Hueco de Interbolsa bordeará el billón

Jorge Arabia, alto ejecutivo del grupo, le entregó a la Fiscalía información confidencial.

Hasta hace 15 meses, Jorge Arabia Wartenberg era el vicepresidente financiero de Interbolsa y el mejor amigo de Tomás Jaramillo, uno de los principales accionistas del grupo. Grabaciones en poder de la autoridades y de EL TIEMPO dan fe de su cercanía personal y del acceso que Arabia tenía a la información confidencial que manejaba el holding.

Eso le convierte en el principal testigo dentro del proceso penal que busca condenar al menos a 15 implicados en el descalabro bursátil de la inversionista –incluidos Jaramillo y su padre Rodrigo– por conductas que van desde la manipulación fraudulenta de acciones hasta un posible lavado de dinero y un concierto para delinquir.

Como parte de su colaboración con la justicia, Arabia le entregó a la Fiscalía un extenso testimonio y un documento en el que se revela información clave sobre los movimientos previos al desplome del grupo, e incluso se dan nombres de personas que deben ser vinculadas al proceso penal.

“Parte de la información fue extraída por Arabia de sus archivos personales y del cuarto de datos que el grupo habilitó a mediados de 2012 para su proceso de venta, liderado por el Bank of America Merril Lynch”, explicó un investigador. Y agregó que uno de los datos clave que les reveló es que, según sus cálculos y sin importar qué hagan las autoridades, el hueco que va a dejar el descalabro oscilará entre los 813.000 millones y el billón de pesos.

De hecho, Arabia dijo que, según sus conocimientos, el patrimonio de Interbolsa está prácticamente perdido. “Lo más probable es que, de los 300.000 millones de pesos que se tenían, solo se recupere un 5 por ciento, es decir, menos de 15.000 millones de pesos”, aseguró.

Además, manifestó que en el mejor de los escenarios –la recuperación del 70 por ciento de los bonos TEC, del 92 por ciento de la cartera Crédit y del 78 por ciento de la Renting–, el hueco para tapar nunca será menor a los 638.000 millones de pesos.

Arabia, graduado de finanzas en Washington, también le reveló a la Fiscalía cómo, entre 2010 y 2012, el italiano Alessandro Corridori y su grupo pasaron de tener el 25 por ciento de las acciones de la textilera Fabricato a casi un 84 por ciento.

“Interbolsa facilitó esta operación al otorgar cupos de repos, en muchas ocasiones incumpliendo con los manuales de crédito de la SCB, para beneficiar al grupo Corridori”, confesó Arabia, salpicando de paso a sus amigos los Jaramillo, uno de los cuales (Rodrigo) ya está bajo detención domiciliaria.

También dijo que para apalancar las inversiones de Alessandro Corridori, Interbolsa incurrió en préstamos y compromisos financieros insostenibles por 535.859 millones de pesos. El ejecutivo explicó que honrar financieramente esos compromisos le costaba al grupo 6.921 millones de pesos al mes, “que equivalen a la escandalosa suma de más de 83.000 millones de pesos al año”.

¿Quién tiene el dinero?

Arabia confesó que mientras el grupo estaba en apuros, Corridori (preso en La Picota) y sus socios se quedaban con los dividendos de Fabricato. En este capítulo aseguró que entre 2009 y 2012, la manipulación de la acción de la textilera dejó utilidades de más de 175.000 millones de pesos. Y aunque parte de esos recursos se usaron para comprar más acciones y seguir con la farsa, dice que Corridori utilizó otra parte para sus necesidades personales.

Pero, al parecer no fue el único. Arabia dijo tener evidencia de que la firma Manrique & Manrique, el llamado Fondo Gem y la empresa P&P Investment se quedaron con cerca de 20.000 millones de pesos.

También involucró “en el entramado de Corridori y en su manipulación fraudulenta” a los accionistas minoritarios de Fabricato, entre los que aparecen importantes grupos empresariales. Y aseguró que hay una firma y tres personas que, según él, merecen una investigación específica por haber recibido utilidades en estas jugadas.

Se trata de Inversiones Pinamar, empresa ligada a prestatarios paisas, que recibió casi 9.000 millones; Joan Margaret y María del Carmen Varón Quimbayo, con 7.500 millones, y Alejandro Mor Neira, con 4.254 millones de pesos.

EL TIEMPO buscó a estas personas e intentó comunicarse con Pinamar para conocer su versión sobre los señalamientos de Arabia, pero al cierre de esta edición no se tenía una respuesta.

No obstante, varios de los defensores de los imputados y presos por este escándalo aseguraron que Arabia debería estar sentado en el banquillo de los acusados por su participación en los hechos.

En cualquier caso, la Fiscalía está valorando la información del exejecutivo de Interbolsa y, de manera paralela, rastrea los bienes de todas las personas involucradas para intentar que el hueco que prevé Arabia sea tapado con sus propios recursos.

Otro testigo recuperó correos de Premium

Ingresó a varias cuentas privadas

Otro gran testigo de la Fiscalía en este caso es un ejecutivo vinculado al Fondo Premium, tentáculo de Interbolsa en el exterior, quien ha mantenido su nombre en

reserva. Hace unos días, el hombre se hizo presente en una entidad oficial y dijo tener acceso a varios correos electrónicos con datos relevantes.

Uno de estos demuestra cómo, desde 2009, Rachid Maluf, director de Premium, consultó a un abogado porque sabía que su estructura y captación podían ser cuestionadas. En otro más consta cómo, por arte de magia, convirtieron la inversión de un cliente (Dani Palesi) en rendimientos a favor de Juan Carlos Ortiz y de Tomás Jaramillo. También entregó un correo sobre el préstamo de 5 millones de dólares al dueño de una empresa de aviación y otro en el que, supuestamente, empleados ligados a Premium tenían contacto con cuentas de correo vinculadas a Víctor Maldonado. Al respecto, Maldonado insiste en que no fue captador en Premium.

La determinación de la Superintendencia Financiera se relaciona con algunas medidas tomadas entre diciembre del 2013 y enero pasado, tras el descalabro de la mayor comisionista de Bolsa del país, Interbolsa.

Como se recuerda, el superintendente Delegado para Supervisión de Riesgos de Mercados e Integridad había sancionado, en primera instancia, a Alessandro Corridori y a las sociedades P&P Investment S.A.S. y Colctec S.A., tras comprobarse la manipulación de la acción de Fabricato, desencadenando una serie de eventos que afectaron el mercado y la manipulación de la liquidez de la acción de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC).

Las sanciones que dejó en firme la Superfinanciera se relacionan con la máxima multa impuesta a Alessandro Corridori por cerca de 173,5 millones de pesos y la inhabilidad por 5 años para realizar funciones de administración, dirección o control de las entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la Superfinanciera (Resolución 2217 del 6 de diciembre de 2013).

“Estas sanciones serán inscritas por un término de 20 años en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores y en el registro de sanciones de la Superfinanciera, periodo durante el cual Corridori no podrá actuar en el mercado”, indicó el ente de control y vigilancia.

También quedó en firme la sanción a la sociedad P&P Investment S.A.S., hoy en liquidación, con una multa de 250 millones de pesos, dado que esta sociedad participó en la realización de operaciones que afectaron la libre formación del precio de la acción de Fabricato (Resolución No. 2231 del 10 de diciembre de 2013).

Así mismo, se ratificó la medida contra la sociedad Colctec S.A., hoy Colctec S.A.S., con una multa de 70 millones de pesos, pues se evidencio que esta empresa participó en varias operaciones que llevaron a la manipulación de la liquidez de la acción de la Bolsa Mercantil de Colombia (Resolución No. 0169 del 31 de enero de 2014)

Por último la Superfinanciera dejó en firme la sanción a la sociedad P&P Investment S.A.S., hoy en liquidación, con una multa de 200 millones de pesos, luego de comprobarse que esta también incurrió en la manipulación de la liquidez de la acción de la Bolsa Mercantil de Colombia (Resolución No. 2270 del 17 de diciembre de 2013).

EDITORIAL EL TIEMPO

Todavía quedan tantos espacios oscuros, tantas sombras, tantas dudas y preguntas sobre el caso de Interbolsa. El episodio se ha ido contando por fragmentos, de trecho en trecho, un pedacito aquí y otro allá. El último año lo dediqué a reunir las piezas dispersas del rompecabezas, como hace un relojero cuando arma su reloj, pero lo que encontré a cada paso fueron tropiezos, negativas y misterios. Algunos informantes, que habían prometido contarme la verdad completa, al final salían huyendo como si yo estuviera apestado.

Hasta que tropecé de frente con el abogado Alejandro Revollo, interventor de la Superintendencia de Sociedades en el Fondo Premium. Especialista en asuntos comerciales y financieros, su hoja de vida es larga y admirable, pero lo que más me llamó la atención no fueron sus títulos ni sus cargos, sino que es sobrino de uno de los hombres más íntegros y fascinantes que he conocido en esta azarosa vida de periodista que yo llevo: el cardenal Mario Revollo, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, que confiaba en Dios y en su propio carácter.

Revollo, el interventor, se parece a su tío, el cardenal, en el temperamento. Es enérgico y rotundo. No usa adjetivos. Se nota a leguas que está acostumbrado a lidiar con los hechos concretos. Me bastó cruzar con él las primeras cuatro palabras para descubrir que este hombre no carga agua en la boca ni tiene pelos en la lengua. Fue entonces cuando le hice la primera pregunta.

¿Es verdad, como sostienen algunos, que el caso de Interbolsa y Premium está a punto de prescribir?

Los delitos que se les atribuyen a los responsables prescriben en cinco años. Ya llevamos dos y, como se sabe, los abogados son unos magos para dilatar el caso. Hemos sabido que van a argumentar, por insólito que parezca, que el caso Interbolsa no es más que una conspiración política, una venganza de Santos contra Uribe. Ellos creen que así le darían al caso un carácter político y le quitarían el penal.

Erik Andersen, representante legal de Premium en Curazao, está planeando argumentar eso judicialmente, y sostener que él era un modesto empleado al que

solo le pagaban 1.000 dólares mensuales, y que, como es ciudadano de Estados Unidos, no lleva velas en ese entierro de la política interna colombiana, ni tiene por qué pagar las consecuencias.

Entonces, ¿teme que esto quede impune?

Ese es el verdadero riesgo que enfrentamos: que esos delitos prescriban. Llevamos dos años y esos abogados, que son tan curtidos, van a atravesar toda clase de recursos, trabas, dilaciones. Imagínese este escenario: llega la impunidad, estos señores no pagan ni un día de cárcel y, lo que es peor, apenas prescriba, van a iniciar demandas contra el Estado. Les vamos a salir debiendo plata. En esa terrible posibilidad se apoya Víctor Maldonado, uno de los principales responsables del escándalo de Interbolsa, para anunciar demandas contra la Nación, como ya lo ha hecho, porque dice que es una víctima. Ese es el verdadero riesgo de la inactividad de la Fiscalía.

¿En qué andan en este momento los implicados?

Hace un mes me abordaron dos personas: una es un abogado serio, a quien conozco hace años. Me llamó para invitarme a tomar un café y me advirtió:

‘Me siento en la obligación moral de decirle que abra los ojos, porque la versión que está circulando en Bogotá es que el señor Juan Carlos Ortiz, uno de los implicados en el escándalo de Interbolsa, está operando otra vez a través de un fondo de capital privado radicado en Costa Rica. Es él quien está detrás de la reciente compra de empresas como Bogotá Beer Company y acciones del equipo de fútbol Millonarios. Además, está comprando participaciones a los accionistas pequeños de Premium, que es parte fundamental en el escándalo de Interbolsa. Esos pequeños accionistas temen perder lo que invirtieron, y si tenían 50 y les ofrecen 10, en su desesperación, los aceptan’.

Comprándoles a menos precio a esos chiquitos, Ortiz insiste en hacerse con el control de Premium. Además, si saca a esos chiquitos, que son la mayoría, evita que se hagan parte dentro del proceso penal y así bloquea el proceso.

Esa reunión fue en la mañana. En la tarde, por increíble que parezca la coincidencia, me llamó otra persona, sin relación alguna con la primera, que trabaja en una de las empresas que hemos intervenido en Interbolsa. Me citó en Juan Valdez, en el Centro Andino de Bogotá, a tomarnos otro café. Me contó exactamente lo mismo.

¿Y la justicia? ¿Dónde está?

Es evidente que el caso Interbolsa es un tema jurídico complejo. Hay que decir, en beneficio de la actuación de la Fiscalía, que los delitos económicos son muy intrincados porque sus autores suelen ser personas capacitadas e instruidas. No son raponeros de esquina. Su propia educación los hace todavía más culpables.

En el caso particular del Fondo Premium, montaron una estructura maquiavélica para que nunca los descubrieran, y, si eso llegaba a ocurrir, que nunca los pudieran juzgar. A eso se debe que lo que hicieron sea realmente escabroso. En realidad, eran una verdadera pandilla.

Por eso, entiendo el cuidado con que la Fiscalía maneja el tema, porque, jurídicamente, es muy complejo. La Fiscalía teme que, ante un juez, se le caiga toda su argumentación. Eso explica la posición que la Fiscalía ha tomado. En mi opinión, la obligación constitucional y moral de la Fiscalía es acusar. Ya el juez verá si considera que hay o no hay delito.

Pero en la revista Dinero, hace dos meses, el vicefiscal dijo que no iban a acusar si no estaban seguros de ganar el caso.Además, el doctor Eduardo Montealegre, fiscal general, está en todo su derecho de ser amigo del abogado Jaime Lombana, defensor de Rodrigo Jaramillo, presidente de Interbolsa, y de su hijo Tomás. Y Lombana, a su turno, está en todo el derecho de escribir un libro, como acaba de hacerlo.

Pero que, en medio de semejante escándalo, el Fiscal le escriba el prólogo a Lombana y sea, como fue, el presentador de su libro es un hecho que ha generado muchas polémicas, como lo confirma el reciente debate radial entre el propio Lombana y el periodista Alberto Donadío. Como mínimo, fue impertinente. En el mejor de los casos, imprudente.

¿Qué delitos se cometieron en Premium?

De los diversos delitos que pudieron haberse cometido en Premium, el único que no da lugar a excarcelación y que impone penas severas es el de la captación masiva e ilegal de fondos. A mí no me cabe la menor duda de que Interbolsa creó Premium de manera intencional para poder quedarse con dinero ajeno. Premium era la caja menor de Juan Carlos Ortiz, Víctor Maldonado y Tomás Jaramillo.

¿Cómo hicieron para ocultar esas causales de delito?

En un principio, el esquema de ese Fondo Premium era legal: crearon el fondo en Curazao; la plata captada aquí iba hasta allá y luego la traían de nuevo a Colombia. Hasta ahí esa actividad era normal. Pero llega el momento en que los socios de Interbolsa empiezan a necesitar más recursos y es entonces cuando deciden ponerse a captar dinero ajeno.

Les decían a sus clientes que la plata estaría en Curazao, rindiendo dividendos, pero se quedaban con ella. No salía del país.

Para no sobrepasar el límite penal de captar a un máximo de 20 personas, como manda la ley, llegaban incluso a tener 19 clientes. Entonces agarraban otra sociedad y conseguían 19 clientes más. Y así sucesivamente.

Interbolsa, explica Alejandro Revollo, creó el Fondo Premium para ‘quedarse con plata ajena’. Fachada de la sede de la firma.

Hay otra argucia perversa que también hicieron: Premium es una sociedad domiciliada en Curazao con filiales en Panamá, las cuales, a su vez, tenían filiales en Colombia. A la hora en que estallara un conflicto penal, como sucedió, ¿cuál de los tres países sería la jurisdicción competente?

Por eso, cuando reventó el escándalo, los dueños de Premium estaban tranquilos: en primer lugar, porque habían armado una trampa para que no pudieran acusarlos de captación ilegal y, además, si alguien quería reclamar, ¿dónde lo haría?

Fueron tan meticulosos al armar esa urdimbre que en Colombia tuvieron el cuidado de poner como filiales de Premium a sociedades que no fueran intermediarias financieras, para que no estuvieran bajo vigilancia y control de la Superfinanciera, pero tampoco hacían parte de la Supersociedades porque eran simples filiales panameñas.

De los directivos de Premium o Interbolsa, ¿algunos han colaborado con su investigación?

Hemos logrado reconstruir todo ese entramado y su funcionamiento porque hay dos personas que lo han contado. Jorge Arabia, vicepresidente financiero de Interbolsa, me dijo un día: ‘Soy culpable. Me metí en eso por un buen salario y unas buenas comisiones. No tuve el carácter de haber frenado semejante inmoralidad, aunque yo sabía que no era presentable’. De ahí arrancó a contar todo. Era el segundo de Rodrigo Jaramillo.

El otro es Rachid Maluf, a quien su pariente Víctor Maldonado hizo que lo nombraran de gerente de Premium Colombia, aunque Maldonado sigue sosteniendo que él no tuvo nada que ver con Premium. En una primera reunión, Maluf intentó hacerme el papelón de víctima inocente. Le dije: ‘Cuando usted esté dispuesto a hablar en serio y a colaborar con esta investigación, vuelva a visitarme’. A los pocos días volvió.

Para que entendamos los mortales, ¿cómo operaba esa maquinaria?

Cogían la plata que usted invertía en Premium, con sede en Curazao, y la ponían en algún banco panameño. Entonces, ya con esa garantía en sus manos, dicho banco les prestaba una suma igual. Y le trasladaban el dinero a una sociedad de ellos mismos, registrada en Colombia y llamada Valores Incorporados. Por eso se llama back to back, porque las dos operaciones van pegaditas, espalda con espalda. Así era como, sin usted saberlo, su dinero volvía a Colombia, pero ya no era suyo: era de ellos, porque el banco panameño lo retenía en garantía de lo que les había entregado. Y usted, feliz, porque creía que su platica estaba ganando intereses en Curazao…

Ahí era cuando ellos mismos le daban instrucciones a Valores Incorporados: ‘Présteles a este, a este y a este, a fulano y mengano’. ¿A quién se la prestaron? A Corridori, para comprar acciones de Fabricato; a su propio socio Maldonado, para hacer recompra de acciones de la misma Interbolsa, y a personas directa o indirectamente vinculadas a Ortiz y Tomás Jaramillo: a primos, a parientes, a amigos que tenían negocios en los que ellos participaban.

Cuando estalló el escándalo y llegamos con la intervención ordenada por Luis Guillermo Vélez, superintendente de Sociedades, descubrimos que el 98 por ciento de esos créditos tenían más de un año de vencidos. La verdad es que nunca se pagaron. Solo el 2 por ciento eran créditos sanos y legítimos. Y, de todos ellos, solo un 5 por ciento tenía garantías. Es evidente que desde el principio se trataba de créditos concebidos para que no fueran pagados ni devueltos.

¿Esa era, entonces, la plata que Corridori usaba para comprar acciones de Fabricato?

En un ratico le cuento. Por ahora le digo que cada día necesitaban más dinero para mover sus negocios en BMC (Bolsa Mercantil de Colombia), con Víctor Maldonado a la cabeza. El otro negocio era hacer que Interbolsa creciera, ya que planeaban –en términos populares-– engordar el marrano, después venderlo y duplicar lo invertido. Pero sus negocios empezaron a complicarse, no disponían de flujo de caja y se fueron quedando colgados. Es en ese momento cuando renuevan sus estrategias para capturar a más clientes, más incautos que les entregaran sus ahorros.

Ante esos apremios, decidieron agilizar el proceso de la traída de plata del exterior. Es entonces cuando inventan una cosa llamada ‘el mercado secundario’. Según el reglamento de Premium, usted no puede invertir su plata en ese fondo el día que quiera, sino, pongamos por ejemplo, en los primeros diez días del mes. Digamos hasta el día 10.

¿Qué ocurría de allí en adelante, hasta el fin del mes? Acudían al famoso mercado secundario. Otras dos empresas de ellos, Premium Advisors y otra llamada Interturist, eran dueñas de acciones del Fondo Premium. Entonces pusieron a esas empresas a recibir el dinero de los clientes, con el compromiso de trasladarlo a Premium después del día 10.

Aparecía Interturist. Le recibía a usted el dinero como si fuera a mandarlo para Premium, cuando lo que hacían, en realidad, era venderle las mismas acciones que ellas tenían en Premium. Usted, que solo se proponía invertir una plata para ganar dividendos, terminaba comprando acciones de Premium sin darse cuenta.

Para seguir con esa tramoya, Interturist le decía a usted que no consignara su plata en la cuenta de Premium, en las Islas Caimán, sino directamente en la cuenta de Interturist en Colombia. Así fue como consiguieron los nuevos fondos que necesitaban en Colombia sin tener que dar semejantes vueltas, sin back-to-back ni enredos de esos. Lo más grave es que la mayoría de la plata que obtuvieron por ese nuevo medio la recibieron en efectivo. ¿De quién era? ¿De dónde procedía? No quiero ni pensarlo. Muchos clientes llevaron los billetes físicos, ‘en rama’, como dicen, y ellos los guardaban en una caja fuerte.

De esa caja fuerte, instalada en el tercer piso del edificio de Interbolsa en el norte de Bogotá, sacaban dinero para sus gastos. De allí salía la plata para pagar el parqueadero de sus yates en la Florida o la compra de repuestos en Panamá, o para consignarle a Víctor Maldonado cuando andaba de paseo por Indonesia. Los ingenuos les financiaban sus caprichos y sus viajes de placer por el mundo. Como hacen las esposas ricas cuando llaman a la secretaria del marido para ordenarle que les giren. Convirtieron el dinero ajeno en plata de bolsillo.

Alessandro Corridori (cen.), en los juzgados de Paloquemao, en diciembre del 2013. Él pretendía sacar ganancia de los ‘daños’ causados por el escándalo, dice Revollo.

¿Pero al inversionista le quedaron, por lo menos, las acciones de Premium que le habían vendido engañosamente?

Ni siquiera tiene ese consuelo, porque Interturist nunca le pagó las acciones a Premium. ¿Sabe qué hacían entre ellos mismos? Interturist generaba en su contabilidad una cuenta por pagar a Premium y, a su turno, Premium le generaba a Interturist una cuenta por cobrar. Y cruzaban esas sumas contra honorarios adeudados a sus propios directivos. ‘Oiga, Interturist, usted me debe mil por mis acciones’, decía Premium. ‘Ah, bueno’, respondía Interturist. ‘Crúcelos con los mil que usted me debe de mis honorarios en la junta directiva’. Así se robaron la plata de los clientes. Interturist no era más que un nombre. Una fachada. Eso no existía.

Hemos encontrado que con dinero de los ahorradores se pagaban excentricidades insólitas, viajes en jet privado y hoteles de lujo, incluso en Asia. Una chaqueta de piel que costó 10.000 dólares fue cargada a la tarjeta de crédito de la empresa. En un solo viaje Ortiz compró 10.000 dólares en zapatos. Abundan los pagos de tiquetes en primera clase.

Me da vergüenza contarle lo que Maluf me reveló de las bacanales que se hacían con el dinero de los ahorradores, en la casa que Víctor Maldonado tiene en un paraje marítimo cercano a Cartagena, llamado bahía de Cholón. En el avión privado de Maldonado viajaban Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz con las modelos de pasarela, con la comida y las bebidas más refinadas que uno pueda imaginarse.

Fue así como, a través del Fondo Premium, captaron casi 350.000 millones de pesos de los incautos. Las víctimas fueron, en total, 1.260 personas. La inmensa mayoría de ellas son gentes del común que entregaron sus ahorros de toda la vida. Puedo asegurarle que no se trataba de millonarios especuladores. El 80 por ciento del Fondo Premium está integrado por personas que no tenían más de 150 millones.

Bueno. Quedamos en que Corridori recibió 63.000 millones en un crédito que le otorgó Valores Incorporados. Maldonado recibió 22.000 millones más en idéntica forma. Eso fue lo que encontré.

Pero a la vez encontré que en Panamá, con la misma sociedad Andean, Corridori tenía un contrato llamado “de cuentas en participación”. Descubrí que es un contrato firmado por una sociedad de Corridori llamada Vecchio (viejo, en italiano).

Recién constituida, en Panamá, Vecchio hizo ese negocio con Andean. Los documentos dicen que Vecchio es experta en el mercado público de valores de Colombia y que celebra ese contrato para que, con dineros que Andean le suministre, Vecchio compre acciones de Fabricato y las negocie.

¿Cómo las negocia? Le pongo un ejemplo: Corridori compra cada acción a 30 pesos. Si las vende a un precio mayor, se queda con la diferencia más una comisión del 12 por ciento. Pero si las vende por menos de 30 pesos –es decir, perdiendo– tiene que reponerle a Andean la diferencia hasta llegar a 30. Es decir: el que pone la plata, que es Andean, se cubre de posibles pérdidas.

He aquí que un día Corridori me pidió una cita. Vino a mi oficina con su tropel de abogados y me dice:

–Es que no puedo entender, doctor Revollo, por qué le dijo a la prensa que yo le debo 63.000 millones de pesos.–Pues, porque me los debe, como interventor que soy –le contesté–. Aquí hay un pagaré suyo que dice eso.–No, doctor –agregó él–. Eso no es verdad. Es al revés: usted, a través de Andean, me debe a mí 65.000 millones.Se me quedó mirando y dijo, con un tonito de burla:–Lo cual demuestra que usted me tiene que dar unas vuelticas de 2.000 millones.–Dígame por qué –le respondí, aterrado–, porque no le entiendo.–Es que el contrato de Panamá establece que, si alguna de las partes incumple, pues se liquida el negocio y el incumplido tiene que pagarle al otro lo que le corresponda de la liquidación.–¿Y por qué cree que hubo incumplimiento? –le insistí, sin salir de mi perplejidad.–Porque Premium, dueño de Andean, me incumplió.–¿Dónde está la sentencia del juez que dijo eso?–Esa sentencia no existe –dijo Corridori.–Y, entonces, ¿quién da ese fallo? ¿Usted?

En ese momento, Corridori me suelta la perla más grande del mundo:

–Es que, por culpa del escándalo de Interbolsa, la acción de Fabricato fue congelada cuando estaba a 92 pesos. Mis acciones me las tienen que liquidar a ese precio, y, en consecuencia, la utilidad que producen es de 65.000 millones.

Como a mí me prestaron 63.000 millones, pago el crédito y me salen a deber 2.000 millones.

Yo no había visto en mi vida un cinismo mayor. Lo que me estaba diciendo, por insólito que parezca, es que la culpa del escándalo de Interbolsa no la tenían los ladrones, sino quienes los descubrieron.

–Entonces –le propuse, para ver hasta dónde llegaba–, ¿por qué no liquidamos esas acciones al precio de hoy, cuando valen 12 pesos? Así no solo me debería los 63.000 millones que le prestaron; creo que me debería el doble.Corridori ya estaba caliente. En ese momento uno de sus abogados se voltea hacia mí y me dice:–Mire, doctor Revollo, digamos las cosas por su nombre. Es que los contratos fueron hechos, expresamente, para que la voluntad de las partes se entendiera como que no se tuviera que pagar el préstamo.–¿Esa era la voluntad de las partes? –le pregunté, desconcertado.–Sí –me replicó el abogado. Esa era.

Corridori se quedó callado mientras yo pensaba que sería cómico si no fuera trágico: lo que me estaba diciendo es que habían firmado un pagaré, pero que en realidad era un no-pagaré.

¿Y las deudas de Víctor Maldonado?

Con él repitieron, idéntico, ese esquema del no-pagaré. Andean firmó unos contratos en Panamá con una sociedad de Maldonado llamada Sumo. Lo mismo que habían hecho con Vecchio.

Cuando me reúno por primera vez con Maldonado, él me dice: “Yo no debo sino 21.000 millones de pesos, y vengo a pagarlos”. Le contesté: “Le quiero recordar que usted está intervenido por el Estado y que, según la ley, en una intervención no solo debe lo que está en créditos a su nombre, sino toda la deuda completa”.

–Pues vengo a decirte, Alejandro –me dice, como si fuéramos viejos amigos–, que yo no voy a pagar sino mis propios créditos y, además, que no pago intereses. Solo pago el capital con unos bienes que tengo.

Como si fuera poco, se trataba de unos cuantos bienes reservados entre los tres (Maldonado, Ortiz y Tomás Jaramillo) para pagar sus deudas. Hasta eso lo previeron. Ortiz y Jaramillo sí ocultaron con éxito el resto de su patrimonio, pero Maldonado no tuvo tanta suerte.

Pues, como yo encontré que Maldonado debía 20.000 millones más de lo que él decía, no le acepté la propuesta y le dije que se olvidara de eso. Era un solar en Soledad (Atlántico); otro en Santa Marta, pegado a un sitio que se llama Cabo Tortuga, y otro lote al lado del Club de Pesca de Cartagena.

Cuando le hablé de ese contrato, el segundo, el de los 20.000 millones, me respondió, frescamente: “Pues no reconozco ese contrato”. Le dije que eso no dependía de que él lo reconociera o no, sino que ahí estaba y había que liquidarlo. Maldonado insistió: “No reconozco eso porque lo hicieron a mis espaldas; eso es un engaño; me falsificaron la firma”.

Seguí insistiéndole y, el día menos pensado, él me mandó una serie de documentos para demostrar que no debía esa plata. Sin darse cuenta, entre dichos papeles se le vino una copia del documento en que se liquidaba el primer contrato de Panamá, en donde él mismo declara y reconoce que todavía debe 11.000 millones más. Naturalmente, ese documento lo hicieron antes de que estallara el escándalo. Esa era la prueba que yo necesitaba. Y él mismo me la mandó.

Maldonado, desencajado y furioso a lo largo de todo el proceso, ha tratado de meterme el cuento lastimero de que él solo es un simple deudor, una víctima más de los otros dos, y que nosotros lo estamos maltratando y agraviando a su familia.

Un día yo le dije: “Mire, yo no soy su juez; así es que a mí no tiene por qué ponerse a conmoverme. Le voy a hacer una sola pregunta: ‘Dígame qué hace una persona como usted, con el gran patrimonio que tiene, endeudándose en el mercado informal, extrabancario, a unos intereses enormes del 20 por ciento anual. Explíqueme eso. A mí, por ejemplo, me toca hacerlo, porque debo hasta el carro. Pero, ¿usted? ¿Por qué?’ ”. Maldonado se quedó mudo.

Una deuda de miles de millones es un problema para el banco, no para el deudor. Entonces, ante el tamaño de la deuda, los bancos se tienen que arrodillar ante Maldonado, recibirle lo que él quiera pagar antes que perder toda su plata, y hasta le conceden los plazos que él ponga para pagar el resto. De lo contrario, eso le generaría problemas serios al banco en materia de provisiones y castigos. Y si es un banco chiquito, peor todavía. Esa es su estrategia. Y es la misma que está tratando de aplicarnos a nosotros en este caso de Interbolsa.

Usted me habla de Tomás Jaramillo, de Maldonado, de Ortiz. Pero, ante todo esto, ¿qué decía Rodrigo Jaramillo, que era, al fin y al cabo, el presidente de Interbolsa?

Yo le hice esa pregunta a Maluf: qué papel jugaba Rodrigo Jaramillo en semejante maraña. Me contestó que, aunque era el presidente del grupo, “Rodrigo realmente nunca estuvo en la jugada, no estaba en el tema diario, pero vivía preocupado porque él sabía lo que estaban haciendo su hijo Tomás y Ortiz. Periódicamente

llamaba a los empleados secundarios, los que estaban debajo de ellos dos, y les preguntaba qué estaba pasando en Premium. Les pegaba diez alaridos, les decía que les iba a cortar el contrato de corresponsalía que Interbolsa tenía con Premium. Los subalternos iban a contarle a Tomás y él les decía que no se preocuparan. Entonces, Tomás subía al séptimo piso, le echaba un cuento al papá y hasta ahí llegaba el problema”.

Cuenta Rachid que, en una reunión que él tuvo con Rodrigo, le explicó con franqueza cuál era la situación de Premium, y que Rodrigo se molestó muchísimo por la concentración de negocios en cabeza de su hijo, Ortiz y Maldonado. Fue entonces cuando Rodrigo le dio a Maluf la orden de desmontar las operaciones que Premium tenía con los tres, que pararan los créditos a favor de ellos o de sus vinculados y que disminuyeran los riesgos.

Estando allá (en París), Maluf se enteró de que Rodrigo Jaramillo en persona le aprueba un nuevo desembolso a Víctor Maldonado por 22.000 millones de pesos. Maluf llamó a Juan Andrés Tirado, quien estaba de gerente encargado, y le dijo: “Oiga, Juancho, ¿qué es esto? ¿Cómo así que Rodrigo le aprobó un nuevo crédito a Maldonado, si el propio Rodrigo me había ordenado que desmontara todo eso?”.

Y dice que Tirado le respondió: “Rodrigo me dijo textualmente que no tenía ninguna opción distinta a aprobar ese desembolso, porque Maldonado tiene negocios con acciones de Interbolsa por 21.000 millones, y le dijo que él no pagaba esa plata”. Entonces, concluyó Maluf, Rodrigo obligó a Tirado a aprobar ese desembolso para pagar lo que Maldonado le debía a su propia empresa. De lo contrario, le cambiaría la composición accionaria a Rodrigo Jaramillo.

Epílogo con primicia

–Han pasado dos años –le digo a Revollo–. ¿No hay hasta ahora ninguna noticia buena?–Sí, la hay. El superintendente Luis Guillermo Vélez y yo estuvimos en Curazao y creamos una comisión de trabajo conjunto con funcionarios locales. Hace apenas diez días regresé allá y las autoridades me dieron dos buenas noticias: sacaron a Erik Andersen del manejo del Fondo Premium y le nombraron un liquidador. Firmamos con el Banco Central de Curazao un convenio para que nos envíen a Bogotá los 6 millones y medio de dólares, casi 13.000 millones de pesos, que acaban de encontrar en cuentas de Premium tanto en Curazao como en Panamá. Eso será repartido equitativamente entre las víctimas.

En conclusión, esto no fue un descalabro inesperado. Desde el comienzo fue planeado como una grotesca asociación para delinquir. Hay pruebas contundentes que no dejan ninguna duda sobre la responsabilidad de estos señores en el fraude más grande de las últimas décadas. Están en manos de la Fiscalía.

Los llamados títulos de Luxemburgo por 50 millones de dólares son ahora la nueva piedra de escándalo dentro del descalabro de InterBolsa. La semana pasada, en una primera decisión, la Superintendencia de Sociedades aceptó que los tenedores de estos títulos tuvieran prelación a la hora de pagar las acreencias en el proceso de liquidación de este grupo financiero. Es decir, ellos serían los primeros en recuperar su inversión o parte de ella, por encima de cualquier otra víctima.

El anunció levantó un avispero de marca mayor entre abogados –apoderados de otros damnificados de InterBolsa– quienes objetaron la decisión, pues sintieron que con esta ellos perderían la esperanza de recobrar el dinero que confiaron al grupo financiero, a través de los diferentes canales de inversión que ofrecía.

Atendiendo dichas objeciones, la juez Ángela María Echeverry, delegada de la Superintendencia de Sociedades, pidió nuevas pruebas para pronunciarse en definitiva el próximo 21 de agosto.

Con el drama humano que vive cada inversionista que hoy se siente tumbado  por InterBolsa es entendible el agarrón que se ha desatado por el orden en que se atenderá a las víctimas y la repartición de la plata que encuentre.

En el fondo, la preocupación de todos radica en que, según lo dicho por el liquidador de InterBolsa Holding, Pablo Muñoz, la plata no alcanzará para pagarle a todo el mundo. Según el inventario de InterBolsa S.A. en liquidación, hay activos por 163.325 millones de pesos, pero realmente en una primera estimación se considera que en plata contante y sonante solo se podrá disponer de aproximadamente 90.000 millones de pesos. 

Esto es más o menos la deuda que se tiene con los tenedores de los títulos de Luxemburgo (llamados TEC). En resumen, esto significa que reclamaciones por 200.000 millones de pesos que fueron aceptadas por la liquidación se quedarían sin cómo ser atendidas. En otras palabras, por ahora esa platica se perdió.

Por eso son válidas las preguntas que muchos se hacen hoy: ¿por qué se les pagaría primero a los inversionistas de los famosos TEC de Luxemburgo?; ¿quiénes son esas personas?; ¿dónde están los 50 millones de dólares que se recogieron? y ¿cuál es el misterio que rodea esta emisión en esta importante jurisdicción financiera?

Frente al primer interrogante, hay que decir que hay un argumento jurídico que no es deleznable y que esgrimen los abogados de estos inversionistas y el propio agente liquidador de InterBolsa. Se trata de la tesis que señala que la Ley 1116 de 2006 en sus artículos 50 y 55 protege las operaciones del mercado de valores –como esta. 

Esta norma le da una garantía a las emisiones de valores que se conoce como de primer requerimiento y significa que son deudas que tienen prelación sobre el resto en el momento de darse una quiebra o liquidación. En el argot de esos procesos, se dice que este tipo de acreencias se excluye de la masa, en otras palabras se paga primero. Esta es una norma que sigue los estándares internacionales donde se protege a los inversionistas del mercado de capitales, en aras de mantener la confianza en este mercado. 

Por otro lado, aunque no es una emisión en el mercado local, en el prospecto de la misma se anota que tiene una garantía internacional que se conoce como URDG 758, que le da plena confianza al inversionista de que en una eventualidad no perderá su plata o que tendrá una prelación. Los TEC son títulos valores que fueron inscritos en Euroclear (uno de los mayores sistemas de compensación y liquidación de valores financieros del mundo) y en la Bolsa de Luxemburgo.

Como hay tesis de abogados que argumentan que no debe tener la calidad de excluido de la masa, la juez Ángela María Echeverry será quien tendrá la última palabra.

Ahora bien, en cuanto a la segunda pregunta, se han levantado toda clase de suspicacias sobre quiénes son esos inversionistas que ahora resultarían privilegiados frente al resto. SEMANA tuvo acceso a la lista de los 360 tenedores de los TEC y en ella se observa que se trata en su mayoría de personas naturales –en un alto porcentaje de Medellín y Cali– que tenían vínculos como clientes de InterBolsa, a través de sus distintos productos de inversión. 

Hay viudas, pensionados, profesionales independientes, empleados y hasta comunidades religiosas (ver recuadro). También hay algunas compañías –en menor proporción– que manejaban sus excedentes de liquidez con InterBolsa y resultaron en los TEC.

 

El misterio de los TEC

La historia de estos títulos valores y el destino final de los recursos es otro capítulo que muestra las irregularidades que ocurrían en la hasta hace poco afamada InterBolsa. El recuento de cómo nacieron y qué se hizo con este dinero hace parte de un documento que reposa en la Fiscalía y en la Superintendencia de Sociedades,  al que SEMANA tuvo acceso.

Según este informe, en el primer semestre de 2012 con la ayuda de la firma Ustariz Abogados, InterBolsa decidió emitir estos títulos en el mercado internacional por 50 millones de dólares. Dichos papeles (TEC) tenían como propósito principal reemplazar unos bonos ordinarios que había emitido InterBolsa en abril de 2010 y que se vencían en 2014, pero que estaban siendo muy onerosos para el grupo.

Se decidió emitirlos en el exterior para lo cual se creó en Luxemburgo la firma Holdco, filial de InterBolsa Holding. La idea de hacerlo en ese país radicó en que los títulos fueran inscritos en la Bolsa de Luxemburgo, lo que les daría mayor profundidad y liquidez de tal forma que pudieran negociarse en un mercado secundario. 

En el documento se indica que, para hacer la redención anticipada de los bonos InterBolsa, mientras se recaudaba la plata de los TEC, el 12 de julio de 2012 se acudió a un crédito –de 90 días–  por 70.000 millones de pesos con Bancolombia. 

La idea era pagarle a ese banco con la captación de los TEC que se completó el 23 de julio, fecha en la que se monetizó la totalidad de los 50 millones de dólares por un valor cercano a los 89.500 millones de pesos.

Es importante anotar que la fuerza comercial de la firma comisionista InterBolsa, que actuaba en este caso de corresponsal de InterBolsa Panama (ver diagrama), fue la encargada del proceso de colocación y, como ocurrió en varios episodios de este escándalo bursátil, varias de las víctimas señalan que no fueron debidamente asesoradas sobre los riesgos de la inversión que estaban corriendo.

El deseo de llevarse una buena comisión puede explicar este comportamiento de los comisionistas, que vendieron una inversión como segura y sin riesgo. Ellos recibían una comisión del 4 por ciento sobre el valor colocado, lo que para algunos expertos del mercado es una locura. Por cada millón de dólares que conseguían se llevaban al bolsillo 40.000 dólares, como quien dice por los 50 millones se repartieron en comisiones 2 millones de dólares.  La demanda por este tipo de título superó la oferta en 1,5 veces, lo que indica que a la gente se le vendió muy bien este producto.

Dentro del manejo laxo, riesgoso e ilegal que se ha observado en varias de las decisiones de InterBolsa hay un detalle adicional. Esta operación internacional no se reportó a información eventual de la Superintendencia Financiera –como debió hacerse– motivo por el cual la entidad le abrió pliego de cargos a Rodrigo Jaramillo, presidente de la holding InterBolsa.

Y la plata qué…

¿Pero a dónde fueron a parar estos 50 millones de dólares de Luxemburgo? Pues sencillamente a nada de lo que se dijo. El documento que relata lo sucedido con los TEC señala que los recursos se utilizaron en actividades diferentes a las estipuladas tanto a la fuerza comercial de InterBolsa como a los clientes.

Los 50 millones de dólares en TEC se monetizaron el 23 de julio de 2012 a una tasa de 1.789,58 pesos, lo que dio cerca de 89.500 millones de pesos, dineros que entraron a la cuenta de la holding y de allí empezaron a salir.

Para atender un requerimiento de la Superfinanciera que ordenó a la filial Sociedad Administradora de Inversiones (SAI) el desmonte de pagarés que la cartera Crédit tenía con el Grupo del empresario italiano Alessandro Corridori, la holding usó casi el 50 por ciento de los recursos captados en los TEC.

De allí también salió plata para otorgarles unos créditos a varias de las empresas del Grupo Corridori, para que estas a su vez cubrieran los saldos en rojo que tenían con la comisionista InterBolsa, y que la pondría en serios riesgos. Según el documento en mención, estos créditos se otorgaron de emergencia, sin cumplir con los requisitos debido a su monto y materialidad ni tener las garantías o avales requeridos.

En síntesis, la holding utilizó el 70 por ciento de lo que había captado por los TEC que se debieron usar para pagar el crédito de Bancolombia en salvar a sus dos principales filiales: la firma comisionista y la SAI.

Como estaba visto, más de una sorpresa se encontrarían las autoridades al abrir cada puerta en este escándalo financiero llamado InterBolsa. 

Nuevos capítulos de este drama

Esta semana será clave en este caso. Se deberán presentar los reclamantes del Fondo Premium y habrá decisiones acerca de los liquidadores de InterBolsa como víctimas.

Está claro que esta historia de la debacle de InterBolsa va para largo. En diferentes instancias se desarrollan los sucesos relacionados con este caso.

Este miércoles 14 de agosto, un juez de segunda instancia deberá resolver si acepta entre las víctimas en el proceso que se adelanta en la Fiscalia a los liquidadores del Grupo InterBolsa y de la firma comisionista. 

Ya un juez negó la tutela interpuesta por Jaime Granados, representante de los inversionistas del Fondo Premium, con la que pretendía constituirlos como víctimas del caso. Sin embargo, el abogado Granados apeló esta decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá y está a la espera de que se resuelva.

Una vez se conozca la decisión del juez de segunda instancia, la Fiscalía llamará nuevamente a audiencias para imputar los cargos.

SEMANA conoció que para dicha audiencia se imputaría cargos a  las personas que se presentaron en la audiencia inicial del pasado 24 de junio. Se trata de Rodrigo Jaramillo, Jorge Mauricio Infante, Alessandro Corridori, Claudia Jaramillo Palacios, María Eugenia Jaramillo Palacios, Javier Tomás Villadiego, Carlos Arturo Neira Llache y los hermanos Eduardo Adolfo y Luz Andrea Colmenares Pedreros, representantes de la clínica La Candelaria. 

El resto de implicados, entre quienes está Álvaro Tirado, presidente de la firma comisionista, sería llamado en una siguiente tanda.

Cabe recordar que los delitos de los que se les acusa son manipulación de acciones, administración desleal, operaciones no autorizadas con accionistas o asociados y concierto para delinquir.

La Fiscalía mantiene su decisión de solicitar medida de aseguramiento contra los imputados.  Aunque Rodrigo y Tomás Jaramillo se han acercado y han expresado su disposición de colaborar, se sabe que, dentro de los posibles arreglos, la fiscal a cargo no contempla negociar la detención preventiva. También se ha presentado ante el ente acusador, Juan Carlos Ortiz. 

Sin embargo, cabe aclarar que el proceso en que están involucrados Ortiz y Tomás Jaramillo corresponde a Premium, caso que la Fiscalía piensa adelantar en una segunda etapa una vez se evacúe el tema de InterBolsa.

Y precisamente sobre Premium esta semana se cumple una etapa muy importante en el esclarecimiento de este tema. Este 12 de agosto se fijó la fecha para que se presenten los reclamantes de este fondo, una fase determinante en lo que será el pago a los acreedores.

Hasta monjas invirtieron en instrumentos de alto riesgo

En la lista de las 360 personas que invirtieron en estos títulos de Luxemburgo hay historias dramáticas. El rango de las inversiones se movió entre 20.000 y 1 millón de dólares. 

Diana Piedrahita es una destacada profesional de Medellín, exprofesora de finanzas de la Universidad Eafit. Conoce el mercado de valores y sabe medir los riesgos de una inversión. Es una de las víctimas, junto con su esposo, de la debacle de InterBolsa, por la vía de los títulos de Luxemburgo, donde invirtieron 50.000 dólares, correspondientes a sus ahorros como pareja.

Diana afirma que decidió poner este dinero en estos títulos basada en la información que le entregó el comisionista de InterBolsa y en el resumen ejecutivo del prospecto de la emisión que le presentó. “Fui engañada en mi buena fe. Me los vendieron como si fueron una emisión de muy bajo riesgo”, afirma hoy. 

Según ella, el prospecto que le presentaron inicialmente señala que se trataba de una inversión destinada “al público en general incluyendo ahorradores, personas naturales, personas jurídicas, inversionistas institucionales, entidades oficiales y en general, al público inversionista incluyendo fondos de pensiones y cesantías”.

Afirma que cuando conoció el prospecto real, el que fue colgado en la página de la filial de Luxemburgo, se llevó la sorpresa de su vida, pues en éste decía claramente que esta era un instrumento financiero complejo, de alto riesgo y para inversionistas experimentados y sofisticados. “Esta información era completamente diferente a la forma como me vendieron este producto. Me di cuenta ya tarde de que ese no era el prospecto real”.

Hoy Diana se lamenta de haber caído tan fácilmente, cree que de haber tenido toda la información no habría puesto su dinero en estos títulos, pues sostiene que su perfil de inversionista es de bajo riesgo y no era para esto.

En esta lista de los 360 inversionistas de los TEC hay toda clase de historias. Está el caso dramático de una joven que invirtió la herencia de sus padres destinada al cuidado de su hermano con síndrome de Down. El del señor con esclerosis múltiple que puso en esos títulos la indemnización que recibió por su enfermedad. El comerciante que prefirió salir de su pequeño negocio afligido por la competencia china, y que pensó que llevar su dinero a estos TEC le daría la tranquilidad que buscaba.

Hasta órdenes religiosas están en vilo, rezando para recuperar su dinero. Según conoció SEMANA, las misioneras de la Madre Laura tienen embolatados en los TEC de Luxemburgo 123.000 dólares. La congregación de las Hijas de la Caridad de  San Vicente de Paúl, 475.000 dólares. La Comunidad de Hermanas de la Caridad -Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen, 281.000 dólares. El monasterio de las monjas Carmelitas Descalzas, 45.000 dólares. El hospital San Vicente de Paúl invirtió en estos títulos 42.000 dólares, la clínica Barraquer 168.000 dólares.

Pesimista y por partida doble. Así se mostró ayer el liquidador de la holding de Interbolsa, Pablo Muñoz, quien reconoció que podrá pagar una irrisoria fracción de los más de 520.000 millones de pesos que le reclamaron los damnificados del grupo que liderabaRodrigo Jaramillo Correa. Su alternativa es perseguir los bienes de los presuntos responsables de esta crisis, para lo cual instaurará los procesos judiciales de rigor, pero su pálpito es que "tendré sentencias de embargos para enmarcar".

Al revelar los hallazgos de la auditoría forense que KPMG le practicó a Interbolsa, el agente nombrado por la Superintendencia de Sociedades afirmó que necesitaba ver bienes para embargar y rematar. El problema es que "les prestaron plata a sociedades de papel, como Giteco y a un mundo de aparecidos, que no se sabía qué tenían, sin balances y sin un solo reporte de bienes. A estos les soltaron hasta 300.000 millones de pesos, sin preguntarles cómo los iban a pagar".

El trabajo completo de la firma de auditoría -con todo y un archivo encriptado con las pruebas- será remitido por la Supersociedades a la Fiscalía, para que alimente las investigaciones de tipo penal que adelanta ese organismo.

Según Muñoz, muchas fueron las causas que condujeron al colapso de Interbolsa. Un grupo como este, que concentraba más del 35 por ciento del mercado bursátil, no cae por accidente ni de un día para otro. En su opinión, esa crisis fue la consecuencia de "una cadena de irregularidades y de torpes decisiones gerenciales".

Muñoz fue más allá y agregó que "creo que una forma de descalabrarse es por la falta de valores morales al interior de una organización. Eso algún día falla por algún lado".

Detrás de ese resumen, destacó que la holding de Interbolsa cometió errores, como haber metido 142.000 millones de pesos en malos negocios entre 2008-2012, y la decisión de sus socios de repartirse, legalmente, pero en un mal momento económico, 66.000 millones de pesos por concepto de dividendos. Así, sumó egresos de caja por 208.000 millones de pesos. Otro golpe, igualmente fuerte, fue la caída de su firma comisionista, que le reportaba el 84 por ciento de sus ganancias.

Detrás de ese panorama general hay, sin embargo, detalles relevantes para mencionar.

Los hilos de FabricatoPara Muñoz, la presunta manipulación de las acciones de Fabricato fue uno de los análisis más abundantes que realizó la firma auditora.

El estudio de tipo forense rastreó las operaciones que Corridori y un grupo de empresas que coordinaba efectuaron entre 2010 y 2012, para presuntamente manipular la acción de Fabricato, cuyos valorizados terrenos constituían el mayor objetivo de la toma presuntamente hostil.

Muñoz declaró que "aquí la gente de Interbolsa no tenía ojos, sentimientos ni objeto diferente que darle plata a Corridori" y a firmas como Manrique y Manrique, P&P Investment, Manantial, entre otras, en una estrategia que también contribuyó a su quiebra.

Sus cuentas indican que a Corridori y su grupo le entregaron 93.000 millones de pesos, "con unas posibilidades de recuperación bastante parecidas a cero".

Muñoz advirtió que la auditoría forense permitirá vincular a las investigaciones a personas que presuntamente abusaron de información privilegiada en Fabricato, pues estaban vinculadas con empresas de Corridori y también trabajaban en la textilera antioqueña. Esa historia fue documentada con detalles por este diario, en los informes "El eslabón perdido de Corridori en Fabricato" y "Los hilos que Corridori movía en Fabricato".

KPMG afirma que "personas vinculadas a Fabricato y a sus accionistas participaron en las negociaciones de Ventas de Fabricato y en la realización de las operaciones Repo de Fabricato, incurriendo en un posible conflicto de interés por los siguientes motivos: ser beneficiario de la posible venta de Fabricato y participar en el presunto esquema de aumento del precio de la acción".

Cayó la joyaEl desmoronamiento de Interbolsa también se asocia con los problemas que tuvo la joya de la corona del grupo: su firma comisionista.

Pablo Muñoz recordó que esta firma respondía por 84 de cada 100 pesos de utilidades del grupo Interbolsa. La mitad de los activos eran de la comisionista "y al quedar valiendo cero, la holding quedó valiendo la mitad".

Pero eso no fue lo único. El balance del liquidador señala decisiones puntuales que fueron desafortunadas. Así, de 56.000 millones de pesos que Interbolsa le metió a las acciones de Fabricato, hoy, por el precio en la bolsa, ese paquete ha retrocedido a los 8.000 millones de pesos.

A una de sus filiales, Interbolsa Brasil, le inyectaron 35.000 millones de pesos, "y terminó en un fracaso".

Como "fracaso absoluto" calificó el liquidador las apuestas que se hicieron con la filial que se abrió en Estados Unidos. Como "ambición desmedida" rotuló su ingreso al negocio de hipotecas, con Acercasa, en el que se comprometieron 30.000 millones de pesos.

Aunque el éxito les era esquivo, Interbolsa mostraba en sus estados financieros unos buenos resultados que se sustentaban en las valorizaciones. A pesar de no tener una holgada situación de caja, los accionistas mayoritarios, en una decisión que Muñoz califica como "torpe", se repartieron los 66.000 millones de pesos de los que se habló antes.

Pero hay más. La auditoría forense estableció que entre la comisionista de bolsa Proyectar Valores e Interbolsa existían "nombres comunes". Por eso, agregó, cuando se fue a pique Proyectar, "muchas de esas operaciones que ya se hacían con las acciones de Fabricato, la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) y Odinsa, automáticamente se pasaron a Interbolsa".

A finales de 2012 se hicieron evidentes la exposición al riesgo y los pocos frutos de la jugada con las acciones de Fabricato. El sistema financiero prendió sus alarmas, recogió sus créditos y le cerró el cupo de financiación a Interbolsa. Por eso, cuando la comisionista incumplió el pago de 20.000 millones de pesos se desató la intervención de la Superintendencia Financiera, según las explicaciones entregadas ayer por el interventor de Interbolsa.

¿Y la liquidación?La recuperación de los activos de la sociedad, para honrar después las obligaciones, muestra un panorama inquietante para los damnificados.

Se vendieron negocios como Acercasa, "que dio una retribución menor"; se transó en 2 millones de dólares a Interbolsa Panamá. Se desmontaron las operaciones en Brasil, "en donde todo el capital está perdido, aunque sin problemas con el público", y lo mismo se hizo en Panamá. Por último, la filial en Luxemburgo está en quiebra.

Todo lo anterior se sintetiza en dos cifras claves: Muñoz destacó que la holding tiene pasivos por más de 250.000 millones de pesos y activos que nominalmente valen 160.000 millones.

Pero ni siquiera hay tal cantidad de "mermelada".

De los 160.000 millones de pesos que hay contablemente, las deudas del grupo Corridori representan más del 58 por ciento. "Esos bienes se persiguen, pero las posibilidades de recuperación son mínimas".

Quedarían unos 70.000 millones de pesos, en valores igualmente nominales, que tampoco son muy reales. Ahí están, por vía de ejemplo, unos Bonos Agua, tasados en 8.000 millones de pesos, que según Muñoz, no se sabe si están asentados a precio de mercado.

Lo importante de la auditoría forense es que servirá como pieza clave para las investigaciones que realizan entidades como la Superfinanciera, la Fiscalía y la misma Supersociedades. También sería un gran soporte para las acciones revocatorias y la recuperación de los activos de Interbolsa.

El liquidador no lo hizo explícito, pero la verdad es que si solo pudiera pagar los 70.000 millones, apenas se estaría salvando de esta crisis un poco más del 13 por ciento.

Algunos damnificados tienen menos esperanzas que otros.

En coche, por decirlo de alguna manera, van los inversionistas en los Bonos de Luxemburgo, a quienes el liquidador tiene la intención de pagarles con prelación, y en los que prácticamente se agotarían los dineros.

Por sustracción de materia se perderían, hasta hoy, los 75.000 millones de pesos que inversionistas le prestaron a Interbolsa y ésta última les garantizó con sus acciones.

En cuanto a los inversores de la cartera Credit, de la Sociedad Administradora de Inversiones (SAI), Muñoz señaló que esta llegó a manejar 500.000 millones de pesos.

De allí salieron 78.000 millones de pesos para la Clínica La Candelaria, en una triangulación en la que esos fondos pasaron a la holding. La representante de Credit reclamó hasta los intereses y, dijo el liquidador, se le olvidó que ya le habían pagado 27.000 millones de pesos. Al final del ejercicio de sumas y restas, quedan 51.000 millones de pesos, que se les reconocerían, pero sencillamente no hay con qué saldarlos.

A estos dos tipos de reclamantes también les toca hacer fila, como los otros, a ver en qué termina la venta de los activos, la recuperación de las deudas y la cacería de los patrimonios de los presuntos responsables de esta crisis.

El drama social evidente hasta en el mismo lenguaje que utilizó el liquidador de la holding de Interbolsa: "estamos en una situación semejante a la que se presenta cuando se está hundiendo un barco, que a todo el que se va a subir, le echan

codo por aquí y codo por allá. Pero esto no es al que más codo dé, sino al que proteja la ley".

Siendo así, la ley tiene aún mucho trabajo para hacer.