gobierno duque y el retroceso del estado social de...
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GOBIERNO DUQUE Y EL RETROCESO DEL ESTADO
SOCIAL DE DERECHO Primeros 100 días
Comité Ejecutivo Nacional, Dirección Nacional www.nuestropartidoescolombia.info [email protected] Casa Amarilla:
Cr. 17 No. 33 A -51, Bogotá, D.C.
Nueva correlación de fuerzas No hay tarea más estratégica para la democracia que la convergencia orientada a
conformar un Frente Común donde agrupaciones políticas desde el centro hasta la izquierda convengan acuerdos programáticos básicos y reglas de participación electoral,
que aseguren las mayorías necesarias para hacerle frente a los desafíos que se desprenden del uribismo en el poder. En su accionar es definitivo superar viejos
esquemas, tácticas discursos sin capacidad para interpelar las mayorías de la Nación. No se puede ignorar que Duque es una de las versiones más consagradas de una nueva
derecha que se sintoniza muy exitosamente con los ciudadanos.
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Contenido
Comité Ejecutivo Nacional ........................................................................................... 2
Coordinadores Regionales ......................................................................................... 13
GOBIERNO DUQUE Y EL RETROCESO DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO ... 3
Introducción .............................................................................................................. 3
Bloque alternativo: opción de Gobierno .................................................................. 3
Los retos que plantea la nueva “correlación de fuerzas” ..................................... 4
Adiós a las armas ................................................................................................... 4
Oposición ............................................................................................................... 5
Convergencia ......................................................................................................... 5
Bloque dominante: desmonte del Estado social de derecho. .................................. 5
El método de una derecha “pop” .......................................................................... 6
Modelo económico de capitalismo puro. ............................................................. 6
Reducción de las garantías sociales ...................................................................... 7
Reglamentación de la protesta social. .................................................................. 8
De la paz a la guerra. ............................................................................................. 8
Los rumbos de la política de paz de Duque. ......................................................... 9
Protección ambiental ............................................................................................ 9
Ministerio de familia ........................................................................................... 10
Contagio represivo .................................................................................................. 10
Deterioro de la deliberación pública .................................................................. 10
Las amenazas y asesinatos a líderes sociales y políticos de oposición ............... 11
Conclusiones ............................................................................................................ 11
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Comité Ejecutivo Nacional
Clara López Obregón – Directora Nacional
Tito Herrera – Veedor Nacional
Alba Luz González
Antonio Berbeo
Berta Rey
Camilo Hernández - Jóvenes
Carlos A. Romero
Dalila Gómez- Pueblo Rrom
Carlos Alberto Saavedra
Daniel Castro- Jóvenes Dionisio Miranda - Afros
Eduardo Martínez
Elizabeth Cortes
Ernesto Salamanca
Fernando Rojas
Gil Falcón Prasca
Gloria Cuartas
Guillermo Encinales
Horacio Duque
Ignacio Velásquez
Jaime Zubieta
Javier Mejía
José Deluque
Luis Felipe Córdoba - Afros
Marisela Mosquera
Mauricio Piña Mauricio Russo
Nelly Abrahams - Raizal
Orlando Zambrano
Oscar Gutiérrez Guaqueta – Coordinador regiones
José Noguera
Ricardo Mantilla
Tarsicio Mora Godoy
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GOBIERNO DUQUE Y EL RETROCESO DEL ESTADO
SOCIAL DE DERECHO
Primeros 100 días
Clara López Obregón
Directora Nacional 14 de noviembre de 2018
Introducción
La polarización que ha vivido la política colombiana con ocasión de las negociaciones
de paz ha sacado a la luz el fraccionamiento del establecimiento entre quienes
apoyaron el proceso de paz con las FARC y quienes le opusieron una virulenta
oposición. Acostumbrada la izquierda a ser la única oposición al gobierno, se
encontró en competencia con el uribismo que logró captar un respaldo que a la
postre logró ser mayoritario, tanto en el referendo de la paz, como en las elecciones
presidenciales.
Las lecciones están a la vista. Los sectores de izquierda y alternativos no encontraron
el camino de la convergencia de cara a las presidenciales, mientras que el uribismo
consolidaba una sólida unidad alrededor de políticas de franco retroceso
democrático que ahora el Gobierno Duque empieza a ejecutar sin pausa y con
apariencia de diálogo y bonhomía.
Bloque alternativo: opción de Gobierno En el documento de Coyuntura y Perspectiva Política preparado para nuestra
Asamblea Nacional de agosto pasado, planteamos que las elecciones presidenciales
de 2018 habían derivado en una nueva correlación de fuerzas que es menester
consolidar. La coalición de sectores alternativos y de izquierda que respaldó a Gustavo Petro en la segunda vuelta presidencial obtuvo el 42% de la votación total,
mostrándose el bloque alternativo, por primera vez, como alternativa viable de
Gobierno1. Este cambio en la correlación de fuerzas significa una gran
responsabilidad para los dirigentes de los sectores alternativos y de izquierda que va
más allá de la oposición a la política regresiva en materia de derechos, paz y
democracia que representa el uribismo en el Gobierno.
1 La utilización del vocablo “Gobierno” en lugar del más comúnmente utilizado “Poder” responde a que éste último representa el factor real de poder económico que se escapa al control de la política y, más frecuentemente la determina, como ha sido el caso de Colombia y de los países donde triunfó la primera ola de gobiernos alternativos en la primera década del presente siglo.
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Los retos que plantea la nueva “correlación de fuerzas”
Para los sectores alternativos y de oposición al gobierno del Presidente Iván Duque
es perentorio asumir los desafíos e implicaciones de la nueva correlación de fuerzas
surgida con ocasión de las dos votaciones registradas en el primer semestre del 2018
que escogieron el nuevo parlamento y presidente. Esa correlación de fuerzas es la
que permite entender y valorar las dos potentes movilizaciones ciudadanas
registradas recientemente.
Los movimientos sociales que recuperan su protagonismo político en la esfera
pública, como el expresado en la Consulta Anticorrupción y el de los estudiantes
universitarios, presentan unas novedades e innovaciones que los hacen diferentes a
los modelos conocidos de las movilizaciones clásicas. Ahora estamos delante de la
emergencia de una multiplicidad de fuerzas sociales que acuden a las denominadas
“tácticas cotidianas” (De Certeau) para contrarrestar las estrategias molares de los
grupos de poder en ámbitos como la vida religiosa, el campo de la familia, el mundo
agrario y los escenarios de la política liberal.
Los 12 millones de votantes en la Consulta Anticorrupción, una espontánea
expresión social de dimensiones cívicas y democráticas, al igual que el movimiento
de los estudiantes universitarios, constituyen la más poderosa herramienta para
enfrentar las políticas regresivas del gobierno de Duque como representante de los
potentes gremios de la economía y como expresión de la nueva derecha.
Para la acción de los sectores alternativos y de izquierda es definitivo superar viejos
esquemas, tácticas y discursos sin capacidad para interpelar las mayorías de la
Nación. No se puede ignorar que Duque es una de las versiones más consagradas de
una nueva derecha que se sintoniza muy exitosamente con los ciudadanos.
Adiós a las armas
El avance electoral logrado responde a una acumulación de fuerzas desde el
movimiento social y político, pero de manera muy importante a la erradicación de
las armas como herramienta para hacer política como consecuencia del clima creado por el acuerdo político logrado entre el Gobierno y las FARC para ponerle fin a más
de cincuenta años de conflicto armado.
En esta nueva etapa y ante la situación creada con las mayorías en cabeza del sector
más radical de la derecha se debe actuar con mucho tino para afrontar el desafío de
llegar al Gobierno y recuperar la senda de construcción de paz, de democracia y del
Estado social de derecho.
Hay que entender también que la desaparición del conflicto armado con las FARC y
su conversión en partido político legal, han abierto un espacio de movilización
ciudadana pacífica alrededor de acuciantes problemas que seguramente también se
extenderán, además de la anticorrupción y la estudiantil, a otros sectores sociales
como el campesinado, por ejemplo, o las minorías indígenas y afrocolombianas.
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Oposición
La principal tarea de la coyuntura es propiciar e impulsar una gran convergencia
alternativa capaz de llegar al gobierno en 2022, partiendo de acuerdos de cara al
poder local en las elecciones regionales de 2019. Un primer paso ha sido el trabajo
coordinado de la Bancada Alternativa en el Congreso.
En efecto, la presentación conjunta de proyectos de ley y de actos legislativos
muestran una bancada de oposición propositiva y actuante, no solo en el escenario
del Parlamento sino en el espacio público como la reciente convocatoria de Foros por
la Vida realizado en Popayán. A ello se suman los debates de control político en que
los distintos sectores se apoyan y complementan, mostrando trabajo en equipo y
capacidad efectiva de presión a través de debates de control político y de
participación activa en las ponencias y debates legislativos para consensuar
alternativas e incluso impedir los elementos más extremos de los proyectos
gubernamentales y de la propuesta uribista. El consenso inicial para no tocar la
tutela en la reforma de la justicia y para impedir la reintroducción de la inmunidad
parlamentaria son un buen comienzo.
Convergencia
En la tarea de forjar la convergencia, otro avance es la conformación de la Mesa
Facilitadora de la Unidad Democrática, conformada inicialmente por una decena de
fuerzas de oposición,2 que se propuso el objetivo de articular a los distintos sectores
en busca de los acuerdos programáticos y las reglas de juego hacia la meta de
conformar un Frente Común o, por lo menos, una unidad de acción suficientemente
robusta para no repetir la experiencia de desarticulación hacia la primera vuelta
presidencial en 2018 que facilitó el triunfo de la derecha.
Su responsabilidad histórica consiste en superar los intereses personales y de grupo
para abrirle paso a un Frente Común de todas las fuerzas democráticas progresistas
capaz ampliar el espectro de la confluencia más allá de la denominada izquierda y
convenir un programa y unas reglas de juego que les permitan actuar juntos en el
proceso de rescatar el Gobierno de manos de la derecha. En términos gramscianos,
se busca movilizar un bloque contra hegemónico que dispute la dirección intelectual
y moral de la sociedad al bloque de la derecha.
Bloque dominante: desmonte del Estado social de derecho.
Para entender el carácter estratégico de la convergencia democrática en esta etapa
de la vida nacional basta caracterizar al nuevo Gobierno y a las fuerzas dominantes
que lo apoyan. En efecto, llegó al Gobierno el uribismo con una mayoría del 58%, al
frente de una amalgama de los sectores gobernantes con un programa guerrerista de
visos autoritarios y prohibicionista, en contravía de los valores y principios que
2 Colombia Humana, UP, MAIS, el movimiento Nuestro Partido es Colombia, Liberales Independientes, rebeldes de La U, sectores de Alianza Verde y el Polo Democrático y abierta a la presencia de otras fuerzas.
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informan al Estado social y democrático de derecho, la forma de Estado adoptada
por la Constitución de 1991.
Las políticas anunciadas por el presidente Duque a lo largo de la campaña electoral,
que están en pleno proceso de implementación, representan una ruptura del Pacto
Social de 1991 fundado en los valores de la democracia liberal y de realización
efectiva de los derechos humanos, sociales y a la paz que informan al Estado social
de derecho. En resumen, el nuevo gobierno representa un retroceso de los avances
inconclusos, en materia de democracia, derechos y de paz de la última generación.
Dichos retrocesos van cobrando forma paulatinamente, en el estilo bonachón del
presidente Iván Duque, con medidas aparéntenme aisladas, como la anulación de las
consultas sobre la minería, las modificaciones que se tramitan en el Congreso al
Acuerdo del Teatro Colón, la aspersión con glifosato y la erradicación forzosa y el
decreto de la dosis mínima, en contravía de importantes pronunciamientos de la
Corte Constitucional.
El método de una derecha “pop”
Que el Gobierno del Presidente Duque ejecute el programa de gobierno planteado en
la campaña no puede sorprender a nadie. Representa el ala más moderada del
uribismo con un estilo fresco y bonachón, marcado por la táctica del “tire y aloje”
que mimetiza el contenido reaccionario de sus políticas y suaviza la irreversibilidad
de su aplicación.
Esa nueva derecha que encarna Duque no manifiesta el tradicional discurso de odio
y polarizante que la caracteriza. Su retórica y su comunicación son muy propias de
la virtualidad de las redes sociales, del mundo online. Es un discurso juvenil, fácil,
leve, lúdico, y a veces hasta folclórico. La cuestión es que es una derecha con unas
posiciones muy fuertes, racista, patriarcal, LGBT-fóbico, pero con un formato
comunicacional que lo vuelve lúdico, que provoca un meme o una risa. Es como si
hubiera una cierta trivialización o banalización de un discurso de odio mimetizado
justamente por un formato seductor, «pop» y tan juvenil. Es una derecha que usa un lenguaje joven e infantilizado pero que captura fuertemente a la gente más adulta
en una especie de infantilización del público adulto.
Modelo económico de capitalismo puro.
La conformación gremialista de su gabinete responde al paso que dieron los
dirigentes de los gremios al constituirse en actor político y reemplazar la
intermediación de la clase política desprestigiada y, en muchos casos, sustraída de
su control, con la acción directa de sus propios cuadros.
El corporativismo soñado por la derecha histórica del laureanismo falangista, que lo
proyectó como forma de gobierno en la pretendida Constituyente de 1953 y que
recogió Uribe con su propuesta de un Estado comunitario, regresa para hacerse
realidad en el proyecto ecléctico de Duque que cobrará forma en el Plan Nacional de
Desarrollo en elaboración y en una eventual convocatoria a una Constituyente, como
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ya lo propuso el Presidente del Congreso, condecorado con 15 medallas en la Casa de
Nariño.
Los gremios, por primera vez, dejaron atrás la supuesta neutralidad política que les
impedía tomar partido en las elecciones y cruzaron la línea roja hacia la parcialidad
política. En efecto, el Consejo Nacional Gremial, compuesto por 26 gremios que
reúnen el 60% de la producción nacional, se pronunció abiertamente en favor de la
candidatura de Iván Duque con un programa de fortalecimiento del gran capital y su
modelo de capitalismo puro, que como lo ha señalado Thomas Picketty, ha generado
la más alta concentración de ingresos y de riqueza desde los años del capitalismo
salvaje del siglo XIX.
Paralelamente, para satisfacer los intereses feudales de terratenientes y señores de
la guerra del ala radical del uribismo, desde el Congreso las senadoras María
Fernanda Cabal y Paloma Valencia así como más colectivamente, las bancadas del
Centro Democrático y Cambio Radical, impulsan proyectos en vía contraria a la paz
como la reforma de la Ley de Víctimas que busca invertir la carga de la prueba para
hacer nugatoria la restitución de tierras despojadas, la reforma de la justicia que
busca fundir en una a las altas cortes y debilitar su autonomía, con grave perjuicio
de la separación de poderes y de la tutela; y la modificación del juzgamiento de
militares que elimina el principio de un tratamiento simétrico pero separado que
informa a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), requisito para que haya Verdad.
Reducción de las garantías sociales
Para fortalecer la acumulación del capital, el Gobierno acentúa la reducción de los
impuestos a los más acaudalados, a pesar de la crítica situación fiscal que tanto se
publicitó alrededor de la discusión del presupuesto de la Nación. La compensación
del hueco fiscal resultante, ese si real y cuantificable, se hará con la extensión del
cobro del impuesto sobre la renta a los sectores medios y trabajadores y la
ampliación del IVA a la canasta familiar; todo lo cual conduce a la reducción del gasto
público social, el recorte de subsidios a los servicios públicos, la desfinanciación de
la educación pública, una reforma pensional regresiva y la reducción del acceso a la
salud, y el marchitamiento del componente agrario de los acuerdos de paz, para
mencionar las inversiones sociales más impactantes.
El nuevo decreto que permite a la Policía registrar a cualquier ciudadano para
decomisar la dosis mínima abre el camino al perfilamiento y la estigmatización de
los jóvenes, contraviniendo el libre desarrollo de la personalidad y la propia dignidad
de la persona; a la vez que abre nuevos estímulos a la corrupción de la Policía con
desmedro de la seguridad ciudadana. El regreso a las políticas prohibicionistas que
atacan a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico -consumidores y
cultivadores - con la decisión gemela de abandonar la sustitución social por la
erradicación forzosa y la aspersión con glifosato, no solamente no funciona; sino que
abandona el criterio de corresponsabilidad de países productores y consumidores en
la lucha contra este flagelo, mientras que en California, Canadá y otros países se
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recogen medidas represivas inútiles y se legaliza el porte y consumo recreativo de
marihuana.
Reglamentación de la protesta social.
Un programa de gobierno de naturaleza tan regresiva previsiblemente generará
resistencia. Entre los acumulados detrás de los resultados electorales está sin duda
el avance del movimiento social, compuesto por múltiples organizaciones de todo
tipo, ahora articuladas bajo coordinadoras bien estructuradas sobre la base de la
horizontalidad y del respeto de la autonomía de cada cual. En previsión, el Ministro
de Defensa madrugó a anunciar la reglamentación de la protesta para permitir solo
aquella que “represente los intereses de todos los colombianos y no solo de un
pequeño grupo,” es decir, toda protesta que por definición es contra-mayoritaria,
para después estigmatizarla como financiada y dirigida por mafias transnacionales
del narcotráfico, en total desconocimiento de los derechos democráticos de la
Constitución de 1991.
De la paz a la guerra.
Talvez el tema más sensible es el derecho síntesis a la paz. No solamente se regresa
a la tesis de que en Colombia no ha habido conflicto armado, sino que nuevamente
el lenguaje oficial ambienta en su discurso que lo que hay es una amenaza terrorista
de la criminalidad organizada transnacional dedicada al narcotráfico. El Acuerdo del
Teatro Colón se mira solo en la dimensión del Desarme, Desmovilización y
Reinserción (DDR) de las bases guerrilleras, sin recursos ni voluntad política para el
desarrollo rural integral y la sustitución social de cultivos. La negociación con el ELN
permanece en el congelador hasta que haya un “cese total de acciones criminales,
con estricta supervisión internacional y tiempos definidos,” lo cual no podrá lograrse
sin un diálogo y acuerdo previos.
Lo más sensible, es que la política guerrerista se extiende más allá de las fronteras
con peligros de provocar un enfrentamiento armado con Venezuela que ya produjo
su primer efecto: un aumento de tres billones de pesos para el sector defensa en lo
que puede convertirse en una carrera armamentista con Venezuela.
Sin reconocimiento alguno por el logro de la paz y lo que ha significado para las zonas
de conflicto y para el impulso de la economía, el Gobierno ha permitido que la
política guerrerista del Presidente de EEUU, Donald Trump, frente a Venezuela
contamine la política exterior colombiana que debe ser regida por un estricto
acatamiento del interés nacional de Colombia. Sobre este particular, el Gobierno que
no suscribió la declaración del Pacto de Lima oponiéndose a la intervención militar
y al uso de la violencia para solucionar la crisis en Venezuela, ya ha encontrado una
fuerte reacción en voces visibles del establecimiento que no está dispuesto a
acompañar al uribismo en esa aventura. Aun cuando se ha visto cierta rectificación
en recientes pronunciamientos del Presidente Duque afirmando que no tiene ánimos
belicistas, el peligro de la “acción intrépida” frente a Venezuela no está del todo
despejado.
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Los rumbos de la política de paz de Duque.
El nuevo gobierno de Iván Duque heredó dos asuntos de enorme trascendencia para
el país: de un lado, la etapa de implementación del Acuerdo de Paz suscrito entre el
Gobierno de Santos y las Farc; y del otro, las conversaciones de paz con el Ejército
de Liberación Nacional (ELN). Se trata de dos procesos profundamente delicados.
Al no consolidarse el primero por el incumplimiento de lo acordado y no alcanzar el
objetivo esperado del segundo, darían al traste con la ilusión de paz que se construyó
en el país y en la comunidad internacional con la firma del Acuerdo Final II en el
Teatro Colón de Bogotá.
Con el nombramiento de los nuevos consejeros de paz y del posconflicto, empezó
una sustitución del lenguaje oficial sobre la materia. La palabra “paz” se viene
reemplazando por “legalidad” y “posconflicto” por “estabilización”, lo que se traduce
en un cambio de concepción del nuevo Gobierno sobre términos con implicaciones
políticas como conflicto, paz y guerra.
Lo único claro hasta el momento es que será una política de “paz condicionada”. El
discurso del presidente Duque precisamente reitera términos como
‘desmovilización’, ‘desarme’, ‘reincorporación’, jamás ‘negociación’. Muestra el
cambio de enfoque del nuevo Gobierno hacia el concepto limitado de DDR o paz
negativa y no la paz integral contenida en los acuerdos firmados. Por el contrario,
sus acciones conducen a generar las mayores incertidumbres en el proceso de
implementación del acuerdo con las Farc y a marchitarlo por falta de recursos. En
cuanto al ELN, se percibe la intención de congelar los diálogos hasta que “suceda
algo inaceptable” para romper definitivamente la mesa instalada en La Habana.
De igual manera, en términos geopolíticos, Duque debilita el multilateralismo que
estableció Santos como parte de su política exterior. Al circunscribir su política
exterior a la agenda narcotizada de los EE.UU., el presidente de Colombia impone al
proceso de implementación del acuerdo con las Farc y a la negociación con el ELN,
los intereses norteamericanos y, en particular, los de las empresas fabricantes y
comercializadoras de armas, interesadas en prolongar el conflicto armado interno y
propiciar una carrera armamentista con Venezuela.
Protección ambiental
En materia ambiental ya se ven síntomas de la prelación del modelo económico sobre
la protección de los territorios, el agua y la naturaleza. Colombia sorprendentemente
no ha firmado el Acuerdo de Escazú orientado no solo a proteger la vida de los
defensores del ambiente, siendo Colombia el tercer país donde más líderes
ambientales han sido asesinados; sino que contempla mecanismos de participación
ciudadana respecto de la explotación de minería, hidrocarburos e hidroeléctricas,
entre otros. Es ahí donde el Convenio que Colombia ayudó a redactar encuentra
escollos con la política del extractivismo acentuado de la clase empresarial. También
se viene la reglamentación de las consultas previas y populares, logrando en reciente
sentencia echar para atrás la doctrina constitucional sobre la materia para darle
rienda suelta a la explotación minera y energética.
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Ministerio de familia
Un tema final, entre tantos otros que se deben seguir analizando y de importancia
para los grupos poblacionales es la propuesta del Ministerio de la Familia que marca
el retroceso en materia de igualdad de derechos de las mujeres. Con la sola
denominación se retrotrae la discusión sobre los roles y estereotipos que limitan la
libertad y libre desarrollo de la personalidad de las mujeres en línea con los dictados
religiosos de los apoyos cristianos de la coalición de gobierno.
Contagio represivo
Recientemente, Pascual Gaviria en su columna en El Espectador hizo referencia a un
libro sobre herejes y hogueras escrito por Pedro Gómez Valderrama en el describe
las exageraciones y desenfrenos en que incurren las personas imbuidas de un
sentimiento de poseer la verdad que les lleva a ver demonios por todas partes y a
imponer su purismo a sus conciudadanos por los medios que sean necesarios.
Generan en la sociedad un “contagio represivo” del que nacieron las cacerías de
brujas, la inquisición y el nazismo. Cita a Valderrama en el ensayo denominado “El
Engañado” para afirmar que “es el hombre común de cualquier época, el espectador
de las hogueras, del proceso, de las cámaras de televisión, el hombre a quien se
instruye en determinados temores, se dota de una serie de conceptos ad hoc, de
temores fabricados, de odios previamente planeados.”3
Síntomas de ese contagio represivo se ven en las redes sociales, la hoguera moderna,
mediante la cual se matonea sin piedad y se estigmatizan los sectores políticos y
sociales contestatarios e inconformes. El discurso público se contagia de intolerancia
e irrespeto, con grave perjuicio para las libertades y la democracia.
Deterioro de la deliberación pública
De un tiempo para acá se ha venido apoderando del discurso público un desprecio
por la verdad acompañado de la utilización de insultos degradantes y
deshumanizantes que pueden pasar a mayores. Lo más grave es que en razón de su
reiteración, sin sanción social suficiente, ese discurso repleto de falsedades y se ha
venido normalizando en el debate público legítimo, lo que deteriora la democracia y
los derechos humanos.
Un ejemplo preocupante apareció en Noticias UNO cuando circularon amenazas en
Tunja contra integrantes de la comunidad académica de la Universidad Pedagógica
y Tecnológica de Colombia (UPTC). En la nota interpelan a Carlos Fajardo, un
activista de las juventudes del Centro Democrático, sobre un audio divulgado,
supuestamente por él, en un grupo de WhatsApp denominado “Espartanos.” El
audio es escalofriante: sugiere crear “una lista negra” para dar cumplimiento al
planteamiento de la “solución final” para lo cual “hay que crear una especie de SS o
Gestapo para empezar a exterminar a esos triple hp…..s.”
3 Pascual Gaviria. “Aquelarres y Linchamientos”. El Espectador. 3 de octubre de 2018. P. 23
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De las palabras e insultos, como los que se protagonizaron contra el expresidente
Santos y el senador Petro, a los hechos de violencia solo hay un tenue paso. La
historia de la violencia en Colombia es una clara demostración de ello. El silencio y
la tolerancia ante este tipo de lenguaje amenaza con aniquilar la convivencia y la
democracia y contribuyen a la ausencia de pedagogía respecto de este lento retiro de
las garantías de una deliberación pública racional sin la cual no puede funcionar la
democracia.
Las amenazas y asesinatos a líderes sociales y políticos de oposición
Hace unas semanas, circuló la enésima amenaza de muerte de las Águilas Negras. La
nota distintiva del nuevo texto es que revela un proyecto político que revive el que
propagaba el condenado exsubdirector del DAS Narváez entre los paramilitares
cuando dictaba su cátedra denominada “Por qué es lícito matar comunistas.” Plantea
el panfleto, que fue poco divulgado, el proyecto detrás del asesinato selectivo que
consiste en: “contrarrestar las estructuras urbanas de la insurgencia camufladas (sic)
como supuestos (sic) líderes sociales y orientamos a nuestros bloques la aplicación
de esta, deteniendo el avance de la denominada Colombia Humana que impulsa
gobiernos de un carácter progresista, entreguista y proclive al fortalecimiento de
organizaciones de izquierda y contrarias al proyecto político propuesto por el doctor
Iván Duque.”
Preocupa mucho esta declaratoria de objetivo militar a la oposición alternativa y
democrática. Es de relievar que esta amenaza es adicional a la que se cierne sobre los
líderes sociales, que en un número superior a los 350 han sido asesinados, desde la
firma del acuerdo de paz. A ello se suma el asesinato de cerca de cien excombatientes
de las FARC y sus familiares. Dicha amenaza es concreta en su objetivo de atacar la
alternativa de oposición que no ha sido debidamente reconocida por el actual
Gobierno. El Presidente Duque no solamente omitió referencia alguna a la oposición
en su discurso de posesión, sino que en Mompox, donde realizó uno de los primeros
consejos comunitarios, expresó que no era necesaria, cuando es la base del
pluralismo democrático y del binomio Gobierno Oposición contemplado en la
Constitución, con derechos y estatuto propios.
Conclusiones
Las mayorías acumuladas por el uribismo significan un paso firma hacia el cambio
de la forma de Estado en Colombia. La política planteada en campaña y ahora en
plena ejecución por el Gobierno Duque apunta al desmantelamiento de los pocos
avances del Estado social de derecho y de la paz.
Frente a este proceso de debilitamiento de las libertades públicas y garantías
sociales, el bloque alternativo de oposición tiene una responsabilidad estratégica:
conquistar la Presidencia de la República en 2022. Para ello debe agotar todos los
esfuerzos para mantener la Coalición por la Paz que respaldó a Gustavo Petro en la
segunda vuelta presidencial y ampliarla para construir unas nuevas mayorías
capaces de reconducir el Gobierno hacia la realización del Estado social de derecho
con todo lo que ello implica en materia de profundización de la democracia,
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consolidación de la paz, realización efectiva de los derechos sociales, económicos,
ambientales y culturales, respeto por la libre determinación de los pueblos y defensa
de la soberanía.
Para ello, la Mesa de Facilitación ideada como un espacio de interlocución en busca
de acuerdos programáticos y de reglas de juego para actuar conjuntamente en la
movilización y social y electoral debe estar dentro de las prioridades de Nuestro
Partido es Colombia. De igual forma, la participación en los espacios de unidad que
ya funcionan en los departamentos y ciudades capitales y la convocatoria a su
conformación donde hagan falta.
No hay tarea más importante que la Convergencia orientada a conformar un Frente
Común como el de Uruguay, donde partidos desde el centro hasta la izquierda, sobre
acuerdos programáticos básicos y reglas de participación electoral que aseguren las
mayorías necesarias para hacerle frente a los desafíos que se desprenden del
uribismo en el poder.
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Coordinadores Regionales Marta Tarifa Amazonas Daniel Castro Antioquia
Luis Ignacio Velásquez Antioquia
Older Cáceres Arauca
Rosa Arroyo Atlántico
Mauricio Russo Janica Atlántico
Ariel Arteta De la Hoz Atlántico
Guillermo Encinales Bogotá- Norte
Alcira Díaz Bogotá- Centro
Jairo García Bogotá- Nor-Occidente
Jaime Zubieta Bogotá- Sur-Occidente
Aristóbulo Sánchez Bogotá- Sur
Elsa Chamorro Bogotá- Sur
Ernesto Fadul Bolívar
Gil Falcón Bolívar
Dionisio Mirabda Bolívar
Alba Luz González Boyacá
Eulises Casadiego Casanare
Armando Ruales Cauca
Luis Felipe Cordoba Chocó
Victor Meza G Córdoba
Tarsicio Mora Godoy Cundinamarca
José Deluque Guajira
Marisela Mosquera Guajira
Ricardo Ernesto Villa Sánchez Magdalena
Carlina Sánchez Magdalena
Graviela Goyes Nariño
Daniel Suárez Mateus Norte Santander
Oliverio Barrera Sanchez Putumayo
Rosario Guerra Quindío
Cesar Arias Quindío
Nelly Abrahams San Andrés
Antonio Berbeo Santander
Valmiro Rangel Rangel Sucre
Hector Orlando Zambrano Tolima
Luis Fernando Restrepo Tolima- Jóvenes
Ruben Darío Sánchez Valle
Edwin Sánchez Valle
María Elizabet Atis Pinchao Vichada - Indígenas
Gabriela Bejarano Mujeres
Javier Rossi Sector LGBTI Camilo Hernández Jóvenes
Lina Sarmiento Jóvenes