FONDO DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS DE FOMANORT

FINEF

ENSAYO SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA

CLAUDIA SUSANA USCÁTEGUI MALDONADO

CÚCUTA

2009

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LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA: AL TABLERO

Es un hecho innegable que la Constitución Nacional de 1991 significó un enorme

avance para el país, al menos en la consagración de ciertos derechos y, sobre

todo, en la aceptación de que Colombia es una nación plural y la apertura de

canales para la participación de esa gran diversidad. Sin embargo, la realidad

muestra a un país cuyos gobiernos no logran construir un proyecto de nación, un

proyecto de Estado, porque se empeñan en la defensa a ultranza de sus intereses

de clase. Aún no hemos podido desprendernos de esa “herencia abominable”

(Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, 1997), española de la Conquista.

Uno de los aspectos que siente con mayor repercusión estos vaivenes del manejo

de lo público es, sin duda, la educación. Muchos de los países del tercer mundo

que lograron dar el salto al desarrollo, tienen en común el haber concebido la

educación como prioridad en inversión. Es el caso de los países asiáticos como

Singapur, Taiwán, Hong Kong y Tailandia, quienes entendieron y asumieron que

“la educación es un medio decisivo para alcanzar metas exitosas de desarrollo

político, económico y cultural (…) Hoy, Singapur es uno de los países con la

población más educada del mundo. Ostenta importantes índices de escolarización,

(…) el más alto nivel en los exámenes internacionales (TIMSS) sobre matemáticas

y ciencia, y un gran potencial en creación tecnológica y mano de obra tecnificada

para los retos del nuevo milenio” (Rodríguez, 2002).

Como afirma el texto “El derecho a la educación en Colombia” (Lerma, 2007),

surgen varias preguntas ante el hecho de que la Constitución, aunque incluyó la

educación como uno de los derechos sociales, económicos y culturales, no lo hizo

como derecho fundamental, sino como un servicio público: “¿es o no es un

derecho fundamental?; y, si lo es, ¿por qué no se incluyó en el capítulo de los

derechos fundamentales? La segunda pregunta es: aún reconociendo la

educación como un derecho fundamental, esta sólo puede garantizarse

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progresivamente; entonces, ¿cuáles serían los contenidos mínimos exigibles del

derecho? Y la tercera pregunta es: ¿cómo resolver la tensión entre la educación

como derecho y la educación como servicio público con función social? Estas tres

preguntas son apenas el marco general de diferentes discusiones que sobre el

derecho a la educación se han suscitado en la sociedad colombiana en general y,

especialmente, en los sectores relacionados con la educación”.

Existe jurisprudencia de la Corte Constitucional que consagra la educación como

derecho fundamental, argumentando que ésta es “inherente, inalienable, esencial

a la persona humana, que realiza el valor y principio material de la igualdad

consagrado en el Preámbulo de la Constitución Nacional y en los artículos 5 y 13

de la misma carta política” (Lerma, 2007). Sin embargo, en Colombia se sigue

asumiendo la educación como un servicio público y derecho fundamental sólo en

lo que respecta a los niños, niñas y adolescentes.

Existe una diferencia sustancial entre servicio público y derecho fundamental. El

primero corresponde a “toda actividad organizada que tienda a satisfacer

necesidades de interés general en forma regular y continua, de acuerdo con un

régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado directa o

indirectamente, o por personas privadas” (artículo 430 del Código Sustantivo del

Trabajo, modificado por el Decreto 753 de 1956), mientras el segundo es un

derecho inherente a la persona, que debe ser garantizado plenamente por el

Estado, y por lo tanto tiene pleno carácter de exigibilidad por parte de los

ciudadanos. La no inclusión de este derecho fundamental crea muchas

sospechas, si se analiza detenidamente. Una de ellas es que la amenaza de la

privatización de la educación continúa galopante, como parecen demostrarlo las

políticas educativas.

Por otra parte, los propósitos planteados en los últimos planes de desarrollo, los

cuales han girado en torno a la cobertura, la calidad y la eficiencia, acaban

quedándose en buenas intenciones. Las cifras de la asignación presupuestal a la

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educación en Colombia muestran ampliamente que el país ha incurrido en la

formulación de políticas regresivas, puesto que ha venido disminuyendo, en

valores reales, la inversión en educación. Ya la Misión de Educación, Ciencia y

Desarrollo había llamado la atención sobre la necesidad de aumentar la inversión

en educación si queríamos entrar con pie seguro al siglo XXI. “El porcentaje del

PIB dedicado a la educación debe incrementarse en un 5% en el próximo

gobierno”, (Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, 1997). En contraste,

“después de 2001, es decir, con las aplicaciones que se desprenden del acto

legislativo (No. 01 de 2001), la participación de la educación preescolar, básica y

media en el PIB empieza un camino descendente como se observa en el gráfico”

(Procuraduría General de la Nación, 2006).

Años PIB Gasto en educación

PBM

Porcentaje

1995 84.439.109 2.015.322 2.391996 100.711.389 2.873.969 2.851997 121.707.501 3.373.304 2.771998 140.483.322 4.169.078 2.971999 151.565.005 5.196.542 3.432000 174.896.258 5.583.410 3.192001 188.558.786 6.479.268 3.442002 204.529.736 6.750.338 3.302003 230.466.526 7.357.193 3.192004 256.862128 7.981.819 3.11

De esta manera, los programas de los últimos gobiernos han terminado

convirtiéndose en una falacia sostenida con datos estadísticos que desconocen

por completo la problemática del país. Aumentar la cobertura sin adecuar la

infraestructura física y tecnológica de manera que pueda albergar a esa nueva

población en condiciones dignas y edificantes, es someter la educación oficial a un

proceso progresivo de pauperización, y abrir más aún la brecha entre la educación

oficial y la educación privada. Pretender mejorar la calidad sólo desde la creación

de estándares y de sistemas nacionales de evaluación, sin tocar la problemática

social generada por la pobreza, calculada en 60% (DANE, citado por Narváez), el

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desempleo, el desplazamiento y el conflicto armado es del todo inequitativo e

injusto. Hablar de pertinencia en un país atravesado por la diversidad y la

vulnerabilidad, sólo desde la formación para el trabajo y desde el enfoque

mercantilista de las competencias, es desconocer la educación que

verdaderamente necesita nuestro país para salir de la barbarie y el atraso.

El panorama no es nada halagador. Sólo desde la comprensión de la vital

importancia de la educación para el desarrollo de los pueblos, sólo entendiendo

que una de las formas de salir del conflicto que nos desangra consiste en brindar

una educación acorde con nuestras circunstancias, sólo tomando la irrestricta

decisión de dar a nuestro sufrido y huérfano pueblo colombiano las oportunidades

y las garantías que ha ido perdiendo paulatinamente en temas como educación,

vivienda, empleo y salud, y construyendo una visión de Colombia a largo plazo,

podrá nuestro país empezar a transitar el rumbo hacia el desarrollo y la

recuperación de su dignidad.

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BIBLIOGRAFÍA

Constitución Política de Colombia de 1991.

Lerma Carreño, Carlos Alberto. El derecho a la educación en Colombia. Buenos

Aires: FLAPE, 2007.

Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo. Colombia: Al filo de la oportunidad.

Bogotá: Magisterio, 1997.

Narváez Tulcán, Luis Carlos. Observatorio de la economía latinoamericana.

www.eumed.net/cursecon/ecolat/

Pinilla Pacheco, Pedro Antonio. El derecho a la educación. La educación en la

perspectiva de los derechos humanos. Bogotá: Procuraduría General de la

Nación, 2006.

Rodríguez M., Rita Astrid. Educación y estándares. Marco teórico y propuestas

para una aplicación efectiva. Bogotá: Magisterio, 2002.

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