ACCION URGENTE BRASIL:

TIERRA INDÍGENA “RAPOSA SERRA DO SOL”

Brasil está viviendo en estas últimas semanas uno de esos acontecimientos que lo pueden mantener o desviar significativamente del camino de los derechos humanos, la justicia y la verdad, principalmente en lo referente a la garantía de los derechos de los pueblos indígenas.

La Tierra Indígena Raposa Serra do Sol está situada en el Estado de Roraima, al norte de Brasil, en la frontera brasileña con Venezuela y Guyana. Esta tierra indígena tiene una extensión de 16.788 Km2 y representa 7,78% del estado de Roraima. En ella viven más de 18.000 indígenas de los pueblos Macuxi, Wapixana, Taurepang, Patamona e Ingarikó, distribuidos en 149 comunidades.

En los dos últimos siglos, diferentes proyectos de colonización económica invadieron este territorio indígena. Primero, fueron los grandes latifundistas ganaderos. Ocuparon enormes extensiones de tierra e iniciaron la cría extensiva de ganado vacuno, dirigida a suministrar carne para los destacamentos militares y para el mercado de Manaus.

En un segundo momento, un fuerte contingente de hombres llegó siguiendo las rutas del garimpo ilegal, la búsqueda de oro y diamantes, actividad extremamente agresiva con el medio ambiente y causante de graves abusos y conflictos sociales.

En las últimas dos décadas, la invasión vino de mano de grandes empresarios del agronegocio, principalmente plantadores extensivos de arroz para exportación, llegados del sur del país. La expansión de la frontera agrícola avanzando sobre la Amazonia se caracteriza por la concentración de la propiedad de la tierra, la degradación ambiental y la explotación y opresión de las comunidades tradicionales. Esto es lo que comenzó a suceder en Raposa Serra do Sol con la llegada de los arroceros.

Los tres modelos de invasión tienen elementos comunes: intereses económicos dirigidos hacia fuera de la región, impactos ambientales y explotación de la mano de obra indígena, desestructuración social y violencia.

A partir de la década de los 70, los pueblos indígenas de todo Brasil, y también de Roraima, comienzan a organizarse en un proceso político único y de base, que consigue ganar espacio y reivindicar, dentro y fuera de Brasil, su derecho a la tierra, a la propia organización y a sus costumbres y tradiciones. Fruto de esta lucha, la Constitución Federal de 1988 reconoce el derecho originario de los pueblos indígenas a las tierras tradicionalmente ocupadas por ellos, así como el respeto a sus modos de organización social y su diversidad cultural. Fruto también de este proceso político, las comunidades indígenas consiguieron grandes conquistas, principalmente reorganizando la educación escolar y la salud dentro de las comunidades.

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En todo el país el movimiento indígena sufrió mucha violencia, venida de los sectores económicos más fuertes y de estamentos militares. Solamente en la Raposa Serra do Sol, desde 1970 hasta nuestros días, fueron asesinados 21 líderes indígenas. Las comunidades siempre se mantuvieron firmes en su proceso de organización y lucha no-violenta-activa. Después de más de 30 años de lucha y sangre derramada, consiguieron que el Gobierno brasileño reconociese su derecho originario sobre su tierra. El Gobierno homologó esta tierra, conforme la determinación de la propia constitución brasileña (C.F. n. 231), que reconoce a los pueblos indígenas el uso exclusivo de las tierras habitadas tradicionalmente por ellos y la Registró, completando y cerrando así todo el proceso jurídico. Con la homologación de la tierra, se determinaba la salida de lo grandes empresarios del Agronegocio. Esto fue en abril de 2005.

Después de tres años desde la homologación, los grandes arroceros continúan dentro. En este tiempo ampliaron sus tierras y sus plantíos, aumentaron los daños ambientales y generaron un estado permanente de violencia y terror muy fuertes. Mantienen de su lado el apoyo explícito de toda la clase política roraimense, ligada al agronegocio, y, principalmente, de los medios de comunicación locales, que consiguieron difundir ideas discriminatorias contra los pueblos indígenas.

En marzo de 2008, el Gobierno Federal brasileño decidió, después de agotar todos los intentos de negociación, enviar una fuerza policial para la retirada de los arroceros. La reacción de los invasores fue la formación de pequeños grupos con prácticas terroristas: quemada de puentes, corte de carreteras, bombas caseras arrojadas en viviendas indígenas, etc.

Cuando la operación policial (llamada “Upatakon”, “nuestra tierra” en lengua Makuxi) estaba preparada para retirar los arroceros, el Supremo Tribunal Federal, máximo órgano judicial del país, sorprendió a todos. Entrando en contradicción con su propia jurisprudencia y con la Constitución Federal del país, suspendió la operación y acogió un recurso presentado por el gobierno estadual de Roraima. La retirada de los arroceros estará suspensa hasta que el Supremo se pronuncie, de modo definitivo, sobre el recurso del Gobierno estadual contra la homologación de Raposa Serra do Sol. Se comprometió a tomar la decisión final en 60 días (inicio de junio/08).

Si el Supremo mantiene el decreto de homologación y el registro de la tierra indígena, los arroceros deberán ser retirados del área. Si no lo mantiene, los arroceros permanecerían, ocupando cada vez más tierra, con graves daños ambientales e inviabilizando el uso exclusivo y autónomo de la tierra por parte de sus legítimos dueños, las comunidades indígenas.

Esta decisión del Supremo ha pesado mucho entre las comunidades indígenas. El peligro de que todo vuelva atrás está muy presente. Durante estos 60 días deben convencer, una vez más, al Supremo Tribunal Federal de que Raposa Serra do Sol es su tierra y habitarla es su derecho, tal y como lo afirma la Constitución brasileña y el propio Derecho Internacional.

Es importante llamar la atención sobre el hecho de que si el Supremo Tribunal Federal se decante a favor de los arroceros, se abriría un grave precedente que colocaría en riesgo todos los derechos indígenas conquistados, con mucho sufrimiento y sangre, a lo largo de las últimas décadas. Todos los grupos contrarios

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a la causa indígena podrán cuestionar y exigir la revisión de todas las tierras indígenas demarcadas en el país. Por eso es urgente y de suma importancia ganar esta batalla.

Ahora debemos reaccionar todos, cada uno desde su lugar. La lucha de Raposa Serra do Sol sobrepasa una realidad local; es el conflicto entre dos modos de entender la vida, entre la garantía de los derechos humanos o la supremacía de los que poseen el poder y control económico.

En medio de todas estas injusticias, escandalosas contradicciones y violación de los derechos indígenas consagrados por la Constitución Federal, el diario “Folha de Boa Vista” del día 25 de Abril, anuncia que el Gobierno Inglés invita al Gobernador de Roraima, Anchieta Junior, a participar de un seminario sobre Amazonia y sustentabilidad en los días 29 y 30 de abril/2008, donde defenderá la construcción de una hidroeléctrica en el río Cotingo, dentro de la tierra indígena Raposa Serra do Sol (www.folhabv.com.br).

El derecho internacional reconoce los derechos fundamentales de los pueblos indígenas del mundo: OIT 169,1989 y Declaración de las Naciones Unidas, 2007. Por eso, no podemos aceptar que gobiernos europeos, que se dicen defensores y promotores de los derechos humanos y el medio ambiente, ofrezcan ingenuamente espacio y legitimen gobernantes que promueven un desarrollo socioambiental insustentable y agresivo contra las comunidades tradicionales de la Amazonia.

Para más informaciones:www.cir.org.brwww.cimi.org.brwww.noticiasdahora.org

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