potestad de fiscalizacion de la administraciÓn pÚblica”
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FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS ECONOMICAS
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
“POTESTAD DE FISCALIZACION DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”
PARA OPTAR TÍTULO PROFESIONAL DE:
ABOGADO
PRESENTADO POR:
BACHILLER
JULIO GIOVANNI YARLEQUE MENDEZ
ASESOR:
DR. JOSÉ JORGE CAMPOS MARTÍNEZ
ICA – PERU
2018
2
DEDICATORIA
Dedico el esfuerzo realizado en primer lugar a Dios,
por siempre darme fuerza espiritual y la
perseverancia y asimismo también agradezco a mi
familia que en todo momento estuvo a mi lado,
siempre alentándome.
3
RESUMEN
La sociedad peruana, a través de sus autoridades, a pesar de los esfuerzos
realizados por crear conciencia del cumplimiento de las obligaciones que todo
ciudadano debe realizar y cumplir, con las disposiciones de carácter
administrativo, tributarios y laborales, debidamente establecidas en las normas
que regulan dichas actividades y que en la mayoría de los casos existe
incumplimiento de las obligaciones establecidas.
En tal sentido, con el fin de determinar las consecuencias que generan dicho
incumplimiento, se ha establecido , como una de las formas de su
cumplimiento, es darle a la Administración Pública la potestad para que al
menor indicio de incumplimiento a las disposiciones normativas establecidas,
pueda iniciar acciones de supervisión, y de encontrar indicios razonables
debidamente sustentadas de incumplimiento de las normas, aperturar la etapa
de fiscalización, en contra de las actuaciones de las personas naturales y
jurídicas.
Dicho proceso se realiza dentro del respeto de las principios generales
administrativos establecidos en el ordenami9ento jurídico, que permitan una
adecuada fiscalización, es decir tener en cuenta el correcto ejercicio de las
funciones de control y fiscalización a cargo de la Administración Pública.
La actividad fiscalizadora de la Administración, es la potestad administrativa
que permitirá garantizar la correcta adecuación de las actividades sujetas a
control, establecidas en el ordenamiento jurídico, que además permitirá
establecer si las personas naturales y jurídicas se encuentran cumpliendo y
4
respetando las normas establecidas de carácter administrativo, tributario y
laboral, demostrar que han tramitado y cuentan con títulos habilitantes
vigentes y a partir de ella si cumple con las obligaciones establecidas en las
respectivas normas.
En tal sentido, es necesario tener en cuenta las atribuciones con que cuenta la
Administración Pública, para el ejercicio de la potestad de supervisión y
fiscalización, debiendo existir una regulación básica o general, estarán
delimitadas por las normas sectoriales donde se realicen tales funciones, en
donde se fijaran las atribuciones necesarias para el cumplimiento de la
finalidad de cada administración.
De manera general existen básicamente tres atribuciones que normalmente se
realizan durante el proceso de fiscalización, la primera se da cuando al
momento de ingresar a los domicilios y locales intervenidos con el fin de
determinar que cuenta con la habilitación para que pueda funcionar, la segunda
de las facultades es el requerimiento de información, en relación al desarrollo
de las actividades sujetas a fiscalización, que permitan comprobar su
adecuación a la legalidad aplicable, asimismo , la tercera de la atribuciones se
refiere a la adopción de las llamadas medidas correctivas, dirigidas a redefinir
la actividad de los administrados hacia el cumplimiento de los patrones de
conducta legalmente establecidos, vale decir restablecer la vigencia del
ordenamiento que ha sido vulnerado.
Es necesario tener en cuenta la importancia de la intervención de la
Administración Pública en el procedimiento administrativo de fiscalizar la
5
actuación de las personas naturales y/o jurídicas que intervienen en la
actividad económica,
6
INDICE
DEDICATORIA ................................................................................................... 2
RESUMEN ......................................................................................................... 3
INDICE ............................................................................................................... 6
I. INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 8
II. PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN .............................................. 11
2.1 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES FUNCIONES DE LA
FUNCION FISCALIZADORA DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA Y MARCO
LEGAL……………… ........................................................................................ 11
2.2 FORMULACION DEL
PROBLEMA…………………………………………………11
2.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ......................................... 14
2.4 VARIABLES ............................................................................................... 16
2.5 LIMITACIONES ................................................................................... 16
3 OBJETIVOS ............................................................................................... 18
3.1 OBJETIVOS ........................................................................................ 18
4 MARCO TEÓRICO .................................................................................... 20
4.1 ANTECEDENTES ............................................................................... 20
4.1.1 CONCEPTO DE LA POTESTAD SANCIONADORA DEL
ESTADOPERUANO………………………………………..…………….16
4.2MARCOTEORICO………………………………………………………………16
4.3 ATRIBUCIONES DE LA POTESTAD
FISCALIZADORA………………………….17
7
4.3.1 INGRESO A DOMICILIO9S NO LOCALES
FISCALIZADOS…………………………………………………………………..…18
4.3.2 EL REQUERIMIENTO DE
INFORMACION…………………………………………………………..…………19
V. METODOS O PROCEDIMIENTO ....................................................... 29
5.1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACION .................................................. 29
5.2 DISEÑO DE INVESTIGACION ........................................................... 29
5.3 POBLACIÓN Y MUESTRA ................................................................. 30
5.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ..... 30
5.5 TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS ............ 31
VI. RESULTADOS ............................ ……32¡Error! Marcador no definido.
VII. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES ...................................... 41
7.2 CONCLUSIONES................................................................................ 43
BIBLIOGRAFIA ................................................................................................ 45
ANEXOS .......................................................................................................... 47
ENCUESTA ...................................................................................................... 47
8
I. INTRODUCCIÓN
En el devenir histórico, al Estado de Derecho, se le han ido invistiendo de
normas jurídicas que le otorgaron potestades –poderes, y asimismo a través
de la facultad de sancionar o castigar que ostenta el estado – el IUS
PUNIENDI- que constituye el ejercido por aquellos órganos a los cuales,
por ley expresa son atribuidos y limitado por el Derecho, en todas sus
expresiones jurídicas.
Podemos definir de alguna manera que la potestad sancionadora con que
es investida la Administración Pública es aquella facultad de imponer
sanciones a través de un debido procedimiento, y que de comprobar
conductas ilícitas, que se traducen en infracciones, se le aplicara sanción
administrativa.
En tal sentido, es necesario señalar que la potestad, nace del poder político
y que entra en el mundo de lo jurídico y se normaliza y se contextualiza a
través de la Constitución.
La potestad de supervisar en un primer momento y de existir indicios, la
etapa de fiscalización.
Son etapas de control por parte de las entidades de la Administración
Pública, son las acciones que, históricamente y en la mayoría de los casos
no estamos acostumbrados los peruanos, sin embargo son acciones
necesarias e importantes por parte de la Administración, en representación
9
del Estado Peruano, y que las denominamos como acciones de
fiscalización, inspección, supervisión.
El crecimiento y desarrollo económico, social y cultural de un país requiere
de un país, donde la formalidad y el cumplimiento de las normas son un
factor trascendental, que demostraría y aseguraría el bienestar económico y
social.
Por tanto, es importante porque a través de estas acciones se evitan y
controlan excesos por parte de las empresas, tales como evasión tributaria,
el contrabando, que en buena cuenta va en desmedro e incidencia en los
ingresos del Estado.
Asimismo estas acciones de control permiten establecer la legalidad, que
avala la formalidad que del funcionamiento de las empresas, ya sea
personal o jurídicas, verificar que cuentan con los permisos o licencias
habilitantes para funcionar legalmente.
Es necesario precisar, que durante en todo proceso del cumplimiento de la
función o potestad administrativa de fiscalización, se realiza y se aplica
sometida a las leyes, decretos legislativos, normas reguladoras que de
alguna garantizan el debido procedimiento, que se da envestido del
principio de legalidad y el derecho a la defensa, que limitan el accionar de
la Administración Pública en su labor de supervisión y fiscalización, con el
fin de que no puedan cometer excesos, durante las etapas de investigación
permitiendo que el administrado cuenta con todas las garantías que permita
que sus derechos serán respetados y evitar que las entidades de la
10
Administración Publica cometan excesos que perjudiquen a los
administrados fiscalizados.
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I. PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN
2.1 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES FUNCIONES DE LA
FUNCION FISCALIZADORA DE LA ADMINISTRACION
PÚBLICA Y MARCO LEGAL
La Administración Publica, por ley expresa, tiene atribución de potestad
sancionadora, que es la facultad de imponer sanciones a través de un
procedimiento administrativo.
En tal sentido es necesario señalar cuales, básicamente, son esas
facultades que le son inherentes a la función de fiscalización, son el
ingreso a domicilios o locales, el de poder requerir documentación y al
final del proceso la adopción de medidas cautelares.
Es necesario señalar que todas las acciones o facultades que ejerce la
Administración Pública, deben realizarse respetando los derechos y losa
principios que protegen a las empresas naturales y jurídicas
intervenidas y que básicamente están consideradas en la Ley General
de Procedimientos Administrativos, (LPAG) Ley 27444, que
recientemente ha sido modificado por el Poder Ejecutivo, en merito a las
facultades Legislativas otorgadas por el Congreso.
La modificación realizada a la LPAG se aprobó mediante el Decreto
Legislativo Nª 1272, entrando en vigencia el 21 de marzo del 2017 y tal
como lo dispone la sexta disposición complementaria transitoria dispone,
que las entidades tendrán un plazo de sesenta días (60 días) contado
desde la vigencia del presente Decreto Legislativo, para adecuar sus
12
procedimientos especiales según lo previsto en el numeral 2 del artículo
II del Título Preliminar del presente Texto Único Ordenado de la Ley
27444.
Es necesario señalar que cuando la norma se refiere a “las entidades”,
se refiere al alcance al artículo I del Capítulo I, que señala que las
entidades de la Administración Pública son:
1. El Poder Ejecutivo, Incluyendo Ministerios y
Organismos Públicos.
2. El Poder Legislativo
3. El Poder Judicial
4. Los Gobiernos Regionales
5. Los Gobiernos Locales
6. Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las
leyes confieren autonomía.
7. Las demás entidades, organismos proyectos especiales y
programas estatales, cuyas actividades se realizan en virtud de
potestades administrativas y, por tanto se consideran sujetas a las
normas comunes de derecho público, salvo mandato expreso de
ley que las refiera a otro régimen; y
8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan
servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud de
concesión, delegación o autorizaciò0n del Estado, conforme a la
normativa de la materia.
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Es necesario señalar que cuando la administración Publica, al ejercer la
potestad fiscalizadora, debe hacerlo respetando los principios del
procedimiento Administrativo, señalados en el artículo IV de la LPAG, de
no hacerlo estaría vulnerando los derechos de los fiscalizados.
Entre los principales principios administrativos que garanticen
procedimiento administrativo fiscalizador son:
a. Principio de legalidad
b. Principio del debido procedimiento
c. Principio de impulso de oficio.
d. Principio de razonabilidad
e. Principio de presunción de veracidad
Es necesario mencionar que en la modificación de la LPAG, a diferencia
de los alcances de la anterior ley, se ha incluido un aspecto que antes no
existía, se ha considerado, en el Capítulo II, la Actividad Administrativa
Fiscalizadora y en el capítulo III relacionado al Procedimiento
Sancionador
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿En el Perú, la Administración Pública en su potestad fiscalizadora, en
calidad de administrador respeta los derechos de defensa que de los
administrados fiscalizados?
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2.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Teniendo en cuenta que, cuanto a la función supervisora, fiscalizadora
es sin lugar a duda una de las importantes funciones de la Administración
Publica, sin embargo, así mismo también es uno de los problemas más
importantes que por su corta aplicación no ha tenido el tiempo suficiente
para su difusión, para establecer análisis adecuado de los mecanismos y
adecuados procedimientos administrativos que permitan una adecuada
proceso que por un lado permita una aplicación de la labor fiscalizadora y
por el otro lado en dicho proceso se respete el derecho de defensa,
respaldado por los principios administrativos que se encuentran
claramente señalados en la LPAG, es decir permita ir formulando y
proponiendo mejoras en el régimen normativo.
La potestad sancionadora que le ha sido conferida a la Administración
Pública, a través del procedimiento administrativo establecido, tiene
como finalidad determinar si las empresas personales o jurídicas,
cumplen con los requisitos o cumplir con sus obligaciones. Por las
experiencias obtenidas, no existe una adecuada actuación, en donde se
ha demostrado que con frecuencia se ha trasgredido principios
elementales constitucionales, asimismo no existe una regulación general
de las infracciones y sanciones administrativas,
En ese contexto es necesario señalar que la potestad fiscalizadora de la
Administración Publica, se encuentra sometida a una diversidad de
normas legales que requieren de un ordenamiento normativo, qaue
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permita establecer principios comunes extensivos a los diferentes
campos de la actividad administrativa, que permita que la potestad
sancionadora de la administración permita otorgar garantía al
administrado, tales como los principios de legalidad, tipicidad,
irretroactividad de normas desfavorables, derecho a la defensa,
presunción de inocencia, non bis in ídem, entre otros.
Es necesario señalar que en el Perú no existe una norma que pueda
regular con carácter de aplicable a todas las entidades de la
Administración Pública, en cuanto a establecer las disposiciones para la
imposición de sanciones administrativas, tal ausencia está siendo
suplida con la modificación de la LPGA, pero que es insuficiente, es por
tanto una tarea pendiente de las miembros del Congreso.
16
2.4 VARIABLES
VARIABLE DEPENDIENTE VARIABLE INDEPENDIENTE
DEBIDO PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR POTESTAD SANCIONADORA
2.5 LIMITACIONES
Normas que establecen potestad sancionadora: Se ha
comprobado que la mayoría de los peruanos desconocen las
normas que regulan el proceso sancionador por parte de las
entidades de la Administración Pública, y por tanto mucho
menos conocen sus derechos, por lo que de alguna manera
desconoce qué acciones tomar durante las etapas de
supervisión y fiscalización.
Manifestación del ius puniendi del Estado: Es la facultad
del Estado, que a través de la Administración Publica tiene la
potestad de sancionar a las personas, sean naturales o
jurídicas, que se ha demostrado no siempre la realiza teniendo
en cuenta el debido procedimiento.
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Potestad discrecional o potestad arbitraria: Es una de las
formas negativos que asume la Administración Publica, como
queriendo decir que a el Estado se le respeta. Es una forma
equivocada de demostrar el empoderamiento del Estado,
puesto que puede inducir a cometer excesos que atentan
contra los derechos fundamental del derecho a la defensa de
los administrados.
Razonabilidad de las sanciones impuestas: Como
consecuencia de la potestad arbitraria de la Administración
Publica puede dar como resultado sanciones o multas
irracionales y desproporcionados, que afectan a los
administrados, hasta llegar a atentar con la estabilidad
económica y financiera de las empresas fiscalizadas.
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3 OBJETIVOS
3.1 OBJETIVOS
3.1.1 OBJETIVO GENERAL
Conocer en qué medida la Administración Pública en su potestad
fiscalizadora y como administrador, es capaz de respetar, el debido
procedimiento y el derechos de defensa de los administrados durante
el proceso de supervisión y fiscalización.
3.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Describir los derechos de defensa, derecho de presunción de
inocencia, derecho al respeto de sus domicilios, de los principios
de legalidad, del debido procedimiento, que protegen a los
administrados contra el abuso de la potestad sancionadora que
pueda asumir la Administración Publica.
Describir la facultad sancionadora de la Administración Pública,
teniendo en cuenta que es una innovación incorporada en el
nuevo TUO de la Ley 27444, y que hubo plazo para que se
adecue a las normas de todas las entidades de la Administración
Publica, es decir en la mayoría de los casos las misma
Administración Pública, a través de sus funcionarios todavía no
están involucrados en poder interpretar y aplicar estas cambios
en los procedimientos administrados y esa incertidumbre puede
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ocasionar que se puedan tomar decisiones que puedan perjudicar
a los administrados, más aun teniendo en cuenta que puede
generar multas como sanción como producto del procedimiento
administrativo sancionador.
Aplicar un cuestionario para conocer cuál es el efectivo
conocimiento de los derechos de los administrados fiscalizados,
que a partir del proceso de aplicación, la recolección
interpretación de los resultados de la aplicación del instrumento
utilizado como es un cuestionario de preguntas que buscan
recoger de los directamente implicados la percepción de la
aplicación de la aplicación de la Potestad Sancionadora de la
Administración Publica.
20
4 . MARCO TEÓRICO
4.1 ANTECEDENTES
4.1.1 CONCEPTO DE LA POTESTAD SANCIONADORA
DEL ESTADO PERUANO
El Estado Peruano, está constituido por elementos que la configuran
como tal y donde convergen la poblaciò0n, el territorio y el poder, dichas
configuraciones históricas y políticas han ido variando a través del
tiempo.
El Estado Peruano ejerce funciones legislativas, jurisdiccionales,
gubernativas y administrativas.
Una de las funciones que el Estado ha realizado esfuerzos por
implementar adecuadamente es la potestad de fiscalización, con el fin de
verificar el cumplimiento de las obligaciones de los administrados, tanto
en el orden tributario, administrativo hy laboral.
Por tanto el concepto de potestad sancionadora aceptada es aquella
facultad que le es concedida a la Administración Pública de imponer
sanciones a través de un procedimiento administrativo, establecido en la
Ley de Procedimientos Administración General – LPAG, respetando el
derecho de la defensa.
Es necesario señalar que el concepto de potestad, está circunscrito al
ámbito político, que forma parte de la soberanía del Estado, y que es
transferido del ámbito político al ámbito jurisdiccional al definir y
21
establecer que dicha potestad en este caso sancionadora será delegado
a la Administración Pública, como depositario de dicha soberanía.
Se entiende como sanción administrativa a la falta, a la conducta ilícita,
infringida por un administrado a lo cual la administración establecerá la
tipicidad y la gravedad de la sanción.
Teniendo en cuenta, que históricamente, esta potestad administradora,
es una innovación, en relación a anteriores legislaciones, en donde esta
facultad se daba a nivel judicial y en muchos de los casos en perjuicio de
los administrados.
En el actual TUO de la LPAG, que fue aprobado por el Ejecutivo en
virtud a las facultades otorgadas por parte del Congreso, introdujo como
una novedad la Potestad Sancionadora de la Administración Publica, y
las etapas que debía cumplir hasta determinar o dejar sin efecto, luego
de un proceso administrativo, la sanción o multa o su archivamiento de
ser el caso.
Como vemos, dado su reciente implementación, las entidades de la
Administración Pública, no se encuentran debidamente implementadas o
preparadas para la aplicación de dicho proceso sancionador , hecho que
puede afectar a los administrados.
22
4.2 MARCO TEORICO
La Potestad Sancionadora atribuida a la Administración Pública es una
función cuya finalidad es la de, a través de las acciones supervisar,
fiscalizar a las empresas y el debido procedimiento administrativo, se
verificara si han cumplido con las obligaciones establecidas en el
ordenamiento normativo de carácter tributario, laboral y administrativo.
Esta labor se realiza teniendo en cuenta la protección del interés general
que busca protegerlos derechos fundamentales de la sociedad.
Básicamente la potestad administrativa es un poder abstracto y genérico
que se ha entregado a la Administración Pública y que a partir de dicha
situación está facultado a modificar, aprobar o extinguir normas que
permitan que dicha función se realice en irrestricto respeto del derecho
de defensa de los administrados.
La Inspección, como se señaló anteriormente, es una potestad
administrativa y que debe ser cumplido, dentro los límites que las
normas del debido procedimiento lo permitan, respetando los derechos
del administrado
Asimismo es necesario tener en cuenta que para que la Administración
pueda realizar su potestad fiscalizadora, dentro de un proceso
administrativo, tiene la capacidad de realizar inspección, las
supervisiones necesarias, como atribuciò0nj unilateral, en tal sentido los
administrados están en la obligación de responder a las informaciones o
documentos requeridos por el ente fiscalizador, y en caso se resista a
23
dar repuesta dentro del plazo establecido es plausible de ser
sancionado por dicho incumplimiento.
Una de las facultades que le otorga la potestad sancionadora a la
Administración Pública, es el grado de autonomía que se le otorga para
llevar a la práctica las funciones de fiscalización, tales como la
inspección, pero que debido a limitaciones presupuestales, que limitan
su accionar que permita que la labor se realice a una escala que permita
cada vez fiscalizar más empresas, y verificar si cumplen con la ley.
Más aun teniendo en cuenta que constitucionalmente, la economía
peruana se encuentra en un régimen de economía social de mercado,
por lo que los niveles de intervención fiscalizadora respecto de las
actividades económicas, son muchas menores que se hubiesen dado, si
fuese un sistema económica en donde exista un mayor grado de
intervención estatal.
El régimen de economía social de mercado, ha generado la
desregulación de algunas actividades económicas, políticas de
simplificación administrativa y asimismo la eliminación de barreas
burocráticas, procedimientos administrativos de aprobación automática,
que luego de su aprobación están sujetos a al control posterior, de
fiscalización, situación que hace más complicado realizar labores de
control y fiscalización, y se usa como procedimiento el de establecer
muestras representativas, situación que genera la imposibilidad material
24
y presupuestal para llevar a cabo el control de todas las acciones de
fiscalización.
Situación que demuestra que es necesario adoptar acciones o medidas
para que se asegure que las aprobaciones administrativas otorgadas a
los administrados cuenten con la con criterios generales y objetivos que
ofrezcan la debida garantía y ayude a disminuir las fiscalizaciones
posteriores.
4.3 ATRIBUCIONES DE LA POPTESTAD FISCALIZADORA
Hemos tratado de exponer los alcances de la potestad fiscalizadora
atribuida por ley a la Administración Pública, así mismo como sus
limitaciones, en este punto se exp0ondra las principales atribuciones que
las leyes otorgan a las diferentes entidades de la Administración Pública
para que le permita ejercer su función fiscalizadora.
Es necesario tener en cuenta que por ser u na actividad que se esta
implementando con mayor intensidad, no existe todavía una adecuada
regulación básica o general en relación a la potestad fiscalizadora,
teniendo en cuenta que cada entidad, de acuerdo a su criterio adoptara
los criterios sectoriales en donde intentaran contextualizar las funciones
que se le son atribuidas que crean necesarias para el adecuado
cumplimiento de las funciones de cada administración.
Básicamente atribuyen tres principales atribuciones que siempre están
presentes en el la labor de fiscalización y de supervisión administrativa:
25
1. Atribución por norma expresa Ingreso de poder ingresar a los
domicilios o locales a fiscalizar y de negarse pueden ser
sancionados.
2. Atribución la entidad fiscalizadora de requerir la documentación
que crea y estime necesaria para verificar que cumple con las
normas del caso.
3. Atribución de imponer medidas correctivas que estime pertinente.
Más adelante haremos se detallara como se desarrollan estas
atribuciones cuyo único fin es verificar si las empresas cumplen con las
normas en cuanto a los requisitos establecidos a su funcionamiento y al
cumplimiento de obligaciones de carácter tributario, laboral y otras
exigidas por ley expresa.
4.3.1. INGRESO A DOMICILIOS O LOCALES FISCALIZADOS
Si bien es cierto que para ingresar a un domicilio se requiere de la orden
judicial para se pueda ingresar, en el caso de las entidades públicas que
por Ley expresa, cuentan con la facultad fiscalizadora, están autorizados
por efecto de la misma ley, a ingresar solamente con la respectiva
autorización de la entidad pública para poder ejercer actividad
fiscalizadora, en tal sentido están facultados más allá de presentar la
orden judicial que autorice el ingreso al domicilio, más aun sabiendo el
propietario que el resistirse pueda agravar su situación en el proceso de
26
fiscalización. Por experiencia dichas situaciones se dan cuando las
autoridades tributarias realizan acciones de fiscalización en cuanto al
cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los
contribuyentes o cuando el el las autoridades laborales ingresan a
domicilios y locales con el fin de realizar acción fiscalizadora, los
propietarios saben que no pueden resistirse más bien brindar las
facilidades del caso, tendrán menos complicaciones y que por el contario
el no consentirlo puede generar sanciones que agravarían la situación
del fiscalizado, la negativa del ingreso al domicilio o local podría
tomarse como aceptar estar en falta y por tanto susceptible de un a
investigación con mayor profundidad y acuosidad por parte de la entidad
fiscalizadora.
4.3.2 EL REQUERIMIENTO DE INFORMACION
Una vez que la entidad fiscalizadora de la Administración Pública, ha
obtenido el consentimiento por parte del administrado fiscalizada de
manera voluntaria, el siguiente paso al que está facultado, el ente
fiscalizador es el requerimiento de información relativa al desarrollo de
la acción fiscalizadora, con el único propósito de verificar y comprobar
que cumple con la adecuación a la legalidad, es decir que la empresa
cuenta con la información que las normas legales le exigen para que
pueda funcionar legalmente y así mismo si cree conveniente, si al
momento que se realiza la inspección, pueden solicitar información
27
adicional o complementaria y asimismo si la acción fiscalizadora, estima
conveniente puede disponer de manera unilateral y debidamente
facultado, la inmovilización y la incautación de documentación
relacionada a la fiscalización, para lo cual debe hacerlo teniendo en
cuenta la protección constitucional y asimismo protegido de ser
información confidencial, que se otorga a la documentación solicitada o
incautada por el ente fiscalizador.
Como podemos verificar, el requerimiento documentario es una de las
atribuciones básicas con que cuenta las entidades de la Administración
Pública, y tiene eficacia durante el proceso de fiscalización siempre y
cuando la información solicitada ayude a esclarecer y demostrar que el
accionar del ente fiscalizador se ajusta a la legalidad, es decir que dicho
requerimiento le permita comprobar y verificar el adecuado
cumplimiento de los deberes por parte del administrado, y se debe tener
que los requerimientos se ajusta a la necesidad de asegurar la
justificación de la labor fiscalizadora, de lo contrario estaríamos ante un
acto arbitrario.
Por tanto es necesario, que al no existir normativas cumplimiento de
obligaciones de carácter tributario, laboral y otras exigidas por ley
expresa que regulen el pedido de la documentación necesaria, se hace
imprescindible que como contrapeso a las normas arbitrarias que se
puedan generar por este vacío normativo, es necesario que el Estado fije
la necesidad de respetar limites necesaria para la reserva de los
28
documentos privados y que se requiera documentación expresamente
necesaria durante proceso de fiscalización, porque al momento de
requerir información no se precisa con claridad el tipo de documentación
sin el sustento necesario.
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5.- METODOS O PROCEDIMIENTO
5.1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACION
El diseño de investigación que se utilizara en el presente trabajo de
investigación es de carácter descriptivo – explicativo, debido a que la
información tabulada, procesada e interpretada se sustenta en la
presentación, descripción y correspondiente análisis de los datos e
información procesada que permitirá explicar el resultado de la
investigación y a partir de dicha información interpretar y encontrar
explicación al problema en cuestión.
5.2 . DISEÑO DE INVESTIGACION
El diseño de investigación a utilizar en el presente trabajo de investigación
es el Inductivo – deductivo, debido a que mediante la observación de los
hechos y situación particulares, que se complementan con las
experiencias del investigador, entrevistas y encuestas aplicadas que más
adelante se van a detallar de forma descriptiva y gráfica, permitirá justificar
resultados de la información procesada
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5.3 POBLACIÓN Y MUESTRA
Para la selección de la muestra se utilizó la formula estadística:
Z = nivel de confianza
p = probabilidad de éxito, o proporción esperada
q = probabilidad de fracaso
E = precisión (error máximo admisible en términos de proporción)
La muestra aleatoria simple, que se obtuvo en la formula estadística en los
ciudadanos mayores de edad del distrito de Chincha Alta, que aplicada la
prueba dio una muestra significativa de 384, constituyendo el 100%,.
5.4 .-TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
La técnica que se aplicó a criterio del investigador ha sido el método de
investigación denominada encuesta, que ha sido elaborada, en función al
a la información que será recopilada en función a buscar información que
ha sido diseñada en las preguntas que constituyen la presente encuesta
problema, acompañado de entrevista personal y la observación directa.
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5.5 TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
La técnica para la recolección de la información se utilizó la encuesta
constituida por 8 ítems de alternativas dicotómicas y para la interpretación
de los datos fue los cuadros estadísticos, representados en cuadros
gráficos, para la muestra y explicación de las respuestas en la encuesta
formulada a los 300 ciudadanos mayores de edad.
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VI. RESULTADOS
TABLA Y GRAFICO 1
En base a la interpretación de los resultados obtenidos por géneros son
35% de varones y un 65% de mujeres en resultado del 100%.
MUESTRA HOMBRES MUJERES
TOTAL 105 195
100% 35% 65%
Al recopilar la información en relación con el género, se encontró en la
encuesta que 105 ciudadanos hombres y 195 son ciudadanas mujeres,
haciendo un total de 100% de la población estudiada.
35%
65%
SEXO
HOMBRES
MUJERES
33
GRAFICO 2
¿Cree usted que en una acción fiscalizadora se realizó respetando el
debido procedimiento?
Al revisar el resultado de la encuesta con respecto a la pregunta uno, se encuentra
que en un 52% , respondieron que, en su opinión afirman que ellos perciben que
en la acción fiscalizadora por parte del estado no respeta el principio del debido
procedimiento, mientras que el 48% considera que si los respeta.
52%
48%
PREGUNTA 1
SI
NO
34
GRAFICO 3
¿Cuál es su percepción, acerca del accionar de la Sunat, como ente
fiscalizador, estima realiza su labor ajustado a la legalidad?
En base a la segunda pregunta, en relación a la actuación de la SUNAT, un
significativo 68% de los encuestados, perciben que son maltratados por las
dependencias de la SUNAT, mientras que el 32% percibe que cuando han
sido fiscalizados estiman que de alguna manera perciben que no son
maltratados..
68%
32%
PREGUNTA 2
SI
NO
35
GRAFICO 4
¿Fue usted debidamente atendido durante la etapa de fiscalización, por la
entidad de la Administración Pública?
El ciudadano peruano, a través de los resultados de la encuesta aplicada, señala
que en un significativo 91% de los encuestados señala que no fue debidamente
atendido por la Administración Publica, a pesar de sus reclamos no fue
escuchado, mientras que un 8% manifiesta que ha sido debidamente atendido
por las Administración Publica durante proceso de fiscalización.
91%
9%
0%
PREGUNTA 3
SI NO
36
GRAFICO 5
¿Percibe que ha sido debidamente asesorado por un abogado(a) para realizar su
defensa ante la actitud asumida por el ente fiscalizador?
Al revisarse los resultados de la encuesta aplicada, con relación a que ha
sido debidamente asesorado en proceso de fiscalización, respondieron que
un 70% que percibe que no ha sido debidamente asesorado, mientras que
un 30% considera que ha sido debidamente asesorado.
70%
30%
0%
PREGUNTA 4
SI
NO
37
GRAFICO 6
¿Usted percibe que los servidores y funcionarios públicos, que llevaron a
cabo proceso de fiscalización, se encuentran debidamente preparados
para ejercer función administrativa?
Los ciudadanos después de procesar los resultados de la encuesta
perciben que el 90% de los funcionarios y servidores públicos no se
encuentran preparados para ejercer su función y solamente un 10% se
encontraría preparada.
10%
90%
PREGUNTA 5
SI
NO
38
GRAFICO 7
¿Cree Ud. que dichos funcionarios y servidores públicos actuaron
respetando sus derechos como administrados?
El ciudadano percibe, según el resultado de la encuesta, que en un 80%
los funcionarios y servidores públicos no han sido debidamente contratados
y que han ingresado por favores políticos y solo un 20% percibe que han
ingresado debidamente mediante concurso público.
80%
20%
PREGUNTA 6
SI
NO
39
GRAFICO 8
¿Usted percibe que la ineficiencia y el abuso de autoridad por parte de
funcionarios y servidores del estado se dieron durante proceso de
fiscalización?
Como resultado de la encuesta aplicada, da como resultado en trelacion a
la pregunta encuestada, que un significativo 86% considera que la
ineficiencia y el abuso por parte de los funcionarios y servidores del estado
se da a nivel nacional, mientras que el 14% percibe que no ha existido
ineficiencia ni abuso de poder por parte de la entidad fiscalizadora
86%
14%
0%
PREGUNTA 7
SI
NO
40
GRAFICO 9
¿Usted o algún familiar se ha visto perjudicado por la ineficiencia del
funcionario público, durante proceso sancionador, a nivel administrativo?
En esta pregunta de la encuesta, da como resultado que un significativo
98% de los ciudadanos encuestados señalan que de manera personal y
familiares se han visto perjudicados por la ineficiencia del funcionario
público, a nivel administrativo y solo un 2% de los encuestados no han
percibido por la ineficiencia del funcionario público..
98%
0% 2%
PREGUNTA 8
SI
NO
DESCONOCE
41
VI. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
6.1 RECOMENDACIONES
Realizando análisis del resultado de la encuesta realizada para conocer la
percepción de los ciudadanos y ciudadanos encuestados podemos deducir
que, en la gran mayoría, en algún momento han percibido que los
funcionarios de la Administración Pública, a través de sus diferentes
dependencias, son ineficientes, y que dicha ineficiencia se ha traducido en
un abuso de autoridad, primero al no atender adecuadamente a los
administrados, quizás protegidos por el poder que ostentan y que les ha
sido otorgado por el estado peruano.
En tal sentido, como resultado de las encuestas, es necesario realizar
acciones y hacer de conocimiento de las entidades que pertenecen a la
Administración Pública, de la percepción de la población, que demuestra
que su actuación no responde o respeta a los administrados, que es
necesario tomar acciones para que mejore el actuar de los funcionarios y
servidores públicos, en beneficio de la población.
En un Estado democrático de Derecho, el poder nunca es absoluto sino
más bien limitado. En ese sentido, cuando los funcionarios públicos se
exceden en sus funciones o atribuciones, corresponde una reacción de
parte del ordenamiento, se convierte en un abuso de autoridad.
El poder Legislativo, es conformado por congresistas que mediante voto
popular son elegidos por cada región del país, por tanto en la Región Ica
42
existen cuatro (04) congresistas, que dentro de su función congresal esta la
de fiscalizar la actuación de los funcionarios públicos y que pueden ayudar
a mejorar el procedimiento que regula el proceso de fiscalización para que,
mediante la función fiscalizadora del cual esta envestido proceda a verificar
la ineficiencia del poder ejecutivo y que genera abuso de autoridad, de no
hacerlo estaremos desprotegidos antes los diferentes funcionarios públicos,
que saben que están empoderados estaremos a merced de ellos, y que
como consecuencia pueda generarse la corrupción, que es otro mal que
afecta a nuestra sociedad en todos sus niveles.
Se puede apreciar a la luz de los resultados de la encuesta realizada, que la
Administración Publica debe realizar grandes esfuerzos con el fin de
mejorar el proceso de supervisión y fiscalización, que permita cumplir su
función de fiscalizar de manera eficiente y transparente, en donde sepa
limitar su empoderamiento, que tiene que respetar los principios del debido
procedimiento, que respeten el derecho de presunción de inocencia,
derecho a la defensa, principio de legalidad, que al momento de realizar su
labor respete derecho a la inviolabilidad del domicilio de los administrados,
que deben actuar ajustados a ley.
43
6.2 CONCLUSIONES
Las referencias efectuadas, están lejos de contemplar todos los aspectos
que interesan al Estado de Derecho, nuestro propósito ha sido mencionar
algunas líneas e instar otras reflexiones sobre algunas de las
manifestaciones más significativas. Con este alcance y en este sentido,
señalamos la convicción de que el concepto sólo resulta compatible en
cuanto adhiera al sistema democrático, por la división del poder público –
legislativo, ejecutivo y judicial - y sobre la base del equilibrio de poderes.
Supone la sujeción a la ley y al derecho, de modo tal que todos los que
ejercen el gobierno y están revestidos de autoridad, se sujeten y sometan a
la ley. Nadie puede estar por encima de la Constitución Nacional y las leyes
ni al margen de ellas. El Estado de Derecho exige que la elección por el
pueblo de representantes se produzca de forma legítima y por procesos
democráticos, donde la voluntad de la mayoría no signifique discriminación
o menoscabo de las minorías. Un Estado de Derecho reconoce y garantiza
derechos fundamentales, los cuales no deben ser meras enunciaciones,
sino traducirse en su reconocimiento, así como en el goce efectivo de
derechos económicos y sociales, de modo a evitar desigualdades y
situaciones que conducen a la miseria y falta de atención a las necesidades
básicas del ciudadano. De nada sirve el reconocimiento constitucional y
legal del principio fundamental de legalidad, de respeto a la ley y de que
44
todos están sujetos a ella, si los derechos y garantías previstos no se
plasman efectivamente.
45
BIBLIOGRAFIA
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Evaluación de la gobernabilidad democrática. Madrid: Universidad
Complutense, Instituto Complutense de Estudios Internacionales, [2007].
p. 68. ISBN 9788496702059.
VÁSQUEZ, Rodolfo. “El Estado de Derecho y su justificación”. En:
CARBONELL, Miguel y Rodolfo VÁSQUEZ (Compiladores). El Estado de
Derecho: Dilemas para América Latina. Lima. Palestra Editores. 2009. Pág.
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DÍAZ, Elías. “Estado de Derecho y Legitimidad Democrática”. Ídem. Págs.
75-76.
SARTORI, Giovanni.1994. Ingeniería Constitucional Comparada. Una
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AGUILÓ, Josep. “Positivismo y postpositivismo. Dos paradigmas jurídicos
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BOBBIO, Norberto. 1993. Igualdad y Libertad. Barcelona. Edit. Paidós
Ibérica.
46
HOFMANN, Hasso. 2002. Filosofía del Derecho y del Estado. Lima. Edit.
Cordillera S.A.C.
FERRAJOLI´, Luigi. 2014. La Democracia a Través de los Derechos. El
Constitucionalismo garantista como modelo teórico y como proyecto
político. Madrid. Edit. Trotta. Págs. 135-137TOURAINE, Alain. 2000.
Segunda Edición en Español. México. FCE. Especialmente Cuarta Parte, X
¿Modernización o Desarrollo
47
ANEXOS
ENCUESTA
Edad Sexo: ( ) M ( ) F
Cargo:
1. ¿Cree usted que en una acción fiscalizadora se realizó respetando
el debido procedimiento?
( ) Si
( ) No
2. ¿Cuál es su percepción, acerca del accionar de la Sunat, como ente
fiscalizador, estima realiza su labor ajustado a la legalidad?
( ) Si
( ) No
3. ¿Fue usted debidamente atendido durante la etapa de fiscalización, por
la entidad de la Administración Pública?
( ) Si
( ) No
48
4. ¿Percibe que ha sido debidamente asesorado por un abogado(a) para
realizar su defensa ante la actitud asumida por el ente fiscalizador?
( ) Si
( ) No
5. ¿Usted percibe que los servidores y funcionarios públicos, que llevaron
a cabo proceso de fiscalización, se encuentran debidamente
preparados para ejercer función administrativa?
( ) Si
( ) No
6. ¿Cree Ud. que dichos funcionarios y servidores públicos actuaron
respetando sus derechos como administrados?
( ) Si
( ) No
7. ¿Usted percibe que la ineficiencia y el abuso de autoridad por parte de
funcionarios y servidores del estado se dieron durante proceso de
fiscalización?
( ) Si
( ) No
49
8. ¿Usted o algún familiar se ha visto perjudicado por la ineficiencia del
funcionario público, durante proceso sancionador, a nivel
administrativo?
( ) Si
( ) No
Gracias por su participación…