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“PARA CALMAR LO S ÁNIMOS ENTRE LOS VECINOS DE ESTE LUGAR”:COMUNIDAD Y CONFL ICTO EN EL PÁTZCUARO

DEL PORF IR IATO

R E L A C I O N E S 1 0 0 , O T O Ñ O 2 0 0 4 , V O L . X X V

Joaquín de la Cruz

W i l l i a m R o s e b e r r y =

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En este artículo examino una serie de conflictos del Porfiriato que qui-zá nos ayude a entender algunas dimensiones de la respuesta a unade las preguntas que deben desafiar a las interpretaciones esencialis-tas acerca de los agricultores rurales y sus participaciones en los mo-vimientos y coaliciones antiagraristas: durante los conflictos políticosde los años de 1920 y 1930, ¿a qué se debe que esas disputas fueroncasi fratricidas? ¿Por qué se dirigió la violencia contra otras personasdel mismo pueblo campesino o de pueblos campesinos vecinos? Si enrealidad estuvieron revindicando su cultura, ¿por qué usar sus argu-mentos más fuertes –es decir, las balas y los machetes– contra sus pro-pios primos? Los efectos diferenciales y las consecuencias diferencia-doras de las leyes y de los procesos de desamortización durante elPorfiriato permiten una aproximación a la respuesta de esta y otrasinterrogantes. Por lo tanto el presente estudio se enfoca en las dispu-tas y la política prerrevolucionarias y representa un primer intento deconstruir –mediante una tipología de conflictos– una sociología com-pleja de Pátzcuaro de fines del siglo XIX.

(Cuenca de Pátzcuaro, reformas liberales, campesinos, agrarismo)

na manera clásica de concebir la relación entre las dé-cadas del Porfiriato y las de la Revolución respecto delcampo mexicano ha sido la perspectiva “agrarista”,que sostiene que el rápido desarrollo del capitalismoagrario condujo al deterioro y expropiación de las co-

munidades campesinas, las cuales se sublevaron más tarde en la formade una fuerza revolucionaria. Ya que esta visión tiene mayor relevanciapara ciertas situaciones que otras (o quizá que la mayoría, ya que su en-foque clásico es en las tierras bajas de Morelos), son varios las perspec-tivas analíticas alternativas que han intentado captar la experiencia po-lítica de otras regiones. Un acercamiento importante entre las historiasregionales que han surgido implica la exploración de estructuras y pro-cesos agrarios muy distintos en el México de fines del siglo XIX y, conse-cuentemente, de los distintos niveles y formas de participación de losagricultores rurales en la Revolución, de las diferentes alianzas quecrearon y de las lealtades que manifestaron. No obstante, el vínculo en-

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tre la historia social de la Revolución y la de las transformaciones delPorfiriato es relativamente claro.

Sin embargo, al tiempo que los análisis se aproximan al problema dela participación campesina en los violentos movimientos posrevolucio-narios y la política de las décadas de 1920 y 1930 –especialmente en eloccidente del país, incluida la región de Pátzcuaro, Michoacán, dondeahora trabajo– se rompe ese vínculo entre la historia social del Porfiriatocon la política revolucionaria y posrevolucionaria, al menos en el nivelde la interpretación. En su lugar, especialmente en sus análisis de la par-ticipación de los campesinos en los movimientos y coaliciones antiagra-ristas, los analistas han tendido a enfatizar su conservadurismo, su ca-tolicismo o –en una importante interpretación reciente– su cultura. Ensu afán por subrayar las diferencias que caracterizan a los agricultoresrurales en esas regiones del occidente y por mostrar cómo ellos no se ali-nean con las versiones agrarista o heroica de la Revolución y sus secue-las, esos autores basan sus afirmaciones más bien en los rasgos “esencia-les” de los cultivadores como tales y no en un análisis de las relacionessociales y de los conflictos de un periodo anterior.

Existen, sin embargo, por lo menos tres incógnitas respecto de losconflictos políticos de los años de 1920 y 1930 que esas interpretacionesesencialistas deben enfrentar: 1) ¿A qué se debe que esas disputas fue-ron casi fratricidas? ¿Por qué se dirigió la violencia contra otras perso-nas del mismo pueblo campesino o de pueblos campesinos vecinos? Sien realidad estuvieron revindicando su cultura, ¿por qué usaron sus ar-gumentos más fuertes –es decir, las balas y los machetes– contra suspropios primos?; 2) ¿Es posible comprender sociológicamente los patro-nes de las coaliciones agraristas y antiagraristas en el interior de lospueblos y entre unos pueblos y otros? ¿Tuvieron bases sociales discerni-bles estos dos tipos de coaliciones, cuando emergieron dentro del cam-pesinado?; 3) ¿Por qué fue de índole religiosa el lenguaje del argumen-to? (La pregunta no es ¿por qué eran los campesinos tan fervientementecatólicos?, sino ¿por qué expresaron los conflictos políticos más profun-dos en términos de pro y anticatólico y de la defensa de la fe, al mismotiempo que quemaban los santos?).

Sugiero que podemos aproximarnos a las respuestas a estas interro-gantes si regresamos a las décadas del Porfiriato para examinar los efec-

“PARA CALMAR LOS ÁNIMOS. . . ”

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tos diferenciales y las consecuencias diferenciadoras de las leyes y de losprocesos de desamortización. Necesitamos ir más allá del análisis obvioy simple de esas leyes y procesos –el cual alega que no provocaron undeterioro generalizado ni impulsaron el capitalismo agrario (es decir,que la situación en Pátzcuaro no fue igual a la de Morelos)– y pregun-tar ¿qué fue lo que hicieron esos procesos y leyes? Estoy en las primerasetapas de un proyecto de investigación en la región de Pátzcuaro queexplora precisamente esta pregunta. Si bien los conflictos revoluciona-rios y posrevolucionarios están fuera del alcance de esta investigación,espero que un estudio más detallado de los procesos y conflictos posre-volucionarios dé lugar a una interpretación alternativa que sea menosesencialista. En este artículo examino una serie de conflictos del Porfi-riato que quizá nos ayuden a entender algunas dimensiones de la res-puesta a la primera pregunta anotada arriba: ¿A qué se debe que esasdisputas fueron casi fratricidas?1

Empecemos con materiales que nos permiten considerar tres mo-mentos en la historia social de la comunidad indígena de Opopeo, ubi-cada en las colinas al suroeste de Pátzcuaro. Este pueblo colindaba conla hacienda más grande de la región, llamada Casas Blancas, donde tra-bajaban un buen número de sus habitantes. El administrador de la ha-cienda y algunos de sus capataces vivían en Opopeo, pues era la locali-dad más cercana que contaba con la “vida de pueblo”; es decir, unaplaza, una iglesia, comercios, etcétera. Opopeo había reclamado tierrasque estaban en manos de la hacienda y tomado medidas legales en el si-glo XVIII. Aunque la hacienda tenía una estructura administrativa y or-

1 Nótese el libro de Jennie Purnell (1999) sobre los agraristas y cristeros en Michoa-cán; aunque no lo he visto y no está incluido en estos comentarios críticos. Una razónpara esperar ese libro con cierto interés es que, si bien se enfoca en las décadas posrevo-lucionarias, también examina las transformaciones del Porfiriato, especialmente las quetuvieron que ver con las leyes de desamortización. Véase, por ejemplo, su “With all DueRespect...” en el siguiente número de Latin American Research Review. En deferencia a micolega Purnell, cambié el título original de este artículo, “We come with respect...”. Ennuestras respectivas búsquedas de títulos, ambos nos fijamos en la llamativa retórica delas introducciones de peticiones indígenas al gobernador en el siglo XIX. El título escogi-do por Purnell es una traducción literal de esa apertura ritual; el mío obviamente recuer-da el título del libro de Warman, We Come to Object (Baltimore 1982).

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ganización de trabajo complejas, dejo este tema de lado para enfocarnuestra atención en Opopeo.

Si bien se podría pensar que la hacienda vecina dominaba la vida so-cial y doméstica de Opopeo, en los dos primeros momentos que analizoparece más bien que no jugaba un papel importante. Estos dos momen-tos están relacionados con la aplicación de las leyes de desamortizacióny la obligación de parte de los pueblos indígenas de deslindar, dividir yregistrar sus tierras; es decir, de hacer un reparto.

El primer momento comienza en 1869, tras la expulsión de los fran-ceses y el regreso al poder de los liberales, tanto en el ámbito local comoen la ciudad de México. Se distingue por la negativa que la comunidaddio al decreto gubernamental que ordenó la división de las tierras delpueblo en parcelas individuales y particulares. Los presidentes muni-cipales dieron lectura al decreto en actos públicos en todas las comuni-dades indígenas. Después de la lectura se aguardaba la respuesta de loslíderes de los pueblos; suponiendo de antemano que mostrarían su dis-posición de cumplir. En caso contrario –les hicieron entender– sus tie-rras quedarían sujetas a impuestos cuyo pago sería responsabilidad dela comunidad entera. En caso de no pagar esos impuestos, las tierras po-dían ser adjudicadas en subasta. Se supone que para entonces un escri-bano redactaba el documento en que se asentaban la celebración delacto público y la respuesta de la comunidad, firmado por el presidentemunicipal y los líderes locales.

En los actos públicos algunos pueblos se negaron a repartir y regis-trar sus tierras. Otros (especialmente comunidades urbanas como Pátz-cuaro y Santa Clara) accedieron al reparto total e inmediato de sus tie-rras. Sin embargo, la mayoría sólo accedió a un reparto parcial que“privatizó” los lotes para casa y las tierras agrícolas; pedazos que desdetiempos antiguos estaban sujetos a la apropiación individual y eran con-siderados “tierras de repartimiento”. Así, reservaron sus bosques y pas-tizales –las llamadas “tierras de comunidad”– como recursos comunales.

Opopeo fue uno de los pocos pueblos que simplemente respondió“no” al programa de reparto. El documento público en que se registró surespuesta dice: “Toda la comunidad alegó que la tierra no puede divi-dirse, pues mientras los bienes sean comunales, ningún indígena carece-rá de lo necesario para su subsistencia, ya que nadie podrá enajenar su


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tierra; por otra parte, si se divide la tierra, los indígenas venderán susparcelas y esto traerá consigo la insolvencia”.2

En su respuesta negativa los vecinos de Opopeo hablaron “de unavoz,” aunque hay indicaciones de cierta diferenciación en el interior delpueblo. La comunidad, en tanto comunidad, satisfacía las necesidadesde todos sus miembros y, si se llegara a disolver, algunos de sus miem-bros –al menos– padecerían la “insolvencia” (en palabras del escribano).

Ahora veamos el segundo momento; un episodio largo y complica-do que comienza dos décadas más tarde. Para principios de la década de1890, Opopeo ya se encontraba en dificultades. Desde que aceptó pagarlos impuestos en forma comunal, sus tierras habían estado valuadas en5 000 pesos, y el pueblo se había mantenido al corriente en sus pagos.En 1889, sin embargo, se ordenó un nuevo avalúo para adecuar la baseimpositiva al potencial valor comercial de las tierras. Esto ocurrió justoen el momento en que los bosques empezaban a llamar la atención delos madereros como resultado de la extensión de dos vías de ferrocarrilhacia los cerros. Un primer avalúo fue de 35 135 pesos, pero los vecinoslo impugnaron. Dos años más tarde se propuso un avalúo mucho másbajo y, tras negociaciones, se fijó un valor de 17 274 pesos. Más tarde, sinembargo, el recaudador de rentas en Pátzcuaro intentó hacer el avalúoretroactivo a 1889; lo que significó que Opopeo enfrentaría una enormedeuda que no podía pagar. Jesús Pahua, el representante del pueblo,apeló ese avalúo pero su apelación fue rechazada y en 1897 el gobiernoempezó a insistir en la subasta de la mayor parte de las tierras de Opopeo.

En ese momento ocurrieron varias cosas interesantes. Primero, losinformes del recaudador de rentas revelan que los derechos individua-les de quizá la mitad de las tierras no privatizadas ni registradas habíansido vendidos a forasteros. El recaudador recomendó que se permitieraa cada forastero pagar la parte proporcional de los impuestos vencidosy luego registrar sus derechos legalmente como nuevos propietarios.También dijo que los vecinos de Opopeo debían encargarse del pago de

2 AHPEM, fondo Hijuelas, Distrito de Pátzcuaro, Libro 3, fs. 273-274. La cita es tomadade un informe sobre el incidente de 1869 presentado al gobernador del estado y firmadopor el presidente municipal de Santa Clara (quien intentó persuadir a los opopeños a pri-vatizar) y muchos otros miembros de la comunidad.

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la otra mitad de los impuestos vencidos, correspondientes a las tierrascomunales no vendidas; pago que podía efectuarse en efectivo o me-diante la subasta de dichas tierras.

Segundo, al verse amenazados por la inminente subasta, ciertos ve-cinos encabezados por Jesús Pahua pidieron –no a nombre de la comu-nidad, sino en forma particular– que se revocara la postura de 1869 y secobrara en forma individual. De esta manera, cada persona sólo pagaríalos impuestos vencidos que correspondían a su parte de los recursos co-munales. Las tierras de los que no podían pagar serían tratadas comoparte del común e incluidas en la subasta. El gobernador accedió a esteproceder y concedió a los opopeños como Pahua unos meses para veri-ficar sus propiedades y pagar los impuestos. Posteriormente, se autori-zaron varias demoras, aunque el recaudador se quejaba –con cada vezmás exasperación (y humor)– de los subterfugios a que fueron someti-dos sus procedimientos.

Tercero, en 1898 y enmedio de esos procedimientos, Pahua presentóuna petición propia. Resulta que él mismo era una de las personas quehabía comprado parcelas del común a otros vecinos. Pidió que esas tie-rras compradas no contaran como parte de lo que le correspondía comovecino del pueblo, sino como propiedad que había comprado en calidadde forastero o “poseedor extraño”. Desde un punto de vista sencillo ymaterial, Pahua sólo intentaba bajar el monto de sus impuestos, ar-gumentando que la tierra que había comprado como “extraño” valíamenos de 100 pesos y, por tanto, no estaba sujeta a impuestos. Si el re-caudador se saliera con la suya y ambos tipos de tierras fueran consi-derados “un solo capital”, Pahua se vería obligado a pagar mucho másimpuesto. En otro nivel, sin embargo, Pahua intentaba realizar una in-teresante maniobra cultural, al alegar que tenía tierras tanto dentro delcomún como fuera de él. En cierto sentido también parecía alegar que élmismo era a la vez “del pueblo” y “de fuera” (ciertamente una apela-ción anterior suya en que pidió que lo consideraran un individuo en loque tocaba a su obligación de pagar impuestos, indica su presteza dedeshacerse del manto comunal si le era preciso).3

3 AHPEM, fondo Hijuelas, Distrito de Pátzcuaro, Libro 3, fs. 137-189. Esta complicadaapelación fue rechazada. El gobernador no se dirigió al argumento social y cultural, aun-


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Cuarto, cuando se registró el reparto en 1903, ya no había tierras co-munales para dividir.4 Pahua simplemente entregó hijuelas que recono-cían la propiedad de los individuos. Esas propiedades son descritascomo tierras agrícolas con un pedacito de pastizal o malpaís, pero nohay referencia alguna al bosque ni a algún monte en particular. De los270 nombres en la lista del reparto (“padrón”) 133 recibieron únicamen-te lotes para casa. De los 137 restantes, 27 recibieron tierras y/o lotespara casa con un valor total menor a los 40 pesos. Al otro extremo de laescala, 26 personas recibieron tierras y lotes para casa con un valor de80 pesos o más. El valor total estimado de las tierras divididas fue de 10711 pesos; poco más de la mitad del avalúo de 1891.5

Ahora, consideremos un tercer momento que sucedió unas tres dé-cadas después del reparto y las disputas que lo rodearon. Entre el se-gundo momento y el tercero intervinieron, por un lado, la Revolución,que estalló menos de una década después del reparto final y, por el otro,la reforma agraria posrevolucionaria en que algunos opopeños pidieronla restitución de sus tierras y les fue otorgado un ejido. El tercer momen-to comienza más o menos una década después del otorgamiento de eseejido. El 25 de septiembre de 1937 los miembros del comisariado ejidalde la comunidad agraria de Opopeo decidieron escribir a máquina lasactas de una asamblea extraordinaria y enviar copias al carbón al presi-dente Lázaro Cárdenas y a varios otros funcionarios del gobierno. A lolargo del año anterior habían vivido conflictos cada vez más violentos einquietantes con el pueblo vecino de Casas Blancas asociados con el

que sus consejeros lo vieron con escepticismo. Se basó el rechazo, en una razón más sen-cilla: ya que la tierra comprada valía más de cien pesos, el argumento quedaba sin efecto.

4 No he podido determinar aún si hubo o no una subasta, o si adicionales tierras co-munales fueron vendidas en los años intermedios. El hecho de que el valor de las tierrasdivididas en 1903 fue sólo alrededor de la mitad del de 1891 quizá indique que las másde las ventas ocurrieron antes de los años del pleito con las autoridades de rentas.

5 Libro de reparto de bienes de la extinguida comunidad de Opopeo, 1903, AHCP, Libro 99.Parece ser que en el reparto de Pahua la tierra fue seriamente subvaluada, probablemen-te por que intentaron dejar la mayor parte de ella fuera de los registros de impuestos,pues Pahua no quería cruzar el umbral de los cien pesos que significaba la obligación depagar impuestos. A pesar del avalúo aparentemente bajó de 80 pesos, está claro que laspersonas con propiedades de este valor –o más– constituyeron una elite terrateniente enOpopeo.

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otorgamiento de un ejido a este último. Parece ser que los agrimensoresdel nuevo ejido habían incluido una sección de tierra de la antigua ha-cienda de Casas Blancas que incluía la única entrada conveniente al eji-do de Opopeo (el cual, por su parte, fue creado de las tierras de la mis-ma hacienda una década antes). Los opopeños tenían un arreglo enprivado con el dueño de la hacienda, Luis Ortiz Lazcano, en que inter-cambiaron un pedazo de tierra por otro para así evitar un conflicto y ha-bían solicitado la aprobación de ese pequeño cambio a varias agenciasdel gobierno. No obstante, la dotación medida por el agrimensor ya ha-bía sido aprobada y los residentes de Casas Blancas bloquearon el ac-ceso de los opopeños a su ejido. Este acto ya provocaba numerosos in-cidentes, incluido el asesinato de Nazario Tzintzun de Opopeo y elsacrificio de varios cerdos y reses (en su carta de queja la lista de abusospone a la muerte de Tzintzun en sexto lugar, después de la matanza devarias vacas; enseguida de Tzintzun, la lista menciona los cerdos).

En las actas mencionadas arriba, los opopeños pidieron que los veci-nos de Casas Blancas fuesen expulsados de su ejido, pues no habían mos-trado la debida “fraternidad” hacía sus hermanos de clase. Mas aun,dice:

Cuando los compañeros de Casas Blancas eran peones acasillados y vivíanen el Molino del Refugio, propiedad de nuestro victimario, Luis Ortiz Laz-cano, fuimos los primeros en ayudar y protegerlos para que pudieran libe-rarse de su victimario y solicitar una dotación de tierra. Y, creyéndolos bue-nos vecinos y amigos, sugerimos que solicitaran una dotación de tierrasque alguna vez habían pertenecido a nuestra comunidad –entonces una co-munidad indígena– como legado de nuestros antepasados y que colinda-ban con las [tierras] que ahora pertenecen a nuestro pueblo.

Sin embargo, la respuesta de la gente de Casas Blancas consistió enmatarlos a ellos y a su ganado y bloquear el acceso a su ejido. Aunque alcomenzar sus actas los opopeños contemplaban exigir la expulsión de losvecinos de Casas Blancas de su ejido, terminaron con una demanda másmodesta: un intercambio de predios a fin de prevenir más conflictos.6

6 AGN, fondo Presidentes, Cárdenas, 404.1/3142.


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El conflicto de los años de 1930 tuvo, por su parte, varios anteceden-tes históricos. Importante entre ellos era el recuerdo de las más extensastierras indígenas que alguna vez tenían los vecinos de Opopeo. Empero,el antecedente más inmediato fue la dotación del ejido a Opopeo en1926. La solicitud inicial de Opopeo fue registrada en 1917 por un repre-sentante de nombre Felipe Tzintzun y pedía la restitución de las tierrascomunales que les fueron quitadas (”usurpadas” dice el documento,aunque el verbo más común era “despojar” y por usurpación decían“despojo”). Sin embargo, como Tzintzun no pudo presentar ningunaevidencia de “despojo”, la comisión agraria local cambió el procedi-miento de una petición de restitución a una de dotación, para la cualOpopeo calificaba en virtud de poder comprobar: a) que ostentaba la ca-tegoría política de “pueblo” y; b) carecía de suficientes tierras para satis-facer las necesidades de toda su población. La dotación que resultó –de2 595 hectáreas– fue aprobada por el presidente Calles en 1926 e implicóla expropiación de la mayor parte de las tierras de la hacienda CasasBlancas de Ortiz Lazcano y del rancho vecino de Surupio (más tarde eldueño de Surupio demandó con éxito que se revocara la expropiaciónde su rancho, alegando la protección de la pequeña propiedad e irregu-laridades en el proceso).7

La dotación aumentó la tensión en lo que quizá haya sido una anti-gua disputa entre Opopeo y Casas Blancas. No sé todavía si Ortiz Laz-cano sufrió en algún sentido por la pérdida de esa parte de su propie-dad, pues los terratenientes tenían el derecho de reclamar al gobiernouna compensación monetaria por las tierras que perdían. Para la épocade este procedimiento Ortiz Lazcano (quien vivía en la plaza princi-pal de Pátzcuaro), ya había creado la Empresa de Luz Eléctrica y FuerzaMotriz. Una de las razones de por qué se tardó tanto en aprobar la ex-propiación es que la dotación afectó en forma inmediata a los peonesque vivían y trabajaban en la hacienda, quienes perderían sus casas, tie-rras y cultivos. Por tanto, una dotación provisional a Opopeo en 1923fue echada abajo cuando los residentes de Casas Blancas se quejaron deque los de Opopeo se estaban apropiando (decían “se nos despoja”) tie-

7 AGN, fondo CNA, vol. 33, fs. 195-199. Para la apelación de parte del dueño de Surupio(Juan Moreno) véase AGN, fondo Presidentes, Obregón-Calles, 818-0-39.

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rras que ellos habían cultivado por muchos años.8 Los peones de hacien-das no calificaban para dotaciones sino hasta la década de 1930 (por notener la categoría política de “comunidad”), de manera que cuando lospeones de Casas Blancas ganaron ese derecho en 1935 y 1936 y lo ejercie-ron, ellos (y el Estado) introdujeron un nuevo elemento en una serie dedisputas que ya hervía a fuego lento desde tiempo atrás.

Ahora bien, pasemos a analizar estos tres momentos en conjunto. Elprimero indica una comunidad indígena aparentemente unida que ac-tuaba como tal en disputas con los representantes del Estado. Casi es se-guro que la comunidad estuvo diferenciada en dos grupos (tambiéndiferenciados en su interior): los que tenían y los que no tenían tierras.Es decir, a pesar de la tenencia corporativa de la tierra la mayoría de lascomunidades combinó la apropiación individual de las parcelas agríco-las centrales (y de más alto valor) con la posesión comunal de bosquesy pastizales. Así, varios de los vecinos (probablemente más de la mitad)no tenían acceso a los mejores campos agrícolas o sólo un acceso limita-do. Estos últimos tuvieron que conformarse con los bosques y pastiza-les. Más aun, desde sus condiciones diferenciadas los miembros de lacomunidad participaron en algún tipo de relación con la hacienda deCasas Blancas, aunque el documento analizado no habla de este tema.

El segundo momento también es marcado por una tensa relación en-tre la comunidad y los representantes de un Estado cada vez más agre-sivo. Ahora resaltan dos relaciones de diferenciación: una en el interiorde la comunidad entre los que podían pagar sus obligaciones imposi-tivas y los que no (una distinción que es casi seguro correspondió a ladiferencia que ya mencionamos entre los que tenían tierras y los queno), y una segunda entre los miembros de la comunidad y los forasteros(en este grupo se incluye al menos a un miembro de la comunidad quedeseaba definirse, en parte, como “extraño”), que adquirieron los dere-chos a las tierras de la comunidad. En efecto, parece ser que la comuni-dad había perdido la mayor parte de los bienes de comunidad antes dela época del reparto.9 La presión ejercida por los funcionarios del Estado

8 AGN, fondo Presidentes, Obregón-Calles, 818-0-3.9 Aunque todavía no he encontrado el rastro de los fuereños que compraron esas tie-

rras, dudo que Casas Blancas haya participado activamente. En ese preciso momento de


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se hizo tan severa que al parecer dividió el pueblo con límites esencial-mente clasistas; pues los privilegiados mostraron su disposición deabandonar a sus paisanos a fin de salvar sus propios pellejos. La llega-da del reparto puede entenderse, desde la perspectiva del pueblo, comoun acto de traición.

Está claro que el tercer momento fue mediado por el Estado, ya queabarca disputas que surgían de la implementación de la reforma agra-ria. Empero, las líneas de tensión que resaltan son, primero, las que se-pararon a la comunidad de Opopeo (entonces una comunidad agraria)de la hacienda de Casas Blancas y otra que dividió a la comunidad deOpopeo del pueblo de Casas Blancas. Ambas fueron explotadas por lahacienda y los opopeños insistieron en que debían actuar como “herma-nos de clase”, a pesar de ocupar posiciones muy diferentes en su rela-ción con la hacienda. Casas Blancas no podía reclamar el estatus indí-gena ni de pueblo porque era una comunidad de peones acasillados quetrabajaban para la hacienda, mientras que Opopeo era una comunidadindígena (o excomunidad indígena). Muchos de sus miembros trabaja-ban en la hacienda y recordaban sus otrora extensas tierras comunalesque habían pasado a manos de la hacienda y que ahora fueron cedidas porel Estado al ejido de Casas Blancas. En su petición de 1937 aluden cuida-dosamente al hecho de que los peones de Casas Blancas estaban vivien-do en tierras que antes habían formado parte de su patrimonio ancestral.

expansión comercial en la zona, los dueños de la hacienda –las hermanas Lazcano– estu-vieron interesadas principalmente en mantener el statu quo. Durante la década de 1880una de las hermanas –soltera– fungió como el principal agente y rentó la hacienda a uncomerciante de Pátzcuaro y su hijo (un abogado prominente). Las muchas estipulacionesen el contrato muestran que ella estuvo preocupada más bien por dos asuntos: 1) asegu-rar un ingreso mensual (relativamente modesto); y 2) exigir que los bosques no fuerantalados y que los arrendatarios los protegieran de incursiones. Esto lo exigió en una déca-da en que las haciendas, ranchos y comunidades indígenas vecinos empezaban a cortary vender su madera activamente. Durante la década de 1890 una hermana más agresivaapareció en la escena, pero las hermanas siguieron rentando la hacienda, ahora al aboga-do que anteriormente la había rentado con su padre. Aún en esa época las principalesfuentes de ingresos parecen haber sido –en términos generales– agrícolas: maíz, trigo, laactividad del molino y las grandes manadas de reses y rebaños de ovejas. Al parecer,la principal preocupación de la hermana más agresiva fue que su hijo, Luiz Ortiz Lazca-no, se integrara en las actividades de la hacienda para que algún día la pudiera tomar.

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Partimos de estos tres momentos en la historia social de Opopeoporque nos dan una vista parcial de un complejo conjunto de disputasy conflictos en que las comunidades indígenas pudieran haberse vistoenvueltas durante el Porfiriato y hasta en las décadas de la Revolucióny sus secuelas. Al analizar la política agraria a menudo nos enfocamosen un solo tipo de relación conflictivo –entre comunidades y haciendas,quizá, o entre comunidades y el Estado– y llegamos a conclusiones ba-sadas en las maneras en que las comunidades respondieron a ciertas ini-ciativas de las elites. Vemos a los pueblos, por ejemplo, como resistentesu obedientes, activistas o pasivos, agraristas o conservadores, etcétera.Sin embargo, una de las dimensiones interesantes de la situación socialde las comunidades indígenas en la región de Pátzcuaro a finales del si-glo XIX es que a menudo estuvieron involucradas en varias disputas almismo tiempo: con un pueblo vecino por linderos; con un mediero quese rehusaba a desalojar; con un recaudador de rentas que presionabapara el pago de impuestos vencidos; con una hacienda que incursionabaen sus tierras; con un maderero que talaba los bosques de sus cerros; conuna ciudad en crecimiento que se apropiaba su agua; con un abogadoque exigía el pago de sus honorarios; o con un apoderado que abusabade su autoridad. En muchos de estos conflictos –aunque no en todos– sehalla un hilo común de las reformas liberales, entrelazado con la aboli-ción de las comunidades como entidades jurídicas y las leyes de desa-mortización. El estudioso que presta atención a sólo uno de estos tiposde disputas podría dejar a los otros fuera de su campo de visión y así pa-sar por alto lo que bien pudieran ser las líneas de tensión más importan-tes, así como las más prominentes fuentes de preocupación y activismo.Un desafío para los investigadores que desean dotar de “agencia” nue-vamente a los (toilers) trabajadores rurales consiste en percibirlos comolos autores y actores de sus propios dramas, pero no necesariamente delos dramas que más nos interesan a nosotros. Esto implica prestar mayoratención a todo el rango de conflictos y disputas, por mundanos que pa-rezcan, y a sus potencialmente importantes consecuencias políticas.

A fin de agudizar nuestra comprensión del rango de disputas, pre-sento a continuación una tipología preliminar de los asuntos de conten-ción en que se hallaron involucradas las comunidades indígenas en elPátzcuaro de finales del siglo XIX. Con base en un sondeo de cientos de


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casos y peticiones en los tribunales,10 esta tipología permite fortalecer lainterpretación de la historia social de comunidades específicas comoOpopeo. Quizá nos permita asimismo dar una respuesta parcial a la pri-mera de las interrogantes analíticas planteadas al principio de esteartículo: “¿por qué las disputas posrevolucionarias solían ser casi fratri-cidas?” Aun cuando no se consideran aquí las otras preguntas, la tipolo-gía quizá nos dé un marco que permite trazar cuidadosamente la evolu-ción de incidentes desde las décadas del Porfiriato hasta el periodorevolucionario y posrevolucionario. El presente estudio se enfoca en lasdisputas y la política prerrevolucionarias y representa un primer inten-to de construir –mediante esta tipología– una sociología compleja delPátzcuaro de fines del siglo XIX.

Ahora bien, la tipología:1. Conflictos entre comunidad y hacienda: Estos conflictos fueron de

especial importancia en los cerros boscosos al oeste y al sur del lago, enla zona en que las haciendas alcanzaron su mayor desarrollo. La mayo-ría de las haciendas databa del periodo colonial, pero al tiempo que losprocedimientos del reparto introdujeron a los agrimensores en el esce-nario, o conforme los bosques adquirieron un mayor valor comercial, laubicación exacta de sus anteriormente imprecisos linderos llegó a co-brar una enorme importancia. A estas disputas se les dio seguimiento endiferentes niveles: directamente en las tierras cuando los miembros dela comunidad, por una parte, o los residentes de las haciendas, por laotra, movían o destruían los indicadores de linderos11 o se apropiaban

10 Son tres las fuentes de archivo que han sido especialmente útiles en el desarrollode esta tipología. La primera es el fondo Hijuelas del Archivo Histórico del Poder Ejecu-tivo de Michoacán (AHPEM), que contiene casi todas las comunicaciones entre las comu-nidades indígenas y la oficina del gobernador. La segunda es el Archivo Judicial (AJ), delSupremo Tribunal de Justicia en Morelia, donde se encuentran casos civiles y criminalesde la corte de apelaciones (el Supremo Tribunal) y del Juzgado de Primera Instancia enPátzcuaro. La tercera es el Archivo Histórico de la Ciudad de Pátzcuaro (AHCP), que con-tiene una revoltura de materiales, incluidos procesos judiciales de bajo nivel, cartas,archivos notariales y algunos libros de reparto. Al presentar la tipología, más bien nomenciono expedientes específicos.

11 Uno de los acusados en una disputa sobre linderos adujo que sus peones sólo esta-ban “enderezando” algunas curvas en una barda de piedra.

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los bosques o pastizales reclamados por la otra parte (o por ambas). Es-tas acciones provocaron incidentes interpersonales y trifulcas, así comoenfrentamientos en los tribunales cuando el abogado de un lado o deotro alegaba “despojo” y lanzaba una demanda.

En la corte, ambas partes presentaban reclamos precisos (aunqueenormemente variables) con base en documentos imprecisos –como lasdotaciones coloniales y las composiciones por el lado de la comunidad,y recibos de compra por parte de las haciendas– y el juez, tras interro-gar a testigos que vivían en la localidad y realizar un “vistazo”, daba sufallo a favor de una parte u otra. La parte perdedora quizá apelaba o, es-pecialmente cuando perdía un hacendado, esperaba tranquilamente aque alguien se atreviera a implementar la decisión del juez. Las disputaspodían también involucrar a muchas partes además de los principales,incluidos funcionarios políticos locales, la policía, el presidente munici-pal y el prefecto, los agrimensores, agricultores vecinos, abogados enPátzcuaro y Morelia (la capital del estado), el juez de distrito en Pátz-cuaro y el tribunal de apelaciones en Morelia. En medio de este conjun-to de actores no indios, las comunidades indígenas no carecían de recur-sos, pues siempre podían encontrar un abogado o noble letrado quellevara su caso; o quizá encontraban agricultores vecinos dispuestos adar testimonio en su favor. Además, podía haber algún juez que simpa-tizara con su causa o que, al menos, no estuviera tan inclinado a favore-cer a un cierto hacendado.

El círculo más amplio de actores e instituciones no indígenas que lascomunidades involucraban en la persecución de sus alegatos legalestambién era de importancia antes y después de la entrega del veredicto.Si bien los procedimientos jurídicos transcurrían en un universo de le-yes y derechos apoyado en títulos y otros documentos, el mundo coti-diano de las disputas por límites era muy distinto. Ni siquiera el Estadocentralizador del Porfiriato había establecido una presencia fuerte y co-tidiana en esta región y resultó imposible implementar incluso la másclara decisión de una corte. Una persona o un pueblo establecía un re-clamo con base en su uso (de las tierras) y para demostrar o comprobarese “uso” sembraban y vigilaban los campos o cortaban y vendían ma-dera, etcétera; todo en forma clandestina. Si pudieran ejercer en formacontinua su reclamo de usufructo –por falso que fuera en términos for-


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malmente legales– siempre existía la posibilidad de que algún otro juezdiera un veredicto distinto, que el clima político cambiara, o que el ha-cendado se mudara a la capital.

2. Conflictos entre haciendas: tuvieron lugar en la misma regiónmontañosa e involucraron a algunas de las haciendas que también tu-vieron disputas con comunidades. Estas disputas giraban asimismo entorno a reclamos de linderos y otros asuntos parecidos, especialmenterespecto de los bosques. Su evolución tuvo lugar en los mismos niveles:uno que implicaba prácticas estratégicas, subterfugios y el uso de lafuerza; y otro en los tribunales. Tengo especial interés en una situaciónque recuerda el Rey Lear de Shakespeare, en que estuvieron involucra-das tres hermanas que heredaron de su padre fracciones de una hacien-da y pasaron el resto de sus vidas en pleitos entre sí, con las haciendasvecinas y con las comunidades indígenas. Las partes heredadas por lastres no eran iguales; una desproporción relacionada con sus respectivassituaciones matrimoniales. Una hermana se casó con un ranchero pobrey analfabeto; un acto que provocó la ira de su padre. Ella recibió unaparte más pequeña y luego vio cómo sus bienes fueron reducidos pro-gresivamente por sus hermanas a lo largo de las siguientes décadas,hasta que murió indigente. Otra hermana contrajo nupcias con un res-petado abogado y resultó favorecida en la herencia. Ella dividía su tiem-po entre Morelia y una casa en la plaza principal de Pátzcuaro. Era espe-cialmente agresiva y litigiosa y lanzaba demandas contra sus hermanas,otras haciendas y comunidades indígenas, aunque en ocasiones tam-bién hubo demandas en su contra por mover los indicadores de linderoso invadir tierras. La tercera se casó con un pequeño hacendado oranchero de la misma zona y ellos pasaron el tiempo entre su granja yPátzcuaro. Aunque el marido no era licenciado, redactaba sus propiosdocumentos legales y los de su esposa. Esta pareja también era agresivaen la defensa y extensión de sus propiedades pero –a diferencia de la se-gunda– no tuvo los recursos necesarios para seguir varios pleitos al mis-mo tiempo.

De cualquier manera –para regresar al punto principal– un abogadoque representaba a una comunidad en un conflicto con una haciendabien podría representar a otra hacienda en un conflicto con la hacien-da original. De hecho, un hacendado podía hallarse involucrado en va-

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rias disputas simultáneamente, lo que podría resultar en una ventajamomentánea a otro disputante (por ejemplo, a una comunidad indíge-na) cuando estaba distraído por alguno de sus otros pleitos. En estoscasos los fallos de los tribunales tampoco podían implementarse y lasdisputas no llegaban a una conclusión definitiva.

3. Disputas entre comunidades y madereros: Es poco frecuente en-contrar en los archivos disputas simples entre una comunidad y un ma-derero, pues esos conflictos tendían a incluir a la vez otros tipos de plei-tos. Una razón es que los empresarios de la madera no tenían interés enadquirir tierras, sino sólo en comprar madera. Por esta razón hacíanacuerdos para la entrega de una cierta cantidad de madera a sus aserra-deros o a la estación de ferrocarril. Otra razón es que existía entre esosempresarios una jerarquía verticalmente compleja, desde el negocianteextranjero residente en una cabecera municipal o capital de distrito, has-ta el empresario mestizo, vecino o pueblo que operaba un aserradero enuna cabecera o tenencia. Un empresario grande podía hacer un contra-to con un aserradero que, por su parte, hacía acuerdos con vecinos, demanera que las disputas que llegaran a los tribunales a menudo girabanen torno al incumplimiento de contratos. La tala de los montes formóparte de otros conflictos en dos formas: primero, cuando un hacendadoque talaba su propiedad incursionaba en otras tierras y, segundo, cuan-do un maderero firmaba un contrato con un líder o representante de unacomunidad que vendía la madera de la comunidad sin decir nada, paraluego embolsar el pago. En el primer caso las disputas aparecen comoconflictos entre una comunidad y una hacienda o entre haciendas. En elsegundo, el conflicto aparece como una disputa interna de la comuni-dad. En ambos casos, por supuesto, el negocio de la madera era el factor“sin el cual la disputa no ocurriría”, aunque no se reconocía al empresa-rio en el pleito.

4. Disputas entre un asentamiento de peones acasillados y la hacien-da: Las haciendas cultivaban sus tierras, criaban su ganado y talaban sumonte con la ayuda de una combinación de peones acasillados y traba-jadores fuereños. Los primeros fueron los menos independientes y másvulnerables de todos los trabajadores rurales y no nos debe sorprenderque por lo general no se encuentran casos formales entre ellos y sus te-rratenientes durante la llamada paz porfiriana. Ocasionalmente una


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disputa por el arrendamiento surgía en los tribunales civiles. Sin embar-go, es probable que hallemos el más claro indicador de tensiones subya-centes en actos criminales: los casos del hurto de bueyes o mulas seríanlos más obvios, mientras que se podría argumentar que los casos de ob-jetos extraviados en las peleas o trifulcas que se dieron cuando la gentese emborrachaba serían indicadores menos claros.

5. Disputas entre asentamientos de peones y pueblos: En un sentidoimportante, estas disputas se traslapan con los pleitos entre pueblos yhaciendas, pues en la práctica contemporánea cotidiana un conflictoentre una comunidad y un terrateniente podía experimentarse en laforma de tensiones entre la comunidad y los trabajadores residentes enla hacienda. Si un hacendado atravesaba los linderos establecidos porcostumbre para sembrar en campos reclamados por un pueblo, los cul-tivadores que invadían los campos habrían sido los peones de la hacien-da, quienes podían establecer una pequeña aldea en la tierra en disputa.En otros casos, la hacienda pudo haber efectuado ese tipo de intromi-sión varias generaciones atrás, aunque la memoria cultural de la comu-nidad aún reclamaba la tierra en donde se colocaron los asentamientosde los peones. Más aun, las líneas divisorias entre las comunidades indí-genas y las de los peones podían ser bastante borrosas. En algunas si-tuaciones (por ejemplo la de Opopeo con la hacienda de Casas Blancas),la aldea de peones del mismo nombre estaba contigua al pueblo. Los re-sidentes de ambos se entremezclaban cotidianamente en sus trabajos enla hacienda, en las cantinas, en los comercios y en las calles del pueblo.Hubo asimismo matrimonios entre los residentes de ambos lugares. Nilos residentes de uno ni los del otro tenían contacto diariamente con elhacendado quien vivía en la cabecera municipal, la capital del distrito ola capital del estado y dejaba la administración a algún arrendatarioquien, por su parte, pasaba el control a encargados y capataces.

Las tensiones, las peleas interfamiliares y los conflictos que surgie-ron de esa interacción cotidiana no suelen aparecer en los tribunalesciviles. Las disputas civiles entre haciendas y comunidades involucra-ban a dos actores con estatus jurídico o “personería”: el terrateniente ohacendado y la comunidad o su apoderado nombrado. Puesto que ca-recieron de un estatus jurídico, los peones acasillados rara vez aparecenen los casos civiles. Sin embargo, las tensiones se intensificaban y daban

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lugar a una gama de incidentes violentos que podían convertirse en ob-jeto de procedimientos criminales y se acumulaban hasta formar con-flictos estructurales que jugaron un papel central en las décadas pos-teriores a la Revolución, cuando las comunidades solicitaban tierrasejidales. En efecto, las violentas disputas por tierras ejidales entre comu-nidades indígenas y asentamientos de peones tuvieron especial impor-tancia en la década de 1930. El tercer “momento” de conflicto en Opo-peo, ya analizado arriba, es un ejemplo de este proceso.

6. Disputas entre comunidad y comunidad: En las orillas del lago, enespecial, las comunidades estuvieron muy cercanas entre sí y las dispu-tas por los linderos entre ellas podían durar décadas y dominar la políti-ca en algunas localidades. Muchas de esas disputas se venían arrastran-do desde la época colonial, pero adquirieron importancia nuevamenteen el contexto de la agrimensura del programa de reparto y conformeaumentaba el valor comercial de los bosques.

Esto fue el caso de una larga disputa entre Ihuatzio y Tzintzuntzánpor una gran extensión de tierra que abarcaba el cerro Tariacuri, que eraa la vez un sitio sagrado para los purépechas y una rica fuente de ma-dera. Los residentes de ambas comunidades explotaban el bosque yhubo enfrentamientos ocasionales en los cuales sus herramientas de tra-bajo –hachas, navajas y escopetas– se convirtieron en armas. Entonces,los representantes y abogados de ambos pueblos trataban de convenceral gobernador o a algún juez que habían sido los del otro lado quienesinvadieron la zona en conflicto. En sus argumentos legales ambos ladosaprovechaban precedentes y documentos coloniales que indicaban lin-deros poco precisos y desfilaban testigos de otros pueblos que jurabanque la comunidad o sus rentistas habían ocupado dicha zona pacífica-mente desde que tuvieron memoria. Sean cuales fuesen los méritos rela-tivos de los casos, las afirmaciones de los testigos sobre la ocupación pa-cífica casi siempre eran exageraciones exigidas por la misma naturalezade la disputa y de la presentación de la evidencia.

La resolución de un caso a favor de una comunidad (en este casoTzintzuntzan resultó beneficiada) estallaba como una bomba en el pue-blo perdedor, pues los vecinos debían dinero a los abogados y teníanque pagar multas y daños al Estado y al pueblo victorioso, además deperder las tierras en disputa.


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7. Disputas al interior de una comunidad: En este apartado entra-mos en una compleja gama de relaciones y tensiones que quizá nos ayu-den pensar en unos subtipos de pleitos. Sin embargo, primero es precisodecir unas palabras sobre la estructura de las comunidades con relacióna los repartos. Si bien esos asentamientos fueron establecidos bajo el go-bierno y la protección del régimen colonial en calidad de comunidadesindígenas, sus residentes y los que reclamaron las tierras comunales noeran sólo sujetos indígenas. Como ya indicamos, esto se debió en partea que las líneas divisorias entre una comunidad indígena y los pueblosvecinos podían ser bastante porosas. Además, de matrimonios y unio-nes libres mixtos produjeron residentes que no eran reconocidos oficial-mente como indígenas (de hecho, a principios del siglo XIX el número detributarios indígenas en las comunidades era muy inferior al númerode residentes). Por otra parte, algunos forasteros iban a vivir en las ca-beceras municipales en calidad de tenderos, funcionarios, dueños deaserraderos u oficios semejantes. Finalmente, algunas comunidades te-nían extensos terrenos que rentaban a gente de fuera.

Con los repartos se volvieron más complicadas las relaciones entreindígenas y mestizos y entre vecinos de pueblos y forasteros; términosque no se refieren a una misma cosa. En primer lugar estaba la cuestiónde exactamente quiénes de entre los residentes de la comunidad teníanderechos en las tierras comunales. Este asunto involucró a muchos des-cendientes legítimos de miembros de la comunidad que habían contraí-do nupcias con forasteros. Esos descendientes evadieron el estatus fiscalde “indígena,” aunque se consideraban a sí mismos –y, de hecho, eranconsiderados– vecinos de la comunidad de Tzintzuntzán o de la deIhuatzio, etcétera. No era suficiente ser miembro y tener un derecho engeneral a las tierras; uno tenía que justificar su derecho a algún lote oparcela de labor específico. Algunos residentes tenían derechos firmesen tierras de estos tipos, mientras que otros los habían perdido al ven-derlos a un tercero (residente o forastero), o porque sus padres o abue-los los habían vendido. Esos residentes quizás tuvieran derechos a losbosques y pastizales, y quizá a un lote para su casa, pero no a las tierrasde cultivo.

Con las leyes de desamortización se pretendió, en primer lugar, unreparto que transformara los derechos a una cierta parcela que se recla-

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maba individualmente dentro de un régimen común, en títulos indivi-duales a las mismas parcelas sin la intervención de la comunidad. Consus títulos los individuos podían vender y registrar la venta de sus te-rrenos a otros miembros de la misma comunidad o a forasteros. Empe-ro, las ventas de ambos tipos a menudo antecedieron a los repartos, aveces por décadas o generaciones. Por la ausencia de títulos, lo que sevendía eran los derechos a terrenos determinados. Ante la imposibili-dad de registrar esas ventas, podían contratar a un escribano para re-dactar un registro de la transacción en un documento que podría –o no–tener validez en caso de una disputa. Y lo más seguro es que habríadisputas: el tipo más común involucraba a medios hermanos, es decir, alos hijos de las esposas sucesivas de un mismo patriarca. Al morir el pa-dre, ellos entraban en el archivo como hermanos cohortes. Ellos y la viu-da (la madre del último de ellos) a menudo presentaban peticiones–cada quien por su lado– para reclamar los derechos-en-común a una tie-rra o casa.

a) Por tanto, el primer subtipo de disputas internas en las comuni-dades surgió de esa mezcla social de derechos traslapados y contradic-torios. De esta mezcla surgió la base social para disputas propiamente“internas”, así como para conflictos que involucraron a miembros de lacomunidad con los fuereños que habían comprado derechos o tierras.Esas peticiones y derechos traslapados y contradictorios dieron lugar atres tipos de conflictos: los que antecedieron al reparto en sí, los que sur-gieron durante el reparto; y los que vinieron después de él. Hasta dondepuedo ver, éstos parecen constituir –y por mucho– las disputas más co-munes y una de las principales razones de por qué el proceso de repar-to fue tan largo y complicado.

b) Un segundo subtipo tenía que ver con los conflictos entre las co-munidades y sus apoderados. Para entender este subtipo primero nece-sito explicitar una línea divisoria en el interior de las comunidades a lasque hice alusión en la discusión de los derechos. Hubo en todas las co-munidades una división cuasiclasista entre los miembros del pueblocon derechos a determinados terrenos y los que sólo tenían derechosrespecto de los bosques y pastizales comunales. En las listas de repartoque he examinado, parece ser que los privilegiados constituían entreuna cuarta parte y un tercio de la población. Entre los privilegiados


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hubo un grupo más pequeño que fungió como los representantes nom-brados por la comunidad en sus relaciones con el mundo exterior. Eranhombres y solían ser los hombres que, además de tener mayores recur-sos, podían leer, escribir y hablar el castellano. Conocidos comúnmentecomo “apoderados”, ostentaban el equivalente de un poder otorgadopor la mayoría de los miembros de la comunidad. Se movían en unaamplia gama de espacios no-indígenas, incluida la cabecera municipal(donde trataban con el presidente municipal y el recaudador de rentas),la ciudad de Pátzcuaro (donde tenían tratos con el prefecto, el recauda-dor y el juez de distrito), y en Morelia (donde tenían contacto con el go-bernador, la corte suprema y otros funcionarios del gobierno). De regre-so en la comunidad, trataban con los oficiales locales y el comisionado(un funcionario nombrado por el Estado quien se encargaba del deslin-de y registro de las tierras para el reparto), así como con otros oficiales.En todos estos contextos representaba a la comunidad en sus disputascon otros pueblos, las haciendas, los vecinos y los funcionarios delgobierno. Tenía la responsabilidad de recolectar los impuestos de losmiembros de la comunidad y de asegurar que cumplían una gama deobligaciones frente al Estado, incluido el reparto. Para la realizaciónde estas tareas procuraba la asistencia de forasteros, en particular deabogados o mestizos versados en la ley. Además, contaba con la prerro-gativa de contraer deudas y comprometer los recursos de la comunidad.

Al parecer, esos apoderados manifestaban toda clase de debilidades,virtudes y vicios humanos. Está claro que algunos aprovecharon suscargos para hacerse ricos con sus amigos. Otros vendieron las tierras dela comunidad clandestinamente para cubrir los costos del reparto o deuna disputa y se quedaron con parte de las ganancias. Otros más ven-dieron la madera de las tierras comunales a madereros y se quedaban conel dinero. Algunos sirvieron más o menos con honor, pero si perdían unadisputa con una hacienda o un pueblo vecino podían sufrir el encono delpueblo al tiempo que éste pagaba las consecuencias de la derrota.

Así, y por razones más bien legítimas (aunque en ocasiones no tan-to), los apoderados se convirtieron en el blanco principal del enojo desus comunidades. Los registros están repletos de peticiones de comuni-dades pidiendo la destitución de algún apoderado y el nombramientode otro, así como de situaciones en que dos personas alegan ser el apo-

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derado y presentan distintos poderes. Hasta ahora he encontrado uncaso (quizá dos) en que un apoderado fue asesinado mientras desempe-ñaba su cargo. El caso más claro es el de un residente inconforme porhaber quedado fuera de la lista de reparto. El caso menos claro involu-cró a la población de Ihuatzio, encolerizada tras perder su disputa portierras con Tzintzuntzan. Los documentos terminan con el apoderadotomado como rehén y amenazado de muerte; pero hasta la fecha no heencontrado en otras fuentes rastros de los eventos posteriores.

c) Un tercer subtipo de disputa interna estaba latente en la divisiónentre los miembros de la comunidad que tenían tierras y los que no. Estetipo de conflicto podía tornarse crítico en el proceso del reparto, espe-cialmente cuando en la década de 1890 y los primeros años del siglo XXel recaudador de impuestos local ejercía cada vez mayor presión sobrelas comunidades. Vimos ya una instancia de esto en el segundo “mo-mento” del conflicto en Opopeo.

La comunidad vecina de San Juan Tumbio da un interesante puntode comparación. Esta comunidad no registró reparto alguno hasta agos-to de 1911, momento en el cual los miembros pensaban que aún teníanderecho a dos cerros: Cumburinda y La Enona. El reparto fijó una dis-tinción entre los lotes para casas y las parcelas de cultivo ya en manosde individuos como resultado del “reparto de hecho” y la división deesos dos cerros que se hacía en el contexto del reparto de 1911. La granmayoría de los 175 solicitantes recibió parcelas en Cumburinda. De ellos,48 recibieron sólo parcelas en ese cerro; es decir, no tuvieron derecho nia un lote para casa ni a un terreno agrícola. Ciento dieciséis personas(incluidas las 48 ya enumeradas) recibieron derechos a parcelas en el ce-rro y a terrenos valorados en cien pesos o menos; lo que indica que suspropiedades consistieron del “solar y jacal en que vive”, una parcela enel cerro y nada más o, si acaso, un pequeño terreno de labor. En el otroextremo del espectro de la comunidad, diez solicitantes –de sólo seis di-ferentes apellidos– recibieron lotes para casas, terrenos agrícolas y sec-ciones del cerro con un valor total de más de trescientos pesos cada uno.12

12 Los avalúos de las tierras de Opopeo y San Juan Tumbio no son estrictamente com-parables; en primer lugar debido a las parcelas de monte, cada una de las cuales fuevalorada en 50 pesos y, segundo, porque el comisionado –Genaro Chagallón, un foraste-


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Esto nos permite apreciar el valor de los cerros para los que se que-daron sólo con el lote para su casa, o ni siquiera eso. Podemos imaginarasimismo la situación tan difícil en que se encontraba quizás la mitad delos opopeños tras la pérdida de sus terrenos comunales, y tal vez nosdamos una idea de la decepción que debieron haber sentido los vecinosde San Juan Tumbio al darse cuenta que la madera de los cerros a la quepensaban tenían derecho ya había sido vendida; es decir, que el recursomás valioso de los cerros ya no era suyo. Un mes después, el 25 de sep-tiembre de 1911, Antonio Zinzun, el teniente de justicia del pueblo, es-cribió al juez de distrito en Pátzcuaro para pedirle un consejo:

Ante Ud., respetuosamente expongo, que siendo indispensable darle habi-zo exacta como se encuentra, la actual situación; en esta Tenencia para queUd. acuerde, dicte, lo necesario; para calmar, los hanimos entre los vecinos,descontentos de este lugar; o sean los que cean propuesto, formar una granreboltura: que son Julio Rodríguez, Senobio Arriaga, Marcos Talingo, Ma-nual Cuinique; y otros varios; que son los que traen a la gente inquieta, en-gañando, a los becinos, diciéndoles que ellos se proponen a reclamar direc-tamente ante el Supremo Gobierno, el dinero de la venta del monte deCumburinda [...]13

De las personas mencionadas por Zinzun, Julio Rodríguez había re-cibido terrenos en el cerro y un lote para casa valorado en diez pesos;Cenobio Arriaga recibió una parcela en la montaña y un lote para casavalorado en treinta pesos; Manuel Cuinique recibió una parcela en lamontaña más un lote para casa valorado en cincuenta pesos; y MarcosTalingo recibió tierras en el cerro y un lote para casa valorado en 45 pe-sos, además de cinco parcelas agrícolas con un valor total de 174 pesos.Este último había recibido más que la mayoría, pero menos que lo quecorrespondió a la elite del pueblo. Todas las tierras en el cerro estuvie-

ro– asignó valores más altos a las tierras agrícolas que los que Pahua estipuló para las tie-rras de Opopeo. Libro de adjudicaciones, San Juan Tumbio, Distrito de Pátzcuaro, tomos 1y 2, 1911, AHCP, libros 97 (bis) y 98.

13 Antonio Zinzun al Juez de la Instancia, Pátzcuaro, septiembre 25, 1911, AHCP, caja121-A, exp. 4.

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ron en Cumburinda. Por su parte, Zinzun recibió tierras en el cerro LaEnona y dos parcelas de labor. Por tanto, se podría considerar como unvecino “acomodado”.

8. Disputas entre comunidad y forasteros: Ya hemos encontrado al-gunas disputas que pueden entenderse como pleitos entre comunidady forasteros, cuando hablamos de las relaciones de las comunidades conlas haciendas, los madereros y los asentamientos de peones. Mi discu-sión de los asentamientos y la estructura de la comunidad también dejaen claro que varios “extraños” vivían en esas comunidades, especial-mente en las cabeceras municipales, y que la línea divisoria entre losmiembros de la comunidad y estos extraños podía ser porosa. Con eladvenimiento de los repartos y subastas el peso relativo de los fuereñoso semifuereños en la vida comunitaria aumentó. Se podían comprar yvender las tierras divididas y adjudicadas, mientras que las tierras co-munales fueron subastadas. Entre los compradores podía haber desdevecinos relativamente privilegiados (como Jesús Pahua en Opopeo) has-ta forasteros, incluidos pequeños agricultores, rancheros y dueños dehaciendas.

Sin embargo, hay un tipo de fuereño que merece especial atención.Hemos hablado ya de la importancia de los abogados y los conocedoresde derecho contratados por las comunidades para representarlas en unaamplia gama de casos y disputas. Ahora bien, los abogados no trabaja-ban gratis y en sus intentos de cobrar lo que se les debía podían intro-ducir nuevas líneas de tensión y división en las comunidades. Entre losabogados contratados por las comunidades indígenas he encontrado al-gunos de los más elitistas e influyentes del estado, pues las comunida-des intentaban formar alianzas estratégicas para defender o expandirsus recursos. Esos abogados, por su parte, solían atender a una ampliagama de clientes y a sus propios intereses, tanto comerciales como losque se relacionaban con tierras. Los abogados de la elite no son mencio-nados en las disputas con los pueblos por el pago de sus honorarios y,en al menos una cuenta pública, parecen no haber cobrado buena partede sus labores. Otros, sin embargo, entregaban cuentas detalladas y lle-vaban los casos a la corte si no recibían su pago.

Echemos un vistazo al individuo contratado por Tzintzuntzan en ladécada de 1870. Vivía en Morelia pero no tenía título. Aunque Bruno Pa-


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tiño –uno de los abogados, terratenientes y políticos más importantesde la década de 1870– a veces apareció como su patrón, parece que ac-tuaba por cuenta propia en el manejo de los asuntos de Tzintzuntzan.Fue él quien arregló el reparto y entregó al gobernador las peticiones yel deslinde final. Además, representó a la comunidad en sus disputascon las comunidades de Ihuatzio y Quiroga, así como en un conflicto conuna hacienda cercana. Fue relativamente exitoso en esas disputas encuanto a la protección y expansión de los recursos de Tzintzuntzan. Sinembargo, mantuvo un registro muy detallado de sus gastos y luego pre-sentó sus cuentas a la comunidad. Más tarde, lanzó una demanda encontra del pueblo por no pagar el adeudo. El tribunal encontró que lacuenta y la deuda eran legítimas, pero la pregunta era: ¿quién las ha-bía contratado? Con éxito el abogado había disuelto la comunidad entanto entidad colectiva durante el reparto, de manera que ya no era po-sible obligar a esa comunidad –ahora inexistente– a que se hiciera res-ponsable de una deuda colectiva. La corte entonces citó a los indivi-duos que habían firmado el poder y presentó un caso en contra de esosindividuos. Empero, algunos de esas personas ya habían pagado la par-te proporcional de los adeudos al abogado y tenían recibos otorgadospor él. Al final, los únicos individuos responsables fueron los que ha-bían firmado el poder pero que no pudieron mostrar recibos. Ellos per-dieron y el abogado recogió sus recién adjudicadas tierras. Se suponeque lo único que les quedó fue la construcción de una imagen muy bienfundada del “bien limitado”.

El punto más general –ya que las disputas con los abogados fueroncomunes– es que una resolución de este tipo en pleitos entre comunidady forasteros podía tener repercusiones para las relaciones adentro de lacomunidad y viceversa.

Ahora bien, basta de tipos y disputas. Es preciso ahora explorar quées lo que el estudio de estos conflictos nos puede decir acerca de la es-tructuración de la violencia local en las décadas posrevolucionarias. Sepuede sugerir que las reformas dejaron un residuo de divisiones y fac-ciones que en parte dio forma a la violencia posterior. En esta visión,cuando los individuos participaron en los conflictos de las décadas de1920 y 1930, no lo hicieron simplemente como campesinos, trabajadoreso peones y ni siquiera como agraristas o cristeros, aunque el discurso

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dominante de la Revolución los concibe en estos términos y ellos hanaparecido en esta forma en buena parte de la historia escrita sobre laRevolución y sus conflictos. Empero, sospecho que también actuaron –yquizá principalmente– como zurumutaranos, chapultecos, ihuatzeños,tzintzuntzeños, opopeños y casas blanquinos, etcétera; es decir, comomiembros de comunidades y asentamientos con memorias cargadas delas traiciones y despojos que los habían afectado en forma personal. Altiempo de pelear por las grandes cuestiones agrarias de la Revolución,podían “dar nombres” y ver caras reconocibles. Los motivos locales queinfundieron su política dieron a la violencia un carácter íntimo.

Examinemos la traición de los opopeños pobres a manos de sus pai-sanos con tierras que ya se mencionó arriba. Hay que recordar que co-munidades como Opopeo eran pequeñas y, por tanto, los beneficiariosy las víctimas de negociaciones como las que efectuó Pahua (y precisa-mente este tipo de negociación fue imitada en toda la región), se cono-cían entre sí. Interactuaban cotidianamente, participaban en las mismascofradías y asambleas comunales y pertenecían a las mismas familiasextendidas y linajes. No sorprendería que esas personas recordaran yresintieran lo que les había sucedido. En Opopeo la resolución definiti-va del reparto se presentó apenas en 1903. Es casi seguro, entonces, quelos opopeños llegaron a la Revolución y a las luchas agrarias que surgie-ron más tarde con esos recuerdos; no sólo los de las depredaciones deldueño de la hacienda vecina de Casas Blancas (en efecto, una figura másbien ausente), sino también los de las traiciones perpetradas por susvecinos y primos. Si añadimos a esta reflexión toda la gama de apropia-ciones, adjudicaciones, compras y ventas menos dramáticas pero mate-rialmente consecuentes asociadas con el proceso del reparto en comu-nidades internamente desiguales, entonces podremos concebir hastacierto punto las disputas y los resentimientos tan íntimos que los veci-nos introducían en sus políticas.

Nos queda preguntar por el papel específico que las leyes de des-amortización pudieran haber jugado en esos conflictos. Aunque algu-nos de los pleitos analizados arriba surgieron de relaciones estructu-rales a largo plazo entre haciendas y comunidades, entre diferentescomunidades o al interior de una comunidad en particular y quizás ha-


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yan tenido historias largas que antedatan las reformas liberales, está cla-ro que el requerimiento de que las comunidades indígenas privatizaransus bienes de comunidad precipitó o exacerbó ciertas tensiones. A raízdel reparto la cuestión de linderos –especialmente entre las comunida-des y sus vecinos– adquirió renovada importancia y en algunos casoslas leyes del reparto dotaron a las comunidades de nuevas armas quepudieron usar en sus disputas legales al presionar para la resolución deantiguas disputas sobre linderos como un preludio al reparto. Más aun,la comercialización de los bosques ejerció una presión extraordinaria so-bre los bienes de la comunidad. Las fuerzas conjuntas de la comerciali-zación y la privatización claramente dividieron a algunas comunidadesde la sierra –como Opopeo– a través de líneas clasistas y tuvieron conse-cuencias para la política posterior que quedan por investigarse. El pro-ceso de reparto también puede entenderse como alguien que asiste sininvitación a otros eventos y conflictos, tales como las disputas por he-rencia entre hermanos y medios hermanos.

Sin embargo, no estoy convencido que el proceso de desamortiza-ción en sí sea el mejor punto de entrada en el mundo de la contención ypolítica campesinas en Pátzcuaro a fines del siglo XIX. Un enfoque de-masiado estrecho en el tema de la privatización podría llevarnos a exa-minar una sola iniciativa del Estado y las variadas respuestas a ella porparte de las comunidades, pero uno de los argumentos de este artículoes que las comunidades a menudo eran demasiado diferenciadas y divi-didas internamente para dar una respuesta uniforme –o para mantenerun conjunto de intereses comunes– respecto de una iniciativa del Estadode este tipo. Lograr un entendimiento más profundo de la política de losvecinos en esa época y las décadas posteriores nos obliga a encontraruna manera de adentrarnos en las comunidades y de escuchar las que-rellas de los habitantes, incluidas –o, quizá, especialmente– las que sur-gían entre ellos.

Traducción de Paul C. Kersey Johnson

FECHA DE ACEPTACIÓN DEL ARTÍCULO: 30 DE JUNIO DE 2004FECHA DE RECEPCIÓN DE LA VERSIÓN FINAL: 30 DE JUNIO DE 2004

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