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GACETA PARLAMENTARIA Órgano de difusión interna
del Poder Legislativo del Estado de México
Año 1
No. 9 octubre 31, 2006
“2006. Año del Presidente de México, Benito Pablo Juárez García”
I N D I C E
Página ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 3
ASUNTOS TRATADOS EN LA SESIÓN DELIBERANTE, DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2006, PENDIENTES DE PUBLICACIÓN
DOCUMENTO QUE REMITE EL SECRETARIO DE ASUNTOS PARLAMENTARIOS DEL PODER LEGISLATIVO, POR EL QUE COMUNICA LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS FORMULADAS POR DIVERSOS MUNICIPIOS SOBRE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y DE CONSTRUCCIÓN, PARA SU TRAMITACIÓN ANTE LA “LVI” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO. 6 PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR EL DIPUTADO GERMÁN RUFINO CONTRERAS VELÁSQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN RELACIÓN CON DERECHOS HUMANOS. 7 PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR LA DIPUTADA JUANA BONILLA JAIME, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN RELACIÓN CON EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO. 16 PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA LILIA HERRERA ANZALDO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN RELACIÓN CON EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO. 20
ASUNTOS TRATADOS EN LA SESIÓN DELIBERANTE, DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2006, PENDIENTES DE PUBLICACIÓN
PRONUNCIAMIENTO FORMULADO POR EL DIPUTADO MÁXIMO GARCÍA FABREGAT, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO CONVERGENCIA, EN RELACIÓN CON LA CONSTITUCIÓN DEL FRENTE AMPLIO PROGRESISTA. 24
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INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO LUIS ANTONIO GUADARRAMA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, EN RELACIÓN CON LA CONSTITUCIÓN DEL FRENTE AMPLIO PROGRESISTA. 27 INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO AARÓN URBINA BEDOLLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN RELACIÓN CON LA CONSTITUCIÓN DEL FRENTE AMPLIO PROGRESISTA. 29 INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO DOMITILO POSADAS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN RELACIÓN CON LA CONSTITUCIÓN DEL FRENTE AMPLIO PROGRESISTA. 30 INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO JUAN CARLOS NÚÑEZ ARMAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO CONVERGENCIA, EN RELACIÓN CON LA CONSTITUCIÓN DEL FRENTE AMPLIO PROGRESISTA. 31
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
“2006. Año del Presidente de México, Benito Pablo Juárez García”
Acta de la Sesión Deliberante de la H. “LVI” Legislatura del Estado de México, celebrada
el día veinticuatro de octubre de dos mil seis.
Presidente Diputado Heriberto Enrique Ortega Ramírez
En el Salón de Sesiones del H. Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital
del Estado de México, a las catorce horas con cincuenta minutos del día veinticuatro de
octubre de dos mil seis, la Presidencia abre la sesión, una vez que la Secretaría pasó lista
de asistencia y verificó la existencia del quórum.
La Secretaría por instrucciones de la Presidencia, da lectura a la propuesta de orden del
día, misma que es aprobada por unanimidad de votos.
1.- La Presidencia informa que el acta de la sesión anterior ha sido incorporada en la
Gaceta Parlamentaria. El acta es aprobada por unanimidad de votos.
2.- La Secretaría por instrucciones de la Presidencia da lectura al documento mediante el
cual el Secretario de Asuntos Parlamentarios informa que se han recibido los proyectos
de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal 2007,
remitidos por los Ayuntamientos de los Municipios de: Capulhuac, Cuautitlán Izcalli,
Hueypoxtla y Chimalhuacán, México.
La Presidencia solicita a la Secretaría los registre y los remite a las Comisiones
Legislativas de Planeación y Gasto Público, de Finanzas Públicas y de Legislación y
Administración Municipal, para su estudio y dictamen.
3.- Uso de la palabra por el diputado Germán Rufino Contreras Velásquez del Grupo
Parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo en relación con derechos
humanos.
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Para hablar sobre el mismo tema hacen uso de la palabra los diputados Carlos Alberto
Pérez Cuevas, Azucena Olivares Villagómez, Roberto Río Valle Uribe, Germán Rufino
Contreras Velásquez, Miguel Ángel Ordóñez Rayón, Héctor Eduardo Velasco Monroy y
Óscar Guillermo Ceballos González.
Por unanimidad de votos se admite a trámite la propuesta de punto de acuerdo; y la
Presidencia solicita a la Secretaría la registre y la remite a las Comisiones Legislativas de
Derechos Humanos y de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y
dictamen.
4.- Uso de la palabra por la diputada Juana Bonilla Jaime del Grupo Parlamentario del
PRD, para formular punto de acuerdo en relación con el Instituto Electoral del Estado de
México.
Para hablar sobre el mismo tema hace uso de la palabra la diputada Ana Lilia Herrera
Anzaldo, quien propone un punto de acuerdo a nombre del Grupo Parlamentario del PRI.
Para hablar sobre el mismo tema hacen uso de la palabra los diputados Tereso Martínez
Aldana y Joel Cruz Canseco.
Desde su curul la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo hace uso de la palabra para
puntualizar que el Grupo Parlamentario del PRI, solicita que el Presidente del Instituto
Electoral del Estado de México, informe a esta Soberanía sobre las auditorías practicadas
a dicho organismo y las medidas administrativas aplicadas para su atención en general.
Sobre el mismo tema hace uso de la palabra el diputado Juan Carlos Núñez Armas, para
manifestar su acuerdo para que el tema sea analizado en las comisiones y para proponer
que en la agenda de los asuntos a analizarse sean incorporados diversos temas entre los
que se encuentran los relativos a los procesos electorales, a la conformación del Consejo
General del Instituto Electoral y a la transparencia en dicho organismo.
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Por unanimidad de votos se admiten a trámite las propuestas presentadas; y la
Presidencia solicita a la Secretaría las registre y las remite a las Comisiones Legislativas
de Asuntos Electorales y de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, para su
estudio y dictamen.
La Presidencia solicita a la Secretaría registre la asistencia a la sesión, informando esta
última, que asistió la totalidad de los diputados.
5.- Agotados los asuntos en cartera, la Presidencia levanta la sesión siendo las dieciséis
horas con cincuenta y nueve minutos del día de la fecha; y cita para el día martes treinta y
uno de octubre del año en curso, a las once horas.
Diputados Secretarios
Carla Bianca Grieger Escudero José Suárez Reyes
Blanca Estela Gómez Carmona
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Toluca de Lerdo, Estado de México, 24 de octubre de 2006.
CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA DIRECTIVA DE LA H. “LVI” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO. P R E S E N T E S
El suscrito GERMÁN RUFINO CONTRERAS
VELÁSQUEZ, diputado presentante de la H. “LVI” Legislatura del
Estado Libre y Soberano de México, en ejercicio de las
facultades que me confieren los artículos 57 y 61 fracción I de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 38
fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 72 del
Reglamento del Poder Legislativo del Estado de México, someto
a la consideración de esta Honorable Asamblea PUNTO DE ACUERDO, a efecto de que si se considera procedente se
pueda turnar a comisiones, en los términos siguientes:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó su recomendación
número 38/2006, sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas con motivo
de los hechos ocurridos los días 3 y 4 de mayo en los Municipios de Texcoco y Atenco,
Estado de México.
En dicha recomendación, la Comisión indicó que “la mayor parte de los
demandantes presentan lesiones a consecuencia del trato recibido durante y después de
su detención, de las cuales se desprenden presuntas violaciones relacionadas con: el
derecho a la vida, daño en propiedad ajena; cateo domiciliario ilegal; robo;
incomunicación; amenazas y dilación o negligencia en la atención médica”.
Dip. Germán Rufino Contreras Velásquez
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Ya desde la presentación de su informe preliminar, el pasado 22 de mayo de 2006,
la citada Comisión señaló enfática, que “al concluir la investigación se emitiría el
pronunciamiento correspondiente relacionado con la totalidad de las quejas presentadas,
lo cual no implica ignorar la necesidad de adoptar, desde ahora, algunas medidas que se
han considerado con carácter prioritario, como es el caso de iniciar y agilizar las
averiguaciones previas por los delitos derivados de agresiones sexuales y el posible uso
ilegítimo de la fuerza por parte de servidores públicos que intervinieron en los hechos, así
como los procedimientos administrativos y dictar medidas administrativas que eviten la
repetición de estos actos tan lamentables, como los que se presentaron los días 3 y 4 de
mayo del presente año.” Pese a haberse celebrado una reunión entre el Ejecutivo del
Estado y el Presidente de la Comisión, hasta el momento no se ha integrado la totalidad
de las averiguaciones previas correspondientes.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó haber recibido 212 quejas.
En éstas se encontró que 202 personas acreditaron lesiones como consecuencia de
tratos crueles, inhumanos o degradantes; 123 denuncias por daño en propiedad ajena; 80
cateos ilegales; 76 por robo; 74 por incomunicación; 29 por amenazas; y 28 por dilación o
negligencia médica.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se quejó que encontró varios
obstáculos para el desarrollo de sus investigaciones. Cito textualmente: “en los hechos
ocurridos en la madrugada del 4 de mayo de 2006, en el municipio de San Salvador
Atenco, Estado de México, elementos de la Policía Federal Preventiva de la Secretaría de
Seguridad Pública Federal, impidieron el libre tránsito a los visitadores adjuntos de esta
Comisión Nacional para ingresar al lugar en donde se estaban llevando al cabo las
detenciones y dar fe de los procedimientos que seguían las autoridades”. Esto implica una
actitud violatoria de nuestra legislación y desde luego deben fincarse responsabilidades a
quien corresponda.
Se quejó también de que “en los certificados médicos de ingreso al Centro
Preventivo de Readaptación Social, “Santiaguito”, Almoloya de Juárez, Estado de México,
en el caso de las mujeres se advierten irregularidades en su elaboración tales como: falta
de orden cronológico en la descripción de las lesiones externas; descripción parcial de
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lesiones; es decir, no se dan las características específicas de cada una de ellas, y la
descripción de las lesiones es superficial”. Este hecho, por sí mismo, acredita
fehacientemente el ocultamiento y manipulación de los actos y pruebas que pudieran
revertirse, posteriormente, las autoridades policíacas y judiciales del Estado de México
que constituyen también delitos claramente tipificados por la ley penal.
La citada Comisión desplegó un equipo de 25 visitadores adjuntos y 4 peritos
médicos que se encargaron “de localizar y de recopilar tanto información como
testimonios desde el 3 de mayo de 2006 a la fecha, y en dichas inspecciones se han
obtenido fotografías, y se ha logrado la observación y fijación fílmica tanto en Almoloya de
Juárez como en Texcoco y en San Salvador Atenco”.
Resulta ahora que en su informe final y Recomendación 38/2006, dado a conocer
por el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dio cuenta de la
existencia de más de mil fotografías, además de los videos tomados “in situ”, que
constituyen pruebas contundentes de la barbarie desplegada por las corporaciones
policíacas en contra de los demandantes.
Regresando a este primer documento, dado a conocer el mismo mes de mayo en
que ocurrieron los hechos, se precisa que “para la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos existen evidencias que durante los hechos violentos suscitados 3 y 4 de mayo
en los Municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, algunos
manifestantes rebasaron los límites de su derecho de manifestación, lícita y pacífica, así
como el deber de obedecer la ley y demás mandamientos legítimos de las autoridades
competentes; sin embargo, esto, de ser así, no justificaría el hecho de que los elementos
encargados de la seguridad y vigilancia del evento se excedieran en el uso de la fuerza
pública, por lo que se pueden actualizar violaciones a diversos derechos fundamentales
inherentes a la dignidad humana, tales como los relativos a la integridad física, a la
legalidad, a la libertad sexual y a la seguridad jurídica previstos en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, así como en los
Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los
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Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y en el Código de Conducta para
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.”
Agrega con toda la contundencia que “sus actos, obviamente de los elementos y
jefes policíacos, deben realizarse conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por
México y en las leyes y los reglamentos aplicables”.
Insiste en ese informe preliminar dado a conocer desde el mismo mes de mayo, en
que “esta Comisión Nacional reitera hoy su petición hecha desde el 26 de enero de 2006,
en la recomendación general 12, para que las Autoridades Federales, Estatales y
Municipales, correspondientes, capaciten y evalúen periódicamente a los encargados de
cumplir la ley en los temas del uso de la fuerza, en todos los conocimientos que les son
exigibles, entre ellos, técnicas de detención, sometimiento, aseguramiento,
comportamiento de multitudes y que cuenten con la capacitación suficiente en relación
con la actuación apegada al respecto a los derechos humanos de todas las personas”.
Y remata diciendo que “los operativos en los cuales se pretenda utilizar la fuerza
pública deben de llevarse al cabo tomando las medidas necesarias para salvaguardar la
seguridad de las personas ajenas a los hechos; tal y como se prevé en el numeral 5 de
los Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”.
Del informe preliminar que presentó la Comisión se desprenden flagrantes
violaciones a los derechos humanos. Diversas organizaciones tanto internacionales como
de nuestro país, tales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Sin Fronteras,
el Centro Pro-Juárez, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos
Humanos, la Academia Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos y otras, han
concluido que en San Salvador Atenco se cometieron delitos de lesa humanidad como la
tortura sexual, perpetrada como una clara intención de venganza política y castigo para
27 mujeres que fueron detenidas e incomunicadas, que con todos ellos y particularmente
con las mujeres lo que se cometió fue verdaderamente un horror por las detenciones
ilegales, exceso de fuerza pública, lesiones, allanamiento de morada, torturas, vejaciones
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brutales, violaciones, abusos sexuales, humillaciones, deportaciones sumarias contra todo
derecho y toda la barbarie de que fueron capaces.
La semana anterior, Amnistía Internacional declaró que en el caso Atenco el
Gobierno Mexicano incurre en el delito de “denegación de justicia”. Tanto los informes de
la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de los Organismos Defensores de los
Derechos Humanos señalan que las autoridades del Gobierno del Estado de México, de
la Policía Federal Preventiva y Agencia de Seguridad Estatal Mexiquense incurrieron en
otros delitos, como el que las autoridades del “Penal Santiaguito” hayan lavado las ropas
de las víctimas para borrar evidencias; incomunicando ilegalmente a los detenidos, y que
los policías que participaron en el operativo sean claramente responsables de la muerte
del estudiante de la Facultad de Economía Alexis Benhumea y al que le estalló una
bomba de gas lacrimógeno en la cabeza, al impedirse que ingresara una ambulancia para
trasladarlo al hospital con el cráneo destrozado; y del menor Francisco Javier Cortés
Santiago, de 14 años de edad, quien falleció de un disparo en el pecho con una pistola
calibre 38 especial, a manos de la policía.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos asegura que los habitantes de San
Salvador Atenco no usaron armas de fuego, que las armas homicidas, pistolas 38
especial son las que usa la Policía Federal Preventiva.
Han pasado ya casi 5 meses y mientras 32 personas continúan procesadas en
Almoloya sin que se pueda acreditar fehacientemente que hayan cometido los delitos de
que se les acusa, hasta la fecha, solamente ha sido consignado un elemento policiaco y
se investiga a 15, pero ni un solo jefe o mando superior se le ha castigado.
La semana pasada, José Luis Soberanes Fernández, dio a conocer en un
programa televisivo, un adelanto de lo que sería un informe final. El informe da cuenta del
abuso excesivo del uso de la fuerza y la comisión de conductas delictivas por parte de los
elementos de Seguridad Pública Estatal y Federal, violatorias no, solamente de nuestra
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás legislación interna.
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También resultan violatorias del Estatuto de Roma, que en su artículo 5 y de la
manera más específica en el artículo 7, configuran delitos de lesa humanidad.
Entre los delitos cometidos que están configurados como de lesa humanidad en el
corpus jurídico internacional, se encuentra el asesinato, la deportación o traslado forzoso,
la tortura, la violación o cualquier forma de violencia sexual, y la persecución de un grupo
o colectividad fundada en motivos políticos.
El ataque contra los habitantes de San Salvador Atenco fue brutalmente
incompatible con los procedimientos establecidos legalmente para garantizar el
cumplimiento de la ley, sin que hubiera un menoscabo de la protección de los derechos
fundamentales y de las garantías que otorga nuestra Carta Magna.
No ha habido una respuesta clara a los reclamos sociales del pueblo de México y
de la comunidad internacional en torno al caso de San Salvador Atenco, donde se ha
documentado ampliamente el abuso de autoridad, la represión indiscriminada, la violación
de mujeres, los homicidios de un joven y de un menor de edad y tantas y tantas
violaciones más al estado de derecho.
Tampoco se ha castigado ni aclarado el nivel de responsabilidad de los altos
mandos de Seguridad Estatal, en los hechos tan lamentables de San Salvador Atenco y
su contubernio con la Policía Federal Preventiva para que los elementos a sus órdenes
pudieran perpetrar tanta violación a las garantías individuales como también lo
documentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El caso de San Salvador Atenco es el caso más grave de violación a los derechos
humanos, cometido por un gobierno en los últimos años en América Latina. Y el Gobierno
Mexicano acaba de obtener la Presidencia en el Consejo de Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas, razón de más para hacer justicia en este caso y en
otros más que han permanecido impunes hasta la fecha y que constituyen motivos de
vergüenza para el pueblo de México.
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Y además ya se escuchan voces. Hoy en los periódicos de circulación nacional,
Luis Alfonso de Alba, Presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, ya reclama castigo a los culpables.
La citada Recomendación 83/2006 de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos demanda “el total esclarecimiento y sanción penal a los elementos de las
fuerzas de seguridad pública responsables de los abusos y violación sexual de 22
detenidas”, pues “existen elementos para advertir presuntos actos de tipo penal: violación
sexual equiparada, realizada por policías que custodiaban a bordo del camión a las 50
detenidas, cuando eran trasladadas de San Salvador Atenco al “Penal de Santiaguito”,
Estado de México. 26 de ellas presentaron quejas por violación y ultraje. Las mujeres
manifestaron en actas circunstanciadas y otras evidencias que recibió la Comisión, que
las obligaron a realizar actos de naturaleza sexual bajo amenazas, como que continuaran
siendo golpeadas, que las matarían, que sabían donde vivían en caso de no cooperar”.
La Comisión aprobó fehacientemente, a pesar de deficiencias y obstáculos en la
investigación, que “hubo exceso de fuerza por las corporaciones policíacas, utilizando
armas de fuego contra la población, y entre otros delitos que deben ser sancionados,
incurrieron en tortura, allanamiento, cateos ilegales, robos, saqueos e incomunicación de
detenidos, además de deficiente labor de los defensores de oficio y violaciones sexuales
contra las aprehendidas”.
También recomienda la Comisión Nacional de Derechos Humanos al Instituto de
Migración que investigue la responsabilidad de los servidores públicos que expulsaron a 5
extranjeros, 4 mujeres y un hombre, a pesar de que ya tenían un amparo en su favor y
demandan que les sean restituidos sus derechos.
Muy en concreto, al Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, la
Comisión Nacional de Derechos Humanos le pide “que continúe las investigaciones por
lesiones contra los detenidos en el “Penal de Santiaguito”, que se inicie una investigación
por tortura y se indague a los responsables del uso y aplicación de gas lacrimógeno
contra el joven Alexis Benhumea”.
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Aún tímidamente, la Comisión solicita que se “estudie la posibilidad de crear un
equipo de trabajo, que estaría integrada por el Ministerio Público Federal y la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México, para que se avance en las
indagatorias respectivas”. Digo, tímidamente, porque debería ser una exigencia que las
instituciones gubernamentales se ajusten al tan traído y llevado estado de derecho y que
le sean fincadas las responsabilidades correspondientes en caso de no hacerlo.
Y en nuestra Entidad ni la Procuraduría, ni el Poder Judicial ni el Poder Ejecutivo
han dado muestras de querer, ya no digamos, castigar las conductas punibles a todas
luces, ni siquiera investigar.
Por eso creo que es necesario que esta Soberanía solicite a la Procuraduría
General de la República la atracción del caso y el inicio de las averiguaciones
correspondientes, así como la consignación a los tribunales de los presuntos
responsables por la comisión de delitos que se encuentran en el Código Federal, en
delitos contra la humanidad y también en el apartado de delitos cometidos por servidores
públicos en contra de la administración de justicia.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta Honorable Legislatura el
siguiente PUNTO DE ACUERDO a fin de que, si lo estiman correcto, se pueda aprobar en
sus términos:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- Esta Honorable “LVI” Legislatura del Estado de México exhorta al
Gobernador del Estado de México, Licenciado Enrique Peña Nieto, así como al
Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, a dar cumplimiento inmediato a la
Recomendación 38/2006 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emitida con
motivo de los hechos acontecidos el 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador
Atenco.
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Asimismo, que la Comisión de Derechos Humanos de esta Legislatura pueda
visitar en la cárcel “La Palma o Santiaguito”, para ver en qué condiciones se encuentran
los detenidos.
SEGUNDO.- Asimismo, se le solicita al Gobernador permitir una investigación
imparcial, en tanto se fincan las responsabilidades por las violaciones a los derechos
humanos en que pudieran incurrir los responsables del operativo o los elementos
policíacos a su cargo.
TERCERO.- Solicitamos al Presidente de la República y al titular de la
Procuraduría General de la República, en cumplimiento de la citada Recomendación
38/2006 la atracción de la investigación de los hechos y violaciones cometidas el 3 y 4 de
mayo de 2006 en Texcoco y en San Salvador Atenco.
CUARTO.- Pido a esta Presidencia de esta Soberanía se turne a las Comisiones
de Derechos Humanos, Gobernación y Puntos Constitucionales, para dar seguimiento a
las acciones de cumplimiento de las recomendaciones hechas por la Comisión de los
Derechos Humanos en relación a los hechos y violaciones cometidas el 3 y 4 de mayo de
2006 en Texcoco y San Salvador Atenco.
Dado en el Palacio Legislativo del Estado de México, en la ciudad de Toluca,
México, a los veinticuatro días del mes de octubre de dos mil seis.
“Servir con alegría es nuestra fuerza”.
Gracias.
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Dip. Juana Bonilla Jaime
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Dip. Ana Lilia Herrera Anzaldo
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Dip. Máximo
García Fabregat
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DIP. LUIS ANTONIO GUADARRAMA SÁNCHEZ. CON SU VENIA SEÑOR PRESIDENTE, COMPAÑEROS DIPUTADOS.
Como lo dijo mi antecesor, el día miércoles once de los
corrientes, se aprobó por unanimidad la creación del Frente
Amplio Progresista, que es integrado por los Partidos de la
Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, hecho que
sienta precedentes en la historia política del país.
Quiero hacer un reconocimiento hacia todos los
representantes de los partidos políticos, al considerar de manera
positiva el surgimiento de esta corriente, que sin duda buscará a
través de sus legisladores, la renovación de las estructuras políticas y sociales del país.
Con este nuevo movimiento se busca instaurar un estado de bienestar, que
combata la desigualdad y la pobreza, fomente la economía, el campo y sobre todo,
defienda el patrimonio nacional, me refiero particularmente al petróleo, agua y
biodiversidad.
Los representantes del Partido del Trabajo expresamos nuestra solidaridad en los
proyectos destinados a la creación de políticas públicas, encaminadas a abatir los núcleos
de pobreza extrema, que ya son muy remarcados en nuestro país, es momento de que
las fuerzas progresistas unamos esfuerzos para que este Frente, se consolide en los
Estados de la República Mexicana.
Durante los próximos 6 años de gobierno, particularmente en el Estado de México,
en donde los niveles de bienestar social demandan una mayor atención por parte de las
autoridades gubernamentales. En este contexto hago un llamado a mis compañeros
representantes del Partido de la Revolución Democrática y de Convergencia, para seguir
luchado en la constitución e implementación de políticas públicas que favorezcan a los
Dip. Luis Antonio
Guadarrama Sánchez
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más necesitados, ya que hoy en día las desigualdades económicas y sociales generan
círculos viciosos en los que la falta de oportunidades y las carencias se transforman en un
binomio que debe ser erradicado de manera insoslayable.
Es cuanto, señor Presidente.
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CON SU PERMISO, SEÑOR PRESIDENTE.
La Fracción del PRI, diputado Máximo García
Fabregat, celebra la conformación de este Frente Amplio
Progresista, y esperamos y hacemos votos para que
contribuya al pleno desarrollo de nuestro país.
Muchas felicidades diputado Máximo.
Dip. Aarón
Urbina Bedolla
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SEÑOR PRESIDENTE.
Sin duda alguna la constitución y reconocimiento por
parte del Órgano Federal Electoral de la existencia de este
Frente Amplio Progresista, integrado por ahora por tres fuerzas
políticas del país, es una pequeña luz frente a la precariedad
democrática que vive nuestra Nación; y también este
reconocimiento significa un avance democrático frente a hechos
de oscurantismo político, que se han registrado en la última
semana en el Estado de Tabasco, Entidad en la cual se han
violado los derechos más elementales de ciudadanos
mexicanos, y queremos señalar esta situación porque la
existencia y el reconocimiento de este frente amplio, va más allá de quienes lo
integramos, significa ni más ni menos el reconocimiento pleno a partidos políticos que
tienen su calidad y se ven en ellos como una institución plenamente de corte público; es
decir, en donde no solamente los partidos son máquinas electorales, sino también
instrumentos ciudadanos para vivir la política a diario en cada una de las comunidades de
nuestro país.
Por eso nosotros a partir de esta experiencia y en el marco de una eventual reforma
electoral en la Entidad, debemos pensar seriamente en contemplar esta figura, no
obstante que aún en el propio COFIPE no existe, contemplarla en el Código Electoral de
la Entidad, como una posibilidad que vaya más allá de los procesos electorales, para que
efectivamente los partidos políticos seamos considerados y también juzgados por
supuesto, como instituciones de interés público.
Enhorabuena y nos sumamos al pronunciamiento de nuestro amigo y diputado
Max y ojalá que esta experiencia nosotros la retomemos en positivo para el Estado de
México.
Es cuanto y muchas gracias.
Dip. Domitilo
Posadas Hernández
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SEÑOR PRESIDENTE. COMPAÑEROS DIPUTADOS.
También nosotros queremos sumarnos a este
pronunciamiento; le damos la bienvenida a la integración de este
Frente. En primer lugar me parece que es el camino que hemos
elegido, que la sociedad espera de los partidos políticos, el de sí
a la legalidad, el de poder constituir en cada uno de los intereses
particulares, irlo sumando a un proyecto común.
Sí a las instituciones, porque es así como pueden
transformarse para dar respuesta a muchos ciudadanos que
esperan y demandan de los gobiernos acuerdos, soluciones.
Damos por eso la bienvenida a la integración de este Frente y que tiene que ver, como ya
se señalaba, con la institucionalización y la construcción de una agenda común.
La construcción está clara, incluso ya se han hecho llegar a los partidos políticos
nacionales, diversas propuestas tendientes justamente a integrar una agenda política
nacional.
Ojalá que se pueda llevar al seno de cada partido político las discusiones y que se
encuentren las coincidencias. Yo pudiera señalar que incluso en cada uno de los puntos
que ha señalado el diputado Máximo García, pues estamos de acuerdo, sabemos
entonces los problemas que tenemos.
¿Quién no puede estar a favor de abatir la pobreza? ¿Quién no puede sentirse al
salir a las calles con un cierto grado de inseguridad? Cada una de estas cosas las
compartimos, sabemos el qué, lo difícil, el paso fundamental y trascendente para este
país es, si ya sabemos el qué, ahora cómo lo hacemos; esta es la construcción que tiene
que darse con esta dinámica.
Dip. Juan Carlos
Núnez Armas
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Bienvenido este Frente, que sea para constituir instituciones fortalecidas de
nuestro país, que se pueda dar respuesta a millones de mexiquenses que esperan mucho
de nuestra participación.
Muchas gracias.