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Diario de Sesiones

de la

Asamblea de Madrid

Número 682 4 de noviembre de 2014 IX Legislatura

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES

PRESIDENCIA

Ilmo. Sr. D. Pedro Núñez Morgades

Sesión celebrada el martes 4 de noviembre de 2014

ORDEN DEL DÍA

1.- PCOC-987/2014 RGEP.8775. Pregunta de respuesta oral en Comisión, a iniciativa

de la Ilma. Sra. D.ª Matilde Fernández Sanz, diputada del Grupo Parlamentario Socialista

en la Asamblea de Madrid, al Gobierno, sobre valoración que realiza sobre la situación de

la Residencia "Los Nogales XXI, S.A." de la calle del Cerro de la Plata, número 3

(Pacífico), con la que la Consejería de Asuntos Sociales tiene plazas concertadas.

2.- PCOC-1023/2014 RGEP.9045. Pregunta de respuesta oral en Comisión, a

iniciativa del Ilmo. Sr. D. Alberto Reyero Zubiri, diputado del Grupo Parlamentario Unión

Progreso y Democracia en la Asamblea de Madrid, al Gobierno, sobre objetivos que

persigue el Gobierno de la Comunidad con la convocatoria del contrato de "Gestión de la

Residencia Infantil "Picón de Jarama", centro de acogimiento residencial especializado en

DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 682 / 4 DE NOVIEMBRE DE 2014

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menores con trastornos del comportamiento adscritos al IMFM", número de expediente:

940/11-01/15 (08-AT-53.7/2014).

3.- C-1213/2014 RGEP.8264. Comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Asuntos

Sociales, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre

valoración del desarrollo de los convenios de colaboración firmados entre la Consejería de

Asuntos Sociales y las presidencias de las mancomunidades de servicios sociales. (Por vía

del artículo 209 del Reglamento de la Asamblea).

4.- Ruegos y preguntas.

SUMARIO

Página

- Se abre la sesión a las 10 horas y 7 minutos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37401

─ PCOC-987/2014 RGEP.8775. Pregunta de respuesta oral en Comisión, a

iniciativa de la Ilma. Sra. D.ª Matilde Fernández Sanz, diputada del Grupo

Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, al Gobierno, sobre

valoración que realiza sobre la situación de la Residencia "Los Nogales XXI,

S.A." de la calle del Cerro de la Plata, número 3 (Pacífico), con la que la

Consejería de Asuntos Sociales tiene plazas concertadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37401

- Interviene la Sra. Fernández Sanz, formulando la pregunta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37401

- Interviene el Sr. Director General del Mayor, respondiendo la pregunta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37401-37402

- Intervienen la Sra. Fernández Sanz y el Sr. Director General, ampliando

información. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37402-37404

─ PCOC-1023/2014 RGEP.9045. Pregunta de respuesta oral en Comisión, a

iniciativa del Ilmo. Sr. D. Alberto Reyero Zubiri, diputado del Grupo

Parlamentario Unión Progreso y Democracia en la Asamblea de Madrid, al

Gobierno, sobre objetivos que persigue el Gobierno de la Comunidad con la

convocatoria del contrato de "Gestión de la Residencia Infantil "Picón de

Jarama", centro de acogimiento residencial especializado en menores con

trastornos del comportamiento adscritos al IMFM", número de expediente:

940/11-01/15 (08-AT-53.7/2014). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37404-37405

- Interviene el Sr. Reyero Zubiri, formulando la pregunta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37405


37399

- Interviene el Sr. Director Gerente del Instituto Madrileño de la Familia y el Menor,

respondiendo la pregunta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37405-37406

- Intervienen el Sr. Reyero Zubiri y el Sr. Director Gerente, ampliando información. . . . . . . . . . . . . . . . 37407-37410

─ C-1213/2014 RGEP.8264. Comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de

Asuntos Sociales, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto

de informar sobre valoración del desarrollo de los convenios de

colaboración firmados entre la Consejería de Asuntos Sociales y las

presidencias de las mancomunidades de servicios sociales. (Por vía del

artículo 209 del Reglamento de la Asamblea). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37410

- Interviene la Sra. Fernández Sanz, exponiendo los motivos de petición de la

comparecencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37410-37413

- Exposición del Sr. Director General de Coordinación de la Dependencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37413-37417

- Intervienen, en turno de portavoces, el Sr. Reyero Zubiri, la Sra. Amat Ruiz, la Sra.

Fernández Sanz y la Sra. Ongil Cores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37418-37426

- Interviene el Sr. Director General, dando respuesta a los señores portavoces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37426-37428

─ Ruegos y preguntas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37428

- No hubo ruegos ni preguntas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37428

- Se levanta la sesión a las 11 horas y 53 minutos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37428


37400


37401

(Se abre la sesión a las diez horas y siete minutos).

El Sr. PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Comenzamos la sesión de la Comisión de

Asuntos Sociales del día de hoy con el primer punto del orden del día.

PCOC-987/2014 RGEP.8775. Pregunta de respuesta oral en Comisión, a iniciativa

de la Ilma. Sra. D.ª Matilde Fernández Sanz, diputada del Grupo Parlamentario Socialista

en la Asamblea de Madrid, al Gobierno, sobre valoración que realiza sobre la situación de

la Residencia "Los Nogales XXI, S.A." de la calle del Cerro de la Plata, número 3 (Pacífico),

con la que la Consejería de Asuntos Sociales tiene plazas concertadas.

Responderá a la pregunta el director general del Mayor don José Ramón Menéndez Aquino,

a quien damos la bienvenida y rogamos que se incorpore a la mesa. (Pausa.) Para formular la

pregunta, tiene la palabra la señora Fernández.

La Sra. FERNÁNDEZ SANZ: Gracias, señor Presidente. Buenos días, señorías. Buenos días,

señor Director General. La pregunta que le hacemos a la Consejería, y agradecemos su presencia para

contestarla, es sobre la situación de la residencia “Los Nogales XXI, S.A”, en el centro que tiene en

Cerro de la Plata, número 3, en la zona de Pacífico. Tiene que ver con documentación que nos ha

llegado en torno a que las licencias urbanísticas no están como deberían y, si mi información no es

mala, usted concierta... Ahora, con el nuevo sistema y la documentación -tengo dudas, y lo voy a

decir de las dos maneras, porque no me gusta ser inexacta-, de las 456 plazas que tiene esta

residencia, 441 están concertadas/ ofertadas a usted para concierto. Es que, con el nuevo sistema de

los acuerdo marco, tengo la información en dos velocidades y me cuesta controlar lo que es la oferta

que se publica en el Boletín y lo que, en definitiva, termina de cerrar usted como concierto; por eso

digo concertadas u ofertadas. Muchas gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, doña Matilde. Tiene la palabra el señor Menéndez.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DEL MAYOR (Menéndez Aquino): Gracias, señor Presidente.

Buenos días, señorías. La residencia Los Nogales-Pacífico tiene una valoración positiva, con un nivel

de servicio adecuado. Es la quinta residencia más demandada de las 193 que gestiona la Dirección

General del Mayor. En los últimos tres años no consta sanción ni reclamación alguna de los usuarios

que haya llegado a la Dirección General del Mayor. Tiene 456 plazas autorizadas, de las cuales 441

son para personas dependientes y, de estas, 221 son para personas con movilidad reducida. Está

ubicada en la calle Cerro de la Plata número 3 y el titular es la sociedad “Residencia Nogales Siglo

XXI, S.A.” Está autorizada por la Consejería de Asuntos Sociales con el número de registro C2380, del

18 de julio de 2002. En estos momentos, en la Comunidad de Madrid hay 127 usuarios de plazas

cofinanciadas y 32 usuarios en plazas de financiación total, lo cual hace un total de 159.

Efectivamente, la residencia puso a disposición de la Consejería, mediante acuerdo marco, 449 plazas

para dependientes, de las cuales solamente tenemos ocupadas las que he mencionado. Por tanto, es


37402

una residencia que funciona correctamente, está dada de alta en el Registro, está autorizada y tiene

todo el derecho a poder presentarse a los concursos y tener plazas concertadas en estos momentos.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Nuevamente, tiene la palabra doña Matilde.

La Sra. FERNÁNDEZ SANZ: Gracias, señor Presidente. Tomo nota de que es la quinta más

demanda y valorada, por lo tanto.

Verá, a mis manos llegó una información, avalada por documentos del Ayuntamiento de

Madrid, mediante la cual la residencia Los Nogales, de Cerro de la Plata no tenía su licencia de

funcionamiento. Tenía una orden de clausura del Ayuntamiento de Madrid, del departamento de

Urbanismo; era una segunda llamada a su clausura por no tener la licencia de funcionamiento, y que

no le quedaba otro remedio –administrativamente, no podía seguir recurriendo- que presentar

correctamente las licencias de actividad, instalación y funcionamiento. Tengo aquí el recurso de

reposición que interpuso la propia compañía, el grupo Los Nogales, y, luego, la definitiva información

de los servicios jurídicos del departamento de urbanismo. Es decir, un recurso de reposición que

Urbanismo, el departamento jurídico, el 24 de mayo de 2013 –no de este año- desestima, recuerda

que ya ha avisado otra vez, dice que es una resolución definitiva en la vía administrativa y argumenta

con varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y del Contencioso-Administrativo.

A esta diputada y a su Grupo les llamó la atención que, teniendo, como tenemos, tantas

plazas concertadas -y además también con este grupo- se nos pasara tener los requisitos jurídicos

cubiertos. Cuando uno se pone a analizar el grupo Los Nogales ve que es un grupo de residencias,

también de colegios, también de rentas de jubilados, de empresa, por tanto, que se va integrando,

que tiene 1.300 trabajadores y 1.500 usuarios, una buena parte de ellos concertados parcial o

totalmente. Y a esta diputada se le encendió la bombilla del escándanlo que esta misma compañía

tuvo con Santa Eugenia. Entonces, Santa Eugenia, ahora Pacífico... Decía yo: bueno, ¿y la Paloma,

que tenemos 87 plazas? ¿Y Vista Alegre, que hay 107? ¿Y Reina Victoria, que hay 99? ¿Y Getafe, que

está apunto de concertarse y no la han concertado ya? ¿Y Hortaleza? ¿Y Puerta de Hierro? ¿Y Parque

Berlín? Y decimos: va creciendo esta compañía, este grupo, y no sabemos cómo está el resto de las

residencias y centros de día, que, si yo no estoy mal informado, hay nueve residencias en Madrid, una

en Getafe, un centro de día, que creo que no hay concierto, y el tema de la teleasistencia. Esto es

Nogales: el problema técnico, jurídico, que es un grupo con el que usted tiene muchos acuerdos.

Por último, si me permite, en cuanto al acuerdo global, según la documentación que voy

recibiendo y obteniendo, tengo que recordar que nosotros tenemos 2.558 plazas públicas en gestión

privada, que se supone que usted, junto con la Secretaria General Técnica –y veo aquí al jefazo de

inspectores-, entre todos, tienen que vigilar. Tenemos 7.088 plazas en concierto convenio; tenemos

5.124 plazas subvencionada, 2.700 en centros de día y 360 plazas de pisos tutelados también

externalizados. Pero en todo esto, como está cubierto con nuestro presupuesto público, el

presupuesto de todos, es nuestra responsabilidad que la atención funcione con la misma calidad que

si fuera el sector público gestionado por servidores públicos. De no ser así, nosotros tendríamos que


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pedirle que sometiera a un juicio crítico muy riguroso a este grupo y que nos pusiéramos las pilas

para ver si tenemos otras empresas privadas que están concertando y conveniando con nosotros sin

cumplir con sus obligaciones legales. Gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. Tiene la palabra.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DEL MAYOR (Menéndez Aquino): Señoría, usted me ha

planteado dos temas: la situación del grupo Nogales, en concreto de la residencia de Pacífico, y otro

es el nivel de supervisión y control de gestión que tiene la Comunidad de Madrid sobre las plazas

concertadas. Voy a empezar por esto último.

Como usted bien sabe -porque lleva bastantes años en esta Comisión-, todas las residencias

en la Comunidad de Madrid están sujetas a un primer nivel de control -que es la Inspección la

responsable- que depende de la Secretaría General Técnica, que hace inspecciones periódicas de los

centros, donde se vigila la aplicación de la normativa, se hacen visitas por la noche durante los fines

de semana de improviso, y cuando se detecta cualquier fallo de la normativa básica se hace...

(Denegaciones por parte de la señora Fernández Sanz.) No, no haga así, es lo que hacen. ¡Si lo hacen

es que lo hacen!, porque lo hacen. Podrán hacer menos de lo que usted desea, pero lo hacen. Y, por

un incumplimiento que se detecta, se impone la sanción correspondiente.

Por otro lado, la Dirección General del Mayor, en aquellos centros que tienen plazas

concertadas y en aquellos centros de gestión indirecta, ya sea para personas dependientes como para

personas no dependientes, como son los pisos tutelados, tiene un grupo de técnicos de control de

centros que revisan periódicamente cuál es el grado de cumplimiento de los contratos que están

suscritos con estas entidades para la gestión, según requisitos que se contemplan en el pliego de

prescripciones técnicas y, de acuerdo con ello, se obra, en el sentido de que cuando hay un

incumplimiento se procede a la correspondiente sanción, y así se realiza. Usted puede contemplar en

el pliego de prescripciones administrativas de cualquiera de los concursos de acuerdo marco que hay

un apartado de sanciones en el que se ven los diferentes aspectos que se están revisando; en

concreto, en esta residencia, la última revisión fue en la segunda quincena del mes de septiembre; es

decir, está caliente la residencia. Hablaremos de la residencia y luego del grupo Los Nogales.

La residencia en concreto. Esa residencia está autorizada por la Consejería de Asuntos

Sociales, y usted me está hablando de un problema de Urbanismo, de una competencia

eminentemente municipal, no de la Comunidad de Madrid. De acuerdo con el procedimiento de

autorización de las residencias, primero se hace la autorización correspondiente para operar y después

se procede a la tramitación de licencia de actividad y funcionamiento. A la Consejería de Asuntos

Sociales y, en concreto, a la Dirección General del Mayor, no ha llegado ninguna orden de clausura de

esta residencia; por lo tanto, nosotros oficialmente no tenemos ningún tipo de información de que

haya un riesgo inminente de cierre de esta residencia, señoría; en consecuencia nosotros, ante esta

situación, no podemos obrar.


37404

¿Qué pasaría si llegara? Pues, mire usted, haríamos lo mismo que hicimos en el caso que

usted ha citado de Santa Eugenia: debido al acuerdo marco, tenemos una capacidad elevada de

plazas, en Madrid y fuera de Madrid, para poder recolocar a estos usuarios en el momento en el cual

tengamos el dato cierto de que se va a clausurar, que en este momento no es así. Como usted puede

imaginar, con toda la información que usted ha dado, si quiere hacemos un “role playing”. Usted, que

ha trabajado en temas de selección de personal y psicología en su época de Price Waterhouse, puede

hacer un “role playing”, y hacemos usuarios Dirección General del Mayor: “Mire usted, que nos han

dicho, que nos han comunicado que a lo mejor puede haber una orden de cierre, y, en función de

esto, le voy a quitar... “Oiga, ¿pero usted tiene la orden de cierre?” Digo: “No; pero por si acaso.”

Hombre, yo creo que con las familias hay que actuar con bastante rigor. En este momento no existe

ninguna prueba, no ha llegado ninguna documentación del Ayuntamiento, ninguna orden de cierre ni

de clausura de esta residencia; por lo tanto, está operando de una manera perfecta, con un nivel de

calidad adecuado.

Grupo Los Nogales. Mire, señoría, de acuerdo con los requisitos de los acuerdos marco, que

es lo que está rigiendo en este momento la actividad del grupo Los Nogales, excepto una residencia -

la del plan de velocidad de Puerta de Hierro, Los Nogales Puerta de Hierro-, los contratos derivados

del acuerdo marco se tienen que renovar cada año; para poder renovarlos se exige que las empresas

estén al día en Seguridad Social y en impuestos con el Estado, y esta empresa no ha presentado

ningún tipo de problema; con lo cual, nosotros no deducimos ningún tipo de riesgo de la relación

mercantil que mantenemos con ella, lo que no quiere decir que no exista. Lo tendrán que ver los

auditores y habrá otro tipo de actuaciones que no competen a la Consejería de Asuntos Sociales y

menos aún a este Director General del Mayor; por lo tanto, el grupo Los Nogales, hoy, con la

información disponible, es un grupo sólido con un nivel de calidad elevado. Las residencias son

especialmente valoradas, no tanto por la calidad como por su situación. Es nuestro principal

proveedor de plazas en Madrid capital. Pero, miren ustedes, de los no sé cuántos miles de plazas que

pusieron a nuestra disposición, solamente tenemos contratadas 400 plazas. Esto apenas llega al 3 por

ciento de las plazas que gestiona la Dirección General del Mayor; con lo cual, no se preocupe, que el

posible impacto de una situación económicamente débil de este grupo sería resuelto de manera

inmediata con la capacidad que nos da el acuerdo marco. Nada más.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, don José Ramón. Agradecemos su comparecencia en

esta Comisión. Pasamos al siguiente punto del orden del día.

PCOC-1023/2014 RGEP.9045. Pregunta de respuesta oral en Comisión, a

iniciativa del Ilmo. Sr. D. Alberto Reyero Zubiri, diputado del Grupo Parlamentario Unión

Progreso y Democracia en la Asamblea de Madrid, al Gobierno, sobre objetivos que

persigue el Gobierno de la Comunidad con la convocatoria del contrato de "Gestión de la

Residencia Infantil "Picón de Jarama", centro de acogimiento residencial especializado en


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menores con trastornos del comportamiento adscritos al IMFM", número de expediente:

940/11-01/15 (08-AT-53.7/2014).

Vamos a pedir la presencia en la mesa de don Miguel Ángel Jiménez Pérez, Director Gerente

del Instituto de la Familia y el Menor, a quien, obviamente, damos la bienvenida y nuestra felicitación

por su nombramiento, expresándole nuestro deseo del mayor éxito en la gestión de temas tan

sensibles para todos los ciudadanos. (Pausa.) La presencia del señor Gerente viene dada por la

pregunta que formula el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia; por lo tanto, tiene la

palabra don Alberto Reyero.

El Sr. REYERO ZUBIRI: Muchas gracias, señor Presidente. Doy la bienvenida a don Miguel

ángel Jiménez a esta Comisión, por primera vez después de su reciente nombramiento. La pregunta

que realiza mi Grupo es sobre los objetivos que persigue el Gobierno de la Comunidad de Madrid con

la convocatoria del contrato de gestión de la residencia infantil Picón de Jarama, centro de

acogimiento residencial especializado en menores con trastornos de comportamiento adscritos al

IMFM.

También me gustaría añadir un ruego a la exposición de la pregunta. Es la primera vez que

usted viene aquí, pero me gustaría que no se limitara, como ha ocurrido otras veces, a leer lo que ya

se ha publicado en el BOCM o en el portal de contratación de la Comunidad de Madrid, porque ya lo

conocemos; es el trabajo previo que tenemos que hacer como oposición para preparar las preguntas.

Lo que nos interesa es conocer precisamente la información adicional que nos pueda proporcionar, así

como el resultado de la apertura de ofertas, realizada, según tengo entendido, el 6 de octubre

fundamentalmente en la parte técnica y el 30 de octubre en la parte económica, así como la situación

actual del procedimiento. Nada más y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. Don Miguel Ángel, tiene la palabra.

El Sr. DIRECTOR GERENTE DEL INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL

MENOR (Jiménez Pérez): Muchas gracias, señor Presidente. Señorías, ante todo, quiero agradecerles

la oportunidad de comparecer por primera vez en esta Asamblea desde este lado, y no desde allí. En

cuanto a los objetivos que se plantea el Instituto con la contratación del expediente para la gestión de

la residencia infantil Picón de Jarama, como saben SS.SS., esta residencia inició su andadura en 2006.

Es una residencia que, por el perfil de usuarios que tiene –atiende a preadolescentes y adolescentes

de 12 a 17 años afectados de trastornos de conducta-, inicialmente, para su puesta en marcha se

planteó un modelo de gestión dividido en dos partes: por un lado, se contrató de forma externalizada,

mediante un contrato administrativo de gestión de servicio público, la atención especializada a los

menores, que lleva aparejada tanto la atención educativa como social y sanitaria, en un contrato

administrativo que tenía un periodo de ejecución inicial de cuatro años; por otro lado, el resto de la

atención más general que recoge nuestra normativa vigente en materia de servicios sociales

inicialmente se prestó de forma directa por el Instituto Madrileño de la Familia y el Menor. Como

saben, la residencia infantil Picón de Jarama es un centro de servicios sociales, de titularidad pública,


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y, por lo tanto, la entidad titular de dicho centro, como en el resto de centros de gestión indirecta de

la Consejería de Asuntos Sociales es el instituto. Esa prestación de servicios generales, en concreto el

servicio de alojamiento, manutención, que son las prestaciones que van a incorporadas a la atención

residencial por nuestra normativa, y todos los gastos derivados de la titularidad del edificio, como el

mantenimiento del edificio y la conservación del mismo, se han realizado de forma directa por el

instituto. Para ello, se incorporó personal público, 24 puestos de trabajo en las categorías vinculadas a

la hostelería y al mantenimiento, a la conservación del edificio.

El contrato administrativo de Picón de Jarama cumplió para la gestión su plazo de ejecución,

y ha sido objeto de sucesivas prórrogas; la última de ellas se produjo en este año 2014, y esa última

prórroga no ha tenido otro objeto que garantizar la continuidad de la atención hasta que se produjera

la adjudicación, la perfección y la formalización del nuevo contrato administrativo que se ha licitado.

Como decía S.S., el procedimiento de adjudicación está bastante avanzado; de hecho, ya se han

sucedido todas las mesas, la de apertura de documentación administrativa, el acto público de apertura

de los criterios o del contenido de las ofertas, para cuya valoración es necesario un juicio de valor, el

acto público, en el cual se ha informado del resultado de la puntuación de esos criterios de

adjudicación para los que se requiere un juicio de valor, y la apertura de ofertas económicas. Se ha

producido ya el requerimiento al licitador que ha presentado la oferta económicamente más

ventajosa, y estamos en el plazo correspondiente en esos diez días hábiles que exige la ley para que

el licitador presente la documentación justificativa de estar al corriente de sus pagos con la Seguridad

Social, con la Agencia Tributaria, y que constituya la garantía definitiva. Esa es la situación.

En cuanto a los objetivos que se persiguen con esta licitación, fundamentalmente es uno:

garantizar la continuidad de la atención que se va prestando. El contrato administrativo de la gestión

de Picón -Picón lleva ya ocho años de rodaje-, tiene ocho años de duración; durante todo ese tiempo

hemos podido consolidar el proyecto, un proyecto que está funcionando muy bien; hemos podido

avanzar muchísimo en la definición de protocolos de funcionamiento, de protocolos de atención

vinculados a la atención de nuestros menores, de estos menores que además son especialmente

frágiles, especialmente necesitados de un mayor control puesto que están afectados por trastornos

del comportamiento. Se ha avanzado muchísimo, es un proyecto consolidado, y el objetivo que se

planteaba el instituto con esta nueva licitación no es otro que adaptar el contenido del contrato

administrativo a las condiciones que hemos ido avanzando a lo largo de este tiempo, es decir, recoger

en ese pliego de prescripciones técnicas que rija la gestión del centro todos aquellos protocolos de

actuación, un régimen de penalidades económicas vinculado a la ejecución, y todos aquellos

elementos de control que nos permitan controlar de una forma más efectiva la ejecución de la gestión

del centro de Picón.

Respecto al modelo elegido para la licitación, no ha sido otro que el mismo modelo que se

está utilizando en todos los contratos administrativos que tienen por objeto la gestión indirecta de los

centros de titularidad pública de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Asuntos Sociales, y en

este caso del instituto. Muchísimas gracias.


37407

El Sr. PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Gerente. Tiene la palabra don Alberto Reyero.

El Sr. REYERO ZUBIRI: Gracias, señor Presidente, y gracias, señor Gerente, por su

intervención, que de verdad sí que ha cumplido con lo que le pedíamos, que además también ha

tenido suerte porque su primera comparecencia es sobre un área que entiendo que usted domina.

El registro de la pregunta que realizó mi Grupo sobre este contrato de gestión fue previo a lo

que comentó la Secretaria General Técnica hace 15 días en esta Comisión, que luego le leeré,

relacionado con el centro Picón del Jarama. Ya en ese momento nos llamaba la atención esa

convocatoria y por eso la registramos, pero, la verdad -tengo que serle sincero-, se ha visto

acrecentada por lo que ha sucedido después, fundamentalmente, con la operación púnica, que nos ha

hecho redoblar, si cabe, nuestro celo y, por qué no decirlo, nuestra desconfianza respecto a todos los

contratos que se ofertan en la Comunidad de Madrid. En este caso, además, como usted ha dicho,

estamos hablando de un centro de 50 plazas que presta servicio a un colectivo especialmente

sensible, como es el de menores con medida de protección de guarda o de tutela, acordadas por la

Comisión de Tutela del Menor y que a la vez presentan problemas de adaptación social y familiar.

En la última comparecencia que le comentaba de la Secretaria General Técnica en esta

Comisión el pasado 21 de octubre afirmó en referencia al IMFM –leo directamente del Diario de

Sesiones-: “El único contrato que va a salir a concurso es Picón de Jarama. ¿Por qué? Porque no se

pueden hacer más prorrogas y porque la entidad nos ha comunicado sus dificultades económicas en el

momento actual; no debido a que no se le pague desde la Comunidad de Madrid.” ¿Les consta que el

actual adjudicatario tiene dificultades económicas? Parece que sí, y ustedes lo confirman. ¿Hasta qué

punto? ¿Son consecuencia de la gestión de este centro o de la de otros centros? ¿Es cierto que se

encuentran en la actualidad en concurso de acreedores? Esa información no confirmada es la que nos

ha llegado, así como que no pagan los salarios de los trabajadores. ¿Conocen ustedes esa

información? Nos gustaría que nos confirmara esos extremos porque uno de los requisitos para los

licitadores que establece la convocatoria del contrato es, como no podía ser de otra manera, el de

solvencia económica y financiera. En concreto, la convocatoria dice que los licitadores deberán aportar

un informe de instituciones financieras que acredite que estos poseen una liquidez, saldo medio en

cuentas o capacidad de endeudamiento por un importe mínimo de 676.000 euros. De las afirmaciones

de la Secretaria General Técnica en Comisión que antes he leído parecería que la convocatoria se

hacía, más que para lo que usted ha comentado, para resolver un problema del actual adjudicatario.

De hecho, parece que han agotado las prórrogas posibles a la espera de que lo solucionaran.

En cualquier caso, esto nos sugiere la siguiente reflexión: si el presupuesto público para la

parte no social o educativa -que es la que realmente ahora se saca a concurso, para gastos de agua,

luz, teléfono, vestuario, alimentación e higiene personal- es la partida presupuestaria pública que

permitirá sobrevivir a la entidad privada, ¿de dónde obtiene beneficios la entidad licitadora? ¿Quién

garantiza ahora el buen uso y destino del dinero público? Según afirman ustedes, el coste actual del

servicio prestado en el centro es de 168,23 euros precio plaza/día, que es la suma del precio del

contrato en vigor con la fundación O´Belen, 92,65 euros, del coste de personal de la Comunidad de


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Madrid, 30,70 euros, del coste de los gastos generales, 19 euros, y el coste de gastos de vigilancia,

que son 25,88 euros. Es una información que usted ha facilitado directamente. Como el precio de

licitación del contrato es de 150, 34 euros precio plaza/día, el nuevo contrato supondrá un ahorro de

casi 18 euros, que multiplicándolo por las 50 plazas existentes y los 365 días del año, supone unos

328.000 euros de ahorro anual. Una pregunta que nos surge es: ¿De dónde va a salir ese ahorro?

¿Del contrato de gestión de O´Belen de 92,65 euros, que recordemos que pasa por dificultades

económicas, o de la parte que actualmente gestiona directamente el instituto, que son 75,85 euros?

esta pregunta es a nuestro juicio muy importante y me gustaría que nos la contestara en su siguiente

turno.

Igualmente, nos gustaría que respondiera a las siguientes: ¿De qué partidas se va a reducir?

¿De la atención a los niños? ¿De la comida? ¿De la luz? El panorama descrito se acentúa cuando

hemos conocido, además, el resultado de la apertura de ofertas, que nos gustaría que nos confirmara.

Mientras que la oferta económica de O’Belen está en línea con lo estimado por el Instituto madrileño,

149,15 euros -recordemos que la del contrato era de 150 euros-, la del otro licitador finalista, Grupo

Norte, supone una vuelta de tuerca adicional, llegando a 137 euros; es decir, nos encontramos con 31

euros menos que el coste actual o, lo que es lo mismo, un ahorro del 18,6 por ciento. A la espera del

resultado definitivo de la convocatoria, parece que, salvo sorpresas de bajas temerarias u otras

circunstancias que usted ha dicho, como que presente la documentación, dado que el 70 por ciento

de la ponderación corresponde a la parte económica, suponemos que Grupo Norte tiene muchas

papeletas de ser el adjudicatario final, lo cual acentuaría nuestra preocupación acerca del objetivo

final de la reducción de costes y de dónde se van a reducir los costes en el centro de menores Picón

del Jarama.

Finalmente, nos gustaría conocer cuál va a ser el destino de las 24 personas pertenecientes

a la Comunidad de Madrid, al Instituto, que actualmente prestan sus servicios en el centro Picón del

Jarama. A la espera de que en su intervención profundice más y dé contestación a nuestras

preguntas, nada más y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Reyero. Don Miguel Ángel, vuelve a tener la palabra.

El Sr. DIRECTOR GERENTE DEL INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL

MENOR (Jiménez Pérez): Muchas gracias, señor Presidente. Iré por partes. En cuanto a su pregunta

sobre la situación económica del actual adjudicatario del contrato vigente para la gestión de la

atención especializada del centro Picón de Jarama, es cierto que ahora mismo enfrenta dificultades

económicas y, de hecho, está en un procedimiento voluntario de concurso de acreedores. Eso

determinó que en la última prórroga que se tramitó, que tenía como único objetivo, insisto, garantizar

la continuidad de la atención especializada hasta el momento en que se formalizara y perfeccionara el

nuevo contrato, se le exigiera una garantía complementaria en los términos que permite la ley de

contratos del sector público y que además informó la Intervención en su informe de fiscalización. En

ese sentido, se le exigió una garantía complementaría, que él constituyó, precisamente para hacer

frente a esas posibles responsabilidades o a ese riesgo derivado de su situación económica.


37409

La atención especializada que se presta en Picón es, de momento, perfectamente

satisfactoria, afortunadamente. Como les decía, estos ocho años nos han permitido avanzar cada vez

más en el control y en la definición de protocolos de atención que garanticen la continuidad del

proceso.

Con respecto a la nueva licitación, el modelo ha cambiado. Les decía en mi primera

intervención que han transcurrido ocho años. Les decía también que el modelo del nuevo contrato se

ajusta al modelo de los contratos administrativos para la gestión indirecta de nuestros centros de

titularidad pública. Y ¿eso qué significa? Significa que el adjudicatario, como establece la ley de

contratos del sector público, ejecuta el contrato a su riesgo y ventura. Y significa que el adjudicatario

del contrato administrativo que tiene por objeto la gestión del centro asume la obligación de gestionar

en su totalidad el centro. El ahorro del coste total de 168,23, que ahora mismo asume el Instituto,

deriva de la adjudicación del contrato administrativo para prestar la atención especializada, de los

gastos que soporta directamente el Instituto en cuanto al mantenimiento del edificio, gastos derivados

de la conservación, gastos derivados del vestuario, manutención, etcétera, de nuestros usuarios, los

niños, y del precio de adjudicación del contrato administrativo para prestar el servicio de seguridad en

el centro; la suma de todo eso supone 168 euros. El ahorro que va a obtener el Instituto no deriva ni

muchísimo menos de recortar ninguna de las partidas vinculadas a la atención especializada de los

menores, sino de una mayor efectividad en la gestión del gasto. Es decir, el adjudicatario del contrato

es el que asume todo ese gasto, es el que proporciona todo el personal y es el que gestiona la

totalidad de esos contratos, y eso tiene dos ventajas fundamentales, como en el resto de nuestros

centros de gestión indirecta: por un lado, racionaliza la gestión que ahora mismo estamos realizando

en la que los gastos los estamos abordando desde dos entidades distintas, y, por otro lado, garantiza

la efectividad en su actuación y también económica. ¿De dónde viene el beneficio de la entidad?

Precisamente de esa efectiva gestión del precio de adjudicación que le abona el órgano de la

Administración. Es el mismo modelo.

En cuanto al destino de los veinticuatro trabajadores, como les decía, el modelo de gestión

actual llevaba aparejada la necesidad de que hubiera un personal, empleados públicos que realizaban

directamente determinadas tareas: las vinculadas a la conservación y, fundamentalmente, a la cocina

y a la hostelería. Con el nuevo modelo de gestión, dado que esos efectivos van a ser aportados por el

adjudicatario del contrato que es el responsable de aportarlos, se va a iniciar un procedimiento de

traslado de ese personal a otros centros del Instituto. En este sentido, lo que se ha hecho ha sido

transmitir una comunicación por escrito e informar a todas las trabajadoras y trabajadores afectados

por el proceso, que son veinticuatro, del inicio del procedimiento; se ha mantenido una reunión

informando al comité de empresa, dado que todos los puestos son de carácter laboral, y se ha abierto

un procedimiento de negociación, porque somos conscientes de que los traslados inevitablemente

llevan aparejadas consecuencias desfavorables para el personal.

¿Cuál es nuestro objetivo? Pues arbitrar un procedimiento de traslado que permita en la

medida de lo posible garantizar que todos los trabajadores puedan elegir aquellos centros de trabajo

en los que desean trabajar, lógicamente, respetando criterios objetivos en cuanto a la preferencia de


37410

la elección. En cuanto a los destinos que se les van a ofertar, lógicamente, son aquellos centros de

gestión directa del Instituto Madrileño de la Familia y el Menor en los que por razones de su

capacidad, por razones de su estructura y por razones de su plantilla es más necesario un refuerzo en

esas categorías profesionales o una cobertura de determinados puestos en esas categorías

profesionales.

En relación con la licitación, mire usted, efectivamente, en todos los contratos

administrativos que se tramitan en esta Comunidad Autónoma se garantizan los principios de

publicidad, concurrencia, transparencia e igualdad de los licitadores. Lógicamente, en este expediente

había unos requisitos de solvencia que todos los licitadores han acreditado, con excepción de uno,

que no es en concreto el actual adjudicatario del contrato, y, precisamente, porque no pudo acreditar

correctamente el requisito de solvencia económica; es decir, el certificado de instituciones financieras

que se exigía no recogía el contenido que expresamente se recogía en los pliegos. La fundación

O’Belen presentó su certificado de instituciones financieras y tiene un convenio judicial que regula su

concurso de acreedores; por lo tanto, cumplía los requisitos de capacidad para contratar.

En cuanto a la oferta económica que ha presentado el licitador Grupo Norte, en este caso,

que ha sido la más baja, tengo que decirle también que en los pliegos se recogen los criterios para

calificar las ofertas presentadas como normales o desproporcionadas, y ninguna de las ofertas

económicas presentadas estaba fuera de esos criterios, es decir, todas están dentro de los márgenes

que establece el pliego de cláusulas administrativas particulares y, por supuesto, la ley de contratos

del sector público. Muchísimas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias a usted por sus respuestas. A continuación pasamos al

siguiente punto del orden del día.

C-1213/2014 RGEP.8264. Comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Asuntos

Sociales, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre

valoración del desarrollo de los convenios de colaboración firmados entre la Consejería de

Asuntos Sociales y las presidencias de las mancomunidades de servicios sociales. (Por vía

del artículo 209 del Reglamento de la Asamblea).

Comparece en este caso don Luis Martínez Hervás, Director General de Coordinación de la

Dependencia, a quien damos la bienvenida; es la primera vez que comparece ante esta Comisión.

Tiene la palabra doña Matilde Fernández, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, para exponer

las razones que han motivado la solicitud de la comparecencia.

La Sra. FERNÁNDEZ SANZ: Gracias, señor Presidente. Bienvenido, señor Martínez, a su

primera comparecencia desde que es usted responsable de una Dirección importante de la Consejería

de Asuntos Sociales.


37411

La petición de esta comparecencia sobre la mancomunidades y, por lo tanto, la

documentación y las memorias de las 16 mancomunidades de esta Comunidad, tiene tres motivos: el

primero es jurídico, fruto de que a veces seguimos teniendo dudas y perplejidad por diferentes

opiniones en torno a los efectos de la modificación de la Ley de Bases a través de la ley que,

unilateralmente, con la mayoría absoluta del PP se aprueba en el Parlamento, la Ley 27/2013, del mes

de diciembre. Ahí se abre la puerta a la pérdida de competencias de los ayuntamientos y en una

disposición se dice que las mancomunidades tienen que cambiar sus estatutos en el plazo de seis

meses.

Compareció su antecesora y ahora Secretaria General Técnica y nos dijo que la ley no había

estado demasiado bien hecha y que los informes jurídicos de la Consejería se trasladaban a la

Federación de Municipios y a todos los órganos pertinentes y que la ley no se iba a poner en marcha

hasta diciembre de 2015. Entendimos que eso era para todo, para los cambios de los estatutos de las

mancomunidades... Para todo. Luego, a finales de octubre, el Boletín Oficial de la Comunidad de

Madrid ha publicado la Ley 1/14, de adaptación de la ley en el ámbito de la Comunidad, y esta

diputada, que no es jurista y puede, a lo mejor, cometer algunos errores de interpretación, se

encuentra algunos elementos de tranquilidad, que valoro que hayan trasladado esos elementos de

tranquilidad; por ejemplo, el artículo 8 deja claro que si la Comunidad asume competencias de

mancomunidades o de ayuntamientos integra a la plantilla del conjunto de los trabajadores que

estuvieran trabajando en esa mancomunidad de ayuntamientos; eso es muy importante y yo lo

valoro, que dejen un mensaje de tranquilidad.

Hablan de que, en principio, todo sigue igual, que hay que esperar a la ley de financiación y

a que las comunidades sean dotadas de recursos para poder asumir estas competencias, pero vuelven

a decir que las mancomunidades tienen seis meses para adaptar los estatutos, y yo aquí tengo

entonces que pedirle que, por favor, nos lo aclare, y en la disposición adicional primera, apartado

tercero, decir que, si no hay ahorro, si no hay eficiencia, la Comunidad puede asumir competencias;

es decir, queda la puerta abierta en el marco de la ley cambiada en las Cortes Generales. Con lo cual,

desde el punto de vista de argumentos jurídicos, yo, señor Director, quiero pedirle, primeramente, la

interpretación clara y, luego, cuántas y cuáles mancomunidades han revisado los estatutos, cuáles no,

y si va a haber trato diferenciado en función de que hayan revisado o no, así como si piensan asumir

competencias de alguna, y si, en el marco de esta realidad, piensan que 16 son suficientes o

insuficientes o si se necesitan más, es decir, una nueva estructura de organización; marco jurídico.

Si robo un poco de tiempo en la primera parte, me lo resta de la segunda, señor Presidente,

que usted suele ser muy benévolo conmigo y no quiero que nadie se queje.

Otro tema es el motivo político o democrático. Tengo que decirle que yo pedí las memorias

de las 16 mancomunidades o la ficha técnica y recibí la siguiente contestación: “No existe ninguna

exigencia legal para disponer de los documentos solicitados por parte de la Consejería y, por eso, la

Consejería no los tiene. Firmado: Viceconsejero de Presidencia e Interior, don Francisco Javier

Hernández Martínez.” No tiene ni idea este Viceconsejero. Esta contestación es un escándalo y espero


37412

que usted me la confirme. Si alguien tiene dudas, puedo leer el artículo 13 del convenio que firma el

Consejero Fermosel y los anteriores consejeros y consejeras con las mancomunidades.

El tercer motivo por el cual pedía esta comparecencia es de tipo social, del desarrollo de

nuestro sistema de servicios sociales. Voy a decirle algo que mis compañeros y compañeras ya me

han oído aquí: mire, el cuarto pilar del Estado del bienestar tiene tres grandes políticas, de las cuales

la primera es la lucha contra la exclusión, con una herramienta tan importante como el derecho a la

renta mínima en esta Comunidad y todos los programas de inserción. La segunda gran herramienta es

la Dirección que usted tiene, y las tres Direcciones que hay trabajando en los servicios a la

dependencia, que yo llamaría los servicios de atención especializada -ya que es usted médico utilizo el

lenguaje de sanidad-. Y la tercera gran política para universalizar el cuarto pilar del Estado del

bienestar corresponde a los servicios de atención primaria; por lo tanto, los convenios municipales y

de mancomunidades. Si esas tres cosas funcionan bien, nosotros tenemos el sistema de servicios

sociales. Incluso creo sinceramente que aquellas cosas que, con recursos europeos, pusimos en

marcha, de acciones positivas para tantos colectivos, podrían reconducirse y realizarse desde las tres

grandes columnas vertebrales de los tres pilares del sistema de servicios sociales.

En ese marco, señor Director General, pedía la documentación; sí tengo los convenios, pero

he tenido que llamar mancomunidad por mancomunidad para ver si me daban documentación. Tengo

mi pequeña radiografía de lo que está funcionando mal y de lo que está funcionando bien, pero le voy

a escuchar primero a usted para hacer el trabajo ante un fallo. Usted no cuelga memorias o no hace

una estadística que recoja cuántas UTE tiene, si se cumple la ratio de una UTE por cada 3.000

habitantes, dónde están las prestaciones que más le piden las mancomunidades, si esa ayuda a

domicilio es información, es orientación o es cursar la Ley de la Dependencia; es decir, eso, con 16

memorias, por si alguien dice: ¡ay! Matilde cuántos papeles pides siempre –además como es vieja,

siempre recurre a los papeles en vez de a la informática-. No, no, mancomunidad de servicios sociales

de Sierra Norte; si es así, son seis hojitas en las que la trabajadora social recoge los datos de cada

pueblo que forma la mancomunidad, que en este caso son 42. De todas formas, ¿cuántas peticiones

de documentación, cuántas peticiones de ayuda a domicilio...? Es una cosa sencilla en la que yo

pensaba trabajar para hacer un cuadro y ver qué plantillas teníamos en mancomunidades, qué

solicitaba la gente y en qué teníamos que insistir más, sobre todo porque hay un documento que,

perdóneme, pero como a veces fotocopio las cosas que nos afectan por no tener el documento

completo, no sé si es del Consejo Económico y Social o de la Federación Española de Municipios y

Provincias que decía que las mancomunidades en general y también la de Madrid tenían congelación

de créditos y eso creaba problemas para seguir sacando adelante problemas, tensiones de tesorería,

unas veces por parte de la Consejería tardando en pagar, otras veces por algunos ayuntamientos de

las mancomunidades que se hacen los suecos para que pague el ayuntamiento que tiene la sede de la

mancomunidad, y como consecuencia todo esto producía vulnerabilidad en las mancomunidades.

Por lo tanto, en el fondo, yo espero que usted nos traiga la mayor parte de esa información

para ver cómo están los pagos, qué deudas tiene, cómo va cumpliéndose el convenio y cuáles son las

tareas en las que las mancomunidades, sus trabajadores sociales y el equipo multiprofesional actúan


37413

más para resolver los múltiples problemas que está región tiene, y que tiene muchos servidores

públicos y muchos profesionales con una gran capacidad para resolver estas cuestiones. Gracias,

señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. Quisiera que me aclarara cuando ha dicho lo de

“vieja” a quién se refiere, porque le aseguro que, por la apreciación de todos los demás, no

coincidimos con usted. (La Sra. FERNÁNDEZ SANZ: Es una palabra encantadora.) Permítame que no

coincidamos en nada con su apreciación. Tiene la palabra el señor director General de Coordinación

de la Dependencia, don Luis Martínez Hervás.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA (Martínez

Hervás): Buenos días. Muchas gracias, señor Presidente. Señorías, voy a empezar, y me lo va a

permitir, haciendo un breve semblante de lo que ha venido siendo la historia para ir desembocando

en la mayoría de las cosas que usted me ha planteado aquí y que me gustaría ir respondiendo.

El desarrollo del sistema público de servicios sociales tiene su principal referente en dos

principios básicos, como usted sabe: la solidaridad y la proximidad. La primera normativa de servicios

sociales en la Comunidad de Madrid, plasmada en la Ley 11/1984, de 6 de junio, hacía hincapié en la

descentralización mediante la sectorización territorial y en las inversiones de la Comunidad de Madrid

en materia de servicios sociales, que debían responder a los criterios de solidaridad e igualdad dentro

de su territorio. Esta necesidad determina el establecimiento de una zonificación de servicios que se

ha mantenido en el tiempo, cuya primera regulación data del año 1990 y cuya última actualización

corresponde al año 1998. Como bien sabe, la zonificación de los servicios sociales de la Comunidad de

Madrid se establece en cuatro agrupaciones territoriales: la zona básica, la demarcación, el distrito y

el área de servicios sociales. Las dos primeras corresponden, como bien ha apuntado usted -no sé si

decir en su preámbulo sobre la comparecencia, porque casi me ha quitado muchas de las cosas que

yo pensaba decir-, a la atención social primaria. El distrito, cuyo máximo de población es de 250.000

habitantes, es el marco diseñado para las actuaciones de la atención especializada y el área, con un

límite de 750.000 habitantes, agrupa todos los conceptos anteriores, con el objeto de servir de

referencia para el establecimiento de redes completas en los servicios sociales. No es preciso indicar

que la propia normativa excluye estas referencias numéricas al Ayuntamiento de Madrid, que hace

coincidente su propia división territorial con la zonificación de servicios sociales, es decir, los distritos

municipales, con independencia de su tamaño, se consideran distritos de servicios sociales y el

municipio de Madrid, en su totalidad, un área propia de servicios sociales.

A su vez, en el año 1998, tiene lugar un hito, que es la construcción del sistema público de

servicios sociales en su modalidad de atención social primaria, que es la formulación del denominado

plan concertado, que, mediante la instauración de unas prestaciones básicas, tiene por objeto

garantizar una serie de derechos sociales que permitan el ejercicio de la igualdad de oportunidades.

La colaboración de las Administraciones estatal y autonómica tiene su colofón en que los créditos que

ambas aportan puedan repercutir en estructuras y servicios a gestionar por los entes locales, con

objeto de potenciar los servicios sociales comunitarios.


37414

Las características que adornan el territorio de la Comunidad de Madrid, en la que conviven

una gran urbe con 9 municipios de más de 100.000 habitantes, 10 entre 50.000 y 100.000, 14 de

20.000 a 50.000 y 145 que no alcanzan los 20.000, de los cuales 99 no llegan a 5.000 y 47 de estos

últimos están por debajo de 1.000, hacían necesaria una fórmula organizativa que nos permitiera

hacer llegar los servicios a todos los ciudadanos en condiciones de igualdad, máxime si se tiene en

cuenta que las cifras que le acabo de dar son recientes y el porcentaje de los municipios con escasa

población era aún mayor en la época a la que me estoy refiriendo. Dicha fórmula consistió en el

impulso desde la Comunidad de Madrid para la creación de mancomunidades de los servicios sociales

para municipios que no superaran los 20.000 habitantes. De esta forma, mediante una financiación y

un apoyo técnico reforzados en la Comunidad de Madrid, se contribuía a acercar los servicios a los

ciudadanos y permitía desarrollar las competencias municipales previstas en la normativa de régimen

local pero que, por su tamaño, no le obligaban a ejercer.

Les ruego que me disculpen esta pequeña digresión histórica pero me parecía importante

hacer estas consideraciones para reseñar que para la Consejería de Asuntos Sociales la actuación de

las mancomunidades de servicios sociales forma parte del modelo de construcción del sistema público

de servicios sociales y son una parte inherente a la red básica de atención social primaria, como se

habrán dado cuenta en el hecho de las referencias legales que trascienden el tiempo del Gobierno del

Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Y esto es así porque para nosotros el sistema público de

servicios sociales es una parte indivisible del Estado Social y Democrático de Derecho y, por tanto,

tiene una vocación de permanencia con independencia de los avatares políticos. Precisamente es la

actual Ley 11/2003, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, la que consagra legalmente las

mancomunidades de servicios sociales como una fórmula de colaboración idónea para el desarrollo de

la atención social primaria. En este sentido, el artículo 12.2 determina que, con objeto de procurar la

extensión de la cobertura del sistema de servicios sociales a todos los ciudadanos en condiciones de

igualdad, la Comunidad de Madrid fomentará la constitución de mancomunidades de municipios

cuando estos tengan menos de 20.000 habitantes para la prestación en común de servicios sociales,

de acuerdo con los criterios de territorialidad y según la planificación establecida.

Además, en lo que respecta a la financiación de la atención social primaria, el artículo 52.3

de la Ley de Servicios Sociales establece que la Comunidad de Madrid favorecerá en su financiación a

las mancomunidades constituidas por municipios con población inferior a 20.000 habitantes para su

prestación de servicios sociales en virtud de su mejor capacidad para responder a las necesidades

sociales de esta población. En la actualidad existen 140 municipios mancomunados, distribuidos en las

16 mancomunidades existentes, que representan el 78 por ciento de los entes locales de la región. La

composición de las mancomunidades oscila desde los 42 municipios que integran la de la Sierra Norte

hasta los dos que tiene la mancomunidad de Mejorada-Velilla. En la mayoría de los casos las

mancomunidades tienen como objeto principal los servicios sociales y su constitución ha obedecido a

este fin. Los municipios de menor tamaño se concentran fundamentalmente en la mancomunidad de

la Sierra Norte, cuyo municipio mayor es Torrelaguna, que apenas llega a los 5.000 habitantes, y el

más pequeño es Madarcos, de tan solo 55 habitantes. La población incluida en la atención que

prestan las mancomunidades de servicios sociales asciende a 586.101 habitantes, que suponen el 9


37415

por ciento de la población total de la Comunidad de Madrid y el 17,84 por ciento de la población de

las áreas 1 a 4 de los servicios sociales. El número de municipios de menos de 20.000 habitantes no

integrados en las mancomunidades de servicios sociales es de ocho, que representan el 5 por ciento

del total de los municipios de estas proporciones.

Uno de los aspectos que favorecen una valoración más positiva de la actuación de las

mancomunidades de servicios sociales es la atención directa a los ciudadanos. En este aspecto, hay

que recalcar que, además de los servicios y de la organización que se realizan en las sedes de las

mancomunidades, existe una atención directa en cada uno de los 140 municipios mancomunados; de

hecho, las unidades de trabajo social que se destacan ascienden a 156 puntos de atención, ya que

hay que tener en cuenta que la atención no solo se presta en los propios municipios sino también en

las pedanías que corresponden a estos. Hay que significar que, en la mayoría de estos municipios, el

punto de atención de servicios sociales constituye la única oficina pública de referencia al margen de

las propias dependencias municipales, así como que la estructura física y funcional de atención social

primaria en las mancomunidades ha posibilitado el desarrollo de actuaciones impulsadas por la

Comunidad de Madrid relacionadas, por ejemplo, con la igualdad en las oportunidades entre hombres

y mujeres, la prevención y atención a la violencia de género e incluso la promoción y acceso al

empleo.

El convenio de colaboración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.3 de la Ley

de Servicios Sociales, es la fórmula arbitrada en la Comunidad de Madrid para facilitar la cooperación

entre las entidades locales en el desarrollo de las funciones, prestaciones y equipamientos propios de

los servicios sociales. Así, en la práctica, los convenios suscritos con los entes locales suponen la línea

de continuidad, impulso y desarrollo del sistema público de servicios sociales. La aportación de la

Comunidad de Madrid a los convenios de 2014 asciende a 8.196.701 euros, que representa el 30 por

ciento del importe del total destinado a los acuerdos de los entes locales de las áreas 1 y 4.

Recordemos que suponía el 17,82 por ciento de la población.

Los convenios recogen tres referencias: gestión y mantenimiento, programas y teleasistencia

domiciliaria. La gestión y mantenimiento hace referencia fundamentalmente al coste del módulo de

personal, que la Comunidad de Madrid financia, en el caso de las mancomunidades, al cien por cien.

El anexo del programa recoge la presupuestación en materia de servicios de atención domiciliaria,

promoción de la autonomía personal, emergencia social, alojamiento alternativo, prevención, inserción

y promoción social, y un programa de atención al menor que se lleva a cabo por los entes locales. La

participación de la Comunidad de Madrid en dicho coste es del 50 por ciento.

Por otra parte, hay que señalar que existe un anexo a título informativo que recoge las

previsiones de gestión que afectan al servicio de teleasistencia domiciliaria y que en este momento se

lleva a efecto por un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias. En el caso de las

mancomunidades, el número de usuarios atendidos es de 3.311, que supone el 16,19 por ciento de

los que atiende la federación. La Comunidad de Madrid financia un 75 por ciento de su coste, que


37416

asciende a 23,45 euros por terminal, lo que supone una aportación anual de la Comunidad de Madrid

que se acerca a los 750.000 euros.

Finalmente, hay que hacer referencia a la gestión de la ayuda a domicilio para las personas

dependientes que, anteriormente gestionada por los entes locales, desde abril de 2013 la Comunidad

asume en su totalidad y cuyo coste en el territorio de las mancomunidades asciende hasta casi 5

millones de euros, que representan el 22 por ciento del coste total -a excepción del Ayuntamiento de

Madrid- destinado por la Comunidad a la prestación de este servicio. Por tanto, señorías, el coste de la

atención social primaria en el territorio de las mancomunidades, en lo que se refiere a la aportación

de la Comunidad de Madrid, supera los 14 millones de euros. No obstante, en lo que se refiere

exclusivamente a la aportación de la Comunidad de Madrid que figura en los convenios de los

servicios sociales, es preciso reseñar que supone una inversión de 14 euros por habitante, frente a la

media de los 8 euros del resto de los tramos de población.

Asimismo, hay que señalar que el número total de profesionales incluidos en los convenios

suscritos con las 16 mancomunidades asciende a 259, que representan el 26 por ciento del total de

los profesionales de la red básica de servicios sociales, excluida Madrid, y que supone una ratio de

atención por profesional de 2.263 habitantes. El 46 por ciento de dichos profesionales, es decir, 120,

son trabajadores sociales, lo que supone una ratio de 1 por 4.884, inferior en el 28 por ciento a la

ratio de atención media en la red básica, excluida Madrid.

Las mancomunidades de servicios sociales desarrollan, a lo largo del 2013, 110 proyectos,

que representan el 24 por ciento de los proyectos desarrollados por los entes locales. La mayoría de

los proyectos desarrollados por las mancomunidades se concentraron en materia de acompañamiento

e intervención social, que representan el 68 por ciento, seguidos por los de dinamización comunitaria,

que representan el 12 por ciento. En ambos casos las mancomunidades ostentan el liderazgo en este

tipo de proyectos: el mayor número en acompañamiento y el segundo en dinamización, lo que se

explica por las especiales características que adornan a la ejecución de los servicios sociales en los

municipios pequeños, en los que, además, a la gestión de la oferta prestacional y de servicios del

propio sistema, se añade una función de cohesión mediante la movilización personal y grupal. En el

año 2013 el número de usuarios atendidos en el entorno de las mancomunidades ascendió a 124.510

personas, lo que representa un 26 por ciento del total de las personas atendidas en la red, excluida

Madrid.

En consonancia con lo expuesto anteriormente, hay que señalar que el tipo de demanda

nueva más frecuente correspondió a la información, valoración y orientación, y movilización de los

recursos, con un 31 por ciento; características propias de la atención social primaria, que es más

numerosa en la red, a excepción de los municipios de más de 100.000 habitantes, que representó el

37 por ciento, frente a este 31 por ciento. Asimismo, hay que significar la relevancia que, en el

entorno de las mancomunidades, tienen la información y las demandas no referidas a servicios

sociales, que atienden el 16 por ciento de las recogidas, y que están en relación con la característica

que ha quedado dicha: la atención personalizada en el acceso al territorio.


37417

En cuanto al contenido no estrictamente económico del convenio, hay que señalar una serie

de mejoras introducidas en el convenio de 2014 con objeto de facilitar la gestión de los servicios

sociales y adaptar su interpretación, sin que ello suponga merma ninguna en rigor de la consecución

de sus objetivos. Entre los principales, destaca la introducción de una forma de pago mediante

anticipo mensual que garantice la suficiencia económica de las mancomunidades; eliminación de la

burocracia de la justificación del convenio, en consonancia con las posibilidades tecnológicas de las

localidades; flexibilidad en la justificación que permita la compensación de gasto entre los conceptos

del convenio, y la posibilidad de incrementar el convenio en el propio año de su ejecución.

Señorías, como han podido apreciar a lo largo de mi intervención, no puede deducirse sino

una valoración muy positiva de los acuerdos que mantenemos con las mancomunidades de servicios

sociales; pero no quiero concluir sin citar dos ejemplos que ponen de relieve la trascendencia de esta

colaboración. Como todos ustedes saben, a finales del año pasado se integró, mediante adenda, al

convenio la posibilidad de suscribir una encomienda de gestión para la valoración de la situación de

dependencia. Dicha posibilidad fue acogida por 51 de los 54 convenios a los que se dirigió la

propuesta, entre ellos, la totalidad de las mancomunidades. En el presente ejercicio solo dos

ayuntamientos de las áreas 1 y 4 no han suscrito dicha encomienda. Pues bien, señorías, tengo que

decirles que nada de esto hubiera sido posible sin la predisposición de las mancomunidades de

servicios sociales, que, desinteresada y generosamente, se prestaron a realizar experiencias piloto,

que han servido en base para el éxito actual. Efectivamente, 14 de las 16 mancomunidades existentes

formaron parte de ese proyecto, que se extendió desde finales del 2012 hasta la integración del

convenio general a finales del 2013.

Por otra parte, en el presente ejercicio hemos puesto en marcha otro proyecto relacionado

con la inclusión de puntos de encuentro familiar, vinculados a la red básica de servicios sociales y

encuadrados en el marco del convenio para la atención social primaria y la atención a personas en

situación de dependencia. Se trata de articular una serie de servicios integrales articulados e

interconectados con la red básica de servicios sociales. También en este caso la colaboración entre las

mancomunidades ha sido decisiva. Dos de los cuatro puntos previstos se ubicarán en las

mancomunidades THAM y Mejorada-Velilla.

Finalmente, permítame concluir con una reflexión. El sistema público de los servicios sociales

lleva casi un cuarto de siglo construyéndose. En este tiempo, la Comunidad de Madrid ha contribuido

de forma permanente a su mantenimiento. A este respecto, les recuerdo que la aportación estatal del

Plan Concertado significa un 3 por ciento del coste global de la red básica de servicios sociales y ha

sufrido un descenso de algo más del 70 por ciento en su aportación desde el 2011. Los servicios y

prestaciones del catálogo de dependencia, por su parte, son costeados en un 85 por ciento por la

Comunidad de Madrid. Este, y no otro, es el compromiso de la Comunidad de Madrid con el sistema

público de servicios sociales. Muchas gracias, Presidenta; muchas gracias, señorías.

La Sra. PRESIDENTA: A continuación tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Unión

Progreso y Democracia, el señor Reyero.


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El Sr. REYERO ZUBIRI: Muchas gracias, Presidenta. Señor Martínez Hervás, bienvenido a

esta Comisión, en la que estamos encantados de tenerle. Gracias por su exposición, que ha sido

fundamentalmente informativa; se lo agradezco. Además, ha habido alguna cosa de las que ha

comentado que no conocía, como los puntos de encuentro, que me parece un tema interesante y

necesario. En esta misma Comisión hemos denunciado la descoordinación que había en los puntos de

encuentro a nivel autonómico.

Me gustaría agradecer también al Grupo Socialista la oportunidad de traer este tema aquí,

porque a mí me gusta prepararme las intervenciones y cuando uno intenta buscar en toda la

información de la Comunidad de Madrid se encuentra con grandes dificultades a la hora de tener

simplemente esos datos que usted ha facilitado hoy, que podrían ser una memoria fantástica de su

Dirección General. La señora Balfagón, en anteriores comparecencias, decía que daba por supuesto

que ustedes iban a continuar en el Gobierno. ¡Ojalá no sigan ustedes en el Gobierno! Pero, para el

Gobierno que venga, publiquen memorias de actividades, den información y que sean mucho más

transparentes. Es algo que estamos demandando no solo nosotros para poder hacer nuestro trabajo,

sino los ciudadanos. Con lo cual, les sugiero que en este tiempo que les queda hasta mayo publiquen

esta información y la cuelguen de la web, porque la verdad, para conocer la información acerca

simplemente de las mancomunidades, la única manera que conozco es pedir información a través de

la Asamblea; que me contesten en un mes y medio o dos meses; que me digan que vaya a la

Dirección General de Dependencia para recoger los convenios; que me venga con todas las carpetas

con las que ha venido la señora Fernández, de todos los convenios de las mancomunidades;

traérmelos aquí, y empezar a revisarlos. Esto no es operativo cuando un resumen de esa información

sería suficiente para ver los presupuestos que usted ha citado, cuánto se dedica y a qué. Además, eso

nos ayudaría mucho a que estas comparecencias no se limitaran solo a ser informativas, que está

bien, sino que realmente, como Grupos de la oposición, pudiéramos valorar la situación de los

convenios con las mancomunidades y entrar en un debate más rico.

Usted ha hecho un repaso bastante interesante acerca de la evolución del sistema de

atención primaria en la Comunidad de Madrid y de la solución a la que se llegó de las

mancomunidades. Ya saben que mi Grupo, precisamente, para llegar a un mismo objetivo, que

creemos que es más efectivo, de igualdad entre todos los ciudadanos, defiende que eso pase no por

las mancomunidades, que es la existencia de un organismo adicional, sino por la fusión de municipios

que están por debajo de esa cifra de 20.000, que entendemos que hace que no sean demasiado

operativos en determinadas materias como la de servicios sociales. Esto forma parte de nuestra

posición política.

Hace cuatro meses en esta misma Comisión tuvimos la ocasión de escuchar a la Secretaria

General Técnica en una comparecencia del Plan Concertado de Servicios Sociales y en ese caso no

nos centramos en las mancomunidades, aunque sí las citamos. Recuerdo el debate que tuvimos

acerca de la reforma de la Ley de Bases y las dudas que nos surgían. Es cierto que se nos dijo que

había un informe jurídico que disipaba esas dudas, que señalaba que no era necesario que las

mancomunidades modificaran sus estatutos hasta diciembre de 2015. Además, la ley de adaptación


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de la Ley de Bases de Régimen Local, que se aprobó en esta Asamblea, deja bastante claro aquellas

dudas que podía suscitar esta nueva ley.

Quiero comentarle que hemos recibido el presupuesto muy recientemente. Lo recibimos el

viernes y yo he tenido ocasión de verlo ayer un poco por encima. Desgraciadamente, nos han

cambiado el formato, con lo cual tendremos que dedicarle un poquito más de tiempo, pero seguro

que en unos días nos adaptaremos al nuevo formato y podremos entenderlo mejor. No he tenido

tanto tiempo para poder conocer la información que ustedes facilitan, pero, en lo que se refiere a los

convenios con las corporaciones locales, tengo una duda respecto al año 2014, porque en el

presupuesto se hablaba de 97 millones y, en esta misma Comisión, la Secretaria General Técnica dijo

que realmente no eran 97 sino 130 millones. Aquí no hablamos solo de mancomunidades sino de

todas las corporaciones locales. Quiero que me aclare cuál es el dato real porque para el año 2014 he

visto que aparecen 98.548.000 euros, o sea, un poquito más respecto a los 97, pero no los 130

millones que se nos decía del año anterior.

También aparece como objetivo para este año firmar un convenio con una corporación local

más; el año pasado eran 56, este año aparecen 57. No sé cuál es esa corporación local que se

incorpora y me gustaría que me lo aclararan. En la actualidad son 16 las mancomunidades de

servicios sociales que operan en la Comunidad de Madrid, y además ha sido así en los últimos años.

Yo he tenido ocasión de revisar los convenios, no los más recientes ya que no me ha dado tiempo a

solicitarlos y estudiarlos, pero sí de años anteriores, y realmente no ha habido demasiada variación en

cuanto a los porcentajes de financiación por parte de la Comunidad de Madrid, que suelen rondar el

85 por ciento y en algún caso llegan hasta el 95. Eso se mantiene.

Después de escuchar su comparecencia, me leeré detalladamente los datos que usted nos

ha facilitado para poderlos analizar además con los números del presupuesto. Creo que ha dicho

cosas muy interesantes que seguro que, con vistas al presupuesto, nos van a ser de gran utilidad a

los Grupos políticos de la oposición. Por mi parte, nada más y muchas gracias.

La Sra. PRESIDENTA: A continuación, por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Los

Verdes, tiene la palabra la señora Amat.

La Sra. AMAT RUIZ: Gracias, Presidenta. En primer lugar, quiero dar la bienvenida al señor

al Martínez Hervás y agradecerle la cantidad de datos y de información que nos ha dado, que

evidentemente tendremos que estudiar despacio.

Para que no se me olvide, señor Reyero, sé que la fusión de municipios es algo que usted

tiene constantemente presente y me gustaría que dijera cuál de ellos es el que va a valer; cuando se

fusionen dos o tres, ¿se cambiará el nombre de todos y se llamarán de alguna manera especial? Me

parece un asunto muy complicado y no sé si usted ha hablado con los municipios sobre eso.

Ha comentado el señor Martínez Hervás al principio que iba a hacer un poco de historia

sobre esto; a mí, si no le importa, me gustaría también hacerla. El Plan Concertado se concibió para


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reforzar el papel de las corporaciones locales en cuanto a la prestación de servicios sociales –eso ya

se ha dicho- y se establecían cuatro compromisos que asumían las Administraciones: cofinanciación,

que ya vemos que ha ido modificándose, gestión -que también-, información y asistencia técnica. Los

ayuntamientos y las mancomunidades tienen una responsabilidad que nunca han querido dejar de

asumir y que resulta muy cercana: atender a sus vecinos; más básico, más cercano y más directo

imposible. En la actualidad, los ayuntamientos, y también las mancomunidades, informan y orientan

sobre derechos y recursos; realizan acciones de prevención e inserción social y familiar para personas

y colectivos en situación de riesgo o marginación; prestan ayuda a domicilio, en algunos casos, a

personas o familias que la necesitan; ofrecen prestaciones de alojamiento y convivencia a personas

que carecen de un ambiente familiar idóneo, e incluyen prestaciones específicas a colectivos como

infancia, juventud, tercera edad, mujeres y minorías étnicas, todo incorporado además al tema de la

dependencia.

Cuando se incorporó al Plan Concertado de Servicios Sociales la atención a personas en

situación de dependencia, mi Grupo fue muy peleón al respecto porque teníamos claro que debía ser

una adenda o un convenio independiente que diferenciara bien lo que eran los servicios sociales de la

dependencia, entre otras cosas porque ha llegado un momento -y permítame la expresión- en el que

hay un batiburrillo que nunca se sabe qué es dependencia, qué son servicios sociales, con qué se

financia una cosa y con qué se financia la otra.

Se lo digo porque hasta el momento en el que se unieron esas dos cosas sabíamos que el

dinero que iba para el convenio marco de servicios sociales era finalista, tenía que ser para servicios

sociales, pero cuando incorporamos que primero había que atender a los dependientes lo que hicimos

fue utilizar para una cosa un dinero que era para otra. Sobre este tema, en el que soy muy pesada,

siempre digo que esta Comunidad hizo caja cuando incorporó la Ley de dependencia al convenio

marco, y hasta ahora nadie me ha llevado a los juzgados. Evidentemente, hemos cobrado por dos

sitios: una vez por dependencia y otra por el convenio marco de servicios sociales. Efectivamente, va

bajando la financiación que cobramos, eso lo tengo claro, pero es verdad que con un dinero

atendíamos una cosa y usábamos dos.

Respecto a las mancomunidades, no es la primera vez que hablamos de esta cuestión. Creo

que en la Legislatura pasada hablamos bastante de los convenios de mancomunidades en la Comisión

y en el Pleno por el problema que tenían de financiación; era evidente.

En primer lugar, no es fácil mantenerse con los presupuestos que había,

independientemente de que se haya incorporado, pero es verdad que entre aquellos que se salían de

los convenios porque sencillamente no estaban cómodos, no recibían lo que pensaban que les valdría,

incluso porque tenían ya unas estructuras locales que les compensaba hacerlo directamente, o porque

no pagaban a esa mancomunidad, que también hay ayuntamientos que por el motivo que sea no

pagan, si lo incorporamos a que se reúnen poco, etcétera –he preguntado en alguna mancomunidad

sobre los técnicos, trabajadores sociales de que disponen y me han dicho que desde hace un año o

dos no se reúnen-, vemos que el funcionamiento queda muy bonito en el papel, pero en la realidad


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hay ayuntamientos y mancomunidades en los que el funcionamiento no es tan bueno. Ojalá todos

tuvieran esa Memoria, pero hay algunos que no se han reunido ni saben cómo van las cosas.

Usted ha mencionado la encomienda de valoración de dependencia y ha dicho que estaban

encantados con ella. No dudo de que estén encantados de tener la encomienda, pero creo que

estarían más encantados si pudieran, no solo las mancomunidades sino también los ayuntamientos,

intervenir en el PIA. Mire, es un tema sobre el que, al hablar con los trabajadores sociales y

ayuntamientos de todos los signos políticos, me terminan diciendo lo mismo, y es lógico. No puedo

entender que alguien valore, haga un informe social sobre cómo vive el dependiente y sus

necesidades y que no intervenga en el PIA el más cercano. Creo que evitaríamos muchos errores

como, por ejemplo, valorar a una persona con el grado 1 y que no se le atendiera porque el PIA no

asigna lo que le corresponde. Creo que la Ley de dependencia debía haber incorporado a los

ayuntamientos desde su inicio. Se lo vamos dando con cuenta gotas, sin incorporar presupuesto entre

otras cosas, sin duro, pero deberían estar incorporados en todo, incluido el PIA. Es decir, que ellos,

dependiendo de la zona en la que están, valoraran qué era lo más conveniente. Creo que debería

hacerse así, y siempre que lo comento con ellos me dicen que es la única parte que les falta.

Me parecen importantes los datos que nos ha dado, los estudiaremos a fondo, pero me

gustaría saber si creen que debería hacerse alguna modificación en los convenios con las

mancomunidades. También me gustaría saber si han estudiado ayudar económicamente a las

mancomunidades que no dispongan de ese dinero para poder seguir atendiendo a sus vecinos –ya se

preguntó en alguna ocasión y se nos dijo que no había solución-, por el motivo que sea, porque se

van algunos o porque sencillamente no todos pagan lo que les corresponde. Nada más y muchas

gracias.

La Sra. VICEPRESIDENTA: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra

la señora Fernández.

La Sra. FERNÁNDEZ SANZ: Gracias, señora Presidenta. Señor Director General, hay dos

cosas que yo he valorado como muy positivas de su intervención. Una es que nos ha dejado clara su

visión positiva de los servicios sociales de atención primaria y, por lo tanto, la proximidad del trabajo

de servicios sociales. Asimismo, comparto con mis compañeros que usted ha dejado tres o cuatro

datos que son muy útiles, desde ratios hasta euros por habitante... Esas cosas que pensábamos

conseguir con un trabajo o con las Memorias, incluso algunas cosas de más interés. A ver si ahora, en

su derecho de dúplica, conseguimos alguna información más.

Sobre lo que le comentaba de carácter técnico-jurídico, a ver si nos puede trasladar la

información de cuántas mancomunidades han adaptado el Estatuto. Tengo un “flash” que no es

científico, es de hablar, y es que las comunidades entre cuyos ayuntamientos hay respeto,

corresponsabilidad y cofinanciación acaban teniendo mejor relación con ustedes, y que esas que

acaban funcionando mejor sí han revisado los estatutos, pero creo que hay otras con más problemas

que no los han revisado. Insisto, no es nada científico, es llamar, oír y escuchar cómo se desahogan


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las personas, pero me parece importante para ver qué se va a hacer con la revisión de convenios o no

revisión.

Respecto a los motivos políticos y democráticos, estoy convencida de que ustedes han

preparado la documentación y ha sido Presidencia quien no lo ha trasladado a esta Asamblea. Lo sé

porque ya lo empiezan a decir algunos consejeros hasta en el Pleno: “No me responsabilizo de esa

respuesta”. El consejero Fermosel es más prudente. (La Sra. AMAT RUIZ: Algunas veces.) Es más

prudente porque es un veterano del Partido Popular. Pero déjeme decirle algo: usted tiene que leerle

la cláusula decimotercera en la que queda claro que tiene que responder semestralmente a las fichas

que ustedes han elaborado, recogida de documentación, y elaborar una memoria anual. Y, como eso

está en el convenio, la documentación ustedes la tienen; por lo tanto, otra consejería no puede decir

que ustedes no la tienen. Déjeme decirle que yo siento humillación cuando recibo esas respuestas,

humillación democrática. Pero les critico un poco a ustedes porque, cuando se inauguró el centro base

-que charlé un ratito sobre niños, de infancia-, detrás de la Consejería, se lo comenté a usted, y usted

tal vez podía haber cogido esa documentación y, con una tarjetita, habérmela enviado. También

comenté la faena a la Secretaria General Técnica, y tampoco me la envío. A mí me ha tocado hacer

eso muchas veces: quejárseme parlamentarios del PP, llegar a mi despacho, hacer la fotocopia,

mandar una tarjeta, y decir: “Espero que no se vuelva a repetir.” La verdad es que yo esperaba una

reacción de ustedes; quiero que lo sepa. Podría ser muy dura aquí, porque yo suelo ser dura, aunque

tenga esta voz de pica suave, cuando algo no me parece bien.

Tengo que remontarme a hace muchos años para tener a veces la sensación de humillación

por la mala información, la denegación de información que el Gobierno de la Comunidad hace a la

oposición en esta Asamblea. Me tengo que remontar a muchos años atrás, y realmente, en

democracia, esto no se debe permitir. Me quedo ahí.

Sobre los temas sociales, querría preguntarle algunas cosas más para llegar a una

conclusión; incluso voy a ser un poco anglosajona y la voy a adelantar después de escuchar a Pepa

Amat.

Leyendo el convenio, lo primero que me apetece después de escuchar las ratios es

preguntarle: ¿cuántas personas tiene usted, técnicos de cualquier tipo, trabajadores sociales, que

trabajan en la Dirección, encargados de las 16 mancomunidades? Porque, como mínimo, como

mínimo, debería tener una por mancomunidad, para hacer comisiones de seguimiento, para elevar

actas, para entonces conocer lo que dicen unos y otros, para llevar la Dirección –su Dirección-, para

llevar información; por ejemplo, para resolver el tema de quién hace los PIA, porque lo hace su

Dirección. ¿Ha delegado para que el Servicio Regional de Bienestar Social lo haga, también servidores

públicos? ¿Qué le parecería si funcionaran las 16 comisiones de seguimiento, y si fueran sus

trabajadores sociales los que, con las UTE, terminaran de supervisar y saliera de la comisión de

seguimiento el informe adecuado y definitivo del PIA? Me puede faltar... Llevan ustedes gobernando

veintitantos años, nos falta sensibilidad de cómo funciona todo por dentro, pero si funcionara la

comisión de seguimiento se podrían hacer muchas cosas. Empezaré preguntándole, para que vea


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usted cómo me estoy intentando meter en el meollo de cómo podría funcionar mejor –sé que es un

poco delicado-. Querría que me dijera qué ayuntamientos no están pagando; si usted debe a alguna

mancomunidad. Tengo información de lo que está pasando en dos de ellas y que esto está impidiendo

que se pague a los trabajadores; otras, me dicen que no. En muchos convenios no se concreta, pero

en otros se habla de que, cuando firman ustedes, se entrega el 80 por ciento y el 20 por ciento el 31

de octubre. Así en muchas mancomunidades. Estoy hablando del convenio de 2013, ya sé...

(Asentimiento por parte del Director General.) Porque el convenio de 2014 ya lo han firmado con

muchísima más imprecisión, y las adendas de 2015 ya son de dos folios. En definitiva, me gustaría

que me diera un poquito de información sobre la financiación y a quiénes se ha enviado el borrador,

la adenda de 2015-. A mí me la ha facilitado, por ejemplo, la Misecam, que ya la tiene, pero otras me

han dicho que no la tienen. Desearía saber qué criterios políticos y técnicos están planteándose para

que esto se produzca.

Por otro lado, al no funcionar –insisto, puede faltarme información- adecuadamente la

comisión de seguimiento, al no haber reuniones periódicas con ustedes –entre ellos, en algunos sitios

se reúnen mucho; La Maliciosa se reúne casi todas las semanas, pero otros no se reúnen en meses y

no convocan a los demás responsables-, al no haber actas, tengo la sensación de que puede fallar la

información que nos llega desde la Consejería para que las mancomunidades obtengan más recursos

en algunos temas. Voy a ponerle un ejemplo: circular recibida ayer de la Federación Española de

Municipios y Provincias, con proyectos singulares del tipo “economía baja en carbono, 500 millones de

euros” y “desarrollo urbano sostenible, 950 millones de euros”, convocatoria, plazos... ¡Hombre! Si yo

fuera una trabajadora que dependiera de usted y usted me hubiera encargado la sierra norte, yo, con

esto diría: “a ver cómo se nos ocurre hacer algo inmediatamente en las zonas de la sierra norte, con

el hayedo de Montejo, con no sé qué y no sé cuánto; algo con lo que se puedan obtener recursos,

porque la Comunidad Europea lo ponga en marcha. Tengo dudas: ¿Las mancomunidades están al día

de las cosas que ustedes publican en el boletín y se ponen con ellos a trabajar? Bueno, si me leo el

boletín, los ayuntamientos también, ¿verdad?, pero tengo dudas; por ejemplo, los programas que hay

del Fondo Social Europeo: ¿se sientan con las mancomunidades para ver, por ejemplo, cómo se

prestan en ellas servicios de apoyo a la inserción sociolaboral de personas con discapacidad

intelectual?, por citar un programa publicado recientemente. ¿O con el alumnado de primaria y de

secundaria se hacen programas de igualdad de oportunidades, de sensibilización en la igualdad de

oportunidades entre hombres y mujeres? ¿O las subvenciones que publican para la lucha contra la

exclusión, trabajadas e integradas con las mancomunidades? ¿O las aulas de apoyo para los

discapacitados psíquicos? ¿O el plan GEA, para mujeres rurales? ¿O el programa de inspección? ¿Se

discuten las inspecciones con las mancomunidades?

Perdóneme, he hecho un barrido de cosas que viéndolas en el Boletín de la Comunidad de

Madrid, he dicho: ¿esto que se pone a disposición de todos, se trabaja más artesanalmente entre los

servidores públicos que llevan mancomunidades con el conjunto de las mancomunidades, con esas

120 trabajadoras sociales más los equipos de las 16 mancomunidades? A mí esto me parece muy

importante para aprovechar bien los recursos, que son más escasos que las necesidades de la gente.

Por eso, terminaría diciendo: noto dos grandes defectos en el desarrollo del convenio; uno, la


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comisión de seguimiento, insisto, si se levantaran actas en las comisiones de seguimiento y esas se

colgaran, estarían resuelto gran parte de los trabajos y además se harían evaluaciones, que les gustan

en general a los servidores públicos responsables, y podríamos estar trabajando mucho más al

servicio de la ciudadanía teniendo esta especialización. Y otra cosa que echo en falta –y me

entristece, porque supone lo difícil que es avanzar cualitativamente en la democracia- es que las 16

mancomunidades tienen un artículo –creo que es el 18- que dice que tiene que crear un órganos de

participación con los ciudadanos, y ninguna de las 16 mancomunidades tienen el órgano de

participación con los ciudadanos. Esto me produce una tremenda tristeza porque demuestra lo lento

que es el trabajo en democracia y el trabajo hecho entre los técnicos, los servidores públicos y la

ciudadanía. Si esto no sale desde abajo, desde los municipios pequeñitos, tiene que salir desde el

liderazgo de la Dirección que usted preside. Muchas gracias, señor Director General. Espero su

respuesta. Gracias, señora Presidenta.

La Sra. PRESIDENTA: A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra

la señora Ongil.

La Sra. ONGIL CORES: Muchas gracias, señora Presidenta. En nombre del Grupo

Parlamentario Popular también quiero dar las gracias al director general señor Martínez Hervás, en

primer lugar, por su nombramiento, también por su primera comparecencia y, por supuesto quiero

trasladarle –y lo irá comprobando usted en las próximas comparecencias que realice en esta

Comisión, que supongo que serán muchas- que este ha sido un tono especialmente bueno -cosa que

yo también agradezco- del resto de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. (La

señora Fernández Sanz pronuncia palabras que no se perciben.) Le doy la enhorabuena, si me dejan

que intervenga. Hemos estado muy callados en el Grupo Parlamentario Popular cuando intervenían

ustedes; les agradecería que también nos dejaran intervenir a nosotros.

Le doy especialmente la enhorabuena, señor Martínez Hervás, porque, efectivamente -y

todos lo han dicho-, usted ha hecho un repaso general importante, medido y concienzudo de lo que

son, para qué sirven y cuál es el objeto de esos convenios suscritos con los distintos municipios, y, en

concreto, de esas mancomunidades. Parto de la base -y empiezo por decirle que yo soy una gran

defensora de ese sistema para el tema del trabajo de los servicios sociales-, de que, en la época en la

que tuve responsabilidades se hizo algo muy importante, que ya se venía haciendo, pero se hizo un

esfuerzo muy importante por parte de la Consejería, y creo que, a lo largo de estos años, también se

ha venido haciendo por todas las Consejerías. Segundo, lo conozco “in situ” porque vivo en un

municipio y sé la importancia que tiene ese trabajo mancomunado en algunos municipios -todos más

o menos- con una población de menos de 20.000 habitantes. Lo que en unos municipios no se podría

hacer, la complementariedad de otros acaba haciendo posible esa relación esa atención de servicios

sociales pueda presentarse prácticamente igual en todos. Distintos son los de la Misecam y los de del

THAM; vamos, los 42 municipios de la sierra norte. Pero parto de la base de que creo que es una

labor fundamental.


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¡Hombre!, yo querría hacer hincapié en lo que usted nos ha dicho -yo no lo sabía con tanta

exactitud-: cómo prácticamente el total de los municipios y las 16 mancomunidades se han ofrecido y

se han unido a esa encomienda de gestión para poder hacer una especie de proyecto piloto con el

tema de la dependencia, así como algo que el señor Reyero ha destacado, y que también le

agradezco porque, en general, es raro que en las comparecencias vean algo que se hace bien -por

eso le digo que usted es un afortunado o que creen que ha hecho una muy buena intervención, que

yo sí que lo creo- con el tema de los encuentros familiares, algo con lo que en este momento está tan

sensibilizada la sociedad y la población, que además una de ellas es la de la THAM, que va a ser uno

de los puntos que lo va a llevar.

En definitiva, creo que nos ha dado una visión importante de lo que se está haciendo. ¿Qué

destacaría yo de cuáles son esos programas en los que trabajan dentro de la THAM? Basta conocer un

poco lo que se hace dentro de estos municipios para ver la importancia que tiene esa atención social

primaria, la promoción social, todo el tema de emergencia social, de la ayuda a domicilio... También

me gustaría unirme a los portavoces y preguntarle cuánto afecta a los municipios algo por lo que hace

muy poco, en un Pleno, preguntaba la señora Amat al señor Consejero, y son esos convenios para la

lucha contra la pobreza infantil. Es verdad que la aportación del Gobierno central era –creo recordar-

de 16 millones de euros y que la Comunidad de Madrid –y creo recordar casi las palabras del

Consejero-, no sé si por suerte o por desgracia –creo que por suerte-, recibimos los que menos

cantidad de aportación por Comunidad Autónoma, pero por suerte, porque somos los que estamos en

una menor medida –dentro de que cualquiera que haya siempre es mala- de todas las comunidades

autónomas en la medida AROPE, somos los que menos población infantil tenemos. En cualquier caso,

quiero preguntarle, esos convenios, de qué forma se hacen con las mancomunidades, si es que fuera

así, o si es un convenio directamente de la propia Consejería con los municipios.

No me voy a extender mucho más porque creo que usted ha sido suficientemente explícito,

pero no quiero dejar que figure en el diario de sesiones, porque se ha hecho mención al tema de los

presupuestos, y por hacer una brevísima mención, creo que en la primera página se habla de los

principios. El primero es la especial atención al gasto social. Creo que es muy significativo que, a lo

largo de los años, este Gobierno, y anteriormente también con la presidenta Esperanza Aguirre, haya

hecho un esfuerzo especial en el tema del gasto social y su incremento. Si no recuerdo mal, creo que

estábamos aproximadamente en un 6 por ciento, superior incluso al año anterior.

Quiero decirle, como algo positivo, que la señora Fernández ha dicho que cuando algo le

molesta, en ese tono que tiene ella, amigable –es verdad-, y que tiene una habilidad especial en su

intervención, pero es verdad que es una apasionada del tema de los servicios sociales y lo conoce

bien... ¡Hombre!, yo le diría que probablemente se pueda sentir molesta por esa información o no

falta de información que le han dado. Estoy segura de que el Director General acabará dando

cualquier información que se le pueda pedir.

También, para terminar, dice que le faltan los órganos de participación con los ciudadanos

en esas mancomunidades. Yo le diría, señora Fernández, que estoy segura de que usted lo conoce


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también; pero ustedes, que tienden a la creación de órganos... Les gusta que se constituyan

comisiones, órganos, porque al Partido Socialista en general le gusta eso, mucha creación de distintos

órganos. Pero le puedo decir que no sabe la participación directa de los propios ciudadanos con esas

mancomunidades: de organización de actos, de participación directa, que se involucran con las cosas

y los actos, las distintas actividades que se puedan hacer. Creo que eso también es importante y la

propia mancomunidad en sí hace que eso se fomente.

Ya termino, señora Presidenta, reiterándole nuestro agradecimiento y nuestra felicitación.

Estoy segura de que dará contestación a las dudas que han podido quedar de los distintos Grupos.

Muchas gracias.

La Sra. VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. A continuación, después de la

intervención de los portavoces de los diferentes Grupos Parlamentarios, tiene la palabra el señor

Director General.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA (Martínez

Hervás): Gracias, señora Presidenta. En primer lugar, quiero agradecerles a todos los portavoces el

tono que han empleado conmigo; se lo agradezco sinceramente, porque uno, como es novato, viene

nervioso.

Señor Reyero, gracias por su intervención. Yo creo que el planteamiento general de esta

Dirección General no está en ningún momento en ocultar absolutamente ningún dato, porque los

datos son transparentes y públicos. Estamos colaborando en este aspecto concretamente con

entidades públicas, como son las entidades municipales, y, desde luego, si está en mi mano, no va a

haber ningún problema en que se pueda gestionar, porque ya le digo que está abierto y es público, y

además nos podemos encontrar fuera de aquí, como se lo he dicho a la señora Fernández, donde

quieran y charlar largo y tendido, porque además los temas que plantean me apasionan y, entonces,

me gusta hablar sobre ellos, porque yo creo que entre todos podemos encontrar aportaciones que son

importantes.

Respecto a la intervención de la señora Amat, lo del PIA, será cuestión de estudiarlo, yo no

le digo que no. Vamos a estudiarlo, vamos a ver si es operativo; vamos a ver, porque sabe que hay

una fase de consulta en el PIA, y esta se realiza en los servicios centrales. Vamos a ver si es más

operativo que esté en la descentralización de las encomiendas de gestión o en la centralización de la

Dirección General para seguir los cauces. En principio, no tengo una postura radical respecto a un

tema o a otro; vamos a ver pros y contras y lo hablamos. Por mi parte no hay absolutamente ningún

problema en hablarlo y en ver los pros y los contras de cada una de las cosas.

En cuanto a la financiación, de la que también nos hablaba, entendemos que la financiación

de las mancomunidades la vamos intentando aumentar cada año; de hecho, la modificación que

hacemos en el propio seno del convenio, en la modificación que se puede producir antes del 31 de

julio, está contemplado, y, de hecho, se ha aumentado en función de las necesidades de las

mancomunidades.


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Yo también estoy de acuerdo con usted, y además a mí me preocupa cuando hay

ayuntamientos que no pueden aportar o que no aportan. Fíjese, ayer mismo, hablando con un

alcalde, me decía: es que no tengo dinero; y yo le decía: perdón, yo entiendo que no es un problema

de dinero, sino que es un problema de prioridades. Yo creo que el que la aportación sea solidaria, de

todos, implica a todos, y entonces nos implica tanto a la Comunidad Autónoma, a esta Dirección

General, en que pone todos sus presupuestos a disposición de las mancomunidades para

descentralizarlas y para que colaboren con la gestión como a los ayuntamientos. Yo entiendo que una

actitud parasitaria por parte de cualquiera no es buena. Entonces, no he encontrado la solución, pero

también les invito a que la busquemos, porque a lo mejor la hay.

Señora Fernández, como usted puede comprender, no le voy a decir qué ayuntamientos.

Fíjese, estamos muy de acuerdo en muchísimas cosas, y en función de la atención social primaria, en

una cosa que es absolutamente fundamental y que vamos a ir poniendo poquito a poquito en marcha,

y es la evaluación de las actuaciones. No me vale con que haya muchas actuaciones, no me vale con

que se ejecute el presupuesto, que mayoritariamente se está ejecutando el presupuesto en todas las

mancomunidades y en los municipios. No me vale. Creo que las actuaciones deben estar contrastadas.

No solo es la acción de la inspección en las actuaciones, porque uno es inspector, pero nadie es

perfecto. La labor no solo es esa, sino, fundamentalmente, como yo siempre he concebido la

inspección, los servicios sociales y los servicios centrales, como asesoramiento e impulso. Tenemos

que hacer una evaluación mano sobre mano, es decir, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos haciendo?

Porque tradicionalmente se vienen haciendo esas cosas, pero ¿esas cosas valen o no? ¿Qué

repercusión tiene? A mí siempre me han dicho que, a lo mejor, determinadas actuaciones no están

repercutiendo. Hombre, si nosotros estamos disminuyendo los índices de pobreza, por ejemplo, con el

IPH, a lo mejor algo estaremos haciendo bien. Entonces, vamos a ver qué actuaciones son las que

verdaderamente influyen sobre los resultados y cuáles son de otro tipo, que a lo mejor pueden ser

muy buenas, a lo mejor pueden encaminar a otras cosas o no, pero tenemos que graduarlas y

priorizarlas. Desde luego, ahí ustedes me van a encontrar porque yo creo sinceramente en eso.

Señora Ongil, muchísimas gracias por su intervención, se la agradezco muchísimo. Respecto

del convenio de la pobreza, se ha repartido en un entorno que es el marco del que estamos hablando;

se ha repartido en el entorno de la atención social primaria; se ha repartido en el entorno más

cercano a la población, y creo que eso es muy positivo. Nuestras actuaciones van a seguir, como

usted en su día fue marcando, por esas líneas, por la de la colaboración y por la corresponsabilidad de

las entidades locales. Y ahí siempre nos van a encontrar.

Todos ustedes me han pedido que me posicione respecto a la ley y a su modificación. Creo

que el hecho es consecuente -ya se lo dijo la Secretaria General Técnica y se lo ha dicho la normativa-

: nosotros vamos a ir con las mancomunidades.

Me sorprende mucho, señora Fernández, que no le hayan mandado la prórroga de los

convenios, porque se la hemos mandado a todos y nos han llegado certificados de todos los

secretarios aprobando la prórroga de los convenios. Con lo cual, me sorprende. (La Sra. FERNÁNDEZ


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SANZ: ¿La del día 15?) Sí, la del 15, pero si quiere lo hablamos, porque me sorprende ya que nos

han llegado certificaciones de todos; es decir, no establecemos ninguna discriminación con ninguno.

Con algunos podemos llevarnos mejor, con otros regular o con otros no tan bien, pero, desde luego,

absolutamente ninguna discriminación; sobre todo en este entorno que es el que consideramos más

cercano a la población. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, señorías.

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez Hervás. Pasamos al siguiente punto

del orden del día.

──── RUEGOS Y PREGUNTAS. ────

¿Desean SS.SS. formular algún ruego o alguna pregunta? (Denegaciones.) Al no haber

ruegos ni preguntas, se levanta la sesión.

(Eran las once horas y cincuenta y tres minutos).


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