centro de estudios histÓricos
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CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS
DE MILPEROS A HENEQUENEROS. LOS PROCESOS AGRARIOS EN EL NOROESTE DE YUCATÁN,
1870-1937
Tesis que para optar por el grado de
DOCTOR EN HISTORIA
Presenta
Isaura Inés Ortiz Yam
Director de tesis
Dr. Luis Aboites Aguilar
México, D.F. 2011
APROBADA POR EL JURADO EXAMINADOR 1. __________________________________________________________________
PRESIDENTE 2.___________________________________________________________________
PRIMER VOCAL 3.___________________________________________________________________
VOCAL SECRETARIO
En Yucatán lo que vale no es la tierra, sino
lo que se está sembrando en ella…
Antonio Betancourt Pérez
INDICE GENERAL AGRADECIMIENTOS INTRODUCCIÓN I CAPÍTULO I. EL MONTE: RECUSO AGRARIO Y SU DISTRIBUCIÓN 1. El monte para la milpa 1 2. De lugar de residencia a espacio agrícola 8 3. Rumbo familiar y derechos preferenciales 15 4. El dominio eminente de las autoridades indígenas 28 CAPÍTULO II. LOS MILPEROS FRENTE A LA PRIVATIZACIÓN DE SUS MONTES, SIGLO XIX 40 1. Gobierno interior y población de Yucatán 1870-1905 41 1.1Composición de la población rural 52 2. La defensa de los montes frente a la venta de terrenos baldíos 58 2.1 Primera mitad del siglo XIX 59 2.2 Segunda mitad del siglo XIX 67 2.3 Medición y distribución de los ejidos, 1870-1911 74 2.4 La defensa de los rumbos 93 CAPÍTULO III. AUGE HENEQUENERO Y SOCIEDAD RURAL A FINES DEL SIGLO XIX 116 1. Noroeste henequenero 116 2. El maíz en tiempos del henequén 131 3. De milperos a henequeneros 136 CAPÍTULO IV. LA DISPUTA POR EL MONTE. EL REPARTO DE LAS TIERRAS OCIOSAS, 1917-1929 157 1. Las haciendas en el proyecto agrario del siglo XX 157 2. El nuevo orden constitucional 164 3. Henequén en el contexto internacional y la población rural 169 4. El arrendamiento de los montes privados 174 5. Dotación de tierras incultas y la disputa por el monte 184 CAPÍTULO V. Y EMPEZAMOS A MENSURAR LOS PLANTELES: LA REFORMA AGRARIA
HENEQUENERA 208 1. Los tiempos de la Gran Depresión: henequén y población 208
2. Ejidos de henequén 216 3. Pueblos y peones frente al reparto henequenero 221 4. El reparto henequenero: la mirada de los nuevos ejidatarios 232 5. Trabajar por cuenta de la agraria: entre el conflicto y la negociación 253
CONCLUSIONES 263
SIGLAS Y ABREVIATURAS 270
BIBLIOGRAFÍA GENERAL 270
ÍNDICE DE CUADROS
Cuadro 1. Evolución de los partidos en Yucatán, 1862-1905 43
Cuadro 2. Estructura de la administración municipal, 1862-1905 52
Cuadro 3. Población de Yucatán, 1846 y 1862 53
Cuadro 4. Evolución de la población de Yucatán.
Segunda mitad del siglo XIX 54
Cuadro 5. Distribución de la población, 1862 56
Cuadro 6. Distribución de la población del noroeste de Yucatán, 1862 57
Cuadro 7. Haciendas y su población en el noroeste de Yucatán, 1862 58
Cuadro 8. Hectáreas de maíz y henequén en el noroeste de
Yucatán, 1862-1885 118
Cuadro 9. Cultivo de maíz en el noroeste henequenero, 1896-1912 133
Cuadro 10. Importaciones de maíz a Yucatán, 1894-1914 135
Cuadro 11. Distribución de la población del noroeste
henequenero, 1862-1910 136
Cuadro 12. Número de sirvientes de los partidos del
noroeste, 1878-1895 139
Cuadro 13. Exportación del henequén yucateco, 1915-1928 171
Cuadro 14. Evolución de la población del noroeste
henequenero, 1900-1921 172
Cuadro 15. Movimiento de la población del pueblo de
Abalá, 1900-1940 173
Cuadro 16. Dotación provisional y resolución
presidencial en el noroeste henequenero, 1919-1930 188
Cuadro 17. Principales exportaciones de productos agrícolas, 1929-1933 209
Cuadro 18. Exportaciones del henequén yucateco, 1928-1935 211
Cuadro 19. Población del noroeste henequenero, 1910-1940 214
Cuadro 20. Producción de henequén en miles de toneladas, 1935-1940 233
ÍNDICE DE GRÁFICAS, MAPAS Y PLANOS
GRÁFICAS
Gráfica 1. De unidades residenciales a rumbos familiares 15
FOTOGRAFÍAS
Fotografía 1. El suelo calcáreo y el monte 38
Fotografía 2. La cosecha de la milpa 39
MAPAS
Mapa 1. División política, Yucatán, 1905 44
Mapa 2. Noroeste henequenero y las vías de ferrocarril, 1905 130
PLANOS
Plano 1. Los ejidos del pueblo de Chablekal, 1909 88
Plano 2. Los ejidos del pueblo de Maxcanú, 1909 89
Plano 3. Planteles de la hacienda Yaxché, 1910 122
Plano 4. Montes Yaxché, 1910 125
Plano 5. Montes Yodzonot, 1910 126
Plano 6. Montes de los sirvientes, 1910 127
AGRADECIMIENTOS
En la elaboración de esta tesis gocé de la ayuda de muchas personas e instituciones. En primer lugar estoy agradecida con el doctor Luis Aboites Aguilar por su lectura acuciosa y sus severas críticas como director de esta tesis. El tiempo que dedicó a comentar las distintas versiones fue de gran ayuda pero sobre todo de aprendizaje. Estoy en deuda con las doctoras Romana Falcón y Margarita Menegus y con los doctores Franco Savarino, Sergio Quezada, Arturo Güémez Pineda y Edgar Mendoza García, quienes leyeron versiones preliminares de este texto. Sus puntuales comentarios, rigurosas observaciones y recomendaciones me permitieron entender mi propio trabajo y también mirar hacia otras regiones, desde luego los desaciertos son de mi entera responsabilidad.
Agradezco a mis profesores de El Colegio de México por su dedicada labor docente y a mis compañeras Gloria Camacho, María del Carmen León, Isabel Avella, Edgar Mendoza, Patricia Pérez, Fausta Gantús, Florencia Gutiérrez, Alfredo Rangel y Marco Antonio Samaniego por su amistad y solidaridad durante los años escolares y aun después. De la misma manera extiendo mi agradecimiento a Sarah Buck, Justo Flores, Elda Moreno y Laura Brondino por la ayuda prestada, su solidaridad y la amistad. Mención especial merece Ivet Reyes Maturano y su familia por el apoyo y cariño que siempre tuvieron para mí.
En Yucatán siempre gocé de la ayuda y la orientación del doctor Sergio Quezada, quien se distingue por su enorme generosidad para guiar a sus estudiantes. Considero un privilegio haber sido su alumna, compartir proyectos académicos y una respetuosa amistad. Quiero extender mi gratitud al doctor Ben Fallaw, gran estudioso del periodo cardenista en Yucatán, por su orientación y disposición para aclarar mis dudas, a la doctora Alejandra García Quintanilla por compartirme sus conocimientos sobre el monte y varios de sus documentos, y al maestro Genaro Pérez Figueroa por proporcionarme amablemente material bibliográfico y su ayuda incondicional. Debo un agradecimiento especial a las licenciadas Zoila Jiménez Pacheco y Silvana Hernández Ortiz, amigas queridas, que me ayudaron con los mapas, cuadros y a resolver aspectos técnicos. Extiendo mi agradecimiento al investigador Chistian H. Rasmussen por haberme proporcionado dos imágenes de su extenso acervo fotográfico de la milpa. No puedo dejar de reconocer el apoyo de los colegas y compañeros del cuerpo académico consolidado Procesos Políticos y Cultura Política en Yucatán.
Estoy agradecida con varias instituciones. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología me proporcionó una beca para mis estudios doctorales. De 2005 a 2007 recibí un financiamiento del Programa de Impulso y Orientación a la Investigación,
Jóvenes Investigadores 2005, convocado por la Coordinación General de Investigación y Relaciones Institucionales de la Universidad Autónoma de Yucatán. Mención especial merecen las autoridades del Centro de Investigaciones Regionales-Unidad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán. Al maestro Efraín Poot Capetillo y a la doctora Beatriz Torres Góngora de quienes recibí el respaldo y apoyo en el tiempo que ocuparon la coordinación de la Unidad de Ciencias Sociales. De la misma manera agradezco el inestimable respaldo de la doctora Judith Ortega Canto, ex –directora del Centro de Investigaciones Regionales. Mención especial merecen las autoridades actuales, el maestro Miguel Güémez Pineda, coordinador de la Unidad de Ciencias Sociales y el Dr. Jorge Zavala Castro, actual director del CIR por el apoyo institucional.
En el plano familiar ha sido fundamental el cariño incondicional de mi madre Concepción Yam Dzib, y de otras dos mujeres que han sido mis segundas madres: mi abuela Emma Dzib May y mi tía Evangelina. Esta última a la distancia ha estado cerca de mí siempre. Me han acompañado y apoyado mi hermano Antonio y su esposa Deysi, y recientemente sus pequeñas hijas, Mariana y Ana Sofía, mis adoradas sobrinas. Por último, estoy agradecida con José Luis González Vela, su amor y su buen humor hicieron más ágil el último tramo para concluir esta investigación. Esta tesis va dedicada a mi querido papá el señor Antonio Ortiz Pérez, quien cerró sus ojos con mucha serenidad después de una larga vida.
INTRODUCCIÓN
Al finalizar el siglo XIX la agroindustria henequenera se había convertido en la
espina dorsal de la economía del estado de Yucatán. En los partidos del noroeste:
Acanceh, Mérida, Hunucmá, Izamal, Motul, Tixkokob y Maxcanú se concentraban
cerca de 800 haciendas dedicadas al cultivo y la raspa de henequén, por lo que la
vida cotidiana de su población giraba en torno a la producción agrícola industrial.
En el paisaje predominaban los planteles de henequén y las cuadrillas de
trabajadores cortando las hojas de henequén bajo la mirada vigilante del
encargado. Desde muy temprano, imperaba el ruido del tren de raspa que
procesaba las hojas del agave, el humo de las chimeneas, el ir y venir de las
carretas cargadas de leña y henequén, y el paso presuroso de las plataformas que
se deslizaban sobre las rieles decauville trasladando las pacas de henequén a la
estación de ferrocarril. El tren anunciaba su llegada con un ruido estruendoso
provocado por el silbato y el roce de las pesadas ruedas con las rieles, mientras el
pasaje abordaba, los cargadores estibaban las pacas de henequén en los vagones de
carga. De esta manera, el sisal se trasladaba al puerto de Progreso, en donde se
embarcaba con destino al mercado internacional.
¿Qué le pasó a la población avecindada en los cerca de 70 pueblos de los
partidos de Acanceh, Mérida, Hunucmá, Izamal, Motul, Tixkokob y Maxcanú,
donde se situaba la mayor parte de las fincas? Lo que sabemos a ciencia cierta es
que para finales del siglo XIX habían sufrido el despojo de sus recursos agrícolas y,
en consecuencia, se había trasladado a las haciendas henequeneras en donde
permanecieron hasta 1915 bajo condiciones laborales difíciles y adversas. Sin
embargo, nuestro conocimiento de cómo los pueblos percibieron y enfrentaron el
II
avance privatizador del siglo XIX y cómo reaccionaron frente a la presencia de las
haciendas y la demanda de la mano de obra es realmente escaso, por no decir nulo.
Esta investigación ofrece un estudio de la población que residía en los
pueblos y en las haciendas, se interesa en su percepción, respuesta y participación
en la privatización de la tierra, el desarrollo de la agroindustria henequenera y el
reparto agrario de las primera cuatro décadas del siglo XX. El periodo de la
investigación, 1870 -1937, atiende dos coyunturas locales: el inicio del auge de la
industria henequenera y la entrega formal de los ejidos henequeneros por el
gobierno federal.
La necesidad de vincular la historia agraria de los siglos XIX y XX se debe a
que los procesos políticos ―nacionales: porfiriato y revolución, o regionales,
encabezados‖por‖los‖gobernadores‖o‖caciques‖locales―‖a‖los‖que‖se‖han ceñido, no
necesariamente coinciden con los procesos económicos regionales a los que estaba
asociada la cuestión agraria. El caso concreto de la agroindustria henequenera en
Yucatán es por demás emblemático. Se desarrolló y consolidó sobre la base de las
políticas privatizadoras y el impulso decidido que recibió del Estado liberal,
especialmente en el último cuarto del siglo XIX. Sin embargo, el derrocamiento del
régimen porfiriano no significó su desaparición, pues la agroindustria
henequenera continuó su curso, experimentó un crecimiento inédito durante los
años más álgidos de la Revolución Mexicana y mantuvo su importancia económica
en las primeras cuatro décadas del siglo XX.1
1 Recientemente, Camacho Pichardo, “Desamortización‖y‖ reforma‖agraria”, en su estudio sobre los municipios de Lerma y Ocoyoacac del Estado de Lerma y Ocoyoacac, planteó la necesidad de romper con las etapas tradicionales en las que se ha dividido la historia agraria de México, y en su análisis vinculó la desamortización con la reforma agraria a fin de obtener una interpretación más elaborada sobre los cambios y las continuidades en la organización de los pueblos.
III
En tal sentido, la presente tesis apuesta por una perspectiva agraria de larga
duración que logre dilucidar ¿Cómo percibieron y enfrentaron los pueblos el
avance privatizador del siglo XIX? ¿Cómo la agroindustria influyó en la dinámica
económica y demográfica de los pueblos? ¿Qué cambios que sufrió la agricultura
tradicional? ¿Cómo se transformaron las condiciones de vida de los pueblos?
¿Cómo participó la población rural en el reparto del siglo XX, si consideramos que
de uno u otro modo se encontraba vinculada a la agroindustria henequenera? Y
¿Cómo se llevó a cabo el reparto agrario si la agroindustria de exportación
constituía la espina dorsal de la economía yucateca en las primeras cuatro décadas
del siglo XX? Con la respuesta a estos cuestionamientos deseamos mostrar que la
población rural del noroeste de Yucatán experimentó cambios profundos en su
forma de vida con el desarrollo de la agroindustria henequenera, y que dichas
transformaciones determinaron su percepción y participación en las políticas
agrarias del siglo XX.
ABORDAJE DEL PROBLEMA
De milperos a henequeneros demostrará que la historia agraria del noroeste de
Yucatán no se inscribe en los procesos de pérdida y recuperación de los recursos
agrarios de los pueblos, sino dentro de los procesos económicos de gran
envergadura como lo fue el desarrollo y auge de la industria henequenera. En el
último cuarto del siglo XIX, los milperos de los pueblos experimentaron la pérdida
de sus espacios agrarios por la política privatizadora y la presencia de las
haciendas henequenera, pero también sufrieron transformaciones profundas en su
forma de vida debido a que su subsistencia comenzó a depender más del trabajo
remunerado en las fincas como trabajadores henequeneros que como milperos.
IV
Ahora bien, la participación de la población rural en las haciendas se dio de
distintas maneras, por lo que a finales del siglo XIX, la sociedad agraria del noroeste
yucateco era compleja, formada por peones acasillados, jornaleros de los pueblos,
trabajadores fijos o eventuales, arrendatarios, cada uno bajo condiciones laborales
específicas y oportunidades económicas diferentes. Esta diversidad dio lugar a que
cada grupo o sector de la sociedad agraria actuara de acuerdo a sus intereses frente
a las políticas agrarias del siglo XX. No obstante esta heterogeneidad, su
participación u oposición en el reparto agrario no se caracterizó por intentar
recuperar sus recursos agrarios perdidos en el siglo XIX por la vía de la restitución,
como disponía el decreto del 6 de enero de 1915; por el contrario, al estar su
subsistencia tan ligada a la agroindustria, estuvo motivada a la necesidad de
continuar vinculada a la fincas henequeneras para percibir el salario y las demás
prerrogativas que garantizaban su sostenimiento.
El punto de partida de esta investigación fue el estudio de la relación que
mantenían los milperos de los pueblos con los recursos agrícolas. Desde una
perspectiva novedosa centra su atención en el monte (lugar ocupado con
vegetación) como reservorio de la fertilidad, alejándonos de las interpretaciones
que consideran la tierra como espacio y recurso fundamental para la agricultura. El
primer capítulo estudia la forma en que los milperos aprovechaban los montes
para el cultivo de sus milpas y la obtención de los demás recursos para su
consumo, y desentraña los criterios empleados por la población indígena para la
distribución, el control y la posesión de los montes durante el periodo colonial y en
el siglo XIX. Esta última tarea no fue sencilla. Las fuentes decimonónicas,
especialmente los que contienen conflictos, acuerdos y las disputas, aunque hacen
referencia a los montes, contienen una información difusa, escueta y poco
V
comprensible, por lo que fue necesario consultar documentación más antigua para
acercarnos a los contextos de uso y aprovechamiento de los montes. Con base en
fuentes coloniales, incluso algunas tempranas, logramos establecer que el acceso a
los recursos forestales no estaba condicionado por la propiedad sino por normas
largamente acuñadas, en las que los vínculos de parentesco desempeñaron un
papel central.
Considerar el monte como recurso agrario tiene implicaciones de suma
importancia para la historia agraria de los pueblos yucatecos, pues no sólo nos
aparta de las interpretaciones que consideran la tierra el recurso fundamental para
la agricultura, sino que permite comprender el manejo que hacían los milperos de
la vegetación para el cultivo, el uso del sistema itinerante de la milpa, y las formas
de posesión, control y organización para acceder y usufructuar los montes. Lo
anterior nos aproxima al modo de vida agrícola de los milperos de Yucatán. Con
esta perspectiva abordamos, en el capítulo II, el proceso privatizador de los
terrenos baldíos en la segunda mitad del siglo XIX. La discusión se centra en la
forma que los liberales emprendieron la privatización de los terrenos baldíos. Se
aborda cómo los milperos de los pueblos percibieron la venta de los montes como
terrenos baldíos y las estrategias que siguieron para evadir e impedir la pérdida de
sus recursos. También se analiza cómo los gobiernos estatales intentaron, mediante
la delimitación de los ejidos de los pueblos, que los milperos dejaran de
obstaculizar la privatización de los montes donde cultivaban.
De manera simultánea al proceso privatizador, un fenómeno de gran
envergadura tenía lugar en el noroeste yucateco: el desarrollo y la consolidación de
las agroindustria henequenera. Esta investigación se detiene a observar el impacto
de la agroindustria en la dinámica económica de los pueblos, las costumbres
VI
agrícolas tradicionales, la distribución demográfica y en la construcción de nuevas
relaciones laborales. Al atender estas temáticas deseamos acercarnos al episodio
henequenero como un proceso complejo y dinámico que trajo consigo cambios
profundos en la forma de vida de la población rural del noroeste. El capítulo III
hace énfasis en las condiciones de vida de los trabajadores de las haciendas sin
detenerse en el sistema de peonaje, la economía moral y las medidas coercitivas
que mediaban las relaciones laborales, temas ampliamente estudiados, pues el
propósito es evidenciar la formación de una sociedad agraria compleja a fines del
siglo XIX.
Lo anterior nos permitirá aproximarnos de manera novedosa a las políticas
agrarias del siglo XX que se abordan en los capítulos IV y V de esta investigación. El
estudio se centra en conocer la forma en que se llevó a cabo el reparto agrario y
cómo participó la población rural. Para entender la forma en que los gobiernos
local y federal decidieron llevar a cabo el reparto agrario en Yucatán en las décadas
de 1920 y 1930, respectivamente hemos privilegiado la importancia económica de
la agroindustria, para lo que fue necesario tener presente la participación de la
fibra del sisal en el mercado internacional y el impacto de la crisis económica de
1929. En la comprensión de la participación de la población rural en dichos
procesos fue necesario partir de su complejidad y en el hecho de que su
subsistencia estaba vinculada a las haciendas; para el caso específico del reparto
realizado en la década de 1930 se consideró la crisis económica de 1929 porque su
impacto en las exportaciones también fue resentida por la sociedad rural e incidió
en sus decisiones frente a la reforma agraria.
En el análisis del reparto agrario hemos dejado de lado el enfoque político
que muestra la estrecha relación que existe entre el reparto agrario y el
VII
fortalecimiento de los gobiernos locales y el federal. De este modo, las ideas
agraristas de los gobiernos locales, las estrategias y movilizaciones de las
organizaciones políticas, obreras y sindicales en el ámbito rural no ocupan un
lugar central en el trabajo.
CONTEXTO HISTORIOGRÁFICO
La presente investigación cubre un vacío en la historiografía sobre el siglo XIX y XX
al estudiar a la población que residía en los pueblos y en las haciendas. No sólo se
ocupa de una sociedad rural no estudiada sino que la muestra dinámica al
participar en los consensos, los conflictos, las resistencias y en la convivencia
pacífica dentro de las transformaciones agrarias y abandona la idea del carácter
inerte de los pueblos y los peones frente al desarrollo de la agroindustria y el
reparto agrario. Moisés González Navarro en su obra Raza y tierra, publicada en
1970, fue el primero en exponer el avance territorial de las haciendas a costa de los
recursos de los pueblos. Dicho autor centró su examen en el marco jurídico federal
y local que posibilitó la enajenación de los terrenos denominados baldíos, así como
los mecanismos legales utilizados por los hacendados para incorporar mano de
obra indígena de los pueblos y foránea (yaqui y coreana) a sus haciendas.2 La idea
acerca de que los pueblos perdieron sus tierras frente a la expansión desmesurada
de las haciendas ha sido perpetuada. A principios de la década de 1980, Gilbert M.
Joseph tras examinar la curva ascendente de la producción de henequén, las
superficies cultivadas, la exportación de la fibra y el cálculo demográfico de las
haciendas, concluyó que los pueblos, efectivamente, experimentaron el despojo de
2González Navarro, Raza y tierra, 190-213.
VIII
tierras y habitantes.3 Años más tarde, en 1996, Gilbert M. Joseph y Allen Wells en
su libro Summer of Discontent, profundizaron sobre las circunstancias que dieron
lugar a que la población de los pueblos se trasladaran a las haciendas
henequeneras y explicaron que los mecanismos de control social como el
aislamiento, la coerción y la seguridad lograron inmovilizar a los peones que
residían en las fincas.4 En este mismo estudio, desde la perspectiva de la resistencia
y el descontento social, los autores se acercan al estudio de pequeños motines,
invasiones de tierras, incendios provocados, litigios, disturbios y bandidaje
protagonizado por campesinos y otros personajes de la vida‖rural‖―comerciantes,
pequeños propietarios y artesanos― que develan el descontento social a fines del
porfiriato. No obstante la riqueza de este estudio, en sus interpretaciones subyace
la percepción de que los pueblos sufrieron el despojo de sus recursos y medios de
subsistencia.5
Otro matiz lo ofreció, hace más de una década, Franco Savarino en su estudio,
Pueblos y nacionalismos. Dicho autor dedicó un apartado a la relación que
establecieron los pueblos con las haciendas henequeneras, en la que resalta la
capacidad que tuvieron los primeros para negociar y dialogar con los dueños o
administradores de las propiedades en búsqueda de una convivencia pacífica y
relación‖ simbiótica.‖ A‖ pesar‖ de‖ la‖ pérdida‖ de‖ sus‖ tierras‖ y‖ de‖ una‖ “parte‖ de‖ la‖
antigua autonomía”,‖—afirma Savarino— los‖pueblos‖fueron‖compensados‖“por‖la‖
afinación y extensión de las redes clientelares, la apertura de nuevas fuentes de
trabajo‖ en‖ las‖ haciendas‖ y‖ la‖ modernización‖ de‖ las‖ infraestructuras”.‖ Para‖ este‖
3Joseph, Revolución desde afuera, 51. 4 Wells y Joseph, Summer of Discontent, 144-169. 5Wells y Joseph, Summer of Discontent, 176-181. Un breve trabajo sobre el descontento en el pueblo de Maxcanú en 1891 lo ofrece Soler,‖ “El‖ levantamiento‖indígena”,‖185-193.
IX
autor, las tensiones violentas representaban momentos de desequilibrio en la
relación de consenso que sostenían los pueblos y las haciendas.6 No obstante de
esta novedosa interpretación, el autor no ahonda en ella, porque no formaba parte
del tema central de su trabajo.
En la historiografía sobre el siglo XX se analiza la acción agrarista de los
gobiernos locales y federales desde una perspectiva política, en donde la población
rural, particularmente la que residía en los pueblos, aparece como la principal
beneficiaria de los cambios y transformaciones que proponían las leyes agrarias.
Los trabajos pioneros de Moisés González Navarro, Raza y tierra, y Gilbert Joseph,
Revolución desde afuera han ligado el tema del reparto agrario con las
transformaciones del tejido político tanto federal como regional. En dichos
estudios, se observa cómo el impulso agrarista permitió a los caciques locales
extender su red clientelista y asegurar la lealtad de la población rural. Así, la acción
agrarista de Felipe Carrillo Puerto tenía claras intenciones de fortalecer su posición
política, al igual que Adalberto Tejeda en Veracruz y Saturnino Cedillo en San Luis
Potosí, sobre la base del apoyo y la movilización de la población rural.
Recientemente Ben Fallaw en su libro Cárdenas Compromised hilvanó el tema
político con el agrarismo de los años treinta. Este trabajo tiene la virtud de mostrar
la participación de la población rural, como actor social de primer orden, en los
procesos políticos y agrarios que dieron lugar a la construcción del Estado
mexicano. 7 De este modo, el reparto agrario no es tratado como proceso perse sino
que es analizado junto con la aparición y consolidación de la nueva clase política
6Savarino, Pueblos y nacionalismos, 102-112, 133-144. 7González Navarro, Raza y tierra, 226-261; Joseph, Revolución desde afuera, 154-159, 269-283, 294-296. Véase Ben Fallaw, Cárdenas Compromised. The Failure of Reform in
Postrevolutionary Yucatan. Duke University Press, 2001.
X
emergente después de la revolución de 1910. En estos importantes estudios, el
reparto agrario aparece fraccionado por los periodos políticos. Con este enfoque, se
ha logrado caracterizar el proyecto agrarista que concebía cada gobierno federal o
local, así como los procedimientos y las estrategias para llevarlo a efecto.
En resumen, el conocimiento que poseemos sobre el impacto que sufrieron
los pueblos en los procesos agrarios de fines del siglo XIX y las primeras décadas
del XX provienen de las investigaciones centradas en el desarrollo y
comportamiento de la agricultura comercial y de los estudios sobre la
consolidación de la clase política de la posrevolución que impulsaron los cambios
en la estructura agraria. Dichos estudios dan por sentado que los pueblos del
noroeste yucateco sufrieron el despojo de sus recursos agrícolas y en consecuencia
su población se trasladó a las haciendas henequeneras donde permanecieron bajo
condiciones laborales difíciles y adversas. Dicha interpretación ha servido de
preámbulo para considerar al reparto agrario como un proceso de cambio y de
reivindicación, al poner fin a las haciendas henequeneras y al peonaje ofrecer
formas de participación más justas y de vinculación política con el Estado del siglo
XX.
LAS FUENTES
Esta tesis se sustenta sobre una amplia documentación consultada en diversos
archivos, bibliotecas y colecciones privadas. En el Archivo General del Estado de
Yucatán se consultó principalmente el ramo Gobernación del fondo Poder
Ejecutivo. En él abundan los testimonios y la correspondencia enviada al
gobernador de quienes vivían en los pueblos y aun en las haciendas, sin la
intervención de sus autoridades municipales u organizaciones políticas. Su
contenido es muy rico al abarcar casi todos los aspectos de la vida cotidiana de los
XI
milperos, los vecinos de los pueblos, los ejidatarios, los trabajadores del campo, los
peones de las haciendas. Otros ramos consultados fueron Ayuntamiento y Justicia.
El estudio sobre el monte y la forma de usufructuarlo fue posible con la
documentación concentrada en el fondo de Notarías del Archivo General del
Estado de Yucatán, en Tierras del Archivo General de la Nación de México y con
fuentes coloniales editadas.
De suma importancia fue la consulta de las memorias, informes y mensajes
de los gobernadores, anuarios estadísticos, censos de población y boletines
estadísticos porque contienen importante información demográfica y de la
producción agrícola del siglo XIX. La mayoría de estas fuentes se encuentran en el
Centro de Apoyo para la Investigación Histórica de Yucatán (CAIHY), situada en
la ciudad de Mérida. En el Archivo de Terrenos Nacionales (ATN) de la Secretaría
de la Reforma Agraria de la ciudad de México se encuentra los expedientes
relativos a la medición de los ejidos y de los baldíos. Son documentos extensos y
muy técnicos por contener información topográfica de los terrenos que medían los
agrimensores; sin embargo, algunos anotaron las voces, los reclamos o los
testimonios de los milperos de los pueblos que ocupaban los montes que medían.
Para el siglo XX, además del fondo de Gobernación de Archivo General del
Estado de Yucatán, se consultaron los expedientes que reposan en el Registro
Agrario Nacional el cual está organizado en dos grandes fondos: Carpeta básica y
Ampliación. Ambos contienen documentación sobre la creación del ejido de las
primeras décadas del siglo XX. Esta investigación se benefició con la consulta de
dos archivos privados que se encuentran al alcance del público en general. El
primero es el archivo personal de Florencio Palomo Valencia, gobernador de
Yucatán entre julio de 1936 y enero de 1938, situado en la biblioteca Daniel Cosío
XII
Villegas de El Colegio de México y el segundo es el archivo de la Hacienda
Chenché de las Torres que se encuentra bajo el resguardo de Pro Historia
Peninsular, A.C. (PROHISPEN) en la ciudad de Mérida. La consulta de los diarios
oficiales, colecciones de leyes y censos de población del siglo XX se realizó en
diversas bibliotecas locales y nacionales.
CAPÍTULO I
EL MONTE: RECURSO AGRARIO Y SU DISTRIBUCIÓN
Desde tiempos inmemoriales el cultivo de la milpa, elaborado bajo el complejo
sistema de roza, tumba y quema, ha sido la actividad más importante para la
subsistencia de los mayas yucatecos. El presente capítulo aborda la actividad
agrícola tradicional desde una perspectiva novedosa al centrar el análisis en el
monte (lugar ocupado con vegetación) como reservorio de la fertilidad, lo que nos
alejan de las interpretaciones que consideran la tierra como espacio y recurso
fundamental para la agricultura. Se interesa por la relación que mantenían los
milperos de los pueblos con los recursos forestales, es decir, en la forma como los
mayas lo usufructuaban y se organizaban para su aprovechamiento en la
agricultura. En tal sentido, se tratará de desentrañar los criterios empleados por la
población indígena para la distribución, el control y la posesión de los montes
durante el periodo colonial y en el siglo XIX. Se quiere demostrar que los vínculos
de los milperos con el monte estaban condicionados por el parentesco y el derecho
eminente de los caciques.
1. EL MONTE PARA LA MILPA
En Yucatán la selva tiene un papel importante en el proceso agrícola porque la
fertilidad se encuentra en la vegetación y no en la tierra. Este hecho se debe a las
características del medio físico peninsular, pues en climas tropicales las altas
temperaturas y la humedad aceleran la liberación de nutrimentos de la materia
orgánica que la vegetación absorbe con rapidez y en cantidades importantes. Por
otra parte, la composición caliza, delgada y sin gran diversidad morfológica del
suelo peninsular también contribuye a que la fertilidad se circunscriba a la
2
vegetación. A través de un milenario proceso de observación, los milperos
lograron comprender el medio físico de la península y obtener un amplio
conocimiento sobre los montes. Los siguientes términos en lengua maya dan
cuenta de la percepción heterogénea de los milperos sobre los montes, al
distinguirlos y clasificarlos de acuerdo al tipo y tamaño de la vegetación. Ch’en che
se refería al ‚bosque de grandes árboles, monte espeso o alto‛; Ka’kab k’ax al monte
de arboleda, de tierra buena de sembrar; Num k’ax al ‚monte de árboles, cerrado
sin haber camino en él‛; y Pokche’tal al ‚monte bajo, ruin y no crecido‛; otros
términos eran más específicos al asociar las condiciones del monte al cultivo de la
milpa, por ejemplo u kaax-il cab se refería al ‚monte de la milpa que no est{
sembrado‛; Ca col era el ‚monte en punto de labrarse por segunda vez‛; Che col kax
aludía al ‚monte abatido para milpa o sementera‛; es decir, al monte que por
primera vez eran podado para su cultivo; el término poc che describía al monte ‚de
árboles no crecidos‛ por haber ‚servido recientemente para sementeras‛ y
Keelenche’ era el monte bajo con árboles bajos por encontrarse ‚a mitad de camino
de su total recuperación después de haber tumbado‛ para la milpa.1
En 1819 Pedro Chuil, vecino del pueblo de Kinchil, distinguió los espacios
fértiles que circundaban su pueblo en función de la presencia de monte: ‚que los
montes hasta la distancia de tres leguas al poniente de su pueblo son en los que
labran sus milpas y que los demás [lugares] que siguen no producen nada por ser
pura laja (piedra)‛.2
1Barrera Vásquez, Diccionario maya cordemex, 132, 284, 309, 586, 663; Álvarez, Diccionario etnolingüístico, II, 106, 117, 118. Otros términos expresan las condiciones propicias del monte para la extracción de cera y miel. Kaax il cab que se refería el ‚monte para colmenas‛ y Kax il cab al ‚campo abundante en colmenas silvestres‛. 2Venta de tierras realengas denunciadas por don Julián del Castillo y Casanova (1819), en AGN, Tierras 1421. exp. 13, ff. 342-344v. La laja es un manto rocoso de
3
El proceso agrícola requería de un manejo adecuado de la vegetación, el cual
comenzaba con la selección del monte o pach kax ‚escoger el monte el labrador
donde hacer milpa‛. El monte seleccionado debía tener una vegetación alta, de
unos 25 a 30 metros de altura, signo de que era un monte virgen o que tenía treinta
años o más de haberse cultivado. Un monte con estas características físicas
producía menos hierba, retenía la humedad en abundancia y garantizaba el cultivo
de distintos tipos de maíz, varias clases de calabazas, frijoles, camotes, tomates,
chiles, tubérculos, hierbas y plantas medicinales.3
Una vez mensurado el monte seleccionado, los milperos daban inicio al
complejo procedimiento de la roza, tumba y quema con el que se incorporaba la
vegetación al suelo calcáreo. 4 Primero cortaban los arbustos, bejucos y hierbas, los
árboles medianos y grandes se podaban parcialmente, pues dejaban sus troncos o
tocones a una altura de metro o medio metro para su regeneración; y los árboles
frutales y útiles para la construcción no se derribaban.5 Posteriormente daban paso
a la quema, un procedimiento por demás complejo, en el que se debía considerar
varios aspectos como la dirección de los vientos, definir el punto de inicio de la
quema, cuidar que el fuego abarcara todo el terreno sin agredir a los árboles
seleccionados, y construir guardarrayas con el objeto de restringir la quema al área
naturaleza calcárea y extremadamente dura que aflora sobre la superficie del terreno o subyace a suelos generalmente pedregosos y de escasa profundidad. En maya se denomina chaltún y constituye el suelo característico del territorio peninsular. Casares, Yucatán en el tiempo, III, 522. 3Terán y Rasmussen, La milpa, 170; García Quintanilla, ‚El ejidatario henequenero‛, 93. 4Terán y Rasmussen, La milpa, 12-13. Véanse los trabajos de Barrera et al, ‚El manejo de las selvas‛, 54-55 y Duch Garay, ‚Los suelos‛, 97, 103. 5Hern{ndez Xolocotzi, ‚Racionalidad tecnológica‛, 188; Ter{n y Rasmussen, La
milpa, 194.
4
mensurada y evitar que el fuego se extendiera.6 Con la quema, los milperos
incorporaban la vegetación a la superficie, rica en material carbonatado,
formadores del suelo para los cultivos. Otro beneficio era la disminución de las
semillas de especies herbáceas y el saneamiento del suelo de plagas y
enfermedades; lo que garantizaba un mayor rendimiento productivo de las milpas
y la regeneración del monte.78
Este sistema agrícola era una práctica muy antigua entre los milperos de
Yucatán. Para el siglo XVI existen varios testimonios de los españoles, como el del
encomendero de Kampokolché: ‚con ir al monte y rozar y cortar algunos {rboles
grandes y pegarles fuego hacen f{cilmente sus sementeras‛.9 Mucho tiempo
después, en 1886 el viajero Desiré Charnay comprendió la importancia del sistema
de roza, tumba y quema "para preparar un campo, los indios no aran la tierra, *<+
pues estorbaría la corteza pedregosa que forma el suelo de la península. Se limitan
a cortar los arbustos y los árboles, dejando a estos solo un metro de altura‛, y
6La guardarraya forma parte de la técnica que emplean los milperos para evitar incendios forestales. Consiste en limpiar una franja de dos metros aproximadamente alrededor del terreno desmontado. Sin embargo, cuando el fuego invade otras {reas se les llama ‚quemadales‛ y aunque se suele sembrar en ellos no se le presta mayor atención por lo que a estos cultivos se les conoce como la siembra de la viuda por no tener marido para la limpia de la milpa. Hernández Xolocotzi, ‚Racionalidad tecnológica‛, 188. Véase también a Ter{n y Rasmussen, La milpa, 197-204. 7Duch Garay, ‚Los suelos‛, 103-104; Hernández Xolocotzi,‚La roza-tumba-quema en Yucat{n‛, 71-72. 8Dado que los mayas no arrasaban con toda la vegetación del monte durante la fase de la tumba la autora García Quintanilla, ‚El dilema de Ah kimsah k’ax‛, 266 señala que se trataba de una ‚poda‛. 9Relación de Kampokolché (s/f) en RHGGY, II, 327
5
explica que con la quema ‚se forma una gran cantidad de ceniza que es la que ha
de fecundizar la tierra‛.10
Después de la quema, se cultivaba una variada selección de semillas de
maíz, frijol común, frijol negro, frijol blanco (ibes) y calabazas y se le denominaba
milpa roza. Al siguiente año, se quemaba las cañas del maíz y las arvenses de dicha
milpa para cultivarla de nuevo. Esta vegetación al no ser abundante, la ceniza que
se incorporaba al suelo era menor y en consecuencia su producción agrícola
disminuía con respecto a la del año anterior, se le denominaba milpa caña.11
El cultivo era itinerante. Después del segundo año (o de cosechar la milpa
caña) el milpero abandonaba la milpa para dejarla descansar varios años para que
el monte se recuperara y se desplazaba en busca de otro lugar adecuado para
cultivar y comenzar de nuevo el ciclo. Sin embargo, la milpa abandonada
desempeñaba un papel de primer orden en la vida cotidiana de los milperos.
Conocida en lengua maya como poc che ―que quiere decir ‚monte de {rboles no
crecidos‛ por haber servido para las sementeras― la milpa abandonada era un
auténtico reservorio de plantas medicinales, de productos vegetales como leña,
carbón, cal; de materiales de construcción tales como distintas maderas y hierbas,
de lugar de cacería de animales silvestres y de proveedores de distintos tubérculos
cultivados por los milperos para que sirvieran en los tiempos de escasez o
sequías.12
10Charnay, Viaje a Yucatán, 40-41. 11Hern{ndez Xolocotzi, ‚Racionalidad tecnológica‛, 188; IIIsley Granich, ‚Vegetación y milpa‛, 135. 12García Quintanilla, ‚El dilema de Ah Kimsah k’ax‛, 267-274. Terán y Rasmussen, La milpa, 278-279.
6
En todas las etapas de la milpa, desde la quema del monte hasta la cosecha,
los milperos establecían una relación profundamente religiosa con Yum Kax, el
dueño del monte, dios padre, hijo y espíritu santo, varios santos cristianos, y
demás deidades, guardianes y ayudantes del monte, los vientos, el agua y los
animales. Mediante rogativas, ofrendas sencillas y ceremonias elaboradas los
milperos solicitaban permisos, se disculpaban por las alteraciones físicas que
harían del monte, pedían lluvias y que roedores, pájaros y demás animales no
perjudicaran la milpa. Asimismo, agradecían las buenas cosechas. Con los rituales,
los milperos creían mantener el orden cósmico y la relación sagrada que guardaba
la naturaleza con los espacios simbólicos y sobrenaturales. De no hacerlo, los
milperos no sólo no lograrían sus milpas, sino que su vida misma correría peligro,
así como la de sus vecinos al sobrevenir cambios climáticos dañinos a la milpa.13
Los historiadores que han centrado su atención en el monte como recurso
agrícola y ámbito espacial coinciden en señalar que el acceso a dicho recurso no
estuvo mediado por la propiedad privada. Tsubasa Okoshi argumenta que, al
tiempo de la invasión española, los mayas no conocían la propiedad privada de los
13La primera ceremonia se realizaba antes de quemar el monte. Se ofrecía una bebida de maíz, llamado pozole, a los cuidadores del viento, el fuego y la tierra. La segunda ceremonia era del Ch’a Chaak para avisar a los dioses, santos cristianos y seres sobrenaturales mayas que la siembra se había realizado y enviaran la lluvia, otra ceremonia realizada era para evitar que los pájaros y roedores como la tuza dañaran el maíz, las sandías y las calabazas. La ceremonia consistía en ofrecer atole a los cuidadores de las aves y a los animales de la tierra; por último los milperos realizaban la ceremonia de acción de gracias, la cual consistía en ofrecer elotes horneados a todas las deidades que de un modo u otro contribuyeron a la cosecha de la milpa. Terán y Rasmussen, La milpa, 199, 229, 237, 243. Para un análisis profundo sobre las construcciones simbólicas en el manejo de los recursos naturales entre los mayas yucatecos, véase el trabajo de García Quintanilla, ‚El dilema de Ah Kimsah k’ax‛.
7
recursos naturales. El sustrato simbólico, apunta el autor, resulta fundamental para
comprender la ausencia de propiedad, pues en la concepción maya ‚la tierra‛
como la sagrada madre de la vida no era concebida como objeto alienable. Okoshi
se apoya en la evidencia lingüística, no existe en el idioma maya yucateco ‚palabra
alguna que tuviera la acepción de ‘propiedad’ como el derecho exclusivo sobre
algún objeto, incluido el poder de enajenación‛. El otro elemento valorado por
Okoshi es el aspecto agrícola. Señala que la forma de uso y explotación del sistema
de tumba, roza y quema impide el desarrollo de la propiedad de la tierra al
‚cambiar constantemente el lugar de cultivo cada dos o tres años‛.14 En el mismo
tenor, Alejandra García Quintanilla explica cómo los milperos se apropiaban de los
montes sin reconocerse dueños de ellos. Desde la perspectiva simbólica y con base
en la literatura, la epigrafía, la historia y la antropología, la autora analiza el
sustrato religioso de la relación milpero-monte, y señala que los agricultores creían
que al ocupar un monte invadían un espacio sagrado habitado por elementos del
cosmos y seres que cuidaban a los animales y las plantas. Por eso, las veces que lo
mensuraban para sus milpas tomaban sólo lo necesario, ofrecían distintas
ceremonias y realizaban ceremonias para pedir permiso y agradecer a los
verdaderos dueños del monte, es decir, a los Yum kax.15
Otro autor que observa la inexistencia del dominio directo de los recursos
naturales entre los mayas es Sergio Quezada, quien sostiene que para el siglo XVI
los caciques yucatecos no se distinguieron por ser propietarios de tierras ni de
otros recursos naturales. En los escasos testamentos, los nobles no dejaron
evidencia de propiedades territoriales, salinas o aguas. Sin propiedades, señala el
14Okoshi, ‚Tenencia de la tierra‛, 86-88. 15García Quintanilla, ‚El dilema de Ah Kimsah K’ax‛, 255-268.
8
autor, los caciques yucatecos no desarrollaron el sistema de terrazgo, tan
característico de sus pares del centro de México.16
Todas estas propuestas coinciden, de un modo u otro, en la inexistencia del
dominio directo sobre los montes entre los mayas al tiempo de la llegada española
y durante la época colonial. Sin embargo, esta importante distinción constituye el
punto de partida de una discusión más amplia que conduzca a dilucidar los
criterios que empleaban los milperos para distribuirse los montes, pues la
inexistencia de la propiedad privada no niega la presencia de normatividad alguna
para regular el uso de los recursos forestales. En las siguientes páginas veremos
cómo los derechos preferenciales que gozaban los grupos familiares y el dominio
eminente de los caciques regularon y perpetuaron el acceso a los montes entre los
mayas.
2. DE LUGAR DE RESIDENCIA A ESPACIO AGRÍCOLA
Las veces que un milpero salía de su pueblo para cultivar su milpa, se dirigía a los
montes donde se encontraban las sementeras de su padre, sus hermanos y sus
demás parientes. A este espacio donde quedaban circunscritas las prácticas
agrícolas de los miembros de un grupo familiar es denominado actualmente rumbo
familiar.17 Todo parece indicar que los ‚rumbos familiares‛ se originaron en el siglo
16Quezada, ‚El cacique yucateco‛, 74-79. 17El equipo de trabajo del ingeniero Efraím Hernández de la Universidad Autónoma de Chapingo fueron los primeros en percatarse de esta organización en el pueblo de Yaxcab{ y le llamaron ‚rumbo‛. Pues ‚la tierra para la milpa, no est{ parcelada formalmente, y que está distribuída entre los ejidatarios, mediante el establecimiento de rumbos por rama de familia (distribución tradicional)‛. Pérez, ‚Organización del trabajo‛, 430. Años después, Ter{n y Rasmussen en su obra La
milpa observaron el mismo sistema de organización en Xocén y acuñaron el
9
XVI como consecuencia de los reacomodos espaciales que modificaron la antigua
distribución de la población maya claramente diseñada para el acceso y usufructo
de los recursos agrícolas.18
Al momento de la de la ocupación española, los mayas residían en pequeños
caseríos conformados por familias extensas, parientes consanguíneos y afines.
Existía un sinnúmero de estos caseríos familiares en todo el extenso territorio
peninsular, los cuales se encontraban cercanos a las fuentes de agua y rodeados de
la espesa vegetación del monte.19 Esta forma de asentamiento facilitaba a los
habitantes su desplazamiento a los montes para cultivar sus milpas o extraer los
productos necesarios para la subsistencia. De hecho, puede decirse que los caseríos
estaban rodeados y separados entre sí por montes y milpas como describieron, en
1579, los miembros del cabildo de la ciudad de Mérida: ‚La gente *<+ solía estar
dividida en seis y en ocho, y como estaban derramados en toda la tierra *<+ la
tenían ocupada, no caía aguacero que no cayera sobre sementeras‛.20
término ‚rumbo familiar‛. El término en cuestión es retomado en los trabajos antropológicos de Flores Torres, Los mayas yucatecos y Quintal Avilés, ‚Solares, rumbos y pueblos‛, quienes trabajaron en pueblos del oriente y sur de Yucatán, respectivamente. 18Farriss, ‚Nucleation versus Dispersal‛, 187-216, observa que a lo largo de la época colonial el patrón de asentamiento y los movimientos de población maya yucateca guardaron estrecha relación con el sistema agrario itinerante y de roza, tumba y quema. Afirma que las fuerzas socioculturales favorecían la asociación de los individuos, mientras que las condiciones del medio físico yucateco tendían a dispersarlos. A lo largo de su trabajo, Farriss va señalando la influencia del medio físico (environmental pull) en los tipos de movimientos de población que tuvieron lugar durante el periodo colonial, pues la sociedad indígena diseñó el sistema agrícola a partir de su antigua percepción del medio físico. 19Quezada, ‚El cacique yucateco‛, 81. 20Relación de la ciudad de Mérida (1581) en RHGGY, I, 71. Esta forma de residencia entre los montes causó asombro a los españoles; encomenderos, funcionarios y
10
Cada caserío era identificado por un topónimo y en él residían hasta ocho
jefes de familias con su respectiva prole. Por ejemplo, los caciques Ebtún, Kaua,
Cuncunul, Tekom y Tixcacalcupul, al oriente de Yucatán, recordaban que en el
caserío de Dzulmuy vivieron Nabatun Canché, Nacan Canché y Nahau Pot; en Nocac
residieron Napuc Chimal, Napuc Nauat, Nachan Canul, Nahau Ay, Nahau Ek, Nachan
Be, Napuc Cauich y Nachan Pach, y en Tzalca habitaron Napuc Dzul, Ah Cochuah Kauil
y Ah Cot Kauil.21 Las familias identificaban los montes, pozos, cenotes, aguadas,
cuevas y salinas a los que tenían derecho de usufructo de igual modo identificaban
sus límites en donde principiaban los derechos de los demás grupos familiares.22
El caserío era una unidad residencial y cada jefe de familia estaba vinculado
políticamente a un cacique o batab, quien residía también en un caserío. Sin
embargo, esta asociación política era personal, lo que significaba que el territorio o
el lugar de residencia no determinaban la adscripción política de los individuos a
un batabil o señorío, sino que el reconocimiento que los individuos profesaban a
sus señores era de tipo personal. De manera que, los distintos jefes familiares que
religiosos dejaron infinidad de testimonios que la describían. En 1552 el oidor Tomás López Medel, primer visitador del Provincia de Yucatán, observó que ‚los naturales *vivían+ apartados unos de otros por los montes‛. ‚Ordenanzas de< López Medel (1552)‛, en López Cogolludo, Historia de Yucatán, lib. V, cap. XVI, 294. En 1581 Alonso Juli{n, encomendero de Titzal, escribió que los indios vivían ‚en tierra llana aunque pedregosa, metidos en monte que los cerca‛. Relación de Titzal (1581), en RHGGY, I, 238. 21Roys, The Titles of Ebtun, documentos 5 y 6, 73-80. La documentación reunida en esta obra constituye la principal fuente para el estudio de estas unidades residenciales. En The Titles of Ebtun se puede encontrar profusa evidencia de la reunición que hacia 1600 tuvieron los caciques de los pueblos de Ebtún, Kaua, Cuncunul, Tekom y Tixicacalcupul, todos ellos ubicados en la parte oriental de la península. En su testimonio, cada cacique recordó los topónimos de los caseríos y los nombres de quienes habitaban en ellos. 22Quezada, ‚El cacique yucateco‛, 82-83.
11
residían en un mismo caserío podían estar políticamente vinculados a caciques
diferentes.23
Los españoles calificaron esta organización residencial de los mayas
dispersa y sin orden, por lo que desde 1552 los franciscanos, con el apoyo de la
Corona, iniciaron la política de reducción con la intención de concentrar a la
población en espacios planeados y delimitados para facilitar su cristianización y
conversión al modo de vida español.24 En este proceso, los religiosos procuraron no
violentar los vínculos políticos entre los sujetos y los caciques. Por lo que, previo a
la reducción, los franciscanos se dirigían a los caseríos en donde vivían los caciques
para averiguar sobre su población sujeta. Con dicha información, los franciscanos
procedieron a mover a los jefes de familia y a su parentela al caserío donde residía
su señor. Nuevamente el testimonio de 1600 de Gaspar Antonio nos muestra cómo
los padres de familia de los diferentes caseríos del oriente fueron trasladados al
lugar de sus caciques. En algunos casos, cuando todos los jefes de familia que
residían en un caserío reconocían políticamente al mismo batab eran trasladados al
lugar donde residía su señor, pero en muchos casos, el núcleo de población se
disgregaba porque los padres de familia y sus proles eran trasladados a los
caseríos donde residían los bataboob o caciques que obedecían. Así sucedió con la
población de Tixtamay cuyos jefes familiares, junto con sus proles, fueron
23Los padres de familia de los caseríos que se encontraban al oriente de la península fueron reducidos al lugar donde residía su señor de la siguiente forma. Los jefes de familia de Tixtadzi reconocían como señor al cacique de Cuncunul; los de Tikulá fueron reducidos a los pueblos de Tekom y Cuncunul. Los de Nocac trasladados a Tekom, Tixkakal y Cuncunul. Los trabajos de Sergio Quezada han contribuido al esclarecimiento del funcionamiento político, social y administrativo de estas unidades residenciales. Véase Quezada, Pueblos y caciques, 32-58. 24Un estudio pormenorizado sobre las reducciones efectuadas en el siglo XVI lo ofrece Quezada, Pueblos y caciques, 81-101.
12
removidos a Kaua y a Tixcacalcupul, mientras que los de Tubuluichba fueron
llevados a Cuncunul, Tixkakalcupul y Tekom.25
La unidad residencial sede de una reducción sufrió una transformación
radical en su configuración espacial cuando los franciscanos despejaron la
vegetación que cubría el conjunto de casas, abrieron amplios espacios para la
construcción de edificios públicos como la iglesia, la casa real y el mesón; y
trazaron los caminos que sustituyeron a las antiguas veredas. Así fue como la
población maya, particularmente la del noroeste peninsular, fue reducida a
espacios delimitados al que los españoles denominaron ‚pueblos‛.26 Hacia 1565 los
franciscanos habían logrado formar aproximadamente 200 de ellos.27
La población maya abandonó sus antiguos lugares de residencia, aunque no
por mucho tiempo. Su necesidad de cultivar, conseguir leña y materiales para la
construcción de sus casas o muebles, recolectar frutas y copal, y cazar animales
25Roys, The Titles of Ebtun, documentos 5 y 8, 73-76, 80. 26Los nuevos pueblos operaron como corporaciones políticas. Muy pronto aparecieron diversas instituciones que centralizaron las funciones políticas, administrativas y religiosas del pueblo; al respecto véase Quezada, Pueblos y
caciques, 81-101, 123-109. 27Muchos de estos pueblos debieron lucir de manera muy semejante a lo que describió Iñigo Nieto, encomendero de Citilcum, en 1581: ‚El pueblo es llano *<+ tiene sus calles trazadas y su plaza redonda cuadrada [sic]. Y el dicho pueblo de Quitelcun [Citilcum], de mi encomienda tiene una iglesia con su capilla de cal y canto y de madera, y donde los religiosos de la dicha provincia van a predicar y decir misa a los naturales de ella‛. Relación de Citilcum y Caniche (1581), en RHGGY, I, 180. Quezada, Pueblos y caciques, 86, señala que hacia la octava década del siglo XVI muchos pueblos carecían de la traza renacentista. Sin embargo, el que los franciscanos lograran congregar a la población indígena en los nuevos espacios demuestra la efectividad de su tarea.
13
silvestres los regresó al monte.28 Los mayas se introducían al monte y seguían sus
antiguas rutas y caminos que los conducían a los montes donde habían dejado sus
milpas, sus árboles frutales y sus colmenas, es decir, a su antiguo lugar de
residencia.
Las antiguas unidades residenciales o caseríos habían dejado de ser centros
de población para convertirse en los espacios agrícolas de sus antiguos pobladores
y sus descendientes, quienes continuaron usufructuándolos para cultivar sus
milpas y explotar sus recursos, nombrándolos con el topónimo con el que era
conocido antes de ser abandonado. El caso de la familia Tun del pueblo de
Cuncunul es muy ilustrativo. Al tiempo de la llegada española los Tun vivían en el
caserío denominado Penba (a veces denominado Panabá) cuyos montes habían
sido ‚abiertos por sus ancestros, al igual que *el caserío de+ Tibalché‛ y reconocían
como señor al cacique que residía en Cuncunul. Tras la política de reducción, la
familia Tun fue reubicada al pueblo de Cuncunul y desde ahí continuaron
trasladándose a Penba para cultivar. Con el paso de los años, sus descendientes
continuaban usufructuando los montes de Penba. En 1683 varios vecinos de
Cuncunul afirmaron que los Tun ‚*estaban allí] cuando el pueblo fue congregado
por los españoles [al pueblo de Cuncunul]. Esta es la razón por la que [Panba] es
28A finales del siglo XVI, Juan Farfán, encomendero de Kanpocoloché y Chocholá describió el desplazamiento que cotidianamente emprendía la población de su encomienda hacia los montes que los rodeaba: ‚Est{ este pueblo de Chochol{ situado [entre] grandes montañas de arboledas a la redonda, que solamente está descombrado el asiento donde el dicho pueblo está asentado, y por estos montes hacen los indios sus labranzas, y el fruto que cogen lo traen a cuestas *<+ traen la madera y la leña que han menester para sus casas‛. Relación de Kampocolché y Chochola, (s/f), RHGGY, II, 327.
14
propiedad de la familia Tun‛.29 Los demás milperos de Cuncunul como los de
otros pueblos circunvecinos respetaban dichos montes y no cultivaban en ellos. En
1638 Diego Chay, vecino de Ebtún, decía que ‚nadie los privar{ de los *montes+ de
sus ancestros‛. En 1711 Jacinto Tun, descendiente de los Tunes prehisp{nicos,
reclamaba su derecho sobre los montes de Penbá.30
En el pueblo de Sitpach podemos observar cómo los milperos se
desplazaban y cultivaban en el mismo lugar donde sus ancestros habían sembrado.
En 1627 el gobernador, los principales y la república de Sitpach señalaban que
‚Techoh, Xuntu, Mohpat, que corre hacia Pacabtún, Petkumche‛ eran los montes
donde los ‚padres y abuelos tuvieron sus labranzas y sementeras antes que los
españoles conquistasen estas provincias y que por esta causa no las pueden dejar
por no tener donde ir a hacer sus labranzas y sementeras‛.31
Podemos decir que los antiguos caseríos sobrevivieron a los reacomodos
espaciales, pero con cambios sustanciales, pues de lugares de residencia pasaron a
ser lugares de milperías de sus antiguos ocupantes y descendientes que ahora
residían en los pueblos. En la gráfica 1 se puede apreciar cómo el antiguo lugar de
residencia se convirtió en espacio agrícola, denominado rumbo familiar. En el
desplazamiento cotidiano de los milperos de los pueblos a los montes estaban
involucrados varios elementos como el parentesco, los derechos históricos y las
condiciones ecológicas. Algunas familias lograron conservar sus montes por varias
generaciones, otras no; lo que sí perduró fue la costumbre de ocupar un monte por
los miembros de un grupo familiar; hábito que se convirtió en el criterio principal
29Roys, The Titles of Ebtun, documento 25, 121. 30Roys, The Titles of Ebtun, documento 40, 140. 31Trasunto de petición de los indios de Sitpach, (1617), en AGI, México 140, f. 60. Reproducido en Bracamonte y Solís, Espacios mayas, 141.
15
para la distribución, organización y usufructo de los montes a lo largo del periodo
colonial y en el siglo XIX.
3. RUMBO FAMILIAR Y DERECHOS PREFERENCIALES
Durante el periodo colonial y aun en el siglo XIX, el acceso al monte estaba
organizado por grupos de parentesco o familias extensas conformadas por varones
emparentados patrilateralmente junto con sus mujeres e hijos solteros. Dichos
varones fungían como jefes familiares de su grupo de parentesco, el cual podía
incluir a tres o más generaciones. Esta familia extensa sufría fracturas y
16
transformaciones en circunstancias especiales como el fallecimiento de los padres;
la separación de alguno de los hermanos con sus hijos adultos del grupo familiar
para fundar un grupo independiente, o cuando los vínculos tío-sobrino sustituían
los de padre-hijo en ausencia de hijos o fallecimiento del padre.32
La familia extensa era el eje rector de la organización y distribución de los
recursos forestales. Cada una gozaba de un derecho preferencial para ocupar
cultivar, cazar, leñar, criar abejas, fabricar cal y recolectar diversos recursos que se
aprovechaban del monte. Los casos siguientes del siglo XVIII nos permiten apreciar
dicha situación. En 1760 los milperos de la familia Na, Manuel y Antonio, del
pueblo de Dzan trabajaban los montes ‚que están al oriente de Too y al norte [de]
los *montes+ de los indios apellidados Uc, naturales de este pueblo‛.33 En 1766 los
varones de la familia Suluu del pueblo de Sitilpech, ‚Marcos Suluu, Simón Suluu,
Gervasio Suluu, Joseph Suluu, otro Joseph Suluu, Pablo Suluu, Manuel Suluu,
Bernardino Suluu y Jacobo Suluu‛ utilizaban los montes denominados Dzul{;34 y
en 1786 los jefes de la familia Zun del pueblo de Tekit ‚Andrés, Zun, Ignacio Zun,
Eugenio Zun, Jacobo Zun y Francisco Zun todos vecinos y naturales de dicho
pueblo‛, usufructuaban los montes ubicados a ‚cuatro leguas al oriente‛ de Tekit.35
Los montes que ocupaban una familia eran respetados por los milperos de las
demás familias, incluso por las autoridades del pueblo. A propósito Nancy Farriss 32Farriss, La sociedad maya, 216, afirma que cuatro o cinco varones constituía el tamaño óptimo para llevar a cabo el tipo de esfuerzos cooperativos que les unía, especialmente para las labores agrícolas. 33Descendientes de Manuel y Antonio Na pretenden vender montes al oriente de Too (1774-1777), en AGEY, Notarías, Protocolos, caja 6, vol 13. 34Certificación de una venta realizada en 1766 por los indios Suluu a Gervasio Xool (1766-1769), en AGEY, Notarías, Protocolos no. 12, f. 50. 35Certificación de una venta realizada por indios Zun a Felipe Alonso (1786-1787), en AGEY, Notarías, Protocolos, caja 9 vol. 22, ff. 180-184.
17
se percató de la poca preocupación entre los mayas por señalar los límites de ‚sus
parcelas individuales poseídas por las familias‛. Esta falta de precisión, se debía a
que los milperos no utilizaban medidas de superficie para delimitar sus derechos
preferenciales sobre su rumbo familiar, sino objetos del medio físico, como árboles,
cuevas, aguadas, piedras, y troncos a modo de mojoneras para reconocer donde
terminaban sus derechos e iniciaban los de otra familia. En 1796 el monte Otzmal
ubicado en las cercanías del pueblo de Sotuta, al sur de Yucatán, era delimitado de
la siguiente manera: ‚al oriente un paraje nombrado Kuchcan y Panaba de don
Ygnacio Cocom; al poniente otro llamado Payum de los indios Chies; al norte otro
llamado Takuch de los Cimees y al sur otro llamado Kolomhallun de los dichos
chiies y otros linderos‛.36 Los montes eran nombrados con el patronímico de la
familia que los ocupaba. Así encontramos numerosas menciones como ‚los montes
de los indios tamayes‛, ‚los montes de unos dzules‛, ‚los montes de los nohes‛,
‚los montes de los mukules‛ para referirse a los montes que usufructuaban las
familias Tamay, Dzul, Noh y Mukul, respectivamente; 37 o bien con el nombre del
milpero que lo cultivaba: ‚los montes de Pedro Esteban Pech‛ y ‚los montes de
Antonio Caamal‛.38
36Demanda presentada por Manuel Barret contra indios de Tixcacaltuyú (1819), en AGEY, Colonial, Tierras, caja 31, vol. 1, exp. 18, f. 1. Los testigos aseguran que los montes de Otzmal fue el lugar donde fueron asesinados en 1536 los principales de la provincia Xiu por órdenes de Na Chi Cocom. 37Farriss, La sociedad maya, 425; Diligencias que realizan los hermanos Félix y Seferino Chablé para legalizar la venta de un paraje (1785), en AGEY, Notarias, Protocolos, lib. 21, ff. 320-323; Litigio entre el cacique y justicias de Telchac y Francisco Sabido sobre unas tierras que los primeros reclaman en propiedad (1815), en AGEY, Colonial, Tierras, vol. 1, exp. 15; ‚Traslado de documento de tierras‛ (1812) (1805) en AGN, Tierras 1359, exp. 5. 38Venta de unos montes que realiza la república de Conkal a Paulino Solís (1822), en AGEY, Notarías, Protocolos, caja 27, vol. 104, ff. 96-101v. Los rumbos familiares
18
Dentro de sus rumbos familiares, el milpero elegía el monte, de acuerdo con
las características físicas de la vegetación, medía la superficie que ocuparía su
milpa, tumbaba y podaba un poco la vegetación para avisar al resto de su
parentela que respetaran sus mensuras. Es muy probable que fray Diego de Landa
se haya referido a este procedimiento cuando describió: ‚las tierras, por ahora, son
de común y así el que primero las ocupa las posee‛.39
La agricultura era una empresa familiar y al quedar circunscritos a un
rumbo, sus milpas se encontraban cercanas unas de otras, lo que facilitaba la ayuda
mutua que se prestaban entre sí en determinados momentos del proceso agrícola
como la quema y la poda, o bien para ayudar al pariente que por enfermedad o
han sido considerados, por algunos historiadores contemporáneos, como propiedades privadas y los han denominado ‚tierras patrimoniales o de linaje‛, véase los trabajos de Patch, Maya and Spaniard, 67-74; Bracamonte y Solís, Espacios
mayas, 159-164, y Bracamonte, Los mayas y la tierra, 72, 84. Desde esta perspectiva, los miembros de un linaje, identificados por patronímico (May, Ekmul, Dzul, entre otros), tenían el dominio pleno sobre las tierras, estaba regulada por mecanismos corporativos y era susceptible de comercialización y herencia. En su estudio Los
mayas y la tierra, Pedro Bracamonte propone que esta forma de propiedad patrimonial del periodo colonial era una antigua forma de tenencia que había sobrevivido al reordenamiento español y su existencia ―señala― permite entender la estratificación social, los vínculos de sujeción y el acceso restringido al ejercicio del poder político entre los mayas prehispánicos. 39La referencia de Landa ha servido a los estudiosos para señalar que entre los mayas el tipo de tenencia de la ‚tierra‛ era comunal. Landa, Relación de las cosas, cap. XXIII, 40. Entre los milperos del oriente de Yucatán permanece vigente la costumbre de marcar los montes que se cultivarán. En 1992 Rufino Hau de 66 años y ejidatario de Dzitás explicó que la manera en que los milperos marcan y ocupan los montes. A la letra dijo: ‚sólo lo miden (hacen brechas) y tumban un solo mecate y ahí lo dejan pa’ que no se lo toques‛. Entrevista realizada y reproducida en Flores Torres, Los mayas yucatecos, 67.
19
accidente, dejaba de trabajar su milpa y su apiario.40 La dinámica familiar jugó un
papel fundamental en el acceso a los montes, la sucesión, la conservación de los
derechos preferenciales, la integración o exclusión de los individuos que no fueran
del grupo de parentesco, la creación de un nuevo rumbo familiar, la venta y el
arrendamiento de los montes. 41 Los padres comenzaban a llevar a sus hijos varones
al rumbo familiar desde que eran pequeños. De esta manera, los varones jóvenes
aprendían las labores agrícolas, conocían las rutas para llegar a sus rumbos, y a
reconocer los montes usufructuados por otras familias. Cuando crecían y se 40Farriss, La sociedad maya, 216-217; Landa, Relación de las cosas, cap. XXIII, 40, decía que ‚los que no tienen gente suya para hacerlas‛, es decir, con suficiente número de familiares, ‚júntense de 20 en 20 o m{s o menos, y hacen todos juntos por su medida y tasa la labor de todos y no la dejan hasta cumplir con todos‛. Esta forma de trabajo colectivo era conocido como mulmenyah. Ortiz Yam, ‚Comunidad‛, 216-221. La ayuda mutua entre los parientes aún persiste en la actualidad, véase Terán y Rasmussen, La milpa, 185-187. 41En la actualidad, en pueblos del sur y oriente de Yucatán el acceso a los montes del ejido está organizado por grupos de parentesco. Al respecto véase Terán y Rasmussen, La milpa, 185-187. Quintal Avilés, ‚Solares, rumbos y pueblos‛, 335-341, detectó que en el ejido del pueblo de Chacsinkín, al sur de Yucatán, existían diez rumbos, donde cultivaban grupos de campesinos emparentados. En el pueblo de Dzitás, Flores Torres, Los mayas yucatecos, 56-64, identifica un total de siete rumbos: el norte con 45 usufructuarios, el sur con 31, el oriente con 39, el poniente con 45, el norte-poniente con 17, el poniente-norte con 9 y el oriente-sur con 13. Señala que es común encontrar que los Moes (familia Moo) o cupules (Cupul), Chan, Chablé ‚ocupaban‛ *<+ tal o cual rumbo. Cada rumbo se divide en sub-rumbos, tablajes y parajes. Este autor menciona que los grupos de parentesco imponen la organización en los recursos productivos en los pueblos ubicados al centro-oriente de la península. Por esta razón, explica Flores, los administradores ejidales no reciben de forma regular de la mayoría de los milperos las solicitudes de tumba y los impuestos por cada hectárea utilizada anualmente como lo ordena la ley agraria, y añade que las administraciones ejidales se adecúan a este principio organizacional para aplicar los programas del gobierno, y acude a estas redes de parentesco para la limpieza de los ejidos, las asambleas ejidales y la repartición de los trabajos colectivos.
20
casaban comenzaban a cultivar en los rumbos de su padre y transmitían el mismo
conocimiento a sus hijos varones. Por ejemplo, en 1777 la familia Hoil del pueblo
de Cuzamá usufructuaba los montes denominados Nohcacab. En ellos habían
cultivado Bernardino Hoil, su hijo Buenaventura Hoil y los hijos de éste Diego y
Juan Santiago ocupaban, para entonces, dichos montes.42
Sin embargo, este orden patrilineal para acceder y conservar los rumbos no
era hermético. En determinadas circunstancias los varones podían trabajar en los
montes de la familia de sus esposas y/o madres. En 1685 Julio Kú relató que su
difunto suegro Pedro Cob le había concedido el acceso a los montes de su rumbo
familiar porque ‚mi padre político *<+ no tiene hijos‛ varones. Sobre los montes
dijo ‚me dieron una tabla de monte que se halla *<+ al sur del pueblo con la
misma orilla del camino de Francisco de cien mecates de montes que se hallan al
oriente del pueblo *<+ que tiene un pozo en cueva que tiene dentro y al norte de
este pozo es de mi padre político Pedro Cob [<+ que me endonó‛.43 Para 1685
dichos montes eran cultivados por Julio Kú y su hijo Andrés Kú. Los huérfanos de
padre accedían a los montes de su abuelo materno y al mismo tiempo a los montes 42Diligencia de concesión de 2,400 pesos hecha a don Juan José Delgado sobre sus haciendas Chunkanán y Xmac (1802), en AGN, Bienes nacionales, 12, exp. 70. 43El testimonio de Juan Kú es significativo porque pocas veces las evidencias explican en qué circunstancias un individuo recibía el derecho de usar de los montes usufructuados por otros grupos familiares. Juan Kú señalaba que además de los que había recibido de su suegro, recibió montes en los rumbos de su padre, y por ayudar a Julio Xul, éste le otorgó el permiso para acceder a sus rumbos. Véase Litigio entre el cacique y justicias de Telchac y Francisco Sabido sobre unas tierras que los primeros reclaman en propiedad (1815), en AGEY, Colonial, Tierras, vol. 1, exp. 15. Otro testimonio de un suegro concediendo montes a su yerno lo encontramos en Traslado de documento de tierras (1805), en AGN, Tierras 1359, exp. 5. En la primera mitad del siglo XVIII, en fecha que no se sabe, Pedro Noh casado con Jacoba Chim tuvo acceso a los montes Cheb y Citinkabil ubicados en los rumbos de su suegro.
21
de su abuelo paterno. Es así como a través de los vínculos de parentesco, las
familias cuidaron sus derechos preferenciales sobre los montes, sus milpas y los
demás productos de la selva, incluyendo los animales de caza. Asimismo
perpetuaban y garantizaban el acceso a los rumbos a sus descendientes, aunque
permitían la presencia de extraños como lo evidencia un caso tardío. En 1807 el
cacique de Homún, don José May, señalaba que los Nohes permitían a los
agricultores entrar a los montes de Cheb para cultivar sus milpas.44
Es importante destacar que las familias gozaban de un derecho preferencial
para usufructuar los montes, pero no tenían el dominio pleno de ellos, es decir, no
eran sus propietarios. En cambio, consideraban suyo los productos del trabajo
invertido en el monte como las milpas, los apiaros, los cacaotales, los árboles
frutales que cultivaban, los pozos que abrían y las mejoras materiales tales como la
construcción de una casa de paja o un corral. Los solares también eran
considerados mejoras permanentes. Nancy Farriss señala que las familias obtenían
derechos definitivos sobre los solares por derecho de ocupación, o bien mediante
otro procedimiento formal aún no documentado.45
Con el fin de ilustrar el hecho que los mayas se consideraban dueños de de
las mejoras realizadas en el monte, observemos un litigio emprendido por
miembros de la familia Ucán contra Isidoro Cocom en el pueblo de Teya a finales
del siglo XVIII. En 1791 Isidoro Kú, Cipriano Ucán, Isidoro Ucán y José Ucán
solicitaron a Isidoro Cocom que abandonase el solar ‚porque lo queremos para que
vivan nuestros hijos‛. Cocom aceptaba dejar el solar siempre que le pagasen ‚la
casa y todos los sembrados que tiene a cuatro reales cada tronco‛. Los Uc{n
señalaron que ‚sólo pagar{n los {rboles útiles que haya sembrado y no los que sin 44Traslado de documentos (1805), en AGN, Tierras, vol. 1359, exp. 5, ff. 45v-46v. 45Farriss, La sociedad maya, 426-427.
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su industria ni trabajo‛ se encontrasen en el lugar. Al no llegar a un acuerdo, la
república de indios de Teya realizó un inventario y se averiguó que había 10 matas
de guano ‚crecidos y cinco medianos‛, ‚diez ramones y un *{rbol de+ copo‛, dos
árboles de jícaras, uno de mamey, otro de lima, siete árboles de zapote, un mecate
de henequén, una casa de media vida, todo con un valor de ‚13 pesos, 2 reales‛.46
A través de este caso, podemos observar que el conflicto entre los Ucán y Cocom
no era por la propiedad de la tierra ni del predio. Cocom se consideraba dueño de
todos los productos que con su trabajo había logrado y lo que deseaba era una
retribución por sus árboles y las mejoras materiales realizadas. En los testamentos
indígenas es bastante común encontrar a los jefes de familia heredando el producto
de su trabajo en los montes, es decir, los árboles frutales, las milpas y los pozos.
Felipe Noh de Homún le dejó a su mujer ‚el pozo nombrado Cheb en que tengo
sembrado mis pl{tanos‛.47
Ahora bien, los milperos no se sustrajeron de la propiedad privada. Existen
evidencias suficientes, especialmente del siglo XVIII, de que algunos grupos
familiares se convirtieron, de acuerdo al régimen jurídico vigente, en legítimos
propietarios de sus rumbos mediante el reconocimiento formal de sus caciques y
cabildos indígenas. Se trataba de un mecanismo simple que consistía en la entrega 46Diligencias promovidas por Isidoro Kú y otros indios de Teya sobre la propiedad de su solar con casa en dicho pueblo (1791), en AGEY, Colonial, Tierras, vol. 1, exp. 4. 47Traslado de documento de tierras (1805), AGN, Tierras 1359, exp. 5. Año 1805, ff. 21-22v. En el siglo XVII Sánchez de Aguilar, Informe contra indolorum, 148 observó la posesión que un grupo familiar tenía sobre los productos cultivados en los montes cuando escribió ‚y los cupules tienen huertas‛. En su estudio sobre la propiedad, Pipes anota que entre los habitantes de la Sierra Popoluca, en México, los árboles tenían dueño pero no la tierra en la que crecían. La propiedad sobre la tierra en esta región comenzó cuando se introdujo la cultura del café, que requirió de un cultivo intensivo. Pipes, Propiedad y libertad, 123.
23
de ‚papeles‛ que los caciques y sus cabildos elaboraban, casi siempre en lengua
maya, a favor de los indígenas de sus pueblos. Algunos mayas elaboraron
testamentos, con los cuales sus herederos pudieron demostrar los derechos de
propiedad sobre un monte, pozo o solar. Dichos testamentos como los ‚papeles‛
expedidos por los caciques se constituyeron en escrituras cuya validez no fue
objetada por las autoridades coloniales.48
La propiedad privada es claramente producto de la experiencia colonial.
Arturo Güémez Pineda sugiere que la transición por la que pasaron los mayas de
una asociación política personal a una asociación política territorial con base en los
pueblos, debió modificar sustancialmente las costumbres de la población indígena
con respecto a la posesión y usufructo de los recursos naturales. Esta certera
apreciación, deja al descubierto la necesidad de un estudio pormenorizado sobre la
aparición de la propiedad privada entre los mayas yucatecos. Es decir, cómo los
derechos preferenciales de los que gozaba un grupo familiar para usufructuar los
montes fueron reemplazados paulatinamente por los derechos de propiedad. Un
punto de partida para dar respuesta a este fenómeno sería el estudio del origen de
los ‚papeles‛ expedidos por los mismos caciques y las repúblicas, su estudio quizá
nos permita entender el contexto en el que surgieron y sobre todo la necesidad que
tuvieron los grupos familiares de dichos documentos.49
48Güémez Pineda, ‚El poder de los cabildos mayas‛, 714-715, 722-727. 49Sin duda un tema tan complejo requiere de más variables a considerar. Uno muy importante es la demanda de mercado de tierras, especialmente a partir del siglo XVIII, cuando el crecimiento de la actividad ganadera dio lugar a la fundación o expansión de las estancias, haciendas y ranchos ganaderos. Muchos de los productores ganaderos compraron, permutaron y arrendaron terrenos a los caciques y las repúblicas indígenas. Otro asunto importante es el análisis de la legislación colonial.
24
Sin embargo, en lo que a esta investigación concierne, las nuevas formas de
tenencia o propiedad que fueron apareciendo en el periodo colonial y en el siglo
XIX, en las que los grupos familiares se convertían en propietarios de los montes
que usufructuaban o algún miembro de la familia se volvía propietario de una
estancia o rancho, no invalidaba ni desaparecía los derechos preferenciales de los
demás grupos familiares que, sin documento alguno, continuaban desplazándose a
los montes que cultivaban de generación en generación. Sin embargo, los derechos
de propiedad se volvían necesarios cuando los miembros del grupo familiar
decidían vender parte de sus montes, pozos o algún otro recurso a los españoles o
criollos. A mediados del siglo XVIII, el gobierno colonial había establecido un
estricto procedimiento para que los indígenas pudiesen vender sus tierras a
integrantes de otros grupos étnicos. Primero, los indígenas debían contar con la
anuencia de su cacique y del procurador general de naturales. Segundo, este
último funcionario debía solicitar la licencia correspondiente al gobernador para
efectuar la venta; y tercero, los indígenas debían demostrar que tenían pleno
derecho de la propiedad de los recursos que deseaban vender así como expresar
las razones que motivaban su venta.50 En tal circunstancia, los miembros del grupo
familiar acudían a sus autoridades indígenas para que les expidiesen los ‚papeles‛
donde constara que tenían los derechos de propiedad sobre los montes, pozos o
solares que deseaban vender.51
50Para un estudio profundo sobre la venta que realizaron los mayas yucatecos a españoles y criollos entre 1750 y 1821 véase el artículo completo de Güémez Pineda, ‚El poder de los cabildos mayas‛. 51Güémez Pineda, ‚El poder de los cabildos mayas‛, 726. Este autor explica que el papel que expendían las autoridades indígenas no eran más que un testimonio sencillo como el siguiente ‚El cacique, los justicias, los regidores y escribano del pueblo de Santiago Dzan, certificamos haber comparecido en esta audiencia ante
25
Los siguientes casos corresponden a la ventas que indígenas realizaron a
españoles y criollos de la segunda mitad del siglo XVIII. Sin embargo, lo que nos
interesa destacar de estos casos es la presencia de los grupos familiares en la
decisión e intervención en la venta de sus rumbos familiares. La venta de una
fracción de monte del rumbo familiar o de un pozo era una decisión que tomaban
todos los miembros del grupo familiar. En 1766 los jefes de la familia Suluu del
pueblo de Sitilpech, quienes decidieron vender un pozo llamado Copax diciendo:
‚los de Ahdzul{ queremos todos en común vender un pozo *<+ y nosotros Marcos
Suluu, Simón Suluu, Gervasio Suluu, Joseph Suluu, Pablo Suluu, Manuel Suluu,
Bernardino Suluu y Jacobo Suluu‛.52 Años más tarde, en 1771, en el pueblo de Tekit
los jefes de la familia Zun decidieron vender un pozo ubicado en los montes
denominados ‚Sus‛ y dijeron: ‚yo Andrés Zun e Ignacio Zun y Eusebio Zun con
Yacob Zun y Francisco Zun que hemos vendido los montes de Sus con su pozo por
25 pesos‛.53
Su decisión de vender estaba motivada, casi siempre, por momentos de
crisis. Ejemplo de ello es la venta que realizaron en 1785 los hermanos Felix y
Sepherino Chablé sencillo del pueblo de Cheltún perteneciente a Acanceh. Los
hermanos decidieron vender el paraje Kabcan en 15 pesos al capitán Domingo
Zapata ‚para sostenerse en la escasez en que al presente se hallan‛. Los Chablé
nosotros Diego Ná de este mismo pueblo a pedir le diésemos testimonio de sus montes *<+ esta es la verdad lo que firmamos a 15 de diciembre de 1773. 52Certificación de una venta realizada en 1766 por los indios Suluu a Gervasio Xool (1766-1769), en AGEY, Notarías, Protocolos, no. 12 ff. 50-50v. 53Certificación de una venta realizada en 1771 por los indios Zun a Felipe Alonso (1786-1787), en AGEY, Notarías, Protocolos, caja 9, vol. 22, ff. 180-184.
26
vendieron parte de los montes de su rumbo familiar y conservaron ‚siete tablajes
*<+ para construir su milpa‛.54
En cada una de estas ventas, los jefes de la familia extensa procuraban
proteger sus mejores montes, por lo que siempre vendían pozos y montes que
habían dejado de cultivar. En 1780 los miembros de la familia Ek del pueblo de
Tipikal vendieron el paraje Xtucí al español Antonio de la Torre porque ‚ya estaba
viejo *el monte+ y sin poder cultivar‛. En 1797, Juan de la Cruz Moo del pueblo de
Sinanché vendió un paraje que se encontraba junto a una hacienda ganadera. Moo
consideró que de cultivar dichos montes ‚sería pasto del ganado y caballar‛ por lo
que señaló que no era ‚para labrar ni menos para arrendar‛.55 En otras palabras
cuando la necesidad los orillaba a vender, los jefes del grupo familiar procuraron
deshacerse de los recursos inútiles para la agricultura; y conservaban los montes
que requerían para la milpa y que habrían de aprovechar sus descendientes.
La decisión de vender del grupo familiar, aunque en ocasiones, en el
documento de venta únicamente aparecía el nombre de una persona que actuaba
en representación de los demás jefes del grupo, es decir, con el consentimiento y
aprobación del resto de los varones. De no contar con la anuencia de los demás
54Diligencias que realizan los hermanos Félix y Sepherino Chablé para legalizar la venta de un tablaje de tierras (1785-1786), en AGEY, Notarías, Protocolos, libro 21, ff. 320-323. 55Certificación del cabildo de Sinanchén a favor de Juan de la Cruz Moo de la propiedad de un pedazo de tierra (1797), en AHC, CX.I, tomo 4 documentos 148. Un caso similar a los arriba descritos, lo encontramos en 1805 en el pueblo de Chicxulub. Bernardo, Juan y Gaspar Tun decidieron vender a Francisco Heredia y Vergara ‚un pedazo‛ de montes. Señalaron que ‚el paño que pretendían vender no les era de provecho por *ser+ puro poché‛. Con el dinero de la venta los Tun realizarían sus labranzas. Certificación de la venta realizada por los indios Tun a Francisco Heredia (1805-1806), en AGEY, Notarías, Protocolos, lib. no. 81, ff. 239-245.
27
jefes del grupo familiar, éstos podían desconocer y reprobar la venta realizada. En
1750 don Matías Puc tomó la decisión personal de vender uno de los tres tablajes
de montes denominado Cheb Txul a los que tenía derecho de usufructuar con ‚sus
parientes y descendientes de todos. Matías consideró que vendía el monte que le
correspondía a él y a ‚sus sucesores‛ y realizó la venta sin el consentimiento de los
demás miembros de la familia. No pasó mucho tiempo, cuando sus sobrinos
Antonio y Juan González Puc impugnaron dicha transacción y lograron nulificarla.
En tanto que Matías Puc fue obligado a devolver el dinero que había recibido. De
este modo, el tablaje de monte regresó al rumbo familiar ‚para todos los
parientes‛.56
Con la venta, los grupos familiares perdían sus derechos preferenciales
sobre sus rumbos, pero también desaparecían cuando las familias abandonaban el
pueblo o se extinguía su capacidad de cultivarlos. Entonces, el monte quedaba
disponible para que otro grupo o jefes de familia pudieran ocuparlos con anuencia
del cacique. En 1774 los montes ocupados por la familia Na del pueblo de Dzan se
encontraban abandonados porque los descendientes de Antonio y Manuel Na, se
hallaban ‚dispersos en distintas vecindades *<+ no pudiendo juntos poseer dicho
monte‛.57
La distribución de los montes entre los milperos estuvo condicionada por
criterios estrictamente sociales como el parentesco, propuesta que revela que los
recursos naturales estaban en manos de pequeñas corporaciones como eran los
grupos de parentesco o familias extensas y no de una corporación mayor como el
pueblo, entendido como entidad política y territorial. En tal sentido, el acceso a los
56‚Traslado de documento de tierras‛ (1812), en AGN, Tierras, 1359, exp. 5, f. 40. 57Certificación de la venta que realizan Manuel y Antonio Na (1774), en AGEY, Notarías, Protocolos, caja 6, vol. 13, años 1774-1777.
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rumbos familiares y la conservación de sus derechos preferenciales de generación
en generación estaba regulado por el grupo familiar, como se aprecia en los casos
de venta y arrendamiento, en donde la participación y el consenso de los jefes del
grupo familiar eran necesarios.
4. EL DOMINIO EMINENTE DE LAS AUTORIDADES INDÍGENAS
El papel de las autoridades indígenas requiere de una profunda revisión para
comprender su posición frente a los rumbos familiares, así como de la
administración y el control del monte y sus recursos. Para lo cual, es preciso partir
de una base que privilegie los lazos sociales y deje de lado la asociación territorial.
Sobre este punto, son pertinentes las propuestas de Bernardo García Martínez
derivadas de sus estudios en torno a la identidad espacial de los pueblos de indios.
Dicho autor establece una clara diferencia entre los conceptos de jurisdicción y
propiedad, los cuales le permiten sustentar que la capacidad de las autoridades
indígenas del centro de México para conceder tierras, agua o cualquier otro recurso
provenía de su derecho jurisdiccional y no de su condición de propietario. Sobre la
base de un marco interpretación que propone que los lazos sociales y los cuerpos
políticos se afianzaban sobre la base de un principio de asociación personal y no de
asociación territorial, García Martínez explica que la jurisdicción se refiere al
principio de asociación que fundamenta toda colectividad organizada
políticamente al expresar el alcance de los lazos reconocidos como legítimos en
cada asociación y el ámbito sobre el que se acepta el ejercicio de la autoridad
emanada de ella. Así, quienes encabezan la autoridad poseen la capacidad de
disponer de las personas y los recursos naturales o de sus servicios o productos.
Entre las manifestaciones concretas del derecho jurisdiccional se encuentra la
29
facultad para demandar levas, tributos e impuestos, desempeñar funciones
administrativas y de justicias y el dominio eminente sobre la tierra, el agua y otros
recursos naturales.58
El dominio eminente es la fuente de concesiones y mercedes, dependiendo
del régimen jurídico vigente, de los recursos naturales ya sea en términos de
propiedad o de otra manera a cualquier grupo o individuo sujeto a un cuerpo
político. Después de la conquista, la Corona se reservó el derecho eminente sobre
las tierras baldías o vacantes, que no estuvieran cultivadas o que habían sido
abandonadas, las cuales podían conceder a los españoles que lo solicitasen
mediante mercedes reales, repartimiento y composiciones de tierras. Sin embargo,
frente a los indios la situación fue distinta ―asegura García Martínez―, pues
debido a la incapacidad jurídica de los españoles para la distribución de la tierra
―por pertenecer ese derecho al rey― los indios quedaron en la posibilidad de
continuar ejerciéndolo mediante sus usos y costumbres. Esta situación legal
permitió a los caciques y a las repúblicas indígenas mantener por largo tiempo el
dominio eminente sobre los recursos naturales y en el ejercicio de ese derecho
jurisdiccional vendieron, arrendaron, prestaron e incluso donaron montes,
sabanas, cenotes y pozos a caciques, indígenas, españoles, grupos familiares y
cofradías. 59
58García Martínez, ‚Jurisdicción y propiedad‛, 48. 59García Martínez, ‚Jurisdicción y propiedad‛, 48-49. Peset y Menegus, ‚Rey propietario‛, 563-599 ofrecen una amplia discusión sobre la condición del rey como soberano y poseedor del dominio eminente de los recursos naturales y agrícolas y no como propietario de todas las tierras americanas. Sustentados en las ideas jurídicas y teológicas de la época, ambos autores sugieren que ―en teoría― el rey tenía la regalía de conceder únicamente las tierras baldías o vacantes y respetaba las propiedades de los vencidos.
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A fines del siglo XVIII, las repúblicas indígenas encabezaban el gobierno de
los pueblos yucatecos. Estaban conformadas por el cacique y los demás miembros
del cabildo indígena, denominado repúblicas o justicias, como los alcaldes, los
regidores, el procurador y funcionarios menores tales como los alguaciles, los
tupiles, el alcalde de milpas y el alcalde de mesón. Los cargos del cacique y del
teniente de cacique eran vitalicios, pero a su muerte los subdelegados de
intendencia y el cura párroco conformaban una terna para que el gobernador
escogiera al sucesor. El resto de los funcionarios eran elegidos por los vecinos del
pueblo anualmente el día 1º de enero, como ocurría desde principios de la
Colonia.60
La concesión de montes o de otros recursos naturales de un cacique a otro
fue una práctica conocida entre los indígenas de México. Para el caso yucateco, la
escasa información disponible revela su existencia. A fines del siglo XVIII o
principios del siglo XIX, el cacique de Cenotillo concedió al de Cacalchén los
montes denominados Tanxikal que se encontraban cercanos al pueblo de Tunkás,
al oriente del noroeste peninsular. La circunstancia que motivó esta donación fue la
ayuda que prestaron los indios de Cacalchén a los de Cenotillo durante una
epidemia.61 Es importante precisar que no se trataba del otorgamiento de una
propiedad al cacique sino de la donación de derecho jurisdiccional sobre un monte
que sería disfrutado por la población de Cacalchén, como en efecto sucedió, pues, a
60Bracamonte, La memoria enclaustrada, 30-33. 61No sabemos con precisión qué epidemia fue la que padecieron los habitantes de Cenotillo. Se tiene noticia de una epidemia de ‚vómito de sangre‛ que en 1799 azotó en Yucatán. De 1800 a 1804, se padeció de hambruna a consecuencia de la sequía y la plaga de langosta. En 1807, un huracán provocó hambruna, y entre 1809 y 1810, los habitantes de la península padecieron de hambruna y una epidemia. Farriss, La sociedad maya, 108-109.
31
finales del siglo XIX, los milperos de Cacalchén continuaban trasladándose a ellos
para ‚cortar huano, hacer sus labranzas y a proporcionase la madera que
necesitaban para la construcción de sus casas y para otros usos‛.62
Otra expresión del dominio eminente se observa en la concesión de montes
que hacía el cacique a los milperos. En 1657 don Juan Euán, cacique del pueblo de
Caucel, otorgó a algunos indios del barrio de Santa Catarina de dicho pueblo
‚montes para sí, para milpar y cultivar, para sustentarse, y para sus hijos y
herederos y para las dem{s personas que en adelante les sucediere *<+ para que
los gocen para siempre jam{s‛.63 De este modo, el cacique otorgó los derechos
preferenciales de los montes a los milperos del barrio de Santa Catarina y a partir
de ese momento, la responsabilidad de usufructuar, administrar y preservar dichos
montes recayó en los miembros de sus familias.
Cuando un rumbo familiar era abandonado por fallecimiento, enfermedad o
cambio de residencia de los milperos, el cacique podía entonces entregarlo a otro
grupo familiar para su usufructo. A mediados del siglo XVIII, aproximadamente,
don Julio Chin, cacique y sus justicias del pueblo de Telchac concedieron a Julio Ku
un ‚solar *que+ era montania‛ para cultivar. Dichos montes habían sido cultivados
por familiares de una anciana llamada Bernardina Couoh, pero se encontraban
desocupados porque, según confirmó la anciana, ‚no tenía quien lo milpase‛. Con
este argumento, el cacique Julio Chin decidió conceder a Kú el monte referido
62Véanse Ponce y Font, Informe en estrados y sentencia, pp. 19-20; Interdicto de recuperar la posesión promovido por la junta municipal de Cacalchén de un terreno situado en la jurisdicción de Tunkás. Juez el de primera instancia de Izamal (1890), en AGEY, Justicia, Civil, 183-E, exp. 66. 63Trasunto de cesión de tierras del común de Caucel a indios del barrio de Santa Catarina, Caucel a 23 de mayo de 1657, en AGN, Tierras, vol. 833, exp. 2, ff. 145r-147v.
32
‚para que te puebles que habiéndose de poblarse en él, sea la mitad para uno y la
otra para ella y si te muriese ser{ para tus descendientes‛.64 Es probable que dicha
‚mitad‛ se refiriera a los productos de la milpa y no del monte como propiedad.
En otras palabras, en el ejercicio del dominio eminente, el cacique de Telchac
dispuso que los montes desocupados fueran cultivados por alguien ajeno al grupo
familiar que siempre lo había ocupado.
Ahora bien, a lo largo del periodo colonial, los caciques y sus justicias
ejercieron el derecho eminente para distribuir espacios agrarios entre los milperos,
y también para cubrir o solventar otras necesidades y demandas del orden
colonial. Es así como a finales del siglo XVII y las primeras décadas del siglo XVIII
las repúblicas indígenas jugaron un papel central en la fundación de cofradías,
pues en virtud de su dominio eminente donaban, prestaban o vendían pozos y
montes para la fundación de las estancias ganaderas de cofradías.65 Sirva como
ejemplo de lo anterior, el siguiente caso ocurrido a principios del siglo XVIII, en
fecha no precisa, cuando el cacique y los indios principales del barrio de
64Litigio entre el cacique y justicias de Telchac y Francisco Sabido sobre unas tierras que los primeros reclaman en propiedad (1815), en AGEY, Colonial, Tierras, vol. 1, exp. 15. 65Bracamonte y Solís, Espacios mayas, 157-159, menciona que además de la donación de los caciques y las repúblicas, las cofradías se fundaron con préstamos de indígenas particulares. Dichos autores ofrecen varios testimonios de indios que otorgaban temporalmente pozos para la cofradía de su pueblo y que se reservaban ‚para sí y sus descendientes el directo dominio‛ de dicho recurso. Lo m{s probable es que se trate de un jefe de familia otorgando temporalmente determinado espacio de su rumbo familiar, el cual pretendía conservar para sus descendientes. Para un estudio pormenorizado sobre el origen y la función de las cofradías en el periodo colonial, véase a Farriss, La sociedad maya, 412-423.
33
Campechuelo de la villa de Campeche concedieron en préstamo el pozo Cumpich
para la cofradía de la virgen del pueblo de Lerma.66
Este dominio eminente posibilitó a las autoridades indígenas expedir los
papeles con los cuales los miembros del grupo familiar amparaban los derechos de
propiedad sobre un monte, pozo o solar que deseaban vender. Por su parte, las
autoridades indígenas vendían o arrendaban montes, pozos y demás recursos
naturales a los españoles para cubrir algunas necesidades urgentes como pagar el
tributo, sortear la escasez de granos tras la pérdida de las cosechas o realizar
mejoras de infraestructura en el pueblo como la construcción de caminos, norias y
pozos. Es importante decir que los caciques y las repúblicas indígenas únicamente
vendieron, arrendaron o permutaron a los españoles los montes que no eran
cultivados o usufructuados por ningún individuo o familia o que no eran aptos
para la actividad agrícola. Por ejemplo, en 1733 el cacique y los principales del
barrio de Cumpechuelo vendieron a Leonardo de Torres el pozo Chumpich en 40
pesos para la fundación de una estancia ganadera. Las autoridades indígenas
consideraron conveniente la venta de Chumpich, situado a tres leguas del barrio,
porque físicamente era inútil para los cultivos por ‚no tener *<+ monte que poder
milpar‛. Con el dinero de la venta, el cacique y sus justicias planeaban pagar los
tributos que no habían podido sufragar por causa de la epidemia de 1726-1727 y la
hambruna de 1730.67 En 1735 el cacique y la república indígena del pueblo de
66AMC Trasunto de un documento de venta de tierras del barrio de Campechuelo s/f, caja 1, exp. 1, ff. 11v-14v, citado por Bracamonte, Los mayas y la tierra, 77-78. 67Este caso es descrito ampliamente por Bracamonte, Los mayas y la tierra, 77-78. Además reproduce parcialmente el trasunto del documento que entregaron los indígenas al comprador Leonardo de Torres. AMC (Archivo municipal del estado de Campeche), Trasunto de un documento de venta de tierras del barrio de Campechuelo s/f, caja 1, exp. 1, ff. 11v-14v.
34
Umán autorizaron la venta de un terreno a Francisco Loaisa, dueño de la hacienda
Chich, con la condición de que los indios de Umán y sus parcialidades, Dzibikak y
Dzibikal, continuaran usufructuando los ‚guanos, cedros, *y+ rollisos‛ de dicho
terreno. Para garantizar la perpetuidad de este acuerdo, las autoridades indígenas
advirtieron al comprador que de vender la hacienda Chich el nuevo propietario no
debía impedir ‚el que corten esta madera‛ los indios de Umán, Dzibikak y
Dzibikal ; de lo contrario, las autoridades reclamarían la devolución de los montes
y devolverían el dinero.68 En 1783 el cacique y justicias del pueblo de Maxcanú
vendió al cura Manuel Joseph Gonz{lez un pozo llamado Chunhucmil con ‚media
legua de tierras por cada viento‛, en 200 cargas de maíz. El cacique aseguró que
con la venta del pozo no perjudicaba a nadie, pues estaba desocupado y no había
en el pueblo ‚indio que lo compre por no poder servir para milperías por ser
sabanas‛.69 Con el pago, las autoridades iniciarían ‚un pocito que sufragaría para
todo tiempo‛.70 En el ejercicio de su derecho eminente, las autoridades indígenas
también arrendaban los montes a los españoles. En 1796 el cacique y justicias del
pueblo de Maxcanú otorgó en arrendamiento el sitio San Juan Actún a Esteban de
Sosa, quien había fincado una cría de ganado y caballos, y cultivado maíz. Las
autoridades indígenas recibían en pago ‚a final de cada tercio *<+ sus respectivas
cargas, dándoles prestado en los tiempos de escasez de grano los que han
68Expediente en que consta el apeo o deslinde de las tierras de la hacienda nombrada San Bernardo Chich de doña Nicolasa Lara situada en términos de Kopomá, (1818), en AGN, Tierras, 1419, exp. 2, f.7. 69Venta realizada por la república de Maxcanú a Manuel Joseph González (1783), en AGEY, Notarías, Protocolos, caja 8, vol 19, ff. 219v, 221. 70Venta realizada por la república de Maxcanú a Manuel Joseph González (1783), en AGEY, Notarías, Protocolos, caja 8, vol 19, ff. 219v, 221.
35
necesitado para su subsistencia.71 Puede decirse que las repúblicas indígenas
vendieron y arrendaron sus recursos para solventar alguna necesidad, bajo
determinadas circunstancias y dinámicas que buscaban no afectar los espacios
agrícolas de la población. De lo contrario, la venta se desconocía como se aprecia
en el siguiente ejemplo, del siglo XIX. En 1831, el cacique del pueblo de Tecoh,
Santiago Chablé, vendió unos montes pero el resto de la república indígena
desconoció la transacción porque estaban ocupados con las milpas de varios
indígenas.72
Las repúblicas indígenas tuvieron una larga presencia en los pueblos. En
1812 desaparecieron formalmente al instaurarse los ayuntamientos
constitucionales como órgano de gobierno de los pueblos. Sin embargo, ante la
incapacidad de las autoridades municipales para colectar el dinero de las
contribuciones entre la población indígena, las repúblicas indígenas fueron
reinstauradas el 26 de julio de 1824 en el gobierno de los pueblos, pero con
facultades acotadas y subordinadas a los cuerpos municipales. Las repúblicas
indígenas sobrevivieron hasta 1868 y durante ese tiempo ampliaron su influencia
política al desempeñar importantes tareas en el proceso privatizador de los
terrenos denominados baldíos durante la primera mitad del siglo XIX, como
verificar si los terrenos denunciados por los particulares eran, efectivamente,
71Petición de Esteban Sosa, en AGEY, Notarías, Protocolos, libro 54, ff. 1r-2v. 72Representación de los vecinos del pueblo de Tecoh, pidiendo que se nombre un comisionado que informe sobre la venta de tierras de dicho pueblo, por el cacique don Santiago Chablé (1831), en AGEY, Tierras, vol. 1, exp. 23. Los esfuerzos de las autoridades indígenas por cuidar los espacios agrícolas de los milperos, no impidió los continuos agravios que sufrirían las milpas de los indígenas por el ganado de las estancias y ranchos que pastaban libremente y destruían los cultivos. Este fenómeno está ampliamente documentado y estudiado por Güémez Pineda, Liberalismo en tierras del caminante, 63-66, 148-156.
36
baldíos. Sin embargo, el papel más relevante de las repúblicas en la primera mitad
del siglo XX fue su actuación como opositoras de la venta de los montes como
terrenos baldíos, asunto que analizaremos en el siguiente capítulo de esta
investigación.73
A lo largo de estas páginas se demostró que dadas las condiciones del
medio físico peninsular el recurso agrario se encuentra en la vegetación y no en la
tierra. La selva yucateca, conocida como monte, contiene los elementos fértiles
necesarios para la agricultura y es proveedor de infinidad de productos necesarios
para la subsistencia. Esta distinción resulta fundamental para comprender la
importancia que tenía el monte para los milperos de Yucatán, lo que nos permite
entender el proceso agrícola itinerante de los milperos y la forma en que poseían y
administraban dicho recursos agrícolas. Sobre este punto, se explicó que los
vínculos de parentesco desempeñaron un papel central en la posesión y
distribución del monte entre los milperos, pues el acceso a dichos recursos estuvo
condicionado por grupos familiares, quienes poseían derechos preferenciales sobre
los montes que usufructuaba. Aun cuando en el periodo colonial fueron
apareciendo distintas formas de tenencias como la propiedad privada, los derechos
preferenciales de los grupos familiares para acceder a los montes no perdieron su
vigencia. Los milperos de fines del periodo colonial y del siglo XIX se desplazaban
por los montes y se dirigían a sus rumbos familiares para cultivar. Esta propuesta
sugiere que los recursos naturales estaban en manos de corporaciones pequeñas
como son los grupos de parentesco o familias extensas y no de las corporaciones
políticas, es decir, de los pueblos. De modo que las ‚tierras comunales‛ o mejor
dicho ‚las tierras del pueblo‛ o de ‚la corporación‛ como se le denominan a los
73Güémez Pineda, Mayas, gobierno y tierras, 115-151; 211-232; 278-289.
37
recursos de los pueblos son entidades desconocidas en Yucatán. El conocimiento
sobre los montes y la relación que mantenían los milperos con dichos recurso nos
permitirá comprender el impacto del proceso privatizador que tuvo lugar en el
último cuarto del siglo XIX, la percepción que tuvieron los milperos de los pueblos
y sus estrategias para enfrentarlo y esquivarlo como veremos en el siguiente
capítulo.
38
Fotografía 1
El suelo calcáreo y el monte
Fotografía de Christian H. Rasmussen
39
Fotografía 2
La cosecha de la milpa
Fotografía de Christian H. Rasmussen
CAPÍTULO II
LOS MILPEROS FRENTE A LA PRIVATIZACIÓN DE SUS MONTES, SIGLO XIX
La privatización de la tierra constituye uno de los proyectos más importantes de
los gobiernos liberales del siglo XIX, su objetivo era transformar la antigua
estructura de la propiedad y dar mayor movilidad a las tierras tanto corporativas
como baldías. Sin embargo, la profusa legislación privatizadora, por sí misma, no
hubiera alcanzado los resultados esperados sin el crecimiento de las exportaciones
mexicanas y el desarrollo de un mercado interno que demandaba la producción de
materias primas entre las que destacaba la agricultura comercial. El presente
capítulo aborda el proceso privatizador de los terrenos baldíos de la segunda
mitad del siglo XIX en el noroeste yucateco, donde tenía lugar el desarrollo de la
agroindustria henequenera. Se busca destacar la perspectiva de los milperos del
proceso privatizador mediante el estudio de sus estrategias y acciones para la
defensa de los montes que usufructuaban, y cómo los criterios familiares para
acceder a los recursos agrícolas ―analizados en el capítulo anterior―
obstaculizaron las ventas de los terrenos baldíos.
Por su extensión, el capítulo se divide en dos partes. En la primera se aborda
la composición político-administrativa y demográfica del ámbito rural yucateco de
la segunda mitad del XIX. En esta época, el noroeste de Yucatán comenzó a
distinguirse como la zona más dinámica por los cambios políticos-administrativo,
la distribución de su población, el desarrollo de la industria agrícola y la presencia
de las propiedades privadas. En la segunda parte se tratará el proceso
privatizador.
41
1. GOBIERNO INTERIOR Y POBLACIÓN DE YUCATÁN 1870-1905
En la Constitución de 1857 la federación y los estados fueron concebidos como dos
esferas autónomas que debían respetar sus competencias en los distintos niveles de
gobierno: municipal, estatal y federal. Las facultades de la federación quedaron
definidas en la Constitución, en tanto que las de los estados en sus propias
constituciones, en donde se debían sancionar los asuntos de justicia, de
administración civil y del gobierno de sus pueblos.1 En 1862 se expidió la
constitución yucateca con apego a la Constitución de 1857, y en ella se estipuló
cómo debía ser la organización municipal y la división política-administrativa de
los pueblos.
En la ley constitucional para el gobierno interior de los pueblos de 1862, la
administración política de Yucatán quedó organizada política y
administrativamente en 13 partidos: Mérida, Izamal, Valladolid, Tekax, Ticul,
Maxcanú, Motul, Tizimín, Espita, Peto, Sotuta, Bacalar y las Islas.2 Esta
organización, heredada de las antiguas subdelegaciones del régimen borbónico,
comenzó a sufrir importantes modificaciones a partir de los requerimientos
relacionados con la organización de la guardia nacional y fiscal del gobierno local.
Los cambios se concentraron en los partidos de Mérida, Izamal y Motul, situados
en el noroeste de la península, cuando varios de sus pueblos se convirtieron en
cabeceras de nuevos partidos. Por ejemplo, el 6 de julio de 1867 el H. Consejo de
gobierno con el objeto de organizar la guardia nacional del estado constituyó en
cabecera de partido al municipio de Temax, entonces perteneciente al partido de
1Hernández Chávez, La tradición republicana, 58; Carmagnani, “El federalismo liberal”, 152. 2En Ancona, Colección de leyes, II, 326.
42
Izamal.3 Pocos días después, el 24 de julio, se erigieron cabeceras de partido a los
municipios de Hunucmá, Acanceh, Tixkokob y el puerto de Sisal para obtener un
mejor control de todos sus ramos, especialmente la recaudación de las rentas
públicas y el mejor arreglo de la guardia nacional. Como resultado del surgimiento
de estos nuevos partidos y los reacomodos políticos, desapareció el partido de las
Islas, cuya cabecera era la isla de Cozumel, y el número de partidos pasó de 13 a
16.4 El último cambio político-administrativo notable tuvo lugar el 18 de agosto de
1880 cuando el puerto de Progreso fue erigido en cabecera de partido del mismo
nombre, desplazando al antiguo puerto de Sisal.5 La nueva posición política de
Progreso respondió al importante papel que había adquirido en el terreno
económico, fiscal y comercial, pues se había convertido en el puerto de embarque
de todos los productos, especialmente del henequén, con una infraestructura que
se consolidaba día con día. Por ejemplo, era sede de la aduana y se iniciaba la
construcción de la vía férrea que lo uniría a Mérida.6 En ese mismo decreto de 1880
los demás partidos fueron ratificados. En la ley constitucional para el gobierno
interior de los pueblos del estado de 1905 se mantuvo con los mismos dieciséis
partidos, a saber: Mérida, Izamal, Motul, Hunucmá, Progreso, Maxcanú, Acanceh,
3En Ancona, Colección de leyes, III, 162. En otro decreto del 6 de julio de 1867, los pueblos de Temax y Tixkokob fueron erigidos en villas, a modo de premio, por los “importantes servicios que han prestado *<+ al restablecimiento del sistema republicano en este estado” y porque “por su población e industria merecen ser elevados a mayor categoría”, en Ancona, Colección de leyes, III, 162-163. 4En Ancona, Colección de leyes, III, 169-172. 5En Ancona, Colección de leyes, VI, 62. 6González Navarro, Raza y tierra, 183; Barceló Quintal, “El ferrocarril”, 33-38. Esta autora explica la forma en la que Celestún, Progreso y Sisal se disputaron la sede de puerto y por ende la construcción de las vías férreas.
43
Sotuta, Tixkokob, Temax, Ticul, Tekax, Peto, Valladolid, Espita y Tizimín (cuadro 1
y mapa 1).7
CUADRO 1
EVOLUCIÓN DE LOS PARTIDOS EN YUCATÁN, 1862-1905
1862 1867 1867 1905
Mérida Mérida Mérida Mérida
Las Islas Hunucmá Hunucmá Hunucmá
Maxcanú Maxcanú Maxcanú Maxcanú
Motul Motul Motul Motul
Sotuta Sotuta Sotuta Sotuta
Izamal Izamal Izamal Izamal
Valladolid Valladolid Valladolid Valladolid
Espita Espita Espita Espita
Tekax Tekax Tekax Tekax
Peto Peto Peto Peto
Ticul Ticul Ticul Ticul
Tizimín Tizimín Tizimín Tizimín
Bacalar Temax Temax Temax
Tixkokob Tixkokob Tixkokob
Acanceh Acanceh Acanceh
Sisal Sisal Progreso Fuentes: Ancona, Colección de leyes, II, 326; Ancona, Colección de leyes, III, 169-172; Colección de leyes, IV, 8; Textos: Constitución política, 58.
7En Textos: Constitución Política, 58.
44
Cada partido estaba presidido por un jefe político nombrado por el
gobernador y que era renovado cada dos años, aunque a partir del 1 de marzo de
1872 su permanencia en el cargo se modificó al decretarse que serían removidos
únicamente cuando el ejecutivo lo considerara conveniente.8 El jefe político tenía la
obligación de residir en la cabecera de partido y su función primordial era
mantener “el conducto de comunicación *con el gobernador+, dar el debido lleno a
sus disposiciones no contrarias a esta Constitución [local], publicar las leyes y
hacerlas cumplir en su respectiva demarcación”.9 En otras palabras, el jefe político
8En Colección de leyes, IV, 354. 9En Colección de leyes, IV, 25. En el siglo XIX, los jefes políticos desempeñaron un papel fundamental en la organización del poder. En Yucatán, durante el porfiriato, estos personajes coadyuvaron a aumentar la centralización del poder y mando de los gobernadores. A pesar de su importancia, los jefes políticos han sido
45
servía de vínculo entre el ejecutivo estatal y las autoridades municipales de su
circunscripción. De esta manera, su presencia en la estructura de gobierno fue
imprescindible y contaba con amplias obligaciones y facultades. Diversos estudios
muestran que las responsabilidades de los jefes políticos estaban estrechamente
vinculadas a las necesidades locales de cada jurisdicción. Sin embargo, es posible
generalizar que para el último cuarto del siglo XIX, los jefes políticos centralizaban
el mando toda vez que se encargaban del cumplimiento de las leyes locales y
federales hasta el último rincón del territorio nacional y eran autónomos con
respecto a los ayuntamientos. Para fines del siglo XIX, los jefes políticos habían
logrado ampliar su influencia política y poderío local, no exento de abusos y
arbitrariedades.10
En Yucatán la ley para el gobierno interior de los pueblos de 1862 estableció
que para ocupar el cargo de jefe político era indispensable ser ciudadano yucateco
en el ejercicio de sus derechos, tener más de 25 años de edad y poseer un capital,
profesión o industria cuya producción no fuera menor a 300 pesos anuales.11 Las
escasamente estudiados. Un trabajo pionero sobre los jefes políticos de Yucatán es el de Laura Brondino “Colocar la pieza de una m{quina”, que analiza el proceso de selección en 1886 del jefe político de Tixkokob y la intromisión de los poderes federales, estatales y locales en dicho proceso. 10Un estudio sobre la evolución del marco legal que rigió la acción cotidiana de los jefes políticos de Coahuila lo ofrece Falcón, “Poderes y razones”; 341-369; Salinas, Política y sociedad, 70-73 analiza la estrecha relación que dichos personajes guardaron con los ayuntamientos en el Estado de México. El estudio de Guerra, México. Del antiguo régimen, I, 122-125 no es de corte regional, pero mediante casos concretos del norte, sur y occidente del país observa la capacidad de estos personajes para arbitrar conflictos, su aptitud de mando y para mantener el orden. 11En el artículo 7 de la Constitución política del estado de Yucatán de 1862 se definió como yucateco a todos los individuos nacidos en el estado, los de padres yucatecos aun cuando nacieran fuera del territorio, los naturales de los demás estados mexicanos que radicaran en Yucatán, los extranjeros que se naturalizaran
46
obligaciones del jefe político, esencialmente administrativas, eran amplias: archivar
y cuidar los expedientes, leyes decretos, órdenes y demás documentos y papeles
recibidos durante su gestión; cuidar la tranquilidad pública; publicar y circular,
por medio de los ayuntamientos y juntas municipales, las leyes, decretos y
órdenes; agilizar la comunicación entre los gobiernos estatales y municipales;
vigilar que los ayuntamientos y demás autoridades locales cumplieran con sus
obligaciones sin exceder sus facultades; propiciar el establecimiento de escuelas de
primeras letras; tomar las medidas oportunas para que los vecinos de su partido
que residieran en el monte se sometieran a la autoridad más inmediata; combatir
la vagancia; elaborar informes para el gobernador sobre las recaudaciones
económicas de los ayuntamientos; cooperar en la organización de la guardia
nacional; la ejecución de ciertas tareas como arrestar a las personas que alterasen el
orden y la tranquilidad pública y presentarlas, dentro de 60 horas, ante el juez
competente; vigilar que ninguna persona sea obligada a aprestar servicios
gratuitos; visitar su partido al menos una vez al año; y conceder o negar a los
mexicanos y se avecindaran en el estado. Se señalaba también que la vecindad se adquiría por la residencia continua de un año en el estado y se ejerciera un arte, profesión o industria útil y honesta, pero se perdía si el individuo se trasladaba fuera del estado y con él su casa, trato o giro establecido. En el artículo 11 se establecía que los ciudadanos eran los yucatecos mayores de 18 años, si eran casados o de 21 años si eran solteros y tener modo honesto de vivir. Sus derechos quedaron definidos en el artículo 12: votar en las elecciones populares, ser votado para todos los cargos de elección popular y ser nombrado para cualquier otro empleo o comisión teniendo las cualidades que la ley establezca, asociarse para tratar los asuntos políticos del país; tomar las armas para la defensa del estado, de la República y de sus instituciones; ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición y conservar su vecindad aunque saliera del estado a desempeñar cargos de elección popular o comisiones oficiales que le fueran conferidas por el Supremo Gobierno de la Nación. En Yucatán a través de sus constituciones, 73.
47
menores licencia para casarse.12 En poco tiempo, las facultades y obligaciones del
jefe político crecieron en número y complejidad mediante innumerables decretos y
órdenes que los responsabilizaba, de una u otra forma, del registro civil, las
finanzas municipales, las cárceles, la guardia nacional, el comercio, del fomento
económico, entre otros asuntos. Al finalizar el siglo XIX, el jefe político era pieza
central en la estructura política y administrativa del gobierno yucateco, como
consta en el amplio marco legal contenido en la ley constitucional para el gobierno
interior de los pueblos del estado de 1905.13
Cada jefatura política tenía bajo su circunscripción a varios municipios,
representados por ayuntamientos y juntas municipales. La constitución del estado
de 1862, dispuso que los ayuntamientos se establecieran en ciudades, villas y
cabeceras de partidos, y se compondrían de un presidente, regidores y síndicos. El
número de estos dos últimos cargos dependería del número de habitantes.14 Los
aspirantes a dichos cargos debían ser ciudadanos yucatecos en ejercicio de sus
derechos, ser vecinos de la localidad, haber cumplido veinticinco años, tener
“modo honesto de vivir”, “saber leer y escribir”, y ser elegidos de manera popular
y directa.15 Parte de sus principales atribuciones era vigilar la policía, el orden y la
seguridad, encargarse de los asuntos de salubridad y de la promoción de diversos
temas como la agricultura, la industria, el comercio, la moralidad y las buenas
costumbres en su municipio. Los ayuntamientos debían exhortar y vigilar el
cumplimiento de las leyes del registro civil y las demás leyes vigentes. Les
correspondía formar un presupuesto de gastos anuales que debía ser aprobado por
12En Ancona, Colección de leyes, II, 327-329. 13En Textos: Constitución Política, 67-82. 14En Ancona, Colección de leyes, II, 329. 15En Ancona, Colección de leyes, II, 329.
48
el gobernador y recaudar los fondos municipales, así como atender la limpieza y
aseo de las calles e imponer leves penas a los que protagonizaran escándalos y
rompieran el orden público.16
Las juntas municipales, dispuso la misma constitución de 1862, gobernarían
en todos los pueblos donde residieran cuando menos 16 ciudadanos en el ejercicio
de sus derechos.17 Dicho órgano municipal se compondría de tres vocales
propietarios y tres suplentes elegidos popular y directamente. La junta municipal,
como institución destinada al gobierno interior de los pueblos, surgió en 1824 y fue
ratificada en 1825 en la Constitución del Estado Libre de Yucatán. Su aparición
respondió a la necesidad de restringir el número de ayuntamientos formados a la
sazón de la Constitución gaditana de 1812, y con ello frenar el cobro de arbitrios y
malversaciones que los ayuntamientos realizaban con el recaudo. Con excepción
de las ciudades, las villas y las cabeceras de partido, los demás pueblos vieron
desaparecer al ayuntamiento y en su lugar fue instaurada la junta municipal. Sus
atribuciones eran similares a las del ayuntamiento, pero no estaban facultadas para
crear ingresos, recaudar ni administrar los caudales de propios y arbitrios. En el
caso de requerir alguna cantidad, las juntas municipales debían formar un
expediente para presentar al gobierno para que éste promoviera su aprobación en
el Congreso.18
16“Ley constitucional para el gobierno interior de los pueblos” (25 de abril de 1862), en Ancona, Colección de leyes, II, 331-337. 17Para ahondar acerca de los derechos y obligaciones de los ciudadanos yucatecos véase la “Ley constitucional para el gobierno interior de los pueblos” (25 de abril de 1862), en Ancona, Colección de leyes, II, 3941. 18Las juntas municipales se convirtieron en la institución municipal que gobernó la gran mayoría de los pueblos. En 1827, 168 pueblos estaban gobernados por juntas municipales, frente a 17 ayuntamientos. Las juntas municipales desaparecieron
49
En 1862 existían 74 municipios en todo el estado de Yucatán, representados
por 14 ayuntamientos y 60 juntas municipales; para 1870, los municipios
disminuyeron a 72, 16 representados por ayuntamientos y 56 por juntas
municipales. Los ayuntamientos y las juntas municipales tenían la responsabilidad
de designar a las autoridades que administrarían las poblaciones pequeñas de su
jurisdicción, como pueblos, ranchos, rancherías y demás localidades. La ley
constitucional para el gobierno interior de los pueblos de 1862, por ejemplo,
ordenaba la designación de un comisario municipal en los pueblos con un mínimo
de ocho ciudadanos en el ejercicio de sus derechos que supieran leer y escribir.19
Para ocupar el cargo de comisario se requería ser ciudadano en el ejercicio
de sus derechos, ser mayor de 25 años, saber leer y escribir, tener algún oficio o
poseer un modo honesto de vivir y estar avecindado en el pueblo. Parte de sus
funciones era publicar y circular las leyes, decretos y órdenes que les solicitara las
juntas municipales o ayuntamientos; conservar el orden y la policía; crear las
condiciones que permitan el establecimiento de las escuelas de primeras letras,
vigilar que los ciclos de vida de la población (nacimiento, matrimonio y muerte) se
registrara y efectuara de acuerdo a las leyes e instituciones civiles, así como vigilar
el aseo de las calles y plazas públicas; evitar que la población se dispersara a los
montes, castigar a los vagos y a las personas “sin oficio conocido”; perseguir los
juegos prohibidos y la embriaguez, evitar que a los habitantes de su demarcación
fueran llamados a realizar trabajos forzosos, aun cuando les fuesen remunerados,
entre otras funciones. Todas y cada una de sus demás atribuciones las
durante el régimen centralista (1834-1839). Güémez Pineda, Mayas, gobierno y
tierras, 123-125. 19En Ancona, Colección de leyes, II, 339-342.
50
desempeñaría con sujeción al ayuntamiento o junta municipal como delegados que
eran de ellas.20
En poblados más pequeños como ranchos o rancherías, con menos de
veinticinco familias, las autoridades municipales nombrarían alcaldes auxiliares.21
Los requisitos para ocupar el puesto de alcalde auxiliar eran los mismos para
cualquier otro cargo municipal, es decir, ser ciudadano, saber leer y escribir, ser
mayor de 25 años, tener residencia en la localidad, y poseer un oficio u otro modo
honesto de vivir.22 En 1870, la figura del alcalde auxiliar desapareció y en su lugar
se estableció la del comisario municipal para todas aquellas localidades “que por el
corto número de sus habitantes no haya el suficiente de personas que puedan
desempeñar los cargos públicos” de la junta municipal. Los comisarios tenían la
obligación de atender “todo lo relativo a la parte económica de la policía o buen
gobierno del pueblo y su comarca que se denominar{ sección municipal”.23
En 1905, bajo la administración de Olegario Molina, se decretó una nueva
ley constitucional para el gobierno interior de los pueblos del estado. Se consideró
la división del territorio para la administración política de los partidos en
municipios, secciones y agencias municipales. Los primeros, es decir, los
municipios, estarían representados por ayuntamientos y juntas municipales con
funcionarios nombrados por elección popular; los segundos, por un comisario y los
terceros, por un agente municipal.24 Un cambio importante registrado en esta
reforma constitucional consistió en la reformulación de los criterios para designar
cabeceras municipales, pues la categoría política (ciudad, villa y cabecera política) 20En Ancona, Colección de leyes, II, 339-342. 21En Ancona, Colección de leyes, II, 343-344. 22En Ancona, Colección de leyes, II, 343-344. 23En Colección de leyes, IV, 26. 24En Textos: Constitución Política, 63-66.
51
de las localidades y el número de ciudadanos dejaron de ser requisitos para
nombrar a una localidad cabecera municipal. En su lugar se tomaron en cuenta el
número de habitantes y el de personas que supieran leer y escribir. De manera que
en aquellas poblaciones con 1 500 o más habitantes que contaban con 200 personas
que supieran leer y escribir se nombrarían a un ayuntamiento y en los que
poseyeran 100, una junta municipal.25 Otro cambio notable fue la pérdida de la
prerrogativa de las autoridades municipales de nombrar a las autoridades de sus
pueblos y localidades de su jurisdicción. Dicha responsabilidad fue trasladada al
jefe político, quien debía nombrar a un comisario municipal en todas aquellas
localidades que no poseían los requisitos mínimos para ser representadas por la
junta municipal o un agente municipal en todas las demás localidades pequeñas
como rancherías y predios rústicos.26
La medida anterior ampliaba la influencia política de los jefes políticos en
detrimento de la autonomía municipal toda vez que despojaba a los ayuntamientos
y juntas municipales de sus poderes jurisdiccionales sobre las localidades de su
circunscripción. No se han elaborado trabajos al respecto, pero es probable que esta
medida no fuera más que la formalización de lo que ocurría desde tiempo atrás,
tampoco conocemos el impacto que causó esta determinación en las autoridades
municipales, pero podemos apuntalar que la injerencia de los jefes políticos en los
procesos de designación de los comisarios municipales y agentes debió modificar
sustancialmente la dinámica política de los municipios al acotar las facultades de
los ayuntamientos y juntas municipales en las localidades donde se encontraban
asentadas, y vincular a los pueblos, representados por comisarios y agentes, a la
25En Textos: Constitución Política, 64-65. 26“Ley constitucional para el gobierno interior” (9 de octubre de 1905), en Textos:
Constitución política, 117-121.
52
esfera estatal por la vía de los jefes políticos. En el cuadro 2 se aprecia la trayectoria
que siguió la estructura del gobierno municipal entre 1862 y 1905.
CUADRO 2
ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, 1862-1905
1862 1870 1905
• Ayuntamiento • Ayuntamiento • Municipios (Ayuntamiento y junta municipal) • Junta municipal • Junta municipal •Secciones municipales (Comisario municipal) • Comisario municipal • Comisario municipal •Agencias municipales (Agente)
• Alcaldes auxiliares Fuentes: Ancona, Colección de leyes, II, 326-345; Colección de leyes IV, 8-26; Textos: Constitución Política, 69-121.
1.1 Composición de la población rural
El Censo general de 1862 ―el registro demográfico más generoso en información del
siglo XIX ― sugiere que la población disminuyó notoriamente después de la Guerra
de Castas (1847-1850). El cuadro 3 ofrece una comparación que estima el total de la
población de 1846 en 422 365 y para 1862 en 246 326 habitantes.27 En otras palabras,
a casi tres lustros del inicio movimiento social indígena, la población del estado
aún no se recuperaba de la tremenda pérdida. En el mismo cuadro se aprecia
también que los partidos de Mérida, Izamal, Motul y Maxcanú, situados al
noroeste de la península, eran los más poblados. En cambio, los partidos del
suroriente, Valladolid, Peto, Tizimín, Ticul, Sotuta, Espita y Tekax se encontraban
debilitados demográficamente debido a que parte de su población había perecido
27El cuadro 3 se elaboró a partir de un cuadro comparativo que ofrece Rejón, Censo
general de 1862. En el cuadro que aparece en el censo se asienta que el total de habitantes en 1862 era de 246 326. Sin embargo, esta cifra no coincide con la suma de las cifras ofrecidas en el mismo censo. Por esta inconsistencia, optamos por trabajar con las sumas obtenidas a partir de las variables que se refieren a la composición étnica de la población.
53
durante la rebelión o emigrado a las espesas selvas del sur para no ser alcanzados
ni sometidos por el ejército y el gobierno yucateco.
CUADRO 3
POBLACIÓN DE YUCATÁN, 1846 y 1862
Partidos 1846 1862
Mérida 62 035 61 907
Izamal 40 652 37 765
Motul 31 444 32 955
Maxcanú 19 574 18 984
Espita 18 691 12 055
Valladolid 50 760 15 891
Tizimín 28 017 7 522
Ticul 37 192 17 798
Tekax 42 538 23 810
Peto 51 031 10 585
Sotuta 32 830 5 311
Islas 1 743
Bacalar 7 601
422 365 246 326* * Cifra obtenida a partir de la fuente: Rejón, Censo
general de 1862. Véase la nota 27 de este capítulo.
Sin embargo, a partir de 1862, Yucatán experimentó un crecimiento
demográfico sostenido. En 1869 el número de habitantes era de 282 934; en 1895,
294 806 y finalmente en 1900 la población total era de 309 652 habitantes. Los
partidos de Mérida, Izamal, Motul y Maxcanú, lograron mantener y en algunos
casos aumentar su densa población al igual que los partidos del sur y oriente, entre
los que destacan Ticul, Tekax y Valladolid, cuyas cabeceras se convirtieron en
centros económicos y políticos (cuadro 4). Para 1881 las cabeceras de partidos de
todo el estado tenían establecimientos comerciales tales como tiendas de abarrotes,
lencerías, ferreterías, boticas, tenerías; industrial como panaderías, jabonerías,
54
destilerías, alfarerías; y talleres de artes y oficios como zapaterías, carpinterías,
herrerías, platerías, hojalaterías, talabarterías, barberías, sastrerías, entre otros.28
CUADRO 4
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE YUCATÁN
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX
Partidos 1862 1869 1895 1900
Mérida* 61 907 42 141 53 156 60 156
Motul* 32 955 20 744 17 822 18 756
Izamal* 37 765 25 511 21 312 21 358
Tixkokob* 17 557 13 729 14 072
Hunucmá* 18 614 18 902 18 656
Maxcanú* 18 984 15 832 19 415 19 673
Acanceh* 22 258 23 632 22 677
Temax* 16 995 16 250 17 058
Progreso* 6 055 8 832
Espita 12 055 11 277 10 261 10 489
Tizimín 7 522 11 514 9 457 9 174
Valladolid 15,892 18 370 23 444 24 740
Peto 10 585 8 131 7 051 7 335
Tekax 23 810 15 073 18 489 19 757
Sotuta 5 311 11 313 9 402 9 855
Ticul 17 798 23 645 24 391 25 057
Sisal 3 959
Las Islas 1 743 2 038 2 007
Totales 246 326 282 934 294 806 309 652 Fuentes: Rejón, Censo general de 1862; Cirerol, Expediente de la visita oficial
del estado, documentos justificativos; Boletín de estadística, 1895; Censo de
población 1900. *Partidos del noroeste de Yucatán.
Para 1862 la distribución de la población yucateca era la siguiente: los
pueblos concentraban a 93 886 personas, es decir, 38% de la población total. En ese
28Véase a Baqueiro, Reseña geográfica, documento 5, en donde aparece un cuadro detallado de los establecimientos comerciales, industriales y los talleres de artes y oficios que existían en cada uno de los partidos en 1881.
55
año existían 161 pueblos y para 1905 incrementó a 178. Eran localidades de origen
colonial, que habían surgido a mediados del siglo XVI como lugar de residencia
para la población indígena, mediante el proceso de reducción emprendido por los
franciscanos. En el siglo XIX, los pueblos aún guardaban varios de sus rasgos
coloniales como su trazado renacentista y el culto a sus santos patronos; sin
embargo, habían perdido su car{cter de “pueblos de indios” al poseer una
composición social compleja, en donde residían y convivían indígenas, mestizos,
descendientes de criollos y españoles. De acuerdo con el Censo general de 1862 en
los pueblos vivían 59 708 (64%) indígenas y 34 178 (36%) personas consideradas en
el censo como “blancas”.
Después de los pueblos, las haciendas eran las localidades de mayor
población. Estas eran localidades asociadas al desarrollo de la ganadería y la
agricultura comercial. El Censo general de 1862 estima la existencia de 1 042
haciendas en todo el estado y en ellas residían 60 191 personas, equivalente al 24%
de la población total. Pedro Bracamonte, en su estudio Amos y sirvientes, explica
que la caída del orden colonial contribuyó al desarrollo y crecimiento de las
haciendas. Demuestra que entre 1822 y 1847, en los partidos del noroeste, Mérida,
Maxcanú, Izamal y Motul, se consolidaron las haciendas dedicadas a la ganadería
y a la producción de maíz, henequén, frutas y hortalizas. En tanto que en los
partidos del suroriente de Yucatán y en el estado de Campeche proliferaron las
haciendas productoras de caña de azúcar, aguardiente, arroz, maíz y tabaco, y las
explotadoras de palo de tinte y maderas de construcción.29
La Guerra de Castas, iniciada en 1847, destruyó muchas haciendas,
especialmente del sur y el oriente del estado, e interrumpió su producción; sin
29Bracamonte, Amos y sirvientes, 63-91.
56
embargo, tan pronto se restableció el orden a partir de 1850, el desarrollo de las
haciendas continuó su curso aunque con cambios notables. Las haciendas del
noroeste (Mérida, Izamal, Motul y Maxcanú) fueron las primeras en recuperarse,
pero su actividad ganadera comenzó a ceder el paso a la producción de maíz y
henequén para atender las necesidades de la población que se había refugiado en
esta parte del estado y satisfacer al mercado que demandaba fibra de henequén,
respectivamente.30
A las haciendas le sucedían los ranchos como espacio de residencia de 34
328 personas, es decir 14% de la población total. Después, las ciudades y las villas
con 30 293 (12%) y 19 570 (8%) habitantes respectivamente. Por último, los sitios,
puertos e islas eran asentamientos pequeños que concentraban al 2%, 1% y 1%,
respectivamente. El cuadro 5 ilustra la distribución de la población yucateca de
1862.
CUADRO 5
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN, 1862
Localidad Totales %
Pueblos 93,886 38
Haciendas 60,191 24
Ranchos 34,328 14
Ciudades 30,293 12
Villas 19,570 8
Sitios 5,269 2
Puertos 1,680 1
Islas 1,109 1
Total 246,326 100
Fuente: Rejón, Censo general de 1862.
30Bracamonte, Amos y sirvientes, 54-60.
57
Dicho lo anterior, deseamos resaltar que para 1862 los partidos del noroeste,
Mérida, Izamal, Motul y Maxcanú, eran los de mayor dinamismo económico, al
situarse en ellos 65% del total de las haciendas en el estado. La distribución de su
población refleja este dinamismo. Los pueblos concentraban a la mayor parte de la
población, con 58 622 habitantes, lo que representaba 38% del total del noroeste, le
seguían las haciendas con 32% y después las ciudades con 15%. El rancho, que en
la distribución general de todo el estado ocupa el tercer lugar, en el noroeste se
sitúa hasta el quinto lugar con 5% de la población (cuadro 6).
CUADRO 6 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN
DEL NOROESTE* DE YUCATÁN. 1862
Localidades Total %
Pueblo 58,622 38
Hacienda 48,994 32
Ciudad 23,211 15
Villa 9,265 6
Rancho 7,330 5
Sitio 4,270 3
Puerto 969 1
Total 152,661 100 *Partido de Mérida, Izamal, Motul y Maxcanú. Fuente: Rejón, Censo general de 1862.
En 1862, las haciendas del noroeste yucateco no eran tan grandes en
población, pero en conjunto habían logrado concentrar 32% de la población total
del noroeste. ¿Cómo se distribuía la población en las haciendas? Predominaban las
haciendas con una población menor a 100 habitantes. Específicamente, existían 686
58
de ellas en el noroeste, las cuales concentraban al 48.61% de la población total que
residían en las haciendas. En otras palabras, las propiedades de menor tamaño
concentraban a la mayor parte de la población que residía en las propiedades. Muy
por debajo, se encontraban las haciendas cuyos rangos de población rebasan los
200 habitantes. Por ejemplo, las haciendas que reunían una población entre 201 y
300 habitantes, apenas sumaban 17 y concentraban 8.54% de la población, y las que
tenían una población mayor a 800 habitantes eran dos, equivalente a 3.7% de la
población total que residía en las haciendas en el noroeste de Yucatán (cuadro 7).
CUADRO 7
HACIENDAS Y SU POBLACIÓN EN EL NOROESTE DE YUCATÁN, 1862
Rangos de población Número de haciendas Habitantes %
0-100 686 23,814 48.61
101-200 97 13,210 26.96
201-300 17 4,182 8.54
301-400 12 4,051 8.27
401-500 4 1,839 3.75
501-600
601-700
800 ó más 2 1,898 3.87
Sumas 818 48,994 100
Fuente: Rejón, Censo general de 1862.
2. LA DEFENSA DE LOS MONTES FRENTE A LA VENTA DE TERRENOS BALDÍOS
En esta segunda parte se examina el proceso privatizador de los terrenos baldíos.
Inicia con una síntesis de los aspectos que distinguieron dicho proceso en la
primera mitad del siglo XIX en el aspecto legislativo y en la forma en que
reaccionaron las autoridades municipales e indígenas de los pueblos. Lo anterior
no sólo nos permitirá establecer elementos de comparación con el proceso
59
privatizador de la segunda mitad, sino observar la continuidad de ciertos
obstáculos y de sus soluciones, tal es el caso de la medición y distribución de los
ejidos. También se discutirá cómo los milperos enfrentaron el proceso privatizador,
haciendo énfasis en las estrategias que iban desde la súplica hasta los pequeños
motines para defender y conservar sus espacios agrarios.
2.1 Primera mitad del siglo XIX
En Yucatán el proceso privatizador inició con el decreto del 4 de enero de 1813
promulgado por las Cortes de Cádiz. Dicha decreto disponía la venta de todos los
terrenos baldíos o realengos “con arbolado o sin él” con excepción de los ejidos de
los pueblos. Este decreto permaneció vigente hasta 1824 y en este tiempo coincidió
con el crecimiento y desarrollo ganadero, que a la postre se convirtió en la
actividad económica más importante del estado y en la principal destinataria de la
política privatizadora de la primera mitad del siglo XIX.31 En 1824 la Constitución
federal concedió a los estados el derecho a formular sus propias leyes de
colonización de todos aquellos terrenos de la nación que no fueran de propiedad ni
pertenecieran a ninguna corporación o pueblo, lo que dio lugar a un proceso sujeto
a las circunstancias específicas de cada lugar.32 El 2 de diciembre de 1825, el
Congreso local de Yucatán elaboró una ley para la venta de terrenos baldíos y a
partir de esa fecha hasta 1844, el gobierno local promulgó otras leyes, decretos
31Un estudio pormenorizado sobre el impacto de este decreto en Yucatán lo ofrece Güémez, Liberalismo, 35-38, 51-62, 69-81. 32Se trata del decreto del 18 de agosto de 1824 emitido por el Soberano Congreso General Constituyente de los Estados Unidos Mexicano, en Orozco, Legislación y
jurisprudencia, I, 188-196, donde se expone las facultades de los estados y del gobierno federal en torno a los baldíos.
60
aclaratorios y acuerdos para privatizar los terrenos baldíos. Con la venta de las
tierras se buscaba impulsar la producción ganadera, regularizar la propiedad de
los terrenos ocupados, obtener ingresos económicos y colonizar los partidos de la
costa y oriente de Yucatán.33
En esta primera mitad del siglo XIX, la privatización de los baldíos fue un
proceso por demás accidentada, entre otros motivos, por las impugnaciones de las
autoridades municipales y las repúblicas indígenas. En el caso de los
ayuntamientos y las juntas municipales su reacción opositora ocurrió en el marco
de la legalidad pues, de acuerdo a la ley del 2 de diciembre de 1825, los interesados
en denunciar un terreno como baldío debían obtener de las autoridades
municipales un certificado que constatara que dicho terreno se encontraba fuera de
los ejidos del pueblo, que no fuera de propiedad particular ni de comunidad. En el
ejercicio de esta importante prerrogativa, los ayuntamientos y las juntas
municipales con frecuencia no extendían el certificado requerido y frustraban la
enajenación. Asimismo, cuando el gobernador o el congreso local les solicitaban a
las municipalidades su opinión de las leyes que se querían emitir en torno a la
privatización, éstas manifestaban su desacuerdo por la política privatizadora
porque impulsaba el desarrollo ganadero en perjuicio de la actividad milpera e
insistían en el antagonismo de ambas actividades, por la destrucción causada a las
milpas por el ganado que pastaba libremente en los terrenos recién otorgados en
propiedad; y especulaban en torno a los perjuicios sociales y económicos que
ocasionarían el deterioro de la producción de maíz. Sus constantes denuncias y
33Un análisis profundo del derrotero que siguió la legislación en torno a la privatización de la tierra en el contexto de la política nacional y regional de la primera mitad del siglo XIX se encuentra en Güémez, Mayas, gobierno y tierras, 171-310.
61
señalamientos nos permiten entender la percepción que tenían las autoridades
municipales de la política agraria de la primera mitad del siglo XIX y constatar su
importante participación como opositoras del proyecto liberal. Sus opiniones
influyeron en la promulgación de nuevos decretos que imponían medidas que
buscaban proteger los cultivos tradicionales.34
En 1841 la ley de colonización del 5 de abril marginó la participación de las
corporaciones municipales en el proceso privatizador, pues a partir de entonces ya
no era necesario contar con su anuencia para la denuncia de baldío. No obstante,
las autoridades municipales continuaron dirigiéndose al gobernador para
oponerse a la denuncia y venta de los terrenos baldíos con los argumentos de que
los terrenos solicitados eran del común o se encontraban cultivados por los
milperos de sus pueblos.35
Las repúblicas indígenas eran las otras instancias opositoras. Dichas
autoridades habían desaparecido en 1812, pero fueron reinstauradas en el gobierno 34Dos ejemplos de la actuación de las corporaciones como opositoras del proyecto privatizadora son los siguientes. El primero aconteció en 1834 cuando la junta municipal del pueblo de Yobaín se enteró de la promulgación de la ley del 28 de diciembre de 1833, que estimulaba la venta de terrenos baldíos de los partidos de la costa y Tizimín con fines pro ganaderos. Dicha autoridad envió al gobernador del estado Juan de Dios Cosgaya un extenso documento en el que expresaba los efectos negativos que ocasionaría dicha ley a los labradores de dicho pueblo y de los demás poblados circunvecinos. De inmediato, las juntas municipales de otros pueblos como Dzilam, Telchac, Motul, Tekantó y el ayuntamiento de Izamal también enviaron opiniones semejantes en contra de la mencionada ley. El segundo ocurrió en 1841, cuando en febrero de ese año el Congreso local circuló una orden para que las corporaciones municipales informaran sobre la conveniencia o perjuicio que produciría la venta de terrenos baldíos. Las respuestas de la junta municipal de Chancenote y del ayuntamiento de Campeche resultan emblemáticas por oponerse terminantemente a la enajenación de los terrenos. Güémez, Mayas, gobierno y tierras, 199-204, 267-270. 35Güémez, Mayas, gobierno y tierras, 278-286.
62
de los pueblos el 26 de julio de 1824 con facultades acotadas como recaudar las
contribuciones públicas y contener la dispersión de los indígenas hacia los montes.
En 1841 la Constitución yucateca las eliminó, pero en 1847 fueron restablecidas y
existieron hasta 1868.36 Durante su larga, aunque interrumpida, presencia en la
primera mitad del siglo XIX, las repúblicas indígenas se convirtieron en las
naturales defensoras de los intereses de los indígenas. Su amplia experiencia como
antiguas representantes y defensoras de sus pueblos, les permitió actuar como
opositoras de la venta de los montes considerados baldíos. De la misma manera
que los ayuntamientos y las juntas municipales, las repúblicas se dirigían al
gobernador para denunciar la destrucción de las milpas por la presencia
permanente del ganado bovino. De esta forma, las autoridades indígenas resistían
al embate privatizador.37
Puede concluirse que durante la primera del siglo XIX, los milperos de los
pueblos enfrentaron la política privatizadora de los baldíos con la ayuda de las
autoridades municipales y las repúblicas indígenas. Ambas autoridades no
siempre lograron su cometido, ―como ha demostrado Arturo Güémez― pero la
suma de sus acciones de oposición y resistencia constituyó un verdadero dique
36Para un estudio pormenorizado de la presencia de las repúblicas indígenas en el gobierno de los pueblos yucatecos, véanse los trabajos de Tapia, “La organización política indígena en Yucatán independiente, 1821-1847” y Güémez, Mayas, gobierno
y tierras, 115-121, 142-151. Consúltese el decreto que suprime las llamadas repúblicas indígenas (12 de diciembre de 1868), en Ancona, Colección de leyes, III, 301. El Congreso local de Yucatán abolió las repúblicas de indígenas considerando que formaban una administración privativa que no estaba conforme a la Constitución de 1857 y a las leyes, otro argumento de peso fue la igualdad esgrimida en dicha Constitución, y por último, por considerar injusto que en un mismo estado, una parte de sus habitantes estén gravados con cargas de que están exentos los otros. 37Güémez, Mayas, gobierno y tierras, 278-289.
63
para la marcha del proyecto privatizador. En no pocas ocasiones lograron retrasar
e impedir la venta de los montes. Entre sus logros más visibles fueron las
constantes aclaraciones y acuerdos que emitió el ejecutivo o el congreso local para
modificar, enmendar y corregir los procedimientos de la denuncia y venta de los
terrenos baldíos.
Además de la constante oposición de las autoridades municipales y las
repúblicas, la forma en que los milperos usufructuaban los montes constituía un
serio obstáculo para la política privatizadora. Para las autoridades liberales la
forma itinerante de ocupar los montes entorpecía la venta de los baldíos porque
con frecuencia los terrenos denunciados estaban cultivados u ocupados por
rancherías indígenas. En 1825 el gobernador José Tiburcio López Constante estaba
convencido de que los pueblos se habían apoderado “indebidamente” de los
recursos agrarios. Por lo que antes de promulgar la citada ley del 2 de diciembre de
1825 sobre la venta de baldíos, abogó para que en ella se señalara que los pueblos
solamente pudieran disponer de una legua cuadra “para la planta de su población”
y dotar a cada familia indígena de 500 mecates de tierras y vender los sobrantes sin
problemas.38
La propuesta del gobernador no fue considerada y los problemas no
tardaron en aparecer. Aunque la ley del 2 de diciembre de 1825 y las que le
siguieron eran muy claras cuando precisaban que los terrenos en venta eran los
baldíos, el problema fundamental era que nadie tenía la certeza en dónde se
encontraban los baldíos. La solución fue restringir la privatización a los terrenos
que encontraban distante a dos leguas alejadas de las milpas o mandar cercar los
cultivos, pero ninguna de éstas fueron medidas viables, y las dificultades para
38Güémez, Mayas, gobierno y tierras, 194-195.
64
distinguir los baldíos continuaron. Situación que, en el mejor de los casos,
retrasaba la venta de los terrenos, lo que ―al decir del jefe político de Yaxcab{―
frustraba al comprador.39
Finalmente, la ley local de colonización del 5 de abril de 1841 ordenó medir
los ejidos de los pueblos, cuya extensión debía tener una legua cuadrada por cada
punto cardinal, equivalente a 5 000 varas, partiendo del atrio de la iglesia principal
del pueblo, sin agraviar los terrenos que fuesen de dominio particular.40 Con esta
medida se esperaba solucionar el viejo problema de distinguir en dónde
terminaban los ejidos de los pueblos y dónde comenzaban los baldíos, y por ende
agilizar su venta. Cabe precisar que a diferencia del centro de México, en donde los
ejidos de los pueblos eran el lugar que usaban los vecinos para el pastoreo, la
recreación y demás usos públicos; en Yucatán, el término ejido era utilizado para
referirse al espacio de los pueblos en donde sus habitantes cultivaban y extraían los
recursos necesarios para su vida cotidiana.41
Llevar a efecto el trazado de los ejidos no fue tarea sencilla. En 1844, tres
años después de ordenarse la medición de los ejidos, las autoridades municipales
no la habían acatado y los interesados en comprar un terreno continuaban
enfrentándose a los mismos problemas de siempre. El siguiente testimonio expresa
la convicción de las autoridades de que las prácticas agrícolas tradicionales
obstaculizaban la venta de los baldíos. Se trata de un fragmento escrito por el
gobernador de Yucatán en 1844, José Tiburcio López Constante, a la Asamblea
39Güémez Pineda, Mayas, gobierno y tierras, 274. 40Güémez Pineda, Mayas, gobierno y tierras, 270. 41Fraser, “La política de desamortización”, 631. Para el ejido yucateco véanse la Ley de colonización de 1841 y el acuerdo del 8 de octubre de 1844, en Aznar Pérez, Colección de leyes, II, 116-119, 350-351, y la Circular del 10 de diciembre de 1870, en La Razón del pueblo del día miércoles 21 de diciembre de 1870.
65
Departamental informándole sobre la dificultad que enfrentaba el proyecto de
enajenación debido a que:
Los pueblos *<+ han creído que todos los terrenos que hay entre sí y las montañas contiguas, con excepción de los de propiedad particular, pertenecían a la comunidad de los mismos pueblos: lo que hay de cierto es que han estado en posesión de dichos terrenos y como comunes labran en ellos indistintamente todos los habitantes del respectivo pueblo.42
José Tiburcio López Constante consideró que las dificultades para delimitar
los ejidos eran propiciadas por la misma ley, debido a que no explicaba cómo los
pueblos debían completar sus ejidos en el caso que las propiedades privadas
ocuparan las 5 000 varas que la ley concedía ni cómo se debía proceder cuando los
pueblos reclamaban como de “su común” terrenos que quedaban fuera de las 5 000
mil varas.43 Para enmendar estas y otras inconsistencias, la Asamblea
Departamental emitió dos acuerdos que precisaban las extensiones que debían
tener los ejidos con base en el número de contribuyentes.44 El primero, emitido el 8
de octubre de 1844, estipuló que los ejidos de los pueblos con más de 150
contribuyentes abarcarían 5 000 varas castellanas por cada viento cardinal; en tanto
que los pueblos con menos de 150 contribuyentes serían de 2 500 varas
castellanas.45 El segundo acuerdo, del 4 de noviembre de 1844, incluyó a las
poblaciones pequeñas denominadas rancherías. Aquellas en donde residiesen más
42Correspondencia del gobierno con la Asamblea Departamental (1844- 1846), en AGEY, Libros complementarios. Correspondencia de los gobernadores, vol. 19, lib. No. 19, documento reproducido parcialmente en Güémez Pineda, Mayas, gobierno y
tierras, 277. 43Güémez Pineda, Mayas, gobierno y tierras, 273. 44Güémez Pineda, Mayas, gobierno y tierras, 273-274. 45En Aznar Pérez , Colección de leyes, II, 350-351.
66
de 60 contribuyentes, sus ejidos se extenderían 1 000 varas por viento; las que
tuvieran entre 10 y 60 contribuyentes les corresponderían 200 varas por cada
viento, y las que poseyeran menos de 10 contribuyentes, su población sería
reducida al poblado más cercano cuando el lugar que ocupasen fuera denunciado
como baldío.46
La responsabilidad de medir los ejidos recayó en las autoridades municipales,
quienes debían establecer los arbitrios necesarios para cubrir los gastos de las
mensuras, bajo la supervisión de los jefes políticos de los partidos, y llevar a cabo
en un solo año las labores de medición. Sin embargo, en 1845, vencido el plazo, las
autoridades municipales ni siquiera habían iniciado las mensuras. Arturo Güémez,
quien más ha estudiado este fenómeno, explica que esta demora no sólo se debía a
las inconsistencias en la ley, como creía la autoridad gubernativa, sino a una táctica
evasiva de las autoridades municipales y de la población en general. Por ejemplo,
algunos municipios de manera deliberada decidieron no medir sus ejidos porque
de esta manera podían oponerse a la venta de los terrenos aledaños a sus pueblos
bajo el pretexto de no tener aún medidos sus ejidos. Por otro lado, no hay
evidencia clara sobre cuál fue la respuesta de los vecinos de los pueblos frente a la
orden de medir sus ejidos, sin embargo, su falta de disposición para reunir el
dinero necesario para cubrir los gastos del deslinde, nos permite inferir que no
estuvieron de acuerdo con la medida.
Las repúblicas indígenas desempeñaron un papel importante en esta táctica
evasiva porque fueron las más reacias a entregar cualquier dinero. Este
incumplimiento intencionado resultó exitoso porque los pueblos al no tener sus
ejidos, los denunciantes se enfrentaban a los problemas de siempre. En 1846 el
46En Aznar Pérez , Colección de leyes, II, 353-355.
67
diputado Francisco Martínez de Arredondo comunicó al Congreso extraordinario
que aún eran “repetidos los estorbos” de las autoridades municipales e indígenas
durante el proceso privatizador, pues con alegar que eran de su común
entorpecían la denuncia y la venta de baldíos. Por lo que propuso exigir a las
autoridades inconformes los títulos que demostraran la propiedad de los terrenos
que reclamaban.47 El testimonio de Martínez de Arredondo revela que la medición
de los ejidos no se había llevado a efecto de manera generalizada y contundente.
Tampoco hay indicios que señalen que para los años siguientes los ejidos hayan
sido marcados, pues en 1870 se retomó la idea de delimitar los espacios agrícolas
de los pueblos y se ordenó de nuevo a las autoridades municipales medirlos como
veremos a continuación.
2.2 Segunda mitad del siglo XIX
En la segunda mitad del siglo XIX, el proceso privatizador de los baldíos continuó
su curso con notables transformaciones legales. La más importante fue la extinción
de la facultad de los estados para elaborar sus propias leyes de colonización para
convertirse en competencia exclusiva del congreso federal. El decreto del 25 de
noviembre de 1853 declaró que los terrenos baldíos eran de la exclusiva propiedad
de la nación por lo que declaraba nulas y de ningún valor todas las ventas o
cesiones de los terrenos baldíos que se hayan realizado al margen de los poderes
47Colección que contiene el proyecto de acuerdo o decreto presentado por el señor diputado don Francisco Martínez de Arredondo y leído en la sesión del A. Congreso extraordinario del día 27 de agosto de 1846, en Siglo XIX, num. 797, citado en Güémez, Mayas, gobierno y tierras, 277.
68
generales.48 Más tarde en la Constitución Política de la República Mexicana de 1857
se le atribuyó al Congreso general la facultad de fijar las reglas a que se debía
sujetar la ocupación y enajenación de los terrenos baldíos y su precio.49
En Yucatán la ley local de colonización de 1841 quedó derogada y la venta
de los terrenos baldíos se realizó con base en las leyes que emanaron del gobierno
de la federación. La primera, denominada “Ley sobre ocupación y enajenación de
terrenos baldíos”, fue emitida el 22 de julio de 1863 por el Congreso general con
base a lo establecido en la fracción 24 del artículo 72 de la Constitución de 1857.
Esta ley buscaba solucionar la precaria situación financiera del gobierno. Para esos
años, el gobierno de Benito Juárez necesitaba fondos para sostener la lucha armada
contra los franceses y consideró que la venta de los baldíos generaría un buen
ingreso al erario público.50 Dicha ley dispuso que todo habitante de la República
tenía derecho a denunciar hasta 2 500 hectáreas de terreno baldío, es decir, aquellos
terrenos que “no hayan sido destinados a un uso público por la autoridad
facultada para ello por ley ni cedidos por la misma a título oneroso o lucrativo, a
individuo o corporación autorizada para adquirirlos”. Los precios de los baldíos
serían fijados cada dos años por el supremo gobierno general en cada estado,
48En Orozco, Legislación y jurisprudencia, I, 279-281; Con respecto a Yucatán, Ponce y Font, Los títulos de propiedad, 16-17 apunta que los títulos de propiedad expedidos por los gobiernos del estado antes del 21 de mayo de 1847 eran firmes y valederos por haber sido expedidos por autoridades competentes y con base en leyes vigentes. En tanto que los expedidos después de esa fecha eran nulos, aun cuando Yucatán se reincorporó a la república el 17 de agosto de 1848, pues la federación consideró a Yucatán como estado rebelde que no podía eludir el cumplimiento de las leyes generales de la Nación. Por tanto, se requería revalidar dichos títulos de acuerdo a leyes entonces vigentes. 49Véase el artículo 72 fracción 24, en Tena Ramírez, Leyes fundamentales, 619. 50En Fabila, Cinco siglos, 131-135. Vos, “Una legislación de graves consecuencias”, 229.
69
distrito y territorio, y el pago se organizó de la siguiente forma: dos tercios en
numerario, uno a la Hacienda federal y otra a la del estado, y otro en abono de la
deuda pública nacional o extranjera. 51
La ley del 22 de julio de 1863 tuvo una larga vida, pues fue derogada hasta
el 26 de marzo de 1894 cuando se promulgó la “Ley sobre ocupación y enajenación
de terrenos baldíos”. Esta segunda ley tenía una doble intención: reformar la ley de
ingresos que corresponderían a los estados y a la federación por concepto de venta
de las tierras de la nación y fomentar la agricultura comercial. Así, se estableció
que de los ingresos obtenidos por la venta de tierras, dos tercios se destinarían al
erario federal y un tercio a la entidad federativa,52 y para fomentar la agricultura
comercial se suprimieron los límites de los terrenos que se podían denunciar y
definió los tipos de terrenos de la nación que eran objeto de dicha ley, a saber:
terrenos baldíos, nacionales, demasías y excedencias; también impuso a los
propietarios la obligación de inscribir su propiedad en el Gran Registro de
Propiedad para gravar las propiedades con el impuesto predial, y evitar largos y
costosos litigios en el futuro.53 En lo que se refiere a los pueblos, esta ley ordenó la
51En Fabila, Cinco siglos, 131-135. 52Luna, El congreso y la política, 328-330; en Fabila, Cinco siglos, 189-205. 53En la ley sobre ocupación y enajenación de terrenos baldíos (18 de diciembre de 1893) se definió que los baldíos eran todos los terrenos de la república que no habían sido destinados a un uso público por la autoridad facultada para ello, ni cedidos por el mismo a título oneroso o lucrativo o corporación autorizada para adquirirlos. Los terrenos nacionales son los terrenos baldíos descubiertos, deslindados y medidos por comisiones oficiales o compañías autorizadas, que no hayan sido legalmente enajenados. Las demasías son los terrenos poseídos por particulares con título primordial y en extensión mayor que la que éste determine, siempre que el exceso se encuentre dentro de los linderos señalados en el título y por lo mismo, confundido en su totalidad con la extensión titulada; y por último, las excedencias eran los terrenos poseídos por particulares durante veinte años o
70
distribución de los ejidos y las excedencias del fundo legal, que hasta entonces
conservaban los pueblos de manera corporativa, pero en compensación le otorgó a
los ayuntamientos, asambleas y corporaciones municipales personalidad jurídica
para defender los ejidos, montes y terrenos ante las pretensiones privatizadoras, y
emprender composiciones para retener las demasías y excedencias de los terrenos
denominados ejidos.54
A fines de la década de 1860, en Yucatán la agricultura comercial de maíz y
henequén había ganado terreno dentro de las haciendas del noroeste. Por lo que
muchos propietarios, motivados principalmente por el incipiente, pero prometedor
desarrollo henequenero, comenzaron a denunciar como baldíos terrenos que se
encontraban junto o cerca a sus propiedades conforme a la ley del 22 de julio de
1863. Tal es el caso Juan Urcelay, quien en 1867 solicitó “una media legua” para
anexar a su hacienda “San Francisco”, ubicada en el pueblo y municipio de
Dzidzantún.55 En 1868, Pedro Cárdenas y Peón, dueño de las haciendas Xuxa y
Vista Alegre de la jurisdicción de Mérida, denunció 70 hectáreas de terrenos
baldíos para anexarlas a sus haciendas. Según señaló el denunciante tenía
más fuera de los linderos que señale el título primordial que tengan, pero colindando con el terreno que éste ampare. En Fabila, Cinco siglos, 190. Con la definición de los tipos de terrenos se intentaba conciliar los intereses de los distintos sectores sociales involucrados en la agricultura. Es decir, tanto a los grandes y pequeños propietarios como a los ocupantes de una o varias extensiones de tierra. A los pequeños propietarios y ocupantes estaban dirigidos las demasías y excedencias, y se les otorgaba importantes descuentos en su precio para favorecerlos en la adquisición de ellos. Luna, El congreso y la política, 329-330, 334-335, 54Luna, El congreso y la política, 332-333. En Fabila, Cinco siglos, 202-203. 55Juan Urcelay, adjudicación de un terreno baldío sito en la jurisdicción de Dzidzantún (1867), en ATN, 1.21, (27), exp.7. Con los años, esta hacienda se convertiría en una de las productoras de henequén más importantes incluso hasta el siglo XX.
71
intenciones de “plantar henequenales que se est{ viendo *<+ constituye el porvenir
de Yucat{n”.56 En 1869 Felipe Peón, dueño de la finca Kanchen situada en el pueblo
Kopom{, solicitó los terrenos baldíos “que labran mis sirvientes”. Felipe Peón
expresó la necesidad de dichos terrenos “para fomento de esa hacienda, y para el
efecto denuncio todas las tierras baldías que circundan dicha hacienda hasta la
extensión de media legua lo que resulte”.57 En 1870 Perfecto Solís, propietario de
las haciendas Santa María y Oxtepacab, denunció un terreno de 683 hectáreas cuya
calidad, según expresó, “es como la de todos los que se hallan en los alrededores
de esta capital *de Mérida+ *<+ medianamente bueno para la siembra del maíz y
mucho mejor para el henequén”.58
Sin embargo, los primeros interesados en adquirir terrenos baldíos
enfrentaron la oposición de las autoridades municipales como había acontecido en 56Véase Pedro Cárdenas y Peón se le adjudica un terreno baldío en jurisdicción de la ciudad de Mérida (1868), en ATN, 1.24 (27), exp. 32 57Felipe Peón adjudicación de un terreno baldío en jurisdicción del pueblo de Kopomá (1869), en ATN, 1.21 (27), exp. 34. 58Perfecto Solís se le adjudica un terreno baldío en la jurisdicción de Mérida (1870), en ATN, 1.21 (27), exp. 15. El procedimiento para la venta de terrenos baldíos establecido en la ley de 1863 era el siguiente. La denuncia de un baldío se hacía ante un juez de primera instancia. El jefe político correspondiente verificaba la calidad de los terrenos, es decir, si realmente eran baldíos con información proporcionada por las autoridades municipales. Confirmada la situación del terreno, se procedía al apeo y levantamiento del mapa, se publicaba el denuncio en un rotativo local y, en caso de no existir opositor, se le otorgaba al interesado el terreno en posesión en tanto la Secretaría de Fomento aprobaba la venta del baldío y fijaba el valor del terreno. En Fabila, Cinco siglos, 131-135. El procedimiento establecido por la ley de 1894 era distinto. En cada estado se establecía una agencia a cargo de personas nombradas por la Secretaría de Fomento. La denuncia se realizaba ante un agente, quien emprendía la investigación correspondiente del terreno. Después del peritaje, el levantamiento del plano y el deslinde se procedía le otorgaba el terreno al solicitante y se le notificaba el precio del terreno. En Fabila, Cinco siglos, 193-195.
72
la primera mitad del siglo XIX. Al respecto, el 25 de octubre de 1867 el gobernador,
general Manuel Cepeda Peraza, expresó lo siguiente:
Se viene observando en el estado una continua lucha entre las municipalidades y los propietarios de fincas rústicas sobre propiedad de tierras, que redunda en grave perjuicio así de la tranquilidad de los ciudadanos *<+ como de las municipalidades que distraen sus atenciones *<+ Esas complicaciones *<+ han aumentado con motivo de la declaración del supremo gobierno sobre *<+ baldíos enajenados a favor del que los solicite.59
Para acabar con dichos conflictos, el 25 de octubre de 1867 el gobernador
Cepeda Peraza ratificó la orden de mensurar los ejidos, estipulada en el acuerdo
del 8 de octubre de 1844. Sin embargo, no fue posible ponerlo en marcha porque
permitía a los pueblos la posesión y usufructo comunal de las cuatro leguas,
contrario a lo que dictaba la ley Lerdo de 1856 sobre la prohibición de que las
corporaciones civiles y religiosas administraran o tuvieran la propiedad de algún
bien raíz.60 Esta contradicción había sido señalada años atrás, en 1861, por el
ministro de fomento Ignacio Ramírez, quien había sugerido conciliar la medida
local de los ejidos con la ley federal mediante la división y distribución individual
59“Manda que se proceda a la mensura y amojonamiento de los ejidos de los pueblos conforme a las prevenciones que contiene” (25 de octubre de 1867), en Ancona, Colección, III, 238. 60El artículo 25 de la ley de desamortización de bienes de manos muertas, mejor conocida como Ley Lerdo, ordenaba que “Ninguna corporación civil o eclesi{stica, cualquiera que sea su carácter, denominación u objeto, tendrá capacidad legal para adquirir en propiedad o administrar por sí bienes raíces, con la única excepción que expresa el artículo 8º, respecto de los edificios destinados inmediatamente y directamente al servicio u objeto de la institución”, en Fabila, Cinco siglos, 107. La Ley Lerdo fue ratificada por el artículo 27 de la Constitución de 1857.
73
de las cuatro leguas.61 Empero, no fue sino hasta el 10 de diciembre de 1870 cuando
el gobierno federal decretó una circular que ordenaba que los ejidos fueran
medidos, divididos en lotes y distribuidos entre los que tuvieran derecho a uno.62
De este modo, la circular delimitaría los ejidos de los pueblos e iniciaría el proceso
de desamortización de los mismos. Para obtener un lote de los ejidos, los vecinos o
las autoridades municipales debían elaborar una solicitud dirigida al jefe político
de su partido para que evaluara y aprobara su ejecución. Algunas solicitudes
fueron dirigidas al gobernador del estado o, incluso, al propio presidente de la
república, pero eran remitidas a los jefes políticos correspondientes, quienes
debían aprobarlas.63
Las autoridades municipales nuevamente fueron las responsables de medir
y distribuir los lotes. Ellas se encargarían de contratar al agrimensor, reunir el
dinero para los gastos de medición, levantar un censo de los jefes de familia,
supervisar los trabajos de los ingenieros, avisar a los dueños de los predios
colindantes cuando se realizaría la medición y resolver los conflictos que surgieran.
De acuerdo con la circular, el agrimensor debía ubicarse en el atrio de la iglesia
principal del pueblo y desde all{ medir “5 000 varas castellanas por cada viento
61“Recomiendan a las autoridades locales que se cumplan con lo que dispone en las leyes del estado respecto de ejidos” (10 de noviembre de 1875), en Ancona, Colección, V, 106-107. 62En La Razón del pueblo (21 de diciembre de 1870), 1. Para Gabriel Macías Zapata la circular del 10 de diciembre de 1870 es la sobrevivencia de una ley local en el contexto de una legislación federal que anulaba las leyes locales de colonización de los estados. En efecto, la Constitución de 1857 anuló y privó a los estados de su antiguo derecho a legislar entorno colonización y venta de baldíos. Dicha circular al retomar la idea de los ejidos de la ley estatal de colonización del 8 de octubre de 1844, Macías considera que la antigua ley local sobre “ejidos” sobrevivió, aunque de manera acotada. Macías Zapata, “Baldíos con dueño”, 179-184. 63En La Razón del pueblo (21 de diciembre de 1870), 1.
74
cardinal”, de las cuales tomaría 1 200 varas para el fundo legal y lo necesario para
el establecimiento de panteones, hospitales, rastros y demás edificios públicos; lo
restante, denominado “ejido”, hasta completar las cuatro leguas cuadradas, se
dividiría en lotes, los cuales se otorgaría en propiedad privada a los jefes de
familias ―o sus viudas― que fueran vecinos del pueblo.64
2.3 Medición y distribución de los ejidos, 1870-1911
Resulta pertinente detenernos a analizar el alcance que tuvo al interior de los
pueblos la circular del 10 de diciembre de 1870 en la media que buscaba delimitar
sus espacios agrarios para allanar la venta de baldíos e impulsar la propiedad
privada entre los vecinos. Al igual que en la primera mitad del siglo XIX, la
medición de los ejidos fue un proceso complejo y sinuoso que se prolongó hasta los
albores del siglo XX por varias razones. La más importante fue la percepción y la
respuesta heterogénea de la población rural frente a la posibilidad de convertirse
en propietarios de un lote. Por ejemplo, la población dedicada a la agricultura
64En La Razón del pueblo (21 de diciembre de 1870), 1. Para tener derecho a la propiedad de un lote de ejidos, los individuos necesariamente debían poseer una doble condición: la de jefe de familia y vecino, de lo contrario quedaban excluidos, como se observa en el siguiente caso: En 1901 la junta municipal de Tekit excluyó a Fernando González de la lista de las personas con derecho a la propiedad por no ser padre de familia y porque “no vivía entonces en este pueblo y la distribución se hizo a los vecinos y no a los que no lo fuesen”. Véase el gobernador del estado remite el expediente del fraccionamiento de los ejidos de Tekit (1899), en ATN, 1.24 (27), exp. 37. Marcelo Carmagnani, explica, que el jefe de familia era la célula esencial de la comunidad, poseía los medios de vida adecuados y gozaba del reconocimiento por parte de los otros jefes de familia del pueblo. Asimismo, la vecindad le otorgaba a una persona la posibilidad de participar en la propiedad, en el uso de los recursos naturales, en la política, entre otros derechos y obligaciones. Carmagnani, “Del territorio a la región”, 224; Hern{ndez Ch{vez, La tradición
republicana, 22.
75
milpera fue la que mostró menos entusiasmo por los lotes porque no garantizaban
las condiciones forestales que requería la agricultura itinerante de las milpas,
según se explicó en el primer capítulo, y tampoco consideraba la dinámica familiar
para desplazarse al monte y cultivar las milpas, cazar, recolectar maderas y frutos
silvestres, y trabajar en el apiario. La notable distancia entre el trazado del ejido,
proyectado por los liberales, y las necesidades forestales, espaciales y sociales que
requerían los milperos influyó de manera decisiva para que éstos se mostraran
poco o nada interesados en la mensura y la división de los ejidos.
El caso del pueblo y cabecera municipal de Cacalchén nos permite observar
de cerca esta indiferencia. Los milperos de dicho pueblo acostumbraban
desplazarse hasta los montes llamados Tanxikal, ubicados entre los pueblos de
Tunkás y Cenotillo. Allá, los milperos iban a “cortar huano, hacer sus labranzas y a
proporcionarse la madera de que necesitaban para la construcción de sus casa y
para otros usos”.65 En 1884 el agrimensor Juan Rivero Alcalá llegó al pueblo de
Cacalchén para medir y dividir los ejidos. Para ello, el presidente municipal se
había comprometido a proporcionarle 50 trabajadores. Sin embargo, la autoridad
municipal no logró reunir el número de trabajadores y las labores de medición no
se llevaron a efecto. Al respecto, el agrimensor escribió que no se reunió a la gente
debido a que “la mayor parte de los interesados que tienen derecho a un lote se
encuentran por los montes del pueblo de Tunk{s”, ocupados en el cultivo de sus
milpas.66 Esta actitud indiferente frente a la medición y distribución de los lotes no
65Véanse Ponce y Font, Informe en estrados, 19-20; Interdicto de recuperar la posesión promovido por la junta municipal de Cacalchén de un terreno situado en la jurisdicción de Tunkás. Juez de primera instancia de Izamal (1890), en AGEY, Justicia, civil, 183-E, exp. 66. 66Véase El agrimensor Juan Rivero Alcalá solicita el pago de sus honorarios (1884), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 230.
76
era comprendida por los ingenieros, autoridades municipales y aun por algunos
vecinos de los pueblos, como se aprecia en el siguiente caso. En 1904 Nazario A.
Novelo, Isauro Pérez, M. Ramírez y Manuel Vásquez, vecinos del pueblo de Peto,
cabecera de partido del mismo nombre, ubicado al sur del estado, explicaron que
aún no tenían medidos debido a “la ignorancia de la indiada que es en su mayor
parte la que habita en los pueblos de este partido”.67
En contraste, todo parece indicar que la propiedad de un lote atrajo,
especialmente, a los vecinos que deseaban adquirir una propiedad o acrecentar la
que ya tenían. Por lo general, se trataba de pequeños propietarios, comerciantes,
artesanos, cultivadores de henequén, y pequeños ganaderos, es decir, personas
cuya subsistencia no dependía del cultivo de la milpa. A modo de ejemplo, en
1886, en la solicitud de ejidos del pueblo de Ekmul destacan los nombres las
familias Hernández y Burgos, dedicados a la actividad comercial, le siguen las
firmas de las familias Cruz y Araujo y por último se encuentran las rúbricas de los
demás padres de familia.68 Un mejor ejemplo es la solicitud del pueblo y municipio
de Tekit, pues en ella claramente se percibe que los interesados eran vecinos que
deseaban adquirir una propiedad privada, pero que por diferencias generadas
durante las contiendas electorales y su vinculación con grupos opositores al grupo
en el poder, estaban al margen de los favores de sus autoridades locales. En la carta
de solicitud, dichos vecinos denunciaban el control y el monopolio que ejercían las
autoridades municipales sobre los recursos y buscaban por medio de la
distribución de los ejidos participar de los beneficios de la propiedad. Acusaron 67Vecinos de la villa de Peto solicitan reparto de ejidos (1904), en ATN, 1.24 (27), exp. 75. 68Vecinos del pueblo de Ekmul se les miden y reparten sus ejidos (1887), en ATN, 1.24 (27), exp. 9. Ver padrón general de todos los habitantes y las haciendas de su comprensión (1883), en AGEY, Municipios, Tixkokob, caja 351, vol. 7, exp. 4.
77
que mientras Pablo Alonso y Ramón Montalvo ocuparon la presidencia municipal
otorgaron a varios vecinos, de manera discrecional, diversas extensiones de
terrenos. Por ejemplo, a Alonso Alfonso le cedieron “tres paños de terreno” para el
cultivo de henequén; a Manuel López un terreno de 200 mecates (ocho hectáreas) y
a Enrique Góngora un terreno para anexar al paraje Xixil de su propiedad. Los
quejosos, marginados de las concesiones hechas por las autoridades, señalaron que
si bien “no hay duda de que podría exigirse administrativamente o judicialmente
la restitución de dichos terrenos”, optaban por la petición de ejidos a fin de que se
“pusiese en evidencia el legítimo fundo del pueblo y sus ejidos”.69 Este testimonio
revela cómo los vecinos que no eran milperos vieron en la solicitud de los ejidos un
mecanismo legal y seguro para acceder a la propiedad de un terreno.
Así pues, a diferencia de la primera mitad del siglo XIX, en la que autoridades
de los pueblos, municipales y repúblicas indígenas, así como la población
mantuvieron una posición unánime de resistencia frente a la orden de medir sus
ejidos de acuerdo a los términos expresados en la ley local de colonización del 5 de
abril de 1841, en el último cuarto del siglo XIX, la respuesta de la población rural
frente a la medición de los ejidos y la posibilidad de acceder a la propiedad de un
lote impactó o mejor dicho interesó de manera distinta a los vecinos de un mismo
pueblo.
Los interesados elaboraban la solicitud e incluían los nombres de todos los
padres de familia que residieran en el pueblo. La solicitud era enviada al jefe
político y una vez autorizada la petición, los vecinos y autoridades municipales
iniciaban un largo camino, en el que debían sortear diferentes obstáculos. Quizás el
primer problema que enfrentaban era el financiamiento de los trabajos de medición 69El gobierno del estado remite el expediente de fraccionamiento de los ejidos del pueblo de Tekit (1899), en ATN, 1.24 (27), exp. 37.
78
topográfica y la elaboración del plano a cargo de un agrimensor, pues aunque las
autoridades municipales tenían la facultad para reunir el dinero necesario, el hecho
que no todos los vecinos del pueblo se hallaran interesados, dificultaba
severamente la recaudación del dinero que se requería. En 1880 un observador
señaló que en los pueblos de Buctzoz, Kopomá, Ekmul, Yobaín, Suma y Euán los
lotes no se habían repartido porque “se tropiezan con la dificultad de la falta de
dinero con qué pagar ingenieros que hagan la medición y deslinde
correspondiente”, o bien que “los interesados se niegan a erogarlo”.70
Desde luego, situaciones no previstas podían dificultar o de plano impedir la
recaudación de los dineros. Así aconteció en el pueblo de Mocochá en el mes de
abril de 1886. El ingeniero José Esiquio Souza había concluido con la delimitación
de los terrenos y estaba a punto de fraccionarlo cuando tuvo que suspender sus
trabajos porque el presidente municipal dejó de suministrarle dinero debido a que
“los padres de familia se encuentran escasos para seguir costeando los gastos de
esta mensura por la escasez de grano que los agobian”.71
Algunas otras autoridades municipales lograron vencer las dificultades
económicas. Por ejemplo, en 1885 la junta municipal del pueblo de Abalá logró
negociar el patrocinio de la mensura de sus ejidos con el hacendado Carlos Peón,
propietario de Temozón, una de las fincas henequeneras más importantes, ubicada
en su jurisdicción municipal. El hacendado se comprometió a financiar los gastos
de “todos los ejidos de este pueblo *y+ hechas las divisiones o porciones para la
distribución equitativa entre los padres o cabezas de familia”, a cambio, las 70Gobernador del aquel estado de Yucatán por el despojo de los expedientes de reparto de ejidos de los pueblos de Budzotz, Kopomá, Ekmul, Yobaín, Suma y Um{n”, en ATN, 1.24 (27), exp. 60. 71Mensura y división de ejidos del pueblo de Mocochá (1888), en ATN, 1.24 (27), exp. 3.
79
autoridades locales le cederían “seis millones, doscientos veinte y dos mil,
doscientos veinte y dos varas de los terrenos del pueblo“ (436 hect{reas
aproximadamente), para anexar a su propiedad. El acuerdo especificaba que si el
terreno otorgado a Peón resultaba menor a la extensión fijada, el hacendado no
tendría derecho a reclamar nada. En cuanto a los gastos, si el monto de los ejidos
era menor al valor legal del terreno que se le concedía, conforme a la tarifa para
terrenos nacionales vigente, Peón quedaba obligado a pagar la diferencia faltante
al municipio de Abalá. Si resultaba lo contrario, el hacendado asumiría los gastos
excedentes.72 En otro caso, en donde la recaudación del dinero se llevó a efecto sin
problemas aparentes fue en el pueblo y municipio de Cansahcab. A cada vecino se
le asignó una cantidad con la que debía contribuir y las autoridades municipales o
un comité de vecinos se encargaron de su recaudo. El dinero se destinó a los
honorarios de los ingenieros, quienes cobraron por kilómetro de coordenada, por
cada lote, y demás gastos que surgieran.73
Además del financiamiento, existieron otros problemas relacionados con la
inconformidad de los propietarios de las fincas aledañas, la deficiente 72Vecinos del pueblo de Abalá se les miden y reparte sus ejidos (1888) en ATN, 1.24 (27), exp. 46. 73Los vecinos de Cansahcab solicitan mensurar sus ejidos (1893), en AGEY, Poder
ejecutivo, Gobernación, caja 287; El siguiente caso de 1888 de la municipalidad de Homún es un ejemplo de las diferentes estrategias de las autoridades municipales en la elaboración de un plan de recaudación. El plan proyectado por el municipio consistía en cobrar ocho por ciento del total de sus cosechas a todo el que tuviera labrado más de veinte mecates. El tesorero municipal sería el responsable de cobrar a los agricultores hasta que concluyera la medición y distribución de los lotes. Esta propuesta fue enviada al jefe político para su aprobación, pero desconocemos si fue aceptada. Sobre el reconocimiento de ejidos del pueblo de Homún (1888), en AGEY, Poder ejecutivo, Ayuntamiento, caja 251.Véase también los vecinos del pueblo de Kiní solicitan se les midan y repartan sus ejidos (1889), en ATN, 1.24 (27), exp. 52.
80
administración de las autoridades municipales, el incumplimiento de los
ingenieros y situaciones imprevistas. En ocasiones, los terrenos contemplados o
incluidos en la medición de los ejidos de algún pueblo eran usufructuados por
dueños de fincas o bien estaban denunciados como baldíos para anexarlos a alguna
propiedad. En tales circunstancias surgía la oposición de los particulares. Algunos
propietarios contaron con el apoyo de las propias autoridades municipales para
esquivar o retardar la medición y distribución de los lotes. Tal situación la vivieron
los vecinos de la cabecera política de Izamal. En 1906 los vecinos, encabezados por
Antonio Acosta Carrillo, Donaciano Reyes, Jerónimo Zetina y José Carrillo
solicitaron al gobernador la medición de sus ejidos y su petición fue aceptada. Sin
embargo, en cuanto los principales propietarios, entre los que figuraba el mismo
jefe político de dicha cabecera y el presidente del ayuntamiento de Izamal,
tuvieron la noticia, “se alarmaron y unieron para formar causa común y poder *<+
estorbar las operaciones *de+ partición y distribución de los ejidos”. A fin de
mediar en esta disputa, el ayuntamiento propuso mensurar los ejidos en un
terreno distante de Izamal “ocho o diez leguas” (33 y 41 kilómetros
respectivamente), propuesta que los vecinos no aceptaron.74
En otros casos, los propietarios entablaron juicios de oposición. Si bien la vía
legal no era la más rápida para dirimir las diferencias, sí fue eficaz para retrasar las
tareas de medición y división, pues se reanudarían hasta la resolución del juicio.
En 1909 en el pueblo de Telchac las operaciones de deslinde, fraccionamiento y
distribución de los ejidos habían concluido, pero en 1910 José Quiñones y Florencio
Peraza promovieron un juicio de oposición ante el juzgado de distrito de Mérida.
Corría el año de 1914 y el juicio promovido por la particulares aún no se
74Ejidos de la ciudad de Izamal (1906), en ATN 1.24 (27), exp. 5.
81
solucionaba y por ende los vecinos tampoco habían podido recibir sus lotes.75 Es
muy probable que muchas de las diferencias hayan sido resueltas al margen de la
legalidad, es decir, mediante convenios informales entre los interesados como los
casos siguientes en los que se acordó un intercambio de terrenos. En 1901 Ramón
Ancona Bolio, propietario de la hacienda Walix, solicitó al ayuntamiento de
Hoctún la permuta de dos terrenos que el pueblo usufructuaba, por uno de su
propiedad. El ayuntamiento aceptó realizar el intercambio y otorgó a Ancona Bolio
dos terrenos que sumaban 71 hectáreas. Asimismo, el propietario concedió al
ayuntamiento de Hoctún un terreno de 77 hectáreas y 300 pesos. El ayuntamiento
explicó que “la proposición del señor Ancona Bolio es aceptable *<+ porque los
terrenos que ofrece en permuta se hallan próximos a la población, y [porque dada]
su ubicación se hallan en mejores condiciones de divisibilidad cuando de la
distribución de los ejidos se trate”.76
Una situación similar en 1899 vivieron los vecinos de Dzidzantún cuando
Gabino Martínez, dueño de una propiedad, se opuso al deslinde porque el terreno
que serviría para los futuros lotes lo tenía denunciado como baldío. Ni los vecinos
del pueblo ni Martínez estaban dispuestos a ceder, pero luego de una larga
conferencia entre Martínez y el presidente municipal acordaron que el agrimensor
debía continuar su trabajo y tomaría del dicho terreno la extensión que fuera
necesaria para completar los ejidos, a cambio de que la municipalidad retirara, en
representación del dicho pueblo y del puerto de Santa Clara, las protestas hechas
75José Quiñones y Florencio Peraza piden que esta secretaría intervenga en el reparto de ejido del pueblo de Telchac (1913), en ATN, 1.24 (27), exp. 32. 76Ramón Ancona Bolio solicita ratificación del convenio (1905), en ATN, 1.29 (27), exp. 41.
82
contra el denuncio de un baldío. El acuerdo fue aceptado por el juez comisionado y
las autoridades municipales retiraron su protesta.77
Existen pocas evidencias de conflictos entre los pueblos por el trazado de los
ejidos. Sólo hemos encontrado un caso protagonizado por los pueblos de Tekantó y
Teya en el año de 1888. El agrimensor Rivero Alcalá se encontraba en el monte en
los trabajos de medición para los ejidos del pueblo de Tekantó. La junta municipal
de Teya se inconformó porque se estaban incluyendo unos montes que solían ser
cultivados por milperos de dicho pueblo. Para solucionar el problema, las
autoridades municipales de ambas localidades, acompañadas por sus respectivos
vecinos, se reunieron y acordaron correr la línea divisoria, la cual saldría desde la
medianía del camino entre Teya y Tekantó y penetraría “en las tierras del sitio
Ebché *<+ atravesando los montes del sitio Ebché oriente franco atravesando los
montes de Ebche, 1 026 metros 30 centímetros a los 702 metros tenían los montes
del citado sitio Ebché”.78 A partir de la escasa información disponible, puede
concluirse que los acuerdos tenían como finalidad no perjudicar a los milperos del
pueblo de Teya que solían cultivar en dichos montes.
El incumplimiento de los ingenieros, la demora administrativa de los jefes
políticos y de otros funcionarios fueron otros problemas que estorbaron
notoriamente el proceso de medición y distribución de los ejidos. En 1888, los
vecinos del pueblo de Kimbilá se quejaban de que sus ejidos aún no eran medidos
ni fraccionados. Tenían noticias que el jefe político del partido había acordado que
el síndico del ayuntamiento de Izamal se encargaría de recolectar el dinero
77El gobernador del estado remite el expediente del fraccionamiento y mensura de los ejidos del pueblo de Dzidzantún (1899), en ATN, 1.24 (27), exp. 1. 78Vecinos del pueblo de Tekantó se les miden y reparten sus ejidos (1888), en ATN, 1.24 (27), exp. 51.
83
necesario para los gastos, pero no tenían la resolución del jefe político. Los vecinos
solicitaban agilizar el proceso y para ello pidieron al jefe político que turnara al
gobernador la solicitud, “juntamente con el testimonio que acompañamos”, a la
secretaría de gobierno para que el gobernador, personalmente, nombrara al
agrimensor Julio Rendón.79
Los agrimensores también obstaculizaban la medición de los ejidos. El
municipio del pueblo de Abalá, por ejemplo, había logrado el patrocinio de un
hacendado, sin embargo, en 1886 las labores de medición aún no concluían porque
el agrimensor Julio Rendón se negaba a trabajar, sin explicar los motivos de su
decisión. La junta municipal de Abalá equiparó la actitud de Rendón con la de
otros agrimensores, que en lugar de elaborar los planos de los ejidos, recababan
información de los terrenos posibles a denunciar como baldíos. En tal sentido, la
autoridad municipal de Abalá consideró que el municipio “sufría una vejación y
una injusticia”, por lo que solicitó al gobernador el remedio definitivo.80
El caso del pueblo de Umán constituye un ejemplo extremo de las
dificultades por las que atravesaron los vecinos interesados en la propiedad de un
lote. En dicho pueblo, las diferencias y los conflictos entre los vecinos, las
autoridades municipales, los ingenieros y las demoras burocráticas duraron cerca
de 30 años. En 1875 los vecinos, encabezados por Pedro Aragón, Antonio Mena,
José Paredes y Pedro Montero, solicitaron al gobernador del estado la distribución
79Vecinos de Kimbilá denuncian demora en el proceso de medición y división de los lotes de ejidos (1888), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 248. 80Informe del Consejo de Gobierno de Yucatán al gobernador del estado sobre el reclamo que realiza la junta municipal de Abalá (1886), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 236; la junta municipal de Abalá solicita la medición de los ejidos (1887), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 243.
84
de los ejidos, comprometiéndose los jefes de familia a solventar todos los gastos.
Cuatro años después, en 1879, iniciaron las mediciones, sin embargo, los títulos no
fueron entregados y catorce años después, en 1893, los vecinos solicitaron otra
medición, pero el intento fracasó.
En 1907 los vecinos realizaron una tercera petición de ejidos. Los ingenieros
que trabajaron en la medición de los ejidos fueron Lorenzo Ancona, Rivero Alcalá
y Rafael Quintero. En opinión de los vecinos de Umán, el ayuntamiento
obstaculizó el proceso de medición y reparto esencialmente porque varios de sus
miembros habían establecido pequeñas fincas en los terrenos que serían
mensurados y divididos. Al mismo tiempo, las autoridades municipales se
retrasaron en los trámites burocráticos y entregaron censos que reportaban un
número mayor de padres de familias de lo que existían para obtener lotes
excedentes, los cuales serían concedidos a determinadas personas. Además en la
tercera ocasión, el ayuntamiento se opuso a que los vecinos Alvino González y
Dámaso Cetina, continuasen colectando el pago, acusándolos de no entregar los
honorarios al ingeniero, pese a que recogían puntualmente el dinero de los
vecinos. Las autoridades municipales cometieron varias irregularidades a la hora
de repartir los lotes. Por ejemplo, a las viudas no se les entregó el lote que les
correspondía. Finalmente en 1908 los vecinos aparecen solicitando, de nueva
cuenta, la medición de sus ejidos.81
81Vecinos de la villa de Umán se les miden y reparten sus ejidos (1888) en ATN, 1.24 (27), exp. 50. Véase el caso del pueblo de Yobaín del partido de Temax. Los trabajos comenzaron en 1892 pero enfrentaron varias dificultades, la primera fue la contratación de un ingeniero para los trabajos, posteriormente se enfrentaron a la oposición de un propietario de una finca, también a los particulares que denunciaban los terrenos medidos como baldíos, la demora de los agrimensores, entre otros obstáculos. Desconocemos en qué terminaron los esfuerzos de los
85
Las páginas anteriores han dado un panorama general de las distintas
circunstancias que retrasaban el proceso de medición, división y distribución de
los ejidos. En un esfuerzo por acelerar el proceso de medición, el 18 de septiembre
de 1882 el gobierno local envió a los jefes políticos una orden que permitía a los
padres de familia contratar al agrimensor “que les merezca m{s confianza” sin
intervención de las autoridades municipales.82 También se les enviaba
recordatorios a los jefes políticos para que los cuerpos municipales de su
jurisdicción aligeraran la medición de sus ejidos.83
De acuerdo a datos oficiales, entre 1878 y 1912, se fraccionaron, 66 ejidos,
cuya extensión total sumó 133 598 hectáreas. El tamaño promedio de cada lote fue
de 11 hectáreas y se otorgaron en propiedad cerca de 12 177 hectáreas.84 Sin
embargo, en el archivo de Terrenos Nacionales existen aproximadamente 81
solicitudes, de las cuales en 56 fueron acotadas y distribuidas los lotes; 34 de ellas
se encontraban en el noroeste del estado, la zona de mayor dinamismo económico
en el último cuarto del siglo XIX por la expansión de la haciendas henequeneras.
vecinos de Yobaín, pero corría el año de 1908 y aún no recibían sus títulos de propiedad de los lotes de sus ejidos. Yobaín. Los vecinos de este pueblo perteneciente al partido de Temax piden se les expidan sus títulos de propiedad (1888), en ATN, 1.24 (27), exp. 48. 82En Ancona, Colección de leyes, VI, 253-254. 83“Excita a los cuerpos municipales para que se lleve al cabo la mensura y distribución de los ejidos entre los padres de familia” (8 de febrero de 1886), en Ancona, Colección de leyes, VII, 10; “Recuerda el cumplimiento de la circular de 8 de febrero” (26 de mayo de 1886), en Ancona, Colección de leyes, VII, 54; “Que la distribución de los ejidos de los pueblo se haga solo entre los padres o cabezas de familia” (28 de mayo de 1886), en Ancona, Colección de leyes, VII, 55; “Sobre reparto de lotes de los ejidos de los pueblos” (21 de noviembre de 1889), en Ancona, Colección de leyes, VIII, 365. 84Palomo Valencia, Los ejidos de Yucatán, 29.
86
En aquellos pueblos en donde se delimitaron los ejidos no se perjudicó a las
haciendas, ranchos y demás propiedades privadas, por lo que físicamente los
ejidos podían estar contiguos o no al pueblo. Por otro lado, la superficie de los lotes
varió de un pueblo a otro, pues todo dependió del número de habitantes y del
terreno disponible. En aquellas poblaciones rodeadas por propiedades privadas,
los lotes solían ser de poco tamaño, por ejemplo, los vecinos del pueblo de Abalá
recibieron lotes de cinco hectáreas, los de Hunucmá de siete hectáreas y los de
Timucuy nueve hectáreas. En cambio, los vecinos de los pueblos del sur y oriente
de la península recibieron lotes considerablemente mayores. Por ejemplo, los de
Tzucacab, pueblo ubicado al sur del estado, recibieron lotes de 23 hectáreas, y en el
oriente los lotes del pueblo de Buctzotz y Tibolón medían 27 y 32 hectáreas,
respectivamente.85 Para tener una idea gr{fica de los denominados “ejidos” véase
en las páginas 88 y 89 los planos 1 y 2 de los pueblos de Chablekal y Maxcanú,
respectivamente, ambos situados en el noroeste yucateco, donde se desarrollaba la
industria agrícola henequenera.
Se puede considerar que en los pueblos donde se midieron y distribuyeron
los lotes se debió al esfuerzo tenaz de los vecinos interesados en la propiedad del
lote o ampliar la que poseían con anterioridad. En 1884, los miembros de la junta
municipal de Kantunil se reunieron con “los interesados en la distribución de los
lotes trazados” y acordaron que los propietarios de algún sitio, paraje y/o solar 85Fraccionamiento y reparto de los ejidos de Abalá (1882), en ATN, 1.24 (27), exp. 16; Fraccionamiento y reparto de los ejidos de Timucuy (1882), en ATN, 1.24 (27) exp. 16; Vecinos de Tzucacab se les miden y reparten sus ejidos (1909), en ATN, 1.24 (27), exp. 43; Fraccionamiento y reparto de los ejidos del pueblo de Hunucmá (1908), en ATN, 1.24 (27) exp. 87; Fraccionamiento y reparto de los ejidos de Tibolón (1908), en ATN, 1.24 (27), exp. 84; El gobierno remite el expediente de mensura y fraccionamiento de los ejidos de Buctzotz (1905), en ATN, 1.24 (27), exp. 76.
87
recibirían un lote lo más inmediato a sus propiedades, en tanto que a los
funcionarios municipales se les otorgaría el lote que eligiesen.86 En otros casos, los
vecinos iniciaron un mercado de tierras con los lotes recibidos, como se aprecia en
el pueblo de Tekit. En 1901 Silvestre Rodríguez solicitó a la junta municipal de
Tekit que el lote que le correspondía se situara junto a los demás lotes que
compraría para anexarlos a sus parajes Hobobachén y Panabchén.87 En efecto,
algunos vecinos aprovecharon para comprar los lotes a quienes deseaban venderlo.
Manuel Lara, vecino del pueblo de Tekit, adquirió varios lotes “por cesión que le
hicieron sus propietarios”, y los anexó a su paraje Chacteilá. A Paula Castro, viuda,
le correspondió el lote 398, pero compró los lotes correspondientes a sus hermanos
y vecinos para incluirlos al perímetro de su paraje Akal. Finalmente, Fernando
González compró un total de 10 lotes para expandir su paraje Susulá.88 Al final de
la distribución, la junta municipal de Tekit informó al gobernador que mediante la
repartición de las fracciones de ejidos entre los vecinos “no se ha perjudicado a
ningún poseedor, antes al contrario han ampliado y mejorado su posesión con la
distribución de dichos ejidos”.89
86Vecinos de Kantunil se les miden y reparten ejidos (1886), en ATN, 1.24 (27), exp. 28. 87El gobierno del estado remite el expediente de fraccionamiento de los ejidos de Tekit (1889), en ATN, 1.24 (27), exp. 37. 88Véase El gobierno del Estado remite el expediente de fraccionamiento de los ejidos de Tekit (1889), en ATN, 1.24 (27), exp. 37. 89Véanse El gobierno del Estado remite el expediente de fraccionamiento de los ejidos de Tekit (1889), en ATN, 1.24 (27), exp. 37. En 1902, el ayuntamiento de Umán levantó un padrón con 699 padres de familia, número mayor a la población real. La intención de las autoridades municipales era vender los lotes a personas que desearan ampliar su propiedad, como en efecto sucedió. Vecinos de la villa de Umán, miden y reparten sus ejidos (1888), en ATN, 1.24 (27), exp. 50.
88
Plano 1
Los ejidos del pueblo de Chablekal, 1909
89
Plano 2
Los ejidos del pueblo de Maxcanú, 1909
90
También los propietarios de las fincas circunvecinas participaron en el
mercado de tierras mediante la adquisición de uno o más lotes. Por ejemplo, entre
1907 y 1908, José Rendón, propietario de Dzidzilché, San Lorenzo, Ycaban y San
Esteban, ubicadas en el municipio de Halachó, compró los lotes 30, 31, 32, 34, 35 y
48 a sus propietarios directos o personas que anteriormente habían comprado a los
propietarios originales.90 En Maxcanú, los terrenos fraccionados y distribuidos
quedaron en manos de pequeños y grandes propietarios.91
Las autoridades municipales no se mantuvieron al margen de estas
transacciones. Al tener el control de los trabajos de medición, muchas autoridades
especularon con los lotes; así lo denunciaron en 1876 los vecinos de Oxkutzcab,
quienes acusaron a la junta municipal de vender los ejidos y beneficiar a unos
cuantos vecinos que estaban acaparando la gran mayoría de ellos.92 Algunas
municipalidades ordenaron medir y fraccionar más terrenos de lo correspondiente
o engrosaron el censo para obtener lotes excedentes que pondrían a la venta. En
1886, en el pueblo de Sitpach el agrimensor omitió dividir dos extensiones de
terrenos que correspondían al ejido del pueblo. Uno de ellos, de 12 hectáreas, fue
anexado a la finca San José Thomás, propiedad de José Dolores Gómez, comisario
90Dotación del pueblo de Halachó, en RAN-Mérida, Carpeta básica, exp. 23/5592 C-516. 91Dotación del pueblo de Maxcanú, en RAN-Mérida, Carpeta básica, exp. 23/101 C 34. 92Los vecinos eran Patricio Pacho, Leonardo Pacho, Macedonio Romero, Alejo Cruz, Elías Baeza, José María Briceño, Manuel Nieves, Nicolás Cámara, Estanislao Herrera, Paulino Cámara, Manuel Escobedo, Julián Cámara, Luciano Chulim, Facundo Martín y Antonio Tuz. Queja de los vecinos contra sus autoridades municipales (1876), documento reproducido en Rosales, Oxkutzcab, 205-206.
91
municipal de Sitpach.93 En otro caso, en 1892 en el pueblo de Temax el agrimensor
midió una extensión mayor de lo necesario, y los terrenos sobrantes fueron
vendidos a Trinidad Aranda y a Luciana Pérez. El agrimensor se defendió
diciendo: “me ordenaron que yo midiera los terrenos citados que estuvieran a m{s
de una legua pues los estaban poseyendo *<+ desde tiempo inmemorial”.94
Como hemos podido apreciar, la orden de medición y distribución de los
lotes impactó a la población rural de un modo distinto, toda vez que los habitantes
de un mismo pueblo la percibieron y respondieron de acuerdo a sus necesidades
agrícolas, y sus deseos o no de poseer una propiedad. Lo anterior influyó de
manera decisiva en su lentitud para llevarla a efecto y su alcance fuera distinto de
un pueblo a otro. No obstante lo anterior, no debe perderse de vista el estrecho
vínculo que existía entre la circular del 10 de diciembre de 1870 con el proceso
privatizador, pues su promulgación tenía el propósito de identificar en dónde
terminaban los espacios agrícolas de los pueblos y dónde comenzaban los terrenos
baldíos susceptibles de ser vendidos. Dicho con otras palabras, la orden de medir y
93José Ruperto López por abusos cometidos en la mensura y distribución de ejidos (1886), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja, 243. 94Los vecinos de este pueblo perteneciente al partido de Temax piden se les expidan sus títulos de propiedad (1888), en ATN, 1.24, (27), exp. 48. Este expediente se encuentra como anexo al documento de medición y fraccionamiento de los ejidos de Sitpach. Véase también el caso de Umán, en 1902, su ayuntamiento engrosó el número de vecinos con derecho a una fracción de ejido. En su tercer intento, la autoridad municipal levantó un padrón con 699 padres de familia, número mayor a la población real, con el objetivo de vender a distintas personas los lotes o terrenos sobrantes. Así Calixto Quintal adquirió 500 mecates (20 hect{reas); Oviedo, dueño del paraje Jundzutkuk, compró “otra porción”; Guadalupe Chacón, síndico del ayuntamiento y dueño del paraje Santa Elena, obtuvo una porción y Atilano González adquirió otra porción, en donde cultivó henequén. Vecinos de la villa de Umán se les miden y reparte sus ejidos (1888), en ATN, 1.24 (27), exp. 50.
92
distribuir los ejidos buscaba evitar que las formas tradicionales de usufructuar los
montes obstaculizara el proceso privatizador de la segunda mitad del XIX. Cada
vez que se denunciaba un terreno baldío, el procedimiento que seguían las
autoridades correspondientes era verificar si en verdad eran baldíos o ejidos de los
vecinos de los pueblos. En 1886 el juez de distrito de Mérida mandó al jefe político
“levantar el plano del pueblo de Sitpach con sus ejidos a fin de tener ese dato
seguro para apreciar si el denuncia que han hecho de unos terrenos los ciudadanos
Paulino Quijano y José R. López, pertenecen a los ejidos o son realmente baldíos”.95
Ahora bien, el hecho que los ejidos de los pueblos no estuvieran
debidamente medidos y distribuidos no obstaculizaba el proceso privatizador,
pues los agrimensores podían verificar los terrenos denunciados por medio un
simple ejercicio de cálculo para determinar si se trataba de un terreno baldío o de
los ejidos. Por ejemplo, en 1907 Trinidad Aranda denunció como baldío un terreno
cercano al pueblo de Yobaín. Dicho pueblo se encontraba en espera de solucionar
las diferencias que había tenido con el agrimensor encargado de realizar el plano
de sus ejidos, pero como el terreno denunciado se encontraba a una distancia
mayor de una legua del pueblo fue considerado baldío y se otorgó la venta.96
Para concluir este apartado, se puede considerar que la orden de medir y
distribuir los ejidos contenida en la circular del 10 de diciembre de 1870 forma
parte del grueso corpus legal que buscaba privilegiar y consolidar los derechos de
propiedad frente al usufructo consuetudinario, “comunal” e “itinerante” de los
recursos agrarios a lo largo del siglo XIX. Es clara la relación que guardaba la 95Verificación de los terreno denunciados por Paulino Quijano y José R. López (1886), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 240. 96Yobaín. Los vecinos de este pueblo perteneciente al partido de Temax piden se les expidan sus títulos de propiedad (1892), en ATN, 1.21 (27), exp. 48.
93
circular con el proceso de privatización toda vez que permitió a las autoridades
liberales distinguir donde se hallaba los terrenos baldíos. Sin embargo, a pesar de
la facilidad para distinguir los baldíos, su denuncia y venta no fue un proceso
sencillo debido a que los milperos de Yucatán lograron poner en marcha un
conjunto de estrategias que lograron obstaculizar la privatización de sus montes
como veremos en el apartado siguiente.
2.4 La defensa de los rumbos
En el último cuarto del siglo XIX, los milperos se enfrentaron a la privatización de
los montes que cultivaban en condiciones muy distintas a la primera mitad del
siglo. Para empezar la Constitución federal de 1857 abolió la personalidad jurídica
de los pueblos, ayuntamientos y otras corporaciones para poseer y administrar
bienes raíces de manera colectiva, así como la facultad para iniciar litigios o
cualquier otro trámite oficial como sujetos colectivos de derecho. Años después, en
Yucatán las antiguas repúblicas indígenas desaparecieron definitivamente de la
escena política en 1868.97 Los milperos resintieron la ausencia de las
experimentadas repúblicas indígenas porque los habían representado y defendido
desde la época colonial. Al respecto, el testimonio de los vecinos del barrio de
Santiago de la ciudad de Mérida en el año de 1869 es elocuente: “se acabaron las
repúblicas indígenas que eran las que se representaban por los ejidos, y hemos
97Sobre la desaparición de las repúblicas indígenas véase el decreto “Suprime las llamadas repúblicas indígenas” (decreto de 12 de septiembre de 1868), en Ancona, Colección de leyes, III, 301.
94
tenido conocimiento de aquella adjudicación porque el señor Rosendo nos
prohibió hacer milpas *<+ como desde tiempo inmemorial”.98
En otras palabras, las autoridades municipales y las repúblicas indígenas
que habían contribuido a frenar la política privatizadora en la primera mitad del
siglo XIX quedaron sin posibilidades de intervenir en la venta de los terrenos
baldíos de la segunda mitad. Sin embargo, debido a su amplia experiencia como
litigantes, adquirida y acumulada a lo largo del periodo colonial y la primera
mitad del siglo XIX, la capacidad de los indígenas y las autoridades municipales
para frenar el proceso privatizador en el ámbito de la legalidad no disminuyó. A
este respecto, Daniela Marino ha demostrado que los pueblos decimonónicos
poseían una cultura jurídico-política conformada por ideas, prácticas, valores y
expectativas de raigambre colonial y elementos de la modernidad jurídica liberal.
A lo largo del siglo XIX, los grupos indígenas participaron en el sistema jurídico con
los conceptos y prácticas diseñados desde el poder y con sus propias prácticas y
estrategias para obtener justicia. Estas últimas aunque no eran consideradas legales
por el Estado, eran toleradas.99
Frente a la denuncia de los montes como baldíos, los milperos de los
pueblos yucatecos no dudaron en acudir a sus autoridades municipales. Este hecho
no era casual, apenas unas décadas atrás, ayuntamientos y juntas municipales
98A Bonifacio Rosado se le adjudica un terreno baldío sito en la municipalidad de Mérida (1867), en ATN, 1.24 (27), exp. 8. 99Marino, “La modernidad a juicio”, 3. Esta autora realiza un amplio estudio sobre la cultura jurídico-política de los pueblos rurales multiétnicos del centro de México en la segunda mitad del siglo XIX. Este periodo es considerado por la autora de transición porque el estado se ocupa del establecimiento de un sistema moderno de administración de justicia, en tanto la sociedad en su conjunto comenzaba, no sin dificultades, a adoptar la cultura jurídica moderna. Véase en específico el capítulo 3 de dicho trabajo.
95
habían sido sus más férreas defensoras del embate privatizador y las más firmes
opositoras del proyecto ganadero, de modo, que acudir a las instancias
municipales para exponer su difícil situación, y “oponerse a la pretensión” de los
denunciantes, fue la opción más viable que encontraron los milperos para impedir
la pérdida de sus montes. En 1870 el ayuntamiento de la villa de Maxcanú “en
sesión extraordinaria” escuchó a los “ciudadanos indígenas Mariano Baas, Fermín
Kantún, Román Baltasar Cocom, Eusebio Collí, Anastasio Cau Chan, Gregorio Cau
y Nicolás Ventura”, quienes solicitaron su apoyo para suspender la venta del
paraje “que se halla al oeste de la hacienda Nipuc”. Los “ciudadanos indígenas”
argumentaron que en dicho paraje se hallaban “sus sementeras y labranzas de
varias clases, único patrimonio con el que cuentan para el sustento de sus
familias”.100
Otro caso similar ocurrió en el mes de noviembre de 1875 en el pueblo de
Uman. La junta municipal se reunió en sesión extraordinaria debido a que “un
número de vecinos e indígenas de este pueblo, reunidos en las galerías de la casa
municipal de este mismo, pedían audiencia para manifestar sus verdaderos
sentimientos”. Ante las autoridades municipales, los “vecinos e indígenas”
relataron cómo las denuncias de terrenos baldíos y las mensuras realizadas por los
dueños de las propiedades privadas estaban “dejando sentir sobre ellos graves
perjuicios que acaso los sumergir{n a una horrible miseria”, por lo que “imploran
la cooperación de esta H. Junta para que por su medio haga valer ante la
100Juan Rivero se le adjudica un terreno baldío sito al poniente de la hacienda de Chocholá (1871), en ATN, 1.21 (27), exp. 55.
96
superioridad la voz del pueblo, y se digne dictar la devolución de los terrenos
citados por los expresados terratenientes”.101
Las autoridades municipales no fueron insensibles a las súplicas y
peticiones de los milperos. El ayuntamiento de la villa de Maxcanú, después de
escuchar a los quejosos, consideró “justo” el reclamo de los citados indígenas
porque “viven de la agricultura y de ningún otro tipo de industria se proporcionan
el sustento necesario, pues en la total escasez de terreno que hay en este municipio
hace más imperiosa tal necesidad”.102 Por su parte, la junta municipal del pueblo de
Um{n, consideró por “unanimidad” oponerse “contra todo lo que se ha practicado
y practica en los terrenos” denunciados como baldíos por considerarlo “perjudicial
a los intereses de la municipalidad”.103 Ambas autoridades, el ayuntamiento de
Maxcanú y la junta municipal de Umán enviaron sus peticiones al jefe político de
Maxcanú y Hunucmá, respectivamente, para que éstos, a su vez, las enviaran al
gobernador del estado y resolviera la situación de los milperos.
La exposición y petición directa de los milperos a sus autoridades
municipales y de éstas al gobernador del estado era una antigua práctica heredada
del régimen colonial y la primera mitad del siglo XIX, que consistía en apelar y
suplicar a la máxima autoridad, de quien esperaban ejerciera la justicia.104 El caso
101Tom{s Mediz O’horan denuncia un terreno baldío, sito en la municipalidad de Umán (1875), en ATN, 1.24 (27), exp. 79. 102Juan Rivero se le adjudica un terreno baldío sito al poniente de la hacienda de Chocholá (1871), en ATN, 1.21 (27), exp. 55. 103Tom{s Mediz O’horan denuncia un terreno baldío, sito en la municipalidad de Umán (1875), en ATN, 1.24 (27), exp. 79. 104Carlos Garriga explica que en el antiguo régimen la función principal del poder político era hacer justicia, y en la medida que ésta se identificaba con el mantenimiento del orden social y político establecido, quien ejerciera el poder tenía entre sus funciones más importantes la resolución de los conflictos de
97
de Telchac en el año de 1888 muestra en primer término, el recorrido que seguía la
petición de los milperos por las diferentes instancias hasta llegar al gobernador, y
en segundo, la firme convicción de las autoridades municipales de que al ejecutivo
le correspondía resolver la petición. Los habitantes de pueblo de Telchac acudieron
al comisario municipal para evitar la denuncia realizada por Luciano A. Sánchez.
Dicha autoridad se dirigió a la junta municipal del pueblo de Motul, a la que
pertenecía, para comunicarle que el terreno denunciado “siempre se ha
considerado como ejido de este puerto porque allí es donde hacemos nuestras
labranzas, esto dio lugar a que yo [el comisario municipal], en unión de los vecinos
de este puerto protestáramos los procedimientos del referido agrimensor [Narciso
Campos]”. A su vez, la junta municipal envió esta protesta al jefe político de
Motul, y este último al gobernador “para lo que haya lugar”. 105 En otro caso
acontecido el 2 de octubre de 1892, la junta municipal del puerto de Santa Clara
explicó al jefe político de Motul que era útil y conveniente oponerse a la denuncia
de Rafael Sosa, pues los vecinos del puerto de Santa Clara “libran su subsistencia”
en dicho terreno. La junta municipal remató su petición confiando “en que usted
mire *<+ a los nuestros para que el C. Gobernador los apoye eficazmente dado sus
sentimiento de honradez y justicia”. 106
Las apelaciones de los milperos no seguían forzosamente este orden que
comenzaba con las autoridades municipales y culminaba con el gobernador.
acuerdo a los derechos y deberes constituidos o radicados en el orden jurídico. Garriga, “Orden jurídico”, 17-18. 105El comisario municipal en unión de los vecinos de Telchac protestan ante la denuncia de Luciano A. Sánchez (1888), en AGEY, Poder ejecutivo, Ayuntamiento, caja 251. 106Vecinos de Santa Clara se oponen a la denuncia hecha por Rafael Sosa (1893), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 280.
98
Paralelamente a sus autoridades municipales, los milperos también dirigieron sus
peticiones y súplicas a otras autoridades del ámbito local y federal,107 así acudieron
al presidente de república, al gobernador, al juez de distrito, al secretario de
fomento y al jefe político para oponerse a las pretensiones de compra de los
particulares, solicitar que no se aprobaran las denuncias de los terrenos baldíos, o
bien que los baldíos ya concedidos en venta les fueran devueltos. En los siguientes
casos, los indígenas se dirigen a las autoridades federales solicitándoles persuadir
a las autoridades locales, para que éstas últimas los favorecieran en sus fallos. En
1892 los milperos de Motul se dirigieron al ministro de fomento para que
intercediera por ellos ante el juez de distrito del estado, autoridad encargada de
recibir y aceptar los denuncios de los terrenos baldíos, para que “nos deje de
perturbar en nuestro trabajos de labrar los campos”.108
El otro caso ocurrió el 31 de marzo de 1894, Feliciano Chi, Juan de la Cruz
Kú, José Nabor Pool, m{s 20 “indígenas vecinos” del pueblo de Cepeda,
perteneciente al partido de Maxcanú, le escribieron al presidente de la república,
Porfirio Díaz, “implorando su paternal protección a fin de que lo recomiende de
este modo al juez de distrito de este estado por ser de justicia”. Los indígenas
explicaron que se hallaban asentados en un lugar pequeño y que continuamente 107Esta costumbre de recurrir a varias instancias evidencia que entre los milperos permeaba la noción de antiguo régimen de que la justicia se encontraba disperso en el cuerpo social y era ejercido tanto por el soberano como por sus funcionarios. Garriga, “Orden jurídico”, 11-12. 108Vecinos del pueblo de Motul se quejan de que a consecuencia de haberse admitido y adjudicado como baldíos terrenos perteneciente a sus ejidos, (1892), en ATN, 1.21, (27), exp. 55. Un caso similar ocurrió con los milperos de Caucel, en 1896 acudieron al ministro de fomento para que dicha instancia persuadiera al juzgado de distrito de no aprobar la denuncia de un terreno realizado por el señor Zorrilla.”Ramon Castillo Guzmán y 102 vecinos más del pueblo Caucel piden que no se apruebe el denuncio del C. Ovidio Zorrilla (1896), en ATN, 1.21 (27), exp. 41.
99
eran amenazados por las denuncias de los particulares. Temían que su lugar de
residencia fuera vendida y de “caer por consiguiente bajo el dominio de los que
viniesen a ser dueños”. Sin más que sus argumentos, los indígenas señalaron que
siempre habían sido amenazados por los particulares pero “por fortuna todos los
gobiernos establecidos impidieron este abuso y nos tendieron una mano bien
hechora”. En su testimonio, los indígenas de Cepeda proporcionan un panorama
de la relación política, basado en el amparo y la protección que habían mantenido
con el gobierno federal y local. En 1851 “uno de tantos gobiernos impidió la venta
de nuestro lugar”, pero entre 1874 y 1878 “el amparo y la protección” fue “m{s
enérgica y poderosa” por haber tenido como base las “disposiciones determinantes
del gobierno general de la nación”. Asimismo, también expresaron la ayuda que
recibieron del congreso estatal y de los gobernadores, particularmente de José
María Iturralde, Eligio Ancona y Manuel Romero Ancona, quienes al concederles
el cambio de categoría de rancho a pueblo, cerraron “por completo la puerta a
todos los abusos”.109
¿Qué alcance tenían estas apelaciones y súplicas de los milperos enviadas a
las autoridades locales y federales? Pocos. Un cambio sustancial producido en el
proceso de formación y consolidación del Estado mexicano en el siglo XIX, lo
constituyó el hecho de que la justicia se convirtió en uno de los poderes en los que
se dividía el Estado y dicho poder era el único encargado de impartirla. En tal
sentido, quien encabezaba el poder político no tenía facultades para ejercer la
justicia como tampoco las antiguas corporaciones y sus fueros. Al mismo tiempo y
en estrecha relación con lo anterior, la noción de justicia también sufrió cambios
109Feliciano Chi y otros vecinos del pueblo de Cepeda piden protección para no ser inquietados en la posesión del rancho Cucab en el partido de Maxcanú, en ATN, 1.21, (27), exp. 342.
100
sustanciales, pues ya no se llegaba a ella a través de argumentos razonables y/o el
reconocimiento de prácticas instituidas, sino mediante la correcta aplicación de la
ley y determinada en exclusiva por los órganos judiciales establecidos por el
propio Estado. La aparición de los códigos y el constitucionalismo, a lo largo del
siglo XIX, dieron lugar a un absolutismo jurídico, que no reconocía más que a los
órganos y las reglas fijadas por el Estado.110
En este contexto, las apelaciones y súplicas de los milperos de la segunda
mitad del siglo XIX eran escuchadas, pero no fueron resueltas por las autoridades
locales y federales a las que estaban dirigidas. Después de leer las peticiones, el jefe
político, el juez de distrito, el gobernador, el ministro de fomento y el presidente de
la república declaraban que no era de su competencia resolverlas sino de las
instancias judiciales mediante los recursos legales provistos por la ley como el
juicio de oposición. En 1870, el ministro de fomento, después de leer la petición de
los milperos del barrio de Santiago para declarar “nulo el título de propiedad
expedido en el año de 1863” a don Bonifacio Rosado, respondió que no podía
resolver su petición porque “no es el gobierno el que ha de resolver la cuestión
sino la autoridad judicial, pues se nota sobre derechos del terreno, y que a ella
deben ocurrir”.111 En 1882 los vecinos de Kinchil y Tetiz manifestaron al ministro
de fomento su oposición a la denuncia otorgada a Casiano Pérez. El funcionario
respondió “Consultadas las leyes *<+ no se ha encontrado mérito bastante para
declarar que dicha adjudicación especula en todas sus partes, y que si algún
110Arenal, “El discurso”, 306. 111Juan Francisco Molina se le adjudica un terreno baldío en jurisdicción de Mérida (1870), en ATN, 1.24, (27), exp. 13.
101
derecho puesto y fundado creen tener lo deduzcan ante los tribunales que
corresponda”.112
Dicho de otra manera, las autoridades locales y federales exhortaron a los
milperos dirigir sus oposiciones y solicitudes conforme a los procedimientos
legales establecidos. En 1871 “muchos vecinos del pueblo de Timucuy” se
presentaron ante el juzgado de distrito para protestar por la denuncia realizada
por Perfecto Solís León. El fiscal señaló a “aquellos individuos” que debían
promover un juicio de oposición conforme al artículo 16 de la ley del 20 de julio de
1863, 113 el cual señalaba que si hubiera algún opositor, el terreno denunciado como
baldío no se le entregaría al denunciante hasta concluir el juicio de oposición entre
el opositor y el denunciante, “teniendo también por parte al representante de la
Hacienda federal”.114
Convencer a los milperos de utilizar la vía judicial para frenar las denuncias
de los montes no fue tarea sencilla. En 1876 los vecinos de Umán se quejaron ante
el presidente de la república porque el juez de distrito los había llamado a juicio de
oposición y lo consideraban nada viable e injusto porque “nuestros escasos
recursos no nos permiten entrar en un prologando litigio a que nos quiere obligar
112Vecinos de Kinchil y Tetiz piden se les repartan los terrenos que han poseído como ejidos (1882), en ATN, 1.24, (27), exp. 161. Véase también caso del pueblo de Umán. En 1875 el gobernador consideró que la oposición de los milperos y su junta municipal debía proceder mediante un juicio de oposición. Tomás Mediz O´Horan denuncia un terreno baldío, sitos en la municipalidad de Umán (1875), en ATN, 1.24 (27), exp. 79. 113Perfecto Solís León denuncia un terreno baldío en el pueblo de Timucuy partido de Acanceh (1871), en ATN, 1.21 (24), exp. 48. 114 En Fabila, Cinco siglos, 134.
102
injustamente la inasible codicia de ricos propietarios”.115 El artículo 24 de la ley
constitucional para el gobierno interior de los pueblos del estado de Yucatán de
1862 había concedido a los municipios la facultad para “defender los ejidos de sus
pueblos”.116 Los municipios podían defender dichos ejidos en juicios o por medio
de sus síndicos procuradores o de apoderados siempre que el asunto se siguiera
fuera del municipio en que residieran “así como todo cuanto pertenezca al común
de los pueblos de su municipalidad” y perjudicara el bienestar de sus vecinos.117
Pero además, el artículo 25 señalaba que otra de las obligaciones de las autoridades
municipales era defender los terrenos baldíos inmediatos a sus municipios de la
enajenación, siempre y cuando los vecinos los necesitaran o se encontrasen
poblaciones en dichos terrenos.118 Ambas disposiciones se mantuvieron vigentes el
resto del siglo XIX y no fueron derogadas sino hasta 1906 cuando la nueva ley
constitucional para el gobierno interior de los pueblos del estado contempló como
única obligación de los municipios procurar la medición y distribución de los
ejidos ordenada por la circular del 10 de diciembre de 1870.119
Sin embargo, aun cuando la ley local permitía a las autoridades municipales
emprender un juicio, éstas se resistieron. En ese mismo año de 1876, el juez de
distrito invitó a la junta municipal del pueblo de Umán a que por la vía judicial
115Vecinos del pueblo de Umán piden se declare que no son denunciables los ejidos y estos se distribuyan conforme a la suprema reducción relativa de 10 de diciembre de 1870 (1876), en ATN, 1.24 (27), exp. 81. 116Esta situación puede observarse en el Estado de México. Los jefes políticos tenían la capacidad de otorgar o no permiso a los pueblos y ayuntamientos para litigar y defender sus bienes corporativos. Véase a Marino, “La modernidad a juicio”, 245-249. 117En Ancona, Colección de leyes, II, 331-332. 118En Ancona, Colección de leyes, II, 332. 119En Textos: Constitución política, 102.
103
procediera su oposición a la denuncia realizada por David Vales. Dicho juez le
otorgó cuatro días para que formalizara el juicio de oposición, advirtiéndole que de
no hacerlo se le declararía como “desistido y se proseguir{ con el denuncio”. La
junta municipal no formalizó el juicio y el juez distrito le otorgó una prórroga de
cuatro días más. Finalmente, la autoridad municipal no se presentó y el fiscal
procedió con el proceso de venta del terreno denunciado como baldío.120
Los que intentaron frenar las denuncias de los particulares mediante un
juicio de oposición debían demostrar que el monte en disputa formaba parte de los
ejidos concedido por la circular del 10 de diciembre de 1870. Cuestión nada sencilla
si recordamos que los montes que usufructuaban los grupos familiares podían
hallarse distantes al pueblo, es decir, fuera del perímetro otorgado en la citada
circular. En 1870 la junta municipal de Timucuy contrató al licenciado Ricardo Río
para que defendieran los terrenos “donde tienen sus labranzas los indios” y que
habían sido denunciados como baldíos Perfecto Solís. Sin embargo, la junta
municipal desistió continuar el juicio de oposición después de que en las
averiguaciones previas se determinara que el terreno “se halla fuera de los ejidos
de la población”.121
En 1896 el ayuntamiento de Tixkokob había contratado a un abogado para
que promoviera un juicio de oposición por la denuncia de un terreno baldío al
oriente del pueblo de Ekmul realizada por Pedro Hernández. Al no poder
demostrar que los montes denunciados se encontraban dentro de los límites
estipulados en la circular del 10 de 1870, la municipalidad desistió continuar con el
120David Vales denunció un terreno baldío de 859 hectáreas, sito al oeste de pueblo Umán (1876), en ATN, 1.21, (27), exp. 85. 121Solís Perfecto se le adjudica un terreno baldío en jurisdicción de Mérida (1870), en ATN, 1.21 (27), exp. 15.
104
juicio.122 Peor suerte tuvieron los habitantes del pueblo Nolo, cuando en 1886 su
comisario municipal intentó emprender un juicio de oposición en contra de la
denuncia de un terreno realizada por José Encarnación Cámara. El juez de distrito
les negó toda posibilidad de continuar con sus intenciones porque de acuerdo al
artículo 27 de la Constitución federal “el Ayuntamiento de Tixkokob, el comisario
municipal de Nolo y los vecinos de este último pueblo carecen de personalidad
para oponerse al denuncio del terreno”.123
Convencidas de las dificultades para emprender un juicio de oposición, las
autoridades municipales optaron por otras vías legales que consideraron más
seguras para poner a salvo los montes donde cultivaban los milperos. Es así como
ayuntamientos y juntas municipales en lugar de oponerse a la denuncia de un
baldío, solicitaban que los montes denunciados fueran medidos y entregados en
calidad de ejidos a los padres de familia de los pueblos conforme a la circular del
10 de diciembre de 1870. En 1882 la junta municipal de Tekit tras escuchar la
inconformidad de los milperos por la denuncia de un terreno realizada por
Cornelio Rendón, solicitó al gobernador del estado y luego al presidente de la
122Pedro Hernández denuncia un terreno sito al oriente de Ekmul (1896), en ATN, 1.21 (27), exp. 509. 123Examen detenido de la permuta propuesta por el C. Isidro Escobedo vecino de Nolo de un terreno de su propiedad con otras pertenecientes a los ejidos de aquella población (1886), en AGEY, Poder ejecutivo, Ayuntamiento, caja 236. El juicio de oposición de la junta municipal de Cansahcab fue desestimado porque se consideró que dicho órgano municipal no tenían capacidad jurídica para litigar. Sabas Vega denuncio de un terreno baldío situado 6 kilómetros del pueblo de Cansahcab partido de Temax (1901), en ATN, 1.21 (27), exp. 53.
105
república que dicho terreno fuera concedido “a este pueblo para distribuir y
repartir entre las numerosas cabezas de familia que lo conforman”.124
Por su parte, los milperos, sin apoyo de sus autoridades municipales,
buscaron por la vía legal preservar el acceso y usufructo de sus rumbos. Con la
asesoría de algún abogado o representante legal, los milperos llevaron a cabo
distintos trámites formales como la inscripción del predio y el interdicto para
retener la posesión. El reto de los profesionales consistió en conciliar la costumbre
de acceder y usufructuar los montes con los términos de las leyes liberales. En cada
procedimiento, los miembros del grupo familiar eran presentados como sus
dueños, poseedores u ocupantes de los montes y para demostrarlo hacían énfasis
en los cultivos que tenían en ellos. La inscripción del predio en el registro público
de la propiedad era un procedimiento relativamente sencillo, pues bastaba con
inscribir el predio en el registro. Las personas que no contaban con la titularidad
del predio debían presentarse ante el juez de primera instancia, acreditar su
ocupación y recibir del funcionario el reconocimiento de titularidad para la
inscripción del inmueble. En el artículo 19 del Reglamento del registro público de
1871 se lee: “el propietario que careciera de título de dominio escrito deber{
inscribir su derecho justificado previamente su posesión ante el juez de primera
instancia”.125 A fines del siglo XIX, el reglamento vigente explicaba que la
inscripción tenía como finalidad el registro de la propiedad y la constitución del
derecho de propiedad. Esto último permitía a todos los individuos desprovistos de
título obtener la propiedad formal del inmueble.
124Vecinos del pueblo de Tekit piden se les reparta los terrenos que han estado poseyendo y que han denunciado el C. Cornelio Rendón (1882), en ATN, 1.24 (27), exp. 1552. 125En Ancona, Colección de leyes, IV, 327-328.
106
Pese a la facilidad de este procedimiento, los milperos de los pueblos
hicieron escaso uso de él. El siguiente caso muestra con nitidez cómo un grupo
familiar logró conservar sus montes a partir del citado procedimiento. En 1883 seis
individuos de apellido Kú solicitaron al juez de primera instancia del municipio de
Motul la inscripción de un monte en el registro público de la propiedad. Los
solicitantes manifestaron carecer de “título de dominio escrito”, pero alegaron
estar en “quieta y pacífica posesión de un tablaje” en el pueblo de Motul. En
realidad, los solicitantes eran miembros de un grupo familiar extenso conformado
por dos hermanos y sus respectivas proles quienes accedían y usufructuaban los
montes que se encontraban al “oriente sur” de Motul. Ante el juez, los Kú se
nombraron propietarios individuales del tablaje que ocupaban. Explicaron que
cada miembro había heredado de su padre la propiedad, por lo que eran “dueños
y poseedores del tablaje de tierras” desde hacía m{s de veinte años, donde tenían
“labrado y cultivado sus montes”. Como la comparecencia de testigos era
necesaria, los Kú presentaron el testimonio de algunos milperos a quienes les
habían permitido cultivar en sus rumbos.
Finalmente, el juez de primera instancia, en conformidad con el ministerio
público, aceptó el testimonio ofrecido y les concedió el “título de propiedad
satisfaciendo a la hacienda pública los derechos de traslación de dominio”.126 De
126Véase Diligencias por reposición de un título promovidas por José Ramón, Juan, Cristina, Matero, Bárbara y Anastasia Kú de un tablaje de tierras (1883), en AGEY, Justicia, civil, vol 86, exp. 47. En ese mismo año de 1883 se registra otro caso similar en el pueblo de Motul. Tomás Chan, asesorado por un abogado, acudió al juzgado de primera instancia para Inscribirse como propietario individual de los montes que su abuelo Manuel Chan, su tío Florentino Chan y su padre Tomás Chan solían ocupar con sus sementeras. Véase Información promovida por el C. Tomás Chan en reposición del título de propiedad de un tablaje de tierras (1883), en AGEY, Justicia, Civil, vol. 92, exp. 30.
107
este modo, amparados en el artículo 19 del reglamento del Registro Público, se
convirtieron en propietarios legítimos de los montes que usufructuaban y
garantizaban así su acceso de la misma manera como siempre lo habían hecho, es
decir, de manera corporativa.
Si las posibilidades económicas del grupo familiar permitían emprender
otros procedimientos legales más complejos, los abogados optaban por el
interdicto para recuperar la posesión, en el que la parte demandante debía
demostrar que se hallaba en posesión de la cosa u objeto que se trataba de
inquietarle, explicando la manera en que se llevó a efecto el despojo.127 En 1880, los
milperos de Cacalchén se enteraron que Teodosio Ancona, vecino de Tixkokob,
había denunciado los montes de Tanxikal como terrenos baldíos para anexarlos a
su hacienda Pibtuch. Los milperos intentaron impedir su venta mediante un juicio
de propiedad, pero al no poder pagar la hechura del plano que para tal efecto se
requería, acudieron al gobernador Manuel Romero Ancona para exponerle de
forma directa su situación. A manera de solución, el gobernador les propuso
utilizar los terrenos que quedaban fuera de los denunciados por Ancona, como era
de esperarse, los milperos no quedaron satisfechos con dicha propuesta.128
Finalmente en 1887, Estanislao Na, Evaristo Na, Francisco Aké, Guadalupe
Uitz, Leonardo Xool, Eusebio Couoh, Feliciano Couoh y Luis Couoh iniciaron un
127En Código de procedimientos civiles, 133; Escriche, Diccionario razonado, 331-332 menciona que el interdicto tenía como objetivo obtener una posesión de la que todavía no se entra, pero a la que se tiene derecho (Interdicto de adquirir la posesión); conservar una posesión, de la que ya se disfruta, pero que otro trataba de despojarlo legal o ilegalmente (Interdicto de retener la posesión); o bien, recobrar una posesión de la que ya se tenía y de la que se fue despojado violentamente o por decisión de algún juez (Interdicto de recobrar la posesión). 128Indígenas del pueblo de Cacalchén piden que se les restituyan unos terrenos que le pertenecen (1887), en ATN, 1.24 (27), exp. 30.
108
interdicto de recuperar la posesión asesorados por el abogado Serapio Baqueiro.
Tres años después, en 1890 la junta municipal de Cacalchén designó a Virginio
Ceballos para que atendiera las diligencias legales.129 En el juicio verbal, los
milperos afectados se presentaron ante el juez de primera instancia de la ciudad de
Motul y dijeron “somos propietarios en común desde muy remotos tiempos” y
explicaron que Tanxikal había sido adquirido por nuestros caciques para que en
ellas hiciésemos nuestras labranzas.130 El interdicto de recuperar la posesión era un
procedimiento un tanto complejo. Lo iniciaban los individuos que se encontraban
plenamente despojados del bien raíz o inmueble que reclamaban y tenían el plazo
de un año para demostrar que habían sido los ocupantes del predio. Los
interesados podían acreditar su derecho a la posesión o tenencia de la propiedad
mediante la documentación o con testigos que informaran sobre la posesión y la
forma en que había ocurrido el despojo de la propiedad.131
Los milperos de Cacalchén presentaron como testigos a un ex-jefe político y
a un ex-presidente municipal, quienes relataron todos los intentos realizados por
los milperos a lo largo de diez años por conservar los montes de Tanxikal.
Paradójicamente, esta información le sirvió al juez de primera instancia para
declarar improcedente el interdicto porque había transcurrido diez años del
supuesto despojo de Tanxikal. En tal sentido, el juez señaló que Estanislao Na,
129Interdicto de recuperar la posesión promovido por la junta municipal de Cacalchén de un terreno situado en la jurisdicción de Tunkás. Juez el de primera instancia de Izamal (1890), en AGEY, Justicia, Civil, 183-E, exp. 66. 130Véanse Indígenas del pueblo de Cacalchén piden que se les restituyan unos terrenos que le pertenecen (1887), en ATN, 1.24 (27), exp. 30; Interdicto de recuperar la posesión promovido por la junta municipal de Cacalchén de un terreno situado en la jurisdicción de Tunkás. Juez el de primera instancia de Izamal (1890), en AGEY, Justicia, Civil, 183-E, exp. 66. 131En Código de procedimientos civiles, 134-135.
109
Evaristo Na, Francisco Aké, Guadalupe Uitz, Leonardo Xool, Eusebio Couoh,
Feliciano Couoh y Luis Couoh habían dejado pasar mucho tiempo y en términos
legales había prescrito la posibilidad de emprender el interdicto. Por su parte, la
junta municipal de Cacalchén nada pudo hacer al ser cuestionada y descalificada
su capacidad jurídica para intervenir en la defensa de los recursos naturales. Es así
como los milperos de Cacalchén al no lograr demostrar la propiedad individual ni
la sucesión hereditaria que probaran sus derechos sobre Tanxikal, perdieron el
proceso legal y el derecho para continuar usufructuando los alejados montes.
Al margen de toda legalidad, en el ámbito cotidiano, los milperos
entablaron acuerdos con los denunciantes de un baldío para continuar
usufructuando los montes cultivados. Por ejemplo, en 1867 Teodoro Ancona,
vecino de la villa de Valladolid y propietario de la hacienda Pibtuch, denunció 866
hect{reas de terrenos baldíos. Desde esa fecha hasta 1887, Ancona “consintió que
los pobres [del pueblo de Cacalchén+ siguiesen labrando en los terrenos”.132
Pero no siempre fue así, en ocasiones los propietarios insistían en sacarlos o
impedirles la entrada a los montes denunciados como baldíos. Cuando esto
acontecía, algunos milperos desesperados por la pérdida de los montes donde
cultivaban emprendieron pequeños actos violentos para manifestar su
inconformidad e intimidar a los denunciantes de sus montes. En 1870 los milperos
de las rancherías de Papacal, San Mateo, Dzitiá y Nohluch se opusieron a la
denuncia realizada por Manuel Peón de los montes que se encontraban junto a su
hacienda denominada Yaxkix. Dichos indígenas acudieron al gobernador para
solicitarle la compra del terreno o que les fuese otorgado en calidad de ejidos; sin
132Indígenas del pueblo de Cacalchén que se le restituyen unos terrenos que les pertenecen y de los cuales se ha apoderado el C. Teodosio Ancona (1887), en ATN, 1.21(27), exp. 30.
110
embargo, al percatarse de que los trabajos de mensura continuaban a favor de
Manuel Peón, “parte de esos indígenas, habitantes de dichos sitios, han destruidos
totalmente las mojoneras de mi referida hacienda Yaxkik sobre lo cual el C. Juez de
distrito está practicando las diligencias correspondientes”.133 Más allá de los casos
de invasión de los montes y destrucción de los trabajos de medición y demarcación
de los agrimensores, no hay evidencias de que los milperos del noroeste hayan
emprendido u organizado revueltas de gran magnitud para defender sus montes,
por lo que el caso de Maxcanú, cabecera municipal y del partido del mismo
nombre, ocurrido en 1891 resulta por demás emblemático.
En 1878, Camilo Solís se apropió de un pozo conocido con el topónimo de
Sacabá, cuando era jefe político de ese partido, para fundar el paraje Santa Gúdula.
Solís permitió que los indígenas continuaran usufructuando el pozo y los montes
que le rodeaban. “Con el transcurso del tiempo fue expandiendo *<+ hasta acotar
sus tierras y cercar de madera, cerca de dos mil mecates [80 hectáreas] los cuales
sembró de henequén que hoy est{ explotando.” Para 1891, los campesinos ya no
podían acceder al pozo y tampoco a los montes “que colindaban con los 133Indígenas de Papacal, Nohluch y San Matías piden se les adjudicquen los terenos baldíos que poseen y se les expida el título respectivo (1870), en ATN, 1.24 (27), exp. 47. Otro caso de ocupación y destrucción fue protagonizado por milperos del pueblo de Cansahcab en 1899. La junta municipal del dicho pueblo intentaba entablar una composición para salvaguardar las denuncias de varios propietarios, entre ellos Carlos Cortez Franco. Pero desistieron porque el juez de distrito consideró que ese procedimiento no podía ocurrir hasta que los tribunales resolvieron un juicio de oposición de dicho pueblo. Las autoridades municipales aceptaron “la sabia y justa determinación”, pero “los labradores han cercado los expresados terrenos en una extensión de 200 hectáreas, aproximadamente, y han comenzado a derribar un monte crecido que mis ascendientes había procurado conservar para extraer de él maderas de construcción”. El gobernador del estado remite la solicitud de la H. Junta municipal de Cansahcab relativo a la composición de los terrenos que expresa (1899), en ATN, Composición (27), exp. 26.
111
acotamientos que había hecho”. Descontentos porque no podían desplazarse a los
montes, “un grupo de hombres se presentó en la casa del Síndico procurador C.
José Exaltación Zetina” y le expusieron los perjuicios de los que padecían al no
acceder al pozo y los montes aledaños. Los milperos de Maxcanú se presentaron
primero a sus autoridades municipales, pero como les “contestaban con evasivas”
se dirigieron al gobernador del estado muy confiados de “que la justicia alcanzar{
la palma del triunfo dando a cada uno lo que es suyo o como, señaladamente, lo ha
demostrado usted en su sabia y prudente administración”.134
Aún esperaban la respuesta del gobernador cuando, a principios del mes de
septiembre, el mayordomo de la hacienda Santa Cruz, propiedad de Eusebio
Escalante,135 les prohibió a dos indígenas cultivar los montes de la propiedad,
donde acostumbraban cultivar. El mayordomo, además entregó a los milperos al
juez de primera instancia de la villa de Maxcanú, quien los apresó.136 El
encarcelamiento de estos indígenas dio lugar a que cerca de “400” indios armados
con escopetas, hachas y machetes acudieran al juzgado, en donde se encontraban
apenas cuatro o cinco gendarmes y el coronel Alfredo Tamayo. La ausencia de
fuerzas represivas fue aprovechada por los milperos quienes “en varios pelotones
que en junto serían tres o cuatrocientos hombres” sacaron a sus compañeros
134AGEY, Poder ejecutivo, sección Gobernación, año 1891, caja 268. 135“Parte militar”, en Soler, “El levantamiento indígena”, 208; “Correspondencia particular del Gobernador de Yucat{n”, en Soler, “El levantamiento indígena”, 210. 136Soler, “El levantamiento indígena”, 208.
112
detenidos y las municiones que había en el juzgado. En el ataque, el coronel
Tamayo resultó herido de una mano y con diversas contusiones en el cuerpo.137
Luego de liberar a sus compañeros, los milperos mantuvieron en sitio la
villa de Maxcanú por casi dos días completos. En ese tiempo, causaron destrozos
en la propiedad de don Eusebio Escalante Bates, amenazaron con hacer lo mismo
en otras propiedades, golpearon con sus machetes “las puertas de algunas de las
principales casas de los vecinos” de Maxcanú y destruyeron la línea telefónica del
ferrocarril.138 En otras palabras, los milperos agredieron las propiedades de los
propietarios y a las autoridades locales con quienes estaban disgustados. El 13 de
septiembre de 1891, llegaron a Maxcanú cerca de 400 hombres para acabar con las
acciones de los rebeldes, al día siguiente, el 4º magistrado del H. Tribunal Superior
de Justicia del Estado arribó a la villa para dialogar con los rebeldes.
Desconocemos los contenidos de las conversaciones, pero ocurrieron sin éxito. El
día 15, el coronel Tamayo acordó con los indios restablecer el diálogo. La cita se
llevaría a cabo en un lugar a media legua de la villa, pero los indios simplemente
no acudieron al lugar. Éstos prefirieron evadir la situación tal vez por temor a las
represalias. Así, se trasladaron junto con sus familias rumbo a los montes de
Campeche o a los del sur con los mayas pacíficos, según expresó en una carta el
137“Copia de la versión de los hacendados”, en Soler, “El levantamiento indígena”, 206; “Interrupción del orden público en Yucat{n”, en El Monitor Republicano, (24 sep. 1891). 138 “Copia de la versión de los hacendados”, en Soler, “El levantamiento indígena”, 206; “Correspondencia particular del gobernador de Yucat{n (1891), en Soler, “El levantamiento indígena”, 213; “Interrupción del orden público en Yucat{n”, en El
Monitor Republicano, (24 sep. 1891).
113
gobernador Daniel Traconis al Presidente Porfirio Díaz.139 Con esta acción los
milperos concluyeron el levantamiento que mantuvieron durante cinco días.
Con la denuncia y venta de los terrenos como baldíos, los milperos
experimentaron la pérdida de sus rumbos o parte de ellos. Algunos debieron
caminar en busca de montes más alejados, otros optaron por los montes que se
encontraban dentro de las haciendas henequeneras, a los que accedieron como
trabajadores o arrendatarios. En sus testimonios, los milperos manifiestan temor e
incertidumbre al tener que buscar su subsistencia por otro lado y de una forma
distinta. En 1870 el ayuntamiento de Maxcanú señalaba que los indígenas de dicho
municipio vivían de la agricultura y se encontraban en una situación de escasez de
terrenos donde cultivar “porque la mayor parte de ellos son terrenos de propiedad,
cuyos propietarios si se los dan en arriendo son en un área muy limitada y en las
consiguiente ventajas que estén en sus intereses”.140 En 1894 Felix Chi, en
representación de los habitantes del pueblo de Cepeda, explicó que en dicho
pueblo “viven ochenta personas constituidas en familias”, las cuales “o se ver{n
obligadas a emigrar o a ponerse bajo el servicio del señor Arcadio Escobedo,
perdiendo así su libertad”.141 En 1896, vecinos del pueblo de Caucel afirmaron que
139“Copia de la versión de los hacendados”, en Soler, “El levantamiento indígena”, 206;“Correspondencia particular del gobernador de Yucat{n”, en Soler, “El levantamiento indígena”, 213; En el artículo “Perturbaciones en el orden público”, en El Monitor Republicano (26 de septiembre de 1891), se describe que para la contra ofensiva fue necesario llevar a cabo la leva, es decir, el reclutamiento de indios, del pueblo de Temax y de Cansahcab para engrosar las filas contraofensivas. 140Juan Rivero se le adjudica un terreno baldío sito al poniente de la hacienda de Chocholá (1871), en ATN, 1.24 (27), exp. 55. 141Felix Chi en representación de los habitantes indígenas del pueblo de Cepda, Yucatán (1894), en ATN, 1.21 (27), exp. 58.
114
con la venta de los montes “tendríamos por necesidad que ir al servicio de las
fincas de campo para buscar el sustento de nuestras familias”.142
Para concluir el presente capítulo deseamos resaltar la respuesta de la
población milpera frente al proceso privatizar. En la primera mitad del siglo xix las
formas tradicionales de ocupar los montes constituyeron, en gran medida, un
obstáculo para la venta de los terrenos considerados baldíos. En la segunda
dejaron de serlo. Varios factores incidieron, uno fue la instauración o creación de
los ejidos conforme a la circular del 10 de diciembre de 1870. Dicha circular fue de
suma importancia en el proceso de reafirmación de los derechos de propiedad
frente a las formas tradicionales de usufructuar los montes; pues sirvió para
identificar en dónde terminaba los terrenos que le corresponderían a los vecinos de
los pueblos y dónde comenzaban los baldíos susceptibles a ser vendidos. De hecho,
aun en los pueblos en donde la medición y la distribución individual de sus ejidos
no se hubieran realizado, un simple ejercicio de cálculo, por parte de los
agrimensores, determinaba si se trataba de un terreno baldío o no.
Otro factor fue la anulación jurídica de las corporaciones municipales para
poseer y administrar bienes raíces e iniciar litigios, y la desaparición en 1868 de las
repúblicas indígenas, quienes en la primera mitad del siglo XIX habían encabezado,
con éxito, la defensa de los montes. Sin la ayuda de sus autoridades municipales e
indígenas, los milperos emprendieron, no sin dificultad, la defensa de sus montes.
En este proceso los milperos se enfrentaron a que la única forma posible para
oponerse a la venta de los montes que cultivaban era por la vía legal. De modo que
la antigua práctica de suplicar la ayuda a las autoridades locales y federales dejó
de ser efectiva. En este contexto, sólo algunos grupos familiares lograron poner en 142Ramon Castillo Guzmán y 102 vecinos más del pueblo Caucel piden que no se apruebe el denuncio del C. Ovidio Zorrilla (1896), en ATN, 1.21, (27), exp. 41.
115
marcha algunos procedimientos legales para conservar los montes. Otros más, en
el ámbito cotidiano, lograron acuerdos pacíficos para acceder a los montes aun
denunciados; los que no lo lograron buscaron otros montes donde cultivar, otros
más, desesperados y angustiados de perder sus cultivos, invadieron los montes y
destruyeron los trabajos realizados por los agrimensores. De manera simultánea al
proceso privatizador, la población de los pueblos experimentaba cambios aun más
profundos con la presencia de las haciendas henequeneras, pues comenzaron a
demandar de mano de obra fija y temporal para cultivar y procesar el henequén,
como veremos en el siguiente capítulo.
CAPÍTULO III AUGE HENEQUENERO Y SOCIEDAD RURAL A FINES DEL SIGLO XIX
En el último cuarto del siglo XIX, la vida económica, política y social de Yucatán dio
un vuelco sin precedentes tras la consolidación de su agroindustria en el mercado
internacional. En particular, el noroeste peninsular experimentó cambios
profundos con la presencia de centenares de haciendas que, de manera intensiva,
cultivaban henequén y extraían la fibra. El presente capítulo analiza el impacto que
tuvo la agroindustria sobre los pueblos del noroeste yucateco, específicamente, los
cambios que experimentó la población rural en sus condiciones de vida al quedar
vinculada, de uno u otro modo, a las haciendas. El capítulo inicia con una breve
descripción de las haciendas henequeneras, el cultivo del agave y la infraestructura
establecida en el noroeste peninsular, y continúa con la transformación en la
distribución de la población, el deterioro y los cambios que sufrió la producción
agrícola tradicional, el establecimiento de distintas relaciones y condiciones
laborales y la importancia de los montes de la finca como recurso agrario de los
trabajadores que residían en las propiedades y de los jornaleros de los pueblos.
1. NOROESTE HENEQUENERO
Entre 1821 y 1847 el henequén había ganado una cierta presencia en las haciendas
del noroeste de Yucatán. En 1845 el henequén manufacturado o en rama ocupaba
el segundo lugar en las exportaciones locales. Pero no fue sino hasta la década de
1880 que el henequén desplazó a la ganadería y a los cultivos de maíz, tras su
plena inserción en el mercado exterior, el aumento del precio internacional de las
fibras, la invención y el perfeccionamiento de la máquina raspadora que permitió
mayor extracción de fibra en menor tiempo, así como un conjunto de disposiciones
117
y reglamentaciones encaminadas a garantizar y fortalecer el vertiginoso
crecimiento de la economía exportadora agroindustrial de Yucatán.1
El cultivo de henequén y su industrialización se concentró en los partidos
del noroeste: Mérida, Hunucmá, Acanceh, Tixkokob, Maxcanú, Temax, Izamal,
Motul y Progreso. En 1862 los cultivos de henequén se extendían sobre 2 941
hectáreas, en 1869 aumentó a casi el doble con 4 687 hectáreas, pero en 1881 el
incremento fue todavía mayor, pues la superficie cultivada alcanzaba las 42 555
hectáreas; en 1883 disminuyó la extensión de los cultivos a 36 740 hectáreas, pero
en 1885 incrementó a 43 011. En el cuadro 8 se muestra el acelerado crecimiento de
henequén y lo compara con la producción de maíz en los partidos del noroeste. En
dicho cuadro se puede apreciar que en la década de 1860 el maíz era el producto
agrícola más importante, pero en menos de dos décadas, al principiar los años
1880, la situación se había invertido: la superficie sembrada de henequén rebasó,
abrumadoramente, la de maíz. Los cultivos del agave continuaron su meteórica
expansión. Entre 1890 y 1892 la superficie cultivada en todo el estado fue de 99 120
1Entre las acciones que el gobierno estatal emprendió para favorecer el desarrollo y consolidación de la agroindustria henequenera se encuentran los estímulos económicos a los inventores de máquinas de raspar, la inauguración de una oficina central meteorológica y de estaciones en varias cabeceras de partidos políticos para vigilar el comportamiento climático, la elaboración de reglamentos que establecían los criterios que regulaban la calidad de fibra para su exportación y la expedición de medidas que aseguraron la disponibilidad de mano de obra a las haciendas. El gobierno del estado se hizo cargo también del tendido de vías férreas para el transporte de la fibra, eximió a los productores de todo tipo de impuestos y estimuló la organización de una banca que apoyara las inversiones. Para una discusión amplia de todos estos aspectos véase el trabajo de Zuleta, De cultivos y
contribuciones, 234-246. Un estudio sobre la mecanización, las innovaciones tecnológicas y la división del trabajo empleados en el proceso productivo del henequén lo ofrece García Quintanilla, Los tiempos en Yucatán, 37-69.
118
hectáreas y en 1909 de 183 210 hectáreas.2 A mediados de la década de 1900 la
producción henequenera ocupaba el segundo lugar en el valor total de la
producción agrícola nacional, después de los valores de la producción nacional de
maíz y superando al valor de la producción nacional de trigo.3
CUADRO 8
HECTÁREAS DE MAÍZ Y HENEQUÉN EN EL NOROESTE DE YUCATÁN, 1862-1885
1862 1869 1881 1884 1885
Partidos Maíz Henequén Maíz Henequén Maíz Henequén Maíz Henequén Maíz Henequén
Mérida 9,292 2,324 264 1,116 410 13,165 0 8,964 0 12,967
Motul 8,223 284 1,471 181 2,944 2,004 566 2,146 802 2,168
Maxcanú 3,421 333 2,800 200 656 3,283 777 3,259 2,400 3,600
Izamal 0 0 0 312 548 2,239 3,893 2,633 2,132 1,894
Hunucmá 0 0 4,920 1,012 657 5,089 366 4,756 280 5,400
Acanceh 0 0 796 1,441 619 9,890 1,165 9,039 1,608 11,039
Tixkokob 0 0 1,730 413 40 5,177 27 3,835 27 3,835
Temax 0 0 1,237 12 0 1,668 1,104 1,668 1,104 1,668
Progreso 0 0 0 0 141 40 131 440 131 440
Totales 20,936 2,941 13,218 4,687 6,015 42,555 8,029 36,740 8,484 43,011 Fuentes: Rejón, Documentos justificativos de la memoria; Cirerol, Expediente de la visita; Baqueiro, Reseña histórica, documentos justificativos, núm. 3; Rosado, Memoria, 1884; Rosado, Memoria, 1885.
El crecimiento de los cultivos guardaba estrecha relación con las
exportaciones de fibra. En 1860 se exportaron 202 191 kilos de la fibra yucateca, en
1879 se embarcaron 9 444 282‖kilos;‖ sin‖ embargo,‖ esta‖ cifra‖― hasta entonces la
m{s‖alta―‖fue superada a casi el doble en 1880, pues al mercado salieron 18 178
994 kilos del sisal yucateco. En 1892 las exportaciones alcanzaron los 58 584 813
kilos y en 1916 del puerto de Progreso salieron 201 990 440 kilos de fibra de
henequén.4 El henequén fue la principal exportación agrícola de México desde
2García Quintanilla, Los tiempos en Yucatán, 55. 3Zuleta, De cultivos y contribuciones, 232. 4Askinasy, El problema agrario de Yucatán, 100-101.
119
1880. Cecilia Zuleta estima que en 1885 las exportaciones de la fibra alcanzaron una
participación de 8.5% en los valores de la exportación total de México y en 1900
comprendió 18% de los valores exportados frente a 40% de las exportaciones de
plata y 6.88% de las exportaciones de café.5
Las modestas construcciones de las antiguas haciendas ganaderas se
transformaron en otras más complejas, en correspondencia con las necesidades del
monocultivo y su procesamiento. Es así como las haciendas henequeneras, también
denominadas fincas, se constituyeron en empresas estructuradas con base en la
lógica productiva de una economía de exportación y funcionaban mediante un
exacto manejo y aprovechamiento del agave, cuyo ciclo vital era de 20 años, desde
el momento de la siembra hasta el fin de su edad productiva. Para su producción a
gran escala, los cultivos se realizaban escalonadamente en función de su edad.6
Así, los planteles en crecimiento eran agaves menores a los siete años; en
producción eran aquellos entre siete y 16 años de edad, y en producción
decreciente eran planteles con matas entre 16 y 23 años.7 Cada plantel estaba
cercado e identificado bajo un topónimo, por ejemplo: Santa Rita, Candelaria,
Encarnación, San Juan. Finalizada la etapa productiva de un plantel, se retiraban
los agaves viejos, se limpiaba el terreno y se cultivaban matas nuevas de henequén
5Zuleta, De cultivos y contribuciones, 232. 6García Quintanilla, Los tiempos en Yucatán, 43-45. 7Bellingeri,‖‚La‖racionalidad‖esclavista‛,‖251.‖Cuando‖las‖plantas‖de‖henequén‖son mayores de 15 años, inicia el periodo de la decadencia de su vida y de su producción. Sin embargo, con los cuidados adecuados y una moderada explotación, los planteles pueden producir. José A. Bolio, antiguo administrador de haciendas henequeneras, escribió sobre los cuidados específicos que debían recibir los planteles henequén, de acuerdo a la edad de las matas. Bolio, Manual práctico, 58-63.
120
que provenían del semillero de la finca.8 En la hacienda Kochol, ubicada en el
municipio de Maxcanú, el cultivo de henequén se extendía sobre 932 hectáreas,
distribuidas en 24 planteles con henequén que fluctuaban entre los 10 y 30 años.9
Para tener una idea gráfica de los planteles y su distribución en las fincas véase en
la página 122 el plano 3, correspondiente a la hacienda Yaxché.
Para el procesamiento de las hojas de henequén, las haciendas contaban con
la más moderna tecnología mecánica para desfibrar, trasladar y empacar la fibra de
henequén. La casa de máquinas albergaba la desfibradora de vapor o diesel; en
1869 había 33 raspadoras movidas a vapor y 56 con fuerza motriz, en 1884 habían 1
024 ruedas raspadoras y en 1885, 1 126.10
8Canto Chan, Los trabajadores mayas, 41. 9Plano de la hacienda Kochol, municipio de Maxcanú (1917), Poder ejecutivo, Planos, caja 4, vol. 2. Los planteles, sus nombres, extensión y situación eran los siguiente: San Francisco 35 hectárea; Mercedes 43 hectáreas; Victoria 39 hectáreas; San Ramón 38 hectáreas con agave de 18 años; San Felipe 43 hectáreas; Santa Teresa 24 hectáreas con agave de 20 años; San Vicente 16 hectáreas con agave de 20 años; San Miguel 53 hectáreas, con agave de 25 años; Candelaria 50 hectáreas, con agave de 15 años; San Federico 99 hectáreas, con henequén de 30 años; René 43 hectáreas y quemado; Encarnación 47 hectáreas, con henequén de 15 años; San Antonio 39 hectáreas, con matas de 10 años; San Juan 18 hectáreas, con henequén de 16 años; San Jose Xlabpak 44 hectáreas, con plantas de 16 años; Santa Emilia 44 hectáreas; Lia 49 hectáreas, con matas de 18 años; Nidia 40 hectáreas, con henequén de 19 años.; Elia 40 hectáreas; San Alfonso 18 hectáreas; Santa Isabel 11 hectáreas; San Isidro 13 hectáreas; Santo Domingo 43 hectáreas, con agave de 10 años; y San Marino 25 hectáreas, desocupado. 10Cada hacienda henequenera, por pequeña que fuera, poseía una máquina desfibradora. La Vencedora, la preferida de los hacendados, raspaba veinte mil pencas (hojas de henequén) por hora. La Torroella, la Pascal y la Loría eran máquinas de menor capacidad que se utilizaban en haciendas pequeñas. Todas ellas eran movidas por combustible de leña, y para tener una idea de la demanda de la leña diremos que hacia 1892, existían en Yucatán poco más de 1 300 máquinas raspadoras‖ movidas‖ a‖ vapor.‖ C{mara‖ Zavala,‖ ‚Historia‖ de‖ la‖ industria‖
121
La casa de máquinas también alojaba las calderas de vapor, los
purificadores, los alimentadores, los tanques de agua y las bombas para extracción
de agua de pozo; el depósito de henequén seco y suelto; la prensa de empaque y
una bodega para depositar las pacas de henequén. El tendedero se construía en un
patio amplio, cercado con madera o alambres y suelo bien nivelado y terraplenado,
en donde se extendía sobre alambres la fibra húmeda para su secado.11
Los montes, es decir, los espacios no cultivados y ocupados con vegetación,
formaban parte de la lógica productiva de la hacienda henequenera. De ellos se
extraía parte del combustible vegetal para las máquinas raspadoras, el uso
doméstico de la casa principal y para la población de la hacienda, y también como
espacio agrícola de los trabajadores de la finca. Al respecto, el ex-hacendado
Alberto García asentó en sus memorias que el monte de la hacienda Siho servía
para‖‚obtener‖leña‖para‖las‖calderas‖de‖vapor‖y‖para‖facilitarlas,‖sin‖pago‖alguno,‖
para la siembra de maíz a los trabajadores radicados en la hacienda‛.12 Por tales
razones, las extensiones de montes llegaban a ser mayores a las ocupadas por los
henequenales.‖ El‖ citado‖ García‖ Cantón,‖ propietario‖ de‖ Siho,‖ escribió‖ que‖ ‚en‖ el‖
pasado siempre se había procurado tener en tierras sin cultivos [es decir, montes]
el‖doble‖de‖la‖extensión‖cultivada‛.13
henequenera‛,‖ 696,‖ 702;‖ Su{rez‖ Molina,‖ La evolución económica, I, 205; Rosado, Memoria, 1884; Rosado, Memoria, 1885. 11Bolio, Manual práctico del henequén, 142-144. 12García Cantón, De mi archivo, 127. Además de los montes, las fincas tenían ramonales, huertas y semilleros. De los dos primeros se obtenían distintos productos para el consumo cotidiano de la hacienda como ramas de ramón para alimentar el ganado caballar y vacuno, frutas y verduras. Los semilleros eran planteles donde se cuidaban las pequeñas plantas de henequén, conocidas como hijos de henequén que serían trasplantadas en los planteles grandes. 13García Cantón, De mi archivo, 127.
122
Plano 3
Planteles de la hacienda Yaxché, 1910
Ampliación del plano de la Hacienda Yaxché MAPOTECA: Manuel Orozco y Berra
123
Las fincas más importantes tuvieron mayores extensiones de monte que
superficies cultivadas. Ejemplo de ello es la hacienda de Temozón, del municipio
de Abalá, que en 1921, tenía una extensión de 4 783 hectáreas de monte y 1 770
hectáreas con henequén. Es decir, 71% de la propiedad estaba conformada por
espacios con vegetación.14 Otros ejemplos son las haciendas Chunchucmil y
Yaxché, de los partidos de Maxcanú y Hunucmá respectivamente. En 1902 la
primera poseía una extensión aproximada de 60 012 hectáreas de montes de un
total de un total de 61 594 hectáreas. En 1910 la segunda tenía una superficie de 5
179 hectáreas, de las cuales 3 019 eran montes.15 Para tener una idea de la extensión
que podían ocupar los montes dentro de las haciendas henequeneras, en 1907 en la
hacienda San Jerónimo Yaxcopoil, ubicada en el municipio de Umán y considerada
una de las fincas más importantes de su tiempo, la extensión total de la finca era de
11 467 hectáreas, sus henequenales ocupaban 2 262 hectáreas, apenas 19.7% de la
superficie total, en tanto que sus montes prácticamente dominaban la propiedad. 16
Las fincas más pequeñas tenían menos extensiones de montes. La hacienda
Kuiché de las Flores, del partido de Temax, tenía 148 hectáreas de montes, en tanto
que sus plantíos se extendían sobre 374 hectáreas. En una situación similar se
encontraba Xcumpich, del municipio de Mérida, cuyos montes alcanzaban las 184
hectáreas y su superficie cultivada 773 hectáreas.17 Los propietarios de las fincas
rústicas Chimay y Hunxectan formaban una sola unidad agrícola industrial. La 14Plano topográfico de la hacienda Temozón, municipio de Abalá (1921), en AGEY, Poder ejecutivo, Planos, caja 1, vol. 1. 15Bellingeri,‖‚La‖racionalidad‖esclavista‖en‖Yucat{n‛,‖251. 16Bellingeri,‖‚La‖racionalidad‖esclavista‖en‖Yucat{n‛,‖251. 17Plano topográfico de la hacienda Kuiché de las flores, municipio de Cansahcab (1913), en AGEY, Poder ejecutivo, Planos, caja 1, vol. 7; Plano topográfico de la hacienda Xcumpich, municipio de Mérida (1903), en AGEY, Poder ejecutivo, Planos, caja 5, vol. 1.
124
superficie total de la primera (2 301 hectáreas) estaba cultivada, en tanto que la
segunda‖ (1‖ 034‖ hect{reas)‖ conservaba‖ sus‖ montes‖ que‖ se‖ aprovechaban‖ ‚en‖ la‖
propia‖negociación‛.18
En algunas haciendas, los montes eran reconocidos con topónimos y se
encontraban comunicados a la hacienda por caminos y vías decauville que
facilitaban su desplazamiento hacia ellos. La finca Yaxché, situada en el partido de
Hunucmá, poseía seis montes tres de ellos denominados Yaxché, Sabacabal, y
Yodzonot, los otros tres no tienen nombre. Dos de ellos, Yaxché y Yodzonot se
encontraban en la periferia de la propiedad y se llegaba a ellos mediante los
caminos principales y veredas secundarias que aparecen en denominados como
‚camino para‖ leña‛,‖véase los planos 4 y 5. El resto de los montes se encuentra
dentro de la hacienda, incluso dos de ellos se ubican entre los planteles de
henequén. Pero hay uno en especial que era destinado para los sirvientes, sea para
su cultivo o extracción de la leña, véase el plano 6.19
Es difícil de precisar el número exacto de las haciendas dedicadas a la
agroindustria henequenera, principalmente porque los registros estadísticos más
importantes ofrecen diferentes cifras de propiedades denominadas de distintas
manera como haciendas, fincas rústicas, fincas urbanas o fincas rurales. Sin
embargo, para 1899 Víctor Suárez Molina estima la existencia de 899 haciendas
18Petición de ejidos del municipio de Kanasín, núcleos: San Pedro Nohpat, Teya, Techan, Subincancab, Mulchechén, Hunxectaman, San Antonio Tehuitz, (1921), en RAN-Mérida, Carpeta básica, exp. 23-25/70. 19Plano topográfico de la hacienda Yaxché, municipio de Ucú (1910), en Mapoteca ‚Manuel‖Orozco‖y‖Berra‛.
125
Plano 4.
Montes Yaxché, 1910
Ampliación del plano de la hacienda Yaxché. Mapoteca: Manuel Orozco y Berra
126
Plano 5 Montes Yodzonot, 1910
Ampliación del plano de la Hacienda Yaxché Mapoteca: Manuel Orozco y Berra
127
Plano 6 Montes de los sirvientes, 1910
Ampliación del plano de la Hacienda Yaxché Mapoteca: Manuel Orozco y Berra
128
dedicadas al henequén y a la ganadería.20 En el censo de población de 1900
aparecen‖como‖‚fincas‖rurales‛‖cerca‖de‖1‖042‖en‖la‖zona‖noroeste‖del‖estado.21
A partir de 1880, la agroindustria henequenera fue fortalecida con la
construcción de una extensa y compleja red conformada por 918 kilómetros de vías
férreas. Desde la ciudad de Mérida se tendieron los rieles de tren en dos
direcciones: hacia el Golfo de México y hacia tierra adentro. La primera estaba
conformada por la vía Mérida-Progreso, puerto por donde salía la fibra al mercado
internacional y la segunda la conformaban tres largas rutas cuyos destinos finales
eran: Valladolid, Peto y Campeche. Las tres atravesaban la zona productora de
henequén, cuyas cabeceras de partidos políticos (Acanceh, Hunucmá, Izamal,
Maxcanú, Motul, Temax y Tixkokob) y algunas de sus cabeceras municipales, tales
como Abalá, Chocholá, Kanasín, Tekantó, Cacalchén Cansahcab y Halachó, se
convirtieron en sedes de una estación de ferrocarril y por ende en grandes centros
de acopio de la fibra producida en sus demarcaciones.
La extensa red de comunicación ferroviaria dependió de otras redes
secundarias: los tranvías vecinales y las vías decauville. Ambas se caracterizaban
por su estructura de menor tamaño y modesta tecnología, pero tenían la virtud de
comunicar la producción agrícola de las fincas más remotas a las vías del
ferrocarril local. Los tranvías vecinales eran impulsados por tracción animal y
comunicaban a los pueblos, las haciendas, las cabeceras municipales y de partido.
De manera que por tranvía llegaban las pacas de henequén a las estaciones de
ferrocarril de las fincas aledañas para su posterior embarque al tren que se dirigía a
20Suárez Molina, La evolución económica, I, 118-119. Dicha autor precisa que existía en el estado un total de 1 235 propiedades, incluyendo las que se encontraban al sur y el oriente del estado. 21Censo de población de 1900.
129
Mérida. Para 1902 los tranvías vecinales se extendían sobre los partidos de
Tixkokob, Hunucmá, Progreso, Mérida, Izamal, Motul, Maxcanú, Acanceh, Temax
y Peto, con excepción del último partido, en todos los demás se concentraba la
producción del agave.22 El peldaño más minúsculo del complejo entramado
ferroviario lo conformaban las delgadas líneas de riel, conocidas como vías
decauville, que se extendieron sobre todos los espacios productivos de las fincas, es
decir, los planteles, la unidad procesadora, las bodegas, los montes e incluso para
conectar a las haciendas con los pueblos más cercanos. Estas vías eran portátiles lo
que permitía su instalación cuando se requería y sobre ellas se deslizaban las
plataformas jaladas por una mula o caballo que llevaban el henequén en hoja o
procesado. A fines del siglo XIX, existían 500 kilómetros de vías decauville, de los
cuales 440 se encontraban en los partidos productores de henequén.23
El tendido de una extensa y compleja red de caminos de acero logró enlazar
a toda la zona productora de fibra de henequén, pero sobre todo permitió agilizar
y reducir los costos de la transportación de la producción agrícola hacia el puerto
de salida para el mercado internacional. Como resultado de ello, la zona noroeste
se convirtió en el polo más dinámico del estado por todas las posibilidades de
intercambio, movilidad y desplazamiento que brindaba la comunicación
ferroviaria. El panorama era muy distinto en el sur y oriente del estado. Los
tranvías vecinales sólo existían en el partido de Peto y las vías decauville apenas
tenían 60 kilómetros en la zona cañera del sur, por lo que su intercomunicación se
llevaba a cabo por medio de los antiguos caminos en carretas, a pie o a lomo de
caballo. Sin embargo, en la última década del siglo XIX y principios del XX los
caminos ferroviarios llegaron a finalmente a Peto y a Valladolid, lo que permitió a 22Suárez Molina, La evolución económica, II, 188-189. 23Suárez Molina, La evolución económica, II, 189.
130
la población un enlace más eficaz con el noroeste, así como fortalecer su economía
local ante las posibilidades de establecer un comercio interno como abastecedores
de productos agrícola-ganadero, y en algunos casos de henequén, como ocurrían
en los municipios de Ticul, Sotuta y Espita (véase mapa 2).
131
2. EL MAÍZ EN TIEMPOS DEL HENEQUÉN
El 1 de julio de 1870 el gobernador de Yucatán Manuel Cirerol dirigió un mensaje
al congreso del estado, en el que expuso el tema de la escasez de maíz. El
gobernador explicó que la disminución del cereal se debía a dos factores: a la mala
cosecha del año anterior y a un menor número de productores de grano. Sobre este
punto, explicó que gran parte de los cultivadores de henequén habían abandonado
la‖siembra‖de‖maíz‖porque‖les‖ofrecía‖menos‖ganancia.‖M{s‖aún,‖―advirtió―‖estos‖
productores de henequén se estaban convirtiendo en consumidores de grano.24 A
la siguiente década, las observaciones de Cirerol sobre la disminución de maíz eran
más que evidentes. En la década de 1880, las haciendas del noroeste redujeron
radicalmente los cultivos del cereal. En 1881 los cultivos de maíz ocupaban 6 015
hectáreas y el henequén 42 555 hectáreas. A partir de ese momento, el cultivo de
maíz no recuperó jamás el lugar preponderante que tenía en la década de 1860.
Además, la agroindustria henequenera ocupaba, de manera intensiva, la mano de
obra para el cultivo y la producción de henequén.
En 1900 el alemán Karl Kaerger observó que al mismo tiempo que
aumentaba‖ la‖ demanda‖ internacional‖ de‖ la‖ fibra‖ ‚se‖ inició‖ un‖ proceso‖ de‖
encarecimiento de los alimentos, en particular del maíz, cuya importancia para el
mexicano es muy grande. Ello se debe a que muchas personas que anteriormente
se dedicaron a la producción de maíz, actualmente se ocupan en el cultivo del
sisal‛.25 En 1909 el ingeniero Manuel Arrigunaga Gutiérrez, en un informe dirigido
24Mensaje leído por el gobernador Manuel Cirerol ante el Congreso del estado de Yucatán (1 de‖julio‖de‖1870),‖en‖CAIHY,‖Carpeta‖que‖contiene‖los‖‚Mensajes‖leídos‖por el gobernador Manuel Cirerol ante el H. Congreso del Estado de Yucatán, 1870-1872‛. 25Kaerger,‖‚El‖cultivo‖del‖agave‖de‖sisal‛,‖38.
132
a la Cámara Agrícola de Yucatán, coincide con la apreciación de Kaeger cuando
afirmaba que ‚los‖ hacendados‖ *<+‖ desatendieron‖ la‖ siembra‖ de‖ semillas‖ para‖
dedicarse‖ casi‖ exclusivamente‖ al‖ cultivo‖ del‖ henequenal‛,‖ pero‖ adem{s‖ los‖
productos‖ de‖ henequén‖ anularon‖ ‚la‖ costumbre‖ establecida‖ de‖ antaño, que
consistía en conceder a los sirvientes licencias temporales y oportunos para que se
dediquen al cultivo de sus sementeras propias, consistentes casi exclusivamente
[de] sus‖maizales‖en‖ los‖que‖ intercalan‖ frijol,‖higuerilla,‖ chiles‖y‖calabazas‛.26 Los
testimonios anteriores sugieren que la disminución de la producción del grano se
debió, principalmente, a que dejó de ser cultivada como producto principal de las
haciendas. De este modo, la producción de maíz fue de autoconsumo al continuar
en manos de los milperos de los pueblos y aun de los trabajadores de las
haciendas.
En el cuadro 9 se pueden apreciar las superficies cultivadas de maíz en cada
uno de los partidos del noroeste henequenero entre 1896 y 1912. El cuadro muestra
que la producción del grano, en general, disminuyó de 33 226 a 15 500 hectáreas, es
decir, en 16 años la producción del grano decreció un 53%. En los partidos de
Motul, Izamal y Maxcanú el descenso de los cultivos de maíz fue especialmente
dramático, pues en 1912 las hectáreas cultivadas disminuyeron 91%, 84% y 80%,
respectivamente, en relación a 1896. Asimismo, en el mismo cuadro se puede
constatar que los años de mayor escasez fueron 1899 y 1900 con 13 347 y 13 316
hectáreas cultivadas respectivamente y 1911 con 10 962 hectáreas sembradas.
26‚Informe‖ del‖ ingeniero‖Manuel‖ Arrigunaga‖Gutiérrez a la Cámara Agrícola de Yucatán (1909), Colección particular. Del informe del ingeniero Arrigunaga sólo se conserva un borrador de su puño y letra que consta de 12 páginas. Agradezco a la Dra. Alejandra García Quintanilla el haberme facilitado la consulta de una fotocopia de este importante manuscrito.
133
CUADRO 9
CULTIVO DE MAÍZ EN EL NOROESTE HENEQUENERO, 1896-1912
(HECTÁREAS)
Partidos 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1907 1908 1911 1912
Izamal 6,973 3,741 5,265 2,796 4,440 4,538 5,227 4,274 1,423 1,113
Maxcanú 6,453 4,450 4,661 3,817 3,286 4,283 3,901 3,968 1,653 1,262
Acanceh 6,116 1,750 2,455 444 1,270 1,254 3,568 3,786 4,112 2,750
Temax 4,713 2,612 3,479 1,360 1,150 3,240 4,560 5,207 2,894 3,313
Hunucmá 3,280 3,306 3,054 1,206 949 1,811 1,795 3,368 284 6,000
Motul 2,572 2,623 2,521 1,528 385 2,106 1,950 2,541 250 242
Mérida 2,063 1,150 784 1,144 200 251 1,148 1,154 26 69
Tixkokob 993 1,212 1,231 1,176 1,313 10,749 1,213 868 80
Progreso 63 58 165 323 701 120 240 751
Totales 33,226 20,902 23,615 13,471 13,316 28,933 23,362 25,286 10,962 15,500
Fuentes: Boletín de estadísticas, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901,1907,1908, 1911, 1912.
Para contrarrestar la baja producción de grano y el aumento de su valor, el
gobierno local dictó varios decretos a lo largo del siglo XIX destinados a garantizar
el abasto local de maíz mediante la importación y la distribución del cereal. En
1870 el gobierno del estado emitió un decreto que concedía a los importadores de
maíz nacional o extranjero, una prima de treinta centavos por cada cien libras,
peso neto del grano, que introdujeran por el puerto de Sisal entre el 1º de julio
hasta el 31 de agosto. El importador se comprometía a no subir el precio del maíz a
más de tres pesos la carga de doce almudes. El maíz importado se depositaría en el
palacio municipal o en el lugar que el gobierno señalara en esta capital y desde ahí
se procedería a su venta bajo la inspección de comisiones del ayuntamiento y
cuantos auxilios se requirieran.27 El 20 de diciembre de 1870, el ejecutivo local
emitió otro decreto que disponía que en ningún punto del estado se cobrara
arbitrio municipal por el maíz que se vendiera o se introdujera para el consumo en
27En Colección de leyes, IV, 178.
134
todo el año de 1871. Este decreto derogaba toda disposición contraria que se
hubiese dictado en los respectivos planes de arbitrios vigentes.28
En la década de 1880 el congreso local redobló los esfuerzos por garantizar
la importación de maíz y su distribución a la población. El 25 de agosto de 1883 se
decretó la concesión de una prima de treinta y cinco centavos por quintal neto al
maíz nacional que procediera de Veracruz, Tampico y Tuxpan que se introdujera
por el puerto de Progreso durante seis meses. El valor de esta prima sería
amortizada únicamente con la mitad de los derechos de consumo que causaran
directamente a su importación. El administrador subalterno de rentas de Progreso
quedaría obligado a librar un certificado del número de quintal neto, para que la
tesorería general del estado pagara al causante la prima referida.29 Tres años
después, el 1 de abril de 1886, la legislatura local emitió otro decreto que ordenaba
que el maíz nacional o extranjero que se introdujera durante los siguientes nueve
meses no causaría derecho alguno para el erario del Estado ni para los
municipios.30
La llegada del maíz importado se anunciaba en los periódicos locales. El 11
de septiembre de 1894, La Revista de Mérida publicó‖la‖noticia‖‚en‖el‖vapor‖Seneca‖
que llegó a Progreso el sábado, vinieron siete mil sacos de maíz a consignación de
varias‖ casas‖de‖ comercio‛.31 En el cuadro 10 se puede apreciar las toneladas de
maíz nacional y extranjero que se introdujeron al estado entre 1894 y 1914. El 46%
de total de maíz importado era de México, probablemente de Puebla y otras
regiones del centro de México, y el 56% era grano extranjero. Al respecto Karl 28En Colección de leyes, IV, 218. 29En Ancona, Colección de leyes, VI, 366-367. 30En Ancona, Colección de leyes VII, 43-44. 31Anónimo,‖‖‚Importación‖de‖maíz‛,‖en‖La Revista de Mérida, (11 de septiembre de 1894), 3.
135
Kaerger, precisó que en 1900 el maíz importado del extranjero provenía de
América‖ del‖ Norte‖ y‖ que‖ ‚el‖ precio‖ de‖ este‖ producto‖ extranjero‖ gravado‖ con‖
impuestos de importación, también ha provocado el alza de precio del maíz
nacional‛.32 Por su parte, el ingeniero Arrigunaga Gutiérrez no dejó de mencionar
en‖ su‖ informe‖ que‖ para‖ 1909‖ ‚la‖ disminución‖ de‖ la‖ producción‖ de‖ maíz‖ se‖ ha‖
manifestado palpablemente por las grandes importaciones del estado de este
cereal‛.33
CUADRO 10 IMPORTACIONES DE MAÍZ A YUCATÁN, 1894-1914
(EN TONELADAS) Año Nacional % Extranjero % Total
1894 26,094,957 93 1,922,562*** 7 28,017,612
1895 12,909,210 56 10,139,822 44 23,049,088
1896 381,542 2 23,625,173 98 24,006,717 1897 435,710 81 102,702 19 538,493 1898 2,881,906 100 0 0 2,882,006
1899 19,728,068 82 4,366,579 18 24,094,729
1900 16,560,517 61 10,785,867 39 27,346,445 1901 2,834,151 7 38,619,777 93 41,453,935
1902 22,740,029 99 107,274 1 22,847,402 1903 27,727,804 74 9,742,906 26 37,470,784
1904 32,139,735 93 2,587,108 7 34,726,936 1905 12,602,972 37 21,541,683 63 34,144,692
1906* 761,027 18 3,391,470 82 4,152,515 1907 9,083,708 22 31,558,129 78 40,641,859
1908 1,053,756 99 1,163 1 1,055,018
1909 107,126 86 17,991 14 125,203 1910 383,023 2 17,465,668 98 17,848,693 1911 1,107,940 2 43,243,758 98 44,351,700
1912 1,371,896 6 23,171,148 94 24,543,050
1913 18,059,731 63 10,439,046 36 28,498,840
1914 20,267,904 64 11,217,441 36 31,485,409
Totales 229,232,712 46 264,047,267 54 493,280,025
Fuente: García Quintanilla, Los tiempos en Yucatán, 86.
32Kaerger,‖‚El‖cultivo‖del‖agave‖de‖sisal‛,‖38.‖ 33‚Informe‖ del‖ ingeniero‖Manuel‖ Arrigunaga‖Gutiérrez‖ a‖ la‖ C{mara‖Agrícola‖ de‖Yucatán (1909), Colección particular.
136
3. DE MILPEROS A HENEQUENEROS
Al finalizar el siglo XIX, la población del noroeste peninsular se concentraba en el
ámbito rural, pero con la particularidad de que las haciendas se habían convertido
en los asentamientos de residencia más importantes en detrimento de los pueblos.
En el cuadro 11 se puede apreciar esta tendencia. Para 1862, los pueblos eran los
asentamientos más importantes al concentrar en ellos 38.4% de la población total
del noroeste. En 1900 la población que residía en los pueblos descendió 20%. En
contraste, las haciendas se erigieron en las localidades más importantes con 76 659
habitantes, es decir, 38.15% de la población total del noroeste. Le siguieron las
ciudades con 27.48%, y después los pueblos con 46 855 personas (23.32%); por
último, las villas con 10.4%. Esta tendencia, marcada por el auge de la
agroindustria, cambió ligeramente en la siguiente década. En 1910, las ciudades
concentraban 36% de la población total del noroeste, le seguían las haciendas con
un número de habitantes de 73 464, equivalente 35%; y luego los pueblos con 36
013 habitantes, lo que representaba 17% de la población total (cuadro 11).34
CUADRO 11
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL NOROESTE* HENEQUENERO, 1862-1910
1862 1900 1910
Localidades Total % Total % Total %
Pueblos 58,622 38.4 46,855 23.32 36,013 17
Haciendas 48,994 32.09 76,659 38.15 73,464 35
Ciudades 23,211 15.2 55,211 27.48 75,546 36
Villas 9,265 6.07 20,893 10.4 22,596 11
Otros** 12,569 8.23 1,305 0.65 2,200 1
Sumas 152,661 100 200,923 100 209,819 100 *Comprende los partidos de Mérida, Izamal, Motul, Maxcanú, Temax, Tixkokob, Acanceh y Progreso **Incluye las siguientes localidades: sitios, ranchos, rancherías, paraje, quinta, colonial, congregación y estación de ferrocarril. Fuentes: Rejón, Censo general de 1862; Censos de población, 1900 y 1910.
34Censos de población 1900 y 1910.
137
La transformación de la distribución de la población del noroeste está
vinculada con la participación de la población maya en los procesos productivos
que demandaba un incremento de mano de obra. En el periodo que va de la
independencia a la década de 1860, conforme la producción agrícola se vinculó a
nuevos mercados, las formas de la utilización de la mano de obra se adecuaron
para hacer frente a la demanda. En su estudio sobre las haciendas, Pedro
Bracamonte muestra que hubo una inserción importante de la población maya a
las haciendas como trabajadores, y encontró la presencia de cuatro clases de
trabajadores: 1) los asalariados: conformados por mayordomo, mayocol, mayoral,
maestro de azúcar, y trabajadores de los trapiches; 2) los luneros, quienes
laboraban únicamente los días lunes a cambio de una extensión de montes de la
finca para cultivar; 3) los arrendatarios independientes, quienes labraban en los
terrenos de la finca y entregaban una renta en especie o dinero y podían residir en
los pueblos o en los terrenos de la finca; y 4) los eventuales que laboraban bajo el
sistema‖ de‖ ‚trabajo‖ por‖ tareas‛‖ que‖ consistía‖ en‖ emplear‖ a‖ un‖ trabajador‖ para‖
desempeñar una labor específica a cambio de un pago determinado. Bajo este
sistema, el hacendado podía cubrir una importante variedad de oficios específicos
y más aún regular la mano de obra de acuerdo a las necesidades y variantes
estacionales de los cultivos.35
Las haciendas ganaderas habían requerido de pocos trabajadores, pero
conforme se convirtieron en unidades agrícolas necesitaron de mayor mano de
obra para los cultivos. Al decir de Bracamonte, el‖ ‚trabajo‖por‖ tareas‛‖ sentó‖ las‖
35Bracamonte, Amos y sirvientes, 120- 129. En su estudio, Bracamonte ejemplifica, de manera pormenorizada, las actividades que se desempeñaban bajo este sistema en las fincas maiceras, azucareras y ganaderas; y las relaciones sociales que sostenían la organización y jerarquía laboral de las fincas.
138
bases para el empleo permanente en las haciendas. Los luneros fueron los primeros
en ser requeridos e incorporados definitivamente al trabajo intenso y diario de las
haciendas.36
El desarrollo de la agroindustria henequenera aceleró la incorporación de la
población a las fincas. Es difícil precisar cómo fue este proceso porque los datos,
además de escasos, se refieren a los trabajadores de las haciendas como sirvientes,
jornaleros o peones sin precisar o distinguir sus condiciones dentro de las
propiedades. Aun así, las cifras contenidas en los informes de gobierno o censos
decimonónicos permiten tener una idea de cómo se involucró la población como
trabajadores de las haciendas henequeneras.
En el cuadro 12 se observa que en 1878 las cifras arrojan un total de 8 610
sirvientes. En 1881 se estima un total de 14 449 de sirvientes; en 1884 el número
aumentó a 18 418 y en 1885 creció a 19 340. La cifra de los trabajadores siguió en
aumento a fines del siglo XIX. El aumento más importante se dio entre 1884 y 1895,
pues en el censo de población de este último año se reporta la existencia de 50 083
de‖ ‚peones‖ de‖ campo‛;‖ para 1900 Víctor Suárez Molina, en su estudio sobre la
economía yucateca del siglo XIX,‖estima‖que‖el‖número‖de‖‚peones‖de‖campo‛‖llegó‖
a 48 830 en el noroeste del estado.37 También, en el mismo cuadro se puede
observar que Acanceh y Mérida fueron los partidos con mayor número de
trabajadores en las fincas.
36Bracamonte, Amos y sirvientes, 137-142. 37Suárez Molina, La evolución económica, I, 160-161.
139
CUADRO 12
NÚMERO DE SIRVIENTES DE LOS PARTIDOS DEL NOROESTE, 1878-1895
1878 1881 1884 1885 1895
Partidos Jornaleros Sirvientes adeudados Sirvientes Sirvientes Peones de campo
Acanceh 2,052 2,564 3,000 3,500 7,890
Mérida 2,851 2,487 4,204 4,270 7,916
Hunucmá 681 2,036 1,780 2,124 6,061
Tixkokob 874 1,788 1,810 1,810 4,484
Izamal
1,625 2,412 1,981 6,382
Temax 1,247 1,421 1,616 1,616 5,574
Maxcanú 905 1,295 1,219 1,534 5,856
Motul 1,071 2,122 2,250 5,190
Progreso
162 255 255 730
Totales 8,610 14,449 18,418 19,340 50,083
Fuente: Datos estadísticos de varios partidos de Yucatán (1878), en AGEY, Congreso del estado, Varios, vol. 5, exp. 10. Baqueiro Preve, Reseña geográfica, documentos justificativos; Rosado, Memoria 1884; Rosado, Memoria 1885; Censo de 1895.
A pesar de su indiscutible participación en la agroindustria, la población
rural se vinculó a las haciendas de distintas manera, lo que dio lugar a una
sociedad agraria heterogénea como resultado de las diferentes relaciones y
condiciones laborales y a sus diversas condiciones de vida y de subsistencia. Los
trabajadores que residían en las haciendas eran denominados jornaleros, sirvientes,
peones de campo y acasillados.38 La deuda y una relación paternalista que
mantenían con los dueños de las haciendas son los rasgos que más los distinguen.
38Además de los peones, residieron en las haciendas los trabajadores inmigrantes que comenzaron a llegar en la década de 1880, con el apoyo del gobierno local, del extranjero y de diversas regiones de México. Es el caso de los inmigrantes canarios, chinos y coreanos; huastecos y prisioneros de guerra como el caso de los yaquis de Sonora. Todo parece indicar que estos trabajadores, al término de su contrato abandonaron las fincas y se trasladaron a los pueblos, villas y ciudades para emprender diversos oficios. En el presente estudio se excluyen del análisis a estos trabajadores. Para mayores referencias sobre los trabajadores inmigrantes consúltese Zuleta, De cultivos y contribuciones, 242‖y‖C{mara‖Zavala,‖‚Historia‖de‖la‖industria‖henequenera‛,‖702-704.
140
Sin embargo, en estas páginas no haremos un análisis sobre ambos aspectos
porque deseamos destacar sus condiciones de vida que los caracterizaba y los
distinguía de otros trabajadores. Karl Kaerger, quien visitó Yucatán en 1900,
encontró que la situación de los peones variaba, según el tamaño de la hacienda. Si
se trataba de una finca mayor, los peones recibían un jornal de 50 centavos durante
los días que trabajaban, y un sustento diario por un valor aproximado de 25
centavos. Además cada adulto recibía anualmente 16 varas de una tela sencilla
para la ropa de él y su familia; recibía atención médica y medicinas y más
importante aún era la concesión de montes‖suficientes‖para‖elaborar‖‚tanta‖milpa‖
como‖ puedan‖ atender‛.‖ Para‖ los‖ peones‖ de‖ fincas‖ de‖ menor‖ tamaño,‖ observó‖
Keager, la situación era diferente. No recibían ropa ni apoyo por enfermedad ni
alimentación. En lugar de jornal se les asignaba tareas, es decir, un trabajo
específico que les era pagado a destajo. Por lo regular estos trabajos estaban
diseñados para durar un día. Por ejemplo: el trasplante de 200 plantitas al campo
definitivo, el corte de 2 000 hojas, y de un montón de leña de dos varas de largo, y
media vara de ancho y dos varas de largo. Todas estas tareas se pagaban a 50
centavos y podían darles o no alimentación.39
El cultivo de las milpas en los montes de la hacienda formaba parte de las
prerrogativas más importantes concedidas a los peones. Sin embargo, los espacios,
los tiempos y las condiciones para el cultivo de las sementeras estaba sujeto a la
lógica productiva de las haciendas henequeneras. De este modo, el cultivo de las
milpas se supeditaban a los permisos que otorgaban los administradores o
propietarios para cultivar, o bien, los trabajadores sólo disponían de los domingos
39 Keager,‚El‖cultivo‖del‖agave‖de‖sisal‛,‖37.
141
para ir a las milpas; también se dependían de la designación de los montes que
debían cultivar.
El ingeniero Arrigunaga ofrece una descripción sobre las milpas de los
peones:‖‚a‖ las‖milpas‖acudía‖ la‖ familia‖entera‖a‖ trabajar‖y‖ también‖a‖recrearse‖en‖
aquello que era suyo. La familia velaba con interés, pendiente de la lluvia la
semana entera para acudir presurosa los domingos pasando alegre, el hacha al
hombro‖ *<+‖ sin‖ detenerse‖ para‖ regresar‖ a‖ la‖ tarde‖ cargada‖ de‖ los‖ frutos‖ de‖ la‖
milpa‛.40 El mismo ingeniero exaltaba la importancia de los cultivos de las
sementeras‖porque‖‚era‖de‖gran‖auxilio‖material‖para‖los‖peones de campo porque
les permitía pasar gran parte del año sin comprar semillas para el gasto de su casa,
es decir, para la alimentación personal consistente en su mayor parte en maíz,
frijoles, pepita de calabaza y chile, así como para la manutención de sus aves de
corral‖y‖puercos‛.41
A principios del siglo XX, la demanda en las exportaciones de fibra de
henequén propició que las jornadas laborales en las haciendas se intensificaran y
los permisos para cultivar las milpas mermaran. En 1900 el alemán Karl Kaerger
describió‖esta‖situación‖de‖la‖siguiente‖manera:‖‚A‖los‖sirvientes‖de‖las‖haciendas‖
ya no se les concede tanto tiempo libre como antes para la atención de sus milpas,
por‖ lo‖ que‖ también‖ sus‖ producciones‖ de‖ maíz‖ han‖ disminuido‛.42 En 1909 el
ingeniero Arrigunaga‖ también‖ apuntó‖ en‖ su‖ informe:‖ ‚se‖ fue‖ suprimiendo‖ la‖
costumbre establecida de antaño, que consistía de conceder a los sirvientes
licencias temporales y oportunos para que se dediquen al cultivo de sus
40‚Informe‖ del‖ ingeniero‖Manuel‖ Arrigunaga‖Gutiérrez a la Cámara Agrícola de Yucat{n‛‖(1909), Colección particular, f. 6. 41Ibid. 42Kaerger,‖‚El‖cultivo‖del‖agave‖de‖sisal‛,‖38.‖
142
sementeras propias consistentes casi exclusivamente‖ sus‖maizales‛.43 Lo anterior
propició‖que‖en‖‚las‖casas‖de‖los‖peones‖dejó‖de‖existir‖la‖reserva‖de‖maíz y fueron
reduciéndose los animales domésticos cuya manutención ya no procedía del
granero instalado en el rincón de la choza, sino de la tienda de la finca, a donde
hay que ocurrir moneda en mano‛.44 En efecto, para contrarrestar las consecuencias
negativas de esta medida, los dueños de las fincas incrementaron los pagos o
jornales para que los peones pudieran comprar maíz para su consumo. En tal
sentido, la población de las haciendas experimentaba la consolidación de la
monetarización de su economía.
En realidad, los peones de las haciendas tenían garantizado el maíz aun en
épocas de escasez y de precios altos. Alberto García Cantón, un ex-hacendado,
escribió en sus memorias que el factor básico para conservar estable el costo de la
vida del trabajador era mantener el maíz a bajo precio. El ex–hacendado explicó
que el precio normal de la carga (46 ó 48 kilos, aproximadamente) era de tres
pesos. Cuando esta cantidad se incrementaba,‖ el‖ hacendado‖ ‚se‖ abastecía‖ a‖
cualquier‖precio‖y‖lo‖vendía‖a‖tres‖a‖los‖de‖la‖hacienda‛.‖García‖Cantón relató que
él mismo llegó a pagar 18 pesos la carga del maíz importado de Estados Unidos
para venderla a tres pesos a sus trabajadores.45
Los trabajadores que residían en las haciendas se caracterizaban por tener
una situación estable en comparación con los trabajadores de los pueblos, pues aun
en tiempos de crisis, el escaso trabajo era reservado para ellos y el maíz lo
compraban a bajo precio. Al respecto, García Cantón escribió: ‚la‖ gente‖ de‖ las‖
43‚Informe‖ del‖ ingeniero‖Manuel‖ Arrigunaga‖Gutiérrez‖ a‖ la‖ C{mara‖Agrícola‖ de‖Yucat{n‛‖(1909),‖Colección‖particular,‖f.‖6. 44 Ibid. 45García Cantón, Memorias de un ex–hacendado, 43-44.
143
fincas contaba con trabajo y percibía los jornales establecidos, sin reducción. Hubo
crisis tan grandes (una o dos veces) en las que los hacendados, para no dejar de
cubrir‖ los‖ jornales‖de‖ su‖gente‖ *<+‖ recurría‖ hasta‖ a‖préstamos‖hipotecarios‖ antes‖
que sacrificar al trabajador radicado en las haciendas‛.46
Por último, pero no menos importante, los trabajadores que residían en las
fincas estaban exentos de servir en la Guardia Nacional con la finalidad de no
interferir en la producción agrícola de las fincas. El 6 de marzo de 1856 el gobierno
estatal exceptuó del servicio de la Guardia Nacional a los individuos que hubieran
nacido en la finca o que se desempeñaran como sirvientes o jornaleros de la
hacienda desde 1850. A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, los gobiernos
emitieron diversas órdenes que reiteraban dicha excepción y precisaban su
procedimiento. Por ejemplo, la orden del 24 de abril de 1875 estableció que los
jornaleros de campos establecidos en la finca antes del 15 de junio de 1867 estaban
excluidos del servicio personal y de cualquier pago por dicha exclusión. Los
jornaleros que se hubieran establecido en las fincas en fecha posterior a la señalada
pagarían mensualmente, según su antigüedad, la cantidad de 50 centavos o un
peso. En la década de 1880 cuando el henequén se posicionó como el producto de
exportación más importante de Yucatán, el gobierno local emitió una orden l 9 de
agosto de 1884 que exceptuaba a los simples jornaleros de campos, avecindados en
las fincas rústicas, del servicio en la Guardia Nacional sin el pago de cuota alguna.
En dicha orden se enfatizó que los jornaleros perdían esta prerrogativa si
46García Cantón, Memorias de un ex–hacendado, 43-44.
144
trasladaban su residencia a cualquier otra población; en cambio, si se reubicaban
en otra finca la conservaban.47
Alan Knight, en su breve trabajo sobre el peonaje, hace referencia a los
peones de las haciendas henequeneras y considera que su permanencia en ellas
debe explicarse más por las ventajas laborales que daban seguridad a los
trabajadores‖―como‖una‖ casa,‖ ‖monte‖ para‖ cultivar‖ o‖maíz‖ importado‖ a‖ precios‖
moderados y hasta subsidiado―‖ que‖ por‖ los‖ medios‖ o mecanismos coercitivos
como la deuda y el temor a los castigos del patrón. Knight lo denomina ‚peonaje
tradicional‛, por existir elementos paternalistas y la conformidad de los mismos
peones. Incluso sugiere que el estatus del peón llegó a ser atractivo y conveniente
frente al mercado del trabajo libre y asalariado.48 Otro autor, Herbert J. Nickel en su
estudio sobre los trabajadores agrícolas de los altos de Puebla y Tlaxcala, encuentra
que los peones acasillados de las haciendas se encontraban en condiciones más
estables y seguras frente a otros tipos de trabajadores porque recibían maíz a
precios razonables o como pago parcial en especie, se les permitía producir maíz
47Las órdenes y decretos que exceptúan a los jornaleros de campo del servicio de la Guardia Nacional se encuentran en Orosa Díaz, Legislación henequenera, I, 37, 54-56 y Ancona, Colección de leyes, V, 66-67. 48Knight,‖ ‚Mexican‖ peonage‛,‖ 44-47;‖ también‖ véase‖ Nickel,‖ ‚Las‖ deudas‖ de‖ los‖sirvientes‛,‖ 313-361. En este breve trabajo, el autor ofrece un estudio de las relaciones laborales en las plantaciones de henequén desde una perspectiva novedosa. Nickel señala que no existen datos empíricos suficientes para equiparar las condiciones de trabajo de los peones con la esclavitud. Al mismo tiempo, apunta que la construcción de estas ideas que consideran las relaciones laborales como duras, herméticas‖ y‖ ‚esclavistas‛‖ se‖ basa‖ en‖ la‖ obra‖ del‖ periodista‖ J.K.‖Turner, México bárbaro y en el discurso de los gobiernos locales revolucionarios que denunciaban las difíciles condiciones laborales en las haciendas. La propagación de estas ideas, señala el autor, fue de gran utilidad para los gobiernos revolucionarios porque legitimaba los cambios emprendidos en la estructura agraria y en el ámbito laboral.
145
en tierras asignadas y la pérdida del valor adquisitivo estuvo equilibrada por
mayores oportunidades de crédito.49
Conforme‖creció‖la‖demanda‖de‖la‖fibra,‖aumentó‖la‖necesidad‖de‖‚ocupar‖a‖
la‖gente‖que‖vive‖en‖los‖pueblos‖inmediatos‛.50 Para los vecinos de los pueblos, el
trabajo en las fincas henequenera constituyó una actividad de primer orden. Los
pobladores de Kanasín, pueblo perteneciente al partido de Mérida, se empleaban
en‖la‖hacienda‖‚cuando‖las‖condiciones‖son‖desfavorables‛,‖pues‖con‖el‖trabajo‖‚a‖
jornal‖en‖las‖fincas‖circunvecinas‛‖recibían‖el‖pago‖de‖un‖peso.51 Sin embargo, los
trabajadores de los pueblos no han recibido de los estudiosos la misma atención
otorgada a los peones acasillados, considerados como la expresión máxima de la
relación laboral que prevaleció y caracterizó a las haciendas. Los jornaleros de los
pueblos se caracterizaban porque no residían en las fincas y su permanencia en
ellas no estaba necesariamente mediada por el sistema de endeudamiento ni por
los mecanismos paternalistas que generaban la inmovilidad de los otros
trabajadores. Por tales razones, no existen cifras aproximadas de ellos, sólo
sabemos que residían en los pueblos.
En 1914, Esteban Flores visitó Yucatán para realizar una investigación sobre
las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores de las fincas henequeneras,
y‖ clasificó‖ como‖ ‚peones‖ libres‛‖ a‖ todos‖ aquellos‖ sirvientes‖ que‖ se‖ desplazaban‖
‚diariamente‖de‖los‖lugares‖en‖que‖habitan‖a‖trabajar‖a‖las‖haciendas,‖y‖concluida‖
49Nickel,‖‚Los‖trabajadores‖agrícolas‛,‖345-346. 50Flores,‖‚La‖vida‖rural‛,‖479. 51Petición de ejidos del municipio de Kanasín, núcleos: San Pedro Nohpat, Teya, Techan, Subincancab, Mulchechén, Hunxectaman, San Antonio Tehuitz (1921), en RAN-Mérida Carpeta básica, exp. 23-25/70.
146
su‖ tarea,‖ regresan‖ a‖ sus‖ hogares‛.52 Su incorporación a las fincas dependía de la
demanda y necesidades de la producción. El ex—hacendado Alberto García
Cantón‖ escribió‖ ‚que‖ la‖ gente‖ de‖ los‖ pueblos‖ trabajaba‖ en‖ las‖ haciendas,‖
aumentando‖ o‖ bajando‖ el‖ número‖ de‖ acuerdo‖ con‖ el‖ ciclo‖ de‖ trabajo‛.‖ De‖ este‖
modo, eran contratados en los meses de abril, mayo y junio para la siembra y de
septiembre a diciembre para el chapeo y la tumba.53 El trabajo no sólo era
temporal, sino sujeto a las condiciones del mercado. En épocas de crisis, los
productores reducían los gastos que no eran indispensables. Así, disminuían o
suspendían las siembras,‖ se‖ aplazaban‖ los‖ ‚chapeos‛‖ y‖ se‖ limitaba‖ el‖ trabajo‖ al‖
corte y raspa para producir la fibra que se vendía. En tales circunstancias,
recordaba el ex-hacendado Alberto García, ‚los‖ trabajadores‖ de‖ los‖ pueblos‖ se‖
veían‖sin‖trabajo‛.54
Las evidencias sobre las condiciones en las que laboraban los trabajadores
de los pueblos son escasas. Pero existe información que coincide en señalar que sus
sueldos eran superiores a los que recibían los peones que residían en la finca. En
1900 Keager observó esta diferencia‖ y‖ la‖ describió‖ del‖ modo‖ siguiente:‖ ‚A‖ los‖
sirvientes se les paga dos reales por la limpieza de un mecate de cultivo en suelos
pedregosos‖ y‖ tres‖ reales‖ en‖ suelos‖ menos‖ pedregosos‖ *<+‖ mientras‖ que‖ las‖
52En 1912, durante la administración de Francisco I. Madero se creó en la Secretaría de Fomento el Departamento del Trabajo y Previsión Social, y una de sus primeras tareas fue la realización de estudios sobre la salud e higiene de las clases obreras, su condición económica y cultural. Esteban Flores era funcionario de dicho Departamento y llegó a Yucatán en marzo de 1914 para conocer las condiciones en que vivían y trabajaban los trabajadores en las fincas henequeneras. Los resultados de su inspección quedaron asentados en un informe dirigido a la Secretaría de Fomento,‖Colonización‖e‖Industria.‖Flores,‖‚La‖vida‖rural‛,‖470-471, 479-480. 53García Cantón, De mi archivo, 26-27. 54García Cantón, De mi archivo, 43.
147
personas ajenas a la hacienda reciben de dos o tres reales más por la misma tarea,
aunque‖ sin‖ alimentación‛.55 La misma situación notó Esteban Flores en 1914. Él
visitó cerca de 16 fincas henequeneras y se percató que los jornaleros de los
pueblos recibían sueldos ligeramente más altos que los acasillados. Por ejemplo,
por el millar de pencas cortadas los jornaleros de los pueblos recibían entre .75
centavos y 1.18, en tanto los peones residentes en las fincas percibían de .37
centavos a 1.25. En la hacienda Nohuayan, explica Flores, los peones libres recibían
.70 centavos por el millar de pencas y los acasillados .60. Pero en cambio observó
que no gozaban de las prestaciones económicas ni de la asistencia médica, tampoco
de los precios especiales en las tiendas de raya, no recibían la ración de maíz y no
se les dispensaba del servicio en la Guardia Nacional.56
En algunas haciendas, a los trabajadores de los pueblos se les brindaba,
además del pago en efectivo, una extensión de los montes de la hacienda para
cultivar sus milpas. Los de Acanceh, por ejemplo, solían trabajar en las haciendas
de Eknakán y Yabacú y sembraban sus sementeras en dichas propiedades. Al
respecto,‖ Ricardo‖ Molina,‖ dueño‖ de‖ la‖ hacienda‖ Eknak{n,‖ describió:‖ ‚he‖
acostumbrado hacer cada año la distribución de montes entre los jornaleros que
residen en la finca y los vecinos de Acanceh que trabajan en la misma para que
preparen‖ sus‖milpas‛.57 De igual forma, los trabajadores, vecinos de la ranchería
Santa Cruz Tekan, trabajaban en el henequén y cultivaban sus milpas en la finca
San Lorenzo Pelé del‖ partido‖ de‖ Acanceh.‖ Dichos‖ trabajadores‖ estaban‖ ‚todos‖
emparentados‖ entre‖ sí,‖ *pues+‖ constituyen‖ una‖ sola‖ familia‛‖ y‖ prestaban‖ sus‖
55Kaerger,‖‚El‖cultivo‖del‖agave‖de‖sisal‛,‖37.‖ 56Flores,‖‚La‖vida‖rural‛,‖478,‖482. 57Ricardo Molina se queja de los vecinos de Seyé por haber invadido los terrenos de la finca Eknakán (1920), en AGEY, Poder Ejecutivo, Gobernación, caja 712.
148
servicios en la citada finca a cambio de cultivar en sus montes.58 La posibilidad de
acceder a los montes de la finca para cultivar fue percibida como una ventaja por
los vecinos de los pueblos. Al respecto, el jefe político de Motul explicó que como
resultado‖de‖ las‖privatizaciones‖de‖ los‖ terrenos‖donde‖ cultivaban‖ los‖ vecinos‖ ‚la‖
mayor parte de estos infelices tiene que meterse a jornaleros de campo en busca de
montes‖para‖labrar,‖que‖es‖lo‖que‖‘brinda’‖el‖sustento‖de‖sus‖familias‛.59
La legislación decimonónica nos ayuda a conocer un poco más sobre las
condiciones laborales de los vecinos de los pueblos. En las ‚Normas del derecho
laboral‛ del código civil de Yucatán de 1872 se definió como servicio por jornal al
individuo‖ que‖ prestaba‖ sus‖ servicios‖ ‚día‖ por‖ día,‖ mediante‖ cierta‖ retribución‖
diaria‖ que‖ se‖ llama‖ jornal‛.‖ El‖ jornalero‖ no‖ podía‖ abandonar‖ el‖ trabajo‖ hasta‖ no‖
concluir con lo convenido, de lo contrario perdía su salario y quedaba obligado a
pagarlo por entero. Si el trabajo que desempeñaba lo concluía antes del medio día,
se le pagaría la mitad del jornal y a la inversa, es decir, si ocupaba más de medio
día o día entero, se le daría el pago correspondiente. Los jornaleros eran
responsables de los instrumentos de trabajo que se les entregaba, por lo que debían
responder por su pérdida o inutilización.60 En 1882 se expidió la ley agrícola
58Esteban Solís solicita que los vecinos de Santa Cruz Tekan no sean llamados a la Guardia Nacional (1889), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 257. 59Averiguación sobre el denuncio realizado por Francisco Moguel de unos terrenos usufructuados por vecinos de Cacalchén (1878), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 200. 60En Nickel, El peonaje, 416-419. En el estado de Campeche se decretó una ley para el servicio en los establecimientos de campo el 3 de noviembre de 1868. En dicha ley‖ se‖ considera‖ ‚sirvientes‖ de‖ campo‛a‖ los‖ ‚jornaleros‖ y‖ los‖ asalariados.‖ Los‖primeros eran aquellos que se contratarían para un trabajo por el cual recibirían un pago‖ conforme‖ ‚a‖ las‖ costumbres‖ o‖ lo‖ estipulado‖ en‖ la‖ contrata‛.‖ Los‖ segundos‖eran todos los contratados para realizar trabajos de campo y como pago recibirían una cantidad fija al mes. Citado en González Navarro, Raza y tierra, 324-329.
149
industrial y en su capítulo II se establecieron los derechos y obligaciones de los
propietarios y jornaleros. Todos fueron considerados jornaleros y se les exigió
puntualidad y obediencia, quedaron obligados a resarcir los daños y perjuicios que
ocasionaran, a denunciar cualquiera falta o delito que se cometiera y no podían
celebrar un nuevo contrato de trabajo en tanto no concluyera el vigente. De
acuerdo con esta ley, los trabajadores tenían derecho a recibir el jornal convenido, a
no ser maltratado, pero sí a recibir castigos por faltas a la moralidad y buen orden
de la finca, y a separarse del servicio de la finca mediante el juicio ordinario
seguido ante los tribunales con arreglo a los trámites que determinaba el código de
procedimientos civiles.61 Asimismo, las normas y la ley agrícola estipulaban que a
falta de convenio expreso entre los trabajadores y hacendados o administradores
‚se‖observar{‖la‖costumbre‖del‖lugar‛.‖Con‖esta‖medida‖se‖legitimaban‖las‖formas‖
de contratación, de pago y las condiciones laborales establecidas por los dueños y
administradores de cada finca a los peones libres, a quienes contrataban
directamente o por medio de un contratista.62
61‚Ley‖agrícola‖industrial‖del‖estado‖de‖Yucat{n‛‖(1882),‖en‖Nickel,‖El peonaje, 420-421. 62Los trabajadores contratados por medio de un intermediario estaban organizados en‖cuadrillas‖y‖‚bajo‖la‖dirección‖‖de‖un‖contratista‛‖acudían‖al‖‚corte‖de planteles enteros‖ *<+‖ en‖diferentes‖haciendas.‖Flores,‖ ‚La‖ ‖vida‖ rural‛,‖ 480.‖Un‖ testimonio‖recogido por Canto Chan, Los trabajadores mayas, 90, explica la forma en que operaban‖ los‖ enganchadores‖ de‖ la‖ siguiente‖ manera:‖ ‚En‖ Mérida‖ había‖ una‖persona que se‖ llamaba‖ Marquecino‖ *<+‖ su trabajo era de andar buscando personas‖que‖no‖tenían‖trabajo‖para‖llevarle‖al‖hacendado‖de‖Ya’axkopoil.‖Se‖sabía‖que daba trabajo a la gente pobre, de esta manera se le iba a preguntar si había trabajo, y dice: cuántos son; somos cuatro; contesta él, que busquen a otros dos o tres más para llevarles al trabajo. ¿Dónde llevará al trabajador? En la finca del hacendado‖ de‖ Ya’axkopoil,‖ Ahí‖ llevar{‖ al‖ trabajador;‖ cuando‖ llegabas‖ a‖ la‖hacienda, te entregaba al patrón y ahí te quedabas a trabajar. Esta persona no por buena gente te buscaba trabajo sino que era su oficio, de éste ganaba porque
150
Además del trabajo temporal en las haciendas, los jornaleros de los pueblos
realizaban otras actividades para su subsistencia, tales como el corte de la leña y el
cultivo de la milpa. La producción de carbón solía ser una actividad relacionada a
las labores agrícolas, pero ante la demanda de combustible vegetal para el uso
doméstico, las haciendas y el ferrocarril, muchas personas comenzaron a dedicarse
a la producción del combustible vegetal. Al respecto, en 1915 el ingeniero Ramón
García Núñez observó que los habitantes de la villa y cabecera municipal de
Hunucm{‖ talaban‖ los‖ montes‖ ‚para‖ hacer‖ leña‖ y‖ venderla‖ al‖ ferrocarril‖ y‖ para
hacer‖ carbón‖para‖ el‖ abasto‖de‖Mérida‛.63 En otro lugar, el alcalde municipal de
Chablekal, pueblo cercano a la ciudad de Mérida, administraba a un grupo de
vecinos para el corte de leña, y su venta a las haciendas circunvecinas. En 1916, en
la villa de Umán se había conformado un sindicato denominado‖‚Agricultores‖de‖
Um{n‛,‖ que firmó un convenio con Atilano González, propietario de la finca de
Santa Cruz, con el objetivo de extraer leña exclusivamente del monte de la
hacienda.64 El‖hacendado‖concedió‖‚dos‖mil‖mecates‛‖de‖los‖montes‖denominados‖
‚San‖Juan‖de‖Dios‛‖y‖se‖comprometió‖a‖no‖enviar‖a‖sus‖sirvientes‖al‖corte‖de‖leña.‖
vendía al hacendado. ¿Cuánto es lo que ganaba? le pagaban de cinco a diez pesos por cada persona que entregaba al hacendado. Véase también Suárez Molina, La
evolución económica, I, 161-162. 63Sobre la solicitud de montes realizada por los pueblos de Chablekal y Tixkokob a las haciendas (1920) en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 706; Informe del ingeniero Ramón García Núñez a la oficina de Información y Propaganda (1915), en AGEY, Poder Ejecutivo, Gobernación, caja 487. 64El sindicato de agricultores de Umán, asociado al Comité Obrero de Mérida, probablemente surgió hacia 1915 tras el exhorto del general Salvador Alvarado para organizar a los trabajadores en sindicatos para obtener los beneficios de la revolución. La propuesta del general Alvarado fue bien recibida. En 1915 se formó una filial de la Casa del Obrero Mundial (COM), una organización nacional anarcosindicalista con un registro de 418 sindicatos. Joseph, Revolución desde afuera, 137-138, 142.
151
Por su parte, el sindicato quedó obligado a vender a González toda la leña a dos
pesos la tarea, y a entregar diariamente de 6 a 10 tareas. Ambas partes acordaron
que‖ en‖ dicha‖ finca‖ no‖ se‖ podría‖ ‚quemar‖ carbón‖ ni‖ hacer‖ hornos‖ de‖ cal‛‖ para‖
proteger los montes de posibles incendios y otros incidentes.65
Pero no siempre se celebraban acuerdos como los descritos en el párrafo
anterior. Los vecinos de los pueblos tenían que buscar el combustible vegetal en los
montes aledaños de los pueblos que no fueran propiedad privada; y con frecuencia
surgieron conflictos y rivalidades en torno a la explotación del combustible vegetal
y los montes. En 1898 Juan de la Cruz Chan, Miguel Chan, Laureano Pech, Inés
Pech, entre otros vecinos del pueblo y municipio de Cuzamá denunciaron a Pablo
C{mara,‖propietario‖de‖la‖quinta‖Santa‖Cruz,‖por‖estar‖‚explotando‖y‖destruyendo‖
los pocos montes que existen como tierras‖del‖pueblo‛. 66 Los vecinos explicaron
que Cámara sacaba gran cantidad de leña y temían que agotase los montes y la
leña‖que‖requerían‖para‖‚quemar‖en‖nuestra‖casa‖y‖para‖los‖usos‖indispensables‖de‖
nuestra‖ alimentación‛.67 Por su parte, Cámara, quien era vecino de Cuzamá,
confirmó que solía extraer la leña para mover la máquina de vapor para el raspado
de henequén. El gobernador, luego de escuchar a ambas partes, prohibió a Pablo
C{mara‖continuar‖con‖ la‖explotación‖de‖‚las‖3‖o‖4‖varas‖diarias‖de‖ leña‛, porque 65Acuerdo celebrado por el sindicato de agricultores de Umán y el propietario de la hacienda Santa Cruz para la extracción de leña (1919), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 487. Una tarea equivalía a la producción obtenida en una extensión‖de‖‚dos‖varas‖de‖cuadro‖y‖una‖vara‖de‖largo‛. 66Los otros vecinos eran Manuel Xuy, Juan B. Bracamonte, Juan B. Palomo, Miguel Hoil, M. Gutiérrez, Clotilde Hernández, J. Dolores Be, Juan de la Cruz Villanueva, Sebasti{n‖Kú,‖Marcos‖Madera,‖José‖N.‖May,‖Tiburcio‖Canto‖y‖‚otros‖que‖no‖saben‖firmar‛. 67Vecinos de Cuzamá denuncian al C. Pablo Cámara, propietario de Santa Cruz, de explotar leña en montes aledaños (|898), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 309.
152
dejaría‖el‖monte‖‚en‖un‖estado‖lamentable‖de‖destrucción‖que‖en‖muchos‖años‖no‖
podrán servir para que los proletarios de este pueblo, puedan aprovecharlos para
sus‖sementeras‖ni‖para‖sacar‖la‖leña‛.68 Por otro lado, las autoridades protegieron
los montes de las propiedades privadas al sancionar la invasión y la destrucción de
las reservas forestales de las fincas. En la ley agrícola industrial de 1882 se prohibió
la tala de montes y el robo de maderas en montes privados y ordenó que los
individuos que cometieran dichos delitos fueran consignados al juez de lo criminal
para su proceso con arreglo al código penal vigente.69
El cultivo de la milpa continuó siendo una actividad de vital importancia
para el sustento de los jornaleros de los pueblos. De modo que salían a trabajar en
los montes que habían logrado conservar en usufructo, pero que en términos de la
ley eran terrenos nacionales o baldíos. Tal es el caso de los labradores de
Cansahcab, quienes en 1899 cultivaban en los montes denominados Suytun,
Xkaymó y Tzulak, ubicados a seis kilómetros del pueblo.70 Igual situación vivían
los milperos de Cacalchén, quienes a finales del siglo XIX se trasladaban a montes
cercanos a los pueblos de Tunkás y Cenotillo que usufructuaban desde principios
de ese siglo.71 En 1886 la Junta municipal del pueblo de Sitilpech, del partido de
Izamal, describió que los montes aledaños a dicho pueblo eran cultivados por
68La Junta municipal notifica la decisión del ejecutivo estatal a Pablo Cámara por el asunto de los montes de Cuzamá (1899), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 328. 69En Nickel, El peonaje, 419-422. 70El gobernador del estado remite la solicitud de la H. Junta municipal de Cansahcab relativo a la composición de los terrenos que expresa (1899), en ATN, Composición, exp. 26. 71El presidente municipal de Cacalchén concede permiso a los vecinos de ese pueblo para rehacer las mensuras e terrenos de Cenotillo (1922), en AGEY, Poder
ejecutivo, Gobernación, caja 756.
153
vecinos‖de‖ otros‖pueblos‖ y‖ que‖ era‖ costumbre‖ su‖ ocupación‖ sin‖ ‚consentimiento‖
alguno‛‖de‖las‖autoridades,‖‚pues sin‖aviso‖alguno‖hacen‖sus‖labranzas‛‖de‖maíz‖y‖
frijol.72 También ocupaban los montes disponibles. En 1901, los habitantes de
Hoctún‖realizaban‖sus‖milpas‖en‖montes‖que‖colindaban‖‚por‖sus‖4‖vientos‖*...+‖con‖
terrenos‛‖de‖la‖hacienda‖Wallis,‖propiedad‖de‖Ramón Ancona Bolio,73 y en 1911 los
milperos de Hunucmá, cabecera municipal y de partido, realizaban sus labranzas
en los montes que utilizaban los habitantes de la ranchería de San Antonio del
municipio de Abalá, antes que trasladaran su residencia a la hacienda Cacau.74 Las
fuentes únicamente nos dan referencias de los topónimos de los montes y en
ocasiones de su ubicación; sin embargo, con seguridad los milperos se trasladaban
a sus rumbos familiares a cultivar sus milpas, como se explicó en el primer capítulo
de esta tesis.
Otros milperos de los pueblos arrendaban los montes de las fincas. En tales
casos el dueño de la finca o el administrador designaban el espacio, es decir, el
monte que los labradores podían utilizar, así como las condiciones, restricciones y
modo de pago. En 1911, los milperos de Abalá, pueblo y cabecera de municipio,
arrendaban‖ montes‖ privados‖ para‖ sus‖ cultivos,‖ mediante‖ el‖ pago‖ en‖ ‚corte‖ de‖
tareas‖ de‖ leña‛.75 Los milperos de Espita, municipio ubicado al oriente en los
márgenes del noroeste henequenero, arrendaban los montes de las haciendas y
72Proyecto presentado por Junta municipal de Sitilpech para el cobro de arrendamiento a los labradores (1882), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 221. 73Ramón Ancona Bolio solicita ratificación del convenio celebrado con el ayuntamiento de Hoctún. (1910), en ATN (1.29) (27) exp. 41. 74El patrono de San Antonio es llevado a la hacienda Cacau (1911), en AGEY, Poder
ejecutivo, Gobernación, caja 487. 75El patrono de San Antonio es llevado a la hacienda Cacau (1911), en AGEY, Poder
ejecutivo, Gobernación, caja 487.
154
pagaban el diez por ciento de la cosecha de maíz por cada dos hectáreas cultivadas,
o una carga de maíz por cada 10 mecates de montes utilizados. Pero no les estaba
permitido cortar leña ni extraer maderas ni palos para la construcción, pues
estaban destinados para la finca; en otras palabras, tenían restringido el uso y
aprovechamiento de los montes privados.76 En otras palabras, los milperos
arrendatarios debían trabajar en los montes designados y en condiciones muy
limitadas, pues no podían elaborar ni extraer combustible vegetal y tampoco
podían aprovechar los pocches o milpas antiguas.
A lo largo de este capítulo hemos analizado el impacto que tuvo la
agroindustria sobre los pueblos del noroeste yucateco, desde una perspectiva que
privilegió las transformaciones que sufrió la población maya al participar en la
agroindustria. Los cambios más evidentes se dieron en la distribución espacial de
la población, en sus condiciones de vida (socieconómicas y relaciones laborales) y
en sus formas tradicionales de cultivar la milpa. Para 1900 las haciendas era los
centros de población más importantes, la ciudad de Mérida se posicionó en el
segundo lugar y hasta en tercero los pueblos. Una década más tarde, en 1910 la
ciudad de Mérida ocupaba el primer lugar como centro de población tras su
crecimiento urbano en el contexto del auge henequenero. Las haciendas ocuparon
el segundo lugar pero conservaron su supremacía frente a los pueblos.
De cualquier modo, la incorporación de la población maya a las haciendas y
la transición que convirtió a los milperos de los pueblos en trabajadores
henequeneros no fue un proceso homogéneo. La población maya participó en la
76Jáber, Los ejidatarios de Espita, 37; Aboites, La revolución mexicana, 43. Véase también Manuel Casares Escudero, propietario de Kincheila solicita que los vecinos de Tecoh le paguen la renta de sus montes (1919), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 560.
155
agroindustria de variadas maneras como trabajadores fijos o eventuales y bajo
condiciones laborales también diferentes, en función al tipo de trabajo que
desempeñaban y a las posibilidades y capacidades de las mismas haciendas
henequeneras. Lo anterior dio como resultado una sociedad agraria heterogénea,
formada con distintos tipos de trabajadores (peones acasillados y a los jornaleros
de los pueblos, fijos y eventuales), y diferentes condiciones socieconómicas.
Algunos gozaban de mayores prerrogativas y oportunidades que otros, sin
embargo, era un hecho que su subsistencia dependía de los ingresos económicos
que percibían como trabajadores de las haciendas. En su estudio sobre las
insurrecciones en el México decimonónico, John Tutino explica que la ausencia de
una insurrección de los trabajadores de henequén se debe, precisamente, a la
seguridad y la certeza que tuvieron los trabajadores de las fincas para obtener
maíz, aun en tiempos de crisis y escasez.77
Ahora bien, aun cuando el cultivo de la milpa había ya no constituía la
fuente principal para la subsistencia de la población maya continúo siendo una
actividad importante para el autoconsumo. Sin embargo, la agricultura tradicional
sufrió cambios importantes frente a la industria agrícola. Primero porque los
propietarios de fincas abandonaron la producción del maíz y segundo, porque la
mayor parte de la población rural al estar vinculada con la agroindustria,
cultivaron sus sementeras sin afectar el ritmo de la producción henequenera. Así,
los peones de las fincas como los jornaleros de los pueblos iban a los montes en los
días que tenían para su descanso o con el permiso de los dueños y
administradores. Para evitar que sus peones o jornaleros de los pueblos se
trasladaran a montes alejados, los dueños de las haciendas concedían permisos
77 Tutino, De la insurrección, 252.
156
para que cultivasen en los montes de las haciendas. De este modo la población
rural pudo combinar y alternar su trabajo en la finca con el de sus milpas. En este
punto es necesario resaltar la importancia que adquirieron los montes de las
haciendas al convertirse en los nuevos espacios agrícolas para las milpas, incluso
para los jornaleros de los pueblos. En tal sentido, al finalizar el siglo XIX, la
agroindustria vertebraba la vida económica de los pueblos y de la sociedad rural
del noroeste de Yucatán. Tal condición nos permitirá comprender la percepción,
reacción y participación de la población rural en el reparto agrario efectuado por
los gobiernos locales y federales entre 1920 y 1937 y nos acercará a los efectos que
sufrieron cuando el henequén comenzó a perder su privilegio lugar en el mercado
internacional de las fibras a partir de 1918, como veremos en los capítulos 4 y 5.
CAPÍTULO IV LA DISPUTA POR EL MONTE.
EL REPARTO DE LAS TIERRAS OCIOSAS, 1917-1929 En 1915 las exportaciones de fibra de henequén se encontraban en su mayor auge y
los jornaleros de los pueblos, eventuales y fijos, así como los peones de las fincas se
encontraban ocupados en las intensas y extenuantes labores del cultivo y el
desfibre en las haciendas henequenera. En ese mismo año llegó a Yucatán el
general constitucionalista Salvador Alvarado para ocupar la gubernatura y la
comandancia militar, quien emprendió cambios en el orden político-administrativo
y social. Parte de esos cambios fue el reparto agrario conforme al decreto del 6 de
enero de 1915. El presente capítulo analiza la forma en que el estado federal
concibió el reparto agrario en un momento en que la producción agrícola era
importante para la economía mexicana de los primeros años del siglo XX y
finalmente cómo el gobierno local ejecutó el reparto, primero por medio de los
arrendamientos y luego a través de las dotaciones provisionales en una zona en
donde la agroindustria se encontraba en apogeo. El capítulo hace especial énfasis
en la percepción, respuesta y participación de la población rural del noroeste, que
residía en los pueblos y en las haciendas, frente al reparto de las “tierras incultas”
de las haciendas.
1. LAS HACIENDAS EN EL PROYECTO AGRARIO DEL SIGLO XX
El 6 de enero de 1915 el gobierno constitucionalista expidió un decreto que
nulificaba la enajenación de tierras, aguas y montes dispuestos en la ley de 25 de
junio de 1856. Asimismo consideraba necesario devolver los terrenos a quienes
habían sido despojados “como un acto de elemental justicia y como la única forma
158
efectiva de asegurar la paz”.1 Para tal efecto, el decreto contempló dos vías la
restitución y la dotación. En la primera se requería que los pueblos demostraran,
con arreglo a la ley, que en verdad habían poseído los recursos perdidos. La
segunda vía se emplearía cuando los interesados hubieran extraviado los títulos o
los que tuviera en su poder fuesen deficientes para identificar los terrenos o fijar la
extensión precisa de ellos. De este modo, el gobierno nacional expropiaría el
terreno indispensable para otorgar a los pueblos interesados.2 Las solicitudes para
la restitución o dotación serían recibidas y atendidas por los gobernadores o jefes
militares de los territorios, cuyas resoluciones tendrían carácter de provisional. El
expediente completo y los demás datos que se estimaren necesarios se enviarían a
la Comisión Local Agraria para su informe a la comisión nacional agraria. Dicha
instancia elaboraría un dictamen de las dotaciones provisionales para rectificarlas
o modificarlas. Finalmente, el poder ejecutivo de la nación expediría las dotaciones
efectuadas y los títulos respectivos.3
El artículo 27 de la Constitución Política de la República Mexicana
―promulgada el 5 de febrero de 1917― retomó el decreto del 6 de enero y definió
el procedimiento que debía seguir la política agraria sobre la base de tres aspectos
fundamentales: en la definición y delimitación de la propiedad; en la precisión de
las personas y entidades jurídicas con derecho a poseer bienes y en el
establecimiento de los principios y procedimientos de la distribución agraria.4
Sobre la propiedad, el artículo 27 estableció que “las tierras y aguas comprendidas
dentro de los límites del territorio nacional, corresponden originariamente a la
1En Fabila, Cinco siglos, 270-272. 2En Fabila, Cinco siglos, 270-274. 3En Fabila, Cinco siglos, 273-274. 4Simpson, “El ejido”, 44-47.
159
Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los
particulares constituyendo la propiedad privada”.5 Sobre la capacidad para
adquirir el dominio de las tierras y agua de la Nación, el artículo 27 estableció que
todas las “corporaciones de población que de hecho o por derecho guarden el
estado comunal” tendrían derecho a “disfrutar en común” las tierras, aguas y
bosques que les pertenezcan o se les haya restituido conforme a la ley agraria de
1915. Quedaron exceptuados los núcleos de población vinculados con las
propiedades agrícolas; y sobre la manera de llevar a efecto el reparto agrario, el
artículo 27 ordenó su realización mediante la restitución o dotación con arreglo al
decreto de 6 de enero de 1915.6
El artículo 27 también contemplaba las medidas necesarias para fraccionar
los latifundios y desarrollar la pequeña propiedad para crear nuevos centros de
población agrícolas con las tierras y aguas que les sean indispensables, para el
fomento de la agricultura y evitar la destrucción de los elementos naturales y los
daños que la propiedad pudiera ocasionar a la sociedad. Sobre este punto, dicho
artículo estableció que en el próximo periodo constitucional, el Congreso de la
Unión y las legislaturas de los estados, en sus respectivas jurisdicciones, expedirían
leyes para llevar a cabo el fraccionamiento de las grandes propiedades. De este
modo, cada estado y territorio fijaría la extensión máxima de tierra del que podía
ser dueño un solo individuo o sociedad legalmente constituida. Asimismo, las
leyes locales fijarían el plazo para fraccionar el excedente de las propiedades
privadas o de expropiar dichos excedentes en el caso de que el propietario se
5En Fabila, Cinco siglos, 307. 6En Fabila, Cinco siglos, 310. Una exposición más detallada sobre estos tres puntos lo ofrece Simpson, “El ejido”, 44-46.
160
negara al fraccionamiento.7 Esta medida no se llevó a efecto. Manuel Mesa
Andraca, en su estudio sobre el problema agrario en México, califica esta medida
de ingenua y se la atribuye a los “los rom{nticos del agrarismo” porque veintiséis
años después de promulgada la Constitución, en ningún estado se había resuelto el
problema del fraccionamiento de las grandes propiedades; y afirma que en todo el
país se ha repartido por la vía de dotación y muy excepcionalmente por
restitución.8 Por su parte, Salomón Eckstein, en su trabajo sobre el ejido colectivo,
responsabiliza a las autoridades estatales de no haber expropiado los latifundios
debido a sus “pocas iniciativas en asuntos agrarios”.9
Sin embargo, las razones deben buscarse en la importancia que tenía la
producción agrícola para la economía mexicana de los primeros años del siglo XX,
la cual funcionaba sobre la base de la estructura productiva del porfiriato. En tal
sentido, los cambios que se buscaron en la estructura agraria procuraron no
perjudicar a las fincas agrícolas ni entorpecer el ritmo de su producción. Así lo
dejó entrever el propio Venustiano Carranza, el 11 de junio de 1915 ―pocos meses
después de haber promulgado el decreto del 6 de enero― en un manifiesto
dirigido a la nación. En su discurso dejó en claro que: “En el arreglo del problema
agrario no habrá confiscaciones. Dicho problema se resolverá por la distribución
equitativa de tierras que aún conserva el gobierno; por la reivindicación de
aquellos lotes de que hayan sido ilegalmente despojados individuos o
comunidades; por la compra y expropiación de grandes lotes, si fuera necesario, y
por los dem{s medios de adquisición que autorizan las leyes del país”.10
7En Fabila, Cinco siglos, 310-311. 8Mesa Andraca, “El problema agrario”, 21. 9Eckstein, El ejido colectivo, 44. 10Mesa Andraca, “El problema agrario”, 19.
161
Los sucesores de Venustiano Carranza al frente del gobierno federal
mantuvieron esa misma postura. Sin embargo, Álvaro Obregón, además de
mostrar preocupación por la producción agrícola, no consideraba prudente
acelerar el desmantelamiento de la propiedad privada porque se perdería de
inmediato todo derecho a recaudar impuestos o contribuciones sobre la
propiedad.11 Así lo expresó:
“Estoy completamente de acuerdo con el principio agrarista, pero tenemos que actuar con cautela; tenemos que proceder con tanto cuidado que resolvamos el problema sin poner en peligro nuestra prosperidad y nuestros intereses económicos. Si empezamos por destruir las grandes propiedades para crear después la pequeña propiedad, creo sinceramente que cometeremos una equivocación, porque tan pronto como se haya promulgado la ley que fije la superficie máxima que se concederá a cada agricultor, el gobierno perderá su derecho incluso a recaudar impuestos o contribuciones sobre la totalidad de la propiedad *<+ no debemos destruir las grandes propiedades antes de crear la pequeña, ya que podría producirse un estado de desequilibrio que nos condujera a la miseria”.12
En el mismo tenor, su sucesor, Plutarco Elías Calles afirmó que: “La acción
agrarista hay que desarrollarla con toda energía y sin vacilaciones, pero dentro de
método y de orden, para no quebrantar nuestra producción agrícola”.13 De los
discursos a los hechos no hubo gran trecho. Las leyes, órdenes, decretos,
11Como parte del ordenamiento fiscal del siglo XX, el cambio de la estructura agraria trajo cambios importantes para la recaudación. Uno es que las propiedades afectadas con el reparto agrario dejaron de pagar las contribuciones correspondientes a las porciones expropiadas. El otro es que con el tiempo los ejidos fueron exceptuados de toda contribución fiscal a costa de los gobiernos estatales y municipales. Para una discusión más amplia, véase Aboites, Excepciones
y privilegios, 227-259. 12Citado en Simpson, “El ejido”, 54. 13Citado en Simpson, “El ejido”, 55.
162
reglamentos y circulares posteriores a la Constitución de 1917 buscaban afectar lo
menos posible a las propiedades agrícolas. La ley de tierras ociosas decretada el 23
de junio de 1920 constituyó otra alternativa para entregar tierras a la población. De
acuerdo con Tannenbaum, sirvió para remediar, a corto plazo, la falta de recursos
agrícolas de los pueblos que se encontraban a la espera de la dotación de tierras,
y/o aumentar las áreas de cultivo.14 Dicha ley consideraba ociosas todas aquellas
tierras particulares susceptibles de ser abiertas al cultivo durante el temporal de
lluvias. La ley concedía a las autoridades municipales la facultad de entregar
dichas “tierras ociosas” a cualquier persona que lo solicitase, y a las legislaturas de
los estados la facultad de fijar las condiciones en la que se concederían dichas
tierras de acuerdo con las costumbres del lugar, clima, la naturaleza del cultivo. Es
importante señalar que no se trataba de una expropiación, el municipio tenía el
carácter de poseedor a título precario exclusivamente durante el periodo agrícola y
levantada la última cosecha, la posesión de las tierras regresaba a sus legítimos
poseedores.15
En las leyes, decretos y disposiciones que siguieron se mantuvo el interés
por preservar las unidades agrícolas. En el reglamento agrario, expedido el 17 de
abril de 1922, quedaron exceptuadas de la dotación ejidal todas aquellas
propiedades “que por su naturaleza representan una unidad agrícola industrial en
explotación”, particularmente “las plantaciones de café, cacao, vainilla, hule y
otros similares”. No obstante, los dueños de las fincas quedaron obligados a
entregar terrenos de buena calidad en el lugar más inmediato.16
14Tannenbaum, “La revolución agraria”, 88 15En Cuadros Caldas, Catecismo agrario, 18-22. Véase también Simpson, “El ejido”, 53. 16En Fabila, Cinco siglos, 384.
163
El 23 de abril de 1927 se expidió una ley, conocida como Ley Bassols, que se
caracterizó por eliminar las formas jurídicas que retrasaban, en el mejor de los
casos, la entrega de los recursos agrícolas. Por ejemplo, se eliminó el criterio que
privilegiaba únicamente a los pueblos con determinada categoría política. En su
lugar, el derecho al reparto se extendió sobre “todo poblado que carezca de tierras
o de aguas o que no tenga ambos elementos en cantidad bastante para las
necesidades agrícolas”. No obstante, los peones acasillados en las fincas de campo
de nueva cuenta quedaron excluidos. También quedó claro que las propiedades
serían afectadas de acuerdo a su extensión y tipo de tierras; sin embargo, quedaban
sin afectar las propiedades dedicadas a la agricultura comercial (café, hule, vainilla,
plátano, alfalfa, caña de azúcar y demás cultivos perennes o de vida cíclica
superior a dos años). En el caso concreto del henequén, el artículo 35 estipuló que
los propietarios de las fincas podrían proponer a la Comisión Nacional Agraria, en
el caso de que el reparto afectase sus planteles, un cambio de terrenos con tierras
laborables ubicadas a una distancia no mayor de 7 kilómetros.17
Como se puede observar, las leyes y decretos agrarios promulgados en la
década de los veintes tendieron a proteger la extensión, los cultivos de las
propiedades agrícolas así como su organización, al exceptuar del reparto a los
trabajadores agrícolas que residían en las haciendas. Esto significó excluir a poco
más de un tercio de la mitad de la población rural de la nación, pues en 1921 los
peones acasillados constituía 37.1% de esa población.18 El ritmo del reparto
tampoco fue el esperado. De acuerdo con Tannenbaum, en 1927 únicamente 17%
de los pueblos con derecho habían recibido tierras y de éstos sólo 12.3% tenían la
17En Fabila, Cinco siglos, 476-484. Un análisis más profundo de esta ley puede consultarse en Mesa Andraca, “El problema agrario”, 23-25. 18Tannenbaum, “La revolución agraria”, 104.
164
confirmación de sus títulos. La mayoría obtuvo sus ejidos por la vía de la dotación
(ya sea de tierras ociosas o de terrenos nacionales), porque de la otra forma (la
restitución) los pueblos debían presentar sus títulos debidamente acreditados, los
cuales no siempre estaban en manos de los solicitantes. De acuerdo con
Tannenbaum, para 1926, 90% del total de los pueblos e individuos comprendidos
en el reparto recibió por la vía de la dotación sus recursos agrícolas.19
En algunos estados el reparto agrario fue más rápido que en otros.
Tannenbaum afirma que para 1926, en Morelos 25% de la población había recibido
sus ejidos. Le seguían los estados de Yucatán y Campeche con 22% y 14% de la
población, respectivamente.20 En Yucatán el reparto agrario se llevó a cabo, en su
mayor parte, entre 1922 y 1924, impulsado por el gobierno estatal, encabezado por
Felipe Carrillo Puerto, el líder político más emblemático del Partido Socialista del
Sureste. En esos años, se entregaron las dotaciones provisionales a los pueblos del
noroeste henequenero; y aunque para ello expropiaron los terrenos no cultivados
de las haciendas se respetaron los planteles de henequén. La forma en que se llevó
a cabo este reparto, la respuesta y participación de la población rural lo trataremos
en los apartados tres y cuatro de este capítulo. Antes es necesario revisar los
cambios que se experimentó en Yucatán en el terreno político-administrativo y
comercial en el régimen constitucional y la situación de la fibra en el mercado
internacional y su impacto en la distribución de la población rural.
2. EL NUEVO ORDEN CONSTITUCIONAL
En 1915, la sociedad yucateca experimentó cambios significativos con la llegada del
general constitucionalista Salvador Alvarado, enviado por Venustiano Carranza a 19Tannenbaum, “La revolución agraria”, 103-106. 20Tannenbaum, “La revolución agraria”, 105.
165
ocupar la gubernatura y la comandancia militar, quien procedió a desmantelar la
estructura política del porfiriato. En el terreno político-administrativo, los jefes
políticos, personajes centrales de las últimas décadas, desaparecieron por
instrucción del gobierno de Alvarado. Empero, el viejo esquema político no fue del
todo desechado, pues las antiguas cabeceras de partidos se convirtieron en sedes
de los comandantes militares, quienes desempeñaron funciones administrativas.21
Su presencia fue efímera, pues desaparecieron con la promulgación de la
Constitución de 1917, que estableció el municipio libre como sustento del sistema
federal y vinculado al gobierno interno de los estados de la federación. El
municipio estaría encabezado por los ayuntamientos electos por voto popular y
directo y sin autoridad intermedia que regulara las relaciones entre este órgano
municipal y el ejecutivo estatal.22 En tal sentido, las juntas municipales, como
órganos de gobierno, y los comandantes militares desaparecieron para siempre del
entramado político yucateco.
También quedaron nulificados los criterios para constituirse en municipio
basados en el requisito de poseer determinado porcentaje de vecinos que supieran
leer y escribir. En la nueva Constitución del estado de 1918 quedó establecido que
se erigirían en municipios todas las localidades que contaran con una población
mayor de 500 habitantes. Sin embargo, lo anterior no propició la proliferación de
21Como jefes de sus distritos (ex–partidos), los comandantes militares estaban obligados a mantener la paz política, impedir la explotación de los trabajadores en los predios rurales y poner en práctica las reformas sociales y educativas que impulsara el gobierno de Salvador Alvarado. Los comandantes militares debían enviar informes periódicos al gobernador y para evitar algún posible acto de corrupción eran removidos a otros distritos constantemente. Joseph, Revolución
desde afuera, 141. 22En Tena Ramírez, Leyes fundamentales, 867. Hern{ndez Ch{vez, “Federalismo y gobernabilidad”, 272.
166
más municipios. Entre 1910 y 1921 únicamente siete pueblos se convirtieron en
cabeceras municipales: Samahil, Cuncunul, Tekom, Temozón, Akil, Chaczinkón y
Tahdziu. Con excepción del primero que se situaba en el noroeste henequenero y
había pertenecido al municipio de Hunucmá, los demás se encontraban en el
oriente y sur del Estado. Las obligaciones y facultades de los ayuntamientos
quedaron definidas en la nueva Constitución local de 1918, la cual dispuso que
dichas entidades políticas debían formar su presupuestos de ingresos, compatibles
con el sistema tributario del estado, tomar dinero prestado para las necesidades
públicas o para una obra de utilidad general, nombrar y remover a los jueces de
paz de municipio, la administración libre de su hacienda y quedaron investidos de
personalidad jurídica para todos los efectos legales, entre otros.23
En el terreno económico, el gobierno constitucionalista asestó un duro golpe
a la élite económica y política al despojarla del control monopólico de la
exportación henequenera. Alvarado decretó nulos los contratos y las deudas que
obligaban a los finqueros a entregar su producción en las condiciones y precios
fijados por el control que ejercían unas cuantas familias yucatecas respaldadas por
inversionistas norteamericanos. Sin afectar la capacidad productiva de las fincas
henequeneras, el gobierno del estado se hizo del control de la comercialización de
la fibra mediante la creación de una Comisión Reguladora del Mercado de
Henequén, la cual invitaba, y en ocasiones obligaba, a los productores a firmar
contratos de asociación comercial que implicaban la participación de los
hacendados en las utilidades y el capital social de la comisión reguladora. Los
contratos obligaban a los hacendados a entregar su producción y a la comisión
reguladora a pagar anticipos del precio y posteriormente a repartir dividendos. 23En Yucatán a través de sus constituciones, 106; Rodríguez Losa, Geografía política, III, 70; Savarino, Pueblos y nacionalismos, 340.
167
Mediante un contrato con un consorcio de banqueros de Estados Unidos, la
comisión obtuvo 10 millones de dólares que sirvieron para cerrarles el paso a los
intermediarios en el comercio de la fibra. A partir de ese momento, la compra de
fibra de henequén se realizaba exclusivamente por medio de la comisión
reguladora. La intervención del estado en el proceso comercial se consolidó con la
compra de infraestructura de transportación terrestre y marítima regional, la cual
incluía ferrocarriles, bodegas de almacenamiento y una empresa naviera.24 El
monopolio estatal tenía como objetivo desplazar al antiguo grupo hegemónico y
defender los precios del agave, los cuales siempre habían dependido de la
especulación de los inversionistas extranjeros y sus socios locales. En 1916 la
comisión reguladora logró comprar la fibra del 90% de los productores yucatecos.25
La decisión de desplazar a la antigua élite del proceso comercializador fue decisiva
para los intereses de la federación, pues desde 1916 hasta 1918 recibió cerca de 12
millones de pesos sólo por concepto de impuestos y contribuciones. Parte de ese
dinero, al decir de Luis Cabrera, sirvió a Venustiano Carranza para derrotar a
Francisco Villa en las batallas decisivas de Celaya y León.26
Otro cambio decisivo fue la abolición de las deudas de los peones
acasillados y su conversión en trabajadores libres con derecho a recibir una justa
remuneración, decretada en 1914 por el primer gobernador provisional y
comandante militar de Yucatán Eleuterio Ávila, y ratificada por los generales
Toribio V. de los Santos, gobernador provisional y comandante militar, durante su
breve estancia en Yucatán en 1915 y Salvador Alvarado, gobernador y comandante
24Sabido, Los hombres del poder, 78. 25Joseph, Revolución desde afuera, 169, 1701-171. 26Joseph, Revolución desde afuera, 198.
168
militar en 1915.27 Con esta medida, el sistema largamente utilizado por los
hacendados, como los anticipos y los créditos para la adquisición de mercancías,
entre otros mecanismos para retener e inmovilizar a los trabajadores, llegaba a su
fin. Sin embargo, esta medida no significó que los peones abandonaran
inmediatamente las haciendas. Al menos, no existen evidencias suficientes que lo
demuestren.28 Por el contrario, entre 1915 y 1918, la población rural trabajó en las
intensas jornadas laborales para producir la fibra que el mercado internacional
demandaba. Además, resulta difícil considerar que la población rural abandonara
la finca cuando su subsistencia y forma de vida estaba ligada a las haciendas
mediante el trabajo y el pago remunerado, los montes que se le otorgaba para
cultivar, el maíz que podían conseguir a bajo precio, entre otras prerrogativas que
recibían los peones. El abandono de las haciendas está vinculado a la decadencia
de las fincas como unidades productoras debido al descenso de los precios y al
volumen de las exportaciones de fibra de henequén a partir de 1918. No obstante,
la importancia de esta ley radica en la intervención del estado como regulador de
27 Los decretos sobre la abolición del peonaje y la servidumbre se encuentran reproducidos en Nickel, El peonaje, 433-441, 28Gilberth Joseph calcula que fueron liberados cerca de 100 000 peones y Moisés Gonz{lez Navarro estima un número menor, 60 000. El episodio de la “liberación” de los peones es considerado por los estudiosos como uno de los cambios más importantes del régimen constitucionalista. Sin embargo, la eficacia que le han atribuido ambos autores está basada en su visión de las relaciones laborales de las haciendas sostenidas en el maltrato y las medidas coercitivas. Joseph, Revolución
desde afuera, 198; González Navarro, Raza y tierra, 237. Herbert Nickel, por su parte, considera que hablar de la “liberación” de los jornaleros de campo es legitimar la visión tradicional que considera esclavista el sistema laboral de las haciendas. Para Nickel esta idea fue construida por el gobierno constitucionalista que buscaba legitimar su sistema e instrumentalización política. Nickel “Las deudas de los sirvientes”, 360.
169
las relaciones laborales y en el intento de debilitar la participación de los dueños de
las haciendas en dichos asuntos.
3. HENEQUÉN EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL Y POBLACIÓN RURAL
El estallido de la primera guerra mundial en 1914 incrementó la demanda de la
fibra, situación que benefició a los agroindustriales. En esos años, en México se
vivían momentos difíciles por el estallido en 1910 de la revolución. La contienda
armada había causado estragos en el sistema monetario y en el sistema de
trasporte ferroviario afectando severamente al comercio nacional. En medio de este
caos, Yucatán tenía una posición privilegiada, pues alejada geográficamente del
conflicto armado, sus exportaciones de henequén no sufrieron deterioro ni
contratiempo alguno; gracias a su red ferroviaria interna, y relativamente
independiente, los productores yucatecos se encontraban conectados directamente
al mercado externo, particularmente a los Estados Unidos.29 En 1914 se exportaron
169 000 toneladas de fibra de henequén. Dos años después, en 1916 aumentó a 201
000 toneladas con un valor de 51 millones de pesos. En 1918 las exportaciones
redujeron a 140 000 toneladas, pero con un valor de 91 millones, el más alto
alcanzado hasta entonces.30 Fueron años de bonanza. La Comisión Reguladora del
Mercado del Henequén, que para entonces monopolizaba la comercialización,
repartió entre los hacendados las utilidades más altas de la historia. Entre 1915 y
1918 los productores de henequén recibieron 81 millones de dólares, equivalentes
al 42% de las ventas totales de henequén.31 Los erarios estatales y federales,
también se beneficiaron. En su estudio sobre el comercio exterior, Kuntz afirma
29Kuntz, El comercio exterior, 83-86. 30Askinasy, El problema agrario, 10, 100-101. 31Sabido, Los hombres del poder, 89.
170
que la recaudación derivada de este producto rebasó los 13 millones en oro y casi
32 millones en billetes infalsificables para el gobierno del estado y 17 millones de
pesos para el gobierno federal. Los impuestos derivados del henequén
constituyeron la principal fuente de ingresos para el erario público durante los
años más álgidos de la Revolución Mexicana.32
Al concluir la guerra mundial la envidiable posición de la fibra yucateca en
el mercado internacional llegó a su fin. En 1919 se exportaron cerca de 113 000
toneladas de fibra con un valor de 32 millones 635 mil pesos. La caída fue mucho
mayor en 1922 la exportarse un poco más de 78 000 toneladas de agave con un
valor de 13 millones.33 En el mercado norteamericano, el precio de la fibra
disminuía drásticamente. En 1918 el costo del kilo de la fibra era de 42.35 centavos
de dólar en 1919 disminuyó a 14.30 centavos. En 1921 el precio descendió aún más
a 9.35 centavos el kilo.34 Esta caída en los precios impidió a la comisión reguladora
pagar puntualmente a los productores. Tal coyuntura fue aprovechada por los
miembros de la antigua oligarquía para desaparecer la comisión reguladora y
establecer el mercado libre mediante la rehabilitación de los monopolios
norteamericanos y sus colaboradores yucatecos. No obstante, otra coyuntura
política ―como fue la llegada de Felipe Carrillo Puerto, líder del Partido Socialista
del Sureste, al gobierno del estado en 1922― volvió a desplazar a los miembros de
la antigua oligarquía y el gobierno del estado, de nueva cuenta, se encargó de la
comercialización de las fibras mediante una nueva comisión exportadora. Es
importante decir que el descenso de las exportaciones de la fibra yucateca en la
década de 1920 (cuadro 13), no se debía a una menor demanda internacional, sino
32Kuntz, El comercio exterior, 391. 33Askinasy, El problema agrario, 101-102. 34Joseph, Revolución desde afuera, 171.
171
a un mercado más competido con la presencia de fibras provenientes de Asia y
África, las cuales se distinguían por ser más largas, limpias, peinadas y mejor
empacadas que la yucateca.35 Poco a poco estas fibras comenzaron a desplazar al
agave yucateco de su lugar preponderante en el mercado; aunque también
influyeron las estrategias emprendidas por los principales compradores de la fibra
para bajar los precios.36 Así, en 1918 el henequén yucateco de satisfacer 85% de la
demanda mundial, para 1922 su participación había descendido al 75%.37
CUADRO 13
EXPORTACIÓN DEL HENEQUÉN YUCATECO, 1915-1928
Año Kilogramos Valor en pesos mexicanos
1915 162,743,515 42,500,000
1916 201,990,440 51,000,000
1917 127,092,043 73,500,000
1918 140,000,706 91,000,000
1919 113,869,925 32,635,632
1920 160,759,200 31,897,599
1921 106,794,275 20,012,739
1922 78,809,025 13,030,973
1923 102,925,263 19,287,705
1924 109,275,492 28,816,185
1925 128,141,876 37,666,022
1926 101,156,827 28,433,170
1927 116,392,140 28,354,720
1928 119,073,960 26,059,875
Fuente: Askinasy, El problema agrario, 101-103.
35Askinasy, El problema agrario, 82-83. A fines de la década de 1920, José Patrón Cervera realizó un viaje a Kenia, Tanganika, Java y Sumatra, productores de fibra, con el fin de realizar una investigación sobre las formas y sistemas de cultivo del textil, los procedimientos mecánicos de la desfibración, su organización económica, utilidades, entre otros temas. El objetivo era mejorar la fibra yucateca y competir en mejores condiciones con los demás productores. Véase el informe completo en Patrón Cervera, El cultivo y explotación del henequén. 36Joseph, Revolución desde afuera, 203. 37Canto Sáenz, Del henequén a las maquiladoras, 59.
172
Esta situación afectó la actividad productiva de las fincas, especialmente de
las medianas y pequeñas, cuyos propietarios con tal de reducir costos dejaron de
cultivar sus campos y de producir fibra al ritmo de los mejores años.38 La población
rural del noroeste yucateco, que al principiar el siglo XX se encontraba ocupada en
las intensas jornadas laborales de las fincas henequeneras, comenzó a desplazarse a
otros centros de población más grandes como pueblos, villas y ciudades tras el
descenso de los salarios y la demanda de trabajo, por lo que la distribución de la
población del noroeste henequenero sufrió una lenta transformación. Al comenzar
el siglo XX, las haciendas concentraban 38.15% de la población total del noroeste, en
tanto que los pueblos tenían 23.23%. En 1910 la situación era muy similar. Las
haciendas tenían al 35% y los pueblos 17% de la población total. La situación
cambió drásticamente en 1921. El número de vecinos de los pueblos aumentó de
36 013 a 54 896, equivalente a 22.91%, en tanto que el de las haciendas descendió de
73 464 a 49 321 que representaba 20.58% de la población total del noroeste, como se
aprecia en el cuadro 14.
CUADRO 14
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL NOROESTE HENEQUENERO, 1900-1921
Localidad 1900 % 1910 % 1921 %
Hacienda 76,659 38.15 73,464 35 49,321 20.58
Ciudades 55,211 27.48 75,546 36 99,673 41.6
Pueblos 46,855 23.32 36,013 17 54,896 22.91
Villas 20,893 10.40 22,596 11 32,837 13.7
Otros 1,305 0.65 2,200 1 2,891 1.21
Sumas 200,923 100 209,819 100 239,618 100
Fuentes: Censos de población, 1900, 1910 y 1921.
El abandono de las haciendas henequeneras fue un proceso estrechamente
ligado al declive de las exportaciones de henequén. Aun así, el desplazamiento de 38Joseph, Revolución desde afuera, 204-205.
173
la población de las fincas a los centros de población fue gradual y heterogéneo.
Cada localidad experimentó de manera distinta la redistribución de su población.
En gran medida, dependió de la capacidad de las fincas para sortear los tiempos de
crisis. Las haciendas pequeñas y medianas productoras de henequén fueron las
más vulnerables; por ende, su escasa población se vio precisada a buscar la
subsistencia por otros lados. En cambio, las haciendas que lograron mantener su
producción conservaron, si no intacta, una población importante ante la seguridad
de tener trabajo e ingreso seguro.39 Abalá es un ejemplo, quizá paradigmático, de
un municipio cuya población vivió, por cuatro décadas consecutivas, dispersa en
las fincas aledañas: Temozón, Cacau, Yaxcopoil y Uayalceh, que se distinguían por
ser las productoras más importantes de henequén, capaces de esquivar mejor las
crisis del mercado, así como los embates de la reforma agraria que caracterizó al
periodo 1921-1940 (cuadro 15).
CUADRO 15 MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DEL PUEBLO DE ABALÁ, 1900-1940
1900 % 1910 % 1921 % 1930 % 1940 %
Haciendas 3,476 91 2,669 89 2,840 87 1,958 80 2,110 77
Pueblo 363 9 342 11 440 13 500 20 632 23
Sumas 3,839 100 3,011 100 3,280 100 2,458 100 2,742 100
Fuentes: Censos de población, 1900, 1910, 1921, 1930 y 1940.
Al margen de los contrastes y matices del comportamiento demográfico, fue
un hecho que a partir de 1921 los pueblos había iniciado un lento y sostenido
crecimiento en su población; y las haciendas henequeneras, por su parte, estaban
perdiendo importancia como centros de población rural. De este modo se daba
39Esta situación es claramente descrita en Torre, Miseria y hambre.
174
paso a la nueva distribución de la población rural, encabezada por los pueblos, que
caracterizaría el resto de la primera mitad del siglo XX.
4. EL ARRENDAMIENTO DE LOS MONTES PRIVADOS
El carácter radical del gobierno constitucionalista que lo llevó a tomar el control de
la comercialización de la fibra contrastó con su tibieza a la hora de transformar la
estructura agraria. Al igual que muchos de sus contemporáneos, Salvador
Alvarado comulgaba con la visión de una reforma que fortaleciera la pequeña
propiedad. Esta postura se puede apreciar en la reglamentación de ley agraria para
el estado de Yucatán de 1915, diseñada en los términos del decreto del 6 de enero
de 1915, que fijó la extensión de los ejidos con base en la antigua ley sobre ejidos de
1844, descrita ampliamente en el capítulo II de esta tesis. En el artículo 6 del
decreto del 6 de enero se estableció que todo mexicano mayor de 17 años de edad
tenía derecho “siempre que quiera dedicarse personalmente a cultivarlo” a un lote
de terreno. El objetivo era que por medio de su trabajo subsistiera él y su familia y
conquistara “su independencia económica y las comodidades necesarias para
vivir”. En concordancia con lo anterior en el artículo 14 se estableció que todo
individuo tenía derecho a poseer un lote de 20 a 25 hectáreas si los terrenos se
encontraban dentro de un radio de ocho kilómetros por viento del pueblo o 2 000
hectáreas si los terrenos se encontraban apartados a de los ocho kilómetros.40 De
todos modos, entre 1915 y 1918 únicamente se entregaron ejidos a 12 pueblos. Se
puede decir que Salvador Alvarado dejó las cosas como estaban, al menos en lo
referente a la estructura agraria. De manera que las fincas permanecieron intactas y 40Reglamentación de la ley agraria, 12-13; Joseph, Revolución desde afuera, 150-159, ofrece un extenso análisis sobre el pensamiento y la postura de Salvador Alvarado respecto al reparto agrario.
175
las condiciones de trabajo también, aun cuando desde 1914 había abolido las
deudas de los peones. Las relaciones laborales, podían no ser muy modernas,
mucho menos revolucionarias, pero continuaban siendo eficaces para la inmensa
producción que demandaba el mercado internacional.
Las exportaciones de la fibra se encontraban aún en su apogeo cuando se
expidió la Constitución de 1917, que entre otras medidas, dispuso que cada estado
y territorio fijara sus leyes para fraccionar el excedente de las propiedades
privadas. Los gobiernos yucatecos procedieron cautelosamente para evitar daños a
la producción y exportación de la fibra, por lo que no se apresuraron a dictar una
ley. En su lugar, emitieron dos circulares que permitirían a la población rural
acceder a los recursos agrarios sin modificar la estructura agraria vigente. La
primera circular, emitida el 26 de agosto de 1917 por el gobernador Álvaro Torres
Díaz, establecía la entrega provisional de “tierras para cultivar a todos los
ciudadanos que las soliciten”. Las personas interesadas debían dirigirse a las
autoridades municipales, quienes debían “distribuir de acuerdo con todos” el
terreno que cada agricultor necesitara. Los arrendatarios podían extraer de dichos
terrenos cantidades moderadas de leña y debían pagar 5% de la cosecha anual al
dueño de la hacienda por concepto de renta, aunque no se especificaba si el pago
sería en dinero o en especie. Por su parte, el propietario tenía la obligación de
entregar terrenos “buenos para las labores agrícolas”. Concluido el tr{mite de
arrendamiento, los ayuntamientos debían informar a la Comisión Local Agraria
sobre los términos acordados.41
La segunda circular, emitida el 10 de enero de 1919, precisó con mayor
detalle el papel de los ayuntamientos en los arrendamientos. Estipuló que los
41En DOEY, 29 de agosto 1917, 4237.
176
ayuntamientos eran las únicas instancias con facultades para solicitar y negociar
con los dueños y administradores de las fincas la entrega de las extensiones
requeridas para los cultivos; y de entregarlas a los solicitantes. Los comisarios
municipales, por su parte, únicamente podían recibir las solicitudes y enviarlas al
ayuntamiento. También precisó las obligaciones y los derechos a los que quedaban
sujetos los milperos y los hacendados. Así, cada milpero tenía derecho a una
extensión máxima de 2 hectáreas durante dos años consecutivos. También debía
pagar a los hacendados 5% del maíz que cosechara y con respecto a la leña, los
hacendados tenían “derecho de preferencia” para adquirirla al precio habitual de
la localidad.42
Cabe advertir que las “tierras incultas” referidas en las circulares locales
eran aquellos terrenos que permanecían sin producir, es decir, los montes de las
fincas. El sistema de arrendamiento propuesto en ambas circulares no era
desconocido entre los milperos de los pueblos; pues como se explicó en el capítulo
III, a fines del XIX era frecuente que los dichos milperos arrendaran los montes de
la fincas para cultivar la milpa y continuó siéndolo en el siglo XX. En estos casos, el
dueño o administrador de la finca fijaba las condiciones del arrendamiento, la
cantidad y la forma de pago: en moneda o especie. Por ejemplo, en 1919 los
ciudadanos Carmen Silveira, José Hu, Isidro Hu, Bonifacio Can, Felipe Pech y
Doroteo Pech, vecinos del rancho Tepakal, celebraron un contrato de
arrendamiento con Arcadio Cortez, propietario de una finca en el pueblo de Suma,
situado en el noroeste henequenero. En el contrato quedó establecido el uso de 200
mecates de montes por dos años. En el primer año cultivarían 43 mecates y le
pagarían a Cortez la cantidad de 43 pesos. En el segundo año, cultivarían los 57
42En DOEY, 14 de enero 1919, 165-166.
177
restantes y le entregarían 5% de la producción.43 En el pueblo de Opichén, ubicado
en los m{rgenes del noroeste henequenero, en 1919 “Clemente Canal y otros que
tiene sus milpas en las tierras de la finca Kanachen” pagaban 20% de la cosecha al
propietario de la mencionada finca.44 En 1920, Severiano May, Anselmo Tzuc,
Concepción Cauich, entre otros vecinos del pueblo de Euán cultivaban en los
montes de la hacienda San Juan Koop a cambio de “leña y carbón *en la cantidad+
conforme le da la regalada gana *al administrador+”.45
Como se puede observar, las condiciones de arrendamiento variaban de una
finca a otra. Todo dependía de la costumbre, los acuerdos y las negociaciones a los
que llegaban los propietarios y los milperos de los pueblos, pero también existía el
riesgo que una de las partes desconociera lo acordado. En 1920, tras incendiarse
uno de los planteles de la finca San Juan Koop, su propietario amenazó con
suspender el trato que tenía con los milperos del pueblo Euán, quizá por sospechar
de ellos como causantes del incendio. Por razones que no se especifican, los
milperos del rancho de Tepekal, antes mencionados, fueron despojados de dos
caleras (hornos de cal), “cuatro mecates de elotes, toda la cosecha de zacate,
calabazas, etcétera” y fueron amenazados “con sacarlos a balazos” si regresaban a
los montes de la finca.46
43Vecinos del rancho de Tepekal se quejan contra el señor Arcadio Cortez, vecino del pueblo de Suma, (1920), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 708. 44Queja de los campesinos de Opichen por el pago de 20% de la producción por concepto de renta (1920), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 708. 45Vecinos de Euán se quejan contra Ramón Ontiveros, administrador de la finca San Juan (1920), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 712. 46Vecinos de Euán se quejan contra Ramón Ontiveros, administrador de la finca San Juan (1920), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 712.Vecinos del rancho de Tepekal se queja contra el señor Arcadio Cortez, vecino del pueblo de Suma (1920), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 708.
178
Puede decirse que las circulares de 1917 y1919 dictadas por el gobierno local
no hacían más que retomar una antigua costumbre entre la población rural y los
propietarios de las fincas, regular las condiciones y, sobre todo, tratar de
homogeneizar los precios del arrendamiento. Dichas circulares no cuestionaban ni
comprometían la estructura de la propiedad de las fincas, pero sí ofrecían a los
milperos condiciones más seguras para acceder a los montes privados. Por tales
circunstancias, los milperos no desaprovecharon la posibilidad de cultivar en los
montes de las fincas en los términos que las circulares proponían. Mediante la
intercesión de los ayuntamientos, los agricultores accedieron a los montes
privados, incluso aquellos que eran rechazados por los hacendados.47 En 1917, por
ejemplo, el ayuntamiento de Izamal, ubicado en plena zona henequenera, recibió
280 solicitudes de otros tantos milperos. Las autoridades elaboraron una lista,
asignaron una extensión para cada uno y calcularon necesitar cerca de 256
hectáreas de montes para otorgar en arrendamiento.48
Tres años después, en 1920 el municipio de Izamal gestionó un total de 272
solicitudes para los milperos del lugar y de sus comisarías Xanabá y Sitilpech. Los
milperos de estas dos últimas localidades habían iniciado el trámite ante sus
respectivos comisarios municipales, a quienes les expusieron su interés por “tierras
ociosas para laborar” de determinadas fincas. Finalmente, los comisarios de cada
pueblo presentaron al ayuntamiento de Izamal la solicitud formal y un breve
informe sobre la calidad de los terrenos solicitados. Los de Xanabá, por ejemplo,
47En 1917 el administrador de la hacienda Kanán se negó a recibir a Pedro Aragón, Alonso Aragón, Juan Batista Kú y Prudencio Tuyub, vecinos del pueblo de Tekal. De inmediato acudieron con las autoridades, quienes iniciaron la negociación. Petición de Montes (1917), en AGEY, Municipios, Izamal, caja 10, vol. 21, exp. 16. 48Relación de las personas que solicitan terrenos para cultivar este municipio de Izamal (1917), en AGEY, Municipios, Izamal, caja 9, vol. 21, exp. 6.
179
expresaron que “el terreno aludido no tiene parte cultivada y todos los 400 mecates
marcados no están ni talados, y en mi concepto está incluido dentro del carácter de
tierras ociosas”. Posteriormente, el ayuntamiento de Izamal procedió a otorgar los
montes en arrendamiento.49
Como se dijo, los ayuntamientos eran las responsables de gestionar el
arrendamiento de los montes privados. Se encargaban de recibir la solicitud,
dialogar con los dueños o administradores de las fincas de su jurisdicción
municipal y de concederlos y distribuirlos entre los milperos. Empero, en el
terreno de los hechos aparecieron las ligas de resistencias, unas veces iniciando los
trámites de solicitud, otras veces defendiendo los intereses de los milperos. Dichas
organizaciones aparecieron en 1917 con el impulso del Partido Socialista de
Yucatán a lo largo y ancho del estado; agruparon a amplios sectores sociales
urbanos y rurales, como mujeres, profesionales, comerciantes, trabajadores de los
pueblos y agricultores en general y eran coordinadas por una Liga Central, con
sede en la ciudad de Mérida. Si bien, las ligas estaban asociadas al Partido
Socialista de Yucatán y a su líder más emblemático Felipe Carrillo Puerto, sus
acciones no se limitaron al proselitismo político, pues se convirtieron en los
espacios más efectivos de socialización y promoción de campañas educativas,
higiénicas y de diversos eventos deportivos y culturales.50 En el aspecto agrario, las
49Ocursos al alcalde municipal de tierras ociosas (1920), en AGEY, Municipios, Izamal, caja 12, vol. 25, exp. 1. 50En 1921 el Partido Socialista de Yucatán cambio al nombre de Partido Socialista del Sureste. Para un estudio profundo sobre el origen y proliferación de las ligas de resistencia, sus estrechos vínculos con el Partido Socialista del Sureste y cómo influyeron en la sociedad yucateca hasta mediados de la década de 1920, consúltese los trabajos de Joseph, Revolución desde afuera, 217-296; Savarino, Pueblos
y nacionalismos, 378-380. También puede consultarse el breve trabajo de Paoli y Montalvo, El socialismo olvidado. Recientemente, Fallaw, Cárdenas Compromised,
180
ligas desempeñaron un papel muy importante, al convertirse en instancias de
apoyo para la población rural. Por tal razón, no es extraño encontrar a las ligas
involucradas, junto, al margen o en competencia con los ayuntamientos, en el
arrendamiento de los montes, como veremos a lo largo de las siguientes páginas.
Por su parte, los hacendados se mostraron renuentes a entregar los montes
de sus propiedades con el argumento de necesitarlos. En 1920 Pedro M. de Regil,
propietario de una finca, explicó que las autoridades municipales del pueblo de
Timucuy, ubicado en la zona henequenera, apoyadas por el presidente de la liga de
resistencia del mismo pueblo, distribuyeron entre los vecinos “una pequeña
extensión de tierras de las anexas Petecuil San José y San Mateo” de su hacienda
Tekik, ubicada en el municipio de Timucuy. El hacendado explicó que las
extensiones otorgadas servían para extraer leña para “la alimentación de las
calderas de la maquinaria obteniendo el combustible necesario”. Al ser despojado
temporalmente de los montes y dadas las condiciones de arrendamiento, los
hacendados se preocuparon por el deterioro forestal y lo que esto ocasionaría. A la
letra decía el hacendado: “de llevarse a cabo la tala de esa porción de terreno, mi
finca se vería en la necesidad imperiosa de suspender sus trabajos por falta de
combustible”.51
Decididos a defender sus montes, los hacendados trataron de persuadir a las
autoridades, desde el gobernador hasta las municipales, para no entregar sus
montes. Argumentaban carecer de extensiones suficientes, de tenerlos ocupados
con las milpas de sus trabajadores, de estar tumbados, es decir con la maleza y los
revisa el papel que desempeñaron las ligas en la trayectoria política de la década de 1930. Muestra el declive y la resistencia de las ligas a desaparecer frente a otras organizaciones como los sindicatos que comenzaban a ganar terreno en Yucatán. 51Pedro M. de Regil solicita impedir la tala de montes para combustible de máquinas de su hacienda Tekik (1920), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, 753.
181
árboles cortados, o que no podían prescindir del carbón y la leña que extraían de
ellos. En 1920 el administrador de la hacienda Kankabchén intentó evadir la
solicitud del ayuntamiento de Cansahcab arguyendo que disponía de poco espacio
porque vecinos de Cansahcab, Suma, Teya y Tepakam solían cultivar sus milpas
“habiendo sufrido con esto la tala de m{s de 14 000 mecates de terrenos”. El propio
administrador sugirió a las autoridades municipales acudir a las demás fincas del
municipio. Sin embargo, el presidente municipal no sólo insistió en su petición
sino que inició una inspección y confirmó que poseía más de 40 000 mecates (1 600
hectáreas) de extensión y más de la mitad se encontraba inculto.52 En el mismo año
de 1920 Antonio Ancona propietario de Dzibilchaltún y Sacnité, tras recibir sendas
solicitudes de los ayuntamientos de Mérida y Tixkokob, se excusó diciendo: “no
puedo dar montes de mis haciendas *<+ porque ya est{n talados y que por eso no
admiten cultivo para cereales que es para lo que pueden necesitarlos [los milperos
de Chablekal y Tixkokob+”. El hacendado explicó que él mismo apenas podía
“sacar delgados palos de los jubches (monte en barbecho) y no creo deba
permitírseles trabajar esas tierras que los más elementales principios de agricultura
ordenan dejar descansar *los montes+”.53
Como no siempre pudieron evitar la entrega de sus montes, los hacendados
llevaron a cabo diferentes acciones que pretendían entorpecer su ocupación y
usufructo. Así entregaban terrenos en pésimas condiciones físicas, es decir,
parcialmente deforestadas e inútiles para el cultivo de la milpa. En 1919 Adolfo
Bolio aceptó la solicitud del presidente municipal de Eu{n siempre “que se le 52Arturo Cáceres se queja contra el presidente municipal de Cansahcab porque le obliga a dar terrenos de la hacienda Kancabche a varios ciudadanos para cultivar (1920), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 712. 53Sobre la solicitud de montes realizada por los pueblos de Chablekal y Tixkokob a las haciendas (1920), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 706.
182
pague el arrendamiento conforme a la ley y el terreno sea fijado por él”. Luego
cambió de parecer y concedió “sus planteles viejos” sin pago de arrendamiento
alguno. Los milperos argumentaron que no les convenía tomarlo “porque nom{s lo
da para una cosecha y nomás se puede cultivar el maíz con perjuicio de no sembrar
otras semillas”. Los milperos se retiraron y, al decir de sus autoridades, se fueron a
“hacer sus labranzas en otros montes que no son planteles”. Las autoridades
municipales de Euán denunciaron que las intenciones del hacendado era
beneficiarse del terreno limpio y chapeado después de la milpa. Como Bolio,
muchos hacendados trataron de obtener un provecho adicional y alteraban las
cláusulas del contrato, especialmente las referentes al monto de la renta estipulado
en las circulares locales. Los encargados exigían cantidades que rebasaban al 5%
marcado en dichas circulares. En 1920, los milperos de Tunkás y Opichén se
quejaban por los cobros de 10% y 20% que exigían los administradores de las
haciendas enclavados en otros municipios.54 O de plano modificaron la forma de
pago, como denunciaron ese mismo año los vecinos del pueblo de Yobaín, quienes
señalaron que los propietarios de las fincas de su municipio los obligaban a cubrir
“dos mecates de chapeo, por cada mecate del [monte cultivado], en los planteles de
henequén”.55
La oposición de los hacendados no estaba dirigida exclusivamente a sus
nuevos inquilinos, sino también a los antiguos. Con base en las circulares de 1917 y 54Queja de campesinos de Opichén por el pago de 20% de la producción por concepto de renta (1920), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 708; vecinos de Tunkás se quejan contra algunos propietarios de extorsionarlos con el elevado cobro de arrendamiento (1920), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 712; Queja de los vecinos de Tunkás por renta excesiva (1920), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 712. 55Queja de los vecinos de Yobaín por el cobro realizado por las autoridades municipales (1920), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 712.
183
1919, los dueños de las fincas impidieron la entrada de sus antiguos arrendatarios.
En 1920 Ermilo Ávila, propietario de Sacnité, del municipio de Izamal, desconoció
a sus antiguos ocupantes, vecinos de Izamal que venían cultivando sus milpas por
lo menos desde hacía tres años.56 El hacendado los calificaba de “invasores” por no
contar con la anuencia de alguna autoridad municipal ni con la suya. Momentos de
angustia vivieron los ciudadanos Adriano Hernández, Dionisio Kú y Macario Us,
vecinos de Umán, cabecera de municipio del mismo nombre, cuando el encargado
de la finca Cacao, ubicada en el municipio de Abalá, les negó la entrada a sus
milpas con el argumento que los vecinos del municipio de Umán no tenían
derecho a usar los montes de otro municipio. A la letra dice “Como los ciudadanos
*<+ no son jornaleros de esta finca y sí vecinos de la villa de Um{n, los
propietarios de esta finca de conformidad con las leyes vigentes les han
manifestado, que las milpas en cuestión no pueden continuar cultivándolas”. El
encargado les comunicó que podían vender sus milpas a cualquier ciudadano que
trabajara en esa finca.57
Desesperados, los milperos acudieron a las autoridades municipales de
Abalá, pero éstas argumentaron que nada podían hacer porque eran vecinos de
otro municipio. Al respecto, el alcalde municipal explicó que “como los
ciudadanos de referencia no son de esta población no puedo proceder ni conforme
a la ley relativa, pues a estos ciudadanos no les ha dado permiso el Ayuntamiento
de este pueblo, para los cultivos, razón por la cual no me es dable proceder”.
56Vecinos de Izamal invaden la hacienda Sacnité (1920), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 712. 57Vecinos de Umán se quejar de no poder atender sus milpas ubicadas en la hacienda Cacao (1919), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 691.
184
Indefensos, los vecinos de Umán, desde luego, perdieron sus milpas.58 En efecto,
por la vía del arrendamiento, los milperos de los pueblos únicamente podían
acceder a los montes de las fincas que se encontraban bajo la jurisdicción de sus
ayuntamientos. De lo contrario, se les negaba el acceso a los montes privados. En
1919 el encargado de la finca Kuncheilá del municipio de Tecoh recibió del alcalde
municipal de Acanceh un oficio que solicitaba el acceso de 24 personas a “marcar
los mecates que a cada uno le corresponde”. La solicitud del alcalde de Acanceh no
procedió porque el administrador demostró “que no tiene ni puede tener
jurisdicción en el municipio de Tecoh al cual pertenece la finca”.59 Todos estos
casos muestran las dificultades que enfrentaron los milperos de los pueblos para
acceder a los montes de las haciendas con base en el sistema de arrendamiento
ordenado por el gobierno estatal. En gran medida por la resistencia de los
propietarios de las fincas a perder su acostumbrada prerrogativa de conceder, bajo
su anuencia y sus condiciones, los montes de su propiedad.
5. DOTACIÓN DE TIERRAS INCULTAS Y LA DISPUTA POR EL MONTE
Como parte de su estrategia política, entre 1922 y 1924 el gobierno estatal llevó a
cabo la mayor dotación provisional de ejidos a los pueblos de Yucatán, pero sin
afectar la industria henequenera. En efecto, el fin de la Primera Guerra Mundial
había asestado un duro golpe a los precios de henequén pero no condenó a la
agroindustria a su desaparición. El henequén constituía el principal producto de
Yucatán, a nivel nacional representaba el segundo producto de exportación y hacia
58Vecinos de Umán se quejan de no poder atender sus milpas ubicadas en la hacienda Cacao (1919), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 691. 59Manuel Casares Escudero se queja de los vecinos de Tecoh por no pagar su arrendamiento (1919), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 692.
185
1922 abastecía 73% de la demanda internacional.60 Por tal motivo, en todo este
tiempo el gobierno yucateco, pese a sus radicalismos, procuró no molestar el ritmo
de la producción henequenera.
La Comisión Local Agraria, mediante los comités particulares ejecutivos de
cada pueblo, llevaría a cabo el trámite de las solicitudes de los ejidos, pero en la
práctica fue imposible evitar la intervención de los ayuntamientos y de las ligas de
resistencia, que como vimos mediaban, solicitaban y hasta representaban a los
milperos en las solicitudes.61 Como se dijo, la legislación agraria estipulaba dos vías
para solicitar ejidos: la dotación y la restitución. En Yucatán los comités
particulares ejecutivos agrarios encargados de promover las solicitudes de ejidos,
usaron la vía de la dotación porque por la restitución no podían demostrar que los
pueblos, como corporaciones políticas, habían sido propietarios de ejidos ni tierras
comunales, como se explicó en el primer capítulo de esta tesis. Asimismo, la ley
agraria del 10 de abril de 1922, al ordenar que únicamente las localidades con la
categoría de pueblo, rancherías, congregaciones, condueñazgos y comunidades
tenían derecho al reparto, el gobierno local convirtió en pueblos a las localidades
60Askinasy, El problema agrario, 80-83; Aznar Mendoza, “Historia de la industria henequenera”, 729-730. 61En el decreto del 6 de enero de 1915 se ordenó que las autoridades agrarias, responsables del reparto agrario serían las siguientes: La Comisión Nacional Agraria, integrada por 9 personas y presidida por el secretario de Fomento. En cada entidad federativa se crearía una Comisión Local Agraria compuesta de cinco personas. En tanto los Comités Particulares Ejecutivos, integrados por tres personas, se crearían en todas las localidades o pueblos. Dichos comités estarían subordinados a la Comisión Local Agraria de su entidad. En Fabila, Cinco siglos, 27. El número de integrantes así como las funciones que desempeñarían se modificaron y precisaron en la ley de dotaciones y restituciones de Tierras y Aguas de 1920. En Cuadros Caldas, Catecismo agrario, 83.
186
con categoría de villas, tales como Motul, Temax, Ticul, Tekax, Tizimín, entre otros
y a los poblados pequeños denominados rancherías.62
Para la dotación de los pueblos del noroeste henequenero, el gobierno local
expropió parte de los terrenos incultos que poseían las propiedades privadas. En
otras palabras, los pueblos recibieron montes en calidad de ejidos provisionales.
Por ejemplo, en 1922 el pueblo de Sitilpech recibió 2 928 hectáreas de montes, que
se tomaron de las haciendas Sacnité, Kanán, Cuiché Kancabchén, Balantún y
Checanul. El pueblo de Abalá, rodeado por las haciendas henequeneras más
grandes e importantes de Yucatán, recibió 3 040 hectáreas de los montes de las
fincas Temozón, Yunkú y Hucuyché.63 En algunos casos, la dotación ejidal incluyó,
además de los montes, los ejidos porfirianos, es decir, aquellos lotes que habían
sido medidos a partir de 1870, descritos ampliamente en el capítulo II, pero que
nunca fueron repartidos a los padres de familia. Por ejemplo, en 1922 al pueblo de
Temax se le dotó con 13 683 hectáreas de las haciendas Chucmichén, San Antonio,
San Dimas, Dzitox y se incluyeron 3 600 hectáreas de los 265 lotes antiguos que se
encontraban en la hacienda Dzitox.64
La extensión de los ejidos se estimó con base en el sistema agrícola que
requerían dejar descansar el montes después dos años de cultivado. Así, se estimó
que cada agricultor necesitaba dos hectáreas para cultivar cada año. Dichas
hect{reas las dejaría descansar 12 años, “para que pueda recuperar la substancias 62Joseph, Revolución desde afuera, 274; Véase dicho reglamente en Fabila, Cinco siglos, 384-389. 63Para dotar a Sitilpech, Balantún fue afectada con 1 565 hectáreas, Kanán con 504, Sacnité con 249, Cuiché con 241, Checanul con 282 hectáreas y Kancabchén con 84. DO, 20 de junio 1925, 965-966. DO, 10 de noviembre 1921, 1098. A la hacienda Temozón se le expropiaron 1,837 hectáreas, a Yunkú 630 y a Huycuché 572. 64Dotación de ejidos al municipio de Temax (1925), en RAN-Mérida, Carpeta básica, núm. 23; DO, 2 de junio 1925, 627-628.
187
fertilizantes necesarias”, y pasado ese tiempo nuevamente podía cultivarlas.65 Con
base en lo anterior, se consideró que cada milpero requería de 24 hectáreas en
promedio. Para calcular la extensión de “tierras incultas” que cada pueblo recibiría
se multiplicaban dichas 24 hectáreas por el número de agricultores que ahí residía.
Sin embargo, en muchas ocasiones no se cumplieron a cabalidad ambos criterios,
pues en la práctica la extensión de los ejidos estuvo sujeta a los recursos
disponibles. Por ejemplo, en 1923, cuando se dotó al pueblo de Acanceh, las
haciendas circunvecinas habían sido afectadas para la dotación de otros pueblos,
de modo que hubo que sujetarse a las extensiones disponibles de las haciendas. Al
final, le asignaron 6 382 hectáreas de montes, estimando 12 hectáreas por
individuo.66
De acuerdo con las cifras oficiales, entre 1919 y 1928 el gobierno local
entregó ejidos a 115 pueblos de Yucatán, 73 del noroeste henequenero y 42 del sur
y oriente del estado. La mayor parte de las dotaciones provisionales se llevó a cabo
entre 1919 y 1924, cuando se dotó a 21 858 vecinos de los pueblos del noroeste con
384 114 hectáreas (cuadro 16). Es preciso decir, que el reparto de los gobernadores
tenía un carácter provisional. El expediente formado junto con todos los
documentos y los datos que se estimaban necesarios, se remitía a la Comisión
Nacional Agraria para su aprobación, rectificación o modificación del reparto. Una
vez aprobado, el encargado del Poder Ejecutivo de la Nación emitía la resolución
presidencial, con la que los pueblos obtenían su dotación definitiva.67 La mayoría
65DO, 29 de julio 1925, 605. 66Dotación de ejidos al municipio de Acanceh (1925), en RAN-Mérida, Carpeta
Básica, núm. 17. 67Decreto de 6 enero de 1915, en Fabila, Cinco siglos, 273-274.
188
de los pueblos yucatecos recibieron en el año su dotación definitiva en 1925 y en
algunos casos hasta 1930.
CUADRO 16 DOTACIÓN PROVISIONAL Y RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL EN EL NOROESTE HENEQUENERO 1919-1930
Pueblo Dotación provisional Hectáreas Ejidatarios Resolución presidencial Hectáreas
Conkal 1919 3,503 200 1921 4,000
Cholul 1919 1,808 sin dato 1921 1,818 Homún 1919 3,000 375 1921 3,000 San José Dzal 1919 1,696 209 1921 1,699
Abalá 1921 2,960 148 1921 3,040
Baca 1921 6,000 300 1924 6,000
Bokoba 1921 4,723 264 1923 4,720
Ekmul 1921 1,087 132 1928 1,087
Euan 1921 1,900 95 1923 1,900
Seyé 1921 11,360 568 1924 11,360
Sitpach 1921 1,827 92 1925 1,827
Tecoh 1921 13,860 693 1923 13,860
Ucú 1921 6,460 323 1923 6,460
Xanabá 1921 3,780 199 1923 3,780 Yaxkukul 1921 2,701 274 1921 2,701
Caucel 1922 5,880 294 1925 4,069
Cepeda 1922 3,504 146 1925 3,504
Citilcum 1922 2,440 122 1925 2,440
Cucholoch 1922 2,856 119 1925 2,856
Cuzamá 1922 4,540 227 1925 3,135
Chablekal* 1922 4,820 241
Chicxulub* 1922 4,944 206
Dzidzantún 1922 9,864 511 1932 5,880
Halachó 1922 19,416 809 1923 19,416
Hunucmá* 1922 23,180 1,159
Ixil* 1922 4,704 196
Kinchil* 1922 8,000 375
Kini 1922 3,144 131 1925 3,012
Maxcanú* 1922 24,580 1,229 Mocochá 1922 2,060 103 1924 2,060
Muxupip 1922 5,920 296 1925 5,920
Nolo 1922 1,872 78 1937 1,872
Papacal 1922 3,200 160 1924 3,200
Sitilpech 1922 2,928 122 1925 2,928
Sudzal 1922 3,006 150 1925 3,000
Tixcuncheil 1922 1,248 52 1925 1,223
Tixpéhual 1922 3,894 166 1923 3,984
Umán* 1922 15,040 1,024
Xocchel 1922 3,539 327 1925 3,539
Acancéh 1923 6,382 501 1925 6,382
Bolón 1923 2,520 105 1925 2,520
Cansahcab 1923 8,260 780 1930 5,620
Cosgaya 1923 744 62 1924 744
189
Chuburná 1923 2,248 177 1925 4,248
Dzitiá 1923 864 72 1925 864
Dzununcán 1923 2,100 105 1925 2,100
Hoctún 1923 7,250 374 1925 7,250
Izamal 1923 17,976 749 1925 17,976
Kanasín 1923 7,248 604 1930 5,251
Kancabal 1923 495 33 1924 495 Kancabchén* 1923 540 27
Kantunil 1923 6,336 264 1925 6,270
Komchén 1923 3,156 263 1925 3,156
Kopté 1923 680 34 1924 510 Mesatunich 1923 1,000 50 1932 Improcedente
Molas 1923 2,664 111 1925 2,664
Sinanché 1923 3,000 200 1925 3,000
Suma 1923 4608 192 1925 4,608
Tahmek 1923 7,000 350 1925 5,782
Tanyá* 1923 810 54
Tekantó* 1923 4,000 365
Tekit 1923 14,712 613 1925 14,712
Telchac* 1923 2,300 230
Telchaquillo 1923 2,880 120 1925 2,880
Temax 1923 13,682 690 1925 13,682
Tepakán 1923 4,700 235 1925 4,700
Timucuy 1923 7,720 330 1925 7,920
Tixkochoh 1923 1,260 63 1925 1,260
Tixkokob 1923 4,980 249 1930 2,242
Ucí 1923 1,460 146 1925 1,460
Holcá 1924 3,000 34 1925 3,000
Itzimná 1924 132 33 1929 132
Motul 1924 5,228 1,463 1925 5,228
383,179 21,793 275,946
* No se encontró la resolución presidencial. Fuentes: Joseph, Revolución desde afuera, 271-272; DO.
La dotación provisional de los ejidos colocó de nueva cuenta a los montes de
las fincas en el centro de los conflictos entre quienes los poseían en propiedad, lo
usufructuaban y lo recibirían en calidad de ejidos. Los hacendados nunca
estuvieron de acuerdo con el arrendamiento de sus montes, mucho menos con la
afectación ejidal. Ellos argumentaban la necesidad de continuar poseyendo los
recursos forestales para el funcionamiento de la industria del henequén. En 1923 el
hacendado Álvaro Millet Heredia se opuso a la afectación de 223 hectáreas de su
hacienda Muchelchén para la dotación del pueblo de Kanasín. El hacendado
190
explicó qué necesidades cubría con sus montes y reflexionó sobre las pérdidas que
traería consigo la reducción o pérdida de ellos: “que su relacionada finca *<+
explota y elabora el henequén, y que todos sus productos son necesarios para ese
objeto, inclusive los bosques que en sus terrenos existen; ya que de ellos se
abastecen las m{quinas de la madera y combustible indispensables”.68 En agosto
de 1922, a la hacienda Oncán se le habían expropiado 1 826 hectáreas de montes
para la dotación del pueblo de Tixpéhual. Su propietaria, Concepción Rodríguez,
explicó las condiciones en la que se encontraba su finca a cuatro meses después de
la expropiación: “me he quedado sin el combustible necesario para mover mis
m{quinas desfibradoras *<+ como resultado que los trabajos de mis fincas están
suspendidos desde fecha cerca de quince días con graves perjuicios para los
intereses generales del país, para los habitantes de las fincas y para los numerosos
vecinos del pueblo de Tixpéhual que trabajan en mis fincas”.69 En efecto, como se
dijo en el capítulo III, el monte de las haciendas, denominado tierras incultas,
formaba parte de la agroindustria el abogado y representante de los hacendados
Gustavo Molina Font calificó de “absurda” la distribución de los “terrenos de
descanso” porque imposibilitaba a muchas haciendas “la continuación de las
siembras anuales indispensables” de las milpas, para después utilizar el terreno
para cultivar henequén y de este modo “aumentar provesivamente el {rea de
explotación de las plantaciones”.70
Como en todo el país, los hacendados emprendieron diversas medidas para
evitar la afectación. La vía legal fue una de ellas. Los propietarios trataban de 68DO, 28 de febrero 1930, 11. 69Municipio de Tixpéhual (1930), en RAN-Mérida, Expediente de dotación, núm. 85; Concepción Rodríguez solicita sacar leña de sus montes otorgados al pueblo de Tixpéhual como ejido (1922), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 573. 70Molina Font, La tragedia de Yucatán, 113.
191
demostrar a la Comisión Local Agraria que sus propiedades eran “unidades
agrícolas industriales en explotación”.71 Este argumento, sin embargo, no tenía
validez para la autoridad agraria porque de acuerdo con el reglamento agrario del
10 de abril de 1922, los propietarios de dichas unidades debían ceder una
superficie igual a la que les correspondía entregar. Dicho terreno debía ser de
buena calidad y en el lugar más inmediato posible al pueblo. Otros hacendados
argumentaron que sus haciendas eran menores de 500 hectáreas, lo que las dejaban
al margen de cualquier afectación, de acuerdo con el citado reglamento agrario del
10 de abril de 1922.72 También solían esconder las extensiones de sus terrenos
incultos y decían poseer un número mayor de hectáreas cultivadas para evitar la
expropiación. Tomás Martín León, propietario de la hacienda Reguera, informó a
la Comisión Local Agraria que sus extensiones estaban cultivadas de henequén,
incluyendo las 72 hectáreas afectadas, como no lo pudo demostrar, las 72
hectáreas de montes pasaron a formar parte del ejido del pueblo de Tixkokob.73
Algunos propietarios plantearon la posibilidad de permutar los montes
elegidos por la Comisión Local Agraria por otros terrenos. En 1930 el propietario
de la hacienda Teya, Alfredo Medina Rodríguez, propuso a la Comisión entregar
determinados terrenos de su propiedad en lugar de las 466 hectáreas de montes
afectadas originalmente. El terreno que proponía Medina Rodríguez tenía 369
hectáreas, estaba situado al poniente de su predio, las hectáreas faltantes podían
tomarse de sus fincas Sahé y Tehuitz. Adem{s, el hacendado se comprometía “a
renunciar *<+ a su derecho a ser indemnizado, también a desistirse del amparo 71DO, 11 de julio de 1925, 243; DO, 17 de julio de 1925, 361; DO, 21 de febrero, 1930. 72En el artículo 14 del reglamento agrario se exponen los casos a las propiedades de cualquier afectación. Dicho reglamento puede consultarse en Fabila, Cinco siglos, 383-389. 73DO, 21 de febrero de 1930, 11.
192
que tiene interpuesto”. Medina Rodríguez afirmaba que dichos terrenos ofrecían
todas las ventajas porque su ubicación era “conveniente al pueblo”, y porque la
suma de los tres terrenos que concedía (468 hectáreas) era dos hectáreas más
grande que el terreno afectado originalmente.74 Desconocemos si la comisión local
agraria aceptó la propuesta del hacendado, pero se creyó necesario exponer el caso
porque ilustra la estrategia emprendida por los hacendados para evitar la
expropiación de sus montes.
Al mismo tiempo, los hacendados pretendían dejar sin efecto las
expropiaciones, denunciando los errores cometidos en el procedimiento de la
dotación. Por ejemplo, acusaban que los datos vertidos en el censo agrario eran
falsos, también manifestaban no haber recibido de la Comisión Local Agraria la
notificación correspondiente a su expropiación, y denunciaban la ausencia de las
autoridades municipales al momento de las mediciones. Muchos hacendados
emprendieron juicios de amparo contra los actos de la Comisión Local Agraria; sin
embargo, las resoluciones no los favorecieron, lo que propició que promovieran el
recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia.75
Pero mientras se resolvía el asunto legal, en el ámbito cotidiano los
hacendados no dudaron en impedir la ocupación de sus montes. Un caso extremo
por su violencia, fue el del propietario de la hacienda Texán. En 1924 se negaba a
entregar sus montes afectados para la dotación del pueblo de Samahil y contrató a 74DO, 28 de febrero de 1930, 12; con respecto a las permutas, el artículo 20 del reglamento agrario estipulaba que cuando los terrenos afectados estuviesen cultivados, los propietarios podían ceder a cambio una superficie de igual extensión a la que inicialmente debían entregar. La ubicación de dichos terrenos no debía encontrarse a una distancia mayor a cinco kilómetros del pueblo. En Fabila, Cinco siglos, 385-386. 75DO, 26 de febrero de 1925, 1063; DO, 22 de abril de 1925, 1961; DO, 2 de mayo de 1925,12; DO, 4 de junio de 1925, 626;
193
“15 hombres del interior del estado”, armados con “rifles 30-30”, para que
vigilaran y evitaran la ocupación de sus montes. La medida fue eficaz, pues, al
decir de las autoridades municipales, ni la liga de resistencia ni el comité particular
de Samahil habían “conseguido introducirse hasta ellos”. 76
Muchos propietarios, al comprender que la expropiación de sus montes era
inevitable, procedieron a explotarlos intensivamente. En 1925 el dueño de la finca
Cholul Bolio comenzó a sembrar “hijos de henequén” en los montes que habían
sido afectados para la dotación de ejidos del pueblo de Cacalchén. Con esta acción
pretendían impedir la expropiación, pues las plantaciones de cultivos
agroindustriales estaban eximidas. En el mismo año, el dueño de San Antonio de
Padua, afectada para la dotación del mismo pueblo, cortó toda la leña posible, ante
el enojo y la indignación de los milperos y funcionarios del comité particular
ejecutivo.77 De esta manera, los propietarios buscaban extraer toda la madera,
carbón y leña que le fuera posible. En otras palabras, buscaban usufructuar y
aprovechar los montes hasta el último momento.
Al gobernador del estado le llegaban innumerables quejas de los presidentes
municipales, los comités particular ejecutivos y de las ligas de resistencia
denunciando las acciones de los propietarios. En 1922 el presidente municipal de
Hunucmá acusó a Augusto Peón, dueño de la hacienda Chac, de talar los montes
incluidos en la dotación del pueblo. De continuar, advirtió el presidente municipal,
“entre algunos meses, no quedar{ un solo {rbol de pie y esos campos quedarían
con condiciones pésimas para que nuestros modestos agricultores puedan hacer
sus sementeras en condiciones ventajosas, burlándose de esta manera la idea de
76Municipio de Samahil (1924), en RAN-Mérida, Expediente de dotación, núm.123. 77Municipio de Cacalchén (1921), en RAN-Mérida, Expediente de dotación, núm. 65.
194
favorecer a los trabajadores, pues esos campos ya no serían tocados para nada”.78
Augusto Peón no fue el único en resistir de ese modo. Varios hacendados afectados
para la dotación de Hunucmá tomaron medidas similares. Los dueños de las
haciendas Chac y Chel, “haciendo uso de la fuerza sacaron *en+ repetidas ocasiones
de sus milpas a trabajadores de Hunucm{, quienes *<+ optaron en abandonar
aquellos lugares”. El propietario de Tex{n, por su parte, tomó toda la madera que
los milperos de Hunucmá habían cortado “sin pagarles el precio a que pagaría
dicha madera”.79 En 1924 el comité particular ejecutivo del pueblo de Conkal
informó a la Comisión Local Agraria que el encargado de la finca Tecat, afectada
con 292 hect{reas de terreno, “ha mandado talar casi 1 000 mecates de dichos
montes”. El comité particular envió los oficios correspondientes a la propietaria y
encargado de la finca advirtiéndoles que no debían tocar dichos montes porque
eran ejidales. Ambos hicieron caso omiso de la advertencia y “ha extendido la tala
invadiendo mayor cantidad de terrenos”. 80
En 1925 la dotación ejidal era un proceso en curso y, como hemos podido
observar, desató un conflicto en torno a los montes. En 1926 la Unión de 78Queja del ayuntamiento de Hunucmá por la tala desmedida en la hacienda Chac (1922), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 753. 79Municipio de Hunucmá (1922), en RAN-Mérida, Expediente de dotación, núm. 19. 80Queja del ayuntamiento de Conkal contra el encargado de la finca Tecat por la tala de montes (1924), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 781. En 1924, el comité ejecutivo de Baca acusó al propietario de Timul por cortar leña en los recién dotados ejidos del pueblo. Queja del comité ejecutivo contra el dueño de Timul (1924), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, 797. En 1925, el comité particular agrario de Izamal denunció que el propietario de la finca Tzip estaba talando y tenía intenciones de cultivar henequén en los montes pertenecientes al ejido de dicha localidad. Denuncia enviada al gobernador sobre la destrucción de los montes de Tzip (1925), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 815; Queja del presidente municipal por el corte de leña en los terrenos dotados a Yaxché (1923), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 774.
195
Productores Henequeneros, organización que agrupaba a los grandes productores
de henequén, intentó, aunque sin éxito, anular el efecto de las resoluciones
presidenciales que habían dotado de ejidos a los pueblos de Yucatán. Florencio
Palomo Valencia, en su trabajo Los ejidos de Yucatán y el henequén, explica que los
hacendados resintieron de manera distinta las expropiaciones. Como era de
esperarse, afirma que los dueños de grandes propiedades sortearon de mejor
manera la pérdida de sus terrenos incultos frente a los medianos y pequeños
productores. La capacidad económica de los primeros les permitió adquirir “tierras
incultas” de los medianos y pequeños, y aún m{s, “adquiriendo opción a comprar
tierras incultas para el caso de que se autoricen los cambios de localización” de las
expropiaciones.81
Los hacendados no fueron los únicos en oponerse a la expropiación de los
montes. Los peones acasillados, los trabajadores de los pueblos y los arrendatarios
que cultivaban los montes privados con la anuencia del propietario emprendieron
diversas acciones para evitar la pérdida de sus espacios agrícolas. Estas acciones de
oposición tuvieron la característica de no apelar ante las instancias legales sino de
proceder contra quienes directamente los agraviaban, en este caso los nuevos
ejidatarios de los pueblos. Los primeros fueron los trabajadores de las fincas, es
decir, los peones acasillados. Su defensa tiene origen en la misma relación patronal
de tipo paternalista que habían establecido con el hacendado. Sin embargo, más
allá de esta relación, los peones de las haciendas vieron en la afectación de los
terrenos incultos la pérdida de sus espacios agrarios. Para la década de los veintes,
la legislación agraria no les había concedido personalidad jurídica para obtener
ejidos. De modo que no poseían más recurso que el monte de las haciendas para
81Palomo Valencia, Los ejidos de Yucatán, 15, 23.
196
cultivar, por lo que su subsistencia estaba unida al hacendado. Entre 1922 y 1924,
cuando el gobierno local entregó la mayoría de las dotaciones provisionales, los
peones acasillados quedaron excluidos. Para 1921 la población de las haciendas era
de 49 321 personas (20.58%) de la población rural, apenas superado por los
pueblos con 22.91% (cuadro 14). Las acciones emprendidas por los peones estaban
destinadas a impedir la ocupación de los montes y siempre contaron con el
respaldo y la asesoría de sus patrones, quienes les ordenaban cómo proceder.
Algunos ejemplos de esta confrontación entre ejidatarios y peones de las
haciendas son ilustrativos. En 1924 el comité ejecutivo y la liga de resistencia del
pueblo de Samahil se quejaron ante la Comisión Local Agraria de que los
trabajadores de Texán, con 79 habitantes, sacaban leña, carbón y palizadas de los
montes otorgados en dotación a Samahil. Un funcionario de la Comisión Local
Agraria se trasladó al lugar y constató que los peones diariamente extraían “60 y 80
tareas de leña”, carbón y otras maderas.
En realidad, los peones de las haciendas usufructuaban los montes bajo la
anuencia y protección de su patrón, pues recordemos que éste había contratado a
15 personas originarias del “interior de la república, bien armados de rifles 30-30”
para vigilar e impedir la presencia de personas extrañas a la hacienda. Por su
parte, los ejidatarios de Samahil no habían podido acceder a las 240 hectáreas que
se les había dotado. Cansados de esta situación, el comité particular ejecutivo del
pueblo de Samahil, los milperos beneficiados y las autoridades municipales
acordaron “incautar toda la madera que se encuentra en aquellos terrenos y que
legítimamente nos corresponde”. Las autoridades municipales notificaron su
decisión a la Comisión Local Agraria y al gobernador del estado. A este último le
solicitaron “un piquete de fuerzas” que los escoltara hasta Tex{n. El gobernador
197
turnó el caso a la Comisión y ésta aconsejó a las autoridades municipales consignar
el caso al juez de paz de Samahil.82
En otros lugares la división entre peones y los nuevos ejidatarios de los
pueblos llegó a la violencia. En 1927 los ejidatarios de Cansahcab estaban
“cercando unos terrenos” en montes de la hacienda Cauacá para cultivar sus
milpas cuando fueron interrumpidos por un grupo de “cien hombres” armados
con “rifles y cornetas”, se trataba de trabajadores de la hacienda Cauaca liderados
por Pantaleón Díaz, encargado de la finca. Estos últimos amenazaron a los
ejidatarios para lograr que abandonaran el terreno argumentando que dichos
terrenos “no pertenecen al fundo legal de este municipio”. Los ejidatarios
abandonaron los montes y los trabajadores de las fincas, por órdenes de Pantaleón
Díaz, comenzaron a cultivarlos. Díaz los alentaba cuando afirmaba “que los
terrenos *<+ correspondían a los vecinos de la finca”. Ante la queja de los
ejidatarios de Cansahcab, la Comisión Local Agraria emprendió una investigación
junto con el ingeniero encargado de medir los ejidos. Ambos recorrieron los
montes y certificaron que, en efecto, habían sido afectados para la dotación de
Cansahcab, por lo que ordenó al encargado de la finca desalojar el monte y no
volver a interrumpir los trabajos de los milperos del pueblo. 83
En 1922 al pueblo de Bokobá se le dotó provisionalmente con 634 hectáreas
de la hacienda San Francisco Tzon. Sin embargo, los pobladores de la hacienda,
que para entonces sumaban 183, hicieron caso omiso de la repartición y
continuaron trabajando sus milpas en los montes de la hacienda. Esto provocó la 82Diversas instancias de Samahil solicitan apoyo al gobernador para entrar a la hacienda Texán (1924), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 785; Municipio de Samahil (1927), en RAN-Mérida, Expediente de dotación, núm. 123. 83Municipio de Cansahcab (1927), en RAN-Mérida, Expediente de dotación, núm., 23 121.
198
molestia de algunos pobladores y “50 hombres armados con escopetas, alarmando
a los moradores de dicha finca”, manifestaron su inconformidad.84
Los otros usuarios de los montes privados eran los arrendatarios, vecinos de
los pueblos y rancherías. Tras el reparto, la presencia de estos antiguos milperos en
los montes afectados molestaba a los nuevos ejidatarios. Con frecuencia los comités
particulares, presidentes municipales y ejidatarios denunciaban la presencia de
este tipo de milperos en los recién dotados ejidos. Por ejemplo, en 1923
arrendatarios de Mesatunich aún cultivaban sus milpas en los montes de la
hacienda que habían sido otorgados al pueblo de Suma.85 En 1925 vecinos de la
ranchería de Kopté ocupaban los montes de las fincas Ayin y Silil los cuales
formaban parte de los terrenos expropiados para dotar al pueblo de Cacalchén.86
Con la dotación provisional, las circulares para el arrendamiento de tierras
incultas de 1917 y 1919 quedaron derogadas y por ende también desaparecieron las
facultades de los ayuntamientos para distribuir tierras incultas entre los milperos.
A partir de entonces, los comités particulares agrarios de cada población se
convirtieron en las únicas instancias facultadas “para administrar las tierras y
productos ejidales”. Los comités particulares eran las únicas autoridades agrarias y
entre sus funciones destacaba la de otorgar permisos para las siembras, dar las
órdenes relativas a la administración, comunicar a los propietarios que no
invadiesen los terrenos expropiados “ya haciendo milpas o cortando leña”, y
resolver todos los conflictos en torno a los ejidos. En tal sentido, se trata de un
desplazamiento tanto de las ligas de resistencia, que tanta presencia tenían en el 84Habitantes de San Francisco Tzon denuncian la presencia de los pobladores de Bokobá en dicha hacienda (1922), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 756. 85El comité ejecutivo de Suma denuncia a los agricultores de Mesatunich (1923), en AGEY, Poder ejecutivo, Comisión local agraria, caja 762. 86Municipio de Cacalchén (1925), en RAN-Mérida, Expediente de dotación, núm. 65.
199
ámbito rural, como de los ayuntamientos que habían perdido facultades para
inmiscuirse en la administración de los ejidos.87
El siguiente caso nos permite entender claramente el desplazamiento del
ayuntamiento y de las ligas de resistencia. En 1923 el ayuntamiento de Homún se
dirigió al gobernador del estado para solicitarle las facultades necesarias para
hacer uso de la ley federal de tierras ociosas del 23 de junio de 1920. Dicha ley,
como se vio, ponía a disposición provisional todas las tierras laborables que no
estuviesen cultivadas por sus legítimos dueños. Levantada la última cosecha, el
terreno regresaba a los dueños. Esta ley federal postulaba que 10% del producto de
los arrendamientos debía ingresar a los fondos del ayuntamiento.88 El
ayuntamiento de Homún argumentó la necesidad de aplicar la mencionada ley
para que repartiera tierras a cerca de 400 agricultores. El gobernador pasó la
petición a la Comisión Local Agraria para que la evaluase y ésta declaró
improcedente la solicitud por tres razones: la primera porque el pueblo de Homún
poseía desde 1921 una superficie ejidal de 3 750 hectáreas para los 375 agricultores,
según el censo levantado. La segunda razón era porque sería una medida irregular 87Sobre la autoridad que debe tener el comité particular administrativo y la Liga de resistencia sobre los ejidos (1922), en Dotación de Tekit, en RAN-Mérida, exp. 117. Una de los cambios más importante que produjo el reparto agrario fue precisamente la eliminación de los ayuntamientos en la administración de los recursos agrarios. Lo anterior es analizado ampliamente por Gloria Camacho Pichardo en su estudio sobre los municipios de Lerma y Ocoyoac pertenecientes al Estado de México. La autora encuentra que el gobierno estatal comenzó limitar la injerencia de los ayuntamientos en el control territorial mediante la promulgación de algunos decretos. Las disposiciones agrarias decretadas después de 1915 continuaron con esta tendencia hasta que finalmente con la dotación de ejidos los ayuntamientos perdieron definitivamente su antigua facultad para administrar y controlar los recursos naturales. Camacho Pichardo, “Desamortización y reforma agraria”, 268-308. 88En Cuadros Caldas, Catecismo agrario, 18-22.
200
establecer en un pueblo dos autoridades para asuntos agrarios, como lo era el
comité para los ejidos y el presidente municipal para el arrendamiento de tierras
incultas; y tres, porque todo parecía indicar que las intenciones del ayuntamiento
era disponer del porcentaje que cobraría por concepto de aparecería dispuesto en
la mencionada ley.89 Este caso muestra cómo los ayuntamientos perdieron sus
facultades para obtener dinero por el uso de los recursos agrarios. En realidad, esta
situación la vivían los ayuntamientos de todo el país, pues una característica de los
reacomodos fiscales del siglo XX, fue el debilitamiento de los ayuntamientos en el
manejo de los recursos productivos, de modo que tras el reparto agrario los
ayuntamientos de todo el país quedaron al margen en cuanto a dominio y
usufructo del territorio dotado.90
Asimismo, los comités particulares ejecutivos eran las únicas instancias
facultadas para intervenir y resolver los conflictos en torno a los ejidos. Por
ejemplo, los conflictos descritos en párrafos anteriores entre ejidatarios y
hacendados, acasillados y arrendatarios en torno a la ocupación, saqueo o acciones
que dificultaban el acceso a los montes ejidales debían ser resueltos por los
comités. Sin embargo, las autoridades municipales y las ligas de resistencia aunque
no podían resolver los conflictos de naturaleza ejidal, con mucha frecuencia
denunciaban al gobernador sobre las anomalías, dificultades y problemas que se
suscitaban alrededor de la posesión y ocupación del ejido. Posteriormente, el
ejecutivo estatal turnaba el caso a la Comisión Local Agraria para que a través de
los comités particulares se resolviera el conflicto. En otras palabras, autoridades
municipales, ligas de resistencia y gobierno local había conformado una especie de
89El ayuntamiento de Homún solicita facultad para entregar tierras ociosas (1923), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 753. 90Aboites, Excepciones y privilegios, 251-259.
201
alianza política que si bien no era legal, en el terreno de los hechos intervenían en
el reparto agrario y los conflictos suscitados en torno a él.
La forma en que la población rural participó y respondió en este proceso de
reparto agrario se explica a partir de su situación como trabajadores eventuales de
las fincas, peones de las haciendas, arrendatarios y como milperos. Los peones de
las fincas no recibieron con beneplácito la expropiación de las denominadas tierras
incultas, porque en cierto modo los despojaban de los montes en donde siempre
habían cultivado, además de que estaban marginados del reparto. Para los vecinos
de los pueblos el reparto de los montes en calidad de ejidos, si bien no resolvía
definitivamente sus necesidades, sí era un paliativo importante, pues les permitía
acceder a los montes sin tener que pagar una renta ni enfrentarse a las restricciones
impuestas por los propietarios. Por ejemplo, con la dotación de tierras incultas en
calidad de ejidos, los pobladores de Maxcanú dejaron de pagar 10% y 20% que les
exigían los hacendados por el uso de los montes.91 Atraídos por el recurso forestal,
los ejidatarios de los pueblos ocuparon sus nuevos ejidos, muchas veces de un
modo desordenado, como se aprecia en el siguiente caso. En 1922, los vecinos de
Maxcanú al tener noticia de que los montes de la hacienda Calcehtok formaban
parte de sus ejidos, de inmediato se trasladaron a ellos para hacer sus sementeras.92
91Municipio de Maxcanú (1922), en RAN-Mérida, Expediente de dotación, núm. 23/101. El arrendamiento de los montes privados era un fenómeno que también se daba en regiones del sur del estado, por ejemplo, el presidente municipal del pueblo de Tabi, ubicado fuera del noroeste henequenero, solicitó el reparto ejidal porque “algunos propietarios de terrenos circunvecinos les cobran el arrendamiento” a los milperos. El pueblo de Tabi solicita al gobernador la medición de sus ejidos (1923), en AGEY, Poder ejecutivo, Comisión local agraria, caja 786. 92Municipio de Maxcanú (1922), en RAN-Mérida, Expediente de dotación, núm. 23/101.
202
El comité particular ejecutivo de Maxcanú recibió la queja de los propietarios de la
mencionada finca porque los milperos habían invadido los montes incorrectos. La
Comisión Local Agraria envió al topógrafo Alfredo Tappan para realizar las
averiguaciones y en su informe confirmó que los agricultores cultivaron “en
terrenos no afectados”, pero “que esto lo hicieron por no conocer la situación de la
parte afectada”. Una vez aclarado el asunto, Tappan entregó al comité particular
ejecutivo agrario de Maxcanú el plano de la dotación para que “procurara que los
agricultores hagan sus labranzas en los lotes indicados”.93
Otra ventaja que percibieron los vecinos de los pueblos con la dotación es
que los montes ejidales estaban situados cerca de sus pueblos y de las haciendas.
De este modo, los nuevos ejidatarios podían usufructuar sus ejidos y al mismo
tiempo trabajar en las fincas aledañas. En general, se puede decir que los montes
recibidos en dotación fueron utilizados básicamente para las milpas y la
explotación de combustible vegetal para el consumo doméstico y para la venta a
los hacendados, las dos actividades económicas más importantes de los vecinos de
los pueblos. En 1926, los hacendados que tenían sus propiedades en el municipio
de Kanasín, observaron que sus montes afectados para dotar al pueblo de Kanasín
habían sido talados. A la letra dice: “los montes que a los referidos vecinos [de
Kanasín+ se les dieron en dotación, han sido explotados por personas *<+ que se
dedican al comercio de carbón, leña”.94
Los montes de las haciendas henequenera entregados en las dotaciones
provisionales, se convirtieron en importantes espacios agrícolas para a los pueblos.
Sin embargo, es preciso advertir que pese haber recibido sus montes ejidales, los
93Municipio de Maxcanú (1922), en RAN-Mérida, Expediente de dotación, núm. 23/101. 94DO, 28 de febrero de 1930, 11.
203
milperos no dejaron de trasladarse a los montes para cultivar en sus rumbos
familiares. Para el siglo XX las evidencias de las antiguas formas de usufructuar los
montes mediante los grupos de parentesco son escasas, dispersas, pero
contundentes. En 1922, los milperos del pueblo de Cacalchén, tal como lo hacían
desde el siglo XIX, se trasladaban hasta los montes cercanos al pueblo de Cenotillo
para cultivar en la montaña denominada Pachen.95 Para el pueblo de Xanabá había
recibido sus ejidos, pero los milperos continuaban usufructuando los montes
denominados Ebtunil.96 En los expedientes de dotación encontramos noticias sobre
los montes y sus formas tradicionales de usufructuarlo cuando los ejidos eran
formados o completados con terrenos nacionales. En muchas ocasiones, dichos
terrenos eran usufructuados por los milperos de los pueblos circunvecinos, quienes
se inconformaban cuando se percataban de que dicho recurso servirían para
formar los ejidos de un determinado pueblo. Por ejemplo, en 1922 el pueblo de
Xocchel recibió sus ejidos provisionales, en cuyas extensiones se incluyeron montes
utilizados por los milperos de Kantunil. Los nuevos ejidatarios de Xocchel
amenazaron y prohibieron a los de Kantunil continuar usufructuando los montes.97
Otro caso similar sucedió en 1924 cuando el pueblo de Holcá recibió la
dotación provisional de 3 000 hectáreas de montes. El agrimensor formó el ejido de
esta población con terrenos nacionales. Sin embargo, dichos terrenos eran
ocupados y cultivados por los milperos de los pueblos cercanos. A uno de ellos se
95El presidente municipal de Cacalchén concede permiso a los vecinos de ese pueblo para rehacer las mensuras en el pueblo de Cenotillo (1922), en AGEY, Poder
ejecutivo, Gobernación, caja 756. 96Queja de los vecinos de Holcá por invasión a sus ejidos (1925), en AGEY, Poder
ejecutivo, Gobernación, caja 815. 97Vecinos de Xocchel amenazan a los de Kantunil (1922), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 756.
204
le denominaba Ebtunil y era usufructuado por milperos de Xanabá. Los nuevos
ejidatarios del pueblo de Holcá se percataron de la presencia de 40 o 50 hombres
de Xanab{ “cerrando montes para sus milpas”. Estos agricultores decían tener
derecho a los montes y amenazaron con “no respetar todas las disposiciones
superiores”. La Comisión Local Agraria falló a favor del pueblo de Holcá, pero el
presidente municipal de Xanabá justificó la presencia de sus labradores diciendo
que los milperos habían sido dotados con “terrenos bajos y no propios para
sembrar maíz”, por lo que los agricultores necesitaban continuar utilizando el
monte de Ebtunil. Al final, las autoridades municipales de los dos pueblos llegaron
a un acuerdo. Los de Holcá permitieron que los de Xanabá continuaran con sus
milpas durante ese año.98
Los ingenieros encargados de medir los ejidos provisionales de los pueblos
no se percataban de los milperos que solían ocupar y usufructuar los montes de
manera consuetudinaria. Los profesionales únicamente distinguían la propiedad
formal de los montes, es decir, si eran propiedades privadas o terrenos nacionales
para formar los ejidos, lo que dio lugar a que muchos milperos se sintieran
despojados de sus montes. Por ejemplo, en 1923 “varios ciudadanos *del pueblo
de Motul] que tienen sus milpas por el rumbo de Cacalchén” se presentaron ante el
presidente municipal y le explicaron que los ingenieros, que se encontraban
midiendo el ejido que sería entregado a Cacalchén, “les botan sus cercos” de sus
milpas.99 En 1926 los milperos del pueblo de Maxcanú se opusieron a la ampliación
de ejidos que solicitaba el pueblo de Halachó por temor a perder los montes donde 98Queja de los vecinos de Holcá por invasión a sus ejidos (1925), en AGEY, Poder
ejecutivo, Gobernación, caja 815; Queja de los vecinos de Xanabá por ser despojados de sus tierras (1927), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 847. 99Queja de los vecinos de Motul por la destrucción de sus milpas (1922), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 756.
205
cultivaban. Así pues, como sucediera con los montes afectados de las haciendas, el
reparto de los montes que en términos legales eran terrenos nacionales, causó
temor y descontento entre quienes los ocupaban con sus cultivos, por lo que la
oposición, los reclamos y aun los conflictos entre los antiguos usufructuarios de los
montes y quienes tenían derecho a ellos como nuevos ejidatarios no tardaron en
aparecer.
Para concluir este capítulo resulta pertinente destacar lo siguiente: al tiempo
que el gobierno constitucionalista emitía el decreto de 6 de enero de 1915 que
ordenaba el reparto agrario, la población rural del noroeste de Yucatán se
encontraba ocupada en largas jornadas laborales en las haciendas henequeneras.
Nada indica que estos trabajadores, de los pueblos o peones, exigieran la
devolución de sus montes vendidos como terrenos baldíos en el último cuarto del
siglo XIX o exigieran el reparto de ejidos al que tenían derecho. Lo anterior no
nulifica la existencia de un clima de descontento propiciado por las condiciones
laborales difíciles o situaciones injustas vividas dentro de las haciendas, pero de un
modo u otro, el trabajo en ellas les aseguraba un sueldo y montes para cultivar. Así
pues, el reparto agrario fue impulsado por los gobiernos locales que sin afectar la
industria henequenera comenzaron a repartir los recursos agrarios a los pueblos.
Primero entre 1917 y 1919 de una forma mesurada mediante el arrendamiento de
los montes de las haciendas, en donde las autoridades municipales desempeñaron
un papel central, y después de acuerdo a la legislación agraria a lo largo de la
década de 1920. Especialmente entre 1922 y 1924 cuando el gobierno local de
Yucatán, encabezado por Felipe Carrillo Puerto, llevó a cabo gran parte de la
dotación provisional de ejidos a los pueblos del noroeste henequenero. Para no
agraviar la agroindustria, el gobierno afectó exclusivamente las tierras incultas de
206
las haciendas, es decir, los montes de donde se extraían combustible vegetal y
cultivaban sus milpas los peones, los jornaleros de los pueblos y los arrendatarios.
De esta manera, los montes de la hacienda fueron separados de la lógica
productiva de la hacienda para conformar los nuevos ejidos de los pueblos,
administrados por las autoridades agrarias. Frente a las dotaciones provisionales la
reacción y participación de la población fue distinta, para los milperos significó
poseer recursos a los que tenía acceso restringido o bien no lo tenía, en tanto que
sus antiguos ocupantes, principalmente los peones acasillados, quienes además no
tenían derecho a participar en el reparto agrario, experimentaron el despojo de sus
espacios agrícolas. En tal sentido, las dispuestas por el monte entre los nuevos
ejidatarios y sus antiguos usufructuarios no se hicieron esperar.
No obstante este reparto de los montes no transformó la estructura agraria
encabezada por la agroindustria ni las condiciones de vida de la población rural,
toda vez que la fibra de henequén continuaba desempeñando un papel de primer
orden en la economía local. A lo largo de la década de 1920, a pesar de sus
afectaciones, las haciendas henequeneras dominaban el paisaje del noroeste
yucateco y la subsistencia de la población rural continuaba dependiendo del
trabajo en las haciendas y, en menor medida, de las milpas que podían cultivar en
los montes de las fincas, en sus rumbos familiares o en sus ejidos provisionales. Al
respecto, en 1926 el ingeniero Luis C. Rodríguez presentó un informe sobre la
situación agraria de los pueblos de Yucatán en el que señalaba: “los pueblos< se
encuentra casi en idénticas condiciones a como estaban antes [del reparto agrario],
ya que los vecinos de los pueblos siguen prestando sus servicios en las fincas
cercanas, puesto que el cultivo del maíz en la zona henequenera es de tan escaso
rendimiento, que más lo hacen por costumbre, pero nunca puede decirse que de él
207
obtengan lo suficiente para poder vivir”.100 La misma opinión tenía el abogado
Gustavo Molina Font. En su libro que trata sobre el impacto de la reforma agraria
en la agroindustria, explica que “los indios mayas” del noroeste buscaban
subsistencia “en los trabajos agrícolas e industriales del henequén” y la milpa que
cultivaban “es m{s bien por satisfacer una necesidad espiritual formada por una
tradición milenaria”.101 En efecto, la población de los pueblos del noroeste estaba
vinculada a la agroindustria henequenera y aun cuando resentían los efectos
negativos del descenso de las exportaciones de fibra de henequén después de 1918
y a lo largo de la década de 1920, trabajar en el cultivo o la raspa del henequén era
fundamental. Será en la siguiente década, cuando la crisis económica mundial de
1929 y la reforma agraria de 1934 ocasionarían un impacto más severo a la
población vinculada a la agroindustria por el drástico descenso de las
exportaciones y la desaparición de las antiguas haciendas henequeneras, como
veremos en el siguiente capítulo.
100Informe que presenta Luis C. Rodríguez a la Comisión Nacional Agraria (1926), en AFPV, caja 2, rollo 1. 101Molina Font, La tragedia en Yucatán, 106.
CAPÍTULO V Y EMPEZAMOS A MENSURAR LOS PLANTELES: LA REFORMA AGRARIA HENEQUENERA
Al comenzar la década de 1930 los pueblos del noroeste habían recibido las
dotaciones de sus montes ejidales. Sin embargo, su población aún continuaba
vinculada al trabajo de las haciendas para su subsistencia. Más aún, la población
rural del noroeste continuaba conformada por los jornaleros de los pueblos y los
peones de las fincas, éstos últimos no habían tenido derecho al reparto, residían y
trabajaban en las propiedades. En este capítulo se abordará el impacto y los
cambios que sufrió esta población fuertemente vinculada a la agroindustria
henequenera frente a la crisis económica de 1929 y la reforma agraria. Ambos
fenómenos afectaron a la antigua agroindustria de modo distinto. La primera,
interrumpió el ritmo de la exportación, al descender dramáticamente las toneladas
de fibra enviadas al mercado internacional y la segunda, desplazó a las antiguas
haciendas al considerar el ejido como la base de la producción y organización
agraria. Las siguientes páginas atienden ambos fenómenos para comprender la
percepción, la respuesta y la participación de la población del noroeste en el
proceso de transición de un régimen de explotación del henequén a otro, que tuvo
lugar entre 1935 y 1937.
1. LOS TIEMPOS DE LA GRAN DEPRESIÓN: HENEQUÉN Y POBLACIÓN
La crisis económica de 1929 desaceleró la producción de los Estados Unidos y la de
los demás países industriales, lo que propició un profundo desequilibrio
económico a los países exportadores de materias primas.1 En México, dada la
1Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, Chile, Egipto, Ecuador, Finlandia, Hungría, India, las Indias Holandesas (la actual Indonesia),
209
estrecha vinculación con la economía norteamericana, los efectos negativos se
resintieron de inmediato al experimentarse una severa contracción económica en el
comercio exterior. De manera general, entre 1929 y 1932 el monto total de la
exportación cayó de 592.4 a 304.7 millones de pesos; es decir, 48.6%. Los productos
agrícolas de exportación resintieron el impacto del siguiente modo: de los 144.4
millones de pesos obtenidos en 1929 apenas se lograron 80.7 en 1932.2 El cuadro 17
detalla la forma en que disminuyeron los principales productos agrícolas entre
1929-1933.
CUADRO 17
PRINCIPALES EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 1929-1933
1929 1933
Kilos Valor Kilos Valor Producto (miles) (miles de pesos) (miles) (miles de pesos)
Henequén 115,739 32,265 99,853 15,753
Algodón 49,208 15,127 16,008 1,118
Hortalizas 43,095 14,974 29,572 6,673
Garbanzo 32,269 6,632 32,530 4,333
Café 29,286 32,184 41,256 26,887
Ixtle 22,769 7,468 15,822 2,396
Plátano 5,685 8,096 5,800 5,467 Fuente: Banco Nacional de Comercio exterior, México Exportador, México, ediciones de Cultura, 1939. Citado or Escobar Toledo, "La ruptura cardenistas", 15.
Malasia (británica), Nueva Zelanda, Países Bajos, Paraguay, Perú, Uruguay, México y Venezuela son algunos de los países enumerados por la Sociedad de Naciones en 1931, cuyo comercio exterior dependía de unos pocos productos primarios. Hobsbawn, Historia del siglo XX, 98. Un estudio pormenorizado sobre el origen de la crisis mundial y sus efectos en México lo ofrece Cárdenas, La
industrialización mexicana, 15-45 y La hacienda pública, 23-27. Véase también el estudio clásico de Reynolds, La economía mexicana, 44-55. 2Escobar‖Toledo,‖“La‖ruptura‖cardenista”, vol. 6, 14-15.
210
En el caso de la fibra henequén, los precios se derrumbaron de 7.25 centavos
de dólar la libra en 1929 a 1.90 en 1932. De acuerdo con Askinasy, en 1929 el valor
de las exportaciones alcanzó los 27 196 906 pesos mexicanos y en 1931 descendió a
7 342 783, como se aprecia en el cuadro 18.3 La participación de la fibra en el
mercado internacional menguó aún más. En 1929 el sisal yucateco cubría 53% de la
demanda mundial y para 1933 sólo 39%.4 En un esfuerzo por contrarrestar los
efectos devastadores de la crisis en los precios de la fibra, el gobierno estatal tomó
medidas ya utilizadas en años anteriores que consistían en restringir la producción.
Destacan los decretos que ordenaban los paros totales de los trabajos en las fincas
en noviembre-diciembre de 1930 y el de 90 días a partir del primero de marzo de
1931.5 Sin embargo, nada pudo evitar la caída. En 1930 se obtuvo de las
exportaciones 21 940 859, al siguiente año, en 1931 la cifra disminuyó
dramáticamente a 7 342 783 y en 1932 a 6 546 743 (cuadro 18).
3Askinasy, El problema agrario, 102. 4Canto Sáenz, Del henequén a las maquiladoras, 59. Además de los embates de la crisis mundial, la fibra yucateca enfrentaba un mercado más competido con la aparición y consolidación de otros países productores. Como ya se dijo, las fibras africanas y asiáticas habían desplazado al sisal yucateco de su lugar preponderante en el mercado desde la década anterior, y continuaban haciéndolo en la década de 1930. En los años que iniciaba la reforma agraria, la isla de Java produjo 75 000 toneladas de fibra y las colonias africanas 150 000 toneladas, en tanto que Yucatán produjo 112 000 toneladas. Al respecto véase Soberón Martínez, La industria henequenera, 5. 5Sabido Méndez, Los hombres del poder, 125. Los decretos que buscaban disminuir la situación de los precios de las exportaciones de henequén son los siguientes: Decreto que restringe en un veinte por ciento la producción de henequén en el estado (diciembre 29 de 1930), en Orosa Díaz, Legislación henequenera, IV, 240-242; Se suspende los trabajos de raspa de henequén en el estado durante 90 días (marzo 27 de 1931), en Orosa Díaz, Legislación henequenera, IV, 243-244.
211
CUADRO 18
EXPORTACIONES DEL HENEQUÉN YUCATECO, 1928-1935
Años Kilos Valor en pesos mexicanos
1928 119,073,960 26,059,875 1929 110,055,600 27,196,906
1930 102,898,800 21,940,859
1931 74,619,540 7,342,783
1932 91,053,540 6,546,743
1933 97,465,500 13,060,335 1934 86,439,600 14,935,549 1935 88,845,309
Fuente: Askinasy, El problema agrario, 102-103.
Los efectos de la crisis no pudieron ser más devastadores para la población
rural del noroeste que dependía del trabajo en las fincas para subsistir. En los
primeros cuatro años de la década de 1930, los salarios disminuyeron
considerablemente, aun cuando el código del trabajo del estado de 1918 estipulaba
el establecimiento de un salario mínimo para proteger al trabajador de dichas
fluctuaciones en el mercado. Sin embargo, esta medida nunca pasó de la página
impresa, pues hasta fines de la década de 1930 los trabajadores percibieron sus
salarios en relación con el valor comercial del henequén. 6
No obstante, los trabajadores henequeneros enfrentaron un problema
todavía mayor: la falta de trabajo. Las haciendas dejaron de producir al ritmo
acostumbrado no sólo por los paros ordenados por el gobierno estatal sino ante la
imposibilidad de sustentar los gastos de operación. Algunas laboraban todos los
días, pero otras trabajaban cuatro, tres y dos días a la semana. Los empleados
eventuales y los jornaleros de los pueblos fueron los primeros en resentir la
disminución del trabajo en las fincas porque éstas prescindieron de sus servicios.
En 1934, en el pueblo de Cepeda, cerca‖ de‖ 200‖ “compañeros‖ trabajadores”‖ se‖
6Askinasy, El problema agrario, 14.
212
quejaban‖ante‖ la‖ liga‖de‖ resistencia‖ “Feliciano‖Chi”‖de‖ las‖haciendas‖Siho,‖Acú‖y‖
Dzidzibachí porque no les daban empleo. Denunciaban “que‖ a‖ los‖ vecinos‖ de‖ la‖
fincas se les da tres días de trabajo, menos a los trabajadores‖de‖este‖pueblo”.7
En realidad, la crisis económica afectó a todos los trabajadores del
henequén, es decir, tanto a los trabajadores de los pueblos como a los peones de las
fincas, pero también era un hecho que los dueños y administradores de las
haciendas henequeneras privilegiaron a sus propios trabajadores a la hora de
distribuir el escaso trabajo que tenían. En la hacienda San Antonio, propiedad de
Joaquín Peón, el administrador hacía una clara distinción entre los jornaleros del
pueblo de Sacalum y los peones de la finca.‖A‖ los‖ primeros‖ les‖ permitía‖ “cortar‖
cuatro‖hojas‖de‖henequén‖por‖cada‖mata”,‖en‖tanto‖a‖los‖segundos‖“se‖les‖permite‖
cortar‖ocho”.8 Esta distribución beneficiaba a todas luces a los peones de la finca.
Askinasy, quien realizó un estudio sobre la zona henequenera en 1935, se percató
de la preferencia de los hacendados por los trabajadores denominados
“acasillados”‖y‖lo‖explicó‖del‖modo‖que‖sigue:‖“nacidos‖en‖las‖mismas‖haciendas‖y‖
ocupados de generación en generación en las mismas formas, conocen mejor el
trabajo,‖son‖de‖mayor‖confianza”.9 No obstante, esta medida fue usada también por
7Vecinos de Cepeda solicitan trabajo en las haciendas henequeneras aledañas al pueblo (1934), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 984. 8Queja de las condiciones laborales de los trabajadores de Sacalum en la finca San Antonio (1934), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 985. 9Askinasy, El problema agrario, 30. Siegfried Askinasy, antropólogo, biólogo y periodista ruso, llegó a México en 1929 por invitación del presidente Emilio Portes Gil. En México se desempeñó como periodista, conferencista y comisionado del gobierno federal para la elaboración de estudios especiales. En 1935 llegó a Yucatán, donde residió ocho meses para realizar un‖ estudio‖ sobre‖ “el‖ problema‖agrario‖ y‖ el‖ del‖ henequén”.‖Los‖ resultados‖ de‖ su‖ investigación‖dieron‖ lugar‖ a‖ la‖obra titulada El problema agrario, el cual fue distribuido a los altos funcionarios federales y del estado de Yucatán. La publicación se agotó en dos meses y fue
213
los hacendados a modo de estrategia para evitar que sus trabajadores se sumaran a
la acción agrarista de esos años.
Los años que van de 1931 a 1935 las condiciones laborales en las haciendas
fueron difíciles. Los jornaleros de los pueblos no dudaron en denunciar ante las
autoridades locales y el propio gobernador la falta de trabajo, la impuntualidad en
los pagos de sus salarios, los despidos injustificados y el reparto desigual de los
trabajos. La difícil situación de los vecinos de los pueblos fue descrita por el
abogado Enrique Aznar Mendoza, quien participara en agrupaciones organizadas
por hacendados en los años previos al reparto cardenista, de la siguiente manera:
“caravanas‖de‖ trabajadores‖hambrientos‖amonton{banse en la Casa del Pueblo, o
vagaban‖por‖las‖calles‖sucias‖*de‖la‖ciudad‖de‖Mérida+,‖en‖vana‖busca‖de‖trabajo”.10
Este periodo de crisis económica lo fue también de efervescencia política y la
población rural no tardó en organizarse y afiliarse a los sindicatos, organizaciones
y confederaciones políticas emergentes que ofrecían paliar sus necesidades.11
reimpresa al siguiente año. Otros trabajos de investigación que realizó Askinasy para la Secretaría de Gobernación federal fueron: la Colonia penal de Islas Marías y el Ferrocarril del Sureste. 10Aznar‖Mendoza,‖“La‖industria‖henequenera”,‖743. 11Fueron cuatro las organizaciones que tuvieron una presencia relevante en el ámbito rural yucateco en la década de 1930. La Confederación General de Trabajadores (CGT), fundada en el año de 1921, era una central anarcosindicalista que se negó a formar un partido político o a buscar alguna relación con el gobierno. La CGT nacional llegó a constituir la organización más importante después de la CROM. En la misma década de los veinte, hacendados opositores al PSS y políticos de estratos medios conformaron una filial en Yucatán y lograron cooptar a trabajadores urbanos de las cordelerías, ferrocarrileros y algunos campesinos. Sus líderes estaban vinculados con los hacendados, y estos últimos indujeron a sus trabajadores a conformar sus sindicatos afiliándose a la CGT. La segunda y la tercera fueron la Federación Regional de Obreros y Campesinos (FROC) y la Federación de Sindicatos Independientes (FSI). La primera estaba
214
El descenso de las exportaciones y sus efectos negativos en el empleo y en
los ingresos repercutieron en la distribución de la población rural del noroeste. En
la década de 1930, los pueblos experimentaron un crecimiento en el número de sus
habitantes. En realidad este fenómeno no era nuevo, pues —como señalamos en el
capítulo anterior— los pueblos habían comenzado a ser los centros de población
más importantes del ámbito rural desde la década de los veintes, pero sin duda la
crisis de 1929 acentuó esta tendencia. En el cuadro 19 reproducimos parcialmente
la información demográfica presentada en el capítulo anterior, para apreciar cómo
la balanza se inclinaba a los pueblos en detrimento de las haciendas. En 1930 la
población de los pueblos era de 89 109, que representaba 34% de la población total
del noroeste, frente a 48 383 de las haciendas, equivalente al 19%.
CUADRO 19
POBLACIÓN DEL NOROESTE HENEQUENERO, 1910-1940
Localidad 1910 % 1921 % 1930 % 1940 %
Hacienda 73,464 35 49,321 20.58 48,383 19 39,383 14.27
Ciudades 75,546 36 99,673 41.6 106,496 41 122,832 44.5
Pueblos 36,013 17 54,896 22.91 89,109 34 95,880 34.73
Villas 22,596 11 32,837 13.7 13,560 5 14,233 5.16
Otros 2,200 1 2,891 1.21 2,919 1 3,729 1.35
Sumas 209,819 100 239,618 100 260,467 100 276,057 100 Fuente: Censos de población 1910, 1921, 1930 y 1940.
afiliada a la organización encabezada por Vicente Lombardo Toledano (Confederación General de Obreros y Campesino de México) y la segunda al Partido Comunista Mexicano, y la cuarta era la Confederación de Ligas Gremiales de Obreros y Campesinos (CGLOC), que surgió en 1935 como consecuencia de la transformación del Partido Socialista del Sureste en una corporación del Partido Nacional de la Revolución. El trabajo de Fallaw, Cárdenas Compromised, ofrece un estudio pormenorizado sobre el origen de cada una de ellas, sus vínculos políticos estatales y federales, y la forma en que lograron movilizar e influir en los grupos sociales emergentes como obreros, campesinos y maestros.
215
No obstante, es preciso advertir que el crecimiento vertiginoso de los
pueblos no se debió exclusivamente al desplazamiento de los denominados
“peones‖de‖ las‖haciendas”‖a‖ los‖pueblos; influyó también el cambio de categoría
que sufrieron varias localidades. Entre 1923 y 1924 las villas de Acanceh, Baca,
Halachó, Tixkokob, Temax, Halachó y Hunucmá, y las ciudades de Motul e Izamal
recibieron‖ la‖ categoría‖ de‖ “pueblo”‖ para‖ que‖ su‖ población, de acuerdo con el
Reglamento Agrario de 1923, pudiera recibir dotaciones ejidales. Las ocho
localidades eran cabeceras municipales y bajo su jurisdicción se encontraban
importantes fincas henequeneras. Todas ellas eran notables centros de población y,
con excepción de Baca, eran sedes de una estación de ferrocarril lo que las
convertía en localidades dinámicas, hacia donde confluían los vecinos de los
pueblos y haciendas circunvecinas. Esta explicación guarda lógica si observamos,
en el mismo cuadro 19 el descenso drástico de la población de las villas. En 1921
contenía 13.7% total de la población del noroeste, mientras que en 1930 únicamente
5%.
Aunque el cambio de categoría de las villas antes mencionadas coadyuvó a
fortalecer‖a‖los‖“pueblos”‖no‖fue sino hasta 1940 cuando los pueblos se convirtieron
en los centros de población más importantes del ámbito rural. Para ello fueron
decisivos dos fenómenos ocurridos entre 1930 y 1940. Por un lado, el
desplazamiento de la población de las fincas a los pueblos y el reparto agrario.
Para 1940 la población rural se concentraba definitivamente en los pueblos. En
ellos residían 95 880 habitantes, es decir, 35% de la población total del noroeste en
tanto que en las haciendas se encontraban 39 383, equivalente al 15%. Finalmente,
otro cambio notable es que la población rural del noroeste dejó de estar dispersa en
216
los poblados de las fincas. La excepción continuó siendo el municipio de Abalá,
cuya población continuaba dispersa en las fincas, como a principios del siglo XX.
2. EJIDOS DE HENEQUÉN
En 1926 un funcionario de la Comisión Nacional Agraria realizó un recorrido por
los‖pueblos‖de‖Yucat{n.‖En‖su‖informe‖escribió‖lo‖siguiente:‖“el‖problema‖esencial‖
en Yucatán, particularmente de la denominada zona o región netamente
henequenera”,‖era‖la‖forma‖de‖aprovechar‖los‖recursos‖agrícolas,‖pues‖adem{s‖de‖
los problemas técnicos que entorpecían la ocupación de los ejidos, los ejidatarios
cultivaban milpas y realizaban carbón y leña en los montes recibidos. El
funcionario consideró que esta producción de autosubsistencia no era nada
rentable y sí contradictoria por tratarse de la zona agrícola comercial más
importante‖del‖estado.‖ Incluso‖calificó‖a‖ los‖entonces‖ejidatarios‖de‖“explotadores‖
de‖ los‖montes‖ bajos‖ y‖ altos”; advertía‖ que‖de‖ continuar‖ “con‖ tal‖ desenfreno‖ *<+‖
dejar{n‖yermos‖ los‖ campos‖y‖ con‖ sólo‖una‖ aparente‖y‖moment{nea‖utilidad”.‖El‖
funcionario anexó a su informe un breve estudio económico y comparativo entre la
agricultura comercial y la agricultura de la milpa. El resultado arrojó que de dos
hectáreas cultivadas con maíz se obtenía 112.50 pesos de utilidad y de henequén
750. Además de generar mayores ganancias, el funcionario explicó que otra ventaja
del cultivo de henequén era que a los planteles no les afectaban la falta de lluvia ni
la plaga de langosta, como sí ocurría con las milpas. El funcionario concluyó que
era‖necesario‖entregar‖henequén‖en‖producción;‖de‖ lo‖contrario‖“el‖ejidatario‖*<+‖
nunca‖saldr{‖de‖ su‖ rutina‖aun‖cuando‖no‖obtenga‖utilidades”.12 Sin embargo, las
12Informe de la situación agraria en el Estado de Yucatán (1926), en AFPV, caja 2, rollo 1.
217
críticas y las propuestas vertidas por el funcionario en su informe, antes
mencionado, no tuvieron repercusión en ese momento. Pero años más tarde, los
planteles de henequén serían repartidos en el contexto de un nuevo proyecto que
surgía de la necesidad de modernizar el sistema agrario mediante la incorporación
de la población rural a los sistemas productivos destinados al mercado.
El nuevo proyecto, contenido en el Código Agrario de 1934, convertía al
ejido en pieza central de la organización económica del país al considerarla la
unidad principal de la estructura agrícola.13 Lo primero fue desmantelar la
estructura agraria conformada por las grandes propiedades. Así, las propiedades
dedicadas a las plantaciones de café, cacao, y demás cultivos industriales que en el
reglamento de 1922, por principio de cuentas, estaban exentas de cualquier
afectación perdieron esa inmunidad ante la afectación agraria. Por el contrario, el
proyecto agrarista arrancó con las zonas más productivas del país y únicamente
fueron respetadas aquellas propiedades cuyas superficies no excedieran las 150
hectáreas de terrenos de riego, 300 hectáreas las de terreno de temporal, y 300
hectáreas las ocupadas con plantaciones ordenadas como plátano, café, cacao, y
árboles frutales. En el caso concreto de las tierras ocupadas con alfalfa, henequén,
maguey y otros agaves industriales, éstas podían excluirse de la dotación siempre
que las plantaciones existieran con una anterioridad de seis meses a la fecha que se
realizara la solicitud ejidal o que los afectados se comprometieran a proporcionar
otras tierras dentro del radio de siete kilómetros del poblado solicitante. La
demarcación de dicho terreno se debía realizar en un plazo de treinta días
13Simpson,‖“El‖ejido”,‖112.
218
contados a partir de la fecha en que el Departamento Agrario, la nueva máxima
autoridad agraria, comunicara a los propietarios de la aceptación de la permuta.14
En efecto, las encargadas de efectuar el trámite, la resolución y ejecución del
reparto serían las nuevas autoridades agrarias instauradas por el mismo código
agrario de 1934. La autoridad máxima era el Departamento Agrario, con sede en la
ciudad de México. En cada estado se crearía una Comisión Agraria Mixta, se
instaurarían comités ejecutivos agrarios, para que representara a los solicitantes de
un reparto, ejecutara los mandamientos de posesión y entregara al comisario ejidal
la documentación. Concluida su labor, los comités cesarían automáticamente; y
finalmente se nombrarían comisarios ejidales.15
El código agrario de 1934 ampliaba o extendía los derechos agrarios a
entidades e individuos antes no contemplados. En el artículo 20 se lee que
cualquier‖“núcleo‖de‖población”‖tenía‖la‖capacidad‖de‖recibir‖ejidos‖sin‖importar‖su‖
categoría política (es decir, si eran pueblos, rancherías, congregaciones,
condueñazgo, comunidades, etcétera), y en el artículo 45 se incluyó por fin a los
peones de las haciendas en el reparto.16 Esto último pretendía desaparecer al
trabajador denominado acasillado o peón, como efecto colateral del
desvanecimiento de las haciendas como unidades agrarias de producción y la
consolidación del ejido en el campo mexicano. Cabe apuntar que los poblados de
haciendas‖ no‖ fueron‖ reconocidos‖ como‖ “núcleo‖ de‖ población”, por lo que no
recibieron ejidos y tampoco pudieron constituirse en poblados ejidales. Los peones
de‖las‖haciendas‖debían‖anexarse‖a‖algún‖“núcleo‖de‖población”‖para‖convertirse‖
en ejidatarios.
14En Fabila, Cinco siglos, 578. 15En Fabila, Cinco siglos, 567-570. 16En Fabila, Cinco siglos, 570, 576-577.
219
En tal sentido, el agrarismo de la década de los treintas se caracterizó por
transformar la estructura agraria vigente por otra acorde con el proceso de
centralización y la consolidación de las instituciones en el marco general de la
conformación del moderno Estado mexicano. Con su implantación, el Estado se
convertía en la única entidad facultada para efectuar el reparto agrario y decidir
sobre los procesos agroindustriales del país; concretamente: determinar los tipos
de cultivos, la expansión de las áreas agrícolas, el monto de las inversiones, la
realización de las obras de irrigación y demás estrategias de planeación agrícola.
En otras palabras, el proyecto agrarista, impulsado por Lázaro Cárdenas, buscaba
consolidar una estructura agraria homogénea que sustituyera a los hacendados en
los procesos productivos y a los caciques regionales en el reparto agrario. Estos
últimos habían utilizado la entrega de ejidos como instrumento político para
congraciarse, sea retrasando o agilizando su ejecución, con los diferentes grupos
sociales y/o económicos con los que estaban vinculados o asociados.17
A diferencia del reparto agrario de los años veinte, como se vio en el
capítulo IV, el de los treintas fue reparto por demás radical, al centrarse en los
planteles de las haciendas para conformar los ejidos henequeneros. El objetivo era
transformar la industria agrícola henequenera: desde el sistema de tenencia de los
terrenos donde se cultivaban los planteles, hasta el proceso mismo de producción,
ámbito en donde el Estado asumiría el control de la producción de la fibra. Al
respecto, el ingeniero Mesa Andraca, quien realizó un estudio sobre el reparto
agrario en Yucatán, consideró que‖ el‖ reparto‖ de‖ henequén‖ era‖ “afrontar‖ el‖
problema donde se encontraba el meollo de la economía y el corazón de la
sociedad”.‖Para‖Mesa Andraca, las zonas del sur y oriente del estado no tenían la 17Para una discusión amplia sobre el federalismo-centralista véanse los trabajos de Hern{ndez‖Ch{vez,‖“Federalismo‖y‖gobernabilidad”‖y‖“Las‖tensiones‖internas”.
220
misma‖importancia‖económica‖por‖dedicarse‖a‖las‖siembras‖tradicionales‖de‖“maíz,‖
calabaza y frijol”‖y‖porque‖sus‖recursos‖se‖limitaban‖“a‖los‖montes y a los bosques
intricados‖y‖desolados”.18
Como era de esperarse, la noticia de una reforma agraria no fue bien
recibida por los hacendados, quienes de inmediato se opusieron a la expropiación
de sus propiedades y a ser excluidos de la producción agraria. Por todos los
medios a su alcance, los agroindustriales trataron de evitar la pérdida de su
monopolio y aunque queda fuera de nuestros objetivos dar cuenta de todas sus
estrategias, diremos que actuaron por la ruta legal, la vía política al emprender
alianzas y componendas con la clase política local y federal, y con las distintas
asociaciones: sindicatos, federaciones, partidos políticos, entre otros; y llevaron a
efecto distintas acciones al margen de la legalidad, para retrasar e impedir el
reparto agrario.19 La reacción de la población de los pueblos y de las haciendas que
18Mesa‖Andraca,‖“La‖situación henequenera de Yucatán”,‖291. 19Existen varios documentos dirigidos a las autoridades federales y al público general donde se fijaban las posturas de los hacendados respecto a la reforma agraria. Uno de sus argumentos principales afirmaba que la desintegración de la unidad agroindustrial, propiciada por la reforma agraria, era la responsable de la crisis por la que atravesaba la industria agrícola. En dicha interpretación, los hacendados no mencionaban los factores externos que incidieron negativamente en las exportaciones de henequén y la caída de los precios como la participación de fibras asiáticas y africanas y la crisis mundial. Los trabajos más emblemáticos que se escribieron cuando el reparto de planteles de henequén aún no se llevaba a efecto son Gustavo Molina Font, El problema agrario en la zona henequenera de
Yucatán y El problema ejidal en la zona henequenera en Yucatán. Después del reparto henequenero, apareció otro libro de Gustavo Molina Font, La tragedia de Yucatán. La postura y las acciones de los hacendados han sido profundamente analizadas y estudiadas en los últimos años. El trabajo más reciente es el de Fallaw, Cárdenas
Compromised, quien nos ofrece, a lo largo de su texto, la amplia y extensa correlación de fuerzas y redes políticas y sociales que lograron tejer los hacendados con las distintas camarillas políticas y organizaciones populares. Fallaw nos
221
trabajaban en las propiedades fue compleja. En la transición de un régimen agrario
a otro, la presencia de las distintas organizaciones políticas y obreras que existían
desde la década de los veintes y las de reciente creación en los treinta, jugó un
papel determinante al influir e incitar a la población rural. Para estas
organizaciones el reparto agrario se convirtió en un medio de negociación en las
coyunturas electorales y de conflictos políticos.20 En este tenor, las ligas de
resistencias, partidos políticos y sindicatos obreros movilizaron a la población rural
e incidieron en su percepción y actuación respecto a la política agraria.
3. PUEBLOS Y PEONES FRENTE AL REPARTO HENEQUENERO
Al principiar la década de 1930 los trabajadores del henequén sorteaban la escasez
de trabajo, los bajos salarios y los retrasos en su pago. Estos efectos de la crisis
económica influyeron de manera directa en su percepción sobre los cambios
agrarios. En las solicitudes enviadas a la Comisión Agraria Mixta se percibe a
grosso modo dos actitudes diferentes entre los trabajadores del henequén. Los que
residían en los pueblos vieron en el reparto de las tierras cultivadas de henequén la
posibilidad de ver crecer o de mejorar sus expectativas laborales a corto plazo. De
manera que los comités ejidales y vecinos en general elaboraron sus solicitudes de
ejidos por la vía de la ampliación, porque en la década de 1920 habían recibido sus
ejidos formados con los montes de las haciendas. En esas solicitudes manifestaban
muestra cómo los hacendados estuvieron estrechamente vinculados con las huelgas y paros de obreros y campesinos, e incluso con la destitución de un gobernador. En otras palabras, nos revela el esfuerzo de los hacendados por generar un clima de desconfianza y tensión que, por lo menos, sirvió para dificultar y/o retardar el reparto agrario. Sobre el mismo tema, también puede consultarse a Sabido Méndez, Los hombres del poder. 20Fallaw, Cárdenas Compromised, 23-28; 35; 81-84.
222
la necesidad de obtener planteles para remediar su situación crítica ante la escasez
o la falta de empleo.21Al respecto, el testimonio de los solicitantes del pueblo de
Nolo‖ en‖ 1936‖ es‖ elocuente.‖ Los‖ vecinos‖ y‖ “socios‖ ejidatarios”‖ de‖ dicho‖ pueblo‖
dijeron‖ “que‖ tomando‖ en‖ consideración‖nuestra‖ situación‖ económica‖por‖ el‖ poco‖
henequenal que tenemos en este ejido porque la afectación ha sido muy reducida y
que por este motivo solamente nos proporciona trabajo para tres días, ocurrimos a
usted, solicitando la ampliación del ejido para poder tener trabajo toda la semana,
ganando de esta manera algo‖m{s‖ para‖ nuestras‖ necesidades‖ apremiantes”.22 En
marzo de 1936 la falta de trabajo motivó a algunos ejidatarios del pueblo Abalá a
solicitar‖ la‖ ampliación‖ de‖ sus‖ ejidos.‖ Explicaron‖ que‖ en‖ las‖ “seis‖ fincas‖
henequeneras, que tanto como nuestros padres como nosotros hemos fomentado
*<+‖ no‖ nos‖ proporcionan‖ trabajo,‖ por‖ única‖ razón,‖ el‖ de‖ ser‖ simpatizantes‖ del‖
agrarismo”‖y‖que‖requerían‖“henequenales‖en‖producción‖ya‖que‖ha‖sido‖nuestro‖
sudor‖el‖fomentar‖dichas‖haciendas”.23 El 13 de junio de 1936 los vecinos de Molas
solicitaron al jefe del Departamento Agrario que intercediera y agilizara la
ampliación solicitada. Los vecinos señalaron tener urgencia porque deseaban
21Un caso poco común lo constituye Cosgaya, comisaría del municipio de Mérida, cuyos vecinos desistieron de participar en la entrega de ejidos porque trabajaban en las fincas aledañas. En 1937 los vecinos de Cosgaya solicitaron no ser incluidos en‖el‖censo‖agrario‖de‖dicha‖población‖“por‖no‖convenir‖a‖nuestros‖intereses,‖pues‖tenemos trabajo diario en las fincas cercanas y además próximamente, de acuerdo con el decreto último del superior gobierno del Estado, pediremos se nos obsequien‖ hijos‖ de‖ henequén‖ para‖ hacer‖ nuestras‖ plantaciones”.‖ Petición‖ de‖ los vecinos del pueblo de Cosgaya (1936), en RAN-Mérida, Ampliación de ejidos, Cosgaya, Mérida, exp. 25:5601. 22Los vecinos de Nolo solicitan la ampliación de sus ejidos (1936), en RAN-Mérida, Ampliación de ejidos, Nolo, Tixkokob, exp. 25:5599. 23Miembros del comisariado ejidal del pueblo de Abalá solicita la ampliación de sus ejidos (1936), en RAN-Mérida, Ampliación de ejidos, Abalá, Abalá, exp. 25:5575.
223
“trabajar‖ como‖ los‖ ejidatarios‖de‖Dzununcan‖y‖ los‖de‖San‖ José‖Tzal‖que‖ trabajan‖
conforme la ley agraria”.24
Los vecinos de los pueblos y sus representantes ejidales deseaban recibir
extensiones cultivadas con henequén. Al respecto, los solicitantes de la comisaría
de‖Kopté‖explicaron‖que‖preferían‖recibir‖planteles‖de‖henequén‖porque‖“con‖ los‖
montes que tenemos en la actualidad no nos es posible vivir, toda vez que los
hacendados se niegan a darnos trabajo y el número de socios que tenemos no está
en‖proporción‖con‖los‖terrenos‖afectados”.25 El argumento del comisario ejidal del
pueblo Cuzamá fue en el mismo tenor. Él destacó la necesidad de trabajar en el
cultivo de henequén, pues con el de maíz no era posible la supervivencia. Al
gobernador‖ se‖ dirigió‖ de‖ la‖ siguiente‖ manera:‖ “*solicitamos+‖ la‖ ampliación‖ de‖
nuestros ejidos con terrenos sembrados con henequén‖ *<+‖ en‖ virtud‖ *de+‖ que‖ la‖
mayor extensión de los terrenos de pastos con que fuimos dotados en definitiva [en
la década de los veintes], son terrenos ya talados y de un rendimiento de 14
almudes cuando se logran las cosechas y por lo tanto insuficientes para podernos
proporcionar‖los‖medios‖necesarios‖para‖nuestro‖sustento”.26
Algunas solicitudes especificaban el nombre de las fincas cuyos planteles
deseaban recibir. Solían escoger las cercanas a sus pueblos o bien donde laboraban
como jornaleros. Por ejemplo, en 1937, 24 vecinos de Motul solicitaron al jefe del
Departamento Agrario la entrega de henequenales de la hacienda Ticopó, con el
24Los vecinos de Molas solicitan la ampliación de ejidos (1936), en RAN-Mérida, Ampliación de ejidos, Molas, Mérida, exp. 25:5640. 25Los vecinos de Kopté solicitan la ampliación de ejidos (1935), en RAN-Mérida, Ampliación de ejidos, Kopté, Motul, exp. 25:5605. 26Componentes del comisariado ejidal de Cuzama solicitan planteles de Chunkanan, Noh-Chakan y Yaxkukul (1936), en RAN-Mérida, Ampliación de ejidos, Cuzamá, Cuzamá, exp. 25:5629.
224
siguiente argumento: “[Nosotros] prestamos nuestros servicios en esta finca por lo
que nos consideramos con absoluto‖ derecho‖ a‖ ser‖ dotado‖ en‖ esta‖ finca”,‖ en‖ su‖
opinión,‖“recibiendo‖ la‖dotación‖a‖donde‖por‖muchos‖años‖ tienen‖por‖costumbre‖
trabajar,‖ ya‖ lo‖ consideran‖ como‖ cosa‖ propia”.27 Los del pueblo de Cuzamá
suplicaron fueran dotados con henequén de las fincas Chunkanan, Noh-Chakán y
Yaxkukuk cuya distancia no rebasaba los tres kilómetros de distancia del pueblo.
La comisaría de Kopté del municipio de Motul pidió planteles de las fincas Hutzil
y‖San‖Pedro‖“de‖esta‖comprensión‖municipal”.28 También solicitaban planteles en
producción, es decir, listos para el corte de sus hojas, pues dada su necesidad de
trabajo no podían esperar siete años, tiempo que tarda una planta de henequén
para‖ comenzar‖ a‖ producir.‖ En‖ 1936‖ los‖ “agricultores‖ y‖ vecinos”‖ de‖ Abal{‖
solicitaron‖“henequenales‖en‖producción”‖de‖las‖seis‖fincas‖de‖su‖municipio.29
Por su parte, los trabajadores que residían en las fincas no recibieron con el
mismo entusiasmo la noticia del nuevo reparto aun cuando los incluía. De modo
que se negaron rotundamente a participar y a ser convertidos en ejidatarios. No
obstante, eran considerados en las solicitudes elaboradas por los comités ejidales y
sus nombres aparecieron en los censos agrarios. Todo parece indicar que su
presencia en las solicitudes era una estrategia legal de los comités ejidales, pues de
acuerdo con el código agrario de 1934 para recibir la ampliación debían demostrar
tener sobrepoblación y requerir de más extensiones. Los peones de las haciendas al 27Vecinos de Motul solicitan dotación de la hacienda Ticopó (1937), en AGEY, Poder
ejecutivo, Comisión local agraria, caja 1027. 28Componente del comisariado ejidal de Cuzamá solicitan planteles de Chunkanan, Noh-Chakan y Yaxkukul (1936), en RAN-Mérida, Ampliación de ejidos, Cuzamá, Cuzamá, exp. 25:5629. Los vecinos de Kopté solicitan la ampliación de ejidos (1935), en RAN-Mérida, Ampliación de ejidos, Kopté, Motul, exp. 25:5605. 29Miembros del comisariado ejidal del pueblo de Abalá solicita la ampliación de sus ejidos (1936), en RAN-Mérida, Ampliación de ejidos, Abalá, Abalá, exp. 25:5575.
225
tener conocimiento de que sus nombres estaban en los censos, solicitaron a la
Comisión Agraria Mixta ser excluidos. Así lo hicieron los peones de la finca de
Eknakán del municipio de Cuzamá, quienes acusaron al ingeniero encargado de la
ampliación‖ al‖ pueblo‖ de‖ Cuzam{‖ porque‖ “sin‖ pedirnos‖ nuestros‖ pareceres,‖ nos‖
puso‖en‖una‖lista‖*<+‖para‖la‖ampliación‖referida”.30 Muchos más suplicaron no ser
incluidos desde mucho antes de levantar los censos agrarios y expresaron su firme
deseo de continuar como peones.
Los hacendados influyeron en la decisión de sus trabajadores, pues al interior
de la finca el dueño, el encargado o los mayocoles (el encargado de inspeccionar
los trabajos agrícolas de los peones) desacreditaban la reforma agraria al
advertirles de las consecuencias que traerían consigo la fragmentación de la
propiedad y la presencia de un mayor número de trabajadores. En otras fincas, las
medidas empleadas para convencer a sus peones de rechazar el reparto agrario
fueron más enérgicas, se les amenazaba con echarlos de la finca si se unían a la
causa agrarista. Otros hacendados elaboraron oficios dirigidos a la Comisión
Agraria Mixta en nombre de sus trabajadores. El poder de convencimiento de los
hacendados y sus demás estrategias no pudieron ser más eficaces en el contexto de
crisis y escasez que enfrentaba la industria agrícola. Los peones, al igual que los
demás trabajadores henequeneros, sufrían los embates de la crisis económica, y
muchos de ellos guardaban una posición hasta cierto punto privilegiada por el
hecho de tener trabajo en las haciendas, en comparación con los trabajadores de los
pueblos, a quienes no se les empleaba en tiempos de escasez. El siguiente ejemplo
ilustra de manera clara la distinta situación en la que se encontraban los del pueblo
30Componente del comisariado ejidal de Cuzama solicitan planteles de Chunkanan, Noh-Chakan y Yaxkukul (1936), en RAN-Mérida, Ampliación de ejidos, Cuzamá, Cuzamá, exp. 25:5629.
226
y los de la finca. En 1935 el comisario ejidal del pueblo de Muxupip solicitó la
ampliación de sus ejidos. En ese momento, los peones de las haciendas San Juan
Hau, San Juan Koop y Kankabchén rechazaron convertirse en ejidatarios y
manifestaron sus deseos‖ de‖ continuar‖ como‖ “acasillados”.‖ Los‖ peones‖ se‖
justificaron‖diciendo‖“en‖esta‖finca‖tenemos‖suficiente‖trabajo‖bien‖remunerado‖que‖
nos permite apartarnos de los ejidatarios que sabemos carecen del trabajo
constante”.31
Los peones temían perder sus condiciones laborales y sus antiguas
prerrogativas, en otras palabras, no deseaban renunciar a su forma de vida. En
1937 los jornaleros acasillados de Chunkanán, al enterarse que habían sido
incluidos en la ampliación del pueblo de Cuzamá se dirigieron a la Comisión
Agraria‖Mixta‖diciendo‖“Nosotros,‖ los‖que‖vivimos‖en‖esta‖ finca,‖disfrutamos‖de‖
trabajo los seis días a la semana y terrenos para milpa que nos proporciona el
propietario; no tenemos necesidad de ejidos ni deseamos tenerlos, pues ni uno de
31Solicitud del comisariado ejidal de Muxupip para la ampliación de sus ejidos (1936), en RAN-Mérida, Ampliación de ejidos, Muxupip, Muxupip, exp. 25:5642. Los jornaleros de la hacienda Yunkú no deseaban ser incluidos en el censo agrario y en el ejido del pueblo de Abalá. Miembros del comisariado ejidal del pueblo de Abalá solicita la ampliación de sus ejidos (1936), en RAN-Mérida, Ampliación de ejidos, Abalá, Abalá, exp. 25:5575. Los acasillados de la hacienda Susulá al enterarse de su inclusión como parte de la lista de solicitantes del reparto al pueblo de Caucel señalaron‖ “por‖medio‖ de‖ este‖ escrito‖ a‖ pedir‖ que‖ no‖ seamos‖ incluidos‖ en‖ dicho‖censo, por no convenir a nuestros modestos intereses el que sea nuevamente afectada‖esta‖finca”.‖Los‖acasillados‖de‖Dzin{‖del‖municipio‖de‖Motul‖también‖se‖resistieron al reparto, véase RAN-Mérida, Ampliación de ejidos, Motul, Motul, exp. 25:5641.
227
nosotros desea padecer hambres o verse convertido en esclavo de los empleados
agraristas”.32
Al mismo tiempo, también sentían temor por los cambios que experimentaría
como trabajadores de campo al tener que sujetarse a las autoridades agrarias de los
pueblos, encargadas de organizar y distribuir el trabajo en el ejido. El testimonio
de los peones de la finca Eknakán, del municipio de Cuzamá, es por demás
revelador. Sus palabras expresan una sensación de bienestar al ser peones de la
finca y auguraban una difícil situación si llegaran a convertirse en ejidatarios:
Nosotros estamos muy tranquilos en esta finca, trabajando en la misma y no deseamos morirnos de hambre ni padecer bajo las órdenes de las autoridades agraristas, y como tenemos noticias de que el ingeniero de que se trata nos incluyó ilegalmente en esa relación porque nosotros no se lo pedimos, y sí le dijimos que nada queríamos tener que ver con los ejidatarios y el Banco que los maneja, venimos por este escrito a hacerlo presente a esta autoridad, pidiéndole nos quite esa relación en la cual se nos incluyó sin motivo y no se nos tenga como ejidatarios, pues no queremos serlo. Al mismo tiempo, le pedimos se sirva ordenar que no vuelva ningún ingeniero a esta finca, porque no queremos tener nada que ver con ellos.33
Los peones de las demás haciendas henequeneras del municipio de Cuzamá,
Chunkanan, Eknakán y Noh-Chakán, mantuvieron la misma postura. Los de
Chunkanan alegaban que no deseaban convertirse en ejidatarios porque gozaban
“de‖trabajo‖los‖seis‖días‖a‖la‖semana y terrenos para milpa que nos proporciona el
32Componentes del comisariado ejidal de Cuzama solicitan planteles de Chunkanan, Noh-Chakan y Yaxkukul (1936), en RAN-Mérida, Ampliación de ejidos, Cuzamá, Cuzamá, exp. 25:5629. 33Componente del comisariado ejidal de Cuzama solicitan planteles de Chunkanan, Noh-Chakan y Yaxkukul (1936), en RAN-Mérida, Ampliación de ejidos, Cuzamá, Cuzamá, exp. 25:5629.
228
propietario”‖ y‖ no‖ querían‖ “verse‖ convertidos‖ en‖ esclavos‖ de‖ los‖ empleados‖
agraristas”.‖ Por‖ tal‖ razón‖presentaron‖una‖ solicitud‖para‖ ser‖ excluidos‖ del‖ censo‖
agrario.34 Por su parte, los peones de Eknakán y Noh-Chakán no proporcionaron
sus nombres para el censo agrario; sin embargo, los encargados de las fincas,
presionados por los funcionarios agrarios, tuvieron que hacerlo.
La respuesta de la población rural frente al reparto agrario no fue
homogénea. Hubo quienes vieron en el reparto agrario un proceso que les
beneficiaría y otros, por el contrario, consideraron que les traería consigo la
pérdida de sus privilegios y los medios para de obtener su subsistencia. La actitud
tomada por los peones de las haciendas henequenera nos recuerda a la de los
habitantes del poblado El Charco en el valle de Ríoverde en San Luis Potosí. Los
pobladores eran arrendatarios de la hacienda de Canosas y compraron a la
hacienda los terrenos que sembraban. En 1933 recibieron sus escrituras y en 1936
un ingeniero se presentó a levantar el censo general agrario para convertir sus
tierras en ejidos. Los vecinos de El Charco se opusieron rotundamente porque eran
dueños de la pequeña propiedad y se negaban a quedar bajo la administración de
un comisario ejidal.35 En tal sentido, la percepción y respuesta de la población rural
34Componente del comisariado ejidal de Cuzama solicitan planteles de Chunkanan, Noh-Chakan y Yaxkukul (1936), en RAN-Mérida, Ampliación de ejidos, Cuzamá, Cuzamá, exp. 25:5629. 35Castañeda,‖ “La‖ reforma‖ agraria”,‖ II, 432. Los estudios regionales nos permiten acercarnos a las diversas respuesta que tuvo el reparto agrario entre la población que se beneficiaría. En el estado de Veracruz, la Congregación de Guasimal con 382 habitantes‖ “indígenas‖ iletrados‖ que‖ hablan‖ azteca‖ y‖ no‖ entienden‖ español”‖rechazaron el reparto agrario al que tenían derecho y que grupos agraristas habían gestionado en su nombre. Los indígenas de Guasimal se encontraban contentos con su relación laboral con la compañía petrolera El Águila, afirmaron que disfrutaban‖ de‖ varios‖ privilegios‖ que‖ como‖ ejidatarios‖ perderían.‖ Serna,‖ “Los‖límites‖a‖la‖reforma‖agraria”,‖II, 415- 419.
229
dependió de las condiciones en que vivían y de cómo consideraban que cambiarían
sus condiciones con la distribución agraria. En el caso de la población del noroeste
henequenero, la actitud frente al reparto agrario estaba dividida, y predominaba
también un clima de desconcierto, tensión y confrontación entre los vecinos de los
pueblos y de las haciendas como ocurrió en el citado municipio de Cuzamá. Los
peones de Eknakán se rehusaban al reparto, sin embargo, se acercaron a las
autoridades agrarias para solicitar una reunión para que la Comisión les expusiera
los objetivos y el funcionamiento del ejido para determinar si participarían o no. A
Juan Pech Madera, presidente municipal del pueblo de Cuzamá, se le asignó la
tarea de explicar en lengua maya y despejar sus dudas, pero éste no accedió
porque‖ sospechaba‖ que‖ se‖ trataba‖ de‖ “una‖ celada”‖ para‖ atacarlos‖ en‖ la‖ reunión.‖
Ante esta situación, las autoridades agrarias optaron por incluir únicamente los
nombres que les fueron proporcionados por los administradores de las haciendas.36
Otra confrontación entre vecinos del pueblo y la finca sucedió en 1936 en el
pueblo y cabecera municipal de Dzidzantún. En ese año se levantó el censo agrario
36Componente del comisariado ejidal de Cuzama solicitan planteles de Chunkanan, Noh-Chakan y Yaxkukul (1936), en RAN-Mérida, Ampliación de ejidos, Cuzamá, Cuzamá, exp. 25:5629. La reacción de la población del sur frente al reparto de henequén fue distinta a la del noroeste. El cultivo de henequén se había extendido a los municipios de Ticul, Sotuta, Huhú en el sur y en Espita al oriente, cuyas fincas fueron afectadas para la dotación y ampliación de los ejidos de los pueblos circunvecinos. Sin embargo, los vecinos de los pueblos no estuvieron de acuerdo con recibir planteles de henequén en calidad de ejidos. En 1936 en el pueblo de Chapab, ubicado al sur del estado, el comisario ejidal convocó a una asamblea a los vecinos para comunicarles que el pueblo gozaba de la posesión definitiva de los planteles de la hacienda Citincabchén. En el acto, los pobladores de Chapab “manifestaron‖ su‖ inconformidad ya que ellos lo que desean son montes incultos para‖hacer‖sus‖milpas”,‖para‖dejar‖de‖arrendar‖los‖montes‖que‖cultivaban.‖Informe sobre la inconformidad de los campesinos de Chapab por los ejidos recibidos (1936-1937), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 1022.
230
para determinar el número de quienes tendrían derecho al reparto y los 101
trabajadores de la finca San Francisco fueron incluidos; sin embargo, los
trabajadores‖desistieron‖porque‖“no‖queremos‖tomar‖participación”‖debido‖a‖que‖
estaban‖“satisfechos en nuestra calidad de acasillados y no necesitamos pasar a la
condición‖de‖ejidatarios,‖pues‖no‖nos‖hacen‖falta‖tierras‖ni‖trabajo”.37 Al tiempo que
se rehusaban a participar, los trabajadores de la finca intentaron persuadir a los
vecinos de Dzidzantún para que asumieran su misma postura. Un vecino de
Dzidzantún‖recordó:‖“Empezamos‖a‖luchar‖en‖contra‖de‖ellos,‖porque‖empezaron‖
(sic) a hacer contra propaganda. Antes de la ocupación [de los henequenales],
formaron‖una‖sociedad,‖el‖Sindicato‖blanco‖*<+‖los acasillados empezaron a hacer
pl{ticas‖ entre‖ nosotros‖ y‖ la‖ población”.38 Convencidos, algunos vecinos de
Dzidzantún se convirtieron en trabajadores de la finca. Con el apoyo del
propietario‖de‖la‖finca,‖los‖acasillados‖se‖reunían‖“cada‖semana‖para‖que‖pudieran
controlar‖ m{s‖ gente,‖ mataban‖ un‖ toro‖ y‖ les‖ repartían‖ carne”,‖ de‖ este‖ modo‖
intentaban persuadir a los ejidatarios para que abandonaran la causa agrarista.39
La actitud defensiva y evasiva de los peones frente a la reforma agraria fue
atenuándose conforme avanzó el reparto agrario y perdieron el apoyo de sus
patrones. En efecto, tras la expropiación de los planteles iniciada en 1934, muchos
hacendados se quedaron sin posibilidades de poder ofrecer trabajo y sustento a sus
antiguos trabajadores y estos últimos comenzaron poco a poco a solicitar su
conversión en ejidatarios. Un ex-trabajador de la finca de San Francisco, del
municipio de Dzidzantún, relató que el hacendado dejó de apoyarlos y hasta los 37Los miembros del comisariado ejidal, consejo de vigilancia, ejidatarios y vecinos del pueblo de Dzidzantún solicitan la ampliación de sus ejidos (1935), en RAN-Mérida, Ampliación de ejidos, Dzidzantún, Dzidzatún, exp. 25:5688. 38Testimonio citado en Villanueva Mukul, Así tomamos las tierras, 41. 39Testimonio citado en Villanueva Mukul, Así tomamos las tierras, 41-42.
231
aconsejó‖ volverse‖ ejidatarios‖ diciéndoles‖ “Ustedes‖ tiene derecho al ejido [del
pueblo] de Dzidzantún que vayan a ingresar allá, aquí no tengo manera de darles
trabajo,‖ porque‖no‖ tengo‖planteles.‖ Todos‖ *<+‖ya‖me‖ los‖ quitaron,‖ así‖ es‖ que‖no‖
tengo‖trabajo‖para‖ustedes”.40 En 1936 los trabajadores de la hacienda San Antonio
Chun, del municipio de Umán, se quedaron sin trabajo después que la hacienda
fuera afectada. Por tal motivo solicitaron su inclusión al censo ejidal del pueblo de
Bolon.41 En 1937 cerca de 52 peones de la finca Ticimul, del municipio de Umán,
manifestaron al gobernador del estado su deseo de organizar un‖ “centro‖ ejidal”‖
para‖“solicitar‖ la‖ayuda‖económica‖que‖necesitamos‖para‖el‖ cultivo‖y‖explotación‖
de‖la‖superficie‖de‖henequenales”.42 Poco a poco, los trabajadores que residían en
las fincas se convirtieron en ejidatarios. Tal es el caso de los vecinos de la finca San
Antonio Xiat. En 1935, cuando se llevó a cabo la afectación de la hacienda,
permanecieron indiferentes y señalaron no interesarles el reparto agrario. Dos años
después, en 1937, enviaron una solicitud al Departamento Agrario para que les
fueran entregadas las 150 hectáreas que aún conservaba la hacienda San Antonio
Xiat.‖Este‖cambio‖de‖parecer,‖según‖explicaron,‖fue‖motivado‖“por‖los‖atropellos‖de
que‖son‖víctimas‖de‖parte‖del‖encargado‖de‖la‖misma‖señor‖Francisco‖Carrillo”.43
Para 1935 el reparto agrario era un proceso en marcha. El gobierno federal
efectuaba las expropiaciones al tiempo que repartía henequén, en medio de las
40Testimonio citado en Villanueva Mukul, Así tomamos las tierras, 41-42. 41Comisión nombrada al ingeniero Federico Peniche para investigar la situación de los acasillados de la hacienda San Antonio Chun (1936), en AGEY, Poder ejecutivo, Comisión agraria mixta, caja 1016. 42Acasillados de Ticimul solicitan el establecimiento del centro ejidal (1937), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 1031. 43El comisariado, ejidal, ejidatarios y vecinos del pueblo de Suma solicitan la ampliación de sus ejidos (1935), en RAN-Mérida, Ampliación de ejidos, Suma, Suma (1937), exp. 25:5651.
232
oposiciones, movilizaciones políticas y agitación social que buscaban impedirlo. En
ese año de 1935, 76 pueblos del noroeste henequenero habían recibido cerca de 40
mil hectáreas de henequén en calidad de ejidos de las 160 000 mil que existían. En
otras palabras, habían recibido 25% de los planteles cultivados.44 En agosto de 1937
el presidente Lázaro Cárdenas llegó a Yucatán para formalizar el reparto agrario.
En‖ su‖mensaje‖ al‖ pueblo‖ de‖Yucat{n‖dijo‖ “el‖ gobierno‖ federal‖ al‖ igual‖ que‖ el‖ de‖
estado, se ven obligados a intervenir sin demora con el doble propósito de acudir
en ayuda de la industria fundamental de Yucatán, de llevar a su cabal
cumplimiento la reforma agraria [para que] reorganizando aquella actividad eleve
el‖nivel‖de‖vida‖de‖su‖población‖trabajadora”.45
4. EL REPARTO HENEQUENERO: LA MIRADA DE LOS NUEVOS EJIDATARIOS
Para la población rural del noroeste henequenero, los años que van de 1935 a 1937
fueron particularmente caóticos al estar inmersos en dos procesos simultáneos de
gran envergadura: la disolución de las fincas y la creación de los ejidos. En este
contexto, la desaparición de las haciendas henequeneras no fue un asunto que
preocupara únicamente a los productores de la fibra —propietarios de las fincas—
y a las demás élites económicas locales vinculadas a la agroindustria; también
intranquilizó a los peones cuya vida laboral, social y económica transcurría al
interior de la hacienda. En torno al inminente reparto agrario, prevalecía la
incertidumbre y el temor generado por los hacendados, grupos políticos y
organizaciones obreras que buscaban frenar o cambiar la forma de llevar a cabo el
repartimiento.
44Mesa‖Andraca,‖“La‖situación‖henequenera”,‖292-293. 45Betancourt, Revoluciones y crisis, 96.
233
Un buen número de fincas, sorteando los precios bajos, un mercado de
fibras más competido y las expropiaciones, continuaron operando en tanto el ejido
se consolidaba como espacio productivo. Las siguientes cifras nos permiten tener
una idea más clara de este proceso. En 1936, a dos años de haber iniciado el
reparto, las antiguas haciendas henequeneras aún mantenían la supremacía de la
producción con 85% de la fibra maquilada. Este porcentaje, sin embargo, se redujo
a 36% al año siguiente; cuando el reparto concluyó el ejido cobró fuerza al
convertirse en el productor del 64% de los hilos del agave, como se aprecia en el
cuadro 20.46
CUADRO 20 PRODUCCIÓN DE HENEQUÉN EN MILES DE TONELADAS, 1935-
1940
Años Ejidal % Propiedad privada % Producción total
1935 14.1 16 74.7 84 88.8
1936 17 15 93 85 110
1937 60.5 64 33.3 36 93.8
1938 51.4 70 21.8 30 73.2
1939 57 72 22.4 28 79.4
1940 62.5 69 27.5 31 90
Fuente: Pasos‖Peniche,‖“Actualización‖de‖la‖historia”,‖apéndice.
En tal contexto, el panorama no pudo ser más complejo debido a que los
antiguos trabajadores de la agroindustria al tiempo que se convertían en
“ejidatarios”‖ continuaban‖ como‖“trabajadores‖ eventuales”,‖ “fijos”‖o‖ “acasillados”‖
de las haciendas que aún laboraban, además de cultivar sus milpas y extraer leña y
carbón para su autoconsumo. Dada esta situación, muchas prácticas y costumbres
laborales, acuñadas al interior de cada hacienda, se empalmaron con las nuevas
organizaciones laborales, la burocracia agraria y la ley federal del trabajo de 1931
46Villanueva Mukul, El henequén en Yucatán, 106.
234
que comenzaban a hacerse cargo de la producción agroindustrial y de
homogeneizar y regular las relaciones laborales entre los ejidatarios, patrones y el
Estado. Por ahora, nos centraremos en los años que van de 1934 a 1937 para
observar de cerca a los trabajadores de campo, de los pueblos y las fincas,
adaptarse a su condición de ejidatarios henequeneros, con especial énfasis en los
problemas que percibieron y resintieron con la desaparición de sus haciendas y la
consolidación del ejido como espacio productivo.
Entre 1934 y 1937, los planteles de henequén de las haciendas comenzaron a
ser expropiados para formar los ejidos. Cada pueblo recibía distintas extensiones
de planteles de acuerdo con el cálculo realizado entre el número de ejidatarios y las
cuatro hectáreas que a cada uno le correspondería. En páginas anteriores
explicamos que en vísperas del reparto los trabajadores del henequén se
encontraban divididos: los vecinos de los pueblos a favor y los peones en contra.
Sin embargo, dicha polarización adquirió distintos matices cuando experimentaron
de cerca la disolución de las fincas y el reparto agrario. El siguiente caso muestra a
los vecinos de los pueblos de Tekal y Temax, en 1935, oponiéndose a la
expropiación de las haciendas Kuncheilá y Chenché de las Torres tras comprender
que los planteles de ambas haciendas serían entregados a vecinos de otros pueblos.
Los tekaleños manifestaron a la Comisión Agraria Mixta su desacuerdo con la
afectación de la hacienda Kuncheilá porque se quedarían sin trabajo y porque en
medio de la situación crítica‖agroindustrial,‖“esta‖finca‖*de‖Kuncheil{+‖es‖el‖único‖
centro‖ que‖ tenemos‖ para‖ trabajar‖ *<+‖ porque‖ las‖ otras‖ fincas están casi
abandonadas”.‖ Allí‖ ―ahondaron los vecinos― se‖ “nos‖ proporciona‖ trabajo‖ y‖
siempre nos lo ha proporcionado hasta en las épocas más difíciles de paros y
restricciones‖y‖es‖la‖única‖en‖la‖que‖podemos‖ganarnos‖la‖vida”.‖Con‖argumentos‖
235
similares, los vecinos de Temax trataron de evitar la afectación de los planteles de
Chenché‖de‖las‖Torres,‖pues‖temían‖quedar‖“completamente‖desprovistos‖de‖*los+‖
medios‖de‖subsistencia‖que‖contamos‖para‖sostenernos”.47
Los vecinos de Tekal y Temax eran trabajadores permanentes o regulares de
Kuncheilá y Chenché respectivamente, y se sintieron agraviados por la afectación
de las fincas, cuyos planteles serían entregados a los vecinos del pueblo de
Tepak{n‖en‖calidad‖de‖ejidos.‖Los‖inconformes‖consideraban‖“injusto” este reparto
porque por años habían cultivado y cuidado los planteles y se sentían con el
derecho de continuar con los trabajos de corte y maquila del henequén. Los vecinos
de Tekal argumentaron que no era justo que los vecinos del pueblo de Tepakan se
quedaran con los planteles porque nunca habían trabajado en la finca Kuncheilá y
porque, además, tenían fincas cercanas donde laborar. Por su parte, los vecinos de
Temax‖arguyeron‖que‖“no‖es‖justo‖que‖por‖favorecer‖al‖pueblo‖de‖Tepak{n‖se‖nos‖
deje sin medios de subsistir dándose a aquel pueblo contra las disposiciones
legales tierras y plantaciones inmediatas al pueblo de Temax y que sirven a éste
como‖ centro‖ de‖ sus‖ trabajos‖ agrarios”.48 En el reparto de los planteles, los
funcionarios agrarios estuvieron lejos de considerar las relaciones laborales que
mantenían los vecinos de los pueblos con las fincas, ellos actuaron con apego a los
criterios de vecindad, distancia y extensión formulados en el código agrario de
1934, el cual estipulaba que los núcleos de población recibirían extensiones de las
propiedades más próximos a ellos en un radio máximo de siete kilómetros.49 En
1937, 24 trabajadores de la finca Ticopó, ubicada en el municipio de Motul, se 47Los vecinos del pueblo de Tepakán solicitan ampliación de ejidos (1935), en RAN-Mérida, Ampliación de ejidos, Tepakán, Tepakán, exp. 25:5617. 48Los vecinos del pueblo de Tepakán solicitan ampliación de ejidos (1935), en RAN-Mérida, Ampliación de ejidos, Tepakán, Tepakán, exp. 25:5617. 49En Fabila, Cinco siglos, 573-574.
236
quejaron ante el jefe del Departamento Agrario por haber sido excluidos de la
dotación. En cambio, los vecinos de la hacienda, antiguos peones de la finca,
recibieron‖sus‖ejidos‖con‖planteles‖de‖dicha‖finca.‖Los‖quejosos‖señalaron‖que‖“por‖
virtud‖ de‖ que‖ no‖ vivimos‖ en‖ la‖ hacienda”‖ no‖ participaron‖ del‖ reparto‖ de‖ los‖
planteles‖de‖Ticopó,‖pero‖que‖ se‖ sentían‖“con‖absoluto‖derecho‖a‖ ser‖dotados‖ en‖
esta‖finca”‖por‖haber‖trabajado‖en‖ella‖cerca‖de‖15‖años.‖Los‖quejosos‖no‖se‖oponían‖
al‖ reparto,‖ pero‖ sí‖ suplicaban‖ ser‖ incluidos‖ “recibiendo‖ la‖ dotación‖ a‖ donde‖ por‖
mucho años tienen por costumbre trabajar, y ya lo consideran como‖cosa‖propia”.50
Los casos anteriores muestran que el reparto agrario trajo consigo el
resquebrajamiento de los vínculos y dinámicas laborales que los vecinos de los
pueblos habían establecido con una o más fincas henequeneras. El testimonio de
los vecinos de Cacalchén es por demás revelador. Ellos se quejaban de haber
recibido ejidos alejados de las fincas donde trabajaban. En tal sentido, su
desplazamiento a los nuevos ejidos les impedía asistir y cumplir con las fincas
donde tenían trabajo cuatro veces a la semana.51 Los peones de las fincas no
estuvieron exentos de ser desplazados durante el reparto. En 1935 cerca de 61
trabajadores de la finca Dziná, municipio de Motul, enviaron al presidente de la
república una queja por no haber sido incluidos en el reparto cuando se dividió la
hacienda Dziná. En su carta, los quejosos dejaron entrever que por diferencias
políticas‖ fueron‖ ignorados‖en‖el‖reparto,‖pero‖externaron‖“que‖como‖trabajadores‖
de‖la‖citada‖finca‖henequenera‖tenemos‖m{s‖derecho‖que‖a‖ellos‖a‖quienes‖*<+‖se‖
50Vecinos de Motul solicitan dotación de la hacienda Ticopó (1937), en AGEY, Poder
ejecutivo, Comisión local agraria, caja 1027. 51Los vecinos del pueblo de Cacalchén solicitan ampliación de ejidos (1935), en RAN-Mérida, Ampliación de ejidos, Cacalchén, Cacalchén, exp. 25:3545.
237
les‖ ha‖ entregado”‖ los‖ planteles.52 El temor de los antiguos peones a perder su
trabajo no era infundado, pues una vez que los planteles de la finca se convertían
en ejidos, perdían su trabajo. Así lo describen los trabajadores de Dziná:
“autom{ticamente‖hemos‖sido‖cesados‖por‖haberse‖distribuidos‖aquellas‖parcelas”.‖
Agregaron que‖perdieron‖“el‖trabajo‖que‖aunque‖era‖de‖tres‖días‖a‖la‖semana‖con‖
un salario mínimo de 1.50, podíamos escasamente aunque sea llevar el pan ganado
honradamente”.53 En suma, podemos afirmar que los avances de una estructura
agraria a otra transformaron las condiciones laborales, dinámicas espaciales y
relaciones sociales tejidas, reguladas y sostenidas por varias generaciones de
propietarios de las fincas, peones, vecinos de los pueblos que trabajaban en las
haciendas.
En la transición de un régimen agrario a otro, la población rural del noroeste
no tardó en percatarse de las dificultades que enfrentaría cuando recibió, de
distintas haciendas, extensiones de variada calidad de henequén. Muchos
obtuvieron planteles explotados, abandonados, o bien en etapa de crecimiento. Es
decir, matas de henequén en condiciones físicas imposibles de aprovechar. Por
ejemplo, el pueblo de Abalá, pese a estar rodeado de las haciendas más
productivas de Yucat{n,‖ fue‖ dotado‖ con‖ planteles‖ “de más de media de
explotación”,‖ es‖ decir,‖ con‖ planteles‖ ya‖ cortados. Los vecinos de Abalá
manifestaron a las autoridades agrarias que el plantel de San Isidro de la hacienda
Peba,‖ que‖ habían‖ recibido‖ como‖ ejidos,‖ “estaba‖ ya‖ abandonado por viejo e
improductible”.‖En‖una‖situación‖similar‖se‖encontraban‖los‖vecinos‖del‖‖pueblo‖de‖ 52Jornaleros de Dziná se quejan de ser excluidos del reparto (1935), en AGEY, Poder
ejecutivo, Gobernación, caja 1004. 53Jornaleros de Dziná se quejan de ser excluidos del reparto (1935), en AGEY, Poder
ejecutivo, Gobernación, caja 1004.
238
Dzidzantún. En 1937 el delegado de la sociedad local de dicho pueblo expuso en la
convención de sociedades locales de crédito ejidal efectuada en Mérida que habían
sido‖ dotados‖ con‖ “50‖ 000 mecates [2 000 hectáreas] de terrenos sembrados con
henequén”,‖pero‖“que‖en‖realidad‖sólo‖son‖menos‖de‖la‖mitad,‖pues‖en‖su‖mayor‖
parte‖ son‖ planteles‖ acabados”.54 En otros casos, las sociedades locales recibieron
planteles en buen estado pero en extensiones insuficientes. Así ocurrió con los
ejidatarios de Izamal, población grande y urbana ubicada al noreste de Mérida,
quienes recibieron 12 710 mecates (508 hectáreas) de henequén en explotación,
pero dicha extensión resultó insuficiente para satisfacer las necesidades de los 1
000 ejidatarios existentes.55 En‖ otros‖ casos,‖ los‖ ejidatarios‖ recibieron‖ “terrenos‖
incultos”,‖es‖decir,‖montes‖de‖las‖fincas.‖En‖1936‖los‖vecinos del pueblo de Molas se
quejaban de haber recibido poca extensión de ejido, que era, en su mayoría, terreno
inculto.56
Las autoridades agrarias sin considerar el ordenado sistema escalonado
anual de las siembras —que le permitía a las fincas tener un número
proporcionado de planteles en cultivo, producción y producción decadente—
repartieron los planteles o los terrenos de las fincas entre los ejidatarios de los
pueblos sin más criterio que el de la extensión que, de acuerdo con el censo
agrario, le correspondía. El resultado fue un reparto desigual y heterogéneo:
algunos recibieron henequenales en explotación, otros con producción decadente. 54Los miembros del comisariado ejidal, consejo de vigilancia, ejidatarios y vecinos del pueblo de Dzidzantún solicitan la ampliación de sus ejidos (1935), en RAN-Mérida, Ampliación de ejidos, Dzidzantún, Dzidzatún, exp. 25:5688. 55Vecinos y ejidatarios de Izamal se desligan de un oficio firmado por un grupo de vecinos asociados a las Ligas gremiales (1936-1937), en RAN-Mérida, Ampliación de
ejidos, Izamal,Izamal, exp. 25:566. 56Los vecinos de Molas solicitan la ampliación de ejidos (1936), en RAN-Mérida, Ampliación de ejidos, Molas, Mérida, exp. 25:5640.
239
En los siguientes ejemplos, los nuevos ejidatarios comparaban su situación con la
de otros. En 1937 el presidente del comisariado‖ ejidal‖ de‖ la‖ finca‖ “San‖ Pedro‖
Chacabal”‖expresó‖haber‖recibido‖la‖“dotación‖de‖tierras”‖pero‖de‖“tierras‖incultas”‖
porque los henequenales habían servido para las ampliaciones del ejido del pueblo
de Motul.57 De manera semejante, los habitantes del pueblo de Acanceh no estaban
conformes con la extensión de ejidos que habían recibido porque no guardaba
relación con las cuatro hectáreas que le correspondería a cada ejidatario como
marcaba la ley, pero su descontento aumentó cuando se enteraron de que los
pobladores del pueblo de Seyé recibieron como ejido una anexa de la hacienda
Yabacú,‖pues‖se‖sentían‖con‖m{s‖derecho‖a‖la‖mencionada‖“anexa”‖por‖encontrarse‖
a un kilómetro de distancia del pueblo de Acanceh.58
Los casos descritos repercutieron en la situación laboral de los nuevos
ejidatarios. Sirve de ejemplo el testimonio de los vecinos del pueblo de Nolo del
municipio de Tixkokob, quienes manifestaron que sus ejidos no se encontraban en
“buena‖ producción,‖ pues‖ los‖ *henequenales+‖ existentes‖ son‖ relativamente en
pequeña cantidad de los llamados X-paches”.59 En consecuencia, los ejidatarios,
organizados‖ en‖ sociedad‖ local‖ de‖ crédito‖ agrícola,‖ “ganamos‖ solamente‖ $1.25‖
diarios y sólo trabajamos 4 días, lo cual no satisface nuestras necesidades más
urgentes”.‖Otros‖menos‖afortunados‖no‖tenían‖“pencas‖que‖desfibrar”. Éste era el
caso‖ de‖ los‖ vecinos‖ del‖ pueblo‖ de‖ Ucú,‖ quienes‖ consideraron‖ que‖ a‖ “falta‖ de‖
57El pueblo de Motul solicita la ampliación de sus ejidos (1935), en RAN-Mérida, Ampliación de ejidos, Motul, Motul, exp. 25: 5641. 58Ejidatarios de Acanceh solicitan al jefe del Departamento Agrario henequenales de las haciendas circunvecinas (1936-1937), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 1020. 59Los vecinos de Nolo solicitan ampliación de ejidos (1936), en RAN-Mérida, Ampliación de ejidos, Nolo, Tixkokob, exp. 25:5599.
240
plantíos‖de‖henequén‖la‖organización‖ejidal‖no‖progresa”.60 Los vecinos del pueblo
de Abalá consideraron tener una difícil situación frente a la de los ex-peones de las
fincas aledañas, quienes continuaban “trabajando‖ en‖ los‖ buenos‖ planteles‖
henequeneros‖que‖ los‖ ingenieros‖planificadores‖ les‖ asignaron”,‖o‖mejor‖dicho,‖ se‖
les habían conservado a propósito.61
Los ex-peones de la finca San Pedro Chacabal, luego de recibir terrenos
incultos‖como‖ejidos‖y‖no‖tener‖trabajo‖en‖la‖finca‖porque‖sus‖planteles‖eran‖“muy‖
viejos‖que‖casi‖no‖producen‖utilidad”,‖solicitaron‖la‖expropiación‖de‖los‖planteles‖
de la finca Xiat para satisfacer las necesidades laborales de sus 36 miembros.62 Por
su parte, los ejidatarios de Motul solicitaron los planteles de Kankabchen, pero
además, la planta desfibradora de la finca Komchen.63 Los del pueblo de Nolo,
luego de recibir sus ejidos en condiciones poco favorables, suplicaban que se
resolviera‖ “la‖ falta‖ de‖ henequenales‖ en‖ producción”.‖ Asimismo‖ solicitaba‖ al‖
ejecutivo su intercesión para que el Banco Nacional de Crédito Agrícola les
concediera‖ “mayor‖ refacción‖ al‖ ejido”.‖ A‖ modo‖ de‖ garantía, los ejidatarios
afirmaron‖contar‖“con‖la‖fuerza‖de‖nuestra‖organización‖y‖adem{s‖con‖el‖respaldo‖
de‖otras‖agrupaciones‖obreras”.64 A pesar de los evidentes defectos de los nuevos
ejidos, el reparto agrario continuó su curso sin que se rectificara la forma en la que 60Convención de sociedades locales de crédito ejidal (1937), en RAN-Mérida, Ampliación de ejidos, Ucú, Ucú, exp. 25:5584 61Miembros del comisariado ejidal del pueblo de Abalá solicita la ampliación de sus ejidos (1936), en RAN-Mérida, Ampliación de ejidos, Abalá, Abalá, exp. 25:5575. 62Opinión de los acasillados de varias haciendas sobre la ampliación ejidal de Motul ((1935-1937), en RAN-Mérida, Ampliación de ejidos, Motul, Motul, exp. 25:5641. 63Ejidatarios de Motul solicitan planteles más cercanos a su localidad (1937), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 1027. 64Los vecinos de Nolo solicitan ampliación de ejidos (1936), RAN-Mérida, Ampliación de ejidos, Nolo, Tixkokob, exp. 25:5599.
241
se estaba llevando a cabo, como se observa en el caso del pueblo de Molas. La
situación‖de‖dichos‖ejidatarios‖era‖difícil‖“debido‖a‖la‖superficie‖reducida‖del‖ejido‖
ya‖ que‖ son‖ terrenos‖ incultos‖ la‖ mayor‖ parte‖ de‖ las‖ tierras‖ disponibles”.‖ Esta‖
situación fue verificada por un agente del Banco Nacional de Crédito Ejidal, quien
intercedió por los ejidatarios ante el gobernador, no para mejorar las condiciones
de su ejido, sino para convencer a los propietarios de Yaxnic, Zoyaxché, Tesip,
Chuntuac y Ximay‖ de‖ aceptar‖ los‖ servicios‖ de‖ dichos‖ ejidatarios‖ “para‖ que‖ de‖
alguna manera cuenten con algún trabajo en la semana que les permita atender sus
necesidades de vida”.65 Al final, los ejidos de cada pueblo quedaron conformados
por un mosaico de planteles provenientes de distintas haciendas, alejadas unas de
otras y de muy diversa calidad.
No obstante estos errores de carácter técnico que dejaban en incertidumbre
la forma en que operaría la nueva estructura ejidal, los nuevos ejidatarios no
dejaron de verse amenazados o presionados por los hacendados para que
desistieran o dejaran de participar en el reparto agrario. En 1936, reunidos‖en‖“los‖
corredores‖del‖palacio‖municipal‖un‖inmenso‖número‖de‖campesinos”,‖Bartolomé‖
Sosa y Prisciliano May explicaron al enviado del gobernador, Federico Gutiérrez,
que el capataz de la finca San Francisco, llamado Filiberto Cruz, les decía:
que si quería estar bien y que no le faltara trabajo toda la semana, medicamentos y además ganar algo más extraordinario, que viera a sus demás compañeros y les ofreciera trabajo toda la semana, con la condición que firmara el memorial y los suyos pidiendo no se lleve a efecto la repartición de los planteles de dicha finca, pues haciéndose
65El Banco Nacional de Crédito Ejidal solicita la cooperación del gobernador del estado para resolver el problema de trabajo de los ejidatarios de Molas (1936-1937), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 1022.
242
tendría la ruina del pueblo, pues los únicos beneficiados eran los ingenieros de la propia agraria.66
Ni Sosa ni May aceptaron la propuesta del capataz y se quedaron sin trabajo
“en‖unión‖con‖sus‖compañeros”.‖En‖otras‖ocasiones,‖los‖ejidatarios‖recibían‖de‖sus‖
propias‖autoridades‖municipales‖“desorientación‖en‖contra‖de‖la‖labor‖agraria”‖por‖
encontrarse‖ “vendidos‖ a‖ los‖ hacendados”‖ o‖ actuar‖ como‖ “instrumento‖ del‖
hacendado”, como acusaron en 1936 los ejidatarios de Umán y Tekit.67 Otros
vecinos de los pueblos, en cambio, experimentaron una merma de sus planteles
cuando los hacendados cortaron hojas de henequén desmesuradamente tras
percatarse de que se les expropiaría sus planteles. Los comisarios ejidales no
dejaron de denunciar los hechos, como los de Temax y Tepakán, quienes acusaron
a don Lorenzo Manzanilla, propietario de la majestuosa hacienda Chenchen de las
Torres, de realizar cortes inmoderados a los planteles expropiados. Con la
finalidad de contrarrestar la acción de los antiguos hacendados, en 1937 el
ejecutivo local emitió una circular a los presidentes municipales ordenándoles
vigilar los planteles y denunciar cualquier corte inmoderado de los planteles, de
acuerdo al artículo 6, fracción IV de la Ley sobre el cultivo y explotación del
henequén, que regía la forma en la que se debían explotar las matas de henequén.68
66Queja de los vecinos del pueblo de Temax de recibir amenazas de los encargados de la finca San Francisco (1936), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 1018. 67Las autoridades municipales obstaculizan las labores del comisario ejidal (1936), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 1013. problemas agrarios en Yucatán. Quejas y consultas sobre tierras ociosas (1936), en AGN, DGG 2.8 (27) 20702, exp. 34, caja 49-A. 68Averiguación sobre posibles cortes inmoderados de henequén en la hacienda Chenche de las Torres (1936), en AGEY, Poder ejecutivo, Estadísticas del henequén de la finca Chenché de las Torres; caja 1018; Ejidatarios de Tepakán y Temax se quejan del hacendado Lorenzo Manzanilla por la destrucción de los henequenales
243
Además de todos estos inconvenientes, los nuevos ejidatarios enfrentaron la
falta de los equipos industriales para procesar las hojas de henequén. En efecto, los
cambios en la estructura agraria separaron la actividad agrícola de la industrial,
pues el reparto se había centrado en la producción agrícola y dejó pendiente el
aspecto industrial, situación que no tardó en convertirse en tema de conflicto y
discusión. Es por ello que los nuevos ejidatarios se apresuraron y anexaron a sus
solicitudes para la ampliación de sus ejidos la petición de las máquinas raspadoras
de las fincas aledañas. Tal fue el caso de los ejidatarios del pueblo de Mocochá
quienes pidieron la‖entrega‖de‖los‖predios‖de‖las‖fincas‖“Carolina”‖y‖“Too”‖porque‖
ambas tenían máquinas desfibradoras de henequén.69 En otro caso, los vecinos del
pueblo de Acanceh solicitaron los henequenales y las plantas desfibradoras de las
haciendas Tekik, Pelé, Tzu, Yabucú, Sac-chich, Canicab, Ticipó y Cib-ceh, porque
“estando‖bajo‖ el‖ control‖de‖dichos hacendados ponen obstáculos y dificultades a
nuestros‖trabajos”.70
En ese momento, las peticiones en torno a los equipos industriales no fueron
atendidas porque la expropiación se centró exclusivamente en los planteles de
henequén e imperaba un vacío jurídico para expropiar o forzar a los propietarios a
prestar, arrendar o ceder los equipos industriales a los ejidatarios. Esta situación
que iban a ser entregados (1936), en AGEY, Correspondencia, Comisión Agraria Mixta, caja 4; Queja del pueblo de Conkal porque las haciendas aledañas están cortando henequén (1936-1937), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 1919. Circular dirigida a los presidentes municipales ordenándoles tener conocimiento sobre la destrucción o daño de henequenales y la extracción del equipo industrial de las fincas (1937), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 1031. 69Solicitud del pueblo de Mocochá de ampliación ejidal (1937), en RAN-Mérida, Ampliación de ejidos, Mocochá, Tixkokob, exp. 25:5615. 70Ejidatarios de Acanceh solicitan al jefe del departamento agrario henequenales de las haciendas circunvecinas (1936-1937), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 1020.
244
fue aprovechada por los ex–hacendados para negarse a la concesión de sus equipos
industriales. En un informe elaborado por un agente del Departamento Agrario
describió los esfuerzos inútiles para lograr un acuerdo con los hacendados. A la
letra‖escribió‖“todo‖el‖mes‖de‖abril‖y‖la‖mitad‖del‖mes‖de‖mayo‖de‖1935,‖dedicamos‖
nuestros esfuerzos a obtener un arreglo que permitiese a los ejidatarios hacer una
explotación‖ completa”.‖ Los‖ resultados‖ de‖ sus‖ gestiones‖ no‖ fueron‖ los‖ esperados‖
porque‖ “los‖ dueños‖ de‖ los‖ equipos‖ industriales‖ pensaban‖ *<+‖ obligar‖ a‖ los‖
ejidatarios a venderles la penca, seguros de que con tal procedimiento conservarían
la‖preponderancia‖economía”,‖especuló‖el‖funcionario.71
Sin‖ embargo,‖ en‖ el‖mismo‖mes‖ de‖mayo‖ tuvo‖ lugar‖ otra‖ reunión‖ con‖ “las‖
partes‖interesadas”‖y‖en‖ella‖se‖acordó‖que‖la‖legislatura‖local‖emitiría‖una‖ley‖para‖
la ocupación de los equipos industriales. 72 En el mes de marzo el gobernador César
Alayola Barrera envió al congreso un proyecto de ley que declaraba de utilidad
pública el arrendamiento de las máquinas y demás equipos industriales necesarios
para la extracción de la fibra. Dicho proyecto contenía 20 artículos que regulaban
las condiciones y los arreglos que debían establecer los comisarios ejidales (en
representación de los ejidatarios y parcelarios henequeneros) con los propietarios
de los equipos industriales. Sin embargo, el proyecto no fue aprobado. En su lugar,
el 27 de mayo de 1935 la legislatura local decretó una ley que declaró la utilidad
71El‖ informe‖ aparece‖ reproducido‖ parcialmente‖ en‖Mesa‖ Andraca,‖ “La‖ situación‖henequenera”,‖292.‖ 72Es posible que en esta reunión hayan participado los representantes del Banco Nacional de Crédito Agrícola, los gobiernos federal y estatal, autoridades agrarios y los hacendados. Muy probablemente el Banco desempeñara un papel vital en la resolución del problema de la maquila del henequén ejidal, al presionar a los gobiernos locales, entonces inmersos en los conflictos políticos, superar la confusión que imperaba en relación con el henequén ejidal. Mesa‖ Andraca,‖ “La‖situación‖henequenera”,‖292.
245
pública de la explotación del henequén, es decir, la extracción de la fibra contenida
en las hojas del agave por los pequeños agricultores. De este modo quedaban
incluidos los ejidatarios y toda persona que cultivara y produjese menos de diez
mil kilogramos de fibra anuales. Con esta ley, los propietarios no perdían sus
derechos de propiedad, pero el ejecutivo del estado, después de escuchar a las
partes‖interesadas,‖era‖el‖único‖que‖podía‖realizar‖una‖“declaración‖de‖ocupación”‖
y establecer el tiempo y las condiciones en que serían entregados y utilizados los
medios de producción.73
Para los hacendados la ley anterior significó otro golpe, pues aunque los
equipos industriales no les eran expropiados, sí eran desplazados en la toma de
decisiones sobre los arrendamientos de sus equipos industriales.74 Por su parte,
para los nuevos ejidatarios fue la vía para que desfibraran su henequén. En 1936 el
comisario‖ejidal‖del‖pueblo‖de‖Cepeda‖solicitó‖al‖gobernador‖declarar‖“la‖medida‖y‖
los‖términos”‖para‖la‖ocupación‖del‖equipo‖industrial‖de‖la‖finca‖“Santo‖Domingo”.‖
El‖ gobernador‖ expidió‖ una‖ “declaración‖ de‖ ocupación”‖ que‖ contempló‖ dos‖ vías.‖
Primero propuso que la raspa fuera realizada por los dueños de la finca
―Fernando Montes y Negociación Agrícola―, quienes recibirían de los ejidatarios
el pago de 168.28 pesos por cada cien mil hojas de henequén en jornadas máxima
de‖ ocho‖ horas‖ y‖ proporcionar‖ a‖ “todos los trabajadores, que se necesite, y los
elementos indispensable, como trincas y combustibles, aparte de las maquinarias, 73En Orosa Díaz, Legislación henequenera, IV, 289-295. 74Los‖ hacendados‖ consideraban‖ “injusto”‖ la‖ cantidad‖ que‖ recibirían‖ por‖ sus‖máquinas desfibradoras, pues argumentaban que resultaba insuficiente para su mantenimiento. Por la vía legal los hacendados trataban de impedir la ocupación de sus máquinas desfibradoras. La Suprema Corte de Justicia falló, por un voto, en contra del amparo que interpusiera la propietaria de la finca Xcanatún para evitar su ocupación por los ejidatarios de Komchén, Chuburná, Dzityá y Chablekal. Benitez, Ki, 122; Betancourt Pérez, Revoluciones y crisis, 87
246
útiles‖ implementos‖ y‖ dem{s‖ accesorios”.‖ En‖ caso‖ que‖ los‖ dueños‖ no‖ cumplieran‖
con el trato, entraba en vigor la segunda vía, que consistía en que los ejidatarios
desfibrarían las pencas personalmente mediante el pago único de 25 pesos por la
misma cantidad de hojas y horas de trabajo, pero en caso de descomponerse las
máquinas, los gastos de reparación correrían por cuenta de los ejidatarios. En
ambos casos, el pago se realizaba cuando el henequén se encontrara en la bodega
de la finca.75
Para ocupar los equipos industriales, los nuevos ejidatarios tenían que
compartir, acordar y discutir cotidianamente con los trabajadores de las fincas y los
ejidatarios de otros pueblos. Por ejemplo, la máquina raspadora de hojas de
henequén de la finca de Xcanatún era utilizada por los trabajadores de la finca, y
también por los ejidatarios de Komchén, Chuburná, Dzityá y Chablekal, pueblos
ubicados al norte de Mérida, luego que su propietaria perdiera el amparo para
impedir la ocupación de planta desfibradora. En una situación similar se
encontraban, en 1935, los habitantes de la hacienda Xcumpich al tener que
compartir la máquina de raspa con los de la finca Chenkú y del ejido de
Chuburná.76
Sin embargo, el marco legal que permitía acceder a los equipos industriales
no siempre garantizó a los ejidatarios su utilización. Los propietarios de las plantas
industriales no cesaron sus esfuerzos para evitar la intromisión de los ejidatarios.
De manera individual, los hacendados trataron de ampararse y de forma colectiva,
presentaron al presidente de la república varios memorandums e informes de los
75Resolución emitida por el gobernador del estado para la ocupación del equipo industrial de Santo Domingo (circa 1936), en AFPV, caja 2. 76Copropietarios de Xcumpich solicitan reparación de la máquina raspadora (1935), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 1004.
247
primeros resultados de la producción de fibra ejidal y propuestas concretas sobre
cómo debía llevarse a efecto y administrarse la agroindustria ejidal.77
En este contexto, el uso de las máquinas raspadoras ―casi siempre―‖ se
efectuó bajo un clima de tensión y descontento por parte de los propietarios,
quienes constantemente estorbaban y trataban de interrumpir la ocupación de sus
máquinas mediante la sustracción de piezas para inmovilizar el tren de raspa y la
desaparición de una o más partes de la compleja infraestructura industrial como
bestias, vehículos para el traslado de las hojas y las fibras, y las rieles decauville.
Para garantizar el acceso a las maquinarias, en 1935 el ejecutivo estatal envió a
todos los presidentes municipales una circular en que‖les‖mandaba‖ejercer‖“la‖m{s‖
rigurosa vigilancia en el municipio de su jurisdicción impidiendo que, sin el
permiso del ejecutivo, se modifiquen las instalaciones o sistemas industriales o se
disponga‖ del‖ equipo‖ respectivo”.‖ De‖ detectar‖ alguna anomalía, los presidentes
municipales debían denunciarlos para imponer multas de 5 000 pesos y seis meses
de cárcel a los dueños que fueran sorprendidos escondiendo o sustrayendo
cualquier pieza indispensable para la maquila del henequén.78
Por su parte, algunos ejidatarios tomaron medidas preventivas para
asegurar su ocupación de las máquinas. En 1936 los pobladores del pueblo de Seyé,
tras varios desencuentros con el propietario de la finca Xcehus, solicitaron al
gobernador‖“tres‖agentes‖de seguridad‖pública”‖para‖que los custodiaran los días
miércoles que iban a la finca a desfibrar henequén de su ejido.79 La actitud hostil de
77Véase los diferentes memorandums se encuentran en la Asociación defensora de la industria henequenera, El problema ejidal en la zona henequenera. 78Circular del ejecutivo estatal sobre la ocupación de las máquinas (1935)), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 1010. 79Se suplica envío de policía para cuidar el orden en los trabajos de la finca Xcehus (1936-1937), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 1022.
248
los hacendados era extendida. En 1937 el dueño de la finca Miznebalán del
municipio de Mérida levantó los rieles decauville que conectaban su finca con la de
Sacnité. Dicha acción afectó a los ejidatarios que trabajaban en las fincas de Sacnité
y Cholul.80
Al mismo tiempo, los antiguos peones de la finca también trataron de
impedir que los vecinos de los pueblos usaran la raspadora. Tal es caso de los
trabajadores de la hacienda San Juan Koop, quienes compartían con los pobladores
del pueblo de Muxupip la máquina de la mencionada ex-hacienda. Cada uno la
utilizaba tres días a la semana. Pero al tener noticia que los ejidatarios de
Cacalchén solicitaban ocupar las máquinas de San Juan Koop, los trabajadores se
opusieron‖ rotundamente‖ por‖ el‖ temor‖ de‖ quedarse‖ “totalmente‖ sin‖ trabajo”.‖ En‖
otras palabras, no deseaban ver reducidos los días que tenían designados para
raspar el henequén; los vecinos de Muxupip, por su parte, no se opusieron siempre
que se les permitiera concluir sus trabajos.81
Los demás conflictos surgidos durante el proceso de ocupación de los
equipos industriales y la dificultad para resolverlos, eran expresiones de
resistencia y descontento por parte de los antiguos hacendados quienes, a la vuelta
de pocos años, perdieron el control de la producción y de desconcierto por parte de
los vecinos de los pueblos, convertidos en ejidatarios, al enfrentar a nuevas formas
de organización laboral. Un problema permanente fue el mantenimiento de los
equipos industriales. De acuerdo con el reglamento sobre la ocupación, los dueños
tenían la obligación de prestarlos en buen estado y los ejidatarios de cuidarlos. Sin
80Se solicita entrega de la hacienda Dzununcán, municipio de Motul a los acasillados (1937), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 1025. 81Los ejidatarios del pueblo de Cacalchén solicitaban trabajar en las máquinas de la hacienda San Juan Koop, (1936) AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 1018.
249
embargo, unos y otros se acusaban de deteriorar y abandonar los equipos. En 1935
los copropietarios de la finca rústica de Xcumpich, del municipio de Mérida,
denunciaron‖a‖los‖ejidatarios‖de‖Chuburn{‖de‖haber‖dejado‖en‖mal‖estado‖su‖“tren‖
de‖ raspa”.‖ Los‖ denunciantes se amparaban en el peritaje de dos mecánicos
comisionados, quienes confirmaron el desperfecto de la máquina raspadora.
Empero, el Banco Nacional de Crédito Agrícola se había demorado en
proporcionar la suma para la reparación (1 115.40) y por ende retrasaba los
distintos compromisos adquiridos con otras fincas, ejidatarios y con sus propios
trabajadores, quienes dependían únicamente de los trabajos de la raspa para
sobrevivir.82 En 1937, una comisión de los antiguos trabajadores de la hacienda
Canicab, que se encargaban de desfibrar el henequén de los ejidos y aun de la
finca, se dirigió al propietario, Liborio Cervera, para que reparase los tendederos y
las plataformas porque el mal estado de los primeros deterioraba el sosquil, lo que
demeritaban su precio y el de las segundas ocasionaba que ellos mismos pusieran
“los‖medios‖para‖cumplir”, lo que implicaba una inversión de dos o tres horas más
de trabajo, lo cual “no‖ est{‖ estipulado en el contrato que está en vigor en esta
hacienda”.83
Los costos de la desfibración, impuestos por el gobierno estatal, fueron
también motivo de constantes conflictos. Por la vía legal, los propietarios
pretendieron incrementar el pago estipulado en la ley de arrendamiento al
considerarlo‖ “irrisorio”‖ e‖ insuficiente‖ “para‖ su‖ mera‖ conservación”.‖ En‖ 1937‖ la‖
82Copropietarios de Xcumpich solicitan reparación de la máquina raspadora (1935), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 1004. El Banco Nacional de Crédito Agrícola‖ se‖ encargó‖ de‖ los‖ créditos‖ ejidales‖ hasta‖ 1936.‖ Mesa‖ Andraca,‖ “La‖situación‖henequenera”, 293-294. 83Trabajadores de Canicab solicitan la reparación del tendedero y las plataformas (1936-1937), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja, 1020.
250
propietaria de la dueña de la finca Xcehús del municipio de Seyé solicitó que fuera
reconsiderado el importe de la indemnización que recibiría y se llegó al acuerdo
“por‖parte‖de‖ los‖ ejidatarios‖y‖del‖Banco‖Nacional de Crédito Ejidal de pagarme
200 por cada jornada de desfibración de cien mil hojas, en el caso de que nosotros
hiciéramos el trabajo y la cantidad de 30 en el caso de que nos negáramos a
hacerlo”.84 Pero el proceso legal podía ser largo y quedar sin efecto, como sucedió
con la propietaria Xcehus que varios meses después aún no cobraba lo acordado.85
De acuerdo con Manuel Mesa Andraca, en 1936 los ejidatarios, asociados por el
banco, pagaron a los propietarios de las desfibradoras más de medio millón de
pesos por concepto de maquila y cerca de 65 000 pesos por alquiler.86
La formación de los ejidos henequeneros era el primer eslabón de la nueva
estructura agraria y el segundo, la formación de las sociedades de crédito o
sociedades agrícolas, las cuales estarían integradas por grupos de ejidos con el
objetivo de facilitar la explotación cooperativa de grandes áreas agrícolas.
Organizados en sociedades, los ejidatarios recibirían los créditos necesarios de una
institución bancaraia. A mediados de 1935, se estableció en Mérida una agencia del
Banco Nacional de Crédito Agrario que comenzó a financiar a los productores
ejidales. Para 1936 dicha institución bancaria fue desplazada por una agencia del
Banco Nacional de Crédito Ejidal; sin embargo, la fecha formal de inicio de esta
última fue el 18 de agosto de 1937. El Banco Nacional de Crédito Ejidal se encargó
de los créditos para el cultivo de henequén, la utilización de los equipos
industriales, el pago de los salarios a los ejidatarios y demás gastos relacionados 84Propietaria de la finca Xcehus solicita al gobernador dicte la resolución referente a la modificación de la tarifa de arrendamiento de su equipo industrial (1937), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 1025. 85Ibid. 86Mesa‖Andraca,‖“La‖situación‖henequenera”,‖293.
251
con la producción y tareas administrativas.87 Tal y como se tenía proyectado, la
institución bancaria administraba el trabajo de los ejidatarios, vigilaba la calidad de
la producción, se hacía cargo del almacenamiento y venta de los cosechas, de la
reparación de los medios de producción. En palabras de Nathaniel y Sylvia Weyl,
el‖banco‖se‖convirtió‖en‖“el custodio‖de‖la‖agricultura‖cooperativa‖de‖México”.88
La formación de las sociedades de crédito no estuvo menos politizada que el
reparto agrario. Los ejidatarios recibieron propaganda a favor o en contra de las
organizaciones a las que estaban afiliadas. La Federación Regional de Obreros y
Campesinos (FROC) y la Federación de Sindicatos Independientes (FSI) se oponían
a la intervención de la institución bancaria y pugnaba por el ejido independiente,
es decir, sin recibir créditos bancarios. Los ex-hacendados también dejaron correr
comentarios negativos para desanimar a sus antiguos trabajadores a participar en
el reparto agrario; y aunque no lograron su cometido del todo, sí influyeron en el
ánimo de los nuevos ejidatarios. Eliodoro Ché del pueblo de Xanabá recordó que
“el‖temor‖de‖los‖campesinos‖ante‖la‖represalia‖de‖los‖hacendados‖hizo‖que‖muchos‖
campesinos de Xanabá no quisieran integrarse a la sociedad ejidal desde que
comenzó‖ a‖ gestionar‖ su‖ formación‖ legal”.89 En la formación de las sociedades
agrícolas, los ejidatarios de los pueblos y las fincas pasaban por un proceso de
consenso y negociación, el cual no siempre ocurría rápidamente. Así se aprecia en
el siguiente caso protagonizado por los vecinos del pueblo de Homún y
pobladores de las fincas de Kanun y Kampepén.
En 1937 las autoridades ejidales del pueblo de Homún entregaron una carta
al presidente de la república diciéndole que sus vecinos de la ex–finca de Kanun,
87Mesa‖Andraca,‖“La‖situación‖henequenera”,‖293-294. 88Weyl,‖“La‖reconquista‖de‖México”,‖237. 89Memoria histórica, 27.
252
recibieron parcelas de henequén que pertenecían a sus ejidos. Solicitaron que
dichos planteles les fueran desvueltos porque‖eran‖“de‖buena‖producción‖y‖est{n‖
en‖ explotación”.‖No‖ sabemos‖ cu{l‖ fue‖ la‖ respuesta‖ a‖ esta‖ petición,‖ pero‖ al‖ poco‖
tiempo los vecinos de Homun, y de Kanum y Kampepen formaron una sociedad
de crédito. No pasó mucho tiempo y‖en‖marzo‖de‖1938‖los‖ejidatarios‖de‖“Kanun”‖
y‖ “Kampepen”‖ del‖ municipio‖ de‖ Homún‖ solicitaron‖ su‖ separación‖ porque‖ los‖
ejidatarios‖de‖Homún‖“no‖sólo‖quieren‖obligar*nos+‖*<+‖a‖unificarse‖con‖ellos,‖sino‖
que también quiere que cargue[mos] con la deuda que han contraído con el Banco
Nacional de Crédito Ejidal”.
Por su parte, los vecinos de Homún explicaron que la actitud de los
pobladores de ambas ex–haciendas‖estaba‖motivado‖por‖ los‖propietarios‖y‖“otros‖
capitalistas‖que‖pretenden‖hacer‖división”;‖señalaron que‖tiempo‖atr{s‖“se‖llevaban‖
con nosotros como hermanos y que ha últimas fechas se han venido separando de
nosotros”,‖a‖pesar‖de‖las‖constantes‖invitaciones‖de‖los‖directivos‖del‖comisariado.‖
La petición de los ejidatarios de Kanum y Kampepen fue denegada. En el informe
del‖delegado‖de‖zona,‖Francisco‖Cardoz‖consideró‖“que‖no‖se‖acepte‖la‖separación‖
de‖los‖habitantes‖de‖Kanum‖y‖Kampepen‖*<+‖por‖estar‖manejados‖por‖enemigos‖
de‖la‖causa‖agraria”;‖pero‖también‖incluyó‖sólidas‖razones‖para‖no‖separarlos‖como
el hecho de que dicha sociedad de crédito ejidal había obtenido cerca de 6 900
pesos para el cultivo y la limpieza de sus henequenales, por último el funcionario
expresó que cinco ejidatarios de Kanum habían trasladado ya su residencia al
pueblo de Homún.90 Los nuevos ejidatarios poco a poco se organizaron. En 1935 se
había conformado 48 sociedades locales de crédito agrícola ejidal con cerca de 15
90Los vecinos de Homún solicitan ampliación de sus ejidos (1935), en RAN-Mérida, Ampliación de ejidos, Homún, Homún, exp. 25:5571.
253
364 socios y una extensión de casi 30 000 hectáreas cultivadas de henequén. Tres
años después en 1938, ya bajo la administración del Banco Nacional de Crédito
Ejidal, existían 247 sociedades.91
5. TRABAJAR POR CUENTA DE LA AGRARIA: ENTRE EL CONFLICTO Y LA NEGOCIACIÓN
Los vecinos de los pueblos y de las haciendas, convertidos en ejidatarios, se
integraron a los trabajos del ejido, desempeñándose como cortadores, chapeadores,
tendedores, bagacero, raspadores, desmanchadores, empacadores y bodegueros,
pero en vez de obedecer a los administradores o capataces de la finca, los nuevos
ejidatarios trabajaron bajo la dirección de una burocracia agraria, a saber: el comité
ejidal local, las autoridades agrarias estatales y la instituciones bancarias que
cuidaban y vigilaban la calidad de la producción ejidal, al establecer la forma de
cultivar, cuidar y procesar las hojas de henequén, y de guardar la fibra en las
bodegas.‖Las‖evidencias‖empíricas‖nos‖dan‖una‖idea‖de‖las‖dificultades‖de‖“trabajar‖
por‖ cuenta‖ de‖ la‖ agraria”.‖ Los‖ conflictos‖ y‖ problemas‖ relacionados con la labor
administrativa de los comités ejidales y autoridades agrarias no tardaron en
aparecer. Tal es el caso de los vecinos del pueblo de Umán que en 1936 se quejaban
del escaso trabajo ejidal aun cuando poseían hectáreas con henequén para cortar.
Los ejidatarios responsabilizaban de su precaria situación al jefe de la zona Adolfo
Palma por administrar mal el ejido.92 En 1937 los ejidatarios de Cacalchén acusaron
a Simón Ceballos, gerente ejidal de Cacalchén, de colocar a sus amigos y familiares
como‖“empleados‖de‖ la‖ agraria‖ local”‖y‖de‖ganar‖de‖12‖ a‖ 15‖pesos‖ semanales‖ en‖
tanto‖los‖ejidatarios‖“que‖trabajamos‖materialmente‖sólo‖ganamos‖tres‖pesos‖cada‖ 91Mesa‖Andraca,‖“La‖situación‖henequenera”,‖294.‖ 92Ejidatarios de Umán solicitan el cambio del jefe de la zona C. Adolfo Palma (1936), en AGEY, Poder ejecutivo, Gobernación, caja 1013.
254
15‖ días”.‖ Explicaron‖ también‖ estar‖ bajo‖mucha‖presión‖porque‖ a‖ “la‖menor‖ falta‖
que cometa uno de nosotros no sólo nos trata con dureza, hasta nos retira del seno
de‖ la‖ sociedad‖ agraria”.93 En ocasiones, la forma en que se distribuía el trabajo
lesionaba los intereses de los ejidatarios. En 1937 los ejidatarios de Acanceh se
quejaron ante el gobernador porque los ejidatarios encargados de realizar los
cortes de las hojas de henequén, nombrados cortadores, pasaron a ser
“chapeadores”,‖es‖decir,‖los‖que‖limpiaban‖de‖maleza‖los‖planteles‖porque‖ganaban‖
un poco más. En consecuencia las autoridades agrarias ordenaron a los antiguos
“chapeadores”‖ trabajar‖ en‖ el‖ corte‖ de‖ henequén,‖ quienes,‖ desde‖ luego,‖ se‖
inconformaron.94
Las dificultades cotidianas y los constantes desacuerdos administrativos
formaban parte de la experiencia ejidal, la cual enfrentaba problemas todavía más
severos, mencionados en el apartado anterior: a saber ejidos conformados con
henequén de indistinta calidad y la falta de los equipos industriales. No obstante,
en el ámbito cotidiano los dueños de las fincas y los ejidatarios, vecinos de los
pueblos‖y‖las‖fincas,‖celebraron‖convenios‖‖para‖resolver‖“el‖problema‖de‖la‖falta‖de‖
trabajo”‖y‖m{s‖aún‖ continuar‖ la‖producción.‖En‖ julio‖de‖1936,‖después‖de‖ largas‖
sesiones en las que intervinieron los vecinos del pueblo de Dzidzantún, el dueño
de la finca San Francisco, su representante legal, el agente del banco ejidal, el
representante del Departamento Agrario, el presidente municipal de Dzidzantún,
el jefe de la zona de Motul, vecinos de la mencionada finca, y el propio gobernador
del estado, ingeniero Florencio Palomo, los ejidatarios del pueblo de Dzidzantún y 93Los vecinos del pueblo de Cacalchén solicitan ampliación de ejidos (1935), en RAN-Mérida, Ampliación ejidal, Cacalchén, Cacalchén, exp. 25:3545. 94Socios activos del comisariado ejidal de Acanceh solicitan al gobernador la presencia de un delegado para solucionar conflicto (1937), en AGEY, Poder
ejecutivo, Gobernación, caja 1020.
255
los‖pobladores‖de‖San‖Francisco‖firmaron‖un‖acuerdo‖para‖“dar‖solución,‖aunque‖
sea provisional, al conflicto de falta de trabajo entre los acasillados de la finca San
Francisco”.95
Tras el reparto, los planteles de la finca San Francisco habían pasado a
formar los ejidos del pueblo de Dzidzantún, y sus antiguos trabajadores se habían
quedado sin trabajo. El acuerdo tenía dos propósitos: por un lado, incorporar a los
vecinos de la finca a los trabajos del ejido y por otro, establecer los términos de la
relación entre el ejido y la planta industrial de San Francisco. En dicho acuerdo, los
200 ejidatarios de Dzidzantún y 100 vecinos de la finca se dividirían
proporcionalmente, a partir de noviembre‖de‖1936,‖“los‖trabajos‖de‖corte‖de‖hojas,‖
de chapeos, de corte de varejones, marcadura de pencas, apertura de guardarayas,
entre‖otras‖actividades”,‖y‖las‖“labores‖de‖siembra‖de‖henequén”.‖Para‖el‖resto‖de‖
las labores, es decir, aquellas relacionadas con el proceso industrial, el dueño de la
finca‖utilizaría‖a‖sus‖“trabajadores‖acostumbrados”.
Las hojas de henequén serían vendidas y entregadas al dueño de San
Francisco. El comisario ejidal debía vigilar que las hojas del agave se colocaran “a‖
canto de vía”,‖ es‖ decir,‖ en‖ el‖ borde‖ de‖ los‖ planteles‖ para‖ su‖ trasladado‖ en‖
plataformas o trucks a la máquina industrial. El acarreo, la desfribración,
secaduría, empaque y demás labores correrían por cuenta del ex-hacendado, y la
fibra obtenida le pertenecería. El convenio estipulaba el cuidado de los planteles
para garantizar hojas de buena calidad. También calculaba una desfibración diaria
máxima de 300 mil hojas, cantidad que representaba la capacidad máxima de la
maquinaria y como mínima, 100 mil hojas. Cuando por fuerza mayor el dueño de
San Francisco no pudiera raspar el henequén, los ejidatarios podrían vender las 95Acuerdos concretos a que se llegó entre los representantes de los ejidatarios de Dzidzantún y los propietarios de la finca San Francisco (1936), en AFPV, caja 7.
256
hojas‖‖henequén‖a‖otras‖personas,‖pero‖sólo‖en‖el‖tiempo‖que‖persistiera‖la‖“fuerza‖
mayor”‖o‖los‖contratiempos‖del‖ex‖–hacendado.96
El ex-hacendado se comprometió a pagar al comisario ejidal, a más tardar
los días sábados, la cantidad de tres pesos por cada millar de hojas. De ese dinero
saldrían los sueldos de los pobladores de la hacienda. A estos se les pagaría por las
tareas de trabajo que hubieren efectuado, cantidades iguales a las que acordasen
tomar los ejidatarios de los pueblos como anticipos por las mismas tareas, teniendo
derecho el representante acreditado de los vecinos de la hacienda para asistir a las
juntas del comisario ejidal en que fueran acordados los montos de dichos anticipos.
Es importante decir que el convenio se ajustaba a las nuevas condiciones laborales
estipuladas en la ley federal del trabajo y en ese sentido se contempló el pago del
séptimo día y los días de descanso.97
El acuerdo firmado por los ejidatarios y el propietario de la finca San
Francisco constituyó la vía más rápida que encontraron los ejidatarios para
solventar el problema del acceso a los equipos industriales. Por su parte, al
propietario de San Francisco mantuvo su participación en la producción de la fibra
y más importante aún con el acuerdo se solucionó el descontento social propiciado
por el desequilibrio laboral tras el reparto ejidal. Dicho convenio nos muestra
también la forma en que ocurrió el tránsito de un régimen agrario a otro.
Advertimos que si bien la creación del ejido, como eje articulador de la producción
agrícola, desplazaba a las haciendas, no propició su automática desaparición; sino
que al ser un proceso simultáneo ambas estructuras pervivieron y, en ocasiones, se
complementaban, como se observa en el citado convenio.
96 Ibid 97Acuerdos concretos a que se llegó entre los representantes de los ejidatarios de Dzidzantún y los propietarios de la finca San Francisco (1936), en AFPV, caja 7.
257
Cabe destacar que en este nuevo contexto, para los vecinos de los pueblos,
convertidos en ejidatarios, las ex – haciendas cobraron otro sentido al convertirse
en centros desfibradores dedicados a raspar el henequén de sus ejidos. Para 1937
existían cerca de 84 plantas desfibradoras que maquilaban el henequén ejidal que
previamente habían acordado con los ejidatarios, representados por sus
autoridades ejidales y acreditados por el Banco Nacional de Crédito Ejidal. El
siguiente caso nos muestra claramente el tenor de los acuerdos a los que llegaron
los pobladores de la antigua hacienda Chenché de las Torres, es decir, ex–peones
de la mencionada finca, y los ejidatarios de Temax y Tepakán con el propietario de
dicha hacienda para el uso de los equipos industriales.
Tras la afectación, la antigua hacienda henequenera Chenché de las Torres
se‖transformó‖en‖“La‖industrializadora‖de‖henequén,‖Sociedad‖Anónima”,‖empresa‖
agrícola comercial dedicada a maquilar fibra de henequén de La industrializadora
y‖los‖ejidos;‖y‖su‖propietario‖se‖convirtió‖en‖su‖“gerente”.‖En‖septiembre‖de‖1937‖
los antiguos trabajadores de esta finca, que aún residían en ella celebraron con el
gerente de La industrializadora un convenio para maquilar las hojas de henequén
que les había otorgado el ingeniero encargado de medir y repartir los planteles. El
empresario agricultor accedió a arrendarles la máquina raspadora por el pago de
1.40 el millar de pencas, 40 centavos por aceite y grasa y de cinco a tres pesos por
cada tarea de leña utilizada. La fibra producida sería despachada y otorgada en
consignación a Henequeneros de Yucatán por el gerente de La industrializadora.
Del total del importe producido, se tomarían todos los gastos señalados en el
contrato y el saldo se le entregaría a la persona que designarían los propios
ejidatarios. En el contrato también se estipuló que los antiguos peones podían
adquirir el maíz que existiera en la finca a un costo de nueve pesos “la carga y sin
258
envase”. Los comisionados del comisario ejidal y el consejo de vigilancia de los
“acasillados‖ de‖ las‖ torres”‖ firmaron‖ el‖ acuerdo‖ y‖ no‖ dejaron‖ de‖ manifestar‖ que‖
“agradecen‖ las‖ facilidades‖ y‖ est{n‖ de‖ acuerdo‖ con‖ las‖ concesiones‖ de‖ Lorenzo‖
Manzanilla”. 98
Los vecinos de los pueblos de Temax y Tepakán recibieron sus ejidos con
planteles de Chenche de las Torres. Dichos ejidatarios también acordaron con el
gerente de La industrializadora de henequén, S.A. el uso de los equipos
industriales. Sin embargo, a diferencia de los ex peones y ex trabajadores de la
antigua finca, los ejidatarios de Temax y Tepakán tardaron un poco más en acordar
y negociar los términos del contrato. En el mes de septiembre de 1937 los
ejidatarios de Temax desfibraron sus hojas de henequén en las máquinas de La
industrializadora en circunstancias que desconocemos. Al mes siguiente, en
octubre de 1937, el presidente del comisariado ejidal de Temax, Alberto Chin, le
comunicó al gerente que‖no‖les‖era‖“posible‖continuar‖trabajando‖de‖acuerdo‖con‖
dicho‖contrato,‖por‖no‖convenirle‖a‖los‖intereses‖del‖ejido”‖y‖le‖solicitaba‖renegociar
los costos del arrendamiento. Lorenzo Manzanilla, gerente‖ de‖ “La‖
industrializadora‖ de‖ henequén,‖ S.A.”, accedió a la petición y le propuso a los
ejidatarios firmar otro contrato a razón de dos pesos y sesenta centavos el millar y
mantener‖ las‖ “mismas‖ condiciones‖ que‖ acostumbramos”.‖ Sin‖ embargo,‖ la‖
propuesta de Manzanilla no convenció a los ejidatarios, quienes le hicieron una
oferta por la vía del jefe de zona, Carlos Góngora, en la que se mostraron
dispuestos a pagar la cantidad de dos pesos y veinticinco centavos por cada cien
mil hojas de henequén que desfibraran o bien la cantidad de 40 pesos por el
alquiler de la maquinaria y demás implementos por la misma cantidad de hojas. El 98Acuerdo para que los acasillados de Chenché de las Torres utilicen la planta desfibradora (1937), en PROHISPEN, Archivo de Chenché de las Torres, libro 1.
259
gerente de La industrializadora propuso entonces comprar todas las pencas que
produjeran el ejido de Temax. También pidió a Carlos Góngora que lo ayudase a
convencer al jefe de zona de Izamal para que los vecinos de Tepakán le vendieran
también sus pencas. El gerente de La industrializadora consideraba conveniente su
propuesta porque‖“los‖ejidatarios‖no‖podr{n‖caminar‖diariamente‖ las‖cinco‖o‖seis‖
leguas que necesitarían andar para ir a hacer ese trabajo y seguramente preferirían
recibir‖ su‖ dinero‖ sin‖ ese‖ esfuerzo”.‖Manzanilla‖ Arce‖ explicó‖ que‖ esta‖ propuesta‖
también convenía a los vecinos de Temax porque realizarían todo el trabajo de
corte de pencas correspondientes a los ejidos de Tepakán y también de los
henequenales que le habían quedado a la pequeña propiedad. Sin embargo, el jefe
de la zona, Carlos Góngora, no aceptó la propuesta y únicamente dijo que estaría
interesando en pagar dos pesos y veinticinco centavos por cada cien mil hojas de
henequén o 40.00 por el alquiler de la maquinaria.99
Unos días después, en noviembre de 1937 los ejidatarios de los pueblos de
Temax‖y‖Tepak{n‖y‖“La‖industrializadora‖de‖henequén,‖S.A.”‖firmaron‖un‖contrato‖
para convenir la forma en que se llevaría a cabo la raspa de henequén, por lo
menos, durante un año. En dicho contrato se acordó que La industrializadora se
encargaría de la raspa de henequén. Los ejidatarios se comprometían a dejar las
pencas debidamente cortadas y atadas en paquetes de cincuentas hojas en el borde
las vías de comunicación o tranvías para que los trabajadores de La
industrializadora trasladaran, rasparan, desfibraran, secaran y prensaran las pacas
de aproximadamente doscientos kilogramos, las cuales depositarían en las bodegas
de la‖ estación‖de‖“Las‖Torres‖de‖Peón”.‖Por‖ este‖ trabajo‖ los‖ ejidatarios‖quedaron‖
obligados a pagar dos pesos y veinticinco centavos por cada millar de pencas que 99Correspondencia sostenida entre Lorenzo Manzanilla y autoridades agrarias de Temax (1937), en PROHISPEN, Archivo de Chenché de las Torres, libro 1.
260
se elaboraran, debiéndose dar semanalmente en la ciudad de Mérida. También se
comprometieron a vender a La industrializadora toda la leña posible que
recolectasen de los montes sin que se fijara un precio por ella. Los ejidatarios
podrían guardar las pacas de henequén en los almacenes de Chenché por una
semana, pasado este término, los derechos de almacén quedaba a favor de La
industrializadora conforme a la tarifa acordada con los ejidatarios. La
industrializadora se deslindaba de toda responsabilidad derivadas de la venta,
corte o explotación de las pencas toda vez que no intervenían en trabajos de
explotación‖de‖ los‖ planteles‖ de‖ henequén‖de‖ “Los‖ ejidatarios”;‖ éstos,‖ en‖ cambio,‖
podían contratar a un representante que vigilara la calidad de la raspa. Por último
se acordó que los precios fijados podrían variar de acuerdo con los jornales de los
trabajadores que se emplearían. De modo que podían disminuir o elevarse los
precios de la elaboración en la misma cantidad que variaban los mismos jornales.
Finalmente, el convenio fue firmado por las autoridades ejidales de los pueblos de
Tepakán y Temax, autoridades agrarias y los gerentes del Banco Nacional de
Crédito Ejidal y de La industrializadora, respectivamente.100
Los acuerdos de este tipo permitieron a los ejidatarios y ex-hacendados
resolver el frente más adverso que enfrentaba la población rural y la agroindustria
desde que inició la década de los treinta: la falta de trabajo propiciada por la caída
de las exportaciones y la desestructuración de las antiguas haciendas
henequeneras. Dichos acuerdos, sea para utilizar las máquinas o para acordar la
distribución del trabajo, nos muestra cómo en el ámbito cotidiano los vecinos de
los pueblos y antiguos trabajadores que residían en las ex-haciendas junto con los
100Contrato‖ que‖ se‖ celebra‖ entre‖ los‖ suscritos,‖ “La‖ industrializadora”‖ y‖ los‖ejidatarios‖de‖Tepak{n‖y‖Temax”‖(1937),‖en‖PROHISPEN,‖Archivo‖de‖Chenché‖de‖las Torres, libro 1.
261
propietarios de las fincas lograron acordar y diseñar lógicas productivas
emergentes durante los delicados años en que se transitó de un régimen agrario a
otro. Dicho de otro modo, la negociación entre la población rural y los dueños de
las fincas fue fundamental en estos años para remediar los problemas o
dificultades que no estaban previstos en la ley o bien se encontraba en vías de
solucionarse.
El tres de agosto de 1937 el presidente Lázaro Cárdenas llegó a Yucatán para
la entrega formal de los ejidos henequeneros y anunciar la forma en que
funcionaría la nueva estructura. Cárdenas expidió dos acuerdos, el primero el 8 de
agosto, en el que explicó el método del reparto en el que destaca: la forma colectiva
de explotación de los ejidos y la conservación de la unidad agrícola e industrial;
también se refirió a las acciones coordinadas a las quedarían sujetas los gobiernos
federal y estatal tanto en la fase productiva como en la comercialización de la fibra;
y anunció la forma en que las distintas secretarías de estado apoyarían a la
agroindustria: a saber la Secretaría de Agricultura y Fomento, la Secretaría de
Comunicaciones, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público; así como el Departamento Agrario, encargado de cubrir las
necesidades sociales de los campesinos y el Departamento de Salubridad Pública.
Diez días después, el 18 de agosto, el presidente Cárdenas dictó el segundo
acuerdo en el que especificó la forma en que operaría la Agencia del Banco
Nacional de Crédito Ejidal y la sociedad cooperativa Henequeneros de Yucatán,
responsables del funcionamiento y comercialización del agave, respectivamente.101
En ese año de 1937 se habían formado 277 ejidos con 95 569 hectáreas de henequén,
de las cuales aproximadamente 80 000 estaban en explotación; y la agencia del
101Betancourt Pérez, Revoluciones y crisis, 94-108.
262
Banco Nacional de Crédito Ejidal se encargó de la organización de unas 247
sociedades de crédito ejidal.102 De este modo, los vecinos de los pueblos y las fincas
continuaron vinculados al cultivo e industria del henequén, pero no como
jornaleros eventuales o fijos ni peones sino como ejidatarios asociados a la
estructura agraria nacional, e integrados a la dinámica política del Estado
Mexicano.
102Betancourt Pérez, Revoluciones y crisis, 70.
CONCLUSIONES
La presente investigación ofrece una dimensión social de la historia agraria del
noroeste yucateco, al privilegiar la percepción, la respuesta y la participación de la
población que residía en los pueblos y en las haciendas frente a la privatización de
la tierra, el desarrollo de la agroindustria henequenera y el reparto agrario,
fenómenos que tuvieron lugar entre 1870 y 1937.
Dos ejes vertebraron el estudio de los procesos agrarios de fines del siglo XIX
y principios del XX: el monte, como se le denomina a la selva baja de Yucatán, y la
industria henequenera. En esta tesis aborda la historia agraria de Yucatán desde
una perspectiva por demás novedosa al presentar el recurso forestal como recurso
agrario, por contener los elementos fértiles necesarios para la agricultura y como
proveedor de infinidad de productos necesarios para la vida diaria de las personas.
El acceso, desplazamiento y uso de los montes estaba organizado y regulado por
vínculos de parentesco. En tal sentido, los recursos agrarios eran usufructuados
por los grupos familiares, quienes de generación en generación cultivaban,
recolectaban frutos silvestres, recogían leña y cazaban en los mismos montes,
denominados rumbo familiar. Con esta propuesta se sugiere que los recursos
agrarios estaban en manos de corporaciones pequeñas como son los grupos de
parentesco o familias extensas.
Con esta perspectiva nos acercamos a la comprensión del impacto del
proceso privatizador del siglo XIX en la población que residía en los pueblos y su
participación, junto a la población de las haciendas, en el reparto agrario realizado
en la década de 1920. Con respecto al primer tema, una conclusión importante es
que los milperos experimentaron la pérdida de sus rumbos familiares. Dicho con
otras palabras, el proceso privatizador avanzó sobre los montes que usufructuaba
264
un determinado grupo de parentesco, de generación en generación. En la primera
mitad del siglo XIX, los grupos familiares contaron con la ayuda de sus autoridades
municipales e indígenas, quienes lograron sortear, evadir o dificultar el proceso
privatizador. Sin embargo, en la segunda mitad, la situación fue distinta. Las
repúblicas indígenas desaparecieron definitivamente en 1868 y las autoridades
municipales perdieron capacidad jurídica para litigar. En tal sentido, los grupos
familiares emprendieron, solos, la defensa de sus montes. No fue tarea sencilla, en
primer lugar porque las formas tradicionales de súplica y petición a sus
autoridades locales y federales que habían utilizado en la primera mitad del siglo
XIX con resultados eficaces ya no era admitido. En su lugar, se habían instaurado
los procedimientos judiciales como única vía posible para oponerse a las
intenciones de los particulares. Los milperos reaccionaron de distinto modo, por lo
regular se resistían o se negaban a emprender un juicio de oposición; sin embargo,
siempre que las posibilidades económicas del grupo familiar lo permitieron,
contrataron representantes legales para que emprendiesen juicios de oposición o
llevasen a efecto otros procedimientos legales para evitar la pérdida de sus rumbos
u obtener la titularidad de sus montes.
La medición de los ejidos en el siglo XIX como espacios agrarios de los
pueblos estuvo vinculado al proceso privatizador. Para los gobiernos liberales la
forma itinerante de ocupar los montes constituyó un obstáculo para la
privatización de los baldíos. Por lo que desde 1841 hasta finalizar el siglo XIX, los
gobiernos locales impulsaban la delimitación de los ejidos de los pueblos para
circunscribir las actividades agrícolas de los milperos. Con esta medida, se
pretendía que las milpas y otros tipos de asentamiento indígena dejaran de retrasar
la venta de los montes, considerados baldíos por la legislación liberal. Fue difícil
265
lograr que los pueblos delimitaran sus ejidos; sin embargo, sirvió para que los
agrimensores determinar si el terreno denunciado por un particular era baldío o
ejido. De este modo, el proceso privatizador encontró un camino más llano.
Con respecto al segundo tema, atender la importancia del monte como
espacio agrícola nos permitió entender la percepción y a la respuesta de la
población que residía en los pueblos y las haciendas henequeneras ante el reparto
agrario en la década de 1920. En esa ocasión, los gobiernos federales y locales
llevaron a cabo un reparto agrario que se caracterizó por no interrumpir ni
perjudicar la agroindustria de exportación, de manera que a las haciendas les
fueron afectadas sus “tierras incultas”, es decir, las tierras que no estaban
cultivadas con henequén para formar los ejidos de los pueblos. Dichas tierras
incultas no eran más que los montes de las haciendas. Estos montes privados
formaban parte de la lógica productiva de la hacienda y su acceso estaba
restringido a los trabajadores de las fincas o a los arrendatarios. De modo que su
afectación tenía implicaciones sociales importantes, por un lado a los peones se les
despojaba de sus recursos agrarios en tanto que para los milperos de los pueblos
significaba la dotación de sus ejidos significaba recibir los montes a los que muy
probablemente no tenían acceso si no eran trabajadores de las fincas o no pagaban
un arrendamiento. En este contexto, la oposición y la resistencia de los peones y
trabajadores de las fincas no se hizo esperar, por lo que este momento del reparto
agrario se caracterizó por la disputa entre quienes deseaban acceder los montes y
quienes se resistían a perderlos.
La agroindustria henequenera fue el segundo eje que vertebró el estudio de
las transformaciones en la población rural en el último cuarto del siglo XIX y el
reparto agrario de la década de 1930. La vinculación de la población rural a las
266
haciendas dio como resultado una sociedad agraria compleja formada por peones
de las haciendas, jornaleros de los pueblos, trabajadores fijos, eventuales o
arrendatarios de montes, y propició cambios profundos en su forma de vida al
depender más del trabajo remunerado en las haciendas que de la agricultura
tradicional. Sin embargo, contrario a lo sugerido, el cultivo de la milpa no
desapareció, aunque sí sufrió cambios notables. En primer lugar, el tiempo para
cultivarla se ajustó a los tiempos del cultivo y la producción henequenera. El
trabajador iba al monte en sus días libres, o bien previo permiso del administrador
de las fincas. En segundo lugar, los espacios agrícolas también se modificaron,
pues los milperos comenzaron a cultivar en los montes de las fincas. El acceso a
dichos recursos forestales formaba parte de las prerrogativas que recibían los
peones de las fincas y los jornaleros de los pueblos. Estos últimos, dado que tenían
el tiempo restringido para sus milpas, les resultaba más factible cultivar en los
montes privados que alejarse de sus pueblos para cultivar en sus antiguos rumbos
familiares. Como resultado de estas restricciones, la producción de maíz
disminuyó y fue necesario importar el grano de otras partes de México o del
extranjero.
Otros cambios que experimentó la población del noroeste en el último
cuarto del siglo XIX fueron el trabajo organizado en las haciendas, las distintas
condiciones laborales en cada una de ellas y en su distribución espacial. Entre 1900
y 1910 la mayor parte de la población rural residía en las haciendas, lo que nos
permite comprender que la gran mayoría de los trabajadores de la agroindustria se
encontraban en calidad de peones que residían en las fincas. En este punto,
alejados de las interpretaciones que han valorado las medidas coercitivas y el
sistema de endeudamiento que los forzaba a permanecer en las haciendas,
267
consideramos que los peones formaba parte de la compleja sociedad agraria a la
que nos hemos referido, y que poseían condiciones de vida más seguras frente a
los demás tipos de trabajadores de las haciendas.
Al comenzar el siglo XX, la población rural del noroeste yucateco, peones y
vecinos de los pueblos, permanecía vinculada a las haciendas. Recibía un salario,
cultivaba en los montes privados y en épocas de escasez o sequías, compraban
maíz a bajo precio en la tienda de las haciendas. Desde nuestro punto de vista esta
continuidad en la forma de vida de la población vinculada a la agroindustria
henequenera es el fenómeno que enlazan los procesos agrarios de los siglos XIX y
XX. Después de que la Primera Guerra Mundial concluyera en 1918, la
agroindustria enfrentó un continuo deterioro debido a un mercado de fibras más
competido. Aún así, las exportaciones mantenían su importancia y preponderancia
en la economía local. Es en este contexto, el reparto agrario de los veintes no
violento la estructura agraria henequenera y las haciendas se mantuvieron intactas
al igual que su organización productiva.
Los cambios comenzaron en la década de 1930. Primero, la crisis de 1929
propició la caída dramática de las exportaciones de fibra, y la población de los
pueblos y las haciendas del noroeste henequenero inmediatamente la resintieron
mediante la falta de pago, los despidos masivos y el trabajo escaso. Segundo, en
1934 el gobierno federal expidió el código agrario que proponía una reforma
agraria por demás radical al afectar a los planteles de henequén para formar los
ejidos. De esta manera, las antiguas haciendas henequeneras como unidades
productivas que caracterizaba la estructura agraria y social llegaban a su final. En
esta coyuntura, la población del noroeste yucateco percibió y participó en el
reparto agrario de acuerdo a las condiciones de vida que mantenían antes y aún
268
durante la crisis. Por un lado, los peones de las fincas se opusieron a la afectación
de las haciendas y se negaban rotundamente a ser incluidos en los censos agrarios
porque con su desaparición de inmediato vendría la extinción de sus condiciones y
de sus antiguas prerrogativas. Los que residían en los pueblos, muchos de ellos
desempleados y despedidos de las fincas, vieron en el reparto de henequén la vía
para acceder al trabajo remunerado.
Un aspecto relevante de la participación de la población en el reparto
agrario es que no se distinguió por intentar recuperar los montes perdidos en el
siglo XIX, sino a continuar ligados al trabajo remunerado del henequén. Lo anterior
no quiere decir que la costumbre de desplazarse por el monte a cultivar, recolectar
leña y cazar haya desaparecido. Por el contrario, en la década de 1930 la gente que
residía en los pueblos y en las haciendas sorteó el desempleo y los bajos salarios
con sus milpas. El testimonio de don Eleuterio Pat vecino de la hacienda Pixyah es
elocuente. Entrevistado en la década de 1980 a la edad de 66 años, explicó que
desde niño trabajó junto a su padre, antiguo peón de la finca, en los planteles de
henequén, pero “le tocó una época difícil de franca decadencia de la hacienda”.
Como no había trabajo, él y su familia se dedicó “de manera más intensa a la
milpa”. En 1937 don Eleuterio quedó incluido en la sociedad de crédito ejidal,
cuando tenía 19 años de edad. En otro caso, don José Marcos Yam vecino del
pueblo de Chocholá trabajaba como jornalero eventual en San Antonio Chablé y
en algunas otras haciendas circunvecinas a Chocholá. Esta actividad la alternaba
con el cultivo de la milpa y la elaboración de carbón. Cuando se realizó el reparto
henequenero en 1937 él y su hijo de Hermenigildo de 17 años ingresaron a la
sociedad de crédito ejidal.1 El monte y la milpa no desaparecieron del noroeste
1Baños, Ejidos sin campesinos, 201-206.
269
henequenero. El milpero que comenzó a trabajar en la hacienda nunca dejó de
serlo, lo que cambio fueron las condiciones de tiempo y espacio para cultivar las
milpas, y las posibilidades de vivir únicamente de ella. El día de hoy aún se alterna
la milpa con otra actividad. Don Filiberto Cocom Bacab tiene 64 y vive en
Xmatkuil, ex–hacienda henequenera y comisaría de Mérida. En la década de 1960
don Filiberto trabajó cortando y sembrando henequén en Xmatkuil y cuando
quemaban el monte para cultivar el agave también quemaba monte para su milpa.
Actualmente don Filiberto combina su trabajo de intendente de una secundaria con
el cultivo de la milpa en San Esperanza y San Liborio, antiguos planteles de
henequén, ahora cubiertos por el monte.
SIGLAS Y ABREVIATURAS
AGEY Archivo General del Estado de Yucatán AGN Archivo General de la Nación de México AFPV Archivo Florencio Palomo Valencia, en Biblioteca Daniel Cosío
Villegas de El Colegio de México ATN Archivo de Terrenos Nacionales DO Diario Oficial DOEY Diario Oficial del estado de Yucatán DGG Dirección General de Gobierno MMOB Mapoteca ‚Manuel Orozco y Berra‛ PROHISPEN Pro historia peninsular, A.C. RAN-Mérida Registro agrario nacional-Mérida RHGGY Relaciones históricas-geográficas de la gobernación de Yucatán
BIBLIOGRAFÍA GENERAL
Aboites Aguilar, Luis
La revolución mexicana en Espita, Yucatán, 1910-1940. Microhistoria de la formación del Estado de la Revolución. Mérida, Maldonado Editores, 1985.
___________ Excepciones y privilegios. Modernización tributaria y centralización en México, 1922-1972. México, El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, 2003.
Álvarez, Cristina
Diccionario etnolingüístico del idioma yucateco colonial. México, Universidad Nacional Autónoma de México, II volúmenes, 1984.
Ancona, Eligio
Colección de leyes, decretos, órdenes y demás disposiciones de tendencia general, expedidas por el poder legislativo del estado de Yucatán formada con autorización del gobierno. Tomo II (que comprende las disposiciones legislativas desde 3 de octubre de 1858 hasta 17 de julio de 1862). Mérida, Imprenta de ‚El eco del comercio‛, 1883.
______________
271
Colección de leyes, decretos, órdenes y demás disposiciones de tendencia general, expedidas por el poder legislativo del estado de Yucatán formada con autorización del gobierno. Tomo III (que comprende las disposiciones legislativas desde 23 de agosto de 1862 hasta 31 de diciembre de 1869) Mérida, Imprenta de ‚El eco del comercio‛, 1884.
______________
Colección de leyes, decretos, órdenes y demás disposiciones de tendencia general, expedidas por el poder legislativo del estado de Yucatán desde 1851 hasta la presente época. Tomo V (que comprende desde enero de 1874 hasta diciembre de 1879) Mérida, Yucatán, Mérida, Tipografía de Gil Canto, 1886.
______________
Colección de leyes, decretos, órdenes y demás disposiciones de tendencia general, expedidas por el poder legislativo del estado de Yucatán desde 1851 hasta la presente época formada con autorización del gobierno. Tomo VI (que comprende desde enero de 1880 hasta diciembre de 1885) Mérida, Tipografía de Gil Canto, 1887.
______________
Colección de leyes, decretos, órdenes y demás disposiciones de tendencia general, expedidas por el poder legislativo del Estado de Yucatán desde 1851 hasta la presente época formada con autorización del gobierno. Tomo VII (que comprende desde enero de 1886 hasta diciembre de 1887) Mérida, Tipografía de Gil Canto, 1888.
Arenal Fenocchio, Jaime del ‚El discurso en torno a la ley: el agotamiento de lo privado como fuente del derecho en el México del siglo XIX‛, en Connaughton, Illades y Pérez Toledo (coordinadores), pp. 303-322.
Askinasy, Siegfried
El problema agrario de Yucatán. México, Ediciones Botas, 1936. Asociación defensora de la industria henequenera
El problema ejidal en la zona henequenera de Yucatán. México, D.F. s.p.i., 1936. Aznar Mendoza, Enrique
272
‚Historia de la industria henequenera desde 1919 hasta nuestros días‛, en Enciclopedia yucatanense, tomo III, pp. 727-787.
Aznar Pérez, Alonso
Colección de leyes, decretos, órdenes o acuerdos de tendencia general, del poder legislativo del estado libre y soberano de Yucatán. Tomo II (que comprende todas las disposiciones legislativas, desde 1 de enero de 1841, hasta el 31 de diciembre de 1845) Mérida, Imprenta del editor, 1850.
Baqueiro Preve, Serapio
Reseña geográfica, histórica y estadística del estado de Yucatán desde los primitivos tiempos de la península. Mérida, Imprenta de Francisco Díaz de León, 1881.
Barrera, A. A. Gómez-Pompa y C. Vázquez-Yánes
‚El manejo de las selvas por los mayas: sus implicaciones silvícolas y agrícolas‛, en Biótica, vol. 2, num. 2, 1977, pp. 47-60.
Barrera Vásquez, Alfredo, et al. Diccionario maya Cordemex. Mérida, Ediciones Cordemex, 1980. Baños Ramírez, Othón
Yucatán: ejidos sin campesinos. Mérida, Ediciones de la Universidad Autónoma de Yucatán, 1989.
Bellingeri Marco ‚La racionalidad esclavista de la producción henequenera en Yucat{n (1880-1914)‛, en Carmagnani, Hernández Chávez y Romano (coordinadores), III, pp. 221-282.
Betancourt Pérez, Antonio
Revoluciones y crisis en la economía de Yucatán. México, Maldonado Editores (Colección Historia y Sociedad), 1986.
Bracamonte y Sosa, Pedro
Amos y sirvientes. Las haciendas de Yucatán, 1789-1860. Mérida, Yucatán, México, Universidad Autónoma de Yucatán, 1993.
____________
273
La memoria enclaustrada. Historia indígena de Yucatán, 1750-1915. México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Instituto de Cultura de Yucatán-Instituto Nacional Indigenista, 1994.
____________ Los mayas y la tierra. La propiedad indígena en el Yucatán colonial. México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Instituto de Cultura de Yucatán-Miguel Ángel Porrúa, librero-editor, 2003.
___________ y Gabriela Solís
Espacios mayas de autonomía. El pacto colonial en Yucatán. México, Universidad Autónoma de Yucatán-Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, 1996.
Boletín de Estadística
Boletín de Estadística. Órgano de la sección de este ramo de la secretaría general de Gobierno. XX volúmenes (correspondientes a los años 1884-1914)
Bolio A. José A.
Manual práctico del henequén, su cultivo y explotación. Obra escrita por José A. Bolio A. antiguo administrador de fincas rústicas, quien le dedica especialmente a los hacendados henequeneros, a los personeros, mayordomos y, en general, a los agricultores yucatecos. Mérida, Yucatán Imprenta de la empresa editorial católica, S.A., 1914.
Brondino, Laura
‚Colocar la pieza de una m{quina‛. La jefatura política en las din{micas del poder en el Yucatán porfiriano‛, en Quezada y Ortiz Yam (coordinadores), pp. 275-304.
Camacho Pichardo, Gloria
‚Desamortización y reforma agraria: los pueblos del sur del valle de Toluca, 1856-1930‛. México, El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, Tesis de doctorado, 2006.
Cámara Zavala, Gonzalo
‚Historia de la industria henequenera hasta 1919‛, en Enciclopedia Yucatanense, tomo III, pp. 657-725.
Canto Chan, Víctor Manuel
274
Los trabajadores mayas de una ex-hacienda henequenera: el ejido de Ya’axcopoil, Umán, Yucatán. Etnolingüística, 25, México, Secretaria de Educación Pública, 1982.
Canto Sáenz, Rodolfo
Del henequén a las maquiladoras. La política industrial en Yucatán, 1984-2001. México, Instituto Nacional de Administración Pública-Universidad Autónoma de Yucatán, 2001.
Cárdenas, Enrique
La hacienda pública y la política económica, 1920-1958. México, El Colegio de México, Fideicomiso Historia de las Américas, Fondo de Cultura Económica, 1994.
___________ La industrialización mexicana durante la gran depresión. México, El Colegio de México, 1995.
Carmagnani, Marcello
‚Del territorio a la región. Líneas de un proceso en la primera mitad del siglo XIX‛, en Hernández Chávez y Miño Grijalva (coordinadores), vol. 2, pp. 222-228.
____________ (coordinador) Federalismos latinoamericanos: México/Brasil/Argentina. México, El Colegio de México-Fideicomiso Historia de las Américas-Fondo de Cultura Económica, México, 1996.
____________ ‚El federalismo liberal mexicano‛, en Carmagnani (coordinador), pp. 135-179.
____________ y Alicia Hernández Chávez y Ruggiero Romano (coordinadores), Para una historia de América. III. Los nudos 2. México. El Colegio de México-Fideicomiso Historia de las Américas-Fondo de Cultura Económica, 1999.
Casares G. Cantón, Raúl
Yucatán en el tiempo. Enciclopedia alfabética. Mérida, Gobierno del Estado, VI Vols. 1998.
Castañeda González, Rocío
275
‚La reforma agraria en San Luis Potosí. Revisión historiogr{fica y propuesta metodológica‛, en Escobar Ohmstede, Sánchez y Gutiérrez Rivas (coordinadores), vol. II, pp. 423-349.
Censo de población de 1895
Censo general de la república mexicana. Verificado el 20 de octubre de 1895. Censo del estado de Yucatán. México, Ministerio de Fomento, Dirección general de estadística a cargo del Dr. Antonio Peñafiel. México, Oficina tipográfica de la Secretaría de Fomento, 1897.
Censo de población de 1900
División territorial de la República Mexicana formada con los datos del censo verificado el 28 de octubre de 1900. Estado de Yucatán. Secretaría de Fomento, Colonización e Industria. México, Dirección General de Estadística a cargo del Dr. Antonio Peñafiel, 1905.
Censo de población de 1910
División territorial de los Estados Unidos Mexicanos correspondiente al Censo de 1910. Estado de Yucatán. México, Secretaría de Agricultura y Fomento, 1918.
Censo de población de 1921
Censo general de habitantes. 30 de noviembre de 1921. Estado de Yucatán. Departamento de Estadística Nacional. México, Talleres Gráficos de la Nación, 1928.
Censo de población de 1930
Quinto censo de población. 15 de mayo de 1930. Estado de Yucatán. México, Dirección General de Estadística, 1935.
Censo de población de 1940
Estados Unidos Mexicanos. 6º Censo de población 1940. Yucatán. México, Secretaría de la economía nacional-Dirección general de estadística, 1943.
Cerutti, Mario (coordinador)
De los borbones a la revolución. Ocho estudios regionales. México, GV editores, Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, A. C. , Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 1986.
276
Charnay, Desiré Viaje a Yucatán a fines de 1886. Relación escrita con el título "Ma derniére expedition au Yucatan". Mérida, Talleres gráficos Guerra, 1933.
Cirerol, Manuel
Expediente de la visita oficial del estado hecha por el C. Licenciado Manuel Cirerol, vicegobernador constitucional del mismo en cumplimiento del artículo 56 de la Constitución Política de Yucatán. Mérida, Imprenta del Gobierno en Palacio a cargo de Manuel Heredia Argüelles, 1870.
Código de procedimientos civiles
Código de procedimientos civiles para el Estado de Yucatán con todas las adiciones y reformas decretadas. Mérida, Imprenta del Eco del comercio, 1886.
Colección de leyes
Colección de leyes decretos, órdenes y demás disposiciones de tendencia general expedidas por el poder legislativo del estado de Yucatán: formada con autorización del gobierno. Tomo IV (que comprende las disposiciones legislativas desde 1 de enero de 1870 hasta 31 de diciembre de 1873), Mérida, Imprenta El Eco del Comercio, 1885.
Connaughton, Brian, Carlos Illades y Sonia Pérez Toledo (coordinadores)
Construcción de la legitimidad política en México en el siglo XIX. México. El Colegio de Michoacán, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Históricas, El Colegio de México, 1999.
Cuadros Caldas, Julio
Catecismo Agrario. Reedición de la sexta, publicada en 1932, con un estudio introductorio de Guillermo Palacios. Colección agraria. Registro Agrario Nacional, Archivo General Agrario, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 1999.
Duch Garay, Jorge
‚Los suelos, la agricultura y vegetación en Yucat{n‛, en Hern{ndez Xocolotzi, Bello Baltazar y Levy Tacher, (compiladores), tomo 1, pp. 97-107.
Eckstein, Salomón
277
El ejido colectivo en México. México, Fondo de Cultura Económica, 1966. Enciclopedia Yucatanense
Enciclopedia Yucatanense. 2ª. Edición, México, Edición oficial del Gobierno de Yucatán, 1977.
Escárcega López, Everardo (coordinador)
Historia de la cuestión agraria mexicana. 5. El cardenismo: un parteaguas histórico en el proceso agrario nacional 1934-1940 (primera parte). México, Siglo XXI editores-Centro de Estudios Históricos del agrarismo en México, 1990.
Escobar Ohmstede, Antonio, Martín Sánchez y Ana Ma. Gutiérrez Rivas (coordinadores)
Agua y tierra en México, siglos XIX y XX. México, El Colegio de Michoacán-El Colegio de San Luis, II volúmenes, 2008.
Escobar Toledo, Saúl
‚La ruptura cardenista‛, en Esc{rcega López (coordinador), tomo 5, pp. 9-38.
Escriche, Joaquín
Diccionario razonado de legislación civil, penal, comercial y forense. México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Universidad Nacional Autónoma de México- Miguel Ángel Porrúa-Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri, 1993.
Fabila, Manuel
Cinco siglos de legislación agraria en México, 1493-1940. México, Banco Nacional de Crédito Agrícola, S. A. 1941.
Falcón, Romana
‚El surgimiento del agrarismo cardenista – Una revisión de las tesis populistas‛ en Historia Mexicana, XXVII: 3 [107] (enero-marzo 1978), pp. 333-386.
__________ ‚Poderes y razones de las jefaturas políticas: Coahuila en el primer siglo de vida independiente‛, en Rodríguez, pp. 137-162.
278
__________ (coordinadora) Culturas de pobreza y resistencia. Estudios de marginados, proscritos y descontentos. México, 1804-1910. México, El Colegio de México-Universidad Autónoma de Querétaro, 2005.
Fallow, Ben
Cárdenas Compromised. The Failure of Reform in Postrevolutionary Yucatán. Durham and London, Duke University Press, 2001.
Farriss, Nancy M.
‚Nucleation versus Dispersal: The Dynamics of Population Movement in Colonial Yucat{n‛, en Hispanic American Historical Review, 58 (1978), pp. 187-216.
____________ ‚Propiedades territoriales en Yucat{n en la época colonial. Algunas observaciones acerca de la pobreza española y la autonomía indígena‛, en Historia Mexicana, XXX: 2 [118] (octubre-diciembre 1980), pp. 153-208.
____________
La sociedad maya bajo el dominio colonial. La empresa colectiva de la supervivencia. Madrid, Alianza editorial, 1992.
Flores, Jorge
‚La vida rural en Yucat{n en 1914‛ en Historia mexicana, X: 3 [39] (enero-marzo 1961), pp. 470-483.
Flores Torres, Jorge
Los mayas yucatecos y el control cultural. Etnotecnología, mayaeconomía y pensamiento político de los pueblos centro-orientales de Yucatán. México, Universidad Autónoma Chapingo-Universidad Autónoma de Yucatán, 1997.
Fraser, Donald J.
‚La política de desamortización en las comunidades indígenas, 1856-1872‛, en Historia Mexicana, XXI: 4 [84] (abril-junio 1972) pp. 615-651.
García Cantón, Alberto
279
Memorias de un ex–hacendado henequenero. Mérida, Díaz Massa Talleres de Impresión, 1965.
___________
De mi archivo. Memorias y artículos para la prensa. Tomo II, Mérida, México, Díaz Massa Offsett de Yucatán, 1973.
García Martínez, Bernardo
‚Jurisdicción y propiedad: una distinción fundamental en la historia de los pueblos de indios del México colonial‛, en Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, 53, pp. 47-60.
García Quintanilla, Alejandra
Los tiempos en Yucatán. Los hombres, las mujeres y la naturaleza (siglo XIX). México, Departamento de Estudios Económicos y Sociales del Centro de Investigaciones Regionales ‚Dr. Hideyo Noguchi‛, Universidad Autónoma de Yucatán-Claves Latinoamericanas, 1986.
___________
‚El dilema de Ah kimsah k’ax, ‘el que manta al monte’: significados del monte entre los mayas milperos de Yucat{n‛, en Mesoamérica, Año 21, Núm. 39, junio 2000, CIRMA- La antigua Guatemala, pp. 256-285.
___________ y Raúl Murguía
‚El ejidatario henequenero, la tierra y sus dueños en Yucat{n‛, en Cerutti (coordinador), pp. 91-119.
Garriga, Carlos
‚Orden jurídico y poder político en el Antiguo Régimen‛ en Istor, IV: 16 (primavera 2004), pp. 13-44.
González Navarro, Moisés
Raza y tierra. La guerra de castas y el henequén. México, El Colegio de México, 1979.
Guerra, Francisco Xavier
México. Del antiguo régimen a la revolución. México, Fondo de Cultura Económica, 2 Tomos, 1998.
280
Güémez Pineda, Arturo
Liberalismo en tierras del caminante. Yucatán, 1812-1840. México, El Colegio de Michoacán, 1994.
____________
‚El poder de los cabildos mayas y la venta de propiedades privadas a través del tribunal de indios. Yucatán (1750-1821)‛, en Historia Mexicana, LIV: 3 [211] (enero-marzo 2004), pp. 697-760.
____________
Mayas, gobierno y tierras frente a la acometida liberal en Yucatán, 1812-1847. México, El Colegio de Michoacán-Universidad Autónoma de Yucatán, 2005.
Hernández Chávez, Alicia
La tradición republicana del buen gobierno. México, El Colegio de México, Fideicomiso de las Américas-Fondo de Cultura Económica, 1993.
_____________ ‚Las tensiones internas del federalismo mexicano‛, en Hernández Chávez (coordinadora), pp. 15-33.
________________ (coordinadora)
¿Hacia un nuevo federalismo? México, El Colegio de México-Fideicomiso Historia de las Américas-Fondo de Cultura Económica, 1996.
_____________ ‚Federalismo y gobernabilidad en México‛, en Carmagnani (coordinador), 1996, pp. 263-299.
___________ y Manuel Miño Grijalva (coordinadores)
Cincuenta años de historia en México. México, El Colegio de México, 2 volúmenes, 1993.
Hernández Xocolotzi, Efraím y Rafael Padilla y Ortega (Editores)
Seminario sobre producción agrícola en Yucatán. Mérida, Yucatán, Gobierno del Estado de Yucatán-Secretaría de Programación y Presupuesto-Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos-Colegio de Postgraduados-Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos-Colegio de Postgraduados en Chapingo, 1980.
281
___________, Eduardo Bello Baltasar y Samuel Levy Tacher (compiladores)
La milpa en Yucatán: un sistema de producción agrícola tradicional. Texcoco, Colegio de Postgraduados, 2 Tomos, 1995.
_____________ ‚La roza-tumba-quema en Yucat{n‛, en Hernández Xocolotzi, Bello Baltazar y Levy Tacher, (compiladores), tomo 1, pp. 35-86.
Hernández Xolocotzi, Efraím
‚Racionalidad tecnológica del sistema de producción agrícola de roza-tumba-quema en Yucat{n‛, en Zizumbo Villareal, Rasmussen, Arias Reyes y Terán Contreras (editores), pp. 187- 193.
Hobsbawm, Eric
Historia del siglo XX, 1914-1991. Barcelona, Crítica, 2003.
IIIsley Granich, Catarina ‚Vegetación y milpa en el ejido de Yaxcab{, Yucat{n‛, en Hernández Xocolotzi, Bello Baltazar y Levy Tacher, (compiladores), tomo 1, pp. 129-148.
Jáber, Eva Rosa Los ejidatarios de Espita. Reporte de investigación. México, División de ciencias sociales y humanidades, Departamento de Antropología, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 1980.
Joseph, Gilbert M.
Revolución desde afuera. Yucatán, México y los Estados Unidos, 1880-1924. México, Fondo de Cultura Económica, 1992.
Kaerger, Karl
Agricultura y colonización en México en 1900. Traducción de Pedro Lewin y Gudrun Dormann. Universidad Autónoma de Chapingo-Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 1986.
_____________
‚El cultivo del agave de sisal (13 de marzo de 1900), en Kaeger, pp 23-39. Katz, Friedrich (compilador)
282
Revuelta, rebelión y revolución. La lucha rural en México del siglo XVI al siglo XX. México, Ediciones Era, 1990.
___________ y Jane Dale Lloyd (coordinadores)
Porfirio Díaz frente al descontento popular regional (1891-1893). México, Universidad Iberoamericana, 1986.
Knight, Alan ‚Mexican Peonage: What Was It and Why Was It?‛, en Journal Latin American Study, 18, pp. 18-41.
Kuntz Ficker, Sandra
El comercio exterior de México en la era del capitalismo liberal, 1870-1929. México, El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, 2007.
Landa, Fray Diego de
Relación de las cosas de Yucatán. México, Editorial Porrúa, S.A, 1986. López Cogolludo, Diego
Historia de Yucatán, 5ª. De. Facsimilar, México, Academia Literaria (Colección de grandes obras mexicanas, 3) 1957.
Luna Argudín, María
El congreso y la política mexicana (1857-1911). México, El Colegio de México-Fideicomiso Historia de las Américas-Fondo de Cultura Económica, 2006.
Macías Zapata, Gabriel Aarón
‚Baldíos con dueño. El proceso de reconocimiento de ejidos indígenas en Yucat{n, 1870‛, en IV Congreso Internacional de Mayistas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2003, pp. 179-184.
Marino, Daniela
‚La modernidad a juicio: pelitos por la tierra y la identidad comunal en el Estado de México (municipalidad de Huixquilucan, 1856-1900)‛ en Falcón (coordinadora), pp. 237-264.
____________
283
‚Ahora que dios no ha dado padre *…+ el segundo imperio y la cultura jurídica campesina en el centro de México‛, en Historia Mexicana, LV: 4 [220] (abril-junio 2006), pp. 1353-1410.
____________ ‚La modernidad a juicio: los pueblos Huixquilucan en la transición jurídica (Estado de México, 1856-1911)‛. México, El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, Tesis de doctorado, 2006.
Memoria histórica
Memoria histórica de los henequeneros yucatecos. México, Unidad Regional Yucatán de Culturas Populares-Dirección General de Culturas Populares, 1992.
Menegus Bornemann, Margarita (introducción y selección)
Problemas agrarios y propiedad en México, siglos XVIII-XIX. México, El Colegio de México, (Lecturas de Historia Mexicana, 11), 1995.
____________ y Salvador Rodolfo Aguirre (coordinadores)
El cacicazgo en Nueva España y Filipinas. México, Centro de Estudios sobre la Universidad, Universidad Nacional Autónoma de México-Plaza y Valdés, S.A. de C.V., 2005.
Mesa Andraca, Manuel
‚El problema agrario mexicano‛ en Problemas agrícolas e industriales de México. México, tomo I, año 1946, pp. 5-48.
_____________ ‚La situación henequenera en Yucat{n‛ en Problemas agrícolas e industriales de México. México, vol. II, num. 2, abril-junio 1955, pp. 283-806.
Millán, Saúl y Julieta Valle (Coordinadores)
La comunidad sin límites. Estructura social y organización comunitaria en las regiones indígenas de México. México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2003.
Molina Font, Gustavo
El problema agrario en la zona henequenera de Yucatán. México, Unión de productores henequeneros y la liga de pequeños y medianos productores de henequén, 1934.
284
_____________ La tragedia de Yucatán. Prólogo por el Lic. D. Luis Cabrera. México, Revista de derecho y ciencias sociales, 1941.
Nickel, Herbert J.
‚Los trabajadores agrícolas en la revolución mexicana (1910-1940): algunas hipótesis y datos sobre la participación y la no participación en los altos de Puebla-Tlaxcala‛, en Katz (compilador), pp. 336-370.
_____________ ‚Las deudas de los sirvientes en las haciendas henequeneras de Yucatán. Datos empíricos, constructos y su uso instrumental‛, en Jahrbuch Für Geschichte Lateinamerikas. Band 33, Böhlau verlag köln Weimar wien, 1996.
____________ El peonaje en las haciendas mexicanas. Interpretaciones, fuentes, hallazgos. México, Arnold Bergstraesser Institut/Alemania-Universidad Iberoamericana, A.C., 1997.
Ochoa, Lorenzo (editor)
Conquista y transculturación y mestizaje. Raíz y origen de México, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Antropológicas, 1995.
Okoshi Harada, Tsubasa
‚Tenencia de la tierra entre los mayas yucateco‛, en Ochoa (editor), pp. 83-94.
Orosa Díaz, Jaime
Legislación henequenera en Yucatán (1833-1955). Mérida, Yucatán, Universidad de Yucatán, IV tomos, 1961.
Orozco, Wistano Luis
Legislación y jurisprudencia sobre terrenos baldíos. México, Imprenta de El Tiempo, 2 tomos, 1895.
Ortiz Yam, Inés
‚Comunidad, mulmenyah y patrimonio colectivo en Yucat{n, siglo XVI‛ en Temas Antropológicos. Revista científica de investigaciones regionales. Vol. 23, num 2, septiembre de 2001, pp. 213-232.
285
Patch, Robert W.
Maya and Spaniard in Yucatan, 1648-1812. Standford, California, Standford University Press, 1993.
Palomo Valencia, Florencio
Los ejidos de Yucatán y el henequén. Prólogo del licenciado Andrés Molina Enríquez. México, Librería de Pedro Robredo, esquina Argentina y Guatemala, 1934.
Paoli Francisco y Enrique Montalvo
El socialismo olvidado de Yucatán (Elementos para una interpretación de la Revolución Mexicana). México, Siglo XXI, 1980.
Patrón Cervera, José
El cultivo y explotación del henequén en las regiones de África y Java. Importante Informe del Sr. José Patrón Cervera, empleado de Henequeneros de Yucatán, S.C. de R.L. en la oficina de New York. Mérida, Talleres de la compañía tipográfica yucateca, S.A., 1929.
Pérez Peniche, Rodolfo
Reseña histórica de la administración del C. Coronel Daniel Traconis, gobernador constitucional del estado de Yucatán, escrita por el Lic. Rodolfo S. Pérez Peniche. Mérida, Yucat{n, Imprenta ‚Gamboa Guzm{n‛, 1893.
Pérez, Maya Lorena
‚Organización del trabajo y toma de decisiones en la familia campesina milpero‛, en Hern{ndez y Padilla (editores), pp. 425-474.
Peset, Mariano y Margarita Menegus Bornemann
‚Rey propietario o rey soberano‛, en Historia Mexicana, XLIII: 4, [172] (abril-junio 1994), pp. 563-599.
Pipes, Richard
Propiedad y libertad. Dos conceptos inseparables a lo largo de la historia. México, Tuner-Fondo de Cultura Económica, 1999.
Ponce y Font, Bernardo
286
Informe en estrados y sentencia en el interdicto de recuperar la posesión de unos terrenos de la finca Pibtuch promovido por un grupo de vecinos de Cacalchén, Mérida, Imprenta Gamboa Guzmán, 1891.
_____________
Los títulos de propiedad de tierras. Mérida, Yucat{n, Imprenta de ‚La revista de Mérida‛, 1896.
Quezada, Sergio
Pueblos y caciques yucatecos, 1550-1580. México, El Colegio de México, 1993. _____________
‚El cacique yucateco: un señorío sin territorio (siglo XVI)‛ en Menegus Bornemann y Aguirre (coordinadores), 2005, pp. 71-85.
____________ e Inés Ortiz Yam (coordinadores)
Yucatán en la ruta del liberalismo mexicano, siglo XIX. Mérida, Yucatán, Universidad Autónoma de Yucatán, 2008.
Quintal Avilés, Ella Fanny, et al.
‚Solares, rumbos y pueblos: organización social de los mayas peninsulares‛, en Millán y Valle (coordinadores), vol. I, pp. 293-399.
Rejón, Antonio G.
Censo general de 1862, en Rejón. Rejón, Antonio G.
Documentos justificativos de la Memoria que el C. Antonio G. Rejón presentó a la legislatura de Yucatán como secretario general del gobierno del estado en 8 de septiembre de 1862. Mérida, Imprenta de José Dolores Espinosa, 1862.
Reglamentación de la ley agraria
Reglamentación de la ley agraria. Mérida, Gobierno del estado de Yucatán-Imprenta y Linot de ‚La voz de la revolución‛, 1915.
287
Relaciones histórico-geográficas
Relaciones histórico-geográficas de la gobernación de Yucatán. México, Universidad Nacional Autónoma de México, II volúmenes, 1982.
Reynolds, Clark W.
La economía mexicana. Su estructura y crecimiento en el siglo XX. México, Fondo de Cultura Económica, 1970.
Rodríguez, Jaime
The Evolution of the Mexican Political System. California, The Regents of the University of California, 1993.
Rodríguez Losa, Salvador
Geografía política de Yucatán II. División territorial, gobierno de los pueblos y población 1821-1900. México, Universidad Autónoma de Yucatán, 1989.
Rosado, Octavio
Memoria que presentó el ciudadano gobernador del estado de Yucatán, Octavio Rosado, a la honorable legislatura, 1884, Mérida, Imprenta de Echánove y López, 1884.
_____________ Memoria leída por el ciudadano gobernador del estado libre y soberano de Yucatán general Octavio Rosado, en la solemne instalación de la décima legislatura constitucional, verificada el 1 de enero de 1885, Mérida, Imprenta de ‚El eco del comercio‛, 1885.
Rosales González, Margarita
Oxkutzcab, Yucatán, 1900-1960. Campesinos, cambio agrícola y mercado. México, Centro Regional de Yucatán, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1988.
Roys, Ralph L.
The Titles of Ebtun. Washington, Carnegie Institution, 1939.
Sabido Méndez, Arcadio Los hombres del poder. Monopolios, oligarquía y riqueza. Yucatán: 1880-1990. Mérida, Ediciones de la Universidad Autónoma de Yucatán, 1995.
288
Sánchez de Aguilar, Pedro
Informe contra idolorum cultores del obispado de Yucatán. Mérida, E.G. Triay e hijos, 1937.
Savarino Roggero, Franco
Pueblos y nacionalismo, del régimen oligárquico a la sociedad de masas en Yucatán, 1894-1925. México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1997.
Serna, Ana María
‚Los límites a la reforma agraria. Petróleo y tenencia de la tierra en el norte de Veracruz‛, en Escobar Ohmstede, Sánchez y Gutiérrez Rivas (coordinadores), 2008, II, pp. 401-421.
Simpson, Eyler
‚El ejido: única salida para México‛, en Problemas agrícolas e industriales de México, vol. IV, num. 4, octubre-diciembre, 1952, pp. 15-286.
Soberón Martínez, Oscar
La industria henequenera en Yucatán. Los costos de desfibración. México, Centro de Investigaciones Agrarias, 1959.
Soler Dos Santos, Leticia ‚El levantamiento indígena de Maxcanú, Yucatán, 1891-1892‛, en Katz y Lloyd (coordinadores), 1986, pp 185-222.
Suárez Molina, Víctor La evolución económica de Yucatán, a través del siglo XIX. México, Ediciones de la Universidad de Yucatán, 2 Tomos, 1977.
Tapia, Carlos Enrique
La organización política indígena en el Yucatán independiente, 1821-1847. Tesis de licenciatura. Mérida, Yucatán, México, Universidad Autónoma de Yucatán, Escuela de Ciencias Antropológicas, 1985.
Tena Ramírez, Felipe
Leyes fundamentales de México, 1808-2002. México, Editorial Porrúa, 2002.
289
Tannenbaum, Frank
‚La revolución agraria mexicana‛, en Problemas agrícolas e industriales de México, vol. IV, tomo 2, 1952, pp. 9-169.
Terán, Silvia y Christian H. Rasmussen
La milpa de los mayas. La agricultura de los mayas prehispánicos y actuales en el noroeste de Yucatán. Mérida, Gobierno del Estado de Yucatán- DANIDA, 1994.
Textos: Constitución Política
Textos: Constitución Política del estado, Ley Constitucional para el gobierno interior de los pueblos, Ley Orgánica de los Tribunales, Ley Orgánica del Ministerio Público, Reglamento de la Ley Orgánica de Tribunales. Mérida de Yucatán, Gobierno del estado de Yucatán-Imprenta de la Lotería del Estado, 1906.
Thompson, Philip C .
Tekanto, A Maya Town in Colonial Yucatán. Tulane University, New Orleans, Middle American Research Institute, Publication 67, 1999.
Torre, Manuel A.
Miseria y hambre. Mérida, Yucatán, Imprenta Universal, 1920. Tutino, John
De la insurrección a la revolución en México. Las bases sociales de la violencia agraria, 1750-1940. México, Ediciones Era, 1990.
Vidal Rivero, Miguel
Los ferrocarriles de Yucatán a la luz de la historia. Mérida, Yucatán, Zamná, 1975.
Villanueva Mukul, Eric
Así tomamos las tierras. Henequén y haciendas en Yucatán durante el porfiriato. Yucatán, México, Maldonado Editores-Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1984.
___________
290
El henequén en Yucatán. Industria, mercados y campesinos. México, Maldonado Editores-Cultur-servicios-Instituto Nacional de Antropología e Historia-CEDRAC, 1990.
Villa Rojas, Alfonso
Estudios etnológicos. Los mayas. México, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Antropológicas (serie Antropológica: 3), 1985.
__________ ‚La tenencia de la tierra entre los mayas de la antigüedad‛, en Villa Rojas, Estudios etnológicos, pp. 23-45. Vos, Jan de
‚Una legislación de graves consecuencias. El acaparamiento de tierras baldías en México, con el pretexto de colonización, 1821-1910‛ en Menegus Bornemann (Introducción y selección), 1995, pp. 227-264.
Weyl, Nathaniel y Silvia
‚La reconquista de México― Los días de L{zaro C{rdenas‛, en Problemas agrícolas e industriales de México, VII: 4 (octubre-diciembre), pp. 117-334.
Yucatán a través de sus constituciones Yucatán a través de sus constituciones. Leyes fundamentales, 1823-1918. Mérida, Yucatán, LI Legislatura del H. Congreso Constitucional del estado libre y soberano de Yucatán, Comisión editorial, 1988-1990.
Zizumbo Villareal Daniel, Christian H. Rasmussen; Luis Manuel Arias Reyes y Silvia Terán Contreras (editores)
La modernización de la milpa en Yucatán: utopía o realidad. México, Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán, 1996.
Zuleta, María Cecilia
De cultivos y contribuciones. Agricultura y hacienda estatal en México en la “época de la prosperidad”. Morelos y Yucatán, 1870-1910. México, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, Departamento de filosofía, 2006.