el gobierno de alfonsín y los levantamientos militares-1983-1988.pdf
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Instituto Superior del Profesorado
“Dr. Joaquín V. González”
SEMINARIO DE METODOLOGÍA DE LA HISTORIA ARGENTINA
Y AMERICANA
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
PROFESORA A CARGO DE LA CÁTEDRA: Lidia González
PROFESORA ADSCRIPTA: Silvana Luverá
ESTUDIANTES: Ludmila Sol Naso - Eduardo M. Zeballos
CURSO: “B” AÑO: 2012
EN CAMINO HACIA LA DEMOCRACIA ARGENTINA
EL GOBIERNO DE ALFONSÍN Y LOS LEVANTAMIENTOS MILITARES
(1983-1988)
INDICE
Prólogo………………………………………………………………………………………1
1. El comienzo de la transición
1.1 Después de Malvinas: La crisis en las Fuerzas Armadas. La apertura democrática...........3
1.2 La propuesta radical en materia militar. Las elecciones de 1983………………………..10
1.3 La llegada al poder del Dr. Raúl Alfonsín. Las primeras medidas de gobierno…………14
1.4 La transición a la democracia argentina y el contexto regional………………………….23
2. El camino de la confrontación
2.1 El fracaso del proyecto de auto-juzgamiento y las primeras crisis militares…….………28
2.2 El enrarecimiento del clima político y social o el fin de la “primavera alfonsinista”.......34
2.3 El juicio a las Juntas Militares…………………………………………………………...35
2.4 El fracaso del primer plan económico y la llegada del Plan Austral…………………….36
2.5 La Ley de Punto Final…………………………………………………………………...43
3. Las sublevaciones militares - Semana Santa
3.1 La rebelión cordobesa………………………………………………………….…….…..50
3.2 El levantamiento carapintada y la toma de Campo de Mayo…………………………….54
3.3 Respuesta de los distintos actores sociales: el pueblo, las organizaciones sindicales y los
partidos políticos…………………………………………………………………...…….61
3.4 La negociación de Campo de Mayo y la “Ley de Obediencia Debida” ………………...68
4. Conclusiones……………………………………………………..………………76
5. Bibliografía…………………………………………………………………….…81
1
Prólogo
El proyecto del trabajo de investigación propuesto por este equipo tiene como objetivo
principal intentar reconstruir ciertos aspectos de una etapa de la transición democrática en
Argentina; particularmente nos interesa investigar, estudiar y analizar cuál fue la política de
Derechos Humanos llevada a cabo por el primer gobierno constitucional luego de la última
dictadura militar (1976 – 1983) y su correlato expresado a través de los alzamientos e
insurrecciones militares. Para el caso, trabajaremos especialmente los llamados
“levantamientos de Semana Santa”.
El desarrollo del proyecto está orientado a poder establecer cuáles fueron las razones
que impulsaron las leyes y los decretos dictados durante el gobierno de Alfonsín en relación al
juzgamiento de los militares responsables por los crímenes de Estado durante la última
dictadura, cuáles fueron las principales demandas de los organismos de Derechos Humanos,
políticos y sociales, la actuación de los juzgados civiles y militares, y la reacción de sectores
del Ejército para evitar que los juicios siguieran avanzando.
A través del tiempo comprobamos como nuestra historia contemporánea reciente sigue
reconstruyéndose día a día, y especialmente en temas referidos a violaciones a los Derechos
Humanos vinculados a la última dictadura militar. Sin embargo, creemos que no siempre fue
así y que hubo un tiempo en el cual ciertos sectores involucrados con el genocidio
pretendieron acallar las voces que testimoniaban lo ocurrido e impedir que los juicios
avanzaran y se multiplicaran. En este caso, el equipo de investigación centrará el trabajo en el
estudio particular de los levantamientos de Semana Santa considerándolos como casos
emblemáticos y particularmente críticos de la emergencia del proceso de transición.
El largo camino hacia la verdad y la justicia en materia de Derechos Humanos durante
la última dictadura militar es un camino de avances y de retrocesos que aún continúa
escribiéndose. La complejidad y las consecuencias del período del terrorismo de estado en
Argentina son tan profundas como imposibles de abordar para nuestra tarea determinada.
Exceden nuestro trabajo. Sin embargo, creemos que, para el período presentado y
2
particularmente sobre el levantamiento de Semana Santa, existen suficientes interrogantes sin
responder que requieren asumir el riesgo de una investigación que intente develarlos. En este
caso, lo que nos interesa saber e investigar es; cuáles fueron y cómo actuaron las principales
fuerzas políticas y sociales ante la insurrección militar; cuál fue el desempeño de los juzgados
civiles y militares; cuáles fueron y cómo actuaron los sectores de las fuerzas armadas que
intervinieron en los levantamientos, cuáles fueron sus demandas y cómo se comportó el resto
del Ejército; cuál fue la reacción de la opinión pública, cómo respondió la sociedad ante los
hechos; y cuál fue, en definitiva, la respuesta política al conflicto y qué consecuencias
produjeron los alzamientos en el orden democrático y constitucional.
En consecuencia, la hipótesis de la investigación se centrará alrededor de poder
determinar en qué medida el temor a la pérdida de control de los mandos militares, ensayada a
través del terrorismo y de los amotinamientos, logró condicionar la política de Derechos
Humanos del nuevo gobierno en el contexto de crisis.
La elaboración del trabajo y la investigación se llevará a cabo por medio de la
recopilación, lectura y análisis de fuentes primarias (diarios, leyes, sesiones legislativas,
archivos videográficos de la época, etc.) y secundarias, (libros, publicaciones, investigaciones
publicadas en internet, etc.).
3
I “Los hombres no pueden perdonar
aquello que no pueden castigar”
Paula Canelo1
1. El comienzo de la transición
1.1. Después de Malvinas. La crisis en las Fuerzas Armadas. La apertura democrática.
Tras la derrota de la Guerra del Atlántico Sur, el gobierno de la dictadura militar, que
hasta ese momento había manifestado su firme voluntad de mantener “las urnas bien
guardadas”2, a pesar de las atrocidades cometidas en materias de derechos humanos y los
descalabros económicos y financieros que llevaron a la parálisis productiva de la economía
nacional3, se vio envuelto en una profunda crisis cuya única salida posible fue la entrega del
poder que detentaba ilegalmente desde el golpe de estado del 24 de marzo de 1976.
Se abría, entonces el proceso de la transición a la democracia argentina.
Si bien es difícil definir y delimitar la precisión del término “transición a la
democracia” en principio diremos que supone un espacio abierto entre un régimen político y
1 Canelo, Paula. “La descomposición del poder militar en la argentina” en Pucciarelli, Alfredo (Coord.), Los años de Alfonsín. ¿El poder de la democracia o la democracia del poder? Buenos Aires, Editorial Siglo veintiuno, 2006, pág. 110. 2 Frase expresada en el año 1981 por el presidente de facto Leopoldo F. Galtieri ante una entrevista televisiva del programa Tiempo Nuevo que conducían los periodistas M.Grondona y B. Neustad. 3 Para un estudio detallado del proceso de reconversión y desmantelamiento de la industria productiva del país llevada a cabo por la dictadura militar argentina (1976-1983) sugerimos las lecturas de schvarzer, Jorge; La industria que supimos conseguir, Buenos Aires, Planeta, cap. 9, 1996; y/o schvarzer, Jorge; Implantación de un modelo económico. La experiencia argentina entre 1975 y el 2000, Buenos Aires, A-Z Editora, 1998 y/o Belini, Claudio y Rougier, Marcelo; El estado empresario en la industria argentina, Buenos Aires, Ediciones Manantial SRL, 2008.
4
otro (el de facto o dictadura militar y el democrático). El debate sobre cuánto dura y cuándo
concluye es una tarea ardua y de difícil concreción que excede a nuestro trabajo específico.
Sin embargo, si nos atenemos a los conceptos vertidos sobre el tema por el historiador Waldo
Ansaldi4, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que durante el gobierno de Alfonsín el
proceso de transición hacia la democracia nunca fue superado. Nuestro estudio se basa
precisamente en la indagación, en parte, de dichas grietas que impedían la consolidación y el
afianzamiento del nuevo régimen y que, en definitiva, mostrarían cuán frágil e inestable era
aún aquel proceso transicional que atravesaba el primer gobierno democrático luego de la
última dictadura militar.
Para analizar el proceso de transición hacia la democracia debemos comenzar
observando cuál fue el principio del fin de la dictadura y determinar en qué condiciones de
correlación de fuerzas objetivas y subjetivas se encontró el nuevo gobierno en materia de
Derechos Humanos y Economía. Para ello, nos resulta insoslayable remontarnos brevemente a
los orígenes de dicho proceso el cual, en concordancia con la mayoría de los historiadores,
creemos que se inicia con la derrota de la guerra de Malvinas5. En tal sentido, a la sumatoria
de fracasos de los gobiernos militares del proceso iniciado en 1976, entre los cuales se
destacan la crisis del proyecto económico y la falta de unidad en el interior de las Fuerzas
Armadas, hay que sumarle la “operación audaz e irresponsable”,6 de la conquista de
Malvinas por la fuerza llevada a cabo a partir del desembarco del 2 de abril de 1982, la cual
iba a lograr recomponer, aunque fuera de forma efímera, el creciente malestar político y
social7 que se estaba gestando realineando los disensos tras la histórica causa nacional que
4 Ansaldi, Waldo, “Juego de patriotas. Militares y políticos en el primer gobierno posdictadura en Bolivia, Brasil y Uruguay” en Pucciarelli, Alfredo (coord.); Op. cit., pág.24: “Un problema sobre el cual hay menos consenso entre los analistas se refiere al momento en que concluye la transición. A mi juicio, tal final se encuentra cuando el poder civil democrático no tiene ningún condicionamiento originado en el ejercicio de la dictadura e impuesto por ésta en su retirada, ni intentos de cuestionamientos de decisiones del poder civil que afectan a los militares, por parte de las Fuerzas armadas. Es decir, cuando éstas dejan de tener prerrogativas que escapan a sus funciones específicas como parte del Estado y quedan subordinadas por completo al poder civil”. 5 El propio Raúl Alfonsín, en su Memoria Política, realiza un análisis coincidente acerca de la crisis en la dictadura provocada por la derrota de la Guerra de Malvinas. Ver. Alfonsín, Raúl, Memoria Política. Transición a la democracia y derechos humanos. Buenos Aires, Editorial Fondo de Cultura Económica, 2004, pág. 33. 6 Quiroga, Hugo, “El tiempo del proceso”, en Suriano, Juan; Dictadura y Democracia (1976-2001), Nueva Historia Argentina. Tomo X; Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2005, pp. 76-80. 7 Cabe recordar el masivo acto de protesta que el 30 de marzo de 1982 (tres días antes de la toma de Puerto Argentino) había convocado la CGT y que fuera reprimido violentamente por el gobierno de Galtieri para impedir su realización. Ver: http://lasimagenesretro.files.wordpress.com/2011/03/ln.jpg. Otra fuente, Ageitos,
5
suponía la “recuperación de la soberanía” de las Islas Malvinas y del Atlántico Sur. Para el
caso; “El día del desembarco, una multitud calculada en diez mil personas se concentró en la
Plaza de Mayo para celebrar la <exitosa hazaña>”.8 Sin querer extendernos demasiado en el
tema, tomamos como propias las palabras de Paula Canelo en cuanto a que; “El régimen
requería la construcción de un enemigo lo suficientemente poderoso como para justificar una
nueva cruzada nacional que le permitiera encubrir sus cada vez más evidentes debilidades”.9
Y la guerra contra Inglaterra propiciaba esa una gran oportunidad para aglutinar voluntades.
Entonces, el gobierno no sólo contó con el apoyo de buena parte de la sociedad y la opinión
pública que se alineaba tras la aventura militar sino que también sumó la adhesión de buena
parte de los partidos políticos.10
Al respecto, el prestigioso historiador Adolfo Gilly señala con contundencia como;
“Todas las corrientes del peronismo, desde la derecha hasta los Montoneros,
saludaron entusiastamente la iniciativa de los militares en las Malvinas y muchos —como los
mismos Montoneros— se propusieron como voluntarios para ir a combatir a las islas. La
burocracia sindical peronista decretó la "tregua social" y la "unidad nacional" con la Junta
Militar mientras durase el conflicto de las Malvinas. Todas las corrientes de la Unión Cívica
Radical y del peronismo, partidos electoralmente mayoritarios que, junto con la democracia
cristiana, los intransigentes y los desarrollistas se agrupan en las Multipartidarias, apoyaron
la guerra”.11
Stella Maris, Historia de la Impunidad. De las actas de Videla a los indultos de Menen. Buenos Aires, Editorial Adriana Hidalgo editora, 2002, pág. 91 da cuenta de que; “Ante los problemas económicos, el malestar de la gente crecía sin pausa, y el 30 de marzo de 1982 la CGT realizó una gigantesca marcha contra el modelo económico. La protesta fue reprimida y hubo más de dos mil detenidos”. 8 Quiroga, Hugo, Op. cit., pág. 77. 9 Canelo, Paula, Op. cit., pág. 71. 10 Quiroga, Hugo, Op. cit., pág. 77. En dicha cita puede observarse en la “Declaración del Consejo Nacional Justicialista en ocasión de la guerra de Malvinas. Río Gallegos, 21 de mayo de 1982” el apoyo explícito de la fuerza citada y como desde el mencionado documento se exhortaba “a todos los compatriotas y especialmente a los compañeros peronistas a movilizarse y a organizarse en defensa de la soberanía, con todos sus recursos materiales y espirituales”. Citado de Fuente: Bittel, Deolindo Felipe, Peronismo y dictadura, 1976-1982, Ed. Del Movimiento, Buenos Aires, 1983, pp.64-65. 11Gilly, Adolfo. Las Malvinas, una guerra del capital, México, D.F., ediciones Era, Cuadernos Políticos, n° 35, enero-marzo 1983, pág. 32, en internet: http://www.cuadernospoliticos.unam.mx/cuadernos/contenido/CP.35/CP.35.4.AdolfoGilly.pdf
6
Finalmente, el fracaso de la guerra, cuya rendición se oficializó el 10 de junio de 1982,
desprestigió a los partidos políticos y a las organizaciones sociales que se habían coaligado
con el poder de facto en la intentona bélica pero sobre todo dañó a la Junta militar12 en el
poder que se disolvía tras la renuncia de Galtieri, a quién quitaban el apoyo endilgándole la
responsabilidad por la derrota de Malvinas. Luego de un breve interinato de cinco días en la
presidencia por parte del ex ministro del interior Alfredo Saint Jean, el Comandante en Jefe de
las Fuerzas Armadas, Teniente General Cristino Nicolaides, designó (de forma unilateral)
como presidente de la nación a un hombre cercano a los generales Videla y Viola, el General
retirado Reynaldo Benito Bignone para que asumiera el 1 de julio de 1982 con la difícil
misión de iniciar el proceso de transición hacia una apertura democrática ordenada y cuyo
costo político por parte de las Fuerzas Armadas fuera reducido al mínimo posible. La crisis en
el interior de la Junta militar por la designación de Bignone no se hizo esperar y tanto la
Marina como la Aeronáutica abandonaron la Junta de Comandantes quedando el Ejército al
mando del gobierno.13
A pesar del caos en que se encontraban las Fuerzas Armadas ninguno de los líderes de
la Multipartidaria exigiría la entrega inmediata del poder sino que siguieron reclamando
moderadamente un calendario para la apertura electoral. En agosto de ese mismo año
comienzan a tomarse las medidas que se orientan a cumplir, en parte, el primer objetivo
militar con la promulgación de la Ley Orgánica de Partidos Políticos (N° 22.627) que reabría
de forma oficial la actividad partidaria y la reafiliación a los partidos políticos con la intención
de conducir el proceso de transición hacia una apertura electoral estimada para fines del año
1983.
Con la totalidad de las FFAA recompuestas pocos meses después en la comandancia
de la Junta Militar14, el segundo objetivo se intentó con “torpeza política y sin prejuicios” a
12 Acuña, Carlos y Smulovitz, Catalina. “Militares en la transición argentina; del gobierno a la subordinación constitucional” en Juicio, Castigos y Memorias. Derechos humanos y justicia en la política argentina, Acuña Carlos y otros, Buenos Aires, CEDES, Ediciones Nueva Visión, 1995, pág. 45; “La derrota no sólo afectó la capacidad del gobierno militar para imponer su autoridad frente a la sociedad, sino que también agudizó los conflictos intramilitares”. 13 Para un desarrollo más completo de la interna del Ejército y de la puja entre las diferentes armas por las postulaciones de candidatos a suceder a Galtieri y la estrategia de “autodepuración” en función de recomponer la Junta tripartita ver Canelo, Paula. Op. cit., pp. 73-78. 14 Verbitsky, Horacio. Civiles y militares. Memoria secreta de la transición. Buenos Aires, La Página S.A., 2006, pág. 25: "El 23 de abril de 1983, Cristino Nicolaides, Rubén Franco y Augusto Hughes, que habían reconstituido la Santísima Trinidad castrense, pusieron sus firmas al pie de lo que con pomposa ingenuidad llamaron Documento Final de la Junta Militar sobre la Guerra contra la Subversión y el Terrorismo".
7
través de la publicación del “Documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la
subversión y el terrorismo”15 dado a conocer en abril de 1983.
El documento, amparándose en los decretos 261/75 (del 6 de febrero de 1975) y
2772/5 (del 6 de octubre de 1975) que disponían; “Ejecutar todas las Operaciones Militares
que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos
subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”, y luego; “Ejecutar las Operaciones
Militares y de Seguridad que sean a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos
subversivos en todo el territorio del país” correspondientemente, intentaba justificar la
ilegalidad del accionar represivo de las Fuerzas Armadas durante la dictadura con la
intencionalidad de evitar la revisión jurídica y política del pasado reciente remitiendo el
enjuiciamiento de los “errores y excesos cometidos en actos de servicio” al Juicio de Dios y
de la comprensión del hombre. El breve Documento expurgatorio de apenas quince páginas,
además de pretender justificar la utilización de “procedimientos insólitos” llevados a cabo
por parte de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en la “lucha contra la subversión”, quiso,
también, “blanquear” la figura jurídica y administrativa correspondiente a los “desaparecidos”
enunciando que; “se consideran muertos, aún cuando no pueda precisarse hasta el momento
la causa y oportunidad del eventual deceso, ni la ubicación de sus sepulturas”16. El
documento fue lanzado ante los primeros hallazgos de fosas comunes con cuerpos enterrados
sin identificación al final del gobierno militar.
El Documento Final fue rechazado en mayor o menor medida por casi todos los
sectores políticos y sociales.17 Sin embargo, puede consignarse una excepción: “La única
institución que intentó defenderlo fue la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal
Argentina, integrada por los cardenales Aramburu – ahora presidente -, Primatesta y el
arzobispo de Rosario Jorge Manuel López”. El Documento, sin embargo, fue criticado por el
Vaticano a través del diario de la Santa Sede, “L´Osservatore Romano”, que, entre otras
cosas, expresó; “que todos los desaparecidos en la Argentina están muertos no resulta
comprensible ni aceptable”.18
15 El texto completo en: http://www.memoriaabierta.org.ar/materiales/documento_final_junta.php 16 http://www.memoriaabierta.org.ar/materiales/documento_final_junta.php, pág. 13. 17 Mazzei, Daniel, El CEMIDA: Militares argentinos para la transición democrática. Buenos Aires, Editorial Capital Intelectual, 2011, pág. 23. 18 Mignone, Emilio F., Iglesia y dictadura, el papel de la iglesia a la luz de sus relaciones con el régimen militar, Buenos Aires, Ediciones del pensamiento nacional, 1986, pp. 78-79.
8
Al mismo tiempo, el Documento Final, como bien advierte Horacio Verbitsky19, va a
intentar deslindar de responsabilidades penales, civiles y políticas por lo actuado durante la
dictadura a los mandos subalternos a través de sus artículos 3 y 4 de la declaración final para
evitar que se produjeran motines internos de los que también se consideraron defraudados por
los altos mandos en Malvinas.20 Sobre este tema, podemos hallar el origen de lo que el
investigador y especialista en temas militares Ernesto López desarrolló como la hipótesis de la
“Crisis de Identidad” militar y que en definitiva forma parte de la descomposición y análisis
político e ideológico que intentaremos desarrollar más adelante junto con su desenlace
culminante en Semana Santa.
Finalmente, ante la ausencia de consenso general de los partidos políticos y de los
organismos de derechos humanos a comprometerse con la voluntad militar en cuestiones
referidas a las políticas de transición del gobierno militar, el 23 de septiembre, cuando apenas
faltaban cinco semanas para las elecciones presidenciales, Bignone firmó la “Ley de auto-
amnistía”, que le elevó su ministro del Interior, Llamil Reston, previamente aprobada por los
miembros de la Junta y con la cual se intentaba sentar las bases de la definitiva pacificación
del país, la reconciliación nacional y la superación del pasado.21
La “Ley de Enjuiciamiento de Actividades Terroristas y Subversivas” N° 22924
(conocida como Ley de auto-amnistía), a través de la cual el gobierno consigue mantener la
iniciativa política, disponía lo siguiente en su artículo 1:
“Decláranse extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con
motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de
junio de 1982. […] Los efectos de esta ley alcanzan a los autores, partícipes, instigadores,
19 Verbitsky, Horacio, Civiles y militares. Op. cit., pág. 26; “Era la más explícita asunción de responsabilidades producida desde 1976 y procuraba conservar un mínimo orden en las filas, impidiendo que los escalones inferiores se sintieran abandonados por sus jefes y para salvarse se convirtieran a su vez en fiscales". 20 http://www.memoriaabierta.org.ar/materiales/documento_final_junta.php. Pág. 15; “3° Que el accionar de los integrantes de las Fuerzas Armadas en las operaciones relacionadas con la guerra librada constituyeron actos de servicio. 4° Que las Fuerzas Armadas actuaron y lo harán toda vez que sea necesario en cumplimiento de un mando emergente del Gobierno Nacional, […]”. 21 Verbitsky, Horacio, Civiles y Militares, Op,. cit., pág. 31; "La elaboración de la ley de autoamnistía se extendió durante varios meses, que el Ejército empleó para persuadir a la Fuerza Aérea y la Armada. Los aviadores no la necesitaban, dado su perfil más bajo en la guerra interna, y los marinos la consideraban con toda lógica deshonrosa. El 19 de agosto 40.000 personas desfilaron en oposición al proyecto en la manifestación más numerosa de los siete años y medio transcurridos desde el golpe de 1976".
9
cómplices o encubridores y comprende a los delitos comunes conexos y a los delitos militares
conexos”.22
En este caso, el rechazo a la Ley de auto-amnistía, tampoco contó con una
desaprobación completa por parte de las fuerzas políticas y sociales. En una reciente
publicación, Verbitsky señala el acompañamiento adoptado por el episcopado de la iglesia
católica en dicho proceso y cómo presionó a los partidos políticos y a las fuerzas sociales para
que suscribieran al decreto.23
En otro sentido, vemos como ante la proximidad de las elecciones presidenciales,
muchos políticos pretendieron desmarcarse de los compromisos asumidos con la Junta, sin
embargo, los acuerdos se efectuaban “por debajo de la mesa”.24
El reclamo sobre los “desaparecidos”, solamente sostenido con constancia, coherencia
y tenacidad por la Asociación Madres de Plaza de Mayo (desde el 30 de abril de 1977)
empezó a resonar por primera vez en un acto convocado por la Multipartidaria (reunión de
partidos opositores conformada en 1981 y compuesta por la U.C.R., el Justicialismo, el P.I, la
Democracia Cristiano y el M.I.D.) para el día 16 de diciembre de 1982. La manifestación que
fue reprimida por el gobierno. 25
En este breve recorrido incompleto a través de las acciones y posicionamientos
políticos que desempeñaron y desarrollaron algunas de las principales instituciones políticas y
sociales en el origen del proceso de la transición hacia la democracia observamos cómo, a
pesar de la gran debilidad y de la fuerte crisis interna que atravesaba el gobierno militar, tanto
22 Ver el articulado completo de la Ley en: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/73271/norma.htm o en Ageitos, Stella Maris, Op. cit., pág. 121. 23 Verbitsky, Horacio (2011). "Entre el olvido y la memoria" en Juicios por crímenes de lesa humanidad en Argentina. Andreozzi, Gabriel (Comp.), C. A. B. A., Atuel, 2011, pág. 34: "El episcopado Católico acompañó su dictado con un denominado <servicio de reconciliación>, en el que presionó a todas las fuerzas políticas y sociales a que aceptaran ese decreto de olvido". 24 López, Ernesto, El último levantamiento. Buenos Aires, Editorial Legasa, 1988, pág. 27: “El más importante [de los acuerdos] fue el que se anudó entre una porción mayoritaria de la cúpula castrense y el peronismo oficial, representado en ese momento por Lorenzo Miguel y Herminio Iglesias. Los militares depositaban seguramente fuertes expectativas en el triunfo del peronismo. Sin ir más lejos, el propio Dr. Ítalo Luder, candidato del Partido Justicialista, había anticipado su opinión en el sentido de otorgar validez a la ley de autoamnistía dictada por el general-presidente Reynaldo Bignone […]” 25 Canelo, Paula, Op. Cit., pág. 81.
10
los partidos políticos de oposición como algunas organizaciones sociales y sindicales eran
débiles para confrontar y conformar una fuerza de oposición coherente y sustentable debido a
que, en su mayoría, soportaban una aguda crisis interna derivada de los errores y
contradicciones cometidos por sus propias dirigencias en relación a las políticas oficiales, lo
cual había devenido en una falta casi total de iniciativa política o social y que, a pesar de todo,
otorgaba al gobierno cierto margen de maniobra para intentar imponer algunas condiciones a
pesar de su propia debilidad. Finalmente, las elecciones generales quedaron establecidas para
el 30 de octubre de 1983.
1.2. La propuesta radical en materia militar. Las elecciones de 1983.
Ante este cuadro de situación preelectoral haremos un repaso sobre cuál era la
posición del futuro presidente de la nación y por entonces candidato de la Unión Cívica
Radical, el Dr. Raúl Ricardo Alfonsín en materia militar y de Derechos Humanos. En este
sentido, desde el inicio de su campaña interna, Alfonsín “se pronunció contra cualquier
manto de olvido, porque ninguna sociedad podía iniciar una etapa diferente sobre la
claudicación ética”. Al mismo tiempo, rechazó la venganza, “en una sociedad desgarrada
por enfrentamientos que la han llevado al límite de la disgregación”, y proclamó que “sólo
debía haber justicia”. Una vez triunfante en la interna partidaria y al calor de los crecientes
reclamos de justicia sobre los derechos humanos, Alfonsín convirtió el tema en una de las
claves de su campaña. En el candidato proclamado por el justicialismo, Ítalo Luder, “rara vez
por iniciativa propia y con graves traspiés como su indirecta validación de la
autoamnistía".26
En este caso, nos detendremos sólo por un momento a reflexionar sobre ésta
discrepancia aparentemente sustancial entre los dos candidatos mayoritarios y con reales
posibilidades de triunfo, dado que, no fueron muchas las diferencias políticas, económicas y
sociales entre las plataformas programáticas de ambos partidos. Tal vez, la divergencia en
cuanto a la visión del pasado y la valoración de los derechos humanos durante la última
dictadura militar que ofrecían ambos candidatos haya sido determinante para la apreciación
26 Verbitsky, Horacio. Civiles y militares... Op. cit., pág. 33.
11
social y la opinión pública. Al respecto, creemos que el triunfo del candidato de la U.C.R. se
debió, en gran medida, a la cooptación de un amplio margen del “electorado independiente”
que se identificaba con aquellas promesas en materias de derechos humanos que señalaban
que “no habría impunidad para los crímenes del terrorismo de estado” en contraposición al
aval del candidato justicialista a la ley de autoamnistia ya citada.27
El ánimo social (fluctuante en buena medida) se había vuelto favorable a la revisión y
condena de la dictadura por los crímenes cometidos en materia de Derechos Humanos. Este
sentimiento popular fue acrecentándose luego de la derrota de Malvinas28 y el candidato del
radicalismo supo apreciarlo. Sin embargo, en esto coincidimos con varios de los autores
consultados, las palabras de corte confrontativo pronunciadas en la campaña electoral no
serían fáciles de sustentar una vez asumido el gobierno.29
Alfonsín, opositor a la conducción interna de su partido, había sido uno de los
fundadores de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y, además, se
había mantenido a distancia de la euforia belicista expresada por algunos líderes políticos y
sociales durante el conflicto del Atlántico Sur, lo cual le otorgaba cierto margen de ventaja
frente a otros candidatos de su propio partido y a los del justicialismo quienes fueron acusados
por éste de haber efectuado un pacto militar-sindical30, a través de la influencia y extensión
política que ejercían sobre los sindicatos más importantes, con la finalidad de conceder una
amnistía.31 Era ésta una acusación que Alfonsín pronunciaba sin pruebas pero que, sin
27 Ibídem, pág. 35.:"Durante la campaña electoral de 1983 el candidato de la Unión Cívica Radical Raúl Alfonsín prometió que no habría impunidad para los crímenes del terrorismo de Estado, mientras que el justicialista Italo Luder anunció la validez de la autoamnistía dictada por las propias Fuerzas Armadas". 28 Entre 1982 y 1983 comenzó a ser habitual escuchar en los espectáculos públicos masivos (como, por ejemplo, en los partidos de fútbol o en los recitales de rock) cantar a viva voz canciones populares de protesta tales como; “[…] se va a acabar/se va a acabar/ la dictadura militar” o “[…] el que no salta es militar/ el que no salta es militar…”, además de la marcha peronista. 29 Melo, Artemio. El gobierno de Alfonsín. La instauración democrática argentina (1983-1989), Rosario, Homo Sapiens, 1995, pág. 35: "La estrategia reformadora, expresada a través de una táctica de confrontación, fue muy apropiada y con resultados sumamente efectivos en su aplicación durante el proceso de transición política stricto sensu, es decir, durante el período 1982-1983. Ella permitió al líder Alfonsín, candidato presidencial de la Unión Cívica Radical, llegar al gobierno para iniciar el proceso de restauración democrática. Pero ya instalado en el poder, el problema es distinto y consiste en asegurar la persistencia del nuevo régimen constitucional democrático". 30 Canelo; Paula, Op. cit., pág. 84. 31 La cúpula de las principales organizaciones sindicales obreras pertenecían al partido justicialista y en muchos casos conformaban las listas de candidatos; participaban de los actos de campaña e incluso compartían los palcos junto a los principales candidatos del partido. Para el caso, puede consultarse diversos testimonios fotográficos y audiovisuales en donde el jefe sindical de la U.O.M. y líder de las 62 Organizaciones, Lorenzo Miguel, aparece en primera línea junto al candidato presidencial Ítalo Luder y al candidato a gobernador de la provincia de
12
embargo, no era difícil de creer por el “imaginario colectivo” el hecho de que algunos de
aquellos dirigentes sindicales que hasta hace poco habían propuesto una “tregua social”
durante el conflicto de Malvinas y que, además, habían ofrecido y prestado su vivo apoyo y el
de las estructuras de sus organizaciones en función de la guerra y del ejecutivo, pudieran
ahora realizar un acuerdo secreto para una eventual amnistía futura.
Un concepto clave para nuestro trabajo, en relación a las políticas de Derechos
Humanos, fue reproducido por el candidato radical Raúl Alfonsín durante los actos de
campaña presidencial y en los documentos de la época; el referido a los “tres niveles de
responsabilidades” sobre el cual deberían juzgarse los crímenes de Estado cometidos por la
dictadura militar según su propuesta. En primer lugar de las responsabilidades correspondería
a quienes diseñaron y tomaron las decisiones sobre la aplicación de los métodos violatorios de
los Derechos Humanos, el segundo el de quienes se excedieron en el cumplimiento de las
órdenes y produjeron hechos atroces y por último serían considerados quienes habían actuado
de “buena fe”, quedando al amparo de la obediencia debida.32 Además de los documentos
citados existen diversos autores cuyos testimonios corroboran que el proyecto de la “Ley de
Obediencia Debida” (como se la llamó luego) existió desde los orígenes de la campaña
electoral de Alfonsín .33
Por otro lado, durante la campaña el radicalismo planteó una reforma al Código de
Justicia Militar para que los delitos correspondientes al derecho común que hubieran sido
cometidos por los militares pudieran ser juzgados por el fuero federal34. El plan fue
Buenos Aires, Herminio Iglesias, durante el acto de cierre de campaña del partido justicialista del 28 de octubre de 1983. Ver, Revista GENTE, N° 954, 3 de noviembre de 1983, Capital Federal, pp. 66-67 32 Alfonsín, Raúl. Ahora. Mi propuesta política. Buenos Aires. Editorial Planeta S.A., sep.1983, pág. 148; "Para lograr la pacificación en el marco de la justicia, reiteramos la distinción, que ya habíamos hecho pública, acerca de los diferentes grados de responsabilidad que competen a los miembros de las fuerzas armadas, que actuaron en la lucha antiterrorista: 1. La responsabilidad de quienes tomaron la decisión política de utilizar el método de lucha que se empleó y violó derechos humanos fundamentales. 2. La responsabilidad de quienes en esa lucha fueron más allá de las órdenes recibidas.3. La responsabilidad de quienes se encontraron sometidos al cumplimiento de órdenes en un clima que les infundía la convicción de que eran legítimos los actos que ejecutaban. No cabe duda que los que están incluidos en esta última categoría deben ser considerados como habiendo actuado bajo la obediencia debida." 33 Melo, Artemio. Op,. cit., pág. 31 // Canelo Paula, Op. cit., pág. 87 34 Verbitsky, Horacio, Civiles y militares... Op. cit., pág. 37; "Durante la campaña electoral la UCR planteó la reforma del Código de Justicia Militar. Los tribunales militares sólo funcionarían como una jurisdicción disciplinaria y con apelación a la justicia civil. En cambio, los delitos de derecho común cometidos por militares
13
finalmente presentado por el futuro ministro de Defensa, Raúl Borrás, en el Hotel
Panamericano el 6 diciembre, cuatro días antes de que Alfonsín asumiera la presidencia.
Según el asesor era el plan que mejor se adecuaba al sondeo efectuado entre los Jefes de
Estado Mayor y era el que determina que la primera instancia denominada “antejuicio”
correspondiera a la instancia militar a cargo del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas
que estaría integrado por oficiales superiores retirados antes de 1973 y cuya función se
limitaría a establecer si el imputado se apartó o no de las órdenes recibidas. Si se comprobaba
que había desobedecido se procedería al desafuero del oficial, de manera que al comparecer
ante los tribunales civiles ya hubiera perdido estado militar.35
De esta manera comprobamos como, inicialmente, el plan de Alfonsín apostaba por la
autodepuración de las Fuerzas Armadas en materia de Juzgamiento de los crímenes de Estado.
Por último se terminaría optando “por la fórmula de los decretos 157 y 158, fundadores de la
doctrina de los dos demonios, que terminaron de redactarse a las 17.30 del 9 de
Diciembre".36
Finalmente, en las elecciones de 1983 se consagró presidente de la Nación el
candidato de la U.C.R., el Dr. Raúl Alfonsín, sobre el candidato justicialista, Ítalo Luder. El
escrutinio definitivo para todo el país indicó que, sobre un total de 17.929.951 empadronados
habilitados para votar, se presentó un alto porcentaje de votantes (85.61 %) al acto electoral.
En una contienda polarizada por los dos partidos mayoritariamente populares la preferencia
por el candidato radical se manifestó en un 47.97 % del electorado en tanto que el justicialista
conquistó solamente el 38.47% sobre el total del padrón.37
A pesar de la victoria contundente a nivel nacional y de que el radicalismo se había
hecho fuerte en los distritos mayoritarios sólo había ganado siete de las veintidós provincias
(Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Misiones y Río Negro) y no contaría
con la mayoría propia en la Cámara de Senadores que quedaba en manos del justicialismo.
Sin embargo, la victoria radical había sido clara y había abierto la página a un hecho inédito
debían ir al fuero federal, agrupados por jurisdicción. […] Alfonsín le pidió a su consuegro, Carlos Alconada Aramburu, que coordinara el trabajo de ese equipo sobre el tema militar". 35 Ibídem, pág. 34. 36 Ibídem, pág. 38. 37http://www.mininterior.gov.ar/asuntos_politicos_y_alectorales/dine/infogral/RESULTADOS%20HISTORICOS/1983.pdf
14
de la política nacional. Por primera vez, el radicalismo ganaba una elección presidencial
abierta y sin restricciones frente al partido justicialista.
1.3 La llegada al poder del Dr. Raúl Alfonsín. Las primeras medidas de gobierno.
El Dr. Alfonsín asumió la presidencia de la Nación el 10 de diciembre de 1983.
El largo período por el que había atravesado el país durante los gobiernos de la última
dictadura militar produciría cambios y transformaciones tan nefastas y profundas en lo
económico y en lo social como tal vez ningún otro período de la historia nacional. La
violencia ejercida por el terrorismo de Estado dejaría una huella honda y dolorosa en la
sociedad argentina. La tragedia sufrida en materia de Derechos Humanos, los asesinatos, los
crímenes de lesa humanidad y el genocidio serían, sin embargo, la consecuencia de un plan
aún más vasto y ambicioso: la transformación de una economía productiva en una financiera-
especulativa. A pesar de ello, tal como destaca la historiadora Mariana Heredia; “la campaña
electoral de 1983 no otorgó a lo que hoy definiríamos como problemas económicos un lugar
central”. Incluso podríamos afirmar que, tratándose de los temas más recurrentes en materia
económica como la deuda externa, la inflación y la situación de la industria “la semejanza
entre los dos partidos mayoritarios es notable”.38
El mismo día de la asunción Alfonsín pronunció el Mensaje Presidencial ante el
Honorable Congreso de la Nación en donde, siguiendo con nuestro hilo investigativo, se
destacan las siguientes palabras por parte del flamante Presidente, las cuales por su
importancia trascribimos y sumamos al trabajo desde el documento oficial:
“Se propiciará la anulación de la ley de amnistía dictada por el gobierno militar y se
pondrá en manos de la justicia la importante tarea de evitar la impunidad de los culpables.
La justicia, asimismo, tendrá las herramientas necesarias para evitar que sean considerados
del mismo modo quienes decidieron la forma adoptada en la lucha contra la subversión,
38 Heredia, Mariana, “La demarcación de la frontera entre economía y política” en Pucciarelli, Alfredo (Coord.), Op. cit., pp. 165-166.
15
quienes obedecieron órdenes y quienes se excedieron en su cumplimiento. Más allá de las
sanciones que pudiera determinar la justicia, el gobierno democrático se empeñará en
esclarecer la situación de las personas desaparecidas”.39
A pesar de ello, previamente había realizado la siguiente afirmación fortaleciendo el
doble mensaje esgrimido por la “teoría de los dos demonios” con la cual se procuraba
establecer un “equilibrio ético y moral”;
“Históricamente nos opusimos a que una pequeña minoría de la población,
considerada a sí misma como población combatiente, eligiera al gobierno en reemplazo del
pueblo. Por eso luchamos para defender el derecho del pueblo a elegirlo. Esa distinción
rechaza desde siempre a la filosofía de la subversión. Pero debe tenerse en cuenta que la
Constitución y las leyes son subvertidas también, por minorías armadas, que reemplazan la
ley por las balas, tanto a través del guerrillerismo, como a través del golpismo. Por eso,
señalamos categóricamente que combatiremos el método violento de las élites, derechistas o
izquierdistas”.40
Las primeras medidas
Las primeras medidas que tomó el gobierno de Alfonsín fueron dictar los decretos
157, 158 y 187, mediante los cuales se disponía el enjuiciamiento de los principales jefes
guerrilleros, el procesamiento de las tres primeras Juntas militares por parte del Consejo
Superior de las Fuerzas Armadas (COSUFA) y la creación de la Comisión Nacional de
Desaparición de Personas (CONADEP).41
Al mismo tiempo, a través de un decreto, el Poder Ejecutivo se constituyó como
Comandante en Jefe de Ejército degradando los antiguos cargos de Comandante en Jefe de
cada Arma a Jefes subordinados a un Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.
39 Alfonsín, Raúl, Mensaje presidencial del Dr. Raúl Alfonsín a la Honorable Asamblea Legislativa 10 de diciembre de 1983, en; http://www.bcnbib.gov.ar/novedades/dr.alfonsin1983.pdf, pp. 13-14. 40 Ibídem, pág. 8. 41 Canelo, Paula, Op. cit., pág. 89.
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Es un hecho significativo y representativo del impulso político que se había
desarrollado durante el final de la campaña electoral que la primera ley que votaron los
diputados (el 16 de diciembre de 1983) y los senadores (el 22 del mismo mes), luego de ocho
años de inactividad, fuera la derogación de la ley 22924 conocida como “ley de auto-
amnistía” a apenas dos meses y medio de su promulgación. Sin embargo, el dictamen de los
decretos 157 y 158 42 tenían su fundamento político y teórico en la comúnmente llamada
“teoría de los dos demonios”, a través de la cual se pretendió igualar en un mismo nivel de
responsabilidades por los delitos y crímenes del pasado a los jefes de la guerrilla con los
comandantes militares que usurparon los mecanismos y los poderes del Estado desde 1976
hasta 1983. La estrategia del gobierno, desplegada a través de los decretos, parecía querer
cerrar “la caja de pandora” de las investigaciones sobre el pasado limitándose al
procesamiento de las cúpulas de “ambos bandos” y a un puñado de casos paradigmáticos
identificados por la opinión pública en relación con el secuestro, la tortura, la muerte y la
desaparición forzada de personas (como Camps, Etchecolatz o Menéndez).
Para reafirmar sus palabras en relación a las propuestas políticas en materia de
juzgamiento del pasado, Alfonsín repite su esquema de los “tres niveles de responsabilidades”
en un discurso pronunciado el 13 de diciembre de 1983.43
Sin embargo, la política juzgamiento militar del gobierno de Alfonsín tuvo dos
objetivos fundamentales; el primero el de llevar adelante una política de “castigo ejemplar”
con quienes condujeron el proceso de la dictadura y que elaboraron el plan represivo y por
otro la reducción del poderío y autonomía del Ejército a través de una drástica reducción del
presupuesto.44 Pero, tal vez lo más controversial de la política de Derechos Humanos del
gobierno radical haya sido lo que muchas organizaciones y el propio Pérez Esquivel45
42 Verbitsky, Horacio, Civiles y militares... Op. cit., pág. 45; “El mismo día que anunció el paquete de leyes, Alfonsín firmó los decretos bautismales de la doctrina de los dos demonios: el 157, que ordenaba el enjuiciamiento de Mario Firmenich, Fernando Vaca Narvaja, Ricardo Obregón Cano, Rodolfo Galimberti, Roberto Perdía, Héctor Par y Haroldo Gorriarán Merlo, y el 158, que promovía la persecución penal de los miembros de las tres primeras juntas militares, tenientes generales Jorge Videla, Roberto Viola y Leopoldo Galtieri; almirantes Emilio Massera, Armando Lambruschini y Jorge Anaya; y brigadieres generales, Ramón Agosti, Omar Graffigna y Basilio Lami Dozo, como autores mediatos o inmediatos de los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a los detenidos”. 43 Ageitos, Stella Maris, Op. cit., pág. 149. 44 Canelo, Paula, Op. cit., pág. 109. 45 En 1980 recibió el Premio Nobel de la Paz por su compromiso con la defensa de la Democracia y los Derechos Humanos frente a la dictadura con métodos no violentos.
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señalaron en su momento como un error estratégico y era el hecho de impulsar o apostar a la
“autodepuración” de la propia Fuerza a través de la investigación de los hechos del pasado, el
juzgamiento y la sentencia realizada entre los propios camaradas de armas.
Por otro lado, entre las primeras medidas dictadas por el nuevo gobierno se encuentra
la creación de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP) fundada a
través del decreto 187 del 15 de diciembre de 1983. Este organismo creado para investigar los
delitos de desaparición forzada de personas durante la dictadura militar fue, de alguna forma,
el organismo sustituyente del Congreso de la Nación, reclamado por muchos de los
organismos de Derechos Humanos como la Institución “natural” para la investigación de un
proceso de tamaña gravedad institucional. Sin embargo, el gobierno prefirió designar una
junta de “notables” 46, al mando del escritor Ernesto Sábato para que se encargara de recabar
las denuncias sobre la desaparición de las personas. Este organismo sui generis, diseñado a la
medida del gobierno para intentar tener bajo su control los mecanismos y los resultados de la
investigación, va a consignar y a confirmar desde el Prólogo del informe denominado Nunca
Más47 su adhesión a la “teoría de los dos demonios” intentando equiparar las
responsabilidades entre los integrantes del gobierno militar y los de la guerrilla subversiva.
Una teoría que ha sido catalogada como inadmisible por algunos especialistas48 en tanto que
si, en todo caso, los grupos subversivos operaban fuera de la ley, quienes detentaban los
poderes del Estado no podían actuar del mismo modo o peor, como lo hicieron infinitamente.
En este sentido, otras voces relacionadas con organismos de Derechos Humanos,
como la organización de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, denunciaron la puesta
en práctica de un pacto entre el gobierno radical y los militares para llevar adelante un juicio a
las tres primeras Juntas y a unos pocos casos emblemáticos, en tanto que la creación de la
46 Verbitsky, Horacio, Civiles y militares... Op. cit., pág. 51; “Alfonsín eligió para integrarla al obispo católico Jaime de Nevares, el obispo protestante Carlos Gattioni, el rabino judío Marshall Meyer, el médico René Favaloro, el matemático y ex rector de la Universidad de Buenos Aires Hilario Fernández Long, el filósofo Eduardo Rabossi, el escritor y pintor Ernesto Sábato y la periodista Magdalena Ruíz Guiñazú. Además reservó otras seis plazas para senadores y diputados, con lo que creyó acortar distancias con el planteo de los organismos”. 47 CONADEP. Nunca más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Buenos Aires, EUDEBA, 2006, pág. 11: “Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países”. 48 Zaffaroni, Eugenio, La Cuestión Criminal. Buenos Aires, Grupo Editorial Planeta, 2012, pág. 271.
18
CONADEP fue acusada como parte esencial de la estrategia del gobierno para lograr
mantener el proceso de investigación de los hechos del pasado dentro de un marco controlable
y circunscripto. De otra manera, el proceso a cargo de la investigación sobre los delitos de
Estado cometidos durante la dictadura militar debió ser llevado adelante por el Congreso
nacional.49 Pero en ese terreno el poder ejecutivo perdería el control de la situación y eso era
algo que no se quería permitir. Tampoco el ejecutivo quiso entrevistarse con la organización
de Derechos Humanos Asociación Madres de Plaza de Mayo a quienes realizó un famoso
desplante dando origen a la toma pacífica por parte de éstas de la casa de gobierno durante
algunas horas.50 Para el caso, Alfonsín parecía tener una tirria especial hacia dicho organismo.
En ocasión de una conferencia de prensa, un periodista hizo una pregunta sobre la Marcha de
la Resistencia que se realizaba en diciembre de 1984 a lo cual; “el presidente honorario de la
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos contestó que las Madres de Plaza de Mayo
tenían objetivos políticos que no coincidían con los intereses nacionales”.51
A pesar de ello, el currículum de varios de los integrantes de la comisión de notables,
incluido el del propio Sábato, era cuestionado por haber dispensado, en su momento, un
elogio amigable al dictador Videla refiriéndose a él como un “hombre de gran cultura”.52
La CONADEP fue facultada para recibir denuncias y remitirlas inmediatamente a la
Justicia; averiguar el paradero de personas desaparecidas; determinar la ubicación de los niños
49Bayer, Osvaldo. “Ahora son todos culpables. El punto final y la defensa de la República” en Revista Crisis, n° 50, Buenos Aires, Editorial Ideas, Letras, Artes en la crisis, enero, 1987, pág. 57, col 1:"El pacto fue lo que los militares ofrecieron: las juntas militares se harían cargo de todos los <excesos> de la represión, lo que llevaría acarreado el tácito sobreseimiento para todos los demás criminales. Luego se agregaron algunos asesinos notorios cuyo perdón hubiera dejado muy al desnudo al nuevo gobierno constitucional. Camps, Menéndez, Chamorro, Astiz, etc. Y comenzaron a darse los pasos firmes para llegar sin prisa y sin pausa al punto final de diciembre de 1986. Y la jerarquía eclesiástica acompañó. El primero de estos pasos - y el más inteligente, por cierto - fue el de la creación de la CONADEP. Con ella se sustraía al Parlamento una de sus grandes armas, su poder de investigación. Eso precisamente era lo que exigieron las Madres, en primer lugar: una comisión bicameral investigadora integrada por los representantes de todos los partidos representados, con poder de policía y de juez instructor”. 50 Para un mayor detalle sobre la invitación formulada por los funcionarios del gobierno a las “Madres de Plaza de Mayo” para realizar una entrevista con el presidente a fin de buscar consensos en torno a la presentación del informe de la CONADEP prevista para septiembre de 1984, al cual, las “Madres” no acudieron, ver ESCHER, Federico “La Asociación Madres de Plaza de Mayo durante la transición democrática en la Argentina, controversias en torno a la CONADEP” en; http://webiigg.sociales.uba.ar/iigg/jovenes_investigadores/5jornadasjovenes/EJE5/Politica,%20ideologia%20y%20discurso%20en%20la%20historia%20reciente/Escher.pdf , pp. 12-17 51 Verbitsky, Horacio, Civiles y militares... Op. cit., pp. 88-89. 52 Bayer, Osvaldo, Op. cit., pág. 57, 1° y 2° col.
19
sustraídos; denunciar los ocultamientos y las destrucciones de pruebas, sin embargo debía
abstenerse de emitir juicios sobre hechos y circunstancias que competían exclusivamente al
Poder Judicial.53
La creación de la CONADEP, en definitiva, partió la unidad de los organismos de
Derechos Humanos54 ya que por un lado estuvieron quienes la criticaron y la impugnaron
como las Madres de Plaza de Mayo por no haber sido un organismo elegido por el pueblo y
exigían; “la constitución de una comisión bicameral investigadora, ya que el congreso (..)
cuya cámara joven es la representación del pueblo mismo, es el ámbito, la caja de resonancia
adecuada para la consideración de un problema que afecta al pueblo todo”. (Boletín
informativo, ano II Nro. 14. Febrero 1984: 3)55. Por su parte, Adolfo Pérez Esquivel
expresaba que la intención del gobierno era la de conseguir una docena de “firmas
prestigiosas” para dictar el “certificado de defunción de los miles de desaparecidos”.
Por otro lado, en cambio, el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) se adhirió
en la persona de su fundador Emilio Mignone recibiendo las denuncias de las Abuelas de
Plaza de Mayo en las oficinas del Centro Cultura General San Martín. En tanto que, la APDH
(Asamblea Permanente por los Derechos Humanos), aportó su infraestructura, experiencia y
personal al servicio de la investigación creando cinco secretarias a cargo de Graciela
Fernández Meijide, Alberto Manzur, Horacio Aragón, Néstor Silgueira y Daniel Salvador.56
En tanto que, por un lado algunas organizaciones de Derechos Humanos denunciaban
la persistencia de catorce presos políticos heredados de la dictadura que el gobierno
mantendría en prisión para acallarlas y coaccionarlas ante la imposición de futuras leyes de
53 Verbitsky, Horacio, Civiles y militares... Op. cit., pág. 51. 54 Acuña - Smulovitz, Op., cit., pág. 35; “Entre los organismos de DD.HH. se destacan a nivel nacional aquellos que ligados a los afectados por la represión (como las Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y, posteriormente, Abuelas de Plaza de Mayo), aquellos de carácter confesional y asistencia a las víctimas y sus familias (como Servicio Paz y Justicia o Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos) y, finalmente, los organismos dedicados a tareas de apoyo legal o sistematización de la información (como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Centro de Estudios Legales y Sociales y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre)”. 55 Para un análisis más completo de la relación entre las Madres de Plaza de Mayo y la CONADEP sugerimos ver: Escher, Federico, Op. cit. 56 Verbitsky, Horacio, Civiles y militares... Op. cit., pág. 52.
20
amnistía57 otros organismos, reunidos en vísperas de las elecciones, además de exigir la
libertad de los detenidos-desaparecidos y de los presos políticos como así también la
restitución de los niños apropiados a sus familias y el levantamiento del estado de sitio,
propusieron (dentro de un conjunto de medidas) que se tipificara el delito de desaparición
forzada de persona como crimen de lesa humanidad, imprescriptible, no amnistiable,
extraditable y no susceptible de concesión de asilo político y, por otro lado, la creación de una
ley que sancionara la tortura con las máximas penas contempladas en el Código Penal.58
Finalmente, el decreto 187, sustentado en la máxima del ejecutivo de que la
investigación de los crímenes del pasado era “perturbadora de la convivencia democrática”,
otorgó un “lapso prudencial” de 180 días para que la CONADEP presentara los resultados de
sus recopilaciones.
La reforma del Código de Justicia Militar
Al mismo tiempo que impulsaba los decretos para el enjuiciamiento de las cúpulas
militares y guerrilleras y que creaba la CONADEP, Alfonsín introducía un proyecto de ley
para modificar el Código de Justicia Militar. Las finalidades de esta reforma eran diversas. La
nueva ley limitaba a seis meses el tiempo para que el Consejo Superior de las Fuerzas
Armadas llevara adelante los juicios de “autodepuración” de las propias armas con apelación
automática a los tribunales civiles (la Cámara Federal) cumplido el plazo perentorio. Por otro
lado, se buscaba obtener el beneplácito de los subordinados contra las cúpulas al permitir
reinterpretar el “preocupante” artículo 514 según el cual; “el superior que da una orden de
servicio será el único responsable por el delito que pudiera cometerse por su ejecución,
mientras que el inferior es considerado cómplice si se excedió en su cumplimiento”.59 Ante la
57 Bayer, Osvaldo, Op. cit., pág. 57, col, 3. Luego de la presentación del informe de la CONADEP y del Juicio a los militares comenzó el tiempo de las condecoraciones para Sábato y Alfonsín como paladines de la justicia y los Derechos Humanos. “Pero los premios y las condecoraciones no podían esconder una vergüenza argentina: el mantenimiento de catorce presos de la dictadura en las cárceles de la democracia. Eran y siguen siendo los rehenes de Alfonsín. Y las Madres vuelven a tener razón cuando denunciaron una y otra vez que esas víctimas de la sociedad argentina iban a ser canjeadas por el indulto. Lo anunció el senador Berongaray cuando llegó el proyecto de “punto final” al Congreso: <Las sentencias de los 14 presos pueden ser revisadas>, dijo”. 58 Verbitsky, Horacio, Civiles y militares... Op. cit., pp. 49-50. Estas agrupaciones fueron; “Abuelas de Plaza de Mayo, Asociación Permanente por los Derechos Humanos, Centro de Estudios Legales y Sociales, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Servicio de Paz y Justicia para América Latina y Movimiento Ecuménico por los Derechos del Hombre”. 59 Ibídem, pág. 54.
21
incertidumbre generada entre los cuadros inferiores, muchos de los cuales estaban
comprometidos en dichos “excesos”, el oficialismo intentó calmarlos ofreciendo una nueva
visión para la aplicación del antiguo código según la cual, para el personal que haya actuado
sin capacidad de decisión y;
“[…] cumpliendo órdenes o directivas que correspondieran a planes aprobados y
supervisados por los mandos superiores orgánicos de las Fuerzas Armadas y por la Junta
Militar [podrá] presumirse, salvo evidencia en contrario que se obró con error insalvable
sobre la legitimidad de la orden recibida, excepto cuando consistiera en la comisión de
hechos atroces o aberrantes”.60
Ernesto López, entre otros, va a destacar este acontecimiento como el nacimiento del
discurso de “doble mensaje” por parte del gobierno en relación a la política de Derechos
Humanos61. En ese sentido, Raúl Borrás, primer ministro de Defensa del gobierno de Alfonsín
para justificar las medidas afirmaba ante la Fuerzas Armadas que; “nosotros buscamos
justicia, y no concretar venganza [no serían llamados a declarar] quienes sólo cumplieron
órdenes […] las reformas al Código de Justicia Militar están destinadas [a] evitar este tipo
de llamados”.62
Sin embargo, y como era de esperar, llovieron las críticas sobre algunos de estos
artículos y no solamente provenientes de los organismos de derechos humanos. El dirigente
del partido Demócrata Cristiano Augusto Conte afirmaba que con la reforma al Código de
Justicia Militar lo que en realidad se estaba discutiendo era la forma de enfrentar “la suma de
violencias a los derechos humanos más grave desde el nazismo” además de advertir sobre la
incapacidad moral de los jueces militares de juzgar a sus propios camaradas a quienes,
sabiendo de sus actos, poco tiempo atrás ni siquiera se habían atrevido a amonestarlos. Por
otro lado destacaba la falta de seguridades y garantías que tendrían las familias y los testigos
de las víctimas debiendo comparecer ante las cámaras y los empleados militares. Raúl
Rabanaque, dirigente del Partido Intransigente, en un lenguaje más llano y directo dijo que:
60 Ley 23049, Boletín Oficial, 15/2/1984; citado por Canelo, Paula, Op. cit., pág. 90. 61 López, Ernesto, Op., cit., pág., 53; “Frente a la ciudadanía, la opinión pública internacional y los organismos de derechos humanos, podía exhibir su preocupación por castigar los <excesos>. Frente a los uniformados, en cambio, podía mostrar su intención de disimularlos e incluso eximirlos”. 62 El OBSERVADOR, 10/2/1984; citado por Canelo, Paula en Ibídem, pág. 90.
22
“esos tribunales no estaban integrados por jueces sino por cómplices”, al tiempo que
argumentó en contra del espíritu del “error insalvable” de la nueva ley con el que
supuestamente habrían actuado quienes debieron haberse abstenido de cumplir órdenes que
excedieran los límites éticos y morales. El populista neuquino Reinaldo Gutiérrez también se
opuso al proyecto esgrimiendo que; “los jueces naturales eran los de la Constitución y que
los autores de delitos aberrantes no podían ser juzgados por sus pares porque al silenciar
esos hechos sin levantar nunca su vos de censura, se habían convertido en sus cómplices”.63
Durante la discusión en comisión de la Cámara de Diputados el partido justicialista
había presentado un proyecto en el cual se contemplaba reemplazar a todos los jueces
militares por camaristas civiles pero el proyecto no prosperó. El radicalismo avanzó con el
proyecto oficial en Diputados pero en la Cámara de Senadores, donde no tenía mayoría, el
proyecto sufrió una modificación sustancial a cargo de los diputados del Movimiento Popular
Neuquino en relación al amparo introducido bajo la denominación de “error insalvable” que
brindaba la redacción de Diputados. La nueva ley establecería que; “Podrá presumirse, salvo
evidencia en contrario, que se obró con error insalvable sobre la legitimidad de la orden
recibida, excepto cuando consistiera en la comisión de hechos atroces y aberrantes”.64 De
esta manera, con la introducción de la salvedad por parte de los diputados neuquinos, se abría
una hendija indeseada por el gobierno a través de la cual, en adelante, se filtrarían los juicios a
los oficiales subalternos involucrados en los crímenes de Estado. La estrategia del oficialismo
de realizar un enjuiciamiento ejemplar a las cúpulas militares y a algunos pocos casos
paradigmáticos eximiendo de culpa y cargo a quienes habían participado de los genocidios y
de los crímenes de Estado, y que en la mayoría de los casos aún permanecía en actividad,
comenzaba a tambalear en favor de la memoria.
En relación a los jueces civiles también pesaba, sobre quienes se habían negado a
realizar los habeas corpus durante la dictadura, la sospecha de que ahora estuvieran en
condiciones éticas y morales de impartir Justicia.65 Otro tanto sucedía con la prensa que se
63 Verbitsky, Horacio, Civiles y Militares…, Op. cit. pp. 55-57. 64 Ibídem, pág. 60. 65 Verbitsky, Horacio, “Más Juicios y más castigos a más culpables”, en Revista Crisis, n°52, Buenos Aires, Editorial Ideas, Letras, Artes en la crisis, marzo, 1987, pág. 4, col 3:"[…] muchos jueces vinculados con el régimen militar (la Cámara Federal de Córdoba es un ejemplo insuperable) procesan a militares con quienes hasta hace poco compartían la mesa”.
23
había negado a publicar los habeas corpus que acercaban a las redacciones los familiares de
los desaparecidos.
1.4 La transición a la democracia argentina y el contexto regional
Por los factores analizados hasta acá, vemos que, debido a las particularidades del caso
argentino, fue muy difícil para los militares lograr establecer un tipo de transición pactada que
permitiera una continuidad de muchas de las estructuras del régimen autoritario como sucedió
en las transiciones democráticas de Brasil, Chile o Uruguay. Para el caso, vemos que
“Argentina fue el único de los países latinoamericanos que juzgó y condenó a los máximos
responsables de las dictaduras militares”.66 Sin embargo, promover el enjuiciamiento del
Ejército como institución en su conjunto tendría sus limitaciones dado el poder específico que
aún conservaba la corporación militar en el juego de correlación de fuerzas políticas y
sociales (principalmente, a partir de los oficiales en actividad) lo cual implicaría que la
transición democrática pudiera correr ciertos riesgos de colapso. En sintonía con estas
palabras encontramos una afirmación similar en el prestigioso y ampliamente consultado
trabajo de Acuña y Smulovitz, (1995), en el cual los autores argumentan en favor de la idea
sobre que “el castigo judicial de las violaciones a los derechos humanos puede resultar la
estrategia más adecuada para una consolidación del régimen constitucional”, al tiempo que
no dejan de reconocer la contradicción intrínseca, y que se refleja tanto en el debate político
como en la discusión académica, acerca del problema de “cómo tratar a los responsables del
terrorismo de Estado y, simultáneamente, asegurar la transición/consolidación
democrática”. 67
En este sentido, el gobierno nacional decidió desarrollar una política a través de la cual
al tiempo que intentaba sancionar a los miembros de las Fuerzas Armadas que hubieran
cometido violaciones a los derechos humanos buscaba incorporar a los militares al sistema
democrático.
66 Mazzei, Daniel. Op. cit. pág. 10. 67 Acuña - Smulovitz, Op., cit., pág. 21: "En el contexto latinoamericano la transición democrática argentina es excepcional: el juzgamiento y condena de importantes responsables de violaciones a los derechos humanos definen esa singularidad."
24
En cuanto a los factores económicos a que incidieron taxativamente en los procesos
políticos a nivel regional encontramos que, la década del 80 fue negativa para la economía
latinoamericana en general. Inmersos en un contexto económico mundial en el cual, a partir
de 1982, las economías centrales entraron en una crisis de liquidez de divisas dejando de
ofrecer préstamos blandos para pasar a exigir el pago de las deudas y sus intereses vemos
como muchos de los países productores de la región, afectados al mismo tiempo por la caída
del precio de las materias primas, debieron comenzar una espiral de endeudamientos a costos
elevados para cubrir los déficit internos y al tiempo pagar a los acreedores. A escala regional
el PBI cayó entre 1981 y 1989 un 8,3 %. Argentina, junto a Bolivia, fue uno de los países que
registraron un mayor descenso 23,5 % y 26,6 %, respectivamente.68 Otro problema endémico
fue la inflación que, en caso como Argentina, Bolivia y Brasil llegó a convertirse en
hiperinflación. Este factor será especialmente determinante en la debilitación y producirá el
colapso del gobierno radical.
Más allá del análisis sobre el origen y el desarrollo económico, social y político que
define a cada una de las dictaduras latinoamericanas en particular podemos afirmar que los
procesos que caracterizaron a los gobiernos de la región, la militarización fue un fenómeno
común y generalizado que se extendió durante gran parte de la década del setenta y del
ochenta. Lo que nos interesa es saber cómo los nuevos gobiernos democráticos surgidos en la
región han resuelto (o intentado resolver) su vinculación con relación al pasado militar
comparativamente.
Para el caso, el ejemplo de Brasil puede ser inscripto dentro de lo que algunos autores
denominan como “transiciones pactadas”, esto implica que el poder militar logró algún tipo
de acuerdo de transición con las fuerzas democráticas triunfantes antes del traspaso del poder.
La larga dictadura brasileña, que había comenzado en 1964, tuvo su retirada del poder luego
de las elecciones que en enero de 1985 consagraron a Tancredo Neves como presidente
electo. Sin embargo, como lo indica Ansaldi, fue una ironía que, el Partido do Movimiento
Democrático Brasileiro, la mayor fuerza opositora al régimen militar triunfante en las
elecciones democráticas no pudiera asumir el control del ejecutivo ante la muerte de su líder
(T. Neves), el cual fue reemplazado por su compañero de fórmula en la alianza presidencial,
68 ANSALDI, Waldo, Op. cit., pág.27.
25
José Sarney. Este último, en contrario; “era un advenedizo que fue parte de la dictadura a lo
largo de veinte años y sólo se tornó opositor durante el año veintiuno”.69
Para el caso, Uruguay también se circunscribe al modelo de “transición pactada”. Tras
la derrota del plebiscito de 1980, la dictadura de Uruguay, que se había establecido en el
poder en 1973 y que ahora estaba en retirada, buscó establecer una salida negociada a través
del denominado “Acuerdo del Club Naval” en agosto de 1984. En el acuerdo entre los
militares y los representantes del Partido Colorado, el Frente Amplio y la Unión Cívica se
establecieron una serie de puntos entre los que se destacan; la continuidad del Consejo de
Seguridad Nacional, la continuidad de los juicios militares sólo regiría en los casos de arrestos
bajo el “Estado de insurrección”, etc.
Argentina y Bolivia al contrario de lo que había sucedido en otros países, debido,
fundamentalmente, a las similares características de corrupción y a la “gangsterización de las
Fuerzas Armadas” se produjo, finalmente, una “democratización por colapso” del sistema
dictatorial.
En el caso de Bolivia, las Fuerzas Armadas en retirada ni siquiera previeron, como sus
colegas de otros países, la elaboración de una ley de autoamnistía que les proporcionara algún
supuesto amparo legal. Sin embargo, el poder civil, y particularmente la Unión Democrática
Popular (UDP), “incumplió con la promesa inicial de enjuiciar a los responsables de atentar
contra la dignidad humana” en parte por un “entramado de presión de los reacomodados
grupos de poder, y por la inconsecuencia de los demócratas y de los conversos de última hora
[…]”.70
Todo lo que puede decirse en relación la búsqueda de la verdad y los Derechos
Humanos en Bolivia es que, el 28 de octubre de 1982, el presidente democrático Hernán Siles
Zuazo constituyó mediante el decreto 241 la Comisión Nacional de Investigación de
Desaparecidos Forzados para esclarecer el paradero de las personas secuestradas y determinar
la responsabilidad de los autores. Producto de esta iniciativa, se desarrollaron cuatro juicios
penales en La Paz quedando detenido por un tiempo un grupo de paramilitares que luego
69 Ibídem, pág. 28. 70 Ibídem, pág. 49.
26
fueron liberados y los juicios no continuaron. En 1984, diversas organizaciones promovieron
ante el Congreso un Juicio contra el ex dictador Luis García Meza y 58 de sus colaboradores
que duró 9 años hasta condenar, en abril de 1993, a gran parte a los acusados a 30 años de
prisión sin derecho a indulto.
En Brasil, los militares procuraron amparar su accionar mediante la Ley de Amnistía
Política (6.683), promulgada el 28 de agosto de 1979 presentándola como el reclamo de la
oposición. Fueron amnistiados los presos políticos que estuvieran encarcelados desde 1961 en
adelante, exceptuando a los responsables de actos terroristas y de resistencia armada al
gobierno, llamados “crímenes de sangre”. Pero, el punto clave de la ley estaba reservado para
los acusados de torturadores; a ellos “se les concedió un perdón incondicional”.71
En tanto que, Uruguay adoptó un camino similar al brasilero aunque con la
particularidad de que el amparo legal contra el procesamiento y enjuiciamiento de los
crímenes y delitos cometidos por el gobierno militar provendría del mismo poder
democrático. La Ley 15.848, llamada “Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del
Estado”, dictada por el Ejecutivo a cargo del presidente democrático Julio María Sanguinetti y
aprobada por el Congreso el 22 de diciembre de 198672 fue ratificada por la sociedad a través
de un plebiscito realizado, finalmente, en abril de 1989 en donde se impuso el voto amarillo
partidario de la ratificación con 55,44% de los votos.
Para no extendernos demasiado en el desarrollo de los casos concluimos diciendo que
tanto en Chile como en Paraguay (cuya dictadura fue hegemonizada y perpetuada por
Stroessner durante 35 años, 1954-1989) fue poco y nada lo que pudo avanzarse en materia de
justicia y Derechos Humanos sobre el pasado de ambas dictaduras.
Para el caso chileno, puede decirse que, luego de la derrota del plebiscito realizado en
1988 por el ejecutivo, se produjeron algunas enmiendas en la Carta Magna (ya modificada en
1980) que favorecieron la impunidad del régimen, como la designación del cargo de Senador
71 Ibídem, pág. 50. 72 Horacio Verbitsky llama la atención sobre la coincidencia de la fecha de la “Ley de Caducidad” uruguaya y la sanción de la “Ley de Punto Final” argentina, y el levantamiento, poco tiempo después, del estado de emergencia y la legalización de los partidos políticos en la dictadura chilena a escasos seis meses de la exposición de la “nueva política norteamericana de seguridad para América Latina”. Verbitsky, Horacio, Civiles y Militares…, Op. cit., pág. 155.
27
vitalicio para el Jefe de Estado Augusto Pinochet Ugarte además de la permanencia en la
comandancia en Jefe del Ejército hasta 1998, antes de la realización de las elecciones
democráticas previstas para el año próximo, lo cual le otorgaba total inmunidad diplomática al
principal responsable por los crímenes de lesa humanidad perpetuados.
En Paraguay, donde se perpetuó una de las más extensas y cruentas dictaduras, recién
en 2003 se aprobó una ley que ordenó la conformación de una comisión sobre la Verdad y la
Justicia para investigar los crímenes de la dictadura de Stroessner. 73
73 Sugerimos la lectura del Informe Final realizado por la Comisión de Verdad y Justicia publicado en 2008 en Internet; http: http://www.verdadyjusticia-dp.gov.py/documentos.html
28
II “La memoria es un elemento esencial de lo que hoy se estila llamar la <identidad>,
individual o colectiva, cuya búsqueda es una de las actividades fundamentales de los individuos y de las sociedades de hoy, en la fiebre y en la angustia. La memoria colectiva,
sin embargo, no es sólo una conquista: es un instrumento y una mira de poder. Las sociedades en las cuales la memoria social es principalmente oral o las que están
constituyéndose una memoria colectiva escrita permiten entender mejor esta lucha por el dominio del recuerdo y de la tradición, esta manipulación de la memoria”.
Jacques Le Goff 74
2 El camino de la confrontación
2.1 El fracaso del proyecto de auto-juzgamiento y las primeras crisis militares.
Una vez constituido, el gobierno radical debió obrar con rapidez y profundidad
pasando a retiro a 26 generales más antiguos del escalafón y designando como jefe del Estado
Mayor Conjunto al general de brigada Julio Fernández Torres, quien había alcanzado el
generalato en 198075. Pero; ¿cuántos licenciamientos habría que producir para depurar un
ejército que estaba descompuesto prácticamente en su totalidad? El propio Fernández Torres
recientemente designado como jefe de las Fuerzas Armadas reivindicó la Doctrina de
Seguridad Nacional en presencia de Alfonsín el 4 de mayo.76 El mismo, se había
desempeñado como interventor de la CGT; comandante de la Brigada de Infantería
Aerotransportada IV de Córdoba y, también, como comandante de la Brigada del Cuerpo I de
Ejército durante la dictadura. En tanto que al frente del Ejército fue designado el general Jorge
74 Le Goff, Jacques, El orden de la memoria. El tiempo como imaginario. Barcelona-España, Ediciones Paidós Ibérica, S.A., 1991, pp. 181-182. 75 Mazzei, Daniel, Op., cit., pág. 26. 76 Verbitsky, Horacio, Civiles y Militares…, Op., cit., pág. 65.
29
Hugo Arguindegui, del arma de caballería, perteneciente a la promoción 80 del Colegio
Militar; había desempeñado importantes funciones durante la dictadura, entre otras, como
secretario en el Area 1 de la Comisión de Asesoramiento Legislativo, etc. A cargo de la
Marina, el gobierno designó al contralmirante Ramón Arosa, quien había sido subsecretario
general naval y jefe de la Casa Militar en la época de Bignone. Por último, al mando de la
Fuerza Aérea fue nombrado el brigadier mayor Teodoro Waldner, ex jefe de la VI Brigada
Aérea de Tandil, ex jefe del Estado Mayor del Comando Aéreo de Defensa y ex comandante
de Operaciones Aéreas.77 A pesar del malestar general demostrado por la Fuerza,
originalmente la nueva cúpula mostró un acatamiento a regañadientes al orden constitucional.
En abril asistieron por primera vez a la misa mensual de los Familiares y Amigos de
Muertos por la Subversión (FAMUS)78 algunos oficiales en actividad además de los
habituales retirados. Con el paso del tiempo, éste reducto, constituido principalmente por las
misas celebradas en las iglesias Nuestra Señora de Luján y Stella Maris, se convertiría en un
ámbito emblemático donde se reunirían los sectores castrenses más reaccionarios para realizar
sus declaraciones y proclamas defensivas en contra del avance de la justicia y de lo que
consideraban una “campaña contra las Fuerzas Armadas” por parte de algunas instituciones y
organismos de la sociedad civil. Al concluir la misa de agosto de 1984; “[…] oficiales en
actividad vivaron a los generales Camps y Menéndez y gritaron mueras a las Madre de plaza
de Mayo, lo cual va a convertirse en una práctica habitual” 79
77 Canelo, Paula, Op. cit., pp. 91-92. 78 Mazzei, Daniel, Op. cit., pp. 38-39; “FAMUS había sido creado en 1979, durante la dictadura de Videla, y nunca tuvo demasiada notoriedad más allá de algunas solicitadas y de sus habituales misas de homenaje. Con la llegada de la democracia comenzó a cobrar cierta notoriedad a partir de la encendida defensa de lo actuado durante el <Proceso> de parte de algunos capellanes militares, y de la presencia de las esposas de algunos generales detenidos. […] El crecimiento de FAMUS se habría producido a partir de la participación del general Antonio Domingo Bussi, ex gobernador de Tucumán, y de la activación de campañas para juntar fondos en medios militares. […] Las misas se transformaron en un polo de convocatoria para toda la oposición al gobierno radical, que incluía a nacionalistas y a la extrema derecha peronista vinculada a Herminio Iglesias. Todos coincidían en criticar al gobierno y se oponían al acuerdo por el Canal de Beagle”. 79 Ibídem, pág. 39.
30
La Primera Crisis Militar
A fines de junio de 1984 van a producirse dos hechos en Córdoba que determinarían la
primera crisis militar del gobierno democrático cuando un grupo de oficiales, apoyados por el
general Pedro Pablo Mansilla, comandante del Cuerpo III, se amotinaron para exigirle al juez
federal Julio Miguel Rodríguez Villafañe que; “[…] se dejara de importunar a sus
camaradas en actividad, los capitanes Gustavo Adolfo Alsina y Enrique Mones Ruiz contra
quienes había dictado prisión preventiva”.80 En este contexto el juez se declaró incompetente
y remitió el expediente al Consejo Supremo que dispuso la libertad de los imputados. En
agosto, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas revocó la detención y el procesamiento
del mayor Ernesto Guillermo Barreiro, de los capitanes (R) Héctor Pedro Vergez y Jorge
Ezequiel Acosta, del agente civil de inteligencia José Arnoldo Chuby López y del suboficial
Luis Manzanelli, por los tormentos y el homicidio contra la detenida María Luz Mujica de
Ruarte.81
En junio el general Mansilla impidió el acceso de la CONADEP a las instalaciones del
Cuerpo III generando la queja de Sábato ante el presidente Alfonsín. El ministro de Defensa,
Raúl Borrás82 ordenó al jefe del Estado Mayor del Ejército, Arguindegui, que sancionara a
Mansilla que se negó a obedecer y fue pasado a retiro junto con el jefe del Estado Mayor de
las Fuerzas Armadas, Arguindegui, quien no fue capaz de hacer cumplir la orden emanada del
poder superior83. Entre tanto, el cargo supremo del Ejército sería asumido por el general
Ricardo Pianta quien, poco tiempo después, en agosto de 1984 se pronunciaba, para sorpresa
y crispación de los funcionarios de gobierno que trataron de minimizar las declaraciones del
general en favor de una amnistía.84
80 Verbitsky, Horacio, Civiles y Militares…, Op,. cit., pág. 67; “Mones Ruiz había sido denunciado por ordenar al sargento Miguel Ángel Pérez que rematara de un tiro en la frente al detenido Raúl Bauducco, que estaba semiinconsciente luego de la paliza recibida, en el patio de la Unidad Penitenciaria 1. Alsina debía responder por haber estaqueado desnudo durante una noche del invierno de 1976 al médico René Mourkarzel, sobre cuyo cuerpo ordenó arrojar baldes de agua fría hasta su muerte por congelamiento”. 81 Ibídem, pág. 67. 82 Ministro de Defensa del gobierno de Alfonsín desde el 10 de diciembre de 1983 hasta su fallecimiento en mayo de 1985 a la edad de 51 años. 83 Mazzei, Daniel, Op. cit., pás. 31. 84 Canelo, Paula, Op. cit., pág., 94; “Tan sólo un mes después, Pianta demostró que estaba dispuesto a profundizar la línea iniciada por sus subordinados cordobeses poco antes. El 28 de agosto, el general lanzó un verdadero desafío al gobierno al presionar públicamente por una amnistía que <podría ser una base, un punto de partida para alcanzar la reconciliación de los argentinos. (La Razón, 29/8/1984)”.
31
Evidentemente, el cálculo del gobierno en cuanto a que el Consejo Supremo
conformado por aquellos “viejos militares” actuaría con presteza reduciendo el número de
recusaciones ante las Cámaras Federales hasta que tal vez en un par de años, los casos estarían
resueltos, no fue del todo acertado. Los meses que siguieron estuvieron signados por un
aumento de la radicalización discursiva, principalmente por parte de la oficialidad militar que
reivindicaba sin condicionamientos la tarea asumida durante la “guerra antisubversiva”
aunque, por otro lado, las causas en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas no
mostraron ningún progreso.
Finalmente, el informe de la CONADEP85 documentó la desaparición de 8.960
personas aclarando que el número de víctimas excedía significativamente los testimoniados86.
Amnesty International estimó que el número de víctimas del terrorismo de Estado superaba
los 15.000 en tanto que las Madres de Plaza de Mayo y el Servicio de Paz y Justicia, entre
otros, sostuvieron y sostienen que los desaparecidos alcanzan a 30.000 personas.87 Por otra
parte, un importante conjunto de organismos de Derechos Humanos había presentado ante el
Senado y el vicepresidente Martínez una lista con 896 militares acusados de actos ilegales
durante la represión que frenó la aprobación de varios de los pliegos de ascensos previstos.88
Del informe de la CONADEP se desprendía que los derechos humanos habían sido
violados de forma “orgánica y estatal por la represión de las Fuerzas Armadas”, lo cual
atentaba contra el principio de particularización presentado como “excesos” lo que en verdad
constituía un delito de Estado.89
85 Verbitsky, Horacio, Civiles y Militares…, Op,. cit., pág. 77; “El jueves 20 de septiembre la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que había pedido una prórroga de noventa días, entregó al presidente Alfonsín su informe final, de 50.000 carillas, y a la prensa una síntesis de 26 páginas […] los notables accedieron a omitir en su informe los nombres de los 1300 acusados en los testimonios recogidos, con el argumento de que eran inocentes mientras no los condenara la Justicia”. 86 Al respecto, sugerimos ver el documento de presentación del informe de la CONADEP ante Alfonsín en http://www.youtube.com/watch?v=z4kLIK2kf7Q. 87 Acuña – Smulovitz, Op., cit., pág. 27. 88 Verbitsky, Horacio, Civiles y Militares…, Op,. cit., pág. 65. Estos organismos fueron la APDH, el CELS, el Servicio de Paz y Justicia, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, las Abuelas de Plaza de Mayo y la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. 89 Bayer, Osvaldo, Op. cit., "El <Nunca más> terminó con un film televisivo donde Sábato y Trócoli - uno al lado del otro - hablaron del mismo infierno del demonio y de Satanás y dejaron fundada lo que desde ese entonces se conoce como la <teoría de los dos demonios>. […] Después de archivarse las actuaciones de la CONADEP en las oficinas del funcionario radical Rabossi - un hombre que acaba de declarar su complacencia con el proyecto del <Punto Final> - se comprobó una vez más que las Madres de Plaza de Mayo tenían razón en su predicción".
32
La estrategia de “autodepuración limitada” propuesta por el gobierno a las Fuerzas
Armadas plasmó su fracaso definitivamente el 25 de septiembre de 1984 (a los pocos días de
la presentación del informe de la CONADEP) cuando el Consejo Supremo de las Fuerzas
Armadas, entre otras cosas, expresó en un documento enviado a la Cámara Federal que no se
encontraba en situación de promover sentencia (prevista para el 11 de octubre) debido a que
las órdenes acuñadas por las cúpulas militares para la represión eran “inobjetablemente
legítimas”.90 En este sentido podemos coincidir con Acuña y otros autores en que el plan de
“autodepuración” planteado, por otra parte, en los términos en que se dictó la ley 23049 tenía
muy poco sentido para los jueces militares, ya que debían enjuiciar y convertirse en “verdugos
de sus propios compañeros” produciendo sentencias que luego podrían ser revocadas o
revisadas por fueros civiles.
En medio de este clima político, el 21 de octubre llegó al país el ex dirigente
montonero Mario Firmenich, extraditado de Brasil, para ser juzgado según el decreto 157, al
mismo tiempo que Videla y Massera eran encarcelados. Viola y Agosti eran detenidos con
prisión preventiva. Tres días después el sacerdote Julio Treviño “pronunció un discurso
claramente golpista” en la iglesia de Nuestra Señora de Luján criticando a la “democracia
pornográfica y corrupta” e incitando a “empuñar las armas espirituales – y las materiales
los que tienen esa misión – para defender el Reino de Dios y no ser indignos de él”.91
En tanto que, el 29 de octubre el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas expresó su
descontento por lo que consideraba una “campaña de descredito” organizada desde el
gobierno. Pocos días después, durante el mes de noviembre, se producirían las renuncias
masivas. Este episodio abrió una nueva crisis por las dificultades que implicó reemplazar a los
miembros renunciantes.92
Si la primera crisis militar había surgido a partir de las repercusiones de los motines en
defensa de los capitanes del Ejército Mones Ruíz y de Mansilla la segunda se dispararía a
partir de la citación del teniente de navío de la Armada Alfredo Ignacio Astiz por el juez
federal Miguel Castillo durante diciembre de 1984. El 31 de enero de 1985 el gobierno firmó
90 Acuña – Smulovitz, Op., cit., pág. 55. 91 Mazzei, Daniel, Op cit., pág. 34 92 Ibídem, pp. 36-37
33
la designación de siete nuevos jueces para el Consejo Supremo compuesto por militares
retirados antes de 1976. En la primera semana de febrero juraron por Dios, la Patria y por su
honor y en la primera de marzo decidieron dejar en libertad a Astiz por considerar que su
causa ya había sido juzgada y absuelto en 1981. El gobierno que a través de Borrás le había
solicitado a Fernández Torres que demorara 120 días la resolución del caso Astiz hasta luego
de que comenzaran las audiencias públicas a los ex comandantes en marzo, no tuvo respuesta
positiva del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas quien alegó que “no tenía
facultades para impartir esa orden al Consejo”. La medida del gobierno fue reemplazarlo a él
y a Pianta y designar en su reemplazo al general Héctor Luis Ríos Erenú como comandante en
Jefe de las Fuerzas Armadas. Pero los generales, remisos a aceptar esta designación, parecían
poco dispuestos a aceptar de buena gana la movida del ejecutivo a lo cual el ministro Borrás
amenazó a la primera plana general diciendo que, ante la insubordinación militar, el
presidente asumiría personalmente la conducción del Ejército y que el secretario Jaunarena ya
estaba redactando el discurso que Alfonsín leería en cadena de radio y televisión convocando
a la movilización popular.
Finalmente, Ríos Ereñú asumió su cargo. A diferencia de sus predecesores, en su
primera arenga pública el 12 de marzo en Rosario, el nuevo jefe del Ejército destacó la
subordinación militar al poder civil y encomió el sistema ideado por el gobierno para
enfrentar lo que llamó secuelas del dolor, agravios y heridas de la guerra sucia. También
aprobó la formación de la CONADEP, los decretos de Juicio a las Juntas militares y la
consagración del principio de obediencia debida, al tiempo que descartó la posibilidad de
cualquier rearme guerrillero.93 La nueva cúpula militar mantendría una doble línea de acción.
Por un lado acatamiento incondicional al gobierno democrático en tanto que hacia los
subordinados efectuaría una política de contención y solidaridad permitiéndose las
expresiones contrarias y las críticas en el interior de las Fuerzas.
93 Verbitsky, Horacio, Civiles y Militares…, Op,. cit., pp. 88- 90
34
2.2. El enrarecimiento del clima político y social o el fin de la “primavera alfonsinista”.
El mes previo a la iniciación de las audiencias públicas fue el más tenso desde la
asunción del gobierno radical. Se registraron atentados, explosivos, amenazas, declaraciones,
una inflación sin precedentes y rumores sobre un probable relevo presidencial. Finalmente, el
domingo 21 de abril de 1985, Alfonsín denunció por cadena nacional un intento de quebrantar
el orden institucional y convocó a la movilización popular para dar una respuesta contundente
a aquellos sectores oscurantistas para el viernes siguiente a la Plaza de Mayo. El jueves todos
los partidos suscribieron una declaración de respaldo al sistema democrático y el viernes la
plaza estuvo colmada con 250.000 personas. El discurso presidencial agradeció el apoyo de
los diversos sectores y partidos concurrentes en defensa del sistema democrático aunque, sin
embargo, una sorpresa fue develada a la multitud cuando Alfonsín trastocaba el sentido de la
convocatoria anunciando que se iniciaba una “economía de guerra” para combatir la inflación
y el déficit. Inmediatamente, muchos de los sectores no oficialistas sintieron el asedio de la
manipulación gubernamental y comenzaron a desmovilizarse entre abucheos y silbatinas al
discurso del presidente. Alfonsín parecíó dilapidar parte de su patrimonio político con este
acontecimiento al tiempo que los atentados y las amenazas de bomba en escuelas y edificios
públicos se mantuvieron durante el tiempo que duró el juicio a las Juntas militares.
Por otra parte, hay que señalar que, debido a la falta de una “Ley de Defensa” que
prohibiera la actuación de las Armas en los conflictos internos (Ley aprobada recién en 1988)
los servicios de informaciones del Ejército y la Armada seguían operando en continuidad con
lo actuado durante la dictadura.94
94 Ibidem, pág., 141.
35
2.3. El Juicio a las Juntas
Finalmente, el 22 de abril de 1985, comenzaron las audiencias públicas del histórico
Juicio a las tres primeras Juntas de Comandantes. A lo largo de seis meses declararon 832
personas.95 Junto con la presentación del informe Nunca Más de la CONADEP, el Juicio oral
y público a las Juntas va a constituirse en un hecho de significativa consideración para la
opinión pública y para la sociedad en general. Por las salas de las audiencias públicas pasaron
centenares de personas con testimonios de la desaparición, de tortura y de muerte de
familiares, amigos y compañeros frente a la ya insostenible incredulidad por una parte
importante de la sociedad que, en gran medida, había repetido hasta hace poco tiempo atrás
toda una serie de slogans y frases diseñadas durante la dictadura militar como; “no te metás”,
“algo habrán hecho” o “por algo será” y que ahora tenía frente a sí no al “demonio de la
subversión” sino a madres, a esposas, a abuelas, a padres, hermanos y compañeros buscando,
reclamando y exigiendo justicia por los crímenes sucedidos no solamente en nombre de sus
familiares y seres queridos desaparecidos sino en nombre de la sociedad toda y de la memoria
colectiva.
En tal sentido, el reconocimiento internacional que adquirió el film “La Historia
Oficial”96 tal vez se haya constituido, junto con otras notables películas del cine nacional de
la “apertura democrática”, en otra fuente ante a la cual ya nadie podía hacerse el “distraído”
sobre los crímenes cometidos durante la dictadura militar.
Finalmente, el 9 de diciembre de 1985 la Cámara Federal dictó la sentencia del “Juicio
del Siglo”; un fallo que no dejó contento a nadie. Videla y Massera fueron condenados a
prisión perpetua, Viola recibió 17 años de prisión, Lambruschini fue condenado a 8 años,
Agosti a 4 y medio en tanto que Galtieri, Graffigna, Anaya y Lami Dozo fueron absueltos.97
Sin embargo, el punto 30 de la sentencia ordenó al Consejo Superior de las Fuerzas Armadas
que se iniciara el enjuiciamiento de los oficiales superiores que ocuparon los comandos de
zona y subzona de defensa durante la represión militar y a los que tuvieron responsabilidad
95 Mazzei, Daniel, Op., cit., pág. 89. 96 Entre otros premios internacionales fue ganadora como mejor película de habla no inglesa del Oscar en 1986, también ganó en la misma categoría en los premios Globo de Oro y en los Cóndor de Plata. 97 Para una información más detallada acerca de las acusaciones y las condenas que se le imputaron a cada procesado recomendamos ver; López, Ernesto, Op. cit., pág. 180-182.
36
operativa en la lucha contra la subversión.98 De esta forma casi inesperada, a partir del fallo
de la Cámara Federal, se abrirían una serie de juicios y procesos sobre los oficiales
subalternos que escaparían a la voluntad del poder Ejecutivo haciendo naufragar el proyecto
oficial que intentaba circunscribir y delimitar los juicios a las cúpulas militares como parte de
un plan que proveería un “castigo ejemplar” solamente a los altos mandos.
2.4 El fracaso del primer plan económico y la llegada del Plan Austral.
El gobierno de Alfonsín no sólo heredaba el tratamiento de los crímenes de la
dictadura. En materia económica, la deuda externa pública había pasado de 6.000 millones de
dólares en 1976 a 31 mil millones al final de la dictadura. Pero tal vez lo más desesperante del
tema era que habían cerrado más de quince mil establecimientos industriales; el poder
adquisitivo de la gente estaba deteriorado y aumentaba el desempleo”.99
En relación con lo estructural100, para el equipo económico del gobierno radical, a
cargo del ministro de Economía Bernardo Grispun, el problema principal residía en los altos
grados de desocupación heredados del gobierno militar y en los bajos salarios con la
consecuente contracción de la demanda. Por lo tanto, la solución del problema consistiría en
propiciar una reactivación a partir de una redistribución progresiva de los ingresos
controlando a la vez la inflación, el tipo de cambio y la tasa de interés. Efectivamente, el
ministerio promovió un aumento de salarios seguido de un congelamiento de precios con lo
cual se intentó llevar adelante, en cierta medida, una recomposición salarial y a través del
incremento del poder adquisitivo de los trabajadores. Pero las medidas no conformaron a los
sindicatos que denunciaron su insuficiencia. Empresarios y economistas diversos también
98 Mazzei, Daniel, Op. cit., pp. 90-91. 99 Ageitos, Stella Maris, Op. cit, pág. 142. // en Pesce, Julieta, “Política y economía durante el primer año del gobierno de Raúl Alfonsín. La gestión del ministro Grinspun”, en Pucciarelli, Alfredo (Coord.), Op. cit., pág., 379, se indica que las cifras de la “herencia recibida” en relación a las obligaciones externas ascienden a 45.067 millones de dólares” 100 Pesce, Julieta, Ibídem, pág., 373; Para la historiadora, los principales puntos estructurales de la herencia militar en materia económica se pueden resumir en; “[…] estancamiento del PBI per cápita, distribución crecientemente regresiva del ingreso […], aumento de la población bajo la línea de la pobreza, incremento de la desocupación y caída de los salarios, aumento del endeudamiento externo y de las ganancias financieras, desindustrialización con creciente regresividad del aparato fabril, concentración del poder económico y cambio de su estructura y del comportamiento de su cúpula, y reformulación del rol del Estado”.
37
criticaron el control de precios por considerarlos una medida de corto plazo y con
consecuencias poco productivas atacar el problema de la inflación.
En lo concerniente a la deuda, el gobierno se expresó dispuesto a honrar los
compromisos asumidos siempre y cuando se negociara los plazos y los volúmenes
adeudados.101
En enero de 1984, el ministro presentó los lineamientos económicos a través de los
cuales se intentaba reactivar la economía, mejorar los empleos y los salarios reales y
contrarrestar los efectos de la inflación pero las medidas fueron recibidas con escepticismo.
Los objetivos perseguidos por el equipo económico (reactivación, redistribución y
estabilización) no dieron los resultados deseados en tanto que principalmente uno de sus
factores, el de la inflación, no conseguía estabilizarse y, consecuentemente, desequilibraba a
los otros factores de la fórmula. Aparecieron, entonces algunos economistas aconsejando que
los objetivos debían priorizarse y atacados en forma individual.
A la irrefrenable escalada de precios convertida en el mal mayor de la economía
radical se agregaba la intransigencia de los países acreedores que, en un contexto económico
internacional completamente diferente del de la década anterior, exigían a los países deudores
el pago de las deudas y sus intereses.102 En tanto que el intento de negociar la deuda a través
de la conformación de un bloque común de países latinoamericanos resultó a todas luces
infructuosa.103
En este contexto de reveses para el oficialismo, cabe señalar que el gobierno intentó
llevar adelante una reforma sindical que no prosperó tan sólo por un voto en contra en la 101 Heredia, Mariana, Op., cit., pág. 169. 102 Ortiz, Ricardo y Shorr, Martín, “La economía política del gobierno de Alfonsín: creciente subordinación al poder económico durante la <década perdida>”, en Pucciarelli, Alfredo (Coord.), Ibídem, pág., 312; “A comienzos del decenio de los ochenta, una sucesión de acontecimientos – la suba en la tasa de interés internacional, la crisis de la deuda mexicana, la caída en los precios de los productos agrícolas, entre los más relevantes – trajo aparejadas importantes modificaciones en el contexto financiero mundial. Entonces se abrió una etapa – que duraría hasta comienzos de la década siguiente – signada por una relativa escasez de capitales para los países de América Latina (particularmente importante, si se considera la abundancia de los años previos). Esta situación no tardó en manifestarse en una economía tan <deuda-dependiente> como la argentina posterior a la última dictadura […]”. 103 Ibídem, pág. 296; “Las dificultades para acordar el pago de la deuda directamente con los bancos acreedores y el Club de París – sumadas al fracaso del intento por conformar un pool de países acreedores de América Latina – implicó tener que negociar con el FMI, lo que a partir del cuarto trimestre de 1984 derivó en la aplicación de una política monetaria más restrictiva (con aumento de la tasa de interés), la devaluación de la moneda nacional y la elevación de las tarifas de los servicios públicos. Todo ello condujo a una caída de la actividad económica, al tiempo que no se contuvo la inflación ni se logró reducir de modo significativo el déficit fiscal. En ese contexto, el propio FMI dio por caído el acuerdo en enero de 1985, y se pidió la renuncia del ministro Grinspun, que se concretó rápidamente.”
38
Cámara de Senadores.104 El movimiento sindical argentino, mayoritariamente opositor y
básicamente asociado con el Partido Justicialista, además de criticar muy duramente la
propuesta y urdir lazos entre los legisladores para evitar su aprobación confrontó con el
gobierno exigiendo la recomposición de los convenios colectivos de trabajo (derecho
constitucional revocado por la dictadura y no vuelto a restablecer por el gobierno
democrático) además de cuestionar las políticas de la cartera económica por la política de
fijación y ajustes de salarios en base al cálculo de la inflación pasada.
Algunos autores como Julieta Pesce caracterizan los déficits del período económico
del ministro Grinspun como una etapa en la cual se realizó un “error de diagnóstico” respecto
de cuáles eran las causas estructurales de la crisis económica y, en consecuencia, no se
encontró la forma adecuada para poder superarla. El gobierno, creyendo haber aprendido la
lección de su primer traspié, pretendió superar la crisis estableciendo un acuerdo con los
grupos económicos exitosos emergentes del proceso de la dictadura, conocidos como
“Capitanes de la Industria”.105
Ante el fracaso de las negociaciones con el Fondo Monetario a fines de 1984, el
ministro Grinspun presentó su renuncia al frente de la cartera económica. Buena parte de la
prensa norteamericana y los círculos financieros estadounidenses se mostraron satisfechos con
la renuncia del ministro y se alegraban con la llegada de Sourrouille; “un hombre
comprometido con la observancia de la austeridad que preanunciaba un mejor entendimiento
entre Buenos Aires y el FMI”.106
El presidente presentó al nuevo ministro como una continuidad del plan económico,
sin embargo para los propios miembros tradicionales de la UCR, el nombramiento de
104 Aruguete, Eugenia, “Lucha política y conflicto de clase en la posdictadura. Límites a la constitución de alianzas policlasistas durante la administración Alfonsín” en Pucciarelli, Alfredo (Coord.), Ibídem, pág., 421; “[…] un proyecto elaborado por el ministro de Trabajo, el socialista Antonio Mucci, provocó la inmediata reacción del sindicalismo. Impulsado el 18 de diciembre de 1983, el proyecto de “Ley de reordenamiento sindical” buscaba la normalización de las organizaciones sindicales. Se proponía la convocatoria a elecciones inmediatas y sin proscripciones en los gremios, mediante la instauración del voto secreto, directo y obligatorio y supervisado por el Ministerio de Trabajo”. 105 Castellani, Ana, “Los ganadores de la <década perdida>. La consolidación de las grandes empresas privadas privilegiadas por el accionar estatal. Argentina 1984-1988”, en Pucciarelli, Alfredo (Coord.), Ibídem, pág. 336; En cuanto a la relación del gobierno con los Capitanes de la Industria;“[…] una de las continuidades más evidentes entre el gobierno de Alfonsín y la dictadura militar es la de haber contribuido con la consolidación de un fracción de la gran burguesía estrechamente vinculada al accionar estatal”. 106 Heredia, Mariana, Op. cit., pág. 175.
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Sourrouille se inscribía dentro de un proceso desradicalización del gobierno en el cual
asesores como Brodersohn, Caputo, López o Tomasini, ganaban terreno en el propio gobierno
como extrapartidarios.107
El cambio de rumbo económico trascendería la interna del partido de gobierno; el
equipo del nuevo ministro se caracterizaba por su perfil tecnocrático dentro del cual conceptos
tales como austeridad, ajuste y estabilidad imperarían como máximas rectoras (y correctoras)
de la política económica. En adelante vemos como, ante los desafíos, el gobierno tomará el
camino conservador para hallar las soluciones.108 Los cambios en la orientación de las
medidas económicas pronto quedarían plasmados en el discurso del viernes 26 de abril de
1985 frente a la multitud convocada a la Plaza de Mayo por el propio Ejecutivo para defender
la democracia de una supuesta “conspiración antidemocrática”. En dicho discurso se informó
a la multitud, a través de un lenguaje tecnocrático inusitado (plagado de tecnicismos) que el
país entraba en una “economía de guerra”. Lo cual implicaba que, en adelante, la economía
general del país marcharía por un sendero de sacrificios, ajustes y austeridad con el objetivo
primordial de corregir los índices del déficit y de la inflación.109
Resulta llamativa la coincidencia entre el viraje experimentado en la economía y en la
política que, entre fines de 1984 y principios de 1985, parecen abandonar el camino de lo que
se llamó “la primavera alfonsinista”. El anuncio del ingreso en la “economía de guerra”
parecería haber ido de la mano con el aumento en la presión política por frenar el proceso de
justicia, verdad y memoria elaborando las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida. En
ese sentido, las transformaciones parecían estar atadas a los acuerdos logrados a las
condiciones exigidas por los organismos de crédito internacionales. Es por esta razón que se
justifica la inclusión del breve análisis económico que se desarrolló en este subtema.
107 Aruguete, Eugenia, Op. cit., pág., 436; “La llegada de Juan V. Sourrouille al Palacio de Hacienda, acompañado por dos cercarnos colaboradores, José Luis Machinea y Mario Simón Brodersohn, expresaba el abandono de aquel enfoque económico asociado a Grinspun, centrado en la recomposición de los salarios y el empleo, y su reemplazo por otro en donde la inflación, el déficit fiscal y la deuda externa se ubican entre los grandes problemas económicos”. 108 Gargarella, Roberto - Murillo, Maria Victoria - Pecheny, Mario (Comps), Discutir Alfonsín. Buenos Aires, Editorial Siglo XXI, 2010, pág. 33. 109 Heredia, Mariana, Op. cit., pág. 179.
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Finalmente, el 14 de junio de 1985 se lanzó el Programa de Reforma Económica,
conocido como el “Plan Austral”.110 El nuevo plan lanzado como un “shock” de medidas de
orden económico no estuvo exento de críticas por parte de la oposición que también
reclamaba la participación del Congreso en las negociaciones por el pago de la deuda. Aunque
para algunos técnicos internacionales el plan contenía características heterodoxas, fue
imputado de “ortodoxo” por algunos sectores del peronismo y de la izquierda quienes
denunciaban que las medidas antiinflacionarias, “dictadas por el FMI”, tenían una base
netamente monetaristas que no resolvería los problemas fundamentales de la economía. En
tanto, algunos sectores de derecha, como el propio líder de la Unión de Centro Democrático
(UCD) Álvaro Alsogaray, celebraban las nuevas medidas y la rectificación del rumbo
económico.111
En gran parte, vastos sectores dentro del propio partido oficialista no se sentían a gusto
con el nuevo rumbo económico. Los sindicalistas también criticaron el nuevo plan de
congelamiento de salarios alertando sobre el “recrudecimiento de la miseria” en tanto que los
empresarios lo caracterizaban como “positivo y original”.112
En lo inmediato el plan pareció poder triunfar allí donde el equipo anterior había sido
derrotado; en la drástica reducción y control de la inflación. Los índices del Plan Austral
mostraron un brusco descenso, de 40% en el mes de junio a sólo el 2% en octubre.
En sus comienzos, el nuevo modelo económico diseñado por el equipo de Sourrouille
tuvo algunas señales exitosas; amén del control de la inflación se habían logrado cierta
reactivación del mercado interno. Sin embargo esta señal que debió interpretarse como
positiva tuvo su impacto negativo debido, básicamente, a la deficiencia estructural en el sector
productivo, lo cual produjo el encarecimiento de algunos productos. Finalmente, en abril de
1986, el equipo optó por pasar del “congelamiento de precios” al sistema de “precios
administrados” temiendo que la apertura desreguladora produjera desequilibrios no deseados
en la puja distributiva. En este contexto, los organismos de crédito internacionales que habían
acompañado el plan a pesar de sus componentes heterodoxos insistían en la necesidad de
110 Ibídem, pág. 183. Entre las principales medidas que contemplaba el nuevo plan que procuraba luchar contra el déficit elevando los ingresos fiscales, racionalizando los gastos y acudiendo a nuevos préstamos en lugar de emitir, se imponía un congelamiento de precios y salarios además de establecer un tipo de cambio fijo (0.80 centavos de austral por dólar). 111 Ibídem, pág. 185. 112 Ibídem., pág. 186.
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realizar transformaciones estructurales profundas en la economía para conceder nuevos
préstamos. Sin embargo, a principios de 1987 se decreta un nuevo congelamiento de precios y
salarios al tiempo que la tendencia económica se buscaba realizar algunas privatizaciones de
empresas del Estado intentando lograr la liberalización de la economía como instrumento
regulador de los precios.113 El proyecto conocido como “Programa de Julio”, además de la
venta de Aerolíneas Argentinas y el 40 % de ENTEL proponía, la venta de SOMISA, la
desregulación del mercado de transportes y de las comunicaciones entre otras.114
En tanto que en un contexto de crecientes dificultades para lograr un crecimiento
sostenido de la economía Sourrouille declaraba que; “Ni las tendencias inflacionarias ni los
obstáculos al crecimiento son resultados de episodios o de fenómenos coyunturales […] Lo
que los argentinos experimentamos […] es la crisis de un modelo populista y facilista, de un
modelo cerrado, en fin, de un modelo centralizado y estatista”.115
Al advertirse que entre las causas que generaban los problemas económicos estaba la
estructura de un aparato estatal anquilosado y de carácter populista, la solución que procuraría
aplicar el gobierno iría de la mano con las medidas que, desde hacía tiempo, venían
reclamando los grandes organismos multilaterales de crédito. Estas reformas estructurales
tenían como eje principal a la reforma del Estado con eje en las privatizaciones de las
principales empresas, la desregulación de los mercados (incluido el laboral) y la apertura de la
economía nacional a los flujos mundiales de mercancías y capitales. La aplicación de éstas
medidas supondría el crecimiento económico, la superación de las dificultades generadas por
el endeudamiento externo y el déficit fiscal y la contención de la inflación autorregulada por
los propios mercados libres de la intervención estatal.116
113 Aruguete, Eugenia, Op. cit., pág., 450; “A principios de 1987, el programa oficial comenzó a presentar signos de un evidente fracaso. La caída de la inversión privada profundizaba la recesión, la inflación se disparó otra vez y alcanzó un 7.6% en enero, el problema del déficit fiscal se pronunció y se dificultaba la imposición de las prometidas reformas estructurales”. 114 Beltrán, Gastón, “Acción empresaria e ideología. La génesis de las reformas estructurales” en Pucciarelli, Op. cit., pág., 227. 115 Ortiz, Ricardo y shorr, Martín, Op. cit., pág. 298. 116 Ibídem, pág. 299.
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La creciente debilidad del gobierno no sólo en temas económicos sino también en
cuestiones políticas y sociales no logró concitar la fuerza suficiente para implementar de
forma exitosa la puesta en práctica de las medidas señaladas.117
Durante el gobierno democrático se produjo la consolidación estructural de un
conjunto de grupos económicos concentrados de origen nacional y extranjero que habían
crecido durante la última década y que, en definitiva; “[…] pasaron a detentar un control
determinante sobre núcleos decisivos de las diferentes cadenas productivas (o profundizaron
el que ya tenían) y, derivado de ello, [adquirieron] un ostensible poder sobre la determinación
de los precios domésticos”.118
Durante la década de los 80 se acentuó la matriz de distribución regresiva. Los grandes
sectores concentrados de la economía tomaron las ganancias que faltaron en la redistribución
de los sectores populares, aumentando de esta forma los índices de la tasa de subocupación y
desocupación.119 Ante el fracaso del primer plan, el gobierno tomó un camino conservador
alineándose con las políticas económicas del stablishment y los grupos económicos
concentrados de poder hasta ser fagocitado por éstos.120 La transferencia de los ingresos a los
sectores concentrados de la economía perjudicó fundamentalmente a los asalariados pero
también a los sectores más débiles de la burguesía comercial e industrial como así también al
propio aparato del Estado que desde entonces presentó una crisis estructural en sus finanzas.
En síntesis, durante el gobierno de Alfonsín se profundizaron muchas de las
características económicas regresivas delineadas durante la última dictadura; reducción y
reestructuración del aparato productivo, alta inflación, desequilibrio fiscal, elevadísimos
grados de endeudamiento externo con baja acumulación en el ámbito local, deterioro laboral,
por lo tanto, inequidad en la redistribución del ingreso. Fueron años muy favorables para que
un reducido grupo de actores económicos muy poderosos se consolidara, fortaleciera, y
expandiera a costa de la permanencia del incontrolable “mar de la economía revuelto”. En
definitiva, los cambios producidos durante la última dictadura militar, cuyos aspectos 117 Ibídem, pág. 299 ; “A modo de ejemplo se destacan las apuestas por privatizar varias compañías estatales (Aerolíneas Argentinas, ENTEL y Somisa, entre las más importantes), que fueron bloqueadas en el ámbito parlamentario por el Partido Justicialista, o la búsqueda por avanzar en la apertura de la economía”. 118 Ibídem, pág. 306. 119 Ibídem, pág. 321. El índice de desocupación en 1984 es de 4.4, en tanto que en 1989 alcanza al 7.1. Los valores de la subocupación en 1984 son de 10.3 y, en 1989, 15.7, respectivamente. 120 Gargarella, Roberto - Murillo, María Victoria Op., cit., pág. 34.
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centrales no fueron revertidos sino consolidados y acrecentados durante la democracia,
modificaron el eje de la acumulación del capital. La revalorización y jerarquización de
factores de crecimiento económico como el sistema financiero, el endeudamiento externo y la
fuga de capitales se constituyó en un sistema que promovió la acumulación del capital
concentrado en desmedro de la capacidad adquisitiva de los asalariados, el aumento del
desempleo y de la pobreza.
2.5 La Ley de Punto Final.
Con el pedido de enjuiciamiento a los oficiales superiores que habían ocupado los
comandos de zona y subzona de defensa durante la lucha contra la subversión por parte de la
Cámara Federal durante la sentencia a las Juntas militares, se abría una nueva instancia no
prevista por el Ejecutivo. Ahora, los juicios y procesos relacionados a las violaciones de los
derechos humanos se extenderían, ya no sólo a quienes habían sido responsables máximos de
generar e impartir las órdenes de la represión sino, también, a quienes se habían “excedido”
en el ejercicio de su cumplimiento y que, a prima facie, se trataba de un número altamente
elevado de efectivos. Esta situación que generó, desde luego, incertidumbre y oposición en las
Fuerzas Armadas tuvo su correlato en un intento por parte del gobierno de minimizar el
impacto y reducir al mínimo posible el número de acusados. La estrategia común del
Ejecutivo y de las Fuerzas Armadas fue lograr la impunidad de la mayor cantidad de oficiales
comprometidos con los crímenes de estado. Para el caso; se implementó lo que se conoció
como <Instrucciones a los fiscales militares>, las cuales permitían eximir de culpas a
acusados por tortura, secuestro y asesinato en aquellos casos que las pruebas demuestren que
los acusados habían actuado bajo órdenes impartidas.121
121 Acuña – Smulovitz, Op., cit., pág. 60: 1) que los subordinados serán responsables penales sólo cuando hayan ejercido capacidad decisoria, hayan conocido la ilicitud de las órdenes o hayan ejecutado hechos atroces o aberrantes; 2) que se deberá entender que el subordinado ejerció capacidad decisoria sólo en aquellos casos en que se apartó de las órdenes impartidas; 3) que se deberá considerar que los subordinados actuaron con <error insalvable> sobre la legitimidad de la orden , salvo en aquellos casos en que la acción cumplida no fuera consecuencia de órdenes recibidas; y 4) que los subordinados son responsables de la ejecución de delitos aberrantes sólo cuando la conducta de los mismos configure un exceso en el cumplimiento de las órdenes recibidas. Como se puede observar, las instrucciones apuntaban a reducir radicalmente el número de acusados por las violaciones a los derechos humanos. Las mismas permitían eximir de culpas a acusados de tortura, secuestro y/o asesinato en todos aquellos casos en que se demostrara que habían actuado de acuerdo con órdenes impartidas.”
44
Luego del impacto producido por el “Punto 30” de la sentencia a las Juntas, el
gobierno estudió una serie de posibles soluciones que no defraudaran las promesas de
“justicia y ética” y que, por otro, lado atendieran los reclamos militares de juzgar el menor
número de oficiales y “terminar cuanto antes el capítulo judicial”.122 Fue el inicio de la crisis
del “doble mensaje” del discurso de Alfonsín.
Mil novecientos ochenta y seis fue un año que transcurrió en medio de fuertes
presiones entre poderes. Por un lado el poder militar presionaba al gobierno para lograr una
amnistía política que detuviera los juicios que estaban en marcha; la presión del gobierno
contra el Consejo Supremo y el poder judicial sobre quienes descargó las “Instrucciones” y
todo tipo de esfuerzos para que, al tiempo de acelerar los procesos, eximiera a la mayor
cantidad de oficiales posibles; y la ejercida por la justicia civil que, ante la inactividad de la
justicia castrense, era la que producía las citaciones y, eventualmente, las detenciones de los
militares procesados.123
En este contexto, el Senado interpeló al ministro Jaunarena que debió responder por
las “Instrucciones”. A través de un extenso discurso, argumentó en favor de la absolución de
quienes habían cometido delitos de secuestros, tortura y muerte por inscribirse dentro de un
orden de obediencia debida correspondiente a un plan de lucha contra la subversión, tal como
lo establecían las “Instrucciones”.124
El día 19 de mayo de 1986, durante una visita de Alfonsín al III Cuerpo de Ejército, se
halló una bomba en el camino del presidente. Un episodio institucionalmente grave del cual
nunca se conocieron responsables.
122 Verbitsky, Horacio, Civiles y Militares…, Op,. cit., pp.111-112. 123 Ibídem., pág. 130. Las “Instrucciones” desencadenaron una verdadera crisis judicial con la renuncia del camarista Torlasco y las presiones para detener las de Arslanian y otros jueces de la Cámara Federal. Alfonsín logró detener personalmente el avance de un dictamen de la Procuración que buscaba aumentar las penas que había dado el Juicio a las Juntas ante el juez de la Corte Suprema Enrique Petracchi, alegando que tal medida empeorarían aún más las relaciones con las Fuerzas Armadas. 124 Para un mayor detalle del acontecimiento ver; Verbitsky, Horacio, Civiles y Militares…, Op,. cit., pp.131-133.
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En un clima de creciente descontento castrense125, el gobierno va a procurar encontrar
una salida que descomprimiese la situación temiendo que ante una crisis generalizada tuviera
que conceder una amnistía abierta y generalizada, lo cual no estaba en sus planes. La cuestión
de la política militar se volvía cada vez más el arte de lo posible. Y lo cierto es que lo posible,
en la lógica del gobierno, no sería más que optar por el “mal menor”. 126
Pocos días después, el viernes 5 de diciembre la misma Cámara declaró proscripta la
acción contra el teniente de navío Alfredo Astiz, aunque dio por probado el secuestro de la
estudiante argentino-sueca Dagmar Hagelin. La proscripción de la causa causó gran
conmoción en los organismos de Derechos Humanos, sin embargo, esa misma tarde, pocas
horas después de la absolución de Astiz, Alfonsín leyó su proyecto de “ley de Punto Final”. El
mes de diciembre sería un mes de reuniones y de disciplina interna. La presentación del
proyecto del Ejecutivo no admitiría discrepancias internas para el jefe de Estado y jefe del
Partido. La cuestión estaba planteada en términos duros; quienes se opusieran al proyecto, se
oponían a Alfonsín. Fue el mes en el cual la presión verticalista del líder radical alcanzó su
apogeo.
El 19 de diciembre se produjo una manifestación en contra de la sanción de la Ley que
convocó a una multitud estimada entre 55.000 y 80.000 personas.127
El peronismo que, frente al proyecto de Ley, presentaba una gran variedad y
diversidad de posiciones internas, terminó develando nuevamente lo sorprendente de sus
complejidades intrínsecas cuando el bloque denominado “Ortodoxo” votó en contra y el
“Renovador” se abstuvo de presentarse en el recinto facilitando la sanción de la misma.
Finalmente, la Ley 23.492, conocida como Ley de “Punto Final”128, fue aprobada el 22
de diciembre de 1986 casi sin oposición. El propósito de la Ley, como había manifestado el 125 López, Ernesto, Op. cit., pág., 71: “La proliferación de procesos contra oficiales medios e inferiores y la desconfianza entre ellos despertaba el llamado a la batalla legal que impulsaba Ríos Ereñú, motivaron una serie de sucesos excepcionales para las instituciones castrenses. Diversas promociones se juramentaron para defender a ultranza a sus integrantes afectados por juicios, sin importar si el tipo de acción que deberían emprender quedaba comprendido dentro de lo institucionalmente aceptable”. 126 En otro sentido, como también sucedería casi de forma simultánea en el ámbito de economía, comienza a observarse en la política la instalación de un nuevo lenguaje técnico y de acciones derivadas de la necesidad de recurrir al “pragmatismo político” frente a las reivindicaciones éticas y morales de los inicios de la democracia. 127 Verbitsky, Horacio, Civiles y Militares…, Op., cit., pág. 198.
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fallecido ministro de Defensa, era la de no perpetuar in eternum la situación de inestabilidad
que generaban las citaciones y las detenciones judiciales en el ámbito castrense. Para ello, la
Ley estableció un plazo de “sesenta días corridos” desde su promulgación para declarar
extinguidos de acción penal a las demandas relacionados con delitos perpetuados durante la
represión de Estado. Tal como lo indica el Art. 1°:
“Se extinguirá la acción penal respecto de toda persona, por su presunta
participación en cualquier grado, en los del art. 10 de la ley 23.049 (“…de reprimir al
terrorismo…”), que no estuviere prófugo, o declarado en rebeldía, o que no haya sido
ordenada su citación a prestar declaración indagatoria, por tribunal competente, antes de los
sesenta días corridos a partir de la fecha de promulgación de la presente Ley. En las mismas
condiciones, se extinguirá la acción penal contra toda persona que hubiere cometido delitos
vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de diciembre
de 1983”.129
La intención política detrás de la medida tomada en vísperas de la feria judicial fue
evidente; lograr la amnistía de la mayor cantidad de oficiales posibles por caducidad de los
plazos. Sin embargo, nada salió como estaba previsto ya que, en gran medida, el poder
judicial reaccionó levantando la feria y habilitando los juzgados para tomar denuncias de
forma extraordinaria durante los meses de enero y febrero de 1987. De esta forma, se produjo
una aceleración que culminó en una carrera de presentaciones de denuncias a través de la cual
alrededor de cuatrocientos oficiales fueron llamados a declarar antes de la fecha fijada para el
cierre.
Paradójicamente, lo que debió constituirse en una ley que terminara con las citaciones
aportando calma y tranquilidad a los militares se convirtió en baldazo de nafta sobre el fuego.
El número de militares intimados habría superado exponencialmente el cálculo oficial
contribuyendo a acrecentar enormemente el malestar en el ámbito castrense lo cual se tradujo
en un aumento consecuente de las críticas y las presiones corporativas de las Fuerzas
Armadas (y de otros organismos como el FAMUS y cierto sector de la Iglesia) hacia el
128 El articulado completo de la Ley 23.492 puede verse en Ageitos, Stella Maris, Op. cit. pp. 198-200. 129 Ageitos, Stella Maris, Ibídem, pág., 198. (El subrayado pertenece al autor).
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gobierno y hacia la justicia civil. Por otro lado, cabe destacar que en su Artículo 5° la Ley
manifiesta que “no extingue las acciones penales en los casos de delitos de sustitución de
estado civil y sustracción y ocultación de menores”. 130
Los miembros de la ex CONADEP, a pesar de la visita previa del ministro del Interior
Antonio Tróccoli para presionar en contrario, sacaron un comunicado crítico del proyecto que
declararía la impunidad para quienes habían cometido los crímenes de lesa humanidad.
En este marco, el gobierno, tomó algunas precauciones previendo alguna situación de
desacato. Frente a la posibilidad de que algún oficial de rango medio se negara a presentarse
ante la citación de la justicia civil, contemplaron la ejecución de una serie de medidas
destinadas a doblegar las rebeldías: destitución de los jefes de unidades que ampararan los
desacatos; apostar un cerco militar sobre las unidades que se declararan en rebeldía; el corte
de los víveres, agua y energía de las unidades sublevadas; la puesta en marcha de una
campaña de difusión; la convocatoria a la movilización popular y, eventualmente, el uso de
las armas para someterlos.
Finalmente, el 23 de febrero de 1987 concluyó el plazo para presentar acusaciones. El
secretario de Justicia, Tonelli, alegó que finalmente se acababa para siempre el estado de
sospecha sobre los militares y quienes no hubieran sido llamados podrían ser considerados
inocentes. Sin embargo el número de oficiales a los cuales se les había abierto causas penales
ascendía entre 300 y 400 según las fuentes. De cualquier manera, el número de procesados era
muy superior al deseado por las Fuerzas Armadas y por el gobierno e insuficiente para los
organismos de Derechos Humanos.
130 Este triste privilegio fue rechazado, junto con la totalidad de la Ley, por las “Abuelas de Plaza de Mayo”, que, en la persona de su Presidenta la Sra. Estela de Carlotto expresaron su disconformidad con los artículos que eximían del Punto Final a los apropiadores; “[…] ese artículo que habla que no se perdona el delito de sustracción de menores, la violación y las sustracción de bienes, son tres cosas, a nosotras (las Abuelas de Plaza de Mayo) nos fastidió y nos dolió muchísimo. […] les dijimos, a los que aprobaron esa ley, que la rechazábamos en ese sentido de privilegio que nos daban para buscar a los nietos y que queríamos encontrar justicia porque los chiquitos no habían nacido de un repollo […] y eso, nosotras, no lo íbamos a aceptar” en; HISTORIA ARGENTINA 1983 – 1989, Dirección: Pigna, Felipe. Diana Producciones. Pigna, Felipe (director) Entidad Universidad de Buenos Aires. Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini" Título Historia Argentina11:1978-1983. Procesos socioeconómicos políticos y culturales Publicación Madrid: Diana Producciones, [2002] Descrip. física 1 video (VHS) (60 min). Tiempo: 44:20 – 45:00.
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La situación de incertidumbre e intranquilidad en el interior de las Fuerzas Armadas
generada en torno a la reactivación de los procesos a partir del efecto no deseado de la Ley de
Punto Final era inocultable y había puesto a las Fuerzas en virtual espíritu de insubordinación.
La presión sobre las cúpulas de las Armas y el poder político alcanzaron su máximo de
intensidad desde el Juicio a las Juntas. Los militares sostenían una unidad de discurso en línea
con las declaraciones del Consejo Supremo. “Los procedimientos habían sido los adecuados”
y “no había nada que juzgar”. Al contrario, muchos reclamaban el fin de lo que consideraban
un “plan de desprestigio contra los militares” y un reconocimiento por haber “prestado un
servicio a la patria” librando una “guerra justa” contra el enemigo de la subversión.
En medio de recrudecimiento de atentados y un aumento de la tensión social, en marzo
de 1987, el Jefe del Estado Mayor del Ejército, Ríos Erenú declaraba que: “las FFAA están
tranquilas y atentas”. Luego de afirmar la adhesión del Cuerpo al sistema constitucional y el
sometimiento al sistema judicial aclaraba que lo harían “sin claudicar [en] aquello que
constituye el patrimonio de las Fuerzas Armadas, que es nada menos que haber enfrentado
una guerra con sus virtudes y defectos, propios de una guerra”. En tanto continuaba diciendo
que; “Las Fuerzas Armadas ya han hecho más de una expresión de autocrítica acerca de que
han aceptado la comisión de errores y, ya en el Proceso de Reorganización Nacional, hubo
un <informe final> de la Junta – militar – donde se expresaban los errores e injusticias”131.
De esta forma estaban las cosas con el propio Jefe de las Fuerzas a quien, Alfonsín, sin
embargo, se encargó de colmarlo de virtudes y elogios en reconocimiento hacia su
“personalidad democrática”.132
Durante el mes de marzo las citaciones tomaron nuevo impulso y el día 9 el diario la
Razón informaba que, con la detención del teniente de navío Carlos Carella, se llegaba al
número de doce oficiales de la Armada detenidos preventivamente por la Cámara Federal
luego de que ésta comenzara con las indagatorias de los procesados de la causa ESMA.133
131 Diario La Razón, Año 83, número 28007, Buenos aires, 5 de marzo de 1987, pág. 1. 132 Ibídem, pág. 1. El mismo día 5 de marzo puede observarse en la tapa la noticia sobre la explosión de una bomba lanzapanfletos con consignas tales como “El espíritu de cuerpo del Ejército Argentino” y “No a la entrega del Ejército Argentino de 1810. No lo vamos a entregar” frente al edificio Libertador, sede del Comando en Jefe del Ejército 133 Ibídem, Año 83, número 28013, Buenos aires, 11 de marzo de 1987, pág. 1.
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Días más tarde, el 16 de marzo, versiones periodísticas daban cuenta de la inminente
renuncia de los 9 miembros del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas encargados de
enjuiciar a los militares procesados.134
134 Ibídem, Año 83, número 28018, Buenos aires, 16 de marzo de 1987, pág. 1. El clima de época nos muestra, en la misma tapa, como el capellán mayor del Ejército pronunciaba una misa en recordación a los caídos en la “lucha contra la subversión” exhortando revertir la ingratitud y el olvido con el cual se trataba a “quienes con su muerte lograron que la Bandera y la Patria no fueran víctimas de ideologías extrañas”. Ríos Ereñú, a pesar de no concurrir a la misa, adhirió a través de un mensaje, que fue leído por el ayudante de su segundo el general Mario Jaime Sánchez, en el cual se recordaban “los hechos acaecidos en marzo de 1976, y haciéndose mención de los heridos y muertos por actos subversivos”.
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III “Las sociedades, los hombres y las mujeres sujetos a las prácticas genocidas, a los
crímenes de lesa humanidad por parte de Estados terroristas, se encuentran, con las obvias diferencias históricas, con el mismo problema de los griegos de hace veinticinco
siglos. En ambos momentos, la amnistía, como amnesia, como olvido, nos pone precisamente en ese punto límite de tensión entre la memoria y el olvido. Se trata de
cuánto y qué retenemos de una y de otro, de qué condenamos al olvido y de qué condenamos a la memoria, de qué retenemos de las desgracias y qué olvidamos de ellas. Se trata,
también de explorar y emplear el potencial de la memoria en la confrontación con las políticas que inducen al olvido”.
Waldo Ansaldi135
3. La sublevación de Semana Santa (del 15 al 19 de abril)
3.1 La rebelión cordobesa.
A principios de abril, la visita a Buenos Aires del Papa, Juan Pablo II, concitó toda la
atención de los medios y de la sociedad. La prudencia diplomática privó al sumo pontífice de
hacer declaraciones en favor de una “amnistía cristiana” en relación al pasado como
esperaban algunos sectores castrenses. Luego de la tregua suscitada por la visita papal, se
produjo la acción que generó el estado de insubordinación que dio inicio al conflicto militar
de Semana Santa.
135 Ansaldi, Waldo, Op. cit., pág. 52.
51
En un clima de creciente presiones e incertidumbres suscitado a partir de la
aceleración de las causas judiciales, finalmente, en Semana Santa de 1987, ocurrió lo que
nadie quería que pasara pero que muchos temieron que iba a pasar; un grupo de oficiales se
rebeló y rompió la cadena de mandos desobedeciendo órdenes de sus superiores. El propio
teniente coronel Aldo Rico había anticipado en el mes de febrero136 algo que, en la situación
de insubordinación que vivía el Ejército, cualquiera de los oficiales de mediano rango hubiera
estado en condiciones de hacer; llevar a la práctica las amenazas de desobediencia para
intentar lograr por la fuerza de las armas lo que el poder político y la Justicia no habían
podido conseguir; detener el avance de los juicios por los derechos humanos sobre la
oficialidad de las Fuerzas Armadas. A pesar de las fuerzas insurrectas presentaban el desacato
como consecuencia de una pelea interna dentro del Ejército, la sociedad advirtió que, con
aquella acción, se habían puesto en riesgo los poderes naturales del sistema democrático y
constitucional.
Existen algunas fuentes que señalan que existió una reunión previa entre el mayor
Barreiro y el teniente coronel Aldo Rico en una pizzería de Barrio Norte durante los primeros
días de abril137. En ella se habrían establecido los pasos de la futura insurrección. Los oficiales
del Ejército, reunidos a cenar por un fin común, describen, sin embargo, personalidades e
historias diferentes.138
“Un día antes de que estallara la rebelión en Córdoba, la jefatura de Tercer Cuerpo y
el gobernador Eduardo Angeloz llamaron alarmados a Buenos Aires, al enterarse de la
actitud que asumiría el mayor Barreiro. Desde presidencia la respuesta fue: <está todo 136 GRECCO, Jorge - GONZÁLEZ, Gustavo, ¡Felices Pascuas! Los hechos inéditos de la rebelión militar, Buenos Aires, Sudamericana Planeta, 1988, Anexo Documental, pág. 260: En este documento, enviado a su comandante de campaña el 18 de febrero de 1987, Rico expresa su malestar por las consecuencias de la Ley de Punto Final y por la situación que implica las citaciones al personal militar; “La amnistía es ignominiosa de por sí. ¿Por qué amnistía si peleamos una guerra justa y necesaria? Sin embargo, a fin de preservar el orden constitucional, parece ser la única solución viable.” 137 Ibídem, pág. 14 // Verbitsky, Horacio, Civiles y Militares…, Op., cit., pp. 248-250. 138 Grecco – González, Op. cit., pág. 14. Barreiro tenía 40 años, actuaba en el Primer Cuerpo de Ejército con asiento en Palermo, era oficial de Inteligencia y no había peleado en la Guerra de Malvinas. Sobre él pesaban serias acusaciones por violaciones a los derechos humanos como jefe del grupo de torturadores del campo de concentración clandestino La Perla en Córdoba. Ciertamente, era recordado como un militar disciplinado. Rico tenía 44 años, y al momento de los hechos se desempeñaba como titular del Regimiento 18 de Infantería en la localidad misionera de San Javier. Era instructor de comandos y ex combatientes en Malvinas con el cargo de jefe de la Compañía de Comandos 602. Había sido condecorado, junto con su batallón, por el desempeño destacado en las islas. No tenía acusaciones de las organizaciones defensoras de los derechos humanos en su contra y había sido sancionado por su indisciplina militar en reiteradas oportunidades a lo largo de su carrera.
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controlado>”.139 El gobierno minimizó la denuncia y confió en que el episodio no tendría
mayores consecuencias. Barreiro había acordado secretamente con el jefe del Regimiento de
Infantería Aerotransportada 14 de Córdoba, teniente coronel Luis Polo, para amotinarse y
resistir su entrega en esa Unidad140. Todo estaba listo para desobedecer la citación judicial
dando inicio al autodenominado “Operativo Dignidad”.
Efectivamente, el miércoles 15 de abril el mayor Ernesto Barreiro141 incumplió la
citación judicial a indagatoria refugiándose en el Regimiento de Infantería aerotransportada
14 ante la pasividad del jefe del regimiento, teniente coronel Luis Polo.
El estado de descontrol en el Ejército era completo. Los oficiales deliberaban,
proponían y cuestionaban, desconociendo la verticalidad de la Jerarquía militar. “El jefe del
Estado Mayor era criticado abiertamente por la oficialidad media.”142
"Por ese entonces, ya no quedaban dudas de que el Regimiento de Infantería 14 con
asiento en Córdoba, donde se había refugiado Barreiro, se mantenía autoacuartelado y
dispuesto a resistir la entrega del camarada".143
Para completar un cuadro de inquietudes y amenazas, a las 22.35 del miércoles
explotó una bomba en la sede de la filial Córdoba de la “Liga por los Derechos del Hombre”
en el barrio de Alta Córdoba y, horas más tarde, balearon un restaurante porteño adonde
cenaban dirigentes radicales.144
Ante este cuadro de situación el jefe del Ejército, Ereñú reconocería ante el presidente
el fracaso de la política de “batalla judicial”145 dispuesta para las Fuerzas en tanto que aceptó
139 Ferrari, Alberto, “La ley de más fuerte”, en Revista El Porteño, Año VI, N°65, Buenos Aires, Cooperativa de Periodistas Independientes Ltda., mayo 1987, Col 1 pág. 40. 140 Greco – González, Op. cit., pág. 31. 141 Sallas, René, “De qué se lo acusa” en Revista GENTE, N° 1135, abril 1987, pág., 28: “(…) está acusado ante la Justicia de, por lo menos, un homicidio y varios casos de aplicación de tormentos. La Justicia lo había citado para tomarle declaración indagatoria, citación a la que Barreiro no concurrió lo que la valió ser dado de baja de las filas del ejército […] El servicio de Paz y Justicia de Córdoba presentó pruebas testimoniales que lo involucran en la privación ilegal de la libertad y posterior asesinato de María Luz Mugica de Ruarte (…)”. 142 López, Ernesto, Op., cit., pág. 74. 143 Greco - González, Op. cit., pág. 22. 144 Ibídem, pág.41. 145 Battaglino, Jorge: “La política militar de Alfonsín: la implementación del control civil en un contexto desfavorable” En: Gargarella, Roberto; Murillo, María Victoria; Pecheny, Mario (Comps), Discutir Alfonsín,
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mantenerse en el cargo por pedido del propio jefe de Estado durante el tiempo que demandara
el sofocamiento de la rebelión militar.146
Alfonsín, que había decidido pasar la Semana Santa descansando en Chascomús,
debió regresar a la Capital ante la gravedad de los acontecimientos. Con el apoyo del
peronismo renovador el gobierno lanzó una campaña de difusión por los medios promoviendo
las movilizaciones populares en defensa de la Democracia en todo el país.
Para el gobierno, era la hora de poner en práctica el plan de contingencia.
El desarrollo y el desenlace de la insurrección de Córdoba generaron varios
interrogantes en torno al amparo y la huida de Barreiro del Regimiento 14 confirmada a las 3
de la tarde del viernes 17.147
Amén de las responsabilidades que le habrían correspondido al jefe de la Unidad que
lo cobijó, teniente coronel Luis Polo, cabe cuestionarse si realmente se trató de una fuga o si
tal vez, la desaparición del acusado, fue parte de las condiciones negociadas para resolver la
crisis generada en la guarnición mediterránea. El Juez habría concedido un plazo de 3 o 4
horas al teniente coronel Polo para que hiciera efectiva la entrega del acusado148, pero,
finalmente a las 16:50 Gustavo Becerra Ferrer anunció que a partir de ese momento, Barreiro
era un prófugo de la justicia. ¿Por qué razones el juez Ferrer habría concedido el plazo tan
extenso para la entrega del prófugo? ¿Por qué no se adoptaron las medidas de prevención
necesarias para que Barreiro no huyera del cuartel? Por su lado; “El jefe del III cuerpo
también explicó que Barreiro había huido armado con una pistola y una escopeta Itaka. Polo
es otro de los oficiales superiores relevados como resultado de la rebelión iniciada por
Editorial Siglo XXI, Buenos Aires, 2010, pág. 178; “La estrategia del gobierno radical, apoyada por los altos mandos del Ejército, parecía ser sobrepasada por el nivel de activismo y de solidaridad horizontal que existía entre la oficialidad joven y media. El jefe del Ejército en 1987, general Ríos Ereñú, había aceptado la generalización de los juicios porque consideraba que era una manera de ganar tiempo hasta que se alcanzara la ansiada solución política de la revisión del pasado. Sin embargo, no contaba con el apoyo de gran parte de los subordinados que la consideraban una forma de legitimar la política de juicios de Alfonsín. […] La cadena de mandos – piedra angular de la cohesión militar- se había quebrado. Solo faltaba un detonante para la revuelta.” 146 Pucciarelli, Alfredo, “La República no tiene Ejército. El poder gubernamental y la movilización popular durante el levantamiento militar de Semana Santa” en Pucciarelli, Alfredo, Op. cit., pág.121. 147 Ibídem, pág. 76. 148 Ibídem., pág. 78.
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Barreiro (…)”.149 Para sus superiores, ningún argumento parecía poder eximir su
responsabilidad en los hechos.
Entre tanto, algunas fuentes señalan la presencia del cardenal Primatesta en el
regimiento cordobés donde se encontraba recluido el prófugo de la justicia quien se habría
retirado sin hacer declaraciones.150
La explicación del conflicto se encontraba dentro del cuerpo del Ejército. Todo
indicaba que se había producido una ruptura en la cadena de mandos, es decir que quienes
debían ser obedecidos no contaban con la subordinación de quienes estaban rebelados o en
estado de sedición. En tanto que, para colmo de males, durante la tarde del jueves, algunas
informaciones periodísticas empezaron a dar cuenta de que un grupo de efectivos auto-
convocados habían acudido a las instalaciones de la Escuela de Infantería de Campo de Mayo
y se hallaban en estado deliberativo.
3.2 El levantamiento carapintada y la toma de Campo de Mayo
El teniente coronel Aldo Rico abandonó su puesto de mando a cargo del Regimiento
18 de Infantería en la localidad misionera de San Javier para trasladarse a la Escuela de
Infantería de Campo de Mayo. Al atardecer del jueves 16 se puso al frente de los allí auto-
convocados151 presentándose ante el director del Instituto, coronel Luis Pedrazzini, y
manifestándole la solidaridad del grupo por la situación del mayor Barreiro y el teniente
coronel Polo.152
149 Diario Clarín, Año XLII, Nº 14.792, Buenos Aires, Sábado 18/04/ 1987, pág. 2. 150 Grecco – González, Op. cit., pág. 55. 151 Ibídem, pág. 69: Durante la ausencia del jefe de la unidad, Rico había decidido ponerse al frente de la ocupación de la Escuela de Infantería. Finalmente, acompañado de varios soldados armados, le habría expresado al coronel a cargo: “Me he hecho cargo de la escuela. Estamos dispuestos a todo. No intente nada, Pedrazzini. No quiero matar a un superior que aprecio”. Ante esta situación Pedrazzini se retiró para presentar su pedido de relevo ante el general Vidal y Rico tomó el mando de la Unidad. 152 Ibídem, pág. 48; “El titular de la escuela cayó entonces en la cuenta de que esos hombres querían ponerse a sus órdenes para encabezar la rebelión y no para restaurar la verticalidad de la cadena de mandos”.
55
Las demandas de los rebeldes conocidos como “carapintadas”153 exigían una “solución
política” para los juicios sobre derechos humanos, la remoción de la jerarquía del Ejército y
sus propios indultos.154 En este contexto, los insurrectos van a expresar que se consideraban
extinguidas las esperanzas de que la actual conducción pusiera fin a las injusticias y a la
humillación que sufrían las Fuerzas Armadas al tiempo que exigían una “solución política a
un hecho político como lo es la guerra contra la subversión”.155
Como parte de las medidas previstas para la defensa de la Democracia, Alfonsín va a
convocar a una sesión extraordinaria y a pronunciar un célebre discurso en el Congreso de la
Nación156 a donde se había congregado una multitud auto-convocada en defensa de la
Democracia (que algunas fuentes señalan) cercana a las 300.000 personas. En aquel discurso,
el Presidente declara que; “la democracia de los argentinos no se negocia” al tiempo que
agregaba que; “[…] así como se terminó para siempre el tiempo de los golpes militares,
también se terminaron las presiones, los planteos, los pronunciamientos y toda otra forma de
condicionamiento político basado en la amenaza o en el uso de la fuerza.”157
Consecuentemente con sus palabras que expresaban la voluntad del gobierno de no
negociar con los rebeldes, el Presidente convocó a una reunión de comandantes durante la
mañana del viernes para organizar la represión.158 Los oficiales, al principio renuentes, luego
aceptaron el plan.159 Pero el viernes por la noche se van a confirmar los peores pronósticos; la
ruptura de la cadena de mandos parecía haberse generalizado y el plan represivo naufragaba.
153 López, Ernesto, Op. cit., pág. 80. Los “carapintadas” se esforzaron por asumir una identidad de combatiente de Malvinas al tiempo que evitaban identificarse con la lucha antisubversiva. Sin embargo, luego del Comunicado n°1, realizaron una vigorosa defensa de lo actuado en la lucha contra la subversión durante las negociaciones transcurridas. 154 Tedesco, Laura, Alfonsín. De la esperanza a la desilusión. Buenos Aires, Editorial del Nuevo Mundo extremo S.A., 2011, pág. 125. 155 López, Ernesto, Op. cit., pág., 77. 156 Discurso completo en: http://lanic.utexas.edu/larrp/pm/sample2/argentin/alfonsin/872980html 157 Pucciarelli, Alfredo, “La República no tiene Ejército…”, en Pucciarelli, Alfredo, Op. cit., pág., 123. 158 Los detalles de la reunión en Grecco – González, Op. cit., pp. 91-94. 159 Diario Clarín, Año 17; N° 14.792, Buenos Aires, sábado 18 de abril de 1987; "Las fuentes consultadas por Clarín señalaron que el general Ernesto Alais, comandante del II Cuerpo con asiento en Rosario, asumió durante la reunión <un compromiso sin titubeos y un total repudio de la intentona que se estaba llevando a cabo>. En la energía y vehemencia de la exposición fue acompañado por el titular del IV Cuerpo de Santa Rosa, La Pampa, general Juan Carlos Medrano Caro. La misma actitud demostraron - pero poniendo de manifiesto los problemas que enfrentaban en las grandes unidades de batalla bajo su mando - los generales Enrique
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A pesar de ello, al día siguiente, el diario Clarín del sábado 18 daría cuenta de una
optimista puesta en escena favorable al orden y a la subordinación dentro del cuerpo de
Ejército en función de su alistamiento para restablecer el orden de mandos por la fuerza: "Los
efectivos del Ejército al mando del general Alais iniciarían por la mañana las acciones para
desalojar a los militares rebeldes que resisten en Campo de Mayo".160
El viernes a la mañana, unas dos mil personas estuvieron a punto de penetrar
desarmadas en la Escuela de Infantería empujando y refregándose contra los uniformados con
los rostros tiznados que forcejeaban por impedirles el acceso.
Por otra parte, el intendente de San Isidro Melchor Posse y los senadores radicales
Adolfo Gass y Ricardo Lafferiére intentaron persuadir a Rico pero sin consecuencias.161
En un día feriado en el cual no circulaban los diarios162, los periódicos ni las revistas,
los sublevados tuvieron su espacio de difusión en vivo y en directo a través de los micrófonos
del programa radial matutino “Cordialmente” conducido por Juan Carlos Mareco y emitido
por Radio Mitre.163 Para disgusto del presidente de la cámara de Diputados (entre otros
políticos que expresaron su repudio), Rico manifestó a la audiencia su apoyo a la situación de
Barreiro y a su gente, al tiempo que expresó; “Hemos tomado esta actitud para reclamar una
solución… una solución política al problema de las secuencias de la guerra contra la
subversión”.164
Ese mismo viernes, por la tarde, los oficiales rebeldes con Rico a la cabeza, ofrecieron
una desordenada conferencia de prensa en donde proclamaron sus exigencias.165 Las
consignas de los sublevados conocidas como el comunicado n°1 fueron difundidas a través de
unos panfletos mimeografiados titulados “A todos los argentinos de buena fe” en el cual
Bonifacino (V Cuerpo, Bahía Blanca), Antonio Fichera (III Cuerpo, Córdoba), y el director de Instrucción del Ejército, Naldo Dasso". 160 Ibídem, (copete del título pp. 2-3: “Cercan a los rebeldes en Campo de Mayo y se rindieron en Córdoba”) 161 Verbitsky, Horacio, Civiles y Militares…, Op., cit., pág., 250. 162 Con algunas excepciones como los vespertinos capitalinos Crónica y La Razón que, ante la gravedad de los hechos, sacaron sus ediciones el feriado de viernes santo. 163 El diálogo completo en Grecco - González, Op., cit., pp. 85-89. 164 Ibídem, pág. 85. 165 OPERACIÓN DIGNIDAD II - Semana Santa 1987 "Parte 2", en internet: http://www.youtube.com/watch?v=z3WijgSxG4A
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justificaban su accionar en un lenguaje llano al tiempo que exhortaban a la población a “no
dejarse engañar, a no dejarse usar y a no dejarse arrastrar” por las “campañas publicitarias
del olvido y la confusión”.166 El comunicado constaba de 5 puntos, entre los que se destacan
el “apoyo de la postura adoptada por el mayor Barreiro y los camaradas y las unidades que
la defienden”; la denuncia contra lo que fue considerado por parte de los insurrectos como un
“feroz e interminable ataque” que ha generado indisciplina interna y el “desprestigio de las
Fuerzas Armada. […]“se exigía una solución política que corresponde a un hecho político
como es la guerra contra la subversión” además, el punto 4 enunciaba el nombre de las
unidades que habrían asumido una misma actitud en Córdoba, Tucumán, Misiones, Neuquén
y Santa Cruz; y por último se hacía responsable (impersonalmente) a “ellos” por las
consecuencias que pudiera conllevar cualquier intento de represión.167
Complementariamente, el diario Clarín del sábado 18 relataba de la siguiente forma lo
sucedido durante el día anterior en la unidad militar sublevada de Campo de Mayo:
“Una media docena de oficiales y suboficiales fuertemente armados y con los rostros
entintados de negro y verde eran la custodia visible […]. Uno de los oficiales se aproximó a
los periodistas y entregó un volante mimeografiado y de pequeño tamaño que decía: “A todos
los argentinos de buena fe, no se dejen engañar, esto no es un golpe de Estado, es un
problema interno de las Fuerzas Armadas. No somos nazis ni fundamentalistas. Los juicios
son anticonstitucionales (artículo 18), la guerra es un hecho político y la solución debe ser
política, no jurídica. Su seguridad nos costó mucha sangre. No negociaremos con los
testaferros de la guerrilla. No se dejen usar!”168
A pesar de las frases que intentaban justificar el acto de insubordinación, las palabras
no podían esconder la consagración de un acto de rebeldía por parte de los amotinados que, a
pesar de querer presentarlo como un problema interno dentro de la Fuerza, para muchos
166 Copia del documento en Grecco – González , Op. cit., Anexo documental, pág. 239. 167 Diario La Prensa, “La evolución de los hechos en la unidad militar sediciosa”, Año 118, n° 40.562, Buenos Aires, sábado 18 de abril de 1987, pág. 5, Col, 2. 168 Diario Clarín, Año XLII, n° 14.792, Buenos Aires, sábado 18 de abril de 1987, pág. 4, col, 4.
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argentinos escondía una verdadera amenaza contra las instituciones que podía derivar en un
golpe de estado.
A las 15.49 del viernes 17 se presentó ante el regimiento sublevado el juez Federal de
San Isidro Piotti informando que había ido a efectuar una intimación. El juez exigió a Rico y a
los oficiales a su cargo que abandonaran el lugar en un plazo de veinte minutos bajo
apercibimiento de hacer uso de la fuerza pública para desalojarlos. Rico se negó a firmar la
notificación. Vencido este plazo, el juez redactó una segunda intimación de cumplimiento
inmediato, pero Rico tampoco se dio por enterado.
Un rato más tarde el juez se dirigió al ministro de Defensa, Jaunarena, para informarle
lo sucedido.169
Finalmente, luego de conocerse la noticia de la inexplicable fuga del mayor Barreiro
se supo que el Regimiento 14 de Córdoba se había rendido, lo cual fue muy festejado,
especialmente, en la capital de la provincia.
Sin embargo, la situación no estaba controlada. En una reunión durante la madrugada
del sábado, Arosa le habría confesado a Alfonsín el estado de su cuerpo en estos términos:
“La Armada no intervendrá, pero si lo hace será a favor de los rebeldes; esto debo
reconocerlo con mucho dolor señor presidente”.170
Por otro lado, se supo que las dificultades para movilizar a las tropas hacia Campo de
Mayo eran ostensibles al tiempo que los rebeldes obtenían cada vez más adhesiones.171
El sábado por la mañana se produjo un primer encuentro entre el jefe del Ejército,
Ereñú y el jefe de los amotinados, Rico. La reunión172, que no arribó a ningún resultado
satisfactorio, se caracterizó por el alto tenor de enfrentamiento verbal llevado a cabo por las
partes, que sólo sirvió para que Rico acrecentara sus adhesiones al interior de la fuerza y para
que, a su regreso a Campo de Mayo, pudiera avistar desde el helicóptero el campamento de
las tropas de Alais apostadas en Zárate. El desvío le había servido al teniente coronel para
169 Grecco – González, Op. cit., pp. 113-114. 170 Ferrari, Alberto, Op. cit., pág. 41, Col 3 171 Grecco – González, Op. cit., pág., 171. 172 Ibídem, pp. 128-131.
59
verificar que, si bien la prensa exageraba, desde lo alto se podía comprobar que las tropas y la
artillería desplegadas (9 camiones con cañones y 12 tanquetas con ametralladoras), eran
suficientes para poder volar toda la escuela. Sin embargo, confiaba en que no serían
atacados.173
En tanto, las tropas leales parecían extremadamente lentas en su desplazamiento.
Algunas fuentes atribuyeron la demora del general Alais en llegar a Campo de Mayo al
exhaustivo control de explosivos que realizaba personalmente sobre los puentes de la ruta
retardando el despliegue de las tropas174. Sin embargo, al llegar a Zárate el viernes a la noche,
a tan sólo 50 kilómetros del objetivo, el general Alais, “se adelantó a la tropa y se fue a
dormir al Hotel Plaza, el mejor de Zárate”175
Algunos recordaron con desagrado que el general “leal”, tenía un frondoso currículum
negro dentro de la formación de su carrera176 y que además era cuñado de Carlos Guillermo
Suárez Mason, ex titular del Primer Cuerpo, prófugo de la justicia. Hasta tal punto llegaban
las contradicciones en las que estaba envuelto el gobierno.
Durante una reunión realizada entre los mandos más concentrados del poder leal
compuesta por Ríos Erenú, (jefe del Ejército), Mario Sanchez (sub jefe del Ejército), Naldo
Dasso (director de Institutos militares) y Ernesto Alais (comandante del II Cuerpo), con vistas
a instalar el cuartel de comando, los generales se enteraban que los oficiales de las escuelas de
Caballería, Artillería, Comunicaciones, de Suboficiales Sargento Cabral, de Apoyo de
Combate General Lemos y del Colegio Militar no reprimirían. Al tiempo que, ante la pregunta
de Ríos Erenú sobre el estado de la tropa, el cuñado de Suárez Mason confesaba; “La mayoría
está con Rico y no me van a dar bola si hay que ir al frente”.177
173 Ibídem, pp. 138-139. 174 Ibídem, pág.134. 175 Soriano, Osvaldo, “Crónica de una Pascua inolvidable” en Revista El Porteño, Año VI, n° 65, Buenos Aires, Mayo 1987, pág. 37, col 1. 176 Grecco – González, Op. cit., pp.132: Se había desempeñado como jefe del Regimiento 19 de Infantería que actuó en Tucumán bajo las órdenes del general de brigada Adel Edgardo Vilas y, en 1976, había estado bajo el mando del general Antonio Domingo Bussi. 177 Ibídem, pág., 143.
60
A pesar de ello, siendo las 10.40 del sábado, Alfonsín declaraba con optimismo frente
a las cámaras de ATC que, ante la situación presentada, se estaba; “procurando evitar un
derramamiento de sangre”, y confiando en que la crisis terminaría en aquella jornada. Ante la
pregunta por la demora de los desplazamientos de las tropas leales, el presidente respondía;
“Las unidades del Ejército que se desplazan hacia Campo de Mayo están dando un
comportamiento ejemplar […]” Por último, el periodista le habría preguntado si creía que
este tipo de cosa fortalecían a la democracia, a lo que el primer mandatario respondió:
“Pienso que esto hubiera sido mucho mejor que no sucediera, pero de todos modos la
evolución de todos esto significará que la democracia sigue fortalecida”.178
Un rato más tarde, en la Casa de Gobierno, Alfonsín recibía el respaldo de los líderes
de la CGT en una reunión que se prolongó durante media hora y en la cual, los gremialistas
informaron al presidente las intenciones de convocar a un paro nacional para el lunes próximo
en apoyo al sistema.179
Por su parte, luego de 60 horas de producidos los acontecimientos de Córdoba, la voz
oficial de la Iglesia católica (el Episcopado)180 va a pronunciarse en favor del sistema
democrático a través de un comunicado emitido poco después del mediodía por la Comisión
Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina. 181
Las reuniones en las más altas esferas políticas, sociales y militares se sucedían
nerviosamente unas tras otra en la casa Rosada y en Campo de Mayo. En ellas se analizaban
los pasos y las medidas a seguir a partir de las informaciones y de los rumores que se
manejaban sobre el desarrollo de los hechos. Sin embargo, el día sábado habría de transcurrir
sin que el conflicto pudiera destrabarse.
A las 18.00, Jaunarena junto con el general Vidal aguardaron la presencia de Rico en
el despacho de la Dirección de Institutos Militares182. Las demandas de Rico no sorprendieron
178 Ibídem, pp. 136-137. 179 Diario La Nación, Año 118, n° 41.656, Buenos Aires, 19 de Abril de 1987, pág. 17. 180 Marimón, Antonio, “Crónica de Abril” en Revista El Periodista, Año 3, n° 137, Buenos Aires, Ediciones de la Urraca, del 31 de julio al 06 de agosto de 1987 pág. 37, col. 2: “[...] el Episcopado, poco después de las 14 del sábado – con evidente lentitud de reflejos – emitía un documento de apoyo al orden constitucional […]”. 181 GRECCO, Jorge - GONZÁLEZ, Gustavo, Op. cit., pág., 144. 182 Verbitsky, Horacio, Civiles y Militares…, Op., cit., pág., 251; “[…]Rico le presentó un pliego con cinco reclamos: relevo de Ríos Ereñú, designación del sucesor entre cinco nombres suministrado por ellos, solución
61
al ministro; “Nosotros no queremos dar un golpe de Estado ni atacar las instituciones de la
Nación. Solamente, queremos que de una vez por todas se termine con el tema de los juicios”,
exigió el teniente coronel al ministro de Defensa de la nación. Por otro lado, el insurrecto
volvió a quejarse por la campaña de comunicación en su contra que; “no ayuda en nada a
lograr una solución”. Rico, erigido en una especie de líder gremial de los oficiales y
suboficiales, reclamó a Jaunarena por la situación de los; “hombres del Ejército [que] están
destrozados anímicamente a raíz de los juicios pero también por la conducción del
generalato. Nos están entregando y ellos siguen con sus negociados”, habría expresado el
amotinado. Por su parte, el ministro adelantó a Rico que Ereñú permanecería en su cargo
durante el tiempo que se prolongara el conflicto. A pesar de la negativa del ministro a discutir
sobre el sucesor del jefe del Ejército, el líder carapintada se animó a sugerirle sus
preferidos.183
3.3 La respuesta de los distintos actores sociales: el pueblo, las organizaciones sindicales y
los partidos políticos.
Si hay algo verdaderamente admirable de los acontecimientos de aquella “Semana
Santa” fue la reacción de la sociedad en su conjunto frente a la amenaza de quiebre del orden
constitucional que profirieron los sublevados militares. Para tomar dimensión de la masividad
con la que el pueblo y distintos sectores de la sociedad argentina respondieron al llamado en
defensa de la Democracia llenando las plazas alcanza con ver cualquier tapa de los diarios de
la época. Por ejemplo, en la tapa matutina del diario “La Nación” del sábado 18 de abril
puede observarse una gran fotografía con la imagen de la Plaza frente al Congreso
completamente colmada de gente y carteles políticos. El estado de alerta y movilización
popular en defensa del orden democrático fue una constante desde el principio del conflicto
política para los oficiales que participaron de la guerra sucia, retrotraer la situación al martes 14 y no aplicar sanciones por la rebelión”. 183 Grecco – González, Op. cit., pp. 157-159. Los nombrados fueron; el general de brigada Augusto José Vidal, el director del instituto de Perfeccionamiento del Ejército; el general de brigada Juan Manuel Tito, jefe de la brigada Blindada I, con asiento en Tandil; el general de brigada Fausto González, a cargo de la Brigada Aerotransportada IV de Córdoba, reemplazando al relevado coronel Juan Riecken; el coronel Isidoro Bonifacio Cáceres, jefe de Operaciones del Estado Mayor General; y el coronel Heriberto Justo Auel, titular de la IX Brigada de Infantería Mecanizada, con asiento en Río Gallegos.
62
hasta el domingo de Pascuas donde la Plaza de Mayo y las principales plazas del país fueron
colmadas por multitudes movilizadas en las calles. Tal vez, la respuesta social, ha sido el
único factor estable dentro de un escenario cambiante e imprevisible.
Del mismo modo se vivió (con campamentos de guardias nocturnas) en las principales
plazas del país desde el comienzo del conflicto hasta su desenlace el domingo 19 de Pascua
por la tarde.
La respuesta social frente al conflicto fue reforzar el estado de alerta y movilización en
defensa de las instituciones y del sistema democrático, por parte del gobierno y de las
distintas fuerzas multisectoriales. En tal sentido, Raúl Borras, dijo: “(…) la única alternativa
válida ante un intento golpista es la de concentrar la mayor cantidad de personas posibles en
la Plaza de Mayo para demostrar, por un lado, el poder del Gobierno, y por el otro, el grado
de aislamiento en que quedarían quienes intentasen esa carta”.184
La mayoría de los partidos políticos acordaron convocar a una concentración a
realizarse en la Plaza de Mayo para el domingo de Pascua a partir del mediodía. Durante
aquella mañana, se suscribiría una declaración de “garantías del sistema democrático” entre
diversas organizaciones multisectoriales y el gobierno nacional185. El acuerdo destinado a
ofrecer un instrumento multipartidario y multisectorial que comprometiera a los adherentes a
alinearse en un frente común en defensa del orden constitucional amenazado, fue denominado
“Acta de Compromiso Democrático” y la comisión redactora estuvo a cargo de los diputados
Cesar Jaroslavsky de la U.C.R y José Luis Manzano del P.J. 186
184 Revista Somos, Año 4, n° 522, Buenos Aires, Editorial Atlántida, 22 Abril, 1987, pág. 8 185 Diario Clarín, Año XLII, N° 14.794, Buenos Aires, 20 de abril de 1987, Buenos Aires, pág. 11: Acta de Compromiso Democrático. “Los abajo firmantes, dirigentes y representantes de todas las fuerzas políticas y sociales, de los bloques legislativos, de la Confederación General del Trabajo, de las organizaciones empresarias de la República, ante la situación de rebeldía y amenaza al orden constitucional, suscriben el presente compromiso democrático, declarando: 1) Que reiteran su firme e inexorable decisión de apoyar con todas las acciones a su alcance la vigencia irrestricta de la Constitución Nacional, del normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado y la democracia como único estilo de vida para los argentinos, confirme a la soberana voluntad popular libremente expresada. 2) Que condenen todo intento de subvertir estos postulados y reiteran que ninguna presión o amenaza puede torcer nuestra inflexión decisión de cumplir la ley. 3) Que la reconciliación de los argentinos solo será posible en el marco de la Justicia, del pleno acatamiento a la ley y del debido reconocimiento de los niveles de responsabilidad de las conductas y hechos del pasado.” 186 Marimón, Antonio, Op., cit., pp.37-38:”Patricio Echegaray firmó <con reserva pública>, en tanto negaban suscribirlo el MAS, el PO, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y la Comisión de Familiares de
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Desde la oficialidad se buscó lograr atraer a la mayor cantidad de ciudadanos posibles
a la movilización en la Plaza de Mayo, por lo tanto la Municipalidad de Buenos Aires dispuso
el libre estacionamiento en el microcentro y, además, se suspendieron diversas actividades
recreativas como las carreras en el hipódromo argentino y los partidos de fútbol. El Ministerio
de Obras y Servicios Públicos confirmó que se había dispuesto que los servicios urbanos y
suburbanos del transporte de pasajeros fueran prestados en forma gratuita con destino a la
Plaza de Mayo.
Dentro del ámbito educativo la respuesta fue inequívoca en favor del sistema
democrático. La Federación Universitaria Argentina (FUA) resolvió mantener ocupadas todas
las casas de estudio y convocar a toda la ciudadanía a concurrir a la Plaza de Mayo a respaldar
la democracia.187
Por otro lado, el apoyo del exterior para el gobierno argentino fue prácticamente
unánime. El presidente norteamericano Ronald Reagan envió un mensaje a su colega
argentino afirmando que “uno de los pilares de la política exterior del gobierno de Estados
Unidos es el apoyo a las instituciones democráticas de América Latina”. El presidente
francés, Francois Mitterand, se comunicó telefónicamente con Alfonsín para expresarle su
solidaridad. Lo mismo hicieron el presidente español, Felipe González, el ministro de
Relaciones Exteriores de Italia, Giulio Andreotti; los mandatarios de Suiza, Pierre Auberto; de
Grecia, Andrea Papandreu, y el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Shimon Peres.
Las declaraciones en favor del sistema democrático de los presidentes de México, Miguel de
Lamadrid; de Perú, Alán García; de Cuba, Fidel Castro; de Brasil, Sarney y de Uruguay
Sanguinetti, serían, junto con el “apoyo al presidente argentino” manifestado por la URSS,
componen una larga lista de adhesiones de personalidad y organismos internacionales al
Detenidos y Desaparecidos. […] el punto tercero no sólo era el que despertaba un debate interno en el FREPU, sino que abría una de las coberturas para resolver la crisis […]” 187 Diario La Nación, Año 118, n° 41.656, Buenos Aires, 19 de Abril de 1987, pág. 19:“(…) la FUA convoca a: 1) sesión permanente de todos los consejos académicos y superiores de las universidades, 2) mantener abiertos durante las 24hs todos los centros de estudiantes del país, 3) todos los estudiantes a movilizarse en defensa de la democracia, manteniendo ocupadas las casas de estudio junto a docentes y graduados”.
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sistema de gobierno constituido en nuestro país que representó una verdadera victoria de la
diplomacia consular del gobierno radical.188
Finalmente, en la tarde del domingo de Pascuas, se había cumplido con el objetivo
político de lograr movilizar masivamente al pueblo a la Plaza de Mayo y a los principales
centros del país en defensa de la Democracia. Por cierto, el pueblo respondió
incondicionalmente a la convocatoria. Los partidos políticos, las organizaciones de derechos
humanos y sindicales, la sociedad independiente en su conjunto salían mayoritariamente a las
calles a defender sus propios derechos. Como afirmó un escritor de la época; “Por primera
vez ninguno de los partidos, incluidos la UCD y los de izquierda faltaron a la cita que el
gobierno lanzó por radio y televisión. Nadie especuló sobre quienes podrían capitalizar los
réditos”.189
En tanto, otro medio daría cuenta que;
“(…) hubo coincidencias entre los representantes de las distintas corrientes
ideológicas en que había necesidad de acercarse al paseo. Así pudo observarse la presencia
de manifestantes pertenecientes tanto al Partido Intransigente como a la Unión del Centro
Democrático. Sin embargo, la mayor afluencia se notó a partir de la convocatoria realizada
por el comité capital de la Unión Cívica Radical.” 190
Por su parte, luego del desenlace, el diario La Razón plasmó en los títulos de la 6ta
edición del domingo a la tarde la participación del pueblo como actor principal de los
acontecimientos; “Los sublevados se rindieron ante Alfonsín”; “EL PUEBLO DEFENDIÓ
LA DEMOCRACIA” con letras negras sobre la foto de una multitud reunida en la Plaza de
Mayo. Una multitud había asistido a la Plaza de Mayo para defender, entre otras cosas, el
estado de Derecho y el normal funcionamiento de las instituciones democráticas.
En las plazas de las principales ciudades de las provincias del país pudo observarse
también el alto grado de compromiso de la ciudadanía con la defensa de la Democracia y del
188 Grecco – González, Op. cit., pp. 161-163 189 Soriano, Osvaldo, Op. cit., pág. 36, col 1 y 2. 190 Diario Clarín, Año XLII, n° 14.792, Buenos Aires, 18 de abril de 1987, Buenos Aires, pp. 2,3
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estado de Derecho; todos parecían estar dispuestos a defender pacíficamente lo conseguido
hasta el momento.191
Por su parte, los gobernadores provinciales, consustanciados con las medidas tomadas
por el Poder Ejecutivo nacional, decidieron convocar a las principales plazas del país en
apoyo al sistema.192
En Rosario, se concentraron más de 45 mil personas hasta la aparición presidencial; lo
mismo ocurrió en la capital mendocina que hizo uso de la sirena del diario local “La Unión”
al oficializarse la noticia del restablecimiento del orden en Campo de Mayo.
La ciudad de La Plata estuvo desierta durante todo el domingo ya que su población
política y gremial se había dirigido a la concentración de Plaza de Mayo.
El acto en la ciudad de Resistencia contó, también, con gran adhesión popular, al igual
que el resto del país, y Misiones, en donde más de 10.000 personas se congregaron en la Plaza
9 de Julio.
En Neuquén, el acto en defensa del estado democrático se recuerda como la
movilización más grande en la historia de esta provincia. Los cálculos oscilaron entre 40.000
y 50.000 personas. Se formó un cordón humano alrededor de la Casa de Gobierno, como un
símbolo de defensa de la democracia. La manifestación, realizada con pancartas partidarias,
fue encabezada por los dirigentes de las principales agrupaciones políticas.193
La posición que adoptaron muchos de los partidos políticos frente al conflicto fue de
adhesión irrestricta al sistema democrático. A través de las distintas declaraciones públicas
reproducidas por medios del momento veremos las concurrencias y los matices que
expresaron entre sí en relación a la insurrección militar.
El comité nacional la Unión cívica radical calificó de “pequeño grupo de
conspiradores” al ex mayor Barreiro y a los militares que lo apoyaron en su decisión de no
191 Rozitchner, León, “Las masas en Semana Santa”, en Revista Crisis, n°54, Buenos aires, Editorial Ideas, Letras, Artes en la crisis, octubre, 1987, pág. 14, col 1.”El segundo colectivo fue el civil, más amplio y más espontáneo, que inundó las plazas de las principales ciudades del país y mostró que el problema fundamental pasaba por otro lado. Esta masa aparece en el campo político enfrentando a los sublevados militares en defensa de la Constitución y la Ley, contra el ejercicio de la mera fuerza de las armas”. 192 Diario La Razón, Año 83, n° 28007, Buenos aires, 19 de abril de 1987, pág. 6:“En todas las Provincias el Pueblo se moviliza”. 193 Diario Clarín, Año XLII, N° 14.794, Buenos Aires, 20 de abril de 1987, Buenos Aires, pp.,18-19.
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presentarse ante la Justicia, a la vez que los acusó de pretender nuevamente “establecer el
divorcio entre las instituciones castrenses y el pueblo”. Por otra parte, el consejo nacional del
Partido Justicialista expresó que; “la anacrónica rebeldía de algunos puede afectar la
estabilidad de las instituciones republicanas y debe por eso mismo ser lamentada y
repudiada”. El Movimiento de Integración y Desarrollo respaldó con firmeza la vigencia del
orden constitucional, “ya que no desea que se repitan experiencias de desestabilización que
siempre fueron muy dolorosas”. De todas formas, la agrupación, aunque no lo justificó, dijo
que, lo ocurrido; “es consecuencia de los errores del Gobierno en su política respecto de las
Fuerzas Armadas”. El Partido Comunista, por su parte, a través de un telegrama enviado al
presidente de la República, expresó su reprobación por los “actos sediciosos de jefes
militares, alentados por el punto final y las actitudes conciliadoras del Poder Ejecutivo” y, al
mismo tiempo, “reclama drásticas medidas de depuración de elementos golpistas.”
El Movimiento al Socialismo conducido por Luis Zamora sostuvo en un comunicado
que el acto de desobediencia en Córdoba “es una prueba más de que es necesario cambiar
todos los mandos militares como primer paso hacia la democratización de las Fuerzas
Armadas”. En tanto que, el Partido Demócrata Cristiano manifestó que “deben adoptarse las
medidas enérgicas necesarias” para actitudes como las del ex mayor Barreiro.
Por otro lado, la legisladora “ucedeista” María Julia Alsogaray, “objetó la
convocatoria y dijo que el Gobierno “está intranquilizando a la población con el uso de los
medios oficiales de comunicación”. En tanto, opinó que: “no es serio llamar a la población
por un mayor y 15 oficiales que se rebelaron” y agregó que la solución del conflicto “la tiene
que dar el presidente de la Nación por la vía institucional que corresponde”.
Por último, la voz de Oscar Alende (líder del Partido Intransigente), expresó: “El
hecho de haber juntado un jueves Santo a una 300 mil personas indica que todo el país civil
estuvo rodeando al presidente de la República en defensa de la democracia, pero no en
contra de las Fuerzas Armadas”. 194
194 La Nación, Año 118, N° 41.465, Buenos Aires, Sábado 18 de abril de 1987, Buenos Aires, pág. 11
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Una vez concluido el conflicto, las voces de los principales líderes políticos y sociales
siguieron expresando su apoyo al sistema democrático.195
Por otra parte, un nutrido grupo compuesto mayoritariamente por militantes de
partidos de izquierda y organizaciones sociales, se habían movilizado frente a Campo de
Mayo donde enfrentaban a los carapintadas.
“[…] Desde el aire, una voz ordena retirarse. La respuesta es <¡El pueblo no se va,
el pueblo no se va!> […] Jesús Rodríguez, megáfono en mano, intenta calmar los ánimos.
Trata de explicar dos cosas: primero, que es necesario mantener la calma. Segundo que
<aquí no se está negociando la democracia>. Imposible. Lo interrumpen los gritos de un
grupo encaramado en uno de los pilares del portón (…) se suben al techo de un auto
estacionado frente a la Escuela. Comienzan a saltar al grito de <Paredón, paredón, para los
milicos que vendieron la Nación>”.196
El clima de mayor tensión se vivió una vez que el grito “se rindieron” fue escuchado
por la multitud allí reunida. “<¡Hay que entrar!> …a las seis y cuarto solo quedan grupos
aislados pero dispuestos a todo. Toman una valla de metal y usándola como ariete rompen un
pedazo de mampostería. Comienzan a patear un portón hasta romperlo.”197 Las autoridades
decidieron utilizar a la Guardia de Infantería de la Policía de Buenos Aires que usó gases
lacrimógenos, escopetas itakas con balas de goma y bastones largos para reprimir la
movilización frente a la Escuela de Infantería hasta lograr su disolución.
195 Diario Clarín, Año XLII- n° 14.795, Buenos aires, martes 21 de abril de 1987, pág. 9: Guillermo Alchourrón (titular de la Sociedad Rural): “Debemos estar orgullosos de la actitud del presidente Alfonsín, que fue definitoria para lograr este final. Si bien nadie pensaba que hubiera una posibilidad de golpe de Estado que podría cambiar el curso de la historia, se percibía que había dificultades en encontrar una solución definitiva”. Por su parte, Jorge Altamira (Partido Obrero) dijo: “El PO fue el único que denunció por anticipado que el carácter y finalidad de este pacto era asegurar el respaldo nacional a la capitulación. No firmamos el acta democrática, ni intentamos hacerlo, pues la combatimos en su gestación y la calificamos de contubernio entre los grandes monopolios y la burocracia sindical para imponer un pacto social antiobrero”. Carlos Zaffore (diputado del MID) agregó: “El desenlace de la crisis fue positivo en cuanto refirmó la voluntad unánime del país por el régimen democrático. Falta ahora esclarecer aspectos sobre los cuales la opinión pública no fue informada, como el hecho de que se convocó a la gente bajo el slogan democracia o dictadura y luego, en su segundo discurso del domingo, el Presidente aclaró que los oficiales amotinados en Campos de Mayo no se proponían un golpe de Estado”. 196 Revista Gente, Año 22, n° 1135, Buenos Aires, Editorial Atlántida, Abril de 1987 197 Ibídem.
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“La sociedad se sacudía con una respuesta asombrosa, quizá no imaginada por nadie,
al compás de los acontecimientos, y creaba en las calles de Buenos Aires – y a la vez de
Córdoba y de todo el país – un formidable polo de respaldo activo a la ley a la
institucionalidad democrática.”198
En consecuencia, por lo expuesto hasta el momento, se podría afirmar que la actitud
protagónica de la ciudadanía fue esencial para que el presidente Raúl Alfonsín tuviera un
elemento determinante de su lado a la hora de poder superar la crisis.
Algunas personalidades del ámbito político concordaron, como el presidente de la
Cámara de Diputados Juan Carlos Pugliese, en sintetizar que: “El pueblo ha derrotado a la
violencia”.199
Sin embargo, la mañana siguiente, algunos periódicos adelantaban la posibilidad de
que la Corte aplicara obediencia debida para los militares procesados por delitos de derechos
humanos200
3.4 La negociación de Campo de Mayo y la “Ley de Obediencia Debida”
Durante aquella mañana, el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, habría procurado
llegar a un acuerdo de último momento con los carapintadas en Campo de Mayo. Luego de
informar que no discutirían sobre la reincorporación de Barreiro ni el nombre del relevo de
Ríos Ereñú, el ministro agregó que “una ley de amnistía era imposible, pero recordó que la 198 Marimón, Antonio, Op. cit., pág 36, col. 2. 199 Diario La Prensa, Año 118, n° 40.564, Buenos Aires, 20 de abril de 1987, pág. 3. 200 Diario La Nación, Año 118 – n° 41.466, Buenos Aires, 19 de Abril, 1987, pág. 11: “La Corte Suprema de Justicia fijaría los alcances del principio de obediencia debida para los militares involucrados en causas por violaciones a los derechos humanos, en base a un dictamen del procurador general de la Nación, Juan Octavio Gauna, que se aplicaría en la denominada “causa Camps”, según revelaron fuentes confiables. El presidente de la Nación, doctor Raúl Alfonsín, habría tomado anoche conocimiento de los alcances del dictamen elaborado por Gauna que se encuadraría en la tesis oficial sobre los “tres niveles de responsabilidad” en la represión ejercida durante la lucha antisubversiva. Esa tesis, que fue planteada por Alfonsín durante la campaña electoral de 1983, señala una distinción entre quienes impartieron las órdenes y quienes llevaron a la práctica, en el marco de la disciplina militar. En tercer lugar se ubicaría a quienes cometieron “delitos atroces y aberrantes”, los cuales, independientemente de su grado militar, serían pasibles de los procesos pertinentes. El fallo de la Corte Suprema sobre la “causa Camps”, era aguardado antes de que se desatara la crisis militar, aunque se estima que esta situación que acaba de superarse podría acelerar el pronunciamiento del más alto tribunal de la Nación.”
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Obediencia Debida saldría en pocos días más”. Rico alegó descreer del funcionario (como
había llegado a descreer del intendente de San Isidro Abel Posse quien le habría prometido la
inminente aprobación de una “ley de amnistía”) informando que solamente iba a estar seguro
si el presidente se lo decía en persona. El ministro comunicó el fracaso de la gestión a la casa
de gobierno.
La situación se había vuelto irreversible sin la intervención presidencial. El propio
Alfonsín había tomado la determinación de acudir personalmente al foco del conflicto.
La seguridad del operativo estuvo a cargo del Secretario de la Presidencia, Carlos
Becerra mientras Alfonsín repetía; “yo no soy Frondizi”201 reafirmando su voluntad de no
correr la suerte de su predecesor. La decisión presidencial se mantuvo en secreto en las altas
esferas hasta que finalmente, a las 14.30 Alfonsín hizo el anuncio ante la multitud reunida en
la Plaza de Mayo:
"Ustedes y yo; todos en la Argentina saben lo que estamos arriesgando. Es mucho
más que un absurdo golpe de estado. Estamos arriesgando un futuro nuestro y un futuro de
nuestros hijos. Estamos arriesgando sangre derramada entre hermanos. Es por eso que,
antes de proceder, he resuelto, he tomado una decisión: dentro de unos minutos saldré
personalmente a Campo de Mayo a intimar la rendición de los sediciosos".202
El discurso fue cerrado con el pedido del presidente para que todos los que estaban allí
lo esperaran en la Plaza a donde volvería pronto con las noticias “deseadas”. Tiempo más
tarde, Alfonsín se trasladaría personalmente en helicóptero a Campo de Mayo para intentar
destrabar el conflicto. Una comitiva lo acompañó en una caravana de autos mientras que gran
parte de las masas allí reunidas se debatían entre si era mejor ir a Campo de Mayo o acatar el
pedido presidencial de esperar su regreso en la Plaza. La siguiente crónica, de uno de los
diarios que presentaron los acontecimientos desde la Plaza de Mayo, da cuenta de la situación
de desconcierto que se vivió luego de las palabras del Presidente:
201 Marimón, Antonio, Op. cit., pág. 35, col. 1. 202 Alfonsín, Raúl, “1° Discurso de Pascuas (19 de Abril 1987)” en Felices Pascuas… La casa está en orden, en internet: http://www.youtube.com/watch?v=D2L0_bZwKJo
70
“Unos decían que iban a Campo de Mayo, otros que ´todo era una payasada´ y que
Alfonsín ya había ´negociado todo´. El M.A.S insistía: ´Atención, atención, nos vamos de la
plaza contra la negociación´. EL P.C en medio de la confusión de sus filas, solo tendría que
haber pedido ´que se vaya el cantor´, ya que desde el balcón de la Municipalidad, Horacio
Guarany rogaba por los altavoces: Que se queden. Se equivocaron los compatriotas que se
van. Quedarse en la plaza es defender a la Patria, no a Alfonsín. A su lado, Víctor Heredia
levantaba sus hombres sin comprender hacia qué grado de marginación marchaban los
frepusistas. El Partido Justicialista de la Capital Federal avanzaba cantando ´Che milico, no
al golpe, que llegó el peronismo´ junto con ´Y ya lo ve, y ya lo ve, es la gloriosa jotape´´
.Pancartas de cada comité y ateneo, boinas blancas, bombos rojos y unos afiches de los
coordinadores de tres de Febrero que decía: ´los pueblos que olvidan su pasado se niegan a
forjar su futuro´.” 203
Los presentes en el interior de la Casa de Gobierno lo alentaban y, algunos como
Cafiero, alcanzaron a decirle palabras de valor204 antes de que abordase el helicóptero en el
cual se trasladaría a Campo de Mayo. Durante el viaje, estaría acompañado por el jefe de la
casa Militar, brigadier Héctor Panzardi; los tres edecanes; el coronel Yago de Grazia; el titular
de la Fuerza Aérea, brigadier general Ernesto Crespo; el custodio policial de la Casa Rosada,
comisario Pedregoza, y un fotógrafo oficial. En tanto que una comitiva de varios autos
liderados por el Diputado Jaroslavsky se dirigiría también hacia el escenario del encuentro.
Por otro lado, Alais, se habría comunicado con el Presidente a último momento para
informarle que estaba en condiciones de reprimir el foco rebelde, sin embargo, la decisión de
Alfonsín estaba tomada. Alais quedaría a cargo de despejar el área de Campo de Mayo de
civiles ante una eventual orden de represión.
Por su parte, los rebeldes habían invitado a los peronistas Antonio Cafiero y Armando
Cavalieri a una sorpresiva reunión en la cual, el capitán Venturino (segundo de los cabecillas
rebeldes) se encargó de repetir que se trataba de un “planteo institucional” y que no se quería
dar un golpe de Estado. En dicha reunión se deslizó la mención de una “ley de amnistía”
203 Diario Clarín, Año XLII, N° 14.794, Buenos Aires, 20 de abril de 1987, pp., 8-9 204 Grecco, Jorge – González, Gustavo, Op., cit., pág., 199: “Todo el país está con usted”, fue la frase dicha por Cafiero a Alfonsín.
71
como “el modo más idóneo” para resolver la situación ante lo cual Cafiero presentó sus
objeciones. En ese momento, Alfonsín llegaba a Campo de Mayo y ordenaba la presencia de
los sublevados en la Dirección de Institutos Militares. 205
La reunión.
Paradójicamente, algunas fuentes señalan que, el arribo de Alfonsín a Campo de Mayo
influyó positivamente en algunos uniformados de segunda línea que, como habría advertido
Ríos Ereñú, abandonarían la causa rebelde ante la actitud valiente demostrada por el primer
mandatario. En el interior de los hombres amotinados existía también cierto malestar con los
dirigentes a quienes endilgaban la responsabilidad de la negociación.
A la famosa reunión206, además de Rico, acudieron los rebeldes Venturino, Martínez
Zuviría y Breide Obeide, luego de insistir en que se lo tuviera en cuenta.207 Finalmente, sólo
accedieron hasta Alfonsín los dos primeros. Rico repitió ante el presidente y Panzardi que no
buscaban realizar un golpe de Estado, que respetaban su investidura y que lo que estaban
haciendo se circunscribía a una cuestión interna del Ejército. El militar se quejó extensamente
de la situación interna del Ejército en tanto que Alfonsín reconoció que se estaba trabajando
sobre una nueva legislación para terminar definitivamente con ésta cuestión. Luego hizo traer
al teniente coronel Julio Hang para que explicara a los rebeldes cuál era la situación jurídica
en la cual se encuadraba la insubordinación carapintada según lo previsto por el Código de
Justicia Militar. Si era considerado como motín, “las penas más graves corresponderían a los
líderes, para el resto sólo corresponderían penas menores” resumía Hang. Para los militares,
Alfonsín aseguró que la justicia militar intervendría en el hecho, en tanto que no pudo
asegurarle lo mismo a Rico sobre quien el juez Federal Piotti había iniciado una causa a
pedido del mismo gobierno. En medios de prensa, entretanto, se dijo que Rico habría señalado
205 Grecco – González, Op., cit., pp. 211-213. 206 Ibídem., pp. 221-224. Reproducción completa del diálogo entre Rico y Alfonsín. 207 Ibídem, pág. 219: “Los cuatro rebeldes dejaron que el general Vidal los dirigiera. Al divisar la puerta del despacho donde se realizaría la entrevista, Rico comenzó a palpar su correaje y armamento. El brigadier Panzardi y los edecanes presidenciales los recibieron. Rico terminó de quitarse el arma y la entregó al aviador. Los demás copiaron el gesto.”
72
también, la necesidad del retiro del general Ríos Ereñú y de otros generales, así como también
la sanción de una ley de amnistía. 208
El coronel De Grazia fue el encargado de hacer circular la versión de que el Presidente
retornaba a la Casa de Gobierno y que los rebeldes habían abandonado la insurrección. La
alegría desbordó a los manifestantes que se encontraban frente a la Escuela de Infantería. 209
Por su parte, Rico afirmaba: “Llegamos a un acuerdo con el señor presidente como
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y esto será el puntapié inicial para una
reconciliación de las fuerzas del orden con el pueblo”.210
Luego de la reunión con los líderes de los insurrectos, Alfonsín regresó rápidamente a
la Plaza de Mayo donde el pueblo aguardaba expectante. El anuncio de la rendición de los
militares fue informada con estas palabras por el propio Presidente de la nación desde el
balcón de la Casa Rosada:
“¡Felices Pascuas!:
¡Los hombres amotinados, han depuesto su actitud! Como corresponde, serán
detenidos y sometidos a la Justicia. Se trata de un conjunto de hombres, algunos de ellos
héroes de Malvinas, que tomaron esta actitud equivocada, y que han reiterado que su
intención no era provocar un golpe de estado. Pero que, de todas formas, han llevado al país
a ésta conmoción, a ésta tensión, y han provocado éstas circunstancias que todos hemos
vivido; de la que ha sido protagonista fundamental el pueblo argentino en su conjunto. Para
evitar derramamientos de sangre, di instrucciones a los mandos del ejército para que no se
procediera a la represión. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios, la casa está en orden y
no hay sangre en la Argentina”.
208 Diario La Nación, Año 118, N° 41.468, Buenos Aires, 21 de abril de 1987. Año 118, pág. 11 209 Greco – González, Op. cit., pág., 226. 210 Ibídem, pág., 231: “Nos hemos puesto de pie y hemos logrado nuestro objetivo. El presidente reconoce nuestra movilización de carácter estrictamente militar y no golpista. Esto está bien, por eso acordamos. Es hora de que la Argentina pueda tener delirios de grandeza”, afirmaba Rico desde Campo de Mayo.
73
Concluyó su discurso pidiendo que los que habían ingresado a Campo de Mayo se
retiraran y a los manifestantes de todo el país que volvieran a sus casas “a besar a sus hijos y
a festejar las Pascuas en paz”.211
Al describir las razones para su actitud Rico argumentó que; “la nuestra fue una
reacción contra el generalato del Ejército que lidera (Héctor) Ríos Ereñú en el que se
observan resabios del proceso […] Este es el verdadero Ejército, estos son los soldados que
combatieron en las Malvinas y que lucharon contra la subversión, con equivocaciones o no,
lo único que buscan es jugarse la vida por su pueblo, estos son los soldados que dan el
ejemplo, […]”.212
A pesar de que el presidente Alfonsín habría negado concesiones ante los militares213,
es llamativa la inmediata aceptación del retiro al general Ríos Ereñú.214
En tanto que el 13 de mayo Alfonsín remitió el proyecto de Ley de Obediencia Debida
al Congreso.215, aprobado el 5 de junio con el número de ley 23521. Esta ley dispondría la
inimputabilidad de los oficiales subalternos “por haber obrado en virtud de obediencia
debida”. 216 El gobierno, apeló a que “el proyecto de la obediencia debida” era algo que se iba
a producir hubiese o no sublevación y, por ende “no puede ser considerado como un producto
de la presión militar”.217
Sin embargo, para muchos sectores civiles y sociales, la aprobación de la Ley se
convirtió en una claudicación imperdonable para quien se había presentado ante la sociedad
como la principal garantía en materia de Derechos Humanos durante la transición
democrática. En tal caso, tal vez convendría abrir otra hipótesis de trabajo que a futuro
investigue sobre si la presentación de los niveles de responsabilidad propuestos por el líder
211 Verbitsky, Horacio, Civiles y Militares…, Op., cit., pág. 254. 212 Diario Clarín, Año XLII, n° 14.794, Buenos Aires, 20 de abril, 1987, pp. 3,4 213 Diario Clarín, Año XLII, n° 14.796, Buenos Aires, 22 de abril, 1987, pág. 2: nota “Alfonsín negó concesiones, ante jefe militares. 214 Diario Clarín, Año XLII, n° 14.794, Buenos Aires, 20 de abril, 1987, en tapa. 215 Acuña – Smulovitz, Op., cit., pág. 64. 216 Ageitos, Stella Maris, Op., cit., pp. 214-216: “Art. 1° - Se presume sin admitir prueba en contrario que quienes a la fecha de comisión del hecho revistaban como oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las FF.AA., de seguridad, policiales y penitenciarias, no son punibles por los delitos a que se refiere el art.10, punto1 de la ley N° 23.049, por haber obrado en virtud de obediencia debida”. 217 Diario Clarín, Año XLII, n° 14.795, Buenos Aires, 20 de abril, 1987, pág. 2. “Dos líneas de interpretación”, col, 2.
74
radical no constituyó, desde el principio, parte de un acuerdo del líder con el sector militar. Ya
que, por otro lado, según lo declarado por el general Ríos Ereñú en una entrevista; “el
Presidente Alfonsín había prometido que antes de entregar el mando, aquellos que habían
sido condenados serían perdonados”.218 No había demasiados motivos para descreer de tal
afirmación, sino que, al contrario, puede verse en ella traslucir el acuerdo político mediante el
cual, el jefe del Ejército, lograba establecer cierta disciplina interna en el Ejército.
Los argumentos oficiales señalan que el Gobierno se mantuvo firme en su posición de
no negociar con los sublevados al tiempo que pretendía alcanzar un entendimiento sin
necesidad de un derramamiento de sangre, no obstante el jefe de los insurrectos no dudó en
hacer alusión a la existencia de una negociación que habría conducido a un acuerdo entre
ambos. Al parecer, según informaba un matutino porteño; “El cambio de encuadramiento
jurídico a Rico y sus hombres, a los que el juez Alberto Piotti inició proceso de
“sublevación” y que, de ahora en más pasarían a ser considerados como “amotinados”,
aliviaría las eventuales condenas y facilitaría la consideración de atenuantes. (…) Alfonsín
habló de “amotinados”, lo que fue destacado por Rico como un “reconocimiento”
presidencial a las motivaciones reales de los rebeldes.”219
No obstante, algunas fuentes admiten que el diálogo con los rebeldes concluyó con la
misma negativa de siempre a conceder la amnistía, que era el verdadero reclamo de los
sublevados. Por otro lado, se argumenta que la definición de la Obediencia Debida es algo que
se iba a producir de todos modos y que, por ende, no puede considerarse como parte del
acuerdo otorgado a la presión militar, al igual que la intención de delimitar los niveles de
responsabilidad. En cuanto al relevo de Ríos Ereñú “los funcionarios indican que es el
resultado de reconocer la realidad y aseguran que Alfonsín resistió como gesto político esta
decisión mientras perduró la rebeldía”220
En tanto que la emergencia del nuevo actor político conocido como los “carapintadas”
planteaba nuevos interrogantes acerca de cómo manejarse con un grupo potencialmente
218 Acuña – Smulovitz, Op., cit., pág. 59. 219 Diario Clarín, Año XLII- n° 14.794, Buenos Aires, 20 de abril de 1987, pág. 2 220 Ibídem. pág. 2
75
peligroso e impredecible, a mediano plazo, sin embargo; “La sanción de la Ley de Obediencia
Debida fue de vital importancia para debilitar al movimiento carapintada. La nueva cúpula
militar, encabezada por el general Dante Caridi, utilizó esa ley como una herramienta de
recomposición interna de la cadena de mando. El generalato se atribuyó la responsabilidad
de la ley, que ciertamente satisfacía la demanda general de los cuadros de poner fin a los
juicios. De esta manera, se le quitaba a los carapintadas la principal bandera que había
causado la rebelión. En otros términos, el problema de los juicios había dejado de constituir
la cuestión central del conflicto militar.”221
221 Gargarella, Roberto; Murillo, María Victoria; Pecheny, Mario (Comps), Discutir Alfonsín. Editorial Siglo XXI, Buenos Aires, 2010, Pag 179
76
CONCLUSIONES
A través del desarrollo de éste trabajo, el equipo ha pretendido establecer una mirada
sobre la política de Derechos Humanos desarrollada durante el gobierno de Alfonsín y
particularmente sobre las causas y consecuencias de los alzamientos militares producidos.
Para ello hemos atravesado un vasto campo político, social y económico que involucró a los
principales actores a lo largo del primer gobierno democrático relacionados,
fundamentalmente, con la disputa sobre la memoria del pasado y los Derechos Humanos.
Al final del recorrido, hemos dado con algunas conclusiones que, al mismo tiempo,
pretenden abrir nuevos interrogantes para futuras investigaciones.
En un sentido amplio, creemos que el gobierno del Dr. Alfonsín estuvo signado por la
incapacidad de resolución positiva que tuvieron algunas de las medidas adoptadas en materia
política, económica y de Derechos Humanos y que, con el paso del tiempo, se tornaron
incontrolables y en contra del propio gobierno.
Uno de los principales problemas que comprobamos en materia de derechos humanos
fue la nula participación que el gobierno dio a las expresiones de vastos sectores de la
sociedad y a la movilización popular hasta el momento en el cual ya no tuvo más remedio que
acudir a ellas. La importancia del apoyo popular emergió, entonces, como un factor decisivo
para la nivelación de la balanza en favor del poder político dentro de la correlación de fuerzas
que operó durante el conflicto.
La política de Derechos Humanos promovida por el gobierno de Alfonsín demostró
ser estrecha en cuanto a su alcance, por estar fundamentalmente limitada a los derechos
individuales clásicos, a la vez que de superficie o de raíces cortas, si tomamos en cuenta su
anclaje social. Esa estrechez le impidió conformar un frente social y político amplio ante las
circunstancias graves a las que debía enfrentarse. La conformación de la CONADEP es un
ejemplo que operó en tal sentido. En definitiva, el gobierno de Alfonsín se resistiría a asentar
sus iniciativas sobre derechos en un continuo proceso de movilización colectiva pensando la
cuestión de los derechos como algo que se desgrana “desde arriba” del poder.
77
Compartimos la opinión de algunos autores que señalan que Alfonsín vivía con dudas
que lo llevaban a oscilar entre su vocación liberal y la tentación de abrirse a una política más
de masas. En tanto que, de igual modo, ante la dificultad o la adversidad presentada, la
decisión del gobierno se inclinaba, preferentemente, sobre la alternativa conservadora como la
opción apropiada para garantizar la continuidad del sistema.
En cuanto a lo específico de la cuestión militar creemos que, la falta de acatamiento
generalizado de las Fuerzas Armadas a las órdenes emanadas del poder constitucional fue un
proceso acumulativo de grave plasmación con las insurrecciones de Semana Santa. A pesar de
que en todo momento el presidente Alfonsín manifestó su voluntad de evitar el
derramamiento de sangre, lo cierto era que el gobierno había perdido su capacidad de control
sobre las Fuerzas para reprimir como lo había ordenado en un primer momento.
En todo caso, el alzamiento militar tuvo como objetivo de fondo imponerle
condiciones a los poderes del sistema republicano exigiéndoles una “solución política” a los
juicios sobre los crímenes de estado. Pues, qué implicaban tales exigencias manifiestas de
arribar a una “solución política” si no era otra cosa que lograr una amnistía general por lo
actuado durante la “lucha contra la subversión”. Como hemos analizado en apartados
anteriores, la Ley de Obediencia Debida, que planteaba los distintos grados de
responsabilidad había sido un proyecto que el partido radical había anticipado en su
plataforma política. En cierto sentido, algunas incógnitas llevan a preguntarnos por qué para
gran parte de la sociedad y la opinión pública, la sanción de la Ley de Obediencia Debida fue
vista como una claudicación del poder político frente a la amenaza militar. Pues, a pesar de
que el gobierno pueda esgrimir razones sobre que la ley de obediencia debida había sido un
proyecto histórico presentado durante la plataforma electoral, lo cierto es que de la forma que
se dieron las cosas, el planteo militar para zanjar las distancias que brindan los tiempos
políticos, constituyó una indiscutible e inaceptable intromisión del poder militar en
avasallamiento de los poderes democráticos.
En tanto que, a pesar de que los principales actores negaron tácitamente haber
establecido un acuerdo, lo cierto es que la situación de debilidad del gobierno permitió que
muchos de los reclamos carapintadas parecieran ir cumpliéndose a corto y mediano plazo. El
78
gobierno negó especialmente que haya existido algún tipo de negociación (entiéndase como
concesión) y, en tal sentido, las informaciones son imprecisas y contradictorias. Por un lado,
los oficiales amotinados, que habían solicitado la presencia exclusiva del presidente para
deponer su actitud, adujeron, tiempo después, que los puntos del acuerdo no se estaban
cumpliendo, lo cual habría “justificado” el alzamiento de Monte Caseros en enero de 1988.
Por otro lado, el simple análisis de las frases vertidas en el discurso del balcón
presidencial al regreso de Campo de Mayo, amén de atender a razones pertinentes a la
seguridad del Estado y la salvedad sobre la intervención de la justicia, no parecen ser palabras
fuertes, emanadas de la autoridad superior que expresaran el rigor y la severidad en el repudio
que los sucesos ameritaban sino que, al contrario, estamos ante un mensaje suave e indulgente
con un grupo de soldados (“héroes de Malvinas”) que, durante cuatro días, habían puesto en
vilo a las instituciones democráticas de la nación. Las sospechas sobre las verdaderas
intenciones que esconden las palabras discursivas parecen hallar una pista al final del
apartado, cuando el Presidente afirma haber dado “instrucciones a los mandos del ejército”
para que no se procediera a la represión siendo que, en vistas de las fuentes y estudios
analizados en el presente trabajo, se corrobora que las tropas del Ejército (y de las demás
Armas) no estaban dispuestas a acatar órdenes de reprimir a los sublevados. En todo caso, lo
que el gobierno más temía era que, llegado el caso, las denominadas Fuerzas “leales”
desacataran la autoridad y se plegaran a la insurrección carapintada.
En un mismo sentido creemos que del mismo modo que el presidente utilizaba un
doble mensaje hacia el pueblo y las organizaciones de Derechos Humanos y otro frente al
ámbito castrense, de igual forma lo habría usado ante los sublevados, prometiendo atender
reclamos que quedaron satisfechos a medias. Por ejemplo, la remoción de la cúpula y parte
del generalato se cumplió de forma inmediata aunque la sucesión de la jefatura del Ejército no
le cupiera a uno de los solicitados por los sublevados.
En todo caso concluimos que, la rebelión de Semana Santa representó la expresión
ideológica y práctica más elocuente y extrema de la corriente que desde un principio abogó
por la amnistía y la no investigación de los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas en el
marco del terrorismo de Estado. De este modo, el accionar directo de las Fuerzas Armadas en
79
su conjunto, a través de la acción o de la omisión, promovió toda una serie de acontecimientos
tendientes a acabar con el avance de la Justicia y la memoria de los crímenes de estado. Por
otro lado, quienes habían incurrido en delitos de lesa humanidad, muchos de los cuales
continuaron en actividad y ascendiendo en el escalafón durante el gobierno democrático,
sabían sobradamente que la unidad (detrás del objetivo de la amnistía) y las armas (que
disponían) daban un gran poder de coacción sobre los poderes establecidos y, a su momento,
los hicieron pesar en su favor, pues no querían saber nada de juicios e indagatorias; mucho
menos de arrestos y condenas.
En un sentido más amplio creemos que el primer gobierno de la democracia, más allá
de sus contradicciones y debilidades intrínsecas y complementarias, tuvo que enfrentar
problemas extremadamente hondos y complejos en donde, además de atender a la comida, a
la salud y a la educación, debió primar en la puja por la búsqueda a ultranza de la memoria y
la justicia, fundamentalmente, sobre el genocidio cometido sobre población civil,
investigando y dando a conocer los detalles de los crímenes, al tiempo que responsabilizando
y condenando a los culpables para que, en definitiva no sólo expurgaran su culpa política y
social sino para que también el ejemplo sopesara en la determinación sobre futuros atentados
al orden democrático. En tal caso, creemos que hubo diversos actores que, dentro de lo que
fue una lucha dentro de una correlación de fuerzas desigual, bregaron por conseguir estos
objetivos de máxima. En estas circunstancias, algunas agrupaciones de Derechos Humanos
como La Asociación Madres de Plaza de Mayo mantuvieron una postura coherentemente
desde el comienzo hasta el final, conformando un centro muy crítico de las políticas de
Derechos Humanos del gobierno, manteniendo una postura contraria a la conformación de la
CONADEP y endureciendo su discurso a medida que el gobierno aumentaba la presión contra
la justicia por lograr las amnistías encubiertas. Las agrupaciones políticas fueron más
ambiguas y heterodoxas en cuanto al apoyo o al enfrentamiento con el gobierno en relación al
tema a lo largo del proceso, aunque llegado al punto crítico de Semana Santa, casi todas
convergieron en brindar su apoyo incondicional al sistema.
En concreto, si las presiones militares hubieron de incidir sobre la marcha de la
política y la justicia en oposición al avance de los procesos sobre violaciones a los derechos
humanos, lo habrían hecho en un mismo sentido que el buscado por gobierno de Alfonsín,
80
siendo que se ha comprobado que el proyecto de ley de obediencia debida habría sido
declamado desde la campaña electoral de 1983. También es cierto que el gobierno, al
momento de los alzamientos de Semana Santa, estaba trabajando sobre el proyecto de
obediencia debida a raíz del “fracaso” de la Ley de Punto Final. Los militares de cuadro
medio, ante las citaciones y el avance de los procesos judiciales exigieron, en una situación de
virtual caos e insubordinación interna, una “solución política” a los juicios y una serie de
reclamos que pusieron contra las cuerdas el doble mensaje presidencial. La “solución política”
(que no era otra cosa que una amnistía o un indulto encubierto) se concretó pronto a través de
la sanción de la Ley de Obediencia Debida promulgada un mes y medio después de los
levantamientos. La nueva ley, finalmente, libraría de la humillación de los juicios a todo el
personal subalterno de las Fuerzas Armadas otorgando una “solución” exigida. En cualquier
caso, advertimos sobre la inconstitucionalidad las leyes de Punto Final y Obediencia Debida
independientemente de que hayan sido impulsadas por propia iniciativa del gobierno o
promovidas por las presiones militares en tal sentido. Al renunciar a la imposición de la
administración equitativa de la Justicia para quienes habían cometido crímenes de lesa
humanidad el estado democrático se convierte en transgresor de la propia Constitución
Nacional que, en su Art. 16 proclama la igualdad de todos los habitantes ante la Ley. Para el
caso, lo que los militares pretendían y el propio proyecto de ley de Obediencia Debida
presentado por el Ejecutivo, violaba el artículo 16 de la Constitución Nacional.222
En definitiva, por todo lo expuesto creemos que, efectivamente, el temor a una
insurrección generalizada por parte de unas fuerzas potencialmente rebeldes, influyó en las
decisiones políticas en relación a las medidas sobre Derechos Humanos durante el gobierno
de Alfonsín.
222 CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA. Santa Fe – Paraná 1994. Capital Federal, Producciones Mawis, pág. 14; “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento; no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley […].”
81
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HISTORIA ARGENTINA 1983 – 1989, Dirección: PIGNA, Felipe. Diana
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Superior de Comercio "Carlos Pellegrini" Título Historia Argentina11:1978-1983. Procesos
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Descrip. física 1 video (VHS) (60 min).
OPERACIÓN DIGNIDAD I - Semana Santa 1987 "Parte 1", en internet:
http://www.youtube.com/watch?v=XWzyY18xlu0
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Presidente_-_escoltado_por_soldados_con_sus_caras_pintadas_-presidenciagovar.jpg