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RECURSO DE QUEJA: QT.- 82/2013.RECURRENTE: NAVEMAR INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.MAGISTRADO RELATOR: J. REFUGIO GALLEGOS BAEZA.SECRETARIO: PORFIRIO RUIZ MENDOZA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Segundo Tribunal
Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, correspondiente
a la sesión celebrada el día doce de noviembre de dos mil trece.
VISTO, para resolver el recurso de queja número QT-82/2013; y,
R E S U L T A N D O:
PRIMERO.- Por escrito presentado el diecisiete de julio de dos
mil trece, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados
de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, Navemar
Internacional, Sociedad Anónima de Capital Variable, por medio de su
apoderada interpuso recurso de queja en contra del auto de ocho de
julio de dos mil trece, dictado por el Juez Tercero de Distrito en Materia
de Trabajo en el Distrito Federal, en el juicio de amparo indirecto
número 1677/2013-VII.
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SEGUNDO.- Por razón de turno, correspondió conocer de dicho
recurso de queja a este Segundo Tribunal Colegiado en Materia de
Trabajo del Primer Circuito, en el que, por auto de Presidencia de dos
de agosto de dos mil trece, admitió el recurso; mediante oficio número
12287, se notificó al Agente del Ministerio Público Federal de la
adscripción, quien no formuló pedimento; y, por proveído de dos de
septiembre de dos mil trece, se ordenó turnar el presente asunto al
Magistrado J. Refugio Gallegos Baeza para formular el proyecto de
resolución correspondiente.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO.- Este Tribunal es competente para conocer del
presente recurso de queja, conforme a los artículos 97, fracción I,
inciso a), 98, fracción II, 99, primer párrafo y 101 de la Ley de Amparo
en vigor; 37, fracción III, y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
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de la Federación, relacionados con el Acuerdo General número 3/2013
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en vigor,
específicamente en sus puntos PRIMERO, fracción I, SEGUNDO,
fracción I, número 1, y TERCERO, fracción I, en virtud de que se
impugna un acuerdo dictado por un Juzgado de Distrito en Materia de
Trabajo en el Distrito Federal, dentro del ámbito territorial en el que
ejerce jurisdicción este órgano colegiado.
SEGUNDO.- El recurso de queja fue interpuesto en tiempo, en
virtud de que del acuerdo recurrido tuvo conocimiento la recurrente, el
doce de julio de dos mil trece, como se advierte a foja veintiséis vuelta
de las copias certificadas del juicio de amparo indirecto 1677/2013-VII;
dicho recurso se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común
de los Juzgados de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito
Federal, el diecisiete de julio de dos mil trece, como consta en el sello
de recepción que obra a foja cuatro del presente toca; esto es, al
segundo día hábil contado a partir del siguiente al que surtió sus
efectos la notificación respectiva, esto es, lo presentó dentro del
término de cinco días, previsto para tal efecto por el artículo 98,
párrafo primero, de la Ley de Amparo en vigor.
TERCERO.- El Juzgado Tercero de Distrito en Materia de
Trabajo en el Distrito Federal, con fecha ocho de julio de dos mil trece,
dictó el acuerdo que motiva el presente recurso de queja, en los
términos siguientes: “México, Distrito Federal, ocho de julio de dos mil
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trece. Vista la demanda de amparo promovida por NAVEMAR
INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., por conducto de su apoderada Diana
Cabrera Guadarrama, personalidad que se le reconoce en términos
del instrumento notarial número quince mil cuatrocientos sesenta y
cinco, otorgado ante la fe del Notario Público número doscientos
treinta y uno del Distrito Federal, contra los actos atribuidos a la
JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA FEDERAL DE
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE; al efecto, se provee. Fórmese
expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número
1677/2013-VII. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de
Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y, de
encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe
desecharla de plano, en la inteligencia de que lo manifiesto se da
cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y
absolutamente clara de su lectura y lo indudable resulta de la
certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de
improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal
modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el
procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa,
independientemente de los elementos que eventualmente pudieran
allegar las partes. Así, el citado artículo 113 de la Ley de la Materia,
establece: ‘ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del
juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si
existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará
de plano.’ Ilustra sobre el particular, la jurisprudencia I.1o.4. A. J/ 4,
emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
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Primer Circuito, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998,
del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
que establece: ‘DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE
GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E
INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de
Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de
demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de
improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el
motivo de improcedencia se advierte en forma patente y
absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios
o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen
a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la
certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de
que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun
cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no
resultara factible formarse una convicción diversa,
independientemente de los elementos que eventualmente pudieran
allegar las partes.’ Ahora bien, este Juzgado de Distrito advierte que
se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se
afirma lo anterior, pues del análisis del escrito de demanda, se
advierte que el acto reclamado en la presente vía constitucional en
esencia consiste en: ‘ACTO RECLAMADO: ACUERDOS DICTADOS
EN AUDIENCIA DE 4 DE JULIO DE 2013, DENTRO DEL JUICIO
LABORAL 876/2009, POR LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE
LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, NOTIFICADO A
ESTA PARTE EN FORMA PERSONAL EN DICHA AUDIENCIA’. Del
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análisis de lo anterior, se estima que se actualiza la causa de
improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación
con la fracción III, inciso b) del precepto 107, éste último interpretado a
contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, porque el acto
reclamado de acuerdo a su naturaleza no es uno de aquellos que
produzca al agraviado una ejecución de imposible reparación. En
efecto, el citado artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia,
establece que: ‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:…
XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna
disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, o de esta Ley.’ Por su parte, el diverso precepto 107,
fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, prevé que: ‘Artículo 107. El
amparo indirecto procede:…III. Contra actos, omisiones o resoluciones
provenientes de un procedimiento administrativo seguidos en forma de
juicio, siempre que se trate de: b) Actos en el procedimiento que sean
de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten
materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;…’ Ahora
bien, en relación a lo anterior es necesario precisar que actualmente el
Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha
establecido dos criterios orientadores para determinar la procedencia o
improcedencia del juicio de amparo indirecto, contra los actos que por
sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, en
términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución
Federal, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo. Dichos criterios son
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los siguientes: 1°. Como regla general, los actos procesales tienen una
ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias afectan
de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos
previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
ya que la afectación no podría repararse ni aun obteniendo sentencia
favorable en el juicio, por haberse consumado de manera irreversible
la violación de la garantía individual. 2°. De manera excepcional, los
actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación,
cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado
predominante o superior, lo cual acontece, por regla general, cuando
concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una
situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la
suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de
su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del
quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo
ocioso e innecesario del procedimiento. Tales consideraciones
encuentran sustento en las tesis aisladas P. LVII/2004 y P. LVIII/2004,
del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultables
en las páginas nueve y diez, del Tomo XX, Octubre de dos mil cuatro,
del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
del tenor siguiente: ‘ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE.
CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para
determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro
del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107,
fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos
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Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos
criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia
del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como
regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución
de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera
directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la
Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun
obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado
irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate;
y el segundo, considerado como complementario del anterior,
establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de
imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes
en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de
estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de
amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la
sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a
través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos
158, 159 y 161 de la Ley de Amparo.’ ‘VIOLACIONES PROCESALES
DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO
PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos
procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante
o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para
decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución
irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de
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Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren
circunstancias de gran trascendencia que implican una situación
relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte
de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su
trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso,
o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e
innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla
general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen
junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que
aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter
excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos
procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante
o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del
prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa
naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el
particular dentro del juicio.’ En ese orden de ideas, pues por un lado,
no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos
sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, esto es, alguno de los llamados derechos fundamentales
del hombre o del gobernado, que se tutelan por medio de las garantías
individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus
diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, cuya afectación o
sus efectos no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable
en el juicio, por haberse consumado de manera irreversible la violación
de la garantía individual; sino que únicamente tiene efectos formales o
intraprocesales, derivados de la eventual infracción a derechos
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adjetivos o procesales, con motivo de que en la parte que interesa, en
el primer acuerdo dictado en audiencia agrega: LOS AUTOS EL
OFICIO DE FECHA 9 DE ABRIL DE 2013 QUE REMITE LA
SECRETARÍA AUXILIAR DE DILIGENCIAS, SECCIÓN PERITOS,
MEDIANTE LA CUAL INFORMA A ESTA JUNTA QUE NO CUENTAN
CON EL PERITO EN MATERIA INGLÉS-ESPAÑOL CON
ESPECIALIDAD EN DERECHO MARÍTIMO, POR LO ANTERIOR, SE
DA VISTA A LA PARTE DEMANDADA PARA QUE MANIFIESTE LO
QUE A SU DERECHO CONVENGA [...] SEGUNDO ACUERDO
DICTADO EN AUDIENCIA [...] SIN EMBARGO, TOMÁNDOSE
TAMBIÉN EN CONSIDERACIÓN LAS MANIFESTACIONES QUE
HACE EN EL SENTIDO EL APODERADO DE LA PARTE
DEMANDADA, LAS TRADUCCIONES REQUIEREN DE UN PERITO
CON CONOCIMIENTO EN IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS CON
ESPECIALIDAD EN DERECHO MARÍTIMO, FUE POR TANTO QUE
EN SU MOMENTO ESTA AUTORIDAD REQUIRIÓ NUEVAMENTE A
LA SECRETARÍA AUXILIAR DE DILIGENCIAS, DE UN PERITO
ESPECIALIZADO CON CONOCIMIENTO TANTO EN EL IDIOMA
INGLÉS COMO EN DERECHO MARÍTIMO, CIRCUNSTANCIA TAL Y
COMO EL DÍA DE HOY SE DESPRENDE DEL OFICIO QUE REMITE
LA CITADA SECRETARÍA AUXILIAR DE DILIGENCIAS, NO ES
POSIBLE QUE ESTA AUTORIDAD PUEDA ESTAR EN POSIBILIDAD
DE PROPORCIONAR EN EL PRESENTE JUICIO A UN PERITO CON
LAS CAPACIDADES QUE EL PROPIO DEMANDADO SOLICITÓ.
AHORA BIEN, SI A JUICIO DEL DEMANDADO ESTA AUTORIDAD
NO DEBIÓ DE HABER ADMITIDO UNA DEMANDA COMO LA QUE
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EL DÍA DE HOY NOS OCUPA, LO CIERTO ES QUE SERÁ ESTA
PROPIA AUTORIDAD LA QUE DECLARARÁ EN EL MOMENTO
PROCESAL OPORTUNO LO QUE EN DERECHO SE CONSIDERE
[...] A PESAR DE QUE EL PERITO DESIGNADO POR ESTA
AUTORIDAD REALIZÓ LA TRADUCCIÓN CORRESPONDIENTE AL
IDIOMA INGLÉS ESPAÑOL Y AUN ASÍ LA DEMANDADA
MENCIONA QUE EXISTE UNA FORMALIDAD EN LA TRADUCCIÓN
QUE NO SE HA PODIDO PERFECCIONAR EN VIRTUD DE QUE A
JUICIO DEL APODERADO DE LA DEMANDADA LAS
TRADUCCIONES QUE SE DEBEN DE HACER ESPECIALIZADAS
EN DERECHO MARÍTIMO, SE HACE PRESUMIR A ESTA
AUTORIDAD QUE EL APODERADO DE LA DEMANDADA TIENE
CONOCIMIENTO REAL DE LOS ESCRITOS PRESENTADOS POR
LA PARTE ACTORA, EN CUANTO DE MANERA EXCLUSIVA A LO
QUE SE REFIERE, NO EN LO QUE SE ENCUENTRA ESCRITO EN
IDIOMA INGLÉS SI NO QUE EN AQUELLO QUE DE MANERA
INDEPENDIENTE SE ENCUENTRA AHÍ ESCRITO Y QUE ASÍ LO
HACE VER EL PROPIO DEMANDADO, POR LO QUE HABIÉNDOSE
YA ADVERTIDO LO ANTERIOR, ES POR TANTO QUE SE
REQUIERE A LA DEMANDADA PARA QUE DÉ CONTESTACIÓN A
LA DEMANDA TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE LAS
TRADUCCIONES REALIZADAS POR EL PERITO TRADUCTOR EN
EL IDIOMA INGLÉS-ESPAÑOL Y QUE SE ENCUENTRAN DENTRO
DEL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA, BAJO EL APERCIBIMIENTO
QUE DE NO HACERLO ASÍ SE LE TENDRÁ POR CONTESTADA LA
DEMANDA EN SENTIDO AFIRMATIVO, LO ANTERIOR EN VIRTUD
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DE QUE PRECISAMENTE COMO LO SEÑALA EL PROPIO
DEMANDADO HA TRANSCURRIDO EN EXCESO EL TIEMPO
DESDE QUE FUE PRESENTADO EL ESCRITO DE DEMANDA A LA
FECHA EN QUE SE ACTÚA SIN QUE SE HAYA PODIDO LLEVAR A
CABO LA AUDIENCIA DE LEY CORRESPONDIENTE, ELLO SIN
QUE IMPLIQUE UNA VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS
[...], lo cual no necesariamente va a ocasionar que la sentencia
definitiva que deba dictar la autoridad responsable sea desfavorable al
interés del peticionario de garantías, sino que únicamente incide en las
posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con
vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este
objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la
realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los
derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en
su esfera jurídica. En caso contrario, si el Laudo le resulta
desfavorable, y si las violaciones que señala como acto reclamado en
la demanda que se provee, trascienden al resultado del fallo, habiendo
dejado sin defensa a la parte promovente, las podrá hacer valer en el
juicio de amparo directo que se promueva contra el respectivo laudo,
atento a lo dispuesto por los artículos 170 y 172 de la Ley de Amparo,
en ese tenor, los aspectos que reclama en su demanda de amparo
constituyen propiamente cuestiones intraprocesales. Al respecto, las
fracciones III y XII, del artículo 172, de la Ley de Amparo, establece
alguno de los supuestos jurídicos, que debe ser impugnable en
amparo directo, y que a saber dice: ‘Artículo 172. En los juicios
seguidos ante los tribunales administrativos civiles, agrarios o del
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trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se
afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo,
cuando: III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se
desahoguen en forma contraria a la ley; XII. Se trate de casos
análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los
órganos jurisdiccionales de amparo.’ Por su parte, respecto de las
violaciones al procedimiento, la misma Ley de Amparo, en el artículo
170, fracción I, indica: ‘Artículo 170. El juicio de amparo directo
procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que
pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos,
agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o
que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del
quejoso trascendiendo al resultado del fallo...’ Por otra parte, tampoco
se está en el supuesto de excepción, derivado de que el acto procesal
señalado como reclamado tenga una ejecución de imposible
reparación, porque sus consecuencias afecten a las partes en grado
predominante o superior, pues a juicio del suscrito no se advierte que
concurran circunstancias de gran trascendencia que impliquen una
situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la
suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de
su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del
quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo
ocioso e innecesario del procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior
por identidad el siguiente criterio localizable con los siguientes datos:
Octava Época Registro: 216267 Instancia: Tribunales Colegiados de
Circuito Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la
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Federación 65, Mayo de 1993, Materia(s): Común Tesis: VI. 2o.
J/258 Página: 53 PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA
EL AUTO QUE LAS DESECHA. El desechamiento de las pruebas del
quejoso puede originar que la sentencia le sea adversa; pero no
significa que aquel acto sea de imposible reparación desde el
momento en que está contemplado como una de las violaciones al
procedimiento previstas por el artículo 159 de la Ley de Amparo. Al
disponer el artículo 161 de esa misma ley que las violaciones
procesales a que se refiere el artículo en consulta podrán reclamarse
en la vía constitucional al promoverse la demanda contra la sentencia
definitiva, se pretendía evitar que diversas actuaciones de un mismo
procedimiento dieran origen a múltiples juicios de amparo, provocando
el retraso en la resolución del asunto respectivo. Por ello se consideró
que además del hecho de que podrían repararse en sentencia tales
violaciones, era conveniente concentrar en una sola demanda la
impugnación de aquellas actuaciones que trascendieran al fallo y que
el propio legislador contempló en el artículo 159 de la Ley de Amparo.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo
en revisión 6/88. Augusto Beltrán Ramírez. 26 de enero de 1988.
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: E.
Gustavo Núñez Rivera. Amparo en revisión 247/89. Nancy J. Muñoz
Castañeda. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente:
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.
Amparo en revisión 296/89. Ruth Juárez Díaz. 19 de octubre de 1989.
Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario:
Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 88/91. Angel Lira Reyes,
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por sí y en representación de Alquiladora San Marcos. 12 de marzo de
1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.
Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. Amparo en revisión
105/93. Socorro Romero Zempoalteca y otro. 26 de marzo de 1993.
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario:
Humberto Schettino Reyna. Por ende, este acto no puede ser
calificado como de imposible reparación para la parte quejosa, con el
fin de reconocer la procedencia del amparo indirecto, pues no se surte
ninguno de los supuestos determinados por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación. Por las consideraciones antes expuestas, y de
conformidad con lo establecido en el artículo prevista en la fracción
XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción III, inciso b) del
precepto 107, éste último interpretado a contrario sensu, y 113, todos
de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR
NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE GARANTÍAS.
En otro aspecto, téngase como domicilio para oír y recibir
notificaciones el señalado en autos, y por autorizadas a las personas
que se cita en primer término, para el mismo fin, sin perjuicio de que
una vez que el quejoso acredite que éstas se encuentran legalmente
autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o
abogado, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se
acordará lo conducente. Por otro lado, con fundamento en el artículo
12 en relación con el artículo 24 de la Ley de Amparo, se tiene por
autorizadas únicamente para oír notificaciones e imponerse de los
autos a las personas que menciona en segundo término. Por otra
parte, al surtirse uno de los supuestos a que se refiere el párrafo
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tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, SE HABILITAN DÍAS Y
HORAS INHÁBILES PARA QUE EN SU CASO LOS ACTUARIOS
JUDICIALES ADSCRITOS, realicen las notificaciones personales que
se ordenen en el presente cuaderno y entreguen los oficios que del
mismo deriven, para obviar trámites innecesarios que sólo retrasarían
el procedimiento del juicio de amparo que se provee. Lo anterior, sin
perjuicio de que los oficios a las autoridades responsables o en su
carácter de terceros, se hagan por los medios a su alcance como fax o
correo electrónico, según su utilidad, levantando la constancia
correspondiente en la que se asiente la hora y fecha de la recepción
del oficio relativo y los anexos en el caso de que los tuviere; el órgano
que los remite; el servidor público adscrito de la autoridad responsable
que la o los recibe, además de su nombre y cargo. Lo ordenado, para
obviar trámites innecesarios y dar a la ley un alcance acorde a la
realidad actual y optimizar el desempeño de quienes tienen la tarea de
notificar; todo ello en apego a lo dispuesto por el artículo 17
constitucional y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles
de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. No riñe dicha
determinación con lo dispuesto en la fracción I, del numeral 28 de la
Ley de Amparo, en el sentido de que los oficios y anexos dirigidos a
las responsables o a las autoridades que tengan el carácter de
terceros perjudicados, serán entregados en el domicilio de su oficina
principal se agregará a los autos, asentando en ellas la razón
correspondiente; en razón de que el dispositivo en comento no
establece de forma tajante que dicho empleado del juzgado deba
constituirse físicamente en la oficina principal de la autoridad y recabe
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el acuse de recibo, lo cual en el particular queda sanado con la
constancia actuarial que al respecto se ordena levantar en cada caso y
según corresponda. Bastando ello para que surta efectos la
notificación, solicitud o requerimiento respectivo. Se autoriza a los
secretarios del juzgado a efecto de que firmen los oficios derivados del
presente asunto. En caso de que al concluirse este juicio existan
documentos originales en términos del capítulo primero, punto
segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009,
emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y
del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de
dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y
destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito,
se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a
recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que
cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con
apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del
Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo
General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que
certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales
documentos; sin que se consideren como documentos originales la
carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido
ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos
documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por
alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin
que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido
en el acto jurídico. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el
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artículo 8º, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental y los artículos 6 y 7 del
Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del
Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes
mencionada, dígase a las partes, que los acuerdos y resoluciones que
se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para
su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de
acceso a la información; así también, hágase de su conocimiento el
derecho que les asiste para manifestar, hasta antes de que se dicte el
fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales a que alude el
artículo 3 fracción II, de la ley en mención, no se incluyan en la
publicación de los acuerdos o resoluciones que se dicten en este
asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conlleva
a su consentimiento; asimismo, que no será necesaria su aprobación
cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que específicamente
señalan los artículos 22 y 59, párrafo segundo, ambos de la ley
especial de la materia en cita. Por otro lado, en cuanto a la devolución
del documento con el que acredita su personalidad la parte quejosa,
que exhibe en copia certificada, previa compulsa, cotejo y certificación
que realice este Juzgado del mismo, devuélvasele dicho documento.
Los artículos referidos en el presente auto corresponden a la Ley de
Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece.
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.”
CUARTO.- La recurrente, formuló los agravios siguientes:
“PRIMERO.- El Juez de conocimiento, en el auto de 8 de julio de 2013,
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en primer término, señala: ‘Ahora bien, este Juzgado de Distrito
advierte que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de
improcedencia. … Del análisis de lo anterior, se estima que se
actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del
artículo 61, en relación con la fracción III, inciso b) del precepto 107,
éste último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de
Amparo, porque el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza no es
uno de aquellos que produzca al agraviado una ejecución de imposible
reparación.’ El Juez de origen, dejó de considerar que la Ley Suprema
de toda la Unión, no establece restricción alguna para que un Tribunal
Federal conozca de un acto de autoridad que viole los derechos
humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo
ordena en su artículo 103, de acuerdo a la reforma publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, que textualmente,
establece: ‘Artículo 103.- Los tribunales de la federación resolverán
toda controversia que se suscite: l. Por normas generales, actos u
omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos
reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta
constitución, así como por los tratados internacionales de los que el
estado mexicano sea parte;’ Por lo que el hecho de determinar, que
con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el
diverso numeral 107, fracción III inciso b) de la ley de amparo se
desecha la demanda, por considerar que el acto reclamado de
acuerdo a su naturaleza no es uno de aquellos que produzca al
agraviado una ejecución de imposible reparación, causa agravio a la
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quejosa ‘NAVEMAR INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.’ en sus derechos
humanos y sus garantías, por no dar entrada a trámite a su demanda
de amparo, en términos del artículo 103 de la Constitución Federal, en
el que se consagra como un derecho de todas las personas la
procedencia de la acción de amparo, por normas generales, actos u
omisiones de la autoridad que violen sus derechos humanos y sus
garantías, aunado a que si se trata de violaciones directas e
inmediatas a los mismos, en virtud de que la autoridad responsable, la
deja en completo estado de indefensión, para contestar la demanda,
con violación a lo establecido en los artículos 14, 16 y 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sustenta lo
anterior, la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, que
determina: ACTOS DENTRO DE JUICIO. CUANDO AFECTAN UN
DERECHO HUMANO PUEDEN SER COMBATIDOS EN AMPARO
INDIRECTO O EN EL DIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA
SENTENCIA DEFINITIVA. INAPLICACIÓN DE LA DOCTRINA DE LA
PRECLUSIÓN PROCESAL. (La transcribe, cita datos de localización y
precedentes). SEGUNDO.- En el auto de 8 de julio de 2013, que se
recurre, el a quo señala, que en términos de los artículos 107, fracción
III, inciso b) y 114 fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, el pleno de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido dos criterios
para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo
indirecto, siendo éstos los siguientes: 1.- Cuando sus consecuencias,
afectan de manera directa e inmediata, alguno de los derechos
sustantivos previstos en la Constitución Federal. En la demanda de
amparo, se hizo notar al Juez de conocimiento, que el acto reclamado,
20
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viola de forma directa e inmediata, los derechos humanos y las
garantías de la quejosa, al dejarla en completo estado de indefensión,
por requerirla la autoridad responsable, para que dé contestación a
una demanda, que se encuentra no sólo en idioma extranjero, sino
también especial, es decir, se violó de manera directa e inmediata el
derecho humano y la garantía de mi representada, establecido en el
artículo 14 constitucional, consistente en el de audiencia. El derecho
humano y garantía de audiencia, consiste en que antes de que la
situación jurídica de la quejosa sea cambiada; tenga que ser oída en
juicio, en donde se respete toda posibilidad de defensa. En el caso en
concreto, la responsable dejó en completo estado de indefensión a la
hoy recurrente, situación que omite tomar en consideración el Juez de
Distrito, al momento de desechar la demanda de amparo, puesto que
sin el derecho de mi representada de tener una defensa adecuada, de
nada le sirve, comparecer a un juicio, el cual se está desarrollando con
violaciones graves y que la Constitución Federal, protege a los
gobernados, si en la realidad, no es así; según la determinación del a
quo, se tiene que esperar la parte quejosa, hasta el juicio de amparo
directo, llevando a cabo un procedimiento ocioso e innecesario, para
poder ser protegido en sus derechos humanos y sus garantías. Ahora
bien, el Juez de Distrito, únicamente, señala: ‘...Esto es, alguno de los
llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que
se tutelan por medio de las garantías individuales, como la vida, la
integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la
propiedad, etcétera...’ Omite, señalar que también es de interés social
y se encuentran tutelados, los derechos del gobernado, por lo tanto,
21
QT-82/2013
existe una violación directa e inmediata, cuando éste se ve afectado,
no sólo en su vida, en su integridad personal, en su libertad, en su
propiedad, sino en sus derechos, es decir, no se requiere que se le
afecte sólo en sus bienes, para otorgar el amparo y protección de la
justicia federal, sino también se le puede otorgar por la violación a sus
derechos. 2.- Cuando sus consecuencias afectan a las partes en
grado predominante, es decir, cuando concurren circunstancias de
gran trascendencia que implican una situación relevante para el
procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio
natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a
las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque
conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del
procedimiento. De la lectura de la demanda de amparo promovida por
la recurrente, se desprende que el acto reclamado, la afecta en grado
predominante, puesto que al dejarla en estado de indefensión,
garantiza un resultado negativo, es decir, una resolución en su contra
en el juicio natural, por lo cual, procede el juicio de amparo a fin de
asegurar a la quejosa, la continuación del procedimiento con respeto a
sus derechos humanos y sus garantías y a su vez, la posibilidad de
evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, que lleva
más de 3 años 8 meses en trámite, sin que se pueda celebrar la etapa
de demanda y excepciones, por no existir traducción de las partes de
la demanda, que aparecen en idioma extranjero. El juez no valoró, que
el llevar a cabo un procedimiento, con violaciones directas e
inmediatas a los derechos humanos y las garantías de la quejosa,
conlleva al desarrollo ocioso e innecesario del mismo, en el cual, el
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fallo, será negativo, para la quejosa, por encontrarse en completo
estado de indefensión y de promoverse la demanda de amparo
directo, se repondrá el procedimiento, hasta la etapa en que se
encuentra, lo que nos colocaría, nuevamente en el inicio del juicio
laboral. En virtud de lo anterior, al desecharse la demanda de amparo,
se perdería la naturaleza jurídica del juicio de amparo, como medio de
control de los actos de autoridad, y las autoridades responsables
actuarían dentro de un régimen de inconstitucionalidad y de ilegalidad,
y a sabiendas de que existen violaciones procesales en un juicio, se
dictarían arbitrariamente laudos, que carecen de legalidad, por lo que
tendría que repararse cualquier violación a los derechos humanos y
las garantías en el procedimiento, en amparo directo, lo que conlleva a
volver a dictar laudo en casi todos los juicios, por lo que la justicia
sería de manera sosegada, contraria a lo que establece el artículo 17
de la Ley Suprema de toda la Unión. Ahora bien, del acto que se
reclama, se desprende que la autoridad incita a la comisión de un
delito, en virtud de que el apoderado legal, quien a criterio de la
responsable, supuestamente tiene la capacidad y conocimiento de los
documentos y partes que integran la demanda, por ser perito en la
materia marítima (aclarando, que no lo es en materia de traducción),
es apoderado de la hoy quejosa, y no puede obrar en defensa de los
intereses de ambas partes, es decir, de la quejosa y traduciendo las
partes que se encuentran en idioma extranjero de la demanda, porque
conllevaría a la comisión de un delito, que se encuentra claramente
tipificado en el Código Penal Federal. Por lo que resulta evidente, que
el Juez de Distrito, no tomó en consideración, todos los puntos
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expuestos en la demanda de amparo, de los cuales, se desprende su
procedencia y por lo tanto, debió entrar al estudio de los conceptos de
violación hechos valer en la demanda de amparo, como lo ha
sostenido el Poder Judicial de la Federación, en el siguiente criterio,
jurisprudencial: ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO
INDIRECTO. EL PRINCIPIO DE CONTINENCIA DE LA CAUSA
OBLIGA AL JUZGADOR A ESTUDIAR TODOS SUS
COMPONENTES, AUNQUE ALGUNOS NO SEAN DE EJECUCIÓN
IRREPARABLE. (La transcribe, cita datos de localización y
precedentes). Ahora bien, cabe señalar, que la obligación del a quo,
de conformidad con el artículo 103 constitucional, es entrar al estudio
de las violaciones a los derechos humanos y las garantías de la
quejosa como gobernado, sean éstos, objetivos o subjetivos, esto es
sin que se sujeten a condiciones o requisitos limitativos, innecesarios,
excesivos y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de
los fines que lícitamente persigue la Constitución Federal, y así poder
determinar la gravedad de éstas y su trascendencia específica, como
lo es el caso en concreto, pues de esperar la emisión del laudo en el
trámite ordinario del procedimiento, se obligará a la quejosa a la
prosecución de una vía de mayor complejidad y demora; lo cual no es
posible subsanar, ni a través de la obtención de una resolución
definitiva favorable a sus intereses; ni por medio del juicio de amparo
directo donde se analice como violación procesal, porque la única
consecuencia, sería reponer el trámite para proseguirlo en la vía
propuesta de inicio, sometiendo a las partes a un doble e innecesario
trámite judicial y al retardo en la impartición de justicia, que debe ser
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pronta, completa e imparcial, en términos del artículo 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo
con su reforma al título primero capítulo I, del 10 de junio de 2011.
Debe tomarse en consideración, los criterios establecidos por el Poder
Judicial de la Federación, que se transcriben: ACTOS EN JUICIO DE
IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUPUESTOS QUE DEBE PONDERAR
EL JUEZ DE DISTRITO PARA DETERMINAR SOBRE LA
PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. (La
transcribe, cita datos de localización y precedentes). AMPARO
INDIRECTO CONTRA ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE.
PARA SU PROCEDENCIA DEBE ATENDERSE A LOS EFECTOS
QUE PRODUCEN OBJETIVA Y JURÍDICAMENTE, Y NO A LAS
ARGUMENTACIONES QUE CONSTITUYAN LOS CONCEPTOS DE
VIOLACIÓN. (La transcribe, cita datos de localización y precedentes).
Por lo que se debe revocar la resolución recurrida, y entrar al estudio
integral de la demanda y dictar una resolución en términos de los
artículos 219, 220, y 222 del Código Federal de Procedimientos
Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su
artículo 2, mismos que textualmente, ordenan: CÓDIGO FEDERAL DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES ‘Artículo 219.- En los casos en que no
haya prevención especial de la ley, las resoluciones judiciales sólo
expresarán el tribunal que las dicte, el lugar, la fecha y sus
fundamentos legales, con la mayor brevedad, y la determinación
judicial, y se firmarán por el Juez, Magistrados o Ministros que las
pronuncien, siendo autorizadas, en todo caso, por el Secretario.
Artículo 220.- Las resoluciones judiciales son decretos, autos o
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sentencias; decretos, si se refieren a simples determinaciones de
trámite; autos cuando decidan cualquier punto dentro del negocio, y
sentencias, cuando decidan el fondo del negocio. Artículo 222.- Las
sentencias contendrán, además de los requisitos comunes a toda
resolución judicial, una relación sucinta de las cuestiones planteadas y
de las pruebas rendidas, así como las consideraciones jurídicas
aplicables, tanto legales como doctrinarias, comprendiendo, en ellas,
los motivos para hacer o no condenación en costas, y terminarán
resolviendo, con toda precisión, los puntos sujetos a la consideración
del tribunal, y fijando, en su caso, el plazo dentro del cual deben
cumplirse.’ Tomando en consideración los conceptos de violación a la
esfera jurídica de los derechos humanos y garantías de la quejosa,
dictando primeramente auto de admisión de la demanda de amparo,
por ser ésta procedente, llevando a cabo el trámite del procedimiento y
en su oportunidad dictar la resolución correspondiente en la que se le
otorgue el amparo y protección de la justicia a mi representada, a fin
de evitar que la responsable siga violando en el procedimiento, sus
derechos humanos y sus garantías. TERCERO.- El Juez de Distrito no
funda y motiva adecuadamente su auto de 8 de julio de 2013, con
violación a los derechos humanos y las garantías de la hoy recurrente,
establecidas en el artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con la reforma a la misma del
10 de junio de 2011, en virtud de que, se apoya en un criterio
jurisprudencial que no es aplicable al caso en concreto, para desechar
la demanda de amparo, siendo éste el de rubro: PRUEBAS, AMPARO
IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. Lo
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anterior es, en razón de que de la lectura integral de la demanda de
amparo, se desprende que el juicio se encuentra en la etapa de
demanda y excepciones, no así en la etapa de ofrecimiento y admisión
de pruebas, por lo tanto, el acto reclamado, no lo es el auto que
desecha las pruebas, sino más bien, el auto que obliga a mi
representada a contestar la demanda, aun cuando la responsable, la
colocó en completo estado de indefensión. En tal virtud, no es
procedente el desechamiento de la demanda de amparo, sino más
bien, debe ser admitida, por los argumentos jurídicos vertidos en los
dos agravios que anteceden, debiendo esta autoridad, ordenar se
revoque el auto de 8 de julio de 2013, a fin de que se dé entrada a
trámite a la demanda y en su oportunidad, se señale día y hora para la
celebración de la audiencia constitucional, respectiva.”
QUINTO. El estudio de los agravios que se hacen valer,
conduce a determinar lo siguiente.
Aduce la recurrente que: a) el A quo dejó de considerar que el
artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos no establece restricción alguna para que los
Tribunales Federales conozcan de actos de autoridad que violen
derechos humanos reconocidos y garantías otorgadas para su
protección, por lo que, según dice el quejoso, causa agravio a sus
derechos humanos la determinación del Juez de Distrito de desechar
la demanda de amparo, considerando que el acto reclamado no es de
imposible reparación, aunado a que se trata de una violación directa e
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inmediata a sus derechos humanos, en virtud de que se le deja en
estado de indefensión para contestar la demanda que se encuentra en
idioma extranjero; b) que existe violación directa a sus derechos
humanos así como su garantía de audiencia; c) que el acto reclamado
le afecta en grado predominante; d) que se le deja en estado de
indefensión; e) que la violación de que se duele no se podría subsanar
ni siquiera a través de una resolución favorable a sus intereses,
porque ello implicaría retardo en la impartición de justicia; f) que el
Juez de Distrito no funda ni motiva adecuadamente el auto de ocho de
julio de dos mil trece, por invocar la tesis de rubro: “PRUEBAS,
AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LA DESECHA”
Lo anterior es infundado.
Es preciso puntualizar que lo que constituye el acto reclamado,
son los acuerdos dictados por la Junta Especial Número Tres de la
Federal de Conciliación y Arbitraje en audiencia de cuatro de julio de
dos mil trece, en uno de los cuales dio vista a la demandada con el
oficio en el que la Secretaría de Diligencias, Sección Peritos, informó
no contar con perito en inglés-español, con especialidad en derecho
marítimo, para que manifestara lo que a su interés conviniera, y, en
otro, requirió a la demandada para que diera contestación a la
demanda, apercibiéndola que de no hacerlo así se le tendría por
contestada la demanda en sentido afirmativo; situación que es
importante destacar porque, disponiendo el artículo 170 de la nueva
Ley de Amparo, que el juicio de garantías directo o uniinstancial
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procede contra violaciones cometidas durante el procedimiento, que
afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo; y
disponiendo por su parte el artículo 172 de dicha Ley que se
considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las
defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, entre otros
casos, cuando: “III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas
o se desahoguen en forma contraria a la ley;… XII. Se trate de
casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a
juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo”, es claro que,
reclamándose en la especie precisamente los acuerdos en que la
autoridad responsable dio vista a la demandada con el oficio en el que
la Secretaría de Diligencias, Sección Peritos, informó no contar con
perito en inglés-español, con especialidad en derecho marítimo, para
que manifestara lo que a su interés conviniera, y la requirió para que
contestara la demanda, apercibiéndola que de no hacerlo así se le
tendría por contestada la demanda en sentido afirmativo, el amparo
indirecto no es la vía indicada para impugnar tal determinación, sino el
amparo directo, atento a lo establecido por los preceptos legales en
cita; sin que obste para ello el estado de indefensión en el que la
inconforme alega se le coloca a través de la determinación
impugnada, tanto porque la presunción establecida en la ley en el
sentido de que con ese tipo de determinaciones se produce tal
indefensión, trascendiendo al resultado del fallo, es precisamente lo
que justifica en tales casos la procedencia del juicio de amparo directo,
cuanto porque ahora, de acuerdo con la nueva Ley de Amparo, ya no
es suficiente para que proceda el amparo indirecto contra actos dentro
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del juicio, el que tales actos afecten de alguna manera derechos
sustantivos, como antes sucedía, sino que ahora es necesario que la
afectación de esos derechos sea material, pues el artículo 107,
fracción V, de dicha ley, establece al efecto lo siguiente: “Artículo 107.
El amparo indirecto procede: … V. Contra actos en juicio cuyos
efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los
que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte”; o sea que si de acuerdo con la nueva legislación, es requisito
que la afectación de los derechos sustantivos sea material, entonces
tal afectación debe traducirse o reflejarse en una mutación o cambio
en el mundo exterior, lo cual en la especie no se ve que acontezca,
puesto que nada ha cambiado materialmente en los derechos
sustantivos del quejoso por el hecho de que la autoridad responsable
le diera vista con el oficio de la Secretaría de Diligencias, Sección
Peritos (en el que informó no contar con perito en inglés-español, con
especialidad en derecho marítimo, para que manifestara lo que a su
interés conviniera), y le requiriera para que contestara la demanda (ya
que obra en autos la traducción realizada por el perito traductor,
apercibiéndolo que de no hacerlo así se le tendría por contestada la
demanda en sentido afirmativo). Lo que sucede es que, por
presunción legal, con la vista, el requerimiento y el apercibimiento que
se formuló al hoy quejoso, se afectarían en todo caso las defensas del
mismo, pero esa afectación no es material como requiere la ley, sino
formal, legal o jurídica, y, el grado en que tal afectación a las defensas
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QT-82/2013
del quejoso pueda darse o se dé, ya no puede servir ahora de
argumento para determinar la procedencia del amparo indirecto
diciendo, como antes se hacía: “los actos procesales o formales
tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus
consecuencias afectan a las partes en grado predominante o
superior”, ni puede servir ahora para tal efecto argumentar, como
igualmente se hacía, sobre la posibilidad o no de que un fallo favorable
al quejoso le reparara la violación, pues, de acuerdo con lo que se
tiene dicho, lo que ahora determina la procedencia del amparo
indirecto contra autos en juicio, es la afectación material de los
derechos sustantivos del quejoso; de modo que si en el caso no se dio
ese tipo de afectación, el juicio promovido es improcedente y en esa
medida resultó correcto el desechamiento de la demanda; siendo de
advertir que, contra lo que alega el inconforme, la resolución recurrida
no convalida en modo alguno el acto reclamado, pues no hay en tal
resolución consideración alguna sobre que dicho acto sea válido o
legal.
Por lo anterior, no beneficia al inconforme la cita que hace de
las tesis de rubro: “ACTOS DENTRO DE JUICIO. CUANDO AFECTAN
UN DERECHO HUMANO PUEDEN SER COMBATIDOS EN AMPARO
INDIRECTO O EN EL DIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA
SENTENCIA DEFINITIVA. INAPLICACIÓN DE LA DOCTRINA DE LA
PRECLUSIÓN PROCESAL”, “ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE
AMPARO INDIRECTO, EL PRINCIPIO DE CONTINENCIA DE LA
CAUSA OBLIGA AL JUZGADOR A ESTUDIAR TODOS SUS
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QT-82/2013
COMPONENTES, AUNQUE ALGUNOS NO SEAN DE EJECUCIÓN
IRREPARABLE”, “ACTOS EN JUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN,
SUPUESTOS QUE DEBE PONDERAR EL JUEZ DE DISTRITO PARA
DETERMINAR SOBRE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO
INDIRECTO” y “AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE
EJECUCIÓN IRREPARABLE, PARA SU PROCEDENCIA DEBE
ATENDERSE A LOS EFECTOS QUE PRODUCEN OBJETIVA Y
JURÍDICAMENTE, Y NO A LAS ARGUMENTACIONES QUE
CONSTITUYAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN”, porque además
de que fueron invocadas para apoyar argumentos que resultaron
infundados, las mismas fueron sustentadas (excepto la primera) con
base en una ley que ha dejado de regir, y el artículo sexto transitorio
de la nueva ley establece: “SEXTO. La jurisprudencia integrada
conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se
oponga a la presente ley”.
Consecuentemente, siendo infundados los agravios que se
hacen valer, procede declarar infundado este recurso de queja.
Por lo expuesto, y con apoyo además en los artículos 97,
fracción I, 98 fracción II, 100 de la Ley de Amparo y 37 fracción III de
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
S E R E S U E L V E:
ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto
por Navemar Internacional, Sociedad Anónima de Capital Variable,
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QT-82/2013
contra el acuerdo de ocho de julio de dos mil trece, dictado por el Juez
Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, en el
expediente de amparo indirecto 1677/2013-VII.
Hágase constar la fecha del engrose de esta sentencia;
notifíquese; con testimonio de esta resolución; vuelvan los autos al
juzgado de origen; háganse las anotaciones correspondientes y en su
oportunidad, archívese el expediente.
Así por unanimidad de votos, lo resolvió el Segundo Tribunal
Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que integran los
Magistrados; Presidenta Elisa Jiménez Aguilar, Casimiro Barrón Torres
y J. Refugio Gallegos Baeza, siendo ponente el último de los
nombrados.
MAGISTRADA PRESIDENTA
______________________ELISA JIMÉNEZ AGUILAR.
MAGISTRADO INTEGRANTE
_________________________
33
QT-82/2013
CASIMIRO BARRÓN TORRES
MAGISTRADO PONENTE
___________________________J. REFUGIO GALLEGOS BAEZA.
SECRETARIA DE TRIBUNAL:
___________________________________ALMA NURIA MONTECILLO SÁNCHEZ.
.
Esta hoja corresponde al recurso de queja número QT-82/2013, interpuesto por Navemar Internacional, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el que se resolvió declarar infundado el presente recurso. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
El suscrito Secretario Licenciado Porfirio Ruiz Mendoza, Secretario de este Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, hace constar que con esta fecha________________________________ se terminó de engrosar la presente sentencia.- Doy fe.- - - - - - - - - - - - - - -
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PRM/bag
Es copia fiel de su original que obra en el recurso de queja número QT.-82/2013,
formulado por Navemar Internacional Sociedad Anónima de Capital Variable,
contra acto del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito
Federal, y se expide en 18 fojas útiles para los fines legales consiguientes. Lo
certifico.
México, Distrito Federal, a
LA SECRETARIA DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER
CIRCUITO.
ALMA NURIA MONTECILLO SÁNCHEZ.
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