Ricardo Lpez Murphy

ENSAYOS POLITICOSUna agenda para el futuro de la libertad y la gobernabilidad

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Indice

PrlogoPor Carlos Montaner

I. Los partidos polticos y la agenda econmica-social latinoamericana

1. Introduccin2. Diagnstico3. Democracia como aspiracin, y funcionamiento de la Democracia4. El rol de los partidos polticos 5. Partidos polticos, recursos humanos, programas y plataformas6. Fortalecimiento del vnculo entre las agendas poltica, econmica y social7. Como potenciar el sistema poltico para reducir la pobreza, el desempleo y la desigualdad8. La creacin de instituciones como responsabilidad de los polticos9. Los partidos polticos frente a las demandas de los ciudadanos10. Riesgos y oportunidades de la globalizacin11. Partidos polticos y el proceso de integracin12. Comentarios finalesReferencias bibliogrficas

II. El liberalismo moderno

1. El desencanto con las reformas emprendidas2. La cultura de la libertad3. La libertad es una oportunidad4. Otras temticas5. Comentarios finales

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PrlogoPor Carlos Alberto MontanerAgosto de 2005

Hay por lo menos dos clases de polticos: el sanador, que llega resueltamente dispuestoa curar al enfermo, y el embalsamador, que, en el mejor de los casos, se limita apreservar intacto el cadver que le han encomendado, pero sin hacer el menor esfuerzopor intentar revivirlo. Ricardo Lpez Murphy, evidentemente, pertenece al primergrupo: es un sanador nato. Slo alguien con esas caractersticas, alguien dotado de unconsiderable nivel de optimismo y una notable formacin acadmica, se atreve a fundarun partido poltico y a llamarle Recrear, como subrayando que est decidido a darle lavuelta al pas de una punta a la otra.

Magnfico. De todas las historias argentinas la ms visitada, tal vez la ms aburrida, essa que cuenta cmo un pas que a principios del siglo XX tena unos ndices dedesarrollo superiores a Canad, hoy apenas posee un tercio del PIB de esta nacinnorteamericana. Una variante, an ms melanclica, se la escuch a Claudio Escribano,subdirector de La Nacin: cuando mi padre era joven -me dijo-, all por los aostreinta, los argentinos ms alertas se angustiaban porque ya pareca evidente queEstados Unidos y Canad superaban a nuestro pas; a mi generacin le ocurre lo mismo,pero ahora con relacin a Brasil, y eso es terrible.

No creo que ninguna persona bien informada pueda disputar el fenmeno de lainvolucin relativa de Argentina. El pas, que durante ms de medio siglo, a partir de lacada de Juan Manuel Rosas, dio un extraordinario salto hacia delante, desde hace variasdcadas, quizs siete, marcha insensiblemente en direccin contraria. Por qu? Lascausas son mltiples, pero si nos viramos obligados a explicarlo de una manera escuetapodramos decir que es la consecuencia de los devastadores daos del populismo. Losargentinos, gobernantes y gobernados, olvidaron los fundamentos de las polticaspblicas sensatas y se dedicaron insensiblemente a destruir las riquezas acumuladas y aimpedir u obstaculizar la creacin de otras nuevas.

Hay forma humana de invertir ese proceso de degradacin creciente? Por supuesto, yLpez Murphy conoce perfectamente lo que hay que hacer. Si algo hemos aprendido enla segunda mitad del siglo XX es cmo ciertas soolientas naciones, casi catatnicas,despertaron y echaron a andar a grandes zancadas en direccin del progreso. Ocurricon Espaa e Irlanda, con los tigres de Asia, con Nueva Zelanda. Est sucediendo conChile. Ocurre hoy con China y con la India.

Una poblacin educada como la argentina, con un sector pblico honradamenteadministrado, dotada de un verdadero Estado de Derecho en el que el poder judicialfuncione de manera independiente, sometida a impuestos bajos, disciplina fiscal, controldel gasto pblico, apertura al exterior, y en medio de un ambiente hospitalario para la

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inversin y la creacin de empresas, en apenas una generacin da el salto al primermundo y se instala con firmeza entre las primeras veinte naciones del planeta.

Quin puede llevar a cabo ese milagro econmico? Por lo que sabemos, en todos losprocesos de desarrollo espectacular la clave est en el comportamiento de la clasedirigente, y, dentro de ella, en la aparicin de ciertas figuras que disean y ejecutan laspolticas pblicas ms sensatas y eficaces. Pronto los argentinos tendrn que volver a lasurnas. Aparentemente, los comicios se llevarn a cabo para seleccionar a un nuevogobierno, pero eso es falso: la eleccin consistir entre insistir en la progresivadecadencia que mantiene al pas postrado o lanzarse sin miedo hacia un futuro brillante.Ojal acierten.

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I. Los partidos polticos y la agenda econmica-social

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I. Los partidos polticos y la agenda econmica-social Una contribucin de los partidos al afianzamiento de la democracia plena, la mejora de la calidad institucional y la obtencin de un desarrollo socioeconmico justo y sustentable en Argentina y Amrica Latina1

1. Introduccin

El objetivo de este ensayo es establecer cul es la contribucin que pueden -y deben-realizar los partidos polticos, para formular y ejecutar en la medida de lascompetencias que les correspondan en el ejercicio de la vida democrtica la agendaeconmica y generar las condiciones de desarrollo social en Amrica Latina.

Me propongo aqu un esfuerzo diseado para la accin, con las siguientes metas en lamira: i) mejorar la capacidad de los partidos polticos de disear e implementarsoluciones que promuevan el desarrollo socio-econmico con equidad; ii) fortalecer yestrechar los vnculos entre las agendas poltica, social y econmica; y iii) fortalecer lascapacidades partidarias en un marco de regionalizacin y globalizacin.

El trabajo se ha organizado en secciones. En las dos primeras se realiza un diagnsticodel estado de situacin de la democracia y de los partidos polticos, y del vnculoexistente entre nuestra sociedad y este sistema de gobierno, en el contexto de lasnaciones latinoamericanas. En las dos siguientes se explora ms especficamente el rolde los partidos polticos, y sus capacidades de generar recursos humanos, elaborarproyectos de polticas pblicas y comunicarlos a la sociedad en forma de propuestaselectorales.

En tercer lugar, dedicamos los dos captulos siguientes al vnculo interagenda, en lostrminos arriba sealados, y la necesidad de potenciar el papel del sistema poltico en lareduccin de la pobreza, el desempleo y la inequidad. Lo que conduce, en las dossecciones subsiguientes, a plantear la relacin entre partidos polticos e instituciones yel posicionamiento de estos frente a las demandas de la sociedad latinoamericana.

La cuestin de la globalizacin y el regionalismo, su efecto sobre la sociedad y lanecesidad que los partidos polticos se involucren son desarrollados en las dos seccionesfinales, previas a la presentacin de las conclusiones y propuestas generales.

2. Diagnstico

Durante las ltimas tres dcadas Amrica Latina fue, despus de Europa del Este, laregin del mundo en la que ms se avanz en materia de libertades democrticas yciviles segn los ndices de Freedom House. La instalacin de regmenes democrticosa lo largo y ancho del continente permiti mejoras importantes en cuanto a la proteccin

1 El autor agradece los comentarios del Dr. Alfredo Gutirrez Girault

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de los derechos humanos, el ejercicio de libertades polticas individuales, lasoportunidades de participacin poltica lo que incluye una mayor nocin de parte laciudadana sobre la importancia de su participacin, y la libertad de expresin, entreotros.

Ese proceso ha estado acompaado por los esfuerzos realizados, con diversos grado dexito, para consolidar el Estado de Derecho y la divisin de poderes, perfeccionar lascapacidades regulatorias del Estado, mejorar la administracin de la economa yprofundizar la descentralizacin, lo que a su vez retroaliment las tendenciasdemocrticas, y acerc al gobierno a la poblacin por un camino de doble va: el mayorinvolucramiento del gobierno con las necesidades de la sociedad y el incremento en elinters, la capacidad y los accesos de sta para hacer or su voz.

Esos esfuerzos respondan a un diagnstico previo que asociaba un dficit democrticocon fenmenos de autoritarismo, clientelismo, corrupcin y captura de las institucionespblicas por intereses privados que, a su turno acarreaban la exclusin de importantessegmentos de la sociedad de los beneficios del crecimiento, minando la cohesin socialy provocando una suerte de prdida de legitimidad del Estado.

El shock democratizador de los 80 busc cambiar este paradigma y el espritu de lasreformas implementadas en muchos pases en la primera parte de los 90 apunt aeficientizar y trasladar al campo de la economa los beneficios de ese shockdemocrtico, impulsando polticas de estabilizacin macro econmica y crecimiento que subrayaran la importancia de los equilibrios en materia de acumulacin, ahorro einversin, sistema de precios y sector externo-, integracin con el mundo, mejorregulacin -en trminos de que el Estado abandonara cuestiones puntuales, retirndosede las actividades productivas, y concentrara su atencin en los aspectos institucionales,en las acciones sociales y de infraestructura con criterio de subsidiariedad-. Cabesealar que estas polticas gozaban, a fines de los 80 un razonable consenso general, concuestionamientos especficos respecto de la calidad de la reforma.

Sin embargo, desde mediados de los 90, se observ en las sociedades latinoamericanasun cambio, de la mano de una cada en la imagen de la democracia.

La tabla adjunta ilustra para Amrica Latina en general y para algunas reas enparticular la evolucin de sendos ndices de Reforma Econmica y de DemocraciaElectoral elaborados por PNUD, as como otros indicadores sobre los que se vuelve msadelante en esta misma seccin.

CUADRO 1

DEMOCRACIA ELECTORAL Y REFORMA ECONMICA

ndice deReformaEconmi

ca (1)

ndice deDemocraciaElectoral (2)

Crecimiento PBI

p.c(mediaanual)

Pobreza(3)

Coeficientede Gini

(4)

Desempleo(5)

AMRICA

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LATINA1981-90 0,58 0,64 0,7 46,0 0,554 8,41991-97 0,79 0,87 0,7 41,9 0,557 8,81998-03 0,83 0,92 1,2 41,8 0,566 10,4CONO SUR1981-90 0,66 0,44 -0,8 25,6 0,509 8,81991-97 0,82 0,88 1,3 20,3 0,527 8,71998-03 0,84 0,91 1,0 26,0 0,519 12,1BRASIL1981-90 0,52 0,70 1,8 48,0 0,603 5,21991-97 0,75 1,0 0,6 40,6 0,638 5,31998-03 0,79 1,0 1,2 37,0 0,640 7,1MXICO1981-90 0,61 0,31 1,7 47,8 0,521 4,21991-97 0,78 0,70 0,4 48,6 0,540 4,01998-03 0,81 1,00 2,1 43,1 0,542 2,6

(1) Promedio simple; Incluye cinco componentes: polticas comercial, impositiva,financieras, referido al movimiento de la cuenta de capitales de la balanza depagos y privatizaciones. Vara entre 0 (falta de reformas) y 1 (aplicacin plenade reformas).

(2) Promedio Simple; sintetiza un mix de indicadores referidos a sufragio, limpiezaen los procesos electorales, etc. Vara entre 0 (menor democracia) y 1 (mayordemocracia).

(3) En porcentaje de la poblacin total.(4) Coeficiente de distribucin de ingresos, cuyo valor oscila entre 0 y 1; valores

ms altos indican mayor concentracin.(5) En proporcin de la poblacin econmicamente activa.

FUENTE: PNUD: La democracia en Amrica Latina.

El cuadro ilustra que, en Amrica Latina como conjunto, se observa en la primera partede los 90 un progreso importante tanto en la democracia electoral cuanto en el ndice dereforma econmica. La dispersin intrarregional, en uno y otro ndice, resulta baja, loque indica que los procesos fueron, en general bastante homogneamente distribuidos.

La democracia es el rgimen en que los latinoamericanos desean vivir. El ltimoInforme Anual de Latinobarmetro (correspondiente al ao 2004) es elocuente alindicar que el 53% de la poblacin de la regin quiere vivir bajo democracia: perotambin es claro que el porcentaje ha cado desde la segunda mitad de la dcada del 90,cuando alcanzaba el 61%, a la vez que ha aumentado la predisposicin a aceptar, endeterminadas circunstancias, regmenes no democrticos, en una tendencia generalizadaen la mayora de los pases de la regin, incluyendo Argentina y Brasil. Debe aclararseadems que se trata de un promedio no ponderado por la poblacin de cada pas;clculos de The Economist incluyendo este ajuste reducen el apoyo al 49%.

Esos resultados ratifican otros obtenidos en aos anteriores: la satisfaccin con lademocracia en Latinoamrica es menor que el apoyo a la democracia como rgimen de

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gobierno y ambas muestran una cada a principios de los 2000, luego una recuperaciny posteriormente un nuevo retroceso y aumento posterior.

CUADRO 2

ACTITUDES FRENTE A LA DEMOCRACIA

1996-2000 2001 2002 2003 2004Apoyo a la democracia:

Latino Amrica

60% 48% 56% 53% 53%

Argentina 73% 58% 65% 68% 64% Brasil 47% 30% 37% 35% 41% Chile 56% 45% 50% 51% 57%

Satisfaccin con la democracia Latino

Amrica36% 25% 32% 28% 29%

Argentina 43% 20% 8% 34% 34% Brasil 22% 21% 21% 28% 28% Chile 32% 23% 27% 33% 40%

FUENTE: Latinobarmetro, 2004.

En general, las sociedades latinoamericanas admiten problemas en sus democracias, andentro de quienes apoyan la democracia como surge de consultar a la poblacin frente adiferentes cuestiones.

CUADRO 3

PERCEPCIONES SOBRE LA DEMOCRACIA 2004

LatinoAmrica (1)

Argentina Brasil Chile

Apoyo a lademocraciapero sta tieneproblemas enmi pas

33 46 23 25

En ningn casoapoyo ungobiernomilitar

63 63 56 64

La democraciaes la mejorforma degobierno

71 81 69 75

La democraciaes una forma

72 82 73 80

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de gobiernodonde las cosasse resuelvenpor consensosDiscutirasuntospolticospblicamentefavorece lademocracia

58 66 59 66

Un poco demano dura novendra mal

65 69 43 76

No mepreocupara ungobierno nodemocrtico siresolviera losproblemaseconmicos

55 46 54 45

(1) Media simple de 18 pases, no ponderada por poblacin.FUENTE: Latinobarmetro 2004.

La informacin del Cuadro 3 ilustra que el apoyo a la democracia como sistema estcombinado con un rechazo alto a gobiernos militares (de hecho 7 de cada 10 creen quela democracia es la mejor forma de gobierno). Pero tambin hay preocupacin por losproblemas de la democracia y alguna sensacin de que algo de mano dura no vendramal.

De hecho, un estudio de PNUD que deriv en la construccin de un ndice de Apoyo ala Democracia demostr, con informacin para el ao 2002, que, si bien el 44% de lapoblacin de la regin responda a una orientacin predemocrtica se observaba un 30%de ambivalentes y un 26% de personas que adheran a posturas no democrticas.(PNUD, 2004). En el caso particular de Argentina, de la sociedad slo 8% estaba en el 2002 conformecon el desempeo de la democracia, porcentaje que se elev en los aos posteriores,aunque sin alcanzar los valores del perodo 1996-2000. Obsrvese que la conformidadsobre el funcionamiento de la democracia no era tan baja en 1998 (49%) antes que lacrisis econmica se abatiera sobre el pas; las dificultades econmicas y sociales ypolticas obviamente elevaron la disconformidad, pero la mella que hicieron sobre laidea de la democracia como el sistema de gobierno preferible fue, afortunadamente,baja.

Por caso, para el periodo 2000-02, las investigaciones de Inglehart (Inglehart et al,2004) muestran que en una muestra de pases latinoamericanos (que incluye Argentina,Brasil, Colombia, Chile, Mxico, Per y Uruguay), la mitad de la poblacin estaba deacuerdo con la alternativa para gobernar el pas de un lder fuerte que no molestara conelecciones y parlamentos; como referencia, en EE.UU. la proporcin era del 30% y parauna muestra de pases de Europa occidental (que inclua Alemania, Blgica, Espaa,

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Francia, Gran Bretaa e Italia pero no a pases del Este europeo) el promedio era de25%. En Argentina y Brasil los valores eran 61% y 42%, en orden de magnitud con losobservados en el 2004 por Latinobarmetro y expuestos en el Cuadro 3.

La democracia, como la amistad y el matrimonio, implican un proceso de construccinpermanente y, en ltima instancia, los pases miden su calidad e intensidad democrticapor su proximidad o lejana a una situacin ideal. Para citar a Pierre Rosanvallon, lademocracia se presenta como un rgimen siempre marcado por formas de noacabamiento y no cumplimiento.Por eso, las quejas sobre el funcionamiento de lademocracia deben ser escuchadas e incorporadas en la agenda de los partidos polticos,sobre todo si se sostienen en bases concretas.

En ese sentido, las columnas de la derecha del Cuadro 1 indican que, pese a los avancesen la reforma econmica y el aumento de prcticas que hacen a la democracia electoral,las sociedades latinoamericanas han experimentado un bajo crecimiento en trminos desu PBI per cpita, no han evidenciado progresos sustanciales en la distribucin delingreso (de hecho aument levemente la inequidad en promedio y fuertemente enalgunos pases), la pobreza se mantiene elevada (y dej de caer desde 1997) y eldesempleo ha aumentado. Brasil y los pases del Cono Sur replican el comportamientode la regin en su conjunto. Debemos tener en cuenta que solo el 27% de la poblacinde la regin percibe en el 2004 su situacin personal mejorando (con todo el porcentajees ms elevado que el 18% observado en el ao 2000), pero que solo 8% la calificacomo buena o muy buena (Latinobarmetro, 2004).

En este contexto no debe extraar que el porcentaje de desacuerdo con la afirmacin deque la democracia administra el sistema econmico mal sea mucho ms bajo enLatinamrica que en Europa Occidental y EE.UU.: 54%, 76% y 78% respectivamente(Inglehart, 2004).

Claro que las posibles causas de la falta de conformidad con el funcionamiento de lademocracia no se agotan en el desempeo de los indicadores econmicos, en lageneracin del desarrollo y la distribucin de sus beneficios. En ese sentido, loslatinoamericanos en gran medida creen que sus respectivos pases estn administradosen beneficio de unos pocos grandes intereses y no de la poblacin en general: 70% enArgentina, 59% en Colombia, 65 % en Brasil, 78% en Uruguay, 75% en Mxico y 70%en Chile (Latinobarmetro, 2004). Si bien los valores cayeron respecto de dos aos atrsen los tres primeros pases citados, aumentaron en los restantes y, en todo caso lucenmuy elevados, reflejando un alto nivel de suspicacia.

Ello se asocia con otros problemas que enfrentan los pases latinoamericanos:transparencia, inseguridad, etc. y que alternan en el tope de los ranking como losprincipales problemas que afectan los pases de la regin, como se explica ms adelante.

La sensacin que se aprovechan de la gente justifica la existencia de un alto nivel dedesconfianza en el prjimo y en las instituciones. La sociedad se siente desprotegida porlas instituciones y se queja de su funcionamiento.

CUADRO 4CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES

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LATINOAMRICA(1)

MUNDO (2) ARGENTINA(3)

EE.UU. (2)

Iglesia 71 64 61 75Televisin 38 51 52 25FuerzasArmadas

40 61 39 82

Gobierno 30 50 - 38Poder Judicial 32 46 22 -Polica 37 56 22 71AdministracinPblica

29 44 5 55

PoderLegislativo

24 41 16 38

PartidosPolticos

18 30 11 38

Sindicatos 30 38 14 38Prensa 46 44 46 27

GrandesEmpresas

42 46 34 54

FUENTES: (1) Latinobarmetro, 2004 (2) Inglehart et al; informacin 1999/2001.(3) CIMA; informacin 2004.

El cuadro es ilustrativo respecto de la imagen deteriorada de las instituciones enLatinoamrica, bien por debajo de los promedios internacionales, particularmenteaquellas ms vinculadas con la vida poltica, el gobierno, la justicia y la seguridad (laexcepcin son las iglesias, la prensa y los medios). Con bajos niveles de confianza en elGobierno, el Parlamento y la Justicia el trpode de la divisin de poderes y en lapolica, es fcil entender por qu muchas sociedades latinoamericanas viven conincertidumbre e inseguridad. Tambin resulta claro que, aunque en todo el mundo lospartidos polticos tienen problemas de credibilidad, en Latinoamrica en general -y enArgentina en particular-, el cuadro es an ms grave.

En Argentina la credibilidad institucional en el ao 2004 luce an ms baja que en elconcierto latinoamericano, si bien se observ una mejora de entre 5 y 10 puntosporcentuales, segn la institucin que se tratare, respecto de los valores predominantesen el periodo 2000-01.

Como sealamos, la distribucin del ingreso no ha mejorado en la regin pese a lareforma econmica y el desarrollo de la democracia. Ello lleva a que las sociedadessospechen que ciertas elites concentran poder poltico y econmico para su propiobeneficio; en este sentido, las polticas pblicas por accin (creacin de nichos parausufructo de esos grupos) u omisin (no corregir fallas de mercado, por caso en reas desalud y educacin y derivar recursos a otros destinos como exenciones impositivas agrupos de altos ingresos) son percibidas por la sociedad, que adquieren conciencia de laexistencia de un vnculo entre concentracin de riqueza, concentracin de poder ydesigualdad poltica. La vinculacin entre elites e instituciones es obvia: las primerasmodelan las segundas en un marco de debilidad, ausencia de contralor y corrupcin. Laevidencia parece sealar que las instituciones responsables de asignar las cargas y

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costos de los ajustes actan peor en aquellas economas con menor equidad en ladistribucin del ingreso. No debe extraar, por lo tanto, la visin crtica de lassociedades latinoamericanas hacia las instituciones, ms an aquellas que pasaronepisodios traumticos, como Argentina.

Las encuestas ilustran esta percepcin. Ya fue sealado que en Latinoamrica es muyelevada la proporcin de la poblacin que cree que el pas est dirigido por unos pocosgrandes intereses que buscan el beneficio propio y no el de la gente comn, y es curiosoque la proporcin aumenta en los tramos superiores de ingreso y excede ampliamentelas cifras observadas en pases desarrollados.

Consecuentemente, la confianza mutua es baja. En los pases latinoamericanos citadoses baja la proporcin de la poblacin que cree que se pueda confiar en la mayora de lagente: 3% en Brasil, 15% en Argentina y 17% en Mxico (Latinobarmetro, 2004).Sobre una muestra de 81 pases, entre los 27 que menos confianza con el prjimo existeaparecen 7 latinoamericanos y en los 27 pases con mayores ndices de confianza no hayningn latinoamericano. Por otra parte, sobre un conjunto de 18 paseslatinoamericanos, en 15 la confianza interpersonal cay entre 1996 y 2004(Latinobarmetro, 2004). Un ltimo dato en el mismo sentido: en un conjunto mspequeo de 37 pases, en relacin si el prjimo va a tratar de sacar ventajas sobrenosotros o seran justos en su trato, en el promedio de los cinco pases latinoamericanosincluidos (Argentina, Venezuela, Mxico, Chile y Per), solo un tercio de la poblacinse inclin por esa segunda opcin, mientras en los cinco pases de alto desarrollorelativo incluidos (Suecia, Canad, EE.UU., Espaa y Japn) la proporcin era del 60%(Inglehart, 2004).

En este contexto, el capital social se deteriora por cuanto el entramado de relacionesinterpersonales que da lugar al tejido social se ve resentido. La corrupcin por un lado yla violencia y el delito por otro dejan al ciudadano encerrado en un dilema que lo lleva obien a un estadio de ensimismamiento o bien a otro de participacin anrquica ydesorganizada, posturas ambas individualistas en ltima instancia, ante la falta decanales confiables de participacin (obsrvese la baja confianza en sindicatos y partidospolticos).

La posibilidad de relacionarse con el semejante se debilita: por un lado se confa pocoen l y por otro se confa an menos en las instituciones que deberan zanjar un eventualconflicto (justicia) o proteger (polica). En ese marco, es difcil realizar contratos y eldebate poltico queda autolimitado.

De eso se trata, en ltima instancia, el problema de muchos pases de la regin: ladificultad de crear consensos y articular coaliciones polticas y sociales estables yduraderas en un contexto de baja confianza recproca. En otros trminos, el contratosocial est en discusin.

En ese marco, es lgico no por eso menos preocupante que hayan aparecidoproblemas de gobernabilidad que afectaron a los gobiernos constitucionales de variospases: aunque el desenlace no haya pasado por una ruptura de la democracia, fueevidente la extrema tensin que sufrieron las instituciones en Argentina, Bolivia,Paraguay y Per, para citar algunos ejemplos.

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La gobernabilidad abarca un conjunto de procesos a travs de las cuales se ejerce laautoridad en una comunidad poltica e incluye: a) la forma de eleccin, control yreemplazo de los titulares de la autoridad; b) los principios, reglas e instituciones bajolas cuales se desarrolla la interaccin entre Estado, sector privado y sociedad civil enrelacin a competencias y responsabilidades de cada uno; y c) la capacidad de laautoridad para identificar necesidades, captar recursos, definir polticas, llevarlas a caboy ser acatado.

Para ser democrtica, la gobernabilidad exige: a) representatividad que legitima laautoridad por la soberana popular mediante instituciones que garanticen eleccioneslibres; b) mecanismos de limitacin y divisin efectiva del poder; de exigencia deresponsabilidades y rendicin de cuentas de las autoridades ante la sociedad y respetode los derechos y libertades de los ciudadanos; c) imperio de la ley y limitacin de laarbitrariedad y discrecionalidad, sometimiento de la autoridad al derecho y a la ley; d)eficacia y eficiencia en la asignacin de los recursos a las necesidades sociales ytransparencia e integridad en el comportamiento de los agentes; e) vigencia de losprincipios de solidaridad y subsidiaridad que permiten una relacin consensual yeficiente entre los diferentes actores sociales (BID, 2004).

As, resulta claro que algunas condiciones de la gobernabilidad democrtica se venlimitadas en un contexto de baja credibilidad en las instituciones y un marco dedesconfianza al prjimo que afecta la cohesin social.

En este contexto, los partidos polticos enfrentan un doble desafo: remontar lapendiente de su mala imagen y recuperar la credibilidad social. La recuperacin de lalegitimidad social de los partidos polticos se facilitar en tanto y cuanto se muestrencapaces de formular y llevar adelante la agenda poltica y econmica pendiente, lamisma que surge del Cuadro 1, y generar condiciones de desarrollo social en AmricaLatina.

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3. Democracia como aspiracin y funcionamiento de la democracia

Las sociedades han tenido, en oportunidades, una imagen idlica respecto de lademocracia. En Argentina a principios de los 80 y a poco de reinstalada, con lademocracia se observaba una gran confianza en las instituciones polticas (Parlamento72%, Justicia 57%, Funcionarios 49%), en un clima de inters relativamente elevadopor la poltica (Marita Carballo, 1986)

Eran momentos de euforia en el cual se impona sobre la democracia la carga decorregir la compleja situacin econmica que atravesaban los pases de la regin demayor dimensin relativa, en situacin de default. La expresin de que con lademocracia se come, se cura y se educa, que figuraba en el discurso poltico de lapoca, ilustra el punto.

La democracia, sin embargo, es algo ms que elecciones o que un mtodo para elegir aquienes gobiernan (en elecciones libres y transparentes). Es una forma de construir,garantizar y expandir la libertad, la justicia y el progreso, organizando las tensiones ylos conflictos que generan las luchas de poder. Por eso, la democracia se articula conjusticia y libertad. En esa construccin, los partidos polticos deben cumplir un rolprincipalsimo.

Existe un espiral virtuoso entre la calidad de los procedimientos para el acceso yejercicio del poder, los resultados alcanzados y, nuevamente el avance de la democracia,en un proceso de perfeccionamiento, gradual pero constante, de la calidad de la vidademocrtica. El problema es que tambin existe una suerte de espiral descendente quese aleja de la excelencia y se hunde en la cinaga de alguna combinacin de demagogia,corrupcin, desigualdad, exclusin social, etc.

Transitar el espiral virtuoso es lo que permite ir construyendo el pasaje de la democraciaelectoral definida como el conjunto de condiciones para elegir y ser electo a lademocracia de ciudadana, entendida como una manera de organizar la sociedad con elobjeto de asegurar y expandir los derechos de los individuos: la idea del ser humanotitular de derechos y la democracia como forma de organizacin de la sociedad quegarantiza esos derechos, que establece reglas para las relaciones polticas y el ejerciciodel poder compatibles con ellos, constituye el valor agregado de la democracia deciudadana respecto de la democracia electoral.

Obviamente, la democracia presupone la existencia de un rgimen poltico que sedesenvuelve dentro de un cierto espacio territorial y jurdico. Si no se constituye esergimen, habr anarqua y no se lograr fundar el contrato social; la democracia excluyela anarqua y debe defenderse frente a ella.

Ese rgimen debe contener las instituciones y los procedimientos que definen las reglasy los canales de acceso al poder, su ejercicio y el proceso de toma de decisiones. Poresto no es de extraar que la falta de credibilidad de las instituciones latinoamericanasse d conjuntamente con un clima crtico acerca de su funcionamiento.

Las condiciones que la ciencia poltica reclama en un Estado democrtico son: a)Autoridades elegidas; b) Elecciones libres y limpias; c) Derecho universal al sufragio;d) Libre acceso a la competencia por los cargos pblicos y ausencia de proscripciones,

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ms all de las fundadas en razones legales (por ej.: autores de crmenes de esahumanidad); e) Libertad de expresin; f) Libertad de prensa e informacin; f) Respetode la vigencia de los mandatos, lo que limita los casos de insubordinacin civil y latendencia a perpetuarse en el poder; g) La existencia de un marco jurdico yfundamentalmente una Constitucin que asegure la divisin de poderes, la proteccin delos derechos individuales, de propiedad, la igualdad de oportunidades, el acceso a laseguridad, etc.

El apego a la democracia y el deseo extendido de procesar los conflictos en formapacfica dentro de la democracia, se reflejan en diversas conductas sociales. Porejemplo, sobre un conjunto de ms de 50 pases, siete de cada diez personas sostienenque los cambios para mejorar la sociedad deben ser introducidos gradualmente (82% enArgentina, 61% en Brasil, 79% en Chile, 75% en EE.UU., 85% en Espaa) y solo unapersona de cada 10 se inclina por accin revolucionaria. Anlogamente, y ahora enreferencia a un conjunto de 80 pases, las formas preferidas de protesta son a travs demanifestaciones en el marco de la ley y firma de petitorios y solo 2 de cada diezpersonas recurrir a huelgas ilegales y 1 a la ocupacin de empresas (Inglehart, 2004).

Pero tambin es cierto que la demanda de la sociedad por ser escuchada y participar esms alta en Latinoamrica que en otras regiones del mundo. En ese sentido, ante laopcin de mantener el orden y que exista una mayor participacin a travs de que suopinin sea escuchada de la gente, la ventaja de la primera respecto de la segunda esnotoriamente ms estrecha en Latinoamrica (8 puntos porcentuales) que en el resto delmundo (26 puntos porcentuales).

CUADRO 5OBJETIVOS NACIONALES

Total (1) LatinoAmrica (2)

Argentina Brasil Chile

Mantener elorden

48 35 33 29 35

Que la genteopine sobrelasdecisionesdel gobierno

22 27 30 32 28

(1) Promedio de 81 pases.(2) Promedio de nueve pases: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador,

Mxico, Per y Uruguay y Venezuela.

FUENTE: Inglehart, Ronald, et al (2004).

Al mismo tiempo, a escala internacional se observa que, si bien desde un punto departida muy bajo, a fines de los 80, en la dcada del 90 hay una tendencia a una mayorpertenencia a distintas organizaciones voluntarias, eclesisticas (de 14% a 20%),culturales (de 10% a 12%), de accin comunitaria (de 3% a 5%), de derechos humanos(de 2% a 4%), ecologistas (de 5% a 6%), feministas, pacifistas y concernientes a lasalud, a la vez que se observan descensos en el caso de sindicatos y organizaciones

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polticas, esto ltimo consistente con una fuerte declinacin del inters en poltica(Inglehart, 2004).

Las cifras sugieren, entonces, que en un entorno democrtico, en Latinoamrica declinel inters en poltica y aument la canalizacin de los intereses de la sociedad por otrasvas. Es un tema importante para la reflexin en las secciones subsiguientes: mientrasque para una muestra de 81 pases en el 2000-01 el 45% de la poblacin estabainteresado en poltica (contra 52% de 1990/1), para el subconjunto de los nueve paseslatino americanos incluidos, el promedio de interesados en poltica bajaba a 29% (38%en 1990/1), con valores muy bajos en El Salvador (15%), Argentina (18%), Venezuela(24%), Chile (25%), Colombia (29%) y Brasil (31%): entre los 15 pases con sociedadesmenos interesadas en poltica aparecen siete pases latinoamericanos. (Inglehart, 2004).

La pertenencia a grupos y el trabajo voluntario en asociaciones de diversascaractersticas parecen haber desplazado al rol de los partidos polticos. Es convenienteubicar este deseo de mayor participacin en un contexto ms amplio. Inglehart efectauna tipologa de las sociedades a travs del estudio de sus creencias y valores. Engeneral, ha demostrado que el desarrollo econmico, una mayor autodeterminacin dela gente por oposicin a acatar decisiones impuestas y democracia estn ntimamenterelacionadas y que se dan segn el ordenamiento secuencial citado: el desarrolloeconmico permite mayor autodeterminacin y esto a su turno promueve la democracia.En trminos globales, el desarrollo econmico genera seguridad (econmica) y elloinduce a las personas a sentirse ms libres y esto a su turno las hace ms demandantesde libertad, igualdad y democracia: menores ndices de corrupcin mejoran lagobernabilidad y ello promueve la igualdad en sus diferentes perspectivas (desde la degnero hasta la de ingresos).

La evidencia tambin indica que la ligazn entre cultura poltica y democracia, va desdela cultura hacia la democracia y no en sentido opuesto. En otros trminos, las creenciasy culturas de la sociedad fortalecen y modelan la democracia y no a la inversa.

Desde esta perspectiva, Inglehart distingue la existencia de corrientes materialistas opostmaterialistas en las sociedades. Las corrientes materialistas priorizan la seguridadeconmica la estabilidad de precios y el orden en la nacin; las corrientespostmaterialistas priorizan aumentar la participacin de los ciudadanos en las decisionesimportantes del gobierno y proteger la libertad de expresin.

CUADRO 6MATERIALISMO Y POSTMATERIALISMO

2000/2001 1990/01Materialistas Postmaterialistas Mixtos Materialistas Postmaterialistas Mixtos

PromedioGeneral (1)

30 11 59 27 15 58

PromedioLatinoamericano(2)

22 18 60 29 14 57

Argentina 18 25 57 25 19 56Brasil 31 12 57 40 7 53

17

Chile 28 17 55 25 19 56Mxico 25 12 63 25 12 63PromedioEuropaOccidental (3)

18 20 62 20 21 59

EE.UU. 9 25 66 16 23 61Canad 8 29 63 12 26 62Japn 17 9 74 29 10 61

(1) Promedio de 79 pases.(2) 1990-91: cuatro pases; 2000-2001: ocho pases.(3) Promedio de 13 pases.

FUENTE: Ronald Inglehart et al (2004).

El cuadro 6 ilustra que en un contexto general dominado por posiciones mixtas, lospases latinoamericanos tienen una mayor proporcin de materialistas (y menor depostmaterialistas) que los pases europeos y que EE.UU. y Canad; tambin que elsentido del cambio en los 90 en la regin fue hacia un menor materialismo,particularmente en Argentina y Brasil.

En base a la clasificacin cultural, Inglehart traz mapas culturales segn dosdimensiones: en loa primera se miden oponindolos los valores racionales otradicionales seculares; en la segunda los valores de supervivencia o libertad deexpresin. Las sociedades europeas occidentales se ubican en el cuadrante de adhesina valores racionales y de autodeterminacin; EE.UU., Canad y Australia se ubican enun rea de autodeterminacin definida pero equilibrio entre valores tradicionales yracionales. Latino Amrica se posiciona en rea fronteriza con leve predominio de losvalores de autodeterminacin sobre supervivencia y predominio de valorestradicionales sobre racionales.

En general, los pases latinoamericanos estn nucleados en la misma rea del mapaque puede superponerse con un rea de pases de ingresos medios (cerca se ubicanSudfrica y Filipinas, para citar dos ejemplos).

Informacin posterior indica, en el caso argentino, un salto hacia el materialismo en el2004 (al 27%) y una declinacin del postmaterialismo al 13%. En el fondo, esteresultado no hace sino reflejar el impacto de la crisis que aumenta la sensacin deinseguridad y, por lo tanto, eleva la demanda social en esta direccin a expensas de laautodeterminacin.

Se observa as, un resultado paradojal: en condiciones normales es la sensacin deseguridad la que permite al individuo elevarse y preocuparse por cuestiones mstrascendentes (adems de una tendencia de largo plazo que tiene que ver con laincidencia de los cambios culturales en las sucesivas generaciones). Quizs el pico depostmaterialismo en Argentina en 1999 refleja este efecto ex ante el shock de la crisis,a causa de la cual la sociedad volvi sobre sus pasos.

En ese sentido, tenemos entonces dos tipos distintos de demanda de mayor o menorparticipacin: el derivado de las tendencias de largo plazo y el que impone el ciclo

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poltico y econmico; el punto es que son demandas que se manifiestan de maneradiferente.

Pero ms all que, en la mayora de los pases de la regin el inters en la poltica cayen los 90 (en Argentina de 30% a 18%, en Brasil de 46% a 31%, en Chile de 37% a25%, y an en Mxico de 38% a 34%), solo 29% de la poblacin es calificable comociudadanos desmovilizados (7% no realiz ningn acto de participacin y 22% solovot en la ltima eleccin presidencial). Otro 38% ejerce activamente derechoscontactando a las autoridades, participando en manifestaciones y colaborando en lasolucin de problemas comunales. Finalmente un tercio de la sociedad son socialmenteactivos pero con bajo ejercicio de derechos polticos. Esta cifra que parecerelativamente alta puede atribuirse a que hay un marcado escepticismo en la capacidadde cambio que la sociedad atribuye al voto. Sistemticamente en los ltimos ocho aosalrededor del 40% de los latinoamericanos afirman que no importa como vote uno, ellono har que las cosas mejoren en el futuro (Latinobarmetro, 2004). El escepticismo seimbrinca con la alta proporcin que cree que sus pases son manejados en beneficio deunos pocos intereses. Obviamente, los partidos polticos tienen una asignatura pendientepara revertir este escepticismo.

La participacin electoral es razonable en Latinoamrica. Sobre el universo depoblacin con derecho a voto, 89% figuran como electores registrados (98% enArgentina, 92% en Brasil, etc.), 63% vota (78% en Argentina, 76% en Brasil) y 56%emite votos vlidos (71% en Argentina, 55% en Brasil). En Europa Occidental, con96% de electores registrados, 74% vota. En clave comparada, Argentina, Brasil, Chile yUruguay aparecen entonces entre los pases con ms elevada participacin electoral enla regin, en contraposicin con Bolivia, Colombia, Paraguay y Venezuela. El derecho avoto es reconocido sin restricciones y gradualmente mejora la transparencia y limpiezade las elecciones reducindose los episodios de irregularidades, fraude e intimidacin avotantes. Seguramente, la inclusin de los inmigrantes y el aumento de la participacinde la mujer en la vida poltica y social y una mejora de sus derechos polticos hacontribuido a esta tendencia.

En el balance, los latinoamericanos van a votar ms y en mejores condiciones que aosatrs, pero con escasa confianza en que su voto sea palanca de cambio (lo que resultaconsistente con que no prevean grandes mejoras para el futuro de sus pases).

Ciertamente, la mayora de los pases disponen de mecanismos de participacin directainstitucionalizada a travs del voto, en algunos casos ya utilizados (Brasil, Ecuador,Per; ms recientemente, Bolivia y Venezuela), en otros en los cuales existen pero nohan sido utilizados (entre otros casos en Argentina, Chile, Costa Rica y Paraguay) y enotros no existen. Tales instrumentos, plebiscitos, iniciativas o referendos pueden tener ono tener carcter vinculante aunque solo en 3 casos existe revocatoria de mandato.

El dilema de estos institutos se plantea respecto de la razonabilidad de su utilizacin. Enotros trminos: hasta qu punto son tiles para estabilizar la democracia, o en realidadcontribuyen a producir una mayor desestabilizacin. La visin ingenua dira que sonmecanismos ideales ara conocer la opinin de la sociedad sobre determinados aspectos.Y la visin crtica tiene al menos dos vertientes: a) que permitira conculcar losderechos de las minoras; b) qu son susceptibles de manipuleos en diferentes formas,desde el formato de la cuestin sometida a plebiscito (qu se pregunta y cmo se

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pregunta), hasta los procedimientos electorales propiamente dichos. Paradjicamente, laconjuncin de a) y b) puede llegar a alejar a la sociedad de la democracia.

Vox populi, vox dei dice el antiguo adagio latino. En su nombre los pases produjerondisfunciones histricas y en su nombre se consumaron atrocidades y legalizaronlinchamientos populares. El uso razonable de estos institutos requiere de la cultura, dela experiencia, y de la ausencia de pasiones, para evitar liberar criminales y crucificarinocentes.

Se podr argumentar que estos institutos dan una salida frente a situaciones deempantanamiento (o, simplemente, empate) entre poderes polticos frente a cuestionesterminales. El problema es cuando instituciones dbiles constituyen un atractivo paradoblegarlas an ms o para asumir ciertos riesgos bajo el argumento que, en casoextremo, esos instrumentos estn disponibles, introduciendo una suerte de riesgo moral(moral hazard). En ltima instancia, instrumentos tiles en sociedades capaces deconstruir consensos requieren ser usados con cautela en otros contextos.

La democracia se asocia con el concepto de ciudadana integral, que implica elreconocimiento de tres dimensiones: la de la ciudadana poltica, la de la ciudadanacivil y la de la ciudadana social.

En la primera dimensin, la ciudadana poltica, la investigacin del PNUD (2004)indica que el balance hasta el 2002 era positivo en trminos de la limpieza en laselecciones nacionales, una proporcin baja aunque significativa de restricciones a lalibertad electoral, y el acceso por va electoral a los cargos polticos, como contracara alas frecuentes interrupciones a los procesos democrticos que haban caracterizado elperodo 1950-1980. Como contrapartida, la divisin de poderes se mantuvo borrosa seguramente la tendencia social a avalar liderazgos personales y la baja imagen de lajusticia contribuyeron a ello y los entes de control actan incipientemente faltos derecursos cuando no son capturados por la burocracia poltica o se transforman enmoneda de cambio, entre el partido en el gobierno y algn partido de la oposicin.

En la dimensin de la ciudadana civil, los avances verificados en el marco institucional(proteccin de nios y derechos de mujeres) no tuvieron plena vigencia en algunospases de la regin. Al contrario en otros pases, el aumento de la violencia ydelictuosidad significa un retroceso, en tanto y cuanto amplios sectores de la sociedad sesienten desprotegidos de derechos civiles elementales como el de que el Estado protejasu persona y sus propiedades. Este es un punto no menor por cuanto conlleva tambin elriesgo a la ruptura del contrato social.

Finalmente, la dimensin de la ciudadana social exhibe una realidad extremadamentepreocupante, caracterizada por los indicadores de pobreza, desempleo y regresividad enla distribucin del ingreso que conllevan la exclusin de importantes sectores de lasociedad, sobre lo que se volver en la seccin ms adelante.

Ahora bien, ms all del grado de participacin formal desde el punto de la vista de laoferta de las instituciones y de la existencia de una razonable participacin electoral,cabe reflexionar acerca de la profundidad, en sus ntimas convicciones, de loslatinoamericanos en general -y de los argentinos en particular- en su relacin con lademocracia. Una metodologa desarrollada por PNUD (2004), antes citada, permiti

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agrupar a los latinoamericanos en demcratas (43,0%), no demcratas (26,5%) yambivalentes o mixtos (30,5%), aumentando en el Cono Sur la proporcin de nodemcratas al 34,5% a expensas de los ambivalentes (22%). Los no demcratas tiendena acordar a que un gobierno no democrtico llegue al poder si puede resolver losproblemas econmicos, cinco de cada diez argentinos, chilenos y brasileoscomparten esta opinin (Latinobarmetro, 2004) y en que el Presidente deje de lado alCongreso y a los partidos polticos si el pas tuviera dificultades; los ambivalentes, quecoinciden con los demcratas en preferir un gobierno democrtico a uno autoritario,estn divididos acerca de este ltimo punto.

Algunas diferencias interesantes de los no demcratas en relacin a los demcratas son:i) menor proporcin de cumplimiento con el voto; ii) menor pertenencia a un partidopoltico y una actitud ms crtica hacia los polticos; iii) mayor sentimiento dediscriminacin en poltica; iv) mayor disconformidad con el funcionamiento de lademocracia; v) una mayor actitud negativa frente a las privatizaciones; vi) percepcinms alta de retroceso general.

En suma, la vida democrtica exige un cuidadoso equilibrio entre representacin yparticipacin. Correctamente, el rgimen republicano establece los mecanismos derepresentacin indirecta y solo como excepcin los de participacin directa. Es claroque el aumento de participacin directa en tiempos de crisis puede ser una de esasexcepciones pero, como se seal, con extrema prudencia para evitar se transformen enuna rutina que salte de tema en tema. En Latinoamrica en general y en Argentina esparticular, se explican por la crisis de credibilidad de los partidos polticos.

Es que, la experiencia muestra que la participacin directa del pueblo en los asuntospblicos, sin el rol mediador de la representacin poltica, suele derivar en un estado deanarqua o de facciones populares concurrentes y en conflicto en cuyo horizonte, paradesgracia de los amantes de la libertad, suele asomar el fantasma del autoritarismo.

Es que la participacin directa no garantiza un rgimen democrtico: quin asegura quea su frente no terminen resurgiendo disfrazados con otro ropaje los representantes delantiguo rgimen, aquellos que representaban la minora que aspiraban al cambiorevolucionario y no gradual de la sociedad? Basta revisar la procedencia de muchoslderes piqueteros en Argentina para descubrir que provienen de partidos polticos muyminoritarios, de escasa trascendencia electoral y que frecuentemente enarbolan banderasde destruccin del sistema.

Los datos respecto a la elevada proporcin de ambivalentes en Latinoamrica en el ejedemcratas no demcratas, el retroceso de las posiciones postmaterialistas en Argentinay en la regin, la disconformidad con el funcionamiento de la democracia son sealesque deben ser escuchadas. Y ello nos compromete con la necesidad de mejorar partidospolticos, calificar las instituciones, corregir problemas de exclusin o mejorar lainclusin, precisamente la razn que justifica este documento.

4. El rol de los partidos polticos

En la seccin anterior se consider con detalle la actitud en la regin en general, y enalgunos pases de ella en particular, hacia la democracia, as como el funcionamiento de

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sta frente al objetivo de alcanzar una democracia plena que permita desarrollar unaciudadana integral.

La crisis de los partidos polticos no es atribuible a una prdida de voluntad ciudadanade participacin (en todo caso, lo que los agentes resisten es a participar a travs de lospartidos); en realidad enfrentan un problema diferente en el cual intervienen: i) unavoluntad de mayor control poltico de la cosa pblica; ii) una disconformidad parautilizar los partidos polticos como canales de participacin; iii) un traslado de laparticipacin y control hacia otras organizaciones.

En el pasado lejano antes de la recuperacin de la democracia, el mensaje adverso a lospartidos polticos provena de pequeos grupos antidemocrticos y autoritarios; hoy encambio se da en un contexto diferente y proviene de voces distintas, aunque a vecesdenuncien vicios semejantes (corrupcin y clientelismo) transformados porcircunstancias de tiempo y lugar y quizs ahora ms fcilmente comprobables queantao.

Corresponde evaluar ahora el rol y la performance de los partidos polticos. Abundanlas seales de la disconformidad de los latinoamericanos con sus partidos polticos envarias dimensiones:

i) La baja credibilidad de los partidos en la sociedad: en el caso de Argentina,en el ao 2004, 90% de la gente tena poca o ninguna confianza en lospartidos.

ii) La escasa y decreciente importancia que se le otorga a la poltica en lavida: tres de cada cuatro argentinos la considera poco o nada importante.

iii) El creciente desinters de la sociedad en poltica (aumento de 57% en 1984 a75% en el 2002 el porcentaje de la poblacin desinteresada).

iv) El aumento de la participacin popular en movilizaciones, y otrasactividades que reflejan una falta de contencin por los mecanismos derepresentacin de las demandas de la sociedad.

En suma, la realidad indica la paradoja de una democracia fuertemente instalada perocon sensibles dificultades para resolver los problemas ms sensibles de la sociedad (yaen el ao 2001, ocho de cada diez argentinos sealaba que el gobierno no haca losuficiente para reducir la pobreza, con mecanismos de representacin poltica en crisis,y con nuevas e inorgnicas formas de participacin irrumpiendo y reemplazando loscanales tradicionales, de la mano del desencanto con la forma de hacer poltica.

Hemos sealado que el fortalecimiento y el crecimiento de la democracia no son hechosespontneos. Se requiere el diseo de proyectos atractivos y consistentes y sucapacidad de ejecucin, liderazgo para llevarlos a la prctica y apoyo popular paralegitimarlos y dotarlos de plena vigencia y aplicabilidad (enforcement). Y es aqudonde los partidos polticos deben desempear un papel sustancial en la formulacin deopciones y alternativas que se ofrezcan como un men a la sociedad y que sirvan decanal de participacin de sta en la construccin de su futuro; obviamente, es difcil quecumplan esta funcin si antes no revierten el bajo nivel de confianza que concitan.

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En ese sentido, los partidos polticos tienen un papel a cumplir como agentes para lageneracin de la informacin, construccin del espacio de reflexin, y mbito del debatepoltico para devolver vitalidad a la vida poltica.

Por cierto, los partidos polticos deben efectuar una contribucin importante alperfeccionamiento de la ciudadana poltica, en los trminos explicados en la Seccin 2.En la medida que los partidos no existan o no cumplan su rol, expulsan a los integrantesque desean participar a travs de ellos ejercitando la ciudadana poltica, lo que derivaen la frustracin del deseo de participacin y aumenta el desinters de la cuestinpoltica en algunos o a la bsqueda de participacin por otros mecanismos o vas. Estoerosiona la prctica poltica institucional, limita el proceso de renovacin, cristaliza lasburocracias en los partidos y a la larga, reduce la flexibilidad y capacidad de stos, enmomentos de crisis, de dar respuestas adecuadas que preservan el sistema, como lodemostr la experiencia argentina de 1975-76.

La evidencia indica que la opinin pblica prefiere ms participacin, y no menos. Yque la participacin va partidos polticos es positiva para la democracia, pero queadems manifiesta que los partidos no estn funcionando adecuadamente como canalesde la misma, a la vez que existe escepticismo en los lderes de la sociedad de quepuedan recuperar protagonismo, presencia y representatividad. Ms an, parecera darsela situacin de que, mientras en las sociedades con tradiciones democrticas ms slidasse realza la participacin va partidos polticos, en otras con tradiciones menosarraigadas se considera que la mayor participacin se produce cuando los ciudadanosactan por afuera de los partidos apoyando a candidatos independientes o participando aorganizaciones de la sociedad civil o movimientos populares que se presentan comoalternativas a los partidos.

Claramente, el dilema de este segundo camino es el de la sustentabilidad. Estas formaspueden ser atajos para acceder al poder pero, a la larga y de no mantenerse la coalicin(cmo dirimir los conflictos de intereses dentro de la coalicin sin que la confianza seerosione y la conviccin se debilite? qu canales existen para arbitrar las diferencias?),la gobernabilidad puede verse comprometida y la expectativa frustrarse.

Por cierto, el fortalecimiento de la deliberacin a nivel local municipios y en losmbitos vinculados a las cuestiones concretas que hacen al inters de los ciudadanosconlleva una suerte de rutina de participacin social que puede ser el prembulo y laescuela de la participacin poltica. En el caso argentino, esto puede alcanzarsignificacin a nivel provincial y municipal, en los cuales existe una cultura y tradicinde actividad social y poltica a nivel local. En ese sentido las agrupaciones polticaslocales pueden cumplir en Argentina un papel importante, y de hecho lo cumplen. Enfuncin de gobierno, conocen directamente las necesidades de los ciudadanos del lugary estn en una posicin ptima para monitorear la eficiencia, la calidad y laresponsabilidad del oficialismo. En el plano provincial, se articulan para proveerliderazgo en ese mbito; esta ltima es una faceta particularmente importante porqueexige compatibilizar objetivos e intereses de diferentes niveles (municipal, provincial ytambin nacional).

Tradicionalmente, estos espacios han sido forja de futuros polticos. Un casoemblemtico han sido los centros de estudiantes de las universidades particularmente

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en Argentina, pero tambin han cumplido un rol otras instituciones como lascooperadoras barriales (problemas de infraestructura y ltimamente de seguridad enArgentina), asociaciones cooperadoras de colegios y hospitales, etc. Claro que estasescuelas preparan cuadros con un estilo que resulta difcil trasplantar a los partidospues las caractersticas organizacionales de unos y otros acordes a sus fines son biendiferentes. Adems, como ya se mencion, nadie asegura que las organizaciones noterminen siendo cooptadas por dirigencia poltica y adquiriendo los vicioshabitualmente atribuidos a los partidos. En este caso, lo relevante es cambiar lamentalidad y la cultura de los participantes, no tanto el formato por el cual participanpues lo segundo sin lo primero no asegura la mejora global.

La percepcin de la sociedad latinoamericana de que en solo dos pases (Uruguay yHonduras) los partidos polticos cumplen su papel y que en otros 16 no lo cumplen o lohacen a medias es preocupante, sobre todo si se tiene en cuenta que incluye la lista a lospases de mayor tamao y poblacin (Argentina, Brasil y Mxico) y a otros como Chiley Costa Rica que han demostrado capacidad para digerir y administrar conflictos en lasltimas dcadas. En conjunto, es un dato revelador que seis de cada diez lderes deopinin de la regin consideren que los partidos no cumplen su papel.

Personalismos y frecuentes escisiones personalistas y no principistas, falta dedemocracia interna, la obligacin del cursus honorum (ir creciendo en la jerarquapartidaria y/o en sucesivos cargos electivos de menor a mayor) aparecen en el pasivo delos partidos. Los mensajes se vuelven confusos y desde la oposicin actan ms comoreaccin a acciones del oficialismo que como constructores de alternativas viables ysustentables, probablemente porque de esa manera encubren la incapacidad de procesarlas diferencias internas y evitan asumir posiciones comprometedoras en temascomplejos.

De esta manera, los partidos aparecen como alejados cuando no divorciados de lasociedad, incapaces de interpretar sus necesidades, perdiendo el necesario contacto conlas bases, y solo dedicados a consolidar y preservar una base no menor de poder enbeneficio de la burocracia partidaria. Y por ello son desplazados por otro tipo deorganizaciones.

En sntesis, estamos ante una situacin de desvinculacin entre partidos polticos ysociedad que se alimenta en el hecho que la clase poltica acta como una elite queconcentra sus energas y las facilidades de los cargos a los que eventualmente accedenen el Estado para asegurar su subsistencia y permanencia en las organizacionespartidarias, dejando incumplida su misin de intermediacin de demandas sociales yconstructores de polticas pblicas en beneficio de sus representados.

Por lo tanto, y como consecuencia de la percepcin que los partidos polticos nocumplen su papel, no solo la sociedad busca otros canales sino que cree que el poderreal se desplaza tambin a otros circuitos.

Por cierto, el hecho que la sociedad perciba que los poderes fcticos estn en los gruposeconmicos (80%) o los medios de comunicacin (65%) en lugar de estar contenidos enel sistema poltico y concentrado en los poderes constitucionales (Poder Ejecutivo:35%) y los propios partidos polticos (30%), limita, y desluce el papel de estos ltimos,por cuanto pareciera que poco tienen que decir a la hora de tomar las grandes decisiones

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y debe recordarse que, mayoritariamente, las sociedades latinoamericanas y laArgentina en particular considera que el pas se maneja segn los intereses de unospocos grupos y sin tener en cuenta a la gente. Ms an, el bajo peso otorgado alCongreso como factor de poder, ilustra que la sociedad percibe un desequilibrio muygrande en el esquema de poder; considerando la importancia de las elecciones demedio trmino en la vida poltica y la actividad que en ellas desarrollan los partidos que pujan por asegurarse representaciones importantes es un dato revelador. Tampocoes una buena seal en orden a la divisin de poderes.

Partidos y crisis

Existen seis grupos de factores que explican la crisis de los partidos:

a) El primer grupo abarca factores vinculados a transformaciones observadas en elescenario mundial y en las dimensiones poltica, econmica y social de losdistintos pases. En alguna medida, los partidos polticos son incapaces deprocesar estos cambios y carecen de un discurso, una interpretacin y unaestrategia que les permita construir un programa y/o un plan para ofrecer a lasociedad una propuesta. Se debilita el papel central de la poltica y ello produceuna suerte de informatizacin de la misma, en la cual encuentran caldopropicio el surgimiento de nuevas formas de expresin por afuera de los partidosy el predominio de factores de poder distintos de los de origen estrictamentepoltico. Debe reconocerse que absorber el impacto favorable de laglobalizacin y la revolucin de las comunicaciones sobre los partidos polticosen trminos del aumento de la informacin y poder de comparacin quereciben los ciudadanos, no es una tarea fcil y requiere una dramticarevalorizacin de la agenda. Una expresin de ello es el cambio de discurso enlos pases escandinavos, en el Reino Unido, en Espaa y en los propios pasesdel este asitico.

b) El segundo grupo de factores tiene que ver con los efectos de los procesos dereestructuracin econmica que se produjeron durante los 90; el repliegue delEstado de muchas actividades econmicas y sociales cambi la forma de hacerpoltica. En ese sentido, el impulso a las reformas cabalg sobre la demandasocial que predominaba a fines de los 80 en sociedades duramente castigadas porla inflacin que derivaba del financiamiento del dficit en sociedades sincapacidad de endeudamiento y gobiernos dbiles para corregir los desequilibriosen los fundamentals econmicos y/o cortar los espirales de retro alimentacindel proceso inflacionario. En 1991, por caso, ubicando las opciones de aumentarla propiedad privada (valor 1) o aumentar la propiedad estatal (valor 10) elpromedio para Argentina arrojaba 3,9 (en el 2002 subira a 6,2); y respecto delas opciones si el Estado deba asumir ms responsabilidades en proporcionarmedios de vida a la gente (valor 10) o las personas deban asumir su propiaresponsabilidad (valor 1), la media fue 6,0 (en el 2002 fue 4,4). En sntesis,luego de la experiencia de los 80, la sociedad argentina quera menos Estado aprincipios de los 90, pero esa tendencia se habra de modificar en los aosposteriores en el marco de la fatiga de la reforma (o frustracin delareforma) a la que se hace referencia ms adelante.

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La cuestin es que este cambio necesario para adaptarse a las demandas de la gente,result difcil de asimilar. En algunos casos, los partidos establecidos declinaron, dandolugar a otros u otras formas de poltica. En otros casos, el sistema de partidos serealine. Pero en muchos casos, particularmente en aquellos en los cuales es msrelevante la impronta del liderazgo personal y menos estructurado el partido, no estclaro que el cambio pro-reforma impulsado por el lder a menudo con alianzas ajenas ala tradicin histrica del partido haya permeado toda la estructura partidaria. Mientrasque en algunos pases el cambio de paradigma no afect el predominio de los partidostradicionales que se adecuaron, en otros implic una reconstruccin profunda delsistema, so pena de que se transformaran en entes vacos y aislados de la realidad.

Un tema no menor es que los cambios produjeron el vaciamiento de ciertas institucionescercanas, a veces soportes de partidos polticos. La reduccin de la gravitacin de laindustria mano de obra intensiva y de la construccin quit gravitacin al sindicalismoafn. El ejemplo argentino ilustra la desaparicin o prdida de influencia de ciertosindicalismo afn a las empresas estatales (Petroleros, Telefnicos, Luz y Fuerza,Ferroviarios) para aumentar la gravitacin de otros vinculados a servicios estratgicos.Privados (Camioneros) o pblicos (Educacin y Salud) con distintos intereseseconmicos y una constituency diferente de aquellos. En otros pases perdi peso elsindicalismo agrcola, minero, etc. La informalidad laboral, a su turno, influy demanera similar

c) Un tercer grupo de factores que implica la crisis de partidos tiene que ver con lasfunciones que stos cumplen en los sistemas polticos. Por un lado, elagotamiento de las funciones de socializacin, movilizacin y participacinpromueve una percepcin de ausencia de legitimidad en la medida que lospartidos abandonan la funcin de contribuir a la construccin de la ciudadana.Por otros, la percepcin que los partidos defienden los intereses propios y no losde sus electores. Consecuentemente no resulta llamativo la crisis derepresentacin e intermediacin, computando la brecha entre los intereses deunos y otros. La sensacin de corrupcin nueve de cada 10 argentinos crea enla existencia de coima y corrupcin en la esfera poltica y pblica a fines de los90 erosiona la legitimidad de la representacin, en clave poltica, aleja a losvotantes de los partidos y reduce la lealtad en el voto. La declinacin de larepresentacin poltica, que parece ms estructural que coyuntural, tiene ademsque ver con la insatisfaccin por el desempeo de la economa; el desarrollo delos medios de comunicacin (que amplan la oferta, desnudan debilidades, etc.);la proliferacin de centros de poder, la disminucin de la capacidad deintervencin del Estado como regulador y distribuidor, todo lo cual disminuyela capacidad de los partidos para atraer afiliados.

Importa recordar que los partidos pueden tener representatividad poltica, peroque ello no implica que tengan representatividad social. Por cierto, la ausenciade representatividad retroalimenta la falta de legitimidad para intermediar. No setrata de ausencia de legitimidad ni en lo formal (estatutos, personera, etc.) ni enlas urnas, la llamada legitimidad de origen o legal; se trata de falta delegitimidad como portavoces de la sociedad y representantes de sus intereses, enlo que podra denominarse legitimidad de gestin.

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d) Un cuarto grupo de factores tiene que ver con la corrupcin y el clientelismodesarrollado en c). El mal uso del poder o su utilizacin abusiva con finespersonales y partidistas tiene dos aristas en cuanto implica a nivel individual unaviolacin a los principios ticos del partido lo que debera estar previsto ycastigado por los cdigos del partido ms all de la accin de la justicia, y la dela regulacin del financiamiento de la poltica y de los partidos. En esta ltimadimensin, la falta de regulacin, unida a los elevados costos de las campaas,permite que se filtre el financiamiento ilegal; entre la corrupcin real ocomprobada y la sospecha de corrupcin (derivada de la opacidad delfinanciamiento poltico) se crean las condiciones que explican la actitud reactivade la sociedad frente a los polticos.

e) Tambin estn los factores asociados a la influencia de los medios decomunicacin. El desarrollo de los medios y de tcnicas comunicacionalesderiva en que, si lo importante es el mensaje y no el contenido, a la larga losustantivo pierda vigencia. En la medida que para los polticos la relevancia pasapor el titular del diario del da siguiente y para ello gua su accin segn losdictados de la encuesta de opinin relevada el da anterior, ser impensabledisear polticas de Estado, construir un sendero coherente y consistente depolticas y, en ltima instancia, el tctico desplazar al estratega. Es cierto quelos medios de comunicacin permiten un conocimiento ms rpido de loscontenidos y un control social pero ello solo la medida que no seanmanipuleados.

f) La construccin de un partido sano exige democracia interna, renovacin decuadros y seleccin democrtica de dirigentes. En ese sentido, el verticalismoimplica una exagerada concentracin de poder y de decisin, tanto a nivelnacional como local o regional, que propende a la larga a una esclerotizacin dela cpula, a la burocratizacin y, sobre todo, a la ausencia de renovacin en loscuadros. La falta de renovacin y la ausencia de circulacin determinan en quela sociedad se vea alejada de los partidos, disminuya el deseo de participacin y,al mismo tiempo, que las propuestas polticas dejen de representar lasnecesidades y demandas de la sociedad.

En definitiva, y de manera sinttica, la crisis de representatividad correspondecon la convergencia de dos vectores. El primer vector hace a la capacidad delpartido de proteger el inters de su constituency y al quiebre de la relacinpartido-sociedad cuando aquel fracasa en agregar y articular exitosamente losintereses del partido con los sociales. El otro vector, se refiere a la accin delpoltico en cuanto a gobernante en los diversos poderes y niveles y a sucapacidad de gestionar eficientemente los intereses que le han sido confiados. Enla experiencia cotidiana, cuando la opinin pblica retira su apoyo a la gestinde gobierno, este segundo vector ha perdido dinamismo.

La organizacin bajos formas democrticas, y la regla de democracia interna enlos partidos polticos, son incitas a la naturaleza de stos: carecer de unaorganizacin y de un funcionamiento democrtico sera contradecir el esquemademocrtico de un Estado; exhibir un funcionamiento oligrquico o autoritarioafectara la capacidad del partido de construir una propuesta creble para unestado democrtico. En rigor, la ejemplaridad en la subordinacin a la

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democracia interna y a las reglas constitutivas del partido, forman parte delcompromiso de sus miembros en particular sus autoridades con la sociedad.

Un partido con reglas democrticas es aquel en el cual los afiliados vengarantizados y respetados sus derechos fundamentales, existen mecanismos decontrol de cumplimiento de stos, y dominan los valores de libertad, igualdad,justicia y pluralismo.

Ciertamente, existen diversas cuestiones que pueden enervar el ejercicio de lademocracia interna y seguramente la cuestin de los mecanismos de toma dedecisiones, la ausencia o no de elecciones internas para cargos partidarios ycandidaturas nacionales juegan un rol importante (la existencia de primaria noest extendida y/o no se practica), as como la duracin de los mandatos. En estesentido es importante sealar que en Latinoamrica conviven pases en loscuales los partidos polticos tienen el monopolio de la presentacin decandidatos, con otros que no.

Una tipologa simple de los partidos polticos, ilustra la co-existencia de partidospequeos de una gran pureza ideolgica, en general formado por cuadros quetienen una mayor participacin poltica relativa, con otros de base ms amplia yextendida. Mientras en los primeros el objetivo es ejercer una influenciaindirecta a travs del enfoque doctrinario, en los segundos la bsqueda del poderes ms directa y lineal. En este ltimo tipo de partidos la necesidad de aumentarla base de electores llev a ampliar el espectro programtico e ideolgico, parafacilitar la incorporacin de grupos y personas con posiciones opuestas y hastaantagnicas. Este hecho puede ser un factor limitante de la gobernabilidad, licuala personalidad y lo genuino de los partidos, y favorece comportamientosoportunistas.

Esta misma faceta favorece el entrismo, es decir la infiltracin por noafiliados de algunas de las alas del partido con el objeto de incidir y atraer alconjunto hacia la posicin ideolgica de los protagonistas de ese movimientotctico. En Argentina, la cuestin de las alas est presente tanto en elperonismo cuanto en el radicalismo desde sus comienzos histricos, pero unfenmeno similar se observa en la mayora de los partidos polticos de baseamplia en la regin. Ello explica, por caso, que el peronismo haya podidoaparecer aliado con fuerzas progresistas histricamente para ser su proyecto degobierno, respaldado por el centro-derecha en los 90, y volver en parte a susorgenes en los ltimos aos.

La existencia de partidos catch all representa un problema en trminos de quese reduce la oferte de alternativas a los votantes y que se facilita que seinternice es decir, a la interna de un solo partido- toda la poltica nacional.

La organizacin de los partidos depende, en parte, de sus caractersticas. En elejemplo de Argentina la cuestin de la organizacin territorial es fundamental: lacapacidad de estar desplegados a lo largo y ancho del pas da al peronismo y alradicalismo una ventaja fundamental no solo para sumar votos detrs de lascandidaturas presidenciales, sino tambin para construir poder en la competenciapor los cargos locales (ejecutivos y legislativos provinciales) y los legislativos

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nacionales. Esta forma de organizacin es coherente con el sistema federalargentino y, en rigor, los partidos reproducen en su organizacin internas estadivisin.

Claro que existe una cierta dosis de descentralizacin, por cuanto a nivelprovincial los partidos tienen autonoma y margen de maniobra para definir einterpretar sus reglas internas, a la vez que el nivel central, si bien formalmentepuede desplazar, sustituir y reemplazar las autoridades partidarias provinciales,tiene dificultades de darle plena vigencia y aplicabilidad (enforcement) a esadecisin sin exponer a fracturas al partido (en esa jurisdiccin).

La autonoma de las secciones provinciales de los partidos de raigambrenacional se ve reforzada por dos razones: i) la capacidad de definir sus propiosliderazgos y establecer sus propias reglas internas; y ii) el financiamientoproveniente de la capacidad de ocupar cargos pblicos provinciales.

Por otra parte, a nivel subnacional se desarrolla una compleja malla de interesesque cruza la estructura de los diferentes partidos, lo que termina contribuyendo aque exista un canal de financiamiento a los partidos.

La influencia del sistema de organizacin federal es relevante para los partidospolticos. Los partidos que cuentan con representacin en muchas provinciaspueden competir aportando representantes en el Congreso en el caso argentinoparticularmente en el Senado. A su turno, los gobernadores son un factorgravitante, no solo en la poltica provincial sino en la esfera nacional. Un dato nomenor de tal influencia es que en buena parte de las ltimas elecciones, loscandidatos a presidente de la Repblica (o en las internas partidarias para elcargo) fueran gobernadores o ex gobernadores: los peronistas Carlos Menem (LaRioja) y Antonio Cafiero (Buenos Aires) que compitieron en las internasperonistas de 1988 (que gan el primero y que le permiti acceder a lapresidencia en 1989), el radical Eduardo Angelz (gobernador de Crdoba ycandidato vencido por Menem en 1989), el peronista desprendido Jos Bordn(ex gobernador de Mendoza) y el radical Eduardo Masaccessi (ex gobernador deRo Negro) vencidos en las elecciones de 1995 por Carlos Menem.Posteriormente, en 1999 Fernando de la Ra (ex Jefe de Gobierno de la Ciudadde Buenos Aires) derrot a Eduardo Duhalde (ex gobernador de la Provincia deBuenos Aires) y en las ltimas elecciones, casi todos los referentes de P.J.haban sido (o eran) gobernadores, incluyendo al vencedor Nstor Kirchner(Santa Cruz). Si bien en la historia argentina hay antecedentes de presidentes ycandidatos presidenciales que haban sido (o eran a la fecha de las elecciones)gobernadores, como Urquiza, Mitre, Sarmiento, Jurez Celman y FigueroaAlcorta entre otros, la tendencia parece haberse profundizado desde la vuelta a lademocracia en 1983.

La evidencia indica que los eventuales lderes que aspiran a desarrollar unacarrera poltica construyen su poder a partir de sus distritos, pero no solo con susdistritos. La experiencia argentina reciente ilustra como un pre-candidatoproveniente de una jurisdiccin pequea como La Rioja pudo derrotar e internasa un candidato que se sustentaba en una provincia grande como Buenos Aires(nos referimos a Carlos Menem y Antonio Cafiero), lo que indica su capacidad

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de construir una coalicin ad hoc. De todas maneras, el dominio territorial dauna ventaja a la hora de afiliar y movilizar afiliados en las elecciones partidariasy nacionales y ello se transforma en una ventaja significativa.

Los punteros actan como intermediarios responsables de ese proceso demovilizacin y reciben en devolucin distintos tipos de compensaciones dequienes compiten, ya sea en comicios internos como en nacionales. Estospersonajes ejercen influencia en el proceso de afiliacin siendo que los afiliadosdesempean un papel clave al momento de resolver las elecciones internas paracargos partidarios y candidaturas nacionales. Las fichas que corresponden acada afiliado respaldan a los lderes a la hora de armar coaliciones, como elnmero de soldados de que disponan seores feudales pujando por imponer sujefatura a los dems. Ello deriva, obviamente, en la importancia del proceso decontrol de afiliaciones y la auditoria y revisin regular del padrn partidario. Enla prctica el partido, para movilizar la maquinaria, debe estar en condiciones deofrecer cargos, honores, capacidad de lobby, etc. y ello alimenta el clientelismoy la corrupcin. Obviamente, en tiempos electorales, esta actividad aumenta y lagravitacin de los punteros y la demanda de compensaciones se incrementa,gravitando sobre los recursos partidarios y exigiendo nuevas fuentes definanciamiento; los cargos en el Estado nacional y provincial y el desvo departe de las remuneraciones de los funcionarios hacia los partidos se transformaen una fuente de recursos importante.

En resumen, la organizacin de los partidos en Argentina propende a:

i) La fragmentacin de poder en el partido de facilitada por la organizacinterritorial y superada cuando el lder construye un apoyo muy fuerte en lasociedad en general o logra articular una coalicin con otros lderesterritoriales que le conceden transitoriamente el poder. En esos casos seproduce lo que se denomina el encolumnamiento del partido detrs dellder. El problema adicional es que un partido anrquico y fracturadopor rencillas internas no resulta de apoyo al gobierno ni de soporteeficiente a la gobernabilidad.

ii) La confusin del partido con los funcionarios. Dado que estos cuentancon recursos provenientes de los cargos ejecutivos o legislativos quedesempean pueden aportar financiamiento al partido y tambin deatraer recursos del sector privado, lo que les permite consolidarse dentrodel partido.

iii) Alta volatilidad de las coaliciones internas, proveniente de la ausencia decuestiones programticas y s de intereses puntuales y transitorios.

iv) Finalmente, y en consonancia con i), ii) y iii) liderazgo nacional dbil ydependiente de la evolucin del ciclo electoral. Cuando el partido est enel gobierno, se fortalece el liderazgo nacional; cuando el partido est enla oposicin el liderazgo nacional se debilita y las fuerzas centrfugasaumentan (as como la seduccin por parte de otros partidos si ello fueramenester sobre determinados lderes provinciales).

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Qu surge del clsico anlisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades yAmenazas) de los partidos polticos en el caso argentino? Un cuadro preocupante, por lolimitado de las dos primeras y la extensa lista de las restantes. Entre las fortalezas de lospartidos argentinos aparecen su importancia para el funcionamiento de la democraciarepresentativa, el carcter nacional de algunos de ellos, la capacidad para organizar lacompetencia electoral y la conciencia de la crisis de representacin en curso (estas dosltimas hasta cierto punto limitadas). Las oportunidades radican en la continuidad de lasreglas de juego democrticas, y la ausencia de fuerzas anti-sistema de gravitacin, conun enfoque optimista frente a ciertos grupsculos emergentes que adhierenexplcitamente al cambio revolucionario y muestran escaso respeto por los derechosajenos. Mientras tanto, las debilidades son ms amplias: ausencia de perfilesprogramticos e ideolgicos definidos, tendencia al anquilosamiento, dependencia derecursos estatales, cartelizacin y corrupcin, clientelismo y patronazgo, bajacapacitacin, dispersin de recursos y dificultades para fijar la agenda; y las amenazasse asocian con el deterioro de la legitimidad que lleva a que las demandas se canalizanpor afuera de los partidos.

Dos comentarios finales referidos a la experiencia del caso argentino. El primero, es quelas observaciones previas explican en parte por qu existe una cantidad importante departidos de distrito (o de provincia) que suelen representar los intereses de lajurisdiccin en que actan. Estos partidos mantienen a nivel de esa jurisdiccinrelaciones con los Estados subnacionales correspondientes, obteniendo as recursos (enalgunos casos han llegado a ganar la eleccin provincial) pero les cuesta trascender loslmites de su frontera. La posibilidad de armar coaliciones electorales de partidosprovinciales es interesante pero su sustentabilidad en el tiempo se complica por ladiversidad de intereses, ms all de que cooperen en el Parlamento. Anlogamente, esimportante la articulacin de los partidos locales o municipales en relacin a unarepresentatividad en los parlamentos provinciales. De esa manera, se reconstruye elsentido ascendente en el proceso de construccin de la representatividad y de lalegitimidad.

Un segundo comentario hace a la dificultad de entrada de nuevos partidos; ladificultad no es tanto normativa (barreras legales de acceso) cuanto econmica, y serefiere al costo de estructurar el partido en todas las jurisdicciones. Una tarea de estamagnitud exige una task force dedicada a la captacin de los cuadros polticos en lasdistintas provincias integrada por dirigentes partidarios capaces de rastrillar el pasconstruyendo las clulas partidarias y una masa importante de recursos disponibles, conla particularidad que resultara difcil atraer fondos genuinos a ese proyectoprecisamente por ser un partido en etapa de formacin y alejado de las fuentes definanciamiento habituales. Esta dificultad refuerza la tendencia de los partidos polticosargentinos a hacer cabecera de playa como partido de distrito o provincial y construirde all en ms coaliciones, pero ello plantea los problemas referidos ms arriba.

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5. Partidos polticos, recursos humanos, programas y plataformas

En la seccin anterior hemos analizado algunas cuestiones vinculadas con el rol y elfuncionamiento de los partidos polticos, las causas de su crisis de representacin y losproblemas que enfrentan.

Cul es, en ltima instancia, la misin del poltico? Sin duda crear las condiciones parael bien comn, construyendo el marco que permita el actuar de los miembros de lasociedad, fijando pautas de conducta adecuadas a las circunstancias de tiempo y espacioen que les toca vivir (marcos legales), alcanzando objetivos concretos de acuerdo a unjuicio prudencial (gestin) e interpretando el sentido de la sociedad (rgimendemocrtico). Precisamente, en cuanto la sociedad percibe que la bsqueda del biencomn es reemplazada por la bsqueda del inters personal del poltico (corrupcin,enriquecimiento, perpetuacin del poder) la confianza se deteriora y la vinculacin entreel poltico y la comunidad se erosiona, como hemos visto.

Los polticos deben reunir un conjunto de condiciones: estado fsico, equilibriopsicolgico, voluntad de poder que se traduzca en virtudes organizativas, capacidad denegociacin, capacidad de sacrificio y de aceptacin de la soledad, docilidad paraescuchar opiniones ajenas (pero discernimiento para evitar ser engaado), templanzapara no rendirse a la sensualidad del poder y la riqueza, y la capacidad de encontrarsoluciones a planteos complejos, como Alejandro frente al nudo gordiano. Adems, elpoltico debe ser un hombre moral, an aceptando que los dilemas que enfrentar son dedistinta ndole que los del ciudadano comn. En ese sentido, los polticos debenencuadrar su accionar en el marco de las virtudes prudenciales, y regirse por laprecaucin, circunspeccin, providencia y razonabilidad de sus actos y decisiones.

Finalmente, los polticos deben estar imbuidos de una formacin intelectual tanto msdensa y profunda cuanto mayor sea su responsabilidad potencial. Suele decirseequivocadamente que los polticos nacen, no se hacen; en rigor es cierto que unacondicin natural es para los polticos la vocacin del poder (ordenada a la bsqueda delbien comn como fue sealado), pero tambin se hacen y en esto la formacinintelectual juega un rol fundamental.

Los partidos polticos deben contar con equipos que imaginen y diseen las soluciones ypropuestas necesarias para dar respuesta a las demandas sociales, y propender alobjetivo del bien comn en los distintos planos. Ello deriva en la necesidad de contarcon think tanks (centros de reflexin y diseo de estrategias) que sean usinas paraesas soluciones. Los think tanks deben ocupar un lugar muy importante para lareflexin y el debate interno dentro de los partidos polticos. Obviamente, su existenciademanda recursos financieros, pero su monto es reducido en relacin al retorno queimplica contar con un flujo de pensamiento que refresque la doctrina, alimente la visindel partido respecto del programa de gobierno (si el partido est en la oposicincontribuir a monitorear la gestin del oficialismo a travs del shadow cabinet) yayude en la construccin de la plataforma electoral.

Los think tanks, adems, contribuirn a homogeneizar la visin de las distintas alaspartidarias, considerando que ellas deberan confluir y hacer aportes en esos grupos. Almismo tiempo, permitirn articular la visin estratgica de largo plazo con la de cortoplazo y estimularn el debate y el dilogo intra e interpartidario.

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La interaccin entre tcnicos y acadmicos con polticos prcticos en los think tankspermitir tambin una armona entre dos visiones de la poltica, que resultarextremadamente til en el caso que el partido alcance el poder y deban seguirinteractuando ahora desde otra perspectiva, limando las diferencias entre la percepcinde tecncratas que tienen los tcnicos para los polticos.

Por naturaleza, la doctrina tiene una fuerte componente ideolgica, pero al mismotiempo debe contener las diferentes alas que componen los partidos. Por lo tanto,coherencia y consistencia no han sido condiciones necesarias de las plataformas que sehan conocido histricamente y ese es un defecto que debe corregirse en el futuro.

El programa de gobierno constituye la oferta poltica que disea el partido desde susthink tanks y que, luego del proceso electoral interno (se supone que las distintas alastendrn propuestas con matices diferenciales encuadradas dentro del espaciodoctrinario) proponen a la sociedad. Las plataformas polticas electorales sern, enltima instancia, la expresin sintetizada y clarificada de las ideasfuerza rectoras delprograma que se utilizarn en la campaa. En general, se critica que los partidospolticos no cuentan con un discurso adecuado y una estrategia exitosa frente a lasgrandes transformaciones. Les falta una interpretacin global que permita organizar larealidad de una manera entendible y estructurar la diversidad de intereses queconforman el partido y proponer opciones de poltica alrededor de algunos ejes bsicos.Por lo tanto, anan dos carencias: el discurso ideolgico unificado y preciso, y eldiscurso programtico como propuesta de futuro.

En estos casos, da la impresin que los partidos polticos no buscan el triunfo electoralpara poner en ejecucin el programa que propusieron a la sociedad y que refleja susntimas convicciones, sino que arman los programas para ganar las elecciones y despusver en el da a da como gobiernan; de esta manera y sin plan, la gestin se vuelve muycompleja y no debe extraar la percepcin crtica de la sociedad. Obviamente, en estecaso los partid