historia latinoamericana y argentina
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COLEGIO SANTA ANA
NIVEL SECUNDARIO
HISTORIA LATINOAMERICANA Y ARGENTINA
DOSSIER BIBLIOGRÁFICO
2019
Compilado por: Claudio Nicolas Nuñez/es compliador/es
ESTE MATERIAL ES DE USO EXCLUSIVAMENTE DIDÁCTICO
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UNIDAD 1: LAS TRANSFORMACIONES EN EL SISTEMA MUNDIAL
El neocolonialismo y la economía agroexportadora. Las economías de enclave. El dominio de los Estados Unidos en América Latina. El caso de Cuba. La doctrina Monroe. La política del garrote. La Doctrina Drago. El Canal de Panamá. Las inversiones estadounidenses. La Revolución Mexicana: Los comienzos. El porfiriato: consolidación estatal y modernización económica La otra cara de la modernización. La revolución y las demandas campesinas. De Porfirio a Madero: la revolución continúa. Tiempos de contrarrevolución. Composición social y diversidad de demandas. La Constitución de 1917. Una revolución, varios debates. México. La Revolución Mexicana. El intervencionismo norteamericana en América latina. La Argentina en el Nuevo Orden Mundial: El modelo agroexportador y las Transformaciones sociales. El Régimen Oligárquico. América latina entre la Gran Guerra y la Crisis del 29: las nuevas condiciones económicas e ideológicas.
Analía Rizzi, Virginia Iris Fernández y Daniela Rovatti . (2014).
Historia: la Argentina, América Latina y el mundo en la primera
mitad del siglo XX. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Kapelusz
Datos bibligráficos (en sistema APA) del texto. Cuerpo del texto.
UNIDAD 2: LA ARGENTINA DURANTE LOS GOBIERNOS
RADICALES Y EL MUNDO DESPUES DE LA CRISIS
La primera presidencia de Yrigoyen: Economía y Política en el contexto de la guerra. Las Tensiones sociales y los movimientos. Presidencia de Alvear: la división del radicalismo. Cambios sociales y culturales. El retorno de Yrigoyen. Consecuencias de la crisis mundial. Las políticas de recuperación. América Latina y el fin del modelo agroexportador. Conflictos y golpes de Estado en América Latina. El impacto de la guerra y la posguerra en América Latina
Analía Rizzi, Virginia Iris Fernández y Daniela Rovatti . (2014).
Historia: la Argentina, América Latina y el mundo en la primera
mitad del siglo XX. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Kapelusz
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UNIDAD 3: LA ARGENTINA EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS ,
LA GUERRA Y LA POSGUERRA
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La política durante la dictadura de Uriburu: creación de la Confederación General del Trabajo. Gobierno de Justo: Institucionalización del fraude electoral, Restauración del poder de los conservadores y la política intervencionista estatal en la economía. Presidencia de Ortiz y Castillo. Primeras presidencias peronistas: Orígenes del peronismo. El primer Gobierno de Perón: democracia y polarización social. Segundo Gobierno de Perón: la crisis económica, los conflictos políticos y el golpe de Estado de 1955.
Analía Rizzi, Virginia Iris Fernández y Daniela Rovatti . (2014).
Historia: la Argentina, América Latina y el mundo en la primera
mitad del siglo XX. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Kapelusz
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UNIDAD 1: LAS TRANSFORMACIONES EN EL SISTEMA
MUNDIAL
AMÉRICA LATINA EN EL NUEVO ORDEN INTERNACIONAL
Los países latinoamericanos se sumaron al nuevo orden internacional como proveedores de
materias primas y alimentos y, a cambio, recibieron productos elaborados e inversiones de
capitales. La mayoría mantuvo relaciones neocoloniales con las potencias, aunque también
hubo lugares en situación colonial.
NEOCOLONIALISMO E IMPERIALISMO FORMAL
Luego de independizarse del dominio colonial de
España y Portugal, la mayoría de los países
latinoamericanos estableció un vínculo neocolonial
con .algunas potencias, en especial Gran Bretaña y los
Estados Unidos.
Los países latinoamericanos desarrollaron una
producción primaria basada en la minería, la
agricultura y la ganadería. También tuvieron un período de auge el caucho, explotado en la
zona del Amazonas, y el guano, un fertilizante natural que se obtenía en la costa del Perú.
Estos productos eran destinados al mercado externo, principalmente a los países europeos. A
cambio, América latina importaba productos
industriales.
Algunas zonas de América permanecieron como
colonias. Entre ellas se encontraban los
territorios del Caribe que habían conquistado los
franceses, los holandeses y los ingleses en los
siglos XVII y XVIII: la Guayana (repartida entre las
tres potencias) y la mayor parte de las islas de las
Antillas. En 1840, Gran Bretaña declaró colonia al
territorio de Belice, con el nombre de Honduras
Británica. Además, hasta fines del siglo XIX, Cuba
y Puerto Rico continuaron bajo dominio español. Estas colonias europeas también eran
exportadoras de bienes primarios destinados al mercado europeo.
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Las potencias industriales no solo se relacionaron con América latina por medio del comercio,
sino que también lo hicieron a través de las finanzas. Desde la década de 1820, Gran Bretaña
realizó inversiones indirectas, es decir que otorgó préstamos a los gobiernos latinoamericanos
para fomentar las obras públicas (mejora o construcción de puertos, ferrocarriles, etc.), o para
solventar los gastos militares o administrativos.
Luego de la crisis de la década de 1870, los
capitales europeos y estadounidenses
agregaron inversiones directas en diversas
actividades económicas de la región. Estas
inversiones se dirigieron al desarrollo de la
red de transporte y comunicaciones, al
sistema financiero, a las actividades
primarias y a las industrias relacionadas
con la exportación, como los frigoríficos.
También se instalaron fábricas de capital extranjero vinculadas a los bienes de consumo, como
los alimentos y la vestimenta.
EL INTERVENCIONISMO MILITAR EUROPEO
Las relaciones entre los países latinoamericanos y las potencias europeas no siempre fueron
pacíficas. En muchos casos, para defender sus intereses económicos en la región, Gran Bretaña
y Francia recurrieron a las intervenciones armadas.
En 1838, impulsada por su interés por tener derechos comerciales preferenciales, Francia
atacó la fortaleza mexicana de San Juan de Ulúa y tomó el puerto de Veracruz.
Ese mismo año, una escuadra francesa bloqueó el puerto de Buenos Aires y, entre 1845 y
1849, se produjo una intervención anglo-francesa en el Río de la Plata.
Las potencias imperialistas también buscaron cobrar deudas por medio de la fuerza.
Así, por ejemplo, buques británicos, alemanes e italianos atacaron puertos venezolanos en
1902, y exigieron el pago de préstamos que habían vencido. Esta acción generó la protesta de
varios países latinoamericanos, entre ellos la Argentina, cuyo ministro de Relaciones
Exteriores, Luis María Drago, elaboró la doctrina que lleva su nombre. Esta doctrina sentó el
principio de que las deudas de un Estado no pueden ser cobradas por medio de la fuerza
militar. De este modo ponía freno a las intervenciones europeas que afectaban la soberanía de
las naciones latinoamericanas.
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EL IMPERIO FRANCÉS EN MÉXICO
México, que recibía inversiones británicas, francesas, alemanas y estadounidenses, se convirtió
en blanco de las intervenciones directas de las potencias.
La primera intervención fue la de 1838. En 1861, fuerzas navales españolas bloquearon el
puerto de Veracruz para exigir el pago de deudas al Estado mexicano. Al poco tiempo se les
sumaron fuerzas británicas y francesas. Ante las rivalidades entre los conservadores y liberales
mexicanos, Francia, que se hallaba bajo el gobierno del emperador Napoleón III, decidió
intervenir de manera directa en la política mexicana.
En 1863, tropas francesas, con el apoyo de los conservadores, tomaron la capital de México y
crearon un imperio, del que fue soberano
Maximiliano de Habsburgo.
El presidente liberal mexicano Benito
Juárez llevó su gobierno a distintas
ciudades del país y organizó la resistencia
a la invasión extranjera, con gran apoyo
popular. En 1867, los franceses fueron
derrotados por las fuerzas mexicanas y
expulsados del país. Maximiliano fue
fusilado por orden del gobierno mexicano.
LA REVOLUCIÓN MEXICANA
En 1910, en México estalló una revolución
con una gran participación popular. Los levantamientos campesinos, liderados por Emiliano
Zapata y Francisco Villa, tuvieron como principal objetivo la reforma agraria. Los desacuerdos
entre los propios revolucionarios extendieron la guerra civil por todo el país.
México: una sociedad desigual
México, como muchos otros países latinoamericanos, se insertó en el nuevo orden
internacional como proveedor de productos agropecuarios y minerales. Este proceso coincidió
con la presidencia de Porfirio Díaz (1876-1910). Esta etapa, durante la cual Díaz se perpetuó en
el poder por medio del fraude electoral y el apoyo de la oligarquía y la Iglesia, es conocida
como el Porfiriato.
A partir de 1870, la riqueza minera de México atrajo capitales norteamericanos, a los que
Porfirio Díaz dio un trato privilegiado. En 1910, estos capitales norteamericanos y los de
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algunas potencias europeas controlaban casi todas las minas, la industria petrolera, las
principales plantas eléctricas, gran parte de los ferrocarriles, bancos, fábricas y comercios, y un
quinto de las tierras.
El auge de las actividades industriales dio origen a una clase obrera en las principales ciudades.
Los obreros mexicanos, a partir de las ideas socialistas y anarquistas que llegaban de Europa,
iniciaron sus reclamos por la reducción de la jornada de trabajo, el aumento de salarios y la
defensa de la mano de obra local que sufría la competencia de los trabajadores
norteamericanos. La respuesta del gobierno fue la persecución política y la represión.
En las áreas rurales, la estructura socioeconómica mantenía condiciones similares a las de la
época colonial. Aunque los presidentes Benito Juárez (1858-1872) y Sebastián Lerdo (1872-
1876) habían legislado para que la Iglesia no concentrara tierras y a favor de la ocupación de
las tierras baldías, no actuaron en contra de los grandes propietarios. Estos se beneficiaron aún
más durante el Porfiriato, cuando, además, se entregaron tierras a empresas extranjeras.
La mayor parte de la población campesina estaba integrada por indígenas y mestizos, que
habían perdido sus tierras a favor de los terratenientes y trabajaban como peones en las
haciendas. A cambio de su trabajo, recibían escasos jornales y estaban obligados a gastarlos en
la tienda que funcionaba dentro de la hacienda, por lo que se endeudaban y no podían
abandonar la propiedad.
El comienzo de la Revolución
En 1909, ante la proximidad de las elecciones presidenciales, la oligarquía mexicana, propuso
la reelección de Díaz. Por su parte, los grupos opositores al Porfiriato formaron el Partido
Nacional Antirreeleccionista y postularon a Francisco Madero. Madero, quien representaba a
un sector de la burguesía, propuso el
desarrollo capitalista a partir de la pequeña
industria y de la pequeña y mediana
propiedad, y la vigencia de la democracia.
Pocos días antes de las elecciones, Madero fue
acusado de sedición y encarcelado por el
gobierno. Finalmente, el gobierno le dio la
libertad condicional y Madero se refugió en
Texas, al sur de los Estados Unidos, donde
elaboró el Plan de San Luis Potosí. Por medio de esta proclama, Madero desconoció al
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gobierno de Díaz, asumió provisionalmente el gobierno de la república y llamó al pueblo a
luchar contra la dictadura y la oligarquía. Este fue el comienzo de la Revolución Mexicana.
La revolución de los campesinos
Madero suponía que el eje de la lucha serían las ciudades. Sin embargo, muy rápidamente, los
levantamientos campesinos se extendieron por todo el territorio. En el sur, los campesinos que
reclamaban la reforma agraria se organizaron bajo el mando de Emiliano Zapata. En el norte, la
región más ligada a la producción de exportación, Francisco "Pancho" Villa lideró a amplios
sectores sociales que demandaban mejores condiciones de vida. La resistencia armada
adquirió un carácter de guerra de guerrillas, es decir, de hostigamiento al enemigo mediante
ataques rápidos y sorpresivos.
En 1911, los levantamientos populares provocaron la renuncia de Porfirio Díaz y la posterior
asunción de Madero como presidente. Sin embargo, Madero no dio respuesta al planteo de
reforma agraria de los zapatistas, por lo que Zapata elaboró el llamado Plan de Ayala y
continuó liderando los levantamientos campesinos. En 1913, el Ejército Federal, que respondía
a los porfiristas, a los grandes terratenientes y a la Iglesia, asesinó a Madero. En respuesta a
esta acción, las fuerzas conjuntas de Zapata, Villa y Venustiano Carranza, jefe del Ejército
Constitucionalista, ingresaron en la capital del país y tomaron el poder en 1914.
Carranza centralizó el poder y se distanció de los líderes campesinos. Los años posteriores se
caracterizaron por los conflictos de intereses y la guerra civil entre los sectores revolucionarios.
Fuerzas estadounidenses intervinieron en estos conflictos a favor de Carranza. En 1919,
Emiliano Zapata fue asesinado en una emboscada, con el consentimiento de Carranza.
También con el acuerdo del entonces presidente Álvaro Obregón, en 1923 fue asesinado
"Pancho" Villa.
La Constitución de 1917
Venustiano Carranza, encargado del Poder Ejecutivo, buscó legitimar su gobierno y convocó a
una convención para sancionar una nueva constitución, más acorde al contexto revolucionario.
El 5 de febrero de 1917 se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta constitución combinó principios propios de la burguesía a la que representaba Carranza
con los reclamos sociales y nacionalistas de los sectores populares. Por un lado, extendió las
libertades individuales e impuso el laicismo en contra de los intereses de la Iglesia, con
medidas como la prohibición de la educación religiosa en las escuelas. Por otro lado, estableció
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la jornada laboral de ocho horas, nacionalizó los recursos naturales y estableció el derecho del
Estado a expropiar latifundios para dar lugar a la pequeña propiedad y la propiedad comunal.
Esta última medida, aunque daba respuesta, en parte, al reclamo de reforma agraria, no puso
fin al enfrentamiento entre el gobierno y los líderes campesinos.
EL INTERVENCIONISMO NORTEAMERICANO EN AMÉRICA LATINA
Desde fines del siglo XIX, los Estados Unidos
iniciaron su expansión en América Central y el
Caribe. Para defender los intereses de sus
empresas, en numerosas ocasiones acudieron al
intervencionismo militar. En otros casos, utilizaron
el dinero para conseguir sus propósitos en la
región.
Entre el garrote y los dólares
A fines del siglo XIX, los Estados Unidos iniciaron
una expansión imperialista en distintas partes del mundo, respaldada por una política agresiva
elaborada. En la primera década del siglo XX.
El presidente republicano Theodore Roosevelt (1901-1909) reinterpretó la doctrina Monroe
("América para los americanos"), de 1823, en lo que se denomina el corolario Roosevelt. Este
principio establecía la política del Gran Garrote (Big Stick), por la que los Estados Unidos se
autoasignaban el derecho al uso de la fuerza en sus relaciones con los países latinoamericanos
para asegurar el orden y proteger sus propios intereses.
Como complemento de la política del Gran Garrote, los Estados Unidos apelaron a la llamada
diplomacia del dólar, es decir, al uso de dinero para comprar "voluntades" de los gobiernos o
de particulares de otros países.
Desde 1898, cuando intervinieron a favor de Cuba en su lucha por la independencia del
dominio español, los Estados Unidos aumentaron su injerencia en Centroamérica y el Caribe.
En Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Cuba, Jamaica, la República Dominicana y Colombia se
establecieron economías de enclaves en favor de la empresa nortea-, mericana United Fruit
Company, que comercializaba frutos tropicales. Esta empresa reclamó en varias ocasiones el
uso de la fuerza para proteger sus intereses.
EL MODELO AGROEXPORTADOR
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A partir de 1880, la Argentina se insertó en el
sistema mundial como exportadora de carnes
y cereales. Para ello, el Estado impulsó un
proceso de modernización que incluyó la
extensión de las áreas productivas, las
inversiones extranjeras, la instalación de
infraestructura y la creación de un mercado
de trabajo.
El modelo económico y sus límites
Los gobiernos argentinos del período de la
formación del Estado (1862-1880) crearon las
condiciones iníciales para que el país participara del nuevo orden internacional.
Posteriormente, entre 1880 y 1916, la Argentina se incorporó al mercado internacional a
través de un modelo agroexportador, basado en la producción y exportación de materias
primas provenientes del campo (en especial, carnes y cereales). Este sistema se
complementaba con la Importación de manufacturas, capitales y mano de obra de origen
extranjero, en especial europeo.
El principal destino de las exportaciones argentinas fue el mercado británico y, en menor
proporción, los centros comerciales de otras naciones industriales, como Alemania, los Estados
Unidos y Francia. Los grupos terratenientes de la región pampeana, vinculados al capital
extranjero, fueron los principales beneficiarios del modelo agroexportador. Sus grandes
extensiones de tierras fértiles les permitieron producir alimentos a bajo costo y exportar
materias primas a altos precios, predominantes en la mayor parte del período.
Sin embargo, el modelo agroexportador
colocaba al país en una situación de
vulnerabilidad externa, debido a su
dependencia de las economías centrales.
Así, las etapas de crecimiento económico
en los países centrales coincidían con los
períodos de expansión en la Argentina. Y,
a la inversa, las crisis producidas en esas
naciones, generaban dificultades en el país.
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La economía nacional contaba con un número limitado de productos alternativos para hacer
frente a las recesiones ocasionadas en el centro capitalista y, en especial, dependía de factores
que escapaban a su control, como los precios mundiales de las materias primas y el volumen
de las inversiones extranjeras.
El papel del Estado
A fines del siglo XIX, el Estado nacional fue garante de la modernización económica, entendida
como proceso organizado a partir de pautas más racionales que permiten previsibilidad en las
actividades económicas. Fundamentalmente, generó las condiciones básicas para el
funcionamiento de una economía capitalista de base agroexportadora. Entre otras iniciativas,
el Estado:
• promovió la privatización e incorporación de nuevas tierras para la producción agropecuaria;
• alentó la inmigración europea;
• contribuyó a la conformación de un mercado de trabajo, basado en el empleo de
trabajadores que venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario;
• y fomentó la incorporación de capitales, bajo la forma de inversiones de empresas
extranjeras o de préstamos a los gobiernos.
La modernización de la economía
El Estado argentino atrajo inversiones extranjeras, a través de medidas que aseaban altos
niveles de ganancias, entre ellas, disminuciones en la carga impositiva o garantías de ciertos
niveles de beneficios. Sin embargo, la llegada de estos capitales tuvo como contrapartida un
fuerte endeudamiento externo.
El mayor inversor fue Gran Bretaña, seguido por Francia, Alemania, Bélgica y los Estados
Unidos. Las inversiones se dirigieron, en gran medida a los ferrocarriles y el sector público, por
medio de préstamos a los gobiernos. También existieron inversiones en tierras, actividades
hipotecarias e instalación directa de empresas extranjeras.
La red ferroviaria se extendió notablemente, debido a sus ventajas: acortamiento de 'los viajes,
aumento de los volúmenes de las mercancías transportadas, disminución de los costos de
fletes, incorporación de nuevas tierras a la producción, surgimiento de nuevos pueblos y
traslado de pasajeros. Al mismo tiempo, la mejora de los puertos logró aumentar la capacidad
de almacenaje, necesaria para asegurar las exportaciones.
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Las líneas férreas más rentables se instalaron en la región pampeana y quedaron en su
mayoría en poder de los capitales británicos. Las menos productivas permanecieron en poder
del Estado, ya que su actividad resultaba poco atractiva para la Inversión privada.
La propiedad de la tierra
Entre 1880 y 1916, en la región pampeana continuó el traspaso de tierras públicas a mano
privadas.
Estas tierras, a medida que se incorporaron a la producción, aumentaron valor, lo que
contribuyó a restringir aún más el acceso a la propiedad y consolidó el control de grandes
extensiones de tierras por unos pocos propietarios.
En la década de 1890, el intento colonizador, iniciado a mediados del siglo XIX en la provincia
de Santa Fe, comenzó a decaer y solo se reactivó por la instalación de algunas colonias
organizadas por inmigrantes judíos, como las colonias Mauricio, en la provincia de Buenos
Aires, y Moisés Ville, en Santa Fe. En el Noroeste sobrevivían pequeñas parcelas de
subsistencia pertenecientes a una población campesina al mismo tiempo que se consolidaban
las grandes propiedades, en muchos casos, destinadas a la producción azucarera. En cambio,
en la Patagonia no existió la pequeña propiedad, sino extensas estancias laneras orientadas a
la exportación.
La exportación ganadera
Durante gran parte del siglo XIX, la Argentina había sido exportadora de productos ganaderos,
aunque en la década de 1870 había sufrido los efectos de la crisis internacional.
Sin embargo, a partir de 1880 comenzó la exportación de ganado vacuno en pie hacia el
mercado británico.
Poco después, ante la demanda de carnes de mejor calidad y la difusión del frigorífico, se
refino el ganado criollo a través de la cruza con animales de raza británicos y se extendió el
cultivo de plantas forrajeras, como la alfalfa, para asegurar la alimentación eficaz de los
vacunos.
Progresivamente, en función de una demanda externa cada vez más sofisticada, los
productores ganaderos de la región pampeana se diferenciaron en criadores e invernadores.
Los primeros cuidaban los animales desde que nacían hasta que tenían la edad de ser
faenados. Los segundos compraban los vacunos a los criadores, y luego los engordaban para
venderlos en los frigoríficos, con los que mantenían vínculos directos.
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Los invernadores se convirtieron en el sector dominante entre los productores, porque
poseían las mejores tierras y pasturas y corrían escasos riesgos de inversión. Sin embargo,
había criadores poderosos que abastecían al mercado local, sin depender de los Invernadores,
y algunos productores que realizaban tanto la cría como el engorde o invernada del ganado.
Expansión agrícola y estancias mixtas
Desde fines del siglo XIX se produjo un crecimiento acelerado de la producción agrícola,
relacionado con la necesidad de aumentar las pasturas para el engorde del ganado vacuno; la
incorporación de nuevas tierras a la producción en la región pampeana y la utilización de
mejores técnicas de cultivo, como el uso de semillas de mayor calidad y nueva maquinaria
agrícola.
Los primeros excedentes de cereales se originaron en la década de 1870 y provinieron de las
colonias del sur santafesino. Sin embargo, a principios del siglo XX, la provincia de Buenos Aires
encabezaba los intercambios internacionales. Los principales productos agrícolas exportados
eran el trigo, el maíz, el lino, la avena y la cebada.
Este crecimiento de la producción agrícola favoreció el surgimiento en la provincia de Buenos
Aires de las estancias mixtas, que combinaban las actividades ganaderas con las agrícolas. Esta
combinación de actividades aumentaba los beneficios económicos de los terratenientes,
porque estos podían priorizar la producción cerealera o la ganadera, según la variación de los
precios internacionales de las materias primas.
Para minimizar los costos de producción, los grandes propietarios incorporaron los sistemas de
arrendamiento y de aparcería. En el primer caso, parte de la tierra, dividida en pequeñas
parcelas, era dada en alquiler a inmigrantes por un plazo máximo de tres años. Estos debían
pagar el alquiler y, además, dejar el campo sembrado con alfalfa una vez finalizado el contrato.
Así, los propietarios se aseguraban pasturas para su ganado sin incurrir en gastos. En el sistema
de aparcería, el propietario entregaba una parcela para la agricultura a cambio del pago de un
porcentaje de la cosecha.
La organización de las estancias mixtas produjo la consolidación de la gran propiedad,
obstaculizó la formación de un sector de pequeños productores rurales bonaerenses y
desalentó la instalación de la población inmigrante en las áreas rurales:
Las primeras industrias
Entre 1880 y 1914, el crecimiento de la producción agropecuaria y de los capitales disponibles
permitió el desarrollo de industrias derivadas de la producción primaria.
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El 70 % de los establecimientos se radicaron en las ciudades de la región pampeana se
transformaron en importantes focos de atracción de mano de obra inmigrante.
La mayoría de las fábricas pertenecían al rubro alimentario, por ejemplo, los frigoríficos y los
molinos harineros que destinaban su producción al mercado europeo. En cambio, las
industrias textil y de la construcción se vinculaban al mercado interno.
La industria frigorífica fue la más importante del período. En 1883, capitales británicos
fundaron el frigorífico The River Plate Fresh Meat Company, en la localidad de Campana. Ese
mismo año, el empresario Eugenio Terrasón convirtió su saladero de San Nicolás de los
Arroyos en un establecimiento frigorífico. A principios del siglo XX, ante el aumento de la
demanda británica, se abrieron nuevas plantas frigoríficas, como La Blanca (1901), el Anglo-
Argentino (1905) y el Smithfield (1905).
Las inversiones estadounidenses se incorporaron a esta actividad a través de las empresas
Swift (1907) y Armour (1915). Ambas empresas, las más modernas y grandes de la época,
introdujeron innovaciones, como el reemplazo de los embarques de carne congelada por los
de carne enfriada, que era de mejor calidad ya que conservaba el sabor y la textura de la carne
fresca; la elaboración de carnes enlatadas y el aprovechamiento de los subproductos, como las
grasas bovinas, los cueros y los huesos.
Los capitales ingleses y norteamericanos formaron cárteles, para regular los embarques de
acuerdo con la demanda y controlar los precios de venta del ganado y el valor de los fletes.
Los desequilibrios regionales
El desarrollo del modelo agroexportador y la radicación de las industrias produjeron profundos
desequilibrios regionales, ya que la materia de las provincias quedó al margen de los beneficios
que obtuvo pare a pampeana.
Dentro del área pampeana, la ciudad de Buenos Aires concentró la actividad industrial y atrajo
mano de obra, en especial de origen inmigratorio.
Además, allí se instalaron las principales empresas extranjeras de servicios públicos, como las
de electricidad y transporte urbano.
Fuera del área pampeana, prosperaron las provincias de Tucumán Mendoza, debido a la
industria azucarera y la industria vitivinícola, respectivamente. Estas provincias se beneficiaron
por la extensión del ferrocarril que les permitió colocar sus producciones en los amplios
mercados de Buenos Aires y el Litoral. En cambio, la llegada del ferrocarril perjudicó a otras
economías regionales, que debieron competir con los productos importados.
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LAS TRANSFORMACIONES SOCIALES
El proceso inmigratorio
La legislación argentina promovió la inmigración desde la década de 1850. Sin embargo, el
período de afluencia masiva de inmigrantes comenzó en 1880. Esto se debió a la combinación
de diversas causas, como los adelantos en la navegación, que abarataron los costos de los
pasajes; la política oficial de atracción de inmigrantes, mediante el pago del viaje, el suministro
de alimentos y alojamiento a la llegada al puerto de Buenos Aires y el traslado a los lugares de
residencia, y las políticas de los países expulsores, que propiciaron la emigración de sus
habitantes para descomprimir sus economías, disminuir el excedente poblacional y evitar los
conflictos sociales. Entre los motivos para la emigración de millones de personas se
encontraban:
• En las áreas rurales, las crisis agrícolas, la reducción de la superficie cultivable, el aumento de
la población, la subdivisión de los campos como consecuencia del reparto de la herencia
produjeron hambre y desocupación.
• En algunas ciudades, la oferta excesiva de trabajadores era una fuente de potenciales
conflictos, sobre todo donde la industria, el comercio y Ios servicios estaban poco
desarrollados.
• Algunos grupos (por ejemplo, los judíos en el Imperio Ruso) sufrían discriminación racial,
persecución religiosa e intolerancia por parte de los gobiernos y otros grupos de la población.
• Las guerras, tanto civiles como con otras naciones, dañaron la economía de distintas
regiones de Europa entre 1848 y 1876, sobre todo en zonas rurales.
• Los socialistas y anarquistas sufrieron persecución política.
La mayoría de los inmigrantes eran varones, tenían entre 20 y 40 años y procedían de Italia y
España. También arribaron franceses, portugueses, rusos, sirios, judíos y eslavos. Los nacidos
en países limítrofes constituyeron entre el 2 % y el 3 % de los migrantes.
La urbanización
El crecimiento de las ciudades estuvo estrechamente relacionado con las condiciones del
mercado de trabajo y la llegada masiva de inmigrantes. Las actividades fabriles y de servicios
urbanos significaron una oferta creciente de empleos.
Entre 1869 y 1914, la población urbana se multiplicó de manera extraordinaria: por ejemplo,
Buenos Aires creció ocho veces; Rosario, nueve; Santa Fe, seis; Bahía Blanca, siete; Mendoza,
seis; Córdoba, cuatro y Tucumán, cinco. En 1869, las personas que residían en ciudades
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constituían el 33 % de la población; en 1895 eran el 42 %; y en 1914 superaron por primera vez
a la población rural, con el 5 8 % del total.
Las ciudades portuarias tuvieron un crecimiento más acelerado debido al peso de la
exportación en la economía nacional.
Las nuevas clases sociales urbanas
La concentración de la población en zonas urbanas y la creciente demanda de bienes y
servicios dieron origen a nuevas clases sociales. Entre ellas se encuentra la clase media, cuyos
miembros eran mayoritariamente inmigrantes o descendientes de ellos, pero también incluía a
sectores de origen criollo que no habían tenido acceso a la clase alta o habían quedado
excluidos de ella.
Esta clase media urbana tenía una composición heterogénea, ya que sus integrantes se
dedicaban a actividades diversas y tenían distintos niveles de ingresos, de educación y de
participación en la vida política y económica. Eran dueños de talleres o pequeñas fábricas,
comerciantes minoristas, empleados públicos o de empresas privadas y profesionales (por
ejemplo, abogados, médicos y docentes). Como consecuencia de la expansión económica,
estos grupos gozaron de movilidad social ascendente, es decir, la posibilidad de mejorar su
posición económica y social. Por otra parte, las actividades productivas, tanto para el mercado
externo como para el interno, requirieron numerosos trabajadores que formaron la clase
obrera. Algunos desempeñaron tareas vinculadas a la exportación, como los estibadores y
changadores que trabajaban en los puertos, los ferroviarios y los obreros de los frigoríficos,
aunque la mayoría fue mano de obra asalariada en las nuevas industrias, entre ellas, la
alimentación, el vestido, el calzado, la metalurgia liviana y la construcción.
La expansión urbana
Durante las últimas décadas del siglo XIX, las grandes ciudades del área pampeana,
especialmente Buenos Aires, Rosario y Córdoba, vivieron un acelerado proceso de
modernización.
Para alejarse de las clases populares y de la zona que había sido foco de la epidemia de fiebre
amarilla en 1871, la clase alta porteña se trasladó desde los barrios del Monserrat y Barracas)
hacia los del norte (Recoleta y Retiro), donde construyó lujosas mansiones.
En cambio, la mayoría de los integrantes de las clases populares vivían en habitaciones que
alquilaban en las viviendas colectivas llamadas conventillos. A comienzos del siglo XX, parte de
estos sectores se benefició con el proceso de suburbanización que comenzó en las grandes
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ciudades. La extensión de los medios de transporte y la posibilidad de adquirir terrenos para la
vivienda propia contribuyeron a acelerar estos cambios. Así, paulatinamente, se conformaron
barrios alejados centro y, en ellos, nuevos espacios de sociabilidad, como escuelas, clubes,
plazas, teatros, talleres y comercios.
Las condiciones laborales
Los trabajadores asalariados, tanto en los ámbitos rurales como en los urbanos, estuvieron
sometidos a situaciones de inestabilidad laboral. Las jornadas de trabajo eran muy extensas y
no existían leyes protectoras de la clase obrera. Los salarios eran bajos y los patrones o
capataces cometían numerosas arbitrariedades. La liquidación mensual estaba poco extendida
y, en consecuencia, predominaba el pago por jornal (por día trabajado) o la retribución a
destajo (por trabajo terminado). En ocasiones se aplicaban descuentos forzosos por errores
cometidos por los trabajadores o, en lugar de pagar con dinero, se entregaban "vales" para ser
canjeados en los establecimientos comerciales que pertenecían a los propios empleadores.
En algunas actividades hubo una importante presencia de mano de obra femenina e infantil,
que los patrones consideraban más barata y menos conflictiva que la masculina. Muchas
mujeres se emplearon en el servicio doméstico y en tareas de lavado y planchado de prendas.
En este contexto de desprotección estatal, los reclamos laborales por vía judicial eran
inviables. Por eso, al principio, las comunidades de origen inmigratorio recurrieron al
mutualismo, es decir, a la organización de entidades de defensa de intereses comunes y ayuda
mutua. Hacia fines de la década de 1870 surgieron las Sociedades de Resistencia, que pasaron
del mutualismo a las reivindicaciones laborales y realizaron las primeras huelgas.
Paralelamente se fueron extendiendo las acciones de grupos de ideas socialistas y anarquistas,
que conformaron el movimiento obrero.
Los trabajadores rurales
La situación de los trabajadores rurales tenía ciertos rasgos comunes en todo el país: malas
condiciones de empleo; extensas jornadas laborales; expansión del trabajo asalariado, con
pagos precarios e inestables y contratación de peones temporarios.
En la región pampeana, las actividades rurales eran realizadas por arrendatarios, aparceros o
peones asalariados. La situación de los dos primeros dependía de los resultados de las
cosechas y del precio del alquiler o del canon pactado previamente con los propietarios
terratenientes. Los peones asalariados eran contratados de manera permanente o de forma
temporaria. Durante los períodos de cosecha, el número de peones aumentaba por la llegada
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de mano de obra de otras regiones del país o de Europa. A estos trabajadores se los
denominaba peones golondrinas, porque trabajaban de manera estacional y luego regresaban
a sus lugares de origen.
En el Noroeste existían dos tipos de trabajo: el de las comunidades campesinas (indígenas o
mestizas) que cultivaban la tierra para su propia subsistencia y comercializaban sus escasos
excedentes con los hacendados locales, y la producción de azúcar en Tucumán, que combinaba
el trabajo de labradores minifundistas (que vendían la caña a los ingenios) con peones
asalariados temporarios, que se concentraban en los momentos de la cosecha de la caña. En la
región Noreste, los patrones de los grandes yerbatales u obrajes madereros exponían a los
trabajadores asalariados a pésimas condiciones sanitarias e injusticias laborales.
La cuestión social
A partir de la década de 1870, el hacinamiento habitacional y la falta de obras públicas en la
ciudad de Buenos Aires contribuyeron a dispersar (epidemias, que la élite atribuyó a la
responsabilidad de los inmigrantes.
Entonces, la clase alta comenzó a llamar cuestión social a las consecuencias sociales derivadas
de la inmigración masiva.
El problema central residía en que los extranjeros que llegaron al país no se correspondieron
con las expectativas de la élite, ya que la mayoría provino de las regiones más pobres y menos
industrializadas del sur europeo. Pero lo que más preocupaba e indignaba a la clase dominante
era la capacidad de organización y de protesta que desarrollaron los extranjeros frente a las
malas condiciones laborales y habitacionales que encontraron en el territorio nacional. Así fue
como los Inmigrantes dejaron de ser vistos como portadores de cambios positivos y
comenzaron a ser considerados personas agradecidas, culpables de todos los problemas
sociales de la época.
En este contexto, los gobiernos de la época impulsaron medidas para regular las problemáticas
sociales y asegurar el orden establecido. Primeramente, se centraron en la gestión sanitaria,
por ejemplo, se implementaron cuarentenas en los puertos para lograr el aislamiento de los
individuos sospechados de portar infecciones. Luego, elaboraron estrategias de regulación de
las condiciones internas de la ciudad; entre ellas, el desarrollo de infraestructura (agua
corriente y redes cloacales) y medidas de fiscalización sanitarias (inspecciones domiciliarias
sorpresivas y requerimiento de denuncias de edades contagiosas).
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Las autoridades analizaron las problemáticas sociales con la visión médica higienista imperaba
en la época, la que consideraba a la sociedad como un cuerpo que debía funcionar de manera
armónica. En consecuencia, entendían que el desorden social era una "enfermedad" que debía
ser erradicada para evitare el contagio.
Hacia 1900, las situaciones de marginalidad urbana (como mendicidad, prostitución y
delincuencia) comenzaron a interpretarse como "enfermedades morales" que debía ser
contenida y estudiadas científicamente para evitar su propagación.
Asimismo, los crecientes reclamos obreros, identificados con la población de origen
inmigrante, provocaron que el foco de la cuestión social se trasladase a la tensión entre la
identidad nacional y la cuestión obrera.
EL RÉGIMEN OLIGÁRQUICO
Al mismo tiempo que se desarrollaba la economía agroexportadora, existía un régimen
oligárquico, que impidió la participación de las
mayorías. En ese contexto se formaron los
primeros partidos políticos modernos y un activo
movimiento obrero. En 1912 se dictó la Ley Sáenz
Peña, que amplió la participación ciudadana.
Un régimen político restrictivo
Durante el período 1880-1916 se desarrolló en el país un régimen oligárquico, es decir, un
sistema político en el cual las decisiones se concentraron en un sector minoritario de
dirigentes que excluyó a las mayorías populares. El Partido Autonomista Nacional (PAN)
gobernó el país durante toda esta etapa.
Los grupos oligárquicos establecieron una república liberal conservadora.
Desde una visión liberal aseguraron a todos los habitantes las libertades civiles consagradas en
la Constitución nacional. Sin embargo, desde una perspectiva conservadora, restringieron la
participación política de las mayorías a través de distinto mecanismos de control político, entre
ellos:
• La organización de un sistema de negociaciones y acuerdos entre los diferentes grupos de
poder provinciales, que incluía el control de los nombramientos de los gobernantes, tanto a
nivel nacional como provincial. Era frecuente que el presidente saliente eligiera a su sucesor.
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• La aplicación de la intervención federal (mecanismo constitucional que permite al gobierno
nacional reemplazar a las autoridades provinciales en caso de desorden interno) por parte del
gobierno central cuando en una provincia surgía un sector opositor.
• El fraude como práctica habitual en época de recambio de autoridades nacionales,
provinciales o municipales. El sufragio era voluntario, masculino y público (es decir que se
expresaba en voz alta). En numerosas ocasiones, los listados incluían a persona fallecidas o que
no reunían las condiciones legales y excluían arbitrariamente a los opositores políticos. El día
del sufragio era frecuente que se produjera la compra directa de votos, la intimidación, el
cambio de resultados y la emisión de sufragios repetidos.
Las leyes laicas
Para consolidar su autoridad, el Estado nacional avanzó sobre atribuciones tradicionales de la
Iglesia católica, como la educación y el registro de las personas. Los grupos clericales se
opusieron a estas iniciativas en defensa de la tradición católica de país. En cambio, los sectores
liberales argumentaron que estas leyes eran apropia das en un país donde muchos de los
inmigrantes no profesaban el catolicismo.
En 1884, durante la presidencia de Roca, se sancionaron las leyes de Educación Común y de
Registro Civil. La primera estableció la enseñanza primaría laica, gratuita y obligatoria y,
además, otorgó al Estado nacional amplias facultades en lo relativo a la formación de los
maestros, el financiamiento de las escuelas públicas y la supervisión de los colegios públicos y
privados. Por su parte, la Ley de Registro Civil traspasó al ámbito estatal la inscripción de los
nacimientos y defunciones, antes anotados en las parroquias.
Finalizada la presidencia de Julio A. Roca (1880/1886), la sucesión presidencial –tras una ardua
lucha– recayó en Miguel Juárez Celman, ex gobernador de Córdoba, influyente senador
nacional y concuñado de Roca, siendo su compañero de fórmula Carlos Pellegrini.
El 12 de octubre de 1886 asumió la presidencia; en su discurso inaugural anunció su ideario
liberal, que incluía la promoción de la educación, de la inmigración europea y de la empresa
privada. Desde un primer momento, el nuevo presidente exacerbó un
marcado presidencialismo, lo que rápidamente generó conflictos con Roca, quien pretendía
mantener control sobre el gobierno y el partido gobernante (PAN). Así, la unificación y
la centralización serán el método de gobierno dominante en las próximas décadas
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En 1888, bajo el mandato de Juárez Celman, se dictó la Ley de Matrimonio Civil que restó
validez jurídica a los casamientos religiosos y estableció como únicas uniones legítimas las
registradas en las oficinas públicas.
Estimuló la inmigración europea, garantizando la gratuidad de los pasajes y la entrega de
tierras a los colonos, las mismas que les habían sido arrebatadas a los pueblos originarios en la
mal llamada Campaña del Desierto, protagonizada por su antecesor. Se impulsó también una
gran reforma jurídica, incluyendo la organización procesal de los Tribunales, el
establecimiento de un Registro dela Propiedad, la sanción dela Ley de Matrimonio Civil y de
códigos de Minería, Penal y de Comercio.
En su gestión, Juárez Celman promovió la obra pública, en especial en Buenos Aires,
ordenando la construcción de edificios como el Correo Central, el Teatro Colón, y la reforma
del puerto de Buenos Aires, además de obras de infraestructura sanitaria.
Con Juárez Celman se aceleró el proceso de privatizaciones. Decenas de ramales ferroviarios
fueron concedidos a empresas privadas, incluyendo el ramal estatal más exitoso (con superávit
operativo y financiero), el del Ferrocarril Oeste de Buenos Aires. Claramente se enajenaban los
medios públicos de producción a la vez que ingresaban capitales extranjeros al sistema,
principalmente destinados a financiar la red ferroviaria, que sumó otros3800 km, rozando los
10 000 km de extensión total. Los Puertos también fueron destinatarios de las inversiones
extranjeras (Bahía Blanca, Rosario, La Plata y Buenos Aires)
El campo se modernizó, incorporándose el alambrado y los primeros molinos de viento para
agua. Las exportaciones se diversificaron, incorporando la carne congelada, y aumentando la
salida de lana y cereales.
Sancionó la Ley de Bancos Garantidos, que permitía establecer bancos provinciales y privados
habilitados para emitir moneda. El resultado, combinado con la irresponsabilidad fiscal del
gobierno, fue una escalada especulativa y de emisión descontrolada.
La formación de la Unión Cívica Radical y la caída de Celman
Desde mediados de 1889 había comenzado a gestarse una oposición creciente que se
manifestó de diferentes maneras. Una de ellas fue la Asamblea que se realizó en el Frontón
Buenos Aires, donde se organizó la Unión Cívica, una suma de corrientes políticas
heterogéneas liderada por Leandro N. Alem y Bartolomé Mitre. La incapacidad de las
exportaciones de crecer al mismo ritmo que las importaciones y el servicio de la deuda externa
fueron algunas de las causas de la crisis. El Estado Argentino entró en cesación de pagos y
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repudió las deudas contraídas por los Bancos Garantidos y las provincias, con lo que de hecho
se declaró en bancarrota. La tensión creciente provocada por la crisis económica se reflejó en
la Bolsa de comercio y demás centros financieros. En la mañana del 26 de julio de 1890 la
rebelión se hizo armada cuando fuerzas revolucionarias tomaron el Parque de Artillería. La
lucha duró tres días, al cabo de los cuales fue sofocada pero no sin antes provocar la renuncia
de Juarez Celman a la presidencia, siendo reemplazado por su vicepresidente, Carlos Pellegrini.
En 1890, las medidas tomadas por el presidente Juárez Celman llevaron al país a una crisis
económica. Esta crisis alentó la asociación de la oposición política en una agrupación
denominada Unión Cívica, integrada por jóvenes universitarios, terrateniente en desacuerdo
con el rumbo económico, católicos conservadores que rechazaban leyes laicas, comerciantes y
sectores medios urbanos y rurales.
El 26 de julio de 1890, la Unión Cívica protagonizó la Revolución del Parque, el fin de eliminar
la corrupción, derrocar al presidente y convocar a elecciones transparentes. Aunque el
levantamiento fue sofocado, el presidente renunció y fue reemplazado por el vicepresidente,
Carlos Pellegrini.
Gobierno de Pellegrini
Durante la presidencia de Pellegrini, la Nación debía responder a las deudas contraídas con el
extranjero por sumas muy elevadas, pero las arcas estaban exhaustas y los bancos oficiales en
quiebra.
Integró su gabinete con figuras pertenecientes a diversas tendencias políticas, aunque siguió
las directivas del partido Autonomista, cuya jefatura volvió a ocupar su ministro Roca.
Pellegrini intentó una política de acuerdos con la oposición, a la que se negó el de la Unión
Cívica dirigido por Leandro N. Alem, que formó un nuevo partido Unión Cívica Radical (UCR).
La UCR fue el primer partido político moderno del país, ya que se dio una oración estable,
fomentó la participación de sus afiliados y elaboró programas electorales concretos. Sus
críticas se centraron en el fraude electoral, no así en el modelo agroexportador, al que no
cuestionó.
Obras de Gobierno
Para resolver el tema del endeudamiento, Pellegrini obtuvo de capitalistas y hombres de
negocios la suscripción de un empréstito interno. En diciembre de 1891 inauguró el Banco de
la Nación Argentina con un capital mixto de 50 millones de pesos. Este organismo prestó
grandes beneficios en la recuperación económica. También fue creada la Caja de Conversión, a
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fin de sanear el valor de la moneda.
La situación imperante obligó al gobierno a suprimir los gastos considerados innecesarios y las
obras públicas, aplicando sobre la población una ley de impuestos internos para aumentar la
recaudación y reducir el déficit de caja. Fueron recuperadas para el patrimonio de la Nación las
Obras Sanitarias de la capital y más de 3.000 leguas de tierras fiscales entregadas al lucro de
los especuladores. Para mantener el crédito con Inglaterra, Pellegrini envió a Londres a
Victorino de la Plaza.
En materia educativa, el presidente dispuso la creación de la Escuela Superior de Comercio de
Buenos Aires, que hoy lleva su nombre, y en 1891 inauguró el Museo Histórico Nacional. Con
respecto a las fuerzas armadas, el Ejército comenzó a utilizar para sus tropas de infantería el
fusil alemán Mauser, y las instalaciones del Colegio Militar de la Nación fueron trasladadas al
Acontecimientos políticos
Durante la Presidencia de Pellegrini continuaron las tensiones políticas. Los opositores de la
Unión Cívica sostenían los principios de la Revolución de 1890 y culpaban al gobierno de
proseguir las líneas políticas de Miguel Juárez Celman. En enero de 1891, la Unión Cívica reunió
una Convención Nacional en Rosario, y con espíritu conciliador proclamó la fórmula Bartolomé
Mitre-Bernardo de Irigoyen para el período gubernativo 1892-1898.
Mitre, que se encontraba en Europa, aceptó su candidatura y a su regreso en el mes de marzo
de 1891 fue recibido con una imponente manifestación popular. El presidente Pellegrini y el
Gral Roca, quien era jefe del Autonomismo, llegaron un acuerdo con Mitre, por el cual el
último aceptó reemplazar de la fórmula a Bernardo de Irigoyen por el autonomista José
Evaristo Uriburu.
División de la Unión Cívica
Este acuerdo provocó una inmediata y profunda conmoción política que llevó a la división de la
Unión Cívica: los que aprobaron el acuerdo formaron la Unión Cívica Nacional (roquistas,
pellegrinistas, y mitristas); y los extremistas revoltosos con tendencias golpistas se organizaron
en torno de la Unión Civica Radical, cuyo conductor era Leandro N. Alem. Esta última
agrupación política, que como su nombre lo indica era radicalmente extremista y opuesta a
todo diálogo político.
Presidencia de Luis Sanz Peña
Luis Saenz Peña ocupó la presidencia de la Nación en 1892, a la avanzada edad de 70 años,
sucediendo a Carlos Pellegrini. Las elecciones que consagró la fórmula Luis Saenz Peña - José
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Evaristo de Uriburu se efectuaron en medio de una marcada lucha política que presagiaba una
agitada y tumultuosa presidencia. Estas revueltas y agitaciones sociales, organizadas por la
Unión Cívica Radical, le obligarían a presentar su renuncia en 1895, tres años antes que
terminara su mandato.
Quiso ser neutral, gobernar sin partido, y resultó vacilante y estéril en su labor administrativa.
Por consejo de Pellegrini ofreció la cartera de Interior a Aristóbulo del Valle, caudillo radical y
adversario del anterior presidente. Éste consultó la actitud a seguir con las principales figuras
del partido.
Yrigoyen manifestó que el radicalismo no debía colaborar a ningún precio con la oligarquía.
Pese a ello. Aristóbulo del Valle aceptó el cargo, pues pensó desarrollar un plan por el cual el
radicalismo podría lograr el control político del país.
REVOLUCIÓN DE 1893
Para este año ya estaba la Unión Cívica Radical separada. El partido reconocía como jefe a
Leandro N. Alem, pero una parte, la que correspondía a la provincia de Buenos Aires, tenía
como presidente del comité local a Hipólito Yrigoyen. y éste obraba por su cuenta.
Actuando independientemente del comité nacional del partido, Yrigoyen creyó que con una
revolución armada se podría dar salida a la situación política del país. Con ese objeto organizó
a sus correligionarios para levantarse en armas y tomar el gobierno. La rebelión estalló en más
de ochenta partidos de la provincia de Buenos Aires en julio de 1893. y logró triunfar
inicialmente en esa provincia.
Del Valle fue obligado a renunciar, después de treinta y seis días de actuación, por la situación
creada por sus antiguos correligionarios en la provincia de Buenos Aires y por la actitud del
presidente, que no le ratificó su apoyo, pues el gobierno nacional sospechaba de su conducta
en estos acontecimientos. En realidad, sus amigos y correligionarios esperaban de él un golpe
de estado, pero del Valle no pensó traicionar al presidente. Lo reemplazó Manuel Quintana;
con la colaboración de Pellegrini se intervinieron las provincias y se sofocaron las revueltas. Las
fuerzas de Yrigoyen debieron entregarse al ejército nacional, que marchaba hacia La Plata.
En el interior del país varios levantamientos crearon una confusa situación. En Tucumán se
sublevaron los opositores y durante cuatro días se luchó en la ciudad. Pellegrini, al frente de
los batallones nacionales, sometió a los facciosos.
Alem sublevó Santa Fe y de la Torre se amotinó en Rosario, donde, según se decía, “hasta las
piedras de la calle eran opositoras al gobierno”.
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Finalmente, la revolución fue vencida y sus cabecillas apresados. Pese a la prisión de Alem y a
que Hipólito Yrigoyen estaba deportado en Montevideo, en las elecciones realizadas en 1894
en la capital de la República y en la provincia de Buenos Aires, los radicales obtuvieron la
victoria.
Bernardo de Irigoyen, elegido senador, se enroló en las filas de la oposición y desde la
Legislatura logró que el ministro Quintana renunciara. El presidente, falto de su principal
apoyo, sin partidarios en el Congreso y sin autoridad para continuar con el gobierno, presentó
su renuncia (22 de enero 1895).
OBRA DE GOBIERNO:
Expansión de la red ferroviaria, quedando, prácticamente todas las capitales de
provincia, vinculadas por los rieles (excepto la Rioja).
Renegociación de las deudas con la banca británica.
Apertura en inauguración oficial de la Avenida de Mayo.
Ley 1894, que cede grandes porciones del Territorio Nacional del Chaco a
provincias vecinas, en especial a Santa Fe.
Inauguración de los puertos de Buenos Aires, Rosario y Gualeguaychú.
Realización del Segundo Censo Nacional de Población.
Sanción del Código Rural para los territorios nacionales.
Creación de la Dirección Nacional de Estadísticas de la República.
José Evaristo Uriburu asumió la Presidencia de la Nación luego de que el Senado aceptara la
renuncia de Luis Saenz Peña el 23 de enero de 1895, completando de este modo el mandato
de éste último hasta 1898. Uriburu restableció la autoridad presidencial desprestigiada por las
insurrecciones llevadas a cabo por los miembros de la Unión Cívica Radical. Consiguió la
anhelada pacificación de la República por medio de un proyecto de amnistía general, que fue
aprobado por ambas cámaras del Congreso.
Presidencia de José Evaristo Uriburu
José Evaristo Uriburu integró su ministerio con miembros del roquismo, pertenecientes al
Partido Autonomista Nacional, y del mitrismo de la Unión Cívica Nacional. Consecuente con la
acción moderada del gobierno, el partido Radical finalmente participó en los debates
parlamentarios pero desde una posición rígida sin consensuar ideas y a menudo sin dar
quórum.
Durante la Presidencia de Evaristo Uriburu cesó la crisis económica y financiera, la balanza
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comercial exterior arrojó un saldo favorable, y en el mes de mayo de 1895 se efectuó el
segundo censo nacional, cuyas cifras indicaron una población de 4 millones de habitantes. En
materia educativa fueron inaugurados los edificios de la Facultad de Medicina y del Museo de
Bellas Artes. En 1898 abrió sus puertas la primera escuela industrial, bajo la dirección del
ingeniero Otto Krause.
En el ámbito militar, Uriburu dispuso aumentar los efectivos y mejorar el poder combativo de
las fuerzas armadas. Por decreto del mes de marzo de 1896 se convocó la primera conscripción
de ciudadanos de 20 años, la que se formalizaría tres años más tarde con la Ley del Servicio
Militar Obligatorio durante la segunda presidencia de Roca. Con respecto a la flota, fueron
incorporados algunos buques de guerra, como así también la fragata-escuela Sarmiento. En las
proximidades de Bahía Blanca comenzó a erigirse una base naval.
Segunda Presidencia de Roca
Cuando Julio Argentino Roca se hizo cargo de su segunda presidencia (1898-1904), su
prestigio político estaba intacto. El mismo se había acrecentado, cuando en su carácter de
presidente del Senado había vuelto a ocupar la presidencia en forma temporaria (de octubre
de 1895 a febrero de 1896), ya que el Dr Evaristo Uriburu estaba enfermo. Roca fue electo por
segunda vez presidente de la Nación con la fórmula Roca-Quirno Costa, del Partido
Autonomista Nacional, asumiendo su cargo el 12 de octubre de 1898. Las elecciones
presidenciales que lo consagraron ganador se desarrollaron en un clima de tranquilidad
política.
Obra de gobierno de la 2da Presidencia de Roca
Durante los seis años de la 2da Presidencia de Roca prosperaron notablemente la industria y el
comercio exterior. Por iniciativa de su ministro de Hacienda, José María Rosa, se sancionó la
Ley de Conversión, por la cual se fijó el valor del Peso Moneda Nacional en 44 centavos oro.
Roca impulsó las obras públicas con la construcción de puertos, como los de Concepción del
Uruguay, Rosario, Paraná, etc, como así también diversas obras de irrigación en las provincias.
El ferrocarril extendió sus líneas y las obras sanitarias de la Capital prolongaron sus redes.
El ministro de Guerra de Roca, Pablo Ricchieri, fue el propulsor de la Ley de Servicio Militar
Obligatorio, sancionada en diciembre de 1901. La misma establecía la conscripción anual por
sorteo de los ciudadanos con veinte años de edad.
Las cuestiones obreras producto de los bajos salarios y las malas condiciones laborales (algo
común a nivel mundial en aquella época) dieron origen a fines de 1902 a numerosas huelgas,
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que amenazaron la tranquilidad y prosperidad de la Nación. Agitadores profesionales de
ideologías marxistas y anarquistas se aprovecharon de la situación y organizaron numerosas
revueltas. Esto motivó la sanción de la Ley de Residencia, la que permitía expulsar del territorio
de la República a todo extranjero involucrado en actividades subversivas en contra de las
instituciones de la Nación Argentina.
Consiente de la mala situación salarial y laboral de los trabajadores, su ministro del Interior, el
Dr. Joaquín V Gonzalez, envió al Congreso Nacional un proyecto de legislación de trabajo, el
cual fue el comienzo de visibles mejoras de la clase obrera.
Política exterior de Roca
Roca concertó una entrevista con su colega chileno, el presidente Errázuriz, con el fin de
solucionar los diferendos de límites con el país transandino. Dicha entrevista se realizó en el
Estrecho de Magallanes, frente a Punta Arenas el 15 de febrero de 1899. Roca subió abordo
del acorazado O'Higgins para estrechar la mano de su par chileno, y luego éste trasbordó al
acorazado Belgrano para saludar al presidente argentino. En ese encuentro también trataron
la cuestión de la Puna de Atacama, donde las dos naciones sustentaron puntos de vistas
distintos. El pleito de la Puna fue resuelto ese mismo año por el arbitraje del enviado del
gobierno estadounidense William Buchanan. El fallo de Buchanan fue favorable a la Argentina,
otorgando a nuestro país 42.000 km cuadrado de territorio, casi dos veces la superficie de la
Provincia de Tucumán.
Finalmente, Roca lograría la paz con Chile y la solución casi definitiva de todos los diferendos
de límites con ese país mediante la firma de tres convenios. Estos eran conocidos como Pacto
de Mayo y se firmaron en la ciudad de Santiago el 28 de mayo de 1902, sometiendo las
diferencias de límite al arbitraje de Gran Bretaña. El fallo del rey Eduardo VII tuvo lugar en
noviembre de ese año, estableciendo los limites definitivos (excepto el problema del Canal de
Beagle) entre los dos países.
Presidencia de Manuel Quintana
El Dr Quintana asumió la presidencia en 1904 con la fórmula del Partido Autonomista Nacional
Manuel Quintana-José Figueroa Alcorta, haciendose cargo del Poder Ejecutivo el 12 de
octubre, a la avanzada edad de ochenta años, sucediendo a Julio Argentino Roca. Había tenido
una intensa y larga actuación política. Era un hombre de una conducta íntegra y no
representaba realmente una agrupación política determinada. Tan pronto comenzó a
desempeñarse como presidente, Quintana debió enfrentar las perturbaciones de la clase
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obrera, debidas a los problemas sociales, y de algunos políticos que se negaban a someter sus
ideas al voto popular e intentaron tomar el camino más corto para llegar a la presidencia.
El partido Radical, organizado y dirigido por Hipólito Yrigoyen, incubaba una revolución desde
tiempo atrás a fin de terminar con el sistema político imperante. Finalmente, el 4 de enero de
1905, estalló un movimiento armado en la Capital Federal y simultaneamente en Cordoba,
Mendoza y Santa Fe. Sin embargo el alzamiento para derrocar al gobierno fue reprimido.
Yrigoyen aconsejó a sus correligionario a continuar la lucha, pero nada pudieron hacer para
alterar el órden constitucional.
Obra de Gobierno de Quintana
Bajo el mandato de Quintana y a pesar de la agitación política, la nación mejoró aun más su
economía de lo que ya lo había hecho durante la 2da Presidencia de Roca, aumentando el
comercio exterior y extendiendo la superficie cultivada. Los ferrocarriles prolongaron sus
líneas férreas y aumentó el número de inmigrantes. Quintana impulsó la Ley Láinez, la cual
creó escuelas elementales en las provincias. También implementó la ley de descanso
dominical, reglamentó el ejercicio de las profesiones liberales y nacionalizó la Universidad
Nacional de La Plata.
El 11 de agosto de 1905, Quintana sufre un atentado contra su vida cuando Salvador Planas,
un anarquista catalán, dispara contra el carruaje que lo transportaba hacia la Casa Rosada. Sin
embargo, el revólver del terrorista falla y el presidente salva su vida, pero su salud comienza a
deteriorarse rápidamente. Se enfermó gravemente y falleció el 12 de marzo de 1906, siendo
reemplazado en la presidencia por el vicepresidente José Figueroa Alcorta.
Presidencia de Alcorta
El Dr José Figueroa Alcorta tenía cuarenta y cinco años de edad cuando asumió la Presidencia
de la Nación el 13 de marzo de 1906. Completó el período presidencial de Manuel Quintana,
quién había fallecido a los dos años de haber comenzado su mandato. Figueroa Alcorta trató
desde un comienzo de desligarse de toda influencia partidista y luego del fallecimiento del Dr
Pellegrini, su gobierno careció del apoyo del Partido Autonomista. Entre los opositores a su
política estaban la mayoría de los miembros del Congreso Nacional y los gobiernos
provinciales. Trató de formar una alianza con la Unión Cívica Radical, pero sus miembros se
mantuvieron soberbiamente en su más absoluta intransigencia.
En septiembre de 1907, el Congreso concluyó sus sesiones sin aprobar el presupuesto para el
año siguiente, lo que imposibilitaba el pago de las deudas contraídas y el normal desarrollo de
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las actividades. Entonces, Figueroa Alcorta convocó a sesiones extraordinaria, y como las
cámaras tampoco trataron los proyectos sometidos a su consideración, el presidente cerró el
Congreso el 25 de enero de 1908. La policía impidió la entrada de senadores y diputados.
A principios de 1909 los conflictos obreros se agudizaron a causa de los bajos salarios y de las
precarias condiciones en que vivían los trabajadores. Las ideas anarquistas y marxistas
introducidas por agitadores italianos que aprovechaban esta coyuntura sin hacer propuesta
útil por medios políticos legales crearon un clima de violencia, lo que hizo pasar momentos
angustiosos a la población de Buenos Aires. La enérgica acción policial hizo recrudecer los
actos de terrorismo. Meses después de la llamada Semana Roja de mayo de 1909, fue
asesinado el jefe de la Policía Federal Ramón Lorenzo Falcón en un atentado con bomba
perpetrado el 14 de noviembre por el terrorista ruso Simón Radowitzky de idea marxista.
Falcón fue asesinado cuando regresaba del funeral de otro policía asesinado, acompañado de
su secretario Lartigau, en la esquina de las actuales calles Quintana y Callao.
Obra de gobierno de Figueroa Alcorta
A pesar de todos los inconvenientes, durante la Presidencia de Figueroa Alcorta el país
continuó por la senda del progreso material, con el aumento del comercio exterior, los saldos
beneficiosos de las cosechas, la mayor extensión de las líneas férreas y el desarrollo industrial.
También durante su mandato se descubre petróleo en Comodoro Rivadavia, y se dicta la
primera ley de regulación de la explotación. En 1910 se celebraron en Buenos Aires los
solemnes festejos en conmemoración del Centenerario de la Revolución de Mayo. Ese año,
ganó las elecciones presidenciales para el período 1910-1916 el Dr Roque Sáenz Peña.
En política internacional, merecen destacarse las tensiones con Brasil y con Bolivia, ya que
Argentina había sido árbitro de litigios fronterizo entre Perú y este último país.
Presidencia de Roque Sáenz Peña
Roque Sáenz Peña se hizo cargo de la Presidencia de la Nación el 12 de octubre de 1910, tras
haber ganado las elecciones presidenciales con la fórmula Sáenz Peña - Victorino de la Plaza,
representando al Partido Autonomista Nacional, línea modernista. El nuevo presidente era un
verdadero estadista, un gran diplomático y un destacado jurisconsulto, quien se propuso
eliminar el personalismo político y reformar el sistema imperante a fin de garantizar la libre
expresión del pueblo en las urnas.
Antes de asumir la Presidencia, Roque Sáenz Peña se había reunido dos veces con Hipólito
Yrigoyen, quien era el jefe del Partido Radical. En estas entrevistas el dirigente radical exigió
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plenas garantías de libertad de sufragio, pero también se comprometió a abandonar la vía
revolucionaria, y Sáenz Peña a promulgar una ley electoral que modernizara los comicios e
impidiera el fraude electoral. La ley propuesta estaba basada en tres elementos clave: el voto
secreto, obligatorio y universal, utilizando el padrón militar. La Ley 8.871, conocida como Ley
Sáenz Peña, fue aprobada por el Congreso de la Nación el 10 de febrero de 1912. Este
ordenamiento jurídico electoral fue un gran avance en su tiempo ya que permitía a grandes
masas poblacionales participar del acto electoral.
Obra de Gobierno
Además de la promulgación de la Ley Electoral, que fue su obra de mayor importancia
institucional, Roque Sáenz Peña mejoró la instrucción pública en general. También aumentó la
extensión de las líneas férreas, mientras que nuevos contingentes de inmigrantes llegaron al
país. Hacia fines de 1913, ordenó la realización de un censo nacional, que tuvo lugar en junio
de 1914, dando como resultado una población de 7.800.000 habitantes, de los cuales
1.500.000 residían en la capital de la República.
En el orden militar, se realizaron las primeras grandes maniobras en la Provincia de Entre Ríos.
En cuanto a las relaciones exteriores el presidente demostró su habilidad diplomática al
solucionar amistosamente los problemas que nuestro país tenía con Brasil. Aludiendo al
término del conflicto, manifestó en un discurso: "Todo nos une, nada nos separa".
La salud del Dr Roque Sáenz Peña sufría alternativas desfavorables, lo que lo obligó a pedir
licencia, que fue más tarde prorrogada. La enfermedad que lo aquejaba hizo crisis y el primer
mandatario falleció el 9 de agosto de 1914.
La reforma del sistema político: la Ley Sáenz Peña
A principios del siglo XX, dentro de la clase dirigente surgió un sector reformista que, ante la
presión de los nuevos partidos, buscaba ampliar la participación ciudadana. Uno de sus
representantes, Roque Sáenz Peña, llegó a la presidencia en 1910 e impulsó un proyecto de
reforma electoral.
Los reformistas creían que una reforma del sistema electoral les permitiría mantenerse en el
poder, integrar al radicalismo y el socialismo como partidos minoritarios y restarle apoyo a la
corriente obrera más revolucionaria, el anarquismo.
Como resultado de esta política, en 1912 se sancionó la llamada Ley Sáenz Peña, que
estableció que el sufragio fuera:
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• Universal: solo podían votar los varones mayores de dieciocho que figuraran en el listado de
la conscripción, es decir, en el padrón militar. La emisión del voto se registraba en la libreta de
enrolamiento.
Secreto: el votante ingresaba solo en una habitación reservada o cuarto oscuro",
seleccionaba una boleta, la guardaba en un sobre y la depositaba en una urna sellada.
Esta disposición tuvo como objeto eliminar la corrupción e intimidación que se
producían durante el tradicional voto público.
Obligatorio: el voto se transformó en un derecho pero también en un deber cívico; no
emitir sufragio implicaba sanciones legales. De esta manera se intentaría integrar a los
hijos de los inmigrantes.
Además, la Ley Sáenz Peña instauró el sistema de lista incompleta, que reserva un tercio de
los cargos a la agrupación política que obtuviera la primera minoría.
La transición hacia la democracia ampliada
La Ley Sáenz Peña significó un gran avance para la democracia argentina porque implico la
ampliación de la ciudadanía al incorporar a grupos que hasta entonces había permanecido
marginados del poder político. También representó el punto de partida de la retirada de los
conservadores, ya que sus expectativas no se cumplieron.
Progresivamente, bajo el imperio de la Ley Sáenz Peña, los radicales obtuvieron triunfos
electorales en distritos electorales muy importantes, con fuerte presencia de las clases medias.
En elecciones legislativas se impusieron en Santa Fe y Capital Federal en 1912 y, en 1914, lo
hicieron nuevamente en Capital y en la provincia de Entre Ríos.
Finalmente, en 1916, en los primeros comicios presidenciales sin fraude en la historia
argentina triunfó la fórmula radical Hipólito Yrigoyen-Pelagio Luna. De esta manera se cerró la
etapa del conservadurismo liberal y comenzó el período del liberalismo democrático, liderado
por los radicales hasta 1930.
Presidencia de Victorino de la Plaza
Victorino de la Plaza asumió la presidencia en octubre de 1913 por la enfermedad de Roque
Sáenz Peña . Aunque aseguró ante el Congreso que el país "ha de seguir desarrollándose
regularmente sobre las huellas trazadas", no compartía el entusiasmo reformista de su
predecesor.
Creyendo que la situación política no había variado tanto por la ley electoral, intentó volver a
ser "el gran elector" y digitar a su sucesor. No tuvo éxito , a pesar de su estilo autoritario , no
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fue capaz de reconstruir la maquinaria electoral desestructurada por Sáenz Peña . Con sus
intrigas no sólo logró exacerbar a la oposición, sino ganarse la desconfianza de la mayor parte
de los dirigentes políticos.
Victorino de La Plaza juró como presidente el 9 de agosto de 1914, el mismo día que
murió Roque Saénz Peña . Aclaró ante el Congreso que continuaría la reforma electoral
iniciada por su antecesor.
La situación del país era difícil en esos momentos: en agosto de 1914 había estallado
la Primera Guerra Mundial cuyas consecuencias se dejaron sentir muy pronto en nuestro país:
el comercio tanto de importación como de exportación disminuyó; el primero, por el estado
bélico de los países europeos, y el segundo por la falta de un marina mercante argentina y por
las malas cosechas de 1913 y 1914.
La administración de Victorino de la Plaza tuvo que concretarse a la difícil tarea de equilibrar
el presupuesto, limitando las obras publicas para evitar gastos. Por otra parte, la movilización
de todos los pueblos del Viejo Mundo provocó la ausencia de inmigración, verificándose en
cambio la emigración de aquellos que fueron llamados a las filas. Todo ello resintió la
economía del país, que se mantuvo neutral ante el conflicto bélico.
En 1916 se celebró jubilosamente el centenario de la Independencia. En ese mismo año se
verificaron las elecciones para presidente y vicepresidente de la Nación, que presididas con
gran imparcialidad por de la Plaza dieron el triunfo a los radicales, con la fórmula Yrigoyen-
Pelagio B. Luna.
Las Tendencias del movimiento obrero
-migrantes introdujeron las ideologías obreras europeas, que dieron origen a tendencias:
El socialismo se destacó por su actitud reformista. En 1896 se instituyó el Partido
Socialista, que reclamó en contra del fraude y a favor del sufragio universal.
También intentó conseguir, a través de iniciativas legislativas, mejores condiciones laborales y
la nacionalización de los inmigrantes, ya que la mayoría de sus partidarios eran extranjeros.
Como método de lucha usaron las movilizaciones obreras y las huelgas y rechazaron el uso de
la violencia.
Anarquismo pretendía la eliminación del Estado, al que consideraba un instrumento
de dominación del orden social capitalista. Por tal razón, no participó en actos eleccionarios,
promovió la abstención electoral y no conformó un partido político. Sus principales
herramientas de lucha eran la huelga general y el uso de la violencia.
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EI sindicalismo, que surgió a principios del siglo XX, coincidió con los anarquistas sus
críticas al Estado capitalista. Sin embargo, rechazó sus métodos violentos, reivindico la huelga
y defendió la existencia de los sindicatos como herramientas de transformación de la sociedad
por sobre la acción política.
AMÉRICA LATINA ENTRE LA GRAN GUERRA Y LA CRISIS DE 1929
Durante la Gran Guerra, se produjeron cambios en las relaciones económicas entre los países
latinoamericanos y las potencias europeas. En ese período, aumentó la presencia
norteamericana en la región. En la mayoría de los países, se extendieron los reclamos de
reforma política y social, y las ideas nacionalistas.
Las nuevas condiciones económicas
Desde mediados del siglo XIX, los países
de América latina se insertaron en el
mercado internacional como proveedores
de materias primas y alimentos, y, a la
vez como compradores de productos
industriales. Esta relación comercial
colocaba a los países de la región en una
situación de vulnerabilidad. Es decir que
la prosperidad de los países latinoamericanos dependía de que se mantuviera el vínculo con las
potencias industriales, en particular con Gran Bretaña.
En 1914, el estallido de la Primera Guerra Mundial modificó sustancialmente las condiciones
del mercado mundial, por lo que las economías latinoamericanas se vieron afectadas por una
serie de cambios. Entre los cambios más significativos se encuentran:
• La disminución de las importaciones: los países europeos redujeron su producción industrial
o se volcaron a la fabricación de armamento. Además, la extensión de la guerra en el mar
dificultó el transporte de mercaderías. Por estas razones, numerosos productos industriales
que se consumían en América latina dejaron de llegar.
• La alteración de las exportaciones tradicionales: los países beligerantes disminuyeron sus
compras a los países latinoamericanos, excepto en los casos de productos que cubrían sus
necesidades bélicas. Así, por ejemplo, aumentaron sus compras de petróleo a Venezuela, Perú
y Colombia. Para abastecer a las tropas, los aliados consumieron mayor cantidad de carnes,
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sobre todo las enlatadas, por lo que se beneficiaron la Argentina y el Uruguay. Sin embargo,
estos mismos países sufrieron la disminución en la compra de cereales.
• La disminución de las inversiones europeas: Gran Bretaña, el principal inversor europeo en
América latina, y otras potencias europeas redujeron sus inversiones de capital y la concesión
de préstamos.
• La mayor presencia del capital norteamericano: en este contexto de retroceso de Gran
Bretaña y de las otras potencias europeas, los Estados Unidos aumentaron sus inversiones,
sobre todo en las áreas de servicios públicos y producción minera y petrolera
La primera sustitución de importaciones
Ante las condiciones que impuso la guerra,
algunos gobiernos latinoamericanos;
impulsaron la sustitución de importaciones. Es
decir que fomentaron la fabricación de los
productos para el consumo interno que no
llegaban desde el exterior.
Para ello otorgaron créditos y dictaron leyes
que favorecieron a los dueños de fábricas y talleres.
Este tipo de industrialización, que estaba pensada como medida de emergencia hasta que
terminara la guerra, se produjo en el Brasil, Chile, la Argentina y el Uruguay.
En cambio, no tuvo lugar en los países que le compraban productos Industriales a los Estados
Unidos, como Perú y Colombia.
Cuando finalizó la guerra, la mayoría de los países que sustituyeron importadores
recompusieron el vínculo con las potencias europeas. Sin embargo, las condiciones de la
economía mundial habían cambiado a favor de los Estados Unidos.
Los reclamos sociales
A principios del siglo XX, en los países latinoamericanos habían consolidado regímenes
oligárquicos, es decir que el gobierno se hallaba en manos de élites detentaban el poder
económico. Estos gobiernos, liberales en su concepción económica, impulsaron procesos de
modernización económica. Pero eran cóndores con respecto a la sociedad y, por lo tanto,
fueron incapaces de dar respuesta a los crecientes reclamos sociales y políticos.
En casi todos los países, los trabajadores urbanos y rurales carecían de leyes sociales que los
protegieran y debían trabajar en penosas condiciones. La excepción fue el Uruguay, donde
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José Batlle y Ordóñez, presidente en los periodos 1903-1907 y 1911 -1915, implemento la
jornada de 8 horas, pensiones para la vejez e indemnizaciones por accidentes de trabajo.
Además, otorgó el derecho de huelga y de sindicalización a los trabajadores, de fines del siglo
XIX, en respuesta a las condiciones laborales, muchos trabajadores adoptaron las ideas y
métodos del socialismo y el anarquismo. En 1910, el estallido de la Revolución Mexicana
alentó a los campesinos y obreros latinoamericanos a luchar por sus derechos.
Posteriormente, la Revolución Rusa de 1917 influyo clases trabajadoras de América latina y en
varios países se constituyeron partidos comunistas.
La influencia ideológica de las revoluciones mexicana y rusa, a la que en algunos países se
sumaba el aumento del número de obreros como consecuencia de la sustitución
importaciones, produjo una ola de huelgas en toda América latina en reclamo de mejoras
laborales.
Las propuestas reformistas
A los reclamos de los trabajadores, se sumaron los de las clases medias urbanas, que pedían
participar en las decisiones políticas. Los primeros países en aplicar reformas electorales que
permitieron el sufragio secreto y universal fueron la Argentina en 1912, y el Uruguay, en 1915.
Este último país fue el primero en conceder el voto femenino en 1927.
En algunos países, se desarrollaron partidos políticos de tipo reformista con un apoyo de las
clases medias. Así sucedió en la Argentina con la Unión Cívica que llegó al gobierno en 1916, y
en el Perú con la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA).
EI partido APRA fue fundado en 1924 por el intelectual y militante peruano Víctor J Haya de la
Torre, mientras se hallaba en el exilio en la ciudad de México. La propuesta de la Haya de la
Torre era crear un partido que fomentara una alianza popular entre campesinos, obreros y
clases medias, que se extendiera a todo lo que amaba la "América indígena". También asumía
una posición nacionalista frente al avance imperialista de los Estados Unidos y promovía la
nacionalización de las tierras y las minas. Este partido tuvo influencia política e ideológica en
los países del área Andina, América Central y el Caribe.
Los cambios ideológicos
Durante el período de los regímenes oligárquicos, el positivismo había sido la ideología
dominante. Sin embargo, a principios del siglo XX, cuando las sociedades se habían
transformado por efecto de la modernización, se produjeron cambios Ideológicos, entre los
que fue muy significativo el surgimiento del nacionalismo.
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El nacionalismo se expresó, por un lado, como una reacción frente al intervencionismo de los
Estados Unidos. Por otro lado, sobre todo en los países con fuerte presencia inmigratoria, se
manifestó la resistencia a la transformación de la sociedad y el rechazo las ideas de origen
europeo, como el socialismo, el anarquismo y el comunismo.
Luego de la Revolución Rusa, el nacionalismo acentuó su oposición a las que llamaba "ideas
foráneas" y alentó la idea de que había que defenderse de una posible revolución comunista.
Por influencia de la Revolución Mexicana, en la década de 1920 se consolidó el indigenismo,
una corriente que reivindicaba la idea de la América indígena. El indigenismo se interesó por la
investigación de los aportes culturales de los pueblos originarios; así, por ejemplo, en México
se realizaron las primeras excavaciones arqueológicas. También en México se desarrolló la
pintura de murales que rescataban el pasado de esa sociedad. En el Perú, la difusión del
programa del APRA alentó las reivindicaciones indigenistas.
Hacia fines de la década de 1920, algunos sectores, entre ellos integrantes del Ejército,
vincularon el catolicismo con el nacionalismo, en una clara reacción contra el liberalismo. Estos
grupos abandonaron la idea de una sociedad en la que prevalecía la libertad del individuo, y la
reemplazaron por los principios del organicismo.
Es decir que pensaron la sociedad como un organismo o un cuerpo, cuyas partes debían actuar
armónicamente. A partir de entonces se habló de una identidad nacional única, eterna e
incorruptible. Esta noción de identidad llevó al rechazo en muchos casos mediante la violencia
de todo aquello que pareciera atentar contra este principio. Esta ideología dio lugar a
reacciones xenófobas y, en la década siguiente, sustentó las interrupciones del orden
constitucional por medio de golpe de Estado en varios países latinoamericanos.
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UNIDAD 2: LA ARGENTINA DURANTE LOS GOBIERNOS
RADICALES Y EL MUNDO DESPUES DE LA CRISIS
LA PRIMERA PRESIDENCIA DE YRIGOYEN
La elección de Hipólito Yrigoyen
como presidente puso fin al régimen
oligárquico.
En 1916, por medio de la Ley Sáenz
Peña, triunfó al candidato de la
Unión Cívica Radical: Hipólito
Yrigoyen. Durante su gobierno se
ampliaron la participación de los
ciudadanos y se aplicó una política reformista benefició a las clases medias. Yrigoyen ejerció un
liderazgo personalistas que fue muy criticado por sus opositores.
El triunfo de Yrigoyen
En 1912 se dictó la Ley Sáenz Peña, que establecía el voto secreto, universal y obligatorio. En
1916, se realizaron las primeras elecciones nacionales bajo el imperio de esta ley.
Contrariamente a las expectativas la oligarquía que había gobernado el país desde 1880, el
triunfo lo obtuvo la Unión Cívica Radical, con la fórmula Hipólito Yrigoyen - Pelagio Luna.
El triunfo del radicalismo significó el fin del régimen político oligárquico instaurando en 1880.
Sin embargo, no implicó una pérdida de influencia de los sectores conservadores. El
radicalismo solo obtuvo el gobierno de las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.
Tampoco consiguió la mayoría en las cámaras del Congreso nacional. Recién en las elecciones
de 1918 pudo controlar la Cámara de Diputados.
Durante su primera presidencia (1916-1922), Hipólito Yrigoyen enfrentó la oposición
conservadora de las provincias utilizando el mecanismo de intervención federal contemplado
en la Constitución nacional. Este recurso permite al gobierno federal reemplazar a las
autoridades provinciales en caso de conmoción interna o de ataque exterior que afecten al
sistema republicano de gobierno. Durante este primer mandato, Yrigoyen ordenó veinte
intervenciones federales que le permitieron controlar provincias opositoras, pero que le
valieron críticas, incluso dentro de su propio partido.
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Para contrarrestar la oposición en el Congreso, Yrigoyen buscó afianzar su autoridad personal y
disciplinar a los integrantes de su propio partido. Desarrolló un liderazgo personalista, es decir,
basado en la adhesión personal que despertaba figura, que consolidó a través del contacto
directo con los ciudadanos y de un estilo de vida reservado y austero. Como Yrigoyen evitaba
ofrecer discursos en público, imagen se rodeó de un aura de misterio y de respeto que
fortaleció su prestigio, decisiones de gobierno se concentraron cada vez más en su figura, y
esta actitud personalista se transformó, más tarde, en la principal crítica de sus opositores,
tanto fuera como dentro del partido oficialista.
Yrigoyen entendía a la política argentina como una lucha entre fuerzas morales: la causa,
encarnada por la UCR, representaba el bien y, por lo tanto, era la única que representaba los
intereses populares. En cambio, el régimen representaba males propios de la oligarquía, como
la corrupción política y el fraude.
La democracia ampliada
La llegada del radicalismo al gobierno significó una ampliación de la democracia en más de un
sentido. En lo político e institucional, la aplicación de la Ley Sáenz Peña ampliaba la
participación ciudadana a través del voto, lo que a su vez otorgaba mayor representatividad al
régimen democrático. Esa mayor participación electoral, además, daba mayor relevancia a la
opinión pública, tanto en los comicios como en las decisiones gubernamentales.
Por otra parte, el radicalismo en el gobierno buscó ampliar la participación de sectores que lo
apoyaban favoreciendo su acceso a cargos públicos y a la educación.
La política reformista
La Clase media, que conformaba la base electoral del partido radical, se beneficiaba con las
oportunidades laborales y sociales que ofrecía el modelo portador. Por tal razón, el gobierno
mantuvo el sistema económico vigente y respetó la propiedad de la tierra de los grandes
terratenientes, radicalismo no impulsó modificaciones revolucionarias y, en cambio, desarrollo
una política reformista en las áreas que consideró primordiales garantizar una movilidad social
ascendente, el acceso a los cargos públicos y a la educación.
El yrigoyenismo distribuyó cargos públicos entre sus seguidores a cambio apoyo en las
elecciones y en la gestión de gobierno. Esta práctica, que se denomino patronazgo estatal o
clientelismo, fortaleció la relación del gobierno radical con los sectores medios urbanos y
permitió el acceso al Estado de nuevos profesionales y empleados.
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La política educativa alentó el aumento de alumnos y estudiantes de la clase media e integró,
paulatinamente, a los hijos de familias obreras sistema oficial. Se fundaron nuevos
establecimientos de enseñanza primaria y secundaria en todo el país y se crearon los
bachilleratos nocturnos (que permitieron el acceso a la instrucción de numerosos
trabajadores. Asimismo, se impuso el uso del guardapolvo blanco en las escuelas primarias
públicas, como una forma de promover la Igualdad entre el alumnado.
La política reformista implicó el incremento del gasto público, lo que genero polémicas entre
los yrigoyenistas y la oposición. Los yrigoyenistas consideraban que era justo la redistribución
de beneficios entre aquellos sectores populares que habían sido relegados de las políticas
estatales durante los gobiernos conservados. Por su parte, los grupos opositores al radicalismo
criticaban la falta de control parlamentario de los recursos económicos del Estado y acusaban
al gobierno de propiciar la fidelidad partidaria a cambio de favores políticos.
La Reforma Universitaria
Durante el siglo XIX, las universidades argentinas se
encontraban subordinadas a la administración del Estado
y los estudios superiores constituían un instrumento de
formación de las élites políticas. Las autoridades
universitarias, que eran designadas por el Poder Ejecutivo
privilegiaban a los grupos dominantes tradicionales y
restringía el acceso de los nuevos sectores sociales. Los
estudiantes provenientes de la clase media cuestionaban la dirección arbitraria las autoridades
académicas, el retraso pedagógico de los planes de estudio y la escasa renovación de los
profesores. En 1900, comenzaron a organizarse los centros de estudiantes y los reclamos se
ampliaron hasta llegar al pedido de una reforma del régimen gobierno universitario.
En junio de 1918, la rebelión estudiantil se inició en Córdoba a raíz de la designación de un
nuevo rector conservador. Los estudiantes organizaron manifestaciones, impulsaron huelgas y
ocuparon por la fuerza diversas facultades. El presidente Hipólito Yrigoyen intervino la
Universidad Córdoba y facilitó la elección de autoridades afines a los reclamos estudiantiles.
Luego de extensas negociaciones entre los líderes juveniles y el representante del gobierno
nacional, se acordó la Reforma Universitaria. En ella se estableció la autonomía y el
cogobierno, es decir, se garantizó la Independencia de las universidades respecto del poder
político y, al mismo tiempo, se autorizó la participación conjunta de estudiantes, profesores y
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graduados en la dirección de las unidades académicas. Además, se establecieron concursos
públicos para designar a los docentes, se crearon cátedras paralelas con el objetivo de ofrecer
formas alternativas de dictar una misma materia, y se garantizó la libertad de cátedra, que
otorgaba a los profesores el derecho de enseñar sin condicionamientos ideológicos.
La protesta cordobesa se extendió a otras casas de altos estudios y contribuyó la formación de
nuevos movimientos democráticos. En nuestro país, los reclamos estudiantiles se propagaron
a las dos universidades nacionales que existían en ese entonces: la de Buenos Aires y la de La
Plata. Por su parte, el gobierno radical nacionalizó las universidades del Litoral y de Tucumán
para ampliar el acceso de medios locales.
El alcance latinoamericanista de la reforma
La Reforma Universitaria argentina alentó movimientos similares en otros países
Latinoamericanos, en un contexto de cambios ideológicos e influencia de la Revolución
Mexicana y la Revolución Rusa. Entre 1919 y 1921, se desarrollaron movimientos estudiantiles
con objetivos reformistas en el Perú, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador y Bolivia.
En 1921 se reunió, en la ciudad de México, el Primer Congreso Internacional de Estudiantes. La
convocatoria estuvo dirigida a estudiantes de todo el país, del mundo, pero la mayoría de los
representantes que asistieron eran de origen Latinoamericano. En la sesión inaugural, se
homenajeó el triunfo de los universitarios argentinos y se convocó a la rebelión de todos los
jóvenes estudiantes del mundo
Entre la negociación y la represión
Unión Cívica Radical pretendió ampliar la base social de su partido incorporando a la clase
obrera. Por eso, la política laboral de Yrigoyen, a diferencia de lo ocurrido durante el período
conservador, le asignó al Estado un papel de árbitro en los conflictos entre los obreros y los
empresarios. Sin embargo, sus decisiones oscilaron entre la negociación y la represión.
En los primeros años de gobierno, Yrigoyen priorizó la negociación con las agrupaciones
obreras lideradas por dirigentes sindicalistas. Como estas organizaciones no rivalizaban
electoralmente con el radicalismo y limitaban sus reclamos a aspectos gremiales, no eran
percibidas como una amenaza a la estabilidad política del gobierno, actitud dialoguista fue
implementada, por ejemplo, la Federación de Obreros Marítimos y la Federación Obrera
Ferroviaria.
En cambio, el gobierno utilizó la represión para debilitar a los sindicatos conducidos por los
socialistas y por los anarquistas, que eran vistos como cuestionadores de política radical. Los
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socialistas tenían una gran influencia entre los trabajadores urbanos reclamaban reformas
profundas en la legislación laboral y, a través de su partido, competidores electorales del
radicalismo. Por su parte, los anarquistas rechazaban cualquier tipo de arbitraje estatal. Esta
actitud se manifestó, por ejemplo, en 1917, cuando el gobierno permitió que la policía
reprimiera a los recolectores municipales de residuos, que reclamaban por mejoras laborales.
Economía y política en el contexto de la guerra
La Primera Guerra Mundial afectó las relaciones comerciales de la Argentina en el mercado
mundial. En esta etapa creció la presencia de los Estados Unidos en la economía argentina.
Además, la decisión del gobierno de Hipólito Yrigoyen de mantener la neutralidad generó
presiones externas y críticas de los sectores opositores.
El impacto de la Primera Guerra Mundial
Desde fines del siglo XIX, Gran Bretaña era el principal comprador de los productos primarios
argentinos y el mayor Inversor de capitales y proveedor de manufacturas. El estallido de la
Primera Guerra Mundial alteró esta relación tradicional. Los británico absorbidos por el
conflicto armado, destinaron sus recursos económicos a la producción bélica. El cese de las
inversiones británicas produjo fuertes desequilibrio en el comercio exterior argentino
evidenciando la vulnerabilidad del modelo agroexportador.
Al mismo tiempo, la escasez de bodegas para el transporte y el encarecimiento de los fletes
provocaron la reducción del volumen de las importaciones y el aumento de los precios de las
manufacturas.
Ante la falta o el encarecimiento de las manufacturas, el gobierno de Yrigoyen alentó la
sustitución de importaciones o industria de emergencia. Para Impulsar la fabricación local de lo
que antes provenía del exterior, el gobierno elevó un 20 % las tarifas de importación. Esta
medida favoreció a los dueños de talleres y fábricas pequeñas, pertenecientes a los sectores
medios urbanos. Sin embargo, esta política se mantuvo solo hasta el fin de la guerra, cuando
se volvió a la política arancelaria tradicional con la intención de reconstituir los vínculos con las
potencias centrales, en especial con Gran Bretaña.
El comercio triangular
Una de las principales consecuencias de la guerra fue el ascenso de los Estados Unidos como
primera potencia económica mundial en perjuicio de las naciones europeas. En la Argentina,
las inversiones norteamericanas comenzaron a desplazar a las tradicionales de origen
británico, sobre todo en áreas claves como frigoríficos, electricidad y transportes.
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Pero, a diferencia de lo ocurrido con Gran Bretaña, los Estados Unidos producía grandes
volúmenes de carnes y cereales, que eran los principales rubros de exportación de la
Argentina, por lo que la relación comercial no era recíproca. Se estableció entonces un
esquema de comercio triangular, por el cual la Argentina exportaba Europa (principalmente a
Gran Bretaña) sus productos agrícolas, y con las divisas obtenidas de esas ventas importaba de
los Estados Unidos los bienes manufacturados.
En este nuevo esquema comercial, la Argentina se hallaba en una situación de mayor debilidad
que la que había tenido en su vínculo bilateral con Gran Bretaña. Con los Estados Unidos
mantenía una relación desigual, según la cual recibía inversiones y adquiría manufacturas, pero
no podía exportar materias primas a ese mercado. De esta manera, Gran Bretaña continuó
siendo el principal mercado para las exportaciones argentinas y, por lo tanto, la más
importante fuente de ingresos para el país.
La política exterior
El gobierno radical mantuvo el principio de neutralidad durante la Primera Guerra Mundial, ya
que Yrigoyen creía que la Argentina debía permanecer al margen ese conflicto armado.
Consideraba que no correspondía pronunciarse a favor alguno de los bandos enfrentados
porque era un problema ajeno a los Intereses argentinos. Esta política exterior fue
severamente cuestionada y el gobierno radical recibió presiones internas y externas para que
el país ingresara en la guerra.
Los sectores opositores locales acusaron a Yrigoyen de germanófilo, es decir, simpatizante de
los alemanes. Estas críticas recrudecieron luego de que submarinos alemanes hundieron
buques mercantes argentinos en aguas internacionales. A su vez, en 1917, interceptaron
telegramas secretos del embajador alemán, en los cuales se describían rutas del comercio de
las embarcaciones argentinas que salían del puerto de Buenos. En este contexto, se
produjeron protestas y fueron atacados diversos centros culturales y comercios alemanes en el
país. Yrigoyen expulsó inmediatamente al embajador germano, pero no rompió las relaciones
diplomáticas con Alemania. Presiones externas provinieron de los países aliados, Gran Bretaña
y los Estados Unidos, fundamentalmente. El gobierno británico, como representante de los
sectores industriales y exportadores de su país, se oponía a la prolongación del flujo de
materia primas argentinas hacia Alemania. Por su parte, el gobierno norteamericano que la
negativa a abandonar la neutralidad se debía a una antipatía personal de yen por los ingleses.
El gobierno radical respondió amparándose en el carácter soberano de su política exterior.
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Cuando en 1919, por iniciativa del presidente norteamericano Woodrow Wilson, se creó la
Sociedad de las Naciones, el gobierno argentino defendió el Ingreso al organismo de todos los
países sobre el principio de la igualdad entre las naciones. Como las potencias aliadas se
opusieron, Yrigoyen rechazó la incorporación de la Argentina al nuevo organismo y ordenó el
retiro de la delegación diplomática argentina.
Las tensiones sociales y el movimiento obrero
Como consecuencia de los cambios que se produjeron en la economía argentina, los
trabajadores realizaron huelgas para reclamar mejoras laborales. Aunque el gobierno intentó
políticas de negociación, en algunos casos permitió la acción represiva de las fuerzas de
seguridad y grupos paramilitares.
La conflictividad social
Durante la Primera Guerra Mundial y en los años inmediatamente posteriores, lo efectos de la
inflación sobre los salarios y de la desocupación sobre la calidad de los empleos fueron las
principales causas del descontento de los sectores obrero
El costo de vida se mantuvo en índices elevados hasta el final del conflicto y se estabilizó
después de 1922.
En este contexto, aunque el gobierno intentó resolver los conflictos a través de su política de
arbitraje estatal, no pudo frenar el estallido de huelgas en distinto lugares del país. Por su
parte, los grupos patronales -nacionales y extranjeros- condicionaron el rumbo de la política
laboral y cuestionaron la capacidad del gobierno para controlar la creciente conflictividad
social. Para aplacar las críticas de estos sectores dominantes, Yrigoyen permitió el accionar de
las fuerzas de seguridad contra los obreros, tanto en ámbitos urbanos como rurales.
La Semana Trágica
Entre el 7 y el 14 de enero de 1919, en la ciudad de Buenos
Aires, se desarrollara graves enfrentamientos entre las fuerzas
de seguridad y los obreros.
Estos acontecimientos, conocidos como la Semana Trágica,
comenzaron cuando los trabajadores de los talleres
metalúrgicos Pedro Vasena e Hijos Ltda., situado en el barrio de
Pompeya, iniciaron una huelga en demanda de mejores salarios
condiciones de trabajo. A pedido de la empresa, la policía
reprimió a los huelguistas y dio muerte a cuatro obreros en las cercanías del establecimiento
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fabril. Como consecuencia, las centrales obreras declararon una huelga general y el
acompañamiento del cortejo fúnebre de los obreros asesinados.
El 9 de enero, miles de personas asistieron al sepelio de las víctimas en el cementerio de la
Chacarita. Allí, las fuerzas policiales dispararon indiscriminadamente contra la multitud,
provocando una masacre, que según las estimaciones dejó ciento de muertos.
Inmediatamente se extendieron los disturbios callejeros y las barricadas obreras por toda la
ciudad. El presidente Yrigoyen dio
órdenes al jefe de la Policía, Elpidio
González, para que negociara con los
huelguistas, pero la multiplicación de las
protestas desbordó su accionar. Esta
expansión de la protesta social preocupó
a los sectores dominantes, que vieron en
ella una posible revolución comunista.
Por eso decidieron participar en la
represión a los obreros mediante la Liga Patriótica Argentina, una agrupación de ideas
nacionalistas y xenófobas. Los integrantes de la Liga Patriótica actuaron como grupos
paramilitares, porque, aunque no eran militares, ejercieron violencia por medio de las arma.
Luego de una semana, los disturbios terminaron con una fuerte represión sobre los obreros
por parte de tropas del Ejército, al mando del general Luis Dellepiane. Finalmente, el gobierno
medió entre los trabajadores metalúrgicos y la empresa, con el resultado del levantamiento de
la huelga, la liberación de los detenidos y la concesión de mejoras laborales para los obreros.
El conflicto de La Forestal
La protesta social no se redujo a las áreas urbanas, sino que también se manifestó en zonas
rurales en el interior del país. Uno de los conflictos más relevantes del periodo tuvo por
protagonistas a los trabajadores de La Forestal.
Desde fines del siglo XIX, la empresa británica La Forestal explotaba el quebracho en el norte
de Santa Fe y en el Chaco. Como el gobierno argentino les había concedido el control de ese
territorio bajo el sistema de enclave, los dueños de la empresa imponían a los trabajadores
durísimas condiciones de trabajo. Era frecuente que los trabajadores recibieran su paga en
vales, lo que los obligaba a endeudarse con la empresa.
Además la empresa tenía potestad jurídica y policial sobre el territorio que explotaba.
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Durante el período de la Primera Guerra Mundial, activistas sindicales de los ferrocarriles y de
los barcos que recorrían el río Paraná impulsaron los reclamos de los trabajadores de la zona
del Chaco. En 1919, los obreros iniciaron una huelga para pedir aumentos salariales y la
jornada laboral de ocho horas. La empresa respondió con despidos de trabajadores y represión
por parte de la policía de la empresa, conocida "los cardenales". En 1921, los obreros fueron
completamente derrotados.
La "Patagonia Trágica"
A comienzos del siglo XX, la actual provincia de Santa cruz era un territorio nacional que tenía
por actividad principal la cría de ovejas para la exportación de lanas y carnes. Grandes
propietarios argentinos y extranjeros eran dueños de las estancias lanares y empleaban
peones argentinos, chilenos y europeos.
Los primeros reclamos laborales provinieron de los trabajadores de los frigoríficos que
funcionaban en los pueblos de Río Gallegos, San Julián y Puerto Santa Cruz. Á ellos se sumaron
los peones de las estancias que pedían reducción de la jornada de trabajo, mejoras en las
condiciones de vida y eliminación del sistema de
pago en vales o en moneda chilena. El rechazo de
estos reclamos por parte de los patrones hizo que
los peones comenzaran una huelga. A fines de
1920, la policía local y grupos de la Liga Patriótica
iniciaron la represión de los huelguistas.
A comienzos de 1921, Yrigoyen envió tropas del
Ejército nacional al mando del teniente coronel
Héctor B. Várela para mediar en el conflicto.
Aunque el gobernador acepto algunos de los reclamos obreros, los terratenientes no
estuvieron de acuerdo.
Muchos peones que habían participado de la huelga no volvieron a conseguir empleos y las
condiciones de trabajo en las estancias empeoraron; por eso, en septiembre de 1921, se
reinició la huelga. Esta vez Várela estableció la ley marcial y ordeno fusilamientos masivos. A
comienzos de 1922, los huelguistas fueron completamente derrotados.
La presidencia de Alvear
En 1922, Marcelo T. de Alvear inició la segunda presidencia radical.
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Su estilo de gobierno, muy diferente del que había ejercido Yrigoyen, produjo la división del
radicalismo. Durante esta etapa, en un contexto internacional favorable, mejoraron las
condiciones económicas y crecieron las inversiones norteamericanas.
La segunda presidencia radical
Como la Constitución nacional de 1853
impedía la reelección presidencial para
dos mandatos consecutivos, al término
de su gobierno, Yrigoyen postuló a
Marcelo Torcuato de Alvear como su
sucesor. Alvear pertenecía a una de las
familias más ricas y tradicionales del país
y, a la vez, integraba la Unión Cívica
Radical desde los orígenes del partido. Esta doble filiación lo convirtió en el candidato ideal
para ir intentar reducir la oposición de los sectores conservadores de la sociedad.
En las elecciones presidenciales de 1922, la fórmula Marcelo T. de Alvear-Elpidio González
ganó con el 48 % de los votos y se impuso en la mayoría de los distritos electorales. Los
conservadores no lograron establecer una alianza electoral homogénea de alcance nacional,
pero consiguieron triunfar en Corrientes, con el partido Concentración Nacional, y en Salta,
con la Unión Provincial. Agrupaciones radicales pero contrarias al liderazgo de Yrigoyen,
obtuvieron la mayoría de los sufragios e San Juan, Mendoza y Tucumán.
La división del radicalismo
Desde el comienzo de su mandato, Alvear manifestó su discrepancia con las medidas de
patronazgo estatal y las intervenciones federales por decreto, características del periodo
precedente. El yrigoyenismo reaccionó inmediatamente a este cambio de rumbo y se
profundizaron las luchas internas dentro del radicalismo.
Los personalistas, es decir los partidarios de Yrigoyen, estaban respaldados por los líderes
barriales de los sectores medios urbanos. Se consideraban a sí mimos la verdadera esencia del
radicalismo y exigían a Alvear beneficios concretos y la distribución de empleos públicos para
conservar la lealtad electoral de los afiliados locales.
Los antipersonalistas, un grupo heterogéneo de políticos radicales de larga trayectoria, con
cierto arraigo en las provincias, se oponían a la figura política de Yrigoyen y reclamaban mayor
respeto a las atribuciones del Congreso.
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En 1924, las discrepancias dentro del radicalismo crecieron y se consumó la ruptura cuando se
fundó la Unión Cívica Radical Antipersonalista (UCRA liderada por Leopoldo Meló y Vicente
Gallo. Los antipersonalistas constituyeron un bloque separado en el Congreso y, en el año
1928, se presentaron a elección conformando listas independientes. A pesar de algunos
triunfos electorales, los antipersonalistas no lograron controlar la estructura partidaria
nacional, que continuo bajo el control del yrigoyenismo.
La recuperación económica
La presidencia de Alvear coincidió con un período económico de relativo bienestar
reconstrucción del mercado mundial alentó la recuperación del modelo agroexportador y
favoreció los emprendimientos industriales. Los precios de los artículos de consumo se
mantuvieron estables y los salarios tendieron a crecer momentáneamente, situación que
desalentó los conflictos obreros. Los principales problemas económicos que enfrentó el
gobierno fueron el elevado gasto público y conflictos internos de los terratenientes ganaderos.
Algunos ministros del gabinete de Alvear pretendieron disminuir el gasto público había crecido
desde la presidencia de Yrigoyen. Sus intenciones eran debilitar la fuente de apoyo popular al
yrigoyenismo y, al mismo tiempo, hacer frente al pago de los préstamos extranjeros.
Finalmente, Alvear procuró aumentar los ingresos del Estado a través del aumento de las
tarifas aduaneras, en vez de reducir los gastos s estatales.
Por otro lado, ante el aumento de las exportaciones de carne vacuna, se produjeron
enfrentamientos de intereses entre los dos sectores en los que se dividían los terratenientes
pampeanos. Los criadores de ganado, que abastecían al mercado interno, pretendieron que el
gobierno estableciera precios que los favorecieran. Sin embargo, invernadores, cuya actividad
estaba ligada a la de los frigoríficos extranjeros y a las exportaciones, lograron mantener su
liderazgo en el sector.
Las inversiones en la industria
Durante el período de Alvear, se produjo una expansión y diversificación de la industria. El
crecimiento de la producción local en talleres y fábricas se vio favorecido por una mayor
demanda interna y el aumento de las tarifas aduaneras impulsadas por el gobierno.
Además, también para abastecer a la demanda interna, en la década de 1920 se radicaron
filiales de algunas empresas estadounidenses, entre ellas, Ford (1922), General Motors (1925),
Park Davis (1926), Colgate Palmolive (1927) y Atkinsons (1927).
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También se radicaron empresas de origen europeo, como Cinzano (1922), Fiat (1923), Nestlé
(1929) y Pirelli (1930).
En relación con la explotación del petróleo, Alvear dio su apoyo a un organismo estatal creado
por Yrigoyen: Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Como director de ese organismo designó
al coronel e ingeniero Enrique Mosconi, quien debió hacer frente a los intereses de las
compañías extranjeras. En 1925, YPF fundó una gran destilería en la ciudad de La Plata y el
yrigoyenismo comenzó a alentar la idea nacionalizar el petróleo.
Los cambios sociales y culturales
Durante las presidencias radicales, se produjeron, se produjeron numerosos cambios sociales.
Las clases medias, principalmente los sectores urbanos, tuvieron mayores posibilidades de
ascenso social sobre todo debido a la educación. También hubo una gran difusión de bienes
culturales entre las clases populares.
La movilidad social ascendente
Aunque la guerra detuvo el flujo migratorio desde Europa, la población argentina siguió
aumentando durante los años de la presidencia de Yrigoyen. Además, debido al crecimiento de
las ciudades del área pampeana, se acentuó el proceso de urbanización que se había iniciado a
fines del siglo XIX. Asimismo, la política radical generó una movilidad social ascendente, ya
que, a través de la educación y el empleo público, favoreció a los sectores medios urbanos.
Los gobiernos radicales fomentaron la expansión de la educación pública. La cantidad de
alumnos matriculados en el nivel primario se incrementó en un 75%.
Los estudiantes secundarios se cuadruplicaron y los universitarios aumentaron más de tres
veces durante las presidencias radicales. Además, la tasa de analfabetismo disminuyó del 35 %
en 1914 al 25 % en 1930.
También se adoptaron políticas de vivienda que favorecieron a los sectores medios,
especialmente en la ciudad de Buenos Aires. Entre otras medidas, se otorgaron créditos, se
construyeron viviendas económicas y se controlaron los alquileres.
El transporte público
Debido a la política de vivienda de los gobiernos radicales y la extensión de los servicios
públicos, muchas familias pudieron abandonar los conventillos ubicados en el centro de la
ciudad de Buenos Aires y acceder a la vivienda propia en los barrios. Se inició, así, un proceso
de suburbanización.
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Este proceso y la necesidad de trasladarse a lugares más alejados del centro a un bajo costo
impulsó la expansión y renovación de los medios de transporte público.
Los tranvías, que habían comenzado a funcionar a fines del siglo XIX, ampliaron sus servicios
hasta llegar al centenar de recorridos. A este medio se le sumó, en 1913, la primera línea de
subterráneos, la "A", que unía Plaza de Mayo con los barrios de Balvanera, Almagro y Caballito.
Los ómnibus eran vehículos con motor especialmente diseñados para transportar numerosos
pasajeros. A inicios de la década de 1920 fueron organizados por empresas de capitales
nacionales y extranjeros, y se identificaron con números y letras, que solían superponerse
entre las diversas compañías debido a la ausencia de un organismo de control. Este medio de
transporte disputaba con los tranvías ya que tenían recorridos similares.
A fines de la década de 1920 surgieron los colectivos. En un contexto de crisis económica, los
choferes de taxis ofrecían llevar varios pasajeros dividiendo la tarifa entre ellos sobre un
recorrido fijo. Así, surgió el "taxi comunitario" o "colectivo”.
El éxito de este sistema incentivó el aumento de la capacidad de los coches la inventiva de los
mecánicos locales, que alargaron el chasis original y construyeron carrocerías más apropiadas.
Aunque las compañías de tranvías y ómnibus acusaron a los colectiveros de "competencia
desleal", en poco tiempo el colectivo se impusieron como el principal medio de transporte
urbano.
La expansión del consumo
Durante la primera década del siglo XX, el funcionamiento de la economía capitalista permitió
la formación de una sociedad de consumo en la Argentina. Esa sociedad de consumo se amplió
en la década de 1920, debido al crecimiento del mercado de trabajo y la expansión de la clase
media.
En ese contexto, la publicidad se consolidó como una actividad económica que creo nuevas
necesidades para el público en general. Los avisos publicitarios se multiplicaron y
perfeccionaron en diseño y eslóganes.
También se expandió el negocio de la moda, que dejó de estar dirigido exclusivamente a la
élite. Las grandes tiendas, como Gath y Chaves y Harrod's, ofrecieron pegos en cuotas, ventas
de saldos y promociones destinados a la clase media.
El nuevo público de lectores y oyentes
Hacia 1920, la generalización de la educación básica y el descenso de los niveles de
analfabetismo permitieron el desarrollo de un importante mercado periodístico y editorial.
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El nuevo estilo de periodismo intentó ser masivo y comercial, es decir que apeló a un lenguaje
accesible y buscó temáticas atractivas para las clases populares. En la década de 1920, el
periódico Crítica se convirtió en un éxito, ya que sus variadas secciones atraían el interés de un
amplio público.
En esta etapa también proliferaron las empresas editoriales que ofrecieron revistas libros de
interés general a precios económicos, tanto para niños como para adultos.
A partir de 1920, la radio comenzó a ser el medio de entretenimiento de amplios sectores
sociales. Todos los integrantes de la familia se reunían para escuchar conciertos, noticieros,
publicidades o "radionovelas" (historias de ficción interpretadas en vivo en los estudios de
transmisión).
El retorno de Yrigoyen y la reacción conservadora
En 1928, Yrigoyen asumió su segunda presidencia con gran respaldo popular. Sin embargo, la
acción de los opositores, la división del radicalismo y la crisis económica mundial
condicionaron las decisiones de gobierno y le restaron el apoyo de la clase media. En 1930, un
golpe Estado puso fin al gobierno radical.
El segundo gobierno de Yrigoyen
Hipólito Yrigoyen volvió a ser elegido presidente en 1928, con un amplio apoyo popular que se
extendía a la clase media y parte de la clase obrera. Este respaldo popular se explica, en parte,
por las medidas que había tomado durante su primera presidencia, impulsoras de una
movilidad social ascendente. Pero también por las propuestas de carácter nacional y popular
que realizó Yrigoyen durante la campaña electoral. Entre
ellas ocupa un lugar central la cuestión del petróleo, que
se convirtió en una causa nacional frente al avance de los
capitales extranjeros.
La fórmula Hipólito Yrigoyen-Francisco Beiró obtuvo el
57, 3 % de los sufragios. Estos resultados eleccionarios
aseguraron al oficialismo la mayoría en la Cámara de
Diputados y la victoria en casi todas las provincias. Los
conservadores mantuvieron la mayoría en el Senado, por
lo que el oficialismo apeló en varias oportunidades a las
intervenciones federales para controlar las provincias
opositoras.
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La oposición conservadora
Para las elecciones de 1928, los radicales antípersonalistas se unieron a los socialistas
independientes y los conservadores de varias provincias en el llamado Frente Único. Como
esta alianza electoral solo tenía por objetivo derrotar a Yrigoyen, se disolvió al fracasar en este
intento. Sin embargo, estas fuerzas políticas opositoras profundizaron sus críticas a Yrigoyen
cuando este asumió la presidencia.
La oposición antiyrigoyenista expresó un discurso crítico de la democracia liberal política
partidaria a través de periódicos, como La Nación, Crítica y La Prensa, y publicaciones
nacionalistas, como las revistas El Nacional y La Nueva República. Este discurso se inscribía en
el contexto Internacional caracterizado por el avance de las ideas de derecha y los regímenes
autoritarios, como el fascismo italiano.
Parte de la clase dominante asumió el argumento de la derecha europea a favor de políticas
autoritarias para evitar el supuesto peligro de una revolución comunista. Hacia fines de la
década de 1920 la Liga Patriótica Argentina -la agrupación que había reprimido a los obreros
durante la Semana Trágica- aumentó el número de sus integrantes y sus acciones públicas. De
esta organización participaban hombres y mujeres que provenían de distintos sectores y
tendencias conservadores, radicales, militares retirados, intelectuales, representantes de la
Iglesia y del empresariado. Su lema era "Orden y Patria'.
Durante la segunda presidencia de Yrigoyen, se formaron otras agrupaciones nacionalistas de
derecha, como la Liga Republicana y la Legión de Mayo. Estas organizaciones tenían en común
la heterogeneidad de sus integrantes, la defensa de un orden social jerárquico, su relación con
las Fuerzas Armadas, el catolicismo militante y el rechazo a la participación política de las
clases populares.
Los efectos de la crisis mundial
En 1929 comenzó una crisis económica mundial. Esta crisis tuvo efectos negativos sobre la
economía argentina.
Como consecuencia de la crisis, cayeron las exportaciones de los productos primarios
argentinos y las importaciones e inversiones extranjeras en el país. También se produjo la
devaluación de la moneda nacional. Estas condiciones produjeron bajas salariales y una
elevada desocupación.
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La crisis afectó a todas las clases sociales. Los
terratenientes y la clase media rural sufrieron
grandes pérdidas por la baja de las exportaciones
y la devaluación de la moneda., su vez, muchos
peones, ante la falta de trabajo debieron migrar
hacia las ciudades.
La clase media urbana se perjudicó por la
disminución de sus ingresos y el aumento de los
precios de los productos de primera necesidad. Al
mismo tiempo, se extendió la desocupación entre
los empleados y los obreros.
El golpe de Estado de 1930
La oposición conservadora aprovechó los efectos
de la crisis para aumentar sus críticas a Yrigoyen y la democracia ampliada que él
representaba. Luego de las elecciones legislativas del 2 de marzo de 1930, en las que el
radicalismo yrígoyenista perdió parte de su caudal electoral, este sector aumentó sus
contactos con el Ejército para organizar un golpe de Estado.
Entonces existían en el Ejército argentino dos líneas políticas: los liberales, encabezados por el
general Agustín P. Justo, y los nacionalistas, liderados por el general José Félix Uriburu.
Mientras que los primeros eran partidarios de derrocar a Yrigoyen, pero reimplantar la
vigencia de la Constitución, los nacionalistas admiraban al régimen fascista italiano, por lo
tanto rechazaban la democracia liberal.
Finalmente, el 6 de septiembre de 1930, el general Uriburu, con el consentimiento del sector
de Justo, inició un golpe de Estado. Pese a que había intentado obtener la participación de
oficiales de alto rango, Uriburu avanzó hacia la Casa de Gobierno con unos pocos efectivos del
Ejército. En el camino se le sumaron civiles, en su mayoría integrantes de las organizaciones
nacionalistas de derecha.
El presidente Yrigoyen fue depuesto y enviado a la isla Martín García como detenido político.
Uriburu asumió como presidente, inaugurando así el ciclo de gobiernos de facto en la
Argentina del siglo XX.
AMÉRICA LATINA Y EL FIN DEL MODELO AGROEXPORTADOR
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La crisis de 1930 produjo un gran impacto en las economías latinoamericanas. Como
consecuencia de las condiciones negativas para el desarrollo del modelo agroexportador,
varios países de la región iniciaron procesos de industrialización. Esto provocó migraciones
internas e intensificó la urbanización.
Los efectos de la crisis mundial
Como consecuencia de la crisis económica mundial cayeron los precios de los productos
primarios. En este marco, los países latinoamericanos, que hasta ese momento se
especializaban en la producción de alimentos y materias primas, empezaron a diversificar sus
economías por medio de la elaboración de bienes cada vez más variados. Todo esto estuvo
impulsado, a su vez, por Estados que intervinieron activamente para contrarrestar los efectos
de la crisis en sus respectivos países. En algunos casos, como Argentina, el Brasil y México, se
inició un proceso de industrialización.
Así fue como algunos países lograron adaptarse a la coyuntura internacional de la Gran
Depresión, mediante la producción local de bienes que hasta ese momento se importaban.
Estos nuevos productos no se desarrollaron para competir en el mercado mundial, sino que
estuvieron destinados a abastecer el mercado interno.
Simultáneamente, en gran parte del continente comenzó un prolongado proceso de
migraciones internas, en el que la población rural abandonó el campo, donde las condiciones
de vida habían empeorado debido a la drástica caída en el valor de los bienes primarios en el
mercado internacional.
Estos migrantes se dirigieron masivamente a las ciudades, donde tenían más posibilidades de
encontrar trabajo en los incipientes polos industriales. Como consecuencia de estas
migraciones, en gran parte de América latina se desarrolló un proceso de urbanización, con la
concentración de la población en grandes ciudades y conurbanos.
Del modelo agroexportador a la industrialización
Si se consideran sus efectos de corto plazo, la crisis de 1930 impactó negativamente en
América latina, al igual que en el resto del mundo, y agravó los problemas de la pobreza y el
desempleo durante los primeros años de la Gran Depresión. Sin embargo, en el largo plazo, la
progresiva diversificación económica, la industrialización y la urbanización tuvieron
consecuencias positivas, en la medida en que impulsaron una modernización económica y
social en vastas regiones del continente. Al mismo tiempo, estos cambios limitaron la
dependencia económica respecto de las importaciones provenientes de los países
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industrializados y, por lo tanto, hicieron posible el desarrollo, hacia fines de la década de 1930,
de una mayor autonomía latinoamericana.
Estos procesos no estuvieron exentos de conflictos: se produjeron intensas movilizaciones
sociales, debido a que, a pesar de las transformaciones mencionadas, se mantuvieron vigentes
las profundas desigualdades que caracterizaban a las sociedades de América latina.
La ampliación de la participación política
Las migraciones, la urbanización y la industrialización tuvieron profundas consecuencias
sociales y políticas en América latina. Por un lado, surgieron sectores de la burguesía nacional
que empezaron a reclamar medidas favorables a sus intereses. Por otro lado, se formaron
partidos políticos con apoyo de las masas populares que se concentraban cada vez más en las
grandes ciudades y que hasta ese momento habían tenido una escasa o nula participación
política. De esta manera, en algunos países se establecieron gobiernos basados en alianzas
policlasistas, es decir que reunían a grupos de distintas clases sociales.
En la mayoría de los casos, estos gobiernos sostuvieron discursos nacionalistas, que se
expresaron en reformas, como la estatización de los recursos naturales y de las empresas de
servicios.
Dos modelos nacionales: el varguismo y el cardenismo
Durante la década de 1930, en el Brasil y en México, se desarrollaron gobiernos que llevaron a
cabo políticas nacionalistas, con un fuerte apoyo popular.
En 1930, Getulio Vargas fue elegido como
presidente del Brasil. Vargas reformó la
Constitución, instaurando la reelección
indefinida del presidente y una representación
de tipo corporativista. Se estableció así el
llamado Estado Novo (Estado Nuevo), vigente
entre 1937 y 1945. Bajo este régimen, los
obreros tuvieron una mayor participación política
pero, al mismo tiempo, disminuyó su autonomía,
al crear sindicatos afines al gobierno.
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Estado Novo tuvo una fuerte intervención en la economía, con la creación de dos empresas
estatales muy importantes: la siderúrgica Volta Redonda y la petrolera Petrobras.
Además, el Estado llevó adelante ambiciosos planes de obras públicas. El discurso de Vargas
fue antiimperialista y crítico de la hegemonía estadounidense la presencia británica en la
región. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, en 1945, Vargas fue derrocado por un golpe
militar.
En México, entre 1934 y 1940, gobernó el presidente Lázaro Cárdenas, quien formo el Partido
de la Revolución Mexicana. Durante su presidencia se nacionalizó el petróleo, por medio de la
empresa Pemex, y aumentó la participación popular, al incluir en la vida política a obreros y
campesinos. Estos últimos se vieron favorecidos por medidas fundamentales para su sector,
como la reforma agraria y la creación del Instituto Nacional Indigenista, cuyo objetivo fue la
defensa de los pueblos originarios.
CONFLICTOS, GOLPES DE ESTADO Y DICTADURAS EN AMÉRICA LATINA
En el contexto de la crisis de 1930 y la Gran Depresión, en varios países latinoamericanos se
produjeron golpes de Estado y se instalaron dictaduras. A pesar de su anuncio de una política
de buena vecindad, los Estados Unidos avalaron los gobiernos autoritarios e intervinieron en
los asuntos internos de los países.
La política del "buen vecino"
Desde principios del siglo XX, los Estados Unidos impulsaron la política conocida como del
"Gran Garrote" (BigStick). En 1933, durante la VII Conferencia Panamericana de Montevideo, el
presidente Franklin D. Roosevelt anunció un cambio en la diplomacia de su país hacía América
latina. Roosevelt denomino a esta política como la del buen vecino, ya que pretendía afianzar
los vínculos con los países latinoamericanos para garantizar la seguridad continental y el
desarrollo económico, con el propósito de elevar el nivel de vida de la población de esos
países.
Como resultado de esta nueva política, el gobierno de Roosevelt no se opuso a la
nacionalización del petróleo en México. Para afirmar esta posición, en 1941 firmó un acuerdo
con el gobierno mexicano reconociendo el derecho soberano de ese país sobre su petróleo. Sin
embargo, los Estados Unidos continuaron interviniendo en los asuntos internos de los países
latinoamericanos y dieron apoyo a los gobiernos dictatoriales que se consolidaron durante
este período.
La Guerra del Chaco
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Entre 1932 y 1935 se desarrolló la Guerra del Chaco, en la que se enfrenta Bolivia y el Paraguay
por el control del Chaco Boreal. El conflicto fue causado por distintos factores. Bolivia
necesitaba una salida al mar, tras haber perdido su región costera durante la Guerra del
Pacífico, librada contra Chile en 1879 y 1883. Por lo tanto, el gobierno boliviano reclamaba la
posesión de la región del Chaco, hasta la costa oeste del río Paraguay, con el objetivo de
conseguir una vía fluvial hacia el océano Atlántico.
Por su parte, el Paraguay tenía un enorme interés en
la región, donde abundaba el quebracho, utilizado en
producción de durmientes para las vías férreas y la
extracción de tanino.
Finalmente, el descubrimiento de yacimientos de
petróleo en la zona fue el detonante de la guerra. En
su estallido tuvieron incidencia los intereses de
grandes compañías petroleras internacionales, como
la Standard Oil (de capitales norteamericanos) y la
Shell (una fusión de capitales británicos y holandeses), que contaban con obtener concesiones
de explotación de los recursos por parte de los gobiernos de Bolivia y el Paraguay,
respectivamente.
La guerra del Chaco fue la más cruenta de Sudamérica en todo el siglo XX. En ella murieron
más de 50.000 bolivianos y unos 30.000 paraguayos. Las economías de los dos países se vieron
profundamente perjudicadas por los grandes gastos militares y, luego del conflicto, la
inestabilidad política se prolongó en ambos países hasta la década de 1950.
El tratado de paz estableció que tres cuartos de la zona en disputa correspondían al Paraguay y
solo un cuarto a Bolivia. El acuerdo de límites definitivo se firmó recién en el año 2009.
Los golpes de Estado en América del Sur
Durante la década de 1930, el Ejército se convirtió en un actor político clave en varios países
latinoamericanos. Así fue como en 1930 los militares brasileños pusieron fin al régimen
oligárquico por medio de un golpe de Estado y luego convocaron a las elecciones en las que
triunfó Getulio Vargas. Ese mismo año también se produjeron golpes de Estado en el Perú y en
la Argentina. En el Perú, sucesivos gobiernos autoritarios persiguieron a los dirigentes y
militantes del APRA, el partido que representaba a la clase media y los obreros.
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Uruguay, el deterioro del sistema de los partidos tradicionales, el Blanco (de tendencia
reformista) y el Colorado (de tendencia conservadora), llevaron a un golpe de Estado en 1933.
Sin embargo, debido a la poca adhesión que consiguió, el de facto llamó a elecciones para el
año siguiente.
Luego de la Guerra del Chaco, en Bolivia y el Paraguay se establecieron gobiernos autoritarios.
La derrota en esa guerra produjo la politización de los militares bolivianos, quienes
protagonizaron un golpe de Estado en 1935 y se mantuvieron en el poder hasta 1946. Los
militares bolivianos tomaron medidas nacionalistas, como la nacionalización de los bienes de la
empresa norteamericana Standard Oil y la creación de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos. En
el Paraguay se produjo un golpe de Estado en 1936 y la inestabilidad política se prolongó
durante las décadas siguientes.
En Venezuela continuó hasta 1935 la dictadura de Juan Vicente Gómez, que se iniciado en
1908. Sus sucesores intentaron ampliar las libertades públicas, pero continuaron persiguiendo
a los opositores políticos.
Las dictaduras en América Central y el Caribe
En América Central y el Caribe se afianzaron dictaduras, en su mayor parte avaladas por los
Estados Unidos. Este país, a pesar de la proclamación de la política del “Buen Vecino”,
consideraba que los gobiernos autoritarios podían resguardar los fuertes les intereses de las
compañías estadounidenses en la región. Así, por ejemplo, la UNITED FRUIT CO respaldó el
golpe de Estado en Guatemala, que estableció la dictadura de Jorge Ubico (1930-1944).
Otros regímenes dictatoriales del período fueron los de Maximiliano Hernández Martínez
(1931-1944) en El Salvador y el de Tiburcio Carias Andino (1933-1949) en Honduras.
A partir del golpe de Estado de 1933, Fulgencio Batista se convirtió en la figura política
dominante en Cuba. Dos casos particulares fueron los de la República Dominicana y Nicaragua,
donde las familias Trujillo y Somoza, respectivamente, controlaron el poder por medio de
férreas dictaduras.
Todas estas dictaduras tuvieron en común el ejercicio de la represión sobre sus opositores. Por
ejemplo, en El Salvador, durante el levantamiento campesino liderado por el dirigente
comunista Farabundo Martí en 1932, el saldo de la represión se calcula que fue de entre
15.000 y 30.000 muertos.
La dictadura de Trujillo
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En 1930, Rafael Leónidas Trujillo llegó a la presidencia de la República Dominicana tras una
campaña caracterizada por el terror que impusieron las bandas paramilitares que lo apoyaban.
Trujillo gobernó entre 1930 y 1938 y, posteriormente, entre 1942 y 1952. En la etapa que
transcurrió entre sus dos mandatos se sucedieron "gobernantes títeres", por eso al período
1930-1952 se lo conoce como la era Trujillo.
La dictadura de Trujillo se caracterizó por el
anticomunismo; la represión; las violaciones a
los derechos humanos, que incluyeron cárceles
clandestinas, donde se practicaba la tortura; el
exilio de los opositores, el culto al líder y la
xenofobia. Esta última característica se puede
comprobar con la llamada "Masacre del Perejil",
una campaña de exterminio de inmigrantes haitianos, en su mayoría trabajadores rural, que
sucedió en 1937. En esta masacre, que incluyó también el asesinato de dominicanos
afrodescendientes, murieron entre 15.000 y 20.000 personas.
Trujillo ejerció el poder con el apoyo del Ejército, al que le otorgó buenos salarios.
Durante su larga dictadura, Trujillo y sus familiares
actuaron como empresarios y tuvieron grandes
beneficios económicos.
Nicaragua y la dictadura de una familia
Desde la década de 1920, fuerzas rebeldes
nicaragüenses lideradas por Augustos César Sandino
lucharon contra la ocupación norteamericana de su
país. En 1934 el jefe de la Guardia Nacional creada por
los Estados Unidos, Anastasio Somoza García, planeó y
ordenó el asesinato de Sandino. Tres años después, con el respaldo de norteamericano,
Somoza estableció una dictadura que se prolongó hasta 1947.
Luego, al igual que Trujillo, durante unos años sostuvo "gobiernos títeres" y volvió al poder
entre 1950 y 1956.
La dictadura de Somoza se caracterizó por la persecución política, la represión, la manipulación
de la economía y el reparto de los altos cargos militares y políticos en beneficio de sus
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parientes y allegados. Así, por ejemplo, Somoza controló los ferrocarriles para asegurarse el
transporte de la producción desde sus fincas agrícolas y para perjudicar a sus opositores.
Somoza llegó a poseer alrededor del 50 % de las tierras cultivables de su país y numerosas
propiedades. Incluso desarrolló negocios y tuvo bienes fuera de Nicaragua, en los Estados
Unidos.
EL IMPACTO DE LA GUERRA Y LA POSGUERRA EN AMÉRICA LATINA
La guerra incentivó la industrialización por sustitución de importaciones en América latina. Sin
embargo, este modelo no se consolidó debido a problemas técnicos y de infraestructura, y
limitaciones de los mercados.
Durante la posguerra, la intervención de los Estados Unidos condicionó a los países
latinoamericanos.
Economía y sociedad en tiempos de la guerra y la posguerra
Durante la Segunda Guerra Mundial, los países beligerantes redujeron las exportaciones de
bienes industriales, por lo que en América latina se profundizó el proceso de industrialización
por sustitución de importaciones iniciado en la década de 1930.
Como debían contar con abundante mano de obra y un mercado interno en expansión, solo
algunos países pudieron llevar a cabo esta industrialización, entre ellos México el Brasil y la
Argentina, Mediante el impulso estatal se elaboraron alimentos, calzado, vestimenta,
electrodomésticos, productos farmacéuticos y químicos, acero y armamento.
La guerra también favoreció las exportaciones de minerales -como el cobre, bismuto, el estaño
y el antimonio-, petróleo y carnes congeladas. En cambio, producción agrícola sufrió la baja de
precios y la reducción de los mercados. A causa de esta situación, se acentuaron las
migraciones internas hacia las grandes ciudades, como México, San Pablo, Río de Janeiro y
Buenos Aires. Como consecuencia de estos cambios se produjo un acelerado proceso de
urbanización, durante el cual creció la clase obrera. Ante el aumento de las demandas del
movimiento obrero, el Estado propició políticas sociales que beneficiaron a los trabajadores.
Sin embargo, durante la posguerra se hicieron evidentes algunos problemas en relación con
este crecimiento. El mercado interno había llegado al límite de su consumo y, por lo tanto, era
necesario buscar mercados externos para la producción manufacturera. Pero la infraestructura
inadecuada, la dependencia tecnológica que se expresaba en la compra de maquinarias,
herramientas y repuestos al los países centrales y los costos no competitivos de los productos
impidieron que estas economías dieran ese paso. Hacia 1950, el modelo de sustitución de
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importaciones estaba agotado. El problema era, entonces, cómo dar respuesta a las demandas
de poblaciones urbanas que habían gozado de las ventajas del auge industrial y de las políticas
sociales estatales.
Los Estados Unidos: intervencionismo y panamericanismo
Durante la guerra, los Estados Unidos llevaron adelante una política intervencionista en
América latina. Algunas naciones latinoamericanas profundizaron la dependencia de su
comercio exterior y sus finanzas en relación con el capitalismo norteamericano. En cambio, en
otros países surgieron movimientos políticos que cuestionaron la intervención
estadounidense en su economía.
Durante la posguerra, los Estados Unidos alentaron la organización de instituciones para
detener el "avance del comunismo" en el continente. Para eso, fomentaron el
panamericanismo, es decir, la unión entre todas las naciones americana.
En 1947, se firmó un pacto de defensa mutua, el Tratado Interamericano de Asistencia
Recíproca (TIAR), y en 1948 se creó la Organización de Estados Americanos (OEA) para la
solución de los conflictos interregionales.
México: el predominio de un partido
En 1946, el Partido de la Revolución Mexicana cambió su nombre por el de Partido
Revolucionario Institucional (PRI). Ese mismo año, asumió la presidencia el candidato de ese
partido, Miguel Alemán Valdés.
Durante su presidencia, Alemán Valdés (1946-1952) profundizó la industrialización, con el
consecuente aumento de la urbanización, especialmente en la capital del país. En las áreas
agrícolas realizó inversiones públicas en grandes obras, como diques y obras de regadío.
En 1947 se concedió el voto femenino en las elecciones municipales, y en 1953 se lo extendió a
las elecciones nacionales. Sí bien la política económica dio buenos resultados, el partido
gobernante no implemento una oolítica social que favoreciera a los trabajadores.
Brasil: la segunda presidencia de Vargas
En 1945, un golpe de Estado gestado por los terratenientes y respaldado por los Estados
Unidos puso fin al Estado Novo de Getulio Vargas. El gobierno quedó en manos del presidente
de la Corte Suprema hasta que se realizaron elecciones, en las que triunfó el general Eurico
Dutra.
Durante la presidencia de Dutra, Vargas organizó el Partido Laborista, que, con apoyo del
comunismo, lo llevó nuevamente a la presidencia en 1950. Vargas propuso una serie de
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reformas basadas en el nacionalismo y el antiimperialismo y a favor de las clases trabajadoras.
Sin embargo, la fuerte oposición parlamentaria, la inflación y una dura campaña de prensa
impidieron la concreción de esta política. Abrumado por esta situación, Vargas se suicidó en
1954
Chile: el "ibañismo"
Durante la década de 1940 continuó la industrialización con aporte de capitales
norteamericanos que había comenzado en la década anterior. Sin embargo, la inflación y la
escasez de insumos industriales a causa de la guerra obstaculizaron el desarrollo económico.
En 1952 triunfó el candidato de los sectores populares, Carlos Ibáñez del Campo, quien ya
había sido presidente entre 1927 y 1931.
Durante la primera etapa de su presidencia, Ibáñez imitó la política que el peronismo llevaba a
cabo en la Argentina. Para eso, trató de formar una alianza social* entre la burguesía industrial
y los sectores populares urbanos contra la oligarquía y el imperialismo, favoreció el desarrollo
industrial e impulsó una política social a favor de los trabajadores. Sin embargo, hacia
1955 el fracaso en la constitución de una sólida alianza social y la persistente inflación
produjeron un aumento de las tensiones sociales. Como respuesta, Ibáñez impuso un plan de
estabilización que incluía el congelamiento de los salarios, la limitación de las obras públicas y
el pedido de préstamos norteamericanos.
Ante el fracaso del plan, se generalizaron las protestas, a las que el gobierno respondió con
represión.
Colombia: el "Bogotazo"
Durante la década de 1940 ganó popularidad el
dirigente liberal Jorge Eliécer Gaitán, debido a
sus ideas a favor de la justicia social. En 1948,
cuando preparaba su candidatura presidencial,
Gaitán fue asesinado. Esto provocó una gran
movilización popular en Bogotá conocida como
el Bogotazo. El gobierno conservador ordenó
una dura represión y, para calmar la situación,
formó un gabinete de unidad nacional con los
liberales. Pero este acuerdo duró poco.
Durante el período 1948-1953, conocido como
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La Violencia, surgieron grupos guerrilleros rurales. En 1953, por medio de un golpe de Estado,
llegó al poder Gustavo Rojas Pinilla, quien gobernó hasta 1958.
Paraguay: la dictadura de Stroessner
En Paraguay no se produjo un proceso de industrialización y el capital extranjero tenía una
fuerte presencia en las finanzas y el comercio. La mayoría de la población eran peones y
campesinos, y una élite concentraba la propiedad de la tierra.
El ejército intervenía permanentemente en la política, por lo que eran frecuentes las
dictaduras militares. En 1954, un golpe de Estado instaló la dictadura del general Alfredo
Stroessner. Este dictador, quien gobernó hasta 1989, no modificó las condiciones
socioeconómicas del país, permitió una mayor injerencia de los Estados Unidos e impuso el
estado de sitio permanente, la persecución de sus enemigos políticos y la represión.
Bolivia: dictadura y revolución
La principal fuente de ingresos de Bolivia era la minería, aunque la mayoría de la población
trabajaba en grandes haciendas agrícolas.
Una élite compuesta por los dueños de las
haciendas y las minas ejercía el gobierno.
Al finalizar la Guerra del Chaco, una
dictadura militar implemento medidas a
favor de los trabajadores. En cambio, los
gobiernos civiles y militares que se
alternaron a partir de 1940 revirtieron esa
política.
En 1951 triunfó el Movimiento Nacionalista
Revolucionario (MNR), que representaba a
los sectores medios, pero el Ejército produjo un golpe de Estado.
Un sector minoritario del Ejército y amplios sectores populares reaccionaron contra el golpe e
iniciaron una revolución, que en 1952 llevó al gobierno a Víctor Paz Estenssoro. Este
nacionalizó las minas, implemento una reforma agraria y estableció el sufragio universal. Sin
embargo, debido a la baja del precio del estaño, debió hacer concesiones al capital
norteamericano.
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UNIDAD 3: LA ARGENTINA EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS , LA GUERRA Y LA POSGUERRA
LA POLÍTICA DURANTE LA DICTADURA DE URIBURU
Luego del golpe de Estado de 1930
contra el gobierno constitucional del
radical Hipólito Yrigoyen, el general José
Félix Uriburu asumió come presidente de
la Argentina. Uriburu estableció una
dictadura de tipo nacionalista y
corporativista, en la que fueron
vulnerados los principios republicanos.
Un período controvertido: 1930-1943
A partir del gobierno de facto de José Félix Uriburu comenzó una controvertida etapa que se
extendió hasta 1943. Este período fue interpretado de diversas maneras por los especialistas.
Por una parte, algunos enfoques hicieron énfasis en la corrupción característica de período y la
exclusión política de las mayorías, mediante la represión y el fraude, que favorecieron a una
reducida élite, vinculada a intereses tradicionales. Desde esta perspectiva, el periodista José
Luis Torre, en 1945, llamó al período Década Infame, expresión que luego fue adoptada por
otros escritores, políticos e historiadores.
Desde otro punto de vista, este mismo período fue designado como una Restauración
conservadora. Esta caracterización resalta el papel jugado por los sectores conservadores, que
habían sido desplazados del poder político a partir de la aplicación de la Ley Sáenz Peña.
Otros autores, en cambio, prefieren destacar los cambios económicos, sociales y políticos del
período, con sus grandes contradicciones y conflictos. Así, por ejemplo, el historiador Tulio
Halperín Donghi se refiere a este período como la República imposible.
El intento de reforma corporativista
Desde sus orígenes, el golpe de 1930 estuvo signado por las tendencias representadas por los
militares que lo encabezaron: José Félix Uriburu y Agustín P. Justo. Mientras que el primero
sostenía un proyecto corporativista, que buscaba reemplazar la Constitución de tipo liberal por
un Estado autoritario, el segundo pretendía mantener la vigencia de la Constitución y su
régimen liberal, aunque excluyendo de la vida política a las mayorías.
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Uriburu asumió el poder en septiembre de 1930, avalado por la llamada "doctrina de facto" de
la Corte Suprema de Justicia, que establecía que, al no estar en ejercicio el gobierno
legalmente constituido, “de facto"(es decir, de hecho) se aceptaba la nueva situación, ya que
lo contrario dejaría sin gobierno a la República.
Simpatizante del fascismo italiano, Uriburu propuso modificar la Constitución para establecer
un Estado de tipo corporativo. Entre sus ideas, estaba el proyecto de reemplazar el Congreso,
elegido por voto ciudadano, por un Poder Legislativo que representara a distintas
corporaciones e instituciones (las asociaciones empresarias y sindicales, las Fuerzas Armadas y
la Iglesia, entre otras).
El gobierno de Uriburu fue profundamente autoritario y represivo. La violencia política recayó
especialmente sobre el movimiento obrero y, en particular, sobre las tendencias anarquistas y
comunistas. En algunos casos, esta represión se llevó adelante mediante vías oficiales, como la
instauración de la pena de muerte o la creación de un cuerpo especial dentro de la policía, que
se ocupaba de llevar adelante la persecución política. Pero también se ejerció violencia contra
la oposición por fuera del aparato estatal, a través de una organización parapolicial de
inspiración fascista, denominada Legión Cívica.
La oposición a Uriburu
El proyecto corporativista de Uriburu encontró una fuerte oposición en diversos sectores
sociales y partidos que habían apoyado el golpe de Estado de 1930. Esto impidió que Uriburu
concretase su reforma institucional y que debiese convocar a elecciones. Una primera
convocatoria, para elegir autoridades bonaerenses, llevó al triunfo del radicalismo, por lo que
el gobierno anuló la votación. La UCR decidió entonces la abstención electoral, es decir, no
presentar candidaturas, pero continuar denunciando el carácter fraudulento del régimen.
En esas condiciones, sin la participación del radicalismo, en noviembre de 1931 se realizaron
elecciones generales, que dieron como ganadora a la fórmula de una alianza política llamada la
Concordancia. Esta alianza política reunía a los conservadores, los radicales antipersonalistas y
los socialistas independientes, y llevó como candidato presidencial al general Agustín P.Justo.
La creación de la Confederación General del Trabajo
Hacía 1930, el movimiento obrero argentino atravesaba un momento crítico, como
consecuencia de la represión desarrollada por el gobierno de Uriburu. Al mismo tiempo, los
elevados niveles de desocupación y miseria desencadenados como consecuencia de la crisis
mundial, agravaban la situación, haciéndola cada vez más alarmante.
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En ese contexto, poco después del golpe del 6 de septiembre, las corrientes socialista y
sindicalista del gremialismo unificaron al movimiento obrero argentino en una central, la
Confederación General del Trabajo (CGT). Si bien la CGT adoptó una línea moderada frente a la
dictadura de Uriburu, parte de sus dirigentes sufrieron la represión.
Esta central obrera reunió a los sindicatos de mayor cantidad de afiliados – entre ellos, la
Unión Ferroviaria, la Confederación de Empleados de Comercio, la Unión de Obreros
Municipales, la Unión Tranviaria y la Federación Obrera Marítima-, por lo que se convirtió en el
principal referente del movimiento gremial. Recién a partir de 1935, al producirse el proceso
de industrialización sustitutiva, ganaron importancia dentro de la CGT los sindicatos de
trabajadores fabriles. Entre ellos se encontraban los de las industrias de alimentos, textiles,
metalúrgicos y del vestido.
Los sindicatos socialistas y sindicalistas crearon la CGT con el objetivo de fortalecer al
movimiento obrero.
La situación socioeconómica durante la Gran Depresión
El agotamiento del modelo agroexportador y la extensión de la industrialización por
sustitución de importaciones produjeron migraciones internas desde las áreas rurales a las
grandes ciudades.
Además, los capitales británicos y los estadounidenses compitieron por el control del mercado
argentino.
Una nueva etapa en la economía argentina
Una consecuencia fundamental de la crisis de 1930 sobre la Argentina fue el agotamiento del
modelo agroexportador. Hasta ese momento la economía nacional se basaba en la producción
de bienes primarios destinados al mercado externo. Pero la caída de sus precios
internacionales y la declinación de la demanda de Gran Bretaña (el principal comprador de
productos rurales argentinos) obligaron a introducir cambios que abrieron una nueva etapa en
el desarrollo económico argentino.
Si bien la principal fuente de divisas continuó siendo la exportación de bienes primarios, la baja
en el valor y el volumen de esas ventas al exterior llevó a que el Estado impusiese controles de
cambio y favoreciese la producción en fábricas y talleres locales de algunos bienes que antes
se importaban.
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Esta industrialización por sustitución de importaciones hizo que la participación de las
industrias en el producto bruto interno fuese creciendo, en especial desde mediados de la
década de 1930.
Durante los inicios de esta nueva etapa, se desarrollaron principalmente las industrias textil y
alimenticia, que ya contaban con importantes establecimientos industriales en el país.
También crecieron la metalurgia, la producción de artículos eléctricos, de vestimenta y de
limpieza y tocador.
La rivalidad comercial entre Gran Bretaña y los Estados Unidos
Durante la década de 1920 se desarrolló el llamado comercio triangular entre la Argentina,
Gran Bretaña y los Estados Unidos.
Desde esa etapa se hizo evidente que los Estados Unidos no constituían un importante
mercado para los productos agropecuarios de la Argentina. En cambio, Gran Bretaña
continuaba siendo el principal comprador de esos productos.
Durante la década de 1930, los Estados Unidos se expandieron con agresividad comercial en
numerosas ramas industriales, lo que provocó los recelos de Gran Bretaña.
Comenzó, entonces, una intensa rivalidad comercial entre Gran Bretaña y los Estados Unidos
por el mercado argentino, especialmente relevante en áreas relacionadas con los combustibles
y los medios de transporte.
Los Estados Unidos estaban interesados en la explotación del petróleo y en el desarrollo de la
industria automotriz. En cambio, Gran Bretaña privilegiaba sus exportaciones de carbón, y
concentraba intereses económicos en las redes ferroviaria y tranviaria Instaladas en el país.
El impulso de la producción petrolera podría servir a la Argentina para contar con un bien
exportable que permitiera el equilibrio de la balanza comercial y sirviera de valor de cambio
para las crecientes importaciones estadounidenses. Sin embargo, sustituir el carbón inglés por
petróleo local Implicaba acentuar el desequilibrio comercial con los británicos y correr el riesgo
de que Gran Bretaña disminuyera la demanda tradicional de productos agropecuarios.
Las migraciones internas
Como no hubo censos entre 1914 y 1947, los cálculos de población de la década de 1930 son
estimativos. Algunos especialistas calculan un total de 12.00.000 de habitantes en 1930, del
que formaba parte un 24 por ciento de extranjeros. Para 1939 se estima una población de
unos 14.000.000, de los cuales el 19 por ciento eran extranjeros.
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Estos datos revelan una disminución de la inmigración desde Europa, que se había iniciado con
la Primera Guerra Mundial y profundizado a partir de la crisis de 1930. En cambio, la
acentuación de la pobreza en las áreas rurales afectadas por la reclinación de la producción
agropecuaria y el crecimiento de la industrialización por sustitución de importaciones
favorecieron las migraciones internas.
A mediados de la década de 1930, las industrias sustitutivas se instalaron en las principales
ciudades y demandaron mano de obra, que, en su mayor parte, provino del campo o de
ciudades pequeñas. Buenos Aires fue la principal receptora de estos migrantes, ya que en esta
ciudad y su conurbano se concentraban las nuevas industrias.
Las villas miseria
Algunos de los migrantes internos que llegaron a la ciudad de Buenos Aires no pudieron
acceder a viviendas dignas. Sin ayuda por parte del Estado, muchos se instalaron en terrenos
cercanos a las fábricas, las estaciones ferroviarias o los puertos y levantaron viviendas
precarias, hechas con materiales frágiles y baratos, como cartón y chapa. Así surgieron los
primeros barrios conocidos como villas miseria o villas de emergencia.
El primero de estos barrios recibió el nombre de "Villa Desocupación". Otros fueron
denominados según la fábrica que se encontraba en los alrededores, por ejemplo, "Villa INTA"
porque se hallaba cerca de la empresa textil de ese nombre.
EL GOBIERNO DE JUSTO
Durante el mandato de Agustín P. Justo, el Estado intervino en la economía y favoreció la
industrialización sustitutiva para atenuar los efectos de la crisis. Pero este gobierno excluyó a
las mayorías, por medio del fraude y la represión, y protagonizó casos de corrupción,
vinculados con los capitales extranjeros.
La institucionalización del fraude electoral
En noviembre de 1931, Uriburu convocó a elecciones, luego de prohibir las candidaturas del
radicalismo y organizar un sistema que se reconocía públicamente como fraudulento. En esas
condiciones, resultó electo presidente el general Agustín P. Justo. En febrero de 1932, Justo
asumió la presidencia con Julio Argentino Roca (hijo) como vicepresidente. Desde el punto de
vista político, el régimen se basó en restringir la participación democrática de la ciudadanía
mediante el uso del fraude electoral.
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El fraude incluía prácticas tales como el secuestro de documentos personales algo habitual en
las zonas rurales por parte de los patrones, lo que permitía falsear la identidad de los electores
y el voto, usando el nombre de personas ya fallecidas.
En otros casos, se falsificaban las actas de las mesas, práctica que recibía el nombre de "vuelco
de los padrones", y se reemplazaban las urnas durante su traslado del lugar de votación al del
recuento definitivo de votos. En ocasiones, también se recurría a la violencia y a la intimidación
con armas de fuego, para impedir que los opositores pudiesen votar.
Mediante estos mecanismos se consolidó la adulteración del voto como modo de elegir a las
autoridades nacionales. Algunos dirigentes conservadores, entre ellos el gobernador
bonaerense Manuel Fresco (1936-1940), usaron el término fraude patriótico para justificar
estas prácticas que impedían la participación de las mayorías en la vida política.
La restauración del poder de los conservadores
La Concordancia representaba a los sectores más poderosos del país, que incluían a un
pequeño número de grandes terratenientes, en especial los ganaderos invernadores,
vinculados por lazos sociales y familiares a la Iglesia y el Ejército. También contaban con el
respaldo de grupos empresarios, nacionales y extranjeros, como los relacionados con la
industria frigorífica y alimentaria, la banca e instituciones financieras.
Si bien esta élite tradicionalmente había sostenido ideas favorables al librecambio en el marco
del modelo agroexportador, frente a la nueva coyuntura internacional reformuló en parte
estas concepciones de la economía y le otorgó al Estado un papel cada vez más activo.
Muchos grupos vinculados al antiguo modelo agroexportador (como algunas empresas
exportadoras de granos, por ejemplo) se beneficiaron con las políticas destinadas a sustituir
importaciones invirtiendo en establecimientos fabriles cuya producción se destinaba al
mercado interno. Un caso emblemático fue el del grupo Bunge y Born, que diversificó sus
actividades en distintos rubros, como el textil, el alimentario y el químico.
La política de intervención estatal en la economía
Durante la década de 1930, el Estado fue tomando un papel más importante en la economía
argentina, mediante el establecimiento de regulaciones y controles que buscaban limitar la
salida de divisas y normalizar el comercio exterior. Las primeras medidas en este sentido
habían sido tomadas por los gobiernos de Yrigoyen y de Uriburu, como soluciones de
emergencia ante la crisis. Fue así como en 1930 se estableció que la moneda argentina ya no
sería más convertible en oro (el patrón de intercambio usado en el comercio internacional
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hasta la crisis mundial) y se fijaron controles de cambio para regular la salida de divisas del
país. Pero, a medida que la Gran Depresión se hacía sentir, esas medidas, consideradas
momentáneas, se convirtieron en políticas permanentes.
Para su aplicación en la Argentina, durante el gobierno de Justo se tuvieron en cuenta la
experiencia del NewDeal estadounidense y las ideas keynesianas. Sin embargo, a diferencia de
lo planteado por estas corrientes, la intervención estatal no estuvo dirigida a lograr una
redistribución de la riqueza sino a atenuar las pérdidas sufridas por los productores de bienes
primarios para la exportación, favoreciendo particularmente a los grandes terratenientes de la
región pampeana.
En este marco, durante el gobierno de Justo se establecieron juntas reguladoras.
Entre otras funciones, estas juntas se ocupaban de comprar los bienes primarios producidos en
el país, pagando un precio superior al que regía en el mercado mundial. Luego, estos
productos eran vendidos al exterior, y el Estado nacional se hacía cargo de cubrir la diferencia.
De esta manera actuaron durante el período, por ejemplo, la Junta Nacional de Carnes y la
Junta Nacional de Granos, entre otras.
Otra iniciativa para regular la actividad económica fue la creación del Banco Central de la
República Argentina (BCRA). Esta entidad estatal era la encargada de supervisar las actividades
financieras y monetarias en el país. Entre sus amplías funciones se contaba el manejo de la
moneda, las tasas de interés, el crédito y los tipos de cambio.
Un acuerdo polémico: el Pacto Roca-Runciman
Ante la crisis mundial, Gran Bretaña optó por la llamada "preferencia imperial", que implicaba
dar un trato prioritario a sus dominios y antiguas colonias. Estas tendencias se plasmaron en el
año 1932, durante la Conferencia de Ottawa, en el Canadá. Con el fin de contrarrestar los
efectos negativos para las exportaciones argentinas de esta política comercial británica, el
presidente Justo envió una delegación comercial a Londres, donde se establecieron las
cláusulas de un polémico acuerdo.
Este acuerdo fue firmado en 1933 y se lo conoce como Pacto Roca-Runciman por el nombre de
los representantes de la Argentina y Gran Bretaña, respectivamente, Julio Argentino Roca
(hijo) y Walter Runciman. Se trataba de un convenio bilateral de comercio, cuyo objetivo
principal era revertir la drástica caída en la demanda británica de productos argentinos,
desencadenada como consecuencia de la crisis mundial de 1930.
Las condiciones del pacto
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El Pacto Roca-Runciman establecía una serie de obligaciones diferenciadas para cada uno de
los países firmantes. Gran Bretaña se comprometía a mantener la demanda de carne enfriada
proveniente de la Argentina en los niveles anteriores a la Conferencia de Ottawa. A cambio de
este compromiso, las obligaciones asumidas por la Argentina fueron más numerosas y tuvieron
profundas consecuencias económicas.
Entre otras cláusulas, el pacto establecía que el 85 % de la carne exportada a Gran Bretaña
debía ser controlada por frigoríficos extranjeros. Al mismo tiempo, los recursos provenientes
de esas ventas debían ser invertidos en contratos con empresas británicas. Esta medida limitó
la competencia entre capitales ingleses y norteamericanos en nuestro país, que hasta ese
momento daba a las autoridades locales un margen de acción frente a los capitales
extranjeros. También debían reducirse o bien suprimirse los aranceles sobre determinados
productos importados de Gran Bretaña, como los textiles y el carbón.
Una serie de protocolos confidenciales de este acuerdo establecían un "tratamiento benévolo"
para las compañías británicas. Con el mismo carácter confidencial, se sentaron las bases para
la creación de la Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires, que puso en manos
de empresas de capitales británicos los servicios de ómnibus, tranvías, subterráneos y las
principales líneas de colectivos.
Como consecuencia de este acuerdo, se vieron favorecidos los grandes hacendados de la
región pampeana, mientras que otros sectores de la sociedad fueron perjudicados. Sin
embargo, el gobierno justificó e Pacto Roca-Runciman en la necesidad imperiosa de la
economía nacional de asegurar la exportación de carnes. Una vez más, al igual que a el caso
del llamado "fraude patriótico", se invocaba el bien común para defender intereses
particulares.
El "escándalo de las carnes"
Como consecuencia de lo acordado en el Pacto Roca-Runciman, se desarrolló un caso de
corrupción, conocido como el escándalo de las carnes, que enfrentó a representantes de la
Concordancia con miembros del Partido Demócrata Progresista.
El conflicto se inició en 1934 cuando Lisandro de la Torre, senador por Santa Fe y lider del
Partido Demócrata Progresista, propuso realizar una investigación con el fin supervisar las
transacciones comerciales de los frigoríficos extranjeros. De la Torre sostenía una postura
crítica frente al Pacto Roca-Runciman, argumentando que el acuerdo profundizaba la división
entre los ganaderos criadores e invernadores.
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Finalmente, los resultados de la investigación fueron presentados en el Senado en 1935
denuncia cuestionaba las cláusulas del Pacto Roca-Runciman favorables a los infladores y
señalaba que el gobierno actuaba en connivencia con los frigoríficos extranjeros,
permitiéndoles declarar ganancias menores a las reales. Lisandro de la Torre propuso entonces
que se dispusiera la expropiación y nacionalización de los frigoríficos extranjeros y, además, la
formación de cooperativas de productores rurales.
La exposición de De la Torre fue interrumpida violentamente, cuando un ex comisario
vinculado con el oficialismo disparó contra el senador. Sin embargo, resultó asesinado Enzo
Bordabehere, colaborador de De la Torre, quien además era senador electo por Santa Fe. El
asesinato de Bordabehere conmovió a la opinión pública. Sin embargo, el debate
parlamentario quedó inconcluso y, en 1936, se renovó el tratado comercial con Gran Bretaña,
en términos aún más desfavorables para la Argentina.
La oposición política
Durante los primeros tres años de la presidencia de Justo, el radicalismo optó por la
abstención electoral, ante el fraude y la corrupción que caracterizaban al gobierno.
Por eso, la oposición en el ámbito parlamentario estuvo representada por los demócratas
progresistas y los socialistas, que eran partidos de escaso peso electoral.
Sin embargo, a fines de 1934, la UCR, conducida por Marcelo T. de Alvear desde la muerte de
Yrigoyen, ocurrida el año anterior, decidió cambiar de política y participar nuevamente en las
elecciones. Pese a que en la mayoría de las provincias se mantuvo el fraude, en 1935 el
radicalismo ganó las elecciones en Córdoba y comenzó a tener representación parlamentaria.
La política de Alvear fue cuestionada por algunos sectores yrigoyenistas de su partido, que
veían en la participación electoral una manera de convalidar el régimen de la Concordancia. En
1935, militantes de uno de esos sectores fundaron la Fuerza de Orientación Radical de la Joven
Argentina (FORJA). Este nuevo grupo político, entre cuyos integrantes se destacaban Arturo
Jauretche, Raúl Scalabrini Ortiz y Luis Dellepiane, reivindicó la figura de Yrigoyen y manifestó
abiertamente su oposición al predominio del capital extranjero en la economía argentina, del
que consideraban responsable a la oligarquía. Este discurso nacionalista y antiimperialista de
FORJA se centraba en el rechazo al Pacto Roca-Runciman y los privilegios otorgados a las
empresas británicas, y la propuesta de medidas como la nacionalización de los ferrocarriles y
otras áreas clave de la economía, como el petróleo.
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Por su parte, el Partido Socialista mantuvo una oposición moderada al régimen de la
Concordancia, lo que llevó a que sectores obreros y juveniles de izquierda adhirieran al Partido
Comunista, aunque el gobierno lo había ¡legalizado.
A partir de 1935, los comunistas dirigieron gremios como los de la construcción y la industria
frigorífica, y ganaron un importante apoyo entre grupos de artistas e intelectuales.
Raúl Scalabrini Ortiz, uno de los principales Integrantes de FORJA, escribió numerosas obras de
denuncia sobre la Injerencia del capital británico en la Argentina, sobre todo relacionadas con
el tema de los ferrocarriles.
El nacionalismo de derecha
Mientras que el nacionalismo de FORJA reivindicaba la soberanía popular, otros grupos
nacionalistas, seguidores del pensador francés Charles Maurrás, se oponían a la democracia y
reivindicaban la consolidación de un orden social jerárquico y corporativo, en el que las
mayorías no tuvieran participación. Simultáneamente se consolida la posición del integrismo
católico, conformada por grupos que se manifestaban en contra del laicismo y proponían
integrar nuevamente el Estado y la Iglesia.
Estas corrientes ideológicas sostenían un nacionalismo de derecha, que tomaba elementos de
los autoritarismos europeos y consideraba que el Ejército y la Iglesia eran pilares básicos de la
sociedad argentina. Entre los defensores de estas posiciones había integrantes del oficialismo,
como el gobernador bonaerense Manuel Fresco. Otros, en cambio, cuestionaban la
Concordancia por su vinculación con los intereses británicos y propiciaron grupos inspirados en
el nazismo alemán, como Alianza Libertadora Nacionalista.
La situación del movimiento obrero
La incorporación de abundante mano de obra en las fábricas y talleres dedicados a la
industrialización sustitutiva de Importaciones produjo una disminución de la desocupación,
que había sido muy fuerte al comienzo de la Gran Depresión. A mediados de la década de
1930, los obreros comenzaron a reclamar mejoras salariales y en las condiciones laborales.
Además, el crecimiento industrial trajo cambios en la organización sindical.
Los viejos gremios por oficio (panaderos, sastres, etc.) fueron cada vez más reemplazados por
sindicatos por industria, que buscaban representar a todos los trabajadores de una rama de
actividad (industria de la alimentación, del vestido, textil, metalúrgica, etc.). Estos cambios se
dieron en el contexto de disputas ideológicas dentro del movimiento obrero, que llevaron al
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desplazamiento de la corriente sindicalista de la conducción de la CGT, en la cual comenzaron
a prevalecer los dirigentes socialistas y, en menor medida, los comunistas.
Los cambios en la ciudad de Buenos Aires
El gobierno de Justo manifestó una especial predisposición por la llamada modernización, que
incluyó la realización de algunas importantes reformas urbanas, inspiradas en las principales
metrópolis europeas y norteamericanas, cuyas culturas eran admiradas por los miembros de la
élite. En cambio, los grupos nacionalistas consideraron que esta modernización era una
adaptación artificial de la realidad argentina a las tendencias originadas en el exterior.
En 1936, el gobierno de Justo inició una serie de obras en la ciudad de Buenos Aires, con el fin
de conmemorar los 400 años de su primera fundación. En este marco fue inaugurado el
Obelisco, que actualmente constituye uno de los principales símbolos de esta ciudad.
Simultáneamente, tuvo lugar el ensanche de la calle Corrientes, que a partir de ese momento
se transformó en una de las más emblemáticas avenidas porteñas. También se impulsó la
extensión de la red de subterráneos y, para delimitar el espacio de la capital, se dio inicio a la
construcción de la avenida General Paz, completada en 1939.
Las presidencias de Ortiz y Castillo
Aunque había llegado al gobierno por medio del fraude, Ortiz intentó frenar esta práctica. Sin
embargo, su vicepresidente y sucesor en el cargo, el conservador Castillo, se opuso. Los
conservadores también se opusieron a la implementación de un plan económico basado en la
intervención estatal y el mercado interno.
Las tensas relaciones entre el presidente y el vicepresidente
En 1938 asumió la presidencia el candidato por la Concordancia Roberto M. Ortiz de origen
radical antipersonalista. Sin embargo, Ortiz no pudo concluir su mandato, ya que en 1940
debió pedir licencia por enfermedad. De manera provisoria se hizo cargo del gobierno su
compañero de fórmula, el conservador Ramón S. Castillo.
Este cambio se volvió definitivo en 1942, cuando la renuncia de Ortiz, presentada de manera
reiterada al agravarse la diabetes que lo afectaba, fue finalmente aceptada por el Congreso.
Desde un principio, las relaciones entre el presidente y el vicepresidente fueron difíciles. Por
un lado, Ortiz propiciaba limitar el uso del fraude electoral, impidiendo sus prácticas más
escandalosas, mientras que Castillo estaba dispuesto a mantenerlo para impedir que triunfara
el radicalismo. Otras diferencias se vinculaban a la política exterior, lo que se puso en evidencia
ante la Guerra Civil Española. Mientras los conservadores se manifestaban claramente a favor
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del franquismo, el sector más liberal se mostró reticente ante las manifestaciones de abierto
ataque a la República.
La crisis de la Concordancia
Si bien Ortiz llegó a la presidencia mediante elecciones fraudulentas, poco después de asumir
el poder adoptó un discurso favorable a la democracia y la defensa de las instituciones
liberales. Esta actitud buscaba nuevos apoyos políticos para legitimar el gobierno y asegurar su
continuidad.
Ante las denuncias de fraude en las elecciones, poco después de asumir la presidencia Ortiz
intervino la provincia de San Juan y a principios de 1940 hizo lo mismo en Catamarca. Ese
mismo año, el presidente intervino la provincia de Buenos Aires para evitar que asumiera el
candidato oficial, quien gozaba del apoyo del gobernador Manuel Fresco.
La provincia de Buenos Aires había sido gobernada entre 1936 y 1940 por Manuel Fresco, un
político nacionalista que admiraba los fascismos europeos. Bajo su mandato aplicó métodos de
propaganda política implementados por Mussolini y Hitler. Por ejemplo, usó la radio como
medio de persuasión, puso en escena vistosos eventos deportivos y apeló a las multitudes
mediante histriónicos discursos públicos. Por estos y otros medios, Fresco se dirigía
permanentemente a las mayorías desposeídas, buscando ganar su adhesión política. También
arbitró en conflictos laborales, propiciando convenios entre empresarios y trabajadores.
En 1940, al concluir su mandato, Fresco impuso como sucesor, mediante elecciones
fraudulentas, a Alberto Barceló, quien no llegó a asumir el poder debido a la intervención del
presidente Ortiz. Como consecuencia de estas y otras medidas, Ortiz perdió el apoyo de los
sectores conservadores de la Concordancia, que, al debilitarse, se debilitó como fuerza
política.
La industrialización y el Plan Pinedo
A lo largo de la década de 1930, se Instalaron, en torno a las principales ciudades del país,
grandes fábricas que empleaban a un número cada vez mayor de trabajadores.
Algunos de estos establecimientos pertenecían a capitales nacionales y otros eran propiedad
de capitales extranjeros, principalmente de origen estadounidense.
El estallido de la Segunda Guerra Mundial reforzó este proceso de industrialización, ya que los
países en conflicto no estaban en condiciones de enviar bienes manufacturados que seguía
importando nuestro país.
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En este marco, el ministro de Hacienda del presidente Castillo, Federico Pinedo, presentó en
1940 un Plan de Reactivación Económica que generó arduos debates en el Congreso Nacional.
El llamado Plan Pinedo tenía como objetivo principal impulsar el tradicional sector
agropecuario, pero incluía una serie de medidas destinadas a promover también la industria,
como un sector subsidiario de las actividades rurales. Ante la disminución del comercio
exterior provocada por la guerra, este proyecto buscaba impulsar el desarrollo del mercado
interno, promoviendo la reactivación de la demanda mediante la creación de fuentes de
trabajo propiciadas a través de las obras públicas.
Si bien el Plan Pinedo no fue aprobado, anticipaba diversas medidas de intervención estatal y
de reorientación de la economía que se desarrollaron durante las décadas siguientes. Por otra
parte, este plan es considerado por algunos historiadores como una versión argentina del
NewDeal norteamericano.
Entre las razones por las que no se aceptó este plan económico fueron fundamentales la
división al interior de la Concordancia y la oposición del radicalismo.
Su puesta en marcha hubiese Implicado cierta redistribución de la riqueza en favor de los
asalariados, con el fin de reactivar la demanda, y esto no era bien visto por los sectores más
conservadores. Además, entre los conservadores y en el radicalismo alvearista predominaban
las ideas económicas liberales, que cuestionaban la intervención del Estado en la economía.
La Argentina durante la Segunda Guerra Mundial
Ante la Segunda Guerra Mundial la sociedad argentina inició una creciente polémica acerca de
la posición del país y las nuevas condiciones económicas mundiales. Durante esta etapa, las
Fuerzas Armadas participaron del debate político y, en 1943, destituyeron al presidente
Castillo mediante un golpe de Estado.
La posición oficial ante la guerra
Ante el Inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939, el presidente Ortiz, de acuerdo con la
posición tradicional de los gobiernos argentinos, declaró la neutralidad de la Argentina. Esta
actitud contaba inicialmente con un amplio respaldo en la sociedad.
Pero a medida que el conflicto se extendía y, en particular, a partir del ingreso de los Estados
Unidos y de la Unión Soviética en la guerra, comenzaron a aumentar, en diversos sectores, los
partidarios de que la Argentina rompiese relaciones con las potencias del Eje o, incluso, se
sumase a los aliados.
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El propio Ortiz parecía inclinarse por modificar la política exterior, pero su enfermedad y su
relevo por Castillo llevaron a que se reafirmara la neutralidad. Parte de la oposición denunció
al nuevo presidente como simpatizante del nazismo y del fascismo.
Una sociedad dividida ante la guerra
La polémica sobre qué actitud tomar ante la Segunda Guerra Mundial dividió a la sociedad
argentina en dos posiciones.
• Los aliadófilos apoyaban la ruptura de relaciones con Alemania, Italia y el Japón, bajo el
argumento de que los aliados representaban la defensa de la democracia y las libertades
públicas frente a los regímenes autoritarios de esos países. Argumentaban, además, que a
partir del ingreso de los Estados Unidos en la guerra y el alineamiento de muchos países
latinoamericanos con esa política, mantener la neutralidad provocaría el aislamiento de la
Argentina en la región. Entre quienes sostenían estas posturas se encontraban la conducción
alvearista del radicalismo, los socialistas, comunistas y demócratas progresistas, dirigentes
conservadores identificados con el liberalismo y una parte de los altos mandos militares. La
CGT 2, encabezada por dirigentes socialistas y comunistas, también adhirió a esta posición.
• Los neutralistas eran un conjunto heterogéneo de dirigentes, cuyo único punto de acuerdo
era sostener la neutralidad, a partir del argumento de que el conflicto mundial era ajeno a los
intereses del país. Algunos defendían esta posición desde el punto de vista de la soberanía
nacional. Tal era el caso del grupo FORJA y de algunos dirigentes del radicalismo, como
Amadeo Sabattini. Los grupos nacionalistas de derecha, en cambio, eran afines al nazismo y al
fascismo, por lo que rechazaban la ruptura de relaciones con el Eje. En general, los neutralistas
se oponían a la injerencia estadounidense y temían que aumentase si se ponía fin a la
neutralidad. Los sectores conservadores más afines a Castillo y la mayor parte del Ejército y de
la Iglesia también sostenían esta postura. La CGT 1, dirigida por socialistas, también apoyaba la
neutralidad.
En 1942, la CGT se dividió en dos, la CGT 1 y la CGT 2, cuyos nombres responden al número de
las listas propuestas para la elección de nuevas autoridades.
La cuestión de la autarquía
La guerra planteaba una serle de problemas, entre ellos los del equipamiento de las Fuerzas
Armadas y el transporte para las exportaciones argentinas.
En el primer aspecto, Castillo amplió el presupuesto de defensa e impulsó el desarrollo de una
industria bélica nacional mediante la creación de la Dirección General de Fabricaciones
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Militares. Algunos ingenieros militares, como el coronel Manuel Savio, planteaban que podría
alcanzarse la autarquía, es decir que en el largo plazo se lograría el autoabastecimiento
mediante la creación de un arsenal fabricado en el país. De esta forma, se fortalecería la
soberanía nacional, evitando la dependencia con respecto a los insumos bélicos extranjeros.
Para lograr la autarquía en materia de transportes, el gobierno creó la Flota Mercante del
Estado. Así se buscaba asegurar que una parte importante de las exportaciones se realizase en
buques de bandera nacional, para superar la dependencia, ya que, hasta entonces, gran parte
del comercio internacional argentino estaba en manos de compañías navieras británicas,
alemanas, francesas, italianas y estadounidenses.
Estas ideas de autarquía y soberanía nacional se relacionaban con la posición de neutralidad
frente a la guerra, que era aceptada por Gran Bretaña, en la medida en que aseguraba su
abastecimiento de algunos productos esenciales (por ejemplo, alimentos) en buques de
bandera neutral. En cambio, cuando ingresaron en la guerra, los Estados Unidos aumentaron
las presiones diplomáticas para que el gobierno argentino rompiera relaciones con las
potencias del Eje.
La politización de las Fuerzas Armadas
En 1942, como parte de su presión sobre la Argentina para que abandonase la neutralidad, los
Estados Unidos comenzaron un boicot* que, entre otras cosas, afectó la importación de armas.
Esa situación acentuó el industrialismo en el Ejército, institución que veía en la autarquía
industrial una cuestión económica y política, pero también social. Los militares entendían que
la Intervención estatal, profundizando la industrialización mejoraría la condición de los
trabajadores y, por lo tanto, Impediría el conflicto. De esta manera, se evitaría el comunismo y
se lograría la unidad nacional necesaria para la defensa del país. Esta toma de posiciones fue
una clara manifestación de la politización de las Fuerzas Armadas, que se sintieron con
derecho a opinar sobre la política del gobierno.
A comienzos de 1943, dentro del Ejército se formó una logia secreta, el Grupo de Oficiales
Unidos (GOU). Esta agrupación estaba constituida en gran medida por coroneles y tenientes
coroneles, entre ellos, el coronel Juan Domingo Perón; también la integraban algunos mayores
y capitanes, y unos pocos generales. Eran partidarios de una neutralidad intransigente, que se
explicaba por su oposición a la Intervención estadounidense en la política argentina. Además,
pretendían poner fin al régimen conservador, al que consideraban viciado por la corrupción y
el fraude, para reorganizar institucíonalmente al país en contra de la "amenaza comunista".
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EL GOLPE DE ESTADO DE 1943
El conflicto político se profundizó cuando Castillo propuso como candidato para las elecciones
presidenciales que se harían en septiembre de 1943 a Robustiano Patrón Costas, un
hacendado y empresario del azúcar salteño. Patrón Costas era conocido por el maltrato que
sufrían los trabajadores en sus propiedades y como representante de los sectores partidarios
del fraude y de intervenir en la guerra a favor de los aliados. Esta candidatura produjo el
descontento de los partidos opositores y algunos grupos militares.
En ese contexto, el Ejército, con el apoyo de fuerzas políticas heterogéneas, como
nacionalistas, liberales, radicales y conservadores, decidió intervenir. El 4 de junio de 1943, el
general Arturo Rawson condujo un golpe de Estado, al que sus promotores denominaron la
"Revolución de junio".
Los sectores que participaron del golpe tenían expectativas diferentes acerca de le política que
se seguiría. Mientras algunos confiaban en que el gobierno militar abandonaría la neutralidad,
otros, entre ellos los radicales y los comunistas, esperaban que se retomaran las prácticas
democráticas. Entre los militares también existían diferentes posiciones, con el anticomunismo
como único denominador común:
• El liberalismo conservador, partidario de un régimen político conservador del alineamiento
con los Estados Unidos, tenía como principal representante al general Rawson.
• El nacionalismo restaurador, defensor de un orden social represivo y de la restricción de la
participación política de los trabajadores, estaba representado por el general Pedro Pablo
Ramírez.
• El nacionalismo popular, a favor de la industrialización y la participación política de los
trabajadores, tenía como referente al coronel Juan Domingo Perón.
Apenas producido el golpe de Estado, Rawson se propuso formar un gabinete de ministros
provenientes de distintas corrientes políticas. Pero no logró Imponer sus condiciones y, sin
haber jurado como presidente, fue reemplazado por el general Pedro Pablo Ramírez, quien
contaba con el apoyo del GOU.
LOS ORÍGENES DEL PERONISMO
A cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón promovió una política social a favor de
los trabajadores, pero, debido a las presiones de la oposición, fue destituido y encarcelado. Sin
embargo, el 17 de octubre de 1945, una movilización de trabajadores lo proclamó como su
candidato para las elecciones de 1946.
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La creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión
Al comienzo del gobierno de facto de 1943, el coronel Juan Domingo Perón asumió como
secretario en el Ministerio de Guerra. En octubre fue designado a cargo del Departamento
Nacional del Trabajo, una dependencia del Ministerio del Interior. Desde su asunción, Perón
transformó este organismo para adecuarlo a su proyecto político.
Mientras que la mayoría de los militares eran partidarios de la represión sobre el movimiento
obrero, Perón creía que una política social a favor de los trabajadores sería más efectiva para
combatir el comunismo. A fines de 1943, el gobierno lo puso al frente de la recién creada
Secretaría de Trabajo y Previsión, mediante la fusión del Departamento de Trabajo y otras
reparticiones estatales dedicadas a temas sociales.
Esta designación como secretario de Estado, rango similar al de un ministro, permitió que
Perón llevara adelante una política de acercamiento al movimiento obrero. Para eso, comenzó
a tener entrevistas con los principales dirigentes sindícales, excepto con los comunistas. Al
principio, le resultó difícil lograr su objetivo debido a las resistencias de los sindicalistas a
negociar con un funcionario perteneciente al gobierno militar.
El vínculo entre Perón y los trabajadores
A principios de 1944, el GOU se disolvió por diferencias internas y sus integrantes quedaron
liberados de los compromisos mutuos. En febrero, Perón fue nombrado ministro de Guerra, sin
dejar su puesto al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Al mes siguiente, Ramírez fue
reemplazado por el general Edelmíro Farrell en el cargo de presidente.
Farrell, más cercano a la política de Perón, lo mantuvo en sus cargos y le agregó otros: el de
vicepresidente y el de presidente del Consejo Nacional de Posguerra. Este organismo propuso
solucionar tres problemas clave: la utilización total de la mano de obra, la participación del
Estado en las cuestiones socioeconómicas y el estímulo a la producción, sobre todo la
industrial.
A lo largo de 1944 se afirmó el vínculo entre Perón y algunos dirigentes sindicales.
El gobierno reconoció a algunos sindicatos, lo que resultó en una mayor afiliación sindical y un
crecimiento de la participación obrera a través de las comisiones gremiales en las fábricas. Sin
embargo, los sindicatos opositores sufrieron persecución, encarcelamiento de sus dirigentes y
la creación de sindicatos paralelos, respaldados por el gobierno militar.
La política que desplegó Perón desde la Secretaría fue inédita, ya que por primera vez en la
historia argentina el Estado se hizo cargo de los reclamos de los trabajadores.
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Entre las principales medidas dispuestas durante el período 1944-1946 se encuentran: las
negociaciones colectivas* entre patrones y obreros, respaldadas por el Estado; el
establecimiento de tribunales de trabajo; el control estatal del cumplimiento de las jornadas
laborales; la extensión del régimen jubilatorio, las vacaciones pagas, el aguinaldo y el descanso
dominical; la sanción del Estatuto del Peón, primera legislación a favor de los trabajadores
rurales, y la mayor estabilidad laboral.
En busca de la "armonía de clases"
Durante su gestión al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón se propuso un
acercamiento no solo a los sindicalistas, sino también a los empresarios y a los principales
dirigentes políticos.
Su idea era lograr la armonía de clases, es decir, una sociedad en la que todos los sectores se
integraran en un proyecto común. Sin embargo, las condiciones internacionales y la situación
política interna demostrarían la imposibilidad de esa propuesta.
Las medidas dispuestas por Perón en materia social no fueron vistas con agrado por diversos
sectores. Algunos dirigentes sindicales vinculados al socialismo y al comunismo, que fueron
desplazados por la política de Perón, sostenían que Perón buscaba implantar un régimen de
tipo fascista y que sus medidas a favor de los trabajadores eran de carácter demagógico. Por
su parte, los empresarios y los terratenientes consideraban que las leyes laborales afectaban
sus intereses y abrían el camino para mayores reclamos de los trabajadores.
Las clases medias urbanas, entre las que se destacaban los estudiantes universitarios, hacían
hincapié en el carácter autoritario del gobierno militar, del que Perón era funcionario. Además,
dentro de las Fuerzas Armadas, a muchos militares les inquietaba que se privilegiara una
política de concesiones a los trabajadores en lugar de la imposición de un orden represivo. El
rechazo de los militares fue en aumento cuando Perón oficializó su relación con la actriz Eva
Duarte. En esos tiempos, los sectores más conservadores consideraban "inmoral" la profesión
de actriz y era impensable que un militar oficializara un vínculo sentimental de ese tipo.
Para lograr el apoyo de los capitalistas, en especial de los empresarios industriales, Perón
impulsó la creación del Banco de Crédito Industrial, dedicado a la promoción de la industria, y
la Secretaría de Industria y Comercio. En agosto de 1944, pronunció un discurso en la Bolsa de
Comercio convocando a los sectores capitalistas a sumarse a su proyecto. Sin embargo, estos
grupos se mostraban cada vez más hostiles hacia Perón y su propuesta política.
La influencia del contexto internacional
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A comienzos de 1945, la situación internacional mostraba que era cuestión de meses el triunfo
aliado frente a las potencias del Eje. Para evitar el aislamiento diplomático y lograr la admisión
en la Organización de las Naciones Unidas, el gobierno de Farrell declaró la guerra a Alemania
e Italia en marzo de ese año. También tomó medidas a favor de un orden democrático: quitó
las cátedras universitarias a los admiradores del nacionalsocialismo, restableció las libertades
públicas y devolvió la legalidad a los partidos políticos, que habían sido suspendidos por el
gobierno de Ramírez.
La perspectiva de una inmediata posguerra planteaba a los actores sociales del período una
toma de posiciones en relación con el mundo y, a la vez, con la política local. Ante la forzada
reorientación del gobierno, los opositores a Perón se concentraron en lograr su alejamiento
del poder.
La oposición a Perón
En junio de 1945, los empresarios de la Cámara de Comercio y de la Unión Industrial
publicaron en el diario La Prensa un Manifiesto de las Fuerzas Vivas, en contra de la política
social de Perón. Este documento era la prueba más clara de que la política de armonía de
clases estaba dando lugar al conflicto social.
Los opositores a Perón se fueron agrupando en una alianza en torno a la Corte Suprema de
Justicia. Los partidos políticos, liderados por los conservadores, formaron una Junta de
Coordinación Política que recibió el respaldo del embajador norteamericano en la Argentina,
Spruille Braden.
El 10 de septiembre de 1945, la coalición opositora realizó una Marcha de la
Constitución y la Libertad por las calles de Buenos Aires, para reclamar la entrega del poder a
la Corte Suprema de Justicia. El gobierno reaccionó restableciendo el estado de sitio e
interviniendo las universidades. Sin embargo, al poco tiempo cambió de actitud. El 9 de
octubre, destituyó a Perón de todos sus cargos y tres días después lo envió detenido a la
prisión de la isla Martín García. Para complacer a la oposición, el gobierno cambió las
autoridades del Colegio Militar, devolvió las universidades a sus autoridades, dispuso la
libertad del secretarlo general del Partido Comunista y emitió comunicados garantizando la
libertad de prensa.
La detención de Perón satisfizo a los opositores, que vieron en esta medida el paso necesario
para la vuelta a la democracia. Por eso, inmediatamente comenzaron a exigir la entrega del
poder a la Corte Suprema, reclamo que fue rechazado por el gobierno de Farrell.
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El 17 de octubre de 1945, los trabajadores llegaron a la Plaza de Mayo como pudieron: a pie,
en camiones, tranvías, bicicletas y hasta a caballo. Los que venían de la zona sur del Gran
Buenos Aires, ante la orden del gobierno de levantar los puentes, cruzaron el Riachuelo en
botes o en el transbordador del frigorífico La Blanca.
La movilización del 17 de octubre
Las noticias sobre la destitución y el encarcelamiento de Perón produjeron agitación y
descontento en las fábricas y los barrios obreros, por lo que el 16 de octubre la CGT convocó a
una huelga general para el 18 de octubre. Sin embargo, los trabajadores de los principales
centros urbanos del país no estaban dispuestos a esperar.
En la mañana del 17 de octubre, columnas de obreros se desplazaron desde los suburbios
hacia la Plaza de Mayo para exigir la libertad de Perón. Era la primera vez en la historia
argentina que las masas trabajadoras se acercaban al centro del poder para hacer oír sus
reclamos. Pese a que algunos militares propusieron reprimir a los manifestantes, el ministro de
Guerra se negó. Tras horas de negociaciones, por la noche Perón dirigió un mensaje a la
multitud desde un balcón de la Casa de Gobierno.
El primer gobierno de Perón
Perón ganó las elecciones de 1946 y ejerció su primer mandato hasta 1952. Durante este
período se desarrolló el Primer Plan Quinquenal, basado en una fuerte intervención estatal en
la economía y la sociedad. Las políticas sociales beneficiaron a los trabajadores, que se
constituyeron en el principal apoyo del gobierno.
El triunfo de Perón
Después de la movilización del 17 de octubre, el gobierno militar convocó a elecciones para
principios de 1946. Perón se consolidó como el candidato de una alianza social conformada
por la gran mayoría de los trabajadores, sobre todo los pertenecientes a la clase obrera
industrial; pequeños y medianos empresarios y productores agrarios que abastecían al
mercado interno, y el sector del nacionalismo popular dentro del Ejército. La Iglesia, alarmada
por la presencia del comunismo en la oposición, convocó a votar por Perón.
Para apoyar la candidatura de Perón, un grupo de dirigentes gremiales creó el Partido
Laborista. La fórmula presidencial se completó con Hortensio Quijano, dirigente que provenía
del único grupo radical que acompañó a Perón, la UCR Junta Renovadora.
Por su parte, la oposición integrada por las clases medias y altas se núcleo en la Unión
Democrática, frente electoral que incluía a la Unión Cívica Radical, el Partido Demócrata
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Progresista, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Las distintas fuerzas conservadoras del
país dieron apoyo informal a este acuerdo político, que presentó la fórmula presidencial José
Tamborini-Enrique Mosca.
La Unión Democrática se autoproclamaba defensora de la libertad frente a lo que denominaba
el "nazifascísmo" encarnado por Perón. El respaldo del embajador norteamericano Braden
contribuía a reforzar esta imagen, ya que los Estados Unidos se consideraban los defensores de
la democracia contra el autoritarismo. Como respuesta, los peronistas lanzaron la consigna
Braden o Perón, planteando que la elección era entre el imperialismo norteamericano y la
defensa de los intereses nacionales.
El 24 de febrero de 1946 se realizaron las elecciones, en las que triunfó la fórmula Perón-
Quijano. El peronismo también obtuvo el gobierno de trece provincias, sobre las catorce que
tenía el país, y la mayoría en ambas cámaras del Congreso.
La situación económica del país
En el contexto de la posguerra, la Argentina tenía una situación económica favorable, debido a
la buena coyuntura de los años de guerra y la política de sustitución de importaciones.
Por un lado, existían divisas acumuladas a causa de varios años de balanza comercial favorable,
en los que se exportaron productos agropecuarios a Europa y se restringieron las
importaciones a causa de la guerra. Al finalizar el conflicto, los precios de los productos
agropecuarios subieron, lo que contribuyó a aumentar el saldo a favor.
Por otro lado, desde mediados de la década de 1930 se había desarrollado una
industrialización sustitutiva de importaciones. Este proceso se profundizó durante los años de
la guerra, ya que las importaciones disminuyeron por las dificultades para el transporte
marítimo y la menor producción de las economías centrales.
El modelo económico del peronismo
El Estado peronista asumió un papel intervencionista, que tenía por antecedentes el NewDeal
de los Estados Unidos, las medidas tomadas por los gobiernos conservadores durante la
década de 1930 y los decretos dictados por Farrell de nacionalización del Banco Central de la
República Argentina y de creación del Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio
(IAPI).
Entre 1947 y 1951, el gobierno peronista desarrolló el Primer Plan Quinquenal, con el objetivo
central de profundizar la industrialización para el mercado interno. Esta industrialización, que
incluía el fomento de las industrias metalmecánicas y la metalurgia liviana, se sostuvo por
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medio de las divisas acumuladas durante la guerra y los recursos generados por el lAPI. Este
organismo fijaba los precios y compraba el total de la producción de cereales para venderla en
el mercado externo. Así, evitaba la participación de la burguesía agroexportadora en el
comercio exterior y obtenía importantes recursos debido a la diferencia que se generaba entre
los precios pagados a los productores locales y los precios internacionales. Estos ingresos eran
asignados al desarrollo industrial y a las políticas sociales, es decir que se producía una
transferencia de recursos a favor de la burguesía industrial y la clase obrera. Además, el Estado
ofreció créditos a los pequeños y medianos industriales a través del Banco de Crédito
Industrial.
Como la industrialización estaba orientada hacia el mercado interno, resultaba imprescindible
contar con un creciente número de consumidores, para lo que el Estado mejoró el salario real,
sostuvo una política de pleno empleo, fijó precios máximos para los artículos de primera
necesidad y controló los alquileres y los arrendamientos rurales.
El Estado realizó también una gran inversión en obras públicas, por ejemplo, en la construcción
de viviendas, hospitales y escuelas, y la nacionalización de importantes sectores de la
economía: teléfonos, gas, ferrocarriles, energía eléctrica, puertos, empresas de navegación y
de transporte aéreo. Esta política contribuyó a generar empleo, pero también suscitó fuertes
críticas desde la oposición que consideraba que el Estado gastaba excesivamente.
Afiche de propaganda oficial acerca de las actividades del IAPI.
Los factores de debilidad del modelo peronista
El modelo económico del peronismo produjo un crecimiento notable de la producción y el
consumo. Sin embargo, a fines de la década de 1940 se hicieron evidentes algunos factores de
debilidad.
Por un lado, la industrialización dependía de que se mantuviera en altos niveles la demanda
externa, ya que las divisas que se utilizaban para su fomento provenían de las ventas de
productos agropecuarios. Desde la oposición, los grandes productores agropecuarios
redujeron sus inversiones, lo que hizo caer el volumen exportable.
Por otro lado, las Industrias dependían de insumos y de maquinarias importados, cuyos altos
costos Implicaban el uso de una gran cantidad de divisas. Además, los Estados Unidos
mantuvieron su boicot hasta 1949 e impidieron la participación de la Argentina en el Plan
Marshall como exportador.
La política social del peronismo
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Entre los ideales del peronismo figuraba la justicia social, entendida como un plan del reformas
sociales que elevara el nivel de vida de los trabajadores en un país signado por pésimas
condiciones sanitarias (entre ellas, altas tasas de mortalidad infantil y precariedad de las
viviendas populares), y problemas educativos (como baja tasa de escolarización primaría y
analfabetismo). Esta política social se inscribía dentro de la tendencia mundial al
intervencionismo estatal y el establecimiento del Estado benefactor.
En materia laboral, se tomaron medidas que complementaban las implementadas durante el
período de la Secretaría de Trabajo y Previsión: el Estatuto del Peón las vacaciones pagas, el
aguinaldo y las jubilaciones dejaron de ser decretos del gobierno militar para transformarse en
leyes refrendadas por el Congreso.
También se otorgaron aumentos salariales, se estableció un salario mínimo, es decir que
ningún trabajador podría percibir un ingreso menor al estipulado, y se organizaron tribunales
de trabajo para resolver los conflictos laborales. Para intervenir en cuestiones laborales se creó
el Ministerio de Trabajo.
El Estado implemento créditos baratos para la vivienda, a través del Banco Hipotecario, y
construyó barrios para los sectores populares. Además, se edificaron más de 8.000 escuelas.
En 1946, la Dirección Nacional de Salud Pública, creada en 1943, fue transformada en
Secretaría, y en 1949, elevada a la categoría de ministerio. El encargado de la política sanitaria
fue el doctor Ramón Carrillo, quien impulsó campañas para la prevención y la erradicación de
enfermedades, como el paludismo, el mal de Chagas y la tuberculosis, y llevó a cabo campañas
de vacunación masiva.
La acción social de Eva Perón
En la política social del peronismo desempeñó un importante papel la esposa del presidente,
Eva Duarte de Perón. Hasta entonces, las llamadas "primeras damas” solo cumplían funciones
protocolares; ella rompió con la tradición y se encargó personalmente de la ayuda social para
los sectores populares, especialmente para los más desprotegidos.
Para cumplir con sus objetivos, creó la Fundación Eva Perón, desde la cual sostuvo un contacto
directo con quienes solicitaban asistencia social. Esta fundación contaba con hogares para
ancianos, proveedurías, sistemas de becas y subsidios, hospitales en el conurbano y en el
interior, hogares escuela, la Ciudad Estudiantil, colonias de vacaciones y mecanismos para la
ayuda directa, por ejemplo, mediante la entrega de máquinas de coser, juguetes, alimentos y
calzado.
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Las obras de la Fundación se sostenían con fondos provenientes de donaciones de particulares,
de descuentos obligatorios que dos veces al año se realizaban en los salarios y de porcentajes
de las ventas de entradas de espectáculos y de billetes de lotería.
La acción de Eva Perón y su discurso político, cargado de duras afirmaciones contra los
antiperonistas a los que llamaba con expresiones como "oligarcas" y "vendepatrias", despertó
el odio de sus enemigos. Por el contrario, los beneficiarios de esta acción social la llamaban
"Evita"y la consideraban el símbolo de la justicia social.
El ascenso social
La política económica y social del peronismo permitió la movilidad social ascendente de los
asalariados, pero también de sectores de las clases medias. Gracias a la mejora de los salarlos
reales y a la legislación laboral, estos sectores accedieron a un mercado de consumo que
incluía desde los alimentos, la vestimenta y los electrodomésticos hasta distintas formas de
entretenimiento.
Como consecuencia del ascenso social de amplias franjas de la población, creció la
escolarización primaria y secundaria, y disminuyó el analfabetismo. En 1950, el gobierno
peronista estableció la gratuidad de la enseñanza universitaria, hasta entonces arancelada. Dos
años después, creó la Universidad Obrera Nacional, la actual Universidad Tecnológica Nacional.
La intensa construcción de viviendas y la difusión del crédito para adquirirlas produjeron un
aumento del número de propietarios. Por otra parte, las mejoras en la calidad de vida y la
salud elevaron la esperanza de vida de 61,7 años en 1947 a 66,5 años en 1953.
Debido a los aumentos del salario real y a la extensión de las vacaciones pagas, se amplió el
turismo social que había empezado en pequeña escala en la década anterior. De este modo,
trabajadores industriales e Integrantes de las clases medias disfrutaron por primera vez del
"veraneo".
Democracia de masas y polarización social
El peronismo, al incluir a los trabajadores, completó el proceso de ampliación de la ciudadanía
iniciado por el radicalismo. Sin embargo, la sociedad se polarizó en peronistas y antiperonistas.
En 1949 se reformó la Constitución nacional, con la incorporación de los derechos sociales y la
reelección presidencial.
La ampliación de la ciudadanía
Así como el radicalismo incorporó a las clases medias dentro del sistema político, el peronismo
produjo un nuevo proceso de ampliación de la ciudadanía. Durante los gobiernos peronistas,
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los trabajadores alcanzaron un alto grado de participación política, tanto por medio del
sufragio como por su integración en organizaciones intermedias, como los sindicatos y las
unidades básicas. Por estas razones, se considera que el gobierno peronista fue una
democracia de masas.
En 1947, a instancias de Eva Perón, el Congreso aprobó la ley de voto femenino, que fue
aplicada por primera vez en las elecciones nacionales de 1951 .También se otorgó el derecho al
voto para los habitantes de los territorios nacionales.
Desde 1946, se registró un crecimiento de la afiliación sindical, acompañado por una mayor
participación obrera en la elección de delegados y la formación de comisiones internas en las
fábricas. Estas comisiones fueron el principal lugar de toma de decisiones de los trabajadores y
de influencia en las organizaciones gremiales.
El peronismo utilizó como una herramienta central de su política las grandes concentraciones
públicas como forma directa de participación de sus seguidores.
Estas movilizaciones masivas -sobre todo la del 1 o de Mayo y la del 17 de Octubre eran
ocasiones propicias para la ratificación de la identidad peronista y la exhibición del apoyo
popular al liderazgo de Perón y su esposa.
Una sociedad polarizada: peronistas y antiperonistas
Durante la primera presidencia de Perón se manifestó la polarización de la sociedad argentina
entre peronistas y antiperonistas, división política que se acentuaría en su segundo mandato.
Los partidos políticos que habían formado la Unión Democrática y las entidades
representativas de los sectores dominantes, en especial la Sociedad Rural Argentina y la Unión
Industrial Argentina, encabezaron la oposición al gobierno. Este respondió con la persecución y
el encarcelamiento de dirigentes y militantes políticos, sobre todo comunistas. En 1946 se
produjo la intervención de la Unión Industrial Argentina, que cuestionaba la política
industrialista y social del peronismo.
Con respecto al movimiento obrero, la nueva legislación establecía que solo se le otorgaría la
personería gremial al sindicato con mayor número de afiliados dentro de una actividad. Las
organizaciones gremiales minoritarias en una actividad no podían participar en las
negociaciones de los convenios laborales.
Algunas medidas tomadas por el gobierno, como el uso obligatorio de distintivos partidarios y
la afiliación compulsiva al Partido Peronista, produjeron hondo malestar en la clase media. A
pesar de que estos sectores se habían beneficiado con la movilidad social ascendente del
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período, rechazaron las prácticas políticas del peronismo. Argumentaban que su posición
socioeconómica se debía al esfuerzo personal o al de sus padres, mientras que la obtenida por
los obreros era producto de la "demagogia" y el "despilfarro" del gobierno.
La reforma constitucional
En 1949, el gobierno impulsó la reforma de la Constitución nacional, según el modelo del
constitucionalismo social, que Incluía los derechos sociales, entre ellos, los del trabajador, de la
familia, de la ancianidad y a la cultura y la educación. A los trabajadores se les garantizó el
derecho a una retribución justa, a condiciones de trabajo y de vivienda dignas, al
esparcimiento, la seguridad social y la salud. Sin embargo, no se les reconoció el derecho de
huelga.
El artículo 40 consagraba la independencia económica al establecer que los bienes del
subsuelo (por ejemplo, el gas) y los servicios públicos eran propiedad de la Nación.
La Constitución de 1949 autorizaba la reelección presidencial ilimitada, lo que habilitaba a
Perón para una nueva candidatura al finalizar su mandato.
Las concepciones políticas del peronismo
Entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 1949 se reunió en la ciudad de Mendoza el Primer
Congreso Nacional de Filosofía. En la sesión de clausura, Perón pronunció una conferencia en
la que definió al peronismo como un movimiento. Esta concepción implicaba la superación de
la idea liberal de partido político para adoptar un criterio que incluía a más sectores y, en el
caso del peronismo, reconocía como su "columna vertebral" al movimiento obrero.
Además, Perón destacó las concepciones de comunidad organizada y de Tercera
Posición. La primera aludía al funcionamiento armónico del conjunto formado por el gobierno;
el Estado, entendido como la Administración pública, y las organizaciones libres del pueblo,
entre ellas, el partido político y los sindicatos.
Con respecto al orden mundial, Perón propuso al justicialismo como una Tercera Posición,
capaz de superar el antagonismo entre capitalismo y comunismo a partir de sus "banderas
históricas": la soberanía política, la Independencia económica y la justicia social.
La Constitución de 1949 se basaba en los principios del constitucionalismo social. Solo tuvo
vigencia hasta 1955, cuando el gobierno que surgió del golpe de Estado de ese año restauró la
Constitución de 1853.
El segundo gobierno de Perón
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En 1951, Perón fue reelecto con el 62% de los votos. Durante este segundo mandato, intentó
superar la crisis económica que se había iniciado a fines de la década de 1940. La
implementación del Segundo Plan Quinquenal supuso la alteración de la política nacionalista
que había caracterizado al anterior.
La crisis económica
A fines de la década de 1940, en la economía mundial comenzó un proceso conocido como el
deterioro de los términos del intercambio, que consistió en una prolongada caída de los
precios de las materias primas y un gran incremento del costo de los productos
industrializados. A este proceso se sumaron las políticas adoptadas por los Estados Unidos, que
subsidiaron a sus agricultores y desplazaron con su producción a la Argentina de algunos de
sus mercados europeos. Esto generó una escasez de divisas, base de la redistribución peronista
del ingreso a favor de la industria y los trabajadores. El panorama se agravó por la sequía de
1951-1952, que produjo malas cosechas y la liquidación de hacienda.
Como consecuencia de esta crítica situación, se redujeron las importaciones de insumos
industriales, lo que hizo caer la producción para el mercado interno y se inició un proceso
inflacionario, vinculado al continuado aumento de los costos de esa producción.
Los grandes productores agropecuarios, que eran enemigos políticos del gobierno, buscaban
un cambio de orientación económica y dejaron de invertir.
Por su parte, los trabajadores recurrieron a huelgas para exigir aumentos salariales que les
permitieran mantener la capacidad de consumo que habían obtenido durante los primeros
años del gobierno peronista.
Ante la crisis, el gobierno optó por tomar medidas a favor del agro con la intención de
recuperar las posibilidades de exportación. Ofreció créditos a tasa baja a los productores
rurales, el IAPI se concentró en la comercialización de cereales y se impulsó la tecnificación del
campo.
Perón reelecto
En 1951 debían realizarse elecciones presidenciales. De acuerdo con lo dispuesto por la
reforma constitucional de 1949, Perón pudo presentarse para la reelección.
La CGT se pronunció inmediatamente a favor y agregó el reclamo de que la candidata a la
vicepresidencia fuera Evita. El 22 de agosto de 1951, la central sindical organizó el "Cabildo
Abierto del Justicialismo" para proclamar la fórmula Juan D. Perón-Eva Perón. Sin embargo,
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Perón cedió ante la presión de los altos jefes militares y su esposa, quien estaba enferma de
cáncer, renunció a la candidatura en un mensaje radial difundido el 31 de agosto.
Finalmente, la fórmula presidencial oficialista fue la misma que en 1946, Perón-Quijano.
Obtuvo 4.745.000 votos -el 6 2 % del padrón- frente a los 2.415.000 de los candidatos radicales
Ricardo Balbín-Arturo Frondizi. Perón asumió su segunda presidencia el 4 de junio de 1952,
con mayoría en ambas cámaras del Congreso. Al mes siguiente, Evita falleció y su velatorio fue
una muestra masiva de dolor popular.
Las medidas para superar la crisis
Antes de asumir su segundo mandato, Perón dio a conocer un Plan de Estabilización para
frenar la inflación mediante una serie de medidas que diferían de la política seguida hasta
entonces. Se estableció el congelamiento de precios, salarios y tarifas por el término de dos
años.
A fines de 1952, Perón presentó el Segundo Plan Quinquenal (1953-1957) con el objetivo de
lograr la Industrialización pesada y de sectores básicos, como la siderurgia, la fabricación de
maquinaria y vehículos, y la petroquímica. El proyecto contemplaba la convocatoria al capital
extranjero, en oposición a la política nacionalista desarrollada durante el Primer Plan
Quinquenal. En este contexto, el gobierno peronista intentó recomponer el vínculo con los
Estados Unidos, para obtener inversiones. Una nueva legislación permitió la radicación de
empresas de ese origen para la fabricación de tractores, camiones y automóviles. Pero la
iniciativa más polémica fue la negociación de un contrato con la empresa Standard Oil de
California para explotar yacimientos petroleros en la Patagonia. Aunque este acuerdo fue
rechazado en el Congreso, incluso por la bancada peronista, dejó en claro que el gobierno
estaba renunciando a los principios de independencia económica consagrados en la
Constitución de 1949.
Para los objetivos del Segundo Plan Quinquenal, era fundamental el aumento de la
productividad en detrimento del consumo. Como esta propuesta modificaba la tradicional
relación entre la producción Industrial para el mercado interno y la redistribución de ingresos
en favor del consumo de los sectores populares, el gobierno inició una activa propaganda para
convencerá la población de la necesidad de este cambio.
Los conflictos políticos y el golpe de Estado de 1955
En el contexto de los intentos del gobierno por peronizar la sociedad, aumentaron las
divergencias entre el oficialismo y la oposición.
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Esta, aglutinada en torno a la Iglesia, optó por el golpismo. El 16 de septiembre de 1955, un
levantamiento cívico-militar derrocó a Perón e instaló una dictadura militar.
Los intentos de "peronización" de la sociedad
A partir de la década de 1950, el gobierno incrementó sus esfuerzos por controlar a la
oposición y "peronizar" la sociedad.
En 1952, se impuso como texto escolar el libro La razón de mi vida, publicado con el nombre
de Eva Perón en 1951. Desde entonces, gran parte de los libros de texto ensalzaron las figuras
de Perón y Evita.
Para controlar los Intereses sectoriales, se crearon organismos, como la Confederación General
Económica (CGE) y la Unión de Estudiantes Secundarios (UES). Los empleados públicos y los
estudiantes universitarios recibieron cursos obligatorios de Formación Política, basados en las
ideas del justicialismo. En 1951 se expropió el diario La Prensa, que pasó a manos de la CGT, al
mismo tiempo que se extendieron la censura y el control estatal sobre los medios de
comunicación.
También se intentó peronizar a las Fuerzas Armadas. La concesión de aumentos salariales y del
derecho al voto al cuerpo de suboficiales -que pertenecían a las clases populares- preocupó a
los oficiales, quienes sentían amenazados sus privilegios. En 1951, la candidatura de Evita a la
vicepresidencia disgustó a muchos oficiales y fue una de las causas del intento de golpe de
Estado que encabezó el general Benjamín Menéndez el 28 de septiembre de ese año. Debido
al escaso apoyo que tuvo, este levantamiento fracasó y el gobierno reaccionó tomando duras
medidas. Las tensiones reaparecieron en 1954 cuando el gobierno impuso la doctrina nacional
peronista como materia de estudio en los establecimientos educativos militares.
El resultado de estos Intentos de peronización fue el ahondamiento de las divergencias entre
el gobierno y la oposición, que consideraba que el Estado invadía todas las esferas de actividad
mediante iniciativas autoritarias.
La relación con la Iglesia
Al comienzo, la Iglesia mantuvo cordiales relaciones con el gobierno peronista, al que, entre
otras cuestiones, valoraba por su anticomunismo y la continuidad de la enseñanza religiosa en
las escuelas. Sin embargo, la política social del peronismo convertía al Estado en un
competidor de la Iglesia en el campo de la acción social. Además, la Iglesia se opuso al
argumento de que el peronismo representaba un cristianismo social vinculado a la figura de
Jesús pero no a la jerarquía clerical ni a la liturgia eclesiástica.
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Durante la década de 1950, la controversia entre la Iglesia y el Estado peronista se fue
agudizando. Como respuesta a la creación del Partido Demócrata Cristiano, auspiciado por
sectores de la Iglesia, y a las críticas de sectores católicos, el gobierno dispuso una serie de
medidas antieclesiásticas: sancionó el divorcio vincular, eliminó las discriminaciones públicas y
legales entre hijos "legítimos" e "ilegítimos" (es decir, los de parejas casadas o no,
respectivamente), decretó la supresión de la educación religiosa en las escuelas, quitó los
subsidios estatales a las escuelas católicas y redujo los feriados religiosos. Estas disposiciones
afectaron definitivamente las relaciones de la Iglesia y de muchos fieles católicos con el
gobierno.
Los conflictos entre peronistas y antiperonistas
En medio del clima de crisis del modelo socioeconómico del peronismo aumentó la
conflictividad entre peronistas y antiperonistas. A comienzos de 1953, la muerte de Juan
Duarte, secretario del Presidente y hermano de Evita, dio lugar a toda clase de rumores contra
el gobierno, al que se buscaba responsabilizar del hecho.
Para desagraviar a Perón, la CGT organizó un acto en la Plaza de Mayo el 15 de abril. Ese día,
mientras el Presidente pronunciaba su discurso, explotaron dos bombas que dejaron siete
personas muertas y alrededor de cien heridos. Por la noche, grupos peronistas atacaron e
Incendiaron las sedes de los partidos opositores y del Jockey Club, entidad representativa de
los sectores conservadores. En los días siguientes, el gobierno detuvo a miles de opositores.
Pese a que a fin de año los liberó, el clima de tensión no disminuyó.
Aunque la oposición reunía a sectores con intereses diversos que no respondían a la misma
identificación ideológica, el enfrentamiento de Perón con la Iglesia les permitió encontrar una
institución que liderara la protesta. En diciembre de 1954, la procesión en celebración del Día
de la Inmaculada Concepción se convirtió en la primera concentración masiva de la oposición,
pese a la prohibición del gobierno.
Al año siguiente, el 8 de junio, los partidos políticos opositores -incluidos el Socialista y el
Comunista- participaron junto con los católicos de una multitudinaria procesión de Corpus
Christi. Así, quedaba definida la alianza social que enfrentaría a Perón hasta su derrocamiento.
El bombardeo sobre la Plaza de Mayo agudizó el enfrentamiento entre Perón y sus opositores
políticos, liderados por ¡a Iglesia y las Fuerzas Armadas.
Una violencia creciente
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Pocos días después de Corpus Christi, el 16 de junio de 1955, oficiales de la Marina y de la
Fuerza Aérea, con apoyo de civiles, realizaron otro intento de golpe de Estado.
Decididos a matar a Perón, bombardearon y ametrallaron la Casa de Gobierno, la Plaza de
Mayo y sus alrededores. Aunque el Presidente salió ileso, los trabajadores que acudieron a la
plaza y algunos transeúntes fueron víctimas del ataque, realizado al mediodía y primeras horas
de la tarde, que dejó un saldo de alrededor de 300 muertos y más de 600 heridos. Esa noche,
en represalia, activistas peronistas quemaron las principales iglesias del centro de Buenos
Aires. Se iniciaba, entonces, una violencia inédita en la historia argentina.
Ante la grave situación, los altos mandos del Ejército le aconsejaron al Presidente que iniciara
una política de conciliación. Perón ordenó levantar el estado de sitio, depuró el gabinete de los
funcionarios vinculados a la quema de Iglesias y convocó a la oposición a una tregua. Sin
embargo, esta encontró la ocasión propicia para insistir en sus reclamos contra el
autoritarismo del gobierno. Como repuesta, Perón eligió retomar la confrontación.
El 31 de agosto, en una gran demostración de apoyo popular organizada por la CGT en la Plaza
de Mayo, Perón pronunció un discurso invitando a sus partidarios a ejercer la violencia contra
sus opositores políticos.
El golpe de Estado de 1955
El llamado de Perón a la violencia aceleró los planes golpistas de las fuerzas opositoras y
decidió a algunos militares hasta entonces renuentes a participar. El 16 de septiembre de
1955, comenzó un levantamiento cívico-militar, encabezado por el almirante Isaac Rojas y los
generales Pedro Eugenio Aramburu y Eduardo Lonardi. Después de tres días de
enfrentamientos, producidos principalmente en la ciudad de Córdoba, Perón entregó el mando
a una junta formada por generales leales a su gobierno, la que a su vez se rindió ante los
Insurrectos. El golpe de Estado había triunfado. Perón, que se había negado a que la CGT
armara a los obreros en su defensa, partió al exilio. Los golpistas denominaron a su gobierno la
"Revolución Libertadora" y, de acuerdo con la lógica del campo de batalla, designaron como
presidente al militar que había dirigido las tropas, el general Eduardo Lonardi. El 23 de
septiembre, una multitud antiperonista llenó la Plaza de Mayo para aclamar al nuevo
gobierno.
Aunque el lema de Lonardi fue "ni vencedores ni vencidos", en una clara definición por la
reconciliación nacional, la mayor parte de los militares preferían seguir una política represiva
con respecto al peronismo. Por eso, a los tres meses de gobierno, Lonardi fue reemplazado por
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el general Pedro Eugenio Aramburu, representante de los sectores más duros del gobierno
militar.
El golpe de 1955 ponía fin a una etapa que había transformado radicalmente las condiciones
de vida de los trabajadores. Pero esto no significaba el fin de la conflictividad entre peronistas
y antiperonistas, que se prolongaría en los debates y enfrentamientos políticos de las décadas
siguientes. Los argumentos del gobierno militar acerca de la moralidad de sus acciones y del
derecho a la rebelión ante un régimen despótico daban plena respuesta a los sectores que,
particularmente durante la década de 1950, habían luchado contra Perón. En cambio, los
peronistas solo encontraron en el nuevo gobierno la persecución política y la sistemática
destrucción de las conquistas sociales del período anterior.