AGENDA 21Colombia, 20 años siguiendo la Agenda 21

DIMENSIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL DESARROLLO

FORTALECIMIENTO DEL PAPEL DE LOS GRUPOS PRINCIPALES

MEDIOS DE EJECUCIÓN

Catalogación en Publicación. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Centro de Documentación

Colombia. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

REPÚBLICA DE COLOMBIAMINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Presidente de la rePública

Juan Manuel Santos Calderón

Ministro de aMbiente y desarrollo sostenible

Juan Gabriel Uribe

ViceMinistra de aMbiente y desarrollo sostenible

Adriana Soto Carreño

Jefe oficina de asuntos internacionales

Alejandra Torres Dromgold

coMPilación y arreglo editorial

oficina de asuntos internacionales

José Manuel SandovalJuan Pablo Liévano

aPoyo Producción editorial

Subdirección de Educación y Participación

Marcela Moncada Barrerasubdirectora

centro de docuMentación

corrección

María Emilia Botero Arias

diseño y diagraMación

Milenio Editores e Impresores E.U.

© Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012

Todos los derechos reservados. Se autoriza la reproducción y difusión de material con-

tenido en este documento para fines educa-tivos u otros fines no comerciales sin previa autorización de los titulares de los derechos

de autor, siempre que se cite claramente la fuente. Se prohíbe la reproducción de este

documento para fines comerciales.Distribución gratuita

Colombia, 20 años siguiendo la Agenda 21 [Recurso

electrónico] / Sandoval, José Manuel; Liévano, Juan

Pablo (Compiladores, editores). Bogotá, D.C. Colombia,

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2012.

152p.

ISBN: 978-958-8491-62-2

1. Agenda 21 2. Desarrollo sostenible 3. Gestión

ambiental 4. Gestión pública I. Tit.

CDD: 338.9

AgradecimientosAgradecimientos

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expresa su sincera gratitud a las autoridades, académicos y funcionarios del Departamento Nacional de Planeación, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Salud y Protección Social, del Ministerio de Comercio, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Minas y Energía, del Instituto Colombiano de Agropecuario, del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, del Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, del Instituto de Hidrológia, Meteorología y Estudios Ambientales, de Parques Nacionales Naturales de Colombia, del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, del Instituto Colombiano de Geología y Minería, del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación y de la Corporación Colegio Verde que apoyaron con eficiencia y entusiasmo la construcción de este documento. Sin sus aportes institucionales e intelectuales la culminación exitosa del proyecto no habría sido posible.

Sección i - DIMENSIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 8

CAPÍTULO 1: PREÁMBULO 9CAPÍTULO 2: COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA ACELERAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO Y POLÍTICAS INTERNAS CONEXAS 15CAPÍTULO 3: LUCHA CONTRA LA POBREZA 20CAPÍTULO 4: EVOLUCIÓN DE LAS MODALIDADES DE CONSUMO 24CAPÍTULO 5: DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y SOSTENIBILIDAD 33CAPÍTULO 6: PROTECCIÓN Y FOMENTO DE LA SALUD HUMANA 36CAPÍTULO 7: FOMENTO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 40CAPÍTULO 8: INTEGRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO EN LA ADOPCIÓN DE DECISIONES 45

Sección ii – CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL DESARROLLO 50

CAPÍTULO 9: PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA 51CAPÍTULO 10: ENFOQUE INTEGRAL DE LA PLANIFICACIÓN Y LA ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS DE TIERRAS 56CAPÍTULO 11: LUCHA CONTRA LA DEFORESTACIÓN 58CAPÍTULO 12: ORDENACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS FRÁGILES: LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA 63CAPÍTULO 13: ORDENACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS FRÁGILES: DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ZONAS DE MONTAÑA 66CAPÍTULO 14: FOMENTO DE LA AGRICULTURA Y DEL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 69CAPÍTULO 15: CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 72CAPÍTULO16. GESTIÓN ECOLÓGICAMENTE RACIONAL DE LA BIOTECNOLOGÍA 77CAPÍTULO 17. PROTECCIÓN DE LOS OCÉANOS Y DE LOS MARES DE TODO TIPO, INCLUIDOS LOS MARES CERRADOS Y SEMICERRADOS, Y DE LAS ZONAS COSTERAS, Y PROTECCIÓN, UTILIZACIÓN RACIONAL Y DESARROLLO DE SUS RECURSOS VIVOS 80CAPÍTULO 18: PROTECCIÓN DE LA CALIDAD Y EL SUMINISTRO DE LOS RECURSOS DE AGUA DULCE: APLICACIÓN DE CRITERIOS INTEGRADOS PARA EL APROVECHAMIENTO, ORDENACIÓN Y USO DE LOS RECURSOS DE AGUA DULCE 86CAPÍTULO 19. GESTIÓN ECOLÓGICAMENTE RACIONAL DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS TÓXICOS, INCLUIDA LA PREVENCIÓN DEL TRÁFICO INTERNACIONAL ILÍCITO DE PRODUCTOS TÓXICOS Y PELIGROSOS 90CAPÍTULO 20: GESTIÓN ECOLÓGICAMENTE RACIONAL DE LOS DESECHOS PELIGROSOS, INCLUIDA LA PREVENCIÓN DEL TRÁFICO INTERNACIONAL ILÍCITO DE LOS MISMOS 95CAPÍTULO 21: GESTIÓN ECOLÓGICAMENTE RACIONAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS Y CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS AGUAS CLOACALES 99CAPÍTULO 22: GESTIÓN INOCUA Y ECOLÓGICAMENTE RACIONAL DE LOS DESECHOS RADIOACTIVOS EN COLOMBIA 102

ContenidoContenido

Sección iii – FORTALECIMIENTO DEL PAPEL DE LOS GRUPOS PRINCIPALES 104

CAPÍTULO 24. MEDIDAS MUNDIALES A FAVOR DE LA MUJER PARA LOGRAR UN DESARROLLO LIBRE Y EQUITATIVO 105CAPÍTULO 25: LA INFANCIA Y LA JUVENTUD EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE 111CAPÍTULO 26: RECONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL PAPEL DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS Y SUS COMUNIDADES 115CAPÍTULO 27: FORTALECIMIENTO DEL PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES ASOCIADAS EN LA BÚSQUEDA DE UN DESARROLLO SOSTENIBLE 117CAPÍTULO 28: INICIATIVAS DE LAS AUTORIDADES LOCALES EN APOYO DEL PROGRAMA 21 120CAPÍTULO 29 FORTALECIMIENTO DEL PAPEL DE LOS TRABAJADORES Y SUS SINDICATOS 123CAPÍTULO 30: FORTALECIMIENTO DEL PAPEL DEL COMERCIO Y LA INDUSTRIA 126CAPÍTULO 31: LA COMUNIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 129

Sección iV – MEDIOS DE EJECUCIÓN 132

CAPÍTULO 32: FORTALECIMIENTO DEL PAPEL DE LOS AGRICULTORES 133CAPÍTULO 33: RECURSOS Y MECANISMOS DE FINANCIACIÓN 138CAPÍTULO 34: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA ECOLÓGICAMENTE RACIONAL, COOPERACIÓN Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD 143CAPÍTULO 35: LA CIENCIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 145CAPÍTULO 36: FOMENTO DE LA EDUCACIÓN, LA CAPACITACIÓN Y LA TOMA DE CONCIENCIA 147CAPÍTULO 38: ARREGLOS INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES 153CAPÍTULO 39: INSTRUMENTOS Y MECANISMOS JURÍDICOS INTERNACIONALES 156CAPÍTULO 40: INFORMACIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE DECISIONES SIGLAS, ACRÓNIMOS, ABREVIATURAS Y SIMBÓLOS 158

PRÓLOGO

Un paso clave para alcanzar un desarrollo sostenible es ser conscientes de cómo las políticas que hemos implementado en el pasado están afectando nuestro presente. La verdad es que no estamos en un perio-do cualquiera de nuestra historia; vivimos un momento donde el país

ha sufrido un aterrizaje forzoso y doloroso a raíz de la ola invernal, el cambio climático y la degradación de los ecosistemas. Debemos aprender de nuestras experiencias para avanzar decididamente hacia el cumplimiento de las metas ambientales que nos hemos trazado. En la medida que los colombianos tenga-mos la capacidad de reaccionar, de cambiar nuestras conductas y de mejorar nuestros sistemas de gobierno lograremos progresar.

En el 2012, apoyando el proceso de preparación nacional para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río+20, este Ministerio lideró una consulta interinstitucional que permitió obtener un balance sobre la imple-mentación de los principios orientadores plasmados en la Agenda 21.

La Agenda 21 o Programa de Acción de las Naciones Unidas, fue acordado en la Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo realizada en Río de Janeiro (Brasil) en el año 1992. Este programa buscaba impulsar la sostenibilidad a nivel mundial y orientar la consolidación de un nuevo modelo de desarrollo para el siglo XXI. Dicha agenda, como estrategia global, fue suscrita por Colom-bia y otros 172 países miembros de Naciones Unidas comprometidos en la cons-trucción de políticas ambientales, económicas y sociales encaminadas a alcanzar un desarrollo sostenible.

El mencionado documento es uno de los instrumentos políticos más importantes nacidos de la Cumbre de la Tierra de 1992. Sus lineamientos han orientado mu-chas de las acciones y políticas que Colombia ha emprendido en materia ambien-tal y que han contribuido de manera defi nitiva a darle contenido a la arquitectura institucional emanada de la Ley 99 de 1993.

Con este documento se pretende evaluar cuál ha sido el avance de Colombia en la implementación de los principios orientadores del Desarrollo Sostenible. Encontramos a lo largo del mismo, una evolución de las diferentes políticas y programas implementados durante estos 20 años. Además, permite mostrar un panorama sobre la visión y compromiso institucional con enfoques de desarro-llo sostenible y el uso racional de los recursos naturales.

Sabemos que el bienestar ambiental del planeta es una responsabilidad de todos los países; debemos ser concientes de que las acciones y actividades de un Estado muchas veces generan impactos mas allá de su frontera afectando a otras naciones. Colombia viene consolidando su papel como líder e innovador en el escenario ambiental internacional lo que ha traído verdaderos benefi cios para el país. Esto ha permitido materializar proyectos de cooperación interna-cional de gran impacto e insertar los intereses nacionales dentro de los tratados internacionales ambientales, generando compromisos vinculantes no sólo para Colombia sino también para las demás naciones del mundo.

Ahora, ¿qué entendemos por los compromisos que hemos adquirido? ¿Qué sig-nifi ca conciliar la prosperidad con la equidad? ¿Cómo conciliamos el crecimiento con la conservación? ¿Cómo podemos satisfacer nuestras necesidades de hoy sin comprometer los recursos y las oportunidades de nuestras generaciones fu-turas?

Veinte años después de la suscripción de la Agenda 21 sabemos que aún tene-mos mucho camino por recorrer. El país ha realizado acciones concretas para lograr los objetivos y las actividades planteadas a través de la conformación de una estructura institucional ambiental, la asignación de recursos fi nancieros, de capital humano y la elaboración de políticas que responden a sus necesidades. Este informe nos permitirá trazar la ruta para los próximos años, en concordancia con los acuerdos de ‘Río+20’, plasmados en la Declaración “El Futuro que Que-remos”.

Juan Gabriel UribeMinistro de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Juan Gabriel UribeMinistro de Ambiente y Desarrollo Sostenible

DIMENSIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

Sección IDIMENSIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

Sección I

PREÁMBULOCAPÍTULO 1Por Margarita Marino de Botero 1

un Relato SobRe el Debate global De la SoStenibiliDaD

Escribir una introducción para una Agenda Ambiental de Colombia hacia Río +20; convoca a mirar atrás. Han pasado 50 años desde la publicación de la “Primavera silenciosa” de Rachel Carson, 40 años desde el Informe del Club de Roma y de la Conferencia Mundial sobre el Medio Humano en Estocolmo, 25 años desde la con-formación de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y su informe “Nuestro Futuro Común”, y 20 años desde la Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro y de la Agenda 21.

Medio siglo de alertas y preocupaciones sobre el destino del planeta, sus poblado-res y sus recursos. Medio siglo de cuestionar las antiguas certidumbres que impulsa-ron el dominio humano sobre la naturaleza. Medio siglo en busca de un desarrollo que podamos llamar sostenible. Se trata, sin duda, de una época signada por la crisis ecológica global, el cambio climático extremo, y como consecuencia de ello la crisis de la civilización contemporánea en sus relaciones con el mundo y con las leyes naturales.

Como sabemos, hace poco tiempo la humanidad descubrió su capacidad para in-ducir alteraciones fundamentales en los procesos ecológicos que regulan el sistema de la Tierra. Con el desarrollo de la ciencia y la técnica, y la ampliación de un poder desmedido sobre la naturaleza, se han infringido impactos nunca antes conocidos en la historia. Y es precisamente el reconocimiento de estas acciones lo que nos ha obligado a repensar los daños que hacemos al único ambiente en el cual podemos vivir.

No se puede imaginar a la humanidad por fuera del ambiente en el que habita, ya sea físico, cultural o social; y no se pueden comprender estos ambientes sin recono-cer que todos los procesos naturales y humanos están ligados y afectan la totalidad del medio en el que se da la cultura y la civilización. Las combinaciones, las conexio-nes, las complejidades y las tensiones entre estos ambientes afectan todos los pro-cesos humanos. Sin esas combinaciones no hubiéramos acompañado la evolución de la vida.

La Tierra que alberga 7,000 millones de habitantes que necesitan suelo, bosques, agua, alimentos y aire puro, está cada vez más amenazada. La globalización y el mundo interconectado hacen cada vez más vulnerable todo el sistema. Paradójica-mente, es esa misma globalización la que nos permite conocer la formidable tarea y retos para reconstruir los paraísos perdidos.

Hoy en día existen sufi cientes evidencias de que en muchas ocasiones estas enor-mes transformaciones a la naturaleza, no están de manera alguna representando benefi cios comparables a la irremediable desvalorización de los ecosistemas y de la vida natural. La idea de que la tierra será cada vez menos habitable y más frágil; que será cada vez más difícil restaurar sus ecosistemas, sus recursos, sus paisajes y

1 Margarita Marino de Botero fue Directora General del Instituto Nacional de los Recursos Natura-les y el Ambiente de Colombia, Miembro de la Comisión Mundial (Brundtland)y de la Comisión del Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe

1 Margarita Marino de Botero fue Directora General del Instituto Nacional de los Recursos Natura-les y el Ambiente de Colombia, Miembro de la Comisión Mundial (Brundtland)y de la Comisión del Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 2110

espacios naturales, alarma a la comunidad humana.

Las realidades demográfi cas, de asentamientos hu-manos, de nuevas tecnologías, de movilidad y comu-nicaciones, pero, sobre todo, la demanda de bienes y servicios de la creciente población, someten cada día la capacidad de asimilación del planeta a mayor tensión, aumentando la cantidad de desechos y trans-formando rápidamente el mundo. Los científi cos ase-guran que hemos ya sobrepasado la capacidad rege-nerativa del planeta en un 25 %. Hemos llegado a los umbrales de la sostenibilidad del planeta.

el PoDeR De la PalabRa Y De la liteRatuRa am-biental Solo se puede ofrecer una explicación parcial sobre las diferentes fuerzas que motivaron el surgimiento de la actual conciencia ambiental planetaria.

Es indudable que la carga de las evidencias del dete-rioro ecológico generalizado, la información satelital, los avances científi cos en modelos de computación, la visión recurrente de masas humanas desprovistas de agua o en situaciones de hambruna, impulsan la enorme preocupación mundial por el tema.

En este sentido, es de resaltar el papel extraordina-rio de la literatura y el aporte social de la incansable y permanente capacidad de individuos, científi cos e idealistas que dedican y dedicaron su vida a conven-cer a las sociedades sobre su estrecha conexión con el asombroso mundo viviente que los rodea. La época, las ideas que antecedieron y que imprimieron sentido y signifi cación a la literatura del momento. Una con-fl uencia fascinante de emociones, de conocimiento científi co, de asombros y descubrimientos, sensibili-dad estética e imperativo moral fue capaz de proyec-tarse en más de 100 obras “clásicas” del pensamiento ambiental contemporáneo.

En la tradición de “Los Bosques de Maine” de H. D. Thoreau, la obra de Rachel Carson, evocación persua-siva de la lenta desaparición del canto de las aves, de sus cartas pioneras de 1945 -ridiculizadas al inicio por sus detractores-, y, sobre todo, de su obra “Primave-ra Silenciosa” de 1962, se llegó a decir más tarde que fueron sufi cientes, que unas pocas miles de palabras cambiaron la percepción sobre la destrucción de en-torno natural. Y, en efecto, esta obra cambió la direc-ción del pensamiento contemporáneo, desató una corriente universal en temas considerados exclusivos para especialistas, alentó a miles de investigadores a escribir relatos sobre las maravillas del mundo, a ana-lizar el signifi cado de los límites de la explotación de

la naturaleza y sobre los efectos sombríos de envene-nar la tierra. Esas pocas miles de palabras convocaron a cientos de iniciativas sociales a demostrar las fuer-zas de las culturas locales y la imperiosa necesidad de comprender y respetar otros saberes que por milenios habían respetado el orden natural. Finalmente provo-caron una revolución pacifi sta que lanzó a los amantes de la naturaleza a mil campañas en todos los rincones de la Tierra para salvar la vida.

Su infl uencia ha permanecido intacta entre los am-bientalistas. En 1981 D. Weir y M. Shapiro escribieron “El Circulo del Veneno”. Y 28 años después de “Prima-vera silenciosa”, en 1996, Patrick Mc Cully publicó su “Silenced Rivers” sobre la ecología y política de las grandes represas, sobre este último libro, el historia-dor Daniel Worster comentó: “es un documento im-presionante, muestra con pasión y convicción como la conquista de la naturaleza es una idea peligrosa.” El elocuente mensaje de estos textos es claramente el impedir silenciar a la naturaleza.

1972. la cumbRe De nacioneS uniDaS SobRe el meDio Humano en eStocolmo

Ya se había publicado “A Sand Country Almanac”, la “Ecología” de Odum, “The Economics of the Coming Spaceship Earth” de K. Boulding, y los “Límites de la Tie-rra” de F. Osborn. Ya existía un fuerte debate sobre la “Bomba Poblacional” de P. Erlich, y sobre “la Tragedia de los Comunes” de G. Hardin y el informe del Club de Roma “Límites al crecimiento”. Habían pasado la reu-nión de Nyon, la Declaración de Menton y el informe de Founex. El año anterior Philippe Saint Marc había escrito “Socialización de la Naturaleza”. En 1970 el in-forme SCEP sobre los problemas críticos del ambien-te del M.I.T. Nicholas Georgescu-Roegen “The Entropy Law and the Economic Process.” Barry Commoner “The Closing Circle”, el “Mani� esto para la Supervivencia” edi-tado por Edward Goldsmith y el célebre documento de Barbara Ward y Rene Dubos “Una sola Tierra”. La UNESCO había promulgado su documento sobre el programa “El Hombre y la Biosfera” y en agosto de 1970 se había presentado el primer informe sobre el esta-do del ambiente al Congreso de E.U.A. Pero hasta esa fecha memorable del 5 de junio de 1972, la gran ma-yoría de los dirigentes políticos y el público en gene-ral tenían poca conciencia de los peligros del mundo trasformado por el hombre, del mundo amenazado. La reunión de Estocolmo, hito histórico de las Nacio-nes Unidas, convenció a los dirigentes mundiales de los 113 Estados que participaron, de que los seres hu-manos somos determinantes para cuidar o destruir la

PReÁmbulo 11

tierra y de que la actividad humana ya estaba sobre-pasando sus límites naturales.

Estocolmo y su emblemática “Declaración sobre el Medio Humano” despertaron a un mundo incrédulo advirtiéndole de la posibilidad de una crisis grave y cercana: “A escala mundial, fue el primer momento de confrontación fecunda entre esos movimientos, la con-ciencia ambiental en vías de institucionalización en las estructuras estatales, y los organismos internacionales” (Deléage, 2000). En “la Situación del Mundo1992“ Les-ter Brown, Ch. Flavin y S. Postel argumentaron “Esto-colmo fue un acontecimiento que inauguró la era del medio ambiente internacional.”

Pasados diez años y con 900 millones de habitantes más, 10 años después de Estocolmo, la ciencia siguió avanzando en mejores métodos para medir la capaci-dad productora de la tierra. Al mismo tiempo, entre 1972 y 1987, la literatura ambiental tuvo un período extremadamente prolífi co, generó estudios creativos, audaces, alternativos, persuasivos, sobre el futuro del planeta; “Quién defi ende la Tierra” compilación de M. Strong, “Qué Hacer, -Otro Desarrollo-” de la Fundación Dag Hammarskjöld, “La Morada del Hombre” de B. Ward, “El manifi esto ecologista” de Behnke, “Ecologia y Desarrollo” de Ramón Tamámes, “Toward a Steady State Economy” editado por E. Daly, “Lo pequeño es

hermoso” de E. Schumacher. J. E. Lovelock y su visio-naria “GAIA”, “Political Economy and Environmental Problems” editado por Ignacy Sachs, “la Estrategia Mundial de Conservación”, propuesta por la UICN, “Stockholm plus Ten” de R. Clarke y Lloyd Timberlake, el informe de Eric P. Eckholm, “The economics of sur-vival” editado por Yusuf J. Ahmad, “Down to Earth; A report on the tenth anniversary of the Stockholm Con-ference”, la publicación del CIFCA “Desarrollo, Medio Ambiente y Supervivencia, 10 años después de Esto-colmo” y “The Global Possible” editado por R. Repetto, “La Situación en el Mundo” del WorldWatch Institute, entre cientos de informes y trabajos científi cos.

Algunos de ellos, son muestra de una corriente crítica humanista que ponía de presente la dimensión pla-netaria de la crisis y las difi cultades que provienen de la incapacidad de entender el mundo en su comple-jidad. Oponían al modelo vigente de desarrollo eco-nómico -responsable del escenario de destrucción de la naturaleza-, alternativas de vida distinta, inspiradas en la idea de un desarrollo humano más responsable con su hábitat natural. Muchos de estos trabajos res-pondían a una movilización pública mundial que con-sideraba que la crisis era, además de una crisis ecoló-gica, una crisis de equidad, de modelos económicos, de conciencia política, en fi n: una crisis de humanidad.

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 2112

1987. la comiSión munDial Del meDio am-biente Y el DeSaRRollo; la comiSión bRunDt-lanD Y la PRoPueSta Del DeSaRRollo SoStenible

“Una agenda para el cambio” fue la solicitud de la Asamblea General de las Naciones Unidas a esta comi-sión independiente. Sus aportes redimensionaron el papel fundamental de las interacciones entre lo social, lo económico y lo ecológico en cualquier propuesta de progreso humano. Afi rma este informe: “Medio ambiente y desarrollo no constituyen desafíos sepa-rados; son inevitablemente interdependientes”, y más adelante: “El desarrollo no se mantiene si la base de recursos ambientales se deteriora; el medio ambiente no puede ser protegido si el crecimiento no toma en cuenta las consecuencias de la destrucción ambiental” (CMMAD).

Según este enfoque, la sustentabilidad implica el re-conocimiento de los valores y servicios ambientales y la búsqueda de formas más equitativas de crecer. Su propuesta de sostenibilidad involucra una visión de la actividad humana más interdependiente con la natu-raleza y más comprometida con la idea de una necesa-ria justica intergeneracional. El Centro Nuestro Futuro Común documentó extensamente los múltiples en-cuentros y debates que siguieron a la publicación del informe que instalaría en las agendas globales la pro-puesta del desarrollo sostenible: “Nuestro Futuro Co-mún”, de este informe Oxford University Press expresa: “Este es el documento más importante de la década para el futuro del mundo”; además el Centro alcanzó a publicar decenas de informes, entre ellos “Signs of Hope” de L. Starke y el “Brundtland Bulletin”. Cuatro años después, en 1991, en la “Declaración de la Haya” se reafi rmaba que los problemas ambientales son “vi-tales, urgentes, globales”. Y la UICN, WWF y el PNUMA publicaron en 1991 “Cuidar la Tierra: Estrategia para el Futuro de la Vida”, siendo este texto fundamental para los futuros derroteros de la conservación de ecosiste-mas y especies.

1992. RÍo De JaneiRo; la cumbRe De la tieRRa Y la agenDa 21

La Declaración sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de Río 92 fue adoptada por 178 gobiernos. Trata de un programa de acción para el desarrollo sostenible con el fi n de establecer nuevas alianzas que busca la coo-peración internacional para reversar el impacto nega-tivo del comportamiento humano sobre el ambiente

natural. Y, en efecto, las convenciones adoptadas so-bre Diversidad Biológica, Cambio Climático, Lucha Contra la Desertifi cación, y la declaración sobre Prin-cipios de Conservación Forestal, marcaron la senda de los acuerdos multilaterales más importantes de fi nales del siglo. El documento de Agenda 21 declara que la humanidad está en un momento crítico de la historia, que ninguna nación la puede enfrentar aisladamente y llama a un nueva era de cooperación internacional. Una impresionante convocatoria de la sociedad civil, reunió paralelamente a la cumbre a más de 20.000 lí-deres sociales y ambientalistas.

Las discusiones en torno al desarrollo y al medio am-biente desataron cientos de reuniones e informes que impregnaron algún optimismo a la reunión de Johan-nesburgo en el 2002, 10 años después de Río y 20 de Estocolmo. Sus convocantes impulsaban el análisis de los resultados de la implementación de la Agenda 21 y de las convenciones sobre el Cambio Climático y Bio-diversidad. Las inquietudes que despertaba la cumbre se referían a los lentos avances en la implementación de la Agenda 21 y las convenciones de Río 92. Con las inequidades y la pobreza agravándose y la imparable destrucción ambiental, era evidente que los compro-misos internacionales establecidos en el 92, habían producido pocos resultados. Lo que el mundo reque-ría, decían sus organizadores, no era un debate políti-co sino una cumbre de acciones y resultados.

Durante el proceso de discusiones surgieron contra-dicciones y enfrentamientos entre los defensores de los patrones de desarrollo imperante, y las propuestas de estilos de vida diferentes que tomaban en cuenta los límites de la biosfera. Al mismo tiempo, cada vez era más claro que las políticas aisladas dirigidas a solu-ciones particulares no funcionarían, haciéndose más evidente la necesidad de las visiones interdisciplina-rias y las nuevas concepciones de la planeación multi-disciplinar para abocar los problemas ambientales. La reunión hizo énfasis en que solo en la realización de pasos prácticos de nivel nacional y regional se podrían adelantar procesos de sostenibilidad.

Esta cumbre, que se sentía llamada a “resolver los pro-blemas”, presentó un plan de implementación de 50 páginas con prioridades de acción. Presentó metas para el 2015 sobre el acceso a saneamiento básico, innovación y energías renovables, manejo de tóxicos, protección de océanos, conservación de la biodiver-sidad y mejora de la gestión de los ecosistemas. Pre-senció también el lanzamiento de más de 300 alianzas

PReÁmbulo 13

para implementar proyectos sostenibles. Cien líderes mundiales presentaron sus observaciones. Diez mil delegados, ocho mil representantes de la sociedad civil y cuatro mil miembros de la prensa asistieron al evento.

Las refl exiones generadas por esta cumbre en el ámbito internacional indujeron a la producción de múltiples documentos: “Earth Politics” de E. U. von Weizsacker, “Our Country, The Planet” de S. Ramphal. “The Earth Summit. The United Nations Conferen-ce on Environment and Development” S. P. Johnson, (UNCED). “Saving our Planet” de M. K. Tolba. “Valuing the Environment” editado por I. Serageldin y A. Steer, “Mainstreaming the Environment” del Banco Mundial, “Getting to the 21 century” de David C. Korten, “Econo-mia Verde” de M. Jacobs, ”Vital Signs”, de L. Brown, Ch. Flavin y H. Kane, “La economía ecológica de la sosteni-bilidad, invertir en el capital natural”, de R. Goodland, “Our Common Journey, a Transition Towards Sustaina-bility” del National Research Council, de la Academia de Ciencias de EE.UU, “Global Ecology” editado por W. Sachs y “Pensamiento Político Verde, una nueva ideo-logía para el siglo XXI “ de A. Dobson.

2012. Hacia RÍo +20 la cumbRe De la SoSte-nibiliDaD, loS lÍmiteS PlanetaRioS, loS aVanceS concePtualeS

Por fortuna se ha transformado la forma de pensar y hacer ciencia. También se ha aumentado la capacidad de las sociedades de pensar a largo plazo. Y no solo por la multiplicación de la información, sino por los adelantos en estudios y revisión de los procesos na-turales, así como por el desarrollo de opciones y opor-tunidades para la construcción de escenarios más deseables. Es apropiado afi rmar que a través de una creciente conciencia pública existe una aceptación general de la idea de un mundo de recursos fi nitos y de espacios naturales cada vez mas intervenidos. Pa-radójicamente tenemos más incertidumbres porque precisamente conocemos más de las leyes naturales y el funcionamiento del universo.

Se nos ha enseñado a reconocer la realidad biofísica y el imperativo de encontrar modelos de progreso den-tro de los límites planetarios. Han entrado en vigor los postulados más importantes en materia de protección del medio ambiente y ha habido cambios institucio-nales en todas las esferas del poder. Desde Estocolmo, se han hecho enormes reformas institucionales, leyes, normas de largo alcance y se ha elevado el nivel de re-presentación política de la agenda ambiental. Iniciada por amplios sectores de la población, se ha desarrolla-do una “conciencia ecológica” que ha permeado todas las agendas políticas y sociales. Se ha generado una amplia refl exión al respecto del desarrollo sostenible, tanto en los gobiernos y los medios de comunicación, como en la sociedad civil, ratifi cado convenios interna-cionales relativos al ambiente y a los recursos natura-les, avanzado en discusiones estratégicas nacionales e internacionales para reafi rmar la ética de la existencia. Se nos ha planteado una sociedad planetaria en don-de la justicia y la equidad por venir proponen una era de solidaridad internacional. Hemos aprendido a mi-rar el futuro con responsabilidad intergeneracional y a comprender que las ciencias naturales y las ciencias de las sociedades no están separadas; hoy sabemos que las ciencias de la tierra requieren de una mirada holística de todos los conocimientos que la humani-dad ha desarrollado. En fi n: desde hace 50 años se ha universalizado un nuevo lenguaje de responsabilidad global, por esto Río+20, no tendrá razones para negar-se a ser una oportunidad histórica para garantizar un camino más certero hacia la sostenibilidad.

RetRoSPectiVa: algunaS contRibucioneS De amÉRica latina en el PRoceSo

En América Latina en los años 70, surgieron críticas al modelo económico internacional, a las prácticas po-líticas imperantes, a las relaciones Norte-Sur, y frente a la brecha entre los países ricos y los países pobres. La Fundación Bariloche en su documento “Socie-dad o Catástrofe” se adelantó a proponer un modelo mundial latinoamericano. Un ejercicio que también merece destacarse es el simposio UNCTAD sobre mo-delos de utilización de recursos, medio ambiente y estrategias del desarrollo, realizado en 1974 en Méxi-co. La declaración de Cocoyoc, fruto de este simposio, exhortaba: “el desarrollo no es de los objetos sino del hombre (…) en la búsqueda de la dignidad humana”. Insistía también en que la escasez no es producto de la escasez física sino el resultado de las relaciones so-cioeconómicas existentes. A este esfuerzo le siguió

Parece innecesario decir que el mundo de hoy no es el mismo que el de 1972. Pero muchas de las incertidumbres y tensiones medioambientales que se identifi can hoy en día (deterioro ecológico, errados métodos tecnológicos, inequidades en la distribución de recursos, etc.) persisten y se agravan.

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 2114

la organización de una Comisión Latinoamericana y del Caribe sobre Medio Ambiente y Desarrollo cuyos informes principales fueron “Nuestra Propia Agenda”, “Amanecer en los Andes”, “Amazonia sin Mitos” y “La América que queremos”. Merece destacarse en este ámbito de la literatura de política ambiental en lati-noamerica, los trabajos de profesores; Furtado, Ga-llopin, Morello, Sunkel, Gligo, Leal, Urquidi, Max-Neff , Leff , Elizalde, Guimaraes, Gutman, Bifani, Dourejeanni, Padua, Henrique, Altieri, Toledo, Gavaldon, Szequeli; y en Colombia especialmente J. Carrizosa, A. Angel y A. Escobar y más recientemente E. Guhl, M. Rodríguez Becerra, G. Andrade y J. C. Cárdenas que continuaron con el desafío de incorporar la dimensión ambiental en la literatura académica latinoamericana.

el PaPel De colombia

Colombia tiene un importante historial en el proceso hacia Río +20. En medio de nuestra particular historia de aciertos y confl ictos ambientales, los Colombianos estuvimos en Estocolmo, fuimos el primer país del pla-neta en expedir un código de recursos naturales y del ambiente, celebramos los 10 años de Estocolmo en ECOLOMBIA 82, lideramos el programa de incorpora-ción ambiental en los programas de educación supe-rior desde el 84, con la Red de Formación Ambiental, declaramos 56 Parques Naturales de más de 12 millo-nes de hectáreas, (12% del territorio Nacional), con-tamos con extensas zonas de resguardos indígenas, pertenecimos a la Comisión Mundial (Brundtland), a la Comisión Latinoamericana y del Caribe sobre Medio Ambiente y Desarrollo, promulgamos la Constitución del 91 -“La Constitución Ambiental”-, diseñamos un Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y un Sistema Nacional Ambiental, preparamos propuestas novedosas para la Cumbre de la Tierra, orientamos los Diálogos Globales Hannoberg 2000, asistimos a Johannesburgo; y suscribimos y ratifi camos los más importantes convenios ambientales de orden global. Y en estos momentos lideramos de cara a la Conferen-cia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sosteni-ble “Río + 20”, la propuesta para adoptar un manda-to a partir del cual se desarrollen unos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos aspiran a pro-fundizar sobre la integración de la dimensión social, económica y ambiental del desarrollo “en unas metas concretas, de aplicación universal e implementación nacional, acordes a las necesidades de cada Estado”. Se centran en el futuro urbano, la energía sostenible, la seguridad alimentaria y el manejo integral del agua y los océanos.

Ahora, esta “Agenda 21”, elaborada por Colombia para Río+20, revisa cuidadosamente la serie de principios orientadores del desarrollo sostenible. A lo largo del trabajo se observan informes detallados de los di-ferentes conocimientos sobre los ecosistemas co-lombianos, de sus interacciones con la gestión y las políticas en todos los sectores de la acción pública y declara el propósito y compromiso con la conserva-ción y uso sustentable del patrimonio natural del país. Nadie discute los principios fundamentales, pero qué se entiende por estos compromisos?, qué tanto signi-fi ca conciliar la prosperidad con la equidad? Hasta hoy los resultados no han sido sufi cientes, y no podemos sino confi ar que en el futuro los hechos nos inclinen al optimismo.

concluSión

Para el pensar más avanzado, que deja atrás el apego a teorías caducas, los modelos económicos actuales son insostenibles. Se necesita cambiar el rumbo de la economía, de la producción, de los mercados, de la tecnología, de la educación, e infl uir en el desarro-llo del pensamiento, del conocimiento y de las ideas respecto, a cómo entendemos la complejidad social y ambiental de la era en que vivimos.

La pregunta es sí, a lo largo de estos años, con la tra-yectoria de estas ideas, estos avances, diagnósticos, informes y propuestas se ha concretado un cambio real en el mundo haciéndolo más sostenible, posible para las generaciones futuras y mejor para los sectores más pobres del planeta.

Indudablemente, el gran actor del siglo XXI, la socie-dad civil, tiene la palabra. Río +20 puede ser el renacer de la conciencia global, pero si los estados, los gobier-nos, los sectores privados resultan insensibles a estas propuestas, por qué no reconocer la voz de comuni-dades alternativas cuando manifi estan que “otro mun-do es posible”. Es en el desarrollo de una nueva cultura política en donde se ampliarán mejor estos concep-tos, por lo que es menester asegurar que la sociedad civil y las ideas creativas tengan todas las garantías efectivas de participación en el debate de políticas públicas, ampliar la discusión a otras instancias más interesadas en que el desarrollo tenga como objetivo fundamental la defensa de la naturaleza y la equidad generacional. Sobre esto, como diría Barbara Ward “Siempre tenemos la obligación de la esperanza”.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA ACELERAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO Y POLÍTICAS INTERNAS CONEXAS

Durante los últimos años Colombia ha experimentado un importante salto cuali-tativo como resultado de la acción decidida del Gobierno de encaminar todos sus esfuerzos para lograr un crecimiento económico sostenido, mejorar los indicadores de desarrollo social, crear un ambiente propicio para la inversión, fortalecer la ins-titucionalidad local y nacional y, desempeñar un papel relevante en el escenario internacional.

De acuerdo con el Consenso de Monterrey de 2002, el Estado colombiano reconoce y asume su responsabilidad primaria frente a la generación de políticas y estrategias orientadas a fomentar su propio desarrollo, así como también, frente a la moviliza-ción de recursos propios para el logro del mismo.

El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”, establece las di-rectrices y prioridades del Gobierno en materia de desarrollo económico, a través del eje tres denominado “Crecimiento sostenible y competitividad”, cuyo objetivo principal es garantizar el crecimiento potencial de Colombia mediante la dinamiza-ción de cinco sectores “locomotoras” sostenibles social y ambientalmente: desarro-llo minero y expansión energética; agropecuario y desarrollo rural, infraestructura de transporte; viviendas y ciudades amables; e innovación.

Dicho objetivo se complementa con una estrategia dedicada a la sostenibilidad ambiental y a la prevención del riesgo de desastres, la cual conforma el capítulo VI del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Una gestión ambiental y del riesgo de desastres integrada, es fundamental para lograr el cumplimiento de parámetros de sostenibilidad en el crecimiento económico y para garantizar la seguridad de las comunidades en el desarrollo del país.

Si bien como se mencionó anteriormente, el Gobierno nacional ha dispuesto re-cursos propios y ha identifi cado las acciones que conducen al desarrollo sostenible del país, Colombia reconoce que la cooperación internacional ha jugado un papel fundamental, como herramienta complementaria que contribuye a fortalecer los esfuerzos del país. Los acuerdos derivados del Consenso de Monterrey, se refi eren no sólo a que los países en desarrollo logren un crecimiento económico sostenido y promuevan el desarrollo sostenible, sino además a que los países desarrollados brinden coopera-ción y promuevan un entorno internacional favorable al desarrollo. Es en ese sen-tido que Colombia considera importante que además de los fl ujos de cooperación tradicionales provenientes de la ayuda ofi cial al desarrollo (AOD), la cooperación internacional en materia de desarrollo sostenible, se enfoque en la transferencia

CAPÍTULO 2

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 2116

de conocimientos, tecnologías e información, buenas prácticas y lecciones aprendidas, así como también en la promoción de mecanismos efi caces de fi nanciación.

Facilitación De RecuRSoS FinancieRoS SuFicienteS a loS PaÍSeS en DeSaRRollo

La Ayuda O� cial al Desarrollo, la pobreza y los Objeti-vos de Desarrollo del MilenioDesde hace unos años, se han manifestado claros indi-cios de que el comportamiento de los procesos de ayu-da ofi cial al desarrollo2 (AOD) está cambiando. Hoy en día, la AOD representa una de tantas modalidades de cooperación al desarrollo en donde intervienen gran variedad de actores y enfoques de acción para comba-tir la pobreza, promover la sostenibilidad y reducir las desigualdades en el ámbito del desarrollo mundial.

El sistema de cooperación internacional para el de-sarrollo inició en el siglo XX impulsado por un ideal de consenso: la agenda de los Objetivos de Desarro-llo del Milenio (ODM). La adopción de este paradig-ma hace de la lucha contra la pobreza y el hambre la bandera de la acción colectiva internacional.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron ini-cialmente concebidos para ser alcanzados “a nivel global”, lo que implicaba una estrategia de “cum-plimiento agregado”, tal y como proclamaron 189 países –desarrollados y en desarrollo– en la Decla-ración del Milenio, fi rmada en Nueva York en el año 2000.

Durante la Cumbre del Milenio+5, se acordó modi-fi car la cobertura geográfi ca de aplicación, para que trascendiera de una escala global y se aplicara país por país. Este nuevo enfoque de distribución de los recursos les da especial atención a los países donde se encuentran las grandes necesidades que ponen en riesgo la consecución universal de los ODM. Esta

situación conlleva a un proceso de reasignación de la ayuda desde los países desarrollados hacia los países con menores niveles de desarrollo.

El desgaste de las dinámicas de la AODEl impacto de las recientes crisis económicas en los paí-ses donantes ha llevado a que muchos no cumplan su compromiso de destinar el 0,7% de su PIB en AOD3. Esto lleva a que los donantes prioricen de manera más espe-cífi ca su áreas de infl uencia tradicional (p.ej. África en el caso de Europa o América Latina en el caso de Estados Unidos) y deban abordar cada vez más necesidades de desarrollo con los mismos recursos4.

A pesar de que la AOD representa un importante medio para la promoción del desarrollo, el modelo tradicional de asistencia se está desgastando y plantea la necesidad de que se consideren otras formas de fi nanciación para la implementación de estrategias más integrales que aborden los desafíos para que los países avancen hacia la consolidación del desarrollo5.

La conformación de una nueva asociación mundial para el desarrolloEsta tendencia se reafi rma en la declaración política6 del cuarto foro de alto nivel para la efi cacia de la ayuda cele-brado en Busan, Corea del Sur, en Noviembre de 2011, en donde ministros de países donantes, representantes gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado se reunieran para evaluar el impacto y el costo benefi cio de la ayuda al desarrollo.

Esta declaración, establece por primera vez, en el ámbi-to del foro de alto nivel para la efi cacia de la ayuda, un marco de trabajo conjunto que incluye donantes tra-dicionales, actores de la cooperación Sur-Sur, los BRIC7, organizaciones de la sociedad civil y fi nanciadores priva-dos. La reciente inclusión de tal variedad de actores en los procesos actuales de desarrollo se constituye en un hito en el marco de las relaciones de la cooperación in-ternacional.

2 Los fl ujos de fi nanciamiento ofi cial administrados con el fi n de promover el desarrollo económico y el bienestar de los países en desarrollo, que son de carácter concesional con un elemento de donación de al menos el 25 por ciento (con una tasa fi ja del 10 por ciento de descuento). Por convención, los fl u-jos de AOD comprenden las contribuciones de las agencias de los gobiernos donantes, en todos los niveles, a los países en desarrollo (“AOD bilateral”) y las instituciones multilaterales. FMI, 2003, Estadísticas de la Deuda Externa: Guía para compiladores y usuarios - Anexo III, Glosario, el FMI, Washington DC.3 Desde la creación, en 1960, del Comité de Ayuda al Desarrollo, de la OCDE, los países de América Latina y el Caribe (ALC) han recibido un desembolso neto de ayuda ofi cial al desarrollo (AOD) de algo más de 304 mil millones de dólares, lo que equivale a un exiguo 0.48% del PIB generado conjuntamente por estas economías en ese mismo periodo. La participación de ALC en el sistema de AOD ha sufrido una alteración formidable a lo largo del tiempo: si la región percibía, en promedio, 12.7% de las ayudas mundiales en la década de los sesenta, esta cuota ha menguado drásticamente en el siglo xxi hasta posicionarse por debajo de 8%. (VASQUEZ, Sergio ; MARTINEZ, Aitor América Latina y El Caribe: Ayuda Ofi cial al Desarrollo en el punto de infl exión del milenio Revista Problemas del Desarrollo, 162 (41), julio-septiembre 2010)4 Por consiguiente, el nuevo trazado del mapamundi de la ayuda atempera la importancia de ALC y otorga mayor atención a los países más alejados del cumplimiento de las metas (especialmente en África subsahariana y Asia occidental), de tal manera que en el septenio posterior a la aprobación de los ODM los países de ALC recibieron una cantidad agregada de AOD ligeramente inferior a la recibida anteriormente, como consecuencia de la paulatina retirada de algunos donantes bilaterales. (VASQUEZ, Sergio ; MARTINEZ, Aitor América Latina y El Caribe: Ayuda Ofi cial al Desarrollo en el punto de infl exión del milenio Revista Problemas del Desarrollo, 162 (41), julio-septiembre 2010)5 ATWOOD, Brian “The road to Busan: Pursuing a New Consensus for Development Cooperation” The 2011 Brookings Blum Roundtable Policy Briefs.6 “El mundo se encuentra en un momento crítico en el desarrollo global. La pobreza y la desigualdad siguen siendo el principal reto. La Declaración del Milenio establece nuestro mandato universal para el desarrollo y, con la fecha fi jada por los Objetivos de Desarrollo del Milenio a menos de cuatro años de distancia, la urgencia de lograr un crecimiento sólido, sostenible y compartido y el trabajo decente en los países en desarrollo es de suma importancia. Por otra parte, la Declaración identifi ca que la promoción de los derechos humanos, la democracia y el buen gobierno son una parte integral de nuestros esfuerzos de desarrollo. En ninguna parte son más urgentes nuestros objetivos de desarrollo que en estados frágiles y en aquellos afectados por el con-fl icto.” Declaración Política Cuarto Encuentro del Foro de Alto Nivel para la Efi cacia de la Ayuda- Busan, Corea del Sur (Nov.2011) 7 En economía, el BRIC es un acrónimo de agrupación que se refi ere a Brasil, Rusia, India y China, dado que se encuentran en una etapa similar de desa-rrollo económico. http://en.wikipedia.org/wiki/BRIC

cooPeración internacional Para acelerar el desarrollo sostenible de los PaÍses en desarrollo y PolÍticas internas coneXas 17

Esta nueva asociación mundial para el desarrollo8 im-plica necesariamente la entrada de nuevos actores en la escena de la cooperación internacional. El surgi-miento de la “economías emergentes” plantea un cam-bio en la arquitectura geoeconómica internacional. Países como China, Brasil, India y Corea del Sur gracias a sus niveles de crecimiento económico pasaron de ser receptores netos de ayuda al desarrollo hace unas décadas, a ser oferentes de la misma en la actualidad.

En segundo lugar, la complejidad que plantean los re-tos transnacionales como el cambio climático, las cri-sis económicas, los precios de los alimentos y el com-bustible, confl ictos y los desastres naturales llevan a que se involucren actores diferentes a los países do-nantes y receptores tradicionales, provenientes de la sociedad civil, del sector privado y gobiernos locales y regionales.

Sin embargo y a pesar de los nefastos impactos pro-ducto de las problemáticas transnacionales del desa-rrollo, el reto más importante de la cooperación inter-nacional sigue siendo la lucha contra la pobreza, en especial para países afectados por el confl icto.

Cooperación y Con� icto en Colombia En contravía con la tendencia en América Latina, los fl ujos netos de AOD que recibió Colombia se incre-mentaron en el periodo 2000-2008 debido la situa-ción de confl icto. La política de internacionalización del confl icto armado colombiano emprendida duran-te el gobierno Uribe (2002-2010) capta la atención de la comunidad internacional, especialmente de Esta-dos Unidos.

Los donantes destinaron cuantiosos recursos para la implementación de programas y proyectos de la coo-peración internacional para atender las secuelas del confl icto armado9. Durante el periodo de gobierno Uribe las iniciativas de cooperación internacional se enfocaron hacia los derechos humanos, el desplaza-

miento forzoso, el desarrollo alternativo y la atención humanitaria10.

Ahora bien, los avances obtenidos por el gobierno de Álvaro Uribe en términos de seguridad democrática permiten que se plantee un nuevo escenario nacio-nal para que sienten nuevas políticas enfocadas para el desarrollo del país desde el gobierno Juan Manuel Santos (2010-2014).

Esta nueva situación ha repercutido en que actual-mente varios donantes hayan reorientado o reducido sus fl ujos de ayuda hacia Colombia. Este es el caso de países donantes como Alemania y Estados Unidos que han reorientado parte de sus actividades en el marco de su política de ayuda al desarrollo, de los temas del confl icto armado hacia el tema ambiental. Por el con-trario, Holanda, que ha sido el socio más importante del sector ambiental en Colombia ha dejado de prio-rizar los temas ambientales para centrar sus esfuerzos de cooperación en la promoción de su tecnología y experticia, los derechos humanos y el comercio sos-tenible11.

8 Objetivo de Desarrollo del Milenio #8 “Fomentar una asociación mundial para el Desarrollo”.9 Los fl ujos de ayuda, medidos en desembolsos efectivos, ha crecido en términos absolutos del año 2000 al 2008 en US$785,1 millones, registrando una variación porcentual del 420%. Dentro de los fl ujos de AOD que se destinan a América Latina en este periodo, Colombia es el país que más incrementa los fl ujos en términos absolutos debido, principalmente, a los fl ujos provenientes de la cooperación norteamericana. (Plan Colombia) EVALUACIÓN CON-JUNTA DE LA DECLARACIÓN DE PARÍS, FASE 2 – COLOMBIA Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) http://www.oecd.org/dataoecd/61/33/47083049.pdf10 El peso relativo de la ayuda norteamericana ha venido reduciéndose con la participación más decidida de la cooperación por parte de otros actores, como la Comisión de la Unión Europea, España o los Países Bajos. Otro elemento distintivo de la cooperación en el país consiste en la mayor participación de la ayuda bilateral con respecto a la ayuda multilateral. EVALUACIÓN CONJUNTA DE LA DECLARACIÓN DE PARÍS, FASE 2 – COLOMBIA Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico- http://www.oecd.org/dataoecd/61/33/47083049.pdf11 Entrevista a la Embajadora de Holanda en Colombia (2011) EN: Revista Semana http://www.semana.com/nacion/gobierno-no-presta-medio-ambien-te-atencion-merece/153192-3.aspx

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 2118

Hacia el futuro…

Colombia es un país que se ha apropiado de sus pro-cesos de desarrollo, con instituciones cada vez más fuertes y efi cientes, con el apoyo de la comunidad in-ternacional, razón por la cual se considera que mante-niendo y profundizando las relaciones de cooperación con los países socios, con una gestión orientada a re-sultados y mutua responsabilidad, camino a la “Pros-peridad Democrática para todos colombianos” y que contribuya hacia el logro de objetivos de desarrollo ambiental, social y económico sostenible.

Así las cosas, para fomentar el desarrollo, no solo se deben incorporar nuevos actores, sino que los países deben generar capacidades para la adopción de nue-vas fuentes, modalidades e instrumentos de fi nancia-ción para complementar las actividades que se dan en el marco de la cooperación internacional.

Los impuestos, la movilización de recursos locales, la inversión privada, los canjes de deuda, la fi lantropía y los fondos de fi nanciación de cambio climático son algunos ejemplos de nuevas fuentes de fi nanciamien-to acordes con la dinámica actual de los procesos de ayuda al desarrollo.

Asimismo, deben considerarse nuevos instrumentos fi nancieros, modalidades innovadoras de transferen-cia de conocimiento y tecnología y la conformación de alianzas público-privadas que redunden en la pro-moción del desarrollo social y económico.

En ese sentido, los países en desarrollo deben redu-cir cada vez más su dependencia de la ayuda ofi cial al desarrollo por medio del aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen el comercio internacional y la inversión privada, así como de la movilización de recursos domésticos a través de los sistemas impositi-vos y por medio de la expansión de los mercados do-mésticos de capital.

Para anticiparse a estos cambios, es de suma impor-tancia prever los retos que plantea el nuevo contexto internacional de la ayuda al desarrollo y generar capa-cidades para:

• Articular la participación cada vez más signifi cati-va de nuevos actores en los procesos de coopera-ción internacional (sector privado, organizaciones de la sociedad civil, etc.)

• Aprovechar las nuevas modalidades de coopera-ción como la cooperación Sur-Sur y la coopera-ción triangular.

• Complementar los fl ujos de AOD con nuevas fuentes de fi nanciación inversión privada, fi lantro-pía, etc.

Además de los desafíos que de por sí, plantea este nuevo marco de cooperación internacional, Colombia en su condición de país de renta media, debe enfren-tar retos adicionales.

Colombia y su condición de renta mediaDe acuerdo con el Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Colombia es considerada como un país de renta media (PRM), es decir que tiene un PIB per cápita que oscila entre los 936 USD y los 3.705 USD.

A pesar de que los países de renta media constituyan en sí mismos una clasifi cación única, en términos de tamaño, potencial de desarrollo y logros sociales son bastante heterogéneos, lo que difi culta la defi nición de una respuesta única a sus necesidades, obligando a la comunidad internacional a adecuar el diseño de cooperación a las circunstancias de cada país12.

En la Cumbre de Monterrey para la fi nanciación del desarrollo celebrada en 2010, resultan una serie de reformas al sistema de cooperación internacional, siendo la más importante que los fl ujos de ayuda al desarrollo se orientarán hacia los países de renta baja, donde los problemas de pobreza son más acusados.

En ese sentido, se ha establecido una clara frontera entre aquellos países susceptibles de recibir ayuda, así como entre aquellos países que contribuyen con el sistema de cooperación. Al tiempo que los países de rentas altas mantengan algún tipo de cooperación con los países de renta media, estos deben, simultá-neamente, jugar un papel más activo en la coopera-ción Sur-Sur, tanto con países de renta baja como con otros países de renta media. Esta cooperación puede ser promovida por los países industrializados a través de modalidades de cooperación triangular13.

12 “La ayuda tiene un limitado peso relativo en la fi nanciación de los PRM. Por ello, su efi cacia dependerá de la capacidad que tenga para movilizar re-cursos nacionales o atraer otras fuentes de fi nanciación internacional. Buena parte de la ayuda en los PRM se mueve en el campo del asesoramiento y la asistencia técnica, el apoyo a la defi nición de políticas, a la creación y fortalecimiento de instituciones y al intercambio de experiencias.En esta tarea deben aprovecharse al máximo las capacidades nacionales y las experiencias emanadas de los propios países en desarrollo. Tan importante como la ayuda son otros componentes de la cooperación internacional, por lo que es clave mejorar los niveles de coherencia en las políticas de los donan-tes.” (Cooperación para el Desarrollo con los Países de Renta Media -Resumen Ejecutivo -Naciones Unidas http://www.un.org/esa/ff d/events/2007mic/micsummaryS.pdf )13 Cooperación para el Desarrollo con los Países de Renta Media -Resumen Ejecutivo -Naciones Unidas http://www.un.org/esa/ff d/events/2007mic/micsum-maryS.pdf

19

Gracias a su estructura horizontal, la cooperación Sur-Sur presenta un importante potencial para generar apropiación por parte del receptor, promover inicia-tivas más cercanas a las condiciones y necesidades de los países afectados y propiciar actividades con be-nefi cio mutuo, al estimular las capacidades técnicas e institucionales tanto del donante como el receptor. Así, en el marco de la cooperación Sur-Sur, Colombia pasa a ser no sólo receptora de cooperación sino, ofe-rente de la misma.

Esta cooperación se desarrolla esencialmente en tres áreas (i) la macroeconómica, especialmente el diálogo sobre políticas macroeconómicas y el suministro de li-quidez durante episodios de crisis; (ii) la fi nanciación para el desarrollo, a través de bancos multilaterales de los propios países en desarrollo y de iniciativas para la creación de mercados regionales de bonos y; (iii) la de cooperación técnica (transferencia de conocimiento).

Los recientes avances de Colombia en términos de crecimiento económico, en la recuperación de la con-fi anza inversionista y las condiciones de seguridad, han llevado a que, desde de la ayuda ofi cial al desarro-llo, los donantes empiecen a considerar nuestro país como sujeto de cooperación económica y coopera-ción técnica, en detrimento de su condición de país objeto de la cooperación fi nanciera no reembolsable.

El más claro ejemplo de esta tendencia y en especí-fi co para el sector ambiental, es el caso de Holanda. Este donante es uno de los más importantes socios de Colombia en materia ambiental y particularmente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Holanda realizó importantísimas donaciones desti-nadas al fortalecimiento de las capacidades institu-cionales en el marco del Programa de apoyo secto-rial (Sector Wide Approach) y a la conservación de la biodiversidad. Actualmente Holanda ha empezado a centrar sus iniciativas de apoyo en el sector ambien-tal, enfocándose en procesos de comercio sosteni-ble de productos primarios como bananos y fl ores. Igualmente, otros esfuerzos están destinados a pres-tar esquemas de cooperación técnica y estudios de factibilidad para promover la adopción de tecnología holandesa enfocada esencialmente al agua y la pro-ducción más limpia.

Ahora bien, estos cambios también tienen efectos positivos e implican la relación con nuevos socios. Alemania tiene programadas importantes contribu-ciones por concepto de cooperación fi nanciera no reembolsable enfocada a los temas de biodiversidad y cambio climático. Asimismo tiene previsto un impor-tante componente de fortalecimiento institucional para el Ministerio en los próximos años.

Otro ejemplo de este fenómeno, es la importancia que ha adquirido el sector ambiental en las activida-des de cooperación de Estados Unidos. Este país está implementando dos grandes programas, uno enfoca-do a las energías limpias y otro hacia la implementa-ción de esquemas de reducción de la deforestación y la degradación evitada (REDD) , pero dichos progra-mas a pesar de contar con componentes destinados al fortalecimiento institucional del Ministerio, parten de alianzas público privadas entre operadores estadouni-denses y el gobierno de Estados Unidos. Es decir, que no contemplan esquemas de cooperación fi nanciera no reembolsable para el Ministerio.

En consistencia con esta tendencia, países como Co-rea del Sur, Israel, Suiza, Suecia entre otros, han centra-do gran parte de su oferta, en la implementación de esquemas para la cooperación económica, especial-mente enfocados en la fi nanciación de estudios téc-nicos y de factibilidad para la adopción de tecnología verde, mediante la promoción de sus empresas y de soluciones tecnológicas para el sector ambiental.

Incluso, varios donantes no sólo ven a Colombia como país receptor de AOD sino también como sujeto de créditos de fomento y de desarrollo. Este es el caso de países como Japón, Francia, China y Alemania.

Por esta razón, Colombia, y por ende el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible debe adaptar sus capacidades para su acción internacional de forma que pueda aprovechar de la mejor manera las opor-tunidades que ofrecen la cooperación técnica y la cooperación Sur-Sur en presencia de una creciente disminución de los fl ujos de cooperación fi nanciera no reembolsable desde el ámbito de la Ayuda Ofi cial al Desarrollo.

Esto implica que signifi cativos esfuerzos deben ser destinados a diversifi car las relaciones de cooperación internacional con nuevos actores como el sector pri-vado y las organizaciones de la sociedad civil bajo el establecimiento de alianzas público- privadas.

En síntesis….

La ayuda ofi cial al desarrollo es para los países pobres y se priorizarán aquellas acciones que tengan como objetivo superior promover el desarrollo y aportar en la disminución de la pobreza. Por esta razón, es impor-tante que las iniciativas que promueva el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el ámbito de la ayuda ofi cial al desarrollo se enmarquen en la re-lación pobreza y medio ambiente de forma que sean atractivas para los países donantes, especialmente los tradicionales. Asimismo, se deben potenciar las capa-cidades para relacionarse con nuevos actores y bajo modalidades innovadoras de cooperación.

cooPeración internacional Para acelerar el desarrollo sostenible de los PaÍses en desarrollo y PolÍticas internas coneXas

LUCHA CONTRA LA POBREZA CAPÍTULO 3

ViSión

El objetivo del Gobierno Nacional es la prosperidad de todos los colombianos, lo que signifi ca lograr una sociedad con más empleo, menos pobreza, más seguridad, igualdad de oportunidades y con movilidad social, independientemente de su gé-nero, etnia, posición social, orientación sexual o lugar de origen. Para alcanzarlo, existen dos caminos que se complementan entre sí: el crecimiento económico sos-tenible y el desarrollo social integral.

aVanceS

Colombia adoptó una nueva metodología para la medición de la pobreza por ingre-sos, la cual fue desarrollada por la Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad - MESEP del Gobierno Nacional, proceso que culminó en agosto de 2011 con la ofi cialización de las nuevas series de pobreza. Los resultados de la nueva metodología indican una disminución de la pobreza mo-netaria a nivel nacional. En el periodo 2002-2010, la pobreza se redujo 12.2 puntos porcentuales (p.p.) al pasar de 49.4% a 37.2%. En el último año, la disminución fue de 3 puntos porcentuales (de 40.2% a 37.2%)14.

La incidencia de la pobreza extrema nacional registró una disminución de 5.3 p.p. entre 2002 y 2010 (de 17.6% a 12.3%). La tendencia en el último año fue positiva, el porcentaje de pobres extremos se redujo 2.1 p.p. (de 14.4% en 2009 a 12.3% en 2010)15.

14 Cálculos MESEP con base en Encuestas de Hogares del DANE (Encuesta Continua de Hogares 2002-2005 empalma-da por MESEP y Gran Encuesta Integrada de Hogares 2008 - 2010).

15 Ibíd.

lucHa contRa la PobReZa 21

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

60

50

40

30

49.447.7

45.047.4

42.040.2

37.2

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

30

20

10

0

17.615.6

13.814.8 16.414.4

12.3

Incidencia de la pobreza monetariaa nivel nacional (%) (2002-2010)

Incidencia de la pobreza extrema monetariaa nivel nacional (%) (2002-2010)

Fuente: Cálculos MESEP con base en Encuestas de Hogares del DANE (Encuesta Continua de Hogares 2002-2005 empalmada por MESEP y Gran Encuesta Integrada de Hogares 2008 - 2010).

El Coeficiente de Gini16 a nivel nacional se ha mantenido alrededor de 0.56. En el 2009 se registra un leve incremento de la desigualdad, pasando de 0.557 a 0.560. En la zona urbana el Coeficiente de Gini revela una trayectoria alrededor de 0.54, con un aumento entre 2009 y 2010 (de 0.534 a 0.537). En la zona rural es donde se presenta la mayor reducción. El Coefi-ciente pasó de 0.524 a 0.470 entre 2002 y 201017.

El Índice Multidimensional de Pobreza (IPm)18 a nivel nacional se redujo en 30 p.p. entre 1997 y 2010, al pasar de 60.4% a 30.4%. En la zona urbana se registró una incidencia de 23.5% en 2010, 27 p.p. inferior a la registrada en 1997 (50.7%); mientras que en la zona rural la inciden-cia en 2010 fue de 53.1%, más de dos ve-ces el porcentaje de personas pobres en la zona urbana.

16 Índice de distribución de ingresos.17 Cálculos MESEP con base en Encuestas de Hogares del DANE (Encuesta Continua de Hogares 2002-2005 empalmada por MESEP y Gran Encuesta Integrada de Hogares 2008 - 2010).18 El Índice de Pobreza Multidimensional (IPm), desarrollado por Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI), y dado a conocer por el Pro-grama de Naciones Unidas para el Desarrollo en los últimos Informes de Desarrollo Humano, es un indicador que refl eja el grado de privación de las personas en tres dimensiones: educación, salud y estándar de vida. La propuesta del IPm para Colombia fue desarrollada por el Departamento Nacional de Planeación – DNP en asocio con OPHI. Esta versión está conformada por 5 dimensiones y 15 variables.19 Hace referencia a la versión desarrollada por el DNP y Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI).20 El Índice de Oportunidades Humanas (IOH) del Banco Mundial es una medida de la equidad en el acceso de los niños a los servicios básicos, y pretende medir la igualdad de oportunidades como pilar del desarrollo y la cohesión social. En el Informe de Oportunidades Humanas 2010 para América Latina y el Caribe se consideraron 5 oportunidades básicas para realizar el análisis comparativo entre países. En este mismo se ajustan las medidas de cobertura totales por factores de inequidad en el acceso.

El Índice de Oportunidades Humanas (IOH)20 para el país en 2010 fue de 81 puntos, lo que indica que el 81% de los niños en Colombia tienen iguales oportu-nidades para acceder a educación y servicios públicos básicos. Este es un porcentaje superior al promedio de América Latina (19 países) que fue de 77 y superior al de países más ricos como Brasil y Panamá. En 1995, el IOH era de 65, lo que indica que en Colombia se ha presentado una tasa promedio anual de crecimiento de 1,1 puntos. De continuar con esta tasa, Colombia lograría equiparar en 18 años (2028) el acceso a los servicios básicos entre la población de menores de 18 años.

Incidencia de la Pobreza Multidimensional a nivel nacional (%) 1997-2010

Índice de Pobreza Multidimensional (IPm) para Colombia19

70605040302010

1997

2003

2008

2010

60.449.2

34.7 30.4

Fuente: DNP, DDS, SPSCV. 2010

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 2122

Colombia registra un mejoramiento continuo del Ín-dice de Desarrollo Humano (IDH) . El último reporte ubica a Colombia dentro de los países con desarrollo humano alto, ocupando la posición 79 entre 169 paí-ses. En los últimos 10 años la tasa promedio de creci-miento anual del IDH ha sido cercana a 0.8%, una tasa similar a la de Brasil y superior a la de Perú.

El porcentaje de personas pobres en Colombia según el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)22 se redujo en un 31% (5 p.p.), al pasar de 22,9% en 2002 a 17.5% en 2010. El porcentaje de personas pobres ex-tremas se redujo en un 46% (2 p.p.), al pasar de 6,7% en 2002 a 4,6% en 2010.

Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)

0.70

0.65

0.60

0.55

0.501980 1990 1995 2000 2005 2009 2010

0.537

0.579

0.6120.637

0.6580.685 0.689

IDH

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

2002

2003

2004

2005

2007

2008

2009

2010

Pobreza Pobreza extrema

6.7 6.7 6.1 5.6 5.1 4.5 4.8 4.6

22.9 22.621.9

20.0 19.2 18.0 18.1 17.5

Fuente: UNDP. Human Development Report 2010.

Fuente: DNP, DDS, SPSCV.

En el año 2010, la tasa de desempleo a nivel nacional al-canzó 11,7%, mostrando una leve recuperación luego de la desaceleración económica del año 2009, tras la cual el indicador escaló a 12%. En comparación con el año 2002, la tasa logró reducirse 3,8 puntos porcentuales.

En Colombia la desnutrición global durante el 2010 afec-tó al 3,4% de los niños menores de 5 años, con una re-ducción de 5,2 p.p. respecto al valor de 1990 (8,6%). El retraso en talla de los niños menores de 5 años se redujo a la mitad en un periodo de 20 años (26,1% en 1990 a 13,2% en 2010).

Para el 2010, el 93% de la población colombiana — 41,1 millones de personas — estaba cubierto y afi liado al sis-tema de seguridad social en salud, logrando un incre-mento de 31 p.p. con respecto a 2003. El gran propósito es alcanzar una cobertura universal.

También se destacan avances signifi cativos desde 2002 en el número de benefi ciarios de programas como Fa-milias en Acción (de 320 mil a 2,59 millones), Desayunos Infantiles (de 78 mil a 1,7 millones), Alimentación Escolar (de 2,2 millones a 4 millones), Hogares Comunitarios de Bienestar (de 956 mil a 1,17 millones) y Programas para el Adulto Mayor (de 0 a 997 mil). Los cursos de formación profesional integral han pasado de 1,1 millones en 2002 a 7,9 millones en 2009.

RetoS

El desarrollo económico se debe articular con el social como base de una sociedad equitativa, incluyente, prós-pera y en paz. Para esto, es necesario: i) aumentar la efi -ciencia y focalización del gasto social para que los recur-sos se traduzcan en mejores resultados en cobertura y calidad y se benefi cie prioritariamente a los más pobres y vulnerables; ii) consolidar un sistema de protección so-cial (SPS) que contribuya a fortalecer y proteger el capital humano y los ingresos de los hogares y a reducir su vul-nerabilidad y; iii) alcanzar la inclusión social de los dife-rentes grupos étnicos, así como la igualdad de género.

La ruta indirecta para la reducción de la pobreza estable-cida por el Gobierno Nacional está defi nida por las polí-ticas dirigidas a acelerar el crecimiento económico, con las cuales se pretende incrementar el ingreso de los ho-gares mediante la generación de empleo y el aumento de la productividad. Los principales instrumentos para impulsar este canal son el crecimiento del PIB potencial y el desempeño de las 5 locomotoras de desarrollo (mi-nería, vivienda, infraestructura, agricultura e innovación). Como estrategias complementarias, se destacan las po-líticas para el desarrollo regional y el desarrollo urbano.

21 El Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, combina tres indicadores para determinar el grado de desarrollo humano de un país: (i) Una vida larga y saludable; (ii) Conocimiento; (iii) Nivel de vida digno.22En este indicador, se considera pobre a quien tiene al menos una necesidad básica insatisfecha (vivienda adecuada, acceso a servicios básicos, hacina-miento crítico, dependencia económica y ausentismo escolar) y pobre extremo a quien tiene dos o más.

23

Entre las estrategias de canal directo para la reducción de la pobreza se encuentran: i) formación de capital hu-mano; ii) niñez y primera infancia; iii) acceso y calidad en salud; iv) vivienda urbana y rural; v) empleo y generación de ingresos; vi) focalización del gasto social y; vii) fortale-cimiento de la Red de Protección Social para la Supera-ción de la Pobreza Extrema – UNIDOS.

La Red UNIDOS (creada en 2006) es la principal estrate-gia para el mejoramiento de las condiciones de vida de familias en situación de pobreza extrema y en condición de desplazamiento. La Red atenderá a 1.500.000 familias y la meta del Gobierno a 2014, es que 350.000 familias cumplan con las condiciones de salida para dejar la po-breza extrema.

La Red promueve el cumplimiento de 45 logros básicos familiares en 9 dimensiones (identifi cación, ingresos y trabajo, educación y capacitación, salud, nutrición, ha-bitabilidad, dinámica familiar, bancarización y ahorro, y acceso a la justicia) como criterios de bienestar familiar. De estos 45 logros se consideran prioritarios 20 por su aporte a los indicadores de pobreza.

La estrategia se basa en los siguientes componentes: i) acompañamiento familiar y comunitario para que las fa-milias adquieran habilidades que les permitan salir de su situación de pobreza extrema; ii) mecanismo de prioriza-ción y asignación del gasto de inversión para la estrate-gia; iii) creación del Programa Nacional de Empleabilidad para los Jóvenes en Extrema Pobreza y Desplazados; iv) inserción laboral de la población adulta y jefes de hogar; v) programas de educación y desarrollo humano; vi) im-plementación de programas de asistencia técnica terri-torial y; vii) fortalecimiento institucional y creación de capacidad en los municipios.

Otra prioridad nacional es la implementación de la Estra-tegia de Atención Integral a la Primera Infancia “De Cero a Siempre”, dirigida a promover y garantizar el desarrollo integral de los niños, desde la gestación hasta los 5 años y 11 meses de edad, con énfasis en la población pobre y vulnerable, reconociendo sus condiciones de contexto y respondiendo a sus necesidades de educación inicial, nutrición, protección, salud, vacunación, seguridad, re-creación, entre otros. Con la estrategia se espera alcanzar en el año 2014, la atención de 1.200.000 niños y niñas del país (actualmente se atienden 566.429). El Gobierno Nacional ha establecido, entre otras, las si-guientes metas:

• Reducir la pobreza por ingresos de 40.2% en 2009 a 32% en 2014.

• Reducir la pobreza extrema por ingresos de 14.4% en 2009 a 9,5% en 2014.

• Reducir la desigualdad de ingresos (Coefi ciente de Gini) de 0.56 en 2009 a 0.54 en 2014.

• Reducir en 2.8 millones el número de personas po-bres por ingreso entre 2009 y 2014, y en 1.9 millones el de pobres extremos.

• La meta estimada del IPm para 2014 es de 22.5%, lo que implica una disminución de 12.2 p.p. respec-to a 2008 (34,7%). Se espera una reducción de 4.7 millones de pobres por IPm entre 2008 y 2014 (de 15.421.703 a 10.701.692 personas).

• Implementar y evaluar para el año 2014, 94 planes de atención integral a la primera infancia de entida-des territoriales.

• Reducir al 2014, el 2,6% de los niños menores de 5 años con desnutrición global (3,4% en 2010).

• Incrementar a 3,8 meses la lactancia materna exclu-siva, para el 2014 (1,8 meses en 2010).

• Reducir a 17,15 y a 19,61 por mil nacidos vivos, la tasa de mortalidad infantil y en la niñez respectivamente para el 2014 (20,6 y 24,89 por mil nacidos vivos, res-pectivamente, en el 2010).

• Aumentar al 95,0% anual la cobertura de vacuna-ción en niños de 1 año para el 2014.

• Reducir al 8% el porcentaje de niños menores de 5 años que presentan retraso en talla o desnutrición crónica para el 2014 (13,2% en 2010).

• Reducir la tasa de desempleo nacional al 8,9% para el 2014 (12% en 2010).

• Reducir al 23% la población ocupada que vive por debajo del umbral de pobreza para el 2014 (33,2% en 2010).

Se ha propuesto el rediseño de los programas de promo-ción social, a través de la implementación de la estrategia “Promoción Social y Siguiente Paso”, en la cual se esta-blecen, entre otros, los siguientes elementos: i) condicio-nes de entrada defi nidas de acuerdo con los objetivos de cada programa; ii) acuerdos de corresponsabilidad entre la entidad y los benefi ciarios y seguimiento a los compromisos y; iii) defi nición de condiciones de salida explícitas.

Adicionalmente, el Gobierno Nacional cuenta con otras estrategias para la reducción del hambre, la desnutrición y para el fomento de la alimentación sana en el país, en-tre las cuales se encuentran la Estrategia Nacional de Mi-cronutrientes, los bancos de leche humana, el Programa Madre Canguro, el Plan Decenal de Lactancia Materna 2010 – 2020, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y la creación del Observatorio Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

lucHa contRa la PobReZa

EVOLUCIÓN DE LAS MODALIDADES DE CONSUMO CAPÍTULO 4

ViSión

El capital natural de Colombia es el patrimonio que heredarán las futuras generacio-nes y la fuente del desarrollo del país. La protección del medio ambiente y el desa-rrollo sostenible son prioridades en las agendas nacionales e internacionales para nuestro país. Para conservarlo, se requiere de modelos económicos alternativos, los cuales parten de la efi ciencia económica para evitar externalidades y dan el valor que corresponde a todos los bienes y servicios ecosistémicos. Se requiere además un cambio de paradigma hacia un concepto holístico de producción y consumo sostenible, considerando criterios ambientales a lo largo del ciclo de vida de cada producto.

A su vez, la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible responde a los compromisos adquiridos de manera voluntaria por el país en el marco del Proceso de Marrakech, el cual es impulsado por la Organización de Naciones Unidas -ONU, para dar cumplimiento al capítulo III del plan de implementación de la Cumbre Mundial de Johannesburgo (2002). Este mismo proceso reafi rma y busca avanzar más allá de la Agenda 21, la cual dio inicio a un proceso internacional orientado al estímulo de una producción más limpia, a partir de la Cumbre de la Tierra, organiza-da por la misma ONU en el año de 1992.

aVanceS

En 1997, el Ministerio del Medio Ambiente de Colombia adoptó su Política Nacional de Producción más Limpia para impulsar la nueva institucionalidad ambiental en el país. En el año 2002, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –MAVDT, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, expidió su Plan Estra-tégico Nacional de Mercados Verdes.

Ambas iniciativas impulsaron un amplio rango de acciones que fueron desarrolla-das por empresas, autoridades ambientales, comunidades y universidades alrede-dor del país. Dentro de estas acciones se destacan la suscripción de 67 convenios de producción más limpia a nivel nacional y regional, desarrollo de programas de-mostrativos de asistencia técnica para la instrumentación de alternativas preventi-vas (US$4.2 millones invertidos con recursos del programa SINA II), establecimiento de los centros y nodos de producción más limpia (Centro Nacional de Producción más Limpia, 2 Centros Regionales de Producción más Limpia , 5 nodos regionales y ventanillas ambientales) que brindan capacitación y asistencia técnica a los sectores productivos y de servicios; expedición de 76 guías ambientales para los diferentes sectores productivos, los programas de autogestión ambiental, realización de los concursos de negocios verdes, ferias como Bioexpo que promueven los negocios verdes, los convenios de productos ecológicos y de biocomercio en los supermer-cados y plazas de mercados verdes, promoción de esquemas de autogestión y au-torregulación y el establecimiento de sistemas de registro de información sectorial, entre otros. Los resultados de estas iniciativas han mostrado avances en materia de producción más limpia y consumo sostenible, para mejorar el desempeño ambien-tal y la competitividad de las empresas colombianas.

EVolución De laS moDaliDaDeS De conSumo 25

En el año 2010, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizó una evaluación de los avances de la Política Nacional de Producción más Limpia y del Plan Nacional de Mercados Verdes y a partir de la experien-cia adquirida, las lecciones aprendidas y el fortaleci-miento de capacidades, establece la Política de Pro-ducción y Consumo Sostenible, orientada a promover el cambio de los patrones de producción y consumo de la sociedad colombiana hacia la sostenibilidad am-biental, la transformación productiva y la competitivi-dad empresarial.

La implementación de la Política de Producción más Limpia y del Plan de Mercados Verdes arrojó resulta-dos importantes en el país y si bien los mayores es-fuerzos se han dado esencialmente hacia el lado de la producción, es evidente que aún existe un mercado de bienes y servicios que no cumple con criterios de sostenibilidad. Las me-joras alcanzadas hasta el momento en materia de producción contras-tan con una población en continuo crecimien-to, que demanda cada vez más productos y servicios sin entrar a considerar la forma como fueron elabora-dos o provistos, en vir-tud muchas veces de la desinformación, la falta de conocimiento o el desinterés. El con-sumidor permanece indiferente en materia ambiental y sus pre-ferencias de consumo están determinadas principal-mente por el precio y la calidad.

Si bien un aumento en el crecimiento del consumo es positivo, la tasa de uso de los recursos naturales está superando la capacidad de adaptación de los eco-sistemas trayendo como consecuencia un deterioro continuo del medio ambiente y un riesgo concreto y severo para el planeta y la humanidad. Y aunque se ha incrementado la efi ciencia con la que se utilizan los recursos naturales, esta mejora no es sufi ciente para compensar el aumento en términos absolutos del consumo de agua y energía así como la generación de residuos, etc., a lo cual se suma el hecho de que una parte considerable del sector empresarial colombiano no tiene actualmente la posibilidad de acceder a tec-nologías más efi cientes y menos contaminantes, debi-do en parte a obstáculos de tipo económico y fi nan-ciero que restringen la inversión en materia ambiental y a la falta de programas de crédito blando efectivos.

Como consecuencia de lo anterior, las empresas mantienen líneas de producción bajo esquemas tra-dicionales y convencionales, que además de generar impactos al ambiente, las pone en desventaja en tér-minos de productividad y competitividad.

A ello se suma otra barrera que es que el país tiene limitaciones en materia de investigación y generación de conocimiento en producción y consumo sosteni-ble, incluido el diseño de productos y servicios con criterios ambientales y el uso de materiales que faci-liten procesos de aprovechamiento y valorización de los residuos, rezagando así los procesos de innovación tecnológica y la transferencia de conocimiento.

Ligado a lo anterior, aún persiste en una parte del sec-tor productivo la percepción de que invertir en mejo-ramiento ambiental es un gasto y que la restitución

de los recursos que allí se invierten es de difícil recuperación, ignorando o desco-nociendo que un bajo desempeño ambien-tal limita sus posibili-dades de crecimiento, en un mercado cada vez más competitivo y globalizado.

Por último, las oportu-nidades de empren-dimiento de las em-presas denominadas verdes aún es limitada y se ve afectada por defi ciencias en los

procesos de información y sensibilización al consumi-dor, quien en la mayoría de los casos no dispone de elementos sufi cientes para diferenciar los productos amigables con el medio ambiente. Por este motivo, el emprendimiento de negocios verdes aún no se di-mensiona como una verdadera oportunidad comer-cial para productos y tecnologías sostenibles.

El escenario anteriormente descrito permite inferir que es necesario orientar los patrones de producción y consumo hacia la sostenibilidad para disminuir la fuerte presión sobre el medio natural y el deterioro de la calidad ambiental que inciden negativamente en el desarrollo sostenible del país.

tenDenciaS

Las actividades de producción y consumo se han in-crementado en Colombia en los últimos años debido a un constante aumento en el producto interno bruto (PIB), como se muestra en la siguiente gráfi ca:

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 2126

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

68,8

08

70,4

40

73,5

06

77,7

04

81,7

03

85,9

54

87,7

21

90,7

30

91,2

47

87,4

11

89,9

68

91,2

92

93,0

57

96,6

47

101,

351

106,

136

113,

399

121,

924

US$

Mill

ones

(Co

nsta

ntes

200

4)

Año

Crecimiento del PIB en las últimas décadas en Colombia

Fuente: MAVDT, con base en las Cuentas Consolidadas Nacionales – base 2000 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE a partir de la información suministrada del PIB para los años 1990 – 2007 en precios constantes

Las tendencias en el crecimiento del sector producti-vo del país son relevantes para la producción y con-sumo sostenible, dado que difi eren en intensidad de crecimiento, avance tecnológico, uso de recursos naturales y afectación al medio ambiente, por parte

de las empresas que componen el sector. En la grá-fi ca siguiente se muestra el crecimiento diferenciado de algunos sectores de la economía colombiana en la última década.

-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Var

iaci

ón p

orce

ntua

l del

PIB

por

ram

a (%

)

Año

Agropecuario, Silvicultura, Caza y Pesca

Explotación de Minas y Canteras

Electricidad, Gas y Agua

Industria Manufacturera

Construcción

Comercio, Reparación, Restaurantes y Hoteles

Transporte, Almacenamiento y Comunicación

Establecimientos Financieros, Seguros, Inmuebles y Serv. a las Empresas

Serv. Sociales, comunales y Personales

Agropecuario, Silvicultural, Caza y Pesca

Exploración de Minas y Canteras

Electricidad, Gas y Agua

Industria Manufacturera

Construcción

Comercio, Reparación, Restaurantes y Hoteles

Transporte, Almacenamiento y Comunicación

Establecimientos Financieros, seguros, Inmuebles y Serv. a las EmpresasServ. Sociales, comunales y Personales

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

-5.00

-10.00

Varia

ción

por

cent

ual d

el P

IB p

or ra

ma

(%)

Año

Crecimiento de los diferentes sectores de la economía colombiana

Fuente: MAVDT, a partir de la información suministrada por el DANE en las Cuentas Nacionales – base 2000 de producción y generación de ingreso por rama de actividad económica a precios constantes para los años 2001-2007

27

Como sectores de importancia relativa se destacan los de construcción, industria y comercio. Adicionalmente, un indicador del dinamismo empresarial es su potencial de exportación, el cual contribuye a identifi car los secto-res productivos focales de la política, para avanzar hacia una producción y consumo sostenible. Las empresas que exportan muestran mayores niveles de competitivi-dad, y sus prácticas sostenibles contribuyen a fortalecer-la. Por ende, estas empresas generalmente tienen mayor madurez gerencial y capacidad organizacional, así como mayor propensión a avanzar hacia prácticas sostenibles, que van más allá del cumplimiento de la normativa vi-gente.

Otra variable que infl uye en el potencial de transforma-ción productiva de los sectores es el nivel de consumo de materia prima y de recursos como energía y agua. Para los sectores con mayores niveles de consumo, la transformación productiva a través de buenas prácticas y tecnologías más limpias tendrá mayor impacto.

Al lado del sector de transporte, el sector industrial es el mayor consumidor de energía, seguido por los sectores doméstico y agrícola. En la gráfi ca siguiente se mues-tran los niveles de consumo energético por subsector. La industria dedicada a la producción de alimentos, bebidas y tabaco se destaca como subsector de mayor consumo, seguido por los subsectores de la metalurgia y de productos químicos. Los programas de uso efi cien-te en estas industrias resultarán en interesantes ahorros

económicos en sus costos de producción y conllevará un importante potencial para la reducción de la huella de carbono de sus cadenas productivas.

Los niveles de consumo de energía se relacionan direc-tamente con los niveles de emisiones de gases de efec-to invernadero. Especialmente los sectores que utilizan combustibles fósiles como fuente energética, tales como los sectores del transporte e industrial, muestran poten-ciales importantes para su reducción. Los desafíos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector transporte son grandes, dado que el crecimien-to económico, bajo los actuales patrones de producción y consumo, implica un aumento en consumo de ener-gía y transporte. Así mismo, es uno de los sectores que contribuye de gran manera en la problemática ambien-tal. Por ende, las políticas públicas relacionadas con el transporte público masivo y la regulación de la calidad de los combustibles, representan oportunidades de re-ducción signifi cativa, manteniendo tasas de crecimiento de la economía.

En cuanto al consumo de agua, se destaca el sector agrí-cola como el mayor consumidor, a través de sus sistemas de riego, seguido por el sector residencial. Especialmen-te en este último grupo, las buenas prácticas de ahorro de agua se relacionan con la cultura de sus usuarios y de los sistemas de agua instalados en sus viviendas. En la si-guiente tabla se muestra el consumo de agua por sector.

Demanda hídrica nacional

Sector

Usos del agua Total

Servicios

Industria

Pecuario

Acuícola

Doméstico

Energía

Agrícola

Total

Total(Mm3)

528

1.577

2.220

2.584

2.606

6.976

19.386

35.877

Participación (%)

1,5

4,4

6,2

7,2

7,3

19,4

54,0

100

Fuente: Instituto de Hidrológica, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM, Informe anual sobre el estado del medio ambiente y los recursos natura-les renovables en Colombia, 2011.

EVolución De laS moDaliDaDeS De conSumo

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 2128

De manera adicional a los niveles de crecimiento eco-nómico y a la intensidad en el uso de insumos de la ac-tividad productiva, la contribución al empleo infl uye en la perspectiva de contribución a la sostenibilidad de los diferentes sectores. En la siguiente gráfi ca se presenta la contribución al empleo de los diferentes sectores en los últimos años.

Los de servicios y comercio muestran los mayores ni-veles de contribución, seguidos del sector industrial. Así mismo, se destacan los sectores inmobiliario y de construcción como los de mayor crecimiento relativo en los últimos dos años. Los mismos sectores mues-tran los mayores niveles de informalidad, variando de un 45% en el sector comercio y de un 20% en el sector de servicios hasta un 15% en el sector industrial.

20,000

18,000

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

02002 2003 2004 2005 2006 2007

Actividades Inmobiliarias

Intermediación Financiera

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones

Comercio, Hoteles y Restaurantes

Construcción

Suministros de Electricidad, Gas y Agua

Industria manufacturera

Explotación de Minas y Canteras

Agricultura, Pesca, Ganadería, Caza y Silvicultura

Empl

eos

(Mile

s)

Fuente: MAVDT, generada a partir de la información suministrada por el DANE en la Gran Encuesta Integrada de Hogares – Población ocupada según ramas de actividad, serie trimestral 2001-2007 Total nacional.

De otra parte, el gasto de la canasta básica difiere significativamente dependiendo de los distintos niveles culturales, la capacidad económica y la educación. Una parte significativa de la población tiene sólo presupuesto para consumos básicos de alimentos y vivienda.

Así mismo, en la medida en que el poder adqui-sitivo de la población es restringido, mayor canti-dad de su ingreso se destina a gastos básicos de alimentación y vivienda. A medida que el ingreso aumenta, el excedente se destina a otros bienes y servicios.

La sensibilidad al consumo de productos y servi-cios sostenibles es aún limitada, como en otros paí-ses con características socio-económicas similares. Esta misma tendencia se confirma en los resulta-dos de una encuesta contratada por el Gobierno nacional, según la cual, la calidad ambiental es tan sólo uno de los argumentos que los consumidores toman en cuenta al adquirir un producto, por lo cual, la sensibilidad de los consumidores al consi-derar la calidad ambiental es aún limitada.

Para Colombia, el crecimiento económico es un elemento fundamental de la calidad de vida; sin embargo, su sostenimiento en el tiempo requie-re de cambios profundos en la cultura de consu-mo, para asegurar la conservación del patrimonio natural como uno de los principales insumos del mismo crecimiento y como elemento igualmente determinante para la calidad de vida.

Generación de empleo por sector

Servicios, comunales, sociales y personales

29

aVanceS

La Política Nacional de Producción y Consumo Soste-nible prioriza los siguientes sectores productivos por sus tendencias de crecimiento, impactos sobre el me-dio ambiente y benefi cios sociales en generación de empleo: público (obras de infraestructura, vivienda social, tecnologías, transporte público, generación de energía), construcción, manufacturero (envases y em-paques, alimentos, productos químicos, metalurgia), agroindustrial (azúcar, fl ores, banano, biocombusti-bles), sector turismo, alimentos ecológicos, productos y servicios provenientes de la biodiversidad, peque-ñas y medianas empresas (Pymes) proveedoras de grandes empresas.

Establece estrategias para el diseño de proyectos sos-tenibles de infraestructura y movilidad, fortalecimien-to de la regulación, compra responsable de productos y servicios sostenibles, fortalecimiento de capacidades e investigación, generación de cultura de autogestión y autorregulación, encadenamiento de actores hacia la producción y consumo sostenible, emprendimiento de negocios verdes, gestión e integración de diferen-tes actores involucrados en programas y proyectos de producción y consumo sostenible.

Paralelamente, el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para Todos”, en su capítulo de “Sos-tenibilidad ambiental y prevención del riesgo”, plantea la necesidad de cambio en los patrones insostenibles de producción y consumo implementando la Política de Producción y Consumo Sostenible, con énfasis en: i) establecer acciones para reducir la intensidad ener-gética (consumo nacional de energía total/PIB) y el consumo de agua total/PIB; ii) promover la utilización de energías alternativas (solar, eólica, geotérmica, en-tre otras); iii) fomentar compras verdes estatales en el orden nacional y regional; iv) fomentar la certifi cación ambiental bajo esquemas ISO 14000 o similares y la construcción de reportes medioambientales por par-te de los sectores, utilizando esquemas reconocidos internacionalmente; v) diseñar estrategias y mecanis-mos orientados a diferenciar e impulsar la demanda de bienes o servicios amigables con el medio ambien-te, incluyendo medidas para evitar la publicidad en-gañosa; vi) promover, conjuntamente con el sector de agua potable y saneamiento básico, el ajuste a la regu-lación e incentivos para fomentar el aprovechamiento y valoración de residuos sólidos; vii) expedir normas post consumo para gestión de residuos prioritarios o bienes de consumo masivo; viii) construir esquemas de certifi cación y nuevas categorías que puedan optar por el sello ambiental colombiano.

Se ha avanzado en la defi nición de criterios para las compras públicas sostenibles de bienes y servicios priorizados, la generación de una cultura ciudadana de consumo sostenible mediante la campaña Soy Ecolombiano que a través de los diferentes medios de comunicación es conocida por más de 10 millones co-lombianos, el establecimiento de agendas de trabajo sectorial con ministerios y sectores productivos (gre-mios del sector empresarial y de servicios públicos) y sector académico.

Se ha avanzado en la gestión e integración de actores relacionados con la producción y el consumo sosteni-ble de bienes y servicios, mediante la suscripción de agendas de trabajo interministerial e intersectorial. Se destacan agendas con los ministerios de Comercio, Industria y Turismo, Defensa, Minas y Energía, Agricul-tura y Desarrollo Rural y, Salud.

Así mismo se ha avanzado en la construcción de Siste-ma de Información Ambiental para Colombia, SIAC, a través del diseño y puesta en marcha del registro úni-co para sectores prioritarios como el manufacturero, el agrícola y el de hidrocarburos, en conjunto con el Instituto de Hidrológica, Meteorología y Estudios Am-bientales -IDEAM.

En el sector Minero - Energético

• Capacitación a mineros en temas relacionados con producción más limpia en benefi cio del oro, alternativas productivas en la cadena, legislación ambiental y minera para legalización y formaliza-ción.

• Ejecución de proyectos piloto demostrativos para impulsar mejores prácticas ambientales en la mi-nería artesanal de oro.

• Elaboración del instrumento técnico por la cual se establecen las zonas compatibles con la minería de todos los minerales en la Sabana de Bogotá.

• Establecimiento de metas ambientales en mate-ria de ahorro y efi ciencia energética que permiti-rá acreditar los elementos, equipos y maquinaria destinados a proyectos de efi ciencia energética y energías renovables para el otorgamiento de be-nefi cios tributarios.

• Implementación de programa de energías alter-nativas (eólica e hídrica) en doce áreas del sistema de Parques Nacionales en las cuales se está ade-lantando el programa de fortalecimiento de eco-

EVolución De laS moDaliDaDeS De conSumo

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 2130

turismo comunitario.

• Se avanza en el diseño de una estrategia nacional para promover la adopción de tecnologías más efi cientes para la cocción doméstica, incluyendo el manejo adecuado de las emisiones y las cenizas, así como estimular el uso de fuentes de energía más limpia en las poblaciones rurales del país. Se estima que cerca del 15% de la población total del país y cerca de 1.6 millones de hogares, utiliza combustibles fósiles o leña para la cocción de sus alimentos.

En el sector agropecuario:

• Disminución de un 20% de la cantidad de plagui-cidas aplicados en los cultivos de banano y pláta-no a través de la aplicación de buenas prácticas ambientales.

• 296 agricultores del Caribe Colombiano capaci-tados en soluciones prácticas para reducir la inci-dencia de plagas ante los efectos de la ola invernal, logrando disminuir costos de producción, mejorar la calidad de vida de los agricultores y sus familias. Proyecto GEF-REPCar reduciendo el escurrimiento de plaguicidas al mar Caribe.

• Identifi cación de la problemática del recurso sue-lo, un diagnóstico del recurso y unos lineamien-tos generales que alimentarán la defi nición de la Propuesta de Gestión Integral Ambiental para el Recurso Suelo.

• Elaboración de instrumento técnico en tema de olores ofensivos.

En el sector industrial manufacturero:

• Establecimiento de requisitos para la gestión am-biental integral de equipos y desechos que con-sisten, contienen o están contaminados con bife-nilos policlorados (PCB) (Resolución 222 del 15 de diciembre de 2011).

• Elaboración de una herramienta de planifi cación para la gestión racional de las sustancias químicas que se importan y se consumen en el país, con la cual se identifi có que en promedio al año se uti-lizan en Colombia 28 millones de toneladas de sustancias químicas, entre las cuales las más uti-lizadas son los plaguicidas (28%) y las sustancias inorgánicas (como el ácido sulfúrico, hidróxido de sodio y el mercurio) que constituyen el 22% del total.

• Aprobación del proyecto para la implementación de un programa de manejo de PCB presentado ante el GEF.

• Establecimiento de directrices técnicas para el ma-nejo ambientalmente adecuado de residuos post consumo de bombillas, computadores y llantas usadas. (Resoluciones 1511, 1512 y 1457 de 2010).

• Recolección a cargo de los fabricantes o importa-dores de 945.6 toneladas de envases de plaguici-das, 20.8 toneladas de medicamentos vencidos; 27.7 toneladas de pilas; 140.000 unidades de llantas usadas, 17.800 millones galones de aceite usado, 583.043 unidades de baterías plomo acido usadas y 11.089 toneladas de piezas y accesorios de celulares en desuso.

• 4 empresas (MABE, HACEB, CHALLENGER e IN-DUSEL) en proceso de reconversión en el uso de Hidroclorofl uorocarbonos (HCFC) 141b a hidro-carburos en los procesos de inyección de poliure-tano, con una inversión de US$ 2.382.062,92.

• Desarrollo de un instrumento técnico para el uso racional de bolsas.

• Formulación de un instrumento técnico divulga-do y socializado con los diferentes actores, que fi ja los parámetros y los valores límites máximos permisibles de los vertimientos puntuales a aguas superfi ciales.

En el sector transporte y movilidad:

• Reducción del arancel de 15% a 5% para la impor-tación de buses y camiones híbridos, eléctricos y dedicados a gas natural de forma permanente y la aprobación de 161 cupos para la importación con 0% de arancel para vehículos livianos híbridos, eléctricos y dedicados a gas natural, con el fi n de impulsar la utilización de tecnologías más limpias.

• Con el fi n de exigir tecnología Euro IV para el par-que automotor se elaboraron los instrumentos técnicos para reglamentar en el país el ingreso de estas tecnologías. Actualmente se exige vehículos Euro II.

En cuanto al fortalecimiento institucional que asegure el uso sostenible de los recursos naturales renovables en los sectores productivos:

• Más de 20 millones de personas concientizadas con mensajes ambientales relacionados con el consumo sostenible y educación a la ciudadanía

31

mediante el programa SOY ECOLOMBIANO, a tra-vés de estrategias de comunicación masiva en los medios de comunicación, redes sociales y su pá-gina web.

• Formulación de la Evaluación Ambiental Estraté-gica del Plan de Expansión de Referencia de Gene-ración y Transmisión Eléctrica (PERGT).

• Lanzamiento de la Comisión Técnica Nacional Intersectorial para la Salud Ambiental -CONA-SA- cuyo objeto es coordinar y orientar el diseño, formulación, seguimiento y verifi cación de la im-plementación de la Política Integral de Salud Am-biental.

• Creación de la Mesa Nacional de Seguridad Quí-mica como instrumento de coordinación inte-rinstitucional con el fi n de promover estrategias articuladas desde el Estado para atender la pro-blemática nacional sobre el uso y comercializa-ción de dichas sustancias químicas.

• Creación de la Unidad Ambiental en el Ministerio de Minas y Energía.

• El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, durante el periodo agosto 2010 junio 2012 otorgó 184 certifi caciones de benefi cios tributarios por valor de 42.965 millones de pesos lo cual signifi ca inversiones en control y monitoreo ambiental su-periores a 324.000 millones de pesos.

RetoS:

Diseño de proyectos sostenibles de infraestructura y movilidad: Mediante la instauración de políticas de Estado, la estrategia de proyectos de infraestructura busca impulsar sistemas sostenibles a gran escala. Es-tos nuevos modelos generan grandes impactos en los indicadores de calidad ambiental y contribuyen al de-sarrollo de una cultura de consumo sostenible.

Fortalecimiento de la regulación: fortalecer el marco regulatorio ambiental y su aplicación, de manera que motive a los actores a apropiarse de estrategias am-bientales preventivas. Al ajustar el marco regulatorio ambiental a las tendencias de los mercados globaliza-dos e incluir principios preventivos en su concepción, los diferentes actores se verán exhortados a realizar transformaciones productivas más sostenibles y com-petitivas.

Compra responsable de productos y servicios sosteni-bles: El objetivo de esta estrategia es repercutir en las

decisiones de compra de productores y consumidores de bienes y servicios sostenibles. En la medida en que empresas y consumidores fi nales incluyan criterios de calidad ambiental dentro sus decisiones de compra, su demanda encadenará la innovación en productos y servicios más sostenibles. Adicionalmente, esta es-trategia contribuirá a difundir el cambio de cultura ha-cia la producción y consumo sostenible a través de su ejemplo.

Fortalecimiento de capacidades e investigación: se busca fortalecer y ampliar la capacitación y la inves-tigación en prácticas, tecnologías y negocios soste-nibles, como elementos básicos para avanzar en la innovación y la difusión de patrones de producción y consumo sostenibles.

Generación de cultura de autogestión y autorregula-ción: para promover una cultura de autogestión y au-torregulación mediante la generación y divulgación de información pública en producción y consumo sos-tenible para la participación ciudadana. Dicha cultura contribuye al cambio permanente y el mejoramiento continuo hacia una producción y un consumo soste-nible.

Encadenamiento de actores hacia la producción y consumo sostenible: para optimizar el uso de recur-sos e insumos, el aprovechamiento de residuos, la di-fusión de buenas prácticas, tecnologías más limpias y la comercialización de productos sostenibles, a través del encadenamiento de empresas y actores. De esta manera, la estrategia busca generar sinergias y cola-boración entre empresas que apuntan a cambios gru-pales.

Emprendimiento de negocios verdes: para promover el emprendimiento de negocios verdes (productos o servicios con calidades ambientales y/o aprovecha-miento sostenible de la biodiversidad) y el fortaleci-miento de los ya existentes. El impulso de negocios verdes contribuye a la transformación productiva y a la generación de empleo, así como al desarrollo de un sector con alto potencial.

Gestión e integración de diferentes actores involucra-dos en programas y proyectos de producción y con-sumo sostenible para asegurar la difusión, aplicación, seguimiento, evaluación y ajuste de los objetivos, es-trategias y acciones instrumentales. De manera cuantitativa en el mediano y largo plazo se busca:

EVolución De laS moDaliDaDeS De conSumo

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 2132

Intensidad energética (Consumo nacional de energía total / PIB).

Consumo de agua total / PIB.

Valor de venta bienes y servicios ambientales que cuen-ten con certifi caciones de buen manejo ambiental / PIB total.

Empresas certifi cadas con ISO 14001 u otro sistema in-ternacionalmente aceptado de desempeño ambiental.

Número de empresas con indicadores sociales y am-bientales reportados en sistemas e índices verifi cables y reconocidos internacionalmente.

Porcentaje de la inversión realizada en compras soste-nibles de bienes y servicios priorizados en las entidades estatales.

Número de normas expedidas para gestión post consu-mo de residuos prioritarios o de consumo masivo.

Meta 2014

Reducción 3%

Reducción 3%

Aumento 10%

Aumento 20%

Aumento 10%

10%

10

Meta 2019

Reducción 10%

Reducción 10%

Aumento 30%

Aumento 40%

Aumento 40%

30%

20

Indicador

Instituciones educativas con programas de capacitación permanentes en producción y consumo sostenible. 20% 40%

El país se encuentra en proceso de preparación y ha declarado la intención de adherirse a la Organiza-ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE. En el marco de este proceso se adelantará un estudio de desempeño ambiental, que determinará la hoja de ruta para Colombia en los temas de medio ambiente.

DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y SOSTENIBILIDAD

ViSión

Las recomendaciones de la Conferencia Internacional de Población, Ciudad de El Cairo 1994, ubican a los seres humanos en el centro del desarrollo, como motor y fi n del mismo, y eso lleva a entender las variables de población en interdependencia estrecha con las de desarrollo, crecimiento económico y medio ambiente.

Con base en esto, el país ha avanzado en la elaboración de una estrategia para in-corporar el enfoque poblacional en los procesos de planeación del desarrollo consi-derando la incidencia que los factores y las tendencias demográfi cas ejercen sobre el desarrollo sostenible. El enfoque poblacional permite identifi car, comprender y responder a las relaciones biunívocas entre la dinámica demográfi ca y los aspectos y condiciones ambientales, sociales y económicas en el territorio.

Se destaca cada vez más la importancia de que el país cuente con un sistema unifi -cado de información sobre los efectos de las acciones de desarrollo sobre la pobla-ción, y de los factores demográfi cos que pueden tener incidencias altas en la toma de decisiones para el desarrollo, pues la información es la base para elaborar las políticas sociales y económicas y también, para evaluar el impacto de estas medidas y del riesgo.

CAPÍTULO 5

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 2134

aVanceS

Aumento y difusión de conocimientos sobre la re-lación que existe entre las tendencias y los factores demográfi cos y el desarrollo sostenible

Teniendo en cuenta que es misión de los institutos nacionales de estadística: producir y difundir infor-mación esencial para la toma de decisiones y el desa-rrollo social del país, en Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE, ha sido coherente con la elaboración de investigaciones de-mográfi cas con enfoque de desarrollo sostenible, para poner a disposición de nuestros dirigentes, usuarios y la opinión pública en general estadísticas y estudios de población, fundamentales para elaborar políticas públicas gubernamentales y de desarrollo institucio-nal. En este sentido, con el apoyo del Fondo de Pobla-ción de las Naciones Unidas ha venido promoviendo y apoyando la explotación de las diferentes fuentes de información, en particular los censos de población y vivienda, para analizar la interrelación que hay entre población, medio ambiente, recursos y desarrollo.

El país está trabajando en esta línea a través de:Proyecto de fortalecimiento de la capacidad concep-tual, operativa y técnica de entidades nacionales y territoriales para la planeación del desarrollo con en-foque poblacional, de derechos y de género, a través de la incorporación de la dinámica demográfi ca y sus interrelaciones con las demás esferas de desarrollo en la política pública a nivel local en Colombia.

El último censo de población (2005) y los demás me-canismos de producción de la información tienen componentes y variables que permiten identifi car y asociar las tendencias demográfi cas con las condicio-nes medio ambientales.

Se ha implementado un registro con el cual se identi-fi ca la población afectada y damnifi cada por la emer-gencia invernal ocasionada por el fenómeno de La Niña cuya información ha permitido identifi car los territorios susceptibles a experimentar desastres por efecto del invierno.

En las Encuestas de Calidad de Vida y el Censo Nacio-nal de Población 2005, se han incluido variables orien-tadas a medir la asociación entre las condiciones me-dio ambientales y la población. De igual manera, se ha mejorado la formulación de preguntas de manera que permitan caracterizar la población vulnerable y se han

incorporado nuevas formas de investigar y visibilizar la perspectiva de género.

Estudio post-censal, Desarrollo Regional en Colombia. En éste se mostró la dinámica de la confi guración re-gional sobre la base de la información censal de 2005, y se expusieron las fuerzas determinantes de localiza-ción poblacional a nivel nacional sobre las distintas regiones.

Estudio post-censal, Análisis regional de los principa-les indicadores sociodemográfi cos de la comunidad afrocolombiana e indígena, en el que se presenta el diagnóstico de la población afro descendiente e indí-gena, lo cual permitió la formulación de políticas para mejorar la efectividad y efi cacia de las acciones del Es-tado hacia estas poblaciones.

Fomento en la difusión de información:Con base en la información del Censo de Población 2005, se inició un programa innovador de difusión de la información censal (REDATAM), a través del cual la comunidad tiene acceso directo a las bases de datos sobre las características socio-demográfi cas de la po-blación colombiana.

Así mismo se desarrolló el aplicativo “Infraestructura Colombiana de Datos (ICD)”, que homologa los censos de población desde 1973 hasta 2005; así como otras facilidades digitales o de impresiones en papel de los datos de población.

RetoS

Se deben aunar voluntades, conocimientos y esfuer-zos para que se formule y se adopte una política in-tegral de población y desarrollo sostenible que sirva de orientación para el desarrollo de acciones condu-centes a que las generaciones futuras cuenten con un mundo amable en el cual habitar en armonía con la naturaleza.

Reducir las discrepancias en la producción de indica-dores, mediante la utilización de una fuente homogé-nea de información que suministre oportunamente los datos y que incorpore los últimos desarrollos en las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Fortalecer la medición y evaluación del fenómeno de movilidad y desplazamiento territorial el cual tiene implicaciones demográfi cas y ambientales.

DinÁmica DemogRÁFica Y SoStenibiliDaD 35

El Departamento Administrativo Nacional de Estadís-tica -DANE, deberá fortalecer en sus operaciones esta-dísticas, los módulos concernientes a medio ambien-te, pertenencia étnica y género, entre otros.

concluSión

Es preciso señalar que si se quiere que el desarrollo sostenible sea un medio para garantizar el bienestar humano de forma equitativa, es imprescindible que

haya convergencia o equilibrio entre el crecimiento po-blacional, el crecimiento económico, la equidad y la sos-tenibilidad ambiental. Lograrlo representa un reto para los programas y políticas públicas vinculados a los fenó-menos de población y desarrollo desde un enfoque de vulnerabilidad y de desarrollo sostenible. En este con-texto, además de repartir con equidad los benefi cios del desarrollo, es imprescindible que eduquemos y compro-metamos a la población en el sentido de pertenencia y respeto por el hábitat y la sociedad en que se vive.

PROTECCIÓN Y FOMENTO DE LA SALUD HUMANA CAPÍTULO 6

DiagnóStico

En los últimos años el país ha avanzado signifi cativamente en salud: la cobertura se expandió y actualmente se acerca a la universalización; el país ha cumplido de manera anticipada los Objetivos de Desarrollo del Milenio en vacunación de la triple viral y la atención institucional al parto, y se han disminuido la mortalidad infantil -que pasó de 25,1 por mil nacidos vivos en 2002 a 20,6 en 2008-, y la mortalidad ma-terna -que actualmente es inferior al promedio latinoamericano con una cifra cerca-na a 75 por cada 100 mil nacidos vivos. Sin embargo, persisten grandes diferencias entre los distintos grupos poblacionales, territorios y otros diferenciales, convirtién-dose la equidad en el principal reto para el Desarrollo Humano de los colombianos.

ViSión Colombia enfrenta el gran reto de articular su desarrollo económico con el social, como base de una sociedad equitativa, incluyente, próspera y en paz. Se diferen-cian cuatro desafíos fundamentales: i) aumentar la efi ciencia del gasto social para que los recursos se traduzcan en mejores resultados en cobertura y calidad; ii) me-jorar la focalización del gasto social para que éste benefi cie prioritariamente a los más pobres y vulnerables; iii) consolidar un sistema de protección social (SPS) que contribuya efi cazmente a fortalecer y proteger el capital humano y los ingresos de los hogares, y a reducir su vulnerabilidad. A su vez, el sistema de salud, como parte clave de la protección social, afronta retos importantes, el principal de ellos, reenfo-carlo hacia la modifi cación de sus determinantes, e implementar la atención prima-ria en salud; garantizar la cobertura universal del aseguramiento en salud a través de los dos regímenes de fi nanciamiento (contributivo y subsidiado), y lograr en el plazo establecido la unifi cación de sus planes de benefi cios. Lo anterior, en condiciones de sostenibilidad fi nanciera y reduciendo los niveles de evasión y elusión. El sistema deberá adicionalmente garantizar mejores niveles de acceso y calidad, y mejorar el desempeño de las instituciones a cargo del manejo del riesgo fi nanciero y de la prestación de los servicios.

Satisfacción de las necesidades de atención primaria en salud, sobre todo en las zonas rurales

aVanceS

El país tomó la determinación de adoptar el Enfoque de Atención Primaria en Sa-lud23 , como Estrategia Nacional para mejorar el sistema de salud, con enfoque de determinantes en salud y la consiguiente acción trans e intersectorial y el fortaleci-miento de la participación social, comunitaria y ciudadana; uno de los propósitos es que se “brinden servicios de mayor calidad, incluyente y equitativo, donde el centro y objetivo de todos los esfuerzos sean los residentes en el país”24. En la reforma del año 1993, el país adoptó el mecanismo de aseguramiento en salud como medio para garantizar el acceso y la protección de la población en materia de prestaciones de servicios de salud y económicas (estas únicamente para personas afi liadas al ré-gimen contributivo). La atención primaria como tal, no se operacionalizó y mas bien se registraron procesos de iniciativa local con resultados variables y que, en general, no han sido sostenibles en el tiempo25.

23 Sin embargo, debe anotarse que el proceso de adopción de la APS, tiene origen en la Ley 10 de 1990, en el cual Colombia incluyó la concepción de multi-factoriali-dad en relación con la situación de salud y sus determinantes y se descentralizaron competencias a niveles sub-nacionales para dirigir y coordinar acciones sectoriales e intersectoriales, a la vez que se establecieron mecanismos de participación social y comunitaria en los procesos de gestión de la salud.24 Ley 1438 de 2011. Articulo 1°.25 Se destacan experiencias en las ciudades de Bogotá, Barranquilla y los municipios de Versalles y La Dorada. Así mismo, una experien-cia de iniciativa privada en el mu-nicipio de Madrid, apoyada por la Fundación Santafé de Bogotá.

PRotección Y Fomento De la SaluD Humana 37

Un estudio26 reciente muestra que existen experien-cias positivas en APS en el país que evidencian la via-bilidad de la estrategia; que estas experiencias no se han comunicado ni analizado; que en la mayoría de los casos existe un capital humano formado en las an-teriores experiencias de APS que está comprometido y que cree en la importancia de la estrategia; que exis-te una vanguardia de ideólogos en APS que se han en-cargado de difundir el modelo y sensibilizar a los acto-res implicados en la implementación de la estrategia y que se evidencia el creciente interés por tener datos confi ables y producir indicadores que puedan servir de insumos para planeación estratégica de la APS.

RetoS

El reto de país consiste en la reorientación de la sa-lud pública y la operacionalización de la Estrategia de Atención Primaria en Salud, en un sistema que desde su origen presenta diversos factores que incentivan la fragmentación de los procesos referidos a la modifi -cación de los determinantes de la salud y también, en lo atinente al modelo de prestaciones de servicios a la población, con diferencias claras entre las de tipo individual de las orientadas a las colectividades.

Para ello, se debe:

• Construir capacidades institucionales en todos los niveles del sistema de salud y en los demás sec-tores con infl uencia en los determinantes de la salud, dando respuesta a las diferencias de orden poblacional, cultural, territorial y del grado de de-sarrollo.

• Construir consensos en relación con la integrali-dad en el manejo de la salud y sus determinantes con todos los sectores; igualmente con actores del sistema de salud para el diseño y operación de las Redes Integradas de Servicios de Salud con énfa-sis en la resolución en el primer nivel de atención y en las zonas rurales y más aun, en aquellas con poblaciones dispersas.

• Fortalecer la capacidad de rectoría, inspección, vi-gilancia y control del sistema de salud.

• Fortalecer la participación democrática de toma de decisiones en salud y sus determinantes.

• Promover relaciones entre el sector público en salud con la investigación, formación y aplicación de conceptos, métodos e instrumentos de la es-

trategia, en instituciones formadoras de talento humano para el sector y otros relacionados con los determinantes de la salud.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

aVanceS

• Mayor compromiso político a diferentes niveles (nacional, departamental y local) traducido en disponibilidad de recursos económicos, un marco legal que soporta las acciones de los programas de tuberculosis, lepra e inmunoprevenibles.

• Se ha logrado fortalecimiento en la coordinación intersectorial e interinstitucional para la imple-mentación de la política nacional en salud pública para las enfermedades transmisibles.

• Incorporación de nuevas vacunas en el programa ampliado de inmunizaciones como son (neumo-coco, rotavirus, infl uenza estacional, vacuna con-tra VPH, hepatitis A.

• A partir del 2006 la red de frío de los 1123 munici-pios del País se ha fortalecido a través de la cons-trucción de cuartos fríos, compra de refrigerado-res solares, congeladores verticales, refrigeradores horizontales, cajas térmicas, refrigeradores de ab-sorción, plantas eléctricas, termos y termómetros digitales, todo esto con el objeto de estabilizar la oferta y garantizar la calidad de los biológicos.

• Diseño e implementación del sistema de informa-ción nominal para los programas de tuberculosis, lepra e inmunoprevenibles.

• Consolidación de la cooperación internacional con países de la región de las Américas para los programas de tuberculosis, lepra y enfermedades transmitidas por vectores.

RetoS

• Avanzar en la cobertura de ejes temáticos de la Política Nacional en Salud Pública para las enfer-medades transmisibles tales como: enfermedades respiratorias agudas, enfermedades emergentes y reemergentes, enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos, incluidas las parasitosis y enfermedades compartidas.

• Desarrollar los procesos de planeación estratégica y modelos de gestión de las enfermedades trans-misibles en los territorios.

26 MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL/OPS. Sistematización de las experiencias desarrolladas en el país de atención primaria de salud -APS - y redes integradas de servicios de salud -RISS- en los niveles territoriales. Resultados, sistematización, análisis y recomendaciones de la evaluación de las expe-riencias de APS-RISS.

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 2138

• Avanzar en los análisis de situación y gestión del conocimiento para las enfermedades transmisi-bles.

• Fortalecer la capacidad operativa de respuesta en atención a las enfermedades transmisibles.

PRotección De loS gRuPoS VulneRableS

aVanceS

Desde el año 2009 el Ministerio de Salud y Protección Social27 ha venido apoyando técnica y económica-mente el diseño de propuestas de modelos de salud propios e interculturales a los pueblos indígenas, se ha efectuado la caracterización en salud de los pue-blos indígenas de los departamentos desde la medi-cina occidental y la tradicional, lo anterior con el pro-pósito de identifi car y priorizar las acciones en salud y sus determinantes.

Así mismo, se viene trabajando en la adecuación so-ciocultural de la estrategia de vivienda saludable para los pueblos indígenas, así como la formación de per-sonal de salud de las comunidades indígenas.

RetoS

• Estructuración del Sistema Indígena de Salud Pro-pia e Intercultural (SISPI).

• Defi nición de estrategias de intervención dife-rencial para los pueblos indígenas, incluyendo a los desplazados, víctimas y ubicados en zonas de frontera, que les permitan su inclusión en las polí-ticas, planes, programas y proyectos que desde el ámbito de la promoción social en salud se desa-rrollen de acuerdo a sus características sociocultu-rales, materiales y de entorno.

• Implementación de modelos de salud propios e interculturales en el marco del SISPI

• Coordinación y articulación intersectorial e inte-rinstitucional y con el nivel territorial para concer-tación y desarrollo del capítulo indígena del Plan Decenal de Salud Pública.

• Reconocimiento, fortalecimiento y aplicabilidad de la medicina tradicional.

• Inclusión de indicadores interculturales en los sis-temas de información, censos y estadísticas.

• Formación y fortalecimiento del personal de salud con enfoque intercultural (nivel comunitario, insti-tucional, técnico, pre-grado y post-grado).

ReDucción De loS RieSgoS PaRa la SaluD DeRiVaDoS De la contaminación Y loS PeligRoS ambientaleS

aVanceS

El Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010, defi nió temas estructurales para orientar la gestión ambien-tal, entre ellos los componentes de: recurso hídrico, degradación ambiental y promoción de procesos productivos competitivos y sostenibles. Para su cum-plimiento se elaboró, desarrolló e implementó una agenda ambiental interministerial (ambiente y salud), cuyos resultados fueron la implementación de lo es-tablecido en los decretos reglamentarios del recurso hídrico e implementación de documentos de política social y económica (CONPES).

El Ministerio de la Protección Social desde el año 2008, inició un proceso de fortalecimiento sectorial e inter-sectorial de la gestión pública de la salud ambiental, con la aprobación del documento CONPES 3550 de 2008 “Lineamientos para la formulación de la Política Integral de Salud Ambiental, con énfasis en los com-ponentes de calidad del aire, calidad del agua y segu-ridad química”. Para dar inicio a la implementación de estos lineamientos nacionales, se llevó a cabo durante el periodo 2009 – 2011, el desarrollo de una prueba piloto nacional, con la participación activa y dinámica de diferentes Direcciones Territoriales del orden de-partamental, distrital y municipal sobre el modelo de gestión de la salud ambiental.

RetoS

• Marco normativo sanitario que permita cumplir con las funciones misionales de rectoría sanitaria, acorde a políticas y compromisos nacionales e in-ternacionales.

• Políticas intersectoriales formuladas y en proceso de implementación, que permitan impactar los determinantes sociales, sanitarios y ambientales y reducir los riesgos para la salud.

• Gestión sectorial fortalecida a nivel nacional y te-

27 La denominación anterior era de Protección Social e incluía los aspectos laborales. Desde el año 2011, nuevamente se asumió como Rector del sector salud, únicamente.

39

rritorial que permita y potencialice el cumplimien-to de las funciones misionales.

• Capacidad fortalecida en el monitoreo, articula-ción, prevención y respuesta, en la atención de efectos adversos del cambio climático, emergen-cias sanitarias y ambientales.

• Comunidad corresponsable frente a los determi-nantes ambientales y sanitarios y sus potenciales efectos en la salud.

PRotección Y Fomento De la SaluD Humana

concluSión

En el país, existen avances en diferentes aspectos de los compromisos generados en la Agenda 21, hoy se puede decir que el gran reto del sector salud, es poder realizar una articulación de los sectores que afectan los determinantes sociales de salud, dentro de los cua-les el sector ambiental es de gran importancia, para generar impacto en los resultados y permitir que la participación social y ciudadana se realice de manera articulada y con mecanismos de toma de decisión.

FOMENTO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

CAPÍTULO 7

ViSión

El país avanza decididamente hacia el manejo sostenible de los asentamientos hu-manos, mediante la implementación de políticas públicas y estrategias interinstitu-cionales de coordinación y articulación de los diferentes niveles de la planifi cación, para fortalecer la gestión ambiental, proteger los recursos naturales renovables, me-jorar la calidad de vida, lograr la participación activa de los ciudadanos y fomentar el desarrollo sostenible.

DiagnóStico

De acuerdo con los censos de población, en el año de 1993 el 71% de la población colombiana se asentaba en áreas urbanas, para el año 2005 este porcentaje llegó al 76% y de acuerdo con las proyecciones, se estima que en el año 2020, llegará al 80%.

El actual sistema de ciudades colombianas está confi gurado por 1 ciudad global, 6 nacionales, 10 intermedias, 23 departamentales, 9 de frontera y 44 nodos en 94 municipios, que albergan 28 millones de personas y generan el 85% del PIB nacional (DNP, 2012).

Hoy existe una evidente primacía de la ciudad de Bogotá, pero a su vez un impor-tante desarrollo de las ciudades intermedias. Las grandes ciudades colombianas son diversas, las medianas especializadas, pero falta complementariedad entre ellas. Los procesos de confi guración urbana son predominantemente metropolitanos, en es-pecial en la zona andina colombiana.

El défi cit habitacional actual en Colombia se calcula en el 36,2% (cuantitativo 12,4% y cualitativo 23,8%) (Censo 2005).

Del total de consumo de energía en el sector residencial el 43,76% proviene de hi-droenergía, seguido de gas en un 20%. El consumo de energía a nivel residencial urbano y rural es de 12,74% y 8,69%, respectivamente. En los hogares, el 34% de la energía se emplea en cocción de alimentos, seguido de nevera 22% y calentamien-to de agua e iluminación con el 18% (Unidad de Política Minero Energética -UPME, 2006).

La demanda de agua para uso doméstico es del 27% (Política de Recurso Hídrico, 2010). La proyección de crecimiento de la demanda se estima en 29,7% para el año 2015. La cobertura de acueducto a nivel urbano es de 97,4% y rural 53,1% y de al-cantarillado 90,2% urbano y rural 57,9% (MAVDT, 2009). En Bogotá, el consumo bási-co de agua para el sector doméstico representa el 80.2% del total. El agua se emplea principalmente en lavado de ropa 28% y sanitario 24%, seguido de la ducha 20% y lavado de platos 17%.

En Colombia, la disposición fi nal de residuos sólidos en rellenos sanitarios, en pro-medio es de 24.608.4 toneladas por día, para un número de rellenos sanitarios de

Fomento Del DeSaRRollo SoStenible De loS aSentamientoS HumanoS 41

206 y un número de municipios que disponen en re-llenos de 762 (Superintendencia de Servicios Públicos -SSP, 2011). Bogotá produce 6245 toneladas por día, Medellín 1741 y Cali 1242.

De forma general, la problemática ambiental de los asentamientos humanos se refi ere a:

• Procesos desordenados de expansión y dispersión urbana.

• Deterioro y pérdida de la biodiversidad; fragmen-tación de ecosistemas.

• Alteración signifi cativa del paisaje.

• Mala calidad del aire y del agua.

• Pérdida o afectación de los recursos hídricos.

• Pérdida y degradación del suelo.

• Demanda insostenible de recursos naturales reno-vables.

• Vulnerabilidad en aumento al riesgo natural y al cambio climático.

• Asentamientos humanos en zonas de alto riesgo.

• Reducción, invasión, deterioro o pérdida de los elementos naturales del espacio público.

• Problemas de movilidad urbana, asociados a altos tiempos de transporte y contaminación del aire.

• Alta generación de residuos, escasa separación en la fuente, bajo aprovechamiento y tratamiento de los mismos.

• Manejo inadecuado de residuos peligrosos.

• Emisión descontrolada de gases de efecto inver-nadero.

• Baja cultura ambiental.

• Falta de participación y control social, en la ges-tión ambiental.

En cuanto a los costos ambientales de la problemática ambiental de los asentamientos humanos y a mane-ra de ejemplo, se ha encontrado que la contamina-ción del aire en áreas urbanas es causa indirecta de la muerte anual de 6000 personas en Colombia, de las cuales 1100 mueren de manera prematura. También, que las pérdidas anuales causadas en Colombia por la contaminación local del aire ascienden a 1,5 billones de pesos. (Banco Mundial, Larsen, 2004)

aVanceS

Los avances de país que se presentan a continuación, muestran los resultados del trabajo desarrollado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el sector de ambiente, en el fomento a la sostenibilidad

ambiental de los asentamientos humanos.

Con la promulgación de la Constitución Política de 1991 y la expedición de la Ley 99 de 1993, se creó el Ministerio del Medio Ambiente y se reordenó el sector público encargado de la gestión y la conservación del medio ambiente y los recursos naturales, organizán-dose también el Sistema Nacional Ambiental, SINA. Se transformaron o crearon las Corporaciones Autó-nomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, como autoridades ambientales en las áreas urbanas y rura-les de los municipios de su jurisdicción y se estableció que los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuera igual o superior a un mi-llón de habitantes ejercerían, dentro del perímetro ur-bano, funciones de autoridad ambiental.

En el año 2002, con la Ley 768, que adoptó el Régimen Político, Administrativo y Fiscal de los Distritos Portua-rio e Industrial de Barranquilla; Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, se asignó la competencia de autoridad ambiental al interior del perímetro urbano de dichos Distritos.

Actualmente en Colombia existen 6 autoridades am-bientales urbanas: el Distrito Capital de Bogotá; el Área Metropolitana del Valle de Aburrá; el Municipio de Cali; el Distrito Portuario e Industrial de Barranqui-lla; el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de In-dias y el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta.

Entre 1994 y 1998 el Ministerio ejecutó el programa “Mejores Ciudades y Poblaciones”, con el cual se arti-culó por primera vez un programa de sostenibilidad ambiental urbano.

Entre 1998 y 2002 el Ministerio ejecutó el programa “Calidad de Vida Urbana”, dando continuidad a los contenidos del programa del gobierno anterior.

En 1997, con la Ley 388, se estableció el Plan de Orde-namiento Territorial -POT como el instrumento básico para adelantar el proceso de ordenamiento territorial municipal. Con esta ley se estableció que en la elabo-ración y adopción de dichos planes, los municipios y distritos deben tener en cuenta normas de superior jerarquía, dentro de las cuales se incluyen las normas ambientales nacionales y regionales relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales renovables y la prevención de ame-nazas y riesgos naturales.

En el año 2002 el Ministerio de Medio Ambiente for-muló los “Lineamientos Ambientales para la Gestión Urbano Regional en Colombia”, como primer aporte de política ambiental para los espacios urbanos en

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 2142

Colombia. En ellos, se aborda la gestión del medio ambiente en áreas urbanas con una mirada de región, el centro urbano se concibe asociado y relacionado con la región circundante y bajo una aproximación integral de los diferentes elementos que tienen que ver con la calidad ambiental urbana. Se establecieron dos objetivos generales: la promoción, orientación y construcción de procesos de desarrollo urbano regio-nales sostenibles que contribuyan a elevar la calidad de vida de la población de las ciudades y las áreas me-tropolitanas, en sus relaciones sistémicas con la base natural, espacio construido y entorno regional; y en segundo término, el mejoramiento de la capacidad de los actores institucionales y sociales para participar de manera activa, responsable y articulada en la gestión urbano regional.

En el año 2004, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial ajustó el marco de política urba-na, con la aprobación del documento CONPES 3305 “Lineamientos para Optimizar la Política de Desarrollo Urbano”, dirigido a consolidar ciudades más compac-tas, más sostenibles, más equitativas y con la capaci-dad de gestionar y fi nanciar su propio desarrollo. El modelo de compactación de áreas urbanas se propo-ne con las siguientes estrategias: impulso de la reno-vación y re-densifi cación urbana; mejoramiento de las condiciones de los asentamientos precarios; promo-ción de mecanismos de generación, mejoramiento y sostenibilidad del espacio público; mejoramiento de la movilidad; mejoramiento de la calidad de las áreas de expansión urbana y; ajuste institucional y norma-tivo.

Desde la creación del Ministerio de Ambiente, el país ha desarrollado importantes instrumentos de políti-ca pública ambiental como la de gestión integral de residuos sólidos o desechos peligrosos; la de ordena-miento territorial; la de biodiversidad; la de manejo in-tegral del recurso hídrico; la de producción y consumo sostenible; y la de aire.

En el año 2008, tomando como base los lineamientos antes mencionados y atendiendo a las nuevas direc-trices en materia de política ambiental y política ur-bana, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, adoptó la “Política de Gestión Ambiental Urbana”.

El objetivo de esta política, es establecer directrices para el manejo sostenible de las áreas urbanas, con el fi n de armonizar la gestión, las políticas sectoriales y fortalecer los espacios de coordinación interinstitucio-nal y de participación ciudadana, para contribuir a la sostenibilidad ambiental urbana y a la calidad de vida de sus pobladores, reconociendo la diversidad regio-nal y los tipos de áreas urbanas en Colombia. Este ob-

jetivo corresponde con la visión actual del desarrollo sostenible de los asentamientos humanos en Colom-bia.

En la implementación de esta política, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha venido trabajan-do en el fomento del desarrollo sostenible de los asen-tamientos, como se puede observar a continuación:

• Socialización y divulgación de la Política. Desde el año 2009.

• Fortalecimiento del Ministerio para la implemen-tación de la Política. En la reciente reestructu-ración del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2011) se creó la Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana.

• Incorporación de los objetivos y estrategias de la Política en los procesos de formulación de po-líticas públicas, planifi cación ambiental, ordena-miento territorial y desarrollo urbano, en los si-guientes procesos:

1. Mesa de trabajo sobre determinantes ambien-tales para la revisión o ajuste de los planes de ordenamiento territorial (POT).

2. Participación en el proceso de reforma de la Ley 99 de 1993, mediante la revisión de las necesi-dades de fortalecimiento de la gestión ambien-tal urbana para el Sistema Nacional Ambiental - SINA.

3. Participación en el proceso de elaboración del diagnóstico ambiental del recurso suelo en Co-lombia, componente urbano.

4. Participación en el proceso de formulación de la política de gestión integral de la biodiversidad.

5. Participación en la formulación de la política de espacio público, liderada por el Departamento Nacional de Planeación -DNP y adoptada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social -Conpes, en enero de 2012.

6. Participación en la mesa de trabajo interinstitu-cional para la formulación de la política de ur-banismo y construcción sostenible, liderada por el DNP.

7. Apoyo al desarrollo del Informe de Ciudades li-derado por el DNP y ONU-Hábitat.

8. Apoyo al programa “Ciudades cómo Vamos” en la formulación de indicadores de medio am-biente.

• Incorporación de las estrategias y objetivos de la Política en los planes de acción de las autoridades ambientales urbanas y los planes de desarrollo de

43

los nuevos alcaldes. Promoción e incorporación de la Política en el documento guía para el ajuste de los planes de acción de las Corporaciones Au-tónomas Regionales para el periodo 2010-2011; inclusión del componente urbano en el capítulo ambiental de la guía para la formulación de planes de desarrollo municipal.

• Fortalecimiento del SINA, a través de mecanismos de coordinación y cooperación para la implemen-tación de la Política. En el año 2011, se desarrolla-ron dos proyectos piloto para la implementación de las actividades establecidas en la Política con la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga -CDMB y la Corpo-ración Autónoma Regional del Risaralda -CARDER, con el fi n de desarrollar esquemas regionales de implementación de gestión ambiental urbana. Los Convenios avanzaron satisfactoriamente y muestran resultados que serán replicados en otras regiones.

• En la promoción de edifi caciones sostenibles, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha trabajado en:

1. Defi nición de criterios ambientales para el di-seño y construcción de vivienda urbana, docu-mento que será publicado en el segundo se-mestre de 2012.

2. Proceso de formulación de la Norma Técnica Colombiana (NTC) de construcción sostenible, para edifi caciones diferentes a vivienda, para optar por el Sello Ambiental Colombiano, que es liderada por el Instituto Colombiano de Nor-mas Técnicas -Icontec y el Consejo Colombiano de la Construcción Sostenible, desde mediados del año 2010.

3. Apoyo al diseño y socialización de la propuesta de reglamento técnico de efi ciencia energética para vivienda de interés social, iniciativa lidera-da por la Unidad de Planeación Minero Energé-tica -UPME, relacionada con el establecimiento de parámetros técnicos de uso efi ciente y racio-nal de energía, a ser aplicados en el diseño y la construcción de viviendas de interés social, que reciban subsidios del presupuesto nacional.

4. Proceso de formulación de Política de Construc-ción Sostenible para el Distrito Capital de Bogo-tá.

• Apoyo a las iniciativas de trabajo de ciudad región, en las ciudades de Bogotá, Cali y Bucaramanga.

• Identifi cación de fuentes de inversión para el for-talecimiento de la gestión ambiental urbana.

• Propuestas de Índice de Calidad Ambiental Urba-na (ICAU), que permita dar cuenta de los avances

de la implementación de la Política en términos del mejoramiento de la calidad ambiental urbana. En su primera etapa se desarrollará para ciudades de más de 500.000 habitantes.

Adicionalmente, para la región amazónica, el Instituto Sinchi elaboró durante el año 2009 el análisis del siste-ma urbano de la región amazónica. El documento “Sis-tema Urbano en la Amazonia Colombiana” además de suministrar una visión de conjunto de la región, per-mite apreciar algunos de los atributos más importan-tes para la planifi cación y la toma de decisiones sobre el sistema de asentamientos humanos que está en pleno desarrollo en la región.

RetoS

• Aprovechar el nivel de urbanización de Colom-bia para apoyar las metas y estrategias de dismi-nución de pobreza (ODM). Defi nir una estrategia de sistema de ciudades que aproveche de mejor manera los benefi cios de la urbanización y de la aglomeración.

• Aumentar la productividad en la construcción para lograr la meta de un millón de viviendas nue-vas, con visión integral de encadenamientos con otros sectores, eliminando los obstáculos que en-frentan hogares, constructores y entidades terri-toriales.

• Incorporar parámetros de sostenibilidad ambien-tal en el desarrollo de las ciudades, mediante pro-gramas de renovación urbana, mejoramiento in-tegral de barrios, sistemas de movilidad efi ciente y manejo adecuado de residuos, así como en la producción de insumos, la prestación y consumo de servicios públicos domiciliarios y en la cons-trucción de las edifi caciones.

• Estructurar e implementar intervenciones integra-les de movilidad y desarrollo urbano que se arti-culen con el ordenamiento territorial, apoyando y promocionando soluciones de transporte público masivo y no motorizado, sostenibles en términos operacionales, ambientales y fi nancieros.

• Fortalecimiento de la gestión del riesgo en las en-tidades territoriales, mediante la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamien-to territorial, la formulación e implementación de una estrategia nacional para la defi nición y/o aplicación de instrumentos de control urbano, y el desarrollo de un inventario de asentamientos en riesgo.

• Defi nir lineamientos de política sobre construc-ción y urbanismo sostenible, que incluyan el acompañamiento a las entidades territoriales para el desarrollo de incentivos; la defi nición de estándares de diseño y construcción para el uso

Fomento Del DeSaRRollo SoStenible De loS aSentamientoS HumanoS

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 2144

efi ciente de los recursos; el desarrollo de un sello ambiental colombiano para edifi caciones; y la im-plementación de hipotecas verdes, entre otros.

• Formular e implementar una política de gestión de riesgo para disminuir la vulnerabilidad en la prestación de los servicios de agua potable y sa-neamiento básico frente a la ocurrencia de even-tos extremos de origen natural o antrópico no in-tencional.

• Continuar con las inversiones previstas en los pro-gramas de saneamiento de las cuencas de los ríos Bogotá, Cauca, Medellín, Chinchiná, Chicamocha y Otún - Consota, Fonce y Laguna de Fúquene.

• Metas específi cas que se establecieron en el Plan Nacional de Desarrollo para el año 2014 son:

28 Línea base 2010: 4.6 millones de personas.29 Línea base 2010: 3.6 millones de personas.

- 1.000.000 de viviendas nuevas.

- 4 programas de renovación urbana en ejecución.

- 2,8 millones de personas nuevas benefi ciadas con el servicio de acueducto28.

- 4,5 millones de personas nuevas benefi ciadas con el servicio de alcantarillado29.

- $5.146.983 millones de pesos en inversión de in-fraestructura asociada a los planes departamenta-les de agua.

- 923 municipios que disponen adecuadamente re-siduos sólidos.

- Incrementar al 36% el porcentaje de tratamiento de aguas residuales.

- 90.000 viviendas con conexiones intra-domicilia-rias.

INTEGRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO EN LA ADOPCIÓN DE DECISIONES

ViSión

El Gobierno de la República de Colombia, será reconocido por su liderazgo en la estructuración e implementación de instrumentos y herramientas económicas que coadyuven a la conservación y recuperación del capital natural y de sus servicios ecosistémicos, en forma efi ciente y participativa. Se incorporarán variables ambien-tales en el proceso de toma de decisiones económicas de los actores sociales en sus procesos productivos, se visibilizarán en las cuentas del capital natural y las relacio-nes entre economía y ambiente para propiciar un crecimiento económico responsa-ble y equitativo que favorezca a las generaciones futuras.

integRación Del meDio ambiente Y el DeSaRRollo a niVel De PolÍticaS, Pla-niFicación Y geStión

aVanceS

La Ley 99 de 1993 centralizó la gobernanza ambiental colombiana, hasta entonces administrada por 18 Corporaciones Autónomas Regionales, que habían sido crea-das por ley como establecimientos públicos del orden nacional, pero con jurisdic-ción regional. Se creó el Ministerio del Medio Ambiente como organismo rector de la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables del país y Sistema Nacional Ambiental SINA que es el conjunto de normas, actividades, recursos, pro-gramas e instituciones coordinadas por el Ministerio. Así mismo se creó el Consejo Nacional Ambiental para asegurar la coordinación intersectorial a nivel público e las políticas, planes y programas en materia ambiental presidido por el Ministerio de Medio Ambiente.

Con el decreto 1753 de 1994 se reglamentó la obligatoriedad de la licencia ambien-tal para la ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de otras actividades con el potencial de generar un deterioro grave del ambiente y los recursos naturales renovables. A partir del Decreto de Ley 2150 de 1995 se le otorgó la facultad a las Corporaciones Autónomas Regionales de otorgar licencias ambien-tales.

La Ley 201 de 1995 creó, dentro de la Procuraduría General de la Nación, la Pro-curaduría Delegada para Asuntos Ambientales a cargo de velar por la defensa del ambiente.

Mediante el Decreto nacional 1996 de 1999 se reglamenta la fi gura de Reservas Na-turales de la Sociedad Civil con el objetivo de dar un manejo integrado bajo los criterios de sustentabilidad para generar bienes y servicios ambientales, hoy en día

CAPÍTULO 8

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 2146

existen 57 Reservas Naturales de La Sociedad Civil en Colombia.

En el 2001 el Ministerio de Medio Ambiente expidió la Resolución 438 estableciendo el Salvoconducto Único Nacional para la movilización de especímenes de la di-versidad Biológica. Mediante el Decreto 216 de 2003 se crea el Ministerio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial determi-nando su nueva estructura y objetivos: contribuir y promover el desarrollo sostenible a través de la formu-lación y adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y regulación en materia ambiental, recursos naturales renovables, uso del suelo, ordenamiento te-rritorial, agua potable y saneamiento básico y ambien-tal, desarrollo territorial y urbano, así como en materia habitacional integral.

SiStema De inFoRmación De uSoS De RecuRSoS natuRaleS RenoVableS (SiuR)

El SIUR gestiona información ambiental relacionada con captaciones, vertimientos, consumo de energía, emisiones atmosféricas, residuos y demás factores que afecten el agua, el suelo, el aire, el clima y la biodi-versidad del país. Se encuentra materializado a través de la implementación de los Protocolos para el Mo-nitoreo y Seguimiento del Sistema de Información de Usos de Recursos Naturales Renovables para los dife-rentes sectores productivos. Hasta el momento se han desarrollado los protocolos para los sectores manu-facturero, hidrocarburos, agropecuario y eléctrico que cuentan con una herramienta de captura y de salida de información, la cual se ha denominado Registro Único Ambiental (RUA).

Su principal producto son los indicadores de uso de recursos que se obtienen a partir de la información diligenciada, validada y transmitida por el Registro Único Ambiental para los diferentes sectores y para los cuales se han tenido en cuenta: a) los indicado-res mínimos de referencia para las CAR establecidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Resolución 0643 del 2 de junio de 2004, modifi cada por la Resolución 964 de 2007); b) los in-dicadores de residuos o desechos peligrosos dados en la Resolución 1362 de 2007; c) los indicadores de la línea base de la información ambiental de Colombia ; d) otros indicadores que se proponen de acuerdo con las variables incluidas en el instrumento de captura.

utiliZación eFicaZ De inStRumentoS económicoS e incentiVoS De meRcaDo Y De otRo tiPo

Con el Decreto 3570 del 2011 se modifi ca la estructu-ra de la entidad creando el actual Ministerio de Am-biente y Desarrollo Sostenible -MADS como la entidad rectora de la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de defi nir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la re-cuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo y uso de los recursos naturales renovables y del ambiente de la nación, a fi n de asegurar el desa-rrollo sostenible.

Colombia avanzó en el diseño, implementación, se-guimiento y evaluación de diversos instrumentos y herramientas económicas, fi nancieras y tributarias de carácter ambiental, conducentes a dar señales econó-micas y orientación de procesos y decisiones que per-mitan y/o coadyuven a una gestión ambiental efi cien-te y efi caz para la conservación y restauración de los recursos naturales y el medio ambiente; buena parte de estos fueron creados a través de la Ley 99 de 1993, y fueron posterior y gradualmente reglamentados. En-tre ellos se destacan:

• La tasa retributiva por vertimientos puntuales en el marco del principio “el que contamina paga”, es aplicada desde 1997 dando señales económi-cas a generadores de contaminación hídrica por demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y sólidos suspendidos totales (SST). Ha generando factura-ción durante 15 años por cerca de $600 mil millo-nes de pesos, para inversión en descontaminación hídrica y monitoreo del recurso hídrico.

• La tasa por utilización de aguas superfi ciales y subterráneas, reglamentada en el año 2004, busca un uso más efi ciente del recurso hídrico. Ha gene-rado recursos para la conservación y restauración del recurso hídrico por cerca de $120 mil millones de pesos durante los últimos 8 años.

• Las transferencias del sector eléctrico, son recur-sos que las empresas generadoras termoeléctricas e hidroeléctricas aportan a las Corporaciones Au-tónomas Regionales y a los municipios ubicados en la cuenca y área de infl uencia del proyecto res-pectivo.

• El incentivo pago por servicios ambientales, esta-blecido desde el 2007, como instrumento econó-

integRación Del meDio ambiente Y el DeSaRRollo en la aDoPción De DeciSioneS 47

mico para la conservación de áreas estratégicas que surten de agua los acueductos municipales para ser aplicado por las entidades territoriales, pero susceptible de aplicarse por los actores que pretendan reconocer un incentivo a quien conser-ve o recupere los recursos naturales.

• El manual de compensaciones por pérdida de bio-diversidad emitido por el MADS, permite la asig-nación de compensaciones para proyectos que requieren licenciamiento ambiental o sustracción de reservas forestales, e incluye los criterios y ele-mentos metodológicos referentes al dónde, cuán-to y cómo compensar.

• Los incentivos tributarios por inversiones ambien-tales, consistentes en deducciones y exenciones al impuesto de la renta, y exclusión del impuesto al valor agregado (IVA), en temáticas como inversio-nes en control y mejoramiento ambiental, refores-tación, ecoturismo, y energías alternativas, entre otros.

• El certifi cado de incentivo forestal de reforesta-ción, creado en 1994, que se otorga a quienes de-seen realizar inversiones directas en plantaciones forestales, como una forma de reconocimiento de las externalidades positivas de la reforestación.

• El certifi cado de incentivo forestal de conserva-ción, creado en 1995, que se otorga a propietarios que conservan en sus predios ecosistemas bosco-sos, buscando compensar los costos económicos en que incurre por dicha conservación. Incentivo de difícil aplicación por falta de recursos presu-puestales para tal fi n.

• Las multas por infracciones ambientales, que son sanciones económicas fi jadas por las autorida-des ambientales a los infractores de la normativa ambiental, calculadas a partir del daño ambiental causado, recientemente reestructuradas.

• Inversión forzosa de al menos el 1% del valor total de proyectos sujetos a licenciamiento ambiental que utilicen agua en su operación y por la cons-trucción de distritos de riego, para ser invertidos en la conservación y vigilancia de la respectiva cuenca hidrográfi ca.

• Parte de las regalías generadas como contrapres-tación económica que se genera por la explo-tación de recursos naturales no renovables, se utiliza, entre otros, para el fi nanciamiento de pro-yectos ambientales de las entidades territoriales; así mismo, se establecen compensaciones para

algunos minerales, con un porcentaje orientado a algunas Corporaciones Autónomas Regionales.

• La tasa compensatoria forestal, es un instrumen-to económico que actualmente se encuentra en etapa de diseño, con el cual se busca contribuir a la conservación y renovación del bosque natural, mediante la señal económica que se dará a los usuarios para el aprovechamiento sostenible de este recurso renovable.

RetoS

• Diseño e implementación de instrumentos eco-nómicos que propicien mayores cambios tecnoló-gicos en los sectores productivos, de manera que se mejore su efi ciencia para minimizar el deterioro ambiental.

• Incorporación de variables ambientales en cada una de los sectores que impulsan el desarrollo –llamados sectores locomotora-, a lo largo de las diferentes regiones del país.

• Promoción de esquemas de cuentas ambientales para diferenciar la producción nacional, agregan-do la valoración de los servicios ecosistémicos asociados, y reconocer este factor como una ven-taja comparativa en los mercados internacionales.

• Diseñar e implementar instrumentos para la iden-tifi cación y valoración de los servicios ecosistémi-cos y sus vínculos con el bienestar humano.

• Desarrollar y ajustar los instrumentos económicos que generen incentivos para la conservación y uso efi ciente del agua e incentiven la inversión de los sectores privado y público en la oferta del recurso.

• Promover el ajuste a la regulación e incentivos para fomentar el aprovechamiento y valoración de residuos sólidos.

• Implementar la estrategia para la sostenibilidad fi nanciera del Sistema Nacional Ambiental – SINA.

• Establecimiento de sistemas de contabilidad eco-lógica y económica integrada.

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 2148

eStablecimiento De SiStemaS De contabiliDaD ecológica Y económica integRaDa

aVanceS

• En 1994 la Ofi cina de Estadística de la Naciones Unidas –UNSTAT introduce en Colombia el tema de la Contabilidad Económica Ambiental Integra-da, en el marco de la Revisión 3 del Sistema de Cuentas Nacionales que desarrolla el DANE.

• En 1994 se crea el Comité Interinstitucional de Cuentas Ambientales –CICA conformado por el Ministerio del Medio Ambiente, el DANE, la Con-traloría General de la República, el Departamento Nacional de Planeación y la Universidad Nacional.

• El CICA tuvo como principal objetivo fomentar, orientar y fi nanciar trabajos técnicos que permi-tieran establecer la interrelación de la economía con el medio ambiente para apoyar la formula-ción de políticas públicas tanto nacionales como sectoriales.

• El DANE en 1995 conforma el grupo de cuentas ambientales en la Dirección de Síntesis y Cuenta Nacionales para iniciar el proceso de implemen-tación del Sistema de Contabilidad Económica y Ambiental integrada (SEEA).

• En el desarrollo de la implementación del SEEA, el DANE desde el principio enfocó sus esfuerzos en construir, siguiendo el marco contable del Siste-ma de Cuentas Nacionales (SCN), las cuentas del gasto ambiental y balances físicos de patrimonio natural para algunos minerales.

• Uno de los alcances del SEEA presentados en el Manual para una Contabilidad Económica y Am-biental Integrada de la UNSTAT, era ajustar los agregados macroeconómicos (PIB) por la depre-ciación que le ocasiona a los recursos naturales el sistema socioeconómico, lo cual no se desarrolló por la incertidumbre de que este descuento con-table (PIB verde) arrojara datos negativos y ante la incertidumbre y costo efectividad de la aplica-ción de metodologías de valoración económica ambiental.

• Desde 1995 hasta la actualidad, las cuentas del gasto ambiental han tenido por objeto, o se han centrado en medir, el esfuerzo que los agentes públicos y privados realizan para conservar y res-tituir los recursos naturales, así como para evitar,

mitigar, revertir y compensar los efectos negativos generados por la actividad económica sobre el ca-pital natural.

• Igualmente, desde 1995 hasta la actualidad, las cuentas físicas (stocks) tienen por fi nalidad medir los cambios cuantitativos de los bienes ambienta-les, a través del registro de sus existencias al co-mienzo y al fi n de cada año y de las variaciones que sufran dichos inventarios debido a su uso o hallazgo.

• El llevar las cuentas ambientales por el DANE es una función establecida por norma, en este con-texto las cuentas del gasto y las cuentas físicas se han convertido en una estadística continua (se cuenta con series que cubren el periodo 2000 – 2010), lo cual ha permitido que el DANE tenga una participación activa y destacada en este tema.

RetoS

• Generar lineamientos conceptuales y/o metodo-lógicos que le permitan a las entidades encarga-das de elaborar las cuentas ambientales crear una herramienta útil para medir la sostenibilidad de los distintos sectores económicos del país.

• Promover el desarrollo de políticas, instrumentos de política y normativa ambiental que contribu-yan al crecimiento sostenible de la economía na-cional a partir de los resultados físicos o moneta-rios que generen las cuentas ambientales.

• Igualmente, que estos resultados con las cuentas ambientales provean la información pertinente para la obtención de recursos para la gestión am-biental.

• Promover la valoración económica en las cuentas físicas de aquellos ecosistemas naturales o servi-cios ambientales que sean estratégicos en la pla-nifi cación del crecimiento económico.

integRación Del meDio ambiente Y el DeSaRRollo en la aDoPción De DeciSioneS 49

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL DESARROLLO

Sección II

PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERACAPÍTULO 9DiagnóStico

Colombia emite tan sólo el 0.37% de las emisiones globales, sin embargo es alta-mente vulnerable al cambio climático. Colombia se ve constantemente afectada por los impactos del cambio climático que reducen la capacidad del ambiente para producir los servicios ecosistémicos necesarios para la supervivencia y el bienestar humano. Además, el aumento del nivel del mar proyectado, los cambios de la tem-peratura y la precipitación afectan los páramos, las zonas costeras y marinas y otros ecosistemas estratégicos en el territorio Colombiano.

ViSión

Desde la estrategia planteada en el documento CONPES 3700 se reconoce la necesi-dad urgente de emprender medidas adecuadas de adaptación y mitigación estable-ciendo el marco dentro del cual estas serán generadas. Se espera, que a través del arreglo institucional propuesto por este documento, se desarrolle e implemente la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, el Plan Nacional de Adapta-ción al Cambio Climático, la Estrategia Nacional para la Reducción de las Emisiones debidas a la Deforestación y la Degradación Forestal en los Países en Desarrollo y la Estrategia de Protección Financiera ante Desastres. [1]

Colombia ha decidido embarcarse en una senda de crecimiento y desarrollo sos-tenible impulsada por tecnologías y prácticas de producción y consumo bajas en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Se busca contribuir con el esfuerzo global de mitigación y asegurar la competitividad de la economía colombiana en un futuro donde clientes y países discriminarán los productos y servicios carbono-intensivos. Para esto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha diseñado la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC)30, programa de desarrollo que busca desligar el crecimiento de las emisiones de GEI del crecimiento económico nacional a través de la implementación de planes, proyectos y políticas que maximicen la carbono-eficiencia de la actividad económica del país y que, a su vez, contribuyan al desarrollo social y económico nacional.

Por su parte, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNCC), liderado por el Departamento Nacional de Planeación, tiene como objeto reducir el riesgo y los impactos socio-económicos asociados a la variabilidad y el cambio climático en Colombia. El Gobierno colombiano ha avanzado en la formulación del marco conceptual del Plan Nacional de Adaptación, el cual explica por qué es necesaria la adaptación al cambio climático, cómo se va a trabajar desde el Gobierno nacional y cuáles son los conceptos y enfoques a tener en cuenta para una adecuada adapta-ción.

[1] Una descripción completa de estas acciones se puede encontrar en el CONPES 3700: Estrategia Ins-titucional para la Articulación de Políticas y Acciones en Materia de Cambio Climático en Colombia.

30 La Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono abarca los seis sec-tores productivos con mayores emisiones de gases efecto inver-nadero, con excepción del sector de cambio de usos del suelo (LU-LUCF) que se está abordando des-de la estrategia nacional de REDD.

52 agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

aVanceS

Consideración de las incertidumbres: perfeccio-namiento de la base científi ca para la adopción de decisiones

Colombia ha realizado dos comunicaciones naciona-les ante las Naciones Unidas sobre Cambio Climático donde se evalúan los efectos de este fenómeno sobre el país, las acciones desarrolladas así como los retos de política pública que aún se enfrentan. El segundo documento presenta el inventario nacional de fuentes y sumideros de gases de efecto invernadero para los años 2000 y 2004.

Adicionalmente, desde la Dirección de Cambio Cli-mático del MADS se han efectuado análisis de las ca-racterísticas físicas, bióticas y socio-económicas para determinar la alta vulnerabilidad de Colombia ante los efectos adversos del cambio climático con base en las variaciones de los indicadores hidrometeorológi-cos relacionados con este fenómeno. Dichos estudios conllevan a adelantar acciones en materia de adapta-ción y a trazar objetivos y líneas estratégicas para miti-gar los impactos del cambio climático.

En efecto, estos estudios señalan que Colombia, por ser un país megadiverso y dadas sus condiciones pluriculturales y socioeconómicas, debe prepararse para enfrentar una realidad cada vez más exigente dados los riesgos que requieren ser gestionados. En este contexto, la Segunda Comunicación Nacional de Colombia ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) ha sido un insumo determinante para la defi nición de las políti-cas nacionales en materia de cambio climático.

Segunda Comunicación Nacional para Niños:Dedicada a trasmitir la valiosa información sobre la vulnerabilidad del país y sus regiones ante el cambio climático, esta Segunda Comunicación está dedicada a empoderar desde pequeñas edades a la población para contar desde pequeños con herramientas de co-nocimiento y conciencia que puedan incidir sobre las acciones del país para luchar contra el cambio climáti-co y aprovechar sus oportunidades.

Sistema de información de calidad de aire (SISAIRE): Este sistema permite la generación de información unifi cada de las redes de calidad del aire del país. Bajo la administración del Instituto de Hidrológica, Meteo-rología y Estudios Ambientales -IDEAM, se publica

dicha información a través de Internet (www.sisaire.gov.co). SISAIRE realiza procesos de captura, alma-cenamiento, transferencia, procesamiento y consulta de información obtenida de los sistemas de vigilancia de calidad del aire operados por las autoridades am-bientales regionales y urbanas. El SISAIRE permite la consulta de la información relacionada con la calidad del aire en el país, su ubicación y el tipo de equipos utilizados para el reporte. La información disponible incluye: el reporte diario de las mediciones de las Au-toridades Ambientales regionales y de grandes cen-tros urbanos del país; el consolidado histórico de las mediciones; la consulta de estadísticas e indicadores (Índice Nacional de Calidad del Aire, estados de pre-vención, alerta y emergencia, excedencias de las nor-mas nacionales y regionales de calidad del aire).

PRomoción Del DeSaRRollo SoStenible

En el marco de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, liderada por el MADS, se ha ayuda-do a desligar el crecimiento de las emisiones de GEI del crecimiento económico nacional a través de la im-plementación de planes, proyectos y políticas maxi-mizando la carbono-efi ciencia de la actividad eco-nómica del país contribuyendo al desarrollo social y económico nacional.

Con esta estrategia se trabaja en la construcción de capacidades para mitigar el impacto generado por los sectores productivos y se establece una plataforma de cooperación y comunicación de conocimiento a nivel nacional e internacional, buscando que los sectores puedan en un corto tiempo identifi car, diseñar, imple-mentar y monitorear acciones de mitigación atracti-vas internacionalmente, logrando participación en mercados nuevos y transferencia de tecnología.

Para el sector energético e industrial se han identifi -cado acciones tempranas de mitigación, en efi ciencia energética y sustitución de fuentes energéticas, las cuales tienen un alto potencial de reducción de emi-siones de gases efecto invernadero y co-benefi cios para el aumento de la competitividad de las industrias e introducción de nuevas tecnologías para el abaste-cimiento de energía.

En lo relacionado al portafolio de proyectos aplicables al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) la par-ticipación de proyectos de energías renovables y efi -ciencia energética asciende hasta el 39 %. De los 182 proyectos MDL potenciales, 44 corresponden a pro-

PRotección De la atmóSFeRa 53

yectos de generación de energía eléctrica por fuentes renovables y 27 corresponden a proyectos de efi cien-cia energética, sumando un potencial de reducción de emisiones de 6.411.771 t CO2 eq/año.

Así mismo, en materia de transporte se han identifi -cado y formulado acciones de mitigación de GEI para políticas, planes o programas que responden a las prioridades del Ministerio de Transporte establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y que a su vez contri-buyen al desarrollo sostenible del país:

1. Transporte de carga: responde a la Política Nacio-nal Logística y al desarrollo de plataformas logísti-cas. La reducción de emisiones de GEI se generaría a partir de dos componentes. 1) Renovación del parque automotor del servicio de transporte te-rrestre automotor de carga (con más de 20 años de circulación), el cual incluye el diseño de instru-mentos económicos para hacer efectiva dicha re-novación, sistema empresarial y un componente social muy importante asociado. 2) Reconversión de fl otas menos antiguas, con programas de con-ducción efi ciente y mantenimiento preventivo, y sistemas de gestión empresarial logística.

2. Introducción de vehículos eléctricos en Colom-bia: introducción de vehículos y la infraestructu-ra necesaria para transporte público y privado en Colombia. Existe una estimación preliminar de los costos de abatimiento de esta medida de reduc-ción de GEI y se está calculando la línea base. Adi-cionalmente, se está avanzando en unas pruebas piloto con buses del sistema de transporte masivo (Transmilenio) y taxis en Bogotá. Diferentes com-ponentes se fi nanciarían mediante un proyecto GEF y se están estructurando operaciones con el Fondo de Tecnologías Limpias de Cambio Climá-tico (CTF) para apoyar la renovación de la fl ota de buses en los sistemas de transporte público para ciudades grandes e intermedias con buses híbridos o eléctricos. A través del CTF también se pueden promover vehículos utilitarios para la dis-tribución de carga urbana.

3. Alternativas de planeación urbana para la mitiga-ción de GEI, mediante el cual se pretende articular al desarrollo urbano, obras de infraestructura que permitan incentivar el uso de tecnología limpias y modos no motorizados de transporte. Se ha ca-pacitado a los entes territoriales para incorporar variables de cambio climático en los Planes de De-sarrollo. Se realizará un concurso de ciudades para promover la implementación de una alternativa.

Otras acciones de mitigación relacionadas con el transporte incluyen futuras extensiones de las líneas de los sistemas integrados de transporte masivo, los cuales cuentan con líneas exclusivas de buses, como el sistema Transmilenio en Bogotá, y los sistemas estratégicos de transporte público para las ciudades intermedias del país, las cuales se componen de la op-timización de la fl ota y de las rutas. Adicionalmente, se destacan los benefi cios que se de-rivan de las agendas de trabajo que se relacionan con la construcción de capacidades tanto humanas como institucionales, y el fortalecimiento de cooperación in-ternacional.

• Fondo Prototipo de Carbono del Banco Mundial. Colombia hace parte del comité de países anfi trio-nes del Fondo lo que le permite presentar proyec-tos del mecanismo de desarrollo limpio para ser fi nanciados por este Fondo del Banco Mundial.

• Programa Latinoamericano del Carbono y Ener-gías Limpias Alternativas de la Corporación Andina de Fomento (CAF). Este programa con-tribuye a reducir el problema del calentamiento global y promueve el uso de energías alternativas limpias, mediante el desarrollo y fi nanciamiento de proyectos innovadores.

• Memorando de Entendimiento entre el Gobier-no de los Países Bajos y la República de Colom-bia (2002-2012). Tiene como objeto facilitar el desarrollo e implementación de actividades en proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia y la transferencia a Holanda de la parte acordada de los certifi cados de reducción de emisiones resultado de estas ac-tividades, en concordancia con el Artículo 12 del Protocolo de Kioto.

• Memorando de Entendimiento entre el Gobier-no de Francia y la República de Colombia (2003-2012). El objetivo del acuerdo es facilitar el desa-rrollo e implementación, con la participación de operadores franceses, de proyectos de reducción y captura de emisiones de gases de efecto inver-nadero en Colombia y la transferencia a Francia de la parte acordada de los certifi cados de reduc-ciones de emisiones resultado de esas activida-des, en concordancia con el Artículo 12 del Proto-colo de Kioto.

54 agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

PReVención Del agotamiento Del oZono eStRa-toSFÉRico

Durante los últimos 20 años Colombia ha presentado avances a través de la adopción e implementación del Protocolo de Montreal y sus enmiendas. Particular-mente se ha reducido del consumo de las sustancias agotadoras del ozono (SAO) de mayor potencial de agotamiento y se ha establecido un marco normativo para asegurar el cumplimiento de los compromisos, dichos avances son:

• Adopción del Protocolo de Montreal y sus enmien-das de Londres, Copenhague, Montreal y Beijing.

• Cumplimiento de las fechas de congelación y eliminación del consumo de las principales SAO: clorofl uorcabonos (CFC), halones, tetracloruro de carbono (TCC), metilcloroformo., inclusive con an-terioridad a las establecidas en el Protocolo.

• Reconversión industrial de los sectores consumi-dores de CFC en el país: fabricación de refrige-radores domésticos en 1998, fabricación de es-pumas de poliuretano en 2006, demás sectores manufactureros de equipos de refrigeración en 2007, inhaladores de dosis medida en 2011 y sec-tor consumidor de TCC en 2011.

• Establecimiento de una red de recuperación, reci-claje y regeneración de gases refrigerantes con el

objetivo de disminuir las emisiones de estas sus-tancias en las actividades de mantenimiento de equipos de refrigeración.

• Caracterización de la actividad de mantenimiento en el sector refrigeración con la identifi cación de más de 9.450 técnicos y empresas.

• Dotación de equipos a 45 centros de formación para la adecuada capacitación de los técnicos de refrigeración en el manejo ambiental de los gases refrigerantes.

• Capacitación y certifi cación en buenas prácticas para el manejo adecuado de los gases refrigeran-tes a cerca de 6.000 técnicos presentes en 97 ciu-dades y municipios del país.

• Preparación de propuesta y gestión de aproba-ción de recursos ante el Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal para el desarrollo de la Es-trategia de Eliminación del Consumo de Hidroclo-rofl uorocarbonos (HCFC).

• Establecimiento de un marco regulatorio que per-mite la adecuada implementación del Protocolo de Montreal (licencias ambientales a la importa-ción de las SAO y sus alternativas, prohibición de la fabricación de equipos con CFC, control a la im-portación de equipos con HCFC, prohibición de la importación de CFC, halones, TCC y metilclorofor-mo.)

2.500

2.250

2.000

1.750

1.500

1.250

1.000

750

500

250

0

Tone

lada

s

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Consumo Linea base 50% Reducción 85% Reducción

Progreso de la eliminación del consumo de CFC en Colombia.

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

55

RetoS

El período actual de implementación del Protocolo de Montreal está enfocado a la eliminación del consumo de Hidroclorofl uorocarbonos (HCFC) los cuales ago-tan la capa de ozono. El país enfrenta en este período los siguientes retos:

• El consumo de HCFC es 2,4 veces superior al de CFC que utilizaba el país al inicio de la implemen-tación del Protocolo de Montreal.

• Los recursos del Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal son más limitados para la eliminación del consumo de los HCFC comparados con los dis-ponibles en su momento para la eliminación de los CFC y halones.

• Las sustancias y tecnologías alternativas a los HCFC deben tener un impacto mínimo en el clima, no todas las alternativas disponibles actualmente cumplen con esta premisa.

• No existe una alternativa universal para los HCFC en el sector de refrigeración, existen diversas al-ternativas para los diferentes subsectores de la industria, cada una con sus limitaciones, técnicas y/o económicas.

• Existen limitaciones técnicas y/o económicas para las diferentes alternativas existentes a los HCFC para el sector de espumas de poliuretano, espe-cialmente para las pequeñas y medianas empre-sas.

concluSioneS

La nación ha avanzado exitosamente en la protección de la atmosfera a través de: la adopción e implementa-ción del Protocolo de Montreal reduciendo las sustan-cias agotadoras del ozono; y el desarrollo e implemen-tación sectorial de la Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono la cual incluye los siguientes componentes:

1. Identifi cación y formulación de alternativas y oportunidades de desarrollo bajo en carbono.

2. Diseño e implementación de los planes, políticas y medidas de desarrollo sectoriales bajo en carbo-no.

3. Diseño y construcción del sistema de monitoreo, reporte y verifi cación que evalúe sus resultados.

4. Construcción de capacidades de mitigación en los sectores productivos.

5. Plataforma de cooperación y comunicación de co-nocimiento a nivel nacional e internacional.

Paralelamente a la implementación de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, el Minis-terio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha cons-truido, con la colaboración de otras entidades, un portafolio de Acciones Nacionalmente Apropiadas de Mitigación (conocidas como NAMAS por sus siglas en inglés) que buscan fi nanciamiento internacional. Para el 2012, el portafolio cuenta con un total de 24 accio-nes identifi cadas en los sectores transporte, residuos, industria, energía, agricultura y, construcción.

PRotección De la atmóSFeRa

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

ENFOQUE INTEGRAL DE LA PLANIFICACIÓN Y LA ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS DE TIERRAS

CAPÍTULO 10

ViSión

En la visión del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos” y bajo la perspectiva de los efectos de la ola invernal 2010-2011, el Gobierno colom-biano le apuesta a la sostenibilidad ambiental y la prevención del riesgo, como uno de los pilares claves para abrir posibilidades al desarrollo económico y social de las actuales y las próximas generaciones.

Mediante la modernización del Sistema Nacional Ambiental y de las políticas y re-gulaciones que orientan la planifi cación y la gestión sectorial y territorial, con ob-servancia de criterios y determinantes ambientales del ordenamiento territorial, la participación institucional, ciudadana y comunitaria, Colombia espera que en el 2019 se materialicen sus principales retos económicos y sociales, dentro de una gran estrategia de sostenibilidad ambiental compartida por todos los actores y sectores del desarrollo.

oRDenamiento teRRitoRial

aVanceS

• Un avance importante del país fue la expedición de la Ley 388 de 1997 sobre or-denamiento territorial. Todas las autoridades locales formularon sus respetivos planes de ordenamiento territorial (POT), en los cuales se defi nen usos del suelo y se regulan procesos de desarrollo con horizontes de 9 años. Actualmente se están expidiendo los POT de segunda generación, con información más precisa sobre la dinámica territorial y con mayor capacidad institucional.

• Un avance signifi cativo es que la variable ambiental, dentro de los POT, tiene la condición de ser “determinante” para ordenar el proceso de desarrollo local y regional, siendo de obligatorio cumplimiento.

• La Autoridades Ambientales regionales, creadas por la Ley 99 de 1993, apoyan a los municipios en la formulación del componente ambiental, con aportes con-ceptuales, tecnológicos y cartográfi cos.

• Con la expedición de la Ley 1454 de 2011 - Ley Orgánica de Ordenamiento Terri-torial, el país defi ne las bases y el marco institucional para el ordenamiento re-gional, fortalece la organización del Estado, la descentralización de funciones y la concertación de políticas entre la Nación y las Entidades Territoriales. Asimis-mo, favorece las estructuras asociativas en el territorio, como son las Regiones como Entidades Territoriales y las Entidades Territoriales Indígenas.

• Con la promoción del nuevo modelo de organización territorial, se pretende la

enFoQue integRal De la PlaniFicación Y la oRDenación De loS RecuRSoS De tieRRaS 57

reducción de disparidades regionales y el mejo-ramiento de los niveles de competitividad. Una estrategia para ello es la constitución de valor agregado en torno a las actividades minero-ener-géticas, dentro de parámetros de sostenibilidad ambiental.

• Adicionalmente, desde el Gobierno Nacional se expidieron políticas e instrumentos para la orde-nación territorial derivados de la Ley 99 de 1993 y demás legislación ambiental, tales como:

• Ordenación forestal.

• Reglamentación de la ordenación de cuencas hidrográfi cas.

• Regulación para la administración del Sistema de Aéreas Protegidas (Decreto 2372 de 2010).

• Declaración de nuevas áreas protegidas: nuevos parques naturales nacionales y áreas protegidas declaradas por las autoridades ambientales re-gionales.

• Expedición de políticas para el manejo de eco-sistemas estratégicos del país como son los pá-ramos y los humedales.

• Se implementa en el país la licencia ambiental previa, como instrumento de comando y con-trol para las actividades productivas y todas aquellas que puedan generar impacto ambien-tal.

RetoS

• Identifi car y caracterizar las zonas de riesgo como determinantes ambientales en la formulación de los nuevos POT. A partir de tal información se de-ben proponer acciones de prevención y manejo del riesgo.

• Avanzar hacia la adaptación al cambio climático, lo cual debe verse refl ejado en la planifi cación del territorio y sus respectivos esquemas de ordena-miento, en particular tras los efectos de la ola in-vernal 2010-2011.

DeSaRRollo inStitucional Y mecaniSmoS De PaR-ticiPación

aVanceS

• Creación de una institucionalidad ambiental, con un Ministerio como ente rector y unas autorida-des ambientales regionales como instancias eje-cutoras de la política ambiental.

• La Ley 99 de 1993 señala funciones específi cas para los departamentos y municipios.

• Creación de espacios de participación para la ges-tión ambiental a los organismos no gubernamen-tales, sectores productivos, minorías étnicas y ciu-dadanía en general.

• A partir del año 2011, se especializa el organismo rector de la política ambiental, con la creación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la modernización de su estructura organizativa. Asimismo, se desconcentran algunas funciones, como son la expedición y seguimiento de las li-cencias ambientales de proyectos de desarrollo de interés nacional que quedó a cargo de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales –ANLA, creada para este propósito, así como la Unidad de Par-ques Nacionales Naturales encargada de adminis-trar el Sistema de Parques Nacionales Naturales y coordinar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas abordando los retos en materia de prevención del riesgo, sostenibilidad fi nanciera y contribución al mantenimiento de la estructura ecológica princi-pal del país. También se descentralizan otras fun-ciones que quedan en cabeza de las Corporacio-nes Autónomas Regionales, como son la gestión de la prevención y atención del riesgo ecológico.

RetoS

• Fortalecimiento de la Agencia Nacional de Licen-cias Ambientales para la toma de decisiones y la atención de los trámites ambientales y las licen-cias para sectores productivos, especialmente el minero que es considerado como uno de los sec-tores dinamizadores de la economía nacional en los próximos años, con una alta dinámica en pro-yectos de exploración y explotación de recursos mineros.

• Fortalecimiento de la gestión de las Corporacio-nes Autónomas Regionales en prevención y aten-ción del riesgo ecológico.

• Modernización institucional y fortalecimiento fi nanciero de las Corporaciones Autónomas Re-gionales para asumir efi cazmente los retos am-bientales derivados del desarrollo económico y social del país, dinamizado por el fl ujo creciente de inversión de recursos de regalías de la minería y otros sectores productivos en el desarrollo re-gional y local.

• Fortalecimiento de Parques Nacionales Naturales para el logro de sus objetivos misionales.

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

LUCHA CONTRA LA DEFORESTACIÓN CAPÍTULO 11

DiagnóStico

Colombia tiene 31 ecosistemas forestales, desde bosque húmedo a xerofítico tropi-cal. (IDEAM, et ál., 2007), y es el segundo país mega diverso (Romero, 2007), ocupa el puesto 13º con bosques tropicales en el mundo (FAO, 2011) y el 3er lugar en Amé-rica con bosques tropicales (FAO, 2011). Sin embargo, la deforestación amenaza la riqueza forestal del país representada en una cobertura de 61,06 millones de hectá-reas de bosque natural equivalentes al 53,5% del territorio continental:

lucHa contRa la DeFoReStación 59

Territorio Continental

Bosques Naturales (Ideam 2005)

Reservas forestales Ley 2° 1995 (Ideam 2005)Áreas del SPNN (SPNN 2010)Tierras de Comunidades Negras (INCODER/IGAC 2010)

Resguardos Indígena (INCODER/IGAC 2010)

Zonas de Reserva Campesina (INCODER/IGAC 2010)

Áreas de Bosque sin proteccion

Área Total (ha)

114.479.73761.246.65951.372.31412.782.6615.217.078

30.561.7132.176.532

10.274.314

Área de Bosque Natural (ha)

61.246.65961.246.65943.165.5259.478.3673.375.874

26.493.6281.394.945

% del Área con Bosque

Natural53.5%100%84%74%65%87%64%0%

La obtención de datos históricos de cambios en las coberturas de bosque permite establecer un prome-dio histórico de deforestación para las décadas 1990 – 2010, que se estima en 310.345 ha/año (IDEAM, 2010). Entre sus principales causas se identifi can la amplia-ción de la frontera agrícola, el establecimiento de cultivos ilícitos, la minería ilegal, el tráfi co de madera ilegal, los incendios forestales, entre otras.

Las principales acciones para el manejo sostenible del bosque natural son: ordenación del bosque natural, evitar la deforestación, restaurar las áreas deforesta-das y en proceso de degradación y, gobernanza fores-tal.

ViSión

Para el año 2025 se habrá consolidado el sector fores-tal colombiano como estratégico en el proceso de de-sarrollo económico nacional, con una alta participa-ción en la producción agropecuaria y en la generación de empleo, basado en el uso y manejo sostenible de los bosques naturales y plantados. A partir de una in-dustria competitiva a nivel internacional y con la apro-piación de los benefi cios y servicios ambientales para el conjunto de la sociedad se habrá consolidado una cultura forestal (Plan Nacional de Desarrollo Forestal).

aVanceS

Se ha gestionado la expedición de políticas y planes orientados a la conservación y manejo sostenible de los bosques, entre ellos: la Política de Bosques31, el Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF), el Plan

Nacional de Prevención, Control de Incendios Foresta-les y Restauración de Áreas Afectadas32, y la Estrategia Institucional para la Articulación de Políticas y Accio-nes en Materia de Cambio Climático en Colombia33.

En materia legislativa, a partir de la Ley 99 de 1993, se desarrollaron varias normas que reglamentan fun-damentalmente temas relacionados con el manejo de áreas protegidas y reservas forestales, el uso, manejo, aprovechamiento y conservación de los bosques y la fl ora silvestre, el régimen sancionatorio ambiental y la declaratoria de especies silvestres amenazadas o en peligro de extinción.

Se han elaborado instrumentos tales como: guías técnicas para la ordenación y el manejo sostenible de los bosques naturales y la restauración ecológica de ecosistemas, la Estrategia Nacional de Prevención, Control y Vigilancia Forestal, el Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia y la Estrategia de Co-rresponsabilidad Social en la Lucha contra Incendios Forestales.

Se han desarrollado sistemas nacionales y regionales para la captura, almacenamiento y consulta de infor-mación sobre bosques entre ellos:

• El Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF) que reúne las estadísticas sobre coberturas fores-tales, captura de carbono y aprovechamiento del recurso forestal, y a través del cual se realizan pro-nósticos y alertas.

• El Sistema Nacional de Detección y Monitoreo de Incendios Forestales.

31 Documento CONPES 2834 del 31 de enero de 1996.32 El cual dio lugar a la elaboración de 33 planes regionales y 500 planes locales en prevención y protección en Incendios Forestales.33 Documento CONPES 3700 de 2010.

60 agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

En materia de ordenación forestal, a mayo de 2012 se tiene registrada la formulación de Planes de Orde-nación Forestal en jurisdicción de 27 corporaciones que cubren una superfi cie de 42.275.257 millones de hectáreas, de las cuales 6.858.435 hectáreas han sido adoptadas mediante acto administrativo por parte de las autoridades ambientales, en jurisdicción de CAS, CORPOAMAZONIA, CORPOBOYACÁ, CORPOURABA, CORMACARENA, y CORNARE.

Se han fi nalizado los estudios del proceso de zonifi car y ordenar ambientalmente las Reservas Forestales del Pacífi co, Central, Serranía de los Motilones, Cocuy, Río Magdalena y Amazonía para los departamentos de Guaviare, Huila y Caquetá establecidas por la Ley 2da de 1959. Los resultados fi nales de este proceso se en-cuentran en evaluación por parte del Ministerio para abordar el proceso de socialización con las institucio-nes ofi ciales y demás actores directamente relaciona-dos con las reservas forestales.

Como parte de la preparación nacional para participar en un futuro mecanismo REDD+34, en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cam-bio Climático, el Gobierno colombiano presentó al Fondo Cooperativo de Carbono de los Bosques -FCPF, la propuesta de preparación para la Estrategia Nacio-nal REDD+, y actualmente cuenta con recursos asig-nados por la banca internacional para su formulación.

Así mismo, a través del proyecto “Capacidad Insti-tucional Técnica Científi ca para apoyar Proyectos REDD+: Reducción de Emisiones por Deforestación en Colombia” (2009-2011) se diseñó y gestionó una metodología para monitorear la deforestación y se es-timó de manera preliminar el contenido de carbono en la biomasa aérea de los bosques naturales y otras coberturas de la tierra. En la actualidad, se está ini-ciando la segunda fase del proyecto, la cual además de consolidar los resultados de la primera fase, incluirá lo relacionado con el diseño de una metodología de alertas tempranas para deforestación.

De acuerdo con las estadísticas de reforestación pro-tectora para el período comprendido entre el 2001 y el 2010 se establecieron 220.167 hectáreas35.

Se han incorporado más de 2.000.000 de hectáreas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas36, las cuales se administran de acuerdo con los Lineamientos para la Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegi-das37 y la normalización de las categorías de conser-vación de ecosistemas estratégicos defi nidas recien-temente.

Se han titulado más de un millón de hectáreas con bosque natural a comunidades afro descendientes e indígenas38.

De acuerdo con la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, a través del Pro-grama Familias Guardabosques (PFGB), entre los años 2003 y 2011, se benefi ciaron 122.991 familias guar-dabosques; se conservaron 1.213.000 hectáreas y se recuperaron 222.000 hectáreas de bosque en el país.

A través de estrategias de cooperación nacional e in-ternacional de carácter bilateral y multilateral el país ha desarrollado diversos proyectos en materia de: or-denación forestal, reforestación – restauración, gober-nanza forestal, monitoreo de recursos forestales, entre otros. Colombia participa activamente en tratados, convenios e iniciativas tales como el Foro de Bosques de la Naciones Unidas, el Convenio Internacional de Maderas Tropicales -OIMT, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica –OTCA y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen-tación –FAO, a través de los cuales se promueven pro-yectos orientados a la gestión forestal sostenible.

34 Según el Plan de Acción de Bali (2007), se denomina REDD + a la reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal; ade-más de la conservación, el manejo sostenible y el mejoramiento del stock de carbono de los bosques en los países en desarrollo. (IUCN.ORG)35 Informe preliminar MADS, cifras sujetas a verifi cación36 De acuerdo con las resoluciones que respaldan la declaratoria de los Parques Nacionales Naturales: Selva de Florencia, Serranía de Los Yariguíes, Complejo Volcánico Doña Juana- Cascabel, Serrania de Los Churumbelos, Alto Fragua – Indiwasi, Uramba Bahía Málaga, Río Puré, Yaigoje Apaporis, el Santuario de Flora y Fauna “El Corchal “El Mono Hernandez””, y el Santuario de Flora Plantas Medicinales “Orito Ingi Ande”.37 Documento CONPES 3680 de 2010.38Ayuda de Memoria Actualización de la Política Forestal.

61

RieSgoS:

Los principales motores de deforestación son, entre otros, la ampliación de la frontera agrícola, el estable-cimiento de cultivos ilícitos, la minería ilegal, el tráfi co de madera ilegal y los incendios forestales.

En los periodos 2000 – 2005 y 2005 - 2010 el bosque se transformó principalmente en pastos (39,7% y 55,5% de la deforestación respectivamente), siendo este el mayor motor de transformación. El promedio de afec-tación anual por incendios forestales para el período 2002-2008 fue de 40.186 hectáreas y con el fenómeno de El Niño del año 2007 se afectaron 135.453 hectá-reas (IDEAM, 2010). La tala ilegal en Colombia fl uctúa entre el 35% al 42% de la producción total de madera (Banco Mundial, 2006).

Las zonas activas de deforestación durante los 20 años de análisis, conocidas como HOT SPOTS (puntos ca-lientes) de deforestación son:

1. y 2. Serranía de La Macarena3. Arauca- Sarare 4. Guaviare – San José Calamar5. La Paya6. Catatumbo 7. Sierra Nevada8. Bajo Mira9. Mirafl ores Guaviare10. Caquetá11. Caquetá – Putumayo12. Norte Paramillo13. y 14 . Serranía San Lucas15. Montes de María16. San Miguel – Valle Guamuez (Putumayo)

lucHa contRa la DeFoReStación

REPÚBLICA DE COLOMBIA DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y

ESTUDIOS AMBIENTALES

Capacidad Institucional Técnica científi ca para Apoyar proyectos

RECO en Colombia

Mapa Hotspots de Deforestación 1990-2010

2011

LeyendaSin información

Otros tipos de cobertura

Frontera Deforestación

Frontera Deforestación

Deforestación Activa

Bosque Reforestado

Convenciones

Escala18.500.000

Información de referencia

Proyeccion: UTM

Zona: 18 M

Hostpots Deforestación

Limite Nacional

Limite Departamental

Limite Marino

Hotspots1

2

345

6

78

9

10

1112

13

14

15

16

NombreSerranía de la Macarena (norte)

Serranía de la Macarena (Occidente)

Arauca - Sarare

Guaviare - San José / Calamar

La PlayaCatatumbo

Estribaciones Sierra Nevada de Santa MartaBajo Mira

Mirafl orez - Guaviare

Caquetá

Caquetá - Putumayo

Norte Paramillo

Estribaciones Serranía de san Lucas (Este)Estribaciones Serranía de san Lucas (Oeste)Montes de María

San Miguel / Villa Guamuéz (putumayo)

62 agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

Actualmente se adelanta la identifi cación de las cau-sas directas e indirectas de la deforestación, de forma prioritaria en los 16 HOTS POTS que se ubican en juris-dicción de 11 Corporaciones Autónomas Regionales.

neceSiDaDeS

Para los próximos cuatro años se espera contribuir en la lucha contra la deforestación mediante:

• La consolidación el Sistema Nacional de Áreas Protegidas -SINAP a través de la implementación del Documento CONPES 3680 de 2010, aumen-tando la representatividad ecológica en 3.000.000 de nuevas hectáreas, y mejorando la efectividad en el manejo de las áreas declaradas.

• La implementaciónde la Estrategia de Correspon-sabilidad Social en la Lucha Contra Incendios Fo-restales.

• 200.000 hectáreas de deforestación evitada como parte del mecanismo REDD.

• La ordenación de 15.000.0000 de hectáreas de bosques naturales.

• La adopción e implementación del Plan Nacional de Restauración, Recuperación y Rehabilitación de Ecosistemas y, en desarrollo del mismo, el es-tablecimiento de 280.000 ha restauradas o rehabi-litadas con fi nes de protección y de conservación de la biodiversidad.

• La implementación del Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia –PIMLC.

• La zonifi cación y ordenación de 27 millones de hectáreas de las Reservas Forestales Nacionales, y declaratoria de las áreas protegidas correspon-dientes.

• La formulación de la Estrategia Nacional de Prepa-ración para la Reducción de Emisiones por Defo-restación y Degradación Forestal.

• La formulación de una nueva política para el de-sarrollo forestal con la cual se mejore la gestión, se dé reconocimiento y valoración a los benefi cios sociales, económicos y ambientales de los bos-ques y su potencial para contribuir al desarrollo del país.

• Mejorar los sistemas de monitoreo de los bosques, en cuanto a la captura, el análisis, almacenamien-to y divulgación de información, con énfasis en la ejecución del Inventario Nacional Forestal.

• Actualizar la normativa en materia de reforesta-ción comercial y protectora, así como en materia de ordenación, aprovechamiento, transporte y uso de los bosques naturales y la fl ora silvestre.

RetoS

Pese a los avances alcanzados en los últimos 20 años con la ejecución de políticas y planes en materia fo-restal, y de conformidad con el proceso actual de for-mulación de la Política para el Desarrollo Forestal Sos-tenible, se han identifi cado varios ejes problemáticos que se confi guran en los principales retos para hacer frente a la deforestación y a otras amenazas al recuso forestal en nuestro país, como son:

Mejorar la institucionalidad para la gestión forestal: a través de una mejor articulación intersectorial, asig-nación efi ciente de recursos en relación con las com-petencias legales, mayor participación e interlocución de los actores en la gestión y toma de decisiones, así como actualizar el marco normativo para la gestión forestal.

Disminuir la pérdida y degradación del patrimonio forestal: a través de políticas económicas y sectoriales que incluyan a los bosques; evitar prácticas inadecua-das e ilícitas de uso del territorio; disminuir los niveles de ilegalidad forestal; fortalecer la capacidad técnica para la ordenación, manejo y aprovechamiento soste-nible de los bosques y la participación de las comuni-dades para asumir la labor.

Aumentar el nivel de productividad y competitivi-dad del sector forestal: a través de la gestión institu-cional efi ciente; mayor nivel de desarrollo y articula-ción de la cadena forestal; aumentar el conocimiento de la oferta productiva de especies nativas; aumentar la inversión en el sector y; el desarrollo tecnológico en silvicultura y transformación industrial forestal.

Incrementar la capacidad fi nanciera para la gestión forestal: se requieren esquemas de incentivos fi nan-cieros e instrumentos económicos que contemplen el manejo del bosque natural.

Mayor desarrollo de la Ciencia, la tecnología y la innovación para la gestión forestal: para lo cual se requieren sistemas de gestión, divulgación y trans-ferencia de información y conocimiento; articulación entre las instituciones de investigación y entre estas y el sector productivo; fi nanciación e incentivos para la investigación y; aumentar la capacidad tecnológica instalada localmente.

ORDENACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS FRÁGILES: LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA

CAPÍTULO 12

DiagnóStico

La extensión continental del territorio Colombiano se calcula en 1.141.748 km2, de los cuales 245.342 Km2 son zonas secas, es decir aproximadamente el 21.5 % del país. Las zonas secas se encuentran casi en su totalidad en las regiones naturales de la Orinoquia, Caribe y Andina. En la Orinoquia se encuentra el 35.53% de las zonas secas del país, en la región Caribe el 35.53% y en la región Andina 23.21%. En menor extensión se presentan en la región Pacífi ca con un 3.61% en la cuenca del río Dagua. Una de las coberturas vegetales características de estas zonas, el bosque seco tropical, está considerado entre los tres ecosistemas más degradados, fragmentados y menos conocidos de Colombia. Algunos estimativos señalan que de bosques secos a subhúmedos sólo existen cerca de 1.200 km2 de su cobertura original: 80.000 km2. Con relación a los matorrales xerofíticos y de desiertos, que tenían un área original de 11.000 km2, en la actualidad sólo quedan 9.500 km2.

En el país el 78.9% de las zonas secas presentan algún nivel de desertifi cación deri-vado principalmente de procesos de erosión y salinización. Con relación a la com-pactación de los suelos, se puede decir que aproximadamente el 74% del territorio nacional es altamente susceptible a este fenómeno que se presenta principalmente en los valles interandinos, el Caribe y la Orinoquia. Respecto a la intensidad de la erosión, 48% del territorio nacional está afectado por este fenómeno, en zonas secas se encuentra el 50% de las categorías de procesos erosivos más severos. Los sue-los susceptibles a la salinización cubren una extensión de 86.592 Km2 de los cuales 78.277 Km2 están en zonas secas, es decir el 90.39%.

Desertifi cación ÁREA Km 2 % zonas secas desertifi cadas

MUY ALTA 39.677 20.5ALTA 69.537 35.9MODERADA 50.606 26.2BAJA 39.689 17.4TOTAL ZONAS SECAS DE-SERTIFICADAS

193.510 *16.95

64 agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

ViSión

Al 2020 Colombia habrá avanzado en la implemen-tación de estrategias, acciones y mecanismos para la prevención, corrección, restauración, recuperación de tierras y/o detención de los procesos de degra-dación de tierras y desertifi cación, y la mitigación de la sequía, especialmente en zonas secas, de manera articulada con las instancias internacionales, nacio-nales, regionales y locales, teniendo en cuenta una visión ecosistémica que garantice la gestión integrada y sostenible de la tierra, el agua, los recursos vivos y los ecosistemas, considerando los factores ecológicos, socioeconómicos y culturales del país (Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertifi cación y Sequía en Colombia - PAN, 2005).

aVanceS

El Plan de Acción Nacional de Lucha Contra la Deserti-fi cación y la Sequía en Colombia (PAN), formulado en 2004, es el instrumento a través del cual se estable-cieron líneas de acción para conocer el estado de esta problemática, prevenir y/o revertir procesos de degra-dación de las tierras, recuperar tierras degradadas y sensibilizar sobre esta problemática.

En este sentido, se avanzó en la identifi cación de las zonas secas del territorio nacional y de las áreas con procesos de desertifi cación, así como de las que son vulnerables a sufrir dichos procesos. A través de los protocolos para la identifi cación y evaluación de los procesos de degradación de suelos y tierras por ero-

sión, salinización y desertifi cación actuales y potencia-les a nivel nacional, regional y local, formulados entre el MADS, IDEAM e IGAC, se avanza en estudios para conocer de manera detallada la ubicación de suelos degradados por erosión a escala 1:100.000.

En el marco del PAN, se han formulado Planes de Ac-ción Regional de Lucha Contra la Desertifi cación y la Sequía en los departamentos de Cesar, Nariño (región del Patía), Boyacá (región del Guavio) y Cauca (Región del Patía), instrumentos de planifi cación adoptados por las Corporaciones Autónomas Regionales de los respectivos departamentos y que son determinantes ambientales en el ordenamiento territorial. Mediante la expedición de la Resolución 170 del 4 de febrero de 2009, se declaró en Colombia el año 2009 como año de los suelos y el 17 de junio como día na-cional de los suelos, y se adoptaron medidas para la conservación y protección de los suelos en el territorio nacional.

Para la lucha contra la degradación de tierras y deser-tifi cación, se han intensifi cado acciones con las CAR para que en áreas de sus jurisdicciones se desarrollen actividades relacionadas con la zonifi cación, ordena-ción y plan de manejo ambiental de zonas secas. Es así como 556.000 hectáreas de estas zonas cuentan con dichos Planes.

Se han ejecutado proyectos para el manejo sostenible de los suelos en zonas secas, los cuales han involucra-do de manera activa a las comunidades de base. Los resultados son los siguientes:

ACCIONES CORPORACIONES AUTÓNO-MAS REGIONALES

EJECUCIÓN RECURSOS FAMILIAS BENEFICIADAS

Meta SIG OB (2006 - 2010): Zonifi cación y plan de ordenamiento Ambiental de 500.000 hectareas de zonas secas

Cortolima (2007 - 2008) Zonifi cación y plan de ordenamiento Am-biental de 500,000 hectareas de zonas se-cas en el departamento del Tolima

845.000.000 1.260 Familias campesinas e indígenas

Corpoguajira (200 - 2009) Zonifi cación y plan de ordenamiento Ambiental de 15,000 hectareas de zonas secasen el Municipio de Manaure, Depar-tamento de la Guaajira.

200.000.000 85 Familias de la etnia Wayu

Implementación del plan de acción nacio-nal de lucha contra la desertifi cación y la se-quía en Colombia

Corpocesar, Corpoguajira, CRC, Corponariño, Cortolima, cam

Prevención de procesos de Degradación de procesos de tierras, lucha contra la de-sertifi cación, mitigacion de los efectos de la sequía y manejo sostenible de ecosiste-mas de zonas verdes

2.828.591.000 1.300 Familias campesinas e indígenas (entre ellos Ar-huaco, Kankuamo y Kogui-Wwa de la SNSM

Conservación de agua y suelo

CAR, CORPOCHIVOR, CORPO-BOYACA, CORTOLIMA, CARDER, CORPOCALDAS, CORPONARI-ÑO, CAS, CORPONOR, CDMB

Proyectos para el manejo sostenible del agua y suelo bajo la implementación de sistemas productivos agropecuarios de bajo impacto

6.000.000.000 10.000 Familias campesinas

TOTAL 9.873.591.000 12.645

ORDenación De loS ecoSiStemaS FRÁgileS: lucHa contRa la DeSeRtiFicación Y la SeQuÍa 65

Se realizaron jornadas nacionales de sensibilización en desertifi cación y sequía con el fi n de concientizar y sensibilizar sobre esta problemática, así como campa-ñas de comunicación para contribuir al manejo soste-nible de los suelos. Se elaboró el Atlas Interactivo de la Desertifi cación en Colombia, y se publicó el libro “El suelo y nosotros guía para niños y jóvenes”.

Riesgos:

Los principales riesgos identifi cados para el recurso suelo y las zonas secas en Colombia son:

• Sistemas productivos de alto impacto: mecaniza-ción de los usos del suelo, monocultivos, minería, infraestructura

• Ganadería extensiva e intensiva.

• Contaminación de los suelos.

• Cambio en el uso del suelo.

• Pérdida de coberturas vegetales por sistemas pro-ductivos: ganadería, agricultura, minería, infraes-tructura.

RetoS

Pese a que se cuenta con un Plan de Acción Nacional de Lucha Contra la Desertifi cación, existen numerosos retos para el logro de los objetivos planteados en di-cho Plan, entre los cuales están:

• Fortalecer la capacidad de gestión en la lucha con-tra la degradación de suelos, desertifi cación y se-quía, con el fi n de prevenir, detener y revertir pro-cesos degradativos de los suelos, así como para el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios directos de este recurso.

• Establecer sinergias entre las Convenciones de Río: Cambio Climático, Diversidad Biológica y Lucha contra la Desertifi cación.

• Avanzar en la investigación sobre el impacto que producen las tierras degradadas sobre la biodiver-sidad y sus servicios ecosistémicos, y en las comu-nidades locales con relación a pobreza, seguridad alimentaria y salud, y sobre la economía nacional.

• Implementación de acciones de restauración en tierras degradadas.

• Cumplimiento de los indicadores de impacto de la Estrategia Decenal de Lucha Contra la Desertifi ca-ción.

• Implementación del Programa de Seguimiento y Monitoreo a los Procesos de Degradación de Tie-rras y Desertifi cación en Colombia.

• Posicionar la lucha contra la degradación de tie-rras y la desertifi cación, en las agendas nacionales sectoriales.

• Avanzar en el diseño y puesta en marcha de siste-mas de valoración integral (económica y no eco-nómica) del recurso suelo como parte del desarro-llo del país.

• Establecimiento de acuerdos con los sectores productivos (agrícola, pecuario, minero, infraes-tructura) para el desarrollo de actividades de bajo impacto sobre el suelo y la corresponsabilidad en materia ambiental.

• Conocimiento de la proporción de la población afectada por las zonas desertifi cadas o en deserti-fi cación y el nivel de pobreza en el que se encuen-tra, con el fi n de adoptar medidas para el mejora-miento de la calidad de vida.

• El ordenamiento ambiental de las zonas secas.

• La inclusión de los bosques secos tropicales en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

• Restauración de suelos degradados.

• Medidas de adaptación de las zonas secas al cam-bio climático.

• Elaboración de una política para la gestión am-biental integral del recurso suelo.

• Elaboración de marcos regulatorios para la ges-tión sostenible del suelo.

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

ORDENACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS FRÁGILES: DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ZONAS DE MONTAÑA

CAPÍTULO 13

DiagnóStico

Colombia posee el 49% de los páramos del planeta, alcanzando una superfi cie de aproximada de 1’932.987 hectáreas, 1.7% de la extensión continental del país. De esta extensión, 746.644 ha se encuentran en áreas de Parques Nacionales Naturales.

Los páramos resultan de vital importancia para mantener la estabilidad de los ciclos climáticos e hidrológicos, especialmente la regulación de los fl ujos de agua, pues tienen la capacidad de retener en sus suelos hidromórfi cos grandes volúmenes de agua y controlar su fl ujo a través de las cuencas hidrográfi cas.

oRDenación De loS ecoSiStemaS FRÁgileS: DeSaRRollo SoStenible De laS ZonaS De montaña 67

En Colombia hay 5 sectores, 15 distritos, 34 complejos paramunos y 300 unidades zonales y azonales:

• Sector Cordillera Central: están los distritos de pá-ramo: Belmira, Viejo Caldas – Tolima, Valles Tolima, Macizo Colombiano. Extensión 424.497 ha.

• Sectores Cordillera Occidental: distritos Paramillo, Frontino – Tatamá, Duende Cerro Plateado. Exten-sión 19.657 ha.

• Sector Sierra Nevada de Santa Marta: distrito SNSM. Extensión 137.426 ha.

• Sector Cordillera Oriental: distritos Perijá, Santan-deres, Boyacá, Cundinamarca, Picachos, Mirafl o-res). Su extensión es de 1.207.863 ha.

• Sector Macizo Colombiano: Nariño-Putumayo, distrito Nariño-Putumayo. Extensión 143.544 ha.

En los páramos nacen las principales estrellas fl uviales del país: Macizo Colombiano, Sierra Nevada de Santa Marta, Sierra Nevada del Cocuy, Nudo de Paramillo, Nudo de Santurbán, Los Nevados, Páramo de Suma-paz y Almorzadero, dando origen a ríos como: Mag-dalena, Cauca, Patía, Otún, Combeima, Páez, Bogotá, Caquetá, Chicamocha, Ranchería, entre otros.

ViSión

Se espera que para el año 2020 se haya avanzado conjuntamente entre el sector público y el privado, la academia, los entes territoriales, las organizacio-nes no gubernamentales (ONG) y la comunidad en general, entre otros, en la planifi cación ambiental del territorio bajo una visión ecosistémica, conducente a la preservación y restauración del patrimonio ecológi-co de los páramos y la generación de bienestar de las comunidades que dependen de sus servicios ecosité-micos, dada su importancia para el desarrollo social y económico del país, y su condición estratégica para la construcción de la paz. De otra parte, también se habrá avanzado en el desarrollo de la normativa para garantizar una adecuada gestión ambiental en estos ecosistemas.

aVanceS

Mediante la Resolución No.0937 del 25 de mayo de 2011 se adoptó la cartografía a escala 1:250.000 del Atlas de Páramos proporcionada por el Instituto Alexander von Humboldt.

Se incluyó en el artículo 202 de la Ley 1450 del 16 de junio de 2011 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014” que los ecosistemas de pá-ramos deberán ser delimitados a escala 1:25.000 con base en estudios técnicos, económicos, sociales y am-bientales adoptados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y en su artículo 202 que en los ecosistemas de páramos no se podrán adelantar ac-tividades agropecuarias, ni de exploración o explota-ción de hidrocarburos y minerales, ni construcción de refi nerías de hidrocarburos. Para tales efectos se con-sidera como referencia mínima la cartografía conteni-da en el Atlas de Páramos de Colombia del Instituto de Investigación Alexander von Humboldt, hasta tanto se cuente con cartografía a escala más detallada.

Defi nición de los criterios físicos y bióticos para la de-limitación de los páramos a escala 1:100.000, estudio realizado por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

En cumplimiento de la Resolución 839 de 2003, las Corporaciones Autónoma Regionales y de Desarrollo Sostenible elaboraron los estudios sobre el estado actual de páramos y los Planes de Manejo Ambiental de los Páramos. Las Corporaciones han elaborado 54 estudios de estado actual de páramos y los Planes de Manejo Ambiental para 81 páramos existentes en el país.

Por su parte la Unidad de Parques Nacionales Natu-rales tiene participación en la protección de 19 de los 34 complejos de páramo existentes en el país sobre los cuales existen los Planes de Manejo de los Parques Nacionales, que fueron adoptados mediante resolu-ciones expedidas por dicha unidad.

Se han desarrollado agendas interministeriales con el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en te-mas de conservación y manejo sostenible de los eco-sistemas de páramos.

Implementación por parte del Instituto de Investiga-ción Alexander von Humboldt del Proyecto Páramo Andino en los páramos de Rabanal, Belmira, Chiles y Duende en coordinación con las Corporaciones Au-tónomas Regionales que tienen jurisdicción en estos ecosistemas.

Implementación del proyecto de cooperación técnica de la FAO para el fortalecimiento de la Gestión Partici-

68 agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

pativa para el Desarrollo Sostenible de los Andes. Este proyecto se inscribe en el marco de los ejes prioritarios de acción identifi cados por los miembros de la Iniciati-va Andina de la Alianza para las Montañas que busca, con este proyecto, constituirse en un espacio de diá-logo donde la multiplicidad de actores regionales se encuentren para intercambiar experiencias, promover y coordinar acciones concretas a favor del desarrollo sostenible de los Andes.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través del Fondo de Compensación Ambiental -FCA ha fi nanciado proyectos de elaboración de estudios sobre el estado actual de páramos y de planes de ma-nejo ambiental de los páramos y actividades orienta-das a implementación de medidas de restauración de estos ecosistemas.

Riesgos:

Los principales riesgos de los ecosistemas de páramos están asociados a las siguientes amenazas:

1. Quemas indiscriminadas.

2. Sistemas de producción papa-pastos no apropia-dos al ecosistema.

3. Ganadería extensiva ganado vacuno y ovino y en menor proporción de equinos y caprinos.

4. Minería de oro y carbón. En tal sentido en el país se presenta la siguiente situación:

Solicitudes mineras en complejos de páramo: 1.181 solicitudes con un área total de 555.398 Ha que equivale al 47 % del área total de páramos.

Área de títulos mineros en complejos de páramo: 391 títulos con un área total de 108,872 Ha que equivale al 9.1 % del área total de páramos.

5. La mayor parte de los páramos se ubica en el es-cenario de aumento de temperatura de 2 a 4° C, también se ubican en escenarios secos en compa-ración con lo actual.

RetoS

• Elaboración del atlas de páramos a escala 1:100.000 que será adoptado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

• Elaboración de un protocolo técnico para la deli-mitación de los páramos a escala 1:25.000.

• Delimitación de los páramos a escala 1:25.000 por parte de las Corporaciones Autónomas Regiona-les y de Desarrollo Sostenible.

• Adelantar procesos de declaratorias de áreas pro-tegidas regionales para la conservación de la bio-diversidad y sus servicios ecositémicos.

• Realizar alianzas estratégicas con los institutos de investigación y la academia con el fi n de promo-ver la investigación científi ca tendiente a la cons-trucción y gestión del conocimiento.

• Diseño de instrumentos de planifi cación multisec-toriales a través de mecanismos de participación ciudadana y ordenación del territorio.

• Fortalecer espacios de comunicación, informa-ción y trabajos en redes.

• Diseñar y estructurar un sistema de información para el conocimiento, administración y monitoreo de los ecosistemas de páramos.

• Avanzar en el diseño y puesta en marcha de siste-mas de valoración integral (económica y no eco-nómica) de la biodiversidad y sus servicios ecosis-témicos como parte del desarrollo del país.

• Impulsar procesos de restauración ecológica en páramos degradados.

• Compartir e intercambiar experiencias exitosas en la conservación y manejo responsable del pára-mo.

• Mejorar la capacidad de gestión de las institu-ciones públicas respecto a la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, explorando modelos y formas de gestión que superen el esquema de go-bernabilidad.

• Se resalta la necesidad de establecer indicadores para el seguimiento de la situación de algunas es-pecies en peligro mediante el uso de los cambios en las categorías establecidas en Libros Rojos de especies amenazadas del país, pero dentro de un contexto ecosistémico que no propicie la gestión de las especies de manera independiente.

FOMENTO DE LA AGRICULTURA Y DEL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

CAPÍTULO 14

ViSión

El país avanzará en el desarrollo sostenible del territorio rural mediante la creación de condiciones que favorezcan los procesos de reconversión de los sistemas de pro-ducción agropecuaria hacia el desarrollo de sistemas sostenibles de producción; la formulación e implementación de estrategias de conservación con la fi nalidad de proteger la diversidad biológica y la provisión de los servicios ecosistémicos; la re-ducción del deterioro ambiental generado por la inadecuada ocupación del territo-rio; la planifi cación y el ordenamiento ambiental rural y; la generación de mecanis-mos para la adaptación al cambio climático, entre otros.

La integración de los preceptos de desarrollo sostenible en las actividades de pro-ducción de alimentos y planeación de la seguridad alimentaria, requiere considerar el bienestar, la capacitación y participación de la población rural, políticas de subsi-dio a los sistemas de producción sostenible y estrategias de comercio internacional que promuevan dichos sistemas.

aVanceS

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, mediante la cual se creó el Ministerio de Medio Ambiente y se reorganizó el Sistema Nacional Ambiental, se reglamentaron e implementaron las licencias ambientales para la importación y producción de plaguicidas, como un instrumento administrativo para el control de los impactos ambientales negativos ocasionados por la aplicación de esos insumos, utilizados principalmente en las actividades agropecuarias.

A partir de la Constitución de 1991, la cual acoge el concepto de desarrollo sosteni-ble, se inicia en el país la discusión y la gestión de incorporación de este concepto a los diferentes sectores de la producción nacional; la agricultura no es ajena a esta situación y es así como se propone la introducción de tecnologías limpias y sistemas de gestión ambientalmente sanos y el desarrollo e implementación de prácticas al-ternativas a través de la agricultura limpia, la agricultura ecológica, la agricultura de conservación, entre otras formas de producción, en las cuales se propenda por el mantenimiento de la calidad ambiental, el mejoramiento de las condiciones labora-les de los productores, el uso y aprovechamiento racional de los recursos naturales, la oferta de productos sanos e inocuos que contribuyan al mantenimiento de la sa-lud de los consumidores y del ambiente 39.

39 Tomado de: Miller, J. Avances de agricultura sostenible en Colombia. Bogotá. 2012. 1 p.

70 agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

En el marco de la producción sostenible, se proponen como sistemas de aseguramiento de la inocuidad-calidad, las buenas prácticas agrícolas40, consideradas como el conjunto de prácticas para el mejoramiento de los métodos convencionales de producción agrí-cola, haciendo énfasis en la inocuidad del producto, en lograr un menor impacto de las prácticas de pro-ducción sobre el ambiente y sobre la salud de los tra-bajadores y de los consumidores. Igualmente, creó el Sello de Alimento Ecológico, como un mecanismo de diferenciación entre este tipo de productos y los con-vencionales41.

Para facilitar la promoción, implementación, segui-miento y control de estos dos sistemas de produc-ción, se crearon el Comité Interinstitucional de Buenas Prácticas Agrícolas y el Comité Interinstitucional de Agricultura Ecológica, en los cuales participan el Mi-nisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Insti-tuto Colombiano Agropecuario -ICA, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria -CORPOI-CA, la academia, productores y comercializadores, entre otros actores, los cuales son convocados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Mediante la Resolución 1023 de 2005 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se adoptaron guías ambientales como instrumento de autogestión y autorregulación en algunos sectores productivos y de consulta y referencia de carácter conceptual y me-todológico tanto para las autoridades ambientales como para el sector regulado, de manera tal que se cuente con criterios unifi cados para la planeación y el control ambiental de los proyectos, obras o activida-des que se enuncian en la resolución. Dentro de las guías que se adoptaron en el artículo 2 de dicha re-solución se encuentran las guías para los subsectores: porcícola, camaronicultor, fl oricultor, caña de azúcar, palma de aceite, bananero, arrocero, cerealista, de al-godón, cafetero, hortifrutícola y para el cultivo de la papa.

Otro avance a señalar, es la creación de la Comisión Intersectorial de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, de acuerdo con lo establecido en el documento Con-pes 3375 de 2005 sobre Política Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos para el Siste-ma de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, en el cual se recomendó la integración del Sistema de Medidas Sa-nitarias y Fitosanitarias, a través de la armonización de las políticas sectoriales pertinentes, y la coordinación de las acciones correspondientes entre los Ministerios 40 Reglamentadas por el ICA mediante Resolución 4174 de 2009.41 El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expidió la Resolución 00187 de 2006 que adopta el reglamento para la producción primaria, procesa-miento, empacado, etiquetado, almacenamiento, certifi cación, importación y comercialización y establece el sistema de control de productos agrope-cuarios ecológicos.

y entidades involucradas. Las principales políticas emitidas en la materia fueron:

• Conpes 3375: “Política Nacional de Sanidad Agro-pecuaria e Inocuidad de Alimentos para el Sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias”, expedido el 5 de septiembre de 2005.

• Conpes 3376: “Política Sanitaria y de Inocuidad de las Cadenas de la Carne Bovina y la Leche”, expe-dido el 5 de septiembre de 2005.

• Conpes 3458: “Política Nacional de Sanidad e Ino-cuidad para la Cadena Porcícola”, expedido el 29 de enero de 2007.

• Conpes 3468: “Política Nacional de Sanidad e Ino-cuidad para la Cadena Avícola”, expedido el 30 de abril de 2007.

• Conpes 3514: “Política Nacional Fitosanitaria y de Inocuidad para las Cadenas de Frutas y de Otros Vegetales”, expedido el 21 de abril de 2008.

Se implementó el Programa de Vigilancia de la Cali-dad del Agua, Suelo y Aire de Uso Agropecuario y se ejecutaron 13 convenios con Corporaciones Autóno-mas Regionales (Corporación Autónoma Regional de Risaralda -CARDER, Corporación Autónoma Regional del Guavio -CORPOGUAVIO, Corporación Autónoma Regional del Tolima -CORTOLIMA, Corporación Au-tónoma Regional de Santander -CAS, Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga -CDMB, Corporación Autónoma Regio-nal de Boyacá -CORPOBOYACÁ, Corporación Autóno-ma Regional para el Desarrollo Sostenible del Urabá -CORPOURABÁ, Corporación Autónoma Regional del Cauca -CRC, Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó -CODECHOCÓ, Corporación Autónoma Regional del Cesar -CORPO-CESAR, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de La Macarena -CORMACA-RENA, Corporación Autónoma Regional de la Fronte-ra Nororiental -CORPONOR y Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM) para la formula-ción y puesta en marcha de los Planes Regionales de Inspección, Vigilancia y Control Ambiental. Adicional-mente, en el marco de dichos convenios se formula-ron manuales, procedimientos y formatos de captura de información para el desarrollo de las acciones de inspección, vigilancia y control (IVC) ambiental.

Fomento De la agRicultuRa Y Del DeSaRRollo RuRal SoStenible 71

Se desarrollaron iniciativas para evaluar y hacer segui-miento del componente ambiental a establecimientos de benefi cio de animales (bovinos, porcinos y aves) en cumplimiento del Decreto 1500 de 2007.

Racionalización de plantas de sacrifi cio animal: Eje-cución de un Convenio con la Gobernación del Tolima y Cortolima para la formulación del Estudio de Prefacti-bilidad para la Regionalización de Plantas de Benefi cio Animal (Mataderos) en el Departamento del Tolima.

Implementación de buenas prácticas pecuarias: Ejecución de un Convenio con Cortolima para la imple-mentación de buenas prácticas pecuarias en 60 granjas porcícolas del departamento del Tolima.

Red de laboratorios ambientales: Ejecución de un convenio con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM para la consolidación de la red de laboratorios ambientales en la defi nición de protocolos para los ensayos de plaguicidas, metales pesados y microorganismos patógenos.

Fortalecimiento y desarrollo de sistemas de infor-mación ambiental: Suscripción de convenios con el IDEAM para el desarrollo y puesta en marcha del Regis-tro Único Ambiental para el Sector Agropecuario.

Análisis de riesgo ambiental: se desarrolló un con-trato de consultoría con la Universidad Nacional de Colombia para defi nir una propuesta metodológica de análisis de riesgo ambiental en tres tipos de contami-nantes. Estudio de caso para la validación de la pro-puesta metodológica. Taller de capacitación a las auto-ridades ambientales.

De otro lado, en el año 2010 el Ministerio adoptó la Po-lítica Nacional de Producción y Consumo Sostenible cuyo objetivo es “Orientar el cambio de los patrones de producción y consumo de la sociedad colombiana hacia la sostenibilidad ambiental, contribuyendo a la compe-titividad de las empresas y al bienestar de la población” y adelantó el proyecto “Reducción del Escurrimiento de Plaguicidas Agrícolas al Mar Caribe”42, en conjunto con Nicaragua y Costa Rica (GEF- REPCar) desde el año 2006 hasta mitad del 2011; con la realización de cuatro pro-yectos demostrativos en buenas prácticas agrícolas en banano y plátano, donde se observó que es posible reducir el uso de plaguicidas en estas explotaciones agrícolas, mejorando el ingreso y las condiciones de

vida de las personas que derivan su sustento de estos cultivos, manteniendo y mejorando las condiciones ecológicas de sus fi ncas y ofreciendo al mercado un producto seguro para quienes lo producen y lo con-sumen.

Adicionalmente en el marco de este proyecto, se de-sarrolló el programa de monitoreo de plaguicidas en el Mar Caribe43, se realizó un programa de sensibiliza-ción y capacitación para reducir el escurrimiento de plaguicidas44 y se divulgó el marco regulatorio de los plaguicidas y la promoción de buenas prácticas agrí-colas.

En la actualidad, el Ministerio adelanta un proyecto45 para la formulación de la Política de Gestión Integral Ambiental para el Recurso Suelo y se cuenta con la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, enfocada a garantizar la sostenibilidad del re-curso mediante la gestión y el uso efi ciente y efi caz, el ordenamiento y uso del territorio y la conservación de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica, conside-rando el agua como factor de desarrollo económico y de bienestar social.

RetoS

• Realizar la planifi cación y ordenamiento ambien-tal del territorio rural.

• Conocer los agro ecosistemas del país y mejorar las condiciones ambientales de la población rural.

• Lograr la reconversión de los sistemas de produc-ción agropecuaria hacia el desarrollo de sistemas sostenibles de producción.

• Fortalecer las autoridades ambientales para el se-guimiento y control ambiental del sector agrope-cuario.

• Contribuir en la toma de conciencia sobre las ne-cesidades de respuesta que se requieren por parte de los actores agropecuarios y los tomadores de decisión en relación con la protección de la na-turaleza y de las condiciones de vida digna, salu-dable, responsable, respetuosa y armoniosa de la población46.

• Evaluar el grado de vulnerabilidad del entorno asociado a la producción agropecuaria y desarro-llar estrategias de adaptación al cambio climático.

42 En el marco del Programa Ambiental del Caribe (PAC), del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) con el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial -GEF. 43 Conjuntamente con el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis” –INVEMAR.44 Con el apoyo de la Sociedad de Agricultores de Colombia –SAC.45 Convenio 160 de 2011 entre el IDEAM y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.Tomado de: IDEAM – MADS. Moreno G y Lopera M. Sistema de indicadores para el análisis ambiental de las actividades agropecuarias en Colombia. Bogotá, D.C. 22 p.46 Tomado de: IDEAM – MADS. Moreno G y Lopera M. Sistema de indicadores para el análisis ambiental de las actividades agropecuarias en Colombia. Bogotá, D.C. 22 p.

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA CAPÍTULO 15

DiagnóStico

Colombia, con cerca de 2.070.408 km2 (1.141.748 km2 de áreas terrestres y 880.376 km2 de áreas marinas) (IDEAM 2001, Romero et ál., 2008), ha sido considerado como un país “megadiverso”. Con una extensión terrestre que apenas representa el 0.7% de la superfi cie del planeta, alberga alrededor del 10% de las diferentes formas de vida que se conocen en la actualidad (Chaves y Arango, 1997, Fandiño y Ferreira, 1998, Cháves y Santamaría, 2006). Esta condición de riqueza se refl eja igualmente en la amplia variedad de ecosistemas existentes en el país, representados en las áreas continentales y marinas así como en aquellas abisales e insulares (IDEAM et ál., 2007).

Esta amplia y compleja variedad de expresiones de vida presente en el país, está relacionada directamente con la ubicación del territorio colombiano en la zona in-tertropical ecuatorial y más específi camente en la esquina nor-occidental de Sura-mérica, lo que le confi ere una posición geográfi ca estratégica donde confl uyen las regiones de Centroamérica y Suramérica, además de verse directamente infl uen-ciada por la presencia de zonas costeras y marinas tanto en el mar Caribe como en el Océano Pacífi co (IDEAM et ál., 2007, Romero et ál., 2008). A esto se suma la diversidad de pisos altitudinales presentes en el territorio continental debido a le-vantamientos topográfi cos como las tres cordilleras en que se convierten los Andes a partir del Macizo Colombiano o a formaciones como la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía de La Macarena. Igualmente a la presencia de valles interandinos y grandes extensiones de llanuras y bosques húmedos tropicales al sur y el oeste del país (Romero et ál., 2008).

Colombia cuenta con 26.500 especies de plantas con fl ores (lo que signifi ca el 12% de la riqueza vegetal del globo), 927 especies de musgos, 840 especies de hepáticas, 1.515 especies de líquenes, 1.400 especies en helechos y plantas afi nes. Se destacan grupos como las orquídeas representadas en cerca de 3.500 especies, es decir, el 15% del total de especies de orquídeas del mundo y la familia Magnoliaceae que muestra a Colombia como el país con mayor riqueza en el mundo de este grupo después de China. De igual forma sobresale la riqueza de especies de aves presen-tes en el territorio colombiano que es cercana a las 1.860 especies y que además de ubicar al país como el primero en este grupo, representa cerca del 19% del total mundial y el 60% de las especies registradas en Suramérica.

conSeRVación De la DiVeRSiDaD biológica 73

Tabla 1. Escalafón de países con mayor riquezas en numero de especies para diferentes grupos taxonómicos

Fuente: Adaptado de UNEP-WCMC (2002 y 2003) y de Conservación Internacional 2010 (Datos sin publicar)Tambien contiene datos especifi cos de Resta ii (2007) y Rangel (1995, 2006)

PLANTAS ANFIBIOS REPTILES AVES MAMÍFEROSBrasil

56.000Colombia

764México

708Colombia

1,860Brasil566

China33,000

Brasil516

Australia599

Perú1,680

Indonesia515

Colombia29,782

Ecuador358

Colombia586

Brasil1,665

México507

México29,000

México282

Indonesia531

Indonesia1,565

Colombia469

ViSión

Garantizar la conservación47 de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos y la distribución justa y equi-tativa de los benefi cios derivados de ésta, para contri-buir al mejoramiento de la calidad de vida de la pobla-ción colombiana. aVanceS

En la Política Nacional de Biodiversidad (PNB) de 1996, se reconoció e integró la biodiversidad como parte de escenarios relativamente complejos donde el conoci-miento, la conservación y el uso sostenible, constitu-yen dimensiones que juegan un papel fundamental para lograr una gestión efectiva de los atributos es-tructurales y funcionales de la biodiversidad así como de los benefi cios derivados de la misma. Esta visión fundamentada en la estructura del Convenio sobre la Diversidad Biológica -CDB, se puede evidenciar en una serie de resultados y avances relacionados con algunas de las estrategias que esta política dejó plan-teadas así como en metas que fueron posteriormente plasmadas en el Plan Nacional de Acción en Biodiver-sidad (PNAB).

Se publicó el Informe Nacional sobre el Estado de la Biodiversidad (Chaves y Arango, 1998), documento de síntesis, que incluye reseñas generales del cono-cimiento y estado de la biodiversidad del país. Se diseñó y se viene implementando el Sistema de In-formación Ambiental para Colombia (SIAC), para ade-lantar la gestión de información de manera que apo-ye la toma de decisiones a nivel nacional. Al interior del SIAC se encuentran los sub-sistemas: (a) Sistema de Información en Biodiversidad (SIB); (b) Sistema de Información Ambiental Marina (SIAM); (c) Sistema Na-

cional de Información Forestal (SNIF) y (d) Sub-Siste-ma de Información sobre Uso de Recursos Naturales Renovables (SIUR).

A partir de 2002, se han publicado 15 Libros Rojos que incluyen especies silvestres de mamíferos, aves, rep-tiles, anfi bios, peces marinos, peces de agua dulce, invertebrados marinos, artrópodos, plantas y briofi tos categorizadas en algún grado de extinción. Dichas especies fueron declaradas como amenazadas con fundamento en la información consignada en la serie "Libros rojos de especies amenazadas de Colombia", mediante las Resoluciones 584 de 2002, 572 de 2005, 1218 de 2003 que adicionalmente conformó el Comi-té Coordinador de Categorización de las Especies Sil-vestres Amenazadas en el territorio nacional y la Reso-lución 383 de 2010.

Se publicó el Informe Nacional sobre el Estado del Co-nocimiento de la Biodiversidad (1998 – 2004) - (Chaves y Santamaría, 2006), en el cual se compilan, organizan y analizan los avances en conocimiento, información y metodologías de trabajo, en temas relacionados con la biodiversidad.

Se publicó el mapa de “Ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia”, a escala 1:500.000 (IDEAM et ál., 2007). Por primera vez, se integran en una sola visión cartográfi ca el territorio continental y el marino, bajo un mismo sistema de coordenadas cartográfi cas y de escala.

En cuanto a los procesos dirigidos a la conservación de la biodiversidad en Colombia, ya sea de forma in situ o ex situ así como la de sus servicios ecosistémicos, probablemente el logro más signifi cativo ha sido la consolidación de los esfuerzos de identifi cación, de-

47 La conservación es el resultado de adelantar acciones de preservación, uso sostenible, restauración y generación de conocimiento, en el territorio.

74 agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

signación y manejo de áreas protegidas, que cuenta con un proceso institucional que busca la consolida-ción del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) como forma de abordar la gestión en este campo. Se destaca también el inicio de la conformación del sis-tema de áreas marinas y costeras, aunque de manera incipiente así como aquellas iniciativas que buscan vincular a las comunidades indígenas y afrodescen-dientes con la institucionalidad de estos esfuerzos.

En este sentido, se resalta que Colombia cuenta con 559 áreas protegidas en diferentes categorías de ma-nejo, tanto públicas como privadas y en los niveles na-cional, regional y local. A nivel nacional hay 108 áreas con un total aproximado de 13.150.449 Ha; a nivel re-gional 178 áreas con una extensión de 1.723.407 Ha, (de acuerdo con el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas, 2011). El Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia (SPNN) cuenta actualmente con 56 áreas protegidas declaradas, con una extensión aproximada de 12.602.320,7 hectáreas (11.390.994 te-rrestres y 1.211.325,78 marinas) (Parques Nacionales, 2011). Adicionalmente, el país cuenta con 7 áreas de reservas forestales dadas por la Ley 2 de 1959 y el Decreto 111 de 1959, con una extensión total de 51.376.620 Ha, equivalentes al 45% del territorio con-tinental del país (IDEAM – MAVDT, 2005) y 51 reservas forestales protectoras nacionales.

Actualmente los proyectos que se desarrollan en co-munidades étnicas implementan dentro de sus líneas estratégicas de trabajo, la participación de las comuni-dades e incluyen procesos de socialización, construc-ción e implementación, reconocimiento de los saberes ancestrales, función social de cada uno de los actores sociales puntualizando a la mujer como centro de interés en las comunidades locales y rescatando del conocimiento tradicional y cultural las acciones que permiten contextualizar procesos de conservación, manejo, sistemas productivos efectivos, entre otros. Fundaciones como Natura, Tropenbos, Mar Viva, Pro-yectos GEF – PNUD, Fondo Biocomercio, entre otros, implementan este tipo de estrategias.

El gasto en protección ambiental por el Gobierno, as-cendió de 3.394 millones de pesos colombianos (COP) en el año 2000 a 6.436 millones COP en el 2007, pasan-do respecto al PIB, de representar el 0.33% en el 2000 al 0.42% en el 2007 (DANE, 2010).

El país comenzó el proceso para la defi nición a escala nacional de la estructuración ecológica como alter-nativa de gestión territorial para la biodiversidad, así

como la elaboración del mapa de ecosistemas a escala 1:100.000 de manera que se pueda orientar la planifi -cación territorial sectorial.

Considerando los mandatos establecidos por la CDB, se actualizó la Política Nacional de Biodiversidad for-mulada en 1996, hoy Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémi-cos.

RieSgoS

Los principales riegos para la pérdida de la biodiversi-dad hacen referencia a los cinco motores directos de transformación y pérdida de la biodiversidad identi-fi cados para Colombia y su equivalencia a los reco-nocidos a nivel global (EEM, 2005). Para cada motor directo se relacionan algunas causas que tipifi can su presencia y efecto en la biodiversidad colombiana. Para cada uno de estos motores se presentan situa-ciones generales así como tendencias evidenciadas y sustentadas en el conocimiento o saber general del tema en una perspectiva nacional y subnacional, al igual que situaciones puntuales para las cuales hay in-formación o conocimiento:

Motores directos y algunas causas identifi cadas para Colombia y su equivalencia a los reconocidos a escala global:

75

Motores directos de transformación y per-dida de la biodiversidad y sus servicios eco-

sistématicos identifi cados a escala globalEEM (2005)

Motores directos de transformación y perdida de la bio-diversidad y sus servicios ecosistématicos identifi cados

a escala Nacional y sus expresiones en Colombia

1. Transformación y perdida de ecosistemas y habitats naturales

Motor 1. Cambios en el uso del territorio (continental o acuático) Su Ocupación y Fragmentación de sus ecosistemas. Transformación directa y perdida de ecosistemas naturales y seminaturales.Transformación de sistemas productivos que mantienen elementos y procesos de la biodiversidad.Desarrollo de la infraestructura.Represamientos y cambios de cursos de agua

2. Sobre- explotación

Motor 2. Disminucion, perdida o degradacion de elementos de los ecosistemas nativos y agroecosistemasSobre-utilizacion de poblaciones de especiesDegradacion de ecosistemasPerdida de diversidad genetica de cultigenos y variedades

3. Invasiones biológicas Motor 3. Invaciones biologicasIntroducción y trasplanté de especies

4. Contaminación Motor 4. Contaminacion y toxifi cacionContaminacion organica de aguas y eutrofi zación (NyP)Contaminacion quimica y otra

5. Cambio climático Motor 5. Variabilidad y cambio climatico

Es importante resaltar el carácter altamente sinérgico de factores de cambio que no solo se ven expresados en fenómenos como el cambio climático sino igual-mente en consecuencias tales como la extinción de poblaciones y especies, o el incremento en el núme-ro de aquellas que están en algún grado de amena-za de extinción. Estos procesos generalmente son el resultado de una compleja red de causas y motores que han llevado a algunas especies en Colombia a su desaparición total o a enfrentar un proceso que puede estar afectando su supervivencia.

Respecto a la pérdida de especies, se estima que so-lamente en los últimos 50 años tres especies se han extinto en el país así como en el mundo: la foca monje (Monachus tropicalis), el zambullidor andino (Podiceps andinus) y el pez graso (Rhizosomichthys totae). Res-pecto al número de especies que pueden conside-rarse como amenazadas de extinción se estima cerca de 1.117, afectando principalmente algunos grupos de plantas así como de mamíferos, aves, reptiles, an-fi bios, peces (de agua dulce y marinos) y algunos in-vertebrados (Amaya-Espinel, 2011). De acuerdo con lo señalado en la Resolución 383 de 2010, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el territorio colombiano se encuentran amenaza-das de extinción 377 especies de fauna, de las cuales 43 son mamíferos, 112 aves, 25 reptiles, 48 anfi bios, 28 peces marinos, 34 peces dulceacuícolas, 7 corales, 14

moluscos marinos, 7 crustáceos marinos, 1 crustáceo terrestre, 13 mariposas, 3 coleópteros, 31 himenópte-ros, 6 arañas y 5 alacranes.

RetoS

• Se tiene la certeza de que Colombia es un país megadiverso (cifras ya mencionadas), como con-secuencia, es de esperarse que a escala genética los valores de riqueza biológica sean aún mayo-res, considerando la historia geológica, la posición geográfi ca del país y los aislamientos geográfi cos existentes en el territorio. Por lo tanto un reto im-portante es el conocimiento de la biodiversidad nacional a nivel genético ya que no se cuenta con cifras representativas al respecto de su estado ac-tual.

• Fortalecer la capacidad de gestión de la biodiver-sidad y sus servicios ecosistémicos, para evitar la exacerbación de los motores de pérdida y trans-formación (transformación de ecosistemas, con-taminación, sobre explotación, invasión biológica y cambio climático), así como la manifestación de diferentes confl ictos socio-ambientales por uso y acceso a los recursos.

• Generación y cumplimiento de normas respecto a la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

conSeRVación De la DiVeRSiDaD biológica

76 agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

• La prioridad vital de la biodiversidad a través de la protección de los componentes tangibles e in-tangibles de la biodiversidad y de la comprensión de su carácter dinámico.

• El bienestar de la población y el mejoramiento de su calidad de vida, considerando que la cali-dad de vida de la población es indisoluble de la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

• La biodiversidad como fuente, base y garantía del suministro de servicios ecosistémicos, in-dispensables para el desarrollo económico y so-cial del país, para la adaptación del país ante los cambios ambientales globales y para el bienes-tar de la sociedad Colombiana.

• El principio de integralidad y complementa-riedad: La biodiversidad debe entenderse des-de una perspectiva integral que significa incluir elementos internos y externos de las institucio-nes y los individuos.

• La responsabilidad: La gestión de la biodiver-sidad es una responsabilidad compartida pero diferenciada entre todos los miembros de la so-ciedad. La distribución de los riesgos y benefi-cios derivados de la gestión ambiental debe ser democrática, justa y equitativa.

• El principio de precaución: Ante situaciones de incertidumbre en la gestión, debe seguirse el principio de precaución.

• El reconocimiento y el respeto a la diferen-cia: La diversidad biológica está estrechamen-te vinculada con la diversidad étnica y cultu-ral. El reconocimiento de estas y el respeto a la diferencia son fundamentales en el diseño de estrategias locales de conservación y deben ar-ticularse con las políticas de desarrollo y de or-denamiento del territorio para garantizar su uso sostenible.

• La sostenibilidad: Los sistemas vivientes po-seen un carácter dinámico y están en perma-nente transformación, a la vez que requieren la preservación de la base natural que los sustenta y el uso racional de sus componentes para ase-gurar la viabilidad de la vida humana y su per-durabilidad en el tiempo.

• La adaptación al cambio: La gestión de la bio-diversidad debe aprovechar los márgenes de variabilidad del sistema de manera que la capa-cidad de gestión y el uso de recursos sea perma-nentemente ajustable y se base en el aprendiza-je continuo de su dinámica.

• La dimensión territorial: La dinámica socio - ecosistémica tiene su expresión a lo largo de ciclos que se desarrollan en escenarios territo-riales concretos, por tanto, su gestión debe ha-cerse en concordancia con las políticas de orde-namiento territorial.

• La descentralización: El enfoque ecosistémico requiere gestión de biodiversidad a escalas na-cional, regional y local, lo cual implica niveles adecuados de descentralización y participación social en su manejo.

• La competitividad: La biodiversidad es la base de la riqueza natural y económica del país y es una de sus principales ventajas comparativas frente a otras naciones del mundo.

• La intersectorialidad: La gestión eficiente de los componentes de la biodiversidad requiere la concurrencia de todos los sectores y de los actores públicos y privados que derivan su sus-tento de las actividades económicas, sociales o culturales asociadas con su uso y su protección.

• Equidad: Al ser la biodiversidad un patrimonio nacional, fuente de servicios ecosistémicos, y en general de beneficios para la sociedad en general, y al tener todos los ciudadanos colom-bianos los mismos derechos constitucionales, la gestión integral de la biodiversidad debe tener como base la generación de equidad social en-tre los diferentes sectores, actores e individuos que habitan este territorio.

GESTIÓN ECOLÓGICAMENTE RACIONAL DE LA BIOTECNOLOGÍA

CAPÍTULO16

ViSión

A través de los linimientos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para Todos” el Gobierno Nacional desarrollara nuevos sectores basa-dos en la innovación y las capacidades técnicas y científi cas en áreas estratégicas donde el desarrollo de la biotecnología jugará un papel protagónico generando empleo y alcanzando un crecimiento económico sostenible.

aVanceS

Aumento de la disponibilidad de alimentos, piensos y materias primas renovables:

Los documentos de política económica y social CONPES 3375 de 2005 “Política Na-cional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos para el Sistema Nacional de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias” y CONPES 3514 de 2008 “Política Nacional Fitosanitaria y de Inocuidad para las Cadenas de Frutas y de otros Vegetales”, están orientados al establecimiento de medidas de carácter preventivo, donde las debi-lidades institucionales en el abordaje de los temas corresponden en general a la ausencia de programas ofi ciales de inocuidad orientados a identifi car, controlar y prevenir los peligros, biológicos, químicos y ambientales.

Es así que el ICA es responsable de formular programas dirigidos a garantizar la ino-cuidad de los productos de origen agropecuario, bajo el enfoque preventivo de la aplicación en la producción primaria, y de lograr la inocuidad en la producción primaria de alimentos para consumo humano, y como respuesta al proyecto misio-nal “Diseño y puesta en marcha de un Sistema de Supervisión y Certifi cación de la Inocuidad en la Producción Primaria de Especies Priorizadas”, a través de las buenas prácticas agrícolas (BPA) y buenas prácticas pecuarias (BPP).

78 agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

RetoS

Contribuir con estrategias que contribuyan a mejorar la calidad de los alimentos para consumo humano.

• Desarrollar e implementar indicadores para la me-dición del impacto de la biotecnología sobre a la salud humana, mejorando la salud de los trabaja-dores y de los consumidores.

• Desarrollar e implementar indicadores para la me-dición del impacto de la biotecnología sobre el ambiente, mejorando el estado del ambiente.

A continuación se resumen algunas de las últimas ac-tuaciones llevadas a cabo:

• Con respecto al sistema de registro de plaguici-das, el ICA cuenta con un sistema de registro de plaguicidas de uso agrícola el cual se soporta en la normativa de la CAN (Decisión 436) y la Reso-lución 3759 de 2003. Para los plaguicidas de uso pecuario en la Resolución 1056 de 2010.

• Por mandato de la Decisión Andina 684 que mo-difi ca la Decisión 436, y en cumplimiento de la Resolución 2915 del 26 de Agosto de 2009, se ha avanzado en el proceso de revaluación de los si-guientes plaguicidas químicos de uso agrícola: Profenofos, metil paratión, clorotalonil, paraquat, metamidofos, clorpirifos y carbofurán.

• Frente al monitoreo de límites máximos de resi-duos de plaguicidas y contaminantes, el ICA ha participado activamente como apoyo en el cam-po analítico de las muestras, bajo la coordinación del Ministerio de la Protección Social. Bajo esa perspectiva, el Instituto ha establecido e imple-mentado dos estrategias:

a. Buenas Prácticas Agropecuarias: en especies productoras de alimento, el ICA a través del pro-yecto estratégico “Diseño y puesta en marcha de un Sistema de Supervisión y Certifi cación de la Inocuidad en la Producción Primaria de Especies Priorizadas”, estableció e implementó el sistema de certifi cación para las especies bovina de carne y leche y porcina, donde contempla aspectos rela-cionados con el uso racional de los insumos agro-pecuarios usados en salud y producción animal y manejo integrado de plagas.

b. Control de los insumos agropecuarios: En el

marco del control de los insumos agropecuarios, el Instituto ha controlado los insumos agrope-cuarios; alimentos, medicamentos, plaguicidas, biológicos, entre otros insumos que se comercia-lizan en el país, en defensa de la sanidad animal, acciones y disposiciones que sean necesarias para la prevención, el control, supervisión, la erradi-cación, o el manejo de enfermedades, plagas, malezas o cualquier otro organismo dañino, que afecten las plantas, los animales y sus productos, actuando siempre en permanente armonía con la protección y preservación de los recursos natura-les.

• Respecto a la interacción con instrumentos am-bientales jurídicamente vinculantes, el Instituto por intermedio de la Dirección Técnica de Inocui-dad e Insumos Agrícolas, que ejerce como Auto-ridad Nacional Designada viene liderando la im-plementación del Convenio de Rotterdam, sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamen-tado Previo (CFP) Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comer-cio Internacional.

En este orden, se han reportado a la Secretaría del Convenio las decisiones de las siguientes sustancias químicas: 2,4,5-T y sus sales y esteres, alaclor, aldicarb, aldrina, binapacril, captafol, clordano, clordimeformo, clorobencilato, compuestos de mercurio, incluidos compuestos inorgánicos de mercurio, compuestos al-quílicos de mercurio y compuestos alcoxialquílicos y arílicos de mercurio, todos los compuestos de tributilo de estaño, DDT, dicloruro de etileno, dieldrina, DNOC, dinoseb y sus sales y esteres, EDB (dibromuro de eti-leno), endosulfan, fl uoroacetamida, HCH (mezcla de isómeros), heptacloro, hexaclorobenceno, lindano, monocrotofos, óxido de etileno, paratión, pentacloro-fenol y sus sales y ésteres toxafeno, formulaciones de polvo seco que contengan una combinación de (Be-nomil al 7% o superior, carbofurano al 10% o superior, tiram al 15% o superior), fosfamidón, methamidofos, metil-paratión.

En cumplimiento del artículo 14 del Convenio, el Ins-tituto mantiene comunicación permanente con los países exportadores de sustancias químicas, especial-mente con la Comunidad Europea que permanente-mente notifi ca sus exportaciones y conforme a su pro-pia reglamentación solicita consentimiento explícito para exportar productos químicos a nuestro país.

geStión ecológicamente Racional De la biotecnologÍa 79

• Las sustancias que con mayor frecuencia son no-tifi cadas son: atrazine, nonylphenols, tridemorph, paraquathaloxifop-p-methyl ester, óxido de etile-no, etoxilatos de nonilfenol y trichlorfon.

• Realización de informes para la Secretaría del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Or-gánicos Persistentes, mediante la presentación de información sobre el endosulfán y sus alternativas químicas.

Establecimiento de mecanismos que faciliten el de-sarrollo y la aplicación ecológicamente racional de la biotecnología.

El ICA cuenta con el proyecto para fortalecer y moder-nizar el sistema de bioseguridad que apoye la política gubernamental de uso seguro de los organismos vi-vos modifi cados (OVM). En este sentido se ha expedi-do la siguiente normativa nacional:

• Resolución 946 de 2006: establece el procedimien-to para el trámite ante el ICA de solicitudes de or-ganismos vivos modifi cados, OVM; se aprueba el Reglamento Interno del Comité Técnico Nacional de Bioseguridad, CTNBio para OVM con fi nes ex-clusivamente agrícolas, pecuarios, pesqueros, plantaciones forestales comerciales y agroindus-tria, y se dictan otras disposiciones.

• Resolución 1063 de 2005: Por la cual se expiden normas para el registro de personas que realicen actividades de importación, comercialización, in-vestigación, desarrollo biológico y control de ca-lidad de organismos modifi cados genéticamente (OMG) de interés en salud y pro-ducción pecuaria, sus derivados y productos que los contengan.

• Resolución 632 de 2009: Implemen-ta el Plan de Manejo de Bioseguri-dad y Seguimiento para siembras comerciales en el país, de algodo-nes genéticamente modifi cados con resistencia a ciertos insectos lepidópteros y/o tolerancia a apli-cación de herbicidas.

RetoS

Continuar con el proceso de reglamentación de los OVM de acuerdo a las necesidades del sector.

Establecimiento de mecanismos que faciliten el desarrollo y la aplicación ecológicamente racional de la biotecnología en salud• El Ministerio de Salud y Protección Social en el

tema de Gestión Ecológicamente Racional de la Biotecnología” expidió la Resolución 301 de 2008, mediante la cual se prohibió el uso de los cloro-fl urocarbonados (CFC) como propelentes y sol-ventes en los productos farmacéuticos y en los de aseo, higiene y limpieza; y como coadyuvantes, en sistemas de esterilización, funcionamiento o man-tenimiento de equipamiento biomédico o de uso industrial y en desarrollo de nuevas tecnologías.

• Con la Resolución 1974 de 2007 por la cual se establece el reglamento técnico sobre requisitos que deben cumplir los detergentes polvos limpia-dores abrasivos de uso doméstico, se estableció que la biodegradabilidad del tensoactivo presen-te en los productos de aseo higiene y limpieza debe corresponder a un 90% como mínimo.

• Igualmente, con la expedición de la Resolución 1975 de 2007, por la cual se adopta el reglamen-to técnico sobre los requisitos que deben cumplir las pastas para lavar loza, se estableció que la bio-degradabilidad del tensoactivo presente en esta clase de productos de aseo e higiene debe corres-ponder a un 90% como mínimo.

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

PROTECCIÓN DE LOS OCÉANOS Y DE LOS MARES DE TODO TIPO, INCLUIDOS LOS MARES CERRA-DOS Y SEMICERRADOS, Y DE LAS ZONAS COSTE-RAS, Y PROTECCIÓN, UTILIZACIÓN RACIONAL Y DESARROLLO DE SUS RECURSOS VIVOS

CAPÍTULO 17

DiagnóStico

La Declaración de Rio en el año 1992, sin duda alguna fue sustancial para defi nir el desarrollo en materia marina y costera en Colombia. La promulgación de la Ley 99 de 1993, la creación del Ministerio de Medio Ambiente y el Sistema Nacional Am-biental, son claras evidencias tempranas del país con el compromiso mundial de desarrollo sostenible. Este nuevo esquema normativo, en su momento uno de los más modernos en América Latina, abrió las puertas para el establecimiento no solo de políticas, sino a la vez crea el escenario para el desarrollo de acciones que serían determinantes para avanzar hacia la conservación de los mares y costas del país.

En el año1996, se expide la Política Nacional de Biodiversidad, y luego después de varios años de establecimiento del sistema y planifi cación estratégica, en el 2000 se ponen en marcha un nuevo instrumento política, así como tácticas de manejo, como la formulación e implementación de la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia y el establecimiento de las Reservas de la Biosfera de Seafl ower y Ciénaga Grande de Santa Marta. En la subsiguiente década se dan los mayores desarrollos en el tema por parte del país, el establecimiento de las Áreas Marinas Protegidas de Seafl ower (65,000 km2) y las Islas de Corales del Rosario y San Bernardo, el for-talecimiento de los parques Nacionales Marinos y la expansión y la declaración por parte de la UNESCO del Parque Nacional Natural Mapelo como el primer Patrimonio Mundial Marino de nuestro país.

A partir de todos los sistemas que se han establecido y que hoy se encuentran en implementación en Colombia, el país ya ha asegurado la protección de un 9,6 % de su territorio marino, con proyecciones claras de avanzar hacia una mayor conserva-ción de estas áreas a partir del establecimiento de herramientas innovadoras como el subsistema de áreas marinas protegidas y las unidades ambientales costeras, que en la actualidad se encuentran en desarrollo. La participación de las comunidades costeras en los procesos de planifi cación, el mayor porcentaje afro-colombiano y raizal, ha sido crucial para avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible.

A pesar de que los esquemas implementados por el país aún poseen fuertes limitan-tes de sostenibilidad fi nanciera y generación de alternativas productivas sostenibles para las comunidades costeras más vulnerables, los mismos han servido para man-tener los principales recursos marinos y ecosistemas estratégicos representativos en

PRotección De loS ocÉanoS Y De loS maReS De toDo tiPo, incluiDoS loS maReS ceRRaDoS Y SemiceRRaDoS, Y De laS ZonaS coSteRaS, Y PRotección, utiliZación Racional Y DeSaRRollo De SuS RecuRSoS ViVoS

81

estados de conservación adecuados frente a otras na-ciones que ya experimentan altos grados de deterioro ambiental, un claro ejemplo son los arrecifes coralinos en la región Caribe nacional, donde el promedio de cobertura viva es de 20% la cual se encuentra por en-cima del promedio general del Caribe estimado en tan solo un 9%. Sin duda alguna, entre los mayores retos y desafíos que tendrán que enfrentar el país y las comunidades costeras en la siguiente década, se en-cuentra el cambio climático global - que ya empieza a generar efectos adversos, principalmente problemas asociados a erosión costera-, así como la búsqueda de manera sostenible de recursos energéticos y la armo-nización de las actividades turísticas y pesqueras con el capital natural de esas zonas.

ViSión

Propender por el desarrollo sostenible de los espacios oceánicos, marinos y las zonas costeras del territorio Colombiano que permita, mediante su manejo inte-grado y enfoque ecosistémico adaptativo, con amplia participación de las comunidades, contribuir al me-joramiento de la calidad de vida de la población co-lombiana, al desarrollo armónico de las actividades productivas y a la conservación y preservación de los ecosistemas y recursos marinos y costeros.

oRDenación integRaDa Y DeSaRRollo SoStenible De laS ZonaS coSteRaS Y laS ZonaS maRinaS, en-tRe ellaS laS ZonaS económicaS eXcluSiVaS

La Reserva de Biosfera Seafl ower, declarada en el año 2000 por la UNESCO a partir de un proceso de estable-cimiento participativo liderado por CORALINA, la au-toridad ambiental para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se convierte en el primer modelo de ordenación de las zonas costeras y mari-nas, incluyendo la zona económica exclusiva del país en ese territorio Colombiano frontera con 6 países en la región del Caribe. Se establece una zonifi cación básica que posteriormente con el Área Marina Prote-gida Seafl ower creada en el año 2005, se especializa bajo un esquema de uso múltiple, que busca al mis-mo tiempo, cumplir con objetivos de conservación, desarrollo social y crecimiento económico, pilares del desarrollo sostenible.

Los problemas más relevantes en la actualidad, tales como la erosión costera, la contaminación y reduc-ción de recursos importantes en las regiones cos-

teras y marinas del país han demandado del Estado colombiano reacciones inmediatas, razón por la cual en el Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014) que se encuentra en implementación, se ha ampliado la ca-pacidad de gestión ambiental en materia costera y marina a través del reconocimiento de la jurisdicción sobre el mar territorial a las Corporaciones Ambienta-les Regionales, y se ha creado un instrumento idóneo, las unidades ambientales costeras (UAC), que están en proceso de establecimiento en todas las regiones cos-teras del país y que marcarán para la próxima década una transformación signifi cativa en los esquemas de planifi cación y manejo del 100% de las costas del país, y que implicará el desarrollo de acciones locales espe-cífi cas para transformar la realidad global de la nación colombiana.

PRotección Del meDio maRino

La protección del medio marino en el país se ha mo-dernizado en las últimas dos décadas, donde se ha avanzado desde un esquema de parques nacionales con limitados espacios marinos y costeros a sistemas de manejo integrado y bajo el enfoque sistémico, donde la conectividad entre los ecosistemas, procesos y fl ujos adquieren mayor relevancia. Después de la Conferencia de Río en 1992, Colombia ha aumentado su medio marino protegido hasta alcanzar un total de 9.6 %, dicha protección se atribuye al establecimien-to, como ha ocurrido en otros países del mundo, de sistemas de áreas marinas protegidas, la expansión y ampliación de áreas de parques nacionales naturales, incluyendo un amplio gradiente de protección que va desde áreas con cobertura total de conservación, hacia otras con esquemas de zonifi cación de uso sos-tenible múltiple, este último, principalmente imple-mentado en áreas de donde las comunidades ances-tralmente han derivado su sustento.

Al mismo tiempo se han implementado herramientas para garantizar la protección de la función de los eco-sistemas, principalmente a través de los programas de control de la contaminación marina, incluyendo la im-plementación de principios internacionales como “el que contamina paga" o el enfoque ecosistémico en la ordenación del territorio marino y costero.

82 agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

aPRoVecHamiento SoStenible Y conSeRVación De loS RecuRSoS ViVoS De la alta maR

En alta mar se dan dinámicas complejas donde la ex-tracción y aprovechamiento de recursos vivos gene-ralmente se dan de forma compartida por diferentes países con desarrollo pesquero y capacidad extractiva y de aprovechamiento. Estas características presen-tan un escenario de regulación difícil donde los instru-mentos internacionales son de gran importancia para un manejo adecuado.

Colombia hace parte desde el año 2007 de la Conven-ción de 1949 (Ley 579 de 2000) que crea la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), la cual es una organización pesquera regional responsable de la conservación y ordenación de atunes y otras especies marinas susceptibles de pesca en el Océano Pacífi co Oriental (OPO). Muy de la mano con esta Convención Colombia suscribió de manera provisional el Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfi nes (APICD) que se especializa en reducir progresivamente la mortalidad incidental de delfi nes en la pesquería de atún con red de cerco a niveles cer-canos a cero, a través del establecimiento de límites anuales, con el propósito de eliminar la mortalidad de delfi nes en esta pesquería, buscar métodos am-bientalmente adecuados para capturar atunes aleta amarilla grandes no asociados con delfi nes, y asegu-rar la sostenibilidad a largo plazo de las poblaciones de atún, así como la de los recursos marinos vivos re-lacionados con esta pesquería; tomando en cuenta la interrelación entre especies en el ecosistema.

Colombia suscribió este Acuerdo el 21 de mayo de 1998 de manera provisional mediante el Decreto 2483 del 15 de diciembre de 1999, mientras se cursaba el proyecto de ley que permitiría la adhesión al mismo. El congreso de la República aprobó el APICD a través de la Ley 557 del 2000 y la Corte Constitucional lo de-claró exequible mediante la sentencia C-1314 del 26 de septiembre de 2000, faltando solamente depositar el instrumento de ratifi cación por parte del gobierno colombiano.

En 1996, el Ministerio de Medio Ambiente formuló la Política Nacional de Biodiversidad, la cual actualmen-te está siendo ajustada de acuerdo con las tenden-cias mundiales y con lo establecido en el Convenio de Diversidad Biológica, y en este marco se han desarro-llado instrumentos específi cos como el Programa Na-cional para la Conservación de las Tortugas Marinas y Continentales de Colombia (MMA, 2002), instrumento

que fortalece y contribuye al manejo y regulación de las tortugas marinas con amplio rango de distribución en alta mar. Este Programa busca garantizar la super-vivencia de todas las especies de tortugas presentes en nuestro país, implementando estrategias de con-servación, investigación, valoración, uso y manejo, a través de un trabajo coordinado interinstitucional-mente con participación de la comunidad.

También se formuló el Plan de Acción Nacional para la Conservación y Manejo de Tiburones, Rayas y Qui-meras de Colombia (2010); que busca “garantizar la conservación y manejo sostenible de tiburones, rayas y quimeras que habitan en las aguas marinas y con-tinentales de Colombia e interactúan con actividades turísticas, culturales y las diferentes pesquerías a nivel artesanal e industrial del país y áreas vecinas”.

Finalmente, otra importante herramienta en el marco de los recursos vivos en alta mar es el Plan Nacional de Especies Migratorias (MAVDT & WWF, 2009), ya que al igual que otros países ribereños existen dinámicas particulares que involucran muchas especies con des-plazamientos transfronterizos que difi cultan manejos y controles de los recursos vivos, por lo que es de gran importancia generar herramientas que examinen es-tas particularidades, este Plan revisa conductas migra-torias donde se incluyen especies en el ámbito marino y recomienda acciones para el desarrollo de medidas de conservación con la visión de “defi nir, establecer y promover acciones de protección, investigación, valo-ración, uso y manejo de las poblaciones de estos or-ganismos, sus hábitats y rutas en nuestro país, a través de un trabajo coordinado entre instituciones guber-namentales, la sociedad civil y mecanismos de colabo-ración internacional”.

Adicionalmente se están adelantado las evaluaciones y gestiones para la vinculación de Colombia a la Co-misión Interamericana de Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT), y a la Organización del sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centro America-no (OSPESCA), que busca fortalecer de manera regio-nal estrategias de gestión de diferentes problemáticas asociadas al manejo y extracción de los recursos pes-queros con los países vecinos de Centroamérica.

83

aPRoVecHamiento SoStenible Y conSeRVación De loS RecuRSoS maRinoS ViVoS SuJetoS a la JuRiS-Dicción nacional

En coherencia con los postulados y convenios inter-nacionales a los que Colombia está vinculada, se han implementado esfuerzos sustanciales para garantizar la sostenibilidad en el largo plazo de los recursos ma-rinos sujetos a la jurisdicción nacional. Con este en-tendimiento, la Nación ha formulado y se encuentran en implementación el “Plan de Acción Nacional para la Conservación y Manejo de Tiburones, Rayas y Quimeras de Colombia”, el “Programa Nacional para la Conserva-ción de las Tortugas Marinas y Continentales en Colom-bia” y el “Plan Nacional de las Especies Migratorias”. De igual manera se encuentra en formulación el Plan Nacio-nal de Conservación del Caracol Pala”, especie actual-mente listada en CITES como amenazada en el Caribe y sobre la cual ya se vienen desarrollando acciones para el incremento de la capacidad reproductiva de la especie en áreas claves de los sistemas de protección establecidos dentro del país.

El país ya ha defi nido unos lineamientos claros con respecto a la utilización, uso y aprovechamiento de los recursos del mar, particularmente, en arrecifes de co-ral y manglares se prohíbe el desarrollo de actividades mineras, exploración, explotación de hidrocarburos, acuicultura, pesca industrial de arrastre y, la extrac-ción de componentes de corales para la elaboración de artesanías. Actualmente, también se encuentran en formulación el Plan Nacional de Conservación y Uso Sostenible de los Arrecifes Coralinos, el Plan de Acción para la Conservación de Mamíferos Acuáticos de Colom-bia y el Programa de Observadores Cientí� cos de Colom-bia (POCC). Adicionalmente es importante resaltar que Colombia adhirió en el 2010 a la Comisión Ballenera Internacional, espacio dentro del cual el país ha veni-do jugando un papel importante.

Colombia no está exenta de la invasión del pez león, Pterois volitans, una especie exótica del Indo Pacífi co que ha colonizado un gran porcentaje el Mar Caribe. El país reconoce que hoy se constituye en un gran reto para garantizar la sostenibilidad de la biodiversidad marina, principalmente en áreas arrecifales, razón por la cual ha venido dirigiendo esfuerzos para que de ma-nera participativa con las autoridades de las regiones y actores sociales como pescadores y buzos se ade-lanten esfuerzos para su control. Así mismo “Plan de Acción para el Control y Manejo del Pez León en el Caribe de Colombia” se encuentra en proceso de adopción.

A lo anterior se suma la compleja y difícil problemática de pesca ilegal que ocurre en el territorio, por ejemplo para el caso de la Reserva Seafl ower, se ha estimado en un 50 % la extracción ilegal para la pesquería de langosta espinosa, tanto por nacionales como extran-jeros. Especial preocupación se tiene con las zonas protegidas y áreas de frontera, donde embarcaciones extranjeras ingresan al territorio a desarrollar activida-des ilegales de extracción de los recursos pesqueros. El país ha diseñado esquemas de cooperación con las autoridades con jurisdicción dentro del mar (autori-dades ambientales, parques y armada nacional) para hacer frente a esta problemática de pesca ilegal, sin embargo y considerando el vasto territorio por cubrir, aún es necesario incrementar la capacidad estatal, no solamente en materia de fortalecer a las instituciones con responsabilidades de control, sino que al mismo tiempo se modernicen dichos sistemas, para que con el apoyo de herramientas tecnológicas de punta, se pueda mejorar la gestión y gobernabilidad sobre es-tos valiosos recursos vitales para la seguridad nacio-nal.

FoRtalecimiento De la cooPeRación inteRnacio-nal Y De la cooPeRación Y la cooRDinación Re-gionaleS

En los últimos 20 años, Colombia ha prestado espe-cial interés a los convenios, convenciones, protocolos, acuerdos y tratados internacionales en materia costera y marina a muchos de los cuales se ha vinculado desde la Cumbre de Río en 1992, como el CDB, CITES, APICD (Ley 557 de 2000), CIAT, CPPS, programa SPINCAM, CPPS tortugas, mamíferos, SPAW, Convención para la Regulación de la Caza de Ballenas de 1946, Corredor Marino del Pacífi co Este Tropical, proyecto CLME, CIT, adherir a la OROP / PS, Comisiones de Vecindad. Co-lombia es país miembro del Corredor Marino del Pa-cífi co Este Tropical -CMAR, iniciativa de cooperación regional para la conservación y uso sostenible de los recursos marinos, liderada por los gobiernos de Ecua-dor, Costa Rica, Colombia y Panamá.

Adicionalmente el país se encuentra participando ac-tivamente en proyectos estratégicos regionales como los proyectos GEF regional “Grandes Ecosistemas Mari-nos del Caribe”, CLME, y “Red de Información y Datos del Pacífi co Sur para el Apoyo a la Gestión Integrada del Área Costera (SPINCAM)”, el primero de los cuales busca integrar esfuerzos de los países del Gran Caribe para el manejo y la sostenibilidad de los recursos vivos comunes de la región, y el objetivo del segundo es es-tablecer un marco de referencias de indicadores para

PRotección De loS ocÉanoS Y De loS maReS De toDo tiPo, incluiDoS loS maReS ceRRaDoS Y SemiceRRaDoS, Y De laS ZonaS coSteRaS, Y PRotección, utiliZación Racional Y DeSaRRollo De SuS RecuRSoS ViVoS

84 agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

el manejo integrado de áreas costeras (ICAM) en cada país de la región del Pacífi co Sureste (Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú), enfocado en las condiciones ambientales, socio-económicas y de gobernabilidad dentro del contexto de desarrollo sostenible y mane-jo integrado del área costera. Así mismo se ejecutan directamente por instituciones nacionales con recur-sos GEF, los proyectos “Protección de la Biodiversidad del Caribe Sur Occidental” y “Promover la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina y costera en las regiones Pací� ca y Caribe a través del diseño e imple-mentación de un Subsistema de Áreas Marinas Protegi-das (SAMP) � nancieramente sostenible y bien maneja-do”.

De igual manera el país ha estado vinculada a diver-sas redes de cooperación para el monitoreo de arreci-fes coralinos (CARICOM, REEF, RECON y REEF CHECK), manglares (CARICOM) y pastos marinos (CARICOM y NAGISA) y playas (COSALC), generando información oportuna para orientar decisiones de manejo no solo en el nivel local y nacional, sino también a nivel inter-nacional. Gracias a los esfuerzos adelantados por el país en el marco del Piloto de Adaptación a Cambio Climático, se logró por primera vez entre el 2010 y 2011 el establecimiento de estaciones de monitoreo de variables climáticas marinas, las cuales se encuen-tran actualmente vinculadas a los sistemas de monito-reo de cambio climático a nivel global.

DeSaRRollo SoStenible De laS iSlaS PeQueñaS

El manejo de las islas pequeñas es sin duda alguna uno de los mayores retos del país en materia de sostenibi-lidad ambiental marina y costera. En la región Caribe, el modelo de desarrollo sostenible adoptado en el año 2000 para la reserva de la Biosfera Seafl ower, y la crea-ción de la necesidad del un modelo para el archipiélago de las islas Corales del Rosario y San Bernardo, fue diri-gido estratégicamente por el país para garantizar una visión en el largo plazo del único territorio insular oceá-nico donde coexisten los recursos naturales y el hom-bre. Adicionalmente a los efectos del cambio climático, uno de los grandes desafíos para la gestión ambiental de estos archipiélagos hacia el futuro, será cómo reducir las densidades poblaciones que hoy en día catalogan a estas islas como unas de las más pobladas del mundo.

En lo que tiene que ver con los sistemas insulares del Pacífi co colombiano, las dos islas principales Gorgona y Malpelo, se encuentran protegidos por fi guras de Parques Naturales Nacionales, la última de estas con la denominación de Patrimonio Natural de la Humanidad.

aVanceS

En materia legislativa y de política, se establece la Ley 99 de 1993, que crea el Ministerio de Medio Ambiente y se reorganiza el Sistema Nacional Ambiental, a partir de este momento y con base en los convenios inter-nacionales fi rmados y ratifi cados por el país, se expide en 1996, la Política Nacional de Biodiversidad, y en el 2000, se formula e inicia su implementación la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia (2000). La adopción del Plan de Desa-rrollo Nacional 2014-2014 incorpora nuevos elemen-tos de política, no sólo en términos de darle especial protección a ecosistemas vulnerables como los arre-cifes coralinos, sino que crea fi guras legales como las unidades ambientales costeras para legitimar y guiar la gestión ambiental de autoridades locales en el ma-nejo integrado costero. Fue fundamental para el país en el marco de la formulación de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico en el 2010, incluir un componente referente a las aguas marinas y costeras, dando la real importancia que revisten los mares del país que ocupan un 50 % del territorio nacional. A raíz de lo anterior, se encuentran en pro-ceso de formulación una serie de planes de manejo integrado costero, basados en el concepto de manejo integrado de zonas costeras (MIZC) y enfoque eco-sistémico, apoyados en información científi ca, cono-cimiento tradicional y en la participación efectiva de las entidades responsables de la administración de los litorales y las comunidades locales.

Con el fi n de avanzar hacia fi guras de protección en las diferentes regiones biogeografías del país, se impulsa en el año 2000 la creación de dos Reservas de la Bios-fera, una costera continental: Ciénaga Grande de Santa Marta, y otra de tipo insular oceánico: Seafl ower, con 180.000 km2, estableciéndose modelos claros de de-sarrollo sostenible para estas áreas. Así mismo en el 2003, se establece como aspecto fundamental para la sostenibilidad del Archipiélago de las islas de Corales del Rosario y San Bernardo la defi nición de un modelo de desarrollo sostenible para dichas islas. Sin embargo, y como para el país no solo era de su interés incorpo-rar modelos, sino también en términos prácticos, lograr que los mismos se pudieran aplicar en las escalas loca-les; razón por la cual, se buscó a través de innovado-ras tácticas como el establecimiento de áreas marinas protegidas tanto en Seafl ower (65,000 km2) como en Corales del Rosario y San Bernardo crear un escenario para la gestión integral ambiental del nivel local, para este caso particular, de los sistemas insulares del país.

85

En relación con generación de conocimiento y amplia-ción de la base científi ca y tradicional sobre los recur-sos costeros, marinos y oceánicos, el país se ha vincu-lado a redes de monitoreo regionales y globales, así como ha creado esquemas de tipo nacional. La suma de los esfuerzos de monitoreo, aunados a los sendos estudios de investigación costera y marina que se han adelantando en las dos últimas décadas por las insti-tuciones de investigación, autoridades ambientales y la academia, sirvieron de base para que en el año 2008 se publicará el mapa de ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia, a escala 1:500.000, mapa en el que por primera vez se integró el territorio continental y marino del país bajo un mismo sistema de coordenadas cartográfi cas y que hoy sirve de he-rramienta de planifi cación y toma de decisiones. El país ha avanzado efectivamente hacia la ampliación de sus fronteras en materia de vinculación a herra-mientas de política internacional, así como ha fortale-cido sus mecanismos de cooperación, haciendo parte desde el 2007 de la Convención de 1949 que crea la Comisión Interamericana del Atún Tropical -CIAT (Ley 579 de 2000), se adhirió a la Comisión Ballenera Inter-nacional en el 2010, es miembro del Corredor Marino del Pacífi co Este Tropical -CMAR, iniciativa de coope-ración regional para la conservación y uso sostenible de los recursos marinos, liderada por los gobiernos de Ecuador, Costa Rica, Colombia y Panamá. Se encuen-tra vinculada al Protocolo de SPAW, en el marco del cual ya se encuentran inscritas áreas protegidas de re-levancia nacional. Aunque Colombia aún no es Esta-do Miembro de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar -CONVEMAR, la protección del medio marino nacional se enmarca en los principios de dicha Convención.

RetoS

Prevalecen todavía los enfoques sectoriales, aislados, pobremente interconectados en la aplicación de los mandatos consignados en la Agenda 21, lo que ha sido un factor debilitador de las acciones para revertir las causas de la disminución de recursos y del dete-rioro ambiental. Dado que el tema marino está dis-tribuido en múltiples agencias estatales, se requiere mejorar la coordinación intersectorial y la integración para impulsar un mayor desarrollo de las políticas ma-rinas sectoriales nacionales. Hay pocos ejemplos de mecanismos existentes de coordinación e integración intersectorial con respecto al mar y sus costas.

A pesar de que la mayoría de las agendas científi cas de las instituciones apuntan al desarrollo de las directri-

ces establecidas por el gobierno nacional, aún existen muchos vacíos en el conocimiento y difi cultades en la articulación de las ciencias naturales con las ciencias sociales y económicas.

Se deben crear estímulos e incentivos para desalen-tar la aplicación de prácticas de deterioro ambiental y para favorecer el fomento de tecnologías limpias, por ello es necesario establecer regímenes de gestión que incluyan la aplicación del principio de precaución. Pero más allá de esto, se deben crear alternativas sos-tenibles de vida productivas, que permitan que las poblaciones costeras más vulnerables, encuentren nuevos e idóneos medios de ingresos, de tal suerte que contribuya al mismo tiempo con la reducción de la presión sobre los sensibles ecosistemas y recursos, se pueda promover la conservación, y permitan el me-joramiento de su calidad de vida y reducción de los índices de pobreza que hoy constituye la más grave amenaza al desarrollo sostenible de estas regiones.

El tema de la densidad poblacional en las zonas insu-lares Colombianas debe ser abordado con políticas claras de desarrollo social y demográfi co, donde se in-tegren esfuerzos locales y nacionales para generar las condiciones idóneas para que el desarrollo sostenible sea una realidad, basado en principios de respeto a los derechos de las comunidades ancestrales y de dere-chos humanos existentes. El cambio climático global es una realidad, que deberá ser afrontado por el país durante la siguiente década con no solo las herramientas políticas y de gestión con las que actualmente cuenta, sino que al mismo tiempo deberán ponerse en práctica medidas de adaptación, principalmente para reducir los riesgos y la vulnerabi-lidad de las comunidades asentadas sobre las zonas costeras, pero también para fortalecer la capacidad de resilencia de los ecosistemas base que soportan los bienes y servicios ambientales que hoy se derivan del capital natural.

Se debe buscar, en concertación con la comunidad internacional, un programa de acción mundial para la ordenación de la pesca y esquemas de manejo de recursos compartidos y coherentes con las realidades naturales de los mismos.

PRotección De loS ocÉanoS Y De loS maReS De toDo tiPo, incluiDoS loS maReS ceRRaDoS Y SemiceRRaDoS, Y De laS ZonaS coSteRaS, Y PRotección, utiliZación Racional Y DeSaRRollo De SuS RecuRSoS ViVoS

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

PROTECCIÓN DE LA CALIDAD Y EL SUMINISTRO DE LOS RECURSOS DE AGUA DULCE: APLICACIÓN DE CRITERIOS INTEGRADOS PARA EL APROVECHA-MIENTO, ORDENACIÓN Y USO DE LOS RECURSOS DE AGUA DULCE

CAPÍTULO 18

DiagnóStico

Colombia es uno de los países con mayor riqueza hídrica en el mundo contando una oferta superfi cial de más de 2.265 Km3, distribuida heterogéneamente en cinco grandes macrocuencas hidrográfi cas: Magdalena – Cauca, Caribe, Orinoco, Amazo-nas y Pacífi co, por lo cual se evidencian presiones de uso del agua en algunas regio-nes así: “en el área hidrográ� ca del Magdalena – Cauca, en donde se presenta el 13.2% de la oferta total nacional, se concentra el 63% de la población, mientras que en el área hidrográ� ca del Amazonas, en donde se encuentra el 38.7% de la oferta hídrica, única-mente se asienta el 4.7% de la población. De igual manera, en el área hidrográ� ca del Caribe, en donde se concentran el 11 % de las cabeceras municipales, sólo se cuenta con el 7.8% de la oferta de agua nacional” 48. En términos de aguas subterráneas se estima un volumen de 5.848 km3.

Con respecto a la demanda de agua, en el año 2008 se alcanzó un orden de magni-tud de 35.877 millones de m3, de los cuales el sector agrícola presentó un consumo de 19.386 millones de m3 (54%) seguido del sector de energía con 6.976Mm3 (19.4%). El uso doméstico es del orden de 2.606 Mm3 (7.3%). El sector agrícola también es el que mayor uso hace del agua subterránea (75%), seguido por el sector doméstico (9%) y el industrial (7%)49.

De otra parte, la calidad del agua es afectada en mayor medida en los ríos de las subzonas hidrográ� cas asociadas a las ciudades de Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali, Barranquilla, Miranda (Cauca), Palmira, Bucaramanga, El Cerrito (Valle), Manizales, Ita-güí, Cúcuta, Villavicencio, Bello e Ibagué, en los cuales se concentra el 73% de la carga de contaminantes. La carga total de DBO (demanda bioquímica de oxígeno) generada por los vertimientos de los sectores doméstico, industrial y cafetero a los sistemas hídricos en el año 2008 se estimó en 1.059.734 toneladas al año, de las cuales se removió el 31% a través de tratamiento de aguas residuales. Esto signi� ca que la carga orgánica biode-gradable vertida a los sistemas hídricos en Colombia (por las actividades consideradas en el ENA 2010) durante el año 2008 alcanzó 729.300 toneladas, que equivalen a 2.026 toneladas por día. El sector doméstico aportó 65% de la carga contaminante total de DBO; la industria el 29%; y el sector cafetero, el 6%50 .

48 Encuesta Nacional Agropecuaria 2010, página 88.49 Ídem.50 Ídem.

PRotección De la caliDaD Y el SuminiStRo De loS RecuRSoS De agua Dulce: aPlicación De cRiteRioS integRaDoS PaRa el aPRoVecHamiento, oRDenación Y uSo De loS RecuRSoS De agua Dulce

87

oRDenación Y aPRoVecHamiento integRaDoS De loS RecuRSoS HÍDRicoS

Bajo el enfoque de la gestión integral del recurso hí-drico, Colombia ha considerado la cuenca hidrográfi -ca como la unidad de planifi cación del recurso hídrico, tomando ésta como un sistema integrado y dinámico en el cual se deben identifi car las interacciones entre los sistemas sociales, políticos, económicos, eco-sisté-micos y culturales.

En marzo de 2010 se expidió la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH), cuyo objetivo general es garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, a través de una gestión integral y un uso efi ciente y efi caz, la adecuada articulación con el ordenamiento ambiental territorial y el uso del territo-rio, la conservación de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica, la consideración del agua como factor de desarrollo económico y de bienestar social y la im-plementación de procesos de participación equitativa e incluyente, que consoliden la gobernanza del agua.

Dicha Política tiene un horizonte a 12 años y establece los principios, estrategias, metas, indicadores y líneas de acción estratégicas para el manejo integral del re-curso hídrico en el país. Los siguientes son sus objeti-vos específi cos: 1) OFERTA: Conservar los ecosistemas y los procesos hidrológicos de los que depende la oferta de agua para el país; 2) DEMANDA: Caracterizar, cuantifi car y optimizar la demanda de agua en el país; 3) CALIDAD: Mejorar la calidad y minimizar la conta-minación, del recurso hídrico; 4) RIESGO: Desarrollar la gestión integral de los riesgos asociados a la oferta y disponibilidad del agua; 5) FORTALECIMIENTO INSTI-TUCIONAL: Generar las condiciones para el fortaleci-miento institucional en la gestión integral del recurso hídrico; 6) GOBERNABILIDAD: Consolidar y fortalecer la gobernabilidad para la gestión integral del recurso hídrico a través de la participación, la cultura del agua y el manejo de confl ictos, con el fi n de alcanzar una cultura de respeto y responsabilidad social para con el agua.

Se han declarado como principios de la gestión inte-gral del recurso hídrico los siguientes: el agua es un bien de uso público; la gestión es una responsabilidad de todos; es prioritario el consumo humano; el agua es un recurso estratégico para el desarrollo del país; debe existir una integralidad de la gestión y diversi-dad regional; se debe abogar por el ahorro y el uso efi ciente del agua y; la participación, la equidad, la in-formación y la investigación son claves en dicha ges-tión integral.

eValuación De loS RecuRSoS HÍDRicoS

Con respecto a la evaluación de recursos hídricos, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Am-bientales -IDEAM ha elaborado los Estudios Nacionales del Agua, documentos que contienen el diagnóstico y estado del agua en Colombia, estableciendo la oferta hídrica nacional con el componente de aguas subte-rráneas, y la identifi cación de la demanda del recurso intersectorialmente. Así mismo, se ha incorporado un análisis de vulnerabilidad del recurso agua ante los efectos de la variabilidad climática (Niño – Niña) y se han generado indicadores que permiten identifi car, entre otros, la relación oferta - demanda, así como el índice de calidad del agua en Colombia.

En este sentido, el país cuenta con el Programa Nacio-nal de Monitoreo del Recurso Hídrico, como herramien-ta de evaluación y seguimiento al estado del recurso hídrico a nivel nacional y regional, a través del diseño de metodologías y protocolos estandarizados.

Así mismo, se viene formulando en conjunto con el IDEAM, el Programa Nacional de Aguas Subterráneas, el cual constituye el instrumento rector de la gestión sostenible de este recurso en el país, fortaleciendo la capacidad institucional, la implementación de medi-das de protección, la prevención de la contaminación y el aprovechamiento sostenible del mismo.

De otra parte y en función de conocer la demanda real de usuarios y usos actuales, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible inició la campaña de legaliza-ción de usuarios del recurso hídrico a través de la cual se estimará cuál es la demanda real y permitirá hacer una mejor gestión del recurso hídrico en concordan-cia con el conocimiento de la oferta hídrica que se ob-tenga a través de las redes de monitoreo.

Teniendo en cuenta lo anterior, y con el propósito de organizar la información de oferta, demanda, calidad, riesgo y gestión del recurso hídrico - superfi cial, sub-terráneo y marino, Colombia diseñó el Sistema de In-formación del Recurso Hídrico.

PRotección De loS RecuRSoS HÍDRicoS, la cali-DaD Del agua Y loS ecoSiStemaS acuÁticoS

Con el fi n de ordenar el recurso hídrico y controlar los vertimientos al recurso hídrico, al suelo y a los alcanta-rillados, se ha avanzado en la formulación de normas y decretos que establecen las disposiciones relaciona-das con los usos, estableciendo los aspectos funda-

88 agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

mentales para el control tales como permisos, planes de cumplimiento, saneamiento, manejo de vertimien-tos y reconversión industrial. En igual sentido, se dio la facultad al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para revisar y ajustar los parámetros y los límites máximos permisibles de los vertimientos a las aguas superfi ciales, a las aguas marinas, a los sistemas de alcantarillado público y al suelo asociado a acuífe-ros, y para la defi nición de los usos y criterios de cali-dad para los diferentes usos del recurso hídrico.

Así mismo, se cuenta con otros decretos que regla-mentan el uso y el aprovechamiento del recurso hídri-co así como los vertimientos a fuentes hídricas.

Con respecto a la calidad del agua, se ha fortalecido la red de vigilancia de calidad de aguas marinas y coste-ras en coordinación con el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras -INVEMAR y las 12 Corporaciones Autónomas Regionales costeras, promoviendo la arti-culación de las redes de monitoreo de las aguas con-tinentales y aguas marinas y unifi cando los sistemas de evaluación y seguimiento del estado del recurso hídrico. el agua PaRa la PRoDucción SoStenible De ali-mentoS Y el DeSaRRollo RuRal SoStenibleS

Colombia ha adelantado un proceso de gestión inter-sectorial para promover el uso efi ciente y ahorro del agua como una acción estratégica para involucrar a los principales usuarios y sectores productivos en el cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico en la opti-mización de la demanda.

El proceso busca elaborar y suscribir el pacto nacional intersectorial para el ahorro y uso efi ciente del recurso hídrico mediante la fi jación de metas de disminución de pérdidas de agua en los sistemas, así como a partir del incremento de los factores de efi ciencia en el uso del recurso.

Actualmente se ha incluido este tema dentro de los planes de acción de gestión integral del recurso hí-drico de las agendas ambientales con Federriego y Andesco, así como en las agendas ambientales inter-ministeriales con el Ministerio de Agricultura, el Minis-terio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio de Minas y Energía.

RePeRcuSioneS Del cambio climÁtico en loS Re-cuRSoS HÍDRicoS

Colombia se ha comprometido a abordar de mane-ra integral las implicaciones del cambio climático. En este contexto, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM ha venido elaboran-do las Comunicaciones Nacionales (SCN) de Colombia ante la Convención Marco de las Naciones Unidas so-bre Cambio Climático (CMNUCC), como insumo para la defi nición de las políticas Nacionales en materia de Cambio Climático.

Dadas las características ambientales y socioeconó-micas de Colombia, como una de las medidas de ges-tión de riesgos asociados al recurso hídrico frente a la variabilidad climática y el cambio climático y en el marco de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH), se plantea la necesidad de ordenar y manejar el agua a través de las cuencas hidrográfi cas del país en varios niveles incluyendo el componente de gestión del riesgo y la identifi cación de amenazas y vulnerabilidad de elementos expues-tos.

Un primer nivel se refi ere a las cinco macrocuencas del país (Magdalena – Cauca, Caribe, Orinoco, Pacífi co y Amazonas) a través de lineamientos estratégicos de desarrollo sostenible para cada una de ellas; un se-gundo nivel, hace referencia a la ordenación y mane-jo por cuencas hidrográfi cas a través de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS) y un úl-timo nivel se refi ere a la ordenación de microcuencas y acuíferos a través de Planes de Manejo Ambiental.

Se ha avanzado en la defi nición de criterios técnicos para la delimitación de rondas hídricas para la protec-ción de los cuerpos de agua y para la prevención de emergencias asociadas a excesos y défi cit de agua.

De la misma manera, se espera defi nir las medidas de administración y manejo a implementar por parte de las Autoridades Ambientales competentes en los humedales del país que cumplen la función de regu-lación y amortiguación de crecientes afectadas por el Fenómeno de La Niña.

RetoS

Con respecto a la oferta del recurso hídrico, se espera contribuir a la disponibilidad del agua en términos de calidad y cantidad como recurso estratégico para la vida y para el desarrollo económico del país, a través

89

de la planifi cación y el manejo adecuado de las cuen-cas hidrográfi cas bajo esquemas de inclusión y partici-pación de los actores en los niveles nacional, regional y local.

A 2022 se espera conocer la oferta del 100% de las cuencas hidrográfi cas y de los acuíferos priorizados en el Plan Hídrico Nacional y conocer la relación del re-curso hídrico con las dinámicas y funciones del 100% de los ecosistemas clave para regulación de la oferta hídrica.

Así mismo, se espera conservar como mínimo el 80% del área de los ecosistemas clave para la regulación de la oferta hídrica que han sido priorizados en el Plan Hídrico Nacional.

En cuanto a la demanda, las políticas sectoriales de-berán considerar en sus respectivos instrumentos de planeación, las acciones que aseguren la gestión in-tegral del recurso hídrico, tales como el conocimiento de la demanda del recurso para el desarrollo de sus procesos productivos, la medición de sus consumos, la reducción de su contaminación, la implementación de los programas de uso efi ciente y ahorro del agua y la contribución a la conservación de las cuencas hidro-gráfi cas como unidad de gestión de la política hídrica.

Así mismo, desarrollar un programa nacional para la legalización y registro de los usuarios del recurso hí-drico contribuirá en la reducción signifi cativa del uso ilegal que se hace del recurso hídrico, contribuir a la asignación efi ciente del recurso y reducir los confl ic-tos por su uso.

Para mejorar la calidad y minimizar la contamina-ción del recurso hídrico se espera ordenar, reglamen-tar y contar con el registro de usuarios de las cuencas hidrográfi cas. Así mismo, fi jar objetivos de calidad en al menos 70% de los cuerpos de agua priorizados. Uno de los objetivos establecido en la Política Nacio-nal para la Gestión Integral del Recurso Hídrico hace referencia a la incorporación de la gestión de riesgos asociados al agua. En los últimos años, los fenómenos de El Niño y La Niña han impactado de manera im-portante el país. La gestión integral del recurso hídrico en un país como Colombia y particularmente en esas regiones donde se concentra la mayoría de la pobla-ción, la mayor parte de las actividades económicas y unas condiciones biofísicas frágiles, es urgente. De esta gestión dependerá la competitividad y viabilidad como país.

En este sentido, se espera generar y divulgar infor-mación y conocimiento sobre riesgos que afectan la oferta y disponibilidad hídrica, desarrollar medidas de reducción y adaptación de riesgos asociados a la oferta y disponibilidad hídrica en los ecosistemas cla-ve para su regulación, y en al menos los sectores de hidroenergía, agricultura, navegación fl uvial y agua potable.

Finalmente el país ha iniciado un proceso de enten-dimiento y construcción de la gobernanza del agua como un proceso de planifi cación de las intervencio-nes en la cuenca y sobre el agua, con visión a largo plazo, considerando siempre la participación de los sectores públicos y privados y de la sociedad civil in-volucrados en la gestión del agua y de los demás re-cursos naturales, para que de manera conjunta inte-ractúen y decidan la visión de la misma, que oriente las prioridades, y de ahí se deriven las acciones que deberán implementarse y darle seguimiento para al-canzar dicha visión.

Se cree indispensable la articulación de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico con las demás políticas ambientales, garantizando la inclusión de sus mandatos y desarrollando los instru-mentos requeridos para su ejecución, a través de un proceso de revisión y actualización de la normativa que regula la materia y expidiendo los instrumentos y herramientas técnicas que orienten y unifi quen la gestión de las autoridades ambientales regionales en materia de planifi cación y administración del recurso hídrico.

De la misma manera, fortalecer y capacitar a los acto-res en el conocimiento y aplicación de instrumentos económicos y fi nancieros bajo el enfoque de la solida-ridad, de tal forma que se puedan concretar acciones de preservación y recuperación de las cuencas hidro-gráfi cas y así alcanzar esquemas de sostenibilidad fi -nanciera para la gestión integral del recurso hídrico en los ámbitos nacional, regional y local.

A través del Programa de Cultura del Agua, se espera implementar acciones de transformación individual y colectiva de valores, creencias, percepciones, conoci-mientos, tradiciones, aptitudes, actitudes y conductas en relación con el uso del agua en la vida cotidiana. También se espera fomentar la participación de todos los actores y sectores para una gestión compartida del agua, sensibilizando sobre su corresponsabilidad en el efecto de sus decisiones en la intervención de las cuencas y sobre el agua en particular.

PRotección De la caliDaD Y el SuminiStRo De loS RecuRSoS De agua Dulce: aPlicación De cRiteRioS integRaDoS PaRa el aPRoVecHamiento, oRDenación Y uSo De loS RecuRSoS De agua Dulce

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

GESTIÓN ECOLÓGICAMENTE RACIONAL DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS TÓXICOS, INCLUIDA LA PREVENCIÓN DEL TRÁFICO INTERNACIONAL ILÍCI-TO DE PRODUCTOS TÓXICOS Y PELIGROSOS

CAPÍTULO 19

ViSión

El país se orienta a la gestión sostenible de los productos químicos en el ciclo inte-gral de actividades que comprende su uso, de modo que sea seguro para la salud humana, la calidad de los recursos naturales y la protección de la biodiversidad y las funciones ecosistémicas.

Con el fi n de prevenir el deterioro ambiental y los posibles efectos adversos sobre la salud humana, del manejo inadecuado de las sustancias químicas, implementará programas y estrategias intersectoriales de evaluación de los riesgos de los produc-tos químicos, el intercambio de información, el establecimiento de programas de re-ducción de riesgos y el fomento de la capacidad nacional para el control y la gestión de sustancias químicas de manera sostenible.

aVanceS

La carta de navegación provista por la Agenda 21 y los Acuerdos de Río de Janeiro, han contribuido en el país a orientar y a articular la gestión ambiental en materia de productos químicos. A continuación se relacionan progresos y acciones adelantadas en las áreas programáticas consideradas en la Agenda 21.

geStión ecológicamente Racional De loS PRoDuctoS QuÍmicoS tóXicoS, incluiDa la PReVención Del tRÁFico inteRnacional ilÍcito De PRoDuctoS tóXicoS Y PeligRoSoS 91

eXPanSión Y aceleRación De la eValuación in-teRnacional De loS RieSgoS De loS PRoDuctoS QuÍmicoS

• De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales para la producción o importación de plaguicidas, sustancias, materia-les o productos sujetos a controles por virtud de tratados, convenios y protocolos internacionales, se desarrollaron términos de referencia y criterios para la evaluación de estudios de impacto am-biental requeridos para la toma de decisiones so-bre las licencias relativas a plaguicidas.

• De acuerdo con los desarrollos legislativos sobre licencias ambientales, promulgación de la Norma Andina para el Registro y Control de Plaguicidas de Uso Agrícola51 y su ratifi cación, actualmente la evaluación en materia de plaguicidas comprende un concepto relativo al impacto ambiental que involucra un análisis general de riesgos. Este con-cepto se está aplicando también para la importa-ción de sustancias agotadoras de la capa de ozo-no cuando son importadas en el país junto con la aplicación del Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamen-tado Previo (PIC) aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto del comer-cio internacional, ratifi cado por Colombia.

• Como es sabido, la evaluación de los riesgos exi-ge muchos recursos técnicos y fi nancieros. En este sentido es importante mencionar que, con con-tadas excepciones, el país no dispone de datos propios para dicha evaluación. En consecuencia, se utilizan por lo general los datos disponibles en fuentes y bases de datos de las organizaciones internacionales reconocidas que se ocupan de la evaluación y gestión de los productos químicos, como las recomendadas en esta área de trabajo en la Agenda 21 (p. ej.: Programa Internacional de Protección frente a los Productos Químicos -PIPPQ, el PNUMA, la Organización Mundial de la Salud -OMS, la Organización Internacional del Tra-bajo -OIT, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE y la Comunidad Eco-nómica Europea -CEE); las Agencias de Protección Ambiental de Estados Unidos y Canadá y aquellas suministrados por la propia industria. El país ha ido avanzando (especialmente desde la academia) en la formación de recurso humano en toxicología y epidemiología; pero hace falta avanzar mucho

más en afi anzar la capacidad nacional en evalua-ción de riesgos y en programas de formación en toxicidad ecológica con el fi n de evaluar los ries-gos de los productos químicos para el ambiente.

• En correspondencia con la importancia del sector agropecuario en la economía nacional, la regla-mentación y por ende la evaluación toxicológica y ambiental sobre productos químicos en Colom-bia se ha centrado en plaguicidas; no obstante, gracias a los Acuerdos internacionales relativos a productos químicos, cada vez es más imperativa la necesidad de implementar acciones en relación con los productos de uso industrial y productos de consumo público.

• Se destacan los siguientes Acuerdos multilatera-les en los que el país participa:

o Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono aprobado según Ley 30 de 1990 y el Protocolo de Montreal sobre Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, ratifi cado mediante la Ley 29 de 1992;

o Convenio de Basilea sobre el Control de Movi-mientos Transfronterizos de Desechos Peligro-sos y su Eliminación, aprobado mediante la Ley 253 de 1996;

o Convenio de Róterdam sobre el Procedimiento Fundamentado Previo para Ciertos Productos Químicos Peligrosos y Plaguicidas en el Comer-cio Internacional, según Ley 1159 de 2007;

o Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP); ratifi cado según la Ley 1196 de 2008;

o Enfoque Estratégico para la Gestión Internacio-nal de Productos Químicos (SAICM); iniciativa internacional de carácter intersectorial, no vin-culante jurídicamente, que promueve la imple-mentación de una Estrategia Política y un Plan de Acción Mundial, con miras a alcanzar la meta propuesta en la Cumbre Mundial sobre Desa-rrollo Sostenible en Johannesburgo (2002) de “lograr que para 2020 los productos químicos se utilicen y produzcan de manera que se reduz-can al mínimo sus efectos adversos para la salud humana y el medio ambiente.

o Negociaciones para la elaboración de un instru-mento internacional jurídicamente vinculante a nivel sobre el mercurio.

51 Norma Andina para el Registro y Control de Plaguicidas de Uso Agrícola, adoptada por los países de la Comunidad Andina mediante Decisión 436 de 1998.

92 agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

RetoS

I. Desarrollo y fortalecimiento de programas de pos-grado a nivel nacional, que contribuyan a la for-mación de especialistas en evaluación y gestión de riesgos ocasionados por productos químicos, que comprendan además de los peligros inheren-tes a las propiedades de las sustancias, la evalua-ción de la exposición en las condiciones (ambien-tales y sociales) en que se utilizan en el país.

II. Capacitación y fortalecimiento de las entidades públicas y sectores privados que tienen bajo su responsabilidad la identifi cación, prevención y control de riesgos químicos

III. Desarrollo de regulación y estándares de calidad ambiental

aRmoniZación De la claSiFicación Y el etiQueta-Do De PRoDuctoS QuÍmicoS

• El sector privado ha adelantado actividades de sensibilización sobre el Sistema Globalmente Ar-monizado para la Clasifi cación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA), cuya primera versión fue aprobada en diciembre de 2002 por el Co-mité de Expertos de la ONU. Para el mismo fi n el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosteni-ble han realizado convocatorias a las entidades directamente relacionadas con el etiquetado de sustancias químicas, como el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Transporte, ICA, Dirección Nacional de Estupefacientes, DIAN y del sector privado, ANDI y CISPROQUIM.

• En el marco del proyecto “Fortalecimiento de la Gobernabilidad Nacional para la Implementación del Enfoque Estratégico para la Gestión Internacio-nal de Químicos (SAICM)” fi nanciado por el Fondo fi duciario del Programa de Inicio Rápido (QSP) del SAICM y en ejecución bajo la coordinación del Mi-nisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el año 2011 se realizó el Primer Taller Nacional de Capacitación sobre el SGA, que contó con más de 100 participantes (60 entidades del gobierno, del sector privado, de la industria y de la academia).

• Actualmente se adelantan gestiones para iniciar la ejecución del proyecto “Supporting SAICM and GHS Implementation in Colombia”, cuya fi nancia-

ción fue aprobada igualmente por el Fondo fi du-ciario del QSP/ SAICM y con el apoyo del Institu-to de las Naciones Unidas para la Formación y a Investigación -UNITAR. Con este proyecto, que se realizará entre el 2012 y 2013, se pretende promo-ver la creación de la capacidad institucional para la implementación del SGA en cuatro sectores prioritarios: agricultura, transporte, consumo y trabajo.

RetoS

I. Lograr una amplia participación y compromiso de los sectores privados, autoridades competentes, academia y usuarios de los productos químicos en la implementación del SGA.

II. Promover acciones de comunicación de los ries-gos que causan los productos químicos y el ejer-cicio del derecho a la información para el manejo responsable de los mismos, particularmente en los ambientes laborales de las MYPIMES y activi-dades informales, aprovechando las Hojas de Se-guridad (Material Safety Data Sheet) que contem-pla el SGA.

III. Concientizar a los usuarios y personas en general que manipulan productos químicos, sobre la ne-cesidad y responsabilidad que tienen de informar-se y prevenir los riesgos para la salud y el ambien-te que se derivan del manejo de dichos productos y de los benefi cios de la información que brindan las hojas de seguridad, contempladas en el SGA.

InteRcambio De inFoRmación SobRe loS PRoDuc-toS QuÍmicoS tóXicoS Y SobRe el RieSgo Que en-tRañan loS PRoDuctoS QuÍmicoS

• Colombia está aplicando el Convenio de Rotter-dam desde marzo de 2009, fecha en que entró en vigor para el país, el cual comprende el procedi-miento del consentimiento fundamentado previo e intercambio de información sobre productos su-jetos a medidas de prohibición o restricciones por razones de salud o ambiente.

El Ministerio de Salud (anteriormente Ministerio de la Protección Social) el Instituto Colombiano Agrope-cuario -ICA son las Autoridades Nacionales Designa-das para la implementación del Convenio.

RetoS

Acceder a programas de cooperación y asistencia

93

técnica internacional para mejorar la capacitación so-bre interpretación de los datos técnicos, evaluación y gestión de riesgos y la creación de bases de datos o sistemas de información sobre producción, importa-ción y exportación de productos químicos de interés ambiental y sanitario, y que se utilizan en altos volú-menes en el país.

oRganiZación De PRogRamaS De ReDucción Del RieSgo

• Con el fi n de reducir los riesgos que presentan los productos químicos, Colombia ha avanzado en promover diferentes políticas y regulaciones con un enfoque amplio, adoptando el principio de precaución y considerando el ciclo integral de vida de los productos.

• Expedición de los Lineamientos de Política Am-biental para el Uso y Manejo de Plaguicidas (1998), mediante los cuales se promueven prácticas am-bientalmente sanas y seguras y la racionalización y optimización del uso de los plaguicidas.

• Formulación de la Política Ambiental para la Ges-tión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos en 2005, a través de la cual se ha promovido la gestión adecuada de los productos químicos ya que incorpora tanto la gestión de los desechos bajo la perspectiva de ciclo de vida del producto, como la responsabilidad extendida del productor.

• Formulación de la Política de Producción y Consu-mo Sostenible en 2011, a través de la cual se pro-mueven acciones que contribuyen a un cambio de actitud o de modifi cación de los patrones de consumo, en todos los niveles de la sociedad.

• Elaboración del Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo (PNA), en el marco del cual se diseñó una estrategia de sensibilización, información y educación a la población sobre los riesgos de los contaminantes orgánicos persisten-tes (COP) para la salud y el ambiente y entre otras actividades, se realizaron talleres de capacitación a las poblaciones potencialmente expuestas a los COP; un taller nacional sobre evaluación y gestión de riesgos asociados a los COP; la elaboración de un manual de evaluación y gestión de riesgos de los COP; un taller de capacitación técnica en la identifi cación, evaluación y manejo de sitios con-taminados con COP y en la valoración del riesgo y, la elaboración de la Guía Técnica de Identifi cación, Evaluación y Manejo de Sitios Contaminados con COP en el país.

• Desarrollo de más de 60 proyectos de reconver-sión industrial en empresas consumidoras de sustancias agotadoras de la capa de ozono en los cuales se han invertido cerca de 20 millones de dólares provenientes del Fondo Multilateral para la Implementación del Protocolo de Montreal.

• Promulgación de reglamentación sobre prohibi-ción de importación y uso de diferentes produc-tos químicos de alta peligrosidad a nivel nacional (p. ej.: endosulfán, plaguicidas COP, bromuro de metilo, entre otros).

• Establecimiento del Centro de Información de Se-guridad sobre Productos Químicos -CISPROQUIM, iniciativa del sector privado para brindar informa-ción y asesoramiento para atender y mitigar las consecuencias generadas por emergencias que involucran sustancias químicas, orienta sobre las medidas a adoptar para evitar o para manejar esos eventos y realiza los contactos necesarios para la atención de la emergencia, considerando aspec-tos de seguridad, salud y protección ambiental.

• Para la atención de emergencias relacionadas con intoxicaciones, también se creó el Centro de In-formación, Gestión e Investigación de Toxicología (CIGITOX), con el apoyo del actual Ministerio de Salud, el Departamento de Toxicología de la Fa-cultad de Medicina de la Universidad Nacional y CISPROQUIM.

• Desarrollo de estudios y proyectos de producción más limpia en las actividades de minería aurífera artesanal y de pequeña escala, encaminados a la reducción del uso del mercurio y liberaciones al ambiente.

• Desarrollo de un programa de capacitación e im-plementación de buenas prácticas agrícolas (BPA) con el fi n de optimizar el uso de plaguicidas en di-ferentes cultivos del país.

• Desarrollo del programa de manejo integrado de plagas y de sensibilización y capacitación partici-pativa en uso efi ciente de plaguicidas a nivel ve-redal.

RetoS

I) Desarrollo e implementación de una estrategia na-cional de comunicación sobre riesgos químicos.

II) Capacitación a todos los sectores sobre identifi ca-ción, prevención y gestión de los riesgos químicos.

geStión ecológicamente Racional De loS PRoDuctoS QuÍmicoS tóXicoS, incluiDa la PReVención Del tRÁFico inteRnacional ilÍcito De PRoDuctoS tóXicoS Y PeligRoSoS

94 agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

Fomento De la caPaciDaD Y loS meDioS naciona-leS PaRa la geStión De loS PRoDuctoS QuÍmicoS

En relación con el fortalecimiento de la capacidad na-cional para la gestión de productos químicos, el Con-sejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) ha aprobado los siguientes documentos de política:

• Lineamientos para la formulación de la política de prevención y control de la contaminación del aire (CONPES 3344 de 2005)

• Lineamientos para una política nacional de la ca-lidad (CONPES 3446 de 2006). El sistema nacional de calidad comprende entre otros los temas de expedición de reglamentos técnicos y acredita-ción de laboratorios.

• Lineamientos para la formulación de la política integral de salud ambiental con énfasis en los componentes de calidad de aire, calidad de agua y seguridad química (CONPES 3550 de 2008). En desarrollo de estos lineamientos se creó la Comi-sión Técnica Nacional Intersectorial para la Salud Ambiental, mediante el Decreto 2972 del 6 de agosto de 2010.

Con base en las iniciativas y acciones realizadas, el Mi-nisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible está ade-lantando las siguientes actividades:

• Conformación de la Mesa Nacional de Seguridad Química, en la cual participan el Gobierno, la in-dustria y la sociedad civil.

• Actualización del Perfi l Nacional de Sustancias Químicas y formulación del Plan de Acción Nacio-nal para la Aplicación del SAICM en el país.

• Formulación de un reglamento para establecer una Comisión Intersectorial para el Manejo Inte-grado de las sustancias químicas en el país, como mecanismo de coordinación institucional.

• Formulación de una Política de Seguridad Quími-ca bajo el enfoque de ciclo de vida del producto y de la gestión del riesgo.

• Establecimiento de un nodo de información sobre sustancias químicas y residuos peligrosos.

• Elaboración del primer inventario nacional de mercurio.

RetoS

I. Posicionar los temas de seguridad química en el Plan Nacional de Desarrollo.

II. Desarrollo y fortalecimiento de programas de pos-grado a nivel nacional, que contribuyan a la for-mación de especialistas altamente califi cados en evaluación y gestión del riesgo, incluida la evalua-ción de la exposición en las condiciones de uso de los productos químicos en Colombia.

III. Fortalecimiento de la capacidad de los sectores público y privado para la prevención y gestión de riesgos químicos.

IV Diseñar e implementar el registro de emisiones y transferencia de contaminantes.

V Creación de capacidad para la realización de pro-gramas nacionales de vigilancia sanitaria y am-biental.

VI Desarrollo de regulación y estándares de calidad ambiental.

PReVención Del tRÁFico ilÍcito inteRnacional De PRoDuctoS tóXicoS Y PeligRoSoS

Con fundamento en los compromisos adquiridos por el país a través de los Convenios de Basilea relativo a los desechos peligrosos, Rotterdam sobre la aplica-ción del procedimiento de consentimiento previo al comercio internacional de productos químicos prohi-bidos o severamente restringidos y, Convenio de Es-tocolmo sobre productos orgánicos persistentes, con la participación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Ministerio de Ambiente y Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales se han adelantado actividades de sensibilización sobre la necesidad de controlar el trafi co ilícito y el comercio de productos químicos y desechos peligrosos y la implementación de la directiva de aduanas verdes contemplada por la Organización Mundial de Aduanas.

RetoS

Un sistema de Aduanas fortalecido, con la capacidad técnica, administrativa e instrumentos legales nece-sarios para el control efectivo del tráfi co y comercio internacional ilícito de productos químicos, operando en las diferentes zonas de frontera y medios de trans-porte.

GESTIÓN ECOLÓGICAMENTE RACIONAL DE LOS DESECHOS PELIGROSOS, INCLUIDA LA PREVEN-CIÓN DEL TRÁFICO INTERNACIONAL ILÍCITO DE LOS MISMOS

CAPÍTULO 20

ViSión

El país avanzará hacia la gestión ambiental de los desechos peligrosos al 2018, a través de la implementación de los objetivos y estrategias de la Política Ambien-tal para la Gestión Integral de Desechos Peligrosos formulada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y cuyas acciones se enmarcan en los lineamientos de los acuerdos internacionales sobre el tema como el Convenio de Basilea sobre el Control del Movimiento Transfronterizo de Desechos Peligrosos y su Eliminación.

aVanceS

Colombia tiene grandes avances en los últimos años en la gestión de los residuos peligrosos. En 2005, el Ministerio de Ambiente expidió la Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos, en la cual se defi nen y estable-cen las bases para prevenir la generación de los residuos o desechos peligrosos y se promueve el manejo ambientalmente adecuado de los que se generen, con el fi n de minimizar los riesgos sobre la salud humana y el ambiente, contribuyendo así al desarrollo sostenible.

Los principios que rigen la política colombiana de residuos peligrosos son: la gestión integral (privilegia la prevención de la generación y la minimización de los dese-chos); el ciclo de vida del producto; la internalización de los costos ambientales; la precaución; la producción y consumo sostenible; la participación pública y; la plani-fi cación y comunicación del riesgo, entre otros.

96 agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

Los principales objetivos de la política de residuos pe-ligrosos (Respel) son:

• Prevenir y minimizar la generación de Respel.

• Promover la gestión y el manejo de los Respel ge-nerados.

• Implementar los compromisos de los convenios internacionales ratifi cados por el país, tales como el Convenio de Basilea, el Convenio de Estocolmo, el Convenio de Viena y el SAICM, entre otros.

PRomoción De la PReVención Y la ReDucción al mÍnimo De loS DeSecHoS PeligRoSoS

El objetivo principal de la política mencionada ante-riormente, es prevenir y minimizar la generación de residuos peligrosos; para ello se promueve la imple-mentación de estrategias de producción más limpia en sectores prioritarios. Se propende porque todos los sectores productivos desarrollen acciones condu-centes a la reducción de la cantidad y peligrosidad de los desechos peligrosos. Este objetivo se desarrolla en el país a través de las estrategias de la Política de Pro-ducción y Consumo Sostenible. Así mismo, las estrate-gias que desarrolla el Centro Nacional de Producción más Limpia y Tecnologías Ambientales de Colombia en las áreas de Chemical Leasing y de Química Verde contribuyen al logro de este objetivo a nivel nacional.

Un aporte signifi cativo reciente, liderado por Colom-bia, fue posicionar como tema central de la Décima Conferencia de las Partes del Convenio de Basilea ce-lebrada en 2011, el de la “prevención, minimización y recuperación de los desechos peligrosos y otros dese-chos”, cuyo resultado se materializó en la Declaración de Cartagena sobre el mismo tema y que tuvo como objetivo hacer hincapié en retomar el trabajo de re-ducción en la fuente.

A través de la Declaración de Cartagena, los 176 paí-ses Parte del Convenio se comprometieron a hacer la transición hacia un nuevo paradigma orientado hacia la prevención de la generación de los desechos y ha-cia su valorización, de manera ambiental y socialmen-te racional. El reto fundamental se centra en lograr un equilibrio entre la valorización de los desechos a través del reciclaje y la adopción de medidas de pre-vención y minimización parar reducir los patrones de producción y consumo insostenibles.

PRomoción Y FoRtalecimiento De la caPaciDaD inStitucional en mateRia De geStión De DeSecHoS PeligRoSoS

Colombia ha desarrollado e implementado de manera participativa, diferentes herramientas e instrumentos de tipo técnico, jurídico, económico y de gestión; que le permiten avanzar más rápidamente en el aborda-je de la gestión integral de los residuos peligrosos y lograr un control más efi caz y efectivo para prevenir y controlar el deterioro ambiental que puede causar una mala gestión de estos residuos. En la última dé-cada se resaltan los siguientes avances y resultados a nivel nacional, con el concurso de todos los actores involucrados.

• Desarrollos reglamentarios en fi rme, orientados a establecer medidas jurídicas sobre varios aspectos de la gestión y manejo de los residuos peligrosos con el fi n de prevenir y controlar la degradación del medio ambiente y proteger la salud humana.

• Autoridades ambientales más fortalecidas, con planes de gestión formulados para promover la gestión integral de los residuos peligrosos al in-terior de sus jurisdicciones y con mejores herra-mientas para controlar de manera más efi ciente el manejo de los residuos peligrosos.

• Desarrollo e implementación de la plataforma nacional de información para el “Registro de Ge-neradores de Desechos Peligrosos” que le permi-te al país generar y divulgar estadísticas sobre el estado de la generación y manejo de los residuos peligrosos en los ámbitos regional y nacional de manera sistemática y homogénea.

• Fortalecimiento institucional a través del desarro-llo de manuales, guías técnicas, protocolos y estu-dios y, la realización de cursos de entrenamiento y capacitación y congresos internacionales, y el fortalecimiento de laboratorios de pruebas, para mejorar diferentes aspectos de la gestión de los residuos peligrosos.

• Creación de nuevas empresas en el país para el manejo ambientalmente adecuado de los resi-duos peligrosos (en especial para el aprovecha-miento y valorización de residuos peligrosos) lo que ha permitido desarrollo tecnológico, genera-ción de empleo y brindar soluciones para varias corrientes de residuos que antes no tenían una disposición fi nal adecuada.

geStión ecológicamente Racional De loS DeSecHoS PeligRoSoS, incluiDa la PReVención Del tRÁFico inteRnacional ilÍcito De loS miSmoS 97

• Diagnóstico de la problemática existente en el país en relación con las sustancias de alta peli-grosidad denominadas contaminantes orgánicos persistentes (COP) tales como dioxinas, furanos y bifenilos policlorados (PCB) y el establecimiento de planes de acción con el fi n de mitigar el impac-to que pueden generar dichos compuestos.

• Sector productivo concientizado y más com-prometido con el cumplimiento de la normativa ambiental sobre residuos peligrosos y con instru-mentos de gestión que les permitirán realizar una mejor planeación y gestión de sus residuos.

• Desarrollo de alianzas estratégicas y convenios entre autoridades ambientales y diferentes sec-tores productivos para trabajar conjuntamente en la solución de problemáticas concretas (p. ej.: residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pla-guicidas, medicamentos vencidos, PCB, pilas y ba-terías, bombillas, etc.).

• Establecimiento de instrumentos técnicos de ges-tión para diagnosticar y brindar alternativas de gestión y manejo adecuado de sitios contamina-dos.

• Desarrollo e implementación de estrategias públi-co-privadas dirigidas a promover la gestión am-bientalmente adecuada de residuos pos consu-mo de residuos peligrosos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), a partir de la apli-cación del principio de responsabilidad extendida del productor. En desarrollo de lo anterior, existen sistemas diferenciados para la gestión de residuos de envases de plaguicidas, medicamentos venci-dos, baterías usadas de plomo ácido, aceites usa-dos, celulares, computadores y periféricos, tóner y cartuchos de impresión, pilas portátiles, bombillas con mercurio, entre otros.

PRomoción Y FoRtalecimiento De la cooPeRa-ción inteRnacional en mateRia De geStión De moVimientoS tRanSFRonteRiZoS De DeSecHoS Pe-ligRoSoS

Para promover y fortalecer la cooperación internacio-nal en materia de gestión de los movimientos trans-fronterizos de desechos peligrosos, Colombia ratifi có mediante la Ley 253 de 1996, el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como autoridad

nacional competente para la aplicación del Convenio, aplica el procedimiento de notifi cación previsto a tra-vés de este instrumento internacional y ha armoni-zado la normativa nacional con base en los objetivos que persigue el Convenio.

En este orden de ideas, el país ratifi có el Protocolo sobre Responsabilidad e Indemnización por Daños Causados por los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación, del Convenio de Basilea y está en proceso de ratifi cación de la Enmien-da del Convenio a través de la cual se establece una prohibición de exportación de desechos peligrosos de los países del Anexo VI del Convenio (países desa-rrollados) a los países no desarrollados (No incluidos en el Anexo VII). Igualmente, el Estado colombiano ejerce su derecho soberano a prohibir la importación de todo tipo de desechos peligrosos al país mediante la Ley 1252 de 2008.

La realización en Colombia de la Décima Conferencia de las Partes del Convenio de Basilea que se celebró en Cartagena de Indias del 17 al 21 de octubre de 2011, se destaca como una clara manifestación del compro-miso del país con la promoción y fortalecimiento de la cooperación en el marco de los movimientos trans-fronterizos de desechos peligrosos. Cabe destacar que gracias a un cuidadoso proceso de preparación del Gobierno de Colombia con apoyo de la Secretaría del Convenio y la comunidad internacional, la reunión fue considerada como un verdadero éxito, en particu-lar gracias a las decisiones históricas adoptadas por las Partes, después de años de inacción. En este sentido y además de otros resultados concretos, cabe desta-car la adopción de la Declaración de Cartagena sobre Prevención, Minimización y Recuperación de Dese-chos Peligrosos y la adopción por consenso por parte de la Conferencia, de una Decisión sobre la interpreta-ción del artículo 17 numeral 5 del Tratado, resolviendo así una cuestión que estaba estancada desde hace mas de 15 años, la cual viabilizará la entrada en vigor de la Enmienda de Prohibición.

PReVención Del tRÁFico inteRnacional ilÍcito De DeSecHoS PeligRoSoS

El país ha expedido reglamentación orientada a impe-dir el ingreso y tráfi co ilícito de residuos peligrosos de otros países, tales como la Ley 430 del 16 de Enero de 1998 y la Ley 1252 del 27 de noviembre de 2008.

98 agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

RetoS

• Hacer de la gestión integral de residuos peligrosos un tema común a todos los colombianos y trans-versal a las diferentes actividades productivas y sectoriales del país, de manera que entendamos que todos los actores de la sociedad tenemos un compromiso y una responsabilidad frente al tema.

• Lograr que la gestión ambientalmente adecuada de los residuos peligrosos sea una prioridad en la gestión ambiental de los sectores productivos,

con el fi n de reducir el riesgo que su manejo in-adecuado puede implicar para la salud y para el ambiente.

• Contar con unas autoridades ambientales cada día más fortalecidas y coordinadas para el control y la gestión de los residuos peligrosos en las áreas de su jurisdicción.

• Contar con la capacidad técnica, administrativa y económica sufi ciente que nos permita alcanzar los objetivos que persigue la Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos.

GESTIÓN ECOLÓGICAMENTE RACIONAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS Y CUESTIONES RELACIO-NADAS CON LAS AGUAS CLOACALES

CAPÍTULO 21

DiagnóStico

La Política para la Gestión Integral de Residuos expedida en 1998 defi nió la gestión integral de residuos sólidos como elemento inherente a todas las actividades aso-ciadas con el manejo de los diversos fl ujos de residuos dentro de una sociedad y su meta es administrarlos de una forma compatible con el medio ambiente y la salud pública.

Dicha política establece los siguientes principios específi cos en el marco de la ges-tión integral de residuos sólidos (GIRS): 1) Reducción en el origen: la reducción en el origen está en el primer lugar en la jerarquía porque es la forma más efi caz de reducir la cantidad y toxicidad de residuos, el costo asociado a su manipulación y los impactos ambientales; 2) Aprovechamiento y valorización: el aprovechamiento es la primera actividad a ejecutar sobre los residuos que se generan e implica la separación y recolección de materiales residuales en el lugar de su origen; la preparación de estos materiales para la reutilización, el reprocesamiento, la trans-formación en nuevos productos, y la recuperación de productos de conversión (por ejemplo, compost) y energía en forma de calor y biogás combustible; 3) Tratamiento y transformación: la transformación de residuos implica la alteración física, química o biológica de los residuos. Para los residuos que no puedan ser aprovechados, se utilizarán sistemas de tratamiento para disminuir su peligrosidad y/o cantidad y; 4) La disposición fi nal controlada.

ViSión

En el actual Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, se establecen como estrategia para los residuos sólidos los siguientes aspectos prioritarios: promover soluciones regionales de disposición fi nal articuladas con los planes de gestión integral de resi-duos sólidos (PGIRS) y planes de ordenamiento territorial (POT); aplicación de nue-vas tecnologías, especialmente en disposición fi nal; el manejo y aprovechamiento de diferentes tipos de residuos; políticas de consumo y producción sostenible que reduzcan la generación de residuos y su impacto en el ambiente y; diseñar e imple-mentar una estrategia para manejo de escombros.

100 agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

aVanceS

Prevención de la generación de residuos: son aplica-bles las estrategias establecidas en la Política de Pro-ducción y Consumo Sostenible.

Desarrollo de instrumentos técnicos: se han publica-do guías técnicas, orientadas a promover la formula-ción de proyectos de aprovechamiento y valorización de residuos, gestión integral de residuos sólidos, cie-rre de botaderos y manejo ambiental de rellenos sani-tarios. Esta última ha dado lugar a la expedición del Decreto 838 de 2005, que incorpora criterios para la localización de proyectos de rellenos sanitarios. Así mismo, se han diseñado guías para el aprovechamien-to de residuos por cadena productiva: papel, cartón, plástico, vidrio y metales.

Como un mecanismo demostrativo sobre la operati-vidad y las bondades del aprovechamiento, entre los años 2004 y 2010, el Ministerio de Ambiente cofi nan-ció algunos proyectos piloto municipales de aprove-chamiento y valorización de residuos, en el marco del programa de apoyo al Sistema Nacional Ambiental –SINA II.

Creación de incentivos: en los artículos 424-5 y 428f del Estatuto Tributario, se establecen benefi cios de ex-clusión del impuesto al valor agregado, IVA, y deduc-ción del impuesto a la renta para equipos o elementos que se constituyan en sistemas de control ambiental. Dichos benefi cios son aplicables a sistemas de pre-vención, aprovechamiento y disposición fi nal de resi-duos sólidos y peligrosos.

Servicio público domiciliario: el servicio público de aseo en Colombia se rige por la Ley 142 de 1994, en la que se establece la libre competencia para la pres-tación de dicho servicio. Desarrollos reglamentarios destacados de esta Ley son, por una parte, el Decre-to 1713 de 2002 que articula algunos aspectos de la gestión integral de residuos sólidos con el servicio público de aseo; establece los planes de gestión inte-gral de residuos sólidos (PGIRS) (regionales o locales) como un instrumento de planifi cación del sector, en los cuales se debe considerar el aprovechamiento de los residuos y, por otra, la Resolución 351 de 2005, en la que se establece la metodología tarifaria para el ser-vicio público de aseo y se incorpora un incentivo para el aprovechamiento y valorización de residuos.

CONPES 3530 de 2008 - Lineamientos y estrategias para fortalecer el servicio público de aseo en la Ges-tión Integral de Residuos Sólidos con los siguientes avances: i) diagnóstico de los avances en la imple-mentación de los Planes Municipales de Gestión inte-gral de Residuos Sólidos (PGIRS) en todo el país –2008 y 2009; ii) metodología para actualización y ajuste de PGIRS con visión regional; iii) defi nición del esquema de aprovechamiento para ciudades de más de 1 mi-llón de habitantes; iv) estudio piloto de estructura-ción de herramientas para toma de decisiones para la regionalización de la prestación del servicio de aseo (Departamento Nacional de Planeación); v) actuali-zación del Título F del Reglamento Técnico de Agua y Saneamiento Básico (RAS) - norma técnica del sector y; vi) diagramación de los esquemas de prestación del servicio de aseo de 32 departamentos, bajo el concep-to de regionalización.

Reglamentación de residuos específi cos: expedición de la Resolución 1457 de 2010, orientada a la gestión post consumo de llantas usadas bajo el concepto de responsabilidad extendida del productor.

Mesa Nacional de Reciclaje: creada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en mayo del año 2007, es un espacio de trabajo conjunto entre los di-ferentes actores de la sociedad para la promoción y el fomento del reciclaje.

Aprovechamiento y valorización de residuos: los da-tos más recientes presentados en el Estudio Nacional de Reciclaje realizado por la Fundación AVINA contra-tada por Compromiso Empresarial para el Reciclaje -CEMPRE COLOMBIA, reportan que sobre el total de residuos generados en 22 ciudades, 5.455.209,7 ton/año, se recupera un 20% (1.880.018 toneladas/año) con la siguiente distribución: metales (49,75 %), carto-nes y papeles (35,01%), plásticos (11,15 %), vidrio (4,09 %). Del total reciclado el 55 % lo obtienen los recicla-dores de base y el 45 % las empresas privadas.

Sobre la disposición fi nal de residuos sólidos en re-llenos sanitarios: la cantidad de toneladas dispuestas por 1.098 municipios del territorio nacional genera un promedio diario de 26.537 toneladas de residuos sóli-dos, un 8% más con relación a lo generado en el año 2010, que corresponde a 24.603 Ton/día52.

52 Situación de la disposición fi nal de residuos sólidos en Colombia - Diagnóstico 2011. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

geStión ecológicamente Racional De loS DeSecHoS SóliDoS Y cueStioneS RelacionaDaS con laS aguaS cloacaleS 101

Aproximadamente, el 79% de los municipios dispo-nen los residuos sólidos en sitios adecuados, como re-llenos sanitarios y plantas integrales (25.091 toneladas diarias), mientras que el 21% de municipios continúa

93.8% Relleno sanitario

5% Botadero a cielo abierto

0.7% Planta integral

0.3% Enterramiento

0.07% Cuerpo de agua

0.03% Quema

93.8%

5%

0.7%

0.3%

0.07%

0.03%

Sistemas de disposición fi nal de residuos sólidos, 2011

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2010.

disponiendo en sitios de disposición inadecuados, como botaderos a cielo abierto, enterramientos, cuer-pos de agua y quemas (1.446 toneladas diarias).

Las 32 capitales del país generan el 65.3% de las toneladas diarias de residuos sólidos a nivel nacio-nal, de las cuales 26 ciudades disponen de manera adecuada (17.065 toneladas por día) y 6 de manera inadecuada (263 toneladas por día).

RetoS

Al año 2020 realizar el aprovechamiento y valorización del 40% de los residuos sólidos no peligrosos genera-dos en el país, para lo cual se requiere de un proceso de armonización normativa que permita el desarrollo del aprovechamiento de residuos en el marco de una gestión integral articulada con el servicio público de aseo lo cual incluye incentivos para la gestión integral

de residuos, especialmente para promover el aprove-chamiento. Fortalecer la planeación municipal para gestión integral de residuos, reglamentar y estandari-zar la actividad de aprovechamiento de residuos.

Establecimiento de la responsabilidad extendida del productor, como un principio que vincula al produc-tor y al importador de bienes y servicios con la gestión de los residuos generados, con lo cual se fomenta la gestión inversa, el cierre de ciclos y el ecodiseño de productos.

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

GESTIÓN INOCUA Y ECOLÓGICAMENTE RACIONAL DE LOS DESECHOS RADIOACTIVOS EN COLOMBIA

CAPÍTULO 22

DiagnóStico

Los desechos radiactivos en Colombia se originan de la ejecución de las diferen-tes prácticas que involucran el uso de materiales radiactivos. Todos los materiales radiactivos utilizados en nuestro país son importados dado que no somos un país productor.

Los desechos generados en Colombia se encuentran clasifi cados en las clases 2 a 4 y no se generan desechos clases 5 y 6. Colombia actualmente posee un inventario de desechos representado por fuentes radiactivas selladas de todas las categorías (categoría 1 a 5 de acuerdo con el Sistema de Categorización por Riesgo del Orga-nismo Internacional de Energía Atómica). El sistema de información de la autoridad reguladora nuclear colombiana -Ministerio de Minas y Energía, registra 468 fuentes radiactivas en desuso en poder de los usuarios, bajo condiciones de seguridad verifi -cadas a través de inspecciones regulatorias de control. Existen 793 fuentes radiacti-vas en desuso acondicionadas o en espera de acondicionamiento aseguradas en los almacenes centralizados para la gestión de los desechos radiactivos operados por el Servicio Geológico Colombiano -Ministerio de Minas y Energía.

En los últimos cinco años Colombia ha trabajado en la creación de una infraestruc-tura sostenible para la gestión segura de los desechos radiactivos, representada en la generación del marco reglamentario e infraestructura física para el acondicio-namiento y almacenamiento de los mismos, estos desarrollos son producto de los esfuerzos cooperativos con el Departamento de Energía de los Estados Unidos y el Organismo Internacional de Energía Atómica, asegurando su sostenibilidad me-diante la destinación de recursos del presupuesto nacional a través de proyectos de inversión.

geStión inocua Y ecológicamente Racional De loS DeSecHoS RaDioactiVoS en colombia 103

ViSión

El Gobierno de la República de Colombia establece-rá los lineamientos para la gestión de los desechos radiactivos garantizando la seguridad de los trabaja-dores, el público y el ambiente tomando en considera-ción las generaciones presentes y futuras. Promovien-do la armonización de estos con la normativa nacional y procurando la coherencia con los estándares inter-nacionales. Defi niendo responsabilidades precisas de los diferentes actores intervinientes en el proceso de gestión propendiendo por la participación de estos en la disminución del riesgo radiológico en el país, conduciendo a la realización de una gestión integral que garantice el cumplimiento de los principios recto-res consagrados a nivel mundial.

aVanceS

• Emisión de la Política para la Gestión de Desechos Radiactivos, teniendo como principios: protección de la salud humana, protección del medio am-biente, protección fuera de las fronteras, protec-ción de las generaciones presentes y futuras.

• Establecimiento de la infraestructura reguladora para la gestión de los desechos radiactivos – Re-glamento nacional para la gestión de los desechos radiactivos: Resolución Número 18 0005 de 2010, Guía para la gestión de los desechos radiactivos clase 2 en el punto de generación.

• Construcción y operación de una instalación cen-tralizada para la gestión de desechos radiactivos; con una vida útil proyectada para 80 años y un margen del 30% para almacenamiento interino cercano a la superfi cie.

imPacto

La gestión de los desechos radiactivos tiene un en-foque sistémico, en el que la combinación de las re-glamentaciones y las capacidades técnicas instaladas, aseguran la reducción del riesgo radiológico en el te-rritorio nacional. El desarrollo de todas estas activida-des ha permitido que el país cuente con un inventario de desechos radiactivos caracterizado y verifi cado a través de inspección.

RetoS

• En un periodo de 5 años gestionar en el almacén centralizado todas las fuentes radiactivas en desu-so categoría 1 y 2 en poder de los usuarios.

• Repatriar al país productor /origen todas las fuen-tes radiactivas en desuso cuya situación regulato-ria así lo permita.

• Iniciar las evaluaciones y estudios para una opción de disposición fi nal de las fuentes radiactivas en desuso.

• Mantener un principio de transparencia y actua-lización para mejorar la revisión de la normativa, con participación de los involucrados identifi ca-dos en la gestión de estos residuos.

concluSión

Colombia garantiza a la comunidad internacional que ejerce un efectivo control sobre los desechos radiacti-vos generados en su territorio a través del estableci-miento de una infraestructura sostenible diseñada de acuerdo a los estándares internacionales establecidos para tal fi n.

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

FORTALECIMIENTO DEL PAPEL DE LOS GRUPOS PRINCIPALES

Sección IIIFORTALECIMIENTO DEL PAPEL DE LOS GRUPOS PRINCIPALES

MEDIDAS MUNDIALES A FAVOR DE LA MUJER PARA LOGRAR UN DESARROLLO LIBRE Y EQUI-TATIVO

CAPÍTULO 24

PaRticiPación De laS muJeReS en la ViDa PolÍtica Y PÚblica

Frente a la participación de las mujeres en la vida política y pública Colombia cuen-ta con la Ley de Cuotas (Ley 581 de 2000), que reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público. De acuerdo con los datos del último Informe del Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP53, a nivel nacional las cifras globales de participación de la mujer en cargos directivos son: en la Rama Ejecutiva el 40%; en la Rama Legislativa el 25%; en la Rama Judicial el 26.42%; en Órganos de Control y Vigilancia el 36%; en la Registraduría Nacional del Estado Civil el 36% y en Entes Autónomos el 32%.

Igualmente, se registra un aumento progresivo de la participación femenina en el Congreso de la República, aunque la representatividad de las mujeres sigue siendo baja y por ello se trabaja en el fortalecimiento de medidas para promoverla. Re-cientemente la Corte Constitucional ha declarado exequible el proyecto de Reforma Política54 que señala la obligatoriedad de incorporar en las listas de candidatos por parte de los partidos o movimientos políticos a las elecciones, un mínimo de parti-cipación femenina del 30%, en aras de promover la equidad de género en el país.

En las elecciones realizadas para el periodo 1998-2002, la participación de las muje-res fue del 13% para el Senado de la República y 11% para la Cámara de Represen-tantes. En el período 2010-2014, esta participación fue de 16% y 12%, respectiva-mente.

Adicionalmente son de mencionar, iniciativas como el Pacto por la Inclusión Efectiva de las Mujeres en la Política, suscrito en octubre de 2005 por los partidos y mo-vimientos políticos; la creación de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República; el fortalecimiento de los Consejos Comunitarios de Mujeres, que a 2010 se contaba ya con 125 Consejos Comunitarios a nivel nacional; la realización de Laboratorios Regionales de Mujeres Indígenas, entre otros foros, ta-lleres y jornadas pedagógicas para favorecer la participación política de las mujeres.

acceSo De laS muJeReS a la eDucación

A través de la Política “Revolución Educativa” se logró una mayor oferta de educación en todos los niveles, la atención a poblaciones vulnerables, educación de calidad con referentes internacionales, aseguramiento de la calidad en educación superior, mejor infraestructura escolar, más estudiantes con acceso a computadoras e inter-net, selección y evaluación de docentes por mérito y la gestión del sector educativo fue modernizada y fortalecida.

53 Informe sobre la participación femenina en el desempeño de cargos directivos de la administra-ción pública año 2010, elaborado por el Departamento Administra-tivo de la Función Pública - Direc-ción de Empleo Público.

54 Sentencia C-490 de 2011. Me-diante el cual la Corte Constitu-cional realiza el estudio de cons-titucionalidad sobre el Proyecto de Ley Estatutaria Número 190 de 2010 Senado – 092 de 2010 Cáma-ra, “por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamien-to de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electora-les y se dictan otras disposiciones”.

106 agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

Igualmente se concretaron importantes políticas como el Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016 y el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos (PLANEDH). El resultado de éstas y otras iniciativas, se puede observar mediante indicadores como: el aumento de las tasas de cobertura en todos los niveles de educación, y por ende, la disminución el número de niños, niñas y jóvenes fuera del sistema educativo.

Respecto a la matrícula para educación básica y me-dia de niños y niñas, en el año 201055, de 10.978.743 personas matriculadas en educación básica y media, el 50% fueron niñas; cifra que se ha mantenido en los últimos 6 años. En educación superior, para el año 2002 la matrícula de mujeres fue de 514.568 y de hom-bres de 485.580; y para el 2010, de 863.473 y 810.947 respectivamente, lo que representa un aumento del 67% para hombres y 67.8% para mujeres, así la brecha entre ambos géneros pasó de 28.988 a 52.526 a favor del género femenino.

Respecto a la oferta de graduados entre los años 2002 y 2009 los datos indican que las mujeres lideran la can-tidad de títulos, del total de graduados de la educa-ción superior el 55% son mujeres y el 45% hombres. Durante el 2006 - 2010, en la Formación para el Em-pleo ofrecida por el SENA, el 54% de los benefi ciarios, fueron mujeres.

La tasa de cobertura bruta para el nivel de transición y básica, correspondiente a la población entre 5 y 14 años de edad, pasó de 96,7% en 2002, a 110,51% en 2009, lo que signifi ca que se logró reducir el núme-ro de niños y niñas fuera del sistema educativo. En relación con la educación media, correspondiente a población entre 15 y 16 años, la cobertura bruta en este nivel, pasó de 57,43% en 2002, a 75.76% en 2009, lo que representa una disminución del 29,7% en el nú-mero de niños que se encontraban fuera del sistema educativo.

En relación con la formación técnica y tecnológica, en el periodo 2002 - 2010, se observa una dinámica importante en la participación dentro del total de la matrícula: no sólo se han generado nuevos cupos, sino que también hay mayor presencia regional y con

una oferta más acorde con las necesidades locales. El número de nuevos cupos de programas técnicos y tecnológicos aumentó en 359.039, lo que representa el 95,8% en ocho años y una tasa anual del 14,5%. Si se consideran, en forma separada, las instituciones de educación superior, aumentaron sus cupos en el área técnica y tecnológica a una tasa del 4,6% anual.

En relación con la matricula por nivel de formación, los niveles técnico y tecnológico fueron los que tuvieron mayor incremento, mientras que la educación técnica y tecnológica aumentó a una tasa anual del 14,5%, la educación universitaria lo hizo al 4,2%. La participa-ción de la matrícula técnica profesional y tecnológica pasó del 19,5% al 34,2%56.

En educación superior, en cuanto a los programas con mayor matrícula de mujeres, fi guran Contaduría Pública, Administración de Empresas, Derecho, Psico-logía e Ingeniería Industrial. Estos 5 programas con-centran el 30,2% del total de la matrícula del género femenino en 2010.

Al comparar los años 2002 y 2009, se evidencia que las mujeres matriculadas en educación superior pre-dominan en las áreas de conocimiento de Economía, Administración, Contaduría y afi nes, posteriormente fi guran Ciencias Sociales y Humanas y en menor me-dida, Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afi nes. Las áreas con mayor crecimiento de matrícula del géne-ro femenino, entre 2002 y 2009 fueron Bellas Artes con un 70,7%, Agronomía, Veterinaria y afi nes con un 58,7% y Economía, Administración, Contaduría y afi -nes con un 56,7%.

Respecto a la oferta de graduados entre los años 2002 y 2009 los datos indican que las mujeres lideran la can-tidad de títulos, del total de graduados de la educa-ción superior el 55% son mujeres y el 45% hombres. Las mujeres lideran también la cantidad de títulos ob-tenidos, en las mismas áreas registradas para la ma-tricula en educación superior. La participación más signifi cativa por áreas se da en Ciencias de la Educa-ción, Ciencias de la Salud y, Economía, Administración y Contaduría en las cuales el 67%, 72% y 61% de gra-duados respectivamente, son mujeres.

}55 Para el año 2010, hay que tener en cuenta que la información presenta la matrícula ofi cial fi nal recolectada antes de descuentos de auditorías y la matrícula privada recolectada con corte al 30 de noviembre de 2010 antes de imputación de faltantes. 56 El cálculo del indicador "participación de la matrícula técnica y tecnológica" se hace sobre el total de matrícula en pregrado.

meDiDaS munDialeS a FaVoR De la muJeR PaRa logRaR un DeSaRRollo libRe Y eQuitatiVo 107

En relación con los programas de posgrado con ma-yor reporte de matrícula en la población femenina en el año 2010 son: Especialización en Pedagogía de la Recreación Ecológica, Maestría en Educación, Especia-lización en Derecho Administrativo, Especialización en Didáctica del Arte y Especialización en Pedagogía de la Lúdica para el Desarrollo. Estos 5 programas con-centran el 18,2% del total de la matrícula del género femenino en 2010.

En relación con la población analfabeta, para el año 2002 equivalía al 7,6% del total de la población de más de 15 años y, para el 2009, disminuyó al 6,7%. El analfabetismo se concentra en la población rural y de mayor edad. Para 2008, en las cabeceras, la tasa fue de 4,2% y, en las zonas rurales, de 15,0%. Igualmen-te las cifras mostraron que, mientras que la población joven, de 15 a 24 años, tenía una tasa de analfabetis-mo de 2,01% (y del 1,1% en las cabeceras), el 14% de la población de 35 años y más, así como el 18% de la población de 45 años y más, era analfabeta, y que el problema es mayor en la zona rural, donde la tasa para la población mayor a 45 años es de 28%. A inicios de la actual década la diferencia entre hombres y mujeres era mínima con una ventaja a favor del género feme-nino (7,44% para hombres y 7,42% para mujeres). Fi-nalizando esta década, 6.76 de cada 100 colombianos eran analfabetas. Las mujeres lograron avanzar a un ritmo más acelerado y ampliaron la ventaja que pre-sentaban frente a los hombres (6,68% para hombres y 6,56% para mujeres).

SeRVicioS De SaluD PaRa laS muJeReS

En el ámbito de la salud, es de mencionar la cobertura del 96% del total de la población colombiana por el Sistema General en Seguridad Social en Salud. Tasa de fecundidad. Según la ENDS 2010 hay una tenden-cia de disminución de la fecundidad, cuya tasa pasó de 2.4 hijos en 2005, a 2.1 en 2010. La tasa general fue de 83 nacimientos por 1.000 mujeres para 2005 y 75 para 2010. La tasa bruta de natalidad pasó de 20 na-cimientos por 1.000 habitantes en 2005, a 18 en 2010. Las adolescentes presentan una tasa de 84 nacimien-tos por mil mujeres. Con relación al año 2005, la fecun-didad adolescente en la zona urbana disminuyó de 79 a 73 nacimientos por mil, en tanto que en la zona rural también baja un poco de 128 a 122 nacimientos por mil mujeres.

La tasa de fecundidad en mujeres menores de 20 años venía aumentando hasta el año 2005, pero actual-mente parece que empezó de nuevo a disminuir: en 1990 se estimó alrededor de 70 por mil, mientras en 1995 subió a 89, en el 2005 se estima en 90 por mil y ahora es de 84 por mil. La ENDS-2010 mostró que el conocimiento de métodos anticonceptivos es uni-versal en Colombia, independiente de su estado de exposición y de su estrato socioeconómico. El uso de métodos anticonceptivos se incrementó en 13 puntos porcentuales entre 1990 y 201057.

Intervalos entre nacimientos. En Colombia se ha pre-sentado un aumento en la duración del intervalo inter-genésico, siendo actualmente de 48 meses, 6 meses mayor que el encontrado en 2005 (42 meses). Entre mayor la edad de las madres, mayor el espaciamiento entre los hijos, siendo de 37 meses para las mujeres de 20 a 29 años de edad, contra 66 meses para las mu-jeres de 30 a 39 años. La muerte de un hijo acelera el tiempo para tener un nuevo hijo: cuando el hijo anterior falleció, el intervalo disminuye a 31 meses, mientras que si el hijo anterior está aún vivo, el nuevo nacimiento ocurre a los 48 meses.

Edad de la madre al nacimiento del primer hijo. La edad al primer nacimiento disminuyó muy poco en-tre el 2005 y el 2010: la mediana de la edad al primer nacimiento es de 21.6 años para las mujeres de 25 a 49 años de edad, mientras cinco años atrás estaba en 21.8 años. La residencia urbana o rural no incidió en el descenso: ambas zonas permanecieron con la misma edad que cinco años atrás. En la zona urbana la edad es de 22 años, frente a 20 de la zona rural. La región con la mayor edad es Bogotá con 22.7 años y la me-nor se registra en la región Orinoquía-Amazonía con 20 años, mientras en las otras regiones fl uctúa entre 21.3 de la Oriental, 21.4 de la Costa Pacífi ca a 21.6 de la Costa Caribe.

Atención prenatal, del parto y del postparto. El 92% de los embarazos de los últimos cinco años fue atendido por médicos y 5% por enfermeras. El nivel de la aten-ción por parte de médicos en el 2010 es cinco pun-tos porcentuales más alto que el observado en el año 2005 mientras que la atención por enfermeras bajó casi dos puntos. Las parteras no atendieron ningún embarazo. Número de visitas prenatales. El 89% de las embarazadas (91% urbano y 81% rural) tuvo 4 o más

57 En 1990 (66%), en 2010 (79%)

108 agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

visitas de control prenatal, 6% entre 2 y 3 visitas y el 1% una sola visita. El 3% de las mujeres no tuvo nin-guna visita, 6% en la zona rural y el 2% en la urbana.

La mediana de meses de embarazo a la primera visita fue de 2.7 meses. El 77% fue a la primera visita pre-natal cuando tenía menos de 4 meses de embarazo y 15% cuando tenía entre 4 y 5 meses.

Frente al conocimiento de las causas permitidas de in-terrupción del embarazo en Colombia, un poco más de tres cuartas partes de las mujeres mencionan cada una de las causas de terminación del embarazo: 76% dice que cuando el embarazo pone en peligro la vida o salud de la mujer, el 79% cuando hay malformación grave del feto y 78% cuando la mujer ha sido violada. Según la ENDS 2010, el conocimiento de las tres cau-sas es mayor entre las mujeres de 20 a 34 años, entre las mujeres solteras y entre las mujeres con uno o dos hijos nacidos vivos.

El conocimiento del VIH/SIDA es prácticamente uni-versal: el 99% de las encuestadas en la ENDS-2010 dijo haber oído hablar de esta enfermedad. El nivel de co-nocimiento es menor entre el grupo más joven de 15 a 24 años. Solamente la mitad (51%) de las encuestadas contestó en forma correcta la pregunta relacionada con la posibilidad de que el virus pueda transmitirse durante la lactancia y apenas el 32% manifestó que el riesgo de la transmisión del SIDA de la madre al hijo (TSMH) puede ser reducido si la madre toma medica-mentos especiales durante el embarazo.

En las últimas estimaciones de incidencia de cáncer en el país, el cáncer de mama ocupó el primer lugar con cerca de 7.000 casos nuevos cada año, seguido por el cáncer de cuello uterino con 5.600 casos nuevos cada año. En el Sistema General de Seguridad Social en Sa-lud (SGSSS) en Colombia, todas las mujeres afi liadas al sistema entre 25 y 69 años de edad y las menores de 25 años con vida sexual activa tienen derecho a la citología sin costo.

En desarrollo del Plan Nacional de Salud Pública 2007 - 2010, se adelantaron diversas acciones dirigidas a reducir la mortalidad y morbilidad infantil, mantener coberturas útiles de vacunación y promover los dere-chos humanos sexuales y reproductivos. Estos avan-ces se registraron en seis líneas: maternidad segura, planifi cación familiar, salud sexual y reproductiva de

adolescentes, cáncer de cuello uterino y mama, infec-ciones de transición sexual incluyendo el VIH/SIDA y la prevención de violencia doméstica y sexual.

La mortalidad infantil se ha reducido en un 30% entre 1995 y 2005, según datos de la ENDS. Igualmente des-de 2002, las coberturas nacionales de vacunación con todos los biológicos se han mantenido sistemática-mente por encima de 91%. En el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en Colombia, todas las mujeres afi liadas al sistema entre 25 y 69 años de edad y las menores de 25 años con vida sexual activa tienen derecho a la citología sin costo.

oPoRtuniDaDeS De emPleo en conDicioneS De igualDaD Y la RemuneRación eQuitatiVa De la muJeR

Respecto a la participación laboral, es decir, la Tasa General de Participación (TGP)58 se señala un au-mento tanto de hombres como mujeres en el período 2006-2010, al pasar del 59.1% a 62.7%. Respecto a la desagregación por sexo, para los hombres en el 2006, la TGP fue de 72% y en el 2010, 74,2%, presentándo-se un aumento de 2.2 puntos porcentuales, y para las mujeres, el incremento fue de 4,9 p.p. (50,5% en 2006 a 56.1% en 2010).

Respecto a las zonas urbana y rural, la TGP para el período 2006-2010 tuvo un aumento de 4.5 puntos porcentuales, al pasar de 60.1% a 64.5%. Esta infor-mación, desagregada por sexo, muestra que para las mujeres, pasó de 50.5% a 56.1% respectivamente, registrando un aumento de 5.6 puntos porcentuales, mientras que para los hombres la TGP pasó de 70.6% a 73.8% respectivamente, registrando un aumentó de 3.2 puntos porcentuales.

En el área rural, la TGP durante el período 2006-2010, aumentó 3.4 puntos porcentuales, al pasar de 54.6% (2006) al 58% (2010). Para las mujeres, el aumento fue de 5.1 puntos porcentuales, al pasar de 32.4% a 37.5% respectivamente y para los hombres pasó de 74% a 76% respectivamente, es decir, hubo un aumento de 2 puntos porcentuales.

Aunque entre 2006 y 2010 la participación laboral femenina aumentó 5 puntos porcentuales, la partici-pación laboral masculina superó a la femenina. En el período 2006 - 2010, se mantuvo una considerable di-

58Tasa global de participación (TGP): relación porcentual entre la población económicamente activa y la población en edad de trabajar.

109

ferencia entre hombres y mujeres -en promedio de 24 puntos porcentuales-, lo que muestra la permanencia de barreras para el acceso de las mujeres al mundo la-boral remunerado. El trabajo de “reproducción social” relativo al cuidado doméstico y familiar asignado a las mujeres, se considera como un determinante funda-mental de esta desigualdad.

Sobre este aspecto, es importante destacar que den-tro de la población femenina también se presentan diferencias en razón del nivel socioeconómico. Así, la participación laboral de las mujeres de un estrato infe-rior es limitada, debido a la fuerte infl uencia de patro-nes culturales que llevan a las mujeres a permanecer en el hogar; a la falta de disponibilidad por ocupar la mayor parte de su tiempo en actividades de tipo do-méstico; a la escasez de oportunidades laborales y, en ocasiones, a una limitada instrucción educativa.

En Colombia, para el período 2002 - 2010, la Tasa de Ocupación59 (TO) aumentó del 52,7% al 54,8%. Respecto a las mujeres, el au-mento fue de 4.4 puntos por-centuales, al pasar de 39.3% (2006) al 43.7% (2010) y para los hombres, la TO aumen-tó del 65.3% (2006) al 67.5% (2010) que equivale a 2.2 pun-tos porcentuales.

La TO, en el área urbana, au-mentó 4.5 puntos porcentua-les, al pasar de 52.1% a 56.6%, para las mujeres hubo un au-mento de 5.5 puntos porcen-tuales, al pasar de 42.4% a 47.9%, mientras que para los hombres aumentó 3.3 puntos porcentuales, al pa-sar de 63% a 66.3%.

En el área rural, la TO aumentó 3.1 puntos porcentua-les, al pasar 50.1% a 53.1%. Esta información desagre-gada por sexo, muestra que la TO para mujeres au-mentó en 3.5 puntos porcentuales, pasando de 27.3% a 30.8% y para los hombres aumentó 2.6 puntos por-centuales, al pasar 70.2% a 72.6%.

En cuanto al total de población económicamente in-activa pasó de 11.143 mil en 2001, -de quienes 7.670

59 Relación porcentual entre la población ocupada y el número de personas que integra la población en edad de trabajar.60Otra actividad: Incapacitado permanente para trabajar, rentista, pensionado o jubilado y personas que no les llama la atención o creen que no vale la pena trabajar.

eran mujeres y 3.473 mil eran hombres-, a 13.229 mil en 2009 -de quienes 8.778 mil eran mujeres y 4.452 mil hombres-. Del total de mujeres inactivas en 2010, 2.664 mil se encontraban estudiando, 5.295 mil se de-dicaban a ofi cios del hogar y 819 mil, a otra actividad60.

En 2006 la tasa de desempleo (TD), se encontraba en el 12% y esto incentivó al Gobierno a emprender la tarea de reducirla a un solo dígito, por lo cual fi jó en el PND 2006-2010 la meta de reducirla al 8.8% para 2010. Sin embargo, dado el impacto de la crisis inter-nacional en las variables económicas fundamentales de la economía colombiana, la meta propuesta por el Gobierno nacional no se alcanzó. Para el 2010, la tasa fue del 11,8%.

Respecto a la desagregación por sexo, la tasa de des-empleo en 2002, para las mujeres fue de 20,4% y para los hombres fue de 12,5%, es decir casi 8 pun-tos porcentuales de diferencia. Para el 2010, la tasa de desempleo en mujeres es de 16% y para hombres

de 9,4%, para una diferencia de 6.6 puntos porcentuales, es decir, tanto para hombres como para mujeres disminuyó y la diferencia entre hombres y mujeres aunque es constante, tuvo una leve disminución.

Al realizar este análisis, respec-to de las zonas urbana y rural, encontramos que la tasa de desempleo en la zona urbana para el período 2006-2010 dis-minuyó 1.1 puntos porcentua-

les, al pasar de 13.2% a 12.2%. Respecto a la desagre-gación por sexo, para las mujeres la TD disminuyó 1.6 puntos porcentuales, al pasar de 16.2% a 14.6%, y para los hombres pasó de 10.9% a 10.2%.

En el área rural, la TD para el período 2006-2010 tuvo una dinámica estable, al pasar de 8.2% a 8.5%. Respec-to a las mujeres, hubo un leve aumento de 1.9 puntos porcentuales, al pasar de 16.0% al 17.9% y para los hombres, la TD disminuyó 0.8 puntos porcentuales, al pasar de 5.2% a 4.4%.

La asignación social de roles diferenciados entre mu-

meDiDaS munDialeS a FaVoR De la muJeR PaRa logRaR un DeSaRRollo libRe Y eQuitatiVo

110 agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

jeres y hombres, que ha adjudicado principalmente a la población femenina la responsabilidad de lo do-méstico y lo familiar, la forma de asumir la materni-dad más como una responsabilidad de las mujeres que como una función social necesaria para la repro-ducción de los seres humanos, entre otros aspectos, han incidido en las menores posibilidades para la acumulación de capital social por parte de las muje-res, lo cual las hace más vulnerables al desempleo y establece mayores barreras para ingresar al mercado laboral.

Respecto a la participación de hombres y mujeres en el sector informal, durante el período 2006-2010 hubo una disminución de la participación laboral en el sector formal, de 1.93 puntos porcentuales, al pa-sar de 44.45% (2006) al 42.52% (2010). Es decir que este porcentaje de personas pasó al sector informal. Respecto a las mujeres, aumentó en 1.93 puntos por-centuales, al pasar de 58.07% (2006) a 60.0% (2010) y para los hombres aumentó en 3.96 puntos porcen-tuales, al pasar de 53.56% (2006) a 55.36% (2010).

En cuanto a la participación laboral de las mujeres profesionales, los datos de aportes al SGSS, mostra-rían que se está dando la vinculación formal al mer-cado laboral con 65% técnicas profesionales, 72% tecnólogas, 76% universitarias, 87% tituladas como especialistas, 86% con maestría y 94% con doctora-do. Sin embargo, aunque son más las mujeres titu-ladas en el país que hombres titulados, las mujeres siguen ganando menos que los hombres. Aunque esta diferencia salarial ha disminuido con los años.

Es evidente que en muchos casos, los ingresos de la mujeres que se titulan aumentan, se posicionan en el mercado laboral como trabajadoras formales y apor-tan al Sistema General de Seguridad Social, convir-tiéndose en proveedoras en el hogar y agentes para el desarrollo.

meJoRamiento en algunaS conDicioneS De ViDa De laS muJeReS RuRaleS

La tasa de analfabetismo para las mujeres disminuyó 0.68 puntos porcentuales, al pasar de 15,20% (2002) a 14,52% (2008); en tanto que en los hombres, la dis-minución fue de 0,05 puntos porcentuales, al pasar de 15,74% en 2002 a 15,29% en 2008.

En cuanto a la Tasa General de Participación en el área rural, para el período 2006 - 2010, para los hom-bres, pasó de 74% en el 2006, a un 76% en 2010, es decir, hubo un aumento de 2 puntos porcentuales; en tanto que para las mujeres, el aumento fue de 5.1 puntos porcentuales, al pasar de 32.4 en 2006 a 37.5 en 2010.

En el período 2006 - 2010, la Tasa de Ocupación para el área rural, aumentó 2.6 puntos porcentuales para los hombres, al pasar del 70.2 % al 72.6%; para las mujeres, el aumento fue de 3.5 puntos porcentuales, al pasar de 27.3% a 30.8%.

LA INFANCIA Y LA JUVENTUD EN EL DESARRO-LLO SOSTENIBLE

CAPÍTULO 25

ViSión

La Política Nacional de Educación Ambiental indica que la educación ambiental debe estar orientada hacia la formación de los individuos y de los colectivos para la participación en procesos de gestión, entendidos como los procesos en los cuales los individuos y los colectivos se hacen conscientes de las competencias y responsa-bilidades propias y de los otros, con miras a la toma de decisiones para la resolución de problemas. Esto implica un conocimiento de la realidad en la que se desenvuel-ven puesto que la educación ambiental está íntimamente relacionada no solamente con el entorno natural, sino con el entorno social y cultural que hacen parte del mundo en el cual se desarrolla todo individuo.

En cumplimiento a estas directrices, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosteni-ble busca desarrollar actividades de asesoría, acompañamiento y capacitación a las comunidades en general para fortalecer los procesos de participación ciudadana y evaluación de las políticas públicas ambientales.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se ha comprometido con la pobla-ción infantil y juvenil promoviendo procesos participativos y de control social para el desarrollo de programas de organización y capacitación de la sociedad contribu-yendo así a la solución de la problemática socio-ambiental del país. Para tal fi n se requiere la cualifi cación de los niños, adolescentes y jóvenes en temas de liderazgo, participación ciudadana y de formulación de proyectos.

aVanceS

La cumbre de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo o “Cumbre de la Tierra” realizada en el año de 1992 permitió la defi nición y reorganización del sector ambiental en Colombia a la luz de la recién nacida Constitución Política de Colom-bia. Se establecieron los deberes ambientales del Estado, los derechos ambientales de los ciudadanos, se ordenó la formulación de políticas ambientales como parte del Plan Nacional de Desarrollo y se introdujo la noción de desarrollo sostenible como meta para la sociedad.

La Constitución defi nió al Estado colombiano como un Estado social de derecho, democrático y participativo; y mediante su artículo 45 se defi nió que el adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. Así las cosas, el Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos pú-blicos y privados que tengan a su cargo la protección, educación y progreso de la juventud.

112 agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

En el año de 1993 se expide la Ley 99 de 1993, que establece el Sistema Nacional Ambiental —SINA. Ley que acoge en su totalidad los principios de desarro-llo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, sobre medio ambiente y desarrollo incorporando acciones de participación ciudadana en el Sistema Nacional Ambiental.

1994 y 2002: Se empieza la defi nición de los instrumen-tos de educación ambiental a través de los documen-tos producidos por el Ministerio de Medio Ambiente “Cultura para la Paz, hacia una política de Educación Ambiental” y por el Ministerio de Educación Nacional “Lineamientos Generales para una Política Nacional de Educación Ambiental”.

En la Ley 115 de 1994, artículo 5, inciso 10, se defi nió como propósito “la adquisición de una conciencia

para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racio-nal de los recursos naturales, de la prevención de de-sastres dentro de una cultura ecológica […]”.

A partir de la expedición del Decreto 1743 de 1994 se institucionaliza el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), para todos los niveles de educación formal. Se fi jaron los criterios para la promoción de la educación am-biental no formal, y se establecieron mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación Nacio-nal y el entonces Ministerio del Medio Ambiente.

En el Plan Decenal de Educación 1996-2005, “La Edu-cación un Compromiso de Todos” en su proyección

número 11, se incorpora la educación ambiental como una perspectiva necesaria para contribuir al mejora-miento de la calidad de vida del país.

En julio de 1998 se formulan los Lineamientos para una Política para la Participación Ciudadana en la Ges-tión Ambiental. Yo Participo, Tú Participas, Todos Somos Parte: ¡Hagamos El Ambiente!

En 2002, se promulga la “Política Nacional de Educa-ción Ambiental” como un proceso de concertación entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Ministerio de Educación Nacional, para los sectores formal y no formal; la cual se convierte en el instrumento rector de las acciones, programas, pla-nes, proyectos y estrategias a adelantar en el país.

En 2003 se formula el Programa Nacional de Promo-toría Ambiental Comunitaria, orientado a reactivar y oxigenar los procesos de par-ticipación comunitaria existentes en los municipios, posibilitando espacios de en-cuentro ciudadano para estimular el diá-logo y la concertación de compromisos institucionales en torno al mejoramiento de la calidad de vida del hábitat munici-pal con base en los recursos públicos exis-tentes.

Con la institucionalización de los promo-tores ambientales comunitarios, el Minis-terio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial impulsó un modelo de gestión ambiental urbana basado en la participa-ción ciudadana. Se reconocieron los de-rechos ambientales y las reivindicaciones sociales como una necesidad para me-

jorar el bienestar de la población. A su vez se logró expresar la conciencia ambiental a través de nuevas conductas que favorecen el desarrollo de responsa-bilidades ciudadanas para la defensa y protección del ambiente.

En el año 2003 se defi ne un nuevo rumbo para la institucionalidad ambiental al crear el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a través del Decreto 216 de 2003, redefi niendo los objetivos y estructura de la Ofi cina de Educación y Participación para asumir un papel central en la implementación de la Política Nacional de Educación Ambiental. Así las cosas, se redefi nió el Programa Nacional de Pro-motoría Ambiental Comunitaria articulándolo con la

La inFancia Y la JuVentuD en el DeSaRRollo SoStenible 113

implementación de la Política Nacional de Educación Ambiental a través de la estrategia denominada “For-mación de Dinamizadores Ambientales”.

Durante el período 2003 – 2007, se capacitan 6.000 ciudadanos como promotores ambientales comuni-tarios. Así se fortalecieron los proyectos ambientales escolares (PRAE), los proyectos ciudadanos de educa-ción ambiental (PROCEDAS) y los Comités Interinstitu-cionales de Educación Ambiental (CIDEA) conllevan-do a la descentralización de la educación ambiental en el país.

En el año 2007 el Ministerio Ambiente, Vivienda y De-sarrollo Territorial, evidenció la importancia de incluir a los jóvenes en los procesos de formación, y en con-junto con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, se formuló el proyecto “Jóvenes de Ambiente”. Se constituyó un comité académico de normalización (coordinado por el SENA) a través del cual se elevó el Programa de Promotoría Ambiental Comunitaria a un proceso de formación en competencias laborales, determinando la promotoría ambiental comunitaria como un ofi cio a implementar en Colombia con reco-nocimiento y aprobación de la Mesa Nacional Secto-rial de Servicios Ambientales.

Para el 2008 se capacitaron 1000 jóvenes bogotanos, cuyas edades oscilaban entre los 14 y los 26 años, como Promotores Ambientales Comunitarios. Dichos jóvenes iniciaron un proceso de organización para la participación en la gestión ambiental mediante la creación de 25 redes locales en 20 localidades del Dis-trito Capital.

En 2009 se conformó la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente, como producto del proceso de organiza-ción infantil y juvenil para la participación en la ges-tión ambiental realizado en la ciudad de Bogotá. Se replica el Proyecto Jóvenes de Ambiente en el depar-tamento de Sucre, la región de La Mojana en jurisdic-ción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de La Mojana y el San Jorge –CORPOMOJANA; se crean 7 redes municipales de Jóvenes de Ambiente en igual número de municipios articulándose con la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente.

En 2010, los jóvenes líderes de la Red Nacional de Jó-venes de Ambiente participaron en diferentes even-tos internacionales:

1. Primer Encuentro Mundial de Jóvenes para un Futuro Sostenible, realizado en la ciudad de Bari, Italia entre el 19 y el 21 enero del 2010.

2. Participación con una delegación compuesta por 2 niños, 10 niñas y un joven para representar al país y exponer la Carta de Colombia en el Primer En-cuentro Infanto Juvenil “Vamos a Cuidar del Plane-ta” realizado en Brasilia – Brasil en junio de 2010, en el cual se elaboró la Carta de Responsabilidades del Mundo “Vamos a Cuidar el Planeta”.

Se realizan importantes eventos regionales y naciona-les de la siguiente manera:

1. Realización de encuentros locales y regionales a través de las Corporaciones Autónomas Regiona-les para la formulación de la Carta de Responsa-bilidades de los Niños, Niñas y Jóvenes denominada “Vamos a Cuidar a Colombia”.

2. Participación como ponentes en el V Encuentro Nacional de Educación Ambiental organizado por el Ministerio y Corporación para el Desarrollo Sos-tenible del Archipiélago de San Andrés, Providen-cia y Santa Catalina -CORALINA en San Andrés y Providencia.

3. Organización y realización de la Conferencia Na-cional de Jóvenes por el Ambiente “Por el Am-biente nos la jugamos toda” los días 1, 2 y 3 de diciembre de 2010 que dejó como resultado el diagnóstico social participativo de los jóvenes colombianos y la suscripción de un acta de com-promisos de los jóvenes colombianos con las insti-tuciones públicas y privadas del sector ambiental colombiano.

Se da continuidad al proceso de capacitación a niños, jóvenes y adolescentes en promotoría ambiental co-munitaria y a la conformación de redes juveniles loca-les y departamentales de la siguiente manera:

a) Dos grupos de 34 jóvenes de los municipios de Puerto Wilches departamento de Santander y de Ubalá, departamento de Cundinamarca; gru-pos de 40 jóvenes en los municipios de San Be-nito Abad, San Marcos, Guaranda, Caimito, Sucre, Majagual, La Unión, Corozal, Sincelejo, Tolú y San Onofre, en el Departamento de Sucre, jurisdicción de las corporaciones CORPOGUAVIO, CORPOMO-JANA, CAS y CARSUCRE.

b) Creación de las redes municipales de jóvenes de

114 agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

ambiente en los municipios de Puerto Wilches (Santander), Ubalá (Cundinamarca), San Benito Abad, San Marcos, Guaranda, Caimito, Sucre, Ma-jagual, la Unión, Corozal, Sincelejo, Tolú, San Ono-fre (Departamento de Sucre).

c) Consolidación de la Red Departamental de Jóve-nes de Ambiente del departamento de Norte de Santander con la participación de 320 jóvenes y el acompañamiento y dirección de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental -CORPONOR.

d) Implementación del proyecto “Reporteros Am-bientales Comunitarios” para la capacitación a jóvenes para el uso de las herramientas de comu-nicación de radio y televisión, con el propósito de generar notas ambientales –infantiles y juveniles publicadas a través del programa de televisión institucional del Ministerio de Ambiente y Desa-rrollo Sostenible “Proyecto Vida”.

En 2011 se realizaron las siguientes actividades:

a) Capacitación como promotores ambientales co-munitarios a 510 jóvenes y líderes comunitarios de los municipios de Guaduas y Guayabal de Síquima (Cundinamarca), Chivoló (Magdalena), Pore, (Ca-sanare) y 350 jóvenes y líderes de los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga.

b) Creación de las redes municipales de jóvenes de ambiente en los municipios de Guaduas y Guaya-bal de Síquima, (Cundinamarca), Chivoló (Magda-lena), Pore, (Casanare), y de Bucaramanga (San-tander).

Se realizan importantes eventos regionales y naciona-les de la siguiente manera:

1. Realización y participación en cuatro foros regio-nales “Camino a Río+20” como parte del proceso de organización del país hacia la Cumbre de las Naciones a realizarse en junio de 2012 en Río de Janeiro – Brasil.

2. Organización y realización del III Encuentro Nacio-nal de Jóvenes de Ambiente “Camino a Río+20” en diciembre de 2011 que dejó como resultado la declaratoria de los Jóvenes Colombianos “Camino a Río+20” que será incorporada en el documento de País.

La Red Nacional de Jóvenes de Ambiente recibe im-portantes reconocimientos durante el año 2011:

1. Premio Joven Líder Ambiental otorgado por la Se-

cretaría Distrital de Ambiente a tres jóvenes líde-res de la Red en Bogotá, D.C.

2. Premio Responsabilidad Ambiental 2011, otorga-do por la Fundación América Sostenible y la Fun-dación Siembra Colombia por el uso adecuado de las redes sociales para la organización, sensibili-zación y capacitación a los niños, adolescentes y jóvenes para la gestión ambiental.

3. Premio Juventud Protectora del Agua, otorgado por la Fundación Pavco y Unicef por el aporte de la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente a la pro-tección de este recurso vital.

RetoS

• Fortalecimiento de la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente con la participación de un mayor nú-mero de jóvenes de todo el país.

• Articulación de la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente con los proyectos y acciones que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible desarrolla para el cumplimiento de sus objetivos, misión y visión con el apoyo y acompañamiento del Programa Presidencial Colombia Joven, Ac-ción Social y otras entidades de orden regional y nacional.

• Participación de los jóvenes lideres ambientales de la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente como delegados a los diferentes eventos nacionales e internacionales relacionados con el Ambiente.

• Formulación y presentación de proyectos de em-prendimiento socio ambientales para fortalecer el proceso organizativo y el accionar de la Red en el país.

• Convocatoria a través de las Corporaciones Au-tónomas a los jóvenes del país para fortalecer su participación en los diferentes procesos socio-ambientales locales.

• Fortalecimiento de la participación juvenil en los procesos de gestión ambiental.

• Capacitación a un amplio grupo de niños, adoles-centes y jóvenes como promotores ambientales comunitarios en todo el país.

• Apoyo a la ejecución de proyectos formulados por grupos infantil-juveniles en los temas socio-ambientales.

• Apoyo para el fortalecimiento de las organizacio-nes sociales juveniles y particularmente de la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente.

RECONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL PAPEL DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS Y SUS COMUNIDADES

CAPÍTULO 26

ViSión

Desde el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, “Prosperidad para todos”, el go-bierno nacional busca promover la igualdad de oportunidades de los grupos étni-cos con acciones y estrategias diferenciales para cada grupo en: protección social; acceso, permanencia y pertinencia de la educación; generación de ingresos; em-prendimiento y empleo.

A su vez, en relación con la protección de los derechos fundamentales de la po-blación étnica se busca: (i) aplicar la política de derechos humanos (DDHH) de los grupos étnicos, (ii) adecuar las medidas de protección contra atentados a miembros de las comunidades étnicas, y (iii) desarrollar una política para el reconocimiento de iniciativas culturales, entre otros.

aVanceS

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como organismo rector de la ges-tión del ambiente y de los recursos naturales renovables formuló y promulgó los “Lineamientos de política para la participación ciudadana en la gestión ambiental”, en los cuales se hace el reconocimiento de la biodiversidad del ambiente y del ca-rácter multiétnico y pluricultural de la nación colombiana, así como también el re-conocimiento de la confl uencia en el espacio y en el tiempo de múltiples y diversos actores, confl ictos y realidades sociales.

116 agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

Esta Política de Participación, además de promover espacios de encuentro y concertación entre actores sociales con intereses contrapuestos o complemen-tarios, busca fundamentalmente garantizar el acceso a los procesos de participación, concertación y toma de decisiones de los sectores tradicionalmente mar-ginados o más débiles de la sociedad, entre ellos, las minorías étnicas (entre ellas los 102 pueblos indígenas del país).

Es por eso que dentro de las instancias de decisión y ejecución de las políticas ambientales, como lo son las Corporaciones Autónomas Regionales, se estableció la participación de un representante de las comunida-des indígenas, elegido por ellas mismas, en los Conse-jos Directivos de dichas Corporaciones.

Para el caso de algunos territorios específi cos – como la Sierra Nevada de Santa Marta- se creó la Corpora-ción para el Desarrollo Sostenible de la Sierra Neva-da de Santa Marta, como una Corporación Autónoma Regional, para fomentar la integración de las comuni-dades tradicionales que habitan la región y sus méto-dos ancestrales de aprovechamiento de la naturaleza al proceso de conservación, protección y aprovecha-miento sostenible de los recursos. En el Consejo Direc-tivo de dicha corporación participan representantes de las étnias Kogis, Arzarios, Arhuacos, Wayú y Kan-cuamos, escogidos por las organizaciones indígenas de la región.

En implementación nacional del artículo 8(j) del Con-venio de Diversidad Biológica, el Ministerio adelanta un proceso de construcción participativa para la for-mulación de la Política de protección de los conoci-mientos tradicionales asociados a la conservación de la biodiversidad.

Acogiendo las orientaciones del Convenio 165 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT, así como las Directrices Akwé: Kon, se incorporó como requisi-to la Consulta Previa, libre e informada a las comuni-dades indígenas, de manera especial en los procesos de licenciamiento ambiental de proyectos y obras, así como en el trámite de proyectos legislativos y asuntos administrativos que puedan afectarlas.

Con el propósito de seguir avanzando en desarrollar políticas de acción afi rmativa, se realizó un proceso de consulta previa con pueblos indígenas para efecto de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.

También se crea la Mesa Regional Amazónica a par-tir de la sentencia SU 383 de la Corte Constitucional, como respuesta a la tutela presentada por los pueblos indígenas de la región, por las fumigaciones aéreas que realiza el gobierno nacional por medio de la po-licía antinarcóticos a los cultivos ilegales de hoja de coca. Desde su instalación en el año de 2006 hasta el presente ha sesionado en 13 oportunidades, convir-tiéndose en un espacio de negociación política entre los pueblos y las organizaciones indígenas amazóni-cas.

Finalmente, dentro del Plan de Acción del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para el período 2012-2014 se tiene contemplada la formulación y eje-cución de Agendas Ambientales (nacionales y regio-nales) con la activa participación de los pueblos indí-genas.

FORTALECIMIENTO DEL PAPEL DE LAS ORGANI-ZACIONES NO GUBERNAMENTALES ASOCIADAS EN LA BÚSQUEDA DE UN DESARROLLO SOSTE-NIBLE

CAPÍTULO 27

ViSión

Desde el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 214 “Prosperidad para todos”, el gobierno nacional busca promover “Un Estado que procure, abra y consolide espacios en que los ciudadanos participan en la construcción del bienestar de toda la sociedad”, así como el diseño de “políticas que promuevan la participación ciudadana y la responsabilidad social”.

aVanceS

Las organizaciones de la sociedad civil cumplen un rol estratégico fundamental en el ejercicio y desarrollo de la democracia participativa. A través de ellas se materiali-zan y consolidan las diversas formas de expresión de la ciudadanía.

Un rasgo que caracteriza su accionar está en la libre autonomía para tomar sus de-cisiones y gestar sus procesos en función del objetivo común que las integra como movimiento de gran trascendencia en el desarrollo de un país; de allí que sus accio-nes están orientadas a trasformar practicas individualistas para promover acciones colectivas participativas y democráticas.

“La dedicación y la participación auténtica de todos los grupos sociales tendrán una importancia decisiva en el cumplimiento efi caz de los objetivos, las políticas y los mecanismos acordados por los gobiernos en todas las áreas del Programa 21”.

La Constitución Política de Colombia (1991) incorpora la participación social como un principio del Estado y como un derecho. A su vez, el artículo 2 de la misma, determina como uno de los fi nes del Estado facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación.

Desde este enfoque, lo ambiental es un escenario donde mayor fuerza adquiere la participación. El artículo 79 de la Constitución señala que es un derecho de los ciudadanos el participar en las decisiones que afecten el medio ambiente, lo cual se regula principalmente a través de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la Ley 99 de 1993, mediante la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA.

118 agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

Los principios generales ambientales establecidos por la Ley 99 han servido de marco orientador para toda la política pública y la gestión ambiental en el país.

Dentro de ellos se destacan los siguientes:

• El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Decla-ración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo.

• El manejo ambiental del país, conforme a la Cons-titución Nacional, será descentralizado, democrá-tico y participativo.

• La acción para la protección y recuperación am-bientales del país es una tarea conjunta y coordi-nada entre el Estado, la comunidad, las organiza-ciones no gubernamentales y el sector privado. El Estado apoyará e incentivará la conformación de organismos no gubernamentales para la pro-tección ambiental y podrá delegar en ellos algu-nas de sus funciones.

Con esos principios orientadores, el Ministerio de Am-biente y Desarrollo Sostenible como organismo rec-tor de la gestión del ambiente y de los recursos natu-rales renovables, incorporó dentro de las instancias de planifi cación y decisión, la participación de las organi-zaciones ambientales no gubernamentales:

1. En el Consejo Nacional Ambiental, instancia de coordinación intersectorial a nivel público de las políticas, planes y programas en materia ambien-tal y de recursos naturales renovables, participa con voz y voto, un representante de las organiza-ciones ambientales no gubernamentales.

2. Las ONG ambientales han sido actores relevan-tes en la generación de conocimientos así como en el desarrollo y acompañamiento de proyectos ambientales en diversas regiones del territorio na-cional.

La injerencia constante de los ciudadanos en los asun-tos públicos ambientales, exige no solo una capaci-dad institucional de respuesta, sino una integración y armonización de las políticas y objetivos ambientales y sectoriales con el fi n de fortalecer la gestión ambien-tal sectorial.

La participación supone un esfuerzo conjunto de la sociedad y de las instituciones para llevar a cabo pro-

yectos y acciones capaces de conducir a una mejor ca-lidad de vida de los ciudadanos, una mayor fortaleza y legitimidad de las instituciones y un equilibrio entre los diversos actores que conforman la dinámica social e institucional.

De la misma manera la participación de las ONG en los distintos esquemas de responsabilidad pública empresarial promueven la inclusión de variables am-bientales en la planifi cación institucional, como tam-bién en la defi nición de mecanismos de evaluación ambiental estratégica en cada uno de los programas y proyectos que se adelanten en los territorios y entida-des públicas y privadas.

Con la participación de las organizaciones de la so-ciedad civil se ha avanzado en la defi nición de estra-tegias que fortalecen la participación de las comu-nidades urbanas, rurales, campesinas y étnicas en el tema ambiental a partir del acceso a la información, la transparencia de las actuaciones y la cualifi cación de la población.

Todas las estrategias diseñadas para estimular la parti-cipación de la ciudadanía en la gestión ambiental, han sido de carácter transversal e integral, para facilitar la cohesión social de los distintos actores comunitarios, el cumplimiento de los objetivos de la Política Pública Am-biental desarrollando acciones para la cooperación, la cogestión y la coordinación interinstitucional tanto para la planifi cación territorial como en la atención y elimina-ción de los confl ictos ambientales desde lo local.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha impulsado iniciativas tendientes al apoyo y la pres-tación de asesoría técnica a los actores del SINA. Se ha fortalecido la gestión de las Corporaciones Autó-nomas Regionales en el cumplimiento de sus planes de acción a través de sus procesos de educación y participación; el desarrollo de agendas ambientales con grupos étnicos y actores locales y; la construcción participativa de una política de protección del conoci-miento tradicional. Para ello se sustenta en las metas que apuntan a los compromisos de gobierno.

El Ministerio, conjuntamente con la Corporación Eco-fondo ha adelantado un trabajo de fortalecimiento organizativo de incorporación de nuevas dinámicas para la gestión ambiental de las organizaciones, co-munidades étnicas y campesinas para garantizar ac-ciones estratégicas sostenibles articuladas a las enti-dades con competencias ambientales como son las

FoRtalecimiento Del PaPel De laS oRganiZacioneS no gubeRnamentaleS aSociaDaS en la bÚSQueDa De un DeSaRRollo SoStenible 119

CAR en el cumplimiento de las políticas ambientales de conservación y cuidado del ambiente como tam-bién en la resolución colaborativa de los confl ictos ambientales.

Tal convenio busca lograr la sistematización de ex-periencias signifi cativas de participación ciudadana y el intercambio las experiencias de participación de las comunidades actuando de manera directa; como también conocer las intervenciones de las autorida-des ambientales en su interactuar con las comunida-des y las ONG en los distintos territorios y regiones del país, urbanas y rurales.

Una tarea permanente que ha estimulado el Minis-terio del Ambiente con el apoyo de la Corporación

ECOFONDO ha sido la de generar acciones y sinergias de apoyo interinstiuticional para la realización de los proyectos ambientales en las comunidades en las di-ferentes líneas de acción ambiental.

Finalmente el MADS ha promovido de manera perma-nente la articulación de las ONG en los distintos terri-torios del país mediante el la formación y capacitación de líderes, redes ambientales y demás formas organi-zativas que ponen en juego la capacidad de acción y el compromiso de la ciudadanía a través de la partici-pación e incorporación de sus dinámicas ambientales y culturales, además, propiciando que toda persona u organización tenga acceso a la información pertinen-te al medio ambiente y a su protección.

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

INICIATIVAS DE LAS AUTORIDADES LOCALES EN APOYO DEL PROGRAMA 21

CAPÍTULO 28

ViSión

En la visión del Sistema Nacional Ambiental –SINA contenida en el actual Plan Na-cional de Desarrollo 2010 – 2014, la articulación de la gestión ambiental con los diferentes sectores y niveles territoriales constituye un reto del gobierno, con parti-cipación de la sociedad civil y las comunidades organizadas.

La gestión ambiental integrada y compartida se reconoce como parte fundamental de la construcción social sostenible del territorio urbano y rural, con instrumentos efi caces de gestión y planifi cación ambiental que generen la información relevante para la toma de decisiones de las autoridades ambientales, en escenarios que ga-ranticen la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. La educación ambiental es considerada como un eje protagónico en la confl uencia de lo público, lo privado y la sociedad civil, hacia la sostenibilidad del desarrollo.

aVanceS

• Elaboración y desarrollo parcial de la Agenda 21 Amazonia Colombiana, en el marco de cooperación con los países que conforman la Gran Cuenca Amazóni-ca, con participación de autoridades ambientales e institutos de investigación, universidades, entidades territoriales y sociedad civil.

• Apoyo institucional a la elaboración y ejecución de los Planes de Vida de Co-munidades Indígenas, articulados a las políticas de desarrollo y a la política am-biental del país.

o El Gobierno en cabeza del Ministerio del Interior y de Justicia a junio de 2010 instaló 14 planes de salvaguarda en pueblos indígenas que garan-tizan la consulta previa y la participación efectiva de las autoridades legí-timas de estos pueblos en diferentes frentes de trabajo y a julio de 2010 se instalarán 10 planes más. Se instalaron planes de salvaguarda para los pueblos Wiwa, Kankuamo, Arhuaco, Kogui, Wayúu, Embera-Katío, Embe-ra-Dobidá, Embera-Chamí, Wounaan, Awá, Nasa, Pijao, Koreguaje, Kofán, Siona, Betoy, Sikuani, Nukak-Makú, Guayabero, U’wa, Chimila, Yukpa, Kuna, Eperara-Siapidaara, Guambiano, Zenú, Yanacona, Kokonuko, Toto-roez, Huitoto, Inga, Kamentzá, Kichwa, Kuiva, entre otros.

o La Directiva Presidencial 01 de 2010, expedida en marzo, indica a las en-tidades nacionales la obligatoriedad del proceso de consulta previa cuyo resultado no es vinculante. La directiva establece con claridad las etapas y metodología para el proceso, lineamientos inexistentes hasta esa fecha.

iniciatiVaS De laS autoRiDaDeS localeS en aPoYo Del PRogRama 21 121

• Desarrollo de una estrategia de fomento a merca-dos verdes y el ecoturismo.

• Participación de las organizaciones no guberna-mentales en el desarrollo de políticas de recupe-ración y conservación ambiental, como son la va-loración y reducción de residuos sólidos urbanos, reforestación y, educación ambiental.

• Formulación, adopción, revisión y ajuste de pla-nes de ordenamiento territorial (POT), proceso iniciado desde el 2002 con la capacitación en la conformación y puesta en marcha de expedientes municipales, así como su revisión y ajuste, logran-do, a mayo de 2010, un balance de 950 municipios asistidos (389 entre 2002 y 2006, y 561 entre 2006 y 2010). Los temas principales abordados fueron: articulación del POT entre municipios de la mis-ma región basado en ecorregiones estratégicas, consolidación de documentos de seguimiento y evaluación, habilitación de suelo para vivienda de interés social (VIS), incorporación de la gestión del riesgo y fortalecimiento de la variable poblacional dentro de estos instrumentos.

o Entre 2006 y 2010 se prestó asistencia técnica a 628 municipios para la adecua-da incorporación del riesgo en sus planes de ordenamiento territorial (POT), de los cuales 314 cuentan con planes de acción para la incorporación de la gestión del riesgo en sus POT y 123 de ellos cuentan con plan municipal de gestión del riesgo (PMGR).

o Formulados planes de emergencia y con-tingencia en 400 municipios, viabilizados más de 90 proyectos para la reducción de riesgos y rehabilitación de infraestructu-ra por $260 mil millones, consecución de recursos por $72 mil millones para inver-sión a través de los planes departamenta-les de agua y saneamiento básico (PDA) en obras de reducción del riesgo y reha-bilitación de infraestructura afectada.

• Las entidades territoriales, en desarrollo de lo dis-puesto en la Ley 99 de 1993, asumieron funciones importantes como instituciones del SINA, con el apoyo y coordinación de las Corporaciones Autó-nomas Regionales.

o Políticas e instrumentos para la gestión ambiental territorial integrada entre los

diferentes actores del Estado y niveles de gobierno, como son: planes de gestión ambiental regional de las CAR, planes de desarrollo, planes de ordenamiento terri-torial, planes de ordenamiento y manejo de cuencas, planes sectoriales, planes ambientales regionales, agendas am-bientales.

o Políticas e instrumentos para la educa-ción ambiental formal y no formal, como son: los comités interinstitucionales de educación ambiental (CIDEA), los proyec-tos ambientales escolares (PRAES) y los proyectos ciudadanos de educación am-biental (PROCEDA).

• En el marco del Sistema Nacional de Juventud, se realizó el diseño y puesta en marcha del siste-ma de información y prospectiva sobre infancia, adolescencia y juventud (SIJU), mediante el cual se hace seguimiento a 125 indicadores sobre la si-tuación de infancia, adolescencia y juventud en el país en materia de supervivencia, promoción de la vida sana, educación para el trabajo, protección, confl icto armado y, calidad de vida.

• En el marco del Decreto 4181 de 2007, que crea la Comisión Intersectorial para el Avance de la Po-blación Afrocolombiana, Palenquera y Raizal, el Gobierno nacional dictó la Política para Promover la Igualdad de Oportunidades de la Población Ne-gra, Afrocolombiana, Palenquera y Raizal. Su pro-pósito es implementar soluciones para generar oportunidades de acceso al desarrollo humano sostenible y reducir la brecha en la condiciones de vida de la dicha población respecto al resto de la población del país.

• Entre las acciones de fortalecimiento del gobierno de entidades territoriales, con la participación de entidades del nivel central, vale la pena destacar:

o En el período 2006-2007, se editaron car-tillas con orientaciones metodológicas para la elaboración de programas de Go-bierno y para apoyar los procesos de em-palme, formulación de planes de desarro-llo, gestión pública territorial y, rendición de cuentas, entre otros.

o En 2008, se capacitaron los equipos de gobierno departamentales y locales en estrategias de desarrollo del gobierno

122 agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

nacional y temas relacionados con la regio-nalización del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, el Presupuesto de la Nación 2008, el Sistema General de Participaciones, las regalías, la situación fi scal de las entida-des territoriales, Visión Colombia 2019, la po-lítica social, la infraestructura, la seguridad, la competitividad, la vivienda y el desarrollo territorial y, los planes departamentales de agua potable y saneamiento básico, entre otros. Igualmente, se brindó apoyo y capa-citación en la formulación de los planes de desarrollo en 14 departamentos.

o En 2009 el énfasis estuvo en la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto realizado con recursos del Sistema Ge-neral de Participaciones.

RetoS

Fortalecer la organización y liderazgo de las comunidades negras, en la protección y conservación de los recursos naturales y servicios ambientales de los territorios en las

que se encuentran asentadas por disposición legal, para garantizar el desarrollo actual y futuro de activi-dades productivas sostenibles en dichas comunida-des y el país.

Fortalecer la organización y liderazgo de las comuni-dades indígenas, para el desarrollo de sus planes de vida de acuerdo con sus usos y costumbres, en armo-nía con el desarrollo sostenible del país y la protección de su integridad cultural.

Fortalecer la organización y liderazgo de las organi-zaciones no gubernamentales de carácter ambiental, para que movilicen a la sociedad civil en torno a la protección y conservación de los recursos naturales y los servicios ambientales.

Fortalecer a los municipios y departamentos en el ejercicio de las funciones ambientales que tienen asignadas por ley, especialmente en la incorporación del componente ambiental a los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.

FORTALECIMIENTO DEL PAPEL DE LOS TRABA-JADORES Y SUS SINDICATOS

CAPÍTULO 29

DiagnóStico

El artículo 56 de la Constitución de 1991, creó la Comisión Nacional de Concerta-ción de Políticas Salariales y Laborales (CNCPSL). La Ley 278 de 1996 materializó la mencionada Comisión y las Subcomisiones Departamentales de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (SCPSL), con el propósito de acercar al gobierno con los empresarios y trabajadores, fomentando entre ellos la cultura del diálogo social para la solución de confl ictos laborales y la creación de políticas laborales , salariales y de empleo a nivel regional.

La creación del Ministerio del Trabajo ha permitido ampliar y fortalecer las funciones y capacidades del gobierno nacional en materia de derechos fundamentales en el trabajo. Con la creación de la subdirección de promoción de la organización social, a cargo de la Dirección de Derechos Fundamentales del Trabajo, se han profundizado los temas de derechos humanos y diálogo social, y se empiezan a fortalecer los de negociación colectiva, responsabilidad social empresarial, regulación del mercado de trabajo y los de relaciones individuales y colectivas del trabajo.

ViSión

El Ministerio del Trabajo promoverá el diálogo social con y entre los trabajadores y empresarios. Se dará una mayor relevancia a la Comisión Permanente de Concerta-ción de Políticas Salariales y Laborales, en la cual se dialogará y concertará la política de mercado de trabajo del país y las iniciativas de formalización laboral y empresa-rial. Se ampliarán las subcomisiones de concertación estimulando los acuerdos sec-toriales de empleo, los cuales promoverán la construcción de relaciones laborales de largo plazo en los sectores dinámicos de la economía, especialmente en los que presenten grados elevados de informalidad o défi cit en calidad del empleo. El Mi-nisterio del Trabajo desarrollará un diálogo fl uido con los actores intermedios de los gremios empresariales y los sindicatos, y diseñará mecanismos para la asociación de los trabajadores y empresarios del sector informal e impulsará estrategias mediante programas de actualización dirigidos a los trabajadores afi liados a los sindicatos que hagan parte de las confederaciones de trabajadores que tengan representación en la Comisión Nacional de Concertación, en el marco de la Ley 278 de 1996. Promove-rá un nuevo diálogo sobre derecho del trabajo y productividad, en el cual se estimu-le el fortalecimiento institucional del país necesario para promover la formalización laboral y empresarial.

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21124

aVanceS

El 26 de mayo de 2011, el gobierno nacional fi rmó con representantes de los trabajadores, de los pen-sionados, de los empleadores, junto con la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, y con el señor Vicepresidente del país como testigo de honor, la ac-tualización del acuerdo tripartito. El acuerdo laboral junto con el plan de acción de Colombia con los Esta-dos Unidos, son la hoja de ruta para la protección de los derechos laborales en el país.

El acuerdo es fruto de los esfuerzos del Gobierno Nacional de promover el diálogo y la concertación laboral en el país, y de involucrar a los diferentes in-terlocutores sociales en la política laboral de Colom-bia. Éste asume puntos de necesario fortalecimiento y transformación, a saber: la creación del Ministerio del Trabajo, que es el primer gran logro de dicho acuerdo. El fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control del trabajo; propuestas de modifi caciones legislativas y programas para la protección de los derechos fun-damentales en el trabajo; el fortalecimiento del pro-grama de protección de los líderes sindicales; la pro-moción del diálogo social; y la solicitud de asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El Ministerio del Trabajo promueve actividades con-cretas en benefi cio de las organizaciones sindicales. Busca de este modo, construir confi anza con los di-ferentes actores sociales y fortalecer las capacidades de estos para el diálogo tripartito. Se han capacitado 47.500 personas en Derechos Fundamentales de los Trabajadores, las capacitaciones fueron dirigidas a los miembros de las Subcomisiones con el fi n de fortale-cer el conocimiento y generar mayores herramientas sobre temas laborales. Los temas tratados fueron: confl ictos laborales, divulgación de las normas socia-les, laborales y derechos fundamentales en el trabajo, aspectos generales de seguridad social integral, Semi-nario de Actualización en Salud Ocupacional y Ries-gos Profesionales, Taller sobre “Política de Empleo”, Normativa del Trabajo en las Alturas, cooperativas de trabajo asociado, empresas de servicios temporales, derechos colectivos, Ley 1429 de 2010 y responsabili-dad social empresarial.

El Ministerio del Trabajo impulsa en la actualidad el Programa de Actualización a Líderes Sindicales (PALS). Este se orienta a fi jar las bases y condiciones para ac-tualizar en temas específi cos que ayuden a los traba-

jadores a desarrollar competencias y habilidades que les permitan actuar y aportar dentro de un contexto contributivo y de cooperación. La capacitación a lí-deres sindicales está contemplada en el marco de la Constitución, la Ley, los tratados internacionales, el actual Plan Nacional de Desarrollo y los principios de-mocráticos.

Se crea el comité Sectorial del sector Público como un espacio bipartito permanente entre los trabajadores del sector público, sus organizaciones representativas y la administración pública del nivel central, condu-cente a la promoción y ejercicio del diálogo y la con-certación socio laboral.

El Ministerio del Trabajo busca la transformación de relaciones laborales en sectores críticos de la econo-mía. En la actualidad se desarrolla una estrategia de intervención con componentes de regulación de la intermediación laboral, políticas locales de empleo, formación para el trabajo, derechos fundamentales en el trabajo, y conciliación y mediación de confl ictos. Se han seleccionado los siguientes departamentos y municipios:

• Meta: Acacias, Castilla la Nueva, Villavicencio.

• Casanare: Aguazul, Monterrey, Maní.

• Putumayo: Orito.

• Magdalena Medio: San Martín (Sur del Cesar), Sa-bana de Torres y Puerto Wilches (Santander); Can-tagallo (Sur de Bolívar), Yondó (Antioquia), y Puer-to Boyacá (Boyacá).

RetoS

Uno de los espacio de diálogo de importancia que ha impulsado el Ministerio del Trabajo es el Comité Espe-cial de Tratamiento de Confl ictos ante la OIT- CETCOIT, el cual busca la solución de confl ictos laborales pre-viamente a su discusión en los órganos de discusión internacionales, y en poco tiempo se han logrado grandes resultados.

El Ministerio del Trabajo ha impulsado la conforma-ción de la Comisión de estudios del artículo 53 de la Constitución Política, la cual busca el desarrollo del Estatuto del Trabajo para Colombia. Éste debe consa-grar los principios fundamentales del trabajo, la juris-prudencia de la Corte Constitucional, y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

FoRtalecimiento Del PaPel De loS tRabaJaDoReS Y SuS SinDicatoS 125

ese sentido, avanzan los estudios para la concerta-ción de dicho marco jurídico, y ha propuesto la con-formación de una secretaría técnica para la Comi-sión de Concertación Nacional y las subcomisiones departamentales, en cumplimiento del Plan Nacio-nal de Desarrollo.

A través del Decreto 884 de 2012 se reglamentó la Ley 1221 de 2008 sobre Teletrabajo. El teletrabajo se reguló debido a que por no existir una presencia física del trabajador en la empresa y no aplicarse las disposiciones sobre jornada laboral, podían gene-rarse abusos por parte del empleador por sobrecar-ga de trabajo, además que en muchas ocasiones se presentaba un concepto errado en el cual se con-sidera que el teletrabajo no era trabajo, desembo-cando en desprotección laboral. De esta manera, el teletrabajo se da en el marco de un contrato de trabajo o de una relación laboral dependiente, que consiste en el desempeño de actividades remune-radas, utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación –TIC- para el contac-to entre el trabajador y empleador sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo.

Las mujeres serán las grandes beneficiadas, toda vez que se fomentará que las empresas impulsen el teletrabajo para antes de entrar en la licencia de maternidad y durante la etapa de lactancia, pos-terior a la licencia de ley. Esto es muy importante, pues se trata de dos momentos definitivos para la estabilidad de la madre, el desarrollo del niño y la productividad de la empresa.

Se han adelantado acciones de protección en po-blaciones vulnerables, como el caso de los trabaja-dores sexuales, en el marco de la sentencia T-629 de 2010. En concreto, se han hecho talleres en conjun-to con la Secretaria de Integración Social de Bogotá, de sensibilización a la población que ejerce la pros-titución y dueños de los establecimientos en los que se ejerce la actividad. Para el segundo semestre de 2012 se espera la realización de una estrategia de protección de estas poblaciones.

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

FORTALECIMIENTO DEL PAPEL DEL COMERCIO Y LA INDUSTRIA

CAPÍTULO 30

DiagnóStico

En un entorno internacional no libre de turbulencias económicas, el aparato pro-ductivo colombiano mantiene hoy una dinámica de cierta representatividad en la región latinoamericana, en donde luego de consolidar nuestros lazos comerciales regionales, le apostamos ahora a una inserción mucho más agresiva en el contexto internacional por la vía de un comercio sin barreras.

ViSión

Si bien Colombia no renuncia a su vocación creyente en el sistema multilateral de comercio, en la última década se ha visto precisada a desarrollar una política de inserción activa en los mercados internacionales mediante aperturas negociadas que en una economía globalizada, nos facilite el acceso a los mercados de nuestros principales socios comerciales.

Colombia privilegia la integración económica, social y política con las demás nacio-nes y especialmente, con los países de América Latina y del Caribe promoviendo así la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.

Las políticas de liberalización del comercio internacional de bienes y servicios, com-plementadas con otras políticas, generan un círculo virtuoso de desarrollo, pues los mayores fl ujos de comercio repercuten en el crecimiento económico, aumento de los niveles de empleo y de bienestar de la población y reducción de la pobreza; cuando se tiene garantizada una redistribución del ingreso como en nuestro país.

Se defi nió Visión 2032: “Colombia será una de las tres economías más competitivas de América Latina con un nivel ingreso medio alto; a través de una economía ex-portadora de bienes y servicios de alto valor agregado e innovación y con menores niveles de pobreza, con un ambiente de negocios que incentive la inversión local y extranjera, propicie la convergencia regional, mejore las oportunidades de empleo formal, eleve la calidad de vida y reduzca sustancialmente los niveles de pobreza”.

FoRtalecimiento Del PaPel Del comeRcio Y la inDuStRia 127

aVanceS

En las dos últimas décadas el país ha hecho avances signifi cativos en materia de transparencia y de partici-pación de la sociedad civil y del sector privado, no sólo en los procesos de negociación sino en la formulación de las políticas de desarrollo.

Colombia abandonó el obstinado camino de la susti-tución de importaciones y se la jugó por la diversifi -cación de exportaciones, pasamos de una balanza co-mercial defi citaria promedio de US$1.798 millones en el segundo quinquenio de la década de los noventa, para hacer un tránsito a una balanza superavitaria de US$4.955 millones para 2011.

Se planteó entonces la transición del “regionalismo cerrado” al “regionalismo abierto”; como un paso in-termedio en la construcción de un mundo sin barreras artifi ciales al comercio y, por lo tanto, con una inter-vención estatal justifi cada en la medida en que sea necesaria la eliminación de fallas de los mercados.

Colombia registra en la última década una tasa media de crecimiento cercana al 5% anual, siendo la inver-sión y las mejoras en productividad los factores impul-sores del crecimiento; dado el repunte de los precios de los productos básicos y una buena oferta de recur-sos en los mercados fi nancieros.

El crecimiento sostenido de la economía colombiana en años recientes ha generado benefi cios sociales en términos de reducción del desempleo y la pobreza. En efecto, comparativamente entre diciembre de 2002 y diciembre de 2011, la tasa de desempleo a nivel nacio-nal se redujo de 15,5% a 9,8%.

Colombia cuenta ahora con una política de produc-ción y consumo sostenible, enfocada a procurar el au-mento en la efi cacia de la utilización de los recursos; una herramienta en donde se incorporan criterios del desarrollo sostenible que fomentarán la utilización de sistemas de producción más limpia, prestando espe-cial atención a las pequeñas y medianas empresas, en su esperado desempeño, al tiempo que se alientan las iniciativas privadas voluntarias y se promueve una permanente transición tecnológica, derivada de mer-cados más abiertos y del fortalecimiento de la inver-sión pública con destino a la investigación y desarrollo de las mismas. Lo anterior, sin que hayamos olvida-do nuestro compromiso por mantener programas de reutilización y reciclaje de los desechos, reduciendo

la cantidad de los mismos, al tiempo que se generan oportunidades de empleo a la población menos favo-recida.

El país ha hecho una fuerte apuesta por el desarrollo de la industria de los biocombustibles sin que ello in-fi era alteraciones en la seguridad alimentaria y que va en la búsqueda de un crecimiento económico sosteni-do en armonía con un desarrollo sostenible.

El país pasó de tener un acceso preferencial a un mer-cado de 158 millones de consumidores a mediados de la década de los noventa, con un poder adquisitivo cercano a los US $2.490 per cápita bajo el amparo de dos acuerdos comerciales (CAN y G2), a un esquema que nos permite llegar a un mercado potencial de 529 millones de consumidores con un poder adquisitivo de US$15.619 per cápita, con los nuevos acuerdos de libre comercio vigentes (CAN, México, Mercosur, Chile, Triangulo Norte, Canadá, EFTA (Suiza) y Venezuela).

Adicionalmente, el buen crecimiento de la actividad empresarial en Colombia puede verse refl ejado en las cifras internacionales de emprendimiento, por ejem-plo, en el año 2009 según el Global Entrepreneurship Monitor –GEM-, Colombia ocupó el cuarto puesto dentro de los países con mayor tasa de emprendi-miento dentro de aquellos que cobija dicho estudio.

El gobierno nacional se encuentra absolutamente convencido de que uno de los factores que debe-mos mejorar es lo atinente a la modernización de los procedimientos administrativos, que conlleven a una máxima efi ciencia en el momento en que los empre-sarios sometan a consideración la aprobación de sus solicitudes, facilitándoseles así las decisiones sobre inversión; decisiones bien informadas, donde la res-ponsabilidad social empresarial es uno de los criterios fundamentales a observar y en ese camino, el gobier-no en la actualidad busca darle solidez dentro de sus capacidades al establecimiento de fondos de capital de riesgo para los proyectos y programas de desarro-llo sostenible; como una manera de brindarle seguri-dades a este tipo de inversiones.

Se consolidó el Sistema Nacional de Competitividad, en cabeza de la Presidencia de la República, con parti-cipación público – privada, que vincula a las regiones, y contribuye para que las políticas y programas de mejoramiento de la productividad y competitividad sean alineados y pertinentes con las prioridades de desarrollo productivo identifi cadas por el sector pri-

128 agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

vado, con criterios de sostenibilidad y responsabilidad social.

Resulta notable el esfuerzo del comercio y la industria en general, por gestar a su interior una autorregula-ción que día a día procura garantizar una gestión res-ponsable y ética de los productos y procesos desde el punto de vista de la sanidad, la seguridad y el medio ambiente.

RetoS

En un planeta con más de 7.000 millones de habi-tantes, todas y cada una de las naciones tenemos un compromiso con las generaciones venideras en cada una de las esferas estratégicas del desarrollo sosteni-ble; Colombia sin descartar otras, apuesta por la ener-gética, seguridad alimentaria, salud, educación.

El cierre de fronteras no es una opción. La pérdida de mercados y la menor disponibilidad de divisas oca-sionan retraso tecnológico, ampliación de las brechas de competitividad de la economía y menor crecimiento.

Así mismo, se defi nió el Programa de Transformación Productiva, para conso-lidar la producción nacional en bienes con valor agregado y productos nuevos que logren impactar la expansión de una plataforma exportadora diferencia-da de los bienes primarios y haciendo énfasis en criterios de sostenibilidad.

Paralelamente se aborda el desarrollo de la infraestructura con proyectos de gran envergadura en materia vial, por-tuaria, aeroportuaria, etc., como gene-radores de empleo y que nos permitan la inserción competitiva en los merca-dos internacionales.

El país requerirá de altos fl ujos de inversión extranjera que busquen la participación en empresas nacionales

que necesitan ampliaciones de planta con miras a cre-cer sus exportaciones; la complementación con socios estratégicos que aporten tecnología o diseño.

concuSión

Colombia ha apostado no sólo desde ahora con moti-vo de Río + 20 sino desde siempre, por un desarrollo sostenible que honre sus compromisos internacio-nales y las demandas de las generaciones presentes y futuras en su territorio, aportándole al globo desde el comercio y la industria, día tras día, unos procesos productivos efi cientes y brindando productos que cie-rren su ciclo de vida en consonancia con las mejores prácticas mundiales. Bajo el principio de responsabi-lidades comunes pero diferenciadas en razón de las propias capacidades, no esperaríamos menos que un compromiso de la misma dimensión de la comunidad internacional en general.

LA COMUNIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICACAPÍTULO 31

ViSión

Colombia ha cimentado su desarrollo sostenible, con la participación de una comu-nidad científi ca y tecnológica fortalecida en sus capacidades de generación y apro-piación del conocimiento, buscando una gestión ambiental integral, que permite generar procesos de innovación, para la transformación social y productiva del país.

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21130

aVanceS

Marco político - legal y fortalecimiento de la comu-nidad científi ca

• Ley 99 de 1993: crea el Ministerio del Medio Am-biente y el Sistema Nacional Ambiental.

• Política Nacional de Investigación Ambiental (2002). Formulada coordinadamente por el Minis-terio de Medio Ambiente (hoy Ministerio de Am-biente y Desarrollo Sostenible), el Departamento Nacional de Planeación y Colciencias.

• Política Nacional de Fomento a la Investigación y la Innovación “Colombia Construye y Siembra Fu-turo” (2008).

• Ley 1286 de 2009. Por la cual se transforma a Col-ciencias en Departamento Administrativo y se for-talece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

• Desde 1992, Colciencias instituyó la política de “apoyo al fortalecimiento y consolidación de los grupos y centros de investigación del país”, identi-fi cando al grupo de investigación como la unidad básica del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnolo-gía e Innovación.

• En 2002 Colombia adoptó la plataforma ScienTI, la cual permite visibilizar de manera permanente y actualizada la composición, producción y los de-sarrollos nacionales e internacionales en ciencia, tecnología e innovación de la comunidad científi -ca colombiana.

• De los 5.555 grupos de investigación reconocidos actualmente en la plataforma Scienti - Colombia, 800 grupos, a los que se encuentran vinculados 6.512 investigadores, se dedican a investigación en temas ambientales y del hábitat. De estos, 406 grupos reportan estar dedicados a dichos temas como actividad principal y otros 394 como activi-dad secundaria61.

• La inversión en actividades de ciencia, tecnolo-gía e innovación como porcentaje del PIB en Co-lombia ha pasado del 0.40% en 2004 al 0.51% en 200962.

Aportes de la comunidad científi ca a los procesos de toma de decisiones

• Inclusión de criterios de biodiversidad, cambio climático y gestión del riesgo, en agendas secto-riales y en procesos de ordenamiento territorial, cuyo propósito es incorporar el conocimiento científi co en los procesos de toma de decisiones.

• Establecimiento de programas de comunicación de la ciencia en múltiples organizaciones del Es-tado y del sector privado, encaminados a acercar la información y el conocimiento derivado de la investigación científi ca, a los distintos públicos in-teresados.

• Creación, promoción y fortalecimiento de redes nacionales, temáticas y regionales de investigado-res en temas ambientales.

• Consolidación de instrumentos y programas para promover la cooperación entre comunidades aca-démicas y científi cas, así como con la comunidad en general.

RetoS

• Mejorar la gestión del conocimiento para que sus-tente todas las decisiones de política ambiental, desde la generación de información hasta la apro-piación social e institucional del conocimiento, a través de:

- Promoción del conocimiento y uso de las herramientas de información.

- Consolidar y articular los mecanismos de información del sector ambiental del país y de estos con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

- Actualizar las bases de datos y la produc-ción sistemática de indicadores.

- Fortalecimiento de capacidad local y regio-nal para generación y uso de los sistemas de información.

- Desarrollar instrumentos de planifi cación y

61 Fuente: Scienti, Colciencias noviembre 201162Fuente: Observatorio de Ciencia y Tecnología. Indicadores de Ciencia y Tecnología. Noviembre 2011.

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

la comuniDaD cientÍFica Y tecnológica 131

de alerta temprana, basados en sistemas de información, orientados a la prevención de desastres y al mejoramiento de la gestión del riesgo.

• Involucrar de manera efectiva a los tomadores de decisiones a todo nivel y en los diferentes secto-res del país en la generación, uso y manejo de los conocimientos científi cos y técnicos, como ele-mento estructural de las decisiones económicas, sociales y ambientales del país.

• Incrementar la capacidad nacional de investiga-ción e innovación tanto en recursos humanos como fi nancieros elevando su participación en el PIB.

• Fortalecer estrategias de educación y formación en ciencia y tecnología, que respondan a las nece-sidades del país.

• Consolidar el desarrollo de marcos conceptuales para el abordaje transdisciplinario de los temas ambientales.

• Incluir de manera efectiva los saberes tradiciona-les pertinentes a la ciencia y la tecnología en las redes de conocimiento y en la toma de decisiones en estos temas.

• Fomentar la participación del público en general y de las mujeres, jóvenes y comunidades tradiciona-les reconocidas.

• Fortalecer la institucionalidad ambiental del país y su articulación interinstitucional a nivel nacional, regional y local.

• Fortalecer la participación de la comunidad cientí-fi ca y tecnológica en la implementación de políti-cas, acciones y programas a nivel nacional en bio-diversidad, cambio climático y recursos hídricos.

• Fortalecer la capacidad nacional para responder a los retos y oportunidades de la cooperación cien-tífi ca y técnica internacional, para el mejoramien-to de la gestión ambiental.

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

MEDIOS DE EJECUCIÓN

Sección IV

FORTALECIMIENTO DEL PAPEL DE LOS AGRICUL-TORES

CAPÍTULO 32

DiagnóStico

La población rural en Colombia sigue siendo afectada por presentar mayores índi-ces de pobreza, indigencia, analfabetismo de sus jóvenes y adultos mayores, des-nutrición en su población infantil, informalidad en el empleo con sus consecuentes reducidos ingresos y limitación en el acceso a la seguridad social, aumentando la brecha entre lo urbano y lo rural.

En efecto, una de las mayores afectaciones de los agricultores es producida por el fenómeno del desplazamiento, se estima que el 90% de la población proviene de las áreas rurales. Según registros de Acción Social, cerca de 3,7 millones de personas (846 mil hogares) fueron desplazadas en las últimas dos décadas, lo que ha venido afectando la reducción de la población rural, y con ello la concentración demográfi -ca en las capitales, la reducción de la mano de obra rural que además se acentúa con la presencia de adultos mayores.

De hecho, el área destinada a la producción agropecuaria del 45% del territorio na-cional, no ha logrado mejorar en los niveles deseados la calidad de vida de su po-blación.

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21134

aVanceS

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha ve-nido trabajando de manera focalizada en las zonas de mayor pobreza y concentración de la población rural, con programas como:

• Alianzas Productivas: promueve la vinculación de los pequeños productores con aliados comer-ciales que puedan impulsar iniciativas agrícolas, pecuarias y forestales para la generación de em-pleo, ingresos (mínimo 2 smlmv) y con criterios de sostenibilidad social y ambiental. Se articulan permanentemente a pequeños productores con mercados de valor agregado y producción com-petitiva posibilitando el crecimiento al propiciar la reinversión de los recursos que invierte el proyec-to, en un fondo rotatorio de propiedad de la or-ganización de productores que permite darle sos-tenibilidad al ciclo productivo y a la organización.

Desde el 2002 hasta la fecha, el Proyecto ha estructu-rado 489 iniciativas de los pequeños productores por valor de $ 535.641 millones.

A la fecha se han vinculado más de 232 empresas pri-vadas en más de 340 alianzas en operación, con lo cual se comercializa más de un 68 % de las ventas bajo el esquema de alianza productiva, destacándose que de las alianzas con más de dos años de implementadas, un 69% mantienen vigentes sus vínculos comerciales lo que refl eja la persistencia de los compromisos.

• Oportunidades Rurales: Desde el año 2007 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con-tribuye en la lucha contra la pobreza rural del país promoviendo el desarrollo empresarial de la po-blación más vulnerable a través del desarrollo de empresas competitivas, buscando que ellos mis-mos generen sus propios ingresos.

Para esto se cofi nancian proyectos a través de convo-catorias públicas para que las organizaciones de mi-croempresarios rurales accedan a servicios técnicos en benefi cio de sus emprendimientos productivos, a partir de las oportunidades de negocios identifi cadas por ellos mismos. Con ello, estas organizaciones con-tratan servicios y contribuyen a mejorar su participa-ción en los mercados de bienes y servicios, ampliando sus oportunidades de generar ingresos de manera sostenible.

Entre los años 2007 y 2011 se han cofi nanciado 979 proyectos (124, 313, 224, 123 y 195 respectivamen-te) en 23 departamentos, con monto aproximado $28.610 millones de pesos. Con la cofi nanciación de estos proyectos se han benefi ciado cerca de 25.759 familias (3.494, 9.242, 6.396, 3.507 y 4.379 respectiva-mente).

Dado que la asistencia técnica no basta como he-rramienta para superar la pobreza, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del Programa Oportunidades Rurales no sólo cofi nancia proyectos, sino que facilita el acceso de la población rural pobre a servicios fi nancieros diversifi cados liderando el diseño e implementación productos de microcrédito rural (el valor promedio de crédito es de $1.778.000), ahorro de bajo monto y acceso a seguros.

• Mujer Rural: El Programa de Mujer Rural, busca mejorar las condiciones de vida de las mujeres rurales, su núcleo familiar y sus comunidades. El Programa consta de 3 ejes fundamentales que son: 1) apoyo a iniciativas empresariales; 2) forta-lecimiento a redes y asociaciones de mujeres; 3) transversalización de género en la política del sec-tor rural.

• Jóvenes Rurales - Educación Rural: El Programa promueve el acceso a la educación superior de los jóvenes, fi nanciando hasta en el 100% del valor de la matrícula para adelantar estudios de educación superior en los niveles de formación técnico, tec-nológico y universitario en ciencias agropecuarias, a la población clasifi cada en los niveles de SISBEN 1 y 2 o que se encuentre en situación de desplaza-miento. El valor de la matricula será subsidiado en un 75% (50% MADR – 25% ICETEX) y el 25% res-tante, será fi nanciado mediante crédito otorgado por el ICETEX.

Benefi ciarios:

- Estudiantes aspirantes a primer semestre que hayan sido admitidos en algunos de los programas educativos autorizados por el Ministerio de Educación en las áreas téc-nicas, tecnológicas y profesionales que se encuentren relacionadas con la Administra-ción, Agronomía, Veterinaria, Zootecnia y afi nes.

- Que acrediten pertenencia a los niveles de SISBEN 1 ó 2, o demuestren calidad de des-

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

FoRtalecimiento Del PaPel De loS agRicultoReS 135

plazado, mediante certifi cación emitida por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.

- Que cumplan con los requisitos que exija el ICETEX para acceder a sus créditos.

- Resultados: $4.000 millones de pesos asig-nados, 1.490 solicitudes presentadas, 531 aprobadas, nivel universitario, técnico y tec-nológico.

• Cadenas Productivas: las cadenas son un conjun-to de actividades que se articulan técnica y eco-nómicamente desde el inicio de la producción y elaboración de un producto agropecuario hasta su comercialización fi nal. Instancia compuesta por los agentes que participan en la producción, transformación, comercialización y distribución de un producto agropecuario, forestal y pesquero y que están organizados alrededor de una cadena productiva.

Los acuerdos a pactarse entre los miembros de las ca-denas deben conducir a: mejora de la productividad y competitividad, desarrollo del mercado de bienes y factores de la cadena, disminuir los costos de transac-ción entre los distintos agentes de la cadena, desarro-llar alianzas estratégicas de diferente tipo, mejorar la información entre los agentes de la cadena, vincular los pequeños productores y empresarios a la cadena, promover el buen manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, formar los recursos humanos, realizar investigaciones y desarrollos tecnológicos.Las cadenas priorizadas en el sector agropecuario son: ovino-caprina, guadua, piscícola, cacao, tabaco, papa, alimentos balanceados, forestal, palma, fi que, panela, láctea, arroz, camarón de cultivo, carne bovina, sábila, plantas aromáticas, fl ores y follajes, caucho, hortalizas, plátano, guayaba, apícola, cítricos, aguacate, peces or-namentales.

Su esquema operativo está integrado por tres nive-les de participación: Consejos Nacionales de cadena, con representatividad de los distintos eslabones de la cadena productiva, es el organismo de consulta del gobierno nacional en cuanto a las políticas agrope-cuarias. Existen 23 cadenas operando actualmente.

Consejos Regionales de Cadena, con representati-vidad de los distintos eslabones de la cadena a nivel regional (Antioquia, Boyacá, Córdoba, Cundinamarca, Meta, Santander, Urabá, Magdalena, Huila, Tolima, Eje

Cafetero). 27 cadenas operando actualmente.

Secretarios Técnicos Nacionales y regionales, son el punto de enlace entre el sector público y privado y mantienen la dinámica de la cadena. Les corresponde coordinar, gestionar, articular, con el fi n de lograr los compromisos establecidos en los acuerdos de compe-titividad.

Metodología:

Análisis del desempeño: Diagnóstico del subsector por cadenas (Acuerdos de Competitividad)

- Identifi car demandas de tecnológicas y no tec-nológicas

- Conocer la oferta disponible

- Formular agenda por cadena productiva (Parti-cipativa)

- Organizar y operar sistema fi nanciero (Fondo Concursal)

Prospección de la cadena: impacto actual y futuro de los factores críticos sobre el desempeño de la cadenaDefi nición de estados futuros (escenarios)Defi nición de las demandas actuales y futuras (Agen-da de investigación)

• Seguridad Alimentaria y Nutricional: Mediante la promoción y apoyo a las Secretarías de Desarro-llo Agropecuario para la formulación, implemen-tación y seguimiento de los planes, de manera coordinada con otras entidades relacionadas con el tema, se ha logrado la realización de los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional en todos los departamentos del país, a cargo de su entidad territorial respectiva.

El programa hace referencia al requerimiento de la realización de acciones que permitan contribuir a la disminución de las desigualdades sociales y econó-micas, asociadas a la inseguridad alimentaria y nutri-cional. Se han priorizado las acciones dirigidas hacia los grupos de población más vulnerables, como los desplazados por la violencia, los afectados por los de-sastres naturales, los grupos étnicos (indígenas, afro-colombianos, raizales, gitanos), los niños, las mujeres gestantes, las madres en lactancia y los grupos de per-sonas y campesinos de más bajos recursos.

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21136

• Incentivo a la Asistencia Técnica: el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural aporta el 80% de los costos de asistencia técnica del proyecto (sin superar 10% del costo total del cultivo), servicio que es prestado por empresas prestadoras de ser-vicios agropecuarios (EPSAGROS) debidamente califi cadas y autorizadas por el Ministerio.

La asistencia técnica comprende:

- Formulación, gestión y administración del pro-yecto.

- Búsqueda de fuentes de fi nanciación para el proyecto productivo.

- Asesoría para la implementación de los proyec-tos productivos.

- Diseño e implementación de planes y mecanis-mos para el manejo sanitario, fi tosanitario y de cosecha y post cosecha.

Benefi ciarios:

• Pequeños productores con activos hasta 1.756 smlmv, que de manera individual o asociada pre-tenda desarrollar un proyecto productivo agrope-cuario.

inStRumentoS De PolÍtica

Una de las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo ha sido la elaboración y aprobación de la Ley de Víc-timas, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, la reforma y creación del Sistema General de Regalías, y el proyecto de Ley aún en estudio de la Ley de Tierras y Desarrollo Rural.

Frente al desplazamiento, el Gobierno Nacional ha venido trabajando en la implementación de medidas compensatorias como lo es la Ley de Víctimas, Ley 1448 de 2011 dirigida a la atención, asistencia y re-paración integral a las víctimas del confl icto armado interno, como una forma especial de realizar procesos integrales de atención a esta población afectada por la violencia, entre los que se encuentra la restitución de tierras.

La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Ley 1454 de 2011, mediante este instrumento se promueve la Organización político administrativa de territorio.

El Ordenamiento Territorial es un instrumento de pla-nifi cación y de gestión de las Entidades Territoriales y un proceso de construcción colectiva de país, que se

da de manera progresiva, gradual y fl exible, con res-ponsabilidad fi scal, tendiente a lograr una adecuada organización político administrativa del Estado en el territorio, para facilitar el desarrollo institucional, el fortalecimiento de la identidad cultural, socialmente justa, ambiental y fi scalmente sostenible, regional-mente armónica, culturalmente pertinente, ateniendo la diversidad cultural y física geográfi ca de Colombia.

Esta Ley permite diversas formas de asociación de las entidades territoriales para formular planes territoria-les, a ser fi nanciados con recursos del Sistema General de Regalías creado mediante el Decreto 2943 de 2011, que crea dos fondos que de manera especial están destinados a fi nanciar los planes, el Fondo de Com-pensación Regional para superar los desequilibrios económicos y sociales, y el Fondo de Desarrollo Regio-nal, para territorios con mayor pobreza y desempleo.

Otro instrumento que se ha constituido en un esfuer-zo del Gobierno es el proyecto de Ley de Tierras y De-sarrollo Rural, cuyo propósito fundamental es lograr transformar la estructura productiva, institucional y social del campo desde la perspectiva del territorio y avanzar hacia esquemas productivos, con un enfoque empresarial, introduciendo la normativa que debe re-gir para el logro real del desarrollo de las zonas rura-les del país y a su vez organizar la dispersa legislación existente sobre reforma agraria, en un cuerpo único y coherente que facilite su aplicación y consulta. Esto también permitirá la consolidación de los procesos de restitución de tierras que se vienen adelantando en el marco de la Ley 1448 de 2011 y estimular su inserción a las actividades agropecuarias.

RetoS

• Continuar fomentando la innovación tecnológica: formando capacidades en ciencias básicas o, a partir del conocimiento básico ya disponible, apo-yando investigación y desarrollo (I&D) para pro-ducción de tecnologías fácilmente incorporables en procesos productivos del país.

• Defi nir estrategias que permitan aumentar y ga-rantizar la continuidad de la masa crítica formada al servicio del sector agropecuario.

• Continuar fortaleciendo la capacidad de innova-ción, mediante la consolidación de alianzas estra-tégicas sector educativo-sector productivo.

• Pertinencia del recurso humano con capacidad

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

137

para responder a la demanda, proponer solucio-nes interdisciplinarias, multidisciplinarias e inte-rinstitucionales, enfoque sistémico, trabajo en equipo, conformación de redes.

• Continuar fortaleciendo la cadena de valor del conocimiento que responda a las necesidades de mercado.

• La restitución de tierras a quienes les fue usurpada.

• La extinción de dominio de quienes la obtuvieron ilícitamente.

• La posibilidad de crecimiento sostenible y compe-titividad de desarrollar proyectos a gran escala.

• El acceso a crédito y a nuevas tecnologías a través de la investigación y transferencia a los producto-res.

• La ausencia de una cultura para la gestión de ries-gos climáticos.

• La educación y apoyo a los emprendedores del campo.

• Atender impactos de la reciente emergencia in-vernal.

• Implementar estrategias para reducir la vulnerabi-lidad ante futuros eventos climáticos.

• Delimitar la nueva frontera agropecuaria colom-biana, promoviendo el uso sostenible de los recur-sos agua y suelo al interior de dicha frontera y su protección al exterior.

• Estimular la inversión y el apalancamiento de re-cursos de inversión para el desarrollo rural inte-gral.

• Orientar a las entidades territoriales en materia de desarrollo rural integral sostenible y en el ordena-miento territorial.

• Buscar mayores niveles de descentralización en la ejecución de la política de desarrollo rural y una mayor transparencia y efi ciencia en el manejo de los recursos públicos.

• Coordinar las acciones del Gobierno Nacional con las entidades públicas territoriales y privadas, bus-cando un verdadero impacto en las poblaciones rurales más vulnerables.

• Promover el acceso a la seguridad social de los productores agropecuarios.

• Promover la educación rural universal.

concluSión

El país ha venido desarrollando e implementando es-trategias y políticas tendientes a mejorar las condicio-nes de vida de la población más vulnerable, ha creado instrumentos para que entre territorios se apoyen para atender poblaciones con mayores niveles de des-empleo y pobreza, buscando la equidad y reducir los desequilibrios en el desarrollo regional. Su preocu-pación por la superación de la pobreza ha hecho que sus programas sean focalizados, dirigidos al grupo fa-miliar abordados desde distintos programas, en don-de la nutrición a sido su eje fundamental, junto con la generación de oportunidades de empleo e ingreso articulados al mercado, en el cual los agricultores de manera individual u organizada acceden directamen-te a los programas del Ministerio de Agricultura y De-sarrollo Rural como parte de un proceso de enseñanza y autogestión.

Los retos para el Ministerio de Agricultura se encuen-tran en la implementación de sus políticas de resti-tución, formalización, adjudicación de baldíos, y el desarrollo integral rural propuesto bajo el enfoque territorial en el proyecto de ley de tierras y desarrollo rural, que implicará un gran esfuerzo de articulación entre las distintas entidades de gobierno, de tal mane-ra que el desarrollo, de esta manera concebido, facilite el mejoramiento de la calidad de vida de las familias rurales, integrándolos a los procesos de globalización.

FoRtalecimiento Del PaPel De loS agRicultoReS

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

RECURSOS Y MECANISMOS DE FINANCIACIÓN CAPÍTULO 33

ViSión

El Gobierno Nacional ha establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos” la inversión de aproximadamente $564 billones de pesos para la implementación de todos los pilares, objetivos y estrategias defi nidos en el plan, cuyas fuentes de fi nanciación son el Presupuesto General de la Nación, el pre-supuesto del sector descentralizado nacional, las entidades territoriales y el sector privado.

Los recursos del Plan Plurianual de Inversiones (PPI) para el 2011-2014 se distribu-yen así:

I. Crecimiento sostenible y competitividad, a través de 5 sectores que son el trans-porte, minería y expansión energética, vivienda y ciudades amables, agricultura y desarrollo rural, y sectores basados en la innovación, con una asignación de $264 billones de pesos (47%);

II. Igualdad de oportunidades para la prosperidad social, a través de estrategias para el desarrollo y protección social, la superación de la pobreza extrema y la atención de población víctima de desplazamiento forzado por la violencia, el ac-ceso social a servicios y la inclusión social, con una asignación de $168 billones de pesos (30%);

III. Consolidación de la paz, con una asignación de $77 billones de pesos (14%);

IV. Sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo, a través de una gestión am-biental para el desarrollo sostenible y gestión del riesgo de desastres, con una asignación de $34 billones de pesos (6%);

V. Prosperidad democrática, mediante el desarrollo de estrategias para el buen go-bierno, la relevancia internacional y apoyos transversales al desarrollo regional, con una asignación de $21 billones de pesos (4%).

RecuRSoS Y mecaniSmoS De Financiación 139

Crecimiento sostenible y competitividad

$ 264 Billones de pesos(47%)

Igualdad de oportunidades para la prosperidad Social $168 Billones de pesos(30%)

Consolidación de la paz $77 billones de pesos

(14%)

Sostenibilidad ambiental y prevencion de riesgos$34 Billones de pesos

(6%)Soportes transversales$21 Billones de pesos

(4%)

Plan Plurianual de Inversiones (2011-2014)

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014

La gestión ambiental enfrenta un reto importante para asegurar que el crecimiento del país, impulsado por los sectores locomotora de la economía nacional, cumpla con los parámetros de sostenibilidad y contri-buya a la construcción de una sociedad más justa y equitativa para las generaciones presentes y futuras. En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo estimó la inversión para el sector de ambiente y desarrollo sostenible de $7,8 billones de pesos para el periodo 2011-2014.

aVanceS

Entre los años 2002 a 2012, el país ha invertido cerca de $1.2 billones de pesos del presupuesto general de la nación, para l apoyar la gestión de las entidades del Sistema Nacional Ambiental (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Unidad Admi-nistrativa de Parques Nacionales Naturales e Institutos de Investigación) a través de la ejecución de proyectos de inversión.

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21140

$180.000

$160.000

$140.000

$120.000

$100.000

$80.000

$60.000

$40.000

$20.000

$-2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

RecursosInversión

Recursos de Inversión de las entidades del sector Ambinetal 2002 - 2012(Cifras en millones de pesos corrientes)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012$ -

$ 10.000

$ 20.000

$ 30.000

$ 40.000

$ 50.000

$ 60.000

$ 70.000

$ 80.000

$ 90.000 Recursos de Inversión por Entidades del Sector 2002 - 2012

(Cifras en millones de pesos corrientes)

CORPORACIONES FONAM FONAM PARQUES IAVH IDEAM IIAP INVEMAR MAVDT PARQUES SINCHI

Recursos de Inversión por Entidades del Sector Ambinetal 2002 - 2012(Cifras en millones de pesos corrientes)

Entre los años 2008 a 2012, el porcentaje de incremen-to del presupuesto del sector ambiental se ha triplica-do, pasando de un incremento del 3% entre el 2008 y 2009, al 9% entre el 2011 y 2012. Cabe mencionar que gran parte de esfuerzo por empoderar el tema ambiental en el país se vio refl ejado a través de la esci-sión del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

63 Siglas:CORPORACIONES: Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo SostenibleFONAM: Fondo Nacional AmbientalIAVH: Instituto de Investigación Alexander von HumboldtIDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios AmbientalesIIAP: Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífi co Jhon Von NeumanINVEMAR: Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “Jose Benito Vives de Andreis”MAVDT: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, desde el 2011, Ministerio de Ambiente y Desarrollo SosteniblePARQUES: Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de ColombiaSINCHI: Instituto Amazónico de Investigaciones Científi cas

Fuente: DNP-SDAS63

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

141

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

10%

8%

6%

4%

2%

0%

% deIncremento

%de incremento del presupuesto de inversión del sector ambiental, 2008-2012

Las áreas temáticas que han contado con una mayor cantidad de recursos de inversión del presupuesto general de la nación entre los años 2009 a 2012 son biodiversidad ($133.600 millones de pesos), gestión ambiental sectorial ($130.250 millones de pesos) e in-formación para la toma de decisiones ($92.260 millo-nes de pesos), sin dejar de lado la asignación de recur-sos de inversión para el fortalecimiento institucional (85.000 millones de pesos).

Fuente: DNP-SDAS

En materia de cooperación internacional:

• En 1994, la República de Colombia y el Banco Inte-ramericano de Desarrollo suscribieron un contra-to de cooperación para la ejecución del “Programa Ambiental” conocido como “SINA I”, con el objetivo de apoyar el establecimiento de la nueva estruc-tura institucional ambiental del país y el desarrollo de proyectos orientados a resolver problemas de deterioro de microcuencas y de ecosistemas espe-

ciales (Ciénaga Grande de Santa Marta y Parque Los Nevados). Este programa fi nalizó en 2003, con la ejecución de US$102 millones de dólares, más recursos adicionales aportados por el gobierno con fondos nacionales y de un crédito del Banco Mundial.

• En 2004, la República de Colombia y el Banco Inte-ramericano de Desarrollo, celebraron el contrato de cooperación para la ejecución del “Programa de Apoyo al Sistema Nacional Ambiental (SINA II)”, con el objeto de contribuir al mejoramiento del estado de los recursos naturales y el medio am-biente, así como mejorar la gestión ambiental de las entidades del SINA para promover que el desa-rrollo de Colombia se dé en forma sostenible. En el marco de este programa se ejecutaron US$28 millones de dólares, de los cuales US$20 millones fueron fi nanciados por el BID y el resto por el Go-bierno de Colombia.

• Este programa de apoyo incluyó las siguientes áreas de trabajo:

1. Mejoramiento del Sis-tema de Información Ambiental para Co-lombia (SIAC), en sus módulos agua y bos-ques.

2. Implementación y ar-ticulación de políticas ambientales priorita-rias y sus instrumen-tos, relacionados con ecosistemas forestales en cuencas hidrográ-fi cas, producción más limpia y manejo inte-gral de residuos sóli-dos.

3. Ejecución de programas de educación nacional y territorial, sobre la importancia de la conser-vación y manejo sostenible de los recursos na-turales y el medio ambiente.

4. Inversiones ambientales en áreas temáticas prioritarias: i) Conservación, restauración y ma-nejo sostenible de ecosistemas forestales en cuencas hidrográfi cas; ii) Manejo integral de re-siduos sólidos; iii) Producción más Limpia.

$50.000$45.000$40.000$35.000$30.000$30.000$25.000$20.000$15.000$10.000

$5.000$0

Biodiversidad

Cambio Climátic

o

Áreas protegidas

Fortalecim

iento Insti

tucional

Información para la

toma de decisio

nes

Gestión del ri

esgo de desastr

e

Gestión Ambiental S

ectorial

Gestión In

tegral del re

curso Hídric

o

Educación Ambiental

Fondo compensación Ambiental

Vigencia 2009 Vigencia 2010 Vigencia 2011 Vigencia 2012

Distribución de la Inversión por Temas, 2009-2012(Cifras en millones de pesos corrientes)

RecuRSoS Y mecaniSmoS De Financiación

142 agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

• En 2005, inició la ejecución del “Proyecto de Inver-sión para el Desarrollo Sostenible”, mediante la ce-lebración de un contrato de empréstito por valor de US$7.000.000 entre la República de Colombia y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fo-mento, con el objeto de desarrollar acciones inter-sectoriales que contribuyan al desarrollo sosteni-ble del país, mediante la atención de problemas ambientales que generen impactos signifi cativos en la salud y la calidad de vida de los grupos más vulnerables de la población colombiana.

Este proyecto que fi naliza en el 2012, tiene los siguien-tes componentes: (i) Salud ambiental, (ii) Desarrollo urbano sostenible, (iii) Manejo integral del agua, y (iv) Planifi cación, seguimiento y control a la gestión am-biental. En 2012 se espera iniciar la segunda fase de este proyecto, el cual contará con US$10.000.000 para el desarrollo de acciones estratégicas en los anteriores componentes.

• En 2007, Colombia recibió una donación de $43.250.000.000 de pesos, por parte de la Embajada del Reino de los Países Bajos, para el desa-rrollo del “Programa de Enfoque Sectorial para Medio Ambien-te en Colombia”. Esta donación fi naliza en el 2012.

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA ECOLÓGICA-MENTE RACIONAL, COOPERACIÓN Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD

CAPÍTULO 34

ViSión La incorporación de nuevas fuentes y tecnologías más limpias en todas las etapas de las cadenas energética y minera, y la generación de valor agregado y posibilidades de desarrollo; al tiempo que se fomenta una cultura de investigación que lleve a una sociedad de conocimiento en el país.

aVanceS

Los principales avances en cuanto a la transferencia de tecnología ecológicamente racional son:

• Introducción de criterios sobre impacto ambiental en los proyectos de investi-gación y desarrollo y en los proyectos de transferencia de tecnología.

• Diseño de incentivos tributarios para favorecer las inversiones de las empresas en proyectos de ciencia, tecnología e innovación (CT+I).

• Adopción de criterios de desarrollo ambiental en grandes proyectos de infraes-tructura, vías, hidroeléctricas, saneamiento básico, provisión de agua potable, vivienda, industria, agricultura, energía, minería.

• Desarrollo de la industria de biocombustibles para sustituir la gasolina en vehí-culos de un 10% próximamente a un 20% y en el caso del diésel sustitución del 5%.

• Expedición de la Ley 697 de 2001, mediante la cual se fomenta el uso racional y efi ciente de la energía y se promueve la utilización de energías alternativas.

• Desarrollo de proyectos para la el fomento del uso racional y efi ciente de ener-gía en el sector productivo Colombiano en asocio con entidades como la Uni-dad de Planeación Minero Energética -UPME y la mayor empresa Colombiana, Ecopetrol.

• El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha trabajado con diferentes autoridades ambientales regionales en el diseño e implementación de proyec-tos orientados a la promoción de reconversión de tecnologías que permitan dis-minuir o eliminar el uso de mercurio y cianuro en las actividades mineras.

• Lanzamiento del Subsistema Nacional de Asistencia Técnica Agropecuaria.

• Avance sustancial en proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio, logrando desde el año 2002 hasta la fecha 152 proyectos de MDL enfocados a los sectores energético, forestal, industrial, residuos y transporte64.

64 Fuente: Scienti, Colciencias, no-viembre 2011.

144 agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

RetoS

• Incrementar la inversión en investigación y desa-rrollo y transferencia de tecnología en 1% del PIB hacia el año 2014.

• Crecimiento y expansión de los sectores minero y energético con criterios de sostenibilidad (PND, 2010).

o Formulación de metodologías para prevenir, identifi car y valorar los pasivos dejados por el sector mineroenergético y formular proyectos de recuperación ambiental y compensación en las zonas afectadas; establecer un diálogo interinstitucional entre los sectores minero y ambiental en cuanto a la delimitación de áreas excluidas utilizando criterios de desarrollo sos-tenible.

o Aumento del uso de fuentes no convencionales de energía (FNCE) para la generación eléctrica en zonas no interconectadas (ZNI) para mayor disponibilidad de recursos energéticos y mejo-ra de la calidad de vida de poblaciones en estas zonas.

o Desarrollo de elementos regulatorios para per-mitir la entrada de FNCE y smart grids.

• Aprovechar de manera sostenible la biodiversidad y los recursos genéticos.

• Formar 500 investigadores a nivel de PhD con én-fasis en áreas estratégicas, entre ellas desarrollo sostenible, biodiversidad, ambiente e ingenierías.

• Desarrollar evaluaciones de impacto de las tecno-logías generadas y transferidas con criterios que incluyan impacto ambiental sobre los recursos y poblaciones.

• Generar instrumentos fi nancieros para generar tecnologías ecológicas de dominio público que favorezcan a poblaciones rurales y vulnerables.

• Realizar evaluaciones de alternativas de tecnolo-gías ecológicamente racionales para su adquisi-ción y difusión.

• Financiación de proyectos de reconversión tecno-lógica orientadas al sector de las pequeñas y me-dianas empresas (PYME).

LA CIENCIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLECAPÍTULO 35

ViSión

Colombia ha fortalecido su capacidad en ciencia, tecnología e innovación, para la gestión integral de conocimiento pertinente y relevante al desarrollo sostenible del país.

aVanceS

• La reforma de la institucionalidad ambiental colombiana estuvo a la vanguar-dia en América Latina y el Caribe, en respuesta a la Cumbre de la Tierra, dando como resultado el fortalecimiento de la investigación en el Sistema Nacional Ambiental (SINA), mediante la creación de cinco institutos para la investigación ambiental, cuatro de ellos vinculados y uno adscrito al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y el establecimiento del Sistema de Información Ambien-tal para Colombia (SIAC).

• Política Nacional de Investigación Ambiental (2002). Formulada coordinada-mente por el Ministerio de Medio Ambiente, el Departamento Nacional de Pla-neación y Colciencias.

• Visión Colombia II Centenario: 2019 – Fundamenta el crecimiento y el desarrollo social en la ciencia, la tecnología y la innovación (2005).

• Política Nacional de Fomento a la Investigación y la Innovación “Colombia Cons-truye y Siembra Futuro” (2008).

• Ley 1286 de 2009. Por la cual se transforma a Colciencias en Departamento Ad-ministrativo y se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innova-ción.

• En 2002 Colombia adoptó la plataforma ScienTI, la cual permite visibilizar de manera permanente y actualizada la composición, producción y los desarrollos nacionales e internacionales en ciencia, tecnología e innovación de la comuni-dad científi ca colombiana.

• De los 5.555 grupos de investigación reconocidos actualmente en la platafor-ma Scienti - Colombia, 800 grupos, a los que se encuentran vinculados 6.512 investigadores, se dedican a investigación en temas ambientales y del hábitat. De estos, 406 grupos reportan estar dedicados a dichos temas como actividad principal y otros 394 como actividad secundaria65.

• La inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación como porcentaje del PIB en Colombia ha pasado del 0.40% en 2004 al 0.51% en 200966.

• Desarrollo de inventarios y consolidación de información para la gestión del co-nocimiento científi co y técnico en áreas como hidrología, meteorología, biodi-versidad y servicios ecosistémicos.

• Publicación de conocimientos científi cos útiles para la ordenación sostenible y la formulación de política pública, tales como los atlas ambientales, la evalua-ción y caracterización del estado de los recursos naturales, y de la cantidad, cali-dad y dinámica del agua en Colombia, mapas, informes, etc.

65 Fuente: Scienti, Colciencias no-viembre 2011.

66 Fuente: Observatorio de Cien-cia y Tecnología. Indicadores de Ciencia y Tecnología. Noviembre 2011.

146 agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

• Desarrollo de marcos conceptuales y metodoló-gicos, protocolos, indicadores, estándares de ca-lidad, y propuestas de modelamiento en temas ambientales como cambio climático, recursos hí-dricos, biodiversidad y servicios ecosistémicos.

• Generación de insumos científi cos y técnicos para la zonifi cación y el ordenamiento territorial.

• Generación y coordinación de redes nacionales e internacionales de información y conocimiento en temas relevantes de carácter ambiental, tales como cambio climático, recursos hídricos y biodi-versidad.

• Fortalecimiento en la generación de conocimien-to e información sobre alertas y riesgos hidrome-teorológicos.

• Desarrollo del Siste-ma de Información Ambiental para Co-lombia (SIAC).

• Mejoramiento de la cooperación nacional e internacional cien-tífi ca y técnica para el aumento de la ca-pacidad nacional y el intercambio de cono-cimientos.

• Generación de una política pública para el desarrollo comer-cial de la biotecno-logía a partir del uso sostenible de la bio-diversidad.

RetoS

• Fortalecer las redes de conocimiento e informa-ción científi ca y tecnológica en temas ambienta-les.

• Fortalecer la capacidad nacional científi ca y tec-nológica.

• Generar capacidad nacional adecuada para cubrir la producción de conocimientos en temas am-bientales.

• Desarrollar metodologías para el modelamiento de escenarios y la generación de pronósticos am-

bientales en tiempo real.

• Mejorar los estándares de incertidumbre en la in-formación generada respecto a alertas tempranas.

• Desarrollar y complementar capacidades nacio-nales para mantener actualizada la información científi ca y técnica pertinente y relevante a las ne-cesidades del país.

• Incorporar tecnologías tradicionales y locales que aporten al desarrollo del país.

• Fortalecer los mecanismos de participación de las poblaciones tradicionales y locales, con miras a determinar el estado del medio ambiente y los recursos naturales desde una perspectiva social.

• Promover el acceso facilitado y oportuno a la in-formación científi ca y tecnológica ambiental.

• Consolidar la estructura y las plataformas de infor-mación necesarias para la adecuada gestión del conocimiento científi co y técnico y su divulgación.

• Generación de conciencia ciudadana sobre la con-servación y uso sostenible de los recursos natura-les como base para el desarrollo del país.

• Incrementar la investigación, el desarrollo tecno-lógico y la aplicación de nuevas tecnologías para el aprovechamiento sostenible de los recursos na-turales.

FOMENTO DE LA EDUCACIÓN, LA CAPACITA-CIÓN Y LA TOMA DE CONCIENCIA

CAPÍTULO 36

PRogRama De eDucación ambiental (1992 - 2012)

Con el desarrollo del Programa de Educación Ambiental se busca proporcionar un mar-co conceptual, metodológico, estratégico y proyectivo, que desde la visión sistémica del ambiente y de la formación integral de los seres humanos, oriente las acciones que en materia de educación ambiental se adelanten en el país, en los diferentes niveles de la educación formal, no formal e informal, en el marco de los propósitos de los sectores am-biental, educativo, y en general, de la dinámica del Sistema Nacional Ambiental (SINA), para lo cual se han implementado proyectos dirigidos al desarrollo de estrategias de: a) lectura de contexto, b) profundización en el conocimiento de las realidades locales y de sus problemáticas ambientales y, c) comprensión de que para la resolución de las mis-mas, es indispensable la apertura y consolidación de espacios de refl exión y acción, en-caminados a la construcción de una cultura ética y responsable en el manejo sostenible del ambiente, e incorporarla en todas las dinámicas del desarrollo institucional y organi-zacional, entre otros.

RetoS

Para lo anterior, el acompañamiento permanente a la conceptualización, al diseño me-todológico para la construcción de propuestas proyectivas, orientadas a transformar el quehacer docente y las relaciones de las instituciones educativas con la comunidad, y con los contextos ambientales y educativos particulares, es uno de los retos mayores del Programa de Educación Ambiental.

Para responder a los retos, se adelantan procesos de a) formación con docentes y dina-mizadores ambientales, para la construcción de conocimiento signifi cativo en educación ambiental y, b) sistematización de experiencias signifi cativas para los avances de las polí-ticas nacionales educativa, ambiental y de educación ambiental a través del cual se forta-lecen los mecanismos de comunicación y difusión de experiencias educativo – ambien-tales; se consolidan equipos de gestión para el trabajo en red, a nivel nacional y territorial y se construye un sistema de información que proporciona reportes, sobre el estado de avance de los proyectos ambientales escolares (PRAES) en los departamentos que son acompañados a través de sus diferentes procesos. Igualmente, asocia pares internacio-nales, para los intercambios requeridos, desde la intencionalidad de fortalecer la calidad académica y proyectiva de la propuesta, en todas sus dimensiones (sostenibilidad).

Estos procesos se dinamizan en el país, a través de las tres principales estrategias de la Política Nacional de Educación Ambiental, a saber, los comités técnicos interinstitucio-nales de educación ambiental (CIDEA), los proyectos comunitarios y ciudadanos de edu-cación ambiental (PROCEDA) y, de manera relevante para el Ministerio de Educación Na-cional, los proyectos ambientales escolares (PRAE), estrategias estas que se encuentran instaladas en 23 departamentos del país, a través de tres sub-proyectos específi cos: 1) Profundización67: consolidación de la incorporación de la educación ambiental en el de-sarrollo institucional y territorial; 2) Expansión68: fortalecimiento de la propuesta educa-tivo-ambiental en los ámbitos institucionales y locales, y 3) Introducción:69, iniciación de las acciones de acompañamiento directo del Programa; los sub-proyectos apuntan a la ampliación de cobertura en el país, desde la calidad y pertinencia de las acciones.

67 Antioquia, Boyacá, Bolívar, Cal-das, Cauca, Córdoba, Guaviare, Nariño, Norte de Santander, Quin-dío, Risaralda, y Valle del Cauca.

68 Cesar, La Guajira, Meta y Tolima.

69Amazonas, Caquetá, Cundina-marca, Putumayo, Santander, At-lántico y Sucre.

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21148

ESTRATEGIAS PERIODO 1992 - 2002

PERIODO 2002 -2012Revolución Educativa - Institucionalización de la

Educación Ambiental en el país

Instrumentos de Política Pública

a. Política Nacional de Educación Am-biental del SINA.

b. Agendas Conjuntas (Ministerio de Educación - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible).

c. Agenda Intersectorial Nacional para la educación ambiental y comunicación.

Proceso de construcción, socialización a los actores SINA y profundización de la implementación de esta Política.

Dos Agendas Interministe-riales (1995 a 1998, y 1999 a 2002).

Profundización de la implementación de la Política, y ex-pansión del proceso de institucionalización del tema en el territorio.

Tres agendas interministeriales (2002 a 2005; 2005 a 2007 y 2007 a 2010).

Una agenda Intersectorial Nacional para la educación ambiental y comunicación. 2010 - 2014 (fi rmada por los Ministros que hacen parte de los diferentes sectores del desarrollo nacional).

Acompañamiento a Secretarías de Educación Departamentales.

12 22

PRAE Acompañados por el Programa

a. De manera focalizada: a través de la aplicación de todos sus procesos, a la formación de docentes.

Instituciones educativas con PRAE signifi cativo.

420 1063

Docentes formados en el tema. 840 2132

Estudiantes vinculados a la propuesta educativo-ambiental.

25200 73420

b. De manera directa: A través de la aplicación de sus procesos, a la formación de otros actores, asociados a los diferentes sectores del desarrollo territorial, representados en los CIDEA (fortalecimiento de la gestión de la educación ambiental).

A través de los CIDEA, formados por el Pro-grama se acompaña un número importan-tes de instituciones educativas con PRAE signifi cativo.

746 1206

A través de las instituciones acompañadas por el CIDEA se forman en el tema igual-mente, un número importante de docentes.

1492 2406

A través de los docentes formados por las instituciones de CIDEA, se vinculan un nú-mero importante de estudiantes, a la pro-puesta educativo-ambiental.

52220 82860

loS PRoYectoS ambientaleS eScolaReS -PRae

Son proyectos que incorporan la problemática ambiental al quehacer de las instituciones edu-cativas, teniendo en cuenta sus diagnósticos ambientales particulares -naturales y sociocultu-rales-, y el carácter transversal e interdisciplinario propio de las necesidades de comprensión de la visión sistémica del ambiente y de la formación integral, requeridas para la transforma-ción de realidades locales y/o nacionales.

Evidencias signifi cativas de sus impactos en el territorio son:

a. En materia de instrumentos políticos y de PRAE

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

Fomento De la eDucación, la caPacitación Y la toma De conciencia 149

Observaciones. Durante el periodo 2002 – 2012:

• De los 22 departamentos acompañados por el Programa, en 16 que corresponden a los sub-proyectos: profundización (12) y expansión (4), 300 municipios (de un total de 566) fueron incorporados en los procesos formativos - PRAE del Programa. En cada uno de ellos, se viene organizando un nodo de Orga-nización de Redes de Proyectos Ambientales Escolares (REDEPRAE), conformado por los docentes que coordinan los correspondientes PRAE signifi cativos.

• El Programa igualmente, avanzó en el diseño, pilotaje y consolidación del módulo web - PRAE (Colombia Aprende) www.colombiaaprende.edu.co/prae, que incorpora herramientas para formación virtual, en el marco del fortalecimiento de la comunidad de conocimiento en el tema particular.

• En el mismo contexto, inició el desarrollo y pilotaje de la base nacional de datos - PRAE, asociada a los instrumentos de información del Ministerio de Educación Nacional y de las Corporaciones Autónomas Regionales.

• Dos estudios de experiencias signifi cativas en materia de PRAE, que fueron socializados en los eventos nacionales y regionales de PRAE.

b. En materia de CIDEA: Mecanismo de sostenibilidad del tema

Los comités técnicos interinstitucionales de educación ambiental (CIDEA), son los mecanismos por excelencia, de descentración y autonomía para la gestión de la educación ambiental constituyéndose en el eje de sosteni-bilidad de la Política Nacional de Educación Ambiental.

La composición de los Comités corresponde a la estructura del Sistema Nacional Ambiental – SINA, es decir, delegados de instituciones gubernamentales, representantes de la sociedad civil, delegados del sector privado y de los gremios.

Estos Comités desarrollan propuestas de trabajo de carácter interinstitucional e intersectorial, buscando su articulación con los planes de desarrollo territorial y los planes de desarrollo de cada una de las instituciones que hacen parte del CIDEA. Para esta articulación, es importante el análisis de las competencias y responsabi-lidades en materia de educación ambiental, y la negociación de intereses nacionales, departamentales, locales e institucionales.

Durante el periodo 2002 - 2012, desde esta estrategia, se resaltan los siguientes resultados:

ESTRATEGIAS PERIODO 1992 - 2002

PERIODO 2002 -2012Revolución Educativa - Institu-cionalización de la Educación

Ambiental en el país

Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental CIDEA

a. De manera focalizada: a través de la aplicación de todos sus procesos, a la formación de dinamizadores ambientales, que son agentes educativos provenientes de instituciones y sectores, diferentes al Sector Educativo, con responsabilidades en la educación ambiental, en el ámbito territorial.

CIDEA Departamentales acompañados para su fortalecimiento 12 22

Instituciones participando en los CIDEA 120 345

Departamentales:

De los sectores ambiental, educativo (universidades), salud, y agricultura, defensa (Policía Nacional); de las organizaciones no gubernamentales, de los grupos étnicos y comunitarios, de los gremios y de la empresa privada, entre otros

(10 instituciones por departamen-to)

(15 instituciones por departa-mento)

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21150

c. En materia de PROCEDA: Estrategia de interacción entre la comunidad y la institución edu-cativa.

Los proyectos comunitarios y ciudadanos de educación ambiental (PROCEDA) son la estrategia para posicionar como ejes de sostenibilidad ambiental, la educación, la participación de la co-munidad70, y la concertación y la voluntad política, constituyéndose así en procesos de educa-ción ambiental ciudadana no formales. Se han desarrollado como una propuesta piloto en dos departamentos, a través de un proceso formativo - investigativo, incorporado en las acciones de intervención ambiental instaladas en el territorio.

Agentes educativos formados. 120 (Un delegado por cada una de las instituciones que participan)

345(Un delegado por cada una de las instituciones que participan)

Planes de acción desarrollados por los CIDEA departamentales. 12 (Uno por CI-DEA)

22 (Uno por CIDEA)

Planes departamentales de educación ambiental formulados, gestionados y en pro-ceso de institucionalización (profundización).

Algunos de los 12 departamentos presentan avances en materia de producción de instrumentos de gestión que trascienden los planes a corto plazo, a través de:

• Planes quinquenales y/o decenales de educación ambiental.

Evidenciando experiencias de impacto global y local, en materia de institucionaliza-ción de la educación ambiental en el país, con instrumentos políticos e impactos en el desarrollo institucional, municipal y departamental.

5 (del total de los 12 CIDEA acompa-ñados)

12 (Uno por cada CIDEA acompa-ñado)

Planes quinquenales y/o decena-les de educación ambiental.

7 (Departamentos de Caldas, Guaviare, Nariño, Norte de San-tander, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca)

Perfi les de plan en procesos de formulación (Expansión). 5 (Uno por departamento)

Planes institucionales con propuestas de incorporación de la educación ambiental.

Avances en institucionalización del tema, en los diferentes sectores del desarrollo, representados en los CIDEA.

180 (En los 12 departamentos de Profundización)

b. De manera directa: A través de la aplicación de sus procesos, a la formación de dinamizadores ambientales del ámbito municipal (for-talecimiento de la gestión de la educación ambiental).

CIDEA municipales constituidos 258

Planes municipales de educación ambiental formulados, gestionados y en proceso de institucionalización.

116

Instituciones participando en los CIDEA municipales:

De los sectores ambiental, educativo (universidades), salud, y agricultura, defensa (Policía Nacional); de las organizaciones no gubernamentales, de los grupos étnicos y comunitarios, de los gremios y de la empresa privada, entre otros.

2580 (10 instituciones por cada uno de los 258 CIDEA municipa-les)

Agentes educativos formados.2580 (1 delegado por institución)

70 Por comunidad se entiende aquí el conjunto de instituciones, organizaciones y grupos sociales, asociados a las dinámicas del desarrollo local, con com-petencias y responsabilidades en torno a la problemática ambiental de contexto, derivadas de su quehacer cotidiano, ocupacional, profesional, político y técnico, entre otras.

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

151

Categorías 2005 2006 2007 2008 2009

PROCEDA

3 6 6 7 7Norte de San-tander COR-PONOR - MEN Convenio164 de 2005

3: Norte de Santander CORPONOR - MEN Convenio 164 de 20053: Córdoba CVS - MEN Convenio 162 de 2005

3 en Norte de Santander CORPO-NOR - MEN Convenio153 de 2007, y 4 en Córdoba CVS - MEN Conve-nio 108 de 2007

Municipios

Chinácota, Oca-ña y Pamplona

Chinácota, Ocaña y PamplonaSan Antero, Montería y Planeta Rica

Chinácota, Ocaña y PamplonaSan Antero, Montería, Planeta Rica y Montelíbano

Estos observatorios han sido promovidos por algunas Corporaciones Autónomas, como experiencias piloto, con el fi n de implementar una estrategia de participa-ción ciudadana adecuada y pertinente a las necesida-des de sostenibilidad de los ecosistemas desde el tema y la problemática de la biodiversidad (fauna silvestre, viveros, manejo de bosque, conservación de fauna y fl ora en zonas de reserva, entre otros) en el territorio asociado a sus jurisdicciones. En este contexto el Pro-grama, ha apoyado estas iniciativas, acompañando el montaje de sus propuestas pedagógico-didácticas y estratégicas para el fortalecimiento de la participación - apropiación y su instalación efectiva en el desarrollo institucional y local.

Para fi nalizar es importante resaltar la gestión que li-deró la Alta Consejería Presidencial para Asuntos Am-bientales en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional, a través del Programa de Educación Am-biental, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Soste-nible y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para la consolidación de una Agenda Intersectorial de Educación Ambiental y Co-municación.

Dicha Agenda, está concebida como un instrumento político, que en el marco del actual Plan de Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos” (2010-2014), inte-gre las acciones, políticas y programas, que en materia de comunicación y educación ambiental, desarrollan los diferentes sectores asociados al SINA. Buscando así, fortalecer, con base en la concertación, la coordi-nación de procesos con todos los sectores, ámbitos y escenarios en los cuales se dinamiza la temática, para producir el impacto social que requiere una propuesta tan importante como la educativa-ambiental.

En la Agenda Intersectorial se establecieron cuatro lí-neas centrales para su desarrollo, a saber:

1. Línea de gestión interinstitucional e intersecto-rial de la educación ambiental, la cual contempla dentro de sus mecanismos: a) la consolidación y/o fortalecimiento de mesas de trabajo en educación ambiental y b) el fortalecimiento de los procesos de formulación, gestión e institucionalización de los planes de educación ambiental, que a nivel de-partamental y municipal, vienen promoviendo los Comités Técnicos Departamentales de Educación Ambiental (CIDEA).

2. Línea de formación, que contempla dos estrate-gias: a) el fortalecimiento de actores SINA en ma-teria de educación ambiental y comunicación y b) el fortalecimiento de los procesos formativos, en el campo de la educación ambiental y la comuni-cación, en la educación formal (PRAE y proyectos ambientales universitarios (PRAU) y en la no for-mal (PROCEDA).

3. Línea de comunicación e información, orientada a: i) el diseño e implementación de una estrategia de comunicación para el fortalecimiento del pro-ceso de institucionalización de la Política Nacional de Educación Ambiental, y ii) la construcción y el fortalecimiento del sistema de información de la educación ambiental.

4. Línea de articulación del SINA con otros sistemas, en materia de educación ambiental; esto, a partir del fortalecimiento de la educación ambiental en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SN-CYT) y en el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres (SNPAD).

Fomento De la eDucación, la caPacitación Y la toma De conciencia

Proyectos comunitarios y ciudadanos de educación ambiental (PROCEDA)

152 agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

Así mismo, la información base de la Agenda Inter-sectorial, ha permitido: a) identifi car que las líneas de acción descritas anteriormente, estén permeadas de manera transversal por cinco ejes temáticos: agua, biodiversidad, cambio climático, gestión del riesgo y minería ilegal y; b) proponer mecanismos de segui-miento y monitoreo.

PRoYeccioneS

Para el periodo 2010 - 2014, y desde el posicionamien-to de la educación de calidad como una estrategia fundamental en el camino a la prosperidad, tal como se plantea en el Documento Básico del Plan de Desa-rrollo Sectorial, el Ministerio de Educación Nacional promoverá de manera decidida y efi caz, el fortaleci-miento de los programas transversales, entre los cua-les se incluye el Programa de Educación Ambiental, para que, desde sus proyectos pedagógicos, mejoren el desarrollo de competencias ciudadanas y básicas en aspectos fundamentales de la formación de cual-quier ser humano, desde sus dimensiones humana, socioeconómica, cultural, natural y biológica, con sus implicaciones demográfi cas, técnicas, tecnológicas, y políticas.

En este contexto, el Programa de Educación Ambien-tal tendrá un rol fundamental en cuanto a la forma-ción de ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejerzan los derechos humanos, cumplan sus deberes sociales y convivan en paz, a través de una propuesta pedagógica que permita la formación de una ciudadanía responsable en la toma de decisiones, y que comprometa la participación de toda la sociedad, en un contexto diverso, multiétnico y pluricultural, tal como se plantea en los propósitos de formación de capital humano señalados en el Do-cumento Básico del Plan Sectorial.

Lo anterior entendiendo que tal como lo visualiza el actual Gobierno y su Política Educativa Nacional el ciu-dadano que el país necesita, debe estar en capacidad de contribuir a los procesos de desarrollo cultural, eco-nómico, político y social, y a la sostenibilidad ambien-tal; en el ejercicio de una ciudadanía activa, refl exiva, crítica y participativa, que conviva pacífi camente y en unidad, como parte de una nación próspera, demo-crática e incluyente.

ARREGLOS INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALESCAPÍTULO 38

ViSión Colombia ha asumido un compromiso manifi esto de cara al desarrollo sostenible. Para ello el país se ha trazado el reto de avanzar hacia un modelo de desarrollo que articule efectivamente la dimensión económica con la social y la ambiental del desarrollo sostenible, con el fi n de reducir y eliminar situaciones inequitativas e in-justas. Colombia reconoce, además, la importancia de los factores culturales en este proceso de construcción dada su infl uencia en el desarrollo de sociedades más hu-manas, de un tejido social más cohesionado y en consecuencia, de una gobernanza más efectiva y responsable.

El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, con el lema de “Prosperidad para Todos”, ha defi nido como pilares estratégicos para la prosperidad democrática: i) un creci-miento sostenido, competitivo e innovador; ii) una estrategia de igualdad de opor-tunidades para que cada colombiano tenga acceso a las herramientas fundamental que le permitan labrar su propio destino; y iii) la consolidación de la paz, de la se-guridad y plena vigencia de los Derechos Humanos. De esta manera, la innovación en las actividades productivas, en los procesos sociales que se entretejen entre el sector público y el privado y en la gestión del desarrollo sostenible son ejes trans-versales fundamentales que deben permear el quehacer nacional. El Gobierno tam-bién le ha apostado a generar acciones de buen gobierno como principio rector en la ejecución de las políticas públicas y programas sociales que oriente sus relaciones con los ciudadanos. La participación activa del país en la agenda multilateral del desarrollo y la cooperación es otro lineamiento que orienta la visión del país, al igual que la sostenibilidad ambiental como prioridad y elemento esencial del bienestar, y como principio de equidad con las futuras generaciones.

A través de esta fórmula, Colombia ha defi nido la visión que orienta su avance en el camino hacia el desarrollo sostenible, y en ese sentido, también hacia la implemen-tación de los objetivos acordados en la Cumbre de Río de 1992, como una prioridad nacional en materia de sostenibilidad. En cuanto a los arreglos institucionales inter-nacionales, para cumplir este objetivo se hace necesario repensar, reforzar y generar un compromiso efectivo y articulado por parte del Gobierno y la sociedad civil, a nivel nacional y local, hacia una efectiva implementación de los retos trazados a nivel internacional en materia de desarrollo sostenible, incluyendo los resultados de la Cumbre de Río de 1992. Este esfuerzo debe compaginarse con las dinámicas multilaterales, pues es éste el escenario de toma de decisiones globales. A nivel internacional, es necesario un trabajo conjunto de los países con los órganos del Sistema de las Naciones Unidas para evitar la duplicidad de acciones y lograr una mayor efectividad de las medidas adoptadas.

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21154

Colombia aspira a un sistema multilateral no polari-zado, orientado a la obtención del bien común, en el cual sea posible unir esfuerzos en torno a retos que como sociedad global enfrentamos. Si bien hay es-pacios netamente políticos por naturaleza, Colombia considera una aspiración legítima, aprovechar esos espacios para avanzar realmente en hacer frente a los retos globales. Igualmente, el país aspira igualmente a fortalecer la coherencia entre los objetivos trazados y su efectiva implementación. Para lograr dichas la-bores la institucionalidad a todo nivel juega un papel determinante.

aVanceS

Colombia ratifi có y actualmente implementa las tres Convenciones de Río71, manteniéndose al día con sus compromisos en materia de reporte y provisión de información. Colombia ha ratifi cado así mismo otros acuerdos multilaterales ambientales en los últimos 20 años, como evidencia de su compromiso con los ob-jetivos que en materia de conservación y gestión de los recursos para el desarrollo ha trazado Agenda 21, como la protección de océanos y mares, la protección de la calidad y el suministro de los recursos de agua dulce y la gestión ecológicamente racional de produc-tos químicos y tóxicos y desechos sólidos72.

Así mismo, Colombia ha suscrito acuerdos y partici-pado en instancias de debate multilateral y regional en asuntos propios de desarrollo sostenible y medio ambiente, lucha contra la pobreza73, dinámicas demo-gráfi cas y poblacionales74 y protección a la salud hu-mana75. El país asiste a estos escenarios regularmente, tomando generalmente un papel activo en las nego-ciaciones. Colombia busca por lo general desempe-ñar un papel propositivo, mediador y superador de

escollos exclusivamente políticos con el objetivo de avanzar en los retos y necesidades propios de cada es-fera en la que participa.

A nivel tanto nacional como local, varios ministerios, agencias nacionales y gobiernos regionales y locales trabajan de la mano con el Sistema de Naciones Uni-das y con las ofi cinas nacionales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD y la Ofi cina Regional para América Latina y el Caribe del Progra-ma de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente -PNUMA.

Como logro reciente de la institucionalidad para el desarrollo sostenible se destaca la estructuración del actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosteni-ble en el año 2011, que tiene el mandato de liderar la toma de decisiones relacionadas con la construcción de equidad social desde la gestión ambiental y el de-sarrollo sostenible, mediante la consolidación de una política de desarrollo sostenible y alianzas estratégi-cas con actores sociales e institucionales en diferentes escenarios de gestión intersectorial y territorial.

Así mismo, se destaca la propuesta por parte del Go-bierno colombiano de cara a la Conferencia de las Na-ciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible “Río + 20”, para adoptar un mandato a partir del cual se desarro-llen unos Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de los cuales se haga frente a los retos que impone el ca-mino del desarrollo sostenible y que enfrenta el mun-do como sociedad global. Estos objetivos aspiran a integrar las dimensiones social, económica y ambien-tal del desarrollo en unas metas concretas, a través de las cuales se implementen efectivamente los acuerdos alcanzados en la Cumbre de Río de 1992 a través de la Agenda 21, y en el Plan de Implementación de Jo-

71 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ratifi cada a través de la Ley 164 de 1994; Convenio sobre Diversidad Biológica, ratifi cado a través de la Ley 165 de 1994; y Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertifi cación y la Sequía, ratifi cada a través de la Ley 461 de 1998. 72Como ejemplo se mencionan el Convenio de Ramsar (en vigor desde octubre 18 de 1998); Protocolo relativo a las áreas y fl ora y fauna silvestres espe-cialmente protegidas del Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino de la Región del Gran Caribe –SPAW- (Ley 356 de 1997); Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Ley 253 de 1995); Protocolo de Montreal (ratifi cado en 1992, en vigor desde marzo 6 de 1994); Convenio de Basilea sobre Movimiento Transfronterizo de Desechos Peligrosos y su Eliminación (Ley 253 de 2005); Convenio de Rotterdam (Ley 1159 de 2007); Convenio de Estocolmo (Ley 994 de 2005), Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad (Ley 740 de 2002). 73 Convención de Desarrollo Social en Copenhague y su programa de acción (1995), Objetivos de Desarrollo del Milenio, Declaración de Margarita adop-tada en la Reunión de Alto Nivel sobre Pobreza en el marco de la Comisión Interamericana de Desarrollo Social (CIDES) (2003), así como diversas discu-siones en el marco de la Comisión Económica para América Latina -CEPAL, el PNUD. 74 Conferencia de El Cairo y su plan de acción (1994), Plan de acción de Beijing y demás conferencias mundiales sobre mujer (2000), y diversas discusiones en el marco del Comité Especial de Población y Desarrollo de la CEPAL.75 Convenio Marco de Control de Tabaco (2005), Declaraciones en la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud – OMS, debates en el marco de la Organización Panamericana de la Salud – OPS, resoluciones promovidas por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, princi-palmente, la Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA” 8 al 10 de junio de 2011 en Nueva York, decisiones en el marco del Organismo Andino de Salud – Convenio Hipólito Unanue – ORAS/CONHU.

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

aRRegloS inStitucionaleS e inteRinStitucionaleS 155

hannesburgo en 2002. Ante la ausencia de iniciativas concretas para Río + 20, Colombia elaboró y presentó a mediados de 2011 la propuesta para desarrollar un conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible que sean de aplicación universal e implementación nacio-nal, acordes a las necesidades de cada Estado, enfo-cados en áreas respecto de las cuales hay consenso global en cuanto a su relevancia, como son la energía sostenible, el manejo integral del agua y, los océanos.

RetoS

El gran reto que propone la Agenda 21 consiste en crear una institucionalidad tanto a nivel internacional como nacional óptima para alcanzar consensos, coor-dinación entre los diversos actores relevantes a nivel público y privado, cohesión entre las acciones y pro-puestas, y efectividad de los mandatos, estrategias y políticas adoptadas.

A nivel internacional existe un conglomerado de ins-tituciones de diverso orden jerárquico que no han logrado armonización en sus acciones. El desafío consiste en que cada agencia, comisión o programa trabaje de la mano con sus pares y superiores hacia objetivos comunes, fortaleciendo la labor de reporte, gestión y liderazgo que el Sistema de Naciones Unidas en sí mismo implica.

Adicionalmente, encontramos que tanto a nivel nacio-nal como internacional el desarrollo sostenible en el plan institucional sigue siendo en el imaginario de los constructores de políticas y lideres como un asunto propio del campo ambiental. En ese sentido, el reto es

lograr visibilizar una institucionalidad que dé cuenta del verdadero sentido del desarrollo sostenible, el cual es trabajo común para alcanzar metas a nivel econó-mico, social y ambiental.

A nivel nacional, en materia de arreglos instituciona-les internacionales, el país requiere un diagnóstico juicioso que permita determinar los elementos que hacen falta para una implementación defi nitiva de los acuerdos derivados de la Agenda 21 y de los demás resultados de la Cumbre de la Tierra, para que las insti-tuciones puedan dirigir su capacidad de acción hacia los objetivos inconclusos o la superación de los cue-llos de botella, y realizar el monitoreo y seguimiento adecuado.

A nivel nacional e internacional, Colombia y la comu-nidad internacional enfrentan retos signifi cativos para hacer frente a situaciones de inequidad reiterada, ex-presada principalmente en grupos vulnerables, fallas en la cohesión social, marginalización, degradación ambiental, riesgos ambientales y escasez ecológica. El sistema multilateral está aún en mora de pasar a ser un escenario de defi nición de lineamientos y guías inter-nacionales verdaderamente efectivos. El debate que articula las acciones económicas con las ambientales propias del desarrollo sostenible, ya se ha iniciado, e incluso los países han empezado a realizar acciones tendientes a lograr dicha armonización. Ahora bien, el pilar social del desarrollo sostenible aún permanece aislado, siendo difícil involucrar a los actores institu-cionales relevantes en el tema.

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

INSTRUMENTOS Y MECANISMOS JURÍDICOS INTERNA-CIONALES

CAPÍTULO 39

ViSión Para Colombia es esencial un sistema multilateral con instrumentos jurídicos estructurados de manera rigurosa, efi caces y que cumplan con el cometido de regular efi cientemente las esferas que así lo requieran, teniendo un objetivo último de generar benefi cios globales en los temas específi cos en los que se enfoquen. Concretamente en materia de sostenibilidad a nivel global, el país aspira a la convergencia efectiva de las dimensiones social, económica y ambiental a través de mecanismos que permitan avanzar efi cientemente hacia el bienestar social y la erra-dicación de la pobreza, a la vez que reducen la escasez ecológica y los riesgos ambientales, y se fortalece la economía.

Ahora, si bien es cierto que plasmar los consensos que se logren a nivel internacional en instru-mentos específi cos contribuye a la consolidación de un sistema jurídico internacional, Colombia encuentra como aspiración legítima frente a los procesos multilaterales trabajar para que los resultados que de estos se deriven, sobrepasen una esfera de discusión política y se enfoquen en la consolidación de compromisos concretos. El deber ser del sistema multilateral se enfocaría en no retroceder las discusiones sobre los compromisos ya acordados, sino avanzar en la ma-nera de llevar a la práctica dichos acuerdos. Lo anterior con el fi n de consolidar nuevos retos y objetivos, y poder modifi car positivamente las realidades globales y nacionales. Por esta razón, Colombia aspira a un sistema multilateral enfocado en la implementación, el monitoreo y el seguimiento de los instrumentos internacionales vigentes.

El acierto para identifi car aquellos temas que realmente requieren la adopción de nuevos instru-mentos jurídicos es fundamental, por eso Colombia aspira a un sistema internacional en el que se evite la duplicación de esfuerzos. La creación de nuevos instrumentos internacionales podría considerarse pertinente específi camente en aquellas esferas en que no se cuenta con instru-mentos vigentes que eventualmente pudieran fortalecerse o modifi carse para funcionar de ma-nera más efi ciente, y cuando la relevancia del tema amerite un acuerdo jurídico vinculante, en ausencia de otros mecanismos efi caces y de sufi ciente importancia internacional para regularlo.

aVanceS

En materia de participación en los procesos de adopción y negociación de instrumentos jurí-dicos internacionales, en estos 20 años la participación de Colombia ha sido absolutamente destacable.

Se destaca, en el ámbito del manejo de sustancias químicas y desechos peligrosos que Colom-bia hospedó la décima Conferencia de las Partes del Convenio de Basilea en octubre de 2011, escenario en el cual se enfatizó el compromiso frente al manejo seguro y sostenible de las sus-tancias químicas y de los desechos peligrosos. Entre los resultados obtenidos se destacan la adopción de decisiones sobre cuestiones estratégicas tales como un nuevo marco estratégico y la iniciativa para mejorar la efectividad del Convenio, la signifi cativa contribución a un acuerdo sobre la enmienda de prohibición de exportación de desechos peligrosos de países OCDE a países no OCDE, así como la Declaración de Cartagena sobre “Prevención, Minimización y Re-cuperación”.

En el marco de los Convenios de Basilea y Rotterdam, Colombia participa actualmente en el

inStRumentoS Y mecaniSmoS JuRÍDicoS inteRnacionaleS 157

proceso consultivo sobre opciones para el fi nanciamiento de sustancias químicas y desechos, que surge a partir de la necesidad para los países en desarrollo de contar con apoyo fi nanciero para implementar los compromisos, con el fi n de avanzar en la movilización de recursos.

En materia de biodiversidad, el país lideró el proceso que llevó a la adopción del Protocolo de Nagoya – Kuala Lumpur, sobre responsabilidad y compensación, suplementario al Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, al copresi-dir las negociaciones en la materia que iniciaron desde el año 2005 y continuaron en los años subsiguientes. El país parti-cipó activamente en los grupos de trabajo y grupos de con-tacto, y gracias a un papel propositivo y mediador, Colombia contribuyó notablemente a la adopción de este instrumento en el año 2010 durante la décima Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica.

De forma similar, y como parte del Grupo de Países Megadi-versos Afi nes, Colombia participó activamente en las nego-ciaciones del régimen de acceso a recursos genéticos y par-ticipación en los benefi cios, que culminaron con la adopción del Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéti-cos y Participación Justa y Equitativa en los Benefi cios que se Deriven de su Utilización. En el transcurso de la negociación, Colombia no sólo tuvo un marcado liderazgo a través de la copresidencia de grupos de trabajo, sino que, a lo largo de las distintas reuniones, copresidió grupos de contacto que trata-ron temas como el monitoreo, reporte y trazabilidad del uso del recurso, incluyendo cuestiones como divulgación del ori-gen; y el cumplimiento. El Protocolo en cuestión también fue adoptado en el año 2010 durante la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica.

En materia de cambio climático, Colombia ha ejercido un lide-razgo indiscutible durante las más recientes conferencias de las partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En 2009, Colombia hizo parte de un grupo de países que lideró el proceso para la adopción del Acuer-do de Copenhague. Posteriormente en 2010, el país también participó activamente en los esfuerzos para la adopción de los Acuerdos de Cancún. Durante la última conferencia de las partes del Convenio, que tuvo lugar en Durban en 2011, Colombia ejerció de nuevo un marcado liderazgo, que llevó al lanzamiento de un proceso para negociar un acuerdo con fuerza legal que incluya a todos los Estados Parte.

Colombia ha promovido la protección y fomento de la salud humana a través de diversos acuerdos multilaterales entre los que vale la pena destacar el Convenio Marco para el Control del Tabaco y la Convención sobre los Derechos de las Perso-nas con Discapacidad.

Respecto al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), es importante destacar que Colombia ha logrado an-ticipadamente cumplir las metas de cobertura universal en educación básica (preescolar, primaria y secundaria), de va-

cunación de triple viral, las relacionadas con la atención insti-tucional del parto, la eliminación del consumo de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO); así como, la de consolidar las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Na-turales, en lo referente al porcentaje de la superfi cie terrestre bajo protección del Sistema de Parques Nacionales.

Adicionalmente, en el Documento Conpes 91 "Metas y Estra-tegias de Colombia para el Logro de los Objetivos de Desarro-llo del Milenio - 2015" modifi cado por el documento Conpes Social 140 de 2011, y en el documento Visión 2019, el Gobier-no nacional estableció una estrategia interna estrechamente relacionada con los ODM, estableciendo 18 metas y 58 indica-dores que facilitan el seguimiento permanente a los Objetivos por parte del país.

Retos

Para Colombia, el reto principal que enfrenta la comunidad internacional en materia de instrumentos y mecanismos ju-rídicos internacionales es trabajar para que los resultados de los procesos multilaterales en curso superen los ámbitos retó-ricos y se enfoquen en la consolidación de compromisos con-cretos. Se trata de un desafío complejo ya que requiere de la voluntad política de los Estados para avanzar hacia instancias enfocadas a la implementación, a partir de compromisos no ambiguos y orientados a acciones.

En sentido similar, y a nivel nacional, la efectiva aplicación de los compromisos asumidos a nivel internacional continúa siendo el reto más importante para todos los países. La cons-trucción de capacidad, el acceso a tecnologías que permitan mayor efi ciencia y la necesidad de contar con información su-fi ciente son algunos ejemplos en que se evidencian con clari-dad las complejidades de este reto.

Percibimos que el tema social está evidentemente relaciona-do y determinado por factores económicos y ambientales, por lo cual es clave profundizar el diálogo y la visión multila-teral de desarrollo social para lograr acuerdos en el tema que permitan impulsar procesos internos y de proyección global. Los asuntos sociales multilaterales devienen principalmente de “derecho blando” encontrándose fuertemente ligados a las condiciones soberanas de cada país. El reto es entonces, la formulación de instrumentos prácticos que coadyuven al acuerdo multilateral, siendo fl exibles a las condiciones inter-nas de cada país.

De igual forma, reforzar la relación entre instrumentos o acuerdos internacionales existentes en la esfera del medio ambiente con acuerdos o mecanismos sociales y económicos es un objetivo fundamental para alcanzar coherencia en el sistema jurídico internacional. En efecto la construcción de mecanismos internacionales que comprendan esta mirada tridimensional a priori es uno de los grandes desafíos en esta materia.

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

INFORMACIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE DECISIONES CAPÍTULO 40

DiagnóStico

De acuerdo al capítulo 40 de la Agenda 21, se establecen dos esferas de programas que deben aplicarse para que la información76 se utilice para la adopción de deci-siones: A. Reducción de las diferencias en materia de datos y B. Mejoramiento del acceso a la información. Para abordar estos dos aspectos Colombia cuenta con el Sistema Estadístico Nacional – SEN y el Sistema Nacional Ambiental – SINA.

ViSión Colombia en los próximos 10 años fortalecerá la producción de información para la toma de decisiones a través del Sistema Estadístico Nacional –SEN, que permi-te la producción de estadísticas de calidad, relevantes y oportunas, acorde con las necesidades del país, aplicando efectiva y rigurosamente el proceso estadístico de acuerdo a lo establecido en el Código Nacional de Buenas Prácticas; y el Sistema Nacional Ambiental –SINA que es el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los prin-cipios generales ambientales del país. Así mismo, estructurará e implementará los instrumentos necesarios para consolidar la sinergia entre estos dos sistemas, con el fi n de armonizar la producción de la información social, económica y ambiental que necesita el país para la toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo.

aVanceS

ReDucción De laS DiFeRenciaS en mateRia De DatoS

Sistema Nacional Ambiental -SINA

La Ley 99/93 organiza el Sistema Nacional Ambiental – SINA y crea el Ministerio de Medio Ambiente como organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables del país a fi n de asegurar el desarrollo sostenible.

El SINA cuenta con el Sistema de Información Ambiental para Colombia (SIAC) que se defi ne como “el conjunto integrado de actores, políticas, procesos y tecnologías involucrados en la gestión de información ambiental del país, para facilitar la gene-ración de conocimiento, la toma de decisiones, la educación y la participación social para el desarrollo de ideas”.

El SIAC está articulado por dos componentes principales que son: el sistema de in-formación ambiental para el seguimiento a la calidad y estado de los recursos na-turales (SIA) y el sistema de información para la planeación y la gestión ambiental (SIPGA).

El SIA fue dividido en dos grandes grupos que son oferta ambiental y demanda am-76 Considerada en un sentido amplio, que incluye datos, infor-mación y el conjunto adecuado de experiencias y conocimientos

inFoRmación PaRa la aDoPción De DeciSioneS 159

biental: el grupo de oferta ambiental está conformado por 5 subsistemas de ámbito nacional que son: Siste-ma de Información sobre la Biodiversidad (SIB), Siste-ma Nacional de Información Forestal (SNIF), Sistema de Información sobre la calidad del aire (SISAIRE), Sis-tema de Información Ambiental Marino (SIAM) y Siste-ma de Información de Recurso Hídrico (SIRH); a nivel regional se tienen el Sistema de Información Ambien-tal Territorial de la Amazonia Colombiana (SIAT AC) y el Sistema de Información Ambiental Territorial del Pacífi co Colombiano (SIAT PC). El grupo de demanda ambiental, está conformado por dos subsistemas que son: el Sistema de Información sobre Uso de Recursos Naturales Renovables (SIUR) y el Sistema de Informa-ción de Vivienda y Desarrollo Territorial (SNIVDT).

El sistema de información para la planeación y la ges-tión ambiental (SIPGA) está conformado por cuatro subsistemas que son: Sistema de Seguimiento a las Metas del Gobierno (SIGOB), Sistema de Información de Planeación y Seguimiento a Metas del Ministerio (SINAPSIS), Sistema de Información de Licencias Am-bientales (SILA) a nivel nacional, y Sistema de Infor-mación de Planifi cación y Gestión Ambiental de las Corporaciones Autónomas Regionales (SIPGA CAR) a nivel regional.

En la Agenda 21 se establece como una actividad para la reducción de las diferencias en materia de datos, la elaboración de indicadores de desarrollo sostenible; bajo esta consideración desde el año 2007 a través de un acuerdo interinstitucional (Ministerio de Ambien-te, Vivienda y Desarrollo Territorial, IDEAM y DANE) el país se organizó para avanzar en la estructura de indi-cadores nacionales y para establecer los mecanismos para dar cumplimiento a los compromisos del país frente a las iniciativas internacionales de indicadores ambientales.

meJoRamiento Del acceSo a la inFoRmación

Sistema Estadístico Nacional –SEN

El Sistema Estadístico Nacional – SEN tiene como ente rector, coordinador y regulador al Departamento Ad-ministrativo Nacional de Estadística -DANE, el cual de acuerdo con el Decreto 262 de 2004, debe “garantizar la producción, disponibilidad y calidad de la informa-ción estadística estratégica, y dirigir, planear, ejecutar, coordinar, regular y evaluar la producción y difusión de

información o� cial básica”, aspecto indispensable para el desarrollo económico, social y ambiental del país.

En este sentido, el Sistema Estadístico Nacional está in-tegrado institucionalmente por: Ministerios, Departa-mentos Administrativos, Entidades Descentralizadas y órganos autónomos, en cuyas competencias se haya establecido la producción de estadísticas ofi ciales, o la administración de registros administrativos con fi nes o posibilidades de aprovechamiento estadístico.

En el marco del SEN, el país ha estructurado e imple-mentado un conjunto de herramientas e instrumen-tos que permiten asegurar la producción, calidad, almacenamiento y consulta de la información estadís-tica que se produce en el país, las cuales se resumen a continuación:

I) Diseño e implementación del programa de asegu-ramiento de la calidad del proceso estadístico77 de acuerdo con criterios internacionalmente acepta-dos.

II) Diseño e implementación del repositorio de infor-mación de la Infraestructura Colombiana de Datos (ICD) (Decreto 3851 de 2006) para el almacena-miento, transmisión, acceso y consulta dinámica de las operaciones estadísticas certifi cadas; y difu-sión a través del portal denominado COLOMBIES-TAD.

III) Como parte de la regulación estadística, se han ofi cializado clasifi caciones económicas y sociales aplicables al SEN y la utilización de metadatos es-tandarizados.

IV) Elaboración y ofi cialización del Código Nacional de Buenas Prácticas para las Estadísticas Ofi ciales78, con el fi n de fortalecer la calidad y credibilidad de la actividad estadística.

V) Difusión de microdatos y metadatos como parte del Programa Acelerado de Datos79, iniciativa de PARIS21, OCDE, el Banco Mundial y la Red Interna-cional de Encuestas a Hogares, para documentar, difundir y preservar micro datos conforme a los estándares y prácticas internacionales.

VI) En el marco de la planifi cación estadística, se han elaborado 6 planes estadísticos institucionales, 9 planes estadísticos territoriales y 6 líneas base de indicadores en temas de justicia, seguridad y de-fensa, entre otros.

77 A la fecha se han certifi cado 71 operaciones estadísticas.78 La importancia de estos códigos reside en que defi nen los principios que rigen la actividad estadística, identifi can acciones de comprobada utilidad práctica que pueden ser replicables y contribuyen así al mejoramiento de la confi anza y credibilidad en las estadísticas ofi ciales.79 El DANE próximamente publicará en su página web 62 metadatos de diversas operaciones estadísticas que hacen parte del SEN.

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21160

Igualmente en el marco del SEN, de acuerdo al Pro-grama 21: Capítulo 8 – Integración del medio am-biente y el desarrollo en la adopción de decisiones; ítem D. Establecimiento de sistemas de contabilidad ecológica y económica integrada donde se indica “En el plano nacional, el programa podría ser adoptado principalmente por los organismos que se ocupan de las cuentas nacionales, en estrecha cooperación con los departamentos que se encargan de las estadísti-cas ecológicas y de los recursos naturales, con miras a ayudar a los especialistas en análisis económico na-cional y a los encargados de la planifi cación econó-mica nacional. Las instituciones nacionales deberían desempeñar un papel fundamental, no sólo como depositarias del sistema, sino también en relación con su adaptación, su establecimiento y su utilización con-tinua”.

El DANE a través del Decreto 262 de 2004, debe ela-borar las cuentas satélites de medio ambiente, que a través de la medición de los fl ujos monetarios y físicos, permiten describir las interrelaciones existentes entre la economía y el medio ambiente, con el fi n de apoyar la formulación de políticas públicas. Para ello, cuanti-fi ca los fenómenos de deterioro y mejoramiento del medio ambiente, los gastos destinados a la conserva-ción, mitigación, protección del medio ambiente y, a su vez, determina la variación en el estado de los re-cursos naturales.

En este aspecto el DANE ha elaborado las cuentas am-bientales de gasto en protección ambiental (gobierno e industria manufacturera), y stock de recursos (petró-leo, carbón, gas natural, mineral de hierro, mineral de níquel, cobre). Además están en desarrollo las cuentas de agua, energía, bosques, residuos sólidos, y emisio-nes al aire donde se aborda el tema de cambio climáti-co a través de la estimación de las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas por las ramas de acti-vidad económica y los hogares.

RetoS

Para seguir consolidando el proceso de reducción de las diferencias en materia de datos y el mejoramiento del acceso a la información para la toma de decisiones el país enfrenta los siguientes retos:

• Fortalecer el Sistema Estadístico Nacional no sólo desde su quehacer misional sino a partir de la

coordinación, regulación y calidad de la actividad estadística nacional y sectorial.

• Fortalecer el modelo de gobernabilidad a través del continuo mejoramiento de la administración pública. Para lograr este objetivo, la Ley 1450 de 2011 establece la implementación del esquema institucional para la expedición de políticas en información pública, asignando funciones espe-cífi cas de coordinación al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicaciones y al Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

• Consolidar la producción de la información am-biental, a través de la implementación de los obje-tivos plasmados en el Decreto 3570 de 201180, y en especial lo referido a las funciones de la Ofi cina de Tecnologías de la Información y la Comunicación, donde se destaca:

o La elaboración del plan institucional y el plan estratégico sectorial en materia de información;

o Lograr acuerdos entre las entidades del sector administrativo para compartir información y mejorar la efi ciencia en la producción, recolec-ción, uso y disposición de la información;

o Identifi car necesidades sectoriales de informa-ción, con el propósito de ser priorizadas dentro del plan estratégico de información; y

o Apoyar al DANE en la defi nición de políticas, principios, lineamientos, e implementar los es-tándares y buenas prácticas que rigen la infor-mación estadística para lograr altos niveles de efi ciencia en la producción de información es-tadística del sector”.

concluSión

Durante los 20 años de existencia de las premisas acordadas en el marco de la Agenda 21 con respecto al capítulo 40 “Información para la adopción de deci-siones”, el país ha realizado acciones concretas para lograr los objetivos y las actividades planteadas; a tra-vés de la conformación de una estructura institucio-nal ambiental, la asignación de recursos fi nancieros, de capital humano y la elaboración de políticas que responden a sus necesidades.

80 Por medio de este Decreto se estructura el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS y se integra el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

161

SiglaS, acRónimoS, abReViatuRaS Y SimbóloS

ANLA Agencia Nacional de Licencias Ambientales

AOD Ayuda ofi cial al desarrollo

CAF Corporación Andina de Fomento

CAM Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena

CAN Comunidad Andina de Naciones

CAR Corporaciones Autónomas Regionales

CARDER Corporación Autónoma Regional de Risaralda

CARSUCRE Corporación Autónoma Regional de Sucre

CAS Corporación Autónoma Regional de Santander

CDMB Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga

CEE Comunidad Económica Europea

CEPAL Comisión Económica para América Latina

CFC Clorofl uorcabonos

CIAT Comisión Interamericana del Atún Tropical

CICA Comité Interinstitucional de Cuentas Ambientales

CIDEA Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental

CIDES Comisión Interamericana de Desarrollo Social

CITMA Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba

CMAR Corredor Marino del Pacífi co Este Tropical

CNULCD Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertifi cación

CODECHOCÓ Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó

CONPES Consejo Nacional de Política Económica y Social

CONVEMAR Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar

COP Peso Colombiano

COP Contaminantes Orgánicos Persistentes

COP Conferencia de la Partes

CORALINA Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

CORMACARENA Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de La Macarena

inFoRmación PaRa la aDoPción De DeciSioneS

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21162

CORPOBOYACÁ Corporación Autónoma Regional de Boyacá

CORPOCESAR Corporación Autónoma Regional del Cesar

CORPOGUAVIO Corporación Autónoma Regional del Guavio

CORPOICA Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria

CORPOMOJANA Corporación para el Desarrollo Sostenible de La Mojana y el San Jorge

CORPONOR Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental

CORPOURABÁ Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Urabá

CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima

CRC Corporación Autónoma Regional del Cauca

DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística

DBO Demanda bioquímica de oxígeno

DDHH Derechos humanos

DNP Departamento Nacional de Planeación

EFTA European Free Trade Association (Asociación Europea de Libre Comercio)

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

FCA Fondo de Compensación Ambienta

FCPF Fondo Cooperativo de Carbono de los Bosques

FNCE Fuentes no convencionales de energía

G2 Grupo de los Dos

GEF Fondo para el Medio Ambiente Mundial

GEI Gases de efecto invernadero

GEM Global Entrepreneurship Monitor

GHS Sistema Globalmente Armonizado (Globally Harmonized System)

HCFC Hidroclorofl uorocarbonos

HPMP HCFC Phase Out Management Plan (Plan de manejo de eliminación de hidroclorofl uorocarbonos)

ICA Instituto Colombiano Agropecuario

ICAM Indicadores para el manejo integrado de áreas costeras

ICD Infraestructura Colombiana de Datos

ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

INVEMAR Instituto de Investigaciones Marina y Costeras “José Benito Vives de Andreis”

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

163

IOH Índice de Oportunidades Humanas

IPm Índice Multidimensional de Pobreza

IVC Inspección, vigilancia y control

MDL Mecanismo de Desarrollo Limpio

MIZC Manejo integrado de zonas costeras

NTC Norma Técnica Colombiana

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio

OIMT Organización Internacional de Maderas Tropicales

OIT Organización Internacional del Trabajo

OMS Organización Mundial de la Salud

ONG Organizaciones no gubernamentales

OPS Organización Panamericana de la Salud

OPHI Oxford Poverty & Human Development Initiative

ORAS/CONHU Organismo Andino de Salud – Convenio Hipólito Unanue

OTCA Organización del Tratado de Cooperación Amazónica

p.p. Puntos porcentuales

PAC Programa Ambiental del Caribe

PAN Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertifi cación y Sequía

PDA Planes departamentales de agua y saneamiento básico

PEI Proyecto educativo institucional

PFGB Programa Familias Guardabosques

PGIRS Planes de gestión integral de residuos sólidos

PIC Prior Information Consent (Concepto fundamentado previo)

PIPPQ Programa Internacional de Protección frente a los Productos Químicos

PMGR Plan municipal de gestión del riesgo

PNDF Plan Nacional de Desarrollo Forestal

PNGIRH Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

POCC Programa de Observadores Científi cos de Colombia

POT Planes de ordenamiento territorial

inFoRmación PaRa la aDoPción De DeciSioneS

164 agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

PRAES Proyectos ambientales escolares

PRAU Proyectos ambientales universitarios

PROCEDAS Proyectos ciudadanos de educación ambiental

PYME Pequeñas y medianas empresas

QSP Quick Start Programme of the Strategic Approach to International Chemicals Management -SAICM (Programa de Inicio Rápido)

REDD Reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques

REDEPRAE Organización de Redes de Proyectos Ambientales Escolares

SAC Sociedad de Agricultores de Colombia

SAICM Strategic Approach to International Chemicals Management (Enfoque Estratégico para la Gestión Internacional de Químicos)

SAMP Subsistema de Áreas Marinas Protegidas

SAO Sustancias agotadoras de la capa de ozono

SCN Sistema de Cuentas Nacionales

SEEA Sistema de contabilidad económico – ambiental

SEN Sistema Estadístico Nacional

SENA Servicio Nacional de Aprendizaje

SGA Sistema Globalmente Armonizado para la Clasifi cación y Etiquetado de Productos Químicos

SIA Sistema de información ambiental

SIAC Sistema de Información Ambiental para Colombia

SIAM Sistema de Información Ambiental Marina

SIAT AC Sistema de Información Ambiental Territorial de la Amazonia Colombiana

SIAT PC Sistema de Información Ambiental Territorial del Pacifi co Colombiano

SIB Sistema de Información sobre la Biodiversidad

SIGOB Sistema de Seguimiento a las Metas del Gobierno

SIJU Sistema de información y prospectiva sobre infancia, adolescencia y juventud

SILA Sistema de Información de Licencias Ambientales

SINA Sistema Nacional Ambiental

SINAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas

SINAPSIS Sistema de Información de Planeación y Seguimiento a Metas

SIPGA Sistema de información para la planeación y la gestión ambiental

SIPGA CAR Sistema de Información de Planifi cación y Gestión Ambiental de las Corporaciones Autónomas Regionales

165

SIRH Sistema de Información de Recurso Hídrico

SISAIRE Sistema de Información sobre la calidad del aire

SIUR Sistema de Información sobre Uso de Recursos Naturales Renovables

SNCYT Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología

SNIF Sistema Nacional de Información Forestal

SNIVDT Sistema de Información de Vivienda y Desarrollo Territorial

SNPAD Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres

SPAW Protocol concerning specially protected areas and wildlife To the convention for the protection and development of the marine environment of the wider caribbean region (Protocolo relativo a las áreas y fl ora y fauna silvestresespecialmente protegi das del Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino de la Región del Gran Caribe)

SPINCAM Southeast pacifi c data and information network in support to Integrated coastal area

management (Red de Información y Datos del Pacífi co Sur para el Apoyo a la

GestiónIntegrada del Área Costera)

SPNN Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia

SST Sólidos suspendidos totales

TCC Tetracloruro de carbono

UNFCCC United Nations Framework on Climate Change (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático)

UNIDO United Nations Industrial Development Organization (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial)

UNIDOS Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema

UNITAR United Nations Institute for Training and Research (Instituto de las Naciones Unidas para la formación y a Investigación)

UNSTAT United Nations Statistics Division (Ofi cina de Estadística de la Naciones Unidas)

UPME Unidad de Planeación Minero Energética

VIS Vivienda de interés social

ZNI Zonas no interconectadas

inFoRmación PaRa la aDoPción De DeciSioneS

agenDa 21colombia, 20 añoS SiguienDo la agenDa 21

Colombia, 20 años siguiendo la Agenda 21