ganarse el crecimiento y empleo con las mujeres

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GANARSE EL CRECIMIENTO PROPUESTAS PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EL EMPLEO CON LAS MUJERES

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Documento de la Conferencia Politica del PSOE 2013

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GANARSE EL CRECIMIENTO

PROPUESTAS PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Y EL EMPLEO CON LAS MUJERES

el crecimiento económico y el empleo con las mujeres

ÍNDICEPROPUESTAS PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EL EMPLEO CON LAS MUJERES

1) Los avances. 2

2) Grave retroceso en empleo y bienestar. 3

3) Análisis y respuestas: 5

- Un crecimiento económico que incorpora la igualdad y por lo tanto cuenta con las mujeres y con toda la población. 5

- Políticas de empleo que incentiven la creación de empleo y acompañen a las mujeres en situación de desempleo. 6

- La igualdad en el empleo. 7

- La corresponsabilidad de la vida laboral y familiar como derecho de todos los trabajadores y trabajadoras. 8

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el crecimiento económico y el empleo con las mujeres

LOS AVANCES

Desde que el PP ha asumido- hace poco más que un año- el Gobierno de nuestro país, las muje-res solo hemos vivido retrocesos. Jamás habíamos visto una carrera hacia atrás con semejante velocidad.

Durante los años de Democracia las mujeres españolas hemos avanzado mucho. Desde Gobier-nos y Parlamentos, junto a las organizaciones de mujeres y sociales, hemos construido institu-ciones y políticas públicas, planes de igualdad, leyes que han permitido cambiar nuestra vida cotidiana. Hemos conseguido acceder al empleo, ampliar el derecho a la conciliación, penalizar la violencia…. Ahora somos más, y estamos más presentes en el espacio público.

Habíamos diseñado un modelo para avanzar en igualdad. Creíamos que siempre iríamos hacia adelante. Hoy, sin embargo, sabemos que eso no es así y que los retrocesos en igualdad son una realidad, que pueden llevar a las mujeres más jóvenes a vivir en un mundo más desigual que el nuestro.

Gracias al compromiso del PSOE y su alianza con el movimiento de mujeres, dimos pasos impor-tantes que podríamos concretar y hacer visibles en algunas leyes y realidades;

Ley de igualdad efectiva de mujeres y hombres, con sus avances en todas las áreas de actuación pública, su apuesta por la paridad y por la igualdad en el empleo.

La Ley integral contra la violencia de género.

La Ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo.

Desarrollo normativo para proteger los derechos laborales de las mujeres y el derecho a la corresponsabilidad de trabajadores y trabajadoras.

La ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y el desarrollo del Estado del Bienestar.

Hoy sin embargo estos avances están en riesgo, puesto que el PP hace una política de involución contraria a los derechos de las mujeres. Es un retroceso de más de 30 años, que ha roto con todos los consensos que se han producido en nuestra democracia, el político, el económico, el social y el territorial, y de forma muy grave, con ese consenso de apuesta por la Igualdad.

GRAVE RETROCESO EN EL EMPLEO Y BIENESTAR.

El desempleo femenino está creciendo de manera importante en este momento, y es responsa-bilidad indiscutible de las medidas que ha adoptado el Gobierno de Rajoy. Tanto la reforma labo-ral como posteriormente los ajustes en Sanidad, Educación y Dependencia han tenido un impac-to negativo mayor en las mujeres, y los datos así lo indican. En los últimos seis meses del año pasado, 191.700 mujeres han ido al paro, frente a 80.600 hombres. Es más, el cuarto trimestre del 2012 se alcanzó el “lamentable record” en destrucción de empleo femenino, 131.000 empleos destruidos, el peor final de año para el empleo de las mujeres de toda la serie histórica.

Los recortes en derechos y servicios están haciendo que las mujeres vean limitadas sus posibili-dades para acceder o mantenerse en el empleo público, donde muchas mujeres se habían situa-do, pero también en el empleo privado, ante la imposibilidad de que la atención de las personas que necesitan cuidados, mayores, menores y personas en situación de dependencia, sea cubier-ta por el Estado.

El desmantelamiento progresivo del Estado del Bienestar –en políticas sociales, sanitarias, educativas, o de atención a la Dependencia- y la política de recortes del gobierno, eliminando servicios públicos esenciales, que afectan a la Administración Pública y a empresas que trabajan como proveedoras de servicios, perjudican doblemente a las mujeres: por un lado en estos sectores son mayoría como trabajadoras y, por otra parte, empeora la situación de todas las mujeres al tener que asumir la atención de las necesidades de cuidado de niños/as y personas mayores, resultando imposible la conciliación de la vida familiar y laboral.

Además la Reforma Laboral ha conseguido un efecto contrario al que el Gobierno decía preten-der. No sólo abarató el despido facilitando la destrucción de empleo. Ha quitado derechos a las trabajadoras, especialmente a las mujeres con responsabilidades familiares, a las que trabajan a tiempo parcial o de manera temporal, a la vez que está haciendo imposible la conciliación de la vida familiar y laboral.

La Reforma laboral ha dejado sin herramientas para la negociación colectiva a los trabajadores y trabajadoras, de manera que elimina el instrumento más importante para acordar los Planes de Igualdad en las empresas y aquellos grandes acuerdos a favor de la conciliación. Además ha extendido los despidos en el sector público (donde está el 25% del empleo femenino), y ha dejado en manos de las empresas la organización de tiempos de trabajo, jornadas, horarios, y movilidad.

Con la Reforma Laboral y el decreto de medidas de austeridad posterior desaparece la posibili-dad de las mujeres de organizar sus tiempos de lactancia, y reducción de jornada en el caso de tener a su cargo algún menor o una persona con discapacidad, además desaparecen las bonifi-caciones a las contrataciones tras la reincorporación por maternidad o cuidado tanto en mujeres que están en régimen general como en autónomas.

Y mientras tanto crece la desigualdad salarial entre mujeres y hombres, y encontramos a las

mujeres en los tramos salariales más bajos. Esta brecha salarial es una discriminación muy importante, no sólo por el hecho en sí de la desigualdad salarial, sino además porque esa desigualdad se mantiene a lo largo de la vida de las mujeres, afectando a su protección social, sus cotizaciones de desempleo y su jubilación.

Por otra parte debemos tener en cuenta que se están reduciendo las políticas de apoyo y cuida-do a las personas en situación de dependencia, menores y mayores de 65 años. El PP ha recorta-do la financiación a la dependencia, atacando a su sostenibilidad económica y provocando el desmantelamiento progresivo del sistema.

Las medidas del Gobierno en relación a la dependencia son negativas para el cuidado, para el empleo femenino, para la conciliación de la vida laboral y familiar, y para quienes se ocupan de cuidar, que al menos antes tenían una prestación y el derecho a acogerse al sistema contributivo de la Seguridad Social.

Los recortes en servicios como la atención a la dependencia y la promoción de la autonomía, la sanidad, y la educación, suponen una mayor carga de trabajo para las mujeres, dificultando sus opciones para acceder al empleo. Y a pesar de ello, en el último año más de 31.000 mujeres han creado su propia empresa, demos-trando la capacidad de superación que tienen las mujeres ante la peor de las adversidades en estos momentos: perder su empleo. Una capacidad que, sin embargo, se ve limitada por la políti-ca contra la igualdad que está llevando a cabo el PP y que es necesario cambiar, para aprovechar todo el potencial que tiene la igualdad como motor del crecimiento y la cohesión social.

ANÁLISIS Y RESPUESTAS, ANTE ESTA SITUACIÓN DESDE EL PSOE CREEMOS QUE:

España necesita avanzar, y sólo avanzaremos con equidad entre hombres y mujeres, porque cuando las mujeres avanzan, lo hace toda la sociedad. Una economía globalizada que no prescin-da de la mitad del talento y de la capacidad será una economía ventajosa donde las personas sean el centro y no un mero instrumento. Porque de esta grave crisis en la que estamos inmer-sos saldremos con las mujeres o no saldremos.

En nuestro análisis y en nuestras respuestas sabemos que debemos ir más allá de la crisis. Sin duda la situación de desventaja de las mujeres está siendo agravada por ella, pero la desigualad viene de antiguo, viene de una concepción social que situaba a las mujeres en la esfera privada y a los hombres en lo público y que no está del todo superada. Con la irrupción de las mujeres en el mercado laboral se rompió está desigualdad pero en un solo sentido, provocando una enorme sobrecarga en la vida de las mujeres, que además de atender sus responsabilidades familiares se incorporan a un mercado laboral que las sitúa en peores condiciones y con los salarios más bajos. Si hay algo que podría definir a la inmensa de la mayoría de las mujeres es el cansancio que provoca esta sobrecarga. La verdadera revolución llegará cuando consigamos incluir en la esfera económica los cuidados familiares y éstos formen parte de la vida diaria tanto de hombres como de mujeres y el mercado laboral no discrimine a la mitad de sus trabadores por el hecho de pertenecer a un género. Por lo tanto apostamos por: 1. Un crecimiento económico que incorpora la igualdad y por lo tanto cuenta con las muje-res y con toda la población.

En estos momentos es imprescindible situar la creación de empleo y el crecimiento en el centro de las prioridades políticas, y diseñar una Estrategia Global de Recuperación capaz de reducir el déficit y crear nuevas bases para una reactivación económica que impulse la creación de empleo de calidad.

El primer objetivo de esta Estrategia es fomentar el crecimiento económico, y que dicho creci-miento sea sostenido y duradero, que permita planificar hacia el futuro y crear la confianza necesaria para las generaciones futuras. Equilibrado, tanto con el entorno y el medio ambiente, como en la distribución de la renta, presente y futura, y que palie los desajustes de los ciclos económicos. Integrador, que refuerce la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos (edu-cativo, laboral, social, etc.) y a lo largo de todo el ciclo vital (de la infancia a la vejez); que garantice el acceso de todos y todas en condiciones de igualdad a los servicios esenciales; a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, comprometido con las personas con discapacidad y quienes sufren riesgo de exclusión; en definitiva, comprometido con la igualdad, la diversidad y la plurali-dad.

Este modelo económico y de crecimiento debe volver a colocar el cuidado de las personas y la compatibilización con el mercado laboral en el centro de la agenda política como un elemento clave en el logro de la igualdad, a través de la redistribución familiar e institucional.

Este modelo de crecimiento debe incorporar a las mujeres, contando con sus conocimientos y capacidades, su objetivo debe ser el crecimiento económico, social y el avance de la igualdad. Se calcula que la plena incorporación de las mujeres al mercado laboral, igualando con su participa-ción las tasas de empleo de los hombres supondría un 19% de aumento del PIB español, es un mensaje claro que los y las socialistas tenemos interiorizado: no podemos dejar pasar la mitad de las potencialidades de este país, no podemos desaprovechar la mitad del talento.

Desde el PSOE defendemos vincular los avances en la igualdad entre mujeres y hombres al desarrollo de nuevos sectores impulsores del nuevo modelo productivo, donde las mujeres encuentren más oportunidades.

2.Políticas de empleo que incentiven la creación de empleo y acompañen a las mujeres en situación de desempleo.

Es fundamental reforzar las políticas activas de empleo. Su utilización intensiva y temprana puede acortar la duración de las situaciones desempleo y reducir, así, el gasto en políticas pasi-vas. De este modo, cuanto más eficientes sean las políticas activas, menor será la inversión que se demande en prestaciones o subsidios por desempleo. Y ello permitiría tener más recursos para la financiación de las propias políticas activas de empleo.

Las políticas activas de empleo han sido fundamentales para la incorporación de las mujeres al empleo, durante las últimas décadas hemos comprobado cómo la tasa de actividad femenina no ha parado de crecer: en el año 80 era de 28 puntos, en el 90 se sitúa en los 34, a principios del 2000 alcanza los 41 y diez años después, en el 2010 llega a más de 52 puntos.

Para avanzar en la incorporación de las mujeres al empleo, planteamos el impulso de las Políti-cas Activas de Empleo y, en concreto, el desarrollo de algunas iniciativas concretas, la más importante un acuerdo personal de empleo, que consiste en ofrecer a las mujeres desemplea-das, de acuerdo con sus necesidades, una hoja de ruta que defina el compromiso y las garantías que se establecen entre las mujeres desempleadas y los servicios públicos.

Otras políticas son incentivar la actividad empresarial femenina, garantizando el acceso de las mujeres al crédito. Debemos mantener las prestaciones para las personas que inicien un proyec-to de actividad por cuenta propia durante un periodo de 6 meses: se trata de que la protección por desempleo pueda servir para amortiguar la incertidumbre económica de los primeros momentos de puesta en marcha de un proyecto profesional.

Apostamos por la incorporación de las mujeres a los empleos tecnológicos, en especial a los relacionados con la concepción y desarrollo de la tecnología.

Así como la adopción de un plan de fomento de las empresas de economía social para la presta-ción de servicios de proximidad, cuidado de personas dependientes y programas de desarrollo sostenible en zonas rurales, favoreciendo el emprendimiento femenino, la capacitación, y el incremento de su afiliación a la seguridad social a través de los empleos obtenidos.

También proponemos capitalizar la prestación por desempleo para proyectos de formación y reciclaje profesional que deriven en la obtención del título de formación profesional de grado superior.

3.La igualdad en el empleo.

La necesidad de generar empleos en nuestra economía debe ser inherente a la mejora de la calidad de los mismos. Porque, siendo imprescindible elevar nuestro nivel de empleo, lo es igual-mente hacer que este sea más productivo, seguro y estable. Se trata no sólo de impulsar la crea-ción de empleo, sino de reforzar el valor del trabajo como elemento esencial de las capacidades de desarrollo económico y social del país.

En este sentido, el elevado nivel de temporalidad que caracteriza el mercado laboral español es incompatible con el necesario cambio de modelo de crecimiento y del empleo que requiere nuestra economía. Una precariedad que se refleja sobre todo en el elevado volumen relativo de trabajadores/as que poseen una relación contractual de carácter temporal (el segundo más alto de la Unión Europea), en su inmensa mayoría de forma involuntaria. Una precariedad que afecta especialmente a las mujeres, que tiene menos contratos indefinidos que los hombres y ocupan el 76% de las jornadas a tiempo parcial, en su inmensa mayoría por no haber encontrado un empleo a tiempo completo, rechazamos, así, el mito de que son ellas las que se autoexcluyen.Para avanzar en la igualdad en el empleo es urgente cumplir la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Entre sus medidas, muy importante es el desarrollo de los Planes de Igualdad en las empresas de carácter obligatorio, que deben conte-ner unos requisitos mínimos y ser evaluados de manera sistemática, a fin de valorar sus efectos en el avance de la igualdad en la empresa.

También es imprescindible la aprobación de un Plan contra la desigualdad salarial, que incorpore la actuación específica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el incremento de las sanciones a las empresas, la elaboración de auditorías, y otras actuaciones que impidan las diferencias salariales tanto en sueldos como en complementos cuando se realizan trabajos de igual valor.

Pero también, en el contexto de la Ley de Igualdad es fundamental avanzar en la incorporación de las mujeres a los Consejos de Administración de las empresas, en la línea de hacer obligatoria una cuota mínima de participación, tal como establece la propuesta legislativa de Directiva de la Comisión Europea.

Por otra parte, para corregir la desigualdad que genera el empleo a tiempo parcial, de deben establecer algunas iniciativas, tales como eliminar la posibilidad de realizar horas extraordinarias y disponer la necesidad de respetar los derechos de conciliación que se estuvieran ejerciendo por los trabajadores/as de la empresa en caso de variación de condiciones de trabajo o distribu-ción irregular de la jornada.

Otra iniciativa importante es eliminar, tal como ha fallado recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la doble contribución con la que se penaliza a las personas que trabajan a

tiempo parcial, que son, en su gran mayoría, mujeres.

4. La corresponsabilidad de la vida laboral y familiar como derecho de todos los trabajadores y trabajadoras.

No demasiada buena suerte han compartido las políticas de igualdad que tienden a correspon-sabilizar a hombres y mujeres respecto de los tiempos remunerados y de cuidados, en la línea de reforzar, como establece la Ley de Igualdad, la asunción colectiva de la maternidad. Como es bien sabido, los recortes llevados a cabo por los Gobiernos central y autonómicos han afectado severamente a las políticas de conciliación: los recortes en la Ley de Dependencia, las subidas de tasas de las escuelas infantiles, las supresión del programa Educa3 o el aplazamiento de la ampliación del permiso de paternidad son buena prueba de ello.

Es necesario que los poderes públicos vuelvan a apostar por servicios públicos de cuidados de calidad y ello por muchos motivos y de gran calado. Empezando porque el cuidado de hijos e hijas no es un tema que deba resolver cada familia según su disponibilidad de tiempo y capaci-dad económica. Es así como se genera una de las más importantes fuentes de desigualdad de oportunidades. Es más, tal como las estadísticas constatan, es en los países donde se ofrecen más y mejores infraestructuras de cuidados donde las mujeres han conseguido una indepen-dencia económica equiparable a la del hombre y donde se ha logrado luchar con éxito contra el fenómeno global de la feminización de la pobreza.

Por otro lado, la universalización de la educación de 0 a 3 años y el refuerzo de los servicios de atención a las personas dependientes atiende dos finalidades claves de las políticas de empleo: reforzar la estabilidad y la presencia en el mercado de trabajo de las mujeres con responsabilida-des familiares y promover la creación de nuevos empleos. Sin olvidar que un programa intensivo de construcción y mantenimiento de infraestructuras de cuidado ayudará a la recuperación de la actividad en el sector de la construcción. Sabemos que es un momento económico delicado, pero es ahora cuando estamos llamados a poner las bases del modelo económico del futuro.

Junto a ello, realidades como la irracionalidad de los horarios en España en casi todas las facetas de la vida cotidiana dificulta enormemente compaginar la vida personal y laboral y causa graves problemas de salud que tienen su origen en la incapacidad de las personas, especialmente las mujeres trabajadoras, de controlar el tiempo dedicado a su vida personal. De ahí que numerosos estudios recomienden la urgencia de emprender iniciativas legislativas de carácter transversal que nos encaminen hacia unos horarios de vida y de trabajo más acordes con los habidos en los países de la Unión Europea.

Una cuestión clave en este punto es el relativo a la jornada de trabajo. España es el tercer país de la Unión Europea con jornadas más largas. La cultura de trabajo de prolongación de la jornada y la irregularidad e imprevisibilidad de los horarios expulsa a las mujeres del mercado laboral o las relega al trabajo a tiempo parcial o de dedicación marginal. No hay que olvidar que el desigual reparto de las responsabilidades familiares conduce a una brecha salarial por género, pero tam-bién a una brecha de género en la jornada de trabajo, de manera que son las mujeres quienes más se acogen a los instrumentos disponibles de flexibilidad de jornada.

En esta situación, la reforma laboral de 2012 ha ahondado más en esta brecha, mediante un aumento de los poderes empresariales de variación en las condiciones de trabajo sin tener en cuenta los derechos de conciliación de la vida familiar y profesional y su relevancia constitucio-nal. Por ello, resulta cada vez más necesario repensar la organización de trabajo, de forma que se mejore la competitividad y la productividad de las empresas y a la vez los/as trabajadores/as tengan mayor autonomía en relación con el tiempo de trabajo. Las normas laborales deben fomentar un cambio de organización laboral para emplear más racionalmente el tiempo de trabajo. Para fomentar la creatividad y el talento desaprovechado de las mujeres frente a la cultura de trabajo que fomenta las jornadas extensivas y la imprevisión de los horarios. Esta cultura de trabajo está fuertemente arraigada en muchos sectores profesionales y en determi-nados puestos de trabajo como, por ejemplo, los de gestión y dirección de empresas, que se ha mantenido a lo largo del tiempo como una actividad de dominio casi exclusivamente masculino.

En nuestro país hay ejemplos en la negociación de colectiva en los que los agentes sociales han recurrido a fórmulas alternativas de tiempo de trabajo que han permitido un mejor equilibrio entre los intereses de trabajadores y empresarios. Es por ello que sería conveniente situar en el marco de la negociación colectiva este tipo de materias. En relación a la jornada de trabajo y el derecho al ejercicio de la maternidad/paternidad, las propuestas irán en las siguientes direccio-nes:

- Introducir como contenido mínimo de los convenios colectivos la regulación de un derecho individual a solicitar la adaptación de la duración y distribución de la jornada por motivos de conciliación. El objetivo es garantizar más los derechos de presencia en el trabajo, que los derechos de ausencia del mismo, mediante una fórmula abierta, que sitúe el derecho a compatibilizar las responsabilidades familiares y laborales en el centro de la negociación colectiva y que, a su vez, permita una mejor adaptación en el ejercicio de ese derecho a las características de la empresa o del sector.

- Transponer a nuestro ordenamiento la Directiva 2010/18/UE en relación con dos puntos básicos: medidas para que los/as trabajadores/as, al reincorporarse tras un permiso parental, puedan solicitar cambios en sus horarios o regímenes de trabajo durante un determinado periodo de tiempo; previsión normativa que autorice a los/as trabajadores/as a ausentarse del trabajo por motivos de fuerza mayor vinculados a asuntos familiares urgentes, en caso de enfermedad o accidentes que hagan indispen-sable la presencia inmediata del/la trabajador/a.

- Establecer horarios laborales orientados a la conciliación, y a la corresponsabilidad, a fin de que sean compatibles con la vida familiar, los tiempos educativos, y las actividades culturales, formativas y sociales de trabajadores y trabajadoras.

- Garantizar el derecho universal a la protección de la maternidad durante las 6 semanas siguientes al parto.

- Emprender iniciativas legislativas para revisar y mejorar la legislación en materia de

permisos y excedencias por cuidado de hijos e hijas y demás familiares, con el fin de evaluar los requisitos de su disfrute desde la perspectiva de la corresponsabilidad de hombres y mujeres en la asunción de las tareas de cuidado, y también de la especial protección que merecen los hogares monoparentales.

- Incrementar el permiso de paternidad, tal como estaba previsto en la Ley de igualdad y con el objetivo de equipararlo progresivamente a la duración del de maternidad.

A fin de garantizar los derechos sociales, como elementos fundamentales para conquistar la igualdad:

- Mantener la sanidad y la educación públicas, universales y de calidad, puesto que además de señas de identidad de nuestro Estado del Bienestar, constituyen una impor-tantísima fuente de renta indirecta para el conjunto de la ciudadanía.

- Impulsar las políticas de atención a las personas en situación de dependencia y el apoyo a quienes están en la pobreza con políticas de inclusión adecuadas.

-Establecer mecanismos compensatorios a las personas trabajadoras que se ocupen del cuidado de personas en situación de dependencia o menores, a fin de favorecer su parti-cipación en las pensiones del sistema contributivo de la Seguridad Social. En este punto, es fundamental recuperar la financiación de la cotización a la seguridad social de las personas cuidadoras en el sistema de atención a la dependencia.

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el crecimiento económico y el empleo con las mujeres

LOS AVANCES

Desde que el PP ha asumido- hace poco más que un año- el Gobierno de nuestro país, las muje-res solo hemos vivido retrocesos. Jamás habíamos visto una carrera hacia atrás con semejante velocidad.

Durante los años de Democracia las mujeres españolas hemos avanzado mucho. Desde Gobier-nos y Parlamentos, junto a las organizaciones de mujeres y sociales, hemos construido institu-ciones y políticas públicas, planes de igualdad, leyes que han permitido cambiar nuestra vida cotidiana. Hemos conseguido acceder al empleo, ampliar el derecho a la conciliación, penalizar la violencia…. Ahora somos más, y estamos más presentes en el espacio público.

Habíamos diseñado un modelo para avanzar en igualdad. Creíamos que siempre iríamos hacia adelante. Hoy, sin embargo, sabemos que eso no es así y que los retrocesos en igualdad son una realidad, que pueden llevar a las mujeres más jóvenes a vivir en un mundo más desigual que el nuestro.

Gracias al compromiso del PSOE y su alianza con el movimiento de mujeres, dimos pasos impor-tantes que podríamos concretar y hacer visibles en algunas leyes y realidades;

Ley de igualdad efectiva de mujeres y hombres, con sus avances en todas las áreas de actuación pública, su apuesta por la paridad y por la igualdad en el empleo.

La Ley integral contra la violencia de género.

La Ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo.

Desarrollo normativo para proteger los derechos laborales de las mujeres y el derecho a la corresponsabilidad de trabajadores y trabajadoras.

La ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y el desarrollo del Estado del Bienestar.

Hoy sin embargo estos avances están en riesgo, puesto que el PP hace una política de involución contraria a los derechos de las mujeres. Es un retroceso de más de 30 años, que ha roto con todos los consensos que se han producido en nuestra democracia, el político, el económico, el social y el territorial, y de forma muy grave, con ese consenso de apuesta por la Igualdad.

GRAVE RETROCESO EN EL EMPLEO Y BIENESTAR.

El desempleo femenino está creciendo de manera importante en este momento, y es responsa-bilidad indiscutible de las medidas que ha adoptado el Gobierno de Rajoy. Tanto la reforma labo-ral como posteriormente los ajustes en Sanidad, Educación y Dependencia han tenido un impac-to negativo mayor en las mujeres, y los datos así lo indican. En los últimos seis meses del año pasado, 191.700 mujeres han ido al paro, frente a 80.600 hombres. Es más, el cuarto trimestre del 2012 se alcanzó el “lamentable record” en destrucción de empleo femenino, 131.000 empleos destruidos, el peor final de año para el empleo de las mujeres de toda la serie histórica.

Los recortes en derechos y servicios están haciendo que las mujeres vean limitadas sus posibili-dades para acceder o mantenerse en el empleo público, donde muchas mujeres se habían situa-do, pero también en el empleo privado, ante la imposibilidad de que la atención de las personas que necesitan cuidados, mayores, menores y personas en situación de dependencia, sea cubier-ta por el Estado.

El desmantelamiento progresivo del Estado del Bienestar –en políticas sociales, sanitarias, educativas, o de atención a la Dependencia- y la política de recortes del gobierno, eliminando servicios públicos esenciales, que afectan a la Administración Pública y a empresas que trabajan como proveedoras de servicios, perjudican doblemente a las mujeres: por un lado en estos sectores son mayoría como trabajadoras y, por otra parte, empeora la situación de todas las mujeres al tener que asumir la atención de las necesidades de cuidado de niños/as y personas mayores, resultando imposible la conciliación de la vida familiar y laboral.

Además la Reforma Laboral ha conseguido un efecto contrario al que el Gobierno decía preten-der. No sólo abarató el despido facilitando la destrucción de empleo. Ha quitado derechos a las trabajadoras, especialmente a las mujeres con responsabilidades familiares, a las que trabajan a tiempo parcial o de manera temporal, a la vez que está haciendo imposible la conciliación de la vida familiar y laboral.

La Reforma laboral ha dejado sin herramientas para la negociación colectiva a los trabajadores y trabajadoras, de manera que elimina el instrumento más importante para acordar los Planes de Igualdad en las empresas y aquellos grandes acuerdos a favor de la conciliación. Además ha extendido los despidos en el sector público (donde está el 25% del empleo femenino), y ha dejado en manos de las empresas la organización de tiempos de trabajo, jornadas, horarios, y movilidad.

Con la Reforma Laboral y el decreto de medidas de austeridad posterior desaparece la posibili-dad de las mujeres de organizar sus tiempos de lactancia, y reducción de jornada en el caso de tener a su cargo algún menor o una persona con discapacidad, además desaparecen las bonifi-caciones a las contrataciones tras la reincorporación por maternidad o cuidado tanto en mujeres que están en régimen general como en autónomas.

Y mientras tanto crece la desigualdad salarial entre mujeres y hombres, y encontramos a las

mujeres en los tramos salariales más bajos. Esta brecha salarial es una discriminación muy importante, no sólo por el hecho en sí de la desigualdad salarial, sino además porque esa desigualdad se mantiene a lo largo de la vida de las mujeres, afectando a su protección social, sus cotizaciones de desempleo y su jubilación.

Por otra parte debemos tener en cuenta que se están reduciendo las políticas de apoyo y cuida-do a las personas en situación de dependencia, menores y mayores de 65 años. El PP ha recorta-do la financiación a la dependencia, atacando a su sostenibilidad económica y provocando el desmantelamiento progresivo del sistema.

Las medidas del Gobierno en relación a la dependencia son negativas para el cuidado, para el empleo femenino, para la conciliación de la vida laboral y familiar, y para quienes se ocupan de cuidar, que al menos antes tenían una prestación y el derecho a acogerse al sistema contributivo de la Seguridad Social.

Los recortes en servicios como la atención a la dependencia y la promoción de la autonomía, la sanidad, y la educación, suponen una mayor carga de trabajo para las mujeres, dificultando sus opciones para acceder al empleo. Y a pesar de ello, en el último año más de 31.000 mujeres han creado su propia empresa, demos-trando la capacidad de superación que tienen las mujeres ante la peor de las adversidades en estos momentos: perder su empleo. Una capacidad que, sin embargo, se ve limitada por la políti-ca contra la igualdad que está llevando a cabo el PP y que es necesario cambiar, para aprovechar todo el potencial que tiene la igualdad como motor del crecimiento y la cohesión social.

ANÁLISIS Y RESPUESTAS, ANTE ESTA SITUACIÓN DESDE EL PSOE CREEMOS QUE:

España necesita avanzar, y sólo avanzaremos con equidad entre hombres y mujeres, porque cuando las mujeres avanzan, lo hace toda la sociedad. Una economía globalizada que no prescin-da de la mitad del talento y de la capacidad será una economía ventajosa donde las personas sean el centro y no un mero instrumento. Porque de esta grave crisis en la que estamos inmer-sos saldremos con las mujeres o no saldremos.

En nuestro análisis y en nuestras respuestas sabemos que debemos ir más allá de la crisis. Sin duda la situación de desventaja de las mujeres está siendo agravada por ella, pero la desigualad viene de antiguo, viene de una concepción social que situaba a las mujeres en la esfera privada y a los hombres en lo público y que no está del todo superada. Con la irrupción de las mujeres en el mercado laboral se rompió está desigualdad pero en un solo sentido, provocando una enorme sobrecarga en la vida de las mujeres, que además de atender sus responsabilidades familiares se incorporan a un mercado laboral que las sitúa en peores condiciones y con los salarios más bajos. Si hay algo que podría definir a la inmensa de la mayoría de las mujeres es el cansancio que provoca esta sobrecarga. La verdadera revolución llegará cuando consigamos incluir en la esfera económica los cuidados familiares y éstos formen parte de la vida diaria tanto de hombres como de mujeres y el mercado laboral no discrimine a la mitad de sus trabadores por el hecho de pertenecer a un género. Por lo tanto apostamos por: 1. Un crecimiento económico que incorpora la igualdad y por lo tanto cuenta con las muje-res y con toda la población.

En estos momentos es imprescindible situar la creación de empleo y el crecimiento en el centro de las prioridades políticas, y diseñar una Estrategia Global de Recuperación capaz de reducir el déficit y crear nuevas bases para una reactivación económica que impulse la creación de empleo de calidad.

El primer objetivo de esta Estrategia es fomentar el crecimiento económico, y que dicho creci-miento sea sostenido y duradero, que permita planificar hacia el futuro y crear la confianza necesaria para las generaciones futuras. Equilibrado, tanto con el entorno y el medio ambiente, como en la distribución de la renta, presente y futura, y que palie los desajustes de los ciclos económicos. Integrador, que refuerce la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos (edu-cativo, laboral, social, etc.) y a lo largo de todo el ciclo vital (de la infancia a la vejez); que garantice el acceso de todos y todas en condiciones de igualdad a los servicios esenciales; a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, comprometido con las personas con discapacidad y quienes sufren riesgo de exclusión; en definitiva, comprometido con la igualdad, la diversidad y la plurali-dad.

Este modelo económico y de crecimiento debe volver a colocar el cuidado de las personas y la compatibilización con el mercado laboral en el centro de la agenda política como un elemento clave en el logro de la igualdad, a través de la redistribución familiar e institucional.

Este modelo de crecimiento debe incorporar a las mujeres, contando con sus conocimientos y capacidades, su objetivo debe ser el crecimiento económico, social y el avance de la igualdad. Se calcula que la plena incorporación de las mujeres al mercado laboral, igualando con su participa-ción las tasas de empleo de los hombres supondría un 19% de aumento del PIB español, es un mensaje claro que los y las socialistas tenemos interiorizado: no podemos dejar pasar la mitad de las potencialidades de este país, no podemos desaprovechar la mitad del talento.

Desde el PSOE defendemos vincular los avances en la igualdad entre mujeres y hombres al desarrollo de nuevos sectores impulsores del nuevo modelo productivo, donde las mujeres encuentren más oportunidades.

2.Políticas de empleo que incentiven la creación de empleo y acompañen a las mujeres en situación de desempleo.

Es fundamental reforzar las políticas activas de empleo. Su utilización intensiva y temprana puede acortar la duración de las situaciones desempleo y reducir, así, el gasto en políticas pasi-vas. De este modo, cuanto más eficientes sean las políticas activas, menor será la inversión que se demande en prestaciones o subsidios por desempleo. Y ello permitiría tener más recursos para la financiación de las propias políticas activas de empleo.

Las políticas activas de empleo han sido fundamentales para la incorporación de las mujeres al empleo, durante las últimas décadas hemos comprobado cómo la tasa de actividad femenina no ha parado de crecer: en el año 80 era de 28 puntos, en el 90 se sitúa en los 34, a principios del 2000 alcanza los 41 y diez años después, en el 2010 llega a más de 52 puntos.

Para avanzar en la incorporación de las mujeres al empleo, planteamos el impulso de las Políti-cas Activas de Empleo y, en concreto, el desarrollo de algunas iniciativas concretas, la más importante un acuerdo personal de empleo, que consiste en ofrecer a las mujeres desemplea-das, de acuerdo con sus necesidades, una hoja de ruta que defina el compromiso y las garantías que se establecen entre las mujeres desempleadas y los servicios públicos.

Otras políticas son incentivar la actividad empresarial femenina, garantizando el acceso de las mujeres al crédito. Debemos mantener las prestaciones para las personas que inicien un proyec-to de actividad por cuenta propia durante un periodo de 6 meses: se trata de que la protección por desempleo pueda servir para amortiguar la incertidumbre económica de los primeros momentos de puesta en marcha de un proyecto profesional.

Apostamos por la incorporación de las mujeres a los empleos tecnológicos, en especial a los relacionados con la concepción y desarrollo de la tecnología.

Así como la adopción de un plan de fomento de las empresas de economía social para la presta-ción de servicios de proximidad, cuidado de personas dependientes y programas de desarrollo sostenible en zonas rurales, favoreciendo el emprendimiento femenino, la capacitación, y el incremento de su afiliación a la seguridad social a través de los empleos obtenidos.

También proponemos capitalizar la prestación por desempleo para proyectos de formación y reciclaje profesional que deriven en la obtención del título de formación profesional de grado superior.

3.La igualdad en el empleo.

La necesidad de generar empleos en nuestra economía debe ser inherente a la mejora de la calidad de los mismos. Porque, siendo imprescindible elevar nuestro nivel de empleo, lo es igual-mente hacer que este sea más productivo, seguro y estable. Se trata no sólo de impulsar la crea-ción de empleo, sino de reforzar el valor del trabajo como elemento esencial de las capacidades de desarrollo económico y social del país.

En este sentido, el elevado nivel de temporalidad que caracteriza el mercado laboral español es incompatible con el necesario cambio de modelo de crecimiento y del empleo que requiere nuestra economía. Una precariedad que se refleja sobre todo en el elevado volumen relativo de trabajadores/as que poseen una relación contractual de carácter temporal (el segundo más alto de la Unión Europea), en su inmensa mayoría de forma involuntaria. Una precariedad que afecta especialmente a las mujeres, que tiene menos contratos indefinidos que los hombres y ocupan el 76% de las jornadas a tiempo parcial, en su inmensa mayoría por no haber encontrado un empleo a tiempo completo, rechazamos, así, el mito de que son ellas las que se autoexcluyen.Para avanzar en la igualdad en el empleo es urgente cumplir la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Entre sus medidas, muy importante es el desarrollo de los Planes de Igualdad en las empresas de carácter obligatorio, que deben conte-ner unos requisitos mínimos y ser evaluados de manera sistemática, a fin de valorar sus efectos en el avance de la igualdad en la empresa.

También es imprescindible la aprobación de un Plan contra la desigualdad salarial, que incorpore la actuación específica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el incremento de las sanciones a las empresas, la elaboración de auditorías, y otras actuaciones que impidan las diferencias salariales tanto en sueldos como en complementos cuando se realizan trabajos de igual valor.

Pero también, en el contexto de la Ley de Igualdad es fundamental avanzar en la incorporación de las mujeres a los Consejos de Administración de las empresas, en la línea de hacer obligatoria una cuota mínima de participación, tal como establece la propuesta legislativa de Directiva de la Comisión Europea.

Por otra parte, para corregir la desigualdad que genera el empleo a tiempo parcial, de deben establecer algunas iniciativas, tales como eliminar la posibilidad de realizar horas extraordinarias y disponer la necesidad de respetar los derechos de conciliación que se estuvieran ejerciendo por los trabajadores/as de la empresa en caso de variación de condiciones de trabajo o distribu-ción irregular de la jornada.

Otra iniciativa importante es eliminar, tal como ha fallado recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la doble contribución con la que se penaliza a las personas que trabajan a

tiempo parcial, que son, en su gran mayoría, mujeres.

4. La corresponsabilidad de la vida laboral y familiar como derecho de todos los trabajadores y trabajadoras.

No demasiada buena suerte han compartido las políticas de igualdad que tienden a correspon-sabilizar a hombres y mujeres respecto de los tiempos remunerados y de cuidados, en la línea de reforzar, como establece la Ley de Igualdad, la asunción colectiva de la maternidad. Como es bien sabido, los recortes llevados a cabo por los Gobiernos central y autonómicos han afectado severamente a las políticas de conciliación: los recortes en la Ley de Dependencia, las subidas de tasas de las escuelas infantiles, las supresión del programa Educa3 o el aplazamiento de la ampliación del permiso de paternidad son buena prueba de ello.

Es necesario que los poderes públicos vuelvan a apostar por servicios públicos de cuidados de calidad y ello por muchos motivos y de gran calado. Empezando porque el cuidado de hijos e hijas no es un tema que deba resolver cada familia según su disponibilidad de tiempo y capaci-dad económica. Es así como se genera una de las más importantes fuentes de desigualdad de oportunidades. Es más, tal como las estadísticas constatan, es en los países donde se ofrecen más y mejores infraestructuras de cuidados donde las mujeres han conseguido una indepen-dencia económica equiparable a la del hombre y donde se ha logrado luchar con éxito contra el fenómeno global de la feminización de la pobreza.

Por otro lado, la universalización de la educación de 0 a 3 años y el refuerzo de los servicios de atención a las personas dependientes atiende dos finalidades claves de las políticas de empleo: reforzar la estabilidad y la presencia en el mercado de trabajo de las mujeres con responsabilida-des familiares y promover la creación de nuevos empleos. Sin olvidar que un programa intensivo de construcción y mantenimiento de infraestructuras de cuidado ayudará a la recuperación de la actividad en el sector de la construcción. Sabemos que es un momento económico delicado, pero es ahora cuando estamos llamados a poner las bases del modelo económico del futuro.

Junto a ello, realidades como la irracionalidad de los horarios en España en casi todas las facetas de la vida cotidiana dificulta enormemente compaginar la vida personal y laboral y causa graves problemas de salud que tienen su origen en la incapacidad de las personas, especialmente las mujeres trabajadoras, de controlar el tiempo dedicado a su vida personal. De ahí que numerosos estudios recomienden la urgencia de emprender iniciativas legislativas de carácter transversal que nos encaminen hacia unos horarios de vida y de trabajo más acordes con los habidos en los países de la Unión Europea.

Una cuestión clave en este punto es el relativo a la jornada de trabajo. España es el tercer país de la Unión Europea con jornadas más largas. La cultura de trabajo de prolongación de la jornada y la irregularidad e imprevisibilidad de los horarios expulsa a las mujeres del mercado laboral o las relega al trabajo a tiempo parcial o de dedicación marginal. No hay que olvidar que el desigual reparto de las responsabilidades familiares conduce a una brecha salarial por género, pero tam-bién a una brecha de género en la jornada de trabajo, de manera que son las mujeres quienes más se acogen a los instrumentos disponibles de flexibilidad de jornada.

En esta situación, la reforma laboral de 2012 ha ahondado más en esta brecha, mediante un aumento de los poderes empresariales de variación en las condiciones de trabajo sin tener en cuenta los derechos de conciliación de la vida familiar y profesional y su relevancia constitucio-nal. Por ello, resulta cada vez más necesario repensar la organización de trabajo, de forma que se mejore la competitividad y la productividad de las empresas y a la vez los/as trabajadores/as tengan mayor autonomía en relación con el tiempo de trabajo. Las normas laborales deben fomentar un cambio de organización laboral para emplear más racionalmente el tiempo de trabajo. Para fomentar la creatividad y el talento desaprovechado de las mujeres frente a la cultura de trabajo que fomenta las jornadas extensivas y la imprevisión de los horarios. Esta cultura de trabajo está fuertemente arraigada en muchos sectores profesionales y en determi-nados puestos de trabajo como, por ejemplo, los de gestión y dirección de empresas, que se ha mantenido a lo largo del tiempo como una actividad de dominio casi exclusivamente masculino.

En nuestro país hay ejemplos en la negociación de colectiva en los que los agentes sociales han recurrido a fórmulas alternativas de tiempo de trabajo que han permitido un mejor equilibrio entre los intereses de trabajadores y empresarios. Es por ello que sería conveniente situar en el marco de la negociación colectiva este tipo de materias. En relación a la jornada de trabajo y el derecho al ejercicio de la maternidad/paternidad, las propuestas irán en las siguientes direccio-nes:

- Introducir como contenido mínimo de los convenios colectivos la regulación de un derecho individual a solicitar la adaptación de la duración y distribución de la jornada por motivos de conciliación. El objetivo es garantizar más los derechos de presencia en el trabajo, que los derechos de ausencia del mismo, mediante una fórmula abierta, que sitúe el derecho a compatibilizar las responsabilidades familiares y laborales en el centro de la negociación colectiva y que, a su vez, permita una mejor adaptación en el ejercicio de ese derecho a las características de la empresa o del sector.

- Transponer a nuestro ordenamiento la Directiva 2010/18/UE en relación con dos puntos básicos: medidas para que los/as trabajadores/as, al reincorporarse tras un permiso parental, puedan solicitar cambios en sus horarios o regímenes de trabajo durante un determinado periodo de tiempo; previsión normativa que autorice a los/as trabajadores/as a ausentarse del trabajo por motivos de fuerza mayor vinculados a asuntos familiares urgentes, en caso de enfermedad o accidentes que hagan indispen-sable la presencia inmediata del/la trabajador/a.

- Establecer horarios laborales orientados a la conciliación, y a la corresponsabilidad, a fin de que sean compatibles con la vida familiar, los tiempos educativos, y las actividades culturales, formativas y sociales de trabajadores y trabajadoras.

- Garantizar el derecho universal a la protección de la maternidad durante las 6 semanas siguientes al parto.

- Emprender iniciativas legislativas para revisar y mejorar la legislación en materia de

permisos y excedencias por cuidado de hijos e hijas y demás familiares, con el fin de evaluar los requisitos de su disfrute desde la perspectiva de la corresponsabilidad de hombres y mujeres en la asunción de las tareas de cuidado, y también de la especial protección que merecen los hogares monoparentales.

- Incrementar el permiso de paternidad, tal como estaba previsto en la Ley de igualdad y con el objetivo de equipararlo progresivamente a la duración del de maternidad.

A fin de garantizar los derechos sociales, como elementos fundamentales para conquistar la igualdad:

- Mantener la sanidad y la educación públicas, universales y de calidad, puesto que además de señas de identidad de nuestro Estado del Bienestar, constituyen una impor-tantísima fuente de renta indirecta para el conjunto de la ciudadanía.

- Impulsar las políticas de atención a las personas en situación de dependencia y el apoyo a quienes están en la pobreza con políticas de inclusión adecuadas.

-Establecer mecanismos compensatorios a las personas trabajadoras que se ocupen del cuidado de personas en situación de dependencia o menores, a fin de favorecer su parti-cipación en las pensiones del sistema contributivo de la Seguridad Social. En este punto, es fundamental recuperar la financiación de la cotización a la seguridad social de las personas cuidadoras en el sistema de atención a la dependencia.

3

el crecimiento económico y el empleo con las mujeres

LOS AVANCES

Desde que el PP ha asumido- hace poco más que un año- el Gobierno de nuestro país, las muje-res solo hemos vivido retrocesos. Jamás habíamos visto una carrera hacia atrás con semejante velocidad.

Durante los años de Democracia las mujeres españolas hemos avanzado mucho. Desde Gobier-nos y Parlamentos, junto a las organizaciones de mujeres y sociales, hemos construido institu-ciones y políticas públicas, planes de igualdad, leyes que han permitido cambiar nuestra vida cotidiana. Hemos conseguido acceder al empleo, ampliar el derecho a la conciliación, penalizar la violencia…. Ahora somos más, y estamos más presentes en el espacio público.

Habíamos diseñado un modelo para avanzar en igualdad. Creíamos que siempre iríamos hacia adelante. Hoy, sin embargo, sabemos que eso no es así y que los retrocesos en igualdad son una realidad, que pueden llevar a las mujeres más jóvenes a vivir en un mundo más desigual que el nuestro.

Gracias al compromiso del PSOE y su alianza con el movimiento de mujeres, dimos pasos impor-tantes que podríamos concretar y hacer visibles en algunas leyes y realidades;

Ley de igualdad efectiva de mujeres y hombres, con sus avances en todas las áreas de actuación pública, su apuesta por la paridad y por la igualdad en el empleo.

La Ley integral contra la violencia de género.

La Ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo.

Desarrollo normativo para proteger los derechos laborales de las mujeres y el derecho a la corresponsabilidad de trabajadores y trabajadoras.

La ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y el desarrollo del Estado del Bienestar.

Hoy sin embargo estos avances están en riesgo, puesto que el PP hace una política de involución contraria a los derechos de las mujeres. Es un retroceso de más de 30 años, que ha roto con todos los consensos que se han producido en nuestra democracia, el político, el económico, el social y el territorial, y de forma muy grave, con ese consenso de apuesta por la Igualdad.

GRAVE RETROCESO EN EL EMPLEO Y BIENESTAR.

El desempleo femenino está creciendo de manera importante en este momento, y es responsa-bilidad indiscutible de las medidas que ha adoptado el Gobierno de Rajoy. Tanto la reforma labo-ral como posteriormente los ajustes en Sanidad, Educación y Dependencia han tenido un impac-to negativo mayor en las mujeres, y los datos así lo indican. En los últimos seis meses del año pasado, 191.700 mujeres han ido al paro, frente a 80.600 hombres. Es más, el cuarto trimestre del 2012 se alcanzó el “lamentable record” en destrucción de empleo femenino, 131.000 empleos destruidos, el peor final de año para el empleo de las mujeres de toda la serie histórica.

Los recortes en derechos y servicios están haciendo que las mujeres vean limitadas sus posibili-dades para acceder o mantenerse en el empleo público, donde muchas mujeres se habían situa-do, pero también en el empleo privado, ante la imposibilidad de que la atención de las personas que necesitan cuidados, mayores, menores y personas en situación de dependencia, sea cubier-ta por el Estado.

El desmantelamiento progresivo del Estado del Bienestar –en políticas sociales, sanitarias, educativas, o de atención a la Dependencia- y la política de recortes del gobierno, eliminando servicios públicos esenciales, que afectan a la Administración Pública y a empresas que trabajan como proveedoras de servicios, perjudican doblemente a las mujeres: por un lado en estos sectores son mayoría como trabajadoras y, por otra parte, empeora la situación de todas las mujeres al tener que asumir la atención de las necesidades de cuidado de niños/as y personas mayores, resultando imposible la conciliación de la vida familiar y laboral.

Además la Reforma Laboral ha conseguido un efecto contrario al que el Gobierno decía preten-der. No sólo abarató el despido facilitando la destrucción de empleo. Ha quitado derechos a las trabajadoras, especialmente a las mujeres con responsabilidades familiares, a las que trabajan a tiempo parcial o de manera temporal, a la vez que está haciendo imposible la conciliación de la vida familiar y laboral.

La Reforma laboral ha dejado sin herramientas para la negociación colectiva a los trabajadores y trabajadoras, de manera que elimina el instrumento más importante para acordar los Planes de Igualdad en las empresas y aquellos grandes acuerdos a favor de la conciliación. Además ha extendido los despidos en el sector público (donde está el 25% del empleo femenino), y ha dejado en manos de las empresas la organización de tiempos de trabajo, jornadas, horarios, y movilidad.

Con la Reforma Laboral y el decreto de medidas de austeridad posterior desaparece la posibili-dad de las mujeres de organizar sus tiempos de lactancia, y reducción de jornada en el caso de tener a su cargo algún menor o una persona con discapacidad, además desaparecen las bonifi-caciones a las contrataciones tras la reincorporación por maternidad o cuidado tanto en mujeres que están en régimen general como en autónomas.

Y mientras tanto crece la desigualdad salarial entre mujeres y hombres, y encontramos a las

mujeres en los tramos salariales más bajos. Esta brecha salarial es una discriminación muy importante, no sólo por el hecho en sí de la desigualdad salarial, sino además porque esa desigualdad se mantiene a lo largo de la vida de las mujeres, afectando a su protección social, sus cotizaciones de desempleo y su jubilación.

Por otra parte debemos tener en cuenta que se están reduciendo las políticas de apoyo y cuida-do a las personas en situación de dependencia, menores y mayores de 65 años. El PP ha recorta-do la financiación a la dependencia, atacando a su sostenibilidad económica y provocando el desmantelamiento progresivo del sistema.

Las medidas del Gobierno en relación a la dependencia son negativas para el cuidado, para el empleo femenino, para la conciliación de la vida laboral y familiar, y para quienes se ocupan de cuidar, que al menos antes tenían una prestación y el derecho a acogerse al sistema contributivo de la Seguridad Social.

Los recortes en servicios como la atención a la dependencia y la promoción de la autonomía, la sanidad, y la educación, suponen una mayor carga de trabajo para las mujeres, dificultando sus opciones para acceder al empleo. Y a pesar de ello, en el último año más de 31.000 mujeres han creado su propia empresa, demos-trando la capacidad de superación que tienen las mujeres ante la peor de las adversidades en estos momentos: perder su empleo. Una capacidad que, sin embargo, se ve limitada por la políti-ca contra la igualdad que está llevando a cabo el PP y que es necesario cambiar, para aprovechar todo el potencial que tiene la igualdad como motor del crecimiento y la cohesión social.

ANÁLISIS Y RESPUESTAS, ANTE ESTA SITUACIÓN DESDE EL PSOE CREEMOS QUE:

España necesita avanzar, y sólo avanzaremos con equidad entre hombres y mujeres, porque cuando las mujeres avanzan, lo hace toda la sociedad. Una economía globalizada que no prescin-da de la mitad del talento y de la capacidad será una economía ventajosa donde las personas sean el centro y no un mero instrumento. Porque de esta grave crisis en la que estamos inmer-sos saldremos con las mujeres o no saldremos.

En nuestro análisis y en nuestras respuestas sabemos que debemos ir más allá de la crisis. Sin duda la situación de desventaja de las mujeres está siendo agravada por ella, pero la desigualad viene de antiguo, viene de una concepción social que situaba a las mujeres en la esfera privada y a los hombres en lo público y que no está del todo superada. Con la irrupción de las mujeres en el mercado laboral se rompió está desigualdad pero en un solo sentido, provocando una enorme sobrecarga en la vida de las mujeres, que además de atender sus responsabilidades familiares se incorporan a un mercado laboral que las sitúa en peores condiciones y con los salarios más bajos. Si hay algo que podría definir a la inmensa de la mayoría de las mujeres es el cansancio que provoca esta sobrecarga. La verdadera revolución llegará cuando consigamos incluir en la esfera económica los cuidados familiares y éstos formen parte de la vida diaria tanto de hombres como de mujeres y el mercado laboral no discrimine a la mitad de sus trabadores por el hecho de pertenecer a un género. Por lo tanto apostamos por: 1. Un crecimiento económico que incorpora la igualdad y por lo tanto cuenta con las muje-res y con toda la población.

En estos momentos es imprescindible situar la creación de empleo y el crecimiento en el centro de las prioridades políticas, y diseñar una Estrategia Global de Recuperación capaz de reducir el déficit y crear nuevas bases para una reactivación económica que impulse la creación de empleo de calidad.

El primer objetivo de esta Estrategia es fomentar el crecimiento económico, y que dicho creci-miento sea sostenido y duradero, que permita planificar hacia el futuro y crear la confianza necesaria para las generaciones futuras. Equilibrado, tanto con el entorno y el medio ambiente, como en la distribución de la renta, presente y futura, y que palie los desajustes de los ciclos económicos. Integrador, que refuerce la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos (edu-cativo, laboral, social, etc.) y a lo largo de todo el ciclo vital (de la infancia a la vejez); que garantice el acceso de todos y todas en condiciones de igualdad a los servicios esenciales; a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, comprometido con las personas con discapacidad y quienes sufren riesgo de exclusión; en definitiva, comprometido con la igualdad, la diversidad y la plurali-dad.

Este modelo económico y de crecimiento debe volver a colocar el cuidado de las personas y la compatibilización con el mercado laboral en el centro de la agenda política como un elemento clave en el logro de la igualdad, a través de la redistribución familiar e institucional.

Este modelo de crecimiento debe incorporar a las mujeres, contando con sus conocimientos y capacidades, su objetivo debe ser el crecimiento económico, social y el avance de la igualdad. Se calcula que la plena incorporación de las mujeres al mercado laboral, igualando con su participa-ción las tasas de empleo de los hombres supondría un 19% de aumento del PIB español, es un mensaje claro que los y las socialistas tenemos interiorizado: no podemos dejar pasar la mitad de las potencialidades de este país, no podemos desaprovechar la mitad del talento.

Desde el PSOE defendemos vincular los avances en la igualdad entre mujeres y hombres al desarrollo de nuevos sectores impulsores del nuevo modelo productivo, donde las mujeres encuentren más oportunidades.

2.Políticas de empleo que incentiven la creación de empleo y acompañen a las mujeres en situación de desempleo.

Es fundamental reforzar las políticas activas de empleo. Su utilización intensiva y temprana puede acortar la duración de las situaciones desempleo y reducir, así, el gasto en políticas pasi-vas. De este modo, cuanto más eficientes sean las políticas activas, menor será la inversión que se demande en prestaciones o subsidios por desempleo. Y ello permitiría tener más recursos para la financiación de las propias políticas activas de empleo.

Las políticas activas de empleo han sido fundamentales para la incorporación de las mujeres al empleo, durante las últimas décadas hemos comprobado cómo la tasa de actividad femenina no ha parado de crecer: en el año 80 era de 28 puntos, en el 90 se sitúa en los 34, a principios del 2000 alcanza los 41 y diez años después, en el 2010 llega a más de 52 puntos.

Para avanzar en la incorporación de las mujeres al empleo, planteamos el impulso de las Políti-cas Activas de Empleo y, en concreto, el desarrollo de algunas iniciativas concretas, la más importante un acuerdo personal de empleo, que consiste en ofrecer a las mujeres desemplea-das, de acuerdo con sus necesidades, una hoja de ruta que defina el compromiso y las garantías que se establecen entre las mujeres desempleadas y los servicios públicos.

Otras políticas son incentivar la actividad empresarial femenina, garantizando el acceso de las mujeres al crédito. Debemos mantener las prestaciones para las personas que inicien un proyec-to de actividad por cuenta propia durante un periodo de 6 meses: se trata de que la protección por desempleo pueda servir para amortiguar la incertidumbre económica de los primeros momentos de puesta en marcha de un proyecto profesional.

Apostamos por la incorporación de las mujeres a los empleos tecnológicos, en especial a los relacionados con la concepción y desarrollo de la tecnología.

Así como la adopción de un plan de fomento de las empresas de economía social para la presta-ción de servicios de proximidad, cuidado de personas dependientes y programas de desarrollo sostenible en zonas rurales, favoreciendo el emprendimiento femenino, la capacitación, y el incremento de su afiliación a la seguridad social a través de los empleos obtenidos.

También proponemos capitalizar la prestación por desempleo para proyectos de formación y reciclaje profesional que deriven en la obtención del título de formación profesional de grado superior.

3.La igualdad en el empleo.

La necesidad de generar empleos en nuestra economía debe ser inherente a la mejora de la calidad de los mismos. Porque, siendo imprescindible elevar nuestro nivel de empleo, lo es igual-mente hacer que este sea más productivo, seguro y estable. Se trata no sólo de impulsar la crea-ción de empleo, sino de reforzar el valor del trabajo como elemento esencial de las capacidades de desarrollo económico y social del país.

En este sentido, el elevado nivel de temporalidad que caracteriza el mercado laboral español es incompatible con el necesario cambio de modelo de crecimiento y del empleo que requiere nuestra economía. Una precariedad que se refleja sobre todo en el elevado volumen relativo de trabajadores/as que poseen una relación contractual de carácter temporal (el segundo más alto de la Unión Europea), en su inmensa mayoría de forma involuntaria. Una precariedad que afecta especialmente a las mujeres, que tiene menos contratos indefinidos que los hombres y ocupan el 76% de las jornadas a tiempo parcial, en su inmensa mayoría por no haber encontrado un empleo a tiempo completo, rechazamos, así, el mito de que son ellas las que se autoexcluyen.Para avanzar en la igualdad en el empleo es urgente cumplir la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Entre sus medidas, muy importante es el desarrollo de los Planes de Igualdad en las empresas de carácter obligatorio, que deben conte-ner unos requisitos mínimos y ser evaluados de manera sistemática, a fin de valorar sus efectos en el avance de la igualdad en la empresa.

También es imprescindible la aprobación de un Plan contra la desigualdad salarial, que incorpore la actuación específica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el incremento de las sanciones a las empresas, la elaboración de auditorías, y otras actuaciones que impidan las diferencias salariales tanto en sueldos como en complementos cuando se realizan trabajos de igual valor.

Pero también, en el contexto de la Ley de Igualdad es fundamental avanzar en la incorporación de las mujeres a los Consejos de Administración de las empresas, en la línea de hacer obligatoria una cuota mínima de participación, tal como establece la propuesta legislativa de Directiva de la Comisión Europea.

Por otra parte, para corregir la desigualdad que genera el empleo a tiempo parcial, de deben establecer algunas iniciativas, tales como eliminar la posibilidad de realizar horas extraordinarias y disponer la necesidad de respetar los derechos de conciliación que se estuvieran ejerciendo por los trabajadores/as de la empresa en caso de variación de condiciones de trabajo o distribu-ción irregular de la jornada.

Otra iniciativa importante es eliminar, tal como ha fallado recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la doble contribución con la que se penaliza a las personas que trabajan a

tiempo parcial, que son, en su gran mayoría, mujeres.

4. La corresponsabilidad de la vida laboral y familiar como derecho de todos los trabajadores y trabajadoras.

No demasiada buena suerte han compartido las políticas de igualdad que tienden a correspon-sabilizar a hombres y mujeres respecto de los tiempos remunerados y de cuidados, en la línea de reforzar, como establece la Ley de Igualdad, la asunción colectiva de la maternidad. Como es bien sabido, los recortes llevados a cabo por los Gobiernos central y autonómicos han afectado severamente a las políticas de conciliación: los recortes en la Ley de Dependencia, las subidas de tasas de las escuelas infantiles, las supresión del programa Educa3 o el aplazamiento de la ampliación del permiso de paternidad son buena prueba de ello.

Es necesario que los poderes públicos vuelvan a apostar por servicios públicos de cuidados de calidad y ello por muchos motivos y de gran calado. Empezando porque el cuidado de hijos e hijas no es un tema que deba resolver cada familia según su disponibilidad de tiempo y capaci-dad económica. Es así como se genera una de las más importantes fuentes de desigualdad de oportunidades. Es más, tal como las estadísticas constatan, es en los países donde se ofrecen más y mejores infraestructuras de cuidados donde las mujeres han conseguido una indepen-dencia económica equiparable a la del hombre y donde se ha logrado luchar con éxito contra el fenómeno global de la feminización de la pobreza.

Por otro lado, la universalización de la educación de 0 a 3 años y el refuerzo de los servicios de atención a las personas dependientes atiende dos finalidades claves de las políticas de empleo: reforzar la estabilidad y la presencia en el mercado de trabajo de las mujeres con responsabilida-des familiares y promover la creación de nuevos empleos. Sin olvidar que un programa intensivo de construcción y mantenimiento de infraestructuras de cuidado ayudará a la recuperación de la actividad en el sector de la construcción. Sabemos que es un momento económico delicado, pero es ahora cuando estamos llamados a poner las bases del modelo económico del futuro.

Junto a ello, realidades como la irracionalidad de los horarios en España en casi todas las facetas de la vida cotidiana dificulta enormemente compaginar la vida personal y laboral y causa graves problemas de salud que tienen su origen en la incapacidad de las personas, especialmente las mujeres trabajadoras, de controlar el tiempo dedicado a su vida personal. De ahí que numerosos estudios recomienden la urgencia de emprender iniciativas legislativas de carácter transversal que nos encaminen hacia unos horarios de vida y de trabajo más acordes con los habidos en los países de la Unión Europea.

Una cuestión clave en este punto es el relativo a la jornada de trabajo. España es el tercer país de la Unión Europea con jornadas más largas. La cultura de trabajo de prolongación de la jornada y la irregularidad e imprevisibilidad de los horarios expulsa a las mujeres del mercado laboral o las relega al trabajo a tiempo parcial o de dedicación marginal. No hay que olvidar que el desigual reparto de las responsabilidades familiares conduce a una brecha salarial por género, pero tam-bién a una brecha de género en la jornada de trabajo, de manera que son las mujeres quienes más se acogen a los instrumentos disponibles de flexibilidad de jornada.

En esta situación, la reforma laboral de 2012 ha ahondado más en esta brecha, mediante un aumento de los poderes empresariales de variación en las condiciones de trabajo sin tener en cuenta los derechos de conciliación de la vida familiar y profesional y su relevancia constitucio-nal. Por ello, resulta cada vez más necesario repensar la organización de trabajo, de forma que se mejore la competitividad y la productividad de las empresas y a la vez los/as trabajadores/as tengan mayor autonomía en relación con el tiempo de trabajo. Las normas laborales deben fomentar un cambio de organización laboral para emplear más racionalmente el tiempo de trabajo. Para fomentar la creatividad y el talento desaprovechado de las mujeres frente a la cultura de trabajo que fomenta las jornadas extensivas y la imprevisión de los horarios. Esta cultura de trabajo está fuertemente arraigada en muchos sectores profesionales y en determi-nados puestos de trabajo como, por ejemplo, los de gestión y dirección de empresas, que se ha mantenido a lo largo del tiempo como una actividad de dominio casi exclusivamente masculino.

En nuestro país hay ejemplos en la negociación de colectiva en los que los agentes sociales han recurrido a fórmulas alternativas de tiempo de trabajo que han permitido un mejor equilibrio entre los intereses de trabajadores y empresarios. Es por ello que sería conveniente situar en el marco de la negociación colectiva este tipo de materias. En relación a la jornada de trabajo y el derecho al ejercicio de la maternidad/paternidad, las propuestas irán en las siguientes direccio-nes:

- Introducir como contenido mínimo de los convenios colectivos la regulación de un derecho individual a solicitar la adaptación de la duración y distribución de la jornada por motivos de conciliación. El objetivo es garantizar más los derechos de presencia en el trabajo, que los derechos de ausencia del mismo, mediante una fórmula abierta, que sitúe el derecho a compatibilizar las responsabilidades familiares y laborales en el centro de la negociación colectiva y que, a su vez, permita una mejor adaptación en el ejercicio de ese derecho a las características de la empresa o del sector.

- Transponer a nuestro ordenamiento la Directiva 2010/18/UE en relación con dos puntos básicos: medidas para que los/as trabajadores/as, al reincorporarse tras un permiso parental, puedan solicitar cambios en sus horarios o regímenes de trabajo durante un determinado periodo de tiempo; previsión normativa que autorice a los/as trabajadores/as a ausentarse del trabajo por motivos de fuerza mayor vinculados a asuntos familiares urgentes, en caso de enfermedad o accidentes que hagan indispen-sable la presencia inmediata del/la trabajador/a.

- Establecer horarios laborales orientados a la conciliación, y a la corresponsabilidad, a fin de que sean compatibles con la vida familiar, los tiempos educativos, y las actividades culturales, formativas y sociales de trabajadores y trabajadoras.

- Garantizar el derecho universal a la protección de la maternidad durante las 6 semanas siguientes al parto.

- Emprender iniciativas legislativas para revisar y mejorar la legislación en materia de

permisos y excedencias por cuidado de hijos e hijas y demás familiares, con el fin de evaluar los requisitos de su disfrute desde la perspectiva de la corresponsabilidad de hombres y mujeres en la asunción de las tareas de cuidado, y también de la especial protección que merecen los hogares monoparentales.

- Incrementar el permiso de paternidad, tal como estaba previsto en la Ley de igualdad y con el objetivo de equipararlo progresivamente a la duración del de maternidad.

A fin de garantizar los derechos sociales, como elementos fundamentales para conquistar la igualdad:

- Mantener la sanidad y la educación públicas, universales y de calidad, puesto que además de señas de identidad de nuestro Estado del Bienestar, constituyen una impor-tantísima fuente de renta indirecta para el conjunto de la ciudadanía.

- Impulsar las políticas de atención a las personas en situación de dependencia y el apoyo a quienes están en la pobreza con políticas de inclusión adecuadas.

-Establecer mecanismos compensatorios a las personas trabajadoras que se ocupen del cuidado de personas en situación de dependencia o menores, a fin de favorecer su parti-cipación en las pensiones del sistema contributivo de la Seguridad Social. En este punto, es fundamental recuperar la financiación de la cotización a la seguridad social de las personas cuidadoras en el sistema de atención a la dependencia.

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el crecimiento económico y el empleo con las mujeres

LOS AVANCES

Desde que el PP ha asumido- hace poco más que un año- el Gobierno de nuestro país, las muje-res solo hemos vivido retrocesos. Jamás habíamos visto una carrera hacia atrás con semejante velocidad.

Durante los años de Democracia las mujeres españolas hemos avanzado mucho. Desde Gobier-nos y Parlamentos, junto a las organizaciones de mujeres y sociales, hemos construido institu-ciones y políticas públicas, planes de igualdad, leyes que han permitido cambiar nuestra vida cotidiana. Hemos conseguido acceder al empleo, ampliar el derecho a la conciliación, penalizar la violencia…. Ahora somos más, y estamos más presentes en el espacio público.

Habíamos diseñado un modelo para avanzar en igualdad. Creíamos que siempre iríamos hacia adelante. Hoy, sin embargo, sabemos que eso no es así y que los retrocesos en igualdad son una realidad, que pueden llevar a las mujeres más jóvenes a vivir en un mundo más desigual que el nuestro.

Gracias al compromiso del PSOE y su alianza con el movimiento de mujeres, dimos pasos impor-tantes que podríamos concretar y hacer visibles en algunas leyes y realidades;

Ley de igualdad efectiva de mujeres y hombres, con sus avances en todas las áreas de actuación pública, su apuesta por la paridad y por la igualdad en el empleo.

La Ley integral contra la violencia de género.

La Ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo.

Desarrollo normativo para proteger los derechos laborales de las mujeres y el derecho a la corresponsabilidad de trabajadores y trabajadoras.

La ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y el desarrollo del Estado del Bienestar.

Hoy sin embargo estos avances están en riesgo, puesto que el PP hace una política de involución contraria a los derechos de las mujeres. Es un retroceso de más de 30 años, que ha roto con todos los consensos que se han producido en nuestra democracia, el político, el económico, el social y el territorial, y de forma muy grave, con ese consenso de apuesta por la Igualdad.

GRAVE RETROCESO EN EL EMPLEO Y BIENESTAR.

El desempleo femenino está creciendo de manera importante en este momento, y es responsa-bilidad indiscutible de las medidas que ha adoptado el Gobierno de Rajoy. Tanto la reforma labo-ral como posteriormente los ajustes en Sanidad, Educación y Dependencia han tenido un impac-to negativo mayor en las mujeres, y los datos así lo indican. En los últimos seis meses del año pasado, 191.700 mujeres han ido al paro, frente a 80.600 hombres. Es más, el cuarto trimestre del 2012 se alcanzó el “lamentable record” en destrucción de empleo femenino, 131.000 empleos destruidos, el peor final de año para el empleo de las mujeres de toda la serie histórica.

Los recortes en derechos y servicios están haciendo que las mujeres vean limitadas sus posibili-dades para acceder o mantenerse en el empleo público, donde muchas mujeres se habían situa-do, pero también en el empleo privado, ante la imposibilidad de que la atención de las personas que necesitan cuidados, mayores, menores y personas en situación de dependencia, sea cubier-ta por el Estado.

El desmantelamiento progresivo del Estado del Bienestar –en políticas sociales, sanitarias, educativas, o de atención a la Dependencia- y la política de recortes del gobierno, eliminando servicios públicos esenciales, que afectan a la Administración Pública y a empresas que trabajan como proveedoras de servicios, perjudican doblemente a las mujeres: por un lado en estos sectores son mayoría como trabajadoras y, por otra parte, empeora la situación de todas las mujeres al tener que asumir la atención de las necesidades de cuidado de niños/as y personas mayores, resultando imposible la conciliación de la vida familiar y laboral.

Además la Reforma Laboral ha conseguido un efecto contrario al que el Gobierno decía preten-der. No sólo abarató el despido facilitando la destrucción de empleo. Ha quitado derechos a las trabajadoras, especialmente a las mujeres con responsabilidades familiares, a las que trabajan a tiempo parcial o de manera temporal, a la vez que está haciendo imposible la conciliación de la vida familiar y laboral.

La Reforma laboral ha dejado sin herramientas para la negociación colectiva a los trabajadores y trabajadoras, de manera que elimina el instrumento más importante para acordar los Planes de Igualdad en las empresas y aquellos grandes acuerdos a favor de la conciliación. Además ha extendido los despidos en el sector público (donde está el 25% del empleo femenino), y ha dejado en manos de las empresas la organización de tiempos de trabajo, jornadas, horarios, y movilidad.

Con la Reforma Laboral y el decreto de medidas de austeridad posterior desaparece la posibili-dad de las mujeres de organizar sus tiempos de lactancia, y reducción de jornada en el caso de tener a su cargo algún menor o una persona con discapacidad, además desaparecen las bonifi-caciones a las contrataciones tras la reincorporación por maternidad o cuidado tanto en mujeres que están en régimen general como en autónomas.

Y mientras tanto crece la desigualdad salarial entre mujeres y hombres, y encontramos a las

mujeres en los tramos salariales más bajos. Esta brecha salarial es una discriminación muy importante, no sólo por el hecho en sí de la desigualdad salarial, sino además porque esa desigualdad se mantiene a lo largo de la vida de las mujeres, afectando a su protección social, sus cotizaciones de desempleo y su jubilación.

Por otra parte debemos tener en cuenta que se están reduciendo las políticas de apoyo y cuida-do a las personas en situación de dependencia, menores y mayores de 65 años. El PP ha recorta-do la financiación a la dependencia, atacando a su sostenibilidad económica y provocando el desmantelamiento progresivo del sistema.

Las medidas del Gobierno en relación a la dependencia son negativas para el cuidado, para el empleo femenino, para la conciliación de la vida laboral y familiar, y para quienes se ocupan de cuidar, que al menos antes tenían una prestación y el derecho a acogerse al sistema contributivo de la Seguridad Social.

Los recortes en servicios como la atención a la dependencia y la promoción de la autonomía, la sanidad, y la educación, suponen una mayor carga de trabajo para las mujeres, dificultando sus opciones para acceder al empleo. Y a pesar de ello, en el último año más de 31.000 mujeres han creado su propia empresa, demos-trando la capacidad de superación que tienen las mujeres ante la peor de las adversidades en estos momentos: perder su empleo. Una capacidad que, sin embargo, se ve limitada por la políti-ca contra la igualdad que está llevando a cabo el PP y que es necesario cambiar, para aprovechar todo el potencial que tiene la igualdad como motor del crecimiento y la cohesión social.

ANÁLISIS Y RESPUESTAS, ANTE ESTA SITUACIÓN DESDE EL PSOE CREEMOS QUE:

España necesita avanzar, y sólo avanzaremos con equidad entre hombres y mujeres, porque cuando las mujeres avanzan, lo hace toda la sociedad. Una economía globalizada que no prescin-da de la mitad del talento y de la capacidad será una economía ventajosa donde las personas sean el centro y no un mero instrumento. Porque de esta grave crisis en la que estamos inmer-sos saldremos con las mujeres o no saldremos.

En nuestro análisis y en nuestras respuestas sabemos que debemos ir más allá de la crisis. Sin duda la situación de desventaja de las mujeres está siendo agravada por ella, pero la desigualad viene de antiguo, viene de una concepción social que situaba a las mujeres en la esfera privada y a los hombres en lo público y que no está del todo superada. Con la irrupción de las mujeres en el mercado laboral se rompió está desigualdad pero en un solo sentido, provocando una enorme sobrecarga en la vida de las mujeres, que además de atender sus responsabilidades familiares se incorporan a un mercado laboral que las sitúa en peores condiciones y con los salarios más bajos. Si hay algo que podría definir a la inmensa de la mayoría de las mujeres es el cansancio que provoca esta sobrecarga. La verdadera revolución llegará cuando consigamos incluir en la esfera económica los cuidados familiares y éstos formen parte de la vida diaria tanto de hombres como de mujeres y el mercado laboral no discrimine a la mitad de sus trabadores por el hecho de pertenecer a un género. Por lo tanto apostamos por: 1. Un crecimiento económico que incorpora la igualdad y por lo tanto cuenta con las muje-res y con toda la población.

En estos momentos es imprescindible situar la creación de empleo y el crecimiento en el centro de las prioridades políticas, y diseñar una Estrategia Global de Recuperación capaz de reducir el déficit y crear nuevas bases para una reactivación económica que impulse la creación de empleo de calidad.

El primer objetivo de esta Estrategia es fomentar el crecimiento económico, y que dicho creci-miento sea sostenido y duradero, que permita planificar hacia el futuro y crear la confianza necesaria para las generaciones futuras. Equilibrado, tanto con el entorno y el medio ambiente, como en la distribución de la renta, presente y futura, y que palie los desajustes de los ciclos económicos. Integrador, que refuerce la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos (edu-cativo, laboral, social, etc.) y a lo largo de todo el ciclo vital (de la infancia a la vejez); que garantice el acceso de todos y todas en condiciones de igualdad a los servicios esenciales; a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, comprometido con las personas con discapacidad y quienes sufren riesgo de exclusión; en definitiva, comprometido con la igualdad, la diversidad y la plurali-dad.

Este modelo económico y de crecimiento debe volver a colocar el cuidado de las personas y la compatibilización con el mercado laboral en el centro de la agenda política como un elemento clave en el logro de la igualdad, a través de la redistribución familiar e institucional.

Este modelo de crecimiento debe incorporar a las mujeres, contando con sus conocimientos y capacidades, su objetivo debe ser el crecimiento económico, social y el avance de la igualdad. Se calcula que la plena incorporación de las mujeres al mercado laboral, igualando con su participa-ción las tasas de empleo de los hombres supondría un 19% de aumento del PIB español, es un mensaje claro que los y las socialistas tenemos interiorizado: no podemos dejar pasar la mitad de las potencialidades de este país, no podemos desaprovechar la mitad del talento.

Desde el PSOE defendemos vincular los avances en la igualdad entre mujeres y hombres al desarrollo de nuevos sectores impulsores del nuevo modelo productivo, donde las mujeres encuentren más oportunidades.

2.Políticas de empleo que incentiven la creación de empleo y acompañen a las mujeres en situación de desempleo.

Es fundamental reforzar las políticas activas de empleo. Su utilización intensiva y temprana puede acortar la duración de las situaciones desempleo y reducir, así, el gasto en políticas pasi-vas. De este modo, cuanto más eficientes sean las políticas activas, menor será la inversión que se demande en prestaciones o subsidios por desempleo. Y ello permitiría tener más recursos para la financiación de las propias políticas activas de empleo.

Las políticas activas de empleo han sido fundamentales para la incorporación de las mujeres al empleo, durante las últimas décadas hemos comprobado cómo la tasa de actividad femenina no ha parado de crecer: en el año 80 era de 28 puntos, en el 90 se sitúa en los 34, a principios del 2000 alcanza los 41 y diez años después, en el 2010 llega a más de 52 puntos.

Para avanzar en la incorporación de las mujeres al empleo, planteamos el impulso de las Políti-cas Activas de Empleo y, en concreto, el desarrollo de algunas iniciativas concretas, la más importante un acuerdo personal de empleo, que consiste en ofrecer a las mujeres desemplea-das, de acuerdo con sus necesidades, una hoja de ruta que defina el compromiso y las garantías que se establecen entre las mujeres desempleadas y los servicios públicos.

Otras políticas son incentivar la actividad empresarial femenina, garantizando el acceso de las mujeres al crédito. Debemos mantener las prestaciones para las personas que inicien un proyec-to de actividad por cuenta propia durante un periodo de 6 meses: se trata de que la protección por desempleo pueda servir para amortiguar la incertidumbre económica de los primeros momentos de puesta en marcha de un proyecto profesional.

Apostamos por la incorporación de las mujeres a los empleos tecnológicos, en especial a los relacionados con la concepción y desarrollo de la tecnología.

Así como la adopción de un plan de fomento de las empresas de economía social para la presta-ción de servicios de proximidad, cuidado de personas dependientes y programas de desarrollo sostenible en zonas rurales, favoreciendo el emprendimiento femenino, la capacitación, y el incremento de su afiliación a la seguridad social a través de los empleos obtenidos.

También proponemos capitalizar la prestación por desempleo para proyectos de formación y reciclaje profesional que deriven en la obtención del título de formación profesional de grado superior.

3.La igualdad en el empleo.

La necesidad de generar empleos en nuestra economía debe ser inherente a la mejora de la calidad de los mismos. Porque, siendo imprescindible elevar nuestro nivel de empleo, lo es igual-mente hacer que este sea más productivo, seguro y estable. Se trata no sólo de impulsar la crea-ción de empleo, sino de reforzar el valor del trabajo como elemento esencial de las capacidades de desarrollo económico y social del país.

En este sentido, el elevado nivel de temporalidad que caracteriza el mercado laboral español es incompatible con el necesario cambio de modelo de crecimiento y del empleo que requiere nuestra economía. Una precariedad que se refleja sobre todo en el elevado volumen relativo de trabajadores/as que poseen una relación contractual de carácter temporal (el segundo más alto de la Unión Europea), en su inmensa mayoría de forma involuntaria. Una precariedad que afecta especialmente a las mujeres, que tiene menos contratos indefinidos que los hombres y ocupan el 76% de las jornadas a tiempo parcial, en su inmensa mayoría por no haber encontrado un empleo a tiempo completo, rechazamos, así, el mito de que son ellas las que se autoexcluyen.Para avanzar en la igualdad en el empleo es urgente cumplir la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Entre sus medidas, muy importante es el desarrollo de los Planes de Igualdad en las empresas de carácter obligatorio, que deben conte-ner unos requisitos mínimos y ser evaluados de manera sistemática, a fin de valorar sus efectos en el avance de la igualdad en la empresa.

También es imprescindible la aprobación de un Plan contra la desigualdad salarial, que incorpore la actuación específica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el incremento de las sanciones a las empresas, la elaboración de auditorías, y otras actuaciones que impidan las diferencias salariales tanto en sueldos como en complementos cuando se realizan trabajos de igual valor.

Pero también, en el contexto de la Ley de Igualdad es fundamental avanzar en la incorporación de las mujeres a los Consejos de Administración de las empresas, en la línea de hacer obligatoria una cuota mínima de participación, tal como establece la propuesta legislativa de Directiva de la Comisión Europea.

Por otra parte, para corregir la desigualdad que genera el empleo a tiempo parcial, de deben establecer algunas iniciativas, tales como eliminar la posibilidad de realizar horas extraordinarias y disponer la necesidad de respetar los derechos de conciliación que se estuvieran ejerciendo por los trabajadores/as de la empresa en caso de variación de condiciones de trabajo o distribu-ción irregular de la jornada.

Otra iniciativa importante es eliminar, tal como ha fallado recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la doble contribución con la que se penaliza a las personas que trabajan a

tiempo parcial, que son, en su gran mayoría, mujeres.

4. La corresponsabilidad de la vida laboral y familiar como derecho de todos los trabajadores y trabajadoras.

No demasiada buena suerte han compartido las políticas de igualdad que tienden a correspon-sabilizar a hombres y mujeres respecto de los tiempos remunerados y de cuidados, en la línea de reforzar, como establece la Ley de Igualdad, la asunción colectiva de la maternidad. Como es bien sabido, los recortes llevados a cabo por los Gobiernos central y autonómicos han afectado severamente a las políticas de conciliación: los recortes en la Ley de Dependencia, las subidas de tasas de las escuelas infantiles, las supresión del programa Educa3 o el aplazamiento de la ampliación del permiso de paternidad son buena prueba de ello.

Es necesario que los poderes públicos vuelvan a apostar por servicios públicos de cuidados de calidad y ello por muchos motivos y de gran calado. Empezando porque el cuidado de hijos e hijas no es un tema que deba resolver cada familia según su disponibilidad de tiempo y capaci-dad económica. Es así como se genera una de las más importantes fuentes de desigualdad de oportunidades. Es más, tal como las estadísticas constatan, es en los países donde se ofrecen más y mejores infraestructuras de cuidados donde las mujeres han conseguido una indepen-dencia económica equiparable a la del hombre y donde se ha logrado luchar con éxito contra el fenómeno global de la feminización de la pobreza.

Por otro lado, la universalización de la educación de 0 a 3 años y el refuerzo de los servicios de atención a las personas dependientes atiende dos finalidades claves de las políticas de empleo: reforzar la estabilidad y la presencia en el mercado de trabajo de las mujeres con responsabilida-des familiares y promover la creación de nuevos empleos. Sin olvidar que un programa intensivo de construcción y mantenimiento de infraestructuras de cuidado ayudará a la recuperación de la actividad en el sector de la construcción. Sabemos que es un momento económico delicado, pero es ahora cuando estamos llamados a poner las bases del modelo económico del futuro.

Junto a ello, realidades como la irracionalidad de los horarios en España en casi todas las facetas de la vida cotidiana dificulta enormemente compaginar la vida personal y laboral y causa graves problemas de salud que tienen su origen en la incapacidad de las personas, especialmente las mujeres trabajadoras, de controlar el tiempo dedicado a su vida personal. De ahí que numerosos estudios recomienden la urgencia de emprender iniciativas legislativas de carácter transversal que nos encaminen hacia unos horarios de vida y de trabajo más acordes con los habidos en los países de la Unión Europea.

Una cuestión clave en este punto es el relativo a la jornada de trabajo. España es el tercer país de la Unión Europea con jornadas más largas. La cultura de trabajo de prolongación de la jornada y la irregularidad e imprevisibilidad de los horarios expulsa a las mujeres del mercado laboral o las relega al trabajo a tiempo parcial o de dedicación marginal. No hay que olvidar que el desigual reparto de las responsabilidades familiares conduce a una brecha salarial por género, pero tam-bién a una brecha de género en la jornada de trabajo, de manera que son las mujeres quienes más se acogen a los instrumentos disponibles de flexibilidad de jornada.

En esta situación, la reforma laboral de 2012 ha ahondado más en esta brecha, mediante un aumento de los poderes empresariales de variación en las condiciones de trabajo sin tener en cuenta los derechos de conciliación de la vida familiar y profesional y su relevancia constitucio-nal. Por ello, resulta cada vez más necesario repensar la organización de trabajo, de forma que se mejore la competitividad y la productividad de las empresas y a la vez los/as trabajadores/as tengan mayor autonomía en relación con el tiempo de trabajo. Las normas laborales deben fomentar un cambio de organización laboral para emplear más racionalmente el tiempo de trabajo. Para fomentar la creatividad y el talento desaprovechado de las mujeres frente a la cultura de trabajo que fomenta las jornadas extensivas y la imprevisión de los horarios. Esta cultura de trabajo está fuertemente arraigada en muchos sectores profesionales y en determi-nados puestos de trabajo como, por ejemplo, los de gestión y dirección de empresas, que se ha mantenido a lo largo del tiempo como una actividad de dominio casi exclusivamente masculino.

En nuestro país hay ejemplos en la negociación de colectiva en los que los agentes sociales han recurrido a fórmulas alternativas de tiempo de trabajo que han permitido un mejor equilibrio entre los intereses de trabajadores y empresarios. Es por ello que sería conveniente situar en el marco de la negociación colectiva este tipo de materias. En relación a la jornada de trabajo y el derecho al ejercicio de la maternidad/paternidad, las propuestas irán en las siguientes direccio-nes:

- Introducir como contenido mínimo de los convenios colectivos la regulación de un derecho individual a solicitar la adaptación de la duración y distribución de la jornada por motivos de conciliación. El objetivo es garantizar más los derechos de presencia en el trabajo, que los derechos de ausencia del mismo, mediante una fórmula abierta, que sitúe el derecho a compatibilizar las responsabilidades familiares y laborales en el centro de la negociación colectiva y que, a su vez, permita una mejor adaptación en el ejercicio de ese derecho a las características de la empresa o del sector.

- Transponer a nuestro ordenamiento la Directiva 2010/18/UE en relación con dos puntos básicos: medidas para que los/as trabajadores/as, al reincorporarse tras un permiso parental, puedan solicitar cambios en sus horarios o regímenes de trabajo durante un determinado periodo de tiempo; previsión normativa que autorice a los/as trabajadores/as a ausentarse del trabajo por motivos de fuerza mayor vinculados a asuntos familiares urgentes, en caso de enfermedad o accidentes que hagan indispen-sable la presencia inmediata del/la trabajador/a.

- Establecer horarios laborales orientados a la conciliación, y a la corresponsabilidad, a fin de que sean compatibles con la vida familiar, los tiempos educativos, y las actividades culturales, formativas y sociales de trabajadores y trabajadoras.

- Garantizar el derecho universal a la protección de la maternidad durante las 6 semanas siguientes al parto.

- Emprender iniciativas legislativas para revisar y mejorar la legislación en materia de

permisos y excedencias por cuidado de hijos e hijas y demás familiares, con el fin de evaluar los requisitos de su disfrute desde la perspectiva de la corresponsabilidad de hombres y mujeres en la asunción de las tareas de cuidado, y también de la especial protección que merecen los hogares monoparentales.

- Incrementar el permiso de paternidad, tal como estaba previsto en la Ley de igualdad y con el objetivo de equipararlo progresivamente a la duración del de maternidad.

A fin de garantizar los derechos sociales, como elementos fundamentales para conquistar la igualdad:

- Mantener la sanidad y la educación públicas, universales y de calidad, puesto que además de señas de identidad de nuestro Estado del Bienestar, constituyen una impor-tantísima fuente de renta indirecta para el conjunto de la ciudadanía.

- Impulsar las políticas de atención a las personas en situación de dependencia y el apoyo a quienes están en la pobreza con políticas de inclusión adecuadas.

-Establecer mecanismos compensatorios a las personas trabajadoras que se ocupen del cuidado de personas en situación de dependencia o menores, a fin de favorecer su parti-cipación en las pensiones del sistema contributivo de la Seguridad Social. En este punto, es fundamental recuperar la financiación de la cotización a la seguridad social de las personas cuidadoras en el sistema de atención a la dependencia.

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el crecimiento económico y el empleo con las mujeres

LOS AVANCES

Desde que el PP ha asumido- hace poco más que un año- el Gobierno de nuestro país, las muje-res solo hemos vivido retrocesos. Jamás habíamos visto una carrera hacia atrás con semejante velocidad.

Durante los años de Democracia las mujeres españolas hemos avanzado mucho. Desde Gobier-nos y Parlamentos, junto a las organizaciones de mujeres y sociales, hemos construido institu-ciones y políticas públicas, planes de igualdad, leyes que han permitido cambiar nuestra vida cotidiana. Hemos conseguido acceder al empleo, ampliar el derecho a la conciliación, penalizar la violencia…. Ahora somos más, y estamos más presentes en el espacio público.

Habíamos diseñado un modelo para avanzar en igualdad. Creíamos que siempre iríamos hacia adelante. Hoy, sin embargo, sabemos que eso no es así y que los retrocesos en igualdad son una realidad, que pueden llevar a las mujeres más jóvenes a vivir en un mundo más desigual que el nuestro.

Gracias al compromiso del PSOE y su alianza con el movimiento de mujeres, dimos pasos impor-tantes que podríamos concretar y hacer visibles en algunas leyes y realidades;

Ley de igualdad efectiva de mujeres y hombres, con sus avances en todas las áreas de actuación pública, su apuesta por la paridad y por la igualdad en el empleo.

La Ley integral contra la violencia de género.

La Ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo.

Desarrollo normativo para proteger los derechos laborales de las mujeres y el derecho a la corresponsabilidad de trabajadores y trabajadoras.

La ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y el desarrollo del Estado del Bienestar.

Hoy sin embargo estos avances están en riesgo, puesto que el PP hace una política de involución contraria a los derechos de las mujeres. Es un retroceso de más de 30 años, que ha roto con todos los consensos que se han producido en nuestra democracia, el político, el económico, el social y el territorial, y de forma muy grave, con ese consenso de apuesta por la Igualdad.

GRAVE RETROCESO EN EL EMPLEO Y BIENESTAR.

El desempleo femenino está creciendo de manera importante en este momento, y es responsa-bilidad indiscutible de las medidas que ha adoptado el Gobierno de Rajoy. Tanto la reforma labo-ral como posteriormente los ajustes en Sanidad, Educación y Dependencia han tenido un impac-to negativo mayor en las mujeres, y los datos así lo indican. En los últimos seis meses del año pasado, 191.700 mujeres han ido al paro, frente a 80.600 hombres. Es más, el cuarto trimestre del 2012 se alcanzó el “lamentable record” en destrucción de empleo femenino, 131.000 empleos destruidos, el peor final de año para el empleo de las mujeres de toda la serie histórica.

Los recortes en derechos y servicios están haciendo que las mujeres vean limitadas sus posibili-dades para acceder o mantenerse en el empleo público, donde muchas mujeres se habían situa-do, pero también en el empleo privado, ante la imposibilidad de que la atención de las personas que necesitan cuidados, mayores, menores y personas en situación de dependencia, sea cubier-ta por el Estado.

El desmantelamiento progresivo del Estado del Bienestar –en políticas sociales, sanitarias, educativas, o de atención a la Dependencia- y la política de recortes del gobierno, eliminando servicios públicos esenciales, que afectan a la Administración Pública y a empresas que trabajan como proveedoras de servicios, perjudican doblemente a las mujeres: por un lado en estos sectores son mayoría como trabajadoras y, por otra parte, empeora la situación de todas las mujeres al tener que asumir la atención de las necesidades de cuidado de niños/as y personas mayores, resultando imposible la conciliación de la vida familiar y laboral.

Además la Reforma Laboral ha conseguido un efecto contrario al que el Gobierno decía preten-der. No sólo abarató el despido facilitando la destrucción de empleo. Ha quitado derechos a las trabajadoras, especialmente a las mujeres con responsabilidades familiares, a las que trabajan a tiempo parcial o de manera temporal, a la vez que está haciendo imposible la conciliación de la vida familiar y laboral.

La Reforma laboral ha dejado sin herramientas para la negociación colectiva a los trabajadores y trabajadoras, de manera que elimina el instrumento más importante para acordar los Planes de Igualdad en las empresas y aquellos grandes acuerdos a favor de la conciliación. Además ha extendido los despidos en el sector público (donde está el 25% del empleo femenino), y ha dejado en manos de las empresas la organización de tiempos de trabajo, jornadas, horarios, y movilidad.

Con la Reforma Laboral y el decreto de medidas de austeridad posterior desaparece la posibili-dad de las mujeres de organizar sus tiempos de lactancia, y reducción de jornada en el caso de tener a su cargo algún menor o una persona con discapacidad, además desaparecen las bonifi-caciones a las contrataciones tras la reincorporación por maternidad o cuidado tanto en mujeres que están en régimen general como en autónomas.

Y mientras tanto crece la desigualdad salarial entre mujeres y hombres, y encontramos a las

mujeres en los tramos salariales más bajos. Esta brecha salarial es una discriminación muy importante, no sólo por el hecho en sí de la desigualdad salarial, sino además porque esa desigualdad se mantiene a lo largo de la vida de las mujeres, afectando a su protección social, sus cotizaciones de desempleo y su jubilación.

Por otra parte debemos tener en cuenta que se están reduciendo las políticas de apoyo y cuida-do a las personas en situación de dependencia, menores y mayores de 65 años. El PP ha recorta-do la financiación a la dependencia, atacando a su sostenibilidad económica y provocando el desmantelamiento progresivo del sistema.

Las medidas del Gobierno en relación a la dependencia son negativas para el cuidado, para el empleo femenino, para la conciliación de la vida laboral y familiar, y para quienes se ocupan de cuidar, que al menos antes tenían una prestación y el derecho a acogerse al sistema contributivo de la Seguridad Social.

Los recortes en servicios como la atención a la dependencia y la promoción de la autonomía, la sanidad, y la educación, suponen una mayor carga de trabajo para las mujeres, dificultando sus opciones para acceder al empleo. Y a pesar de ello, en el último año más de 31.000 mujeres han creado su propia empresa, demos-trando la capacidad de superación que tienen las mujeres ante la peor de las adversidades en estos momentos: perder su empleo. Una capacidad que, sin embargo, se ve limitada por la políti-ca contra la igualdad que está llevando a cabo el PP y que es necesario cambiar, para aprovechar todo el potencial que tiene la igualdad como motor del crecimiento y la cohesión social.

ANÁLISIS Y RESPUESTAS, ANTE ESTA SITUACIÓN DESDE EL PSOE CREEMOS QUE:

España necesita avanzar, y sólo avanzaremos con equidad entre hombres y mujeres, porque cuando las mujeres avanzan, lo hace toda la sociedad. Una economía globalizada que no prescin-da de la mitad del talento y de la capacidad será una economía ventajosa donde las personas sean el centro y no un mero instrumento. Porque de esta grave crisis en la que estamos inmer-sos saldremos con las mujeres o no saldremos.

En nuestro análisis y en nuestras respuestas sabemos que debemos ir más allá de la crisis. Sin duda la situación de desventaja de las mujeres está siendo agravada por ella, pero la desigualad viene de antiguo, viene de una concepción social que situaba a las mujeres en la esfera privada y a los hombres en lo público y que no está del todo superada. Con la irrupción de las mujeres en el mercado laboral se rompió está desigualdad pero en un solo sentido, provocando una enorme sobrecarga en la vida de las mujeres, que además de atender sus responsabilidades familiares se incorporan a un mercado laboral que las sitúa en peores condiciones y con los salarios más bajos. Si hay algo que podría definir a la inmensa de la mayoría de las mujeres es el cansancio que provoca esta sobrecarga. La verdadera revolución llegará cuando consigamos incluir en la esfera económica los cuidados familiares y éstos formen parte de la vida diaria tanto de hombres como de mujeres y el mercado laboral no discrimine a la mitad de sus trabadores por el hecho de pertenecer a un género. Por lo tanto apostamos por: 1. Un crecimiento económico que incorpora la igualdad y por lo tanto cuenta con las muje-res y con toda la población.

En estos momentos es imprescindible situar la creación de empleo y el crecimiento en el centro de las prioridades políticas, y diseñar una Estrategia Global de Recuperación capaz de reducir el déficit y crear nuevas bases para una reactivación económica que impulse la creación de empleo de calidad.

El primer objetivo de esta Estrategia es fomentar el crecimiento económico, y que dicho creci-miento sea sostenido y duradero, que permita planificar hacia el futuro y crear la confianza necesaria para las generaciones futuras. Equilibrado, tanto con el entorno y el medio ambiente, como en la distribución de la renta, presente y futura, y que palie los desajustes de los ciclos económicos. Integrador, que refuerce la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos (edu-cativo, laboral, social, etc.) y a lo largo de todo el ciclo vital (de la infancia a la vejez); que garantice el acceso de todos y todas en condiciones de igualdad a los servicios esenciales; a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, comprometido con las personas con discapacidad y quienes sufren riesgo de exclusión; en definitiva, comprometido con la igualdad, la diversidad y la plurali-dad.

Este modelo económico y de crecimiento debe volver a colocar el cuidado de las personas y la compatibilización con el mercado laboral en el centro de la agenda política como un elemento clave en el logro de la igualdad, a través de la redistribución familiar e institucional.

Este modelo de crecimiento debe incorporar a las mujeres, contando con sus conocimientos y capacidades, su objetivo debe ser el crecimiento económico, social y el avance de la igualdad. Se calcula que la plena incorporación de las mujeres al mercado laboral, igualando con su participa-ción las tasas de empleo de los hombres supondría un 19% de aumento del PIB español, es un mensaje claro que los y las socialistas tenemos interiorizado: no podemos dejar pasar la mitad de las potencialidades de este país, no podemos desaprovechar la mitad del talento.

Desde el PSOE defendemos vincular los avances en la igualdad entre mujeres y hombres al desarrollo de nuevos sectores impulsores del nuevo modelo productivo, donde las mujeres encuentren más oportunidades.

2.Políticas de empleo que incentiven la creación de empleo y acompañen a las mujeres en situación de desempleo.

Es fundamental reforzar las políticas activas de empleo. Su utilización intensiva y temprana puede acortar la duración de las situaciones desempleo y reducir, así, el gasto en políticas pasi-vas. De este modo, cuanto más eficientes sean las políticas activas, menor será la inversión que se demande en prestaciones o subsidios por desempleo. Y ello permitiría tener más recursos para la financiación de las propias políticas activas de empleo.

Las políticas activas de empleo han sido fundamentales para la incorporación de las mujeres al empleo, durante las últimas décadas hemos comprobado cómo la tasa de actividad femenina no ha parado de crecer: en el año 80 era de 28 puntos, en el 90 se sitúa en los 34, a principios del 2000 alcanza los 41 y diez años después, en el 2010 llega a más de 52 puntos.

Para avanzar en la incorporación de las mujeres al empleo, planteamos el impulso de las Políti-cas Activas de Empleo y, en concreto, el desarrollo de algunas iniciativas concretas, la más importante un acuerdo personal de empleo, que consiste en ofrecer a las mujeres desemplea-das, de acuerdo con sus necesidades, una hoja de ruta que defina el compromiso y las garantías que se establecen entre las mujeres desempleadas y los servicios públicos.

Otras políticas son incentivar la actividad empresarial femenina, garantizando el acceso de las mujeres al crédito. Debemos mantener las prestaciones para las personas que inicien un proyec-to de actividad por cuenta propia durante un periodo de 6 meses: se trata de que la protección por desempleo pueda servir para amortiguar la incertidumbre económica de los primeros momentos de puesta en marcha de un proyecto profesional.

Apostamos por la incorporación de las mujeres a los empleos tecnológicos, en especial a los relacionados con la concepción y desarrollo de la tecnología.

Así como la adopción de un plan de fomento de las empresas de economía social para la presta-ción de servicios de proximidad, cuidado de personas dependientes y programas de desarrollo sostenible en zonas rurales, favoreciendo el emprendimiento femenino, la capacitación, y el incremento de su afiliación a la seguridad social a través de los empleos obtenidos.

También proponemos capitalizar la prestación por desempleo para proyectos de formación y reciclaje profesional que deriven en la obtención del título de formación profesional de grado superior.

3.La igualdad en el empleo.

La necesidad de generar empleos en nuestra economía debe ser inherente a la mejora de la calidad de los mismos. Porque, siendo imprescindible elevar nuestro nivel de empleo, lo es igual-mente hacer que este sea más productivo, seguro y estable. Se trata no sólo de impulsar la crea-ción de empleo, sino de reforzar el valor del trabajo como elemento esencial de las capacidades de desarrollo económico y social del país.

En este sentido, el elevado nivel de temporalidad que caracteriza el mercado laboral español es incompatible con el necesario cambio de modelo de crecimiento y del empleo que requiere nuestra economía. Una precariedad que se refleja sobre todo en el elevado volumen relativo de trabajadores/as que poseen una relación contractual de carácter temporal (el segundo más alto de la Unión Europea), en su inmensa mayoría de forma involuntaria. Una precariedad que afecta especialmente a las mujeres, que tiene menos contratos indefinidos que los hombres y ocupan el 76% de las jornadas a tiempo parcial, en su inmensa mayoría por no haber encontrado un empleo a tiempo completo, rechazamos, así, el mito de que son ellas las que se autoexcluyen.Para avanzar en la igualdad en el empleo es urgente cumplir la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Entre sus medidas, muy importante es el desarrollo de los Planes de Igualdad en las empresas de carácter obligatorio, que deben conte-ner unos requisitos mínimos y ser evaluados de manera sistemática, a fin de valorar sus efectos en el avance de la igualdad en la empresa.

También es imprescindible la aprobación de un Plan contra la desigualdad salarial, que incorpore la actuación específica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el incremento de las sanciones a las empresas, la elaboración de auditorías, y otras actuaciones que impidan las diferencias salariales tanto en sueldos como en complementos cuando se realizan trabajos de igual valor.

Pero también, en el contexto de la Ley de Igualdad es fundamental avanzar en la incorporación de las mujeres a los Consejos de Administración de las empresas, en la línea de hacer obligatoria una cuota mínima de participación, tal como establece la propuesta legislativa de Directiva de la Comisión Europea.

Por otra parte, para corregir la desigualdad que genera el empleo a tiempo parcial, de deben establecer algunas iniciativas, tales como eliminar la posibilidad de realizar horas extraordinarias y disponer la necesidad de respetar los derechos de conciliación que se estuvieran ejerciendo por los trabajadores/as de la empresa en caso de variación de condiciones de trabajo o distribu-ción irregular de la jornada.

Otra iniciativa importante es eliminar, tal como ha fallado recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la doble contribución con la que se penaliza a las personas que trabajan a

tiempo parcial, que son, en su gran mayoría, mujeres.

4. La corresponsabilidad de la vida laboral y familiar como derecho de todos los trabajadores y trabajadoras.

No demasiada buena suerte han compartido las políticas de igualdad que tienden a correspon-sabilizar a hombres y mujeres respecto de los tiempos remunerados y de cuidados, en la línea de reforzar, como establece la Ley de Igualdad, la asunción colectiva de la maternidad. Como es bien sabido, los recortes llevados a cabo por los Gobiernos central y autonómicos han afectado severamente a las políticas de conciliación: los recortes en la Ley de Dependencia, las subidas de tasas de las escuelas infantiles, las supresión del programa Educa3 o el aplazamiento de la ampliación del permiso de paternidad son buena prueba de ello.

Es necesario que los poderes públicos vuelvan a apostar por servicios públicos de cuidados de calidad y ello por muchos motivos y de gran calado. Empezando porque el cuidado de hijos e hijas no es un tema que deba resolver cada familia según su disponibilidad de tiempo y capaci-dad económica. Es así como se genera una de las más importantes fuentes de desigualdad de oportunidades. Es más, tal como las estadísticas constatan, es en los países donde se ofrecen más y mejores infraestructuras de cuidados donde las mujeres han conseguido una indepen-dencia económica equiparable a la del hombre y donde se ha logrado luchar con éxito contra el fenómeno global de la feminización de la pobreza.

Por otro lado, la universalización de la educación de 0 a 3 años y el refuerzo de los servicios de atención a las personas dependientes atiende dos finalidades claves de las políticas de empleo: reforzar la estabilidad y la presencia en el mercado de trabajo de las mujeres con responsabilida-des familiares y promover la creación de nuevos empleos. Sin olvidar que un programa intensivo de construcción y mantenimiento de infraestructuras de cuidado ayudará a la recuperación de la actividad en el sector de la construcción. Sabemos que es un momento económico delicado, pero es ahora cuando estamos llamados a poner las bases del modelo económico del futuro.

Junto a ello, realidades como la irracionalidad de los horarios en España en casi todas las facetas de la vida cotidiana dificulta enormemente compaginar la vida personal y laboral y causa graves problemas de salud que tienen su origen en la incapacidad de las personas, especialmente las mujeres trabajadoras, de controlar el tiempo dedicado a su vida personal. De ahí que numerosos estudios recomienden la urgencia de emprender iniciativas legislativas de carácter transversal que nos encaminen hacia unos horarios de vida y de trabajo más acordes con los habidos en los países de la Unión Europea.

Una cuestión clave en este punto es el relativo a la jornada de trabajo. España es el tercer país de la Unión Europea con jornadas más largas. La cultura de trabajo de prolongación de la jornada y la irregularidad e imprevisibilidad de los horarios expulsa a las mujeres del mercado laboral o las relega al trabajo a tiempo parcial o de dedicación marginal. No hay que olvidar que el desigual reparto de las responsabilidades familiares conduce a una brecha salarial por género, pero tam-bién a una brecha de género en la jornada de trabajo, de manera que son las mujeres quienes más se acogen a los instrumentos disponibles de flexibilidad de jornada.

En esta situación, la reforma laboral de 2012 ha ahondado más en esta brecha, mediante un aumento de los poderes empresariales de variación en las condiciones de trabajo sin tener en cuenta los derechos de conciliación de la vida familiar y profesional y su relevancia constitucio-nal. Por ello, resulta cada vez más necesario repensar la organización de trabajo, de forma que se mejore la competitividad y la productividad de las empresas y a la vez los/as trabajadores/as tengan mayor autonomía en relación con el tiempo de trabajo. Las normas laborales deben fomentar un cambio de organización laboral para emplear más racionalmente el tiempo de trabajo. Para fomentar la creatividad y el talento desaprovechado de las mujeres frente a la cultura de trabajo que fomenta las jornadas extensivas y la imprevisión de los horarios. Esta cultura de trabajo está fuertemente arraigada en muchos sectores profesionales y en determi-nados puestos de trabajo como, por ejemplo, los de gestión y dirección de empresas, que se ha mantenido a lo largo del tiempo como una actividad de dominio casi exclusivamente masculino.

En nuestro país hay ejemplos en la negociación de colectiva en los que los agentes sociales han recurrido a fórmulas alternativas de tiempo de trabajo que han permitido un mejor equilibrio entre los intereses de trabajadores y empresarios. Es por ello que sería conveniente situar en el marco de la negociación colectiva este tipo de materias. En relación a la jornada de trabajo y el derecho al ejercicio de la maternidad/paternidad, las propuestas irán en las siguientes direccio-nes:

- Introducir como contenido mínimo de los convenios colectivos la regulación de un derecho individual a solicitar la adaptación de la duración y distribución de la jornada por motivos de conciliación. El objetivo es garantizar más los derechos de presencia en el trabajo, que los derechos de ausencia del mismo, mediante una fórmula abierta, que sitúe el derecho a compatibilizar las responsabilidades familiares y laborales en el centro de la negociación colectiva y que, a su vez, permita una mejor adaptación en el ejercicio de ese derecho a las características de la empresa o del sector.

- Transponer a nuestro ordenamiento la Directiva 2010/18/UE en relación con dos puntos básicos: medidas para que los/as trabajadores/as, al reincorporarse tras un permiso parental, puedan solicitar cambios en sus horarios o regímenes de trabajo durante un determinado periodo de tiempo; previsión normativa que autorice a los/as trabajadores/as a ausentarse del trabajo por motivos de fuerza mayor vinculados a asuntos familiares urgentes, en caso de enfermedad o accidentes que hagan indispen-sable la presencia inmediata del/la trabajador/a.

- Establecer horarios laborales orientados a la conciliación, y a la corresponsabilidad, a fin de que sean compatibles con la vida familiar, los tiempos educativos, y las actividades culturales, formativas y sociales de trabajadores y trabajadoras.

- Garantizar el derecho universal a la protección de la maternidad durante las 6 semanas siguientes al parto.

- Emprender iniciativas legislativas para revisar y mejorar la legislación en materia de

permisos y excedencias por cuidado de hijos e hijas y demás familiares, con el fin de evaluar los requisitos de su disfrute desde la perspectiva de la corresponsabilidad de hombres y mujeres en la asunción de las tareas de cuidado, y también de la especial protección que merecen los hogares monoparentales.

- Incrementar el permiso de paternidad, tal como estaba previsto en la Ley de igualdad y con el objetivo de equipararlo progresivamente a la duración del de maternidad.

A fin de garantizar los derechos sociales, como elementos fundamentales para conquistar la igualdad:

- Mantener la sanidad y la educación públicas, universales y de calidad, puesto que además de señas de identidad de nuestro Estado del Bienestar, constituyen una impor-tantísima fuente de renta indirecta para el conjunto de la ciudadanía.

- Impulsar las políticas de atención a las personas en situación de dependencia y el apoyo a quienes están en la pobreza con políticas de inclusión adecuadas.

-Establecer mecanismos compensatorios a las personas trabajadoras que se ocupen del cuidado de personas en situación de dependencia o menores, a fin de favorecer su parti-cipación en las pensiones del sistema contributivo de la Seguridad Social. En este punto, es fundamental recuperar la financiación de la cotización a la seguridad social de las personas cuidadoras en el sistema de atención a la dependencia.

6

el crecimiento económico y el empleo con las mujeres

LOS AVANCES

Desde que el PP ha asumido- hace poco más que un año- el Gobierno de nuestro país, las muje-res solo hemos vivido retrocesos. Jamás habíamos visto una carrera hacia atrás con semejante velocidad.

Durante los años de Democracia las mujeres españolas hemos avanzado mucho. Desde Gobier-nos y Parlamentos, junto a las organizaciones de mujeres y sociales, hemos construido institu-ciones y políticas públicas, planes de igualdad, leyes que han permitido cambiar nuestra vida cotidiana. Hemos conseguido acceder al empleo, ampliar el derecho a la conciliación, penalizar la violencia…. Ahora somos más, y estamos más presentes en el espacio público.

Habíamos diseñado un modelo para avanzar en igualdad. Creíamos que siempre iríamos hacia adelante. Hoy, sin embargo, sabemos que eso no es así y que los retrocesos en igualdad son una realidad, que pueden llevar a las mujeres más jóvenes a vivir en un mundo más desigual que el nuestro.

Gracias al compromiso del PSOE y su alianza con el movimiento de mujeres, dimos pasos impor-tantes que podríamos concretar y hacer visibles en algunas leyes y realidades;

Ley de igualdad efectiva de mujeres y hombres, con sus avances en todas las áreas de actuación pública, su apuesta por la paridad y por la igualdad en el empleo.

La Ley integral contra la violencia de género.

La Ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo.

Desarrollo normativo para proteger los derechos laborales de las mujeres y el derecho a la corresponsabilidad de trabajadores y trabajadoras.

La ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y el desarrollo del Estado del Bienestar.

Hoy sin embargo estos avances están en riesgo, puesto que el PP hace una política de involución contraria a los derechos de las mujeres. Es un retroceso de más de 30 años, que ha roto con todos los consensos que se han producido en nuestra democracia, el político, el económico, el social y el territorial, y de forma muy grave, con ese consenso de apuesta por la Igualdad.

GRAVE RETROCESO EN EL EMPLEO Y BIENESTAR.

El desempleo femenino está creciendo de manera importante en este momento, y es responsa-bilidad indiscutible de las medidas que ha adoptado el Gobierno de Rajoy. Tanto la reforma labo-ral como posteriormente los ajustes en Sanidad, Educación y Dependencia han tenido un impac-to negativo mayor en las mujeres, y los datos así lo indican. En los últimos seis meses del año pasado, 191.700 mujeres han ido al paro, frente a 80.600 hombres. Es más, el cuarto trimestre del 2012 se alcanzó el “lamentable record” en destrucción de empleo femenino, 131.000 empleos destruidos, el peor final de año para el empleo de las mujeres de toda la serie histórica.

Los recortes en derechos y servicios están haciendo que las mujeres vean limitadas sus posibili-dades para acceder o mantenerse en el empleo público, donde muchas mujeres se habían situa-do, pero también en el empleo privado, ante la imposibilidad de que la atención de las personas que necesitan cuidados, mayores, menores y personas en situación de dependencia, sea cubier-ta por el Estado.

El desmantelamiento progresivo del Estado del Bienestar –en políticas sociales, sanitarias, educativas, o de atención a la Dependencia- y la política de recortes del gobierno, eliminando servicios públicos esenciales, que afectan a la Administración Pública y a empresas que trabajan como proveedoras de servicios, perjudican doblemente a las mujeres: por un lado en estos sectores son mayoría como trabajadoras y, por otra parte, empeora la situación de todas las mujeres al tener que asumir la atención de las necesidades de cuidado de niños/as y personas mayores, resultando imposible la conciliación de la vida familiar y laboral.

Además la Reforma Laboral ha conseguido un efecto contrario al que el Gobierno decía preten-der. No sólo abarató el despido facilitando la destrucción de empleo. Ha quitado derechos a las trabajadoras, especialmente a las mujeres con responsabilidades familiares, a las que trabajan a tiempo parcial o de manera temporal, a la vez que está haciendo imposible la conciliación de la vida familiar y laboral.

La Reforma laboral ha dejado sin herramientas para la negociación colectiva a los trabajadores y trabajadoras, de manera que elimina el instrumento más importante para acordar los Planes de Igualdad en las empresas y aquellos grandes acuerdos a favor de la conciliación. Además ha extendido los despidos en el sector público (donde está el 25% del empleo femenino), y ha dejado en manos de las empresas la organización de tiempos de trabajo, jornadas, horarios, y movilidad.

Con la Reforma Laboral y el decreto de medidas de austeridad posterior desaparece la posibili-dad de las mujeres de organizar sus tiempos de lactancia, y reducción de jornada en el caso de tener a su cargo algún menor o una persona con discapacidad, además desaparecen las bonifi-caciones a las contrataciones tras la reincorporación por maternidad o cuidado tanto en mujeres que están en régimen general como en autónomas.

Y mientras tanto crece la desigualdad salarial entre mujeres y hombres, y encontramos a las

mujeres en los tramos salariales más bajos. Esta brecha salarial es una discriminación muy importante, no sólo por el hecho en sí de la desigualdad salarial, sino además porque esa desigualdad se mantiene a lo largo de la vida de las mujeres, afectando a su protección social, sus cotizaciones de desempleo y su jubilación.

Por otra parte debemos tener en cuenta que se están reduciendo las políticas de apoyo y cuida-do a las personas en situación de dependencia, menores y mayores de 65 años. El PP ha recorta-do la financiación a la dependencia, atacando a su sostenibilidad económica y provocando el desmantelamiento progresivo del sistema.

Las medidas del Gobierno en relación a la dependencia son negativas para el cuidado, para el empleo femenino, para la conciliación de la vida laboral y familiar, y para quienes se ocupan de cuidar, que al menos antes tenían una prestación y el derecho a acogerse al sistema contributivo de la Seguridad Social.

Los recortes en servicios como la atención a la dependencia y la promoción de la autonomía, la sanidad, y la educación, suponen una mayor carga de trabajo para las mujeres, dificultando sus opciones para acceder al empleo. Y a pesar de ello, en el último año más de 31.000 mujeres han creado su propia empresa, demos-trando la capacidad de superación que tienen las mujeres ante la peor de las adversidades en estos momentos: perder su empleo. Una capacidad que, sin embargo, se ve limitada por la políti-ca contra la igualdad que está llevando a cabo el PP y que es necesario cambiar, para aprovechar todo el potencial que tiene la igualdad como motor del crecimiento y la cohesión social.

ANÁLISIS Y RESPUESTAS, ANTE ESTA SITUACIÓN DESDE EL PSOE CREEMOS QUE:

España necesita avanzar, y sólo avanzaremos con equidad entre hombres y mujeres, porque cuando las mujeres avanzan, lo hace toda la sociedad. Una economía globalizada que no prescin-da de la mitad del talento y de la capacidad será una economía ventajosa donde las personas sean el centro y no un mero instrumento. Porque de esta grave crisis en la que estamos inmer-sos saldremos con las mujeres o no saldremos.

En nuestro análisis y en nuestras respuestas sabemos que debemos ir más allá de la crisis. Sin duda la situación de desventaja de las mujeres está siendo agravada por ella, pero la desigualad viene de antiguo, viene de una concepción social que situaba a las mujeres en la esfera privada y a los hombres en lo público y que no está del todo superada. Con la irrupción de las mujeres en el mercado laboral se rompió está desigualdad pero en un solo sentido, provocando una enorme sobrecarga en la vida de las mujeres, que además de atender sus responsabilidades familiares se incorporan a un mercado laboral que las sitúa en peores condiciones y con los salarios más bajos. Si hay algo que podría definir a la inmensa de la mayoría de las mujeres es el cansancio que provoca esta sobrecarga. La verdadera revolución llegará cuando consigamos incluir en la esfera económica los cuidados familiares y éstos formen parte de la vida diaria tanto de hombres como de mujeres y el mercado laboral no discrimine a la mitad de sus trabadores por el hecho de pertenecer a un género. Por lo tanto apostamos por: 1. Un crecimiento económico que incorpora la igualdad y por lo tanto cuenta con las muje-res y con toda la población.

En estos momentos es imprescindible situar la creación de empleo y el crecimiento en el centro de las prioridades políticas, y diseñar una Estrategia Global de Recuperación capaz de reducir el déficit y crear nuevas bases para una reactivación económica que impulse la creación de empleo de calidad.

El primer objetivo de esta Estrategia es fomentar el crecimiento económico, y que dicho creci-miento sea sostenido y duradero, que permita planificar hacia el futuro y crear la confianza necesaria para las generaciones futuras. Equilibrado, tanto con el entorno y el medio ambiente, como en la distribución de la renta, presente y futura, y que palie los desajustes de los ciclos económicos. Integrador, que refuerce la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos (edu-cativo, laboral, social, etc.) y a lo largo de todo el ciclo vital (de la infancia a la vejez); que garantice el acceso de todos y todas en condiciones de igualdad a los servicios esenciales; a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, comprometido con las personas con discapacidad y quienes sufren riesgo de exclusión; en definitiva, comprometido con la igualdad, la diversidad y la plurali-dad.

Este modelo económico y de crecimiento debe volver a colocar el cuidado de las personas y la compatibilización con el mercado laboral en el centro de la agenda política como un elemento clave en el logro de la igualdad, a través de la redistribución familiar e institucional.

Este modelo de crecimiento debe incorporar a las mujeres, contando con sus conocimientos y capacidades, su objetivo debe ser el crecimiento económico, social y el avance de la igualdad. Se calcula que la plena incorporación de las mujeres al mercado laboral, igualando con su participa-ción las tasas de empleo de los hombres supondría un 19% de aumento del PIB español, es un mensaje claro que los y las socialistas tenemos interiorizado: no podemos dejar pasar la mitad de las potencialidades de este país, no podemos desaprovechar la mitad del talento.

Desde el PSOE defendemos vincular los avances en la igualdad entre mujeres y hombres al desarrollo de nuevos sectores impulsores del nuevo modelo productivo, donde las mujeres encuentren más oportunidades.

2.Políticas de empleo que incentiven la creación de empleo y acompañen a las mujeres en situación de desempleo.

Es fundamental reforzar las políticas activas de empleo. Su utilización intensiva y temprana puede acortar la duración de las situaciones desempleo y reducir, así, el gasto en políticas pasi-vas. De este modo, cuanto más eficientes sean las políticas activas, menor será la inversión que se demande en prestaciones o subsidios por desempleo. Y ello permitiría tener más recursos para la financiación de las propias políticas activas de empleo.

Las políticas activas de empleo han sido fundamentales para la incorporación de las mujeres al empleo, durante las últimas décadas hemos comprobado cómo la tasa de actividad femenina no ha parado de crecer: en el año 80 era de 28 puntos, en el 90 se sitúa en los 34, a principios del 2000 alcanza los 41 y diez años después, en el 2010 llega a más de 52 puntos.

Para avanzar en la incorporación de las mujeres al empleo, planteamos el impulso de las Políti-cas Activas de Empleo y, en concreto, el desarrollo de algunas iniciativas concretas, la más importante un acuerdo personal de empleo, que consiste en ofrecer a las mujeres desemplea-das, de acuerdo con sus necesidades, una hoja de ruta que defina el compromiso y las garantías que se establecen entre las mujeres desempleadas y los servicios públicos.

Otras políticas son incentivar la actividad empresarial femenina, garantizando el acceso de las mujeres al crédito. Debemos mantener las prestaciones para las personas que inicien un proyec-to de actividad por cuenta propia durante un periodo de 6 meses: se trata de que la protección por desempleo pueda servir para amortiguar la incertidumbre económica de los primeros momentos de puesta en marcha de un proyecto profesional.

Apostamos por la incorporación de las mujeres a los empleos tecnológicos, en especial a los relacionados con la concepción y desarrollo de la tecnología.

Así como la adopción de un plan de fomento de las empresas de economía social para la presta-ción de servicios de proximidad, cuidado de personas dependientes y programas de desarrollo sostenible en zonas rurales, favoreciendo el emprendimiento femenino, la capacitación, y el incremento de su afiliación a la seguridad social a través de los empleos obtenidos.

También proponemos capitalizar la prestación por desempleo para proyectos de formación y reciclaje profesional que deriven en la obtención del título de formación profesional de grado superior.

3.La igualdad en el empleo.

La necesidad de generar empleos en nuestra economía debe ser inherente a la mejora de la calidad de los mismos. Porque, siendo imprescindible elevar nuestro nivel de empleo, lo es igual-mente hacer que este sea más productivo, seguro y estable. Se trata no sólo de impulsar la crea-ción de empleo, sino de reforzar el valor del trabajo como elemento esencial de las capacidades de desarrollo económico y social del país.

En este sentido, el elevado nivel de temporalidad que caracteriza el mercado laboral español es incompatible con el necesario cambio de modelo de crecimiento y del empleo que requiere nuestra economía. Una precariedad que se refleja sobre todo en el elevado volumen relativo de trabajadores/as que poseen una relación contractual de carácter temporal (el segundo más alto de la Unión Europea), en su inmensa mayoría de forma involuntaria. Una precariedad que afecta especialmente a las mujeres, que tiene menos contratos indefinidos que los hombres y ocupan el 76% de las jornadas a tiempo parcial, en su inmensa mayoría por no haber encontrado un empleo a tiempo completo, rechazamos, así, el mito de que son ellas las que se autoexcluyen.Para avanzar en la igualdad en el empleo es urgente cumplir la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Entre sus medidas, muy importante es el desarrollo de los Planes de Igualdad en las empresas de carácter obligatorio, que deben conte-ner unos requisitos mínimos y ser evaluados de manera sistemática, a fin de valorar sus efectos en el avance de la igualdad en la empresa.

También es imprescindible la aprobación de un Plan contra la desigualdad salarial, que incorpore la actuación específica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el incremento de las sanciones a las empresas, la elaboración de auditorías, y otras actuaciones que impidan las diferencias salariales tanto en sueldos como en complementos cuando se realizan trabajos de igual valor.

Pero también, en el contexto de la Ley de Igualdad es fundamental avanzar en la incorporación de las mujeres a los Consejos de Administración de las empresas, en la línea de hacer obligatoria una cuota mínima de participación, tal como establece la propuesta legislativa de Directiva de la Comisión Europea.

Por otra parte, para corregir la desigualdad que genera el empleo a tiempo parcial, de deben establecer algunas iniciativas, tales como eliminar la posibilidad de realizar horas extraordinarias y disponer la necesidad de respetar los derechos de conciliación que se estuvieran ejerciendo por los trabajadores/as de la empresa en caso de variación de condiciones de trabajo o distribu-ción irregular de la jornada.

Otra iniciativa importante es eliminar, tal como ha fallado recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la doble contribución con la que se penaliza a las personas que trabajan a

tiempo parcial, que son, en su gran mayoría, mujeres.

4. La corresponsabilidad de la vida laboral y familiar como derecho de todos los trabajadores y trabajadoras.

No demasiada buena suerte han compartido las políticas de igualdad que tienden a correspon-sabilizar a hombres y mujeres respecto de los tiempos remunerados y de cuidados, en la línea de reforzar, como establece la Ley de Igualdad, la asunción colectiva de la maternidad. Como es bien sabido, los recortes llevados a cabo por los Gobiernos central y autonómicos han afectado severamente a las políticas de conciliación: los recortes en la Ley de Dependencia, las subidas de tasas de las escuelas infantiles, las supresión del programa Educa3 o el aplazamiento de la ampliación del permiso de paternidad son buena prueba de ello.

Es necesario que los poderes públicos vuelvan a apostar por servicios públicos de cuidados de calidad y ello por muchos motivos y de gran calado. Empezando porque el cuidado de hijos e hijas no es un tema que deba resolver cada familia según su disponibilidad de tiempo y capaci-dad económica. Es así como se genera una de las más importantes fuentes de desigualdad de oportunidades. Es más, tal como las estadísticas constatan, es en los países donde se ofrecen más y mejores infraestructuras de cuidados donde las mujeres han conseguido una indepen-dencia económica equiparable a la del hombre y donde se ha logrado luchar con éxito contra el fenómeno global de la feminización de la pobreza.

Por otro lado, la universalización de la educación de 0 a 3 años y el refuerzo de los servicios de atención a las personas dependientes atiende dos finalidades claves de las políticas de empleo: reforzar la estabilidad y la presencia en el mercado de trabajo de las mujeres con responsabilida-des familiares y promover la creación de nuevos empleos. Sin olvidar que un programa intensivo de construcción y mantenimiento de infraestructuras de cuidado ayudará a la recuperación de la actividad en el sector de la construcción. Sabemos que es un momento económico delicado, pero es ahora cuando estamos llamados a poner las bases del modelo económico del futuro.

Junto a ello, realidades como la irracionalidad de los horarios en España en casi todas las facetas de la vida cotidiana dificulta enormemente compaginar la vida personal y laboral y causa graves problemas de salud que tienen su origen en la incapacidad de las personas, especialmente las mujeres trabajadoras, de controlar el tiempo dedicado a su vida personal. De ahí que numerosos estudios recomienden la urgencia de emprender iniciativas legislativas de carácter transversal que nos encaminen hacia unos horarios de vida y de trabajo más acordes con los habidos en los países de la Unión Europea.

Una cuestión clave en este punto es el relativo a la jornada de trabajo. España es el tercer país de la Unión Europea con jornadas más largas. La cultura de trabajo de prolongación de la jornada y la irregularidad e imprevisibilidad de los horarios expulsa a las mujeres del mercado laboral o las relega al trabajo a tiempo parcial o de dedicación marginal. No hay que olvidar que el desigual reparto de las responsabilidades familiares conduce a una brecha salarial por género, pero tam-bién a una brecha de género en la jornada de trabajo, de manera que son las mujeres quienes más se acogen a los instrumentos disponibles de flexibilidad de jornada.

En esta situación, la reforma laboral de 2012 ha ahondado más en esta brecha, mediante un aumento de los poderes empresariales de variación en las condiciones de trabajo sin tener en cuenta los derechos de conciliación de la vida familiar y profesional y su relevancia constitucio-nal. Por ello, resulta cada vez más necesario repensar la organización de trabajo, de forma que se mejore la competitividad y la productividad de las empresas y a la vez los/as trabajadores/as tengan mayor autonomía en relación con el tiempo de trabajo. Las normas laborales deben fomentar un cambio de organización laboral para emplear más racionalmente el tiempo de trabajo. Para fomentar la creatividad y el talento desaprovechado de las mujeres frente a la cultura de trabajo que fomenta las jornadas extensivas y la imprevisión de los horarios. Esta cultura de trabajo está fuertemente arraigada en muchos sectores profesionales y en determi-nados puestos de trabajo como, por ejemplo, los de gestión y dirección de empresas, que se ha mantenido a lo largo del tiempo como una actividad de dominio casi exclusivamente masculino.

En nuestro país hay ejemplos en la negociación de colectiva en los que los agentes sociales han recurrido a fórmulas alternativas de tiempo de trabajo que han permitido un mejor equilibrio entre los intereses de trabajadores y empresarios. Es por ello que sería conveniente situar en el marco de la negociación colectiva este tipo de materias. En relación a la jornada de trabajo y el derecho al ejercicio de la maternidad/paternidad, las propuestas irán en las siguientes direccio-nes:

- Introducir como contenido mínimo de los convenios colectivos la regulación de un derecho individual a solicitar la adaptación de la duración y distribución de la jornada por motivos de conciliación. El objetivo es garantizar más los derechos de presencia en el trabajo, que los derechos de ausencia del mismo, mediante una fórmula abierta, que sitúe el derecho a compatibilizar las responsabilidades familiares y laborales en el centro de la negociación colectiva y que, a su vez, permita una mejor adaptación en el ejercicio de ese derecho a las características de la empresa o del sector.

- Transponer a nuestro ordenamiento la Directiva 2010/18/UE en relación con dos puntos básicos: medidas para que los/as trabajadores/as, al reincorporarse tras un permiso parental, puedan solicitar cambios en sus horarios o regímenes de trabajo durante un determinado periodo de tiempo; previsión normativa que autorice a los/as trabajadores/as a ausentarse del trabajo por motivos de fuerza mayor vinculados a asuntos familiares urgentes, en caso de enfermedad o accidentes que hagan indispen-sable la presencia inmediata del/la trabajador/a.

- Establecer horarios laborales orientados a la conciliación, y a la corresponsabilidad, a fin de que sean compatibles con la vida familiar, los tiempos educativos, y las actividades culturales, formativas y sociales de trabajadores y trabajadoras.

- Garantizar el derecho universal a la protección de la maternidad durante las 6 semanas siguientes al parto.

- Emprender iniciativas legislativas para revisar y mejorar la legislación en materia de

permisos y excedencias por cuidado de hijos e hijas y demás familiares, con el fin de evaluar los requisitos de su disfrute desde la perspectiva de la corresponsabilidad de hombres y mujeres en la asunción de las tareas de cuidado, y también de la especial protección que merecen los hogares monoparentales.

- Incrementar el permiso de paternidad, tal como estaba previsto en la Ley de igualdad y con el objetivo de equipararlo progresivamente a la duración del de maternidad.

A fin de garantizar los derechos sociales, como elementos fundamentales para conquistar la igualdad:

- Mantener la sanidad y la educación públicas, universales y de calidad, puesto que además de señas de identidad de nuestro Estado del Bienestar, constituyen una impor-tantísima fuente de renta indirecta para el conjunto de la ciudadanía.

- Impulsar las políticas de atención a las personas en situación de dependencia y el apoyo a quienes están en la pobreza con políticas de inclusión adecuadas.

-Establecer mecanismos compensatorios a las personas trabajadoras que se ocupen del cuidado de personas en situación de dependencia o menores, a fin de favorecer su parti-cipación en las pensiones del sistema contributivo de la Seguridad Social. En este punto, es fundamental recuperar la financiación de la cotización a la seguridad social de las personas cuidadoras en el sistema de atención a la dependencia.

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el crecimiento económico y el empleo con las mujeres

LOS AVANCES

Desde que el PP ha asumido- hace poco más que un año- el Gobierno de nuestro país, las muje-res solo hemos vivido retrocesos. Jamás habíamos visto una carrera hacia atrás con semejante velocidad.

Durante los años de Democracia las mujeres españolas hemos avanzado mucho. Desde Gobier-nos y Parlamentos, junto a las organizaciones de mujeres y sociales, hemos construido institu-ciones y políticas públicas, planes de igualdad, leyes que han permitido cambiar nuestra vida cotidiana. Hemos conseguido acceder al empleo, ampliar el derecho a la conciliación, penalizar la violencia…. Ahora somos más, y estamos más presentes en el espacio público.

Habíamos diseñado un modelo para avanzar en igualdad. Creíamos que siempre iríamos hacia adelante. Hoy, sin embargo, sabemos que eso no es así y que los retrocesos en igualdad son una realidad, que pueden llevar a las mujeres más jóvenes a vivir en un mundo más desigual que el nuestro.

Gracias al compromiso del PSOE y su alianza con el movimiento de mujeres, dimos pasos impor-tantes que podríamos concretar y hacer visibles en algunas leyes y realidades;

Ley de igualdad efectiva de mujeres y hombres, con sus avances en todas las áreas de actuación pública, su apuesta por la paridad y por la igualdad en el empleo.

La Ley integral contra la violencia de género.

La Ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo.

Desarrollo normativo para proteger los derechos laborales de las mujeres y el derecho a la corresponsabilidad de trabajadores y trabajadoras.

La ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y el desarrollo del Estado del Bienestar.

Hoy sin embargo estos avances están en riesgo, puesto que el PP hace una política de involución contraria a los derechos de las mujeres. Es un retroceso de más de 30 años, que ha roto con todos los consensos que se han producido en nuestra democracia, el político, el económico, el social y el territorial, y de forma muy grave, con ese consenso de apuesta por la Igualdad.

GRAVE RETROCESO EN EL EMPLEO Y BIENESTAR.

El desempleo femenino está creciendo de manera importante en este momento, y es responsa-bilidad indiscutible de las medidas que ha adoptado el Gobierno de Rajoy. Tanto la reforma labo-ral como posteriormente los ajustes en Sanidad, Educación y Dependencia han tenido un impac-to negativo mayor en las mujeres, y los datos así lo indican. En los últimos seis meses del año pasado, 191.700 mujeres han ido al paro, frente a 80.600 hombres. Es más, el cuarto trimestre del 2012 se alcanzó el “lamentable record” en destrucción de empleo femenino, 131.000 empleos destruidos, el peor final de año para el empleo de las mujeres de toda la serie histórica.

Los recortes en derechos y servicios están haciendo que las mujeres vean limitadas sus posibili-dades para acceder o mantenerse en el empleo público, donde muchas mujeres se habían situa-do, pero también en el empleo privado, ante la imposibilidad de que la atención de las personas que necesitan cuidados, mayores, menores y personas en situación de dependencia, sea cubier-ta por el Estado.

El desmantelamiento progresivo del Estado del Bienestar –en políticas sociales, sanitarias, educativas, o de atención a la Dependencia- y la política de recortes del gobierno, eliminando servicios públicos esenciales, que afectan a la Administración Pública y a empresas que trabajan como proveedoras de servicios, perjudican doblemente a las mujeres: por un lado en estos sectores son mayoría como trabajadoras y, por otra parte, empeora la situación de todas las mujeres al tener que asumir la atención de las necesidades de cuidado de niños/as y personas mayores, resultando imposible la conciliación de la vida familiar y laboral.

Además la Reforma Laboral ha conseguido un efecto contrario al que el Gobierno decía preten-der. No sólo abarató el despido facilitando la destrucción de empleo. Ha quitado derechos a las trabajadoras, especialmente a las mujeres con responsabilidades familiares, a las que trabajan a tiempo parcial o de manera temporal, a la vez que está haciendo imposible la conciliación de la vida familiar y laboral.

La Reforma laboral ha dejado sin herramientas para la negociación colectiva a los trabajadores y trabajadoras, de manera que elimina el instrumento más importante para acordar los Planes de Igualdad en las empresas y aquellos grandes acuerdos a favor de la conciliación. Además ha extendido los despidos en el sector público (donde está el 25% del empleo femenino), y ha dejado en manos de las empresas la organización de tiempos de trabajo, jornadas, horarios, y movilidad.

Con la Reforma Laboral y el decreto de medidas de austeridad posterior desaparece la posibili-dad de las mujeres de organizar sus tiempos de lactancia, y reducción de jornada en el caso de tener a su cargo algún menor o una persona con discapacidad, además desaparecen las bonifi-caciones a las contrataciones tras la reincorporación por maternidad o cuidado tanto en mujeres que están en régimen general como en autónomas.

Y mientras tanto crece la desigualdad salarial entre mujeres y hombres, y encontramos a las

mujeres en los tramos salariales más bajos. Esta brecha salarial es una discriminación muy importante, no sólo por el hecho en sí de la desigualdad salarial, sino además porque esa desigualdad se mantiene a lo largo de la vida de las mujeres, afectando a su protección social, sus cotizaciones de desempleo y su jubilación.

Por otra parte debemos tener en cuenta que se están reduciendo las políticas de apoyo y cuida-do a las personas en situación de dependencia, menores y mayores de 65 años. El PP ha recorta-do la financiación a la dependencia, atacando a su sostenibilidad económica y provocando el desmantelamiento progresivo del sistema.

Las medidas del Gobierno en relación a la dependencia son negativas para el cuidado, para el empleo femenino, para la conciliación de la vida laboral y familiar, y para quienes se ocupan de cuidar, que al menos antes tenían una prestación y el derecho a acogerse al sistema contributivo de la Seguridad Social.

Los recortes en servicios como la atención a la dependencia y la promoción de la autonomía, la sanidad, y la educación, suponen una mayor carga de trabajo para las mujeres, dificultando sus opciones para acceder al empleo. Y a pesar de ello, en el último año más de 31.000 mujeres han creado su propia empresa, demos-trando la capacidad de superación que tienen las mujeres ante la peor de las adversidades en estos momentos: perder su empleo. Una capacidad que, sin embargo, se ve limitada por la políti-ca contra la igualdad que está llevando a cabo el PP y que es necesario cambiar, para aprovechar todo el potencial que tiene la igualdad como motor del crecimiento y la cohesión social.

ANÁLISIS Y RESPUESTAS, ANTE ESTA SITUACIÓN DESDE EL PSOE CREEMOS QUE:

España necesita avanzar, y sólo avanzaremos con equidad entre hombres y mujeres, porque cuando las mujeres avanzan, lo hace toda la sociedad. Una economía globalizada que no prescin-da de la mitad del talento y de la capacidad será una economía ventajosa donde las personas sean el centro y no un mero instrumento. Porque de esta grave crisis en la que estamos inmer-sos saldremos con las mujeres o no saldremos.

En nuestro análisis y en nuestras respuestas sabemos que debemos ir más allá de la crisis. Sin duda la situación de desventaja de las mujeres está siendo agravada por ella, pero la desigualad viene de antiguo, viene de una concepción social que situaba a las mujeres en la esfera privada y a los hombres en lo público y que no está del todo superada. Con la irrupción de las mujeres en el mercado laboral se rompió está desigualdad pero en un solo sentido, provocando una enorme sobrecarga en la vida de las mujeres, que además de atender sus responsabilidades familiares se incorporan a un mercado laboral que las sitúa en peores condiciones y con los salarios más bajos. Si hay algo que podría definir a la inmensa de la mayoría de las mujeres es el cansancio que provoca esta sobrecarga. La verdadera revolución llegará cuando consigamos incluir en la esfera económica los cuidados familiares y éstos formen parte de la vida diaria tanto de hombres como de mujeres y el mercado laboral no discrimine a la mitad de sus trabadores por el hecho de pertenecer a un género. Por lo tanto apostamos por: 1. Un crecimiento económico que incorpora la igualdad y por lo tanto cuenta con las muje-res y con toda la población.

En estos momentos es imprescindible situar la creación de empleo y el crecimiento en el centro de las prioridades políticas, y diseñar una Estrategia Global de Recuperación capaz de reducir el déficit y crear nuevas bases para una reactivación económica que impulse la creación de empleo de calidad.

El primer objetivo de esta Estrategia es fomentar el crecimiento económico, y que dicho creci-miento sea sostenido y duradero, que permita planificar hacia el futuro y crear la confianza necesaria para las generaciones futuras. Equilibrado, tanto con el entorno y el medio ambiente, como en la distribución de la renta, presente y futura, y que palie los desajustes de los ciclos económicos. Integrador, que refuerce la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos (edu-cativo, laboral, social, etc.) y a lo largo de todo el ciclo vital (de la infancia a la vejez); que garantice el acceso de todos y todas en condiciones de igualdad a los servicios esenciales; a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, comprometido con las personas con discapacidad y quienes sufren riesgo de exclusión; en definitiva, comprometido con la igualdad, la diversidad y la plurali-dad.

Este modelo económico y de crecimiento debe volver a colocar el cuidado de las personas y la compatibilización con el mercado laboral en el centro de la agenda política como un elemento clave en el logro de la igualdad, a través de la redistribución familiar e institucional.

Este modelo de crecimiento debe incorporar a las mujeres, contando con sus conocimientos y capacidades, su objetivo debe ser el crecimiento económico, social y el avance de la igualdad. Se calcula que la plena incorporación de las mujeres al mercado laboral, igualando con su participa-ción las tasas de empleo de los hombres supondría un 19% de aumento del PIB español, es un mensaje claro que los y las socialistas tenemos interiorizado: no podemos dejar pasar la mitad de las potencialidades de este país, no podemos desaprovechar la mitad del talento.

Desde el PSOE defendemos vincular los avances en la igualdad entre mujeres y hombres al desarrollo de nuevos sectores impulsores del nuevo modelo productivo, donde las mujeres encuentren más oportunidades.

2.Políticas de empleo que incentiven la creación de empleo y acompañen a las mujeres en situación de desempleo.

Es fundamental reforzar las políticas activas de empleo. Su utilización intensiva y temprana puede acortar la duración de las situaciones desempleo y reducir, así, el gasto en políticas pasi-vas. De este modo, cuanto más eficientes sean las políticas activas, menor será la inversión que se demande en prestaciones o subsidios por desempleo. Y ello permitiría tener más recursos para la financiación de las propias políticas activas de empleo.

Las políticas activas de empleo han sido fundamentales para la incorporación de las mujeres al empleo, durante las últimas décadas hemos comprobado cómo la tasa de actividad femenina no ha parado de crecer: en el año 80 era de 28 puntos, en el 90 se sitúa en los 34, a principios del 2000 alcanza los 41 y diez años después, en el 2010 llega a más de 52 puntos.

Para avanzar en la incorporación de las mujeres al empleo, planteamos el impulso de las Políti-cas Activas de Empleo y, en concreto, el desarrollo de algunas iniciativas concretas, la más importante un acuerdo personal de empleo, que consiste en ofrecer a las mujeres desemplea-das, de acuerdo con sus necesidades, una hoja de ruta que defina el compromiso y las garantías que se establecen entre las mujeres desempleadas y los servicios públicos.

Otras políticas son incentivar la actividad empresarial femenina, garantizando el acceso de las mujeres al crédito. Debemos mantener las prestaciones para las personas que inicien un proyec-to de actividad por cuenta propia durante un periodo de 6 meses: se trata de que la protección por desempleo pueda servir para amortiguar la incertidumbre económica de los primeros momentos de puesta en marcha de un proyecto profesional.

Apostamos por la incorporación de las mujeres a los empleos tecnológicos, en especial a los relacionados con la concepción y desarrollo de la tecnología.

Así como la adopción de un plan de fomento de las empresas de economía social para la presta-ción de servicios de proximidad, cuidado de personas dependientes y programas de desarrollo sostenible en zonas rurales, favoreciendo el emprendimiento femenino, la capacitación, y el incremento de su afiliación a la seguridad social a través de los empleos obtenidos.

También proponemos capitalizar la prestación por desempleo para proyectos de formación y reciclaje profesional que deriven en la obtención del título de formación profesional de grado superior.

3.La igualdad en el empleo.

La necesidad de generar empleos en nuestra economía debe ser inherente a la mejora de la calidad de los mismos. Porque, siendo imprescindible elevar nuestro nivel de empleo, lo es igual-mente hacer que este sea más productivo, seguro y estable. Se trata no sólo de impulsar la crea-ción de empleo, sino de reforzar el valor del trabajo como elemento esencial de las capacidades de desarrollo económico y social del país.

En este sentido, el elevado nivel de temporalidad que caracteriza el mercado laboral español es incompatible con el necesario cambio de modelo de crecimiento y del empleo que requiere nuestra economía. Una precariedad que se refleja sobre todo en el elevado volumen relativo de trabajadores/as que poseen una relación contractual de carácter temporal (el segundo más alto de la Unión Europea), en su inmensa mayoría de forma involuntaria. Una precariedad que afecta especialmente a las mujeres, que tiene menos contratos indefinidos que los hombres y ocupan el 76% de las jornadas a tiempo parcial, en su inmensa mayoría por no haber encontrado un empleo a tiempo completo, rechazamos, así, el mito de que son ellas las que se autoexcluyen.Para avanzar en la igualdad en el empleo es urgente cumplir la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Entre sus medidas, muy importante es el desarrollo de los Planes de Igualdad en las empresas de carácter obligatorio, que deben conte-ner unos requisitos mínimos y ser evaluados de manera sistemática, a fin de valorar sus efectos en el avance de la igualdad en la empresa.

También es imprescindible la aprobación de un Plan contra la desigualdad salarial, que incorpore la actuación específica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el incremento de las sanciones a las empresas, la elaboración de auditorías, y otras actuaciones que impidan las diferencias salariales tanto en sueldos como en complementos cuando se realizan trabajos de igual valor.

Pero también, en el contexto de la Ley de Igualdad es fundamental avanzar en la incorporación de las mujeres a los Consejos de Administración de las empresas, en la línea de hacer obligatoria una cuota mínima de participación, tal como establece la propuesta legislativa de Directiva de la Comisión Europea.

Por otra parte, para corregir la desigualdad que genera el empleo a tiempo parcial, de deben establecer algunas iniciativas, tales como eliminar la posibilidad de realizar horas extraordinarias y disponer la necesidad de respetar los derechos de conciliación que se estuvieran ejerciendo por los trabajadores/as de la empresa en caso de variación de condiciones de trabajo o distribu-ción irregular de la jornada.

Otra iniciativa importante es eliminar, tal como ha fallado recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la doble contribución con la que se penaliza a las personas que trabajan a

tiempo parcial, que son, en su gran mayoría, mujeres.

4. La corresponsabilidad de la vida laboral y familiar como derecho de todos los trabajadores y trabajadoras.

No demasiada buena suerte han compartido las políticas de igualdad que tienden a correspon-sabilizar a hombres y mujeres respecto de los tiempos remunerados y de cuidados, en la línea de reforzar, como establece la Ley de Igualdad, la asunción colectiva de la maternidad. Como es bien sabido, los recortes llevados a cabo por los Gobiernos central y autonómicos han afectado severamente a las políticas de conciliación: los recortes en la Ley de Dependencia, las subidas de tasas de las escuelas infantiles, las supresión del programa Educa3 o el aplazamiento de la ampliación del permiso de paternidad son buena prueba de ello.

Es necesario que los poderes públicos vuelvan a apostar por servicios públicos de cuidados de calidad y ello por muchos motivos y de gran calado. Empezando porque el cuidado de hijos e hijas no es un tema que deba resolver cada familia según su disponibilidad de tiempo y capaci-dad económica. Es así como se genera una de las más importantes fuentes de desigualdad de oportunidades. Es más, tal como las estadísticas constatan, es en los países donde se ofrecen más y mejores infraestructuras de cuidados donde las mujeres han conseguido una indepen-dencia económica equiparable a la del hombre y donde se ha logrado luchar con éxito contra el fenómeno global de la feminización de la pobreza.

Por otro lado, la universalización de la educación de 0 a 3 años y el refuerzo de los servicios de atención a las personas dependientes atiende dos finalidades claves de las políticas de empleo: reforzar la estabilidad y la presencia en el mercado de trabajo de las mujeres con responsabilida-des familiares y promover la creación de nuevos empleos. Sin olvidar que un programa intensivo de construcción y mantenimiento de infraestructuras de cuidado ayudará a la recuperación de la actividad en el sector de la construcción. Sabemos que es un momento económico delicado, pero es ahora cuando estamos llamados a poner las bases del modelo económico del futuro.

Junto a ello, realidades como la irracionalidad de los horarios en España en casi todas las facetas de la vida cotidiana dificulta enormemente compaginar la vida personal y laboral y causa graves problemas de salud que tienen su origen en la incapacidad de las personas, especialmente las mujeres trabajadoras, de controlar el tiempo dedicado a su vida personal. De ahí que numerosos estudios recomienden la urgencia de emprender iniciativas legislativas de carácter transversal que nos encaminen hacia unos horarios de vida y de trabajo más acordes con los habidos en los países de la Unión Europea.

Una cuestión clave en este punto es el relativo a la jornada de trabajo. España es el tercer país de la Unión Europea con jornadas más largas. La cultura de trabajo de prolongación de la jornada y la irregularidad e imprevisibilidad de los horarios expulsa a las mujeres del mercado laboral o las relega al trabajo a tiempo parcial o de dedicación marginal. No hay que olvidar que el desigual reparto de las responsabilidades familiares conduce a una brecha salarial por género, pero tam-bién a una brecha de género en la jornada de trabajo, de manera que son las mujeres quienes más se acogen a los instrumentos disponibles de flexibilidad de jornada.

En esta situación, la reforma laboral de 2012 ha ahondado más en esta brecha, mediante un aumento de los poderes empresariales de variación en las condiciones de trabajo sin tener en cuenta los derechos de conciliación de la vida familiar y profesional y su relevancia constitucio-nal. Por ello, resulta cada vez más necesario repensar la organización de trabajo, de forma que se mejore la competitividad y la productividad de las empresas y a la vez los/as trabajadores/as tengan mayor autonomía en relación con el tiempo de trabajo. Las normas laborales deben fomentar un cambio de organización laboral para emplear más racionalmente el tiempo de trabajo. Para fomentar la creatividad y el talento desaprovechado de las mujeres frente a la cultura de trabajo que fomenta las jornadas extensivas y la imprevisión de los horarios. Esta cultura de trabajo está fuertemente arraigada en muchos sectores profesionales y en determi-nados puestos de trabajo como, por ejemplo, los de gestión y dirección de empresas, que se ha mantenido a lo largo del tiempo como una actividad de dominio casi exclusivamente masculino.

En nuestro país hay ejemplos en la negociación de colectiva en los que los agentes sociales han recurrido a fórmulas alternativas de tiempo de trabajo que han permitido un mejor equilibrio entre los intereses de trabajadores y empresarios. Es por ello que sería conveniente situar en el marco de la negociación colectiva este tipo de materias. En relación a la jornada de trabajo y el derecho al ejercicio de la maternidad/paternidad, las propuestas irán en las siguientes direccio-nes:

- Introducir como contenido mínimo de los convenios colectivos la regulación de un derecho individual a solicitar la adaptación de la duración y distribución de la jornada por motivos de conciliación. El objetivo es garantizar más los derechos de presencia en el trabajo, que los derechos de ausencia del mismo, mediante una fórmula abierta, que sitúe el derecho a compatibilizar las responsabilidades familiares y laborales en el centro de la negociación colectiva y que, a su vez, permita una mejor adaptación en el ejercicio de ese derecho a las características de la empresa o del sector.

- Transponer a nuestro ordenamiento la Directiva 2010/18/UE en relación con dos puntos básicos: medidas para que los/as trabajadores/as, al reincorporarse tras un permiso parental, puedan solicitar cambios en sus horarios o regímenes de trabajo durante un determinado periodo de tiempo; previsión normativa que autorice a los/as trabajadores/as a ausentarse del trabajo por motivos de fuerza mayor vinculados a asuntos familiares urgentes, en caso de enfermedad o accidentes que hagan indispen-sable la presencia inmediata del/la trabajador/a.

- Establecer horarios laborales orientados a la conciliación, y a la corresponsabilidad, a fin de que sean compatibles con la vida familiar, los tiempos educativos, y las actividades culturales, formativas y sociales de trabajadores y trabajadoras.

- Garantizar el derecho universal a la protección de la maternidad durante las 6 semanas siguientes al parto.

- Emprender iniciativas legislativas para revisar y mejorar la legislación en materia de

permisos y excedencias por cuidado de hijos e hijas y demás familiares, con el fin de evaluar los requisitos de su disfrute desde la perspectiva de la corresponsabilidad de hombres y mujeres en la asunción de las tareas de cuidado, y también de la especial protección que merecen los hogares monoparentales.

- Incrementar el permiso de paternidad, tal como estaba previsto en la Ley de igualdad y con el objetivo de equipararlo progresivamente a la duración del de maternidad.

A fin de garantizar los derechos sociales, como elementos fundamentales para conquistar la igualdad:

- Mantener la sanidad y la educación públicas, universales y de calidad, puesto que además de señas de identidad de nuestro Estado del Bienestar, constituyen una impor-tantísima fuente de renta indirecta para el conjunto de la ciudadanía.

- Impulsar las políticas de atención a las personas en situación de dependencia y el apoyo a quienes están en la pobreza con políticas de inclusión adecuadas.

-Establecer mecanismos compensatorios a las personas trabajadoras que se ocupen del cuidado de personas en situación de dependencia o menores, a fin de favorecer su parti-cipación en las pensiones del sistema contributivo de la Seguridad Social. En este punto, es fundamental recuperar la financiación de la cotización a la seguridad social de las personas cuidadoras en el sistema de atención a la dependencia.

8

el crecimiento económico y el empleo con las mujeres

LOS AVANCES

Desde que el PP ha asumido- hace poco más que un año- el Gobierno de nuestro país, las muje-res solo hemos vivido retrocesos. Jamás habíamos visto una carrera hacia atrás con semejante velocidad.

Durante los años de Democracia las mujeres españolas hemos avanzado mucho. Desde Gobier-nos y Parlamentos, junto a las organizaciones de mujeres y sociales, hemos construido institu-ciones y políticas públicas, planes de igualdad, leyes que han permitido cambiar nuestra vida cotidiana. Hemos conseguido acceder al empleo, ampliar el derecho a la conciliación, penalizar la violencia…. Ahora somos más, y estamos más presentes en el espacio público.

Habíamos diseñado un modelo para avanzar en igualdad. Creíamos que siempre iríamos hacia adelante. Hoy, sin embargo, sabemos que eso no es así y que los retrocesos en igualdad son una realidad, que pueden llevar a las mujeres más jóvenes a vivir en un mundo más desigual que el nuestro.

Gracias al compromiso del PSOE y su alianza con el movimiento de mujeres, dimos pasos impor-tantes que podríamos concretar y hacer visibles en algunas leyes y realidades;

Ley de igualdad efectiva de mujeres y hombres, con sus avances en todas las áreas de actuación pública, su apuesta por la paridad y por la igualdad en el empleo.

La Ley integral contra la violencia de género.

La Ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo.

Desarrollo normativo para proteger los derechos laborales de las mujeres y el derecho a la corresponsabilidad de trabajadores y trabajadoras.

La ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y el desarrollo del Estado del Bienestar.

Hoy sin embargo estos avances están en riesgo, puesto que el PP hace una política de involución contraria a los derechos de las mujeres. Es un retroceso de más de 30 años, que ha roto con todos los consensos que se han producido en nuestra democracia, el político, el económico, el social y el territorial, y de forma muy grave, con ese consenso de apuesta por la Igualdad.

GRAVE RETROCESO EN EL EMPLEO Y BIENESTAR.

El desempleo femenino está creciendo de manera importante en este momento, y es responsa-bilidad indiscutible de las medidas que ha adoptado el Gobierno de Rajoy. Tanto la reforma labo-ral como posteriormente los ajustes en Sanidad, Educación y Dependencia han tenido un impac-to negativo mayor en las mujeres, y los datos así lo indican. En los últimos seis meses del año pasado, 191.700 mujeres han ido al paro, frente a 80.600 hombres. Es más, el cuarto trimestre del 2012 se alcanzó el “lamentable record” en destrucción de empleo femenino, 131.000 empleos destruidos, el peor final de año para el empleo de las mujeres de toda la serie histórica.

Los recortes en derechos y servicios están haciendo que las mujeres vean limitadas sus posibili-dades para acceder o mantenerse en el empleo público, donde muchas mujeres se habían situa-do, pero también en el empleo privado, ante la imposibilidad de que la atención de las personas que necesitan cuidados, mayores, menores y personas en situación de dependencia, sea cubier-ta por el Estado.

El desmantelamiento progresivo del Estado del Bienestar –en políticas sociales, sanitarias, educativas, o de atención a la Dependencia- y la política de recortes del gobierno, eliminando servicios públicos esenciales, que afectan a la Administración Pública y a empresas que trabajan como proveedoras de servicios, perjudican doblemente a las mujeres: por un lado en estos sectores son mayoría como trabajadoras y, por otra parte, empeora la situación de todas las mujeres al tener que asumir la atención de las necesidades de cuidado de niños/as y personas mayores, resultando imposible la conciliación de la vida familiar y laboral.

Además la Reforma Laboral ha conseguido un efecto contrario al que el Gobierno decía preten-der. No sólo abarató el despido facilitando la destrucción de empleo. Ha quitado derechos a las trabajadoras, especialmente a las mujeres con responsabilidades familiares, a las que trabajan a tiempo parcial o de manera temporal, a la vez que está haciendo imposible la conciliación de la vida familiar y laboral.

La Reforma laboral ha dejado sin herramientas para la negociación colectiva a los trabajadores y trabajadoras, de manera que elimina el instrumento más importante para acordar los Planes de Igualdad en las empresas y aquellos grandes acuerdos a favor de la conciliación. Además ha extendido los despidos en el sector público (donde está el 25% del empleo femenino), y ha dejado en manos de las empresas la organización de tiempos de trabajo, jornadas, horarios, y movilidad.

Con la Reforma Laboral y el decreto de medidas de austeridad posterior desaparece la posibili-dad de las mujeres de organizar sus tiempos de lactancia, y reducción de jornada en el caso de tener a su cargo algún menor o una persona con discapacidad, además desaparecen las bonifi-caciones a las contrataciones tras la reincorporación por maternidad o cuidado tanto en mujeres que están en régimen general como en autónomas.

Y mientras tanto crece la desigualdad salarial entre mujeres y hombres, y encontramos a las

mujeres en los tramos salariales más bajos. Esta brecha salarial es una discriminación muy importante, no sólo por el hecho en sí de la desigualdad salarial, sino además porque esa desigualdad se mantiene a lo largo de la vida de las mujeres, afectando a su protección social, sus cotizaciones de desempleo y su jubilación.

Por otra parte debemos tener en cuenta que se están reduciendo las políticas de apoyo y cuida-do a las personas en situación de dependencia, menores y mayores de 65 años. El PP ha recorta-do la financiación a la dependencia, atacando a su sostenibilidad económica y provocando el desmantelamiento progresivo del sistema.

Las medidas del Gobierno en relación a la dependencia son negativas para el cuidado, para el empleo femenino, para la conciliación de la vida laboral y familiar, y para quienes se ocupan de cuidar, que al menos antes tenían una prestación y el derecho a acogerse al sistema contributivo de la Seguridad Social.

Los recortes en servicios como la atención a la dependencia y la promoción de la autonomía, la sanidad, y la educación, suponen una mayor carga de trabajo para las mujeres, dificultando sus opciones para acceder al empleo. Y a pesar de ello, en el último año más de 31.000 mujeres han creado su propia empresa, demos-trando la capacidad de superación que tienen las mujeres ante la peor de las adversidades en estos momentos: perder su empleo. Una capacidad que, sin embargo, se ve limitada por la políti-ca contra la igualdad que está llevando a cabo el PP y que es necesario cambiar, para aprovechar todo el potencial que tiene la igualdad como motor del crecimiento y la cohesión social.

ANÁLISIS Y RESPUESTAS, ANTE ESTA SITUACIÓN DESDE EL PSOE CREEMOS QUE:

España necesita avanzar, y sólo avanzaremos con equidad entre hombres y mujeres, porque cuando las mujeres avanzan, lo hace toda la sociedad. Una economía globalizada que no prescin-da de la mitad del talento y de la capacidad será una economía ventajosa donde las personas sean el centro y no un mero instrumento. Porque de esta grave crisis en la que estamos inmer-sos saldremos con las mujeres o no saldremos.

En nuestro análisis y en nuestras respuestas sabemos que debemos ir más allá de la crisis. Sin duda la situación de desventaja de las mujeres está siendo agravada por ella, pero la desigualad viene de antiguo, viene de una concepción social que situaba a las mujeres en la esfera privada y a los hombres en lo público y que no está del todo superada. Con la irrupción de las mujeres en el mercado laboral se rompió está desigualdad pero en un solo sentido, provocando una enorme sobrecarga en la vida de las mujeres, que además de atender sus responsabilidades familiares se incorporan a un mercado laboral que las sitúa en peores condiciones y con los salarios más bajos. Si hay algo que podría definir a la inmensa de la mayoría de las mujeres es el cansancio que provoca esta sobrecarga. La verdadera revolución llegará cuando consigamos incluir en la esfera económica los cuidados familiares y éstos formen parte de la vida diaria tanto de hombres como de mujeres y el mercado laboral no discrimine a la mitad de sus trabadores por el hecho de pertenecer a un género. Por lo tanto apostamos por: 1. Un crecimiento económico que incorpora la igualdad y por lo tanto cuenta con las muje-res y con toda la población.

En estos momentos es imprescindible situar la creación de empleo y el crecimiento en el centro de las prioridades políticas, y diseñar una Estrategia Global de Recuperación capaz de reducir el déficit y crear nuevas bases para una reactivación económica que impulse la creación de empleo de calidad.

El primer objetivo de esta Estrategia es fomentar el crecimiento económico, y que dicho creci-miento sea sostenido y duradero, que permita planificar hacia el futuro y crear la confianza necesaria para las generaciones futuras. Equilibrado, tanto con el entorno y el medio ambiente, como en la distribución de la renta, presente y futura, y que palie los desajustes de los ciclos económicos. Integrador, que refuerce la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos (edu-cativo, laboral, social, etc.) y a lo largo de todo el ciclo vital (de la infancia a la vejez); que garantice el acceso de todos y todas en condiciones de igualdad a los servicios esenciales; a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, comprometido con las personas con discapacidad y quienes sufren riesgo de exclusión; en definitiva, comprometido con la igualdad, la diversidad y la plurali-dad.

Este modelo económico y de crecimiento debe volver a colocar el cuidado de las personas y la compatibilización con el mercado laboral en el centro de la agenda política como un elemento clave en el logro de la igualdad, a través de la redistribución familiar e institucional.

Este modelo de crecimiento debe incorporar a las mujeres, contando con sus conocimientos y capacidades, su objetivo debe ser el crecimiento económico, social y el avance de la igualdad. Se calcula que la plena incorporación de las mujeres al mercado laboral, igualando con su participa-ción las tasas de empleo de los hombres supondría un 19% de aumento del PIB español, es un mensaje claro que los y las socialistas tenemos interiorizado: no podemos dejar pasar la mitad de las potencialidades de este país, no podemos desaprovechar la mitad del talento.

Desde el PSOE defendemos vincular los avances en la igualdad entre mujeres y hombres al desarrollo de nuevos sectores impulsores del nuevo modelo productivo, donde las mujeres encuentren más oportunidades.

2.Políticas de empleo que incentiven la creación de empleo y acompañen a las mujeres en situación de desempleo.

Es fundamental reforzar las políticas activas de empleo. Su utilización intensiva y temprana puede acortar la duración de las situaciones desempleo y reducir, así, el gasto en políticas pasi-vas. De este modo, cuanto más eficientes sean las políticas activas, menor será la inversión que se demande en prestaciones o subsidios por desempleo. Y ello permitiría tener más recursos para la financiación de las propias políticas activas de empleo.

Las políticas activas de empleo han sido fundamentales para la incorporación de las mujeres al empleo, durante las últimas décadas hemos comprobado cómo la tasa de actividad femenina no ha parado de crecer: en el año 80 era de 28 puntos, en el 90 se sitúa en los 34, a principios del 2000 alcanza los 41 y diez años después, en el 2010 llega a más de 52 puntos.

Para avanzar en la incorporación de las mujeres al empleo, planteamos el impulso de las Políti-cas Activas de Empleo y, en concreto, el desarrollo de algunas iniciativas concretas, la más importante un acuerdo personal de empleo, que consiste en ofrecer a las mujeres desemplea-das, de acuerdo con sus necesidades, una hoja de ruta que defina el compromiso y las garantías que se establecen entre las mujeres desempleadas y los servicios públicos.

Otras políticas son incentivar la actividad empresarial femenina, garantizando el acceso de las mujeres al crédito. Debemos mantener las prestaciones para las personas que inicien un proyec-to de actividad por cuenta propia durante un periodo de 6 meses: se trata de que la protección por desempleo pueda servir para amortiguar la incertidumbre económica de los primeros momentos de puesta en marcha de un proyecto profesional.

Apostamos por la incorporación de las mujeres a los empleos tecnológicos, en especial a los relacionados con la concepción y desarrollo de la tecnología.

Así como la adopción de un plan de fomento de las empresas de economía social para la presta-ción de servicios de proximidad, cuidado de personas dependientes y programas de desarrollo sostenible en zonas rurales, favoreciendo el emprendimiento femenino, la capacitación, y el incremento de su afiliación a la seguridad social a través de los empleos obtenidos.

También proponemos capitalizar la prestación por desempleo para proyectos de formación y reciclaje profesional que deriven en la obtención del título de formación profesional de grado superior.

3.La igualdad en el empleo.

La necesidad de generar empleos en nuestra economía debe ser inherente a la mejora de la calidad de los mismos. Porque, siendo imprescindible elevar nuestro nivel de empleo, lo es igual-mente hacer que este sea más productivo, seguro y estable. Se trata no sólo de impulsar la crea-ción de empleo, sino de reforzar el valor del trabajo como elemento esencial de las capacidades de desarrollo económico y social del país.

En este sentido, el elevado nivel de temporalidad que caracteriza el mercado laboral español es incompatible con el necesario cambio de modelo de crecimiento y del empleo que requiere nuestra economía. Una precariedad que se refleja sobre todo en el elevado volumen relativo de trabajadores/as que poseen una relación contractual de carácter temporal (el segundo más alto de la Unión Europea), en su inmensa mayoría de forma involuntaria. Una precariedad que afecta especialmente a las mujeres, que tiene menos contratos indefinidos que los hombres y ocupan el 76% de las jornadas a tiempo parcial, en su inmensa mayoría por no haber encontrado un empleo a tiempo completo, rechazamos, así, el mito de que son ellas las que se autoexcluyen.Para avanzar en la igualdad en el empleo es urgente cumplir la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Entre sus medidas, muy importante es el desarrollo de los Planes de Igualdad en las empresas de carácter obligatorio, que deben conte-ner unos requisitos mínimos y ser evaluados de manera sistemática, a fin de valorar sus efectos en el avance de la igualdad en la empresa.

También es imprescindible la aprobación de un Plan contra la desigualdad salarial, que incorpore la actuación específica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el incremento de las sanciones a las empresas, la elaboración de auditorías, y otras actuaciones que impidan las diferencias salariales tanto en sueldos como en complementos cuando se realizan trabajos de igual valor.

Pero también, en el contexto de la Ley de Igualdad es fundamental avanzar en la incorporación de las mujeres a los Consejos de Administración de las empresas, en la línea de hacer obligatoria una cuota mínima de participación, tal como establece la propuesta legislativa de Directiva de la Comisión Europea.

Por otra parte, para corregir la desigualdad que genera el empleo a tiempo parcial, de deben establecer algunas iniciativas, tales como eliminar la posibilidad de realizar horas extraordinarias y disponer la necesidad de respetar los derechos de conciliación que se estuvieran ejerciendo por los trabajadores/as de la empresa en caso de variación de condiciones de trabajo o distribu-ción irregular de la jornada.

Otra iniciativa importante es eliminar, tal como ha fallado recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la doble contribución con la que se penaliza a las personas que trabajan a

tiempo parcial, que son, en su gran mayoría, mujeres.

4. La corresponsabilidad de la vida laboral y familiar como derecho de todos los trabajadores y trabajadoras.

No demasiada buena suerte han compartido las políticas de igualdad que tienden a correspon-sabilizar a hombres y mujeres respecto de los tiempos remunerados y de cuidados, en la línea de reforzar, como establece la Ley de Igualdad, la asunción colectiva de la maternidad. Como es bien sabido, los recortes llevados a cabo por los Gobiernos central y autonómicos han afectado severamente a las políticas de conciliación: los recortes en la Ley de Dependencia, las subidas de tasas de las escuelas infantiles, las supresión del programa Educa3 o el aplazamiento de la ampliación del permiso de paternidad son buena prueba de ello.

Es necesario que los poderes públicos vuelvan a apostar por servicios públicos de cuidados de calidad y ello por muchos motivos y de gran calado. Empezando porque el cuidado de hijos e hijas no es un tema que deba resolver cada familia según su disponibilidad de tiempo y capaci-dad económica. Es así como se genera una de las más importantes fuentes de desigualdad de oportunidades. Es más, tal como las estadísticas constatan, es en los países donde se ofrecen más y mejores infraestructuras de cuidados donde las mujeres han conseguido una indepen-dencia económica equiparable a la del hombre y donde se ha logrado luchar con éxito contra el fenómeno global de la feminización de la pobreza.

Por otro lado, la universalización de la educación de 0 a 3 años y el refuerzo de los servicios de atención a las personas dependientes atiende dos finalidades claves de las políticas de empleo: reforzar la estabilidad y la presencia en el mercado de trabajo de las mujeres con responsabilida-des familiares y promover la creación de nuevos empleos. Sin olvidar que un programa intensivo de construcción y mantenimiento de infraestructuras de cuidado ayudará a la recuperación de la actividad en el sector de la construcción. Sabemos que es un momento económico delicado, pero es ahora cuando estamos llamados a poner las bases del modelo económico del futuro.

Junto a ello, realidades como la irracionalidad de los horarios en España en casi todas las facetas de la vida cotidiana dificulta enormemente compaginar la vida personal y laboral y causa graves problemas de salud que tienen su origen en la incapacidad de las personas, especialmente las mujeres trabajadoras, de controlar el tiempo dedicado a su vida personal. De ahí que numerosos estudios recomienden la urgencia de emprender iniciativas legislativas de carácter transversal que nos encaminen hacia unos horarios de vida y de trabajo más acordes con los habidos en los países de la Unión Europea.

Una cuestión clave en este punto es el relativo a la jornada de trabajo. España es el tercer país de la Unión Europea con jornadas más largas. La cultura de trabajo de prolongación de la jornada y la irregularidad e imprevisibilidad de los horarios expulsa a las mujeres del mercado laboral o las relega al trabajo a tiempo parcial o de dedicación marginal. No hay que olvidar que el desigual reparto de las responsabilidades familiares conduce a una brecha salarial por género, pero tam-bién a una brecha de género en la jornada de trabajo, de manera que son las mujeres quienes más se acogen a los instrumentos disponibles de flexibilidad de jornada.

En esta situación, la reforma laboral de 2012 ha ahondado más en esta brecha, mediante un aumento de los poderes empresariales de variación en las condiciones de trabajo sin tener en cuenta los derechos de conciliación de la vida familiar y profesional y su relevancia constitucio-nal. Por ello, resulta cada vez más necesario repensar la organización de trabajo, de forma que se mejore la competitividad y la productividad de las empresas y a la vez los/as trabajadores/as tengan mayor autonomía en relación con el tiempo de trabajo. Las normas laborales deben fomentar un cambio de organización laboral para emplear más racionalmente el tiempo de trabajo. Para fomentar la creatividad y el talento desaprovechado de las mujeres frente a la cultura de trabajo que fomenta las jornadas extensivas y la imprevisión de los horarios. Esta cultura de trabajo está fuertemente arraigada en muchos sectores profesionales y en determi-nados puestos de trabajo como, por ejemplo, los de gestión y dirección de empresas, que se ha mantenido a lo largo del tiempo como una actividad de dominio casi exclusivamente masculino.

En nuestro país hay ejemplos en la negociación de colectiva en los que los agentes sociales han recurrido a fórmulas alternativas de tiempo de trabajo que han permitido un mejor equilibrio entre los intereses de trabajadores y empresarios. Es por ello que sería conveniente situar en el marco de la negociación colectiva este tipo de materias. En relación a la jornada de trabajo y el derecho al ejercicio de la maternidad/paternidad, las propuestas irán en las siguientes direccio-nes:

- Introducir como contenido mínimo de los convenios colectivos la regulación de un derecho individual a solicitar la adaptación de la duración y distribución de la jornada por motivos de conciliación. El objetivo es garantizar más los derechos de presencia en el trabajo, que los derechos de ausencia del mismo, mediante una fórmula abierta, que sitúe el derecho a compatibilizar las responsabilidades familiares y laborales en el centro de la negociación colectiva y que, a su vez, permita una mejor adaptación en el ejercicio de ese derecho a las características de la empresa o del sector.

- Transponer a nuestro ordenamiento la Directiva 2010/18/UE en relación con dos puntos básicos: medidas para que los/as trabajadores/as, al reincorporarse tras un permiso parental, puedan solicitar cambios en sus horarios o regímenes de trabajo durante un determinado periodo de tiempo; previsión normativa que autorice a los/as trabajadores/as a ausentarse del trabajo por motivos de fuerza mayor vinculados a asuntos familiares urgentes, en caso de enfermedad o accidentes que hagan indispen-sable la presencia inmediata del/la trabajador/a.

- Establecer horarios laborales orientados a la conciliación, y a la corresponsabilidad, a fin de que sean compatibles con la vida familiar, los tiempos educativos, y las actividades culturales, formativas y sociales de trabajadores y trabajadoras.

- Garantizar el derecho universal a la protección de la maternidad durante las 6 semanas siguientes al parto.

- Emprender iniciativas legislativas para revisar y mejorar la legislación en materia de

permisos y excedencias por cuidado de hijos e hijas y demás familiares, con el fin de evaluar los requisitos de su disfrute desde la perspectiva de la corresponsabilidad de hombres y mujeres en la asunción de las tareas de cuidado, y también de la especial protección que merecen los hogares monoparentales.

- Incrementar el permiso de paternidad, tal como estaba previsto en la Ley de igualdad y con el objetivo de equipararlo progresivamente a la duración del de maternidad.

A fin de garantizar los derechos sociales, como elementos fundamentales para conquistar la igualdad:

- Mantener la sanidad y la educación públicas, universales y de calidad, puesto que además de señas de identidad de nuestro Estado del Bienestar, constituyen una impor-tantísima fuente de renta indirecta para el conjunto de la ciudadanía.

- Impulsar las políticas de atención a las personas en situación de dependencia y el apoyo a quienes están en la pobreza con políticas de inclusión adecuadas.

-Establecer mecanismos compensatorios a las personas trabajadoras que se ocupen del cuidado de personas en situación de dependencia o menores, a fin de favorecer su parti-cipación en las pensiones del sistema contributivo de la Seguridad Social. En este punto, es fundamental recuperar la financiación de la cotización a la seguridad social de las personas cuidadoras en el sistema de atención a la dependencia.

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el crecimiento económico y el empleo con las mujeres

LOS AVANCES

Desde que el PP ha asumido- hace poco más que un año- el Gobierno de nuestro país, las muje-res solo hemos vivido retrocesos. Jamás habíamos visto una carrera hacia atrás con semejante velocidad.

Durante los años de Democracia las mujeres españolas hemos avanzado mucho. Desde Gobier-nos y Parlamentos, junto a las organizaciones de mujeres y sociales, hemos construido institu-ciones y políticas públicas, planes de igualdad, leyes que han permitido cambiar nuestra vida cotidiana. Hemos conseguido acceder al empleo, ampliar el derecho a la conciliación, penalizar la violencia…. Ahora somos más, y estamos más presentes en el espacio público.

Habíamos diseñado un modelo para avanzar en igualdad. Creíamos que siempre iríamos hacia adelante. Hoy, sin embargo, sabemos que eso no es así y que los retrocesos en igualdad son una realidad, que pueden llevar a las mujeres más jóvenes a vivir en un mundo más desigual que el nuestro.

Gracias al compromiso del PSOE y su alianza con el movimiento de mujeres, dimos pasos impor-tantes que podríamos concretar y hacer visibles en algunas leyes y realidades;

Ley de igualdad efectiva de mujeres y hombres, con sus avances en todas las áreas de actuación pública, su apuesta por la paridad y por la igualdad en el empleo.

La Ley integral contra la violencia de género.

La Ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo.

Desarrollo normativo para proteger los derechos laborales de las mujeres y el derecho a la corresponsabilidad de trabajadores y trabajadoras.

La ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y el desarrollo del Estado del Bienestar.

Hoy sin embargo estos avances están en riesgo, puesto que el PP hace una política de involución contraria a los derechos de las mujeres. Es un retroceso de más de 30 años, que ha roto con todos los consensos que se han producido en nuestra democracia, el político, el económico, el social y el territorial, y de forma muy grave, con ese consenso de apuesta por la Igualdad.

GRAVE RETROCESO EN EL EMPLEO Y BIENESTAR.

El desempleo femenino está creciendo de manera importante en este momento, y es responsa-bilidad indiscutible de las medidas que ha adoptado el Gobierno de Rajoy. Tanto la reforma labo-ral como posteriormente los ajustes en Sanidad, Educación y Dependencia han tenido un impac-to negativo mayor en las mujeres, y los datos así lo indican. En los últimos seis meses del año pasado, 191.700 mujeres han ido al paro, frente a 80.600 hombres. Es más, el cuarto trimestre del 2012 se alcanzó el “lamentable record” en destrucción de empleo femenino, 131.000 empleos destruidos, el peor final de año para el empleo de las mujeres de toda la serie histórica.

Los recortes en derechos y servicios están haciendo que las mujeres vean limitadas sus posibili-dades para acceder o mantenerse en el empleo público, donde muchas mujeres se habían situa-do, pero también en el empleo privado, ante la imposibilidad de que la atención de las personas que necesitan cuidados, mayores, menores y personas en situación de dependencia, sea cubier-ta por el Estado.

El desmantelamiento progresivo del Estado del Bienestar –en políticas sociales, sanitarias, educativas, o de atención a la Dependencia- y la política de recortes del gobierno, eliminando servicios públicos esenciales, que afectan a la Administración Pública y a empresas que trabajan como proveedoras de servicios, perjudican doblemente a las mujeres: por un lado en estos sectores son mayoría como trabajadoras y, por otra parte, empeora la situación de todas las mujeres al tener que asumir la atención de las necesidades de cuidado de niños/as y personas mayores, resultando imposible la conciliación de la vida familiar y laboral.

Además la Reforma Laboral ha conseguido un efecto contrario al que el Gobierno decía preten-der. No sólo abarató el despido facilitando la destrucción de empleo. Ha quitado derechos a las trabajadoras, especialmente a las mujeres con responsabilidades familiares, a las que trabajan a tiempo parcial o de manera temporal, a la vez que está haciendo imposible la conciliación de la vida familiar y laboral.

La Reforma laboral ha dejado sin herramientas para la negociación colectiva a los trabajadores y trabajadoras, de manera que elimina el instrumento más importante para acordar los Planes de Igualdad en las empresas y aquellos grandes acuerdos a favor de la conciliación. Además ha extendido los despidos en el sector público (donde está el 25% del empleo femenino), y ha dejado en manos de las empresas la organización de tiempos de trabajo, jornadas, horarios, y movilidad.

Con la Reforma Laboral y el decreto de medidas de austeridad posterior desaparece la posibili-dad de las mujeres de organizar sus tiempos de lactancia, y reducción de jornada en el caso de tener a su cargo algún menor o una persona con discapacidad, además desaparecen las bonifi-caciones a las contrataciones tras la reincorporación por maternidad o cuidado tanto en mujeres que están en régimen general como en autónomas.

Y mientras tanto crece la desigualdad salarial entre mujeres y hombres, y encontramos a las

mujeres en los tramos salariales más bajos. Esta brecha salarial es una discriminación muy importante, no sólo por el hecho en sí de la desigualdad salarial, sino además porque esa desigualdad se mantiene a lo largo de la vida de las mujeres, afectando a su protección social, sus cotizaciones de desempleo y su jubilación.

Por otra parte debemos tener en cuenta que se están reduciendo las políticas de apoyo y cuida-do a las personas en situación de dependencia, menores y mayores de 65 años. El PP ha recorta-do la financiación a la dependencia, atacando a su sostenibilidad económica y provocando el desmantelamiento progresivo del sistema.

Las medidas del Gobierno en relación a la dependencia son negativas para el cuidado, para el empleo femenino, para la conciliación de la vida laboral y familiar, y para quienes se ocupan de cuidar, que al menos antes tenían una prestación y el derecho a acogerse al sistema contributivo de la Seguridad Social.

Los recortes en servicios como la atención a la dependencia y la promoción de la autonomía, la sanidad, y la educación, suponen una mayor carga de trabajo para las mujeres, dificultando sus opciones para acceder al empleo. Y a pesar de ello, en el último año más de 31.000 mujeres han creado su propia empresa, demos-trando la capacidad de superación que tienen las mujeres ante la peor de las adversidades en estos momentos: perder su empleo. Una capacidad que, sin embargo, se ve limitada por la políti-ca contra la igualdad que está llevando a cabo el PP y que es necesario cambiar, para aprovechar todo el potencial que tiene la igualdad como motor del crecimiento y la cohesión social.

ANÁLISIS Y RESPUESTAS, ANTE ESTA SITUACIÓN DESDE EL PSOE CREEMOS QUE:

España necesita avanzar, y sólo avanzaremos con equidad entre hombres y mujeres, porque cuando las mujeres avanzan, lo hace toda la sociedad. Una economía globalizada que no prescin-da de la mitad del talento y de la capacidad será una economía ventajosa donde las personas sean el centro y no un mero instrumento. Porque de esta grave crisis en la que estamos inmer-sos saldremos con las mujeres o no saldremos.

En nuestro análisis y en nuestras respuestas sabemos que debemos ir más allá de la crisis. Sin duda la situación de desventaja de las mujeres está siendo agravada por ella, pero la desigualad viene de antiguo, viene de una concepción social que situaba a las mujeres en la esfera privada y a los hombres en lo público y que no está del todo superada. Con la irrupción de las mujeres en el mercado laboral se rompió está desigualdad pero en un solo sentido, provocando una enorme sobrecarga en la vida de las mujeres, que además de atender sus responsabilidades familiares se incorporan a un mercado laboral que las sitúa en peores condiciones y con los salarios más bajos. Si hay algo que podría definir a la inmensa de la mayoría de las mujeres es el cansancio que provoca esta sobrecarga. La verdadera revolución llegará cuando consigamos incluir en la esfera económica los cuidados familiares y éstos formen parte de la vida diaria tanto de hombres como de mujeres y el mercado laboral no discrimine a la mitad de sus trabadores por el hecho de pertenecer a un género. Por lo tanto apostamos por: 1. Un crecimiento económico que incorpora la igualdad y por lo tanto cuenta con las muje-res y con toda la población.

En estos momentos es imprescindible situar la creación de empleo y el crecimiento en el centro de las prioridades políticas, y diseñar una Estrategia Global de Recuperación capaz de reducir el déficit y crear nuevas bases para una reactivación económica que impulse la creación de empleo de calidad.

El primer objetivo de esta Estrategia es fomentar el crecimiento económico, y que dicho creci-miento sea sostenido y duradero, que permita planificar hacia el futuro y crear la confianza necesaria para las generaciones futuras. Equilibrado, tanto con el entorno y el medio ambiente, como en la distribución de la renta, presente y futura, y que palie los desajustes de los ciclos económicos. Integrador, que refuerce la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos (edu-cativo, laboral, social, etc.) y a lo largo de todo el ciclo vital (de la infancia a la vejez); que garantice el acceso de todos y todas en condiciones de igualdad a los servicios esenciales; a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, comprometido con las personas con discapacidad y quienes sufren riesgo de exclusión; en definitiva, comprometido con la igualdad, la diversidad y la plurali-dad.

Este modelo económico y de crecimiento debe volver a colocar el cuidado de las personas y la compatibilización con el mercado laboral en el centro de la agenda política como un elemento clave en el logro de la igualdad, a través de la redistribución familiar e institucional.

Este modelo de crecimiento debe incorporar a las mujeres, contando con sus conocimientos y capacidades, su objetivo debe ser el crecimiento económico, social y el avance de la igualdad. Se calcula que la plena incorporación de las mujeres al mercado laboral, igualando con su participa-ción las tasas de empleo de los hombres supondría un 19% de aumento del PIB español, es un mensaje claro que los y las socialistas tenemos interiorizado: no podemos dejar pasar la mitad de las potencialidades de este país, no podemos desaprovechar la mitad del talento.

Desde el PSOE defendemos vincular los avances en la igualdad entre mujeres y hombres al desarrollo de nuevos sectores impulsores del nuevo modelo productivo, donde las mujeres encuentren más oportunidades.

2.Políticas de empleo que incentiven la creación de empleo y acompañen a las mujeres en situación de desempleo.

Es fundamental reforzar las políticas activas de empleo. Su utilización intensiva y temprana puede acortar la duración de las situaciones desempleo y reducir, así, el gasto en políticas pasi-vas. De este modo, cuanto más eficientes sean las políticas activas, menor será la inversión que se demande en prestaciones o subsidios por desempleo. Y ello permitiría tener más recursos para la financiación de las propias políticas activas de empleo.

Las políticas activas de empleo han sido fundamentales para la incorporación de las mujeres al empleo, durante las últimas décadas hemos comprobado cómo la tasa de actividad femenina no ha parado de crecer: en el año 80 era de 28 puntos, en el 90 se sitúa en los 34, a principios del 2000 alcanza los 41 y diez años después, en el 2010 llega a más de 52 puntos.

Para avanzar en la incorporación de las mujeres al empleo, planteamos el impulso de las Políti-cas Activas de Empleo y, en concreto, el desarrollo de algunas iniciativas concretas, la más importante un acuerdo personal de empleo, que consiste en ofrecer a las mujeres desemplea-das, de acuerdo con sus necesidades, una hoja de ruta que defina el compromiso y las garantías que se establecen entre las mujeres desempleadas y los servicios públicos.

Otras políticas son incentivar la actividad empresarial femenina, garantizando el acceso de las mujeres al crédito. Debemos mantener las prestaciones para las personas que inicien un proyec-to de actividad por cuenta propia durante un periodo de 6 meses: se trata de que la protección por desempleo pueda servir para amortiguar la incertidumbre económica de los primeros momentos de puesta en marcha de un proyecto profesional.

Apostamos por la incorporación de las mujeres a los empleos tecnológicos, en especial a los relacionados con la concepción y desarrollo de la tecnología.

Así como la adopción de un plan de fomento de las empresas de economía social para la presta-ción de servicios de proximidad, cuidado de personas dependientes y programas de desarrollo sostenible en zonas rurales, favoreciendo el emprendimiento femenino, la capacitación, y el incremento de su afiliación a la seguridad social a través de los empleos obtenidos.

También proponemos capitalizar la prestación por desempleo para proyectos de formación y reciclaje profesional que deriven en la obtención del título de formación profesional de grado superior.

3.La igualdad en el empleo.

La necesidad de generar empleos en nuestra economía debe ser inherente a la mejora de la calidad de los mismos. Porque, siendo imprescindible elevar nuestro nivel de empleo, lo es igual-mente hacer que este sea más productivo, seguro y estable. Se trata no sólo de impulsar la crea-ción de empleo, sino de reforzar el valor del trabajo como elemento esencial de las capacidades de desarrollo económico y social del país.

En este sentido, el elevado nivel de temporalidad que caracteriza el mercado laboral español es incompatible con el necesario cambio de modelo de crecimiento y del empleo que requiere nuestra economía. Una precariedad que se refleja sobre todo en el elevado volumen relativo de trabajadores/as que poseen una relación contractual de carácter temporal (el segundo más alto de la Unión Europea), en su inmensa mayoría de forma involuntaria. Una precariedad que afecta especialmente a las mujeres, que tiene menos contratos indefinidos que los hombres y ocupan el 76% de las jornadas a tiempo parcial, en su inmensa mayoría por no haber encontrado un empleo a tiempo completo, rechazamos, así, el mito de que son ellas las que se autoexcluyen.Para avanzar en la igualdad en el empleo es urgente cumplir la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Entre sus medidas, muy importante es el desarrollo de los Planes de Igualdad en las empresas de carácter obligatorio, que deben conte-ner unos requisitos mínimos y ser evaluados de manera sistemática, a fin de valorar sus efectos en el avance de la igualdad en la empresa.

También es imprescindible la aprobación de un Plan contra la desigualdad salarial, que incorpore la actuación específica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el incremento de las sanciones a las empresas, la elaboración de auditorías, y otras actuaciones que impidan las diferencias salariales tanto en sueldos como en complementos cuando se realizan trabajos de igual valor.

Pero también, en el contexto de la Ley de Igualdad es fundamental avanzar en la incorporación de las mujeres a los Consejos de Administración de las empresas, en la línea de hacer obligatoria una cuota mínima de participación, tal como establece la propuesta legislativa de Directiva de la Comisión Europea.

Por otra parte, para corregir la desigualdad que genera el empleo a tiempo parcial, de deben establecer algunas iniciativas, tales como eliminar la posibilidad de realizar horas extraordinarias y disponer la necesidad de respetar los derechos de conciliación que se estuvieran ejerciendo por los trabajadores/as de la empresa en caso de variación de condiciones de trabajo o distribu-ción irregular de la jornada.

Otra iniciativa importante es eliminar, tal como ha fallado recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la doble contribución con la que se penaliza a las personas que trabajan a

tiempo parcial, que son, en su gran mayoría, mujeres.

4. La corresponsabilidad de la vida laboral y familiar como derecho de todos los trabajadores y trabajadoras.

No demasiada buena suerte han compartido las políticas de igualdad que tienden a correspon-sabilizar a hombres y mujeres respecto de los tiempos remunerados y de cuidados, en la línea de reforzar, como establece la Ley de Igualdad, la asunción colectiva de la maternidad. Como es bien sabido, los recortes llevados a cabo por los Gobiernos central y autonómicos han afectado severamente a las políticas de conciliación: los recortes en la Ley de Dependencia, las subidas de tasas de las escuelas infantiles, las supresión del programa Educa3 o el aplazamiento de la ampliación del permiso de paternidad son buena prueba de ello.

Es necesario que los poderes públicos vuelvan a apostar por servicios públicos de cuidados de calidad y ello por muchos motivos y de gran calado. Empezando porque el cuidado de hijos e hijas no es un tema que deba resolver cada familia según su disponibilidad de tiempo y capaci-dad económica. Es así como se genera una de las más importantes fuentes de desigualdad de oportunidades. Es más, tal como las estadísticas constatan, es en los países donde se ofrecen más y mejores infraestructuras de cuidados donde las mujeres han conseguido una indepen-dencia económica equiparable a la del hombre y donde se ha logrado luchar con éxito contra el fenómeno global de la feminización de la pobreza.

Por otro lado, la universalización de la educación de 0 a 3 años y el refuerzo de los servicios de atención a las personas dependientes atiende dos finalidades claves de las políticas de empleo: reforzar la estabilidad y la presencia en el mercado de trabajo de las mujeres con responsabilida-des familiares y promover la creación de nuevos empleos. Sin olvidar que un programa intensivo de construcción y mantenimiento de infraestructuras de cuidado ayudará a la recuperación de la actividad en el sector de la construcción. Sabemos que es un momento económico delicado, pero es ahora cuando estamos llamados a poner las bases del modelo económico del futuro.

Junto a ello, realidades como la irracionalidad de los horarios en España en casi todas las facetas de la vida cotidiana dificulta enormemente compaginar la vida personal y laboral y causa graves problemas de salud que tienen su origen en la incapacidad de las personas, especialmente las mujeres trabajadoras, de controlar el tiempo dedicado a su vida personal. De ahí que numerosos estudios recomienden la urgencia de emprender iniciativas legislativas de carácter transversal que nos encaminen hacia unos horarios de vida y de trabajo más acordes con los habidos en los países de la Unión Europea.

Una cuestión clave en este punto es el relativo a la jornada de trabajo. España es el tercer país de la Unión Europea con jornadas más largas. La cultura de trabajo de prolongación de la jornada y la irregularidad e imprevisibilidad de los horarios expulsa a las mujeres del mercado laboral o las relega al trabajo a tiempo parcial o de dedicación marginal. No hay que olvidar que el desigual reparto de las responsabilidades familiares conduce a una brecha salarial por género, pero tam-bién a una brecha de género en la jornada de trabajo, de manera que son las mujeres quienes más se acogen a los instrumentos disponibles de flexibilidad de jornada.

En esta situación, la reforma laboral de 2012 ha ahondado más en esta brecha, mediante un aumento de los poderes empresariales de variación en las condiciones de trabajo sin tener en cuenta los derechos de conciliación de la vida familiar y profesional y su relevancia constitucio-nal. Por ello, resulta cada vez más necesario repensar la organización de trabajo, de forma que se mejore la competitividad y la productividad de las empresas y a la vez los/as trabajadores/as tengan mayor autonomía en relación con el tiempo de trabajo. Las normas laborales deben fomentar un cambio de organización laboral para emplear más racionalmente el tiempo de trabajo. Para fomentar la creatividad y el talento desaprovechado de las mujeres frente a la cultura de trabajo que fomenta las jornadas extensivas y la imprevisión de los horarios. Esta cultura de trabajo está fuertemente arraigada en muchos sectores profesionales y en determi-nados puestos de trabajo como, por ejemplo, los de gestión y dirección de empresas, que se ha mantenido a lo largo del tiempo como una actividad de dominio casi exclusivamente masculino.

En nuestro país hay ejemplos en la negociación de colectiva en los que los agentes sociales han recurrido a fórmulas alternativas de tiempo de trabajo que han permitido un mejor equilibrio entre los intereses de trabajadores y empresarios. Es por ello que sería conveniente situar en el marco de la negociación colectiva este tipo de materias. En relación a la jornada de trabajo y el derecho al ejercicio de la maternidad/paternidad, las propuestas irán en las siguientes direccio-nes:

- Introducir como contenido mínimo de los convenios colectivos la regulación de un derecho individual a solicitar la adaptación de la duración y distribución de la jornada por motivos de conciliación. El objetivo es garantizar más los derechos de presencia en el trabajo, que los derechos de ausencia del mismo, mediante una fórmula abierta, que sitúe el derecho a compatibilizar las responsabilidades familiares y laborales en el centro de la negociación colectiva y que, a su vez, permita una mejor adaptación en el ejercicio de ese derecho a las características de la empresa o del sector.

- Transponer a nuestro ordenamiento la Directiva 2010/18/UE en relación con dos puntos básicos: medidas para que los/as trabajadores/as, al reincorporarse tras un permiso parental, puedan solicitar cambios en sus horarios o regímenes de trabajo durante un determinado periodo de tiempo; previsión normativa que autorice a los/as trabajadores/as a ausentarse del trabajo por motivos de fuerza mayor vinculados a asuntos familiares urgentes, en caso de enfermedad o accidentes que hagan indispen-sable la presencia inmediata del/la trabajador/a.

- Establecer horarios laborales orientados a la conciliación, y a la corresponsabilidad, a fin de que sean compatibles con la vida familiar, los tiempos educativos, y las actividades culturales, formativas y sociales de trabajadores y trabajadoras.

- Garantizar el derecho universal a la protección de la maternidad durante las 6 semanas siguientes al parto.

- Emprender iniciativas legislativas para revisar y mejorar la legislación en materia de

permisos y excedencias por cuidado de hijos e hijas y demás familiares, con el fin de evaluar los requisitos de su disfrute desde la perspectiva de la corresponsabilidad de hombres y mujeres en la asunción de las tareas de cuidado, y también de la especial protección que merecen los hogares monoparentales.

- Incrementar el permiso de paternidad, tal como estaba previsto en la Ley de igualdad y con el objetivo de equipararlo progresivamente a la duración del de maternidad.

A fin de garantizar los derechos sociales, como elementos fundamentales para conquistar la igualdad:

- Mantener la sanidad y la educación públicas, universales y de calidad, puesto que además de señas de identidad de nuestro Estado del Bienestar, constituyen una impor-tantísima fuente de renta indirecta para el conjunto de la ciudadanía.

- Impulsar las políticas de atención a las personas en situación de dependencia y el apoyo a quienes están en la pobreza con políticas de inclusión adecuadas.

-Establecer mecanismos compensatorios a las personas trabajadoras que se ocupen del cuidado de personas en situación de dependencia o menores, a fin de favorecer su parti-cipación en las pensiones del sistema contributivo de la Seguridad Social. En este punto, es fundamental recuperar la financiación de la cotización a la seguridad social de las personas cuidadoras en el sistema de atención a la dependencia.

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