas desde las subcomisiones tendrán eco en el consejo para su debate con las instancias de gobierno.

Posicionamiento Político:

- Respeto y protección de las demandas históricas de las organizaciones sociales.

- El modelo de gestión de Recursos Naturales debe ser participativo.

- Respeto y no vulneración de derechos indígenas campesinos.

- Que no se politicen las demandas por la defensa de los Recursos Naturales.

Monitoreo Socioambiental

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Conclusiones:

- No está claro qué son y cómo se miden los impactos.

- Se debe reflexionar sobre todas las actividades que involucran las actividades extractivas, analizar qué efectos pueden traer a futuro y, tomar medidas de mitigación ambiental so-bre los efectos.

- Los acuerdos deben hacerse en instancias más orgánicas. Lo acuerdos no pueden ser imposiciones, deben obedecer a niveles políticos internos y responder a realidades más concretas y locales; ayllus, capitanías, consejos, etc.

- Para poder realizar una compensación se debe tener clara una licencia ambiental relevan-te y contextualizada.

- Debe existir una reglamentación para la elaboración de los EIA y especialmente un proce-so de seguimiento. Los EEIA son base de planes de desarrollo y es necesario reglamentar su elaboración.

- Esta reglamentación debe contemplar algunas modificaciones a los Comités de Compen-saciones e Indemnizaciones y la valoración de los impactos deben obedecer a las activi-dades detalladas de extracción.

- Existe una connotación muy monetaria de la compensación. Las compensaciones no tie-nen que ver solo con dinero, sino que se tienen que establecer otros factores, sociales culturales, medioambientales.

- La valoración debe realizarla la organización. Hay aspectos que no se pueden medir cuan-titativamente.

- La concertación no debe volverse en negociación, debe ser orgánica.

- Respecto a las indemnizaciones, deben implementarse sistemas de monitoreo concor-dantes con la reglamentación.

- Se debe uniformar la reglamentación de la explotación minera e hidrocarburífera.

- Respeto a usos y costumbres de los pueblos indígenas originarios y campesinos.

- Respeto a las bases territoriales de los pueblos indígenas. De acuerdo a la CPE y las decla-raciones de organismos internacionales.

- Implementar un enfoque más sostenible de los reglamentos.

- Se debe trabajar en los 4 reglamentos. Existe ausencia de propuestas desde las organiza-ciones y pueblos indígenas.

- Conformación comités de auditorías ambientales y control social que velen por los dere-chos de pueblos indígenas originarios y campesinos.

- La construcción de las políticas debe ser desde las bases.

- Pactos internos que permitan más debates y propuestas que surjan desde las organiza-ciones sociales de base, pueblos indígenas y comunidades.

- Indemnización: de acuerdo al área afectada se cuantifica y se paga.

- Compensación: es de acuerdo a la explotación del recurso.

- No se debe confundir la compensación que realiza el gobierno con el de la empresa.

- - La compensación e indemnización no se puede restar de las obras que realiza el Estado en sus diferentes niveles.

Compensación e Indemnización



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IX. Resoluciones del Primer Encuentro Nacional de Secretarios de RRNN de las organizaciones indígenas originarias campesinas del país

Las organizaciones Indígenas Originarias y Campe-sinas del país, CONAMAQ y sus Suyus, CSUTCB, CSMIOC-BS, CIDOB (OICH, CPILAP, COPNAG y APG), MST – B, el Pueblo Afroboliviano, representantes nacionales y regio-nales de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos, reunidos en la ciudad de La Paz, los días 7 y 8 de julio, en el Encuentro Nacional Ampliado de Secre-tarios de Recursos Naturales.

Amparados en la Constitución Política del Estado, el Convenio 169 de la OIT, Ley del Estado Nº 1257, la Decla-ración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de ONU, Ley del Estado Nº 3760.

Ante los inminentes conflictos socioambientales por el desarrollo de actividades extractivas existentes en nuestros territorios, mismos que violan nuestros dere-chos colectivos reconocidos en la CPE, Leyes y Tratados Internacionales.

Nosotros como afectados de los impactos negativos a los sistemas económicos, sociales, culturales y ambien-tales, que se producen por la extracción de los recursos hidrocarburíferos y mineros en nuestros territorios, sin que los mismos tengan solución por parte del Gobierno y sus Ministerios.

Conocedores que a la fecha el Órgano Ejecutivo desarrolla la elaboración de normas en relación a la in-dustria minera e hidrocarburífera, normas que afectan a nuestros derechos como Pueblos Indígenas Originarios y Campesinos, construidas sin participación de los mismos y omitiendo lo establecido en la CPE.

Que los conflictos suscitados por la extracción de los RR.NN., entre las organizaciones indígenas originarias campesinas con empresas privadas/públicas y el Gobier-no, por el desarrollo de actividades extractivas en hidro-carburos y minería, se originan por no dar cumplimiento a la Consulta y Participación previa, libre, informada y obligatoria.

Que el Ministerio de Hidrocarburos no ha estado aplicando el proceso señalado en el Reglamento de Con-sulta y Participación a PIO’s y CC’s para actividades hi-drocarburíferas, afectando a las instancias de represen-tación de las naciones y pueblos indígenas originarios y dividiendo a sus organizaciones, con el fin de promover el desarrollo de los proyectos hidrocarburíferos.

Que el Ministerio de Minería pretende aplicar pro-cesos de consulta pública, sin respetar lo estipulado en la CPE, el Convenio 169 de la OIT, Ley del Estado Nº 1257, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de ONU, Ley del Estado Nº 3760.

POR TANTO,

RESOLVEMOS:

PRIMERO.- Se dispone la creación de la Comisión Nacional de Secretarios de RR. NN. de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos del país, con la participación de las siguientes organizaciones: CONAMAQ y sus Suyus, CSUTCB, CSMIOC-BS, CIDOB (OICH, CPILAP, COPNAG y APG), MST – B, el Pueblo Afro-boliviano, representantes nacionales y regionales de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos, la misma que dispone ser ampliada a la participación de otros actores.

SEGUNDO.- En lo referido a la problemática minera, exigimos:

La promulgación del Reglamento de Consulta y Participación en actividades mineras propuesta por las organizaciones indígenas originarias y campesinas del país; la paralización de los procesos denominado como de “Consulta Pública en Democracia”, desarrollados y aplicados por el Ministerio de Minería, para iniciar pro-yectos mineros, hasta que no se tenga promulgado el Reglamento de Consulta y Participación en actividades mineras.

La realización de la consulta y participación a pue-blos indígenas originarios y campesinos, debe respetar las estructuras orgánicas, las normas y procedimientos propios y la territorialidad de cada nación y pueblo.

La paralización de las actividades mineras en los te-rritorios indígenas originarios y campesinos que no ha-yan cumplido con el proceso de consulta y participación a los pueblos afectados, de acuerdo a la CPE.

TERCERO.- En lo referido al tema Hidrocarburífero, exigimos la participación de las organizaciones indíge-nas originarias y campesinas en las decisiones que tome el órgano Ejecutivo (Ministerio de Hidrocarburos, Minis-terio de Medio Ambiente y Agua, YPFB, etc.), respetando los derechos indígenas originarios campesinos estableci-do en la CPE y las leyes.

CUARTO.- Repudiamos las acciones del Ministerio de Hidrocarburos en las visitas a las comunidades de Mo-zetén y Lecos, integrantes del CPILAP, para obtener res-paldo y otorgar la licencia ambiental a la empresa YPFB-Petroandina S.A.M. de la Fase II del Proyecto Lliquimuni, y exigimos la nulidad de este procedimiento por no ha-

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berse respetado las estructuras orgánicas como manda el Art. 118 de la Ley Nº 3058 de Hidrocarburos y el D.S. 29033, debiéndose aplicar la consulta y participación conforme a la normativa y lo señalado en la CPE.

Exigimos la nulidad de los procesos de consulta de-sarrollados omitiendo y vulnerando los derechos, lo que puede implicar incluso la revisión y en su caso la nulidad de la licencia ambiental para las operaciones hidrocar-buríferas y mineras. Caso del proyecto de exploración sísmica 2D Fase II Bloque Lliquimuni (CPILAP), proyec-tos hidrocarburíferos de la APG, respecto a la explotación minera de Coro Coro, Amayapampa y otros proyectos y actividades mineras que se desarrollan en territorios de los suyus, marcas y ayllus del CONAMAQ.

QUINTO.- Exigimos la participación conjunta con las instancias competentes del Gobierno en las modifi-caciones al D.S. 29103 de Monitoreo Socioambiental de PIO`s y CC`s en actividades hidrocarburíferas respetando las estructuras orgánicas originarias para que las instan-cias de monitoreo local, regional y nacional funcionen efectivamente garantizando los derechos colectivos re-conocidos por la CPE. En las modificaciones se deberán incluir a las actividades mineras.

SEXTO.- Exigimos elaborar reglamentos ambien-tales para el sector hidrocarburífero (RASH) y minero (RASM) con participación de los Pueblos Indígenas Ori-ginarios y Campesinos, en ejercicio del derecho a la con-sulta en materia de medidas legislativas y/o administra-tivas que puedan afectarnos.

SÉPTIMO.- Exigimos a Y.P.F.B. y COMIBOL generar información pública sobre sus operaciones, medidas am-bientales, sociales, planes de trabajo, nuevos proyectos, costos, recursos humanos y EEIA.

Exigimos la aprobación de una política de transpa-rencia y control social de YPFB y COMIBOL, y una política de relación con comunidades indígenas, sobre la base de las propuestas de las organizaciones.

Exigimos respeto a la Pachamama y lugares sagra-dos, la conservación de la biodiversidad, agua, suelo, la-gos, ríos y otros recursos naturales en todo el territorio nacional, especialmente en áreas protegidas, territorios indígenas originarios y campesinos restringiendo el de-sarrollo de actividades hidrocarburíferas y mineras, y de acuerdo a los usos y conocimientos tradicionales.

OCTAVO.- Exigimos la adecuación a la normativa existente que permita contar con un sustento legal en el período de transición que vive el país, construida con la participación de las Organizaciones Sociales.

NOVENO.- Exigimos una reglamentación consen-suada con las organizaciones sociales para la elaboración

de los EEIA porque son la base para la ejecución y segui-miento de planes y proyectos de actividades hidrocarbu-ríferas y mineras.

DÉCIMO.- Hay necesidad de diferenciar dos proce-sos, uno para compensaciones (en proyección) y otro para indemnizaciones (imprevistos). La indemnización no puede operar como un procedimiento emergente de la expropiación. Su valoración debe ser estimada por el daño ambiental, no como pago de obras o bienes de be-neficio comunal. La indemnización no puede estar res-tringida a los casos en trámite.

DÉCIMO PRIMERO.- Para determinar la compen-sación e indemnización, exigimos respeto a la territo-rialidad de los PIO’s y CC’s (TCO, comunales, territorio ancestral, etc.), que comprende los componentes de la naturaleza: agua, aire, suelo, fauna y flora, culturales, so-ciales, económicos, jurídico-institucionales y humanos en todas sus expresiones. No son suficientes los criterios de pérdida de producción, conocimientos tradicionales y/o aprovechamiento de RRNN. Deben estar también los criterios de manejo y conservación de los RRNN de acuerdo a nuestras normas y procedimientos propios.

DÉCIMO SEGUNDO.- Exigimos que no existan pla-zos para iniciar demandas de indemnización. La deman-da, que no es reclamo, debe ser presentada al o los Mi-nisterios del ramo, no así a la empresa. Las inspecciones para determinar daño deben ser hechas por técnicos del gobierno y de las organizaciones.

La decisión final, concertada entre los PIO’s y CC’s y el Estado, no pueden ser objeto de conciliación.

La compensación no puede depender del proceso de Consulta y Participación, con el Convenio de Validación de Acuerdos donde se incluya una propuesta de compen-sación, ya que en este no se identifican posibles daños socioambientales, sino en los EEIA.

El monto de compensación debe estar en el EEIA, y aprobado por el Gobierno a través de la Consulta a los PIO’s y CC’s (Art. 30 CPE).

DÉCIMO TERCERO.- El reglamento que se propon-ga o disponga debe especificar y separar muy bien las compensaciones de las indemnizaciones. La propuesta de compensación no puede formar parte de los acuerdos relacionados a la consulta, sino formar parte de los EEIA. El régimen de indemnizaciones debe estar relacionado al monitoreo socioambiental.

DÉCIMO CUARTO.- Exigimos que se dé espacio al control social con concurso de las organizaciones indí-genas, originarias y campesinas de tierras altas y bajas al interior del Directorio de YPFB.



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DÉCIMO QUINTO.- Convocamos a un debate nacio-nal de las organizaciones indígenas originarias campesi-nas con las instancias del Gobierno sobre la necesidad de generar un nuevo modelo de desarrollo sostenible, más allá de las actividades hidrocarburíferas y mineras, y so-

bre la distribución de la renta del gas y minerales, como señala la CPE promulgada este pasado 7 de febrero de 2009.

Es dado en ciudad de La Paz, a los ocho días del mes de julio de 2009.

Por las organizaciones indígenas originarias campesinas.

Anexos

PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE SECRETARIOS DE RRNN

DE LAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS ORIGINARIAS CAMPESINAS

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6

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2

5

3

1

Consulta y participación a pueblos indigenas originarios campesinos en actividades hidrocarburíferas y mineras

Miguel Vargas Delgado - CEJIS Regional La Paz


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ANEXOS

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4

2

5

3

1

Minitoreo socioambiental de pueblos indígenas originarios campesinos en actividades hidrocarburíferas

Polo de la Riva - CEJIS Regional La Paz

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12

10

8

11

9

7

ANEXOS


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18

16

14

17

15

13

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6

4

2

5

3

1

Régimen de compensaciones e indemnizaciones por daños socioambientales

Iván Bascopé S. - CEJIS Regional La Paz


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12

10

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11

9

7

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18

16

14

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15

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ANEXOS


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I. Antecedentes

El II Encuentro de Secretarios de RRNN de las orga-nizaciones indígenas originarias y campesinas del país se desarrolló en la ciudad de Santa Cruz, los días 5, 6 y 7 de septiembre, fruto del mandato resultante del I En-cuentro, realizado en la ciudad de La Paz en el mes de julio.

El mismo tuvo lugar en la CIDOB y contó con la par-ticipación de 120 representantes de las organizaciones indígenas originarias y campesinas, entre ellas la CIDOB, CPESC, OICH, CIRABO, APG Nacional, APG Charagua Norte, APG KAMI, APG ZONA CRUZ, CCCH, ORCAWETA, CPITCO, CIPOAP, CPIB, CANOB, CNAMIB, CIPYM, CPILAP, CPEMB, CONAMAQ, JACH´A SUYU PAKAJAQI, SUYU SU-RAS, CAOP, AYLLUS DE COCHABAMBA, FAOI NP, CSUTCB, CSCIB y CNMCOIB – BS, MST –B.

Al mismo tiempo se contó con la participación de lí-deres de las organizaciones indígenas originarias y cam-pesinas del país, como Pedro Nuny, Vicepresidente de la CIDOB, que acompañó el desarrollo del evento durante toda su realización.

Santa Cruz de la Sierra, 5, 6 Y 7 de septiembre

SEGUNDO ENCUENTRO DE SECRETARIOS DE RRNN DE ORGANIZACIONES

INDÍGENAS ORIGINARIAS CAMPESINAS DEL PAÍS

“Construcción, validación y proposición de normas reglamentarias para el sector

hidrocarburífero y minero de acuerdoa la nueva CPE”

También se dio la participación de otras institucio-nes que apoyaron en el evento, como CEDIB, la FUNDA-CIÓN JUBILEO y FARN de Argentina, quienes en coordi-nación con CEJIS, participaron en el II Encuentro, apor-tando de manera técnica con exposiciones y en el trabajo de grupos.

El evento se desarrolló primeramente, con exposi-ciones relacionadas a la problemática ambiental genera-da por la presencia de las industrias extractivas en los territorios de las naciones y pueblos indígenas origina-rios y campesinos a cargo del CEDIB. Inmediatamente la FARN mostró la necesidad de elaborar una propues-ta normativa ambiental para el sector de hidrocarburos desde las organizaciones. Finalmente, la FUNDACIÓN JU-BILEO abordó el tema de transparencia y control social.

De manera seguida, las organizaciones participan-tes dieron a conocer la situación que atraviesan en re-lación a las afectaciones que sufren por el desarrollo de las industrias extractivas dentro de su territorio, para concluir con la conformación de mesas de trabajo en las que se elaboraron propuestas y lineamientos normativos respecto al Reglamento de Consulta y Participación para actividades hidrocarburíferas, el Reglamento de Monito-reo Socioambiental a las actividades hidrocarburíferas,

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la propuesta de Reglamento de consulta y participación para actividades mineras, propuesta de lineamientos sobre indemnizaciones y compensaciones en activida-des hidrocarburíferas, propuestas sobre transparencia y control social y propuesta de Reglamentación Ambiental para el Sector Hidrocarburífero, todo este trabajo fue va-lidado en plenaria, con la firma de un acta de aprobación y entrega de documentos, para su presentación al Presi-dente del Estado Plurinacional y las instancias compe-tentes del Órgano Ejecutivo correspondientes.

Del mismo modo y por la necesidad de apoyar a la resolución de los conflictos socioambientales existentes por la presencia de empresas dentro de los territorios de los pueblos indígenas originarios y campesinos; el proceso de desarrollo legislativo de la normativa y regla-mentación a las actividades mineras e hidrocarburíferas; la participación plena de las organizaciones en el diseño y desarrollo de las políticas de Estado, el II Encuentro dispuso de manera consensuada la creación del Consejo Nacional de RR.NN. y Medio Ambiente de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios y Campesinos del país, el mismo que contará con la participación de las organi-zaciones matrices, departamentales, regionales y locales de cada una de las organizaciones.

II. Desarrollo del Evento (5 de septiembre de 2009)

El II Encuentro de Secretarios de RR.NN se inició el día 5, en horas de la tarde, en instalaciones de la CIDOB con las palabras de Christian Domínguez, Secretario de RR.NN. de la CSUTCB, quién dio la bienvenida a los secre-tarios participantes y definió el orden de participación de los mismos en la inauguración del evento, seguidamente realizó la explicación de la metodología y la agenda a desarrollar. Luego inauguró formalmente el evento el Vi-cepresidente de la CIDOB, Pedro Nuny, al mismo tiempo definió los lineamientos y la problematización que debe-ría abordar el evento. Con esto se dio paso a los represen-tantes de cada una de las organizaciones presentes para su intervención.

Jesús Castillo, Representante de la CCCH – APG, quién rememoró la realización del I Encuentro de Secre-tarios de RRNN y puso énfasis en la necesidad de abor-dar y dar soluciones a los conflictos que se han generado en la coyuntura que vive el país por el desarrollo de acti-vidades hidrocarburíferas y mineras dentro de los terri-torios indígenas originarios y campesinos.

Resaltó que en el I Encuentro se había hablado mu-cho de las demandas de cada uno de los pueblos, las de-

nuncias de las afectaciones y de la importancia de ver y definir cómo a partir de las experiencias de las organiza-ciones regionales y las confederaciones se pueden tender puentes para abordar esta temática y dar una solución a cada uno de los conflictos.

“Se debe dar prioridad a la actual coyuntura que estamos viviendo, porque en realidad estas son preocu-paciones de cada una de las organizaciones donde se desarrollan las actividades extractivas, con relación a los recursos naturales que es de interés de nosotros, y es por eso que es importante realizar este evento a nivel de la CIDOB. No olvidemos que esta demanda nosotros la he-mos realizado a nivel de nuestra organización, a nivel de nuestra secretaria de RRNN y a la cabeza de nuestro pre-sidente Don Wilson Changaray, por lo que requerimos nuestra participación, porque arriba se viene modifican-do, se viene alterando lo que son nuestros derechos en relación a lo que es la consulta y participación y los otros derechos que son de interés de los pueblos indígenas”.

Aniceto Ayala, Secretario de RRNN de la CIDOB, representante del pueblo Wenhayek, dio la bienvenida a los secretarios de recursos naturales de tierras altas y tierras bajas, señalando que “la realización de este Se-gundo Encuentro servirá para aprender y para aportar en los temas en los que se tenga conocimiento”.

Ernesto Sánchez, Secretario de RRNN de la CPEMB, resaltó la importancia de los temas a tratar en el Encuentro, para contar con propuestas que sean un ins-trumento para hacer respetar los derechos de los pue-blos indígenas. “Estamos atravesando el avasallamiento de nuestros territorios y de nuestros recursos naturales, no solo a nivel nacional sino a nivel regional. Todo esto se está destruyendo sin ningún tipo de cuidado, por eso es necesario trabajar en algunas propuestas y más que todo en la consulta a los pueblos indígenas, cuando se quiera hacer cualquier trabajo en los territorios”.

Francisco Machaca, Mallku de Gestión Territorial del Suyu Suras, dio la bienvenida a todas las organiza-ciones que estuvieron presentes en el evento. “Estamos presentes como comisión porque se trata de nuestros RRNN. Ya después de 500 años lamentablemente nos han contaminado, tenemos que analizar que cuando se trata de nuestros recursos naturales, la tierra y el territorio, primero se debe descontaminar y ver qué se puede hacer en el porvenir para cuidar nuestro medio ambiente”.

Norberto López, Jach´a Mallku del Jach’a Suyu Pakajaqi, valorizó el trabajo realizado en el I Encuentro de Secretarios de RRNN y el análisis de los recursos que están siendo los afectados por el desarrollo de las activi-dades extractivas. “En nuestro caso, el tema de Corocoro,

SEGUNDO ENCUENTRO DE SECRETARIOS DE RRNN DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS ORIGINARIAS CAMPESINAS DEL PAÍS


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nosotros estamos totalmente afectados. Los operadores del Ministerio de Minería están engañando al Presiden-te; él no sabe todo lo que está pasando, están manejando este tema como con los anteriores gobiernos, por eso nos encontramos muy alarmados. Queremos bajar a nuestros territorios con propuestas que seguro vamos a trabajar y demostrar al gobierno que estamos trabajando y, decir-les, estas leyes hemos trabajado y tenemos que discutir”.

Christian Domínguez, Secretario de RRNN de la CSUTCB, recordó que el trabajo que se desarrollará es un trabajo que se ha venido realizando desde la realización de varios encuentros como con las reuniones relaciona-das a las áreas protegidas, “con esta experiencia acorda-mos convocar a todos, porque necesitamos fortalecer, necesitamos tener una línea base de trabajo”. Indicó que este trabajo necesita del apoyo técnico de base que per-mita dar líneas, puntos e insumos para las organizacio-nes matrices en el tema de RRNN.

Rememoró que el trabajo de las organizaciones en el proceso constituyente es un antecedente para traba-jar de manera más coordinada y conjunta. “Hemos visto cuando teníamos la experiencia de la Asamblea Consti-tuyente, que a veces discutíamos por algunos puntitos y comas en temas que no eran de fondo sino de forma. Si nos juntamos los Secretarios de RRNN es justamente para ponernos de acuerdo y que nuestras organizacio-nes tengan una línea base con los temas de fondo para discutir, eso es mucho más fácil, para que los ejecutivos se reúnan y discutan lo que nosotros hemos discutido y definir nuestra línea base para la discusión. Ese deseo ya lo hemos empezado y creo que se debe continuar”.

Adelantó que en las actividades que se tienen pla-nificadas en torno a los Secretarios de RRNN ya se tiene planificada la realización del III Encuentro, recordando al mismo tiempo que para la realización del II Encuen-tro las organizaciones tenían tareas las cuales deberían ser difundidas en el trabajo en mesas. “A nivel del Pacto de Unidad tendremos que recoger el trabajo que hemos realizado a nivel de nuestras organizaciones y avanzar en ese marco”.

Mencionó la necesidad que tiene el gobierno de ha-cer algunas normas para realizar su trabajo, esto respec-to al tema de la consulta. “Se me dijo en una reunión con funcionarios del gobierno, ¿cómo vamos a consultarlo si este gobierno es de indígenas?, yo respondí que la consul-ta debe ser más profunda para solucionar nuestros con-flictos. Por esto compañeros, debemos tener unidad para los beneficios de los que representamos, para eso nos eligen, para eso estamos reunidos, para componer nor-mas que se vayan respetando con el transcurso del tiem-po e implementarlas a la CPE”. “Espero que valoremos el

esfuerzo que se viene haciendo de juntarnos, queremos discutir temas que aquejan a cada regional, a cada depar-tamento. Es oportuno que hablemos un solo idioma en el tema normativo, para tener un solo discurso, eso va a ser importante para la aplicación de algunas leyes”.

Pedro Nuny, Vicepresidente de la CIDOB, a tiem-po de dar la bienvenida a todas las organizaciones parti-cipantes en el evento a los ambientes de la CIDOB, lugar donde se desarrollo el II Encuentro de Secretarios de Re-cursos Naturales, manifestó que “este es el II Encuentro de Secretarios de RRNN de las organizaciones indígenas originarias y campesinas, este es un escenario importan-te, tenemos la propuesta de construcción, elaboración de normas luego de la aprobación de la CPE, en todo lo referido al tema de hidrocarburos y el tema minero que está dentro de los territorios indígenas, estos dos temas fundamentales deben ser aportados por nosotros para tener una propuesta, de forma de establecer contenidos que se defiendan en la próxima Asamblea Legislativa Plurinacional”.

“Esto no es un favor, es una obligación, porque lo que hemos conseguido en la CPE debe estar reflejado en las normas menores, no debemos ser cómplices del retroce-so en los derechos que hemos conseguido en relación a los recursos naturales y las actividades que se están de-sarrollando en nuestro territorio, esto debe estar garan-tizado en un desarrollo legislativo de manera coherente y debe ser como nosotros queremos, con énfasis en la ley de consulta y participación para los pueblos indígenas originarios y campesinos. Esto es lo que no se quiere en-tender y lo que se está haciendo es trabajar normas de gabinete para que nosotros podamos aplicarlas; eso es lo que no se puede hacer; debemos participar en la elabo-ración de normas”.

“Se va a modificar la ley de hidrocarburos y debe-mos cuidar que eso debe quedar tal y como nosotros queremos. Ahora se están construyendo carreteras que están afectando a los pueblos indígenas, no solamente en el tema social, sino también en el tema ambiental. En el Parque Isiboro Sécure hay problemas y nosotros tenemos que trabajar para mejorar esas relaciones y no enfrentar-nos porque estamos peleando con nuestros hermanos, entre organizaciones debemos decirnos cuáles son las cosas que nos están afectando; es algo que no hacemos, por eso debemos tener propuestas claras ya que somos responsables del cuidado de nuestro medio ambiente”.

“Este espacio debe ser para articularnos y solucio-nar problemas como los del Norte de La Paz, de manera integral y relacionada. Esperamos que este evento sea fructífero y contar al final del mismo con normas meno-res para hacerlas conocer al gobierno y ser base para las

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discusiones, así como pasó en la Asamblea Constituyen-te. De esta manera garantizaremos que las normas me-nores estén de acuerdo a las leyes próximas, a las normas internacionales y a la CPE”.

René Vidaurre, Secretario de RRNN de CONA-MAQ, dio palabras de bienvenida a los suyus del CONA-MAQ participantes en el II Encuentro y a las delegaciones de las otras organizaciones. “En este encuentro las auto-ridades del CONAMAQ y de las organizaciones debemos realizar nuestro trabajo asumido ya hace bastante tiem-po. Hay que hacer notar que somos uno solo, ya no debe haber discriminación, las cinco organizaciones debemos defender a nuestra Pachamama que está muy contami-nada. Nos toca seguir luchando y defender la Declaración de la ONU y el Convenio 169 de la OIT. Estos dos instru-mentos no deben ser solamente figuras; tienen que ser practicados, para hacer respetar nuestros derechos y po-der hacer algo por nuestro medio ambiente”.

Catalina Soto Huanca, Representantes de la CN-MCIO -BS, expresó el saludo de la Confederación Nacio-nal de Mujeres Bartolina Sisa a los participantes del II Encuentro.

Moisés Guarachi, Secretario de RRNN de la CS-CIB, luego de dar la bienvenida a las regionales y a las or-ganizaciones presentes manifestó que “hoy nos estamos incorporando a este proceso y creemos que es importan-te la participación de todos los sectores. En su momento no se le dio mucha importancia a esta temática. Sabemos que la construcción de propuestas no es sencilla porque no tenemos asistencia técnica en el caso de algunas or-ganizaciones y el tema de recursos económicos es una limitante”.

“Tenemos que aprovechar este evento y discutir las propuestas para presentarlas al gobierno, las conclusio-nes de este evento deben estar en beneficio de nuestras organizaciones”.

Melva Hurtado, Representantes de la CMIB, re-saltó la importancia de participar en el II Encuentro de Secretarios de RR.NN. “En esta reunión estamos todas las organizaciones reunidas, lo que es bueno. Las reunio-nes sobre recursos naturales son importantes porque en ellas siempre se consiguen propuestas para defender nuestros territorios y nuestros RRNN”.

Concluidas las presentaciones se procedió a explicar los objetivos y metodología del evento por parte de Iván Bascopé, Responsable del CEJIS Regional La Paz, quien manifestó la necesidad de tener una posición respecto a los temas de las industrias extractivas y revisar los re-glamentos en materia hidrocarburífera, específicamente en los temas de consulta para hidrocarburos y minería,

monitoreo socioambiental, transparencia y el RASH. Así mismo informó que todas y cada una de estas normas se están trabajando desde el gobierno, por lo que se tiene el temor de que se tengan leyes que sean contradictorias con lo que señala la CPE, por lo que es necesario ser pro-positivos.

Se definió como necesaria la posición de las orga-nizaciones frente al gobierno, de forma que las necesi-dades de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos sean de alguna manera solucionadas con la implementación de la normativa relacionada a las in-dustrias mineras e hidrocarburíferas. “En algunos casos no vamos a poder modificar las normas sino que vamos a tener que trabajar su adecuación a la CPE, por lo que debemos hablar con el gobierno y entregar documentos con lineamientos jurídicos y políticos, esto ahora lo es-tamos haciendo aquí en tierras bajas y debe servir para fortalecer las capacidades orgánicas”.

Con relación a la metodología del evento se definió que el día 5 se escucharían a las regionales quienes de-berán explicar en qué situación se encuentran respecto a los conflictos que atraviesan. De manera previa a esa participación, se tendrá la participación de otras institu-ciones que están apoyando este esfuerzo, la FUNDACIÓN JUBILEO y CEDIB. Se acordó que el trabajo en mesas se realizaría entre el día 6 y el lunes 7, las mismas que de-berán tener como resultado documentos orgánicos que sirvan de base para la agenda de las organizaciones, este es un compromiso para aportar al Proceso de Cambio, mediante la propuesta de las normas para desarrollar la CPE en cuanto al nuevo modelo de gestión de los RRNN y de este modo solucionar los conflictos que viven los pue-blos indígenas originarios y campesinos.

III. Presentaciones y Exposiciones

Marwan Tahbub, miembro del CEDIB: “Re-flexiones sobre el contexto internacional de las operaciones hidrocarburíferas y comparación de experiencias en el Mundo”.

El contexto de las experiencias internacionales, res-pecto a los hidrocarburos y la relación que tiene con res-pecto a la problemática que viven los pueblos indígenas y la lucha que han emprendido ustedes para tener una solución favorable, es necesario analizar los efectos ne-gativos dejados por la presencia de las transnacionales petroleras luego de un siglo de actividades hidrocarbu-ríferas, veremos que estas empresas han sido cómplices de los cambios ocurridos en el mundo. Acá en Bolivia, ustedes saben bien lo que significa la presencia de em-



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presas petroleras, las que al ingresar a sus comunidades producen contaminación y saqueo de los RRNN.

Los daños que dejan las transnacionales son mucho más que eso. Si examinamos el panorama internacional, a los largo de un siglo y medio de desarrollo de la activi-dad petrolera y, parte de esto lo han conocido ustedes, las transnacionales pudieron generar guerras (y ustedes han conocido la Guerra del Chaco), han sido capaces de modificar fronteras, de derribar fronteras, de cambiar gobiernos, desaparecer países; la lista es muy larga.

De manera concreta, Bolivia ha vivido un proceso muy rico de lucha, una de ellas se refería al reclamo po-pular de nacionalizar los hidrocarburos. En este sentido la clase oligárquica del país ha usado como argumento la experiencia boliviana con empresas estatales, podemos decir que este proceso va a llegar al fracaso.

Para clarificar este tema, es necesario plantear dos ejemplos de experiencias que han sufrido mucho de lo que han sufrido ustedes. El primer ejemplo es el del con-tinente Africano y me voy a referir al caso de Nigeria y Angola. Nigeria es el prototipo del país que ha dejado su recurso petrolero en manos de las empresas transnacio-nales, en manos de las empresas petroleras anglosajonas, donde hace poco tiempo se firmó un acuerdo con China para que éste país participe en la explotación petrolera, esto aún no está definido.

La realidad de Nigeria refleja el papel de las empre-sas anglosajonas y los resultados que se tienen. Nigeria ha sido una colonia británica que no ha sufrido un proce-so de independencia como otros países. Fue un acuerdo entre la corona británica y la oligarquía del país el que dio la independencia al país. A los pocos años de esta in-dependencia ya se había iniciado la explotación de petró-leo, por lo que, el país sufría de inestabilidad, en el que se tuvo un gran número de golpes de estado y uno que otro proceso democrático.

La realidad de la zona más rica en Nigeria demos-trará que no hay servicios básicos para la población que vive en el lugar, no hay agua potable, etc. La gran contra-dicción se demuestra cuando en las noches las comuni-dades que no cuentan con luz eléctrica se iluminan por la luz que produce el hidrocarburo en boca de pozo.

El otro caso africano es el caso de Angola. Este fue una colonia Portuguesa donde, en los años 70’s, fue un país no solamente rico en petróleo sino en otros recur-sos mineros, piedras preciosas, uranio, etc. Al iniciar su lucha por la liberación nacional el gobierno de Portugal estaba a punto de conceder la independencia a Angola, momento en que se inicia una guerra civil a consecuencia de las riquezas existentes en el país. Así, intervino Ingla-

terra, EE.UU, África del Sur, donde el pueblo de Angola te-nía como aliado a la Unión Soviética y a Cuba para hacer frente a esta arremetida.

El gobierno de Angola ofrece un sistema político multipartidista que permite configurar un país que tenía una seria guerra civil, de esa forma se inicia una reconfi-guración nacional en un país totalmente destruido.

¿Qué es lo que hacen con los hidrocarburos? Hay un conglomerado de empresas estatales que se encargan de la explotación, de manera que se pudo escapar de las imposiciones del Banco Mundial y del FMI gracias a prés-tamos cuantiosos por parte de China, como consecuencia de las empresas estatales que explotan el recurso petro-lero, convirtiendo a este recurso en el motor del desarro-llo, lo que dio fruto a que la economía de Angola fuera una de las que más creció en el último periodo.

Esto nos sirve para comparar y responder al discur-so que señala que la nacionalización traerá corrupción y retroceso, acá hay un ejemplo que indica lo contrario. Es por eso que he tomado en cuenta estos dos polos; uno que representa el dominio de los hidrocarburos en ma-nos de transnacionales, el caso de Nigeria y; por otra par-te, un ejemplo que trae desarrollo de un país a través del dominio sobre sus recursos, como el caso de Angola.

Es necesario decir que contar con los recursos hi-drocarburíferos y contar con una empresa estatal no es garantía para descansar pensando en que el problema de los recursos está garantizado, y el ejemplo es lo ocurri-do en Venezuela y la nacionalización que realizó Carlos Andrés Pérez. En esta experiencia la ley de nacionaliza-ción fue elaborada por todos los sectores de la sociedad venezolana. Este proceso fue frustrado por un solo artí-culo que fue propuesto por el presidente Carlos Andrés Pérez. Luego de este proceso hubo un crecimiento en la empresa petrolera de Venezuela, entonces se realizó un proceso de alianzas con empresas transnacionales en ac-tividades específicas, lo que derivó en la subcontratación de empresas extranjeras para realizar otro tipo de acti-vidades. ¿Cómo termino todo esto? La misma empresa nacional venezolana se opuso a estas acciones e inició un proceso para derrocar al gobierno, lo que ocasionó pér-didas millonarias al país.

Otra de las experiencias tiene que ver con la expe-riencia de Arabia Saudí, en la que una monarquía retro-grada establece que cualquier empresa transnacional solo puede tener participación en la actividad prestando algún tipo de servicio.

En otro de los ejemplos, se ha creado el paradig-ma que el modelo a seguir es el modelo desarrollado en Noruega, y la verdad es que este modelo tiene aspectos

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positivos, pero a la vez tiene aspectos negativos. Entre lo positivo se debe mencionar que Noruega tiene una empresa nacional de hidrocarburos, la cual no trabajó sola sino en sociedad con empresas transnacionales. Lo positivo está en que los recursos económicos, fruto de esta actividad, han permitido crear un fondo estatal para el desarrollo del país a mediano y largo plazo, para que en el momento en que el país deje de tener los recursos petroleros pueda usar los recursos fruto de la explota-ción de hidrocarburos. El aspecto negativo está en que aunque siendo una empresa estatal, en sociedad con otras empresas transnacionales, tuvo un comportamien-to depredador, de tal modo que en una década ya se ha agotado el petróleo del Mar del Norte.

Ahora, es necesario ver el proceso de nacionaliza-ción, no ver el proceso en detalle sino más bien aclarar el proceso de manera crítica, de quien quiere que la nacio-nalización funcione, por lo que se deben rectificar varias cosas. Por ejemplo, cuando portavoces oficiales informan que ningún país del mundo ha bajado las utilidades netas de las transnacionales a un 20%, en el caso de Bolivia, no se está diciendo la verdad, del mismo modo que Egipto, donde las utilidades netas han bajado a un 16%.

El último punto es para explicar la cuestión de los pueblos indígenas originarios y entender que este pro-blema, es decir el problema de los pueblos indígenas y la actividad hidrocarburífera, no es un problema que se desarrolla solamente en América Latina, este problema existe en otras partes y esto depende de cómo se enfoca esta problemática para llegar a resultados positivos o re-sultados negativos. La corriente nacionalista Árabe trato dos casos de los pueblos originarios y el fracaso negativo que tuvo esa experiencia. Arabia no pudo resolver el pro-blema del pueblo originario curdo, a este pueblo no se le ha negado el ejercicio de sus derechos, pero este no supo asumir estos derechos y todo lo que implicaban, ¿cómo terminó eso? Esto fue aprovechado por las transnacio-nales.

Pablo Villegas, miembro del CEDIB: “Con-sulta y EEIA en la experiencia del Río Madera”. (Se adjunta exposición en Anexos).

Carina Quispe, miembro de FARN (Argen-tina): “Reglamentación Ambiental para el Sec-tor Hidrocarburífero” (Se adjunta exposición en Anexos).

El trabajo realizado para la propuesta de una regla-mentación medio ambiental para el sector hidrocarburí-fero, se ha realizado haciendo un estudio de legislación comparada de Bolivia, Perú, Ecuador y en algunos casos la legislación Argentina.

a) Intervenciones de los expositores

Marhuan Tahbub, miembro del CEDIB, el tema es complejo y se debe ver lo que ocurrió el año pasado, donde hubo un intento de golpe de estado cívico, es una discusión, en el fondo, por los recursos hidrocarburífe-ros y los otros recursos.

Hay un proceso de nacionalización, y yo he dado el ejemplo de Venezuela, para aclarar y demostrar con un ejemplo que por el gas se inició un proceso de desestabi-lización del gobierno, y que es lo que pasó en Bolivia des-de la nacionalización, y en ese punto se deben analizar los casos de corrupción, que no es el error de una perso-na. ¿Es posible que una sola persona pueda corromper una empresa estatal?

Dentro del gobierno hay quienes quieren sostener y desarrollar la nacionalización, por otra parte, fuera del gobierno hay quienes y, en especial las organizaciones sociales, quieren dar todo por desarrollar el proceso de nacionalización, momento en que se deben mantener los ojos abiertos y comprender que el proceso de nacionali-zación es un proceso complejo y apuntar a que el gobier-no nacional asuma una política de hidrocarburos apo-yándose en sus mismas bases para apoyar el proceso.

Uno de los temas preocupantes se da en que luego de la firma de los contratos, YPFB no pudo desarrollar ni participar en ninguna de las actividades hidrocarburífe-ras. Luego de dos años con la firma de los documentos de entrega, no era verdad que YPFB tenía el control de todo. A partir de esto el presidente de la Cámara Nacional de Hidrocarburos nos dice que hubo una baja en la produc-ción que se tenía con las empresas transnacionales y la empresa nacional.

Hay temores, inquietud que es fruto de la poca in-formación que se tiene con relación a las inversiones y a las actividades que está desarrollando YPFB, no hay da-tos en ambas partes, ni en la parte privada, ni en la parte estatal.

Representante de la CMIB: El tema de las repre-sas es muy preocupante, especialmente el tema de la re-presa del río Madera, esto es muy preocupante para los pueblos indígenas porque vamos a ser afectados en este tema, porque si están construyendo estas represas y hay la posibilidad de que desaparezcan las comunidades que están cerca del río Mamoré, del río Beni, del Madre de Dios. Frente a esto, ¿qué es lo que podemos hacer como pueblos indígenas?

Representante de la CIRABO: Este tema es pre-ocupante para nosotros, si bien el gobierno está llevando



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la política para vivir bien, entonces tenemos que ver que algo está fallando en la implementación de esta política, cómo puede entrar uno a una casa ajena sin consultar. La CPE nos ha costado muertos y por eso la vamos a hacer prevalecer, la vamos a hacer respetar. Si este gobierno está con las organizaciones, debe cambiar sus forma de actuar, ya que está realizando actividades directamente sin consultar a los pueblos indígenas, ese es el peor de los errores.

Los pueblos indígenas del norte Amazónico no es-tamos de acuerdo con el desarrollo de la hidroeléctrica y eso debe quedar claro, porque nuestros ancestros nunca han necesitado de luz eléctrica, los que se van a benefi-ciar por este proyecto van a ser las empresas que van a construir toda esa obra, sin respetar la riqueza colectiva que tenemos como pueblos indígenas.

Pablo Villegas (CEDIB): El tema de la represa del Madera es un tema que no es muy bien entendido. Uno de los problemas es el discutir con las empresas que han desarrollado el EEIA, y muchas veces las organizaciones se achican y creen que no van a poder discutir. Lo que se hizo fue tener reuniones con las organizaciones y se con-formó el Comité de Defensa del Río Madera, y para con-formar este comité se realizaron una serie de reuniones, en una de ellas se contó con la participación de un inge-niero hidráulico, en Riberalta se vio que el ingeniero en su lenguaje y los riberalteños, hablaban lo mismo, porque las personas del lugar conocen del tema y las afectacio-nes, las describían porque conocían de las afectaciones, así los comunarios describieron las afectaciones para el río Madre de Dios y para el río Mamoré, por ejemplo.

El otro tema es que el río Madera tiene como 700 especies diferentes de peces, en Pando se concentran gran cantidad de estos peces, los cuales luego de la época de inundación bajan al Amazonas, lo que va a pasar con la represa, va a ser que estos peces no lleguen allí, por-que se van a quedar pues en la represa, pero no se van a quedar como una reserva, van a convertirse en harina de pescado porque una vez que entren a la turbina van a quedar pulverizados.

Lo que debemos saber ahora es ¿qué ha hecho Bo-livia? El momento que se aprueba esto es el año 2006, donde el país no tenía embajador en Brasil, la cancillería boliviana, no podía conseguir los EEIA, a pesar de que este proyecto es de 1970, y cuando en Beni y Pando los compañeros preguntaban qué se podía hacer para no inundarse, el gobierno boliviano no hacía nada; ha reco-nocido que Brasil tiene la necesidad de contar con ener-gía eléctrica, cuando Brasil cuenta con un buen número de represas, hay gente que vive al lado de ellas sin luz.

Esta energía eléctrica va a ser utilizada para la produc-ción de aluminio, lo que demuestra que estos recursos no van a ser destinados para palear la demanda de energía del pueblo brasilero, entonces Bolivia puede hacer mu-cho, pero esto no va a ser posible si la gente del lugar no denuncia, porque cuando se organizó el Comité de Defensa del río Madera, Brasil detuvo la realización de las obras, entonces es necesario que ustedes, los direc-tamente afectados se organicen y vuelvan a conformar e impulsar este Comité de Defensa del río Madera.

Esto puede ser apoyado por organizaciones de Bra-sil que van a ser afectadas, e incluso por organizaciones de Perú, porque al Perú también le va a afectar esta re-presa

Si sucede esto, el gobierno brasilero va a tener que escuchar, sin embargo depende de qué es lo que hará Bo-livia, y fundamentalmente las organizaciones sociales.

Concluida esta exposición se acordó un cuarto in-termedio hasta las 8.30 de la mañana, para iniciar con la exposición de la FUNDACIÓN JUBILEO, sobre Transpa-rencia y Control Social.

IV. Desarrollo del Evento (6 de septiembre de 2009)

El día domingo 6 de septiembre, el II Encuentro se desarrolló en el salón “Sombra Grande” de la CIDOB, a partir de las 9.00 am. Se inició con la exposición de la Fundación Jubileo, que abordó el tema de Transparencia y Control Social. (Se adjunta exposición en Anexos).

a) Participación de las Organizaciones Indígenas Originarias Campesinas

Jesús Castillo (Representante de la CCCH – APG): A nivel nacional, los pueblos indígenas hemos sido los que en este Proceso de Cambio hemos tratado de pro-fundizar nuestros derechos respecto a los RRNN. En la temática de hidrocarburos, no ha sido la APG la que ha generado el debate; han sido todas las organizaciones que han socializado el alcance de la normativa que tenía-mos en su momento.

El año 2005 se logró incorporar un título de dere-chos indígenas en la Ley de Hidrocarburos Nº 3058, y en 2007, se promulgaron dos decretos de la Ley, uno de Monitoreo Socioambiental y otro, el de Consulta y Par-ticipación. De estos dos decretos, solo hemos avanzado en lo que es la consulta y participación. Debemos men-cionar que nuestra participación no se ha constituido de

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manera total; en el tema de monitoreo socioambiental, el tema se ha estancado en el nivel central, a 3 años no se ha avanzado en la implementación de este Reglamento.

Luego de incorporar en la ley nuestros derechos, aparece lo que es la nacionalización; en ella se menciona que todos los recursos hidrocarburíferos son de todos los bolivianos, es decir que se incorpora a toda la socie-dad civil y se da el derecho de participar.

Para nosotros sigue vigente la Ley de Hidrocarbu-ros, siempre respetando los derechos que nos da la CPE, que señala que los recursos hidrocarburíferos son del conjunto del pueblo boliviano. Nosotros debemos deci-dir cómo queremos que se exploten estos recursos.

¿Para qué habíamos peleado para el reconocimiento de nuestros derechos? Para desarrollar elementos esen-ciales de forma de actuación, recursos técnicos humanos, controles ambientales y estructura de responsabilidad, en el marco del respeto y participación de los pueblos indígenas originarios y campesinos.

Luego de la nacionalización, la figura cambia; de acuerdo a los nuevos contratos petroleros, YPFB es el dueño de todos los recursos existentes en los bloques petroleros y las empresas petroleras. Ahora YPFB en re-lación a la exploración y explotación, es el dueño abso-luto de las reservas. De acuerdo a los nuevos contratos, las empresas transnacionales, son empresas operadoras que continúan en nuestro territorio. El diseño de la polí-tica de relación de YPFB con las operadoras se viene tra-bajando, pero todavía no es algo claro.

YPFB se convierte en una empresa corporativa lue-go de la nacionalización y tiene la misión de consolidar la institución y la gestión institucional como empresa estatal corporativa. En toda la cadena productiva, YPFB se presenta como una empresa corporativa, pero esto no sucede hasta la fecha, lo que nos interesa en este punto es la incorporación de un programa de responsabilidad social y, fortalecer el tema de transparencia y de relación comunitaria.

Como pueblo guaraní, creemos que se deben gene-rar las capacidades técnicas para el control social a las actividades hidrocarburíferas, contar con una política nacional energética, en toda la cadena productiva hidro-carburífera.

Debemos pensar que sobre la base del gas podemos tener desarrollo, educación, salud, etc.. En el caso de los gasoductos que pasan por nuestro territorio, nuestras comunidades no se benefician, y eso debemos de dejar de desaprovechar, por lo que debemos incidir en el desa-rrollo de la política hidrocarburífera.

Se debe crear una instancia de responsabilidad ad-ministrativa de medidas de mitigación preventiva, están-dares empresariales y ambientales. En este punto noso-tros podemos participar porque conocemos lo que suce-de de manera directa en nuestros territorios y, debemos incidir en el control y participación en cada una de las actividades de aprovechamiento de nuestros recursos.

Se plantea crear una estrategia de hidrocarburos propuesta del pueblo guaraní, en relación a los siguien-tes puntos:

• Se debe garantizar la gestión ambiental y socio-ambiental integral del sector hidrocarburos, con la participación de los principales actores sociales en la ejecución de las actividades obras o proyectos hi-drocarburíferos, con el objetivo de generar alianzas de servicio corporativo para el desarrollo de la acti-vidad obra o proyecto hidrocarburíferos respetando el derecho de los pueblos indígenas;

• Hay necesidad de fortalecer a las instancias encar-gadas de desarrollar las actividades de control y monitoreo socioambiental;

• Se debe realizar una evaluación ambiental estratégi-ca por bloques y áreas; esto debe ser realizado como una auditoría ambiental;

• Se debe actualizar la normativa y reglamentación vigente para su cumplimiento por parte de las auto-ridades competentes del sector hidrocarburífero. Es importante el desarrollo normativo, pero sin dejar de lado la aplicación de las normas que se tiene en la actualidad.

Nelson Bartolo (Secretario de RRNN de la APG Nacional): En la propuesta trabajada por la APG Nacio-nal, tenemos cuatro puntos claves sobre los que se debe trabajar. Se tuvo una reunión con 15 empresa petrole-ras que operan en nuestro territorio, los días 24 y 28 de agosto pasado (2009), no solo con la participación de técnicos, sino con la participación de gerentes con nivel de decisión. Luego de este evento, YPFB es la empresa que debe encabezar este trabajo.

El objetivo de esta reunión era el de conocer a las empresas, conocer qué tipo de trabajo hacen, cuál es la inversión que tienen, etc. La APG va a desarrollar un nue-vo evento para el 16 o 17 de este mes (septiembre de 2009), en la que se invitará a participar a las instancias del órgano ejecutivo, responsables de este tema.

Lo que queremos con la nueva CPE, es poder sen-tarnos, discutir y planificar el desarrollo de la actividad, para subsanar los problemas que han existido con todas las capitanías. El otro tema será el de lograr ser parte



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con las petroleras y de la consultora que realiza los EEIA, para que la APG introduzca la línea base para desarrollar la actividad hidrocarburífera. Se crearon mesas para tra-bajar por cada uno de los temas, de ese modo la APG se encargará de la mesa de hidrocarburos, conjuntamente con los hermanos del CPILAP.

La participación estará enfocada a partir del inicio de un proyecto, la participación debe ser de manera ac-tiva con los pueblos indígenas, esto debe ser ampliado a las instituciones que nos apoyan, acompañándonos en los procesos de control a las actividades extractivas.

La información que debe generar YPFB, son la inver-siones que realizan las empresas petroleras, los planes de desarrollo de las actividades que se desarrollan. Solo 12 empresas son las que han entregado la información sobre la inversión para el 2009, para el 2010 no se tiene información, solo manejan los contratos y las inversio-nes. Por ejemplo en el tema de Sararenda, el presidente de YPFB ha presentado todo lo referente al proyecto, y solo han realizado consulta pública al Comité Cívico de Camiri.

Nosotros hemos solicitado el EEIA, pero solo se nos ha mostrado la licencia ambiental. En respuesta a esto se ha presentado una nota al Presidente de YPFB, señalán-dole que la actividad no solo va a afectar a Camiri sino a 4 comunidades de la capitanía de Kami, las cuales no han sido tomadas en cuenta para el desarrollo del EEIA.

Leonid Oliver (Representante del CPILAP): Nos encontramos felices por el desarrollo de este II Encuen-tro, ya que del primer encuentro tuvimos como resulta-do una resolución que nos ayudo mucho para afrontar el problema que tenemos.

En el caso del desarrollo de la actividad petrolera en el Norte de La Paz, se ha presentado un recurso de nuli-dad a la actividad desarrollada, este recurso a la fecha no ha tenido respuesta.

El Ministerio de Hidrocarburos y otras instancias no están cumpliendo con los compromisos acordados respecto a las actividades iniciadas en Lliquimuni, lo que está haciendo que la percepción de la gente afectada em-piece a cambiar. Todo este problema lleva a que los que se beneficien sean solo los caciques de las comunidades directamente afectadas y no las propias comunidades.

En el caso de PILCOL, se ha creado una instancia paralela lo que afectó al Pueblo Leco, está situación va cambiando porque al igual de lo ocurrido en el pueblo Mosetén, los compromisos no están siendo cumplidos, lo que está haciendo que cambie la percepción de los pue-blos afectados.

Jhonson Jiménez Cobo (Representante del Pue-blo Leco de Larecaja – PILCOL): El pueblo indígena Leco de Larecaja se encuentra en el Norte de La Paz, cer-ca del parque Madidi en la zona del área protegida Pilón Lajas. Para comentar un poco la situación de nuestra TCO PILCOL: nuestra TCO es afectada por dos líneas de explo-ración sísmica que están afectando de manera directa a 3 comunidades de las 33 que forman parte de nuestra organización que está afiliada a CPILAP y a la CIDOB, ya que esa es nuestra estructura orgánica.

En este punto debemos ser claros y señalar que no-sotros no conocemos sobre el tema hidrocarburos, no tenemos experiencia sobre esta problemática, como la tienen nuestros hermanos de la APG.

Nosotros somos reconocidos como organización por el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Nacio-nes Unidas, y el 25 de enero hemos votado por un cambio con la aprobación de la nueva CPE. Creo que todas estas normativas nacionales e internacionales nos reconocen el derecho de la consulta y participación en estos proyec-tos. Estos derechos han sido vulnerados y por eso es que cuestionamos la actitud del gobierno y las políticas que vienen implementando los Ministros que forman parte de un gabinete que no representa al Estado Plurinacio-nal, porque no tenemos representantes dentro de ese gabinete, tampoco se ha iniciado el Estado Plurinacional, a partir de que tengamos representantes genuinos de nuestros pueblos vamos a tener un Legislativo Plurina-cional.

Nosotros, como dirigentes a la cabeza del CPILAP, habíamos trabajado en la conformación de tres mesas de trabajo: la mesa de tierra, la mesa de hidrocarburos, y la mesa política. Con el Ministerio de Hidrocarburos, se ha planteado y se ha dicho cómo queremos el desarrollo del proceso de consulta para el inicio de actividades hidro-carburíferas, con el apoyo de algunos técnicos de la CI-DOB. A esto el Ministerio responde dejando de participar en las reuniones de las mesas de trabajo; y nuevamente han vulnerando nuestros derechos; en realidad el Minis-terio por intermedio de sus técnicos empieza a vulnerar nuestros derechos que reconoce la CPE, la Ley de Hidro-carburos y el Reglamento de Consulta y Participación en actividades hidrocarburíferas.

Lo que quiero aclarar ahora hermanos es que se nos ha vulnerado el derecho de la consulta y participación, no se ha consultado a las 33 comunidades de la PILCOL. La normativa dice que se tiene que consultar a toda la TCO; en este caso tendríamos que haber sido consultadas las 33 comunidades pertenecientes a la TCO. El Ministerio no ha respetado la estructura orgánica y la ha violado; se

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han hecho negociaciones directas con los caciques de las comunidades, sin respetar la estructura orgánica.

Este proceso ha sido desarrollado por el Ministerio de Hidrocarburos de manera “trucha”, porque nosotros no hemos dado nuestro visto bueno a la ficha ambiental, y el Ministerio aprobó sin consultar a las organizaciones del Norte de La Paz.

Quiero ser claro y decir que como TCO PILCOL, como pueblos indígenas del Norte de La Paz, no estamos en contra del Proceso de Cambio, ni en contra del desarrollo del proyecto sísmico Lliquimuni, lo que queremos es que se nos respete nuestros derechos, nuestros principios, nuestra biodiversidad, nuestro ecosistema, nuestra flora, nuestra pesca, que tenemos en nuestro territorio.

Este proyecto afecta a tres de nuestros pueblos, a los hermanos del CRTM (Concejo Regional Tsimane Mo-setén), y en su mayor parte a los hermanos Mosetenes, y a nosotros la TCO PILCOL. Ahora se viene el desarrollo de otros bloques, como el bloque de exploración sísmica del Madidi, Chepite, río Hondo, río Beni. Esos son los próxi-mos proyectos de exploración sísmica, eso es lo que quie-ro hacerles conocer como preocupación, porque si se nos ha vulnerado el derecho de consulta y participación, y ahora están entrando las empresas a nuestros territorios y por el hecho de que algunos caciques, algunos presi-dentes de las comunidades han permitido el ingreso de la empresa, este ingreso ha sido con engaños, sin realizar la consulta y participación, como se debería realizar, han hecho reuniones con algunos dirigentes y algunas bases; y eso se ha aprobado. Ahora poco a poco, estamos des-cubriendo qué tipos de dirigentes han recibido recursos económicos y se han vendido a este proceso falso.

Como pueblo PILCOL, nos han dividido orgánica-mente y por eso digo que en ese Proceso de Cambio no somos todos genuinamente representados, hay personas de otros partidos políticos que no responden a este Pro-ceso de Cambio. Esta gente está haciendo quedar mal al pueblo boliviano.

Me extrañó, hermanos, que vengan a dividir a nues-tras TCO PILCOL los técnicos del Ministerio de Hidrocar-buros, que con la complicidad de algunos malos dirigen-tes que quieren mantenerse en la organización y en este momento en nuestra TCO PILCOL, un ex presidente de la PILCOL, con un solo sector, con sus tres comunidades han creado otra organización paralela a la PILCOL. Todo esto lo han ocasionado los técnicos, los asesores del Mi-nisterio de Hidrocarburos, por no trabajar de manera co-ordinada con los dirigentes nacionales, departamentales y los dirigentes de las TCO´s afectadas, esto es lo que ha pasado con el proyecto sísmico de Lliquimuni.

Los dirigentes que defendemos nuestros derechos nos encontramos firmes junto a este Proceso de Cambio y no vamos a descansar hasta que nuestros derechos sean respetados tal y como lo establece la CPE y otros instrumentos, porque si nos estamos organizando, ha-blando de control social y otras normativas que ayuden a este Proceso de Cambio, es la oportunidad de ser una sola organización. No vamos a permitir que se inicien proyectos sísmicos sin la realización de la consulta. Este debe ser un tema claro y entender de manera clara como organizaciones de los pueblos indígenas originarios y campesinos.

Pedro Nuny (Vicepresidente de la CIDOB): Es la-mentable lo que ha sucedido en el Norte de La Paz, se ha discutido bastante tiempo el tema del territorio, y se ha aprendido y se ha peleado y ahora ya se domina ese tema, y se viene denunciando, con algunos problemas todavía. A los hermanos del Norte de La Paz se los ha es-tigmatizado diciéndoles de que no quieren el desarrollo del país, de que están en contra del desarrollo y en con-tra del departamento, a tal punto que hay persecución a dirigentes, -esto es constante-, a los dirigentes de las organizaciones afectadas y a los dirigentes del CIPLAP, eso no podemos permitir. Estas son realidades crudas y lo que tenemos que tomar conciencia y analizar lo que está pasando con nuestros hermanos, lo preocupante es que instituciones del Estado son las que están haciendo cada unas de estas acciones, en vez de apoyar y fortalecer a la organización, en vez de posibilitar que los procesos se puedan hacer de buena manera como lo establecen la CPE y los tratados internacionales, lo que se hace es en-torpecer a las organizaciones y crean paralelismo, esto es real ahora, la CIPLAP está mal vista, se encuentra divi-dida, esto entorpece el desarrollo organizativo.

Hasta cuándo vamos a permitir que las institucio-nes del Estado en concomitancia de algunas autoridades, comiencen a interferir y entrometerse en temas orgáni-cos y en nuestros territorios, en este sentido hermanos, se deben incorporar lo que señalan nuestros hermanos de PILCOL y del Norte de La Paz, que a título de que el país necesite más recursos, como el gas, como el petró-leo para tener mayores fuentes de ingreso para el Estado boliviano, pero a ese título, no corresponde y no pode-mos tolerar la vulneración a nuestras organizaciones y a nuestros derechos.

Toda la solidaridad para los hermanos del CPILAP en el tema de la sísmica y también en el tema tierra, el Estado debe respetar el titulo ejecutorial de cada una de las TCO´s. Hay que pararse y entender si es que las instituciones del Estado no nos están apoyando, o más bien nos están truncando el ejercicio de nuestros dere-



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chos indígenas. Aquellas organizaciones que aún no han reflexionado sobre este tema deben reflexionar porque este es un problema de todos, porque es el derecho a la consulta y participación oportuna que está en la CPE y en las normas internacionales.

Para evitar lo que nos comentaron los hermanos guaranís se ha hecho consulta con el Comité Cívico, de-jando de lado a las capitanías y a las comunidades, y de-finitivamente denunciar que cómo es posible que el EEIA del pozo de Carrasco de Cochabamba, lo adecuen al pozo Sararenda del cual son afectados los hermano de la APG. Esto es lo que está pasando hermanos para el desarrollo de la actividad petrolera. No sabemos lo que está pasan-do con el tema de minería, seguramente nuestros her-manos de la Chiquitanía y de las tierras altas nos van a contar un poco.

Por esta situación debemos estar preparados para que se nos respete nuestro derecho a la consulta y parti-cipación y éste se pueda cumplir.

René Vidaurre (Mallku de la Comisión de RRNN y Medio Ambiente del CONAMAQ): Hermanos, es nece-sario aportar algo más a nuestros hermanos que me han antecedido, y es necesario decir que esa es la realidad que estamos viviendo los pueblos indígenas originarios. Y nosotros como autoridades de las organizaciones a ni-vel nacional, hemos entrado a un consenso y nos hemos puesto de acuerdo para manejar estos temas de manera coordinada entre las cinco organizaciones. En un primer momento no se ha podido, pero ahora veo y creo que ya hay voluntad para sentarnos y tener una sola voz.

En las tierras altas están pasando las mismas cosas que en las tierras bajas, se ve la misma debilidad porque -y vemos con mucha pena que- las autoridades a nivel nacional en muchos casos no valemos para nada, porque los problemas siempre se quieren resolver de manera se-parada, y parece que cuando a las regionales les conviene pelean solos, pero cuando ya están por fracasar o tienen una necesidad, recién hacen valer a las autoridades, en este campo yo creo que debemos reflexionar de manera integral, -tanto las tierras altas como las tierras bajas-, para hacer respetar nuestros recursos naturales, sin im-portar de qué color seamos, lo que debe importarnos es el bienestar de la madre Pachamama y, justamente eso, nosotros tenemos que hacer respetar, sino lo vamos a hacer, vamos a continuar con la división sin tener un re-sultado positivo.

Tenemos que unificar nuestras ideas y apoyarnos como organizaciones de tierras altas y de tierras bajas y, poner en práctica nuestros derechos, de lo contrario no vamos a seguir adelante. Yo les ruego a los participantes

de este evento que debemos llegar a este acuerdo, por-que de lo contrario, no serviría de nada el esfuerzo que estamos haciendo.

Debemos defender los derechos de nuestra madre Pachamama, para nuestras futuras generaciones.

Moisés Guarachi (Secretario de RRNN de la CS-CIB): Lo que falta es un poco de entendimiento, si bien estamos juntas las cinco organizaciones del Pacto de Uni-dad, no le estamos dando la importancia que se merece, y no estamos coordinando para solucionar los problemas que estamos atravesando en cada una de nuestras regio-nales y en cada una de nuestras organizaciones.

El tema del saneamiento de tierras es un tema im-portante para defender nuestros recursos naturales, pedimos que se saque una resolución pidiendo que el proceso de saneamiento se postergue hasta luego de las elecciones, ya que por el tema electoral muchos de los dirigentes van a usar este tema para beneficio personal.

Esperemos que podamos contar con un pronun-ciamiento que señale que el proceso de distribución de tierras se postergue hasta después de las elecciones. Se debe frenar el proceso de asentamientos humanos que va a permitir el avasallamiento de tierras en el Parque Nacional Madidi, esto es muy importante hermanos.

Ernesto Sánchez (Secretario de RRNN de la CPEMB): En la marcha del 90, una marcha histórica por el territorio y la dignidad; en esta marcha se tenía mucha expectativa por el territorio y por consolidar los mismos, ahora vemos que ese tema se ha dejado de lado y la lucha del territorio ha quedado en el olvido. No se está respe-tando los derechos de los pueblos indígenas, ni el gobier-no, ni otras organizaciones.

El tema de hidrocarburos está en diferentes terri-torios, los guaranís tienen problemas, los hermanos del CPILAP y también en la CPEMB en el Beni, donde ya hay cuatro pozos petroleros, y ahora estamos esperando que se construyan los gasoductos para afectar a todo el te-rritorio en su integralidad, en este sentido no se están respetando los derechos legales de los pueblos indígenas que están reconocidos en el Convenio 169, que es la Ley Nº 1257 y también está la Declaración, que es la Ley Nº 3760 y en la nueva CPE que tiene muchos Artículos sobre los derechos de los pueblos indígenas originarios y cam-pesinos, éstos no se están respetando en la práctica, por-que no se está tomando en cuenta la vivencia, los usos y costumbres de cada uno de los pueblos y los derechos culturales que tienen los pueblos ancestralmente, se es-tán rompiendo y vulnerando los derechos, en nuestro caso, en el Parque Isiboro Sécure.

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Las petroleras, con el argumento de que están tra-yendo el desarrollo al país, como también las carreteras, están destrozando los territorios, no solamente el Parque Nacional Isiboro Sécure, sino también el territorio de la CIRABO de nuestros hermanos de Pando y Riberalta, es-tamos en el mismo problema, así como los hermanos del CPILAP y otros que están involucrados en este mismo problema del no respeto a nuestros derechos.

Cuando se habla del accionar de los Ministerios y que están mal las políticas de algunos Ministros, no queremos decir que estamos en contra del Proceso de Cambio que es diferente, nosotros vamos apoyando y respaldando; nosotros estamos en contra de los avasa-llamientos, de la desestructuración orgánica, no se nos está respetando.

Es trágico el tema de hidrocarburos, más ahora cuando en el TIPNIS quieren hacer 4 helipuertos para iniciar la exploración sísmica, dañando a las comunida-des, los animales, a los ríos, porque esa actividad conta-mina el medio ambiente. Eso se está haciendo, no se está respetando, y no se está haciendo la consulta y la parti-cipación para ver si el pueblo está o no de acuerdo con el desarrollo de la actividad. Esto nos demuestra que en este momento se están violando derechos como en nin-gún otro gobierno que ha pasado.

Es oportuno sacar una resolución entre los herma-nos Guaranís y del Norte de La Paz, de apoyo y respaldo, para que se dejen de violar nuestros derechos y hacerlos respetar, si es necesario tomar otras medidas; hay que hacerlo.

Que no se nos acuse de que los que reclamamos el respeto de nuestros derechos somos de la derecha o es-tamos a favor de la derecha. Eso no es así; el pueblo hu-milde, la clase media baja, es la que ha votado para que el Presidente Morales gane; y los que están en contra son la gente rica; nosotros estamos a favor del cambio.

Es importante avanzar en este proceso, tratar de mi-nimizar los avasallamientos entre nosotros, porque ya la anterior semana en la comunidad de San Miguelito han ingresado alrededor de 500 personas que han amarrado a 30 indígenas, y no puede ser que entre nosotros, en-tre hermanos indígenas pobres que somos, nos estemos avasallando, en lugar de coordinar. Hay mucha tierra en el Beni, que no son ni áreas protegidas ni TCO´s, hay mu-chas tierras de engorde; en Pando y Riberalta es lo mis-mo, lo que se debe hacer es un proceso de asentamientos acorde a las realidades.

Todo esto lo debemos de tomar en cuenta para avan-zar y consolidar este proceso, pero sin dejar de cuidar los derechos indígenas, por eso tenemos que trabajar en

algunas conclusiones que no se queden solo en discusio-nes, y trabajar en documentos que se puedan entregar a las autoridades pertinentes, para que ellos tomen las precauciones y se nos consulte antes de realizar cual-quier proyecto, así como viene haciendo YPFB y otras empresas.

Ahora que el TIPNIS es un territorio autónomo, de-bemos trabajar en base a lo que dice la CPE, por eso mar-chamos el 2002, para consolidar la CPE y ejercer nuestros derechos, como una lucha constante, que nos ha costado muertos, sangre y eso no se está reconociendo. Nueva-mente repito que en este evento se debe tomar nota de todo lo que estamos expresando y sacar un documento, denunciando que se nos está avasallando, no se hace la consulta previa y luego discutir con las autoridades el cómo queremos que se desarrollen las actividades.

Sabino Mamani (Representante de la Provincia Ayopaya Cochabamba): Vengo a denunciar ante los Se-cretarios de RRNN, nosotros en la reserva natural de la Provincia Ayopaya hemos tenido muchas luchas. El go-bierno de Gonzalo Sánchez de Lozada nos quería quitar nuestro territorio; en él existen varios recursos naturales. En ese momento se han tomado decisiones en el 5º Con-greso de la Provincia Ayopaya, en el que se ha resuelto el saneamiento de TCO para la defensa de nuestros RRNN; hacer respetar nuestra tierra y territorio para nuestros hijos. En el 6º Congreso de la Provincia Ayopaya, se ha llegado a las mismas conclusiones.

En el 7º Congreso de la Provincia Ayopaya se ha pe-dido la conclusión del proceso de saneamiento porque así como cuando el Goni estaba en el Gobierno, creemos que es la mejor manera de defender nuestra tierra y te-rritorio, se ha desarrollado el proceso de saneamiento de los polígonos 1 y 2, esos dos polígonos ya han sido titula-dos mediante un acta de acuerdo.

En el último tiempo, Feliciano Vega Montes, desde la Federación Departamental de Cochabamba ha queri-do hacer anular la titulación de la TCO de Ayopaya, y los estatutos orgánicos, el mismo Feliciano Vega Montes ha informado mal. Nosotros no sabemos qué finalidad ten-drá, con ex dirigentes ha organizado organizaciones pa-ralelas, lo que ha posibilitado la venta del territorio de Ayopaya, esto es una violación a nuestros derechos, por lo que queremos la renuncia de las autoridades que han permitido todas estas violaciones y que se evalúe lo que ha pasado en Ayopaya.

¿Acaso no se está respetando el derecho de los indí-genas, el derecho de nuestras organizaciones?, entonces creemos que todo esto es un avasallamiento por parte de Feliciano Vega Montes y del Alcalde de Ayopaya. Nosotros



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nos vamos a movilizar a la ciudad de La Paz y a la ciudad de Cochabamba, exigiendo la entrega de nuestro título.

Todas estas acciones, como lo hemos dicho, no están dirigidas a otra cosa que no sea la recuperación de nues-tros RRNN de la Provincia Ayopaya, simplemente como antecedente debemos decir que dentro de la Provincia de Ayopaya, dentro de nuestro territorio, existen alrede-dor de 250 concesiones mineras, éstas se han entregado en gobiernos neoliberales, sin la realización de ninguna consulta a los pueblos indígenas. Existe la concesión pe-trolera del Río Hondo que está colindante con la TCO Mo-setén, y creemos que es por el inicio de estas actividades que van a afectar a nuestro territorio, se está queriendo paralizar la titulación de la TCO del territorio de Ayopa-ya, asimismo en la parte norte de la Provincia Ayopaya, existe un permanente saqueo de madera en tierras vír-genes que se tienen en el norte de la provincia colindante con el departamento del Beni.

Por todo esto hermanos, como les he comentado el año 2003, hemos venido sacando resoluciones exigien-do el reinicio de la titulación colectiva, con el objetivo de controlar el territorio que está en manos de terceros sin dejar ningún recurso para nosotros. Lamentablemente este proceso ha sido obstruido por el propio gobierno, nosotros no sabemos por qué interés, nosotros creemos que es por la presencia de grandes cantidades de RRNN en la zona.

Francisco Machaca (Mallku de la Comisión de Gestión Territorial del CONAMAQ): He escuchado las exposiciones y la experiencia de los hermanos guaranís y otros; de igual manera nosotros tenemos experiencias malas por la explotación minera; en Oruro tenemos 4 Su-yus, y en mi caso el Suyu Suras.

En este momento nos encontramos en un proceso de reconstitución, por nuestra propia estructura territo-rial y nuestra estructura de gobierno y lo que es el tema político, como lo han expresado nuestros hermanos de CPILAP y de Ayopaya, debemos entender que la TCO es una estrategia para descolonizar. ¿Y qué es descolonizar? Es pensar con nuestra filosofía, es decir, sacar de nuestra mente la colonización, y eso hasta hora no lo podemos hacer, todo esto se hace desde el momento que hablamos de la alimentación, de nuestra vestimenta.

Si seguimos alimentándonos con alimentos transgé-nicos, seguimos incentivando la colonización. En el caso de la vestimenta debemos fomentar la elaboración de nuestras vestimentas, esto es lo que no estamos pudien-do desarrollar, pero no lo estamos haciendo.

Nosotros tenemos que descolonizarnos primero. Descolonizándonos vamos a avanzar y en el futuro no

vamos a hablar de solo cinco organizaciones, hablaremos de diez o hasta doce organizaciones. Y se debe definir si las cinco organizaciones vamos a ir por el saneamiento de TCO’s, y en el camino veremos si después de este pro-ceso de descolonización nos mantenemos como cinco organizaciones.

Norberto López (Jach´a Mallku del Jach’a Suyu Pakajaqi): En el Jach´a Suyu Pakajaqi, en la Provincia Pakajes tenemos reconocimiento y estamos reconsti-tuidos desde hace 12 años. Nosotros hemos hablado de TCO´s y ahora nos dicen que si no tenemos títulos, si no tenemos derecho sobre la tierra, no tenemos derecho a reclamar sobre la minería o sobre los hidrocarburos.

Por esto hermanos en tierras altas y tierras bajas, se ha conseguido dar la propiedad a pueblos indígena. En nuestro territorio hemos vivido durante mucho tiempo. Nuestros abuelos han tenido que comprar nuestro terri-torio; lo han hecho registrar hasta en Lima Perú. Tene-mos testimonios reales reconocidos por la colonia; no-sotros hemos defendido durante miles de años nuestro territorio; este es el caso de muchos otros pueblos.

Antes hermanos las empresas nos decían, “lo senti-mos ustedes nos van a tener que apoyar”. Así nomas era antes hermanos. Esto no lo hacia el Estado, lo hacia la empresa, y eso nos ha permitido ver que todos se pue-den vender ante el inicio de actividades y eso es cierto hermanos.

En el tema de minería, nosotros estamos sufriendo por el inicio de actividades mineras nuevamente, de un centro minero que explotaba cobre antes. Luego de mu-chos años de operaciones la empresa abandono la acti-vidad. Ahora luego de mucho tiempo, COMIBOL, vuelve diciendo que la mina es propiedad de ellos y que van a iniciar nuevamente la actividad.

Antes se trabajaba en interior mina; en ese tiempo no se veía mucha contaminación; ahora COMIBOL jun-tamente a KORES va a iniciar un nuevo proyecto a cielo abierto, esto va a afectar a 40 kilómetros a la redonda. Nosotros hemos visto de cerca la experiencia en Perú, y conocemos la magnitud de las actividades a cielo abierto, y al mismo tiempo vemos como actúa la empresa cuando promete trabajo a los comunarios y finalmente se con-trata a técnicos, ingenieros, y los comunarios somos en-gañados.

Sabiendo que los comunarios afectados queremos que se realice la consulta, y que se nos diga cómo es la operación que se pretende hacer, lamentablemente el go-bierno hace una consulta con la participación de la Alcal-día, el Comité Cívico, sin entender que todas estas insti-tuciones no tienen territorio, y nos dejan de lado. Por eso

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hermanos, en este segundo encuentro voy a pedir que se haga la consulta con las autoridades originarias.

En este evento deben tener conclusiones concretas. Hemos luchado para tener tierra y territorio, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración y la CPE nos tiene que servir para avanzar y hacer respetar nuestros derechos.

Leandro Tapia (Mallku de la Comisión Tierra y Territorio de CAOP): Viendo la problemática en el de-partamento de Potosí, en nuestros ayllus en nuestros su-yus estamos totalmente contaminados y por eso estamos preocupados por el desarrollo de la minería, por eso en Potosí, como autoridades originarias, hemos decidido hacer respetar nuestros derechos y hemos pedido respe-to a los derechos indígenas y originarios y hemos hecho las respectivas quejas a nuestras autoridades departa-mentales, nacionales e internacionales, pero no hemos tenido respuesta, no nos respetan el Convenio 169.

En 1985, Gonzalo Sánchez de Lozada inició activi-dades de explotación minera en COMSUR y ha iniciado una serie de afectaciones a los recursos naturales. ¿Has-ta cuando nosotros vamos a sufrir? Lo hemos sacado del país al Sánchez de Lozada, pero no hemos podido cam-biar sus leyes; sigue, ésta vigente.

Por eso hermanos, estas cinco organizaciones debe-mos ser fuertes como una sola persona, como una sola idea y hacer respetar nuestros derechos sobre la base de la CPE. En Potosí, por ejemplo, nosotros trabajamos juntos con todas las organizaciones y ese creo que es un avance. ¿Para qué tenemos que hacer eso? Para salvar a nuestro territorio. ¿Qué pasa con la contaminación de la minería? En primer lugar afecta al agua, a nuestros animales y, nosotros, al no tener esos recursos, tenemos que migrar al Chapare, a la Argentina; afecta a nuestra producción porque nuestra producción regamos con esa agua, nuestros animales toman el agua que está conta-minada, y cuando nosotros queremos vender nuestro producto ya no nos compran. Nos dicen ¿de dónde es ese producto (la papa)? y, si decimos que es de Potosí, ya no nos quieren comprar porque dicen que está contamina-do. Esa es la realidad que vivimos a causa de la actividad minera.

Por eso hermanos, ahora es cuándo tenemos que levantarnos; tenemos que trabajar porque tenemos afec-taciones a causa de la minería. Debemos trabajar nuevas leyes y pensar como una sola persona. Ese es nuestro objetivo central para reconstituir nuestra Bolivia, nues-tros suyus, nuestras markas, nuestros ayllus y vivir como antes, sin contaminación, en un ambiente sano. Tenemos que trabajar como se ha trabajado, como en el pacto de unidad, y cambiar eso de que solo unas personas traba-

jen por nosotros, de esa manera vamos a cambiar y a se-guir adelante.

René Vidaurre (Mallku de la Comisión de RRNN y Medio Ambiente del CONAMAQ): Hermanos y her-manas, nosotros como organizaciones, hemos pues tra-bajado una propuesta para hacer frente a todos estos problemas, tenemos un proceso largo para el Reglamen-to de Consulta, yo pediría al apoyo técnico que nos ayude con una explicación de este proceso.

Miguel Vargas (miembro del CEJIS Regional La Paz): Como ha mencionado nuestro hermano, hemos ve-nido trabajando de manera técnica en la propuesta del Reglamento de Consulta para actividades mineras, este trabajo lo hemos venido realizando por casi dos años, discutiendo de manera permanente con los técnicos del Ministerio de Minería sin ningún tipo de respuesta. El tema que es alarmante es que, a la fecha, en el Ministerio de Minería se han cambiado funcionarios los que están desarrollando otro tipo de propuestas reglamentarias y lo que se quiere es elaborar un Reglamento de Consulta Pública para actividades mineras, desconociendo lo se-ñalado en la CPE y el trabajo de las organizaciones.

Esto se ha reflejado de manera clara con la experien-cia que han pasado los hermanos de la FAOI – NP, en el Norte de Potosí. A estos hermanos, el Ministerio de Mi-nería ha querido imponerles la realización de una Con-sulta Pública, para el inicio de actividades de la empresa minera Amayapampa. Gracias a la fortaleza orgánica de la FAOI – NP, este proceso no se ha desarrollado. Pero, lo que se observa, de manera paradójica, es que estos procesos de Consulta Pública se quieren desarrollar con una lógica liberal, al realizar estos procesos con pregun-tas muy generales que no van al fondo y no muestran de manera real las afectaciones mineras.

Otro de los puntos críticos es que se está limitan-do la participación de los comunarios, señalando que las personas participantes en este proceso de Consulta se-rán solo los que estén inscritos en el padrón electoral, en el caso de la FAOI – NP se realizaría la Consulta con solo la participación de 21 personas que eran las que estaban inscritas en el padrón, este es un punto muy preocupan-te.

Otro de los temas se encuentra referido a que los miembros del Ministerio de Minería se encuentran defi-niendo que las afectaciones a las comunidades, a las que se va a consultar, es de 2 kilómetros del entorno de la concesión, para que sean solo consultadas las comuni-dades que se encuentran dentro de ese perímetro, que son las comunidades que tienen afectaciones de mane-ra directa, pero se deja de lado a las comunidades que



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tienen afectaciones indirectas. Todos estos aspectos nos parecen preocupantes, porque, durante estos dos años de discusión para la aprobación del Reglamento de Con-sulta, los técnicos con los que discutíamos, ya habían en-tendido cuáles eran las demandas de las organizaciones. Lamentablemente, ahora, estos nuevos funcionarios des-conocen totalmente la visión de los pueblos indígenas originarios, por lo que se hace indispensable consolidar la propuesta del Reglamento de Consulta y exigir, a las instancias pertinentes, que se apruebe de manera inme-diata este Reglamento.

Como una de las conclusiones del I Encuentro de Secretarios de RR.NN., se había pedido al Ministerio de Minería que deje sin efecto la realización de estos pro-cesos de “Consulta pública en Tiempos de Democracia”, hasta que no se cuente con un Reglamento de Consulta a las naciones y pueblos indígenas originarios y comu-nidades campesinas, demanda que no ha sido escuchada hasta la fecha, ya que en el caso específico de Corocoro, el Ministerio de Minería, así como en el de Hidrocarburos, van realizando estos procesos sin respetar a las estruc-turas orgánicas de cada uno de los pueblos. En el caso del Jach´a Suyu Pakajaqi, se ha procedido a la firma de una acta de entendimiento con una autoridad originaria que no es reconocida por el Consejo de Gobierno de este Ayllu. La firma de este acta de entendimiento ha posibili-tado que se inicien actividades en el proyecto que ahora se está desarrollando.

Lo que se debe hacer ahora hermanos, es adecuar la propuesta de Reglamento de las organizaciones a la CPE, trabajo que no va a ser muy difícil porque este Reglamen-to ha sido trabajado a la par de la CPE, entonces muchos de los avances que ya tiene la CPE, han sido incorporados a la propuesta.

Edgar Amutari Galindo (Secretario de RRNN de la CIRABO): Como todos nos encontramos en estado de emergencia, podemos actuar haciendo justicia por nues-tras manos, pero no es la respuesta. Estamos conscientes de que las autoridades nunca nos van a escuchar y por eso a partir de hoy tenemos que sacar una resolución de todas las secretarías de RR.NN., para actuar de la forma que nosotros sabemos de acuerdo a nuestros usos y cos-tumbres.

El problema que estamos atravesando como regio-nal CIRABO es el tema de minería; los balseros se están sacando nuestros recursos. Hemos denunciado directa-mente a la Prefectura y al Municipio para que nos den una solución pero no se nos respeta, porque a estas au-toridades poco o nada les interesa. Entonces pedimos el apoyo de todas las secretarías de RR.NN., con una re-

solución. Este apoyo debe ser masivo para que sirva no solo a mi regional, sino para otras regionales; de tierras altas y tierras bajas que sufren contaminación del me-dio ambiente. Juntos hemos luchado por un Proceso de Cambio y tenemos que hacer cumplir todo aquello por lo que hemos luchado y que se tiene ahora en el nuevo texto constitucional.

Christian Domínguez (Secretario de RRNN de la CSUTCB): El caso de los hermanos de CIRABO es en el río Beni y en el río Madre de Dios; en esos dos ríos se está sacando oro ya desde hace varios años, con dragas, tumbando barranco y haciendo más fuerte el caudal del río, es una actividad que contamina a los peces. Tenemos problemas ya con algunos tipos de peces que se comen el mercurio, estos pescados son consumidos por nuestros compañeros. Entonces hermanos, tenemos este tipo de problemas en Pando.

Esto no se ha podido reglamentar. Varias veces he-mos ido al Ministerio pero se siguen dando las concesio-nes y no respetan ni áreas protegidas ni las TCO´s.

Roberto Díaz (Representante de la Federación de Campesinos de Oruro): Como aporte para la resolu-ción, se debe incluir y trabajar la normativa que se adap-te a la nueva CPE. Las normativas se van a hacer a partir de estos eventos. Si este es el II Encuentro a nivel nacio-nal, el III Encuentro deberá consolidar estas propuestas y entregar las mismas a los ministerios. Entonces lo que se debe hacer es tener en cuenta qué normativas y qué reglamentos se deben trabajar y a partir de ello podre-mos avanzar.

Jesús Castillo (Representante de la CCCH – APG): Estos días hermanos y hermanas hemos escuchado las afectaciones que sufrimos por el desarrollo de activida-des mineras, hidrocarburíferas, por la construcción de carreteras y otros temas que son de importancia.

Lo que debemos hacer ahora, que trabajemos en mesas, es hacer un análisis político de esta situación que estamos viviendo como pueblos indígenas. Ya que en el I Encuentro hemos sacado un pronunciamiento el cual hemos hecho conocer al Ministro de Hidrocarburos y eso, lo hemos utilizado como un instrumento de posicio-namiento, ahora debemos sacar una decisión política de hacer entender que hay la urgencia de sentarnos a discu-tir y a dialogar con nuestras autoridades.

Debemos incluir todo este trabajo en la agenda po-lítica de las organizaciones y discutir y ver cómo se va a trabajar de acá en adelante, porque creo que estos En-cuentros de Secretarios de RR.NN. es un tema político que hay que reforzar, para solucionar los temas comunes de las confederaciones, pero, al mismo tiempo, apoyar en

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los temas propios de cada una de las regionales. Lo im-portante ahora es que tenemos una problemática común que es el no respeto a nuestros derechos y en torno a esa problemática debemos trabajar.

De alguna manera es importante construir los regla-mentos, las propuestas de las organizaciones que con-templen nuestros derechos, en relación a la nueva CPE.

Carlos Aramayo (Representantes del Monitoreo Socioambiental Charagua Norte – MSICHN): Se ha tra-bajado en Charagua sobre el Monitoreo Socioambiental a las actividades hidrocarburíferas; es por eso que que-remos comentarles a ustedes que es lo que estamos ha-ciendo para defender nuestro territorio.

Primeramente en nuestra TCO, nos hemos capacita-do de acuerdo a las normas y a nuestros derechos. Una vez que ya conocíamos todo eso, se ha conformado y he-mos estructurado el Comité de Monitoreo Socioambien-tal Indígena de Charagua Norte; al mismo tiempo se ha conformado el Comité de Área para hacer esta actividad. Hemos hecho informes que se han presentado al Comité de Área pero esos informes se han quedado sin respues-ta, ya que el Comité de Área no está trabajando. El otro trabajo ha sido la conformación de la red de monitores indígenas de Charagua Norte, para realizar el trabajo de campo, esto nos ha permitido controlar a la empresa pe-trolera.

Se han hecho visitas a las instalaciones de PLUSPE-TROL, de Transredes, que son empresas que desarrollan sus actividades dentro de nuestro territorio. El equipo de monitoreo, en Charagua Norte, ha enviado algunos in-formes sobre las visitas de campo que ha realizado, pero como les decía no tenemos respuesta, nuestros informes se quedan en el Comité de Área. No hay interés, porque nosotros no sabemos si el 0.5% para realizar el monito-reo se está distribuyendo, nosotros no sabemos qué se hace con esa plata, nosotros trabajamos de manera in-dependiente.

Víctor Cruz (Monitor Socioambiental de la APG Charagua Norte): Como monitoreo de Charagua Norte ya hemos enviado un informe a la ciudad de La Paz, pero hasta la fecha no tenemos respuesta; siguiendo con eso, hemos visitado a las 30 comunidades que conforman a la TCO, se ha hecho una planilla de muestreo de agua de diferentes comunidades, levantando diagnósticos; y demostrar de qué forma puede afectar el impacto de la empresa petrolera que está dentro de la TCO. Como les digo, hemos hecho el muestreo del agua y también de las plantas y en algunas de las comunidades hemos identificado grados, como en la comunidad de Tacuru, en la que existen afectaciones y en la que la empresa no ha

cumplido algunos acuerdos para extraer ripio; han des-trozado toda la quebrada, han sacado también madera y han dejado sin ningún tipo de precaución el problema; es que ahora, si viene una lluvia con una crecida de la quebrada todas las casas que están alrededor pueden ser afectadas; existe grave contaminación en el agua.

En Taputa, YPFB, ha realizado la perforación de un pozo que no ha sido tapado en su totalidad, cuando no-sotros hemos visitado ese campo hemos visto que estaba filtrando, goteando el petróleo. Eso está afectando a las comunidades y está generando afectaciones al recurso agua.

Christian Domínguez (Secretario de RRNN de la CSUTCB): Desde que se han iniciado las reuniones de se-cretarios de RR.NN. hemos visto que se tenían que tener estas reuniones ampliadas, cosa que se está cumpliendo. Tenemos resultado, tal vez no como deseamos, pero bá-sicamente, ya hay una unidad y hemos construido este espacio de los Secretarios de RR.NN y creemos que es conveniente plantear lo que pide la CPE y, plantear lo que nos señala el momento político que estamos viviendo.

Se está pensando crear el Consejo Nacional de Me-dio Ambiente y entre el espacio del I y del II encuentro, hemos visto que se necesita estructurar una base, un equipo de instituciones que apoye el seguimiento del trabajo, presentarnos resultados y apoyarnos en la inci-dencia con los ministerios.

Esto que se va a trabajar entre hoy y mañana, se debe validar con la presencia de encuentros, equipos, se debe hacer un trabajo de incidencia para que las autoridades de las matrices aprueban la conformación de las Comi-sión de Secretarios de RR. NN. Y ¿cuál sería la función de esta Comisión? Sería la de trabajar los documentos que estamos y que vamos a trabajar entre hoy y mañana; pulirlos con los ejecutivos de las cinco organizaciones y que nosotros aprobemos. Ahora, si el trabajo da para que directamente se lo presente a los ministerios del sector correspondiente, enviaríamos ya el documento.

Vemos que esto es necesario, mañana estaríamos en las comisiones y veremos si es necesario la creación del Consejo y decimos, si es necesario la conformación de esta instancia, que no quiere estar por encima de ningu-na de las organizaciones; lo que se quiere es apoyar a las organizaciones que tienen conflictos.

Esta es una experiencia que debemos de replicar. La CIDOB, por ejemplo, creó la Comisión Nacional en la Asamblea Constituyente, en la que participaban algunos dirigentes. Esto nos dio resultados; trabajamos con mu-chos compañeros juntamente con las instituciones de apoyo. Si logramos consolidar una institución a ese nivel,



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sería un avance ya que sería mucho más propositivo, se tendría una estructura a la que se pida informes de cada una de las actividades.

Dejo esto en la plenaria y ver si es necesario crear este Consejo, esto lo dejo como desafío para las mesas de trabajo.

Iván Bascopé (Responsable del CEJIS Regional La Paz): Compañeros, estamos terminando de escuchar a todas las organizaciones presentes en este evento. En el II Encuentro de Secretarios de RRNN, ya nos han co-mentado cuáles eran los principales problemas, y ahora vemos que se tienen novedades respecto a algunos casos, como es el de CPILAP; al mismo tiempo, los hermanos guaranís han presentado algo importante que puede ser asumido como una política nacional de hidrocarburos.

Pero al mismo tiempo, debemos ver que el tema im-portante es la preocupación que existe sobre la propuesta que está trabajando el gobierno para los sectores de mine-ría e hidrocarburos y nosotros, como tenemos el manda-to de acompañar a las organizaciones desde la Asamblea Constituyente, están apuntando a algo, se está trabajando el tema de consulta, el tema de monitoreo, el tema de in-demnizaciones y estos Reglamentos pequeños, como de-cía ayer el hno. Pedro Nuny, se van a consolidar en la Ley de Hidrocarburos. En el tema de minería, nosotros quería-mos que el código se reforme antes de la aprobación de la nueva CPE, pero también se están tocando estos temas.

Hay esta tendencia a dar una respuesta a todo esto que está haciendo el gobierno, pero no dar una respuesta con la denuncia así como lo hicimos en el I encuentro, sino más bien entregar propuestas. Y en este punto se nos presentan dos caminos ya que en algunos casos las propuestas van a ser propuestas técnicas, un poco más jurídicas, pero en otros casos vamos a tener temas un poco más generales. Más allá de la propuesta, debemos entender que a veces con hacer solo la propuesta no se logra nada, porque no tenemos establecido el canal para llegar a las instancias competentes del Órgano Ejecuti-vo. Entonces, a esto obedece la estrategia política de po-der ver un mecanismos no tanto para denunciar, sino de conformar una instancia orgánica de la cual salgan los consensos básicos para cada tema y, esa instancia, debe ser nacional, como lo demuestra la participación de us-tedes. Esto no se tiene que entender como la creación de una instancia paralela, es una instancia para generar un espacio democrático y legítimo que nos dé lineamiento para el desarrollo legislativo y también en el futuro, será para definir políticas de Estado.

Se debe generar un cuerpo, con un mecanismo, que permita generar esos contenidos y tener la capacidad de

formar parte de la agenda nacional, tenemos que ver las capacidades y la voluntad de las organizaciones, esta ins-tancia también va a ser la encargada de resolver los con-flictos de cada uno de los territorios y generar un Pacto de Unidad que permita dar el mandato para el desarrollo legislativo.

Ramiro Galindo (Secretario de RRNN de la CPESC): Hemos analizado el tema y creemos que lo que ahora tenemos en la CPE, -tenemos que apostar a una Asamblea Legislativa Plurinacional-, lo que tenemos ahora son ministerios que están trabajando en normati-vas de propuestas, no solamente de decreto sino también de Leyes. Y ¿cómo están haciendo estos ministerios? Es-tán haciendo talleres en los que explican y consensuan algunas propuestas. ¿Cuál es el problema de esto?. Que se pueden tener nuevas leyes como la Ley de Hidrocar-buros, la Ley de Tierras y, ¿qué es lo que van a hacer con todo este trabajo? Van a entregar todo este trabajo a la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Nosotros qué es-tamos haciendo? No estamos haciendo nada, y cuando la Ley esté hecha, la gente de los ministerios nos van a decir: no pueden reclamar porque nosotros hemos he-cho cinco talleres en tierras altas y otros cinco en tierras bajas. Lo que están haciendo es trabajar de manera se-parada y, en la Asamblea Legislativa se aprobará lo que realicen los ministerios.

Nosotros, ¿será que vamos a estar de acuerdo, cuan-do nosotros hemos luchado y elaborado la Ley de Hidro-carburos, cuando hemos incorporado dos capítulos de derechos indígenas? Entonces ahora, con la CPE, esto no puede quedar menos, porque estamos hablando de derechos que están establecidos no solo en el Convenio, ni en la Declaración, sino que están dentro de la CPE y ahora que tenemos derechos reconocidos. No podemos retroceder en las nuevas leyes; como nos decía el herma-no guaraní: ahora no quieren aplicar la consulta que es un decreto. Pero, ahora estas nuevas leyes no pueden ser menos, tienen que tener más sustento para la aplicación de los derechos.

Para hablar con los Diputados y Senadores debemos llegar con propuestas hechas. ¿Y cómo entramos a ese es-pacio para no ir por separado? Lo que hemos pensado es formar un Consejo Orgánico de las organizaciones indí-genas, en las que se encuentren todas las organizaciones del Pacto de Unidad. Lo que se quiere con esto es que este Consejo tenga legitimidad, ya que estas organizaciones lucharon y armaron la propuesta para tener esta nueva CPE. No queremos tener un Consejo que esta fuera de las matrices sino que éste sea un espacio para que se de naci-miento a las propuestas normativas como ley minera, ley de hidrocarburos, etc., Lo que se quiere al mismo tiempo

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es que se creen de manera interna plataformas, como la plataforma de hidrocarburos y otras que ya existen.

Lo que queremos es que el gobierno baje a discutir con nosotros todos los temas que son de nuestro interés; esto porque no respetan nuestros derechos. Tenemos que armar todo esto para el momento de la Asamblea Le-gislativa. Si no trabajamos a ese nivel, nos van a volver a engañar.

Se debe trabajar en las mesas para discutir y encon-trar qué instancia nos puede servir para discutir en esta temática.

V. Conformación y trabajo en mesas

Concluidas las exposiciones de cada una de las orga-nizaciones participantes del II Encuentro de Secretarios de RR.NN de las organizaciones indígenas originarias y

campesinas, se procedió a la conformación de las mesas de trabajo, las mismas que discutieron los siguientes te-mas:

• CONSULTA Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES HI-DROCABURÍFERAS Y COMPENSACIONES E INDEM-NIZACIONES

• CONSULTA Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES MI-NERAS

• MONITOREO SOCIOAMBIENTAL A LAS ACTIVIDA-DES HIDROCRBURÍFERAS Y TRANSPERENCIA Y CONTROL SOCIAL

• REGLAMENTACIÓN AMBIENTAL PARA EL SECTOR HIDROCARBURÍFERO

Las conclusiones y resultados del trabajo de estas mesas se presentaron en la plenaria desarrollada la tarde del día 7 de septiembre. Cada una de estas mesas presen-tó posicionamientos y propuestas normativas referidas a los temas discutidos.



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I. REGLAMENTO DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN PARA ACTI-VIDADES HIDROCARBURÍFERAS PARA PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES CAMPESINAS.

II. REGLAMENTO DE MONITOREO SOCIO AMBIENTAL DE PUE-BLOS INDÍGENAS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES CAMPESI-NAS EN ACTIVIDADES HIDROCARBURÍFERAS

III. REGLAMENTO DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDA-DES MINERAS PARA PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIOS y CO-MUNIDADES CAMPESINAS

IV. REGLAMENTACIÓN SOBRE COMPENSACIONES/INDEMNIZA-CIONES RESPECTO A LAS ACTIVIDADES HIDROCARBURÍFE-RAS

V. REGLAMENTO SOBRE TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN Y CONTROL SOCIAL

VI. REGLAMENTACIÓN AMBIENTAL PARA EL SECTOR HIDROCAR-BURÍFERO

DOCUMENTOS DE POSICIONAMIENTO Y PROPUESTA

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En el primer considerando sugerimos adecuar al Ar-tículo 1, 2, 11, 30, 343 y 352, de la CPE.

Sugerimos que el segundo considerando se adecue al Artículo 172, numeral 1 de la CPE.

En el tercer considerando es necesario incluir a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, instrumento que fue ratificado me-diante Ley Nº 3760, en fecha 7 de noviembre de 2007.

En el cuarto considerando, sugerimos que además de lo que establece el Convenio 169 de la OIT, respecto a la obligación de los Estados en consultar a las poblaciones que pueden ser afectadas por las actividades hidrocarbu-ríferas, para el caso del Estado boliviano, por ser nuestro caso particular, sugerimos que se amplíe al Artículo 352 de la CPE, y a lo expresado en la Declaración de la Naciones Unidades sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Sobre el quinto considerando que solo hace referen-cia al Convenio 169 de la OIT, sugerimos incluir el Artí-culo 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, acerca de la res-ponsabilidad de los Estados de promover y garantizar el derecho a la consulta, destacando que:

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el de-sarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos.

2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representa-tivas a fin de obtener su consentimiento libre e in-formado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.

3. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa por esas actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar sus consecuencias nocivas de orden ambiental, econó-mico, social, cultural o espiritual.

En el sexto considerando sugerimos adecuar su contenido al Artículo 242 de la CPE, especialmente en el punto 4.

En el séptimo considerando sugerimos ampliar al Artículo 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, asimismo adecuar sus contenidos a los Artículos 342, 345 y 347 de la CPE.

En el octavo considerando sugerimos ampliar al Ar-tículo 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, al mismo tiempo de adecuar sus contenidos al Artículo 352 de la CPE.

En el considerando noveno sugerimos adecuar sus contenidos a los Artículos 342, 345 y 347 de la CPE, e incluir la concordancia de lo que establezca la propuesta de lineamientos del nuevo Reglamento Ambiental para el Sector Hidrocarburífero (RASH).

Para el décimos considerando rescatar e incluir los contenidos del nuevo RASH.

Para el décimo primero sugerimos concordar con la propuesta de reglamento de transparencia y el derecho al acceso a la información y a lo definido para los linea-mientos de participación y control social, (esto servirá para la modificación de la Ley del Medio Ambiente Nº 1333 y sus reglamentaciones).

Observamos que el considerando décimo tercero es-tablece al Reglamento como una norma sólo de procedi-mientos y como una norma de elementos esenciales y de cumplimiento de derechos, tal como establece el Artículo 30 de la CPE.

Respecto al contenido normativo:

TITULO I DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTICULO 1°.- (OBJETO).

Se debe adecuar a los artículos 2, 30 (p. II numerales 10, 15), 343 y 352 de la CPE.

ARTICULO 2°.- (DEFINICIONES Y SIGLAS).

Adecuar al D.S. 0075 de 15 de abril de 2009, de reor-ganización del Órgano Ejecutivo, como también a la CPE.

I. Reglamento de consulta y participación en actividades hidrocarburíferas para Pueblos Indígenas Originarios (PIO’s) y Comunidades Campesinas (CC’s)

DOCUMENTO DE POSICIONAMIENTO Y PROPUESTA


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ARTICULO 3°.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN).

Concordar de acuerdo a la definición de territoriali-dad de la CPE (que es más amplia que la TCO, Territorio Indígena Originario Campesino). Debe ser con plena par-ticipación de los PIO’s y CC.

ARTICULO 4°.- (BASES Y PRINCIPIOS).

Incluir las estructuras orgánicas y, normas y proce-dimientos propios. Esto conlleva al respeto de la identi-dad cultural, prácticas, costumbres y su propia cosmovi-sión. Artículo 30 de la CPE.

Especificar los casos en los que es procedente la lici-tación respecto a la consulta. Se debe definir claramente la realización de la consulta antes de la firma de contrato de operación (Consulta legislativa), artículo 30 p. II nu-meral 15.

Adecuar con el Artículo 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos In-dígenas.

La integralidad no sólo debe tratar procedimientos ya que también incluye a la integralidad del territorio in-dígena originario campesino (estructuras, organización, cosmovisión, etc., de acuerdo a cada pueblo).

Debe expresarse taxativamente que el acceso a la información y participación debe ser equitativo y sin dis-criminación. En cada uno de los pasos del proceso tiene que haber información y participación.

Incorporar obligaciones para el Estado e instancias competentes relacionadas a la protección del medio am-biente, incluidos en los Artículos 342, 345 y 347 de la CPE (deben ser reglamentadas de manera precisa).

El tema de transparencia debe estar adecuado a los Artículos 21 numeral 6 y 242 numeral 4 de la CPE.

CAPÍTULO IIMARCO INSTITUCIONAL E INSTANCIAS DE

REPRESENTATIVIDAD Y DECISIÓN

ARTÍCULO 5°.- (AUTORIDAD COMPETENTE).

Sus contenidos deben estar adecuados al D.S. 0075, de 15 de abril de 2009, de reorganización del Órgano Eje-cutivo.

ARTÍCULO 7° (DECISIONES).

Incorporar a la AAC porque es quien autoriza el EEIA, respetando el Acta de Validación realizada por las organizaciones en coordinación con la ACC, lo que per-mitiría hacer seguimiento y control que sirve para la emisión de la Licencia Ambiental y el cumplimiento de todo el proceso.

ARTÍCULO 8°.- (FINANCIAMIENTO).

Sobre el parágrafo I, sugerimos que el trámite debe ser expedito sin ningún tipo de burocracia, garantizando que sea la AC la que autorice el gasto para cada proceso de consulta, siendo la empresa, la responsable de cum-plir la realización de los procesos de consulta específicos, para ello está obligada a viabilizar este requerimiento y ejecución. Adecuar a las experiencias que conocemos, y que YPFB no sea quien cobre y otorgue estos gastos, sino mas bien tiene que ser la AC. A esto debemos sumar que sea sin intermediarios para garantizar la participación de las estructuras de las organizaciones.

Sobre el parágrafo IV, sugerimos la modificación es-tablecida en el D.S. 29124).

TITULO II PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA

CONSULTA Y PARTICIPACIÓN

CAPÍTULO IFASES DE LA CONSULTA Y PARTICIPACIÓN

ARTICULO 9°.- (FASES DE LA CONSULTA Y PARTI-CIPACIÓN).

Incorporar la Consulta Legislativa, especificando el primer momento y el segundo momento.

Incorporar la participación de los PIO’s y CC’s en cuanto a:

• Levantamiento de información de línea base para el Proyecto.

• Participación conjunta en la elaboración del EEIA.

• Ejecución de consulta y participación de los PIO’s y CC’s en coordinación con la AC.

ARTICULO 10°.- (COORDINACIÓN E INFORMA-CIÓN).

En el inciso a) Esta fase debe garantizar la efectiva participación de las estructuras orgánicas de las naciones y pueblos afectados de manera directa e indirecta, respe-tando la integralidad del sujeto pueblo, su identidad cultu-ral, costumbres, normas y procedimientos propios. Si este momento de la primera fase se incumple, el proceso debe-ría declararse nulo de pleno derecho, si tiene continuidad, es decir si se lleva a cabo el segundo momento, debería ser una condicionante para que el mismo quede nulo.

En el inciso b), debe haber mecanismos para dar cumplimiento estricto a los plazos.

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Bajo ningún motivo debe haber un documento que condicione los elementos de la consulta a título de deci-siones técnicas, elementos que deben ser consensuados con la organización.

Que la AC revise la información en coordinación con el pueblo afectado a fin de que se llegue a un consenso sobre lo que presente la empresa, garantizando los cri-terios esenciales de la consulta (que sea plena, oportuna, veraz y adecuada).

En cuanto a las características de la información de-ben incorporarse las siguientes:

• Obligatoria, porque el Estado a través de la AC está obligado a dar toda la información a los pueblos afectados (transparencia).

• Completar de acuerdo al Artículo 242, numeral 4 de la CPE.

ARTÍCULO 11°.- (PLANIFICACIÓN).

Se considerará como primordial a la instancia or-gánica de los PIO’s y CC’s más cercanos a la AOPH, por entenderse que será la más afectada, de acuerdo a los ar-tículos 17 y 18 de la Ley de hidrocarburos, lo que no im-plica el rompimiento de la estructuras orgánicas (entre capitanías, matrices, regionales, niveles locales, pueblos, etc.). Esto significa la aplicación del principio de subsi-diaridad y gestión y control del territorio.

En la propuesta escrita también se debe incorporar otros criterios que contemplen los PIO’s y CC’s.

En el parágrafo II, respecto a la presentación de una propuesta alternativa, hay que establecer que sea el pue-blo el que convoque en coordinación con la AC, evitando así la burocracia del Estado y legitimando el ejercicio de la autonomía indígena respecto a este tema en los ámbi-tos locales. (Si se toma en cuenta la propuesta anterior, este párrafo queda más viable).

ARTICULO 12°.- (EJECUCIÓN DE LA CONSULTA).

Si hay incumplimiento de la AC deberán existir san-ciones administrativas.

Sobre el parágrafo II, el Acta de entendimiento tie-ne que ser homologado, ratificado y autorizado por los entes matrices de las organizaciones. Este Acta de enten-dimiento debe reflejar la forma de cómo se pretende rea-lizar el proceso de consulta desde los PIO’s y CC’s.

ARTICULO 13°.- (ACUERDO Y CONCERTACIÓN).

Deben participar todas las estructuras orgánicas del pueblo correspondiente, por otra parte debe reflejar el

consentimiento previo, dando la operatividad descrita en el anterior paso, bajo el control social orgánico.

Este documento debe reflejar que se trata de una verdadera autorización por parte de los PIO’s y CC’s.

CAPITULO IIDE LOS MOMENTOS DE LA CONSULTA

Y PARTICIPACIÓN

ARTICULO 14°.- (PRIMER MOMENTO - CONSULTA PARA LA LICITACIÓN, AUTORIZACIÓN, CONTRATACIÓN, CONVOCATORIA Y APROBACION DE LAS MEDIDAS, OBRAS O PROYECTOS HIDROCARBURIFEROS).

Adecuar a lo establecido en el Decreto de nacionali-zación (contratos de operación hidrocarburífera).

ARTICULO 15°.- (SEGUNDO MOMENTO - PREVIA A LA APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL).

Respecto al parágrafo I, ampliar la realización de la consulta para AOPH’s consolidando el estudio integral analítico que afecte directa e indirectamente a los PIO’s y CC’s.

Respecto al parágrafo II, adecuar al D.S. 0075 de or-ganización del Órgano Ejecutivo.

ARTÍCULO 16°.- (IMPUGNACIÓN).

Incorporar, además de la vía administrativa, la vía jurisdiccional (ambiental) y la utilización de garantías constitucionales (acción popular). Completar con san-ciones administrativas.

ARTICULO 18°.- (NULIDAD DEL PROCESO DE CON-SULTA Y PARTICIPACIÓN).

En el parágrafo II establecer que la nulidad opera de pleno derecho sin ningún pronunciamiento de la autori-dad competente.

Incorporar otras condiciones para su operatividad:

• En los casos en que no se haya respetado las estruc-turas orgánicas, la territorialidad,

• Cuando la información no cumpla los requisitos exi-gidos,

• Otros que se consideren como vulneración de los derechos de los pueblos indígenas.

Se debe tomar en cuenta o retomar el alcance de la consulta en relación a que sea “Vinculante”, para su legi-timidad, respeto y posicionamiento.



62

En el sexto considerando se debe incluir la ratifica-ción de la Declaración de las Naciones Unidas de Dere-chos de los Pueblos Indígenas, mediante Ley Nº 3760, de 7 de noviembre de 2007.

En todos los artículos que corresponda se debe ade-cuar a los Artículos 342, 345 y 347 de la nueva CPE.

Respecto al noveno considerando sAe debe adecuar a la nueva CPE y suprimir reglamentaciones derogadas.

En lo que concierne a la parte normativa del Regla-mento:

TÍTULO IDISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 3. (DEFINICIONES).

Deben adecuarse al Artículo 394 p. III de la CPE.

ARTÍCULO 4. (SIGLAS).

Deben adecuarse a la nueva reorganización del Ór-gano Ejecutivo.

CAPITULO II FlNANCIAMIENTO, INFORMACIÓN,

ACCESO Y MARCO NORMATIVO

ARTICULO 5. (FINANCIAMIENTO).

Crear un ente nacional de Monitoreo Socioambien-tal (Concejo Nacional de Monitoreo Socio-Ambiental y su reglamento interno) de las organizaciones indígenas ori-ginarias y campesinas que administre, fiscalice y ejecute el monto depositado por las empresas.

El monitoreo Socio-Ambiental será financiado con los fondos depositados por el Representante Legal de la Empresa que realiza la Actividad, Obra o Proyecto hi-drocarburífera - con un monto equivalente al medio por ciento (0,5%) de la inversión total en las actividades hi-drocarburíferas y de las inversiones adicionales poste-riores a la licencia ambiental obtenidas para cada etapa de operación del proyecto hidrocarburífero, conforme al Artículo 130 de la Ley No. 3058

Cuando el monto señalado no sea depositado en el plazo, debe existir una sanción por retraso o mora que debe ser acumulativa (con intereses monetarios).

El plazo para efectuar el depósito deberá efectuarse a los 30 días calendario de emitida la Licencia Ambien-tal.

Posteriormente debe ser concordado con la nueva Ley de Hidrocarburos y la Ley Marco de Autonomías.

ARTICULO 6. (ACCESO A LA INFORMACIÓN).

Incluir: “bajo sanciones económicas cuando no se cumplan los plazos y en concordancia con el capítulo de transparencia”.

ARTICULO 7. (ACCESO A LAS INSTALACIONES).

Incluir: “bajo ninguna excusa se impedirá el acceso de los Comités de monitoreo socio-ambiental a las insta-laciones, deberán existir sanciones a las empresas que lo incumplan”.

TITULO IIMARCO INSTITUCIONAL

LOS COMITÉS DE MONITOREO SOCIO-AMBIENTAL NACIONAL Y DE ÁREA

CAPITULO I COMITE DE MONITOREO SOCIO-AMBIENTAL

NACIONAL - CMSAN

ARTICULO 9. (CONFORMACIÓN, ORGANIZACIÓN, FUNCIONES Y SEDE DEL CMSAN).

En este caso la representación indígena está en des-ventaja frente a los representantes de gobierno, por lo cual se debe incluir a un representante más, es decir que deben ser dos los representantes de los pueblos indíge-nas, originarios y campesinos en el CMSAN.

El CMSAN debe designar, nominar y/o elegir en su primera sesión, los cargos de sus miembros (presidente, vicepresidente, secretario y vocales).

La redacción de este artículo se debe adecuar a la nueva organización del Órgano Ejecutivo.

II. Reglamento de monitoreo socio ambiental de pueblos indígenas originarios y comunidades campesinas en actividades hidrocarburíferas

63

El lugar donde se realicen las sesiones o reuniones del CMSAN debe tener una sede alternativa, siendo ésta la oficina de la organización matriz del representante in-dígena.

ARTICULO 11. (ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DE CMSAN).

Respecto al inciso e), el CMSAN deben generar y crear espacios de capacitación técnica permanente sobre monitoreo socio-ambiental (casa de estudios) dirigido a los comités de área (CMSAA) y de base (MSIOCC), a tra-vés de las universidades y especialistas nacionales e in-ternacionales, bajo un cronograma anual de actividades.

En cuanto al inciso f) El Concejo Nacional de Mo-nitoreo Socio-Ambiental compuesto por el ente matriz, las regionales y departamentales de cada organización indígena, originaria y campesina del país, será la instan-cia encargada de acreditar a los miembros del Comité de Área, y el CMSAN homologará dicha acreditación.

CAPÍTULO II COMITÉ DE MONITOREO SOCIO - AMBIENTAL

DE ÁREA

ARTICULO 12. (SEDE, CONFORMACIÓN DE LOS CMSAA Y SU FUNCIONAMIENTO).

Para el parágrafo II se plantea que sean tres repre-sentantes de las organizaciones indígenas originarias y campesinas, para evitar contraposiciones de la empresa y del Municipio.

ARTICULO 13. (ESTRUCTURA, REUNIONES Y QUO-RUM DE CMSAA).

Para el parágrafo I se plantea que el CMSAA desig-nará en su primera sesión, los cargos de sus miembros (presidente, vicepresidente, secretario y vocales).

ARTICULO 17. (COMPOSICIÓN DE MSIOCC)

No debe existir una restricción al número de miem-bros de esta instancia de monitoreo.



64

1. Apoyar la conformación del CONSEJO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DE LAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS ORIGINA-RIAS Y CAMPESINAS DE BOLIVIA, el que deberá contar con Comisiones que desarrollen temas rela-cionados al desarrollo normativo y reglamentario para las actividades hidrocarburíferas, mineras, forestales, los recursos hídricos y otros. Al mismo tiempo, estas comisiones deberán dar seguimiento continuo a las propuestas que realicen cada una de las organizaciones que conformen el Consejo Nacio-nal.

2. Con relación a las actividades mineras que se de-sarrollan en nuestros territorios y el derecho a la consulta y participación, previa, obligatoria, libre e informada señalamos:

Que, la Constitución Política del Estado aprobada el 7 de febrero de 2009, reconoce la existencia pre colonial de las naciones y pueblos indígenas origi-narios y campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios;

Que, se reconoce el derecho de las Naciones y Pue-blos Indígenas Originarios y Comunidades Campesi-nas, a vivir en un ambiente sano, con manejo y apro-vechamiento adecuado de los ecosistemas;

Que, la consulta previa, obligatoria, libre e informa-da, realizada por el Estado, debe ser de buena fe y concertada respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habi-tan,

Que, la realización de la consulta a las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Cam-pesinas debe garantizar y respetar sus normas y procedimientos propios.

3. Concluido el análisis del Reglamento de Consulta y Participación a las actividades mineras, propuesta por las organizaciones indígenas, originarias, in-terculturales y campesinas (CONAMAQ, CSTUCB, CIDOB, CNMCIOB BS, CCIB), y viendo la necesidad de adecuar el mismo a la Constitución Política del Estado, para su aplicación, definimos:

Solicitar a las instancias correspondientes del Go-bierno, discutir la propuesta consensuada por las

organizaciones para su promulgación de manera in-mediata, debiendo discutir temas centrales como la responsabilidad que tiene el Estado de aplicar el Re-glamento mediante la autoridad ambiental compe-tente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, co-ordinando ésta tarea con otras instituciones como el Defensor del Pueblo y otras que tengan relación con los derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas, dejando de lado la participación del Ministerio de Minería, ya que ésta instancia sería juez y parte. El ministerio de Medio Ambiente debe ser el encargado de desarro-llar el proceso de consulta en actividades mineras y al mismo tiempo el responsable de aprobar el EEIA y otorgar la licencia ambiental.

Las autoridades de Gobierno deben entender que la realización de la consulta legislativa, no autoriza el inicio de las actividades mineras; debiendo realizar-se otra fase en el proceso de consulta, previa al ini-cio de la actividad y otra posterior a la presentación del informe final del EEIA. El resultado del proceso de consulta debe ser vinculante para el inicio y de-sarrollo de la actividad.

Se debe incluir a todas las comunidades de las nacio-nes y pueblos indígenas originarios y comunidades campesinas que están dentro del área de influencia del proyecto, el proceso de consulta se debe desa-rrollar, sin importar que la afectaciones a los territo-rios seas mínimas, bajo el principio de integralidad territorial.

Las instancias que serán parte del proceso de Con-sulta y Participación serán las poblaciones locales afectadas a través de sus estructuras orgánicas, con participación de sus estructuras regionales y nacio-nales.

Si no son respetados los acuerdos que son resultado del proceso de consulta y participación, los trámites para la obtención de la licencia ambiental deberán ser paralizados por parte de las autoridades encar-gadas.

Los costos del proceso de Consulta y Participación deben ser cubiertos por la empresa que pretenda iniciar el desarrollo de la actividad minera, dentro de los territorios de las Naciones y Pueblos Indí-

III. Reglamento de consulta y participación en actividades mineras para Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas

65

genas Originarios y Comunidades Campesinas, sea nacional o extranjera. Se debe crear un fondo global que permita el adecuado uso de los recursos para la aplicación de la Consulta y Participación.

La promulgación de este Reglamento debe permitir solucionar y prevenir los conflictos socio-ambien-tales existentes en nuestros territorios, exigimos al Gobierno la realización de una reunión en la que se discuta la necesidad de las Naciones y Pueblos Indí-genas Originarios y Comunidades de todo el país.

4. Una vez conformado el CONSEJO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DE LAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS ORIGINARIAS Y CAMPESINAS DE BOLIVIA deberá realizar la so-cialización del proyecto de Reglamento de Consul-ta y Participación a las actividades Mineras, en los territorios de tierras bajas y tierras altas afectadas por la actividad minera.

5. Iniciar un proceso de discusión y proposición para la elaboración de la nueva Ley Minera, en la que se incluya el título de derechos de las Naciones y Pue-blos Indígenas Originarias y Comunidades Campesi-nas, este trabajo debe ser participativo con cada una de las organizaciones que conforman el CONSEJO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DE LAS ORGANIZACIONES INDÍGE-NAS ORIGINARIAS Y CAMPESINAS DE BOLIVIA.

6. Manifestar el apoyo a los hermanos y hermanas de los territorios del Jach’a Suyu Pakajaqi, la Chiquita-nía, los Suyus del Norte de Potosí, los Ayllus de Poto-sí y el Suyu Suras, que sufren la afectación a su me-dio ambiente, sus estructuras orgánicas y otros por la presencia de operadores mineros en su territorio. Exigir a las instancias correspondientes dar una so-lución inmediata a esta problemática de acuerdo a la Constitución Política del Estado, los Convenios y Tratados internacionales.



66

Principios

• Información oportuna;• Veracidad;• Integralidad (EEIAE, Consulta y Participación y

Compensación e Indemnización);• Participación ciudadana (personas naturales o jurí-

dicas);• Transparencia;• Imparcialidad;• Control Social, Buena fe, Proporcionalidad;• Libre determinación, Imparcialidad, Eficacia;• Territorialidad, Complementariedad;• Normas y procedimientos propios;• Estructuras orgánicas.

Definiciones

• Compensación: Implica la restitución monetaria a PIO’s y CC’s y otros afectados por impactos socio-ambientales negativos, directos, acumulados y a lar-go plazo, que ocurran de manera simultánea como producto de un Plan o Programa en un área de inter-vención hidrocarburífera, cuantificada mediante un Método de Valoración de Compensación, siendo éste de carácter preventivo.

• Indemnización: Implica la restitución monetaria a PIO’s y CC’s y otros afectados por impactos negati-vos, que no necesariamente son acumulables y que se generan a corto plazo, que además derivan en perjuicios y/o pérdida de beneficios de forma es-pecífica, cuantificados mediante un Método de Va-loración de Indemnización, siendo este de carácter sobreviniente.

Ejes propositivos

• En la tramitación de las compensaciones/indemni-zaciones ante las instancias competentes del gobier-no, debe existir representación de los PIO’s y CC’s, o coordinación horizontal, para que las compensacio-nes se ejecuten y materialicen.

• La valoración de las compensaciones e indemniza-ciones debe estar ligada a la participación de los PIO’s y CC’s.

• Hay necesidad de diferenciar dos procesos: uno para compensaciones (en proyección y base productiva

sostenible) y otro para indemnizaciones (por daño directo medibles e imprevistos).

• La indemnización no puede operar como un proce-dimiento emergente de la expropiación.

• Su valoración debe ser estimada por el daño am-biental, no como pago de obras o bienes de beneficio comunal.

• La indemnización no puede estar restringida a los casos en trámite.

• Es necesario determinar claramente la territoriali-dad de los PIO’s y CC’s. (TCO, comunales, territorio ancestral, etc.).

• Hay que catalogar, jerarquizar y evaluar los daños socio-ambientales (detallando los componentes de la naturaleza: agua, aire, suelo, fauna y flora, cultu-rales, sociales, económicos, jurídico-institucionales y humanos en todas sus expresiones).

• No son suficientes los criterios de pérdida de pro-ducción, conocimientos tradicionales y/o aprove-chamiento de RRNN. Deben estar también los crite-rios de manejo, utilidad y conservación.

• No deben existir plazos para iniciar demandas de indemnización.

• La demanda, que no es reclamo, debe ser presenta-da al o los Ministerios del ramo, no a la empresa.

• Las inspecciones para determinar daño deben ser hechas por técnicos del gobierno.

• La decisión final, concertada entre los PIO’s y CC’s y el Estado, no pueden ser objeto de conciliación.

• Las causales de indemnización no son precisamente por omisión o negligencia de los técnicos de las em-presas, sino por políticas. Es necesario tener tipifi-caciones.

• La indemnización debe incorporar todas las fases de exploración y explotación. No solo para transporte (servidumbres).

• La indemnización tiene fundamentalmente una con-notación extracontractual.

• Se hace necesario establecer un registro de deman-das, donde los informes no deben ser consensuados, sino objetivamente aplicados.

IV. Reglamentación sobre compensaciones/indemnizaciones respecto a las actividades hidrocarburíferas

67

• En la indemnización, a diferencia de la compensa-ción, no corresponde los impactos simultáneos o sinérgicos, pueden ser aislados por su carácter alea-torio.

• Es necesario reglamentar por separado a la compen-sación, de acuerdo a los alcances del Art. 119 de la Ley Nº 3058 de Hidrocarburos (sobre la base de los EEIA). Especialmente para la efectivización del pago, con procedimientos expeditos y plazos cortos.

• La compensación debe contemplarse con claridad y de satisfacción colectiva del proceso de Consulta y Participación, ante de la firma de un Convenio de Va-lidación de Acuerdos donde se incluya una propuesta de compensación, bajo el marco de los daños socio-ambientales, no amigables descritos en los EEIA.

• En la compensación, los Ministerios o instancias gubernamentales no deben ser negociadores, sino defensores de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

• El monto de compensación debe estar en el EEIA, y aprobado por el Gobierno a través de la Consulta a los PIO’s y CC’s (Art. 30 CPE).

• El monto de la consulta debe ser fomentado en el desarrollo local, de acuerdo a planes y proyectos sin condicionamientos.

• Las compensaciones no pueden ser ofertas que se hagan a las Empresas públicas o privadas, deben formar parte de una regulación ambiental y de ges-tión.

• Si es positivo fomentar y regular desde el Estado a los Planes o Programas Ambientales de las Empre-sas, para efectivizar los contenidos en los EEIA.

• Los alcances de cobertura de los EEIA deben consi-derar a los componentes de la naturaleza (no solo a bienes y salud humana).

• Debe ser un mecanismo de regularización del segui-miento a los EEIA por parte del Gobierno, y no así para el futuro ligando nuevos procesos de consulta.

• No pueden condicionar a los PIO’s y CC’s de que si no se rigen a este procedimiento, procederá la ex-propiación (por utilidad y necesidad pública) para que operen las AOPH’s. Se debe adecuar al art. 357 de la CPE.



68

DISPOSICIONES GENERALES

I. Alcance La aplicación tendrá un alcance en todo el territo-

rio nacional, en los niveles nacional, departamental, municipal y local.

El presente reglamento es de aplicación obligatoria para todo servidor público así como para toda insti-tución y/o empresa pública o privada, y en todos sus niveles jerárquicos, por constituirse en un derecho civil.

Todas las empresas públicas y privadas que realizan actividades, obras o proyectos hidrocarburíferos en el país deberán regirse al presente reglamento.

II. Objeto Establecer procedimientos y mecanismos que ga-

ranticen el acceso a la información pública a todas las personas en general, naturales o jurídicas. Asi-mismo debe fomentar el acceso a la información para fortalecer la democracia participativa.

III. Derecho de acceso a la información Cualquier persona natural o jurídica posee el dere-

cho de acceso a la información pública de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado y podrá ejercer el mismo en cualquier momento que así lo requiera.

Por regla general, toda información que generen las instituciones y/o empresas gubernamentales y pri-vadas en todos sus niveles, es de acceso irrestricto, salvo aquella información que sea clasificada como reservada y confidencial.

Para la entrega de solicitudes de información no se requerirá de identificación alguna.

IV. Órgano o instancia de coordinación del Poder Ejecutivo

Para el debido funcionamiento y aplicación del pre-sente reglamento, cada empresa privada y/o institu-ción del Poder Ejecutivo designará al órgano o ins-tancia que funcionará como Unidad de Enlace para la recepción y envió de la información solicitada.

La Unidad de Enlace será la unidad administrativa de cada institución y/o empresa pública o privada

que será el vínculo con el solicitante, encargada de recibir y dar trámite a una solicitud de información. Será su obligación, de acuerdo al presente regla-mento, publicar la información de cada instancia de manera oportuna y completa.

La Unidad de enlace debe tener representación en todo el país de manera descentralizada.

V. Principios

La información debe ser oportuna, actualizada pe-riódicamente, y su entrega a la población debe ser inmediata.

La información debe ser confiable, seria, veraz y cla-ra.

La información debe ser comprensible, de fácil uso y acceso.

La información debe encontrarse disponible en la página Web de cada instancia pública.

VI. Unidad de información

Toda instancia pública deberá crear una Unidad res-ponsable de la recepción de solicitudes y entrega de información.

VII. Funciones de la unidad de información o instancia encargada

Las funciones que la Unidad deberá cumplir son las siguientes:

a) Recibir y canalizar solicitudes de información.

b) Analizar, valorar y procesar la información solicita-da.

c) Promover conductas éticas de los funcionarios pú-blicos.

d) Coordinar y mantener información fluida con todas las instancias.

e) Establecer cronogramas para la entrega de la infor-mación solicitada (Art. 21 CPE).

f) Establecer y actualizar continuamente los registros de información solicitada y entregada.

g) Auxiliar a los solicitantes de información.

h) Coordinar internamente con las unidades pertinen-tes.

V. Reglamento sobre transparencia de la información y control social

69

i) Responder dentro de los plazos establecidos por las solicitudes de información.

j) Desarrollar eventos periódicos (trimestrales) de so-cialización de la información.

k) Establecer espacios físicos para el acceso público a la información

DE LA INFORMACIÓN

VIII. Obligaciones

Toda institución y/o empresa pública (YPFB) o pri-vada, pondrá a disposición del público en formato físico y digital (página electrónica) de manera obli-gatoria la siguiente información:

a) Planes de desarrollo.

b) Proyectos de inversión.

c) Plan estratégico y operativo.

d) Ingresos económicos.

e) Gastos/costos de la operación/inversión.

f) Medidas socio-ambientales (territorio).

g) Políticas de gestión ambiental.

h) Costos recuperables y retribución a las empresas.

i) Planillas salariales.

j) Volúmenes de producción (tiempo, pozo y campos.)

k) Ejecución presupuestaria.

l) Contratos de todas las actividades petroleras, (ex-ploración, explotación, transporte, industrializa-ción, etc.).

m) Información sobre la renta petrolera.

n) Política ambiental, seguridad industrial y salud ocu-pacional.

o) Precios e ingresos brutos de los hidrocarburos por cada componente (gas natural, líquidos, productos secundarios, etc.) tanto para el mercado interno como externo.

p) Inversiones realizadas.

q) Impuestos, Regalías y Participaciones, Impuesto Di-recto a los Hidrocarburos (IDH), tasas, patentes, con-tribuciones y compensaciones e indemnizaciones.

r) Costos de personal de las empresas operadoras, costos de transporte, costos de materiales, costos legales, seguros, costos de administración, servicios, depreciación de los activos fijos.

IX. Calidad de la información

La información a la que se refiere el artículo ante-rior deberá publicarse de manera tal que facilite su uso y comprensión y deberá ser oportuna, veraz y confiable.

El detalle de requerimiento de información tiene que ser de carácter enunciativo y no limitativo.

La información debe ser precisa, exacta, actualizada, en idioma bilingüe (oficial y en idioma de la población solicitante, Art. 21 p. VI y Art. 30 CPE), de fácil inter-pretación de acuerdo a usos y costumbres propios.

La información debe ser clara, suficientemente am-plia y completa.

En caso de que la organización lo requiera, la empre-sa pública o privada tiene la obligación de socializar la información en las poblaciones que la demanden.

X. Periodo de actualización

La Unidad de Enlace de cada institución y/o empre-sa pública o privada será responsable de actualizar la información publicada a través de su página elec-trónica y por otros medios de difusión masiva cada tres meses calendario.

XI. Informes

Cada instancia y/o empresa pública o privada, debe-rá publicar los siguientes informes:

a) Informes trimestrales de ejecución presupuestaria.

b) Informes semestrales de la situación financiera de la empresa.

c) Informes semestrales de producción.

d) Informes anuales de producción.

e) Informes sobre futuros proyectos.

f) Informes de inversión.

XII. Información reservada

Será considerada como información reservada de la institución y/o empresa pública o privada la si-guiente:

a) Aquella cuya revelación pueda causar daño o perjui-cio al Estado, por tratarse de información estratégi-ca en materia de seguridad.

b) La que tenga obligación de mantenerse en reserva por encontrarse en calidad de custodiada y cuya re-velación perjudique o afecte intereses generales o particulares.



70

c) La generada o utilizada para fines de procesos ad-ministrativos, de revocatoria, jerárquicos y/o cons-titucionales y cuya revelación perjudique o afecte a la resolución de los mismos (juicios).

d) Los procedimientos internos de investigación y/o au-ditoría hasta su conclusión o resolución definitiva.

e) La información que se encuentre clasificada como reservada perderá tal carácter cuando se extingan las causas que dieron origen a su clasificación o en un plazo máximo de 5 años.

XIII. Información confidencial Será considerada como información confidencial de

la institución y/o empresa pública o privada la si-guiente:

a) Análisis políticos, estratégicos, encuestas y demás información y documentación que sirva de base para la toma de decisiones políticas y estratégicas a objeto de la consecución de objetivos instituciona-les (estratégicos).

b) Datos personales de los funcionarios públicos.

c) Políticas de estratégica nacional.

d) Nunca será considerada confidencial cuando invo-lucre y exista la posibilidad de poner en peligro los derechos de los PIO’s y CC’s.

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

XIV. Procedimientos para solicitudes de información Toda persona podrá solicitar información que no

haya sido clasificada como reservada o confidencial, desde su lugar de origen (unidades descentraliza-das), mediante una solicitud presentada por escrito ante la Unidad de Enlace o a través del correo elec-trónico designado para tal efecto por parte de la ins-titución y/o empresa pública o privada.

La solicitud de información será de forma escrita, verbal, directa y a sola presentación de la solicitud a la unidad de información descentralizada.

La solicitud de información podrá presentarse por cualquier persona física, sin necesidad de acreditar personalidad o identidad.

La Unidad de Enlace está obligada a auxiliar a los interesados en la elaboración de las solicitudes de acceso a la información.

La información también debe estar accesible en me-dios de comunicación masiva, medios escritos y ra-

diales (promovidos por el Estado), internet y otros a los que tengan acceso las poblaciones más alejadas.

XV. Plazos Una vez recibida la solicitud de información, la Uni-

dad de Enlace contará con un plazo de no más de un día hábil para dar respuesta a la misma, salvo aque-llos casos en los que se justifique un plazo adicional por parte de la Unidad de Enlace.

Recibida la solicitud, la Unidad de Enlace deberá de-rivarla a la o las unidades técnicas o administrativas que puedan proporcionar la información dentro del día hábil siguiente en que se recibió la solicitud.

En caso de contar con la información y si ésta es ca-talogada como pública, la unidad técnica o adminis-trativa deberá remitir la misma a la Unidad de Enla-ce en un plazo máximo de 9 días hábiles.

La solicitud de información deberá contener míni-mamente lo siguiente:

a) Nombre del solicitante.

b) Dirección o correo electrónico para la recepción de respuesta.

c) Número telefónico de contacto.

d) Descripción clara y precisa de la información solici-tada.

XVI. Procedimiento de solicitudes de in- formación reservada y/o confidencial En caso de que la información solicitada haya sido

clasificada como reservada o confidencial, el área responsable de la misma, deberá fundamentar y co-municar por escrito dicha clasificación.

XVII. Costos de reproducción, impresión o envío de la información En el caso de que el solicitante requiera información

que implique gatos de reproducción, impresión o envío, el mismo será asumido por la institución y/o empresa pública o privada.

XVIII. Incumplimientos y sanciones La violación, por acción u omisión, de las obligacio-

nes establecidas en este reglamento, se considerará una falta grave sujeta a sanción administrativa.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

XIX. Vigencia

El presente reglamento entrará en vigencia en la fe-cha de su publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia.

71

I. PRINCIPIOS Y DERECHOS

II. OBLIGACIONES GENERALES A CUMPLIRSE POR LAS EMPRESAS DEL SECTOR PETROLERO

III. REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DE CONSULTORÍA VINCULADA A LA ACTIVIDAD PETROLERA

IV. LIMITACIONES A LOS DERECHOS DE EXPLORA-CIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES HI-DROCARBURÍFERAS

V. INFRACCIONES Y SANCIONES

VI. ACCESO A LA JUSTICIA

VII. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA AMBIENTAL

I. PRINCIPIOS Y DERECHOS

“La interpretación y aplicación de este Reglamen-to, y de toda otra norma o acto jurídico a través del cual se ejecute la política ambiental vinculada al sector hi-drocarburos, estarán sujetas al cumplimiento de los si-guientes principios. Asimismo, el Estado en sus distintos niveles de gobierno y las empresas petroleras integra-rán en todas sus decisiones y actividades vinculadas al sector hidrocarburos, previsiones de carácter ambiental, tendientes a asegurar el cumplimiento de los principios enunciados en el presente Reglamento.

Principio de congruencia y armonización nor-mativa: Las normas nacionales y subnacionales en ma-teria ambiental aplicables al sector hidrocarburos debe-rán ser adecuadas a los principios y normas fijadas en el presente Reglamento; en caso de que así no fuere, éste prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga.

Principio de prevención: Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, previniendo los efectos, daños e impactos negativos que se puedan producir sobre el am-biente.

Principio de precaución: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio am-biente.

VI. REGLAMENTACIÓN AMBIENTAL PARA EL SECTOR HIDROCARBURÍFERO

Principio de equidad intergeneracional: Los res-ponsables de la protección ambiental en las instancias públicas y privadas deberán velar por el uso y goce apro-piado del ambiente y de los recursos naturales por parte de las generaciones presentes y futuras.

Principio de sostenibilidad y equilibrio: El desa-rrollo económico, social, cultural, y el aprovechamiento de los recursos naturales renovables, no renovables y estratégicos, deberán realizarse a través de una gestión apropiada y en respeto a la naturaleza y el ambiente, de manera tal que no comprometa las posibilidades y dere-chos de las generaciones presentes y futuras.

Principio de internalización de costos: Toda per-sona física o jurídica, pública o privada, debe asumir el costo para prevenir, mitigar o restaurar los riesgos o da-ños que pueda generar sobre el ambiente, en respeto al derecho a la vida y al ambiente sano y equilibrado de los pueblos indígenas, originarios y comunidades campesi-nas. El costo de las acciones de prevención, vigilancia, restauración, rehabilitación, reparación, indemnización y compensación, relacionadas con la protección del am-biente, de sus componentes y de los impactos negativos que generan las actividades humanas, debe ser asumido por los causantes de dichos impactos.

Las empresas petroleras deberán emplear en sus operaciones las mejores técnicas y artes disponibles en la industria petrolera internacional en el desarrollo de sus operaciones en el país.

Principio de responsabilidad objetiva e impres-criptibilidad de los delitos-daños ambientales: El ge-nerador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es objetivamente responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición. Los daños ambientales y delitos emergentes de estos son imprescriptibles en el marco de la Constitución bolivia-na.

Principio de responsabilidad solidaria: Todos los participantes en el desarrollo de actividades hidrocarbu-ríferas, sean estas de exploración, explotación, abandono, transporte, refinación, industrialización serán responsa-bles solidariamente de los daños ambientales ocasiona-dos como causa de aquellas. La responsabilidad solidaria alcanza y compromete a la empresa operadora pública o privada, a las socias del contrato, a las empresas contra-tistas y subcontratistas.



72

Principio de restauración integral: El que cause el daño ambiental será objetiva y prioritariamente respon-sable de su restablecimiento al estado anterior al daño o impacto.

Principio de transparencia y acceso a la infor-mación: Las personas físicas o jurídicas, públicas o pri-vadas, tienen la obligación ineludible de proporcionar la información que esté relacionada con la calidad y pro-tección ambiental, y la referida a las actividades y opera-ciones que desarrollan. Todo habitante podrá obtener de las autoridades públicas la información ambiental que administren.

En los procesos de toma de decisiones relativos a las actividades hidrocarburíferas, el acceso a la información deberá ser libre, gratuito y oportuno, fundamentalmente previo a la decisión de la autoridad competente,

La información vinculada al proyecto, obra o acti-vidad bajo análisis deberá ser veraz, completa, integral, suficiente, adecuada a las características del proyecto, y en la lengua materna de las comunidades que puedan ser afectadas por las operaciones.

Principio de participación: Toda persona tiene derecho a ser consultada y a participar en los procedi-mientos administrativos que se relacionen con la preser-vación y protección del ambiente. La consulta a los pue-blos indígenas, originarios, campesinos, interculturales y afro-bolivianos con derecho territorial, deberá ser pre-via, libre, informada y vinculante, de acuerdo a los usos y costumbres de las diferentes naciones y pueblos indí-genas originarios y campesinos. Las autoridades debe-rán institucionalizar procedimientos de consultas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y sig-nificativos sobre el ambiente bajo pena de nulidad.

Principio de respeto de las normas y procedi-mientos propios en la toma de decisiones: Se respe-tarán las instancias de decisión de representación y las tierras y territorios de cada uno de los PIO’s y CC’s así como sus formas de organización, y normas y procedi-mientos propios, en el marco de la independencia de las organizaciones susceptibles de ser afectadas por acti-vidades hidrocarburíferas, guardando de efectuar cual-quier tipo de interferencia, intromisión o influencia en asuntos inherentes a sus organizaciones o instancias de representación.

Derecho de acceso a la información

“Con base en los derechos de acceso a la informa-ción y control social, reconocidos en la Constitución Po-lítica del Estado, las autoridades competentes de nivel

nacional, departamental y municipal, deberán dar a pu-blicidad mediante los sitios oficiales de internet respecti-vos y de otros medios adecuados, todas las solicitudes de exploración, explotación, Fichas y Manifiestos Ambien-tales, EEIA, Auditorías, Líneas de Base Ambiental, Docu-mentos de Síntesis y de Divulgación, Planes de Adecua-ción Ambiental y de Aplicación y Seguimiento Ambiental, Licencias Ambientales otorgadas y revocadas, reportes e informes periódicos de las empresas y de las autoridades públicas, planes de trabajo e inversión de las empresas, infracciones y sanciones aplicadas, y cualquier otra infor-mación ambiental de carácter público y relevante para la ciudadanía. A tal efecto, la autoridad ambiental compe-tente de nivel nacional articulará un sistema integrado de información del sector hidrocarburos, realizando la transferencia de los datos y documentos respectivos a las autoridades sub-nacionales (municipales, autonomías indígenas) en un plazo máximo de 90 días a partir de la promulgación de este Reglamento. Las organizaciones indígenas y campesinas y la sociedad en general deberán tener acceso a este sistema de información sin restriccio-nes de ningún tipo.

Por su parte, los responsables de las empresas pe-troleras brindarán asimismo a través de sus sitios de internet, y de otros medios adecuados, la información relativa al EEIA, Auditorias de Líneas de Base Ambiental, Documentos de Síntesis y de Divulgación, Planes de Ade-cuación Ambiental y de Aplicación y Seguimiento Am-biental, Planes de Trabajo e Inversión y sus Contratos de Operación. Durante el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental entregarán a las comunidades afecta-das en soporte papel y digital los documentos de Síntesis y de Divulgación del EEIA a su exclusivo cargo.

Será responsabilidad de las autoridades públicas competentes entregar bajo recibo a las organizaciones matrices y regionales y a las comunidades afectadas de los pueblos indígenas originarios y campesinos, un ejem-plar de los documentos e información mencionados pre-viamente.

II. OBLIGACIONES GENERALES A CUMPLIRSE POR LAS EMPRESAS DEL SECTOR PETROLERO

Las empresas petroleras, públicas y privadas, que operen en el país deberán cumplir con las siguientes obligaciones ambientales:

a) Capacitación periódica obligatoria para los depen-dientes, contratistas y subcontratistas de las empre-sas petroleras en vínculo a las prácticas, procedi-mientos, planes y medidas para prevenir, controlar y mitigar impactos ambientales de la actividad. Los

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contenidos de las capacitaciones (currícula) deben ser aprobados por la autoridad competente y su rea-lización deberá acreditarse ante la misma.

b) Aplicación de las más altas y exigentes técnicas y ar-tes de la industria petrolera internacional, en cuanto a la protección ambiental e incorporación de tecno-logías de punta para una producción protectora del ambiente, en el marco del derecho al ambiente sano y equilibrado, y del respeto a los derechos de la na-turaleza y a la vida.

c) Instalación de sistemas de monitoreo en tiempo real y con conexión a la autoridad competente nacional y autoridades ambientales de nivel municipal, de-partamental, autonomías indígenas, respecto de los componentes aire, aguas superficiales y subterrá-neas y suelos, incluyendo la detección de sustancias y residuos tóxicos y peligrosos.

d) Presentación de Informes Semestrales a la autori-dad competente y a los Monitores Indígenas Origi-narios y Campesinos, respecto de la gestión ambien-tal de la actividad, que incluya el seguimiento de los impactos ambientales y sociales más significativos identificados en la Evaluación de Impacto Ambien-tal y consignados en el Plan de Acción y Seguimien-to Ambiental. Estos informes serán públicos: por un lado, el responsable de la empresa deberá al menos publicarlos en su sitio de internet, debiendo por el otro, la autoridad competente proceder en el mismo sentido.

e) Realización de una auditoría ambiental externa y anual, que deberá ser presentada de manera con-junta a la autoridad competente y a los Monitores Indígenas Originarios y Campesinos. Sus resulta-dos serán públicos. La auditoria dará cuenta de los pasivos ambientales que se hayan identificado, sus características, alcances, riesgos asociados y posibi-lidad técnica de remediación.

f) Se deberá realizar la remediación de los Pasivos Ambientales en la medida en que los mismos son identificados por las auditorias obligatorias o por el titular de la actividad hidrocarburífera, o la auto-ridad competente, o los monitores indígenas origi-narios y campesinos, a fin de evitar perjuicios más graves y extendidos. El titular de la empresa deberá presentar a la autoridad competente y a los Monito-res Indígenas Originarios y Campesinos el Plan de Remediación, indicando alternativas para la misma y evaluando los costos y beneficios ambientales de las alternativas planteadas.

g) Contratación de un seguro ambiental - Integración de un Fondo de Restauración para la remediación de pasivos ambientales (subsidiario al respaldo del seguro ambiental).

h) Depósito obligatorio del total correspondiente al 0,5% de la inversión conforme el art. 130 de la Ley 3058: a) para actividades a instalarse: al otorgarse la autorización (licencia ambiental) y con carácter previo al inicio de actividades; b) para explotaciones existentes: en un plazo máximo de 90 días a partir de la publicación del Reglamento que incorpore la exigencia. Este monto deberá asignarse directamen-te a la facilitación de la conformación y capacitación de los Monitores Indígenas Originarios y campesi-nos, de acuerdo a la Ley de Hidrocarburos.

i) Obligación de implementar un sistema de medidas y alerta temprana respecto a riesgos, accidentes y contingencias ambientales que permita prevenir y mitigar daños.

j) Obligación de reportar contingencias y accidentes ambientales de modo inmediato a la ocurrencia del hecho, ante la autoridad competente y los Monitores Indígenas, Originarios y Campesinos. Esta denuncia contendrá información suficiente como para adoptar las medidas de emergencia adecuadas, sin perjuicio de ser ampliada en un plazo no mayor a cinco días.

III. REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DE CONSULTORÍA VINCULADA A LA ACTIVIDAD PE-TROLERA

Los EEIA y las auditorías ambientales que se rea-licen en el marco del presente Reglamento deberán ser suscritos por profesionales debidamente registrados por la autoridad ambiental competente. Estos acreditarán para su inscripción los títulos universitarios respectivos, las áreas de incumbencia profesional, la experiencia pro-fesional en la materia – que no podrá ser inferior a cinco años- y la contratación de un seguro de responsabilidad profesional. Serán responsables civil y penalmente de la veracidad de la información, conclusiones y recomenda-ciones vertidas en los estudios y solidariamente respon-sables de los daños ambientales que se produzcan en el marco de sus incumbencias profesionales.

La infracción a las disposiciones de este Reglamen-to y cualquier otra normativa ambiental relacionada, determinará, entre otras sanciones, la cancelación de la inscripción en el Registro de Profesionales y la inhabili-tación en la matrícula profesional por un período de 2 a 5 años.



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IV. LIMITACIONES A LOS DERECHOS DE EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES HIDROCAR-BURÍFERAS“Quedan prohibidas las actividades de exploración,

explotación, refinación e industrialización, transporte, almacenaje y distribución de gas natural por redes en los bosques naturales y suelos forestales. Especialmente es-tarán prohibidas en las tierras de protección, de inmovi-lización, sitios sagrados, y áreas de especial valor natural y cultural, y servidumbres ecológicas.

Se prohíben de modo expreso y absoluto la realiza-ción de las actividades hidrocarburíferas de exploración, explotación, refinación e industrialización, transporte, almacenaje y distribución de gas natural por redes en áreas protegidas.

V. INFRACCIONES Y SANCIONESLas infracciones al presente Reglamento, serán san-

cionadas con penas de apercibimiento, multa, suspen-sión de las actividades y revocatoria de la Licencia Am-biental, dependiendo de la gravedad de la infracción y el daño ocasionado.

En caso de revocatoria de la licencia ambiental, esta tendrá como efecto la terminación del contrato petrole-ro respectivo y la consiguiente reversión de los bienes y derechos de la empresa petrolera a favor del estado bo-liviano.

La revocatoria de la Licencia Ambiental procederá cuando:

• Se omita depositar el monto del 0,5% previsto en el artículo 130 de la Ley 3058 en los modos y plazos estipulados en el presente Reglamento.

• Se proporcione información falsa a la Autoridad Ambiental Competente y otras autoridades públicas en el marco del procedimiento de Evaluación de Im-pacto Ambiental, especialmente en la Línea de Base y el EEIA.

• Se impulse el procedimiento de Evaluación de Im-pacto Ambiental, sin haberse realizado la consulta previa en los tiempos y modos que exige la normati-va vigente.

• Se proporcione información falsa a la Autoridad Ambiental Competente y a los Monitores Indígenas Originarios y Campesinos en los reportes periódicos y auditorias anuales.

• Se proporcione información falsa sobre la actividad y sus impactos en cualquier oportunidad o situación que pueda afectar a las comunidades.

• Se apliquen tecnologías obsoletas, incoherentes con las más altas normas y técnicas disponibles en la in-dustria petrolera internacional

• Se omita dar aviso en el plazo estipulado a la Auto-ridad Ambiental Competente y a los Monitores Indí-genas Originarios y campesinos de las contingencias ocurridas

• Se omita el cumplimiento de cualquiera de las obli-gaciones estipuladas en el Plan de Acción y Segui-miento Ambiental.

• Se omita la instalación de los sistemas de monitoreo exigidos por el presente Reglamento.

• Se omita la remediación de pasivos ambientales identificados y de los planes de remediación apro-bados.

• Se omita dar un tratamiento adecuado y acorde con el presente Reglamento a los lodos de perforación, aguas de producción y cualquier otro desecho de características peligrosas generado en la actividad petrolera.

• Se viertan aguas de producción y lodos de perfora-ción de los procesos de exploración y explotación de hidrocarburos, a los suelos o recursos hídricos.

• Se omita la contratación del seguro ambiental y el aporte efectivo de los montos estipulados en el Fon-do de Compensación y Remediación.

• Se violen las normas relativas a la conservación y protección del ambiente, en especial de las áreas protegidas y cualquier otra norma que tutele bienes del patrimonio natural o cultural.

La reiteración de infracciones formales podrá dar lu-gar a la revocatoria de la Licencia Ambiental. Asimismo, la reiteración de las infracciones formales y sustantivas dará lugar al incremento de las multas en tantas veces como reiteraciones se produzcan.

Las sanciones pueden aplicarse de manera conjun-ta.

VI. ACCESO A LA JUSTICIA

“Toda persona tiene el derecho a una acción rápida, sencilla y efectiva, ante la justicia, en defensa del ambien-te y de sus componentes, velando por la debida protec-ción de la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, así como la conservación del patrimonio cultural vin-culado a aquellos. Se puede interponer acciones legales aun en los casos en que no se afecte el interés económi-

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co del accionante. El interés moral legitima la acción aun cuando no se refiera directamente al accionante o a su familia.

La violación de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, como así también de cualquier otra norma ambiental de carácter general o vinculada al sector de hidrocarburos dará lugar al ejercicio de la acción mencionada, teniendo en cuenta lo dispuesto en cuanto objeto y aspectos procedimentales por la Consti-tución Política del Estado respecto de las acciones de am-paro, inconstitucionalidad, incumplimiento y popular”.

VII. DISTRIBUCIÓN DE COMPETEN-CIAS EN MATERIA AMBIENTAL

“Las autonomías indígena originario campesinas ejercerán, además de las facultades y derechos que se les confieran por el presente Reglamento y otros conexos, todas las competencias constitucionales vinculadas a la protección del ambiente, la biodiversidad, los bosques y tierras forestales y demás componentes del patrimonio natural y cultural de sus respectivas jurisdicciones, para el ejercicio de la autodeterminación y el autogobierno de los pueblos indígenas y originarias”.


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La Paz, 23 de Septiembre de 2009

Señor:

Juan Evo Morales AymaEXMO. PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL

Presente.-

Ref.: ENTREGA DOCUMENTOS DE POSICIONAMIENTO Y PROPUESTA II ENCUENTRO DE SECRETARIOS DE RRNN ORGANIZACIONES INDÍGENAS ORIGINARIAS CAMPESI-NAS DEL PAÍS

De nuestra mayor consideración:

Las organizaciones indígenas originarias y campesinas, reunidas en el II En-cuentro de Secretarios de RR.NN. llevado a cado en la ciudad de Santa Cruz los días 5,6 y 7 de septiembre, con la finalidad de construir, validar y proponer normas regla-mentarias para el sector hidrocarburífero y minero, de acuerdo a los contenidos de la nueva Constitución Política del Estado, trabajamos y definimos posicionamientos y construimos propuestas con la finalidad de que el pueblo boliviano conozca que el sector y movimiento indígena originario y campesinos es vigilante y propositivo en la construcción colectiva de las leyes de acuerdo a nuestra nueva CPE.

En este sentido, Hno. Presidente, las organizaciones indígenas originarias y cam-pesinas, pretendemos constituirnos en actores principales en el proceso de implemen-tación de la CPE, en el marco de las industrias extractivas hidrocarburíferas y mineras, respetando y garantizando la inversión y desarrollo en el país, pero sin dejar de lado las demandas históricas de las naciones y pueblos indígenas originarios y comunida-des campesinas, las que en cuento derechos se encuentran plenamente tuteladas en el actual ordenamiento jurídico del país.

Por lo cual, hacemos entrega a Ud. del dossier de contenidos y documentos de respaldo de nuestra articulación orgánica, mismo que como un primer paso pretende ser socializado con los Ministerios competentes a fin de establecer procesos y agendas de trabajo incluyente, participativo y respetuoso de nuestros derechos respecto a los alcances de estas normas.

Esperando que las mismas sean de utilidad para la implementación de la CPE, en especial del modelo de gestión y conservación de los RRNN, en el marco del proceso de cambio que atraviesa el país, le reiteramos nuestra mayor consideración.

POR LOS SECRETARIOS DE RR.NN. DE LAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS ORIGI-NARIAS CAMPESINAS DEL PAÍS

(Faltan Firmas o nombres de secretarios)

C.c. Min. Presidencia Min. de Hidrocarburos y Energía

Min. Medio Ambiente y Agua Min. de Minería y Metalurgia

Presidencia Y.P.F.B. Defensor del Pueblo

Carta de presentación de posicionamientos y propuestas

Anexos

SEGUNDO ENCUENTRO DE SECRETARIOS DE RRNN DE ORGANIZACIONES

INDÍGENAS ORIGINARIAS CAMPESINAS DEL PAÍS

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(Versión última – Comisión de Minería PIO’s y CC’s)

29 de Julio de 2008

Proyecto de Reglamento de Consulta y Participación de

pueblos indígenas originarios y comunidades campesinas para

actividades mineras

CAPÍTULO l

DEL OBJETO, SUJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA CONSULTA Y

PARTICIPACIÓN

ARTÍCULO 1.- (OBJETO)

El presente Reglamento tiene por objeto establecer el marco institucional de las disposiciones y procedi-mientos para realizar el proceso de Consulta y Partici-pación a los Pueblos Indígenas Originarios (PIO’s) y Co-munidades Campesinas (CC’s), de forma previa y obliga-toria a la iniciación y desarrollo de actividades, obras o proyectos mineros (AOPM’s) en sus territorios, previstas en el Artículo 25 de la Ley Nº 1777 (Código de Minería), sean éstos comprendidos como tierras comunitarias de origen, propiedades comunales y tierras de ocupación ancestral y acceso tradicional, en el marco de lo estable-cido en el Convenio 169 de la OIT, ratificado mediante Ley de la República Nº 1257 de 11 de julio de 1991, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, elevada a rango de Ley Nº 3760 de 7 de noviembre de 2007.

Estas disposiciones y procedimientos definen las atribuciones de las autoridades responsables de pro-mover y ejecutar el proceso de Consulta y Participación,

como los mecanismos de participación de los PIO’s y CC’s en sus diferentes fases.

ARTÍCULO 2.- (DEFINICIONES Y SIGLAS)

A efectos de aplicación del presente Reglamento, se establecen las siguientes definiciones y siglas.

DEFINICIONES:

Autoridad Competente (AC). El Ministerio de Mi-nería y Metalurgia, a través del Viceministerio de Mi-nería y Metalurgia, es la Autoridad Competente para la realización del proceso de Consulta y Participación a los PIO’s y CC’s para las AOPM’s.

Autoridad Ambiental Competente (AAC). A efecto de la aplicación de las normas ambientales y de acuer-do a los Decretos Supremos Nº 28631 de 8 de marzo de 2006 y, Nº 29057 de 14 de marzo de 2007, la Autoridad Ambiental Competente a nivel nacional es el Viceminis-terio de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Am-biente, dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente.

Actividad Minera. En aplicación del Artículo 25 de la Ley Nº 1777 (Código de Minería) las AOPM’s compren-den la prospección, exploración, explotación, concentra-ción, fundición, refinación y comercialización.


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Área de influencia. Es el área circundante a una AOPM, donde se distinguen las áreas de influencia direc-ta (AID) e indirecta (AII), cuya extensión queda definida por las características fisiográficas, ecológicas y socio-culturales de cada zona particular, mediante normas es-pecíficas y/o mediante procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

Área de influencia directa (AID). Comprende el área de impactos socioambientales directos, que tienen relación con un territorio indígena originario y campe-sino, sea éste tierras comunitarias de origen, propieda-des comunales y tierras de ocupación ancestral y acceso tradicional, donde se encuentra la AOPM, sobre los fac-tores ambientales, socioeconómicos y culturales de su entorno. Su extensión tiene relación con el área de con-trato minero, la magnitud de las actividades de explota-ción y/o procesamiento de minerales, las características geológicas e hidrográficas locales (cuenca, subcuenca o microcuenca) y características climáticas locales y regio-nales, delimitados mediante proceso de EIA.

Área de influencia indirecta (AII). Comprende el área de impactos indirectos, que tienen relación con un territorio indígena originario y campesino, sea éste tie-rras comunitarias de origen, propiedades comunales y tierras de ocupación ancestral y acceso tradicional, don-de se encuentra la AOPM. Su extensión tiene relación con el área de impacto socioeconómico indirecto definido en proceso de EIA.

Titular de la AOPM. Es Titular de una AOPM su propietario o representante legal que detenta un poder notariado amplio y suficiente o específico, para el proce-so de Consulta y Participación y trámite de Licencia Am-biental (LA). Es responsable de presentar la documenta-ción técnica, legal, ambiental y social referida a la AOPM. La autenticidad de dicha documentación y la veracidad de la información, así como sus efectos legales y adminis-trativos, son de su entera responsabilidad.

Comunidad campesina (CC’s). Es la unidad básica de la organización social del ámbito rural, que está cons-tituida por familias campesinas nucleadas y/o dispersas de carácter intercultural, que comparten un territorio en el que desarrollan sus actividades productivas, económi-cas, sociales y culturales.

Pueblos Indígenas Originarios (PIO’s). Es la co-lectividad humana y comunitaria preexistente a la co-lonia y colonización, que se encuentran dentro de las actuales fronteras del Estado, que posee historia, orga-nización, estructura, idioma, territorialidad, normas y procedimientos propios (usos y costumbres), identidad, dominio ancestral de sus territorios y otras caracterís-

ticas culturales, con la cual se identifican sus miembros reconociéndose como pertenecientes a la misma unidad socio – cultural, que mantienen un vínculo territorial en función de la administración de su hábitat y de sus insti-tuciones sociales, económicas, políticas y culturales.

Normas y procedimientos propios (usos y cos-tumbres). Conjunto de disposiciones consuetudinarias, ancestrales y tradicionales de los PIO’s y CC’s, que con-templan principios y valores aplicados en la práctica y desarrollo de su vida y organización como sujetos de derecho público y, en particular, en la adopción de sus decisiones, definición de cargos, servicios, la elección, asignación y nombramiento de sus autoridades y estruc-tura orgánica, en el marco de su cultura, territorialidad, lengua, instituciones y libre determinación.

Territorialidad. Espacio geográfico que cubre la totalidad del hábitat que tradicionalmente ocupan y uti-lizan los PIO´s y CC’s, en el cual se desenvuelve la diná-mica de sus relaciones sociales, políticas, económicas, culturales, jurídicas y otras vinculadas a su historia y a su identidad, constituyéndose en un elemento indispen-sable para su sobrevivencia y desarrollo integral como pueblo, nación o comunidad.

Tierra Comunitaria de Origen (TCO). Son los es-pacios geográficos que constituyen el territorio de los pueblos y comunidades indígenas originarias, a los cua-les han tenido tradicionalmente acceso y donde mantie-nen y desarrollan sus propias formas de organización económica, social, cultural y ambiental, de modo que aseguran su sobrevivencia y desarrollo. Son inalienables, indivisibles, irreversibles, colectivas, compuestas por comunidades o mancomunidades, inembargables e im-prescriptibles.

Propiedad Comunal. Son aquellas tierras titula-das colectivamente a comunidades indígenas originarias y campesinas, y constituyen la fuente de subsistencia y desarrollo de sus propietarios. Son inalienables, indivi-sibles, irreversibles, colectivas, inembargables e impres-criptibles.

Tierras de ocupación ancestral y acceso tradi-cional. Son aquellos espacios territoriales donde los PIO’s y CC’s administran su forma de vida y desarrollan sus actividades de producción y libre determinación, a través de su cultura, organización e instituciones políti-cas, sociales, jurídicas y culturales propias.

Operadores de las AOPM’s. Son operadores de la industria minera las empresas grandes, medianas y pe-queñas, cooperativas mineras, que desarrollan AOPM’s en territorios de los PIO’s y CC’s.

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SIGLAS:

AAC........... Autoridad Ambiental Competente

AC ............. Autoridad Competente

AOPM....... Actividad, Obra o Proyecto Minero

ADI ........... Área de Impacto Directo

AII ............. Área de Impacto Indirecto

AMIAC ..... Actividad Minera con Impacto Ambiental No Significativo

CC’s ........... Comunidades Campesinas

EIA ............ Evaluación de Impacto Ambiental

EEIA ......... Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental

EMAP ....... Exploración Minera y Actividades Pequeñas

MMM ........ Ministerio de Minería y Metalurgia

PIO’s ........ Pueblos Indígenas Originarios

PM ............ Prospección Minera

RL ............. Representante Legal

LA ............. Licencia Ambiental

RAAM ...... Reglamento Ambiental para Actividades Mineras

ARTÍCULO 3.- (SUJETOS DE LA CONSULTA)

Son sujetos del proceso de Consulta y Participación todos los PIO’s y CC’s acreditados por sus organizaciones y matrices, susceptibles de ser afectados por cualquier AOPM en todas sus etapas de operación.

ARTÍCULO 4.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN)

El proceso de Consulta y Participación se aplicará de manera previa, obligatoria, oportuna y de buena fe, an-tes de emprender o autorizar el desarrollo de las AOPM’s detalladas en el Artículo 25 de la Ley Nº 1777, (Código de Minería), en tierras comunitarias de origen, propieda-des comunales, tierras de ocupación ancestral y acceso tradicional, respetando la territorialidad, cosmovisión, normas y procedimientos propios (usos y costumbres) de los PIO’s y CC’s en todo el territorio nacional.

ARTÍCULO 5.- (BASES Y PRINCIPIOS)

Los principios a los que se sujeta el proceso de Con-sulta y Participación son:

• Respeto y garantía. El Estado Boliviano, a través del Ministerio de Minería y Metalurgia (AC) y el Vi-ceministerio de Biodiversidad, Recursos Forestales

y Medio Ambiente (AAC), deberá hacer respetar y garantizar el ejercicio y vigencia de los derechos colectivos fundamentales, referidos a la consulta y participación de los PIO’s y CC’s, así como los dere-chos sociales, económicos, culturales, ambientales, espirituales, la integralidad, formas de organiza-ción, el hábitat e integridad territorial, garantizados por la Constitución Política del Estado, Pactos, Con-venios y Declaraciones Internacionales de Derechos Humanos.

• Representación. Se respetarán las instancias de decisión y representación de los PIO’s y CC’s suscep-tibles de ser afectadas por las AOPM’s, en el marco de la ley e independencia, evitando cualquier tipo de interferencia, intromisión o influencia en asuntos inherentes a sus estructuras organizativas o instan-cias de representación.

• Información previa y oportuna. El Estado Bolivia-no, a través de la AC, deberá asegurarse que los PIO’s y CC’s que formen parte del proceso de Consulta y Participación reciban de forma previa y oportuna la información suficiente y necesaria, dentro de los plazos establecidos, y de acuerdo a las caracterís-ticas lingüísticas del área de los PIO’s y CC’s, con respecto a la AOPM que se pretenda desarrollar, y de los posibles impactos socioambientales y cultu-rales, antes de la realización del proceso de Consul-ta y Participación, facilitando los medios necesarios para su socialización.

• Veracidad. El proceso de Consulta y Participación deberá enmarcarse en el principio de verdad, en concordancia con las normas legales vigentes, espe-cialmente en lo dispuesto por el Convenio 169 de la OIT, Ley Nº 1257, que establece que la consulta debe realizarse de manera previa, obligatoria, oportuna y de buena fe; por tanto, toda la información que sea parte y resultado del proceso de Consulta y Partici-pación deberá ajustarse estrictamente a la verdad.

• Integralidad. Los temas objeto de la consulta, serán analizados de manera minuciosa, completa e inte-gral durante todo el proceso de Consulta y Partici-pación. En caso que fuere necesaria la participación de otras instancias que coadyuven en el proceso, és-tas serán convocadas por la AC y estarán obligadas a colaborar y proporcionar la información requerida sobre los aspectos de su competencia.

• Oportunidad. El proceso de Consulta y Partici-pación deberá llevarse a cabo cumpliendo plazos establecidos mediante normas y cronogramas de ejecución definidos en la fase inicial, de manera que

ANEXOS


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todas y cada una de las fases sean planificados con anticipación y desarrollados oportunamente por las instancias representativas de los PIO’s y CC’s y por la AC. Cualquier observación o recomendación no prevista será comunicada de manera oportuna.

• Participación. Los PIO’s y CC’s participarán activa y efectivamente en todo el proceso de la Consulta y Participación, con miras a ejercer sus derechos y ga-rantizar el respeto a su integridad territorial y libre determinación, como sus normas y procedimientos propios (usos y costumbres).

• Transparencia. El proceso de Consulta y Participa-ción deberá desarrollarse de manera clara y pública, con acceso libre y oportuno a toda la información relacionada a la AOPM objeto de la consulta.

CAPÍTULO II

MARCO INSTITUCIONAL

INSTANCIAS DE REPRESENTACIÓN Y DECISIÓN

ARTÍCULO 6.-(AUTORIDAD COMPETENTE)

El Ministerio de Minería y Metalurgia, como AC para realizar el proceso de Consulta y Participación, coordi-nará con las autoridades ambientales competentes y el Viceministerio de Tierras, en aspectos relacionados a sus competencias.

La AC podrá convocar a otras instancias del Estado para participar y coadyuvar en el proceso de Consulta y Participación, dependiendo de las características de la AOPM y el área de influencia.

ARTÍCULO 7.-(REPRESENTACIÓN DE LOS PIO’s y CC’s)

Las instancias de representación de los PIO’s y CC’s, en el proceso de Consulta y Participación para activida-des mineras, son las estructuras orgánicas locales acre-ditadas a nivel regional, departamental y nacional de los PIO’s y CC’s, respetando su territorialidad, estructura y normas y procedimientos propios (usos y costumbres).

ARTÍCULO 8.- (DECISIONES)

Las decisiones resultantes del proceso de Consulta y Participación, adoptadas en acuerdo conjunto entre la AC y las instancias de representación de los PIO’s y CC’s, y expresadas en el Acta de Entendimiento de la fase ini-cial y en el Acta de Concertación y Acuerdos de la fase final, deben ser respetadas y cumplidas obligatoriamen-

te como criterios fundamentales para la ejecución de la AOPM objeto de la consulta.

ARTÍCULO 9.- (FINANCIAMIENTO)

I. Los costos de las actividades previstas en las dife-rentes fases del proceso de Consulta y Participación serán financiados por el titular de la AOPM, para lo que se establecerá un fondo de aportes públicos y privados para ejecutar la consulta a empresas esta-tales y privadas respectivamente.

II. El Ministerio de Minería y Metalurgia, en un plazo de treinta (30) días a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, aprobará una Resolu-ción Ministerial que especifique las modalidades y mecanismos de pago de los titulares de las AOPM’s, además de las previsiones por parte del Estado para garantizar la adecuada ejecución del proceso de Consulta y Participación.

III. La AC, a requerimiento de los PIO’s y CC’s, informará del manejo de los recursos económicos destinados al proceso de Consulta y Participación.

IV. Los recursos económicos depositados por el titular de la AOPM para la realización del proceso de Con-sulta y Participación no podrán ser utilizados para fines distintos a los previstos en el presente Regla-mento, bajo responsabilidad y sanción establecidas en el marco jurídico vigente.

CAPÍTULO III

PROCESO DE CONSULTA Y PARTICIPACION A PIO’s Y CC’s POR TIPO Y TAMAÑO DE AOPM

ARTÍCULO 10.- (CLASIFICACIÓN DE AOPM’s)

Para fines de la consulta a los PIO’s y CC’s, las AOPM’s, se clasifican, de acuerdo a su naturaleza y magnitud, en:

a) Por tipo o naturaleza de la AOPM.

Dentro de ésta se encuentran las siguientes:

1. Prospección y exploración. Corresponden a los procesos de prospección y exploración minera, cuyo objetivo es identificar y evaluar la calidad y cantidad de reservas de minerales existentes, cuyos impactos socioambientales son asociados a las AOPM’s.

2. Explotación y procesamiento. Abarcan los procesos de extracción, concentración y proce-samiento de minerales, los que tienen una inci-dencia económica y social de impacto sobre el medio ambiente de acuerdo a las AOPM’s.

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3. Industrialización y comercialización. Com-prende a las operaciones de fundición, refinación y otras formas de procesamiento metalúrgico de minerales y metales, y su comercialización, los que generan impactos socioambientales a partir de las AOPM’s.

b) Por tamaño o magnitud de la AOPM.

Dentro de ésta se encuentran las siguientes:

1. Minería mediana y de gran escala. Compren-de operaciones y proyectos de alta capacidad de tratamiento e inversión.

2. Minería Chica y Cooperativas. Abarca opera-ciones mineras y metalúrgicas que realizan ac-tividades de extracción y tratamiento de minera-les en menor escala, con sistemas mecanizados de explotación y concentración, que implican manejo y disposición final de residuos sólidos minero metalúrgicos, claramente tipificados en el Reglamento Ambiental para Actividades Mine-ras (RAAM).

3. Artesanal (AMIAC). Comprende actividades mi-neras manuales, artesanales y proyectos de pe-queña escala, en cantidades especificadas en el Artículo 93 del RAAM.

ARTÍCULO 11.- (MODALIDADES DE LA CONSULTA)

Tomando en cuenta la clasificación de las AOPM’s, establecida en el Artículo 10 del presente Reglamento, se establece que el factor determinante para definir la reali-zación de la Consulta y Participación a los PIO’s y CC’s es el proceso de evaluación ambiental a ser aplicado como requisito para la obtención de la LA, en sujeción a lo es-tablecido en las disposiciones del Reglamento de Preven-ción y Control Ambiental (RPCA) y el RAAM.

En concordancia con estos criterios, el proceso de Consulta y Participación a PIO’s y CC’s se llevará a cabo de acuerdo a las siguientes modalidades:

a) PROCESO DE CONSULTA PARA LA MODALIDAD A.- El proceso de Consulta y Participación para AOPM’s, cuya categoría sea declarada por la AC como 1 y 2, sobre la base del proceso de evaluación ambiental, seguirá todas las fases establecidas en el Artículo 12 del presente Reglamento.

b) PROCESO DE CONSULTA PARA LA MODALIDAD B.- El proceso de Consulta y Participación para ac-tividades de prospección, exploración y explotación artesanal (AMIAC), de acuerdo al Artículo 93 del RAAM, cuya categoría sea declarada por la AC como

3 y 4, seguirá el procedimiento establecido en el Art. 18 del presente Reglamento.

ARTÍCULO 12.- (PROCEDIMIENTO DE CONSULTA PARA MODALIDAD A)

El proceso de Consulta y Participación a los PIO’s y CC’s en esta modalidad se realizará de acuerdo a un pro-cedimiento, con fases de ejecución, objetivos y alcances claramente definidos, en el marco de los principios y las disposiciones establecidas en el presente Reglamento, respetando las atribuciones, derechos, obligaciones y responsabilidades de cada una de las partes intervinien-tes. Este proceso, al ser general, contempla las siguientes fases y plazos máximos:

FASE 1. Convocatoria, coordinación e información: 17 días.

FASE 2. Planificación: 17 días.

FASE 3. Ejecución de la consulta: Según plazo estableci-do en acuerdo.

FASE 4. Concertación y acuerdos: 45 días.

ARTÍCULO 13.-(CONVOCATORIA, COORDINACIÓN E INFORMACIÓN)

I. Para iniciar el proceso de Consulta y Participación, la AC deberá identificar a los PIO´s y CC´s suscepti-bles de ser afectados por la AOPM que será objeto de la Consulta y Participación, y convocará por escrito a la representación local del área de influencia don-de se realicen las AOPM’s, con copia a sus niveles, regional, departamental y nacional, a efecto de sos-tener una reunión de carácter informativo acerca de la AOPM y de coordinación sobre el desarrollo del proceso de consulta. A la convocatoria se adjunta-rá toda la información pública correspondiente a la AOPM.

II. La organización y realización de la reunión prelimi-nar seguirá el siguiente procedimiento:

a. La reunión preliminar será organizada por las instancias de representación a nivel local de los PIO’s y CC’s, en coordinación con sus instancias de representación a nivel regional, departamen-tal y nacional, definiendo lugar y fecha del even-to y comunicarán por escrito a la AC en un plazo no mayor a siete (7) días calendario de recibida la convocatoria, debiendo concretarse dicha re-unión en un plazo no mayor a diez (10) días ca-lendario, computables a partir de la respuesta a la convocatoria hecha por la AC.

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b. En la reunión preliminar, la AC presentará in-formación sobre los objetivos y los alcances de la AOPM que se pretende desarrollar y que será objeto de la consulta, entregando la información contenida en el EIA y EEIA, de acuerdo al caso concreto, que deberá contener un documento resumen y de divulgación general, mismo que deberá ser entregado en un ejemplar impreso y otro digital a los representantes de las instancias a nivel local, regional, departamental y nacional de los PIO’s y CC’s .

Esta información documental y digital debe cumplir con las siguientes características básicas:

Plena: Debe ser completa e íntegra, tanto en conte-nidos, cobertura proyecciones y posibles impactos socio-ambientales, económicos y culturales de la AOPM.

Oportuna: Debe ser entregada a las instancias re-presentativas locales de los PIO´s y CC´s, cumpliendo con los plazos establecidos en el presente Reglamento.

Veraz. Debe constituir declaración jurada, respon-sabilidad que asume el Titular o Representante Legal de la AOPM objeto de la consulta.

Adecuada. Debe estar orientada a la difusión y co-nocimiento de PIO’s y CC’s susceptibles de ser afectados, respetando su territorialidad, normas y procedimientos propios (usos y costumbres), instituciones y característi-cas lingüísticas, organizativas, sociales y culturales.

ARTÍCULO 14.- (ACTA DE ENTENDIMIENTO)

Como resultado de la reunión preliminar, se suscri-birá un Acta de Entendimiento entre la AC y los represen-tantes de los PIO´s y CC´s, misma que será considerada para la realización de las siguientes fases del proceso de Consulta y Participación.

ARTÍCULO 15.- (PLANIFICACIÓN)

I. La instancia de representación local de los PIO’s y CC’s, en coordinación con el nivel regional, departa-mental y nacional, realizará la coordinación interna según sus normas y procedimientos propios (usos y costumbres) para presentar una propuesta escrita de realización del proceso de Consulta y Participa-ción, la misma que debe ser comunicada a la AC en un plazo no mayor a diez (10) días calendario de realizada la reunión preliminar. La propuesta escri-ta contendrá como mínimo:

a) Un plan metodológico y cronograma que com-prenda actividades, tales como: reuniones comu-nitarias, talleres, asambleas y cabildos, así como el lugar donde se realizarán las mismas.

b) Asesoría especializada requerida por los PIO’s y CC’s para su adecuada participación.

c) Un presupuesto que incluya los costos que de-mandará todo el proceso de Consulta y Partici-pación.

II. Vencido el plazo establecido en el anterior pará-grafo, la AC responsable del proceso de Consulta y Participación, en coordinación con la instancia de representación local de los PIO´s y CC´s, fijará una reunión en el área de influencia de la AOPM, en un plazo no mayor a siete (7) días calendario, para ana-lizar la propuesta y la contrapropuesta de la AC, a efectos de llegar a acuerdos y suscribir un Acta de Entendimiento que garantice la ejecución de la con-sulta. En caso de que no se presente propuesta por parte de los PIO’s y CC’s, la AC, en un plazo no mayor a diez (10) días convocará a una nueva reunión para la elaboración conjunta de una propuesta.

ARTÍCULO 16.-(EJECUCIÓN DE LA CONSULTA)

I. El proceso de Consulta y Participación será ejecuta-do por la AC en coordinación con las instancias de representación de los PIO´s y CC´s y dando cumpli-miento al Acta de Entendimiento suscrita de confor-midad al Artículo 14 del presente Reglamento.

II. La ejecución del proceso de Consulta y Participación deberá cumplirse en los plazos establecidos en el Acta de Entendimiento, respondiendo a la naturale-za de la AOPM.

III. Cumplidos los plazos del Acta de Entendimiento, y si no se hubiera concluido el proceso de Consulta y Participación, se establecerá un plazo perentorio adicional de hasta tres (3) meses con el fin de llegar a un acuerdo conjunto y firmar el convenio de vali-dación correspondiente.

ARTÍCULO 17.-(CONCERTACIÓN Y ACUERDOS)

El proceso de Consulta y Participación concluirá con un Acta de Acuerdo y Concertación que refleje los com-promisos arribados, misma que será suscrita entre la AC y las instancias representativas de los PIO’s y CC’s sus-ceptibles de ser afectadas, previa aceptación y autoriza-ción expresa de sus niveles regionales, departamentales y nacionales.

El Acta de Acuerdo y Concertación recogerá princi-palmente los acuerdos y resultados de la Consulta y Par-ticipación.

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La información que se obtenga en la ejecución de la Consulta, mediante el Acta de Acuerdo y Concertación, se aplicará de conformidad a lo establecido en el Artículo 5 del presente Reglamento.

ARTÍCULO 18.-(PROCESO DE CONSULTA PARA LA MODALIDAD B)

El proceso de Consulta y Participación a los PIO’s y CC’s en esta modalidad será de carácter simplificado, con la ejecución de los mismos pasos detallados en el Artícu-lo 12 del presente Reglamento y con tiempos menores referidos a los plazos, a través de actividades simultá-neas y agrupadas de la siguiente manera:

FASE 1: Convocatoria, planificación e información 15 días

FASE 2: Ejecución, concertación y acuerdo 20 días

FASE I: CONVOCATORIA, COORDINACIÓN, INFOR-MACIÓN Y PLANIFICACIÓN.

La fase inicial del Proceso de Consulta y Participa-ción para esta modalidad se realizará en un plazo de quince (15) días calendario, y deberá considerar las ac-tividades:

a) Identificación de Actores y Representantes Lo-cales. La AC deberá identificar a los PIO´s y CC´s del área de influencia de la AOPM que será objeto de la consulta, y coordinará con sus representaciones.

b) Convocatoria, Coordinación y Planificación. Para iniciar el proceso de Consulta y Participación, la AC convocará por escrito a los representantes de los PIO´s y CC´s del área de influencia donde se pretenda implementar la AOPM, con copia a sus niveles regio-nal, departamental y nacional, a efecto de sostener una reunión preliminar para coordinar, planificar y suscribir el Acta de Entendimiento. A la convoca-toria se adjuntará toda la información de la AOPM que debe ser plena, oportuna, veraz y adecuada, y la propuesta de realización del proceso de Consulta y Participación.

FASE II: EJECUCIÓN, CONCERTACIÓN Y ACUERDO DE LA CONSULTA.

a) Ejecución. El proceso de Consulta y Participación será ejecutado por la AC en coordinación con las ins-tancias de representación de los PIO´s y CC’s, dando cumplimiento al Acta de Entendimiento suscrita de conformidad al inciso precedente. Cumplidos los plazos del Acta de Entendimiento y si no se hubiera concluido el proceso de Consulta y Participación, se

establecerá un plazo perentorio adicional de hasta treinta (30) días, con el fin de llegar a un acuerdo conjunto y firmar el convenio de validación corres-pondiente.

b) Concertación y Acuerdo. El proceso de Consulta y Participación concluirá con un Acta de Acuerdo y Concertación que refleje los acuerdos arribados, misma que será suscrita entre la AC y las instancias representativas de los PIO’s y CC’s susceptibles de ser afectados. El Acta de Acuerdo y Concertación recogerá principalmente los acuerdos y resultados de la Consulta. La información que se obtenga en la ejecución de la Consulta, mediante el Acta de Acuer-do y Concertación, se aplicará de conformidad a lo establecido en el Artículo 5 del presente Reglamen-to.

ARTÍCULO 19.- (RESPONSABILIDAD DEL TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL Y DE LOS CONSULTORES AMBIENTALES)

I. A denuncia de las instancias de representación de los PIO’s y CC’s, la AAC podrá iniciar procesos ad-ministrativos al Titular o Representante Legal de la AOPM, cuando no cumpla con los compromisos es-tablecidos en la LA, o no cumpla con los contenidos del Acta de Acuerdo y Concertación resultante del proceso de Consulta y Participación.

II. En estricta aplicación del Artículo19 del Reglamen-to del Registro Nacional de Consultoría Ambiental, la presentación de la información detallada sobre una AOPM y la documentación legal por parte del consultor, dentro de su formación y especialidad, deberá ser de manera responsable, idónea y veraz, siendo sujetos de sanciones administrativas por la comisión de contravenciones cometidas en el ejerci-cio de sus funciones.

ARTÍCULO 20.- (LICENCIA AMBIENTAL)

La AAC no emitirá la LA para la AOPM, si ésta no in-cluye los acuerdos establecidos en el Acta de Acuerdo y Concertación resultante del proceso de Consulta y Parti-cipación.

ARTÍCULO 21.-(RECURSOS ADMINISTRATIVOS)

I. Al margen de las causales de nulidad establecidas en la Ley Nº 3241 de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo, se considerarán los siguientes casos:

ANEXOS


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a) La información o parte de la misma presentada por la AC no correspondiere a la AOPM que se pretende desarrollar, o fuere falsa o contradicto-ria.

b) La consulta fuera realizada sin cumplir parcial o totalmente el proceso establecido en el presente Reglamento.

c) La firma del Acta de Entendimiento fuera logra-da por presión, soborno, chantaje o violencia, y no cuente con el acuerdo mutuo emergente del proceso de Consulta y Participación.

d) Se haya constatado fraudes y/o uso de influen-cias políticas partidarias en la obtención de con-tratos mineros.

e) Cuando la consulta sea realizada sin considerar parcial o totalmente el Acta de Entendimiento suscrito.

II. Se consideraran causales de anulabilidad para el proceso de Consulta y Participación las previstas en la Ley Nº 3241 de 23 de abril de 2002.

ARTÍCULO 22.- (CONCLUSIÓN DEL PROCESO DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN)

I. Concluido el proceso de Consulta y Participación y firmada el Acta de Acuerdo y Concertación, la AC emitirá Resolución Administrativa dando por fina-lizado el proceso.

II. La Resolución Administrativa citada en el parágrafo precedente podrá ser objeto de recursos adminis-trativos en el marco de la Ley Nº 2341, de 23 de abril de 2002, y su Decreto Reglamentario.

DISPOSICIÓN FINAL

ARTÍCULO PRIMERO.- (APLICACIÓN)

En conformidad con los Arts. 12 y 18 del presente Reglamento, el proceso de Consulta y Participación sobre las AOPM’s se aplicará de manera inmediata a la aproba-ción del presente Reglamento por parte de la AC, dando cumplimiento a los derechos reconocidos para los PIO’s y CC’s en la legislación vigente.

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Consulta y EEIA en la experiencia del Río Madera

Pablo Villegas - CEDIB


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Industrias Extractivas

Conflictos Socio Ambientales

Derechos Humanos Colectivos

Propuestas de Desarrollo Normativo

Articulación Orgánica

Lineamientos y Estrategias de ImplementaciónConsulta y Participación

Monitoreo Socio ambiental

Indemnización / Compensación

Transparencia y Control Social

Estándares Ambientales

Centro de Documentación e Información Bolivia

Profundización del modelode gestión de los RecursosNaturales en Bolivia

profundización del modelo de gestión de los recursos

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