REASPANAMA

1991

Los trabajadores del EstadoOlmedo Beluche

Los derechosumanos en Panamá

ALDHU

INFORME SOBRE LOSDERECHOS HUMANOS

EN PANAMAALDHU

1. Introducción

1. Objetivos:La Asociación Latinoamericana para los Derechos Huma-

nos (ALDHU), en coordinación con la Comisión de RelacionesEstados Unidos-América Latina organizaron una delegacióninternacional que visitó Panamá entre el 21 y 25 de febrero deI990.

El propósito de nuestra misión observadora fue tomarcontacto con las nuevas autoridades del gobierno panameño,representantes de organizaciones no gubernamentales, laIglesia, partidos políticos, organizaciones laborales, académi-cas, misiones diplomáticas y funcionarios diplomáticos ymilitares de Estados Unidos. Mediante estas entrevistas nospropusimos obtener, en la forma más objetiva posible, loselementos que nos perniitan emitir uña evaluación sobre losefectos de la invasión militar norteamericana y la actualsituación de los derechos humanos en Panamá.

El presente reporte contiene dicha evaluación con lasrespectivas conclusiones y recomendaciones.

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Nuestra delegación desea agradecer al gobierno del presi-dente Endara ya todas las instituciones e individuos entrevis-tados por la gentil disposición que tuvieron en recibimos yproveernos de la información, analisis y documentación quehacen posible el presente reporte.

2. La delegación estuvo compuesta por las siguientes perso-nas:

Embajador Robert White, presidente, Intern ational Centerfor Development Policy, Estados Unidos; senador MauricioCorrea (PDT), Senado del Brasil; Dr. Juan de Dios Parra,secretario general de ALDHU; Dr. Julio Prado Vallejo, ex-ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, miembro delComité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; dipu-tado Miguel Montserrat, Cámara de Diputados de la RepúblicaArgentina; Lic.Alfredo W. Forti, director de proyectos, Comi-sión de Relaciones EE.UU.-América Latina.

3. Sumada a las diversas visitas que hicimos a centros derefugiados, El Chorrillo y bases norteamericanas, la siguientees una lista de las principales entrevistas que mantuvimosdurante nuestra estadía en Panamá:

Presidente Guillermo Endara; Rogelio Cruz, procuradorgeneral; monseñor Marcos McGrath, arzobispo de Panamá;representantes del PRD: Francisco Rodríguez, ex presidenteprovisional; Leonardo Kam, ex-canciller; Darinel Espino, se-cretario general del PRD; Gustavo González, ex-ministro dePlanificación; Cecilia Simons, decano

de Administración Pública,Universidad de Panamá; Pedro Pereira, PRD.-Embajadas: Estados Unidos, Nunciatura Apostólica,

Cuba y Ecuador. Comando Sur de Estados Unidos, almiranteDavid Chandler, jefe del estado mayor.

-Sector laboral: Héctor Alemán, secretario general, Federa-ción Nacional de Empleados Públicos (FENASEP); OmarLynch, secretario de Relaciones Internacionales FENASEP;Serafín Rodríguez, sec retario general, Confederación Nacionalde Campesinos (CONAC).

- Organizaciones no gubernamentales: CoordinadoraNacional de Acción Solidaria (CNAS); Carmen A. Miró, directo-ra del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad deI0

Panamá; Juan Jované, economista, Universidad de Panamá;padre Conrado Sanjur, Iglesia Cristo Hombre, San Miguelito;padre Diego Claffey, teólogo paulino.

II. La invasión norteamericana a Panamá

1.Antecedentes previos:El 20 de diciembre de 1989, 25.000 soldados norteameri-

canos invadieron Panamá, país que se encontraba atravesan-do un momento de aguda crisis e inestabilidad.

La inestabilidad política del país reconoce dos factoresprincipales:

El primero tiene relación con el creciente deterioro delrégimen represivo, basado en un nacionalismo exclusivo yautoritario, dirigido por el comandante de las Fuerzas i deDefensa, general manuelAntonio Noriega quien ante la pérdidade legitimidad de su régimen, centralizó y endureció el ejercicioarbitrario del poder.

El segundo factor tiene que ver con las consecuencias delbloqueo económico impuesto por Estados Unidos contra Pan-amá a raíz del cual el Producto Interno Bruto cayó en un 25 porciento, los ingresos en un 44 por ciento, y en esa mismaproporción se redujeron la inversión y los programas sociales.Las sanciones norteamericanas incluyeron, además, el conge-lamiento de 120 millones de dólares de los fondos del BancoNacional de Panamá en Estados Unidos.

Todos estos hechos provocaron un creciente deterioroeconómico y social que afectó el bienestar de la población ygeneró un proceso de empobrecimiento general.

La invasión norteamericana del 20 de diciembre representala culminación de las continuas amenazas de intervenciónpara desalojar del poder al general Noriega. Sin embargo, noacaba con ella la crisis de la sociedad panameña.

Ninguna invasión tiene justificación, especialmente si éstaes realizada por una potencia contra un país pequeño. Más quedefender y proteger los intereses de la nación invadida, actúaen defensa de los intereses del agresor.

2. La invasión militarEl ataque a Panamá se realizó en la madrugada del 20 de

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diciembre. Participaron tropas estacionadas en las bases queel Comando Sur mantiene en territorio panameño, y tropasespecialmente transportadas desde otros acantonamientos.Entre ellas, un batallón de la séptima división de Infantería deFort Ord en California, un batallón mecanizado de la 5° divisiónde Infantería de Fort Polk en Luisiana, una brigada de la 82 a

división aerotransportada de Fort Bragg en Carolina del Norte,y dos batallones Rangers. En total, participaron 25.000efectivos.

Estas tropas especializadas utilizaron material bélicomoderno y sofisticado para atacar simultaneamente las basesde las FDP en Río Hato, el Aeropuerto de Paitilla, el FuerteAmador, el Puente de Pacora, el Cuartel Central de la Coman-dancia, los cuarteles de "Tinajitas" y Panamá Viejo, y el FuerteJosé Domingo Espinar.

Entre los armamentos utilizados se destacaron los bom-barderos Stealth F-117, bombas de 2.000 libras, misiles HellFive, helicópteros de combate y lanzamisiles Blackhawk,Apache AH-64 y Cobra, aviones de asalto A-37, cañones defuego rápido de 30 mm. el nuevo vehículo de combate HMMWV,y los mas modernos equipos en chalecos y cascos antibalas.

Una muestra de la magnitud del ataque la entregan lasmediciones hechas por la Estación Sismológica y el Instituto deGeociencia de la Universidad de Panama: más de 417 explosio-nes de bombas en las primeras 14 horas de la invasión, y cincode alto poder destructor atribuidas a bombas de 2.000 libraslanzadas entre otros, por los bombarderos Stealth F-II7,utilizados por primera vez.

Las fuerzas y el poder de fuego utilizados por EstadosUnidos en esta operación, resultan absolutamente despropor-cionados respecto a la capacidad militar y el material bélico delas Fuerzas de Defensa de Panamá.

La Convención de Ginebra (en el Protocolo adicional I, títuloIII, sección I) prohibe expresamente el empleo de armas,proyectiles, materias y métodos de hacer la guerra que causenmales superfluos o sufrimientos innecesarios. El principiofundamental que inspiran estas normas es que no es indiscri-minado, ni ilimitado, el derecho de las partes en conflicto deelegir métodos o medios de hacer guerra, mucho menostratándose de una agresión decididamente unilateral como en12

este caso.

3. La violación del derecho internacionalEl sistema de paz y seguridad americanas cuenta con

normas y principios para enfrentar crisis, como la panameña,consagradas en la Carta Constitutiva de la OEA: Estas normasse fundamentan en dos grandes principios: el de no intervencióny el de la acción colectiva, en caso que exista una situación ocontroversia que ponga en peligro la paz y seguridad regionales.Los textos de los artículos que recogen estas normas dicen:

"Artículo 18: Ningún estado o grupo de estados tienederecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cualfuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquierotro. El principio anterior excluye no solamente la fuerzaarmada, sino también cualquier otra forma de injerencia o detendencia atentatoria de la personalidad del estado, de loselementos políticos, económicos y culturales que lo constitu-yen.

Artículo 19: Ningún estado podrá aplicar o estimularmedidas coercitivas de carácter económico y político paraforzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de ésteventajas de cualquier naturaleza.

Artículo 20: El territorio de un estado es inviolable; nopuede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas defuerza tomadas por otro estado, directa o indirectamente,cualquiera que fuere el motivo, aun de manera temporal. Nose reconocerán las adquisiciones territoriales o las ventajas es-peciales que se obtengan por la fuerza o por cualquier otromedio de coacción.

Artículo 21: Los estados americanos se obligan en susrelaciones internacionales a no recurrir al uso de la fuerza,salvo el caso de legítima defensa, de conformidad con lostratados vigentes o en cumplimiento de dichos tratados".

La ruptura del orden jurídico americano, por el uso de lafuerza por parte de Estados Unidos, concitó la viva reacción delas repúblicas de América Latina, que rechazaron la invasiónnorteamericana que rompía las normas de convivencia contanto esfuerzo creadas y aprobadas.

El sistema universal, a través de las Naciones Unidas, haestablecido similares principios en las resoluciones de laAsamblea General. La resolución sobre los principios de

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derecho internacional, referentes a las relaciones de amistad yde cooperación entre los estados, de conformidad con la Cartade las Naciones Unidas establece: "Solemnemente proclamalos siguientes principios":

El principio de que los estados, en sus relaciones interna-cionales, se abstendran de recurrir a la amenaza o al uso de lafuerza contra la integridad territorial o la independencia polí-tica de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompa-tible con los propósitos de las Naciones Unidas.

"Todo estado tiene el deber de abstenerse en sus relacionesinternacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerzacontra la integridad territorial o la independencia política decualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible conlos propósitos de las Naciones Unidas. Tal amenaza o uso dela fuerza constituyen una violación del derecho internacionaly de la Carta de las Naciones Unidas y no se empleará nuncacomo medio para resolver cuestiones internacionales".

"Una guerra de agresión constituye un crimen contra lapaz; con arreglo al derecho internacional, entraña responsabi-lidad".

Todo estado tiene el deber de abstenerse de recurrir acualquier medida de fuerza que prive a los pueblos aludidos enla formulación de su derecho a la libre determinación y a lalibertad y a la independencia.

En consecuencia, el uso de la fuerza contra Panama y lainvasión del territorio de ese país violó claras y vientes normasdel Derecho Internacional Universal proclamado por las Nacio-nes Unidas.

De conformidad con los principios de seguridad colectivaestablecidas por el TIAR en 1947, Estados Unidos debió pedirla convocatoria del órgano de consulta. En contraposición, elgobierno estadounidense actuó unilateralmente, al margen yen contra de las normas del sistema interamericano queprohibe a un estado actuar por su cuenta y convertirse en elárbitro de una situación o controversia.

M. Efectos de la invasión

De acuerdo con declaraciones del presidente norteameri-cano George Bush, la invasión militar a Panamá perseguíacuatro objetivos:I4

1.Capturar al general Manuel Antonio Noriega, para presen-tarlo a los tribunales de justicia norteamericanos acusado denarcotraficante.2. Proteger la vida de los ciudadanos estadounidenses.3. Proteger la democracia en Panamá.4. Combatir el narcotrafico.

Sin embargo, los efectos provocados por la invasión reba-san en mucho el cumplimiento de estos objetivos, teniendo encuenta la absoluta disparidad y desproporcionalidad queexiste entre lo pretendido y lo realmente provocado.

I. Pérdidas de vidas humanas y heridosLa invasión provocó la muerte de ciudadanos panameños,

civiles y militares. Las cifras exactas tal vez nunca se conozcan.Nuestra misión intentó, con insistencia, recabar informa-

ción exacta sobre este hecho. Sin embargo, resulta definitiva-mente imposible identificar la cantidad de víctimas fatales.

Esta inexactitud se debe, por un lado, a que fuerondestruidos los registros de muertos de los hospitales.

Por otro lado, el bombardeo del Cuartel Central de lasFuerzas de Defensa provocó el incendio generalizado y ladestrucción de los barrios de San Miguelito y El Chorrillo. Eneste último, ubicado en los alrededores del cuartel, habitaban30.000 personas. El siniestro dejó víctimas civiles, muchas deellas sin identificar.

El semanario religioso Panorama Católico, órgano oficial dela Iglesia panameña, aseguró el I4 de enero que el número demuertos sería de 655, entre los que se cuentan 314 militares.Los heridos ascienden a 2.007, de ellos serian 124 militares.

Organismos defensores de los Derechos Humanos entre-vistados, así como sacerdotes católicos que trabajan en barriospopulares directamente afectados por ataques militares, nosafirmaron que muchos muertos no fueron contabilizados. Loscadáveres fueron quemados con lanzallamas y/o enterradosen fosas comunes sin identificación.

Tanto el presidente Endara como el jefe del Estado Mayordel Comando Sur, almirante David Chandler, reconocieronante nuestra Comisión la existencia de tales fosas comunes.Sin embargo, expresaron que los cadáveres habían sido cabal-mente identificados y que se había dispuesto el entierro ensectores individuales.

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Por su parte, el Comando Sur reconoce que las tropasnorteamericanas tuvieron 26 muertos y 324 heridos.

Evidentemente no será posible precisar la cantidad exactade panameños que perdieron la vida durante la invasión, perosí se puede afirmar que muchos de ellos fueron civiles, víctimasinocentes de una agresión a la que ni siquiera opusieronresistencia.

De hecho, aun dando ciertas cifras oficiales, resulta evi-dente la desproporción gigantesca entre las bajas de losinvasores y las de los invadidos. En efecto, sien la invasión losnorteamericanos tuvieron 26 muertos y provocaron 655, estonos da una proporción de 25 panameños muertos por cadanorteamericano caído.

Las fuerzas de ocupación no procuraron, pudiendo hacer-lo, extremar medidas para la identificación de las víctimas; dehecho, el registro que manejan se basa exclusivamente en losinformes entregados por sus propios soldados. No se elabora-ron registros específicos, ni hubo preocupación de que lasvíctimas fueran trasladadas a los hospitales o las morgues.

El Protocolo adicional I, título II y el Protocolo II título III delos Convenios de Ginebra, para aliviar la suerte que corren losheridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña,sostiene que todos los heridos, enfermos y naufragos seránrespetados y protegidos en toda circunstancia (I, 12, II, 12, P.I,10, P.II,7). No se puede atentar contra su vida ni se les puedeperjudicar de ninguna manera.

Estas normas obligan además a que los heridos seanrecogidos y tratados humanamente y que reciban, en toda lamedida posible y en el plazo mas breve, la asistencia médicaque exige su estado, (I, 12,15; II, 12. 18; P.I, 10; P.II,7).

Igualmente sostiene que "se deberán registrar todos losdatos para poder identificar a los heridos, los enfermos, losnáufragos y los muertos recogidos " . (I, I6; II, 19).

2. La destrucción de viviendas y barrios popularesAlgunos de los objetivos militares perseguidos por los inva-

sores se encontraban dentro de zonas densamente pobladas.Este hecho obligaba a las fuerzas de ocupación a extremar lasmedidas de seguridad que garantizaran la vida y bienes de lapoblación civil. Sin embargo, parece evidente que las medidasI6

adoptadas por los norteamericanos privilegiaron la protecciónde sus propias vidas, aumentando el riesgo de la poblacióninvadida.

Un ejemplo claro de esta afirmación lo constituye la des-trucción del barrio El Chorrillo, ubicado en los alrededores delCuartel Central de las Fuerzas de Defensa y donde habitaban30.000 panameños pobres.

La destrucción del barrio se produjo en dos etapas. Laprimera, durante el bombardeo al cuartel en la madrugada del20 de diciembre. Numerosos proyectiles fueron dirigidosdirectamente a los edificios altos cercanos al cuartel. Nuestracomisión pudo comprobar las huellas de impactos de bala degrueso calibre, y los boquetes abiertos por los morteros.

Posteriormente, las tropas invasoras evacuaron el barrio,y al cabo de 7 horas de producida la agresión, El Chorrillo fuetotalmente incendiado.

Con referencia a los orígenes del incendio, nuestra Comi-sión recibió diferentes explicaciones. Algunos culparon a losBatallones de la Dignidad. Otras versiones culpan directamen-te a las tropas ocupantes, que habrían resuelto quemar lasviviendas para impedir que en sus Intrincados pasajes sepudieran eventualmente ocultar resistentes a la invasión.

Cualquiera que sea el origen definitivo del incendio, locierto es que a consecuencia de la invasión, 3.993 viviendas enEl Chorrillo fueron destruidas y 14.170 personas quedaron ala Intemperie.

De los damnificados, el 40 por ciento son menores de 14

años o mayores de 60.En El Chorrillo, los daños provocados por la invasión se

calculan entre 35 y 40 millones de balboas, (unos 40 millonesde dólares). Esta cifra no incluye los costos de los servicios, deinfraestructura, ni el valor de los terrenos.

La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos hasolicitado al nuevo gobierno, que abra concursos públicos parael diseño de programas de reconstrucción de El Chorrillo.

Además de la destrucción masiva de viviendas,los bombardeosy ataques destruyeron también bienes y edificios públi-cos: museos, pinacotecas, bibliotecas y escuelas, así como lasdependencias de la Radio Nacional. A este respecto es precisoseñalar los estatutos de la Convención de La Haya de 1954

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sobre protección de objetos culturales.Adicionalmente, la Convención de Ginebra obliga a las

partes en conflicto a tomar todas las precauciones posiblespara evitar, o reducir al mínimo, laspérdidas o daños civilescausados incidentalmente (P.I 57, 53).

3. Los refugiadosLos habitantes de El Chorrillo, así como los de San Migue-

lito y Colón, que perdieron sus viviendas, han sido ubicados encalidad de refugiados en campamentos, y en las escuelasRepública de Chile, República de Venezuela y República de ElSalvador.

Algunos de estos refugiados, que en número de 3.000 hansido ubicados en el campamento de Albrook , comparten carpasy cubiletes de 2 X 2 metros dentro de un galpón. NuestraComisión verificó que reciben alimentos, atención médica yhasta un programa educativo.

Observamos también, que el ingreso al campamento seencuentra custodiado por soldados norteamericanos y losrefugiados deben identificarse al entrar y salir del mismo.

Una realidad mucho más dramática están viviendo losrefugiados alojados en las escuelas, quienes no cuentan conningún tipo de asistencia sanitaria ni alimenticia. Se observannotorios grados de desnutrición especialmente entre los niños.

La incertidumbre acerca del tipo de solución que recibiránasí como la imprevisión sobre el futuro por ausencia de planes,agregan una dosis innecesaria de angustia para estas familiasdamnificadas.

4. Destrucción de la actividad comercial y tolerancia a saqueosProducida la ocupación militar del país, destruidos los

cuarteles de las Fuerzas de Defensa, desarticulada la mínimaresistencia inicial y apresados miles de ciudadanos, las ciuda-des de Panamá y Colón quedaron bajo el total control de lasfuerzas de ocupación.

En estas circunstancias se produjo el saqueo masivo denegocios, tiendas, mercados e incluso residencias particula-res. Miles de personas participaron en estos actos asolando losbarrios comerciales y las propias viviendas, especialmenteaquellas que habían sufrido el allanamiento previo por parte de18

las tropas de ocupación.Estudios preliminares, sitúan el nivel de daños y pérdidas

sufridas a consecuencia de los saqueos, en mil millones dedólares. El economista Juan Jováné, en un estudio sobre lasperspectivas de la economía panameña, calcula que el volu-men de pérdidas es similar al que provocó la invasión.

De cualquier manera, resulta evidente que si una potenciaextranjera invade un país, debe tomar las providencias yprecauciones del caso para cautelar los bienes y la propiedad,máximo cuando, como en este caso, la invasión eliminó lasFuerzas de Defensa y dejó a la población desamparada.

Lo cierto es que las fuerzas de ocupación, teniendo elterritorio panameño bajo su total control y habiendo diezmadoa las fuerzas de defensa panameñas adoptaron para sí laresponsabilidad de garantizar la seguridad de la población.Esta obligación de las fuerzas ocupantes no fue debidamenteobservada al no controlar los saqueos ni proteger los bienes yla propiedad particular.

Tal actitud contraviene expresamente lo dispuesto en elConvenio de Ginebra sobre la Protección de Personas Civiles enTiempo de Guerra (IV-64). Tal disposición sostiene, refiriéndo-se a la población de territorios ocupados, que en tanto seaposible, la población civil debe poder continuar viviendo nor-malmente. Adicionalmente el ocupante tiene el deber demantener el orden público (IV-64).

5. Interrupción del año escolar y ocupación de la Universidad:Más de medio millón de estudiantes de la enseñanza

primaria y secundaria han visto interrumpido el año lectivo1989 por la suspensión del cuatro bimestre. Se calcula que elciclo se retomará recién en abril o mayo de 1990.

Los daños causados a los locales escolares, producto de suutilidad como cuarteles o albergues de refugiados, asciendensegún cálculos del Ministerio de Educación, a 2 millones dedólares.

En el caso de la Universidad, al momento de la invasión éstahabía reiniciado las clases correspondientes al segundo se-mestre. La interrupción forzada del ciclo educativo conlleva lapérdida de un semestre entero.

Las tropas de ocupación, violando la autonomía universi-i q

taria , ocuparon el campus de la Universidad de Panama.Instalaron contingentes en el campo de deportes, cavarontrincheras, improvisaron una pista de aterrizaje de helicópte-ros y patrullaron diariamente el recinto, en vehículos artilla-dos.

6. Violaciones al derecho diplomáticoDurante la ocupación, las tropas invasoras cercaron, agre-

dieron y controlaron la Nunciatura Apostólica y las sedesdiplomaticas y residencias de Cuba, Nicaragua y Perú.

Los invasores cercaron las sedes diplomáticas de aquellasembajadas en las que buscaron asilo ciudadanos panameñosperseguidos.

En el caso de la Nunciatura Apostólica, el acoso militar setransformó en verdadero sitio armado, durante los días en quepermaneció allí asilado el general Noriega. Adicionalmente, losinvasores hicieron uso de parlantes de alto poder, desde loscuales agredían con música estridente a los ocupantes de lasede, incluyendo al propio Nuncio y su personal. Esta situa-ción de agresión e intolerancia llegó incluso a amenazas deingresar por la fuerza a la Nunciatura.

En el caso de la embajada de Cuba, el embajador LazaroMora mencionó que las tropas norteamericanas llegaron,incluso a emplazar un tanque apuntando su cañón directa-mente a la residencia del embajador.

En el caso de Nicaragua, las tropas norteamericanasallanaron la residencia del embajador.

En varias ocasiones los vehículos diplomáticos fuerondetenidos y allanados.

Todas estas agresiones son una abierta violación de lodispuesto por la Convención de Viena sobre relaciones di-plomáticas y sobre la seguridad que deben tener las sedes yresidencias adscritas al régimen diplomático.

Estados Unidos debiera observar con absoluta rigurosidadestas disposiciones, siendo como es, un país con sedes di-plomáticas en casi todo el mundo y, por tanto, interesados enel respeto de los convenios y tratados que garantizan lainviolabilidad de sedes y residencias, así como la observanciade las inmunidades.

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7. Encarcelamientos masivos:Luego de producida la invasión, las tropas norteamerica-

nas detuvieron aproximadamente 5.000 ciudadanos pana-meños, entre civiles y militares. Todos fueron fichados comoprisioneros de guerra, sometidos a interrogatorios y privadosde su libertad.

El Comando Sur estableció 3 categorías para clasificar a losdetenidos: 1) combatientes; b) civiles no involucrados en elconflicto y; c) personas requeridas por la justicia.

Los propios norteamericanos declararon a I.000 de losdetenidos como no combatientes, y los liberaron luego deficharlos.

Otros 3.900 en total, fueron trasladados a los fuertesClayton, Emperador y a un centro de detención especialmentehabilitado en el Colegio Secundario de Balboa.

Todos ellos fueron fichados y chequeados por los nortea-mericanos. La mayoría recobró la libertad, y los demás fuerontrasladados a las cárceles panameñas Modelo y Renacer porestar requeridos por el nuevo gobierno.

Las fuerzas de ocupación mantuvieron bajo su jurisdiccióna 5.000 personas al inicio de las operaciones. Al 20 de enerode este año, aún mantenían un número aproximado de 400personas. A la fecha de nuestra misión (24 de febrero de 1990),el almirante Chandler nos aseguró que ya no tenían ningúnpanameño bajo detención.

Sin embargo, resulta obvio que las fuerzas de ocupaciónprivaron, arbitraria e injustamente, de su libertad a un altonúmero de personas. Los prisioneros no fueron sometidos aprocedimientos judiciales legítimos, y no quedó esclarecido envirtud de qué cargos, y bajo qué autoridad y tribunal estuvieronsometidos.

Es más, no operaron en favor de los prisioneros ningúnrecurso de Habeas Corpus, amparo o protección, ni se lesaplicó forma de juicio alguno donde pudieran hacer valer susderechos.

La brevedad relativa de los periodos de detención nomodifica su carácter violatorio de los Derechos Humanos, enparticular transgrediendo lo dispuesto en la Declaración Uni-versal que en sus artículos 8, 9 y 10 dispone:

'Artículo 8: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo2I

ante los tribunales nacionales competentes, que la amparecontra actos que violen sus derechos fundamentales reconoci-dos por la Constitución o por la ley".

'Articulo 9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, presoni desterrado".

'Artículo 10: Toda persona tiene derecho, en condiciones de.plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por untribunal independiente e imparcial, para la determinación desus derechos y obligaciones para el examen de cualquier acusa-ción contra ella en materia penal".

8. Persecución de dirigentesLas fuerzas de ocupación norteamericanas, durante los

primeros días de la invasión, allanaron numerosas viviendasparticulares, locales sindicales, sedes gremiales y hasta cen-tros de estudio e información. El propósito era doble: a) buscararmas, que no encontraron y b) detener un número de perso-nas, en su mayoría dirigentes políticos adscritos a la depuestaadministración.

En estos allanamientos realizados sin orden de tribunalcompetente alguno, los participantes produjeron destrozos ydaños a la propiedad, requisas y detenciones de personas.

9. Ordenes de detención y persecuciónInstaladas las nuevas autoridades, y posesionadas de su

rol de gobernantes, han comenzado a presentarse preocupan-tes procedimientos que ponen en tela de juicio su invocacióna la reconciliación nacional.

La orden de detención dictada por la Procuraduría Generalde la Nación en contra de todos los integrantes de Ex-consejode Estado para ser procesados por el delito de "extralimitaciónde funciones", cae precisamente en la tipología de persecuciónpolítica.

Tal preocupación asiste, incluso, al propio presidenteEndara. El presidente le manifestó a nuestra Comisión que enel evento de resultar condenado algún ex jerarca por delitospolíticos, él utilizará la potestad presidencial del indulto.

Otro hecho preocupante lo constituye las más de 2.000denuncias recibidas en la Procuraduría General de la Nación,en contra de funcionarios y allegados al depuesto régimen.22

Es evidente que la gran mayoría de tales denuncias tienenun sustento político y han sido alentadas por los medios decomunicación adictos al nuevo régimen. El objetivo de lasacusaciones es impedir que los detenidos, que han sidopuestos bajo jurisdicción panameña, recobren la libertad porausencia de delitos o cargos.

Lo descrito crea un ambiente de tensión,incerteza jurídicay persecución contra los afectados, puesto que genera un climade revanchismo que no contribuye a establecer un escenariofavorable para la reconciliación nacional.

Esta practica de denuncias indiscriminadas y órdenes dedetención por delitos políticos, atenta contra la seguridadciudadana y viola expresas disposiciones de la DeclaraciónUniversal de los Derechos Humanos, que en su artículo 11establece: Toda persona acusada de un delito, tiene derechoa que se presuma su inocencia mientras no se pruebe suculpabilidad, conforme a la ley, y enjuicio público en que se lehayan asegurado todas las garantías necesarias para sudefensa".

"Nadie será condenado por actos u omisiones que en elmomento de cometerse no fueron delictivos según el derechonacional o internacional..."

10. Los despidos masivos, las pérdidas de fuentes de trabajo ylos derechos sindicales

La destrucción de locales comerciales durante los saqueos,luego de la invasión, arrojó pérdidas por 1.500 millones dedólares. Con esto desaparecen diez mil puesto de trabajo, y secrea inestabilidad para 5.000 empleos adicionales.

Las empresas y compañías afectadas no podrán pagar los4.5 millones mensuales en salarios, ni aportarán. al estado880.000 dólares por concepto de servicios públicos.

La nueva administración de Panamá aprobó el 26 dediciembre de 1989 el decreto de gabinete N 9 1 por el cual seautorizan los despidos en el sector público. Adicionalmente,esta disposición deroga el decreto ejecutivo 116 del 10 deoctubre de 1984 que otorgan estabilidad a los empleadospúblicos y, declara interinos a los 150.000 trabajadores delestado.

En virtud del referido decreto N°1, la nueva administración23

ha procedido a despedir a dirigentes sindicales y a mas de3.000 servidores del estado.

Los dirigentes de la Federación Nacional de Asociaciones yOrganizaciones de Empleados Públicos (FENASEP), denuncia-ron ante nuestra Comisión que se encuentra en desarrollo unasistemática campaña dirigida a desmantelar la Asociación deEmpleados, mediante el despido de sus dirigentes, y emplean-do la intimidación y la presión para provocar la desafiliación delos trabajadores.

Igualmente, denuncian que la mayoría de los despidosocurridos en unas 25 instituciones públicas son injustificadase improcedentes: los despidos se verifican verbalmente, sinestablecer causal, sin investigación ni comprobación previa delo imputado al trabajador, y sin respetar los procedimientosadministrativos y jurídicos establecidos en la legislación pan-ameña.

Denuncian, como ejemplo, el despido de trabajadoras quegozan de fuero maternal, la suspensión indefinida de trabaja-dores y la retención ilegal de salarios.

La situación descrita viene a agravar el drama del altonúmero de desempleados en Panamá. A consecuencia de lainvasión, el desempleo subió del 22 por ciento al 33 por cientode la población económicamente activa.

Tanto los dirigentes sindicales y gremiales entrevistados,como el propio presidente Endara, concuerdan en el volumende desempleo antes indicado. Ademas, en ciudades comercia-les como Colón, este porcentaje se ha elevado hasta el 50 porciento.

Tal situación tendera a agravarse por cuanto es posiblepredecir una disminución del Producto Interno Bruto realentre el 35 y 40 por ciento para 1990.

Según el economista Juan Jované, los propios organismosempresariales calcularon en un primer momento las pérdidasmateriales por la invasión en cerca de 1.500 millones debalboas. La mayor parte de estas pérdidas corresponde a ladesaparición de los inventarios. Desde el punto de dista delempleo, la contracción de la actividad privada significará ladesaparición de unos I5.000 puestos de trabajo que se de-berán sumar a los ya perdidos.

En el sector campesino por su parte, 36.000 campesinos24

beneficiarios de la Reforma Agraria han dejado de ser sujetosde crédito por la eliminación de la asistencia técnica y apoyocrediticio. En tales condiciones, este importante sector laboralno podrá mantener la producción de la tierra reformada.

Conclusiones1.La equivocada política de EE.UU hacia Panamá en los úl-

timos diez años se caracterizó por una continúa intervenciónpolítica, diplomática y económica en los asuntos internos delpaís a fin de promover los objetivos e intereses de las adminis-traciones Reagan-Bush.

Con la legitimación de las elecciones fraudulentas de 1984ganadas por Ardito Barletta, (calificadas por la administraciónReagan como triunfo de la democracia), y con el sistemático re-conocimiento de todos los-gobiernos que lo sucedieron, Esta-dos Unidos estimularon el ascenso de Noriega al poder reci-biendo a cambio la cooperación de éste para hacer de Panamauna base de la proyección e influencia norteamericana en laregión. Ejemplo de esto son los documentados "servicios" delgeneral Noriega como informante pagado de la CIA, sus activi-dades de hostigamiento al régimen de Nicaragua, actividadesde inteligencia e información sobre Cuba, etc.

Mientras el "hombre fuerte" de Panamá les fue útil, EstadosUnidos toleró la participación de Noriega en la corrupción, elnarcotráfico y su creciente y arbitrario abuso de poder, impi -

diendo de . esta manera la consolidación de un verdaderoproceso democratico en Panama. Esta equivocada políticaotorga una gran cuota de responsabilidad a Estados Unidossobre la caótica situación a que se llegó en Panamá y queculminó con la invasión militar del 20 de diciembre.

2. La invasión norteamericana a Panamá constituyó unatragedia para ese país en pérdidas de vidas humanas, severosdaños materiales y fractura de la convivencia nacional.

La invasión viola principios fundamentales del derechointernacional contenidos en las cartas de la Organización deEstados Americanos y Naciones Unidas como lo son losprincipios de No Intervención, Soberanía, Auto-Determinaciony No Uso de la Fuerza para Dirimir Diferencias.

La invasión militar destruye las bases de sustentación delSistema Interamericano de Defensa contenidas en el Tratado

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Interamericano de Asistencia Recíproca al haber violado expre-sas disposiciones sobre consultas y acciones colectivas.

En la ejecución de la operación militar, Estados Unidosvioló asimismo disposiciones básicas de los Convenios deViena sobre derechos internacionales diplomáticos y consula-res y las establecidas en los Convenios de Ginebra y La Hayasobre la protección de las víctimas de guerra.

Nuestra delegación pudo comprobar en el terreno que:a. Los medios utilizados fueron notoriamente despropor-

cionados frente a la reducida capacidad de la nación agredida.b. La cantidad de víctimas fatales del país invadido es

superior 25 a 1 respecto al número de víctimas de los invasores.c.El volumen de daños provocados a la economía, actividad

financiera y comercial, e infraestructura productiva demues-tra una acción devastadora innecesaria e inútil en relación alos objetivos alegados para justificar la invasión.

3. Las tropas norteamericanas permanecen aún en Pan-amá. Si bien pudimos comprobar que el volumen ha sidoreducido a aproximadamente 12,000 efectivos, esto es, a losniveles mantenidos pre-invasión, también es cierto que estastropas operan fuera de las bases del Comando Sur realizandoactividades que corresponden a la administración del estado:patrullaje policial, asesoría administrativa a dependenciaspúblicas, custodia de residencias y locales correspondientes alas nuevas autoridades, allanamientos e investigaciones frentea denuncias sobre supuesta existencia de armas, vigilancias ypatrullaje en zonas rurales como Chiriquí, David, etc. Talesactividades fueron reconocidas a nuestra delegación tanto porel almirante Chandler como por el mismo presidente Endara.

4. Panamá vive hoy bajo un peligroso clima de tensiónsocial que puede tener dramáticas consecuencias. Configuraneste clima, entre otros, los siguientes hechos: la masivadestrucción de la economía nacional y la actividad comercialcon sus secuelas de desempleo y recesión; la creciente frustra-ción de pobladores de El Chorrillo y demás áreas urbanasdestruidas por la invasión, quienes no han percibido indemni-zación alguna y se encuentran en condiciones de hacinamientoen campos de refugiados; el drástico empobrecimiento decampesinos beneficiarios de la Reforma Agraria que al perdersu acceso al crédito se ven imposibilitados de trabajar la tierra26

y corren el peligro de perderla; el despido masivo de servidorespúblicos sin justa causa ni debido proceso.

Lo anterior resulta tanto más peligroso por cuanto la nuevaFuerza Pública panameña, en declaraciones de su propiocomandante y del presidente Endara a nuestra delegación, nose encuentra en condiciones de controlar ningún estallido uolas de protesta social. Esta situación hace que las tropasnorteamericanas se vean obligadas a controlar y reprimir laseventuales manifestaciones de descontento popular, aumen-tando así el problema de la presencia y ocupación extranjerasen Panamá.

5. Existen cuestionamiento de orden jurídico sobre lalegitimidad del gobierno civil instalado en Panamá como resul-tado de una invasión militar extranjera.

En efecto, el acto de instalación y asunción del nuevogobierno se verificó en la base militar norteamericana Albrooken presencia de la Comandancia de las tropas invasoras.Tomamos nota, sin embargo, que posteriormente se llevó acabo un acto de legitimación otorgado por la misma JuntaElectoral de Noriega que en mayo anuló el triunfo de Endara.

El nuevo gobierno sostiene que el origen legítimo de sumandato se encuentra en las anuladas elecciones de mayo. Sinembargo, aunque existe la convicción de que el entoncescandidato Guillermo Endara ganó dichos comicios, no es lainvasión militar de una potencia extranjera el medio válidopara legitimar la asunción al poder.

6. Existen en Panamá algunos signos positivos, de parte dela nueva administración que permiten abrigar esperanzas demejoramiento a la situación de los Derechos Humanos.

Entre estos signos se inscriben:a. El compromiso asumido por el señor presidente Endara

ante nuestra delegación en el sentido de facilitar el otorgamien -

to de salvo conductos a la mayoría de los panameños asiladosen distintas sedes diplomáticas.

b. La decisión del gobierno de reconocer la jurisdicción dela Corte Interamericana de Derechos Humanos, anunciada porel presidente Endara. a nuestra delegación.

c. La invitación del gobierno de Panama a la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos a realizar una visita.

d. El reconocimiento por parte del presidente Endara de27

que las órdenes de detención dictadas en contra de los ex-miembros del Consejo de Estado, y el correspondiente procesoanunciado por la Procuraduría General de la Nación, consti-tuirá un claro caso de procesamiento a delitos políticos. Elpresidente manifestó su disposición a utilizar el expediente delindulto presidencial en el evento que el proceso judicial culmi-ne en condenar a algunos de los afectados.

7. Los países latinoamericanos han condenado severamen-te la intervención de Estados Unidos a Panamá. El temorhistórico hacia el uso de la fuerza militar por parte de EstadosUnidos se ha acentuado porque esta acción, desafiando elderecho internacional, sienta un peligroso precedente sobre eluso de la fuerza militar para imponer los objetivos de la políticanorteamericana. Así como antes fuera la protección de lahegemonía norteamericana en el hemisferio, y luego la luchacontra el comunismo, hoy se esgrime como pretexto justifica-dor de la intervención, la lucha contra el narcotrafico y ladefensa de la democracia.

Recomendaciones1. Al gobierno de Estados Unidos

a) Las fuerzas estadounidenses debería ser retiradas dePanamá inmediatamente. Si la seguridad de Panamá continúasiendo un problema que el gobierno panameño no está encondiciones de solucionar, se debería explorar posibilidades deayuda en instituciones internacionales como Naciones Unidasy la Organización de Estados Americanos.

b) El gobierno de Estados Unidos debe asumir a la mayorbrevedad su responsabilidad de reparar los daños causadospor la invasión. Esto es, la reconstrucción de viviendas.negocios y otros bienes destruidos, como también la justacompensación a las víctimas y sus familiares.

c) El gobierno norteamericano deberla implementar enforma rapida y efectiva la ayuda material para la reactivacióneconómica (economista panameños calculan necesario unos2.000 millones de dólares). En este sentido resulta preocupan-te la demora en aprobarse y efectivizarse la ayuda . Laadministración Bush pone hoy en manos del Congreso la apro-bación de la ayuda para la reconstrucción de Panamá, con elconsiguiente debate y demora. después de haber in vadidoPanamá sin previa consulta o autorización del Congreso.2d

d) El gobierno de Estados Unidos debe hacer expresa antePanamá y los países de la comunidad interamericana suintención de cumplir y respetar los tratados del Canal y lasobligaciones en ellos contenidas, en particular el retiro detodas sus fuerzas en 1999.II. Al gobierno de Panamá:

a) El gobierno del presidente Endara debería formalizarsobre bases firmes su legitimidad ante el pueblo panameño yla comunidad internacional. En este sentido sería aconsejablela consideración de convocar a una instancia legitimadora, seaésta plebiscito, referéndum o la organización de un procesoelectoral que garantice condiciones de libertad e igualdad deoportunidades a todas las fuerzas políticas nacionales.

b) Poner control y fin a la indiscriminada campaña dedenuncias y procesos de claro contenido político contra funcio-narios de régimen depuesto.

c) Poner fin a los despidos masivo injustificados de funcio-nados públicos y restituir en sus funciones a los injustamentedespedidos.

d) Atender las denuncias de hostigamiento contra la Uni-versidad de Panamá, y disponer de los recursos necesariospara su funcionamiento. Igualmente, observar el debidorespeto a la autonomía universitaria y al ejercicio de lasactividades docentes.

e) Facilitar el otorgamiento de créditos a los campesinosgarantizando su potencialidad productiva e impedir la rever-sión de la propiedad de las tierras otorgadas por la ReformaAgraria.

f) Panamá no debería debilitar sus lazos con la comunidadlatinoamericana. El nuevo gobierno debe comprender laspreocupaciones de sus vecinos acerca de la invasión de Esta-dos Unidos.III. A la comunidad internacional

a) Propiciar ayuda a los damnificados y víctimas de lainvasión y posteriores efectos, en forma de alimentos, medici-nas y ropa que alivie el actual drama de los refugiados internosde Panamá.

b) Ofrecer la colaboración material y técnica al gobiernopanameño en su programa de reconstrucción y reestructura-ción de la Fuerza Pública y otras areas que ayuden a efectivizarun verdadero proceso de reconciliación nacional.

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