A José Ramón Soriano, que llegó al Tri-bunal Supremo desde la presidencia de la Audiencia de Alicante hace ahora once años, se le acumula la faena.Entre Elche y Madrid discurre la vida de este magistrado que, además de para Blanco y Garzón, ha de encontrar tiempo para presidir el tribunal del que salen los nuevos jueces y para atender sus obligaciones como vocal de la Junta Electoral Central. Ideológicamente situado en un centro que con el paso de los años, matiza , se ha ido escorando a la dere-cha, destaca sus orígenes familiares de iz-quierdas ("mi abuelo materno fue alcalde en la República y al paterno no le gustaban en ex-ceso los santos", relata) y presume de llevarse bien con todo el mundo y de ser el fiel de la balanza en muchas deliberaciones de la Sala Segunda (penal) de la que forma parte. Miem-bro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), recurrió al aboga-do que acaba de salvar a Camps, el catedrático de Derecho Penal Javier Boix, para que le di-rigiera su tesis y ha enmendado la plana a la Audiencia de San Sebastián al revocar la sen-tencia que condenaba por torturas a los guar-dias civiles que detuvieron a los etarras que atentaron en la T-4. Casado con Miss España 1974, en la actualidad maestra interina afecta-da e indignada por los recortes, quiere cum-plir los 75 en el Supremo donde, asegura,

"tengo tanta li-bertad para ac-tuar que lo hago con toda la pru-dencia del mundo".

¿Cómo ve la Justicia en estos momentos?La Justicia está bastante deteriorada pero no se trata de ahora, es algo que viene de lejos porque nunca se le ha atendido como es debi-do. No da votos y tanto a nivel de personal (jueces y funcionarios) como en medios ha estado siempre dejada porque no era rentable políticamente. Los medios que tiene el Minis-terio de Hacienda no los tiene el del Justicia.¿Cómo tendría que ser la Justicia en tiempos de cri-sis?¿Qué problemas tiene que resolver con mayor urgencia?Lo que está haciendo el Gobierno con la cri-sis es acometer reformas estructurales porque esas no cuestan dinero. Como la nueva desig-nación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), o del Constitucio-nal...¿Cree usted que esas son las cuestiones que más preo-cupan a los ciudadanos?Totalmente no, pero la gente está viendo la politización del CGPJ y del Constitucional y eso daña bastante. Con el Estatut de Catalu-ña, con Bildu, con los nombramientos, se va midiendo quién es de derechas y quién de iz-quierdas, ven que estos organismos no tienen

autonomía. Y por eso los ciudadanos no con-fían en la Justicia.Luego confirma que la Justicia se mueve por crite-rios políticos.Los jueces actúan con rectitud, aunque no se puede evitar que cada uno tenga su tendencia, pero los nombramientos de los altos órganos de la Justicia están viciados desde el principio porque dependen de los políticos. Y los polí-ticos deben intervenir porque el Parlamento representa al pueblo, pero hasta un punto.¿Piensa de verdad que cambiando el sistema de nombramientos da respuesta la Justicia a los pro-blemas de la gente?Insisto en que existe un cabreo tremendo porque la Justicia está politizada y los ciuda-danos no se fían. Por ello es una baza impor-tante la confianza que el Gobierno quiere res-taurar con estos cambios. La otra sería mo-dernizarla, pero eso implica dinero y ahora no hay. El Gobierno ha comenzado por las re-formas estructurales que no suponen una in-versión y que pueden dar la imagen al exterior de que la Justicia no va a ser un apéndice de los políticos, lo que va a dar más confianza, más seguridad.¿Qué cree usted que un país con cinco mi$ones de parados espera de la Justicia en procesos como Gür-tel, Brugal, Matas, Urdangarin...?Son casos escandalosos, máxime en tiempos de crisis, y la gente espera que la Justicia sea objetiva, imparcial y rigurosa. El Rey ha dicho

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Este mes os informamos deNewspaper %om He$

El Supremo y como va España.......1Abogados de Oficio y honorarios.1

En Inglaterra..............................3El primer periódico Nacional

para presos

Edita:A100Plus

apdo Correos 155,03080 Alicante

tel. +34 654 06 76 06

´La situación en que han dejado la Comunidad es de cárcel´

¿Cuánto vale - o cobra - el abogado de oficio?

You’ re never the only one in this world ...

Los abogados de Alicante ha-cen medidas de presión albajarles los honorarios

El Colegio de Abogados de Alicante ha aprobado una se-rie de medidas de "presión" en protesta por la modificación unilateral de la Conselleria de Justicia de los baremos de re-tribución a los letrados del turno de oficio y de asistencia al detenido, que consideran que caen hasta el 62 por ciento en casos.El decano de los abogados ali-cantinos, Fernando Candela, ha explicado que las iniciativas de presión han sido aprobadas por la junta de gobierno del Colegio, y que serán aplicadas

a partir del 6 de febrero por un periodo inicial de dos me-ses, sin descartar prorrogarlas.En una rueda de prensa, Can-dela ha subrayado que "no se pretende perjudicar al justi-ciable", que tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita, y ha reiterado que buscan de-fender la "dignidad" del colec-tivo frente a la actitud "vejato-ria" del conseller de Justicia y exfiscal de Alicante, Jorge Ca-bré.Esta reacción se produce des-pués de la orden aprobada por el Consell, que impone rebaja de las compensaciones eco-nómicas a los abogados del turno de oficio que llegan al 62 por ciento en los procedimien-

tos penales de juicios rápidos, al pasar de 214 a 90 euros.Los servicios de atención al detenido bajan el 55 por ciento (de 90 a 40 euros) y los servi-cios de guardia el 33, entre otras tarifas que suponen "un menosprecio al ejercicio de la profesión", en palabras de Candela.Ha recalcado que, aún siendo importante, la rebaja media anunciada por el conseller Ca-bré del 29 por ciento es un "engaño" porque se hace una media que no ponderada de los procedimientos más habi-tuales (donde se baja la com-pensación en mayor medida) y de los menos usuales (menos).- sigue en página 4 -

Entrevista a D. José Ramón Soriano, del Tribunal Supremo, en ‘La Verdad’

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que la Justicia es igual para todos y si hay que meter en la cárcel a Urdangarin, pues se le mete.

Sí, pero no se cita a declarar a su mujer, la infanta Cristina.Pues habría que citarla. Si yo fuera el respon-sable de esa instrucción claro que lo haría. Si formaba parte de unas sociedades, algo sabe. Parece que la mayor responsabilidad es la del marido, pero él arrastró a la compañera, que no parece una persona tonta. Citarla contri-buiría a que el ciudadano creyera en la Justicia. No se la puede dejar fuera ni evitar que declare porque no tiene ningún privilegio.Como presidente del tribunal del que salen las nue-vas hornadas de jueces ¿qué cualidades tendrían que primarse en estos tiempos de recesión?Se tendría que racionalizar la oposición para que no solo se valore la memoria, sino que tengan una visión de conjunto, que conozcan el Derecho, que sepan controlar los nervios, que tengan fluidez...es decir, virtudes jurídicas, una formación adecuada en la Escuela Judicial con prácticas e inculcarles que tienen que tra-bajar como leones.¿Y el sentido común y la humanidad no cuentan?Son cualidades que se presuponen, aunque no estaría de más que se tuviera que pasar un examen para confirmarlas. Algo que no fuera vinculante pero, si se pudiera medir el sentido común para interpretar las leyes y aplicarlas con prudencia y coincidiera además con que fuera un gran trabajador ... ¡¡ostras!! casi no haría falta ni que tuviera conocimientos jurídi-cos. Eso sería perfecto.Al hilo del sentido común y de la humanidad, ¿qué piensa un magistrado del Supremo del problema, ca-da vez más dramático, de quienes se quedan sin casa y han de seguir pagando la hipoteca?Ahí la Justicia va a rastras de la legalidad y se tiene que limitar a aplicar la ley.¿No es posible interpretarla en el marco de la situa-ción económica actual?La solución pasa por cambiar la ley y aplicarla a raíz de ese momento, nunca con carácter re-troactivo. Se podría suscribir un seguro por el que, a partir de haberse abonado una parte de la hipoteca, se hiciera cargo de la deuda si el hipotecado no puede hacerlo desprendiéndose

al mismo tiempo de la vivienda.¿La dación en pago sería entonces posible?Si se regula antes, sí. Sería justo que se hiciera aunque el banco perdiera algo. Pero ahora el juez no puede hacer nada salvo que se salga de la ley, y el que lo haga es un prevaricador.¿Habría que endurecer las leyes contra delitos de cue$o blanco?El problema con este tipo de delincuentes no son las penas sino descubrirlos y probar los he-chos. Si se consigue esto y se sanciona con la le-gislación que existe, ya sería un paso importante. Lo otro es endurecer las condenas a los siete que se cogen cuando hay 700 por ahí. Han aumenta-do los medios de investigación y se pone volun-tad pero no es suficiente porque se trata de deli-tos enrevesados. La delincuencia transnacional lo complica aún más y los mecanismos para elu-dir a la Justicia también han avanzado.¿Qué piensa del castigo penal para los malos gestores públicos anunciado por Rajoy?Totalmente de acuerdo. El problema es delimi-tar cuándo se trata de una actuación política con riesgo de que resulte o no y cuándo de una ac-tuación irresponsable. El político que gaste más de lo que debe ha de empezar a responder por ello. Donde quizá la ley no pueda entrar es en el modo en que el representante público invierta su presupuesto siempre que no se superen los lími-tes de gasto. ¿Que en Valencia han hecho la

Fórmula 1 y ha dado mal resultado? ¿Y si lo hu-biera dado bueno? Por eso la cuestión es deter-minar cuál es la conducta delictiva y la base debe ser cuando conscientemente el político se pase del límite que marquen los presupuestos. Dentro de esos parámetros la ley no puede entrar en si se invierte en una cosa o en otra porque vulnera-ría la independencia de una personal elegida de-mocráticamente.Parece complicada la delimitación.No, se puede partir de que cuando haya inver-siones de absoluta primera necesidad por aco-meter (sanidad, educación...) no se invierta en otra cosa. Tiene que haber una flexibilidad, de lo contrario nadie querrá ser político en esas con-diciones.¿Es lícito acudir al Derecho Penal como solución a los males de la política?El Derecho Penal es la última llamada a la solu-ción de los problemas.Es decir, que si hemos $egado a este punto es que esta-mos mal.Estamos muy mal. Cuando llegan los procesos políticos a los tribunales es que las cosas no es-tán nada bien. Lo político se debe dirimir en el campo político. Pero la clase política ha bajado un entero. Hay mucho relativismo ético, mucho pasotismo... por eso quizá sea bueno que se re-gule penalmente esta responsabilidad, para bajar los ánimos un poco. E insisto en que la mayor dificultad está en delimitar qué es lo prohibido sin restar libertad de gestión al político, sería algo así como decirle: "Usted tiene que invertir en hospitales, garantizar que habrá medicamen-tos, que haya colegios para los niños, y luego ya puede gastar en la Ciudad de las Artes o en lo que sea".Según ese planteamiento, que se paguen 15 mi$ones por el proyecto y las maquetas de tres torres que ni $egaron a hacerse, como ocurrió con Calatrava en Valencia, ¿se-ría delito?Si hubiera estado regulado, sería condenable. Pero si lo hubiera estado, quizá no lo habrían hecho. Por eso hay que regularlo.Si este delito estuviera ya delimitado, y a la vista de la situación de la Comunidad, ¿cuál sería el castigo a sus gestores?De cárcel. Si hubiera estado delimitado, de cár-cel. Es uno de los casos más claros porque la Comunidad está en bancarrota por gastos su-perfluos, suntuarios. Que se quería lanzar la imagen de la Comunidad, bien, pero no mientras se deja de operar por la tarde por falta de dinero. Cosas así justifican la inclusión de estas actua-ciones en el Código Penal porque, respetando la libertad del político y los mecanismos de control de un Estado de Derecho, como puede ser el Tribunal de Cuentas, han convertido la libertad en libertinaje y se han pasado por arriba desa-tendiendo lo de abajo. Tal vez ha sido porque no esperaban este hundimiento, pero aunque no se hubiera hundido la economía la cosa la estaban poniendo difícil.Aunque no en relación a estos hechos, pero quien ha presidido la Comunidad durante las dos últimas legislaturas acaba de ser absuelto por un jurado popular de un delito de cohecho impro-pio imputado porque, según las acusaciones, se dejó agasajar por la trama corrupta de Francisco Correa que a su vez obtuvo pingües beneficios de la Comunidad. ¿Cree usted que un tribunal formado por magistrados le habría condenado?Es muy probable. La diferencia entre un tribunal popular y uno de técnicos es tremenda. Lo digo por experiencia. Yo he visto aquí (en el Supremo) veredictos de jurados que son barbaridades, no porque se haya condenado a un inocente sino porque, con pruebas de asesinato, se ha castiga-

do por una falta de lesiones.¿Luego es cierto que es fácil que un jurado absuelva a un culpable?Si has cometido un delito es mejor que te juzgue un jurado porque es posible que por los siete vo-tos (precisos para la culpabilidad) te salves. Si no lo has cometido, que te enjuicie un tribunal téc-nico. Esto viene a decir que los profesionales, por muy flojitos que sean, ofrecen más garantías. Lo ideal sería un jurado mixto. En Francia, Italia y Alemania lo tienen así y avisaron a España que hiciera lo mismo, pero no hicimos caso.¿Los miembros de un jurado son más influenciables?No solo eso, sino que al no saber tecnicismos pueden hacer barbaridades.¿Y en casos con mucha presión ambiental?Mucho más. A un juez no le afecta para nada porque sabe que al final hará lo que tiene que hacer.¿Debería modificarse la ley?Debería y existe el modo de hacerlo. Dejar los asuntos más pequeños para el jurado puro y los serios, para el escabinado, es decir, el mixto.¿Deben tener responsabilidad penal dirigentes de enti-dades de crédito que las han $evado a la ruina, como ha ocurrido con la CAM?Yo creo que sí, regulándolo... y sin regularlo, porque hay un delito societario que castiga estas actuaciones, que exige responsabilidad penal a quien de forma consciente ha dañado a la socie-dad o a los socios. Y lo de la CAM ha sido una barbaridad que ha provocado una pérdida de puestos trabajo y perjuicios para sus clientes, en-tre otros cosas.¿Se podría actuar penalmente contra aque$os que se han garantizado una jubilación mi$onaria?Eso es diferente porque puede estar acordado por los consejos de administración con lo sería inmoral pero no delictivo.

Letter of the week - Carta de la Semana

De un Centro penitenciario, cuando les pedí dis-tribuir esta revista a través del servicio de biblio-teca:

Igualmente necesitamos conocer los datos relativos a la revista que desean distribuir y su depósito legal*. Final-mente, comunicarles que para este tipo de colaboraciones lo usual es que se firme un convenio de colaboración donde quedan fijados los criterios de cooperación institucional, régimen ju-rídico de tal colaboración, procedi-miento a seguir,compromisos y obliga-ciones de las partes, régimen jurídico de tal Convenio, Comisión mixta de seguimiento, aclarar que no surgen obligaciones económicas para la admi-nistración penitenciaria ni nacimiento de obligaciones contractuales, laborales, funcinariales o estatutarias, etc.

Reciba un cordial saludo.

* legalmente no aplicable

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In EnglandBy Rachel Billington, from inside-time issue February 2012Rachel follows the progress of John Podmore as, he escaped from prison after 25 years service, including governor of Belmarsh, Swaleside and Brixton, he tries to explain why prisons aren’t working and what changes are needed

I first met John Podmore getting on for a decade ago when he was governor of HMP Brixton and I interviewed him for Inside Time. He was obviously a determined, clear-sighted man who had already transformed Brixton from being a disaster to a well-run positive pla-ce for both prisoners and staff. His obsession, I remember well, was working with the local community so that prisoners ending their sen-tence would find support, jobs and a place to live. A high point for him, which he quoted on BBC Breakfast TV this month, was when Brixton was under threat of closure and the south London press ran a headline ‘Save our Lo-cal Prison.’ Podmore has always believed that prison is the easy part. What matters is in what cir-cumstances prisoners are let out which will have a direct bearing on whether they return, thus rai-sing prison numbers.

The publication of his book Out Of sight, Out of Mind – Why Britain’s Prisons are Failing’ has given him the chance to air his views which are based on real ex-perience rather than the more usual theories or surveys. In an underground room at the Royal Society of Arts (founded in the eighteenth century to promote Arts, Manufacture and Commer-ce) he debated the future of pri-

sons with the prisons minister, Nick Herbert. Podmore tackled the subject under three headings: Security, Localism and Privatisa-tion.

In his book, there are some enter-taining descriptions of high profile prison escapes, but Podmore be-lieves that, although the private transports which takes prisoners to and from court or hospital re-main vulnerable to escape, it is easy enough to make prisons secu-re. The point he wishes to make is that security behind prison walls depends on the cooperation bet-ween staff and prisoner. This means that a perception of fair-ness becomes all important. He cites many recent occasions where this pact has broken down resul-ting in rioting, such as in HMP Ford, or a dangerous level of mis-behaviour. Dangerous, of course, for both prisoners and staff.

Fairness and justice were the cen-tral themes of the Andrew Marr’s Start the Week programme on BBC Radio 4. Among the guests with Podmore was Shami Chakra-bati, director of Justice, who ar-gued that people are born with an inner sense of fairness which links the rational and the emotional. It is therefore very important that justice, whether in the courts or in police behaviour towards the citi-zens they serve, should not only be done but seen to be done. For this reason she believes strongly in the jury system which allows citi-zens to be part of the justice sys-tem and yet, for reasons of cost, is now under threat.

As I listened to this discussion, taking place, on a prestigious and influential radio programme, I was struck by just how rattled those responsible for the stability of our society are at the moment, with the fear of economic breakdown mixing with the fear of social breakdown, as evidenced by the riots. This programme had been commissioned to look for answers. So it may be a good time for peop-le like John to suggest alternative ways to look at things and make some sense of Ken Clarke’s ‘reha-bilitation revolution.’ Reform, af-ter all, has always risen out of a state of discord.

Indeed Nick Herbert at the RSA began his argument by stating firmly ‘I am a reformer.’ He so-mewhat undermined this by adding that it is quite difficult for prisoners to get into prison and that ‘It is hard to find prisoners who should not be there.’ The modification in this tough view only came with the next sentence, ‘They must have been failed all the way along the line.’ The minis-ter drew attention to his report, written with Edward Garnier, ca-lled Prisons with a Purpose, which tries to examine how to ‘incentivi-se’ prisons towards the outcome they want: less offending. To this end he recognises that ‘service users’ (prisoners) must be engaged which, I suppose, does make him a reformer. He is hopeful that the Payment by Results scheme now running at HMP Doncaster and which aims to pay prisons accor-ding to the level of re-offending could be a positive answer, al-though this was met with some head-shaking from the various prison experts in the audience.

At the beginning of John Podmo-re’s book, he quotes the Inspecto-rate of Prisons’ four key tests for a ‘healthy’ prison: safety, respect, purposeful activity and resettle-ment. It is the last test that he re-turns to again and again, although it is important to him that it is not seen as something separate from the prison experience. ‘Loca-lism’ leads to the idea that the community must be engaged with the prison, just as they are with a hospital or a school. This is where his ‘John Lewis’ model comes in, turning against an unwieldy cen-tralised and distant beaurocracy for a system run by those imme-diately concerned.

‘A huge proportion of the prison population are simply members of the community passing through.’ as I heard Podmore say more than once. At the RSA he has helped to develop the Transitions Model which embraces both resettle-ment and localism and would ope-rate as a social enterprise. He des-cribed it as ‘A third way – not pu-blic, not private, but community led.’ He continued by asking the minister whether locally elected police and crime commissioners

could have a role in wresting the control of prisons away from the Big Government. If there was an answer, I’m afraid I failed to hear it.

By the end of my John Podmore immersion I had come to the con-clusion that, like any sensible re-former, he has an inner list of thumbs down and thumbs up. The thumbs down: NOMS total ineffi-ciency and lack of transparency, people who think that the priso-ner is an amalgam of ‘murederra-pistrobber’, private companies out to make unfair profit out of pri-son, corruption wherever it may be (not long ago he was corrup-tion prevention officer for NOMS), and those foolish citi-zens who think it’s none of their business what goes on in prison. The thumbs up: the prison offi-cers and staff who decide to make changes for the better, the communities, including busi-nesses, courts, housing associa-tions and councils who want to be involved in the lives of their neighbours even if they have done wrong and are (temporarily) behind bars, and all the charities and others who do so much to mi-tigate the harmful effect of the prison experience.

About politicians, John Podmore is pragmatic. Unless you plan to take to the streets (and not only for the purpose of stealing trai-ners) it is usually necessary to talk to the men in power. General, then Chief Inspector of Prisons, now Lord Ramsbotham is a mas-ter of the art of appearing to be a part of the establishment while leading full frontal attacks. John Podmore has already proved himself a worthy Brigadier and may still rise further in the ranks. With the prison population fast approaching 90,000, one can only hope that the politicians are sca-red enough to listen to a new voi-ce calling for change.

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A100Plus

Somos una ONG de reciente creación, y ayudamos a internos de Centros Peni-tencios en temas jurídicos. Si necesita a alguien para defenderle en un juicio, a pedir la libertad provisional, aqui esta-mos. Pero también estamos aqui para ayudar en temas de permisos, en temas de san-ciones.En los últimos 4 meses hemos podido hacer - en toda honestidad - mucho: unos 200 expedientes, entre los cuales destacamos:* acusado de homicidio (petición del

Fiscal 11 años), J.E. fue finalmente libe-rado el mismo día del juicio con una sentencia de 19 meses.

* acusado de lesiones, los 2 años de peti-ción para otro inculpado se convirtie-ron en 31 días de trabajos comunita-rios.

* varias expulsiones paradas con un re-curso a Estrasburgo

* un detenido por atentado a la autori-dad en Islas Baleares, absuelto

* ejecución de la sentencia de un britá-nico - traslado a su país a los 5 meses después de la sentencia.

Funcionamos como una asesoría jurídica, con letrados que trabajan para nosotros en temas penales. Si se trata de un expe-diente especialmente dificil, o que toma mucho tiempo, solemos cobrar un im-porte mínimo. Estamos en contacto contínuo con la familia, con los amigos. Lo importante es sacar al preso.Actuamos en todo el territorio Español, y hablamos Español, Inglés, Francés, Ho-landés, Alemán y Ruso.

A100PlusApdo 155 - pobox 15503080 Alicantetel $+ 34 654 06 76 06email legalspain@mac.com

Centro Hispano Colombiano

El Centro Hispano-Colombiano es un Centro de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI) creado por la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid y gestionado por la Fundación Altius Universidad Fran-cisco de Vitoria. Tiene como objetivo principal contribuir a la plena integra-ción entre los madrileños y los nuevos ciudadanos -colombianos y  de otras nacionalidades- que residen en la comu-nidad de Madrid. Nuestros servicios son gratuitos y abier-tos a todos los ciudadanos; estos son al-gunos de ellos:

Información actualizada sobre los recursos existentes en nuestra co-munidad

Orientación laboral, asesoría jurídica y apoyo psicológico

Formación ocupacional, cursos de informática e idiomas de distintos niveles y los más variados talleres

Punto de Información Europea

Escuela Integradora (refuerzo esco-lar, creatividad y valores para niños entre 6 y 12 años) y programa de orientación para adolescentes y jó-venes

Opciones de cultura, ocio y tiempo libre, como las excursiones y visitas de Conoce Madrid, la Sala Xué de Exposiciones y Libros Libres (inter-cambio de libros)

CEPI Hispano-ColombianoC/ Ronda de Segovia, 34 – 28005, Ma-

drid. Teléfono: 91 366 73 62

Espacio Estudios Migratorios

El Espacio de Estudios Migratorios – E.E.M. es un Instituto de Investigación y Reflexión aplicada y participativa en materia de migraciones internacionales, independiente e interdisciplinario, cen-trado en la construcción, transmisión e intercambio de conocimientos, expe-riencias e información, entre redes aca-démicas, profesionales, sociedad civil, y colectivos de migrantes. Entre las activi-dades que realizamos destacan: las inves-tigaciones aplicadas y participativas (de corte académico), talleres sobre legisla-ción, asesoría y consultoría, seminarios, charlas, talleres, sesiones de debate do-cumental, y cualquier otra actividad ten-dente a superar la estigmatización y el prejuicio alrededor de las temáticas invo-lucradas en las migraciones internaciona-les contemporáneas. Nuestro teléfono de contacto es 622197800, y también pueden encontrarnos y contactarnos a través de www.espaciodeestudiosmigratorios.org.

Pagan Federation España

Pagan Federation International Es-paña es la delegación para España de una entidad con presencia en más de 20 países a lo largo del mundo. Nues-tra misión es la de garantizar el trato

igualitario y no discriminatorio del colectivo pagano en todos los ámbi-tos sociales. Nuestro ámbito de ac-tuación habitual incluye el diálogo interreligioso e intercultural, el con-tacto institucional, con los medios de comunicación, así como asesora-miento cara al Registro de Entidades Religiosas, centros penitenciarios, centros educativos, mediación labo-ral y cualquier otro en el que un pa-gano (o grupo de estos) sea suscepti-ble de requerir apoyo o asesoría para garantizar la salvaguarda de sus dere-chos.El Paganismo es una amplia familia de religiones y formas culturales per-tenecientes a los diversos Pueblos Nativos de Europa. Algunas de sus ramas actuales son Ásatrú, Celtismo, Druidismo, Forn-Sidr, Helenismo, Vanatrú, Wicca y otras, cada una de ellas con sus variantes.

Pueden contactar con nosotros a:secretaria@pfi-esp.orgTel: 617 070 814Apartado de Correos (PO Box) Nº 39, 43760 El Morell, Tarragona, Spain

Las ONG del mes

En esta revista estamos para todos Vds - si tie-nen alguna duda, alguna noticia, no duden en escribirnos al Apdo 155, 03080 Alicante.This paper is for YOU: write us with com-ments, send us information material etc.: you can write us to Pobox 155, 03080 Alicante.

Eurobarometer for Spain:

The use of backhanders and the abuse of personal power are considered to be espe-cially extended here according to the Spa-nish people, and among the national, regio-nal and local politicians. 67% consider the civil servants who issued building permits to be corrupt, and 40% think the private sec-tor is corrupt. Judges are considered by 41%, Customs officials by 38% and Police by 37% of the population to be corrupt.

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Los abogados se muevan en defensa de ... sus honorarios

También ha recordado que estas indemnizacio-nes económicas por el servicio de los abogados de oficio llevaban "congeladas" desde 2005 y que la nueva rebaja las sitúa en el año 2003, con las cifras "más bajas de España".El decálogo de medidas contempla que el servi-cio diario de orientación jurídica en Alicante pase a prestarse durante esos dos meses sólo los jueves en horario de 9 a 13.30 horas, y en el res-to de la provincia una vez cada 15 días.La atención de guardia-asistencia al detenido e imputado pasará a centralizarse a través del personal del Colegio en horario laboral y fuera del mismo por medio de los letrados coordina-dores, y no como hasta ahora, donde se telefo-neaba directamente al abogado que le corres-pondiera para ganar en agilidad.Fuera de la ciudad de Alicante, cuando haya un sólo abogado de guardia éste no se podrá pres-tar el servicio de asistencia a las víctimas de violencia machista, y cuando la víctima pida ejercer la acusación particular a través de un abogado de oficio, el juzgado deberá informar a un número de fax del Colegio para su tramita-ción.El turno de oficio penitenciario se prestará ex-clusivamente los últimos miércoles de mes y se suprimen el servicio del punto de encuentro y

guardia en los puntos de encuentro familiar en San Vicente, Elda y Benissa.En cuanto a los expedientes de justicia gratuita, no se realizará designación provisional de abo-gado de oficio hasta que la comisión de asisten-cia jurídica gratuita haya una emitido una reso-lución definitiva, a excepción de los supuestos previstos por la Ley: de despido, reclamación laboral, recurso contencioso-administrativo y oposición a juicio de desahucio.Asimismo, en las declaraciones y comparecen-cias ante los juzgados de instrucción, así como en el resto de actuaciones judiciales del turno de oficio en las que la Ley exija la presencia tanto del juez como del secretario judicial, se instará a cumplir que estén físicamente estos dos funcionarios y, en caso contrario, se solici-tará la suspensión o aplazamiento del acto.Paralelamente, el Colegio "exhorta" a los cole-giados a que participen tanto en la concentra-ción autonómica que se hará el próximo viernes a las 13 horas frente al Palau de la Generalitat, en Valencia, como el día 8 al mediodía ante el Palacio de Justicia de Alicante.Entre otros puntos, la junta de gobierno "re-prueba por inadecuadas, impropias e injustas las manifestaciones vertidas" por el conseller de Justicia "respecto a la labor desarrollada por los abogados del turno de oficio, a las que se aña-den valoraciones vejatorias para con la profe-sión, que en nada contribuyen a mejorar las re-laciones institucionales".

The Newspaper from HellEl primer periódico Nacional de y para presos en España

Tienes alguna información, te gustaría comunicar por radio con tu familia, con la(s) persona(s) que están en la cárcel? Pues hemos llegado

a un acuerdo con unas 20 emisoras, repartidas en territorio nacional, para que emitan este programa, de mensajes dejados en nuestro teléfono, el 902 024 888. Si, desde la cárcel, quieres llamarnos, nos pides copia de la factura de este número y te la mandamos sin gasto alguno. Si tu familia quiere llamar, todavía menos problemas.Además emitiremos tu mensaje, a partir del 1 de abril 2012, a través de www.radiotrullo.info para que tus familiares que residen fuera de España puedan seguirte.

Y ''of course'': si quieres mandarnos una carta ¡te la podemos publicar!

Hemos llegado a un acuerdo con la Generalitat Catalana para que

sean ellos los que a partir de ahora distribyen los ejemplares de la revista. No sólo nos supone un gasto menor, ya que ahora sólo tenemos que mandar a una sola dirección, sino que además supone una entrada mas facil de los ejemplares. Se lo agradecemos de todo corazón a los Servicios Penitenciarios de la Generalitat.

Casas de acogida: de todos es sabido el gran problema que consiste en poder ir de permiso, cuando hay problemas familiares, y estos o los

amigos no te pueden (o no quieren) acogerte. Existen los pisos de la Iglesia Católica (con listas de espera), los de algún ayuntamiento (como el de Vitoria), y de alguna que otra ONG. Estamos en este momento con dos pisos en Alicante que pueden usarse. Y estamos hablando con II.PP. para que se nos permita usar/ofrecer este servicios, que no es cosa de uno o dos días. Si estás buscando

un piso que te pueda acoger, necesitamos nos escribas. Y avísales a los extranjeros que no hablan Español, para que nos escriban. Nombre, apellidos, nacionalidad y si puede ser la famosa 'hoja de cálculo' que el Centro (Régimen) te puede facilitar después de pedirlo mediante instancia. A partir de este punto, ya podemos avanzar. Pero no hableis todavía del tema con los educadores, con los Trabajadores Sociales porque PRIMERO tenemos que obtener acuerdos, y esto va Centro por Centro.

Como sabeis, damos asesoramiento jurídico y práctico por todo el territorio nacional. Lo hacemos por teléfono o por carta, pero estamos hablando con varis compañeros para que nos ayuden con visitas a los Centros Penitenciarioas. Si eres preventivo o condenado, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, o bien a través del teléfono 902 024 888, el teléfono 654 06 76 06 o mandándonos una carta al apartado de correos 155, 03080 Alicante. Siempre ayuda nos expongas tu situación (preventivo o condenado), nos remitas la documentación de la que dispongas (auto de prisión o hoja de cálculo), y en su caso el nombre y teléfono de tu letrado. Si tienes familiares o amigos que nos puedan informar, ruego remitas esta información también. Estamos para ayudarte.

Ayudas a personas que salen de prisión.

Como sabeis, hay ayudas por parte del Estado Español para personas que han estado mas de 6 meses encarcelados. Se trata de una subvención (máx. 19 meses de duración, importe de unos 426 Euros mensuales) que otorga el INEM. Sólo

puedo dar la información vigente en Valencia, ya que, como sabeis, cada Comunidad tiene transferida las competencias y tiene su propio sistema.En primer lugar hay que atender al SERVEF mas próximo de tu lugar de residencia. El papeleo es esencialmente tu DNI o pasaporte, y residencia para los extranjeros con (en su caso, para no comunitarios), permiso de trabajo en regla. También hay que traer un certificado de empadronamiento y el certificado de excarcelación que te dieron al salir de la Cárcel.El teléfono gratuito del SERVEF es el 900 100 785.Con estos documentos, te inscribes como 'demandante de empleo'. Normalmente te citarán para que te presentes en unas semanas para una entrevista, para ver tus posibilidades de empleo, y para ofrecerte cursos de formación.El mismo día que te inscribes como demandante de empleo, te inscribes en el INEM. Ahora mismo, esta cita se hace o bien por internet o por teléfono El teléfono del INEM es el 901 010 210.Además de los documentos mencionados, tienes que venir con una cuenta bancaria a tu nombre y con el certificado del banco de que la cuenta está a tu nombre.

Y una vez inscrit@? Pues … a esperar. Suele tardar unos dos meses todo el proceso hasta que ves dinero, así que hasta entonces, a aguantar.

A100 PlusDespacho de Abogados en todo el territorio EspañolEspecialidad Derecho Penal y Derechos Humanos

Tel. 654 06 76 06apartado de correos 155, 03080 Alicante

Andalucía: El doble de cárceles y una población reclusa triplicadaEn los últimos 30 años Andalucía ha duplicado el número de cárceles para atender a una población reclusa que, en consonancia con la tendencia desarrollada a nivel nacional, se ha triplicado. A comienzos de la década de los 80, la comunidad autónoma contaba con nueve centros penitenciarios, uno por cada provincia salvo Cádiz, que tenía las cárceles de Algeciras y El Puerto de Santa María. Se trataba en todos los casos de antiguas prisiones provinciales, con una capacidad máxima de entre 300 y 400 celdas para los centros más grandes. En las décadas siguientes, Instituciones Penitenciarias ha duplicado los establecimientos en la comunidad, en buena parte constituidos por centros prototipo que disponen de hasta 1.200 celdas cada uno. En total hay 11 prisiones y siete Centros de Inserción Social (CIS), que están destinados a internos que cumplen su pena en régimen abierto o que se encuentran en un proceso avanzado de reinserción, que están en situación de libertad condicional o cumplen medidas alternativas como la localización permanente.

En 1986 se inauguró la prisión El Acebuche de Almería, que tiene 478 celdas residenciales y 96 auxiliares, y una ocupación a 31 de diciembre de 2010 de 1.000 internos.

En Cádiz hay tres cárceles ubicadas en El Puerto de Santa María y dos Centros de Inserción Social (CIS) en Algeciras y Jerez de la Frontera. La prisión Puerto III, la última inaugurada y que entró en funcionamiento en 2007, es un centro prototipo que cuenta con 1.008 celdas residenciales y 77 auxiliares. A 31 de diciembre de 2010 tenía 840 internos.

La prisión de Córdoba fue inaugurada en el año 2000. Sus 1.145 celdas -1.008 residenciales y 137 auxiliares- albergaban a finales de 2010 a 1.824 internos, con una media anual de 1.683 hombres y 102 mujeres. Esta provincia cuenta además con un Centro de Inserción Social con otras 135 celdas.

En la provincia de Granada se creó en 1998 la prisión de Albolote, como centro prototipo (1.008 celdas residenciales y 160 auxiliares) y cuenta además con un Centro de Inserción Social. La población reclusa que alberga está compuesta por 1.488 hombres y 157 mujeres.

El centro penitenciario de Huelva, ubicado en San Juan del Puerto, se inauguró en 1996. Tiene una capacidad de 1.008 celdas residenciales y 98 auxiliares.

La prisión de Jaén, que data de 1986, dispone de 385 celdas residenciales y 65 auxiliares, con una ocupación de 736 internos.

Málaga cuenta con la prisión de Alhaurín de la Torre (1991), con 752 celdas residenciales y 130 auxiliares, y un Centro de Inserción Social (2009) con 204 celdas.

Las prisiones de Sevilla-I (1988) y Sevilla-II

(2008), ubicada en Morón de la Frontera, disponen de 895 y 1.214 celdas respectivamente. La provincia dispone además de la prisión de mujeres de Alcalá de Guadaíra (1991), un Centro de Inserción Social, un hospital psiquiátrico penitenciario (1990) y una Unidad de Madres (2010).

Tras la cárcel, la calle es muy duraLos expertos piden más apoyo a quienes salen de prisión para favorecer su integración social. El 55% de los reos españoles son reincidentes.“Está de cachondeo todo el día, viendo a la gente, riendo, disfrutando”, le excusa su hermana. “Ahora es muy difícil dar con él”, añade. Se refiere a Miguel Montes, de 62 años, que ha vuelto a pisar la calle, con todas las de la ley, después de más de 30 años en prisión sin haber cometido ningún delito de sangre. En realidad, él no es el preso que más tiempo ha pasado entre rejas en España porque se ha fugado en diversas ocasiones. Pero sí ha permanecido lo suficiente como para que al salir se encuentre en un entorno que ha evolucionado y en el que le cuesta desenvolverse con normalidad. (...)

Al fin, Montes está de nuevo en circulación, pero enfermo y con pocas posibilidades de conseguir un trabajo. ¿El conocido como preso más antiguo de España está listo para reinsertarse en la sociedad? ¿Qué le ofrece la Administración ahora que ya es libre?

Nada. Al menos desde Instituciones Penitenciarias, que legalmente ha acabado con su parte. “Cuando una persona ha cumplido condena, la Administración, por ley, no puede hacer un seguimiento del preso”, explica la presidenta de la Fundación IReS, Montserrat Tohà, que lleva 43 años dedicada a la reinserción. “Es una asignatura pendiente, pero muchas veces porque el propio preso, cuando sale, no quiere saber nada”, avanza el doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona y autor de diversos estudios sobre reinserción Ramón d’Alós. Cuando el preso ha cumplido, es libre, para lo bueno, pero también para lo malo.

Una persona se puede considerar reinsertada en la sociedad “cuando es capaz de sobrevivir ganándose la vida para pagar su casa y su alimento, teniendo relaciones sociales emocionalmente satisfactorias y desarrollando su proyecto vital”, define Julián Ríos, experto en Derecho Penitenciario de la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Cuántos presos se adaptan a esa definición cuando salen?

La pregunta es difícil de responder, puesto que no se da un seguimiento al condenado una vez ha satisfecho su deuda con la sociedad. Aunque hay un dato revelador: un 55% de los presos españoles son reincidentes, según datos de Instituciones Penitenciarias. La cifra —27.289 reos de una población de 48.951 penados a diciembre de 2011— incluye únicamente a los que han cometido el mismo tipo de delito, sobre población ya condenada, y no recoge las cárceles catalanas, que tienen

la competencia transferida. En la actualidad, 70.472 personas están en prisión (incluyendo preventivos).

“Hay una falta de coordinación entre los sistemas que intervienen: el judicial, el penitenciario y los servicios sociales”, se queja D’Alós, y una dificultad añadida por los diferentes ámbitos que están implicados (estatal, autonómica o municipal). Una persona puede recurrir siempre a los servicios sociales una vez está en la calle, pero los expertos echan en falta un seguimiento coordinado, una ayuda específica para el exreo. “Significaría crear un sistema que no tenemos, y que no hemos tenido nunca. Solo hay algunas iniciativas pequeñas, que dependen de la buena voluntad”, lamenta el catedrático en Derecho Penal de la Universidad de Barcelona Joan Queralt.

“Instituciones Penitenciarias no puede abordar todos los problemas sociales que hay detrás del comportamiento de alguien”, defiende Mercedes Gallizo, que fue su directora general entre 2004 y 2011. “Nos encontramos con problemas que trascienden lo que puede hacer el sistema. Llegan personas con vidas difíciles, desestructuradas, con una falta de formación evidente, con marginalidad, enganchadas a las drogas, con enfermedades mentales... que requieren una acción conjunta de las demás Administraciones”, asegura.

A pesar de eso, insiste en que la reinserción “es lo que da sentido a la existencia de las cárceles”. “Estos años hemos hecho un esfuerzo extraordinario por ampliar el catálogo de actuaciones que se pueden desarrollar, tanto en formación como en programas de intervención y tratamiento. Se han puesto en marcha programas para personas que han cometido delitos de violencia de género, agresión sexual, drogodependientes... Un esfuerzo enorme”, explica, aunque admite que “no acaba de llegar a las necesidades que se tienen”.

“Cuando la pena se alarga más de siete años, las dificultades de todo tipo empiezan a ser intensas”, contrapone Ríos. A su entender, la reinserción debe pivotar en tres pilares: el social, la propia persona y el de los medios que le faciliten. Al salir, el preso se encuentra muchas veces el mismo mundo que dejó y que le indujo, en parte, al crimen. En ese momento, los expertos consideran básico el apoyo familiar, la vivienda y el trabajo.

En otros casos, la persona lleva tanto tiempo encerrada que considera que está mejor dentro que fuera de la cárcel. Es lo que se conoce como un preso institucionalizado. “Las personas que llevan 15 o 20 años en prisión, cuando salen reproducen el mundo relacional caracterizado por la desconfianza y la hostilidad de la prisión. Eso dificulta la reinserción”, asegura Tohà. E insiste en que a veces el esfuerzo debe centrarse en reeducar, en inculcar rutinas a personas que quizá “no las han tenido nunca”.