dialnet economiayviolenciaencolombia 201611 (1)

8/20/2019 Dialnet EconomiaYViolenciaEnColombia 201611 (1)

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c s

en el

Chtiü


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O T R O S Tr MA

do y encontrareis la desigualdad como única causa de fondo». Más reciente

mente, para contrastar esta idea con la observación empírica, esta intuición s

convierte en la conoc ida co m o hipótesis de deprivación relativa (Da\' ie

1962;

Feierabend y Feirabend 1966, 1972, Galtun, 1970): la inconformidad so

cial, que está en el origen de las revueltas sociales, surge de la distancia entre la

expectativas de bienestar pe rsona l y las posibilidades que b rinda la sociedad pa

ra su satisfacción. En su versión más simple, esta hipótesis sostiene que exist

una elevada correlación entre los índices de desigualdad, con independencia de

nivel de desarrollo relativo de los países, y los indicadores de violencia política

U n ejercicio fácü en el caso colo mb iano nos indicaría que la escalada de \'iolenc

que se ha vivido en Colombia en las últimas dos décadas es simultánea con el au

mento de la desigualdad económica. El auge del movimiento guerrillero, princip

forma de organización del descontento bajo la forma de insurgencia armada, e

un fenóm eno simultáneo al deterioro de tod os los indicadores de distribución d

ingreso. A pesa r de los acue rdos de paz d e finales de los años 80, que cond ujero

a la desmovilización del M 19 y a la Constim ción Política de 1 99 1, el nú m ero d

frentes guerrilleros aumento gradualmente desde los 14 que existían en 1980 ha

ta los 102 acmales (un frente está formado aproximadamente por 120 comba

tientes). S imultáneamente, entre com ienzos de 1982 y el cuarto trimestre de 199

la participación en el ingreso del 20 por ciento más pobre de la población se re

dujo en un 30 por ciento (de 4,92% a 3,40% del ingreso total, según datos de l

Encu esta N acional de H ogares). Al mism o tiempo, el 10 por ciento de las perso

nas que perciben los mayores ingresos ha conseguido aumentar su participació

en más de 5 puntos porcentuales (desde el 37,06 hasta el 43,59 por ciento). En lo

últimos 20 años n o sólo se ha acenm ado la brecha entre ricos y pobr es sino tam

bién entre los niveles de bie nestar d e las áreas urbanas y rurales; si en 1975 el in

greso medio de las famiHas urbanas era un 50 por ciento superior al de las fam

lias rurales, veinte años después, en 1995, era tres y media veces superior (En

cuesta de Ho gare s, Velez, et al. 2000).

Sin embargo, a pesar de la elevada correlación entre el aumento de la violenci

y el aumento de la desigualdad, no se puede deducir de ello que lo primero se

una consecuencia de lo segundo. La distribución del ingreso en Colombia n

es muy diferente de la de otros países de la región donde la insurgencia arma

da no existe, como en el caso de Brasü o el Cono Sur, ha sido derrotada mil

tar o políticamente, como en el caso del Perú, o se han firmado acuerdos esta

bles de paz, como en Honduras o El Salvador. Por otra parte, la propia dura

ción y las características del conflicto armado colombiano, que expuls

C ARLOS MARIO

GO MKZ ' 1


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inversiones product ivas de las zonas rurales y ha generado un mil lón de des

plazados, permiten pensar que la hipótesis contraria, que la violencia es una

causa de la desigualdad, podría ser igualm ente p lausible.

De hecho la hipótesis de deprivación relativa, cuando se aplica a datos de sec

ción cruzada de una muestra amplia de países, no soporta bien los intentos de

contrastación empírica. La mayor parte de los estudios empíricos revelan que

existe una relación nula o muy pequeña entre los indicadores de violencia y las

medidas de distribución del ingreso (véase por ejemplo: Muller, 1985, Snyder,

1978).

Incluso la evidencia con respecto al papel de la distribución de la tierra

es débil y tales resultados sólo mejoran marginalmente cuando, además de las

medidas de distr ibución, se introducen en los modelos empíricos las medidas

absolutas del nivel de ingreso (por ejemplo: Midlarsky, 1988 y Muller et.al.

1989).

La idea matriz según la cual la desigualdad eco nóm ica genera incon form idad so

cial entra dentro de lo que puede aceptarse a partir del sentido común. Sin em

bargo, sostener que la insatisfacción originada en la desigualdad se expresa nece

sariamente como violencia política es algo que requiere una explicación más ela

borada. En ese sentido, el consenso respecto a la escasa validez empírica de la

hipótesis de deprivación relativa, ha Uevado a la investigación de hipótesis alter

nativas den tro de lo que se cono ce co m o la escuela de mo\Tlización de recu rsos

(Gamson, 1975; Jenk ins y Perrow, 1977, Snyder y Tilly, 1975 y 1978, Muller, 1985

y Muller, et. al. 1989), en la que la cuestión central con siste en explicar las mo dali

dades de organización del descontento y en precisar los elementos que deben

concurrir para que tal organización adquiera el carácter de insurgencia armada.

En este enfoque no solo se descartan las relaciones postuladas por la hipótesis de

deprivación relativa, sino que, además, se argumenta que la variable explicativa

central debe encontrarse en la medida en que los grupos disidentes son capaces

de adquirir el control de los recursos necesarios para desarrollar una organización

fuerte y efectiva con el propósito de obtener bienes colectivos.

Una variante del enfoque de movilización de recursos es la denom inada co m o del

pro ces o político que po ne el énfasis en tres variables: el nivel de o rganización

de ntr o de los gru po s insurge ntes, su creencia en la verosimüimd del éxito de la re

vuelta política y la estructura de oportunidades disponibles para alcanzar sus de

ma nda s. A partir de ahí suelen identificarse dos cond iciones necesarias para que la

inconform idad se exprese de un m od o violento. En primer lugar, se requiere u n

régimen político semidemocrático; es decir, un sistema pob'tico que no es com

pletamente represivo- ya que de o tro m od o no existirían posibilidades de organi-


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O T R O S T I - M

zación de la insurgencia-, pero que tampoco es completamente democrático,

cuyo caso la disidencia no alcanzaría un carácter violento. En el caso c olom bian

el desarrollo democrático estuvo condicionado por la \'igencia desde 1958 has

1974 del llamado Fre nte N acional; un acuerdo político entre los partidos libera

conservador que garantizaba la alternancia de la Presidencia de la República y

repartición estrictamente paritaria de los cargos de responsabilidad política. L

principales logros del Frente Nacional fueron la desaparición de la violencia pa

tidista que az otó el país desde el asesinato de G aitán en 1948 hasta la dictadura m

litar y el ret orn o a la democra cia repre sentativa. Sin emba rgo, los costes del acue

do también fueron elevados. El Frente N acional quitó conte nido al debate polí

co en el parlamento y otorgó el protagonismo a los directorios político

convertidos ahora en garantes del cum plimiento de los acuerdos, y ahogó las p

sibilidades de expresión democrática de los incipientes movimientos de opo

ción. En el plano político el Frente N acional hu bo de apoyarse en el recurso pe

manente a medidas de excepción que permitían la declaración del estado de sit

y de conm oc ión inte rna . Tales medidas de exc epción sobrevivieron a la finaliz

ción del Frente Nacional, cuando los propios factores de violencia y la estrateg

política de los movimientos armados vinieron a reducir aun más los espacios d

expresión dem ocrática .

Apa rte de un sistema sem idemocrático, para que la inconform idad social se org

nice como insurgencia armada, se requiere, en segundo lugar, la existencia d

oportunida des de organización derivadas de actividades económ icas propias qu

al margen de la economía legal y de las organizaciones internacionales de apoy

perm itan obtene r los recursos necesarios para dotar a la insurgencia de una cap

cidad militar suficiente y pueda considerarse creíble la amenaza al orden establ

cido.

En el caso colombiano, un vistazo a la distribución regional de la violen

pone de manifiesto que las regiones con mayores tasas de mortalidad atribuible

los ataques guerrilleros so n aquellas que, aparte de con tar co n niveles de desigu

dad económica superiores al promedio del país, cuentan con rentas en conflic

derivadas de la colonización de tierras productivas o de la disponibilidad de r

cursos abunda ntes de petróleo u o ro, con débil presencia del Estad o y carenci

manifiestas d e infraestructura (Cárdenas, 2000 y Ech everrj', 2000.a). Ad em á

aunque la insurgencia armada en Colombia no es responsable del auge del na

cotráfico, cada vez existen menos dudas de que ella encuentra en éste una fuen

impo rtante de recursos y un elem ento fundamental para construir una base soc

en las regiones que controla, en las que obtiene una fuente importante de fina

ciación a través de la protección de los cultivos de amapola y hoja de coca y en

llamado impu esto al gramaje sobre la produc ción y el tráfico de cocaína. P

C A R I . O S M A R I O GÓMP / I


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otra parte, entre 1995 y 1998, al mismo tiempo que en Bolivia y Perú se reducía a

m en os d e la mitad la superficie cultivada de hoja de coca (desde 168.000 a 78.000

hectáreas según datos de la Drug Enforcement Agency de Estados Unidos), en

Colombia la superficie cultivada pasaba de 45.000 a 105.000 hectáreas, la mayor

parte de ellas en las zonas de la Orinoquía y Amazonia colombiana que son ac

tualmente el escenario principal del conflicto armado. Finalmente, aunque no

existan datos fiables sobre la importanc ia de la extorsión c om o fuente d e ingresos

de la guerrilla, el aumento del número de secuestros anuales reivindicados por

movim ientos insurgentes, desde 560 en 1980 a más de 2000 en 1996, parece una

demostración suficiente de que esta fiaente es importante en la financiación de la

guerra.

En suma, atribuir a la falta de equidad la causa del conflicto político armado es,

aparte de una simplificación, un ra zonam iento e ngañ oso que oculta el ma rco ins

titucional en que se desenvuelve la guerra en Colombia. Solo cuando a la desi

gualdad económica se le unen las condiciones anteriores, un régimen poKrico se-

midemocrárico y la existencia de oportunidades de organización de la disidencia,

nos e ncontrare mos con que el coste de la organización colectiva no es prohibiti

vo y los grupo s disidentes puede n ver en la desobediencia

d ní

una estrategia fac

tible para conseguir su objetivo de una mayor influencia en las decisiones políti

cas.

Sin duda, esta teoría puede aporta muchos elementos para entender la es

tructura de incentivos económicos presentes en la sociedad colombiana donde,

junto con unas condiciones de desigualdad social comparables a las de otros paí

ses,

se opta en parte por la violencia para organizar la protesta política.

Violencia y Economía

Sin em bargo , las explicaciones anteriores, que tienen su origen en la desigualdad

económica pero también en el sistema de incentivos que permiten la organiza

ción del des con tento , sólo pue den explicar las llamadas formas negoc iables

de la violencia; es decir, aquellas que se producen en la lucha por la conquista o

el mantenimiento del poder político. Al menos 4 de cada 5 homicidios que se

produ cen en Colombia no guardan relación directa con la confrontación arma

da. Directamente, las acciones de la guerrilla y su confrontación armada con el

ejército regular generan un número de muertos que no es superior a 10 por

ciento del total de las muertes violentas que se producen en el país. Otro 8 por

ciento, en datos de 1998, se debe a asesinatos y masacres perpetradas por gru

pos paramilitares, cuyo número ha crecido notablemente desde 1994. La mayor

parte de los cerca de 550.000 homicidios que se registraron en Colombia desde

1986 hasta 1998 , se debe a la delincuencia c om ún y, en gene ral, a todas las m o-

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O T R O S T I . M A

dalidades de violencia social que están presentes en la vida diaria de la sociedad

colombiana (véase: Gaitán, 1995 y Echandía, 1999).

Si admitimos que la confrontación política es sólo una de las causas de la vio

lencia en Colombia debemos buscar explicaciones alternativas. En este sentido

el análisis económico puede tener una contribución importante en la identifica

ción de las estrucmras de incentivos que explican el comportamiento crimina

De acue rdo con la deno mina da econo mía del cr imen , inaugurada por el ar t

culo pionero de Gary Becker (1968), los criminales son agentes racionales cuy

comportamiento puede entenderse como la respuesta ópt ima a los incent ivo

existentes. E n térm inos generales, esta teoría, con ocida co m o la hipótesis d

disuasión , considera que los criminales expandirán sus actividades siempre qu

disminuya el tam año o la probab ilidad del castigo y, de este m od o, aparte de la

preferencias d e los delincuen tes potenciales y del coste de opo rtun idad de su

actividades, el tipo y el número de delitos dependerá de la eficiencia de las insti

mc ione s encargad as de prev enir el crime n y adm inistrar justicia. Sin emba rgo, l

versión de Becker, supone que las preferencias son estables y que, frente a u

aumento de la violencia, el estado ajustará óptimamente el gasto en justicia d

modo que las escaladas de violencia sólo pueden ser fenómenos transitorios e

la dinámica de una econom ía.

Los desarrollos recientes de la l lamada econ om ía del cr imen se pro po nen ex

plicar po r qué razón el aum ento d e la violencia puede ser un fenóm eno perm a

nente y, para ello, ponen el énfasis en procesos acumulativos que, después de u

shock, pueden conducir a la sociedad desde un equilibrio inicial con niveles re

lativamente altos de seguridad a un nuevo estado estacionario con elevados ni

veles de criminalidad. Las cuestiones centrales consisten, por una parte, en iden

tificar el tipo de fuerzas que explican la expansión de la criminalidad y, por otra

en identificar el t ipo de perturbaciones que pueden servir como impulso inicia

para que se produzca una dinámica de criminalidad en ascenso.

Refiriéndonos, en primer lugar a la dinámica, se pueden identificar tres tipos d

externaüdades que explicarían los mecanismos de retroalimentación de la activi

dad criminal. En primer lugar el aumento de la criminalidad produce una exter

nalidad global, según la cual los criminales hacen del crimen una actividad má

atractiva para los delincuentes potenciales a través de la congestión del sistema d

aplicación de la ley disminuyendo la probabilidad de sanción para los distintos t

po s de delitos (Sah, 1991). A sí, el aum ento del crimen es simultáneo con u na cre

ciente impu nidad y, en definitiva, co n la disminución del coste de opo rtunida d d

CARI,C S NURIO

GÓMKZ I 1


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O T R O S

Ti M

cia en algunas localidades

la enorme disparidad que existe entxe los niveles d

violencia entxe unas regiones y otras de l país (Glaeser, et. al 1996, Cub ides y O rt

2000).

El segundo co mp one nte necesario es el deno min ado shock criminal que pon e e

funcionamiento las fuerzas anteriores. Los trabajos realizados en esta tradició

para el caso colomb iano (Gavina 2000) encuentran este com po nen te en el rápid

auge que tu \ier on las acti\ idades de procesam iento y exportación de cocaína e

la segunda mitad de la década de los 70. La historia es bien conocida, en palabra

de G aviria (2000), en los prim eros año s 70 «la aceleración de la violencia crimin

en Colom bia coincide con la consolidación del país com o principal prov eedo r d

cocaína

a

los me rcad os internacionales. ... la actividad criminal que trajo con sig

la lucha por el control del rentable negocio de exportación de cocaína fue el im

pulso inicial que p uso en m archa la espiral del crimen en C olombia con todas su

consecuencias». El uso de la violencia du rante los primeros años 70 c om o meca

nismo para establecer la reputación de los carteles de la droga produjo una esca

lada criminal

a

la qu e no pu do salir al paso el frágil sistema de justicia, lo que

s

convirtió en un incentivo para la expansión de las actividades delictivas que con

tinuó su camino de ascenso aún despué s de que el crimen m otivado p or el tráfic

de dro gas se estabilizara.

En síntesis, esta línea de razonamiento, afincada

en

los fundamentos microe

conómicos de los modelos de crecimiento, permit ir ía explicar cómo un shoc

criminal, de

la

imp ortanc ia suficiente, pued e pon er en funcionamiento un c on

junto de fuerzas qu e se autorrefuerzan, mod ificando de un m od o radical el sist

ma de incentivos y aum enta nd o los niveles de criminalidad al tiempo que d ism

nuyen las probabilidades d e sanción y se mantiene relativamente constan te el e

fuerzo

de

aplicación de

la

ley. La d inámica que

de

este mo do

se

desencaden

cond uce a la sociedad de un estado estacionario,

o

polo de atracción,

a

otro y la

tasas de criminalidad a um entan hasta que se alcanza un n uevo equilibrio. Los m o

delos de este tipo exhiben histeresis, de m od o qu e los shocks transitorios p uede

tener efectos p erm anen tes sobre la econo mía, y explicar que diferentes region

termine n alcanzando niveles diferentes de criminalidad de pen dien do d e su histo

ria

previa.

Violencia y Crecimiento Económico

El análisis anterior perm ite enlazar con el tercer tipo de co ntribuciones que p u

de hacer el análisis económico

a

la mejor com prensió n del fenóm eno de la vio

lencia, y que con siste en evaluar el imp acto d e este fenóm eno sobre el crecimie

C A R I O S M A R I O

Go.\ir.z I 1


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O T R O S T I M

contradictorios. A pesar de la extensión de la criminalidad y del auge de la i

surgencia armada, Colombia es considerada junto con Chile la economía má

exitosa de Am érica Latina. Po r una par te se encuen tran los análisis agregados d

la economía colombiana, en los que tiende a desdeñarse el impacto de la vi

lencia

y,

por otra, los análisis má s específicos en los que se cuantifica el imp a

de algunos aspectos de la violencia en los que esta aparece como un auténtic

lastre al crecimiento económico.

Los estudios que se han concentrado en la comparación de las tasas de crec

miento económico entre los períodos de mayor violencia y los períodos de r

lativa paz social sólo adm iten la conclusió n d e que la violencia explicaría co m

máx imo la pérdida de medio p un to porcen tual de PIB po r año (Cárdenas, 200

y las comparaciones del desempeño de la economía colombiana con las eco

nom ías del entor no pa recen concluir que la violencia sólo ha tenido u n im pa

to marginal cuan do n o neutral sobre el crecimiento econ óm ico (Echeverry, S

lazar y Navas, 2000). Sin embargo, ambos tipos de trabajos están expuestos a

misma dificultad metodológica ya que ni la tasa de crecimiento de los período

de relativa paz, que han tenido menor duración que los períodos de conflic

durante los úl t imos 50 años, ni el dese mp eño de los países vecinos, pued en co

siderarse co m o m edidas aproximadas del crecimiento potencial de la eco nom

colomb iana en un hipotét ico escenario de paz.

Los datos anteriores contrastan con los resultados que obtienen los estudio

parciales en los que se trata de dime nsion ar los costes directos d e la violencia e

Colombia. Así, por ejemplo, Badel (1999) estima la factura implícita de la vi

lencia urbana entre 1991 y 1998 en

2 , 1

del PIB anual y el coste de l conflic

armado en 2,4 por ciento. Por su parte. Granada y Rojas (1995) concluyen qu

el coste del conflicto arm ad o en el per íodo 1991-1994 ascen dió al 4,16 por cie

to del PIB a nual y, a un nivel más específico P arra (1998) estima que el aume

to de la tasa de homicidios en un uno por ciento reduce la tasa de inversión pr

vada en 0.66 por ciento.

La posible discrepancia entre los análisis basados en el desempeño agregado d

la eco nom ía, que tienden a subestimar el im pac to de la violencia, y aquellos qu

se centran en impactos específicos, y conducen a la conclusión de que la vio

lencia es un pesad o lastre para el crecimiento econ óm ico, puede deberse a m ú

tiples factores. El prim ero es la diferencia obv ia entre el imp acto de la violenc

en un contexto de equilibrio parcial, que puede ser significativo sobre el niv

absoluto del PIB o sobre la composición del gasto, y el análisis a nivel de equ

C A R I^C K M . \R IO G < IM I:Z I


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l ibrio general, en el que estos efectos se atenúan como consecuencia del ajuste

de los com portam ientos econ óm icos a los shocks de violencia. Una segunda ex

plicación, es que el impacto negativo de la violencia puede estar enmascarado

po r el imp acto positivo que pued a hab er tenido el tráfico de estupefacientes. D e

acuerdo con Gó me z y Santamaría (1994) el ingreso neto obten ido po r residen

tes colombianos de la exportación de drogas alcanzó un máximo de 3.000 mi

llones de dólares en 1981-82 (el 8 por ciento del PIB) y un mínimo de 327 mi

llones (0,9 po r ciento del PIB en 1991). Salom ón K alm anov itz (1990 y 1992) es

tima que tales ingresos son entre 5 y 6 veces superiores, lo que demuestra la

importancia crucial de los supuestos so bre la estrucmra del me rcado de la dro

ga en este tipo de estudios. El trabajo más reciente de Steiner (1998), en el que

se utiliza mejor in form ación y se hace n análisis de consistencia con estudios si

milares para BoHvia y Brasil , concluye q ue los ingreso s ne tos de las expo rtacio

nes de droga, que rep resentaron cerca del 7 por ciento del PIB y del 70 por cien

to de las expo rtacione s en los primeros a ños 80, repre sentan ahora el 3 po r cien

to del PIB y el 25 por ciento de las exportaciones. Aunque, en ausencia de un

modelo de equilibrio general, estos análisis no permiten extraer consecuencias

claras sobre el impacto del comercio de drogas sobre la tasa de crecimiento o el

nivel de la actividad ec onó mica , sí perm iten concluir que tal imp acto es signifi

cativo, se encuentra en el mismo orden de magnitad del impacto negativo de la

violencia y la coincidencia de los éxitos de la lucha contra el narcotráfico de la

segunda mitad de los años 90 con el auge del movimiento guerrillero puede ser

una variable imp orta nte en la explicación de la profun didad de la crisis econ ó

mica que comienza en 1996.

To dos los efectos anteriores de la violencia so bre el crecimien to eco nóm ico, cu

yo análisis en profundidad es todavía una tarea en curso para la investigación

económica, pueden permitir avanzar en una cuarta y ultima perspectiva en que

el análisis económico puede aportar elementos interesantes a la discusión. Esta

consiste en la búsqueda de respuesta a una pregunta central: ¿cuáles son las

oportunidades que se abrirán para la economía colombiana en el momento en

que se abra cam ino de un a m anera definitiva el pro ces o de paz? Es decir, cuál es

el l lamado dividend o de la paz . E n buen a medida esta respuesta dep end e de

cuáles de los efectos negativos de la violencia sobre el crecimiento económico

son irreversibles y cuáles no lo son. Evidentemente en la segunda categoría se

inscribe la disponibilidad de los recursos ahora destinad os a la guerra y al siste

ma de justicia, y la dism inución esperable de los costes d e transacción de la eco

nomía, como resultado de una mayor seguridad pública y privada. Sin embargo,

cabe admitir la posibilidad de que, como consecuencia de la duración y la pro-


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OiRo s T F . M

f u n d i d a d d e l f e n ó m e n o d e la v i o l e n c i a , la g u e r r a d e je t a m b i é n a l g u n a s h i p o t e c a

q u e d e b a n ser c u b i e r t a s por la e c o n o m í a en p e r í o d o de p a z ( d e s p l a z a d o s , p

b r e z a

en

z o n a s r u r a l e s , r e c u p e r a c i ó n d e i n f r a e s tr u c t u r a s )

y

q u e a l g u n o s c a m b i o

i n s t i t u c i o n a l e s p u e d a n t e n e r

un

c a r á c te r p e r m a n e n t e ,

ya

q u e

la

p e r s i s t e n c i a

de

p r o b l e m a p u e d e h a b e r c r e a d o s i s t e m a s

de

i n c e n t i v o s

y

p a u t a s

de

c o m p o r t

m i e n t o q u e s ó l o d e s a p a r e c e r á n g r a d u a l m e n t e u n a v e z q u e

se

firmen

y se

apl

q u e n los a c u e r d o s de paz q u e , c o m o h e m o s m e n c i o n a d o , s ó l o p u e d e n a t a c

a q u e l l o s a s p e c t o s

de

la \ ' io l e n c i a q u e s e c o n s i d e r a n n e g o c i a b l e s :

es

dec ir los rel

c i o n a d o s c o n la v io lenc ia po l í t i ca .

A m o d o

de

c o n c l u s i ó n

E n r e s u m e n ,

el

a n á li si s e c o n ó m i c o p u e d e a p o r t a r e l e m e n t o s i m p o r t a n t e s p a r

l a c o m p r e n s i ó n

del

f e n ó m e n o

de la

v i o l en c i a . E s t a s c o n t r i b u c i o n e s p u e d e

cons i s t i r ,

en

p r i m e r l u g a r,

en el

anál is is

en

p r o f u n d i d a d

de las

p o s i b l e s c a u s

e c o n ó m i c a s

de la

v io lenc ia po l í t i ca .

En

s e g u n d o l u g a r

en la

c o m p r e n s i ó n

de

l

e s t r u c m r a s

de

i n c e n t i v o s ,

y de

las ins t i tuc ion es soc ia les , qu e exp l ican l a d in ám

ca de la v io lenc ia y su d i s t r i b u c i ó n r e g i o n a l. En te rce r lugar en el e s t u d i o d e l i m

pacto que t ienen

las

d o s d i n á m i c a s a n t e r i o r e s s o b r e

el

c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c

t a n t o e n e l c o r t o c o m o e n e l l a r g o p la z o . F i n a l m e n t e , el a n ál is is e c o n ó m i c o p u e d

s e r v i r p a r a d i m e n s i o n a r e l d i \ i d e n d o d e

la

p a z , c o m p r e n d i e n d o m e j o r l as p o s ib

l idades de p rogreso que s e ab r i r í an con la consecuc ión de l a paz . »

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