345.05-s623-sistemas penitenciarios y alternativas a la prision en america latina y el caribe
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SISTEMAS PENITENCIARIOS Y ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
ILANUD
Presentación: E. R. ZAFFARONI
PARTE PRIMERA:
SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS PENITENCIARIAS
EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE.
NECESIDAD DE ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN
Elías Carranza
PARTE SEGUNDA:
PANORAMA DE LAS ALTERNATIVAS
A LA PRISIÓN EN AMÉRICA LATINA
(Países de sistema penal de herencia continental-europea)
Luis Rodríguez Manzanera
PARTE TERCERA: PANORAMA DE LAS ALTERNATIVAS
A LA PRISIÓN EN EL CARIBE
(Países de sistema penal de herencia anglosajona)
Nicholas J 0. Liverpool
PARTE CUARTA:
LA EXCARCELACIÓN BAJO CAUCIÓN JURATORIA
COMO UNA DE LAS ALTERNATIVAS PARA REDUCIR
EL NÚMERO DE PRESOS SIN CONDENA
(Investigación experimental)
Elías Carranza, Mario Houed y Luis Paulino Mora
(SEGUIMIENTO DE CASOS: Víctor Dobles)
Procesamiento ESTADISTICO: Juan B. Chavarría)
ELIAS CARRANZA, MARIO HOUED,
NICHOLAS J. O. LIVERPOOL, LUIS P. MORA,
LUIS RODRÍGUEZ MANZANERA
Sistemas penitenciarios y alternativas a la prisión en América Latina y el Caribe
Este trabajo fue posible gracias al
apoyo del
Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo PNUD (Proyecto
RLA/88/001/D/
01/01 “Apoyo al sistema de justicia
y derechos humanos para el
desarrollo”) y de la
Universidad de West Indies UWI.
ISBN 950-14-0630-X
EDICIONES DEPALMA BUENOS AIRES
1992
PRESENTACIÓN
Los cambios se gestan en extensos períodos, pero se hacen manifiestos
en cierto momento. Siempre hay quienes los detectan y los anuncian
tempranamente, ante el escepticismo general. Hado o ley, lo cierto es que la
sentencia de John Stuart Mill sigue cumpliéndose inexorablemente: todos los
grandes movimientos pasan a través de tres estadios, que son el ridículo, la
discusión y la aceptación.
El movimiento de reducción de la prisonización pasó hace tiempo el
primer estadio y se mueve entre el segundo y el tercero. No podía ser de otro modo:
la revolución tecnológica no puede continuar con la pena de la revolución industrial
(y nadie puede asegurar que lo vaya a hacer con el mismo sistema penal). Sería
contrario a todo lo que nos enseña la historia, aunque, por supuesto, en la
democracia cada quien tiene el más sagrado derecho a expresar los contrasentidos
que quiera, pero defender el derecho a la incoherencia no significa compartirla.
Este trabajo tiene el gran mérito de constituir un balance de las alternativas
y de su estado actual en la región. No tenemos dudas de que la tarea más inmediata
y urgente es profundizar y ampliar esta senda y reducir drásticamente el número de
presos en América Latina. Las tasas a mortalidad carcelaria hacen de la prisión una
pena (a veces ni siquiera formal) de muerte por azar. Las reducciones
presupuestarias hacen difícilmente reconocibles como prisiones algunos
establecimientos, que se convierten en "ghettos” o que son sostenidos por ciertos
huéspedes excepcionales con poder económico, Se requiere sinceridad,
racionalidad y, especialmente, honestidad, en sistemas que por estas vías van
profundizando su corrupción.
Éste es el desafío que tenemos ante nosotros: evitar muertes, totalmente
inútiles, y dotar de un mínimo de racionalidad a un poder punitivo que cada día
parece más alejado de los grandes cambios del final del segundo milenio.
EUGENIO RAÚL ZAFFARONI.
Buenos Aires, Navidad de 1991.
ÍNDICE
Presentación: E. R. ZAFFARONI
PARTE PRIMERA
SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS PENITENCIARIAS EN
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. NECESIDAD DE AL-
TERNATIVAS A LA PRISIÓN
PARTE SEGUNDA
PANORAMA DE LAS ALTERNATIVAS A LA PRISION EN AMÉRICA LATINA
(Países de sistema penal de herencia
continental-europea)
I. La prisión en América Latina
I.1. Introducción
I.2. La prisión como pena en América Latina
I.3. La prisión preventiva en América Latina
II. Transformación y alternativas
II.1. La individualización
A) Legislativamente
B) Judicialmente
O) Administrativamente
II.2. La situación jurídica
II.3. La institución de tratamiento
II.4. Diversificación de la prisión
II.5. La prisión abierta
II.6. La colonia penal
II.7. La evaluación III. Alternativas con control y supervisión
III.1. Introducción
III.2. La condena condicional
111.2.1. Concepto
111.2.2. Antecedentes
111.2.3. Condiciones
III.3. La “probation”
III.4. Libertad condicional
III.5. La “parole”
III.6. Servicio a la comunidad
III.7. Trabajo obligatorio
III.8. Medidas terapéuticas
a) Tratamiento médico
b) Tratamiento psiquiátrico
III.9. Confinamiento
III.10. Prohibición de ir a lugar determinado
III.11. Restricción o privación de derechos
a) Derechos de familia
b) Limitación al ejercicio de profesión o empleo
c) Derechos cívicos
d) Suspensión de la licencia de manejo
III.12. Arresto diverso a prisión
a) Arresto o limitación de Fin de semana
b) Arresto nocturno
c) Arresto domiciliario
III. 13. Vigilancia de la autoridad
IV. Alternativas sin supervisión o control
IV.1. Introducción
IV.2. Multa
IV.3. Libertad bajo fianza
IV.4. Libertad juratoria
IV.5. Amonestación y apercibimiento
IV.6. Reparación del daño
IV.7. Caución de no ofender
IV.8. La confiscación
IV.9. Clausura de establecimiento
IV.1O. Extrañamiento y destierro
V. Indulto, amnistía, perdón
V.1. Introducción
V.2. Amnistía
V.3. Indulto
V.4. Indulto y amnistía, diferencias
V.5. Indulto y amnistía, críticas
V.6. Perdón y consentimiento del ofendido
VI. Conclusiones y recomendaciones
VI.1. Introducción
VI.2. La crisis de la prisión
VI.3. Alternativas de la prisión
VI.4. La evaluación
VI.5. Transformación de la prisión
VI.6. Sustitución por pena
VI.7. Libertades bajo condición
a) La condena condicional o suspensión condicional de la sentencia
b) La libertad caucional, provisional o bajo fianza
e) La libertad preparatoria
VI.8. Perdón
VI.9. La situación latinoamericana
VI.1O. Epilogo
VI.11. Recomendaciones
PARTE TERCERA PANORAMA DE LAS ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN EN EL CARIBE
(Países de sistema penal de herencia anglosajona)
I .Introducción
II. Clasificación de las alternativas a la prisión
III. Alternativas a la prisión legisladas
III.A. Alternativas a la prisión con control o supervisión del delincuente
1. Libertad en prueba y condenas suspendidas o de ejecución
condicional con supervisión
I) Delincuentes adultos
Estadísticas 1981-1986 (Barbados)
II) Delincuentes juveniles
Estadísticas 1981-1986 (Barbados)
Supervisión por parte del Estamento de
Enlace Juvenil
2. Servicio comunitario
I) Estadísticas
II) Delincuentes juveniles
3. Medidas especiales
I) Delincuentes adultos
II) Delincuentes juveniles
4. Exilio local (confinamiento)
5. Privaciones y prohibiciones respecto a derechos,
licencias, condición profesional, etc
III.B. Alternativas a la prisión que no implican supervisión y control
del delincuente
6. Advertencias penales
1) Delincuentes adultos. Compromiso de mantener la
tranquilidad
II) Delincuentes juveniles
7. Condena diferida
I) Delincuentes adultos
III.C. Pagos de dinero
8. Multas
I) Delincuentes adultos
II) Delincuentes juveniles
9. Pagos compensatorios
I) Delincuentes adultos
II) Delincuentes juveniles
10. Decomiso y confiscación
IlI.D. Condenas combinadas
11. Combinación de condena de prisión efectiva
con una sanción alternativa a la prisión
12. Combinación de medidas alternativas a la prisión
I) Delincuentes adultos
II) Delincuentes juveniles
Alternativas a la prisión adicionales. Delfín-
cuentes juveniles
PARTE CUARTA
LA EXCARCELACIÓN BAJO CAUCIÓN JURATORIA, COMO UNA DE LAS ALTERNATIVAS
PARA REDUCIR EL NUMERO DE PRESOS SIN CONDENA
(Investigación experimental)
1.6. Estudio sobre el grado de uso de la caución juratoria en un país de la región
(Costa Rica)
y sobre las actitudes de los jueces hacia ella
1.1. Tres grupos de países
1.2. Grado de uso de la caución juratoria en Costa Rica
1.3. Opinión de los jueces sobre la caución juratoria. Por qué no la utilizan
2. Segundo estudio sobre el grado de uso de la caución juratoria en Costa Rica
3. Investigación experimental sobre la excarcelación juratoria
(sin garantía económica) confrontada con las formas de
excarcelación con garantía económica
3.1. Objetivo de la investigación
3.2. Metodología. Diseño
8.3. Universo
8.4. Diseño de la muestra. Variables controladas. Marco teórico
El fiador moral
8.5. Cuestiones operacionales importantes
3.6. Hallazgos de la investigación
3.6.1. Actitud negativa de los jueces hacia la
excarcelación juratoria. No obstante el mecanos-
mol de aleatorización que se había establecido,
éstos otorgaron en general las excarcelaciones
siguiendo el criterio “mayor gravedad, caución
económica-menor gravedad, caución juratoria”
3.6.2. La muestra probabilística
3.6,3. No se corroboró la hipótesis que sostiene que el
riesgo de fuga o no presentación a juicio tiene
correlación directa con la gravedad del delito
3.6.4. Sí podría existir relación entre la no presentación a juicio y la naturaleza del
delito
3.6.5. Hallazgos respecto de la variable principal estudiada (excarcelación con o sin
garantía económica)
Importancia de los requisitos metodológicos
para el trámite de la excarcelación
3.6.6. Diferencias entre juzgados
3.6.7.1. En 102 casos de delitos a los que
puede corresponder pena de tres
o más años de prisión, la escarce-
lacón bajo caución juratoria fue
utilizada con igual resultado que la
excarcelación con garantía económica
3.6.7.2.El procedimiento para tramitar la
excarcelación juratoria, y el proce-
dimiento para el ulterior segui-
miento que el tribunal hace del
excarcelado pueden ser muy im-
portantes para el éxito o el fracaso
de la libertad provisional
3.6.8.1. Sólo el 35% de los casos estudiados terminó
con condena. Esto debería tenerse en cuen-
ta para facilitar el trámite de la excarce-
lación, evitando causar un mal anticipada-
mente a personas que con mucha probabi-
lidad podrían resultar inocentes
4. Recomendaciones tendientes a extender el uso de la excarcelación bajo caución
juratoria
BIBLIOGRAFIA
ANEXO
____ Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas
no privativas de la libertad (Reglas de Tokio)
____ Principios básicos para el tratamiento de los reclusos
PARTE PRIMERA
SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS PENITENCIARIAS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. NECESIDAD
DE ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN
Elías Carranza
El problema del uso excesivo de la prisión, con la grave sede de efectos negativos
que produce, ha venido siendo señalado con insistencia por las Naciones Unidas y
por numerosos otros foros criminológicos y de derechos humanos. Así, ha sido tema
constante de los congresos quinquenales de las Naciones Unidas sobre Prevención
del Delito y Tratamiento del Delincuente. Citando solamente los últimos de estos
importantes eventos, tenemos que en el Congreso V, realizado en 1975, se lo
incluyó bajo el título “El tratamiento del delincuente bajo custodia o en la comunidad,
con especial referencia a la aplicación de las Reglas Mínimas para el tratamiento de
los reclusos aprobadas por Naciones Unidas”; e n el Congreso VI, realizado en 1980,
se lo incluyó bajo el título “Desinstitucionalización de la corrección y sus conse-
cuencias para el preso que sigue encarcelado”; en el Congreso VII, del año 1985, se
adoptó una resolución especial titulada “Reducción de la población penitenciaria,
alternativas al encarcelamiento y reintegración social de los delincuentes”, y en el
Congreso VIII, de 1990, fue incluido nuevamente bajo el título “Políticas de justicia
penal en relación con los problemas de las penas de prisión, otras sanciones
penales y medidas sustitutorias”, y además se preparó una mesa de trabajo de
investigación especial, sobre el tema de las alternativas a la pena de prisión.
Los efectos de deterioro que ejerce la prisión sobre quienes son objeto de ella, los
de traslación de la pena a familiares y allegados del preso, y los resultados negativos
que revierten sobre la comunidad, además de su alto costo, son razones válidas
para procurar reducir su uso tanto en países desarrollados como en vías de
desarrollo. Sin embargo, en el caso de estos últimos, y entre ellos en el caso de los
países de América Latina y el Caribe, estos argumentos tienen doble peso.
En razón del deterioro de las economías regionales, con su abultada deuda
externa, vienen produciéndose recortes fiscales que afectan seriamente a los
sectores de bienestar social (salud, vivienda, educación)1, con efectos muy
negativos para la prevención primaria de la criminalidad, y dentro de los sistemas de
justicia penal en particular, se acentúa un desequilibrio presupuestario con reducción
en las proporciones asignadas a los poderes judiciales y a los sistemas
penitenciarios2.
La reducción presupuestaria a nivel penitenciario es muy grave, pues se
contradice con el rápido crecimiento de la población reclusa. América Latina es una
región de rápido crecimiento poblacional3, de manera que, aun en el caso en que las
tasas se mantuvieran constantes.., existe un importante crecimiento de la población
penitenciaria en números absolutos, que requeriría (no la hay) una constante
actualización de la capacidad edilicia. Sin embargo, el problema es más grave aún,
pues la población penitenciaria está aumentando en la mayoría de los países de la
región a un ritmo muy superior al de dicho crecimiento poblacional, generando
hacinamiento y múltiples consecuencias negativas derivadas de éste.
En el cuadro siguiente se observa el marcado crecimiento de las tasas
penitenciarias en numerosos países
de la región:
CUADRO 1
1 CEPAL, La dinámica del deterioro social en América Latina
y el Caribe en los años 80, LC/G.1557, 1989; CEPAL, Efectos sociales de la crisis económica LC/R.522, 1986. 2 E. Carranza, El rol del poder judicial en la investigación de casos de derechos
humanos, ps, 3 y ss., Instituto Interamericano de Derechos Humanos (I.I.D.H.), 1990.
3 CELADE, “Boletín Demográfico”, América Latina: proyecciones de población
1950-2025, año XX, n. 40.
TOTAL PRESOS Y TASAS POR CIEN MIL EN ALGUNOS
PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
País AÑO Presos POBLACIÓN
País (000)
TASA
x 100.000
Ant.
Holandesas
Barbados
1982
1989
1981
1984
1989
365
412
247
367
462
257
279
254
268
275
143
148
97
138
168
País AÑO Presos POBLACIÓN
País (000)
Tasa
X 100.000
Bolivia 1987 3.312 6.730 49
1988 3.485 6.918 50
1989 3.582 7.113 50
Cayman 1981 46 12 383
1984 74 12 616
1989 165 12 1.375
Colombia 1986 24.893 29.323 85
1987 27.280 29.942 91
1988 27.358 30.568 90
1989 31.077 31.195 100
Costa Rica 1972 85
1979 2.308 2.217 104
1980 2.543 2.284 111
1981 2.876 2.363 122
1982 3.068 2.423 127
1983 3.076 2.495 123
1984 3.409 2.568 133
1985 3.514 2.642 133
1986 3.656 2.715 135
1987 3.986 2.790 143
1988 3.918 2.866 137
1989 4.163 3.015 138
Chile 1972 9.505 108
1981 12.876 11.294 114
1983 18.051 11.665 154
País AÑO Presos Población
País(000)
País(000)
1987 23.044 12.536 184
1988 28.148 12.748 197
1989 24.933 12.961 192
El
Salvador
1981 3.402 4.582 74
1985 4.525 4.767 78
1987 5.119 4.933 104
1988 4.799 5.031 95
1989 5.374 5.137 105
Guatemala 1981 4.367 7.113 61
1985 3.926 7.963 50
1989 6.051 8.935 68
Honduras 1987 4.076 4.679 87
1988 6.263 4.829 130
1989 6.757 4.982 136
Jamaica 1982 3.254 2.254 144
1984 3.497 2.291 153
México 1972 43.506 83
1976 42.943 20.501 48
1980 58.352 70.416 83
1987 71.600 83.039 86
1988 73.521 84.886 87
Montserrat 1984 24 13 176
1989 34 14 243
País AÑO Presos POBLACIÓN TASA
País (000) x 100.000
Rep.
Dominican
a
1981
1985
1987
1988
1989
5.355
5.871
6.898
7.538
8.370
5.835
6.416
6.716
6.867
7.019
91
92
103
110
119
Santa
Lucía
1981
1984
1989
161
192
270
120
126
135
134
152
200
Trinidad y
Tobago
1989 2.325 1.171 199
Uruguay 1981
1987
1988
1989
1.890
1.859
2.038
2.353
2.916
3.057
3.081
3.104
65
61
66
76
Venezuela 1972
1974
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
13.920
16.654
12.623
16.552
16.268
19.329
24.044
27.229
27.650
28.567
15.024
15.457
15.902
16.361
16.832
17.317
17.792
18.272
127
151
84
107
102
118
143
187
155
156
1988 28.607 18.757 153
Fuentes: Elaborado con información proporcionada por los ministerios
a cargo de los sistemas penitenciarios de cada país, y con datos de población
de CELADE, “Boletín Demográfico”, año XX, n. 40.
La población de Cayman y Montserrat se obtuvo con el U.N
Selected World Demographic and Population Policy Indicators”.
La información que refleja el cuadro anterior se enmarca dentro de un
preocupante contexto de deterioro, no sólo penitenciario sino global, de los sistemas
de justicia penal. Al respecto, un reciente estudio patrocinado por el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos es muy esclarecedor y detallado,
puntualizando los problemas que en cada uno de los subsistemas lesionan derechos
humanos4.
Particularmente preocupante dentro de la población reclusa es la situación de los
“presos sin condena”, tema que mereció la atención especial de las Naciones Unidas
y de ILANUD5. Los presos sin condena, teóricamente, estén amparados por el
principio de inocencia y por las garantías del debido proceso, que debe ser rápido,
sin afectar por ello el derecho de defensa. Sin embargo, en los hechos, la mayoría
de los países de la región exhiben un gran número de presos sin condena que
permanecen en prisión por largos períodos de tiempo, y que no obstante la prisión
preventiva de que fueron objeto, son posteriormente puestos en libertad por haber
sido declarados inocentes. El número de causas iniciadas (con o sin presos) que
resultan en condena, es muy bajo. A sólo titulo de ejemplo señalemos que
solamente el 35 % de una muestra de 468 procesados estudiados en Costa Rica
resultó condenado; el grueso del 65 % resultó no condenado por sobreseimiento en
la etapa de instrucción o en sentencia o por absolución (ver parte cuarta), y se
4 Eugenio R. Zaffaroni, Sistemas penales y derechos humanos en América Latina
Informe final I.I.D.H., Depalma, Buenos Aires, 1986. 5 E. Carranza y otros, El preso sin condena en América Latina y el Caribe. Estudio
comparativo, estadístico y legal de treinta países y propuestas para reducir el
fenómeno, ILANUD, 1983.
estima que las proporciones de condenados en los restantes países de la región no
son más altas.
Veamos la información de los dos siguientes cuadros, que exhiben el número de los
presos sin condena, su porcentaje sobre el total de la población reclusa y sus tasas
por cien mil habitantes en países de América Latina y el Caribe:
CUADRO 2
TOTAL DE PRESOS, PRESOS SIN CONDENA, PORCENTAJES Y TASAS POR
CIEN MIL,
EN PAISES DE AMÉRICA LATINA
CON SISTEMA PENAL CONTINENTAL-EUROPEO
TOTAL PRESOS SIN CONDENA PRESOS SIN CONDENA PAIS AÑO TOTAL
PRESOS N % por
cien
mil
Ant. Holandesas
Colombia
Costa Rica
Chile
1989
1989
1990
1989
412
31.077
3.917
24.933
197
16.780
1.738
13.143
48
54
44,3
53
76,7
53,8
57,6
101
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Martinica
México
1988
1989
1989
1989
1989
1988
6.293
5.374
6.051
6.757
384
73.521
4.392
4.901
4.418
5.971
175
44.847
69,8
91,2
73
88,3
46
61
48
95,4
49,4
120
55,5
53
Nicaragua
Perú
Rep. Dominicana
Uruguay
1990
1986
1989
1989
4.310
14.819
8.370
2.353
1.946
9.560
7.152
2.137
45
65
85
91
50,2
47,3
102
69
Venezuela 1988 28.607 20.263 71 108
Fuentes: Elaborado con información penitenciaria gentilmente provista por los ministerios a cargo de los
sistemas penitenciarios de cada país, y datos de población de CELADE, “Boletín Demográfico”, año XX, n0
40. Las cifras de 1989 de Guatemala incluyen 962 presos que se estima se hallan en dependencias
policiales. La información del Perú de 1986 es del “Censo Nacional Penitenciario del 7 de abril de1986”.
CUADRO 3
TOTAL DE PRESOS, PRESOS SIN CONDENA,
PORCENTAJES Y TASAS POR CIEN MIL,
EN PAISES DEL CARIBE CON SISTEMA
PENAL ANGLOSAJÓN
PRESOS SIN CONDENA PAIS AÑO TOTAL
N. % Por cien
mil
Barbados
Cayman
Montserrat
St. Kitts-Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent
The Grenadines
Trinidad-Tobago
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
462
165
34
97
270
253
2.325
41
27
2
20
50
31
1.075
9
16
6
21
19
12
46
16
225
14,3
29,4
37
29
92
Fuentes: Elaborado con información penitenciaria gentilmente provista por los gobiernos de
cada país y con datos de población del Centro Latinoamericano de Demografía CELADE,
“Boletín Demográfico”, año XX, n 40, para Barbados, Saint Luday Trinidad-Tobago; para
los restantes paises, obtenida de "UN.Selected World Demographic and Population Policy
Indicators”.
Como surge del cuadro 2, los presos sin condena en los países de América Latina
con sistema penal continental-europeo, oscilan entre el 45 y el 91 % de la población
penitenciaria, A su vez, las tasas de presos sin condena por cien mil, son muy altas, e
inclusive superiores a las tasas totales (de condenados y no-condenados) de muchos de
los países de Europa6.
6 Al respecto, consultar el boletín especializado del Consejo de Europa Chronique Statistique du Bulletin d’Information Pénitentiaire”, n9 12 (Conseil de 1’Europe), tabla 2.
En el caso de los países del Caribe de sistema anglosajón, como se puede observar
en el cuadro 3, sus porcentajes y tasas de presos sin condena - salvo el caso excepcional
de Cayman- son menores que las de los países del cuadro 2. Sin embargo, las tasas
totales de población penitenciaria de estos países, que vimos en el cuadro 1, son muy
altas, y van en aumento.
O sea que, en general, con presos en una u otra condición jurídica, en los países de
América Latina y el Caribe, viene dándose un aumento descontrolado del uso de la cárcel.
Y es grave que en muchos casos se trata de cárcel en las peores condiciones de
violaciones a los derechos humano
En un reciente seminario realizado en ILANUD con directores de sistemas penitenciarios
se determiné que al menos en diecisiete países de la región existen graves problemas de
hacinamiento. Hay países cuyos sistemas penitenciarios funcionan con índices globales
de hacinamiento muy altos. En otros, el problema se presenta en determinadas unidades,
con sobrepoblaciones del 200, 300 y hasta 900 por ciento7.
Es sabido que la cárcel, como “institución total” de carácter punitivo, genera por
naturaleza violencia y patologías propias que dañan a quienes la habitan, sean éstos
reclusos o personal penitenciario Pero a este efecto natural que ella produce se debe
agregar en la región de América Latina y el Caribe el efecto multiplicador producido por el
hacinamiento y la frecuente imposibilidad de satisfacción de necesidades elementales,
como salud, alimentación o abrigo.
Con respecto a la situación carcelaria en materia de derechos humanos en los paises
de sistema anglosajón, se puede consultar Vivien Stern, Deprived of their liberty. A report
for Cari bbean rights, Demerara Publishers, Georgetown, Guyana, febrero 1990.
Contribuye a explicar (ciertamente no justifica) la postergación que los sistemas
penitenciados tienen en .los programas de gobierno, el hecho de que su clientela está
compuesta, en su amplia mayoría, por personas provenientes de los sectores de menores
recursos y con mayor vulnerabilidad para ser criminalizados por el sistema de justicia
penal8. Pocas veces se sanciona con pena de prisión a personas de estratos sociales de
mayor poder y autores de delitos que causan grave daño social. Este es uno de los puntos
débiles del funcionamiento de estos sistemas.
Como más arriba fue advertido, el problema penitenciario que se presenta en
7 “Seminario regional para directores de centros penitenciarios y de detención”,
organizado por el Instituto Henry Dunant, ILANUD y el Centro Internacional de
Investigación y Estudios Sociológicos Penales y Penitenciados de la Universidad de
Messina, INTERCENTER, San José, 14-18 mayo 1990.
8 Sobre esto, los trabajos de los expertos del “Seminario para directores de centros
penitenciarios y de detención de América Latina”, organizado por el Instituto Henry
Dunant, ILANUD e INTERCENTER, San José, 14-18 mayo 1990. En particular el de E. R
Zaffaroni, Filosofía del sistema penitenciario en el mundo contemporáneo.
América Latina y el Caribe tiene estrecha relación con el contexto del desarrollo regional9,
por lo que para enfrentarlo con efectividad, hay acciones de política criminal que exceden
su ámbito y que deberían necesariamente ser adoptadas a nivel integral de las políticas
nacionales dentro de los planes de desarrollo. No obstante, paralelamente a tales accio-
nes integrales, a nivel específico de los sistemas de justicia penal, es mucho lo que se
puede hacer, y una medida prioritaria es promover el uso de las múltiples formas
existentes de sanciones y medidas cautelares no privativas de libertad
9 Ver un desarrollo de este punto en el documento preparado por ILANUD como
contribución al tema I del VIII Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y
Tratamiento del Delincuente, titulado Prevención del delito y justicia penal en el contexto
del desarrollo
En los países de América Latina con sistema penal continental-europeo hemos visto
que se trata de impulsar alternativas sustitutorias de la prisión preventiva, pues los presos
sin condena constituyen la amplia mayoría en los sistemas penitenciarios de todos los
países,
En el caso de los países del Caribe de sistema anglosajón, los cuadros precedentes
sugieren que, sin perjuicio de explorar alternativas a la prisión preventiva, los mayores
esfuerzos inmediatos deberían centrarse sobre las alternativas a la prisión como pena,
pues las altas tasas de población penitenciaria de estos países están integradas, en su
gran mayoría, por sentenciados.
La parte segunda de este estudio se ocupa de presentar un panorama de las diversas
alternativas a la prisión existentes en los países de América Latina con sistema
continental-europeo.
La parte tercera se ocupa de presentar un panorama de las diversas alternativas a la
prisión existentes en los países del Caribe de sistema anglosajón.
Finalmente, la parte cuarta presenta los resultados de un “proyecto de demostración”
(investigación de campo) sobre una alternativa específica a la prisión preventiva: la
excarcelación bajo caución juratoria, institución que, como se verá, podría tener un uso
mucho más amplio en algunos países, contribuyendo así a reducir el número de
procesados innecesanamente privados de su libertad.
Pero la caución juratoria es solamente una de las alternativas posibles. Es necesario
investigar y promover muchas otras, actuando en los niveles legislativo, policial, judicial,
penitenciario’ 10. En este sentido, fue muy acertado y útil que la Rama de Justicia Penal y
Prevención del Delito y UNICRI decidieran que los participantes en el Taller de
Investigación del VIII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y
Tratamiento del Delincuente trabajaran cada uno de ellos sobre una alternativa distinta.
Ello enriquecerá, sin duda, a todas las regiones, con los logros de la investigación
comparada.
10 Un cuadro muy claro de las distintas alternativas y posibilidades de
desinstitucionalización se puede ver en el documento “Desinstitucionalización de la
corrección y sus consecuencias para el preso que sigue encarcelado». Documento de
trabajo preparado por la Secretaría. VI Congreso de Naciones Uñidas sobre Prevención
del Delito y Tratamiento del Delincuente, A/CONF/87/7. También en Luis Rodríguez
Manzanera, La crisis penitenciaria y los sustitutivos de la prisión, cuaderno 13 del
INACIPE, México, 1984.
PARTE SEGUNDA
PANORAMA DE LAS ALTERNATIVAS
A LA PRISIÓN EN AMÉRICA LATINA
(Países de sistema penal de herencia Continental-europea)
LUIS RODRÍGUEZ MANZANERA
I. LA PRISIÓN EN AMÉRICA LATINA.
I.1. Introducción.
Mucho se ha escrito ya sobre la crisis de la prisión; parece haber consenso al
respecto. Sin embargo, es necesario señalar que el problema se agrava cuando
hablamos de una crisis sobre otra crisis, ya que en los países latinoamericanos, con
serios problemas económicos y políticos, la prisión se convierte en algo indispensable
de remediar.
El derecho penal latinoamericano está enfermo de pena de prisión; el abuso de la
privación de libertad ha llevado a un franco deterioro de todo el sistema penal.
La selectividad del sistema se hace más notoria en las sobrepobladas cárceles
latinoamericanas, donde se acrecientan los fenómenos de prisionalización,
estigmatización y etiquetamiento.
La violencia en las prisiones de la región, con una cuota elevada de muertos, es una
señal de alarma que nos indica la necesidad de cambio. (Baste recordar los sangrientos
motines en Argentina, Colombia, Guatemala, México, Perú, etc., o la siniestra “lotería”
brasileña).
Entendemos que todo el sistema penal está en crisis, con una inflación legislativa sin
precedentes, con códigos más represivos que preventivos, con personal mal selec-
cionado e improvisado, y, por desgracia, con serias manchas de corrupción.
La justicia (y muy probablemente esto no es privativo tan sólo del Tercer Mundo) es
lenta, cara, desigual e inconsistente. Todo esto se refleja con mayor crueldad en la
prisión”.11
Capitulo aparte merecería la prisión preventiva, que se ha convertido en uno de los
rompecabezas de más difícil solución.
Nos enfrentamos a un doble problema: la necesidad de abolir la pena de prisión, tal y
como se ha ido aboliendo la pena de muerte, y el imperativo de encontrar cómo y por
qué sustituirla
Estudiamos en este trabajo varias vías de solución y los resultados que se han tenido
al aplicarlos en América Latina.
I.2. La prisión como pena en América Latina.
La preocupación por el problema penitenciario (fuente indudable de violaciones a
derechos humanos, de indignación y de inquietud) ha llevado a varios países de la
región a legislar a nivel constitucional, ordenando un trato humano y tomando la
corriente de la resocialización, denominándola en varias formas (reeducación, readap-
tación social, rehabilitación, reincorporación social).
11 Para mayor información se puede ver: Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Sistemas Penales y Derechos Humanos en América Latina (Informe final. Coordinador: Raúl Zaffaroni) Depalma, Argentina, 1986
Así, las constituciones de Argentina, art. 18; Brasil, art. 153; México, art. 18; Panamá,
art. 28; Paraguay, art. 65; y Perú, art. 234.
En una buena parte de los códigos penales encontramos también la mención de la
finalidad reeducativa de la prisión. Por ejemplo: Bolivia, art. 25; Colombia, art. 12; Costa
Rica, art. 51; Cuba, art. 27; Ecuador, art. 53; Panamá, art. 47; Perú, art. 132; Uruguay,
art. 26.
Y en los ordenamientos procesales no faltan las disposiciones referentes a la
ejecución de las penas y a la prisión: Argentina (677 y ss.), Costa Rica (504 y ss.),
Cuba (481 y ss.), Dominicana (297 y ss.), Guatemala (218 y ss.), México (575 y ss.),
Nicaragua (513 y ss), Panamá (223 y ss.), Paraguay (546 y ss.), Perú (329 y ss.),
Uruguay (315 y ss.), Venezuela (358 y ss.).
Algunos países tienen códigos o estatutos de ejecución, como Argentina (decreto-ley
412/58), Colombia (decreto 1817/64), Brasil (Lei de Execucáo Penal 7210/84), Bolivia (ley
11.080/83), Costa Rica (ley de la Dirección General de Adaptación Social 4762/71),
México (ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de
Sentenciados, 1971), Uruguay (Ley Penitenciaria 470/1975).
A pesar de la gran cantidad de disposiciones, “La dispersión normativa es alarmante,
especialmente en aquellos países donde aún no se ha logrado sistematizar las
disposiciones sucesivas en cuerpos unitarios. Leyes, decretos, gacetillas, sumados a
disposiciones penales y procesales y a preceptos constitucionales, conforman un
heterogéneo panorama donde las superposiciones, contradicciones y vacíos legales no
resultan infrecuentes”12.
En la mayoría de los países de la región existe un control judicial de la ejecución de la
pena de prisión. Aunque es la autoridad administrativa la encargada de aplicar la pena, el
juzgador que sentenció en primera instancia se convierte en juez de supervisión de la
ejecución.
La excepción a esta regla la constituye, por una parte, Costa Rica, que tiene juez de
ejecución penal autónomo, y por la otra Dominicana y México, en que la aplicación de la
pena privativa de libertad queda íntegramente a cargo del poder ejecutivo.
I.3. LA PRISIÓN PREVENTIVA EN AMÉRICA LATINA.
Un experto de las Naciones Unidas opinaba en 1976:”resulta trágico en Latinoamérica
reconocer que apenas se encuentra sentenciado el 40 % de la población total privada de
la libertad”13. Más del 65 % de las sentencias que recaen sobre delincuentes primarios son
de menos de tres años, y de estos casos, más de la mitad son penas que no llegan a los
dos años.
Seis años después, el porcentaje de sentenciados había descendido al 31,53 %, es
decir que el 68,47 % de las personas que estaban en prisión eran procesados en espera
12 I.I.D.H., ob. cit., p. 200 13 Jorge A Montero Castro, Problemas y necesidades de la política criminal en América
Latina, ILANUD, Costa Rica, 1978, p. 12
de sentencia’ 14.
Los datos nos hacen ver que la tendencia de la región es a aumentar el número de
presos sin condena. Por ejemplo, en México, en 1972 el porcentaje era de 40,39; para
1974 encontramos ya el 48,9 % 15; y en 1988 subió a 61 %. Lo anterior es alarmante, y prueba de que, como mencionamos, la prisión preventiva se
convierte en la regla y la prisión pena en la excepción en Latinoamérica, y que la prisión
preventiva adquiere funciones plenamente retributivas y represivas de ejecución
anticipada de la pena, es decir, se convierte en una pena sin punibilidad ni punición.
Existe en casi todos los países un límite para imponer la prisión preventiva, según la
gravedad del delito por el cual el sujeto está procesado. Así, tienen como norma el
máximo de la punibilidad: Argentina (2 años); Bolivia (4); Colombia (5); Guatemala (5);
Haití(3); Honduras (3); Nicaragua (2); Paraguay (2); Perú (3); Uruguay (3).
Los que utilizan el mínimo son: Brasil (2), Ecuador (3), Panamá (5), Uruguay (2) y
Venezuela (2).
Costa Rica, Chile y la Dominicana no señalan término; Cuba la limita a pena de muerte
y prisión máxima; y México utiliza 5 años en el término medio aritmético entre mínimo y
máximo.
Pero las excepciones son numerosas: el juez puede ordenar la prisión preventiva,
cuando así lo considere conveniente (porque crea que se va a fugar el acusado, o va a
reincidir, o por otras cansas), independientemente de la punibilidad, en varios países:
Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, Dominicana, Perú, Uruguay.
Asimismo, deben quedarse en prisión preventiva los reincidentes, habituales o
profesionales en Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras,
Paraguay.
14 Cfr.: Elías Carranza, Mario Houed, Luis Paulino Mora, y Raúl Zaffaroni, El preso sin
condena en América Latina y el Caribe, ILANUD, Costa Rica, 1983, p. 25. 15 Cfr.: A J Acuña, R. R. Calvillo, P. F. Campornanes y L. H Sagal, La realidad
penitenciaria en México, Aries, México, 1974.
En resumidas cuentas, el problema de la prisión preventiva es el de más urgente
solución en América Latina, sin menospreciar el de la prisión pena, ya que en tres de cada
cuatro instituciones no hay en realidad separación física de procesados y sentenciados, o
sea, que todo lo que se haga para mejorar, disminuir (y si es posible, eliminar), la prisión
preventiva redundará directamente en beneficio de los reos sentenciados.
I.I TRASFORMACIÓN Y ALTERNATIVAS.
II.1. La individualización,
La sustitución de la prisión por cualquier otra alternativa debe estar convenientemente
individualizada. Este punto lo consideramos de la máxima importancia, por lo que haremos
algunas observaciones en lo relacionado con América Latina.
Para lograr la individualización de la sustitución es necesario que haya las facilidades
legislativas, judiciales y ejecutivas.
A) Legislativamente hay que prever las medidas sustitutivas, así como los casos
generales de aplicación. Se debe proponer un arsenal lo suficientemente amplio de
sustitutivos; de lo contrario, las limitaciones son tan grandes que seguirá imperando la
prisión.
Esto implica que el legislador conozca los medios materiales y humanos existentes en
la realidad, las posibilidades teóricas de sustitución y tenga a la mano las evaluaciones de
las penas y medidas vigentes.
El primer gran obstáculo en la región para poder sustituir la prisión es que en las
legislaciones está escasamente previsto el reemplazo de la prisión por otras alternativas, y
cuando lo está son limitadas, como veremos más adelante.
B) Judicialmente se debe individualizar la sustitución; "sin embargo, una correcta
individualización judicial supone que el juez;
“a) posee una especial preparación criminológica;
“b) dispone antes del juicio de informes válidos sobre la personalidad biopsicológica y
social del delincuente;
"c) puede encontrar en el Código Penal, o en textos análogos, una gama variada de
medidas entre las cuales tenga la posibilidad de escoger la más adecuada a las
circunstancias personales del sujeto;
"d) conoce, finalmente, las ventajas e inconvenientes de dichas medidas respecto a la
pena privativa de libertad, así como sus modalidades de aplicación, los resultados
obtenidos en los países que han tenido la ocasión de experimentarlas y la pertinencia de
su puesta en práctica en un contexto social determinado”16
Al menos para ciertas regiones es necesario simplificar notablemente los trámites de
sustitución.
C) Administrativamente, a nivel de ejecución, se debe también individualizar la
sustitución. Esta potestad se ha dado al poder ejecutivo en algunos países del área, pero
en la mayoría sigue siendo facultad exclusiva del judicial.
El gran problema, como es comprensible, es la notable carencia de instalaciones,
personal especializado y medios materiales, lo que hace por demás limitada la atención
del caso individual, y obliga a la búsqueda de medios colectivos de control de medida
alternativa.
I.I.2. La situación jurídica.
Si es indispensable el adoptar en la legislación penal las alternativas de la prisión
(preventiva o penal), hay también una necesidad imperiosa de establecer cambios en
materia procesal, ya que los códigos de procedimientos latinoamericanos mantienen un
peculiar sistema en el cual la primera fase es inquisitoria y la segunda acusatoria,
representando esto, además de una fuente de violaciones a los derechos humanos, un
obstáculo para cualquier reforma
Una solución para hacer más coherente la ejecución penal y para facilitar la aplicación
de sustitutivos, podría ser la “cesura” del procedimiento, propuesta por la Escuela de
Defensa Social, y consistente en dividir el proceso penal en dos fases, la primera de
“atribución del comportamiento” (Gramática)’17 o “proceso de culpabilidad” (Ancel); y la
16 José M. Rico, Medidas sustitutivas de la pena de prisión, Anuario del Instituto de
Ciencias Penales y Criminológicas, Venezuela, 1968, Ps. 130-131. 17 Cfr.: Filipo Gramática, Principios de defensa social, Editorial Montecorvo, principalmente
cap. V, España, 1974.
segunda de “apreciación de antisocialidad” (Gramática) o de “defensa social” (Ancel) ’18.
Otra reforma indispensable debe estar dirigida a abreviar el procedimiento; se debe
pensar seriamente en sustituir el farragoso procedimiento escrito por uno más ágil de
naturaleza oral.
Por otra parte, el derecho ejecutivo penal es materia casi desconocida en la
mayoría de los países en desarrollo (y en muchos “desarrollados”); los planes de estudios
de nuestras universidades incluyen el derecho penal y el procesal penal, considerando
que el reo es un “muerto civil”, es alguien que no tiene derechos; en nuestras facultades y
escuelas de derecho no se estudia el problema; ¿será que el sentenciado no es fuente de
ingresos, y, por lo tanto, no interesa al abogado?
Legislativamente, el derecho ejecutivo penal ha vivido en situación extralegal, pues no
existen leyes de ejecución de sanciones, y las que hay son notoriamente deficientes. En
realidad, rigen antiguas costumbres y obsoletos reglamentos.
Cabe afirmar que grupos de especialistas (minorías idealistas) han luchado por crear un
derecho ejecutivo penal; sin embargo, como afirma uno de ellos: “todos saben la
indignación que causa una mejora en la cárcel e incluso una conmutación de pena” 19.
En toda América Latina hay preocupación por legislar en materia de ejecución penal, y
existe una buena cantidad de proyectos de ley, algunas leyes notables (como la
brasileña), así como comisiones penales y penitenciarias encargadas de estudiar el
problema, y aunque la solución se vea aún lejana, los avances en la década de los años
80 pueden ser remarcables.
Es necesario el legislar en materia de ejecución y de sustitución de penas. Requerimos
de leyes que formen en forma especial de la ejecución de penas, no solamente de la pena
de prisión, sino de todo el arsenal penal, incluidas las alternativas. El legislar no está en
manos de la mayoría de nosotros, pero sí podemos lograr que se dé mayor importancia a
esta materia en nuestras universidades.
18 Cfr.: Marino Barbero Santos, Estudios de criminología y derecho penal La división en
dos fases del proceso penal, Universidad de Valladolid, España, 1972. 19 Elías Neuman, Las penas de un penalista, Ediciones Lerner, Argentina, 1976, p. 37.
11.3. La institución de tratamiento.
Antes de cualquier desarrollo, es necesario aclarar el sentido en que estamos utilizando
el término “tratamiento”. Por tratamiento entendemos la intervención de un equipo técnico
criminológico, es decir, interdisciplinario, que cubra las áreas psicológica, social,
pedagógica y médica, para dar la atención requerida por el interno.
La función primaria del equipo técnico es evitar la prisionalización del interno, mantener
su salud física y mental, romper la estigmatización y prepararlo para el muy probable
etiquetamiento. Además, impedir que pierda el tiempo, utilizándolo en algo útil como el
aprendizaje de un oficio, mejoría en el nivel académico, o el desarrollo de un trabajo.
En este sentido, creemos que puede ser aceptable el tratamiento aun en prisión
preventiva (o quizá debíamos invertir los términos, pues es en ésta donde pueden
prevenirse los efectos nocivos del encarcelamiento).
Se ha criticado duramente la ideología del tratamiento, o sea, la “teoría que pretende
asimilar la pena a un «tratamiento» terapéutico y somete la duración de la misma a las
supuestas necesidades de ese «tratamiento», sin guardar relación con la magnitud del
delito”20.
Efectivamente, la ideología del tratamiento lesiona el principio de racionalidad de la
pena, se enmarca en una etiología individualista que niega lo social y puede ser fuente de
múltiples abusos.
Lo que nosotros proponemos es algo muy diferente de esta ideología, y defendemos
nuestro punto de vista con un argumento que surge de la realidad latinoamericana:
Los derechos humanos han penetrado en las cárceles en mucho, gracias a los técnicos, a
los profesionales de la psicología, la medicina, la sociología, la criminología, la pedagogía.
Hay que desconfiar de algunos de los ataques al tratamiento, pues lo que se oculta
detrás es, cuando no una simple moda, los deseos de privilegiar la seguridad y la
represión. La salida del personal técnico de las prisiones puede representar la eliminación
20 Zaffaroni, ob. cit. (Sistemas), p. 201
de molestos testigos de las más violentas arbitrariedades o de la más sucia corrupción.
Entonces, una forma de sustituir la prisión es convertirla en una institución de
tratamiento. “La transformación de la prisión en institución de tratamiento tiene por
finalidad la desaparición de todo carácter penitenciario. En cuanto la prisión se convierte
en institución de tratamiento, no es más prisión”21.
Ya Ruiz Funes decía que “si la prisión al justificar sus fracasos y subsistir como una
institución de fines, será obligado que se convierta, de lugar más o menos confinado de
contención, en auténtica escuela de reforma”22.
Y Pizzotti asegura que “será prácticamente imposible que se pueda llegar a la
readaptación de los condenados si no se hace desaparecer el ambiente antinatural,
artificial, que predomina. Seguramente una de las causas más importantes del fracaso de
la pena de prisión es este ambiente negativo”23.
21 Jean Pinatel, La prision peut-elle étre transformée en institution de traitement?, "Anales
Internacionales de Criminología", París, Francia, 1969, p. 78. 22 Ruiz Funes, ob. cit., p. 15. 23 Nelson Pizzotti Mendes, O fracasso da pena privativa de Liberdade, en Criminología, Edicao Universitaria
de Direito, Sáo Paulo, Brasil, 1973, p. 265.
Estamos seguros de que la transformación es posible, y los experimentos realizados
incitan al optimismo, y a pensar no en grandes establecimientos de castigo, no en
enormes catedrales del miedo o universidades del crimen, sino en pequeñas clínicas
criminológicas - Un cambio en la estructura de las prisiones del autoritarismo hacia
instituciones más democráticas, es de fundamental importancia. La mayoría de las
prisiones tienen todavía una tónica militar; el uniforme, la terminología semimilitar, el uso
de “oficiales”, impiden en mucho que la prisión se convierta en una comunidad terapéutica.
Se debe cambiar la usual actitud pasiva de “esperar por el tratamiento”, hacia una
concientización del sujeto para tomar parte activa en él 24.
Indudablemente el cambio de estructura implica cambio de instalaciones y de personal, no
creemos que se pueda hacer clínica cuando “antiguos conventos, fortalezas envejecidas,
ruinosas residencias, cuando no meras cavernas y socavones, son el asiento de esos
supuestos centros de tratamiento que se llaman prisiones”25.
En cuanto al personal, es necesario un absoluto cambio de mentalidad, y preferimos al
personal inexperto, sin experiencia penitenciaria, pero seleccionado y entrenado, al
“especialista” hecho en la prisión y víctima p de procesos de “prisionalización”.
Y adelantamos el problema de la evaluación: la evaluación del tratamiento debe
hacerse conforme a los datos objetivos que se obtienen de la observación de la conducta
externa del sujeto; por ejemplo, la ausencia de acciones al reglamento de la institución en
que se halla; pero es de gran valor criminológico estudiar también el aspecto interno del
sujeto, para saber cómo el tratamiento y valorar así cuál puede ser su eficacia26. Son
escasos los trabajos de evaluación en América Latina.
Pinatel nos recuerda que “los delincuentes, salvo excepciones particulares, no son, en
general, enfermos, son en su mayoría personas que por su desviación momentánea o
crónica de su sistema normativo, han cometido una agresión contra los valores del grupo
24 Cfr Gunner Marmell The prison community, “Anales Internacionales de Criminología”,
París, 1969, p. 25.
25 Javier Piña y Palacios, Encuesta sobre las prisiones de la República, México,
Criminalia, año XXVIII, 1961, ps. 175 y ss. 26 26 Pinatel, ob. cit., (La prison...), p. 39.
del cual forman parte”. “El tratamiento en institución no es mas que una de las
modalidades posibles del tratamiento de los delincuentes”.
Di Tullio, el gran maestro italiano, afirma que “es necesario dar al detenido la sensación
de que no es solamente un número, un culpable rechazado por la sociedad sino un
hombre entre los hombres”27.
Uno de los problemas que limitan las posibilidades amplias de tratamiento es la
tradición latinoamericana de poner las risiones bajo la dirección de militares, los que, en
principio, no son técnicos en modalidades terapéuticas En general, las leyes de ejecución
de sanciones son vagas en lo referente a tratamiento, raramente lo definen o marcan sus
objetivos, en ocasiones lo restringen a “educación y trabajo”.
27 Benigno Di Tullio, Principios de criminología clínica y psiquiatría forense, Editorial
Aguilar, Madrid, España, 1966, p. 486.
Debemos tener cuidado, pues es común que “dentro del guante de terciopelo de la terapia
y el tratamiento se esconda la misma garra de hierro del castigo”28.
Las carencias en personal y medios materiales se hacen más notorias en países en
desarrollo, los que tienen necesidades múltiples y urgentes que atender, y en algunos se
llega a considerar un gasto superfluo todo lo invertido en prevención del delito y
tratamiento del delincuente
A pesar de todo, el régimen progresivo se ha ido imponiendo en la región (Argentina,
Bolivia, Costa Rica, México, Nicaragua, Perú, Uruguay, etc.), y podemos afirmar que la
mayoría de los reclusos que logran su libertad anticipada es gracias a los beneficios que
se otorgan en las diversas etapas del sistema.
II.4. Diversificación de la prisión.
Otra forma de ir terminando con la tradicional pena de prisión es la diversificación de
regímenes.
Por régimen ha de entenderse “el conjunto de condiciones e influencias que se reúnen
en una institución para procurar la obtención de la finalidad particular Que le asigne a la
sanción penal, con relación a una serie de delincuentes criminológicamente integrada”29 o
sea, el tipo de vida que en términos generales ha de aplicarse en las instituciones penales,
que no excluye regímenes especiales, en aquellas que se ocupan de determinados tipos
de reclusos30
28 Jock Young, Los guardianes del zoológico de la desviación. En: “Estigmatización y
Conducta Desviada”. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela, p. 219. 29 Carlos García Resalo, En torno al concepto de régimen penitenciario. Revista de la
Escuela de Estudios Penitenciarios. Madrid, España. 1975. 30 Manuel López Rey y Arrojo, Presupuesto de orientación profesional penitenciaria.
Caracas, Venezuela. 1972.
En esta variación tendremos una serie de “prisiones" que serán cada vez menos
vindicativas, y que irán excluyendo los vicios y defectos que tiene la prisión tradicional, o
sea que serán cada vez menos “prisión”. Mencionamos brevemente algunas posibilidades.
II.5. La prisión abierta.
Aunque con importantes antecedentes en el siglo pasado, puede decirse que es
creación actual, y tanto los tratadistas como los congresos se han ocupado de esta
institución, recomendándola ampliamente
El Congreso de Ginebra, primero de Naciones Unidas (1955), llegó como primera
resolución a que “el establecimiento abierto se caracteriza por la ausencia de pre-
cauciones materiales físicas contra la evasión, así como por un régimen fundado en la
disciplina aceptada y en el sentimiento de la responsabilidad del recluso respecto de la
comunidad en que vive. Este régimen alienta al recluso a hacer uso de las libertades que
se le ofrecen, sin abusar de ellas. Éstas son las características que distinguen al
establecimiento abierto de otro tipo de establecimientos penitenciarios, algunos de los
cuales se inspiran en los mismos principios, pero sin aplicarlos totalmente.
“Los establecimientos abiertos representan un alentador futuro no solamente como una
etapa del tratamiento general, sino como una forma de prisión que puede sustituir a la
prisión «cerrada».
“La denominación «prisión abierta», como dice Neuman, podría parecer una
incongruencia o antítesis; sin embargo, a pesar de tratarse de establecimientos situados
en el campo, generalmente de trabajo agrícola, cercanos a núcleos de población y con
escasa o nula vigilancia, no debemos olvidar:
“a) que sólo se ha reemplazado el sistema de aseguramiento, o sea, la contención física
o material, por la coacción moral y psíquica; y
“b) que la prisión como tal, no ha desaparecido, sino evolucionado”31.
Mannheim y Wilkins, en sus “Prediction Methods”, así como Highfields, en su
experimento32, han demostrado que las instituciones penales abiertas pueden ser por lo
31 Elías Neuman, Prisión abierta, Depalma, Buenos Aires, Argentina, p.148. 1982 32 Cfr. Roger Hood y Richard Sparks, Problemas ckwe en criminología. Principalmente en
menos tan eficaces como las cerradas, y aunque aún falten datos para verificar la
hipótesis, la opinión debe tomarse en cuenta.
Las experiencias realizadas en la región han sido por demás satisfactorias. Argentina,
Brasil y México llegaron a tener avances sorprendentes, aunque por diversas razones no
constantes.
II.6. La colonia penal.
Con larga trayectoria en la historia de la pena, la colonia penal ha tenido éxitos y
fracasos increíbles; del degredo portugués a la Isla del Diablo francesa, desde Australia
hasta Norteamérica, de Mindoro a Tánger, las colonias penales proliferaron, a veces
convirtiéndose en ciudades prósperas, a veces degenerando en infierno.
La actual idea de la colonia penal ha cambiado radicalmente; ya no se trata de la “casa
de los muertos” siberiana o de la “guillotina seca”, de la Guayana; ahora se piensa en
legítimos núcleos de población, en que la vida sea lo más similar a la de un pueblo
cualquiera, y en que se pueda producir y tratar sin que el criminal sufra la separación de
la familia.
A pesar de todos sus defectos, los resultados de la moderna colonia penal parecen
satisfactorios e indudablemente superiores a los de la prisión tradicional, por lo que
nuestros principales tratadistas han propugnado su mejoramiento y ampliación33
11.7. La evaluación.
Problema clave, la evaluación debería ser la columna vertebral de todo el sistema, ya
que para poder afirmar que una pena debe ser sustituida, ya necesitamos por fuerza
haberla evaluado, y al proponer el sustitutivo debemos evaluarlo también34, La falta de
evaluación es lo que ha hecho fracasar los mejores planes de prevención y tratamiento, y
sus capítulos 6 y 8: “Eficacia de castigos y tratamientos”, y “El efecto de la pena de
prisión”. Guadarrama, S.A. Madrid, España.1970 33 González Bustamante, ob. cit. 34 Hood y Sparks, ob. cit.
es común que el Estado y los técnicos se imaginen que están previniendo, cuando en
realidad se está perdiendo tiempo y dinero. Continúa siendo un vicio la imposición de
castigos disuasivos, sin preocuparse en indagar qué efectos tienen.
Es verdad que existe una gran escasez de personas interesadas y capacitadas para
la investigación criminológica, así como de fondos suficientes para un trabajo de esta
índole, pero “una excusa tal no puede ser dada por los altos funcionarios de los muchos
departamentos de prisiones que usan fondos comunitarios sustanciales y contingentes
considerables de personal en el tratamiento de los delincuentes, sin insistir demasiado en
la investigación que permita estimar qué están haciendo”.
La criminología en su estrecho, tradicional sentido de descubrir las causas del crimen y
el tratamiento del delincuente, ha sido muy criticada; actualmente se pasa al estudio de los
sistemas de justicia, pasando de una microcriminología a una macrocriminologías”35. En
este moderno sentido, la criminología es una ciencia de gran aplicación, principalmente en
la toma de decisiones de política criminológica.
Hay gran desconfianza hacia los investigadores. Se piensa que somos hipercríticos con
el solo deseo de sacar a flote los defectos del sistema, y esto no es verdad; pensamos,
como Morris, que “los funcionarios de prisiones deben ser al investigador como su aliado,
y no como un típico irresponsable al margen de las preocupaciones y deberes de la
prisión”36. Y estamos también de acuerdo con Brydensholt en que “los investigadores
están interesados en que su conocimiento sea utilizado; los encargados de toma de
decisiones están interesados en que el conocimiento científico sea la base para sus
decisiones”37.
35 Cfr v. V. Stanciu, Contribución a una nueva criminología, «Revista Mexicana de
Criminología”, ob. cit., n. 1, p. 63, México, 1976. 36 Morris, ob. cit p. 48. 37 H. H. Brydensholt, Impact of criminological research on decision making, Evaluation
research in criminal justice, Roma, Italia, 1976, ps. 153 y ss.
Es necesario, pues, al planear la sustitución, calcular cuál va a ser la forma de evaluar, ya
que “si se aplica un nuevo método reformativo sin una prueba evaluativa, probablemente
parecerá eficaz, ya que habrá una fuerte tendencia a aplicarlo a aquellos que de todos
modos son los delincuentes que cuentan con mayores probabilidades de reformarse”38.
III. ALTERNATIVAS CON CONTROL Y SUPERVISIÓN.
III.1. Introducción.
En este capítulo analizaremos las alternativas a la prisión en que se ejerce alguna
forma de control o supervisión del infractor. No todas tienen aplicación en América Latina,
pero preferimos incluirlas para tener una visión más amplia.
Entendemos que no todos los expertos estarían de acuerdo en considerar algunas de ellas
(la libertad condicional, por ejemplo) como verdaderas alternativas a la prisión, pero
debemos tratarlas por la importancia que tienen en la región. Asimismo, ponemos peculiar
énfasis en las medidas sustitutivas de la prisión preventiva por ser el problema más
angustioso en nuestra área.
111.2. La condena condicional. ir
111.2.1. Concepto.
“La institución penal que tiene como objeto, mediante la suspensión de las sanciones
impuestas a los delincuentes que carezcan de antecedentes de mala conducta y en y
quienes concurran las circunstancias de haber delinquido por primera vez, procurar la
reintegración a la vida e honesta, por la sola eficacia moral de la sentencia”39.
Para Goldstein, “es la condena impuesta, dejándose en suspenso el cumplimiento de la
pena, para que ésta se tenga por no pronunciada si el condenado no comete un la nuevo
delito en el término de la prescripción de la pena.
La condena condicional se concede generalmente sólo a el los delincuentes primarios, y
38 Morris, ob. cit., p. 47.
ante la presencia de delitos a menores”40.
Y para Cuello Calón, “el rasgo esencial de la condena condicional en su modalidad
originaria, es la suspensión de la ejecución de la pena. El delincuente es juzgado y
condenado, pero en vez de cumplir la condena impuesta queda en libertad. Si durante un
plazo diverso en las distintas legislaciones no comete una nueva infracción, la pena
suspendida se considera no impuesta”41.
En países europeos existe el sursis, que es un posposición de la pena impuesta
a un condenado, anulada si en los cinco años siguientes a su sentencia no incurre en
ninguna otra pena por un delito de derecho común. De no ser así, deberá cumplir las dos
penas.
La condena condicional fue vista en principio con gran recelo; tratadistas de la categoría
de Ferri la criticaron por dejar sin protección a la sociedad, desamparada y burlada a la
víctima, pero poco a poco fue imponiéndose, y los congresos penitenciarios que
inicialmente la recibieron con gran frialdad, terminaron por aprobarla y recomendaría
ampliamente.
Las bondades del sistema han sido pregonadas por los principales tratadistas; así,
Cuello Calón dice que “la condena condicional no sólo constituye un sustitutivo de las
penas privativas de libertad, sino también un medio de eficacia educadora, pues durante el
período de prueba el condenado se habitúa a una vida ordenada y conforme a la ley” 42.
39 Diccionario de derecho, 3a. edición, Editorial Porrúa, México, 1973, p.108 40 Raúl Goldstein, Diccionario de derecho penal, Omeba, Buenos Aires, 1962, p. 110. 41 Eugenio Cuello Calón, La moderna penología, Bosch, Barcelona España, 1958, ps. 626
y ss. 42 Cuello Calón, ob. cit.
III.2.2. Antecedentes.
Según parece, tiene antecedentes en el Derecho Canónico, en la absolución “ad
Reinsidentiam”, aunque la encontramos también en el derecho anglosajón (Frankpledge) y
en el germánico (Cautio de Pace Tuenda).
En su sentido moderno, se encuentra en los Estados Unidos de Norteamérica, en el
Estado de Massachusetts, en 1859, y posteriormente en la ley penal belga de 1888 en la
francesa de 1891.
En México, en 1901, Miguel S. Macedo hizo un proyecto con articulado completo relativo a
condena condicional como proyecto de reformas al Código Penal de 1871 Se implanté por
primera vez en el Código Penal de San Luis Potosí, en 1920, quedando establecido en el
Código Penal de 1929, en los artículos 241 a 248, existiendo actualmente en el artículo 90
del Código Penal vigente.
Es conocida en toda América Latina, aunque puede variar la denominación: condena de
ejecución condicional (Colombia, Costa Rica); remisión condicional de la sanción (Cuba);
suspensión condicional de la ejecución de la pena (El Salvador, Panamá); suspenso
condicional da pena (Brasil); condenación condicional (Argentina); remisión condicional de
la pena (Chile).
III.2.3. Condiciones.
Las condiciones para su aplicación, que son comunes
a las diversas legislaciones, son:
a) Que la pena suspendida no sea grave.
b) Que el delincuente sea primario.
c) Que las características personales del delincuente sean propicias para su vida en
libertad, y que hagan presumir su alejamiento del delito.
d) Que se cumpla con algunos deberes durante el tiempo señalado.
Además, encontramos en varias partes el requisito de la reparación del daño, así como
el uso de medidas accesorias, como la caución de no ofender, la fianza la prohibición de ir
a lugar determinado, etc.
La primera condición para la suspensión de la ejecución de la sentencia es la poca
gravedad del delito cometido, o el escaso reproche que se hace al sentenciado, medido
por la sentencia, la que no debe pasar de cierto término. Así, por ejemplo, consideran dos
años: Argentina (artículo 26); Brasil (artículo 77); México (artículo 90); Panamá (artículo
77).
No más de tres años: Colombia (artículo 68); Costa Rica (artículo 59); Cuba (artículo
57); Guatemala (artículo 72); El Salvador (artículo 87).
Ecuador considera tan sólo seis meses (artículo 53), al igual que la hacía Perú (artículo
286, C.P.P., ahora reformado para que sean 2 años).
En Brasil y Perú se consideran aparte los delitos culposos.
Condición clara para obtener la condena condicional es ser delincuente primario, es
decir, no tener una sentencia condenatoria anterior. Son raras las excepciones a este
principio; en Argentina (artículo 27), si han pasado 8 años en delitos culposos y 12 en
delitos dolosos, se puede dictar una segunda condena condicional. En Cuba (artículo
57.2), puede aplicarse a reincidentes en “circunstancias extraordinarias muy calificadas”,
pero nunca a multirreincidentes. Colombia no hace mención expresa de que debe ser
delincuente primario.
Las características personales del delincuente deben ser tomadas en cuenta para el
otorgamiento de la suspensión de la ejecución; los códigos penales contemplan varias:
antecedentes de vida honrada, forma de vida, trabajo estable, etc.
Además, se considera el tipo de delito, las circunstancias en que se realizó, los móviles
para cometerlo, etc. Y, por último, el efectivo arrepentimiento y, en varios casos, la
reparación del daño (ver infra).
Para que el juez pueda conocer lo anterior, debe tener los informes conducentes; en
este sentido es notable el código de Costa Rica, que da participación obligatoria al Instituto
de Criminología, que determina el grado de posible rehabilitación del reo y las condiciones
que deben ser impuestas (artículos 6O y 61). Códigos como los de México y Venezuela
prevén también el informe de personalidad.
Las condiciones de aplicación pueden ser variadas; la reparación del daño o su
garantía, es obligada en México (artículo 90-II), El Salvador (artículo 88) y Panamá
(artículo 78-3), y puede ser impuesta por el Tribunal en Cuba (57-5-a).
Además, puede pedirse garantía o fianza, obligación de residir en lugar determinado,
ejercer un trabajo lícito, no usar bebidas embriagantes o tóxicos, etc.
Cuba representa una particularidad, en cuanto el tribunal comunica a la policía y a las
organizaciones de masas y sociales del centro de trabajo y del lugar de residencia del
sancionado, para que lo observen y orienten durante el período de prueba. La libertad es
revocada si estas organizaciones retiran su aval (artículo 57-6 y 7).
Desde luego que la condición básica para otorgar la suspensión de la ejecución es el
respetar las leyes y no cometer un nuevo delito. De suceder esto último, la libertad se
revoca y se aplica la pena pendiente, más la que proceda por el segundo ilícito penal.
La duración del período de prueba es restringida, y puede ser fijo o variable, en este
último caso fijado por el juez; así tenemos: Argentina, 4 años; Brasil, 2 a 4 años; Colombia,
2 a 5; Costa Rica, 3 a 5; Chile, 3; Dominicana, 1; El Salvador, 2 a 6; Cuba, 1 a 5; México,
3; Panamá, 2 a 5; Perú, 5.
En todos los casos el tiempo cuenta a partir de la sentencia.
El Ecuador tiene un sistema peculiar, en cuanto considera el tiempo fijado para la
prescripción de la pena más dos años art. 84).
La condena condicional es la alternativa más usada en región. Así, en la Argentina, del
total de condenas (2.567), el 54,62 % (1.402) lo fueron condicionales.
En Cuba, el 85 % de los delitos previstos en el Código Penal admiten suspensión
condicional. El 63 % de las sentencias privativas de libertad han sido suspendidas o
reemplazadas por alternativas.
En Chile, para principios de 1988 se encontraron 13.650 personas beneficiadas con la
medida (de un total de 25.551 condenados).
En Panamá, de 2.546 sentenciados, en 785 se otorgó la suspensión condicional (1986).
III.3. La “probation”.
La probation tiene múltiples antecedentes y un gran arraigo en el common law inglés,
pues en 1361 se instituyó con el nombre de recognizance y tuvo figuras paralelas, siendo
establecida en su sentido moderno en 1878 y en 1887. Probation viene del latín probare,
que quiere decir probar.
Es actualmente muy estudiada y aplicada en diversidad de países; sus resultados en
algunos de ellos han sido notables.
La probation consiste en un tratamiento de libertad que suspende el pronunciamiento de
la condena o su ejecución, quedando el sujeto sometido a vigilancia y atamiento igual que
en la libertad bajo palabra. Se concede como sustituto de las penas cortas de prisión
(preventivas de libertad). Se basa primordialmente en la supuesta falta de peligrosidad del
delincuente y de su posibilidad de recuperación, para lo cual debe hacérsele un estudio
previo de personalidad. Su finalidad principal es evitar que el delincuente caiga en el
medio regularmente corruptor de la prisión. Las restricciones que se imponen tienen
carácter de tratamiento y reeducación.
“La probation es un proceso de tratamiento prescrito por la Corte, a personas
condenadas por ofensas en contra de la ley, durante el cual el individuo bajo probation,
vive en la comunidad y regula su propia vida bajo las condiciones impuestas por la corte (u
otras autoridades establecidas), y es sujeto a supervisión por un oficial de probation”43.
Las Naciones Unidas la define como “un método de tratamiento de delincuentes
especialmente seleccionados, que consiste en la suspensión condicional de la pena,
siendo el delincuente colocado bajo una vigilancia personal que le proporciona guía y
tratamiento”44.
Como podemos observar, hay dos diferencias básicas entre el sistema de probation y la
condena condicional; la primera es que en el sistema angloamericano (probation system)
"lo que se suspende condicionalmente es el pronunciamiento de la sentencia; la causa
queda en receso. En el sistema europea (y en Latinoamérica) se dieta la sentencia; pero
se suspende la ejecución de la pena por todo el término de la prueba y hasta la extinción
del derecho de ejecución, en su caso”45.
La segunda diferencia es la intervención de los probation officers, oficiales de prueba,
encargados de la vigilancia, guía y orientación del delincuente sometido a este régimen.
43 Helen Pidgeon, Probation and parole in the theory and practice, cit. por Ricardo Rangel, en Cuadernos Panameños de Criminología”, vol. I,n. 2, p. 101, 44 ONU, Probation and related measures, p. 4, 1951. 45 Carrancá y Trujillo, Carrancá Rivas, Código Penal anotado, Porrúa, México, 1972, p.
200.
La probation tiene como ventaja sobre la condena condicional el hecho de ser una
verdadera libertad vigilada. La dificultad básica está en conseguir el personal de vigilancia,
que debe reunir características muy especiales, pues debe ser más que un trabajador
social y menos que un policía; con esto tratamos de decir que no cualquiera puede ni debe
ser “probation officer”.
Además, tenemos el problema del costo; es indudable que un sistema de probation tiene
un costo real y social inferior al de la prisión, siempre y cuando se utilice masivamente,
pero en el momento actual parece que la inversión inicial está friera del alcance de los
países latinoamericanos, ahogados por una penosa deuda externa y con graves
problemas económicos.
Chile tiene un sistema parecido a la parole, en el cual los sentenciados de 2 a 5 años de
prisión pueden quedar bajo la vigilancia de un delegado que depende del Ministerio de
Justicia. Para principios de 1988, 614 personas estaban bajo la vigilancia de 35
delegados, reportando un gran éxito, ya que sólo se ha tenido un 4 % de reincidencia.
III.4. Libertad condicional.
La libertad condicional, llamada también libertad preparatoria o libertad bajo protesta, es
una figura de rancio abolengo en América Latina; en México existe desde el Código Penal
de 1871; en el Uruguay, en el de 1889; y en la Argentina, en el de 1891.
Actualmente podemos encontrarla en la Argentina (C.P., art. 13); Bolivia (C.P., art. 66);
Brasil (C.P., art. 83); Colombia (C.P., art. 72); Costa Rica (art. 64, C.P.); Cuba (art. 58,
C.P.); Chile (decreto 32 1/25); El Salvador (art. 94, C.P.); Dominicana (ley 5635/6 1, art. 2);
Ecuador (art. 87, C.P.); Honduras (art. 76, C.P.); México (art. 84, C.P.); Panamá (art. 85,
C.P.); Paraguay (art. 70, C.P.); Perú (art. 58, C.P.); Uruguay (art. 131, C.P.); Venezuela
(art. 76, Ley Penitenciaria; art. 20, C.P.).
La libertad condicional se otorga a los sentenciados que hubiesen compurgado una
parte de la pena privativa de libertad, si han observado buena conducta en la institución
penitenciaria. Se imponen al beneficiario una serie de condiciones; la principal de ellas es
no delinquir de nuevo, que de no cumplirse provocan la revocación.
En cuanto al tiempo que el sujeto debe haber pasado en prisión, la situación varía desde
1/3 de la pena (Brasil) hasta 3/5 partes (Ecuador y México).
La conceden cuando se ha cumplido la mitad de la pena, Costa Rica, Chile, El Salvador,
Perú y Cuba; las dos terceras partes, Argentina, Bolivia, Colombia, Panamá y Venezuela.
Hay casos especiales, como la Argentina, en que se deben haber cumplido 20 años, si
se trata de pena perpetua; Cuba, en que si el reo no ha cumplido 20 años de edad al inicio
de su condena se baja a 1/3; México, en que se cuenta la mitad de la condena en delitos
culposos.
La autoridad competente es la judicial, con excepción de Chile, México y Panamá, en
que es la autoridad administrativa.
La obligación de residir en lugar determinado se encuentra en El Salvador, Perú y
Venezuela, la de tener medio lícito de subsistencia, en Dominicana, Colombia y Uruguay,
y ambas obligaciones en Argentina, Ecuador, México, Panamá.
El requisito de tener trabajo ha sido duramente criticado, no sólo por el desempleo grave
que padecemos, sino también por las terribles dificultades que tiene el ex presidiario para
encontrar quien lo reciba, convirtiéndose en una condición cuyo cumplimiento escapa a la
voluntad del liberado.
La prohibición general de ingerir bebidas alcohólicas, que encontramos en México,
Colombia y Argentina, no parece tener razón en los casos en que el alcohol no tuvo nada
que ver en el delito. Más grave aún es el precepto ecuatoriano (art. 88), en el cual el
liberado no puede frecuentar tabernas, o acompañarse de gente de “mala fama”; precepto
similar lo encontramos en el Código paraguayo (art. 68).
No tienen el derecho a la libertad condicional los reincidentes en Argentina y Costa Rica;
en México y Perú, los multirreincidentes y los narcotraficantes.
Se alarga el plazo en caso de ser reincidente en el Brasil (1/2 en lugar de 1/3) y en Cuba
(2/3 en lugar de 1/2).
La obligación de reparar el daño, o al menos de garantizarlo, lo encontramos como
condición en Argentina, Brasil, Dominicana, Ecuador, México, Perú y Panamá.
En cuanto a peculiaridades dignas de ser mencionadas, en el Brasil (art. 85, C.P.) y en
el Perú (art. 59, C.P.), el juez dicta las condiciones a que ha de sujetarse el liberado.
En Costa Rica tiene gran participación el Instituto de Criminología, que reporta al juez, y
en México, el Consejo Técnico de la Penitenciaría envía su informe a la Secre- taría de
Gobernación (Ministerio del Interior), quien dieta en definitiva el beneficio. Ambos países
tienen sistema progresivo, con prelibertades o semilibertades.
Chile tiene un sistema por demás engorroso, ya que los miembros de la “visitaduría
semanal” reciben un informe del director del establecimiento, con el cual solicitan un
pronunciamiento del “Tribunal de Conducta” (representantes del poder judicial, colegios de
abogados, médicos, asistentes sociales, autoridades penitenciarias), para que se turne el
caso al Ministerio de Justicia, el cual, silo concede, expide un “decreto supremo“.
En Cuba, el Ministerio de Justicia puede solicitar la liberación aunque no se haya
cumplido el tiempo de ley. Además, intervienen las organizaciones políticas, de masas,
sociales y militares en la supervisión de la medida, y pueden pedir su revocación.
En Bolivia, al cumplir la mitad de la sentencia, se puede pedir al juez pasar al sistema de
confinamiento solamente nocturno, de fin de semana, o en institución agrícola, y al cumplir
las dos terceras partes en total libertad.
La libertad condicional ha tenido notable éxito en varios países de la región, sobre todo
cuando existe alguna forma de supervisión; por ejemplo, en la Argentina, en el
seguimiento a 2.846 casos supervisados por el Patronato de Liberadas, solamente se
revocó la libertad en 14 casos (0,5 %) (en la Capital Federal el porcentaje aumenta a
1,33).
III.5. La "parole”.
La parole es semejante a la libertad condicional, con la diferencia de que se otorga en
cualquier momento en la época de la condena. El liberado bajo palabra queda sometido a
la vigilancia y asistencia de personal especializado, generalmente trabajadores sociales y
criminólogos. Puede traducirse como tratamiento en libertad bajo palabra.
El término “parole” viene del francés “palabra de honor”, y tiene también antecedentes
importantes, siendo muy extendida su aplicación.
La parole es la liberación condicional de un recluso, de una institución penal o
correccional, después que ha cumplido una parte de su sentencia. Durante el período de
parole el infractor continúa bajo la custodia del Estado y puede ser devuelto a la institución
si viola las condiciones de su liberación.
La parole no es considerada como clemencia o como un premio por buen
comportamiento en la institución; tiene como propósito hacer de puente en la brecha entre
el encierro dentro de la institución y la completa libertad en la comunidad. Permite a las
autoridades escoger un momento favorable a la liberación. Ofrece protección a la
sociedad, proporcionando vigilancia cercana al comportamiento de un recluso liberado, y
ayuda al infractor a través de un crítico período de ajuste.
La base sobre la cual gira la parole es, en primer lugar, los consejos criminológicos de la
prisión, que indican en qué momento puede el recluso gozar de este beneficio, y después
los oficiales de parole, muy similares a los de probation.
En América Latina continental, por la gran tradición de la libertad condicional, no existe la
parole. Hay algunos intentos de libertad vigilada, pero la falta de personal de vigilancia
hace que la figura se convierta en una libertad “autovigilada”.
I I I.6. Servicio a la comunidad.
Los trabajos de servicio en favor de la comunidad tienen las siguientes características
comunes :
a) no son remunerados;
b) se los efectúa fuera del horario de trabajo normal;
c) son prestados en una institución de beneficencia, pública o privada;
d) pueden ser prestados también en instituciones educativas.
e) Las características del cumplimiento las marca el juez. Tienen sustitución de prisión por
servicio a la comunidad: Brasil (art. 46, C.P.), Colombia (art. 48, C.P., sólo para
contravenciones), Costa Rica (art. 55, C.P.) y México (art. 27, C.P.).
En el Brasil se los puede aplicar en penas de prisión menores de un año (o en delitos
culposos), pero no a reincidentes que tengan antecedentes sociales insatisfactorios. La
jornada es de 8 horas semanales y la institución beneficiada debe hacer reportes
mensuales.
En Costa Rica es el Instituto de Criminología el que autoriza la sustitución; el trabajo es
remunerado, pero el salario se usa para pagar total o parcialmente la multa.
En México, la sentencia de prisión no debe superar un año. La jornada no puede ser
mayor de tres horas ni más de tres días a la semana. Cada día de servicio remite uno de
prisión. No pueden ser labores degradantes o humillantes .
En la práctica se ha utilizado muy poco, por falta de infraestructura. Es prematuro hacer
una evaluación, ya que son alternativas de reciente creación (Brasil y México las
adoptaron en 1984).
III.7. Trabajo obligatorio.
Las penas laborales, de larga historia, llegaron a convertirse en una vergüenza para la
humanidad; los caminos, las minas, las galeras, vieron extinguirse a millares de hombres
agotados y destruidos. Es hasta hace poco en que se ha pensado en el trabajo como
sustitutivo de la pena de prisión, y, por tanto, realizado en libertad.
El trabajo obligatorio en libertad presenta múltiples ventajas, pues el reo no pierde la
continuidad de su vida familiar y social, siendo pena barata y productiva. Fue
recomendado por el Congreso Internacional Penitenciario de Londres y ha sido muy
utilizado en los países socialistas, gracias al control estatal de las industrias, y hemos visto
su conveniencia.
En Cuba se denomina “trabajo correccional sin internamiento” (art. 33, C.P.) y opera
cuando la pena de prisión no excede de 3 años y las características personales del
sentenciado lo permiten. El sancionado cumple su pena en su mismo centro de trabajo o
en el que le designe el tribunal, no puede tener ascensos, aumentos de salario ni
desempeñar funciones directivas o docentes.
III.8. Medidas terapéuticas.
Se aplican en los casos de enfermedad física o mental que requieran intervención médica
y que imposibiliten el tratamiento penitenciario, por su gravedad y duración, siendo inútil la
permanencia del sujeto en la prisión, por no tener ésta los medios para curar, ni ser su
finalidad el servicio médico y hospitalario.
a) a) Tratamiento médico. Enfermos físicos crónicos o infecciosos deberían ser separados
y tratados, y sólo el médico puede autorizar el regreso a prisión46.
En los casos en que el sujeto deba permanecer privado de libertad y recibir asistencia
46 Cfr. O.M.S. (Organización Mundial de la Salud), Aspectos sanitarios de los maltratos evitables infligidos a presos y detenidos, ONU, 5 Congreso sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Ginebra (doc.75-100375), 1975.
médica, el ideal es un centro especializado, con personal adecuado, instrumentos
necesarios y seguridad suficiente.
Las Reglas Mininas para el Tratamiento de los Reclusos consignan estas obligaciones
(art. 22) y en general todos están de acuerdo.
La situación latinoamericana es grave en este sentido, ya que no existen las
instituciones especializadas; generalmente los servicios médicos se prestan en un anexo o
clínica dentro de la misma prisión, y no siempre tienen material ni el personal adecuado ni
suficiente.
b) Tratamiento psiquiátrico. Los manicomios judiciales o casas de cura y custodia son
indudablemente una necesidad; la época en que los enfermos mentales eran recluidos en
las cárceles fue superada por Pinel desde principios del siglo pasado, aunque aún haya
muchos alienados que sufren prisión.
En la ley, materialmente todos los países de nuestro continente cumplen con la
disposición del art. 82 de las Reglas Mínimas de la ONU, que dispone el internamiento de
los alienados en establecimientos para enfermos mentales, y prohíbe su permanencia en
la cárcel. Así: Argentina (art. 34, C.P.), Brasil (art. 96, C.P.), Colombia (art. 56, C.P.),
Costa Rica (art. 101, C.P.), Panamá (art. 112, C.P.), Perú (art. 93, C.P.), Venezuela (art.
58, C.P).
La realidad es muy distante, ya que generalmente no existen las instalaciones, los
centros y los especialistas que las leyes señalan. No es raro, en las cárceles de provincia,
ver la inversión del sistema, es decir, que la cárcel sea usada como manicomio, ya que no
hay dónde internar a los enfermos mentales que son captados como peligrosos. Cuando
hay suerte, existe un pabellón psiquiátrico donde los enfermos están separados del resto
de la población; cuando no, están con el resto de reclusos, con todo la que esto implica.
Además, la mayoría de las legislaciones contiene la norma de que el enfermo debe quedar
recluido “hasta su curación”, lo que en ocasiones es imposible, y en realidad se está
dando una condena a cadena perpetua.
Brasil (art. 96, C.P.) y México (art. 69, C.P.) han impuesto la norma de que la medida de
seguridad no puede durar más de lo que durada la pena para el mismo caso. Panamá (art.
114) obliga a que la medida dure al menos el mínimo de la pena, pero no más de 20 años.
III.9. Confinamiento.
Consiste en la obligación de residir en determinado lugar y no salir de él. Puede ser con
vigilancia de la autoridad o sin ella.
En México, el juez puede conmutar la prisión por confinamiento en los casos de delitos
políticos (art. 73, C.P.).
En Colombia se llama restricción domiciliaria (art. 57, C.P.), y en Venezuela (art. 20,
C.P.) trae accesoriamente la suspensión de empleo; en ambos países es pena principal.
En Cuba (art. 34, C.P.) se denomina limitación de libertad, y es subsidiaria de la prisión
cuando no excede de tres años; trae aparejada la suspensión de ascensos y aumentos de
salario y es vigilada por las organizaciones de masas y sociales del lugar del
confinamiento.
III.10. Prohibición de ir a lugar determinado.
Se prohíbe asistir a determinado lugar o medio, cuando se supone (con fundamento)
que el sujeto puede cometer nuevos delitos en ese lugar, o correr peligro en él.
Éste es el caso de lugares criminógenos, como garitos, cantinas, bares, prostíbulos,
billares, palenques, etc.; o de lugares en que se corra el peligro específico; v.gr., el pueblo
donde viven las víctimas del delito o los familiares del victimado (que en realidad son
víctimas también), que pueden tomar venganza.
La medida se ha aplicado con éxito en nuestro medio, siendo complemento o condición
de otros sustitutivos, como la condena condicional, la preliberación, las salidas de fin de
semana, etc.
En el Código Penal cubano (art. 41) es considerada como pena, en tanto que en los
códigos de Costa Rica (art. 101) y Panamá (art. 108) es planteada como medida de
seguridad. México la contempla en el art. 24, sin mencionar su naturaleza.
III.11. Restricción o privación de derechos.
La restricción o privación de derechos, llamada también inhabilitación o interdicción, es
planteada en Latinoamérica como una pena accesoria (generalmente a la prisión) o
principal, pero no como una alternativa, con excepción del Brasil (art. 44, C.P.).
Son diversos los derechos que pueden ser limitados o suspendidos; principalmente
encontramos:
a) Derechos de familia (patria potestad, tutela, curatela). Como en Costa Rica (art. 57,
C.P.), Cuba (art. 38, C.P.), Panamá (art. 54, C.P.), Perú (art. 33).
b) Limitación al ejercicio de profesión o empleo. Que puede llegar al retiro definitivo de la
licencia o cédula profesional.
Cuando una persona es peligrosa o dañina al ejercer su profesión, generalmente no es
necesario encerrarla para evitar los riesgos, puede bastar el impedirle ese trabajo. No se
debe desconocer la posibilidad de que al no poder efectuar el trabajo que conoce, el
individuo busque ganarse la vida por vías ilícitas.
La interdicción de profesión, oficio, industria o arte se encuentra en casi todos los
códigos latinoamericanos; por ejemplo: Argentina (art. 20, C.P.), Brasil (art. 47, C.P.);
Colombia (art, 58, C.P.), Costa Rica (art. 57, C.P.), Cuba t 39, C.P), Panamá (art. 53,
C.P.), Perú (art. 27, C.P.), Venezuela (art. 25, C.P.).
e) Derechos cívicos. Comúnmente acompañan a la pena de prisión.
d) Suspensión de la licencia de manejo. Está contemplada como accesoria en Cuba (art.
40, C.P.), como principal o sustitutiva en el Brasil (art. 47, C.P.), como medida de
seguridad en Panamá (art. 108, C.P.).
En esta medida debemos poner especial atención, por el gran numero de delitos
cometidos con vehículos de motor resultando en la mayoría de los casos que se trata de
personas de vivir honesto y de trabajo honrado, que peligrosas exclusivamente al frente de
un volante. Es inútil llevarlas a prisión, ya que no necesitan tratamiento y son intimidables
con otras medidas.
III. 12. Arresto diverso a prisión.
a) Arresto o limitación de fin de semana. Esta modalidad penológica se había probado
ya ampliamente en los países de la región que tienen sistema progresivo (Costa Rica,
México).
Consiste en la obligación del reo de pasar el fin de semana recluido en la
institución penitenciaria. Generalmente se aprovechan las celdas que quedan libres por los
reclusos que, en fase preliberacional, van los fines de semana a su casa.
Esta modalidad evita los principales defectos de la prisión, permitiendo además el
tratamiento y control del delincuente e impidiendo la pérdida del trabajo, la disolución de la
familia, la estigmatización, la prisionalización, etc.
En México y Brasil ha sido adoptado recientemente como alternativa a la prisión.
En México entra en las formas de semilibertad sustitutivas de la prisión que puede dictar
el juez (C.P., art. 27), y continúa aplicándose como forma de preliheración dispuesta por la
autoridad administrativa (art. 8, Ley de Nonnas Mínimas sobre Readaptación Social de
Sentenciados).
En el Brasil es llamada “limitacao de fin de semana” (art. 48, C.P.), y el juez de ejecución
determina las modalidades (lugar, horario, actividades).
b) Arresto nocturno. De ser una etapa de transición en el tratamiento progresivo, se ha
convertido en muchas partes como un eficaz sustitutivo de la prisión47.
Lo que hace más imperativa esta solución es la escasez de oportunidades de trabajo en
el medio enitenciario, obligando al recluso al ocio, o a la fabricación de curiosidades
improductivas
47 Cfr.: Rico, ob. cit p. 132
Para evitar esto se ha propuesto que los reclusos cuya peligrosidad sea
mínima (o aun algunos de peligrosidad media) puedan salir a trabajar (o a estudiar)
inmediatamente, sin tener que esperar a que llegue su etapa preliberativa, sino en
forma de sustitución.
Además de una etapa en el sistema progresivo, la detención puramente nocturna es
considerada ya como
una alternativa a la prisión en México (C.P., art. 27), y puede ser concedida por el juez
desde el principio en el Brasil (arts, 33 y 36, C.P.; arts. 113 y ss., L,E.P.).
c) Arresto domiciliario. De muy escaso uso, podría ser aplicado en poblaciones
pequeñas; de otra forma, el control es muy difícil. Es además una pena inequitativa, ya
que aquellos que vivan en un palacio, o en una rica villa, no la sufrirán en igual forma que
quien la pase en choza o cuarto de vecindad.
De todas formas, es preferible a la prisión, y ha sido experimentado básicamente como
sustitutivo de la prisión preventiva.
En la Argentina y en Costa Rica (art. 298, C.P.P.) está previsto como alternativa de la
prisión preventiva en el caso de mujeres honestas, personas mayores de 60 años y
valetudinarias. En México se ha experimentado para delitos culposos.
III.13. Vigilancia de la autoridad.
Sustituyen la prisión por mecanismos de vigilancia y dirección del individuo.
El control puede ser ejercido por institución pública (por ejemplo, la policía) o por un
ente privado, como es el caso de la entrega del sujeto a la familia, para que ésta se haga
responsable de él. Esta última medida ha tenido un notable éxito en menores y en otros
inimputables.
Las medidas de control pueden representar uno de los caminos más interesantes para
sustituir la prisión, pues muchas instituciones, como sindicatos, escuelas, grupos sociales,
industrias, clubes deportivos, etc., pueden coadyuvar con el Estado a controlar, vigilar y
orientar a sujetos inadaptados que no requieran el internamiento carcelario.
En América Latina se utiliza como medida accesoria a otras alternativas (Cuba, art. 45,
C.P.; México, art. 50 bis, C.P.) o como pena posterior a la liberación (Ecuador, art. 61,
C.P.).
IV. ALTERNATIVAS SIN SUPERVISIÓN O CONTROL.
IV. 1. Introducción.
Tratamos ahora las alternativas en las que no hay una supervisión o control.
Al igual que en el capítulo anterior, debemos hacer la observación de que hay variantes
importantes de un país a otro, por lo cual nos basamos en los aspectos más comunes.
IV.2. Multa.
La multa es, con la prisión, la pena más extendida, y se le ha considerado el sustitutivo
ideal de aquélla.
Pero la multa dista mucho de ser la pena ideal, principalmente por las chocantes
diferencias en cuanto a potencialidad económica del delincuente. Sólo encontrando un
adecuado sistema de multa podrá operar como un sustitutivo adecuado.
Se ha ido generalizando la disposición de que el juez puede aceptar que la multa se
pague en cuotas o plazos, según la situación económica del sentenciado; Argentina
(art. 21, C.PJ, Brasil (art. 50, C.P.), Colombia (art. 47,C.P.), Costa Rica (art. 54, C.PÚ,
Cuba (art. 35, C.P.), Chile (art. 64, C.P.), El Salvador (art. 85, GP.), Guatemala (art. 54,
C.P.), México (art. 39, GP.), Panamá (art. 49, C.P., otorgando garantía), Perú (art. 28,
C.PJ, Venezuela (art. 51, C.P.).
Una solución, adoptada por varios países de la región es la aplicación del sistema día-
multa, en el cual el reo debe pagar conforme a sus ingresos diarios, pudiendo esto
comprobarse fiscalmente.
En esta forma, el juez dicta sentencia en días de ingreso, y no en cantidades concretas
de dinero, lográndose también la actualización automática de los códigos, no debiendo
cambiarlos cada vez que fluctúa la moneda, o que ésta pierda poder adquisitivo.
Por ejemplo, han adoptado el sistema dia-multa: Brasil (art. 49, C.P.), Costa Rica (art.
53, C.PJ, Cuba (art,35, C.P.), El Salvador (art. 61, C.P.), México (art. 29, C.P.), Panamá
(art. 48, (IP.), Perú (art> 20, C.P.), Venezuela (art. 50, C.P.).
A pesar de los problemas que presenta la multa, como el del sujeto insolvente, o la
posibilidad de que un tercero
(generalmente la familia) pueda pagarla (convirtiéndose en pena trascendente), es
preferible en todos sentidos a la prisión.
Problema grave, y que debemos mencionar en este trabajo, es la costumbre de
sustituir la multa por prisión,
en los casos de insolvencia o negativa de pago. “Darle al delincuente la oportunidad de
elegir entre la multa y un
período de prisión es la negación de nuestra responsabilidad de sentencia”48.
48 Morris, ob. cit., p. 22.
En los casos de no pago de la multa, la casi totalidad de los países de la región tienen
prevista la privación de la libertad, por la que la prisión se convierte en un sustitutivo de la
multa, y no al revés, como debería ser. En el caso están la Argentina (art. 21, C.P.), Brasil
(art. 51, C.P.), Colombia (art. 49, C.P.), Costa Rica (art. 56, CP.), Cuba (art. 85, C.P.),
Guatemala (art. 55, C.P.), El Salvador (art. 84, C.P.), Panamá (art. 51, C.P.), Perú (art. 21,
C.P.), Venezuela (art. 30, C.P.).
La excepción parece ser México, que en su reforma de 1983 al art. 29 del Código Penal,
eliminó la sustitución de la multa por prisión .Ahora, en caso de insolvencia, el sentenciado
presta un día de trabajo a la comunidad por cada dia-multa, y en los casos de no ser esto
posible, se utiliza la libertad vigilada. Cuando hay bienes, pero negativa de pago, se utiliza
el procedimiento económico coactivo.
En el Ecuador existe una peculiar figura llamada recurso o amparo de pobreza, por el
cual una persona puede justificar su situación de extrema indigencia, y en esa forma ver
suspendida la orden de encarcelamiento.
Tienen la posibilidad de sustituir la prisión que sustituyó a la multa, por trabajo (en
ocasiones no remunerado), entre otros: Colombia (art. 48, C.P) Costa Rica (art. 55, (CP.),
Cuba (art. 35, C.P.), Panamá (art. 50, (CP.), Perú (art. 24, C.P.).
El impacto de la sustitución de prisión por multa está atemperado con un límite en
diversas legislaciones; así, por ejemplo, en el Perú, donde no puede exceder de tres
meses (art. 23, C.P.).
La multa como alternativa de la prisión se está llevando con éxito en Cuba, con el nuevo
código (1988), ya que el anterior no lo permitía. En los primeros 6 meses de aplicación
reportan un 84 % de casos en los cuales se aplicó multa en lugar de detención.
IV.3. Libertad bojo fianza.
La libertad bajo fianza, llamada también libertad caucional, excarcelación, o libertad
provisional bajo caución, es el más usual sustituto de la prisión preventiva en América
Latina, lo que le da una peculiar importancia, por los problemas de preso sin condena
anteriormente expuestos.
La fianza es un depósito monetario o garantía en bienes que se da en prenda del buen
cumplimiento de una obligación, es utilizada en el mundo penal muy a menudo, y se da en
garantía de que alguno a quien sueltan de la cárcel se presentará siempre que se le
mande. Es una de las figuras que más han auxiliado para rescatar gente de la prisión
preventiva.
Indudablemente, comparte con las demás medidas pecuniarias el defecto de ser dispar
según la fortuna de cada quien, encontrándose casos dramáticos de sujetos que
permanecen largo tiempo en prisión por no tener quien los respalde económicamente, y
por carecer de bienes suficientes para hacer frente a la situación.
La solución propuesta en cuanto a la multa, consistente en un sistema día-multa, podría
funcionar en lo relativo a fianza, eliminando las chocantes diferencias económicas.
Hemos luchado siempre por la aplicación de las posibilidades de la libertad bajo fianza,
para que sólo los acusados de un delito muy grave permanezcan en la prisión
preventiva.
Con excepción de Nicaragua y Perú, todos los códigos de procedimientos penales de
Latinoamérica la adoptan; así: Argentina (art. 383), Bolivia (art. 208), Brasil (art. 321),
Colombia (art. 329), Costa Rica (art. 297), Cuba (art. 255), Chile (art. 261), Dominicana
(ley especial 5439), Ecuador (art. 77), El Salvador (art. 250), Guatemala (art. 558),
Honduras (art. 433), México (art. 556), Panamá (art. 2099), Paraguay (art. 351), Uruguay
(art. 141), Venezuela (art. 320).
Aunque en sustancia es lo mismo depositar dinero, bienes o valores para asegurar la
presencia a juicio y el cumplimiento de la condena, hay variaciones en cuanto a la forma
de concederla: aplicación automática si la pena que merece el delito no pasa de
determinado tiempo de prisión, o no merece pena privativa de libertad; según las
circunstancias personales del sujeto; combinación de las dos anteriores.
En la mayoría de los sistemas puede el sujeto depositar la fianza; en algunos debe ser
un tercero (Panamá). Hay casos en que el fiador responde con arresto (Paraguay).
La fianza puede ser incondicional o con condiciones.
En México, la libertad provisional tiene rango constitucional (art. 20). En el Perú el
sistema es peculiar: o procede la libertad o se dicta la formal prisión. Lo anterior se maneja
por medio de numerus clausus, pues no procede la excarcelación en los delitos
enumerados en el art. 79 del Código Penal.
En Nicaragua, la figura usual es la “fianza de la haz”, en la que el fiador responde por el
presunto delincuente, s sin necesidad de depósito de bienes o efectivo.
IV.4. Libertad juratoria.
La libertad juratoria, llamada también libertad bajo protesta, es, después de la libertad
caucional, la forma más común para evitar la prisión preventiva.
Tiene características muy similares a las de la libertad caucional, y se aplica en casos
de delitos muy leves o de extrema pobreza del acusado, en que no haya indicios de que
pueda fugarse. La diferencia con la libertad bajo fianza o caucional es que no se exige
garantía económica, sino que basta la promesa del indiciado de que se presentará ante el
juez todas las veces que sea requerido.
Contemplan esta figura los códigos de procedimientos de: Argentina (art. 382), Brasil
(art. 350), Colombia (art. 439), Costa Rica (art. 301), Cuba (art. 255), El Salvador (art.
253), Guatemala (art. 591), México (art. 552), Nicaragua (art. 106), Paraguay (art. 364),
Uruguay (art.144).
IV.5. Amonestación y apercibimiento.
Tienen como antecedentes las penas infamantes, que tenían como característica
principal el humillar al reo, avergonzándolo y exponiéndolo a la burla pública.
Fueron muy usuales, entre otras: la picota, la marca, la exposición, la máscara y el
sambenito; y en la actualidad se utilizan algunas como la publicación especial de
sentencia y la pública amonestación.
De la publicación especial de sentencia no tenemos noticia que se haya utilizado como
sustitutivo de prisión, sino, al contrario, acompañando a ésta.
La amonestación es, al decir de Ceniceros, medida de naturaleza moral y conminatoria.
Tiene dos características conjuntas:
a) es una represión o extrañamiento solemne, público;
b) es un apercibimiento, advertencia o escarmiento para el futuro, en el cual el juez
previene la reincidencia49.
Opera como alternativa en casos de delitos leves, que en lo general no ameritan prisión.
En Cuba es sustitutiva únicamente de la multa (art. 36, C.P). En México (arts. 42 y 43,
C.P.) y Venezuela (art. 32, C.P.) es pena accesoria.
IV.6. Reparación del daño.
Considerada por varios de los códigos como una pena, puede ser un valioso sustitutivo
de la prisión, pues a la mayoría de las víctimas no les importa tanto el castigo al ofensor
sino la reparación del daño que éste causó. Es muy común que la víctima prefiera que se
le regrese lo robado, se le indemnice en daños y perjuicios, o se le dé una satisfacción, a
que el criminal vaya a la cárcel. En ciertos delitos, como el estupro, el rapto, o el robo
ínfimo valor, la reparación del daño hace desaparecer la pena.
La reparación del daño es tomada en cuenta en Latinoamérica como un requisito para
obtener algún beneficio, o como prueba de arrepentimiento, pero no es utilizada
propiamente como alternativa a la prisión.
IV.7. Caución de no ofender
Una de las medidas más antiguas (cautio de benevivendo), recomendada ya desde el
Congreso Penal y
Penitenciario de 1890, consiste en depositar una suma ante la autoridad, como garantía
de no hacer determinada cosa que es perjudicial a la sociedad. Por excepción puede
depositársela para garantizar el hacer algo benéficoa lo que se está obligado.
49 Ob. cit., p. 269.
Ya comentamos la reacción psicológica de la víctima, que prefiere la reparación del
daño al castigo del ofensor. En este caso, tenemos algo similar; el ofendido prefiere la
seguridad de que no volverá a ser agredido a una venganza insegura.
La medida es importante, aunque con limitaciones claras, pues no podríamos aplicarla a
ciertos delincuentes. Además, tiene los mismos problemas de las penas pecuniarias,
básicamente el drama del miserable que no cuenta con el efectivo suficiente para
garantizar su bondad futura, quedando una medida discriminatoria, benéfica tan sólo para
los económicamente poderosos.
En la región se utiliza como complemento del apercibimiento (México, art. 44, C.P.),
como garantía del cumplimiento de las condiciones impuestas por el juez para otras
formas de liberación (Perú, art. 38, C.P.), o como pena accesoria (Venezuela, art. 31,
C.P.).
IV.8. La confiscación.
“De las dos especies de confiscación elaboradas y aplicadas desde tiempos remotos por
las legislaciones penales, la confiscación general —es decir, la que recae sobre todos los
bienes presentes y futuros del condenado-, esta pena rigurosísima no merece ser retenida
como medida sustitutiva del encarcelamiento, pues no corresponde ni a las esperanzas
del derecho penal moderno ni a las nuevas teorías referentes a la punición, siendo
además severa e injusta, ya que recae sobre la familia del reo y afecta más al hombre
ahorrador que al derrochador”50.
Esta forma de privación de la propiedad está superada en América Latina; varios países
la tienen prohibida a nivel constitucional.
La otra forma, llamada confiscación especial, decomiso o comiso, es ante todo una pena
accesoria, no utilizada como alternativa de la prisión, y consistente en la pérdida de los
instrumentos del delito (instrumenta sceleris) y de los beneficios del delito (producto
sceleris).
La confiscación especial es una medida peculiar, ya que se dirige más hacia el objeto
peligroso que al sujeto peligroso; si hemos eliminado al objeto, ¿qué caso tiene enjaular al
sujeto? La presunción de que el portador del objeto es peligroso, es hasta cierto punto
infundada, pues el reo podría ignorar la peligrosidad de él, o no saber su uso, etc.
Rico nos hace ver cómo la medida debe ser aplicada aun en los casos en que el
acusado es absuelto, lo que demuestra que ésta es una medida real, y no personal51.
Efectivamente, la protección a la sociedad se logra destruyendo el objeto, y no hay
50 Rico, ob.cit., p.82
necesidad de destruir también al delincuente encarcelándolo, a menos que tengamos
otras pruebas de su peligrosidad.
Es necesario recordar que los objetos verdaderamente peligrosos son raros y difíciles de
conseguir, y que su comiso puede cumplir suficientemente los requisitos de seguridad y
protección social.
Sin embargo, la confiscación especial o comiso no es utilizada en la región como
alternativa de la privación de libertad, sino como pena accesoria,
lV.9. Clausura de establecimiento.
Es una medida de carácter patrimonial, en cuanto afecta económicamente al
beneficiario o propietario del local
Ha sido criticada en cuanto trasciende al personal, a la familia y a los acreedores, y por
no ser divisible puede ser desproporcionada. Sin embargo, su poder intimidante ha sido
demostrado, principalmente en delitos de “cuello blanco” o “guante blanco”.
El razonamiento puede ser el mismo que para el decomiso especial, pues eliminando la
industria dañina o el establecimiento peligroso podemos proteger al conglomerado social,
no siendo ya criminológicamente necesario dar prisión a los culpables.
En América Latina se utiliza también como pena accesoria, y no como alternativa a la
prisión.
IV.1O. Extrañamiento y destierro.
Medidas como el extrañamiento y el destierro alejan al criminal del suelo patrio,
impidiéndole el regreso. Se han utilizado desde la remota antigüedad principalmente para
reos de orden político, aunque no se descarten para los del orden común.
Como sustitutivo de la prisión tienen muchas y muy señaladas ventajas, y se debería
hacer una seria revisión de su efectividad, aunque quizá se piense que sólo se desplaza el
problema sin resolverlo, pero es que ciertos delincuentes no son permeables a otro
tratamiento, por lo que sería cruel tenerlos encerrados.
51 Ob. cit., p. 145
En Latinoamérica se ha utilizado como medida excepcional, en casos de delincuentes
políticos, y se aplica generalmente para extranjeros indeseables, como sanción accesoria,
una vez cumplida la principal.
V. INDULTO, AMNISTIA, PERDÓN.
V. 1. Introducción.
La prisión puede terminarse por cumplimiento de la pena o por muerte del reo, y también
por indulto, amnistía o perdón, que si bien no se los puede considerar sustitutivos de la
cárcel, sino más bien formas de finalizar la estancia en ella, sí son dignas de estudio, pues
vienen a auxiliar a la solución del problema penitenciario,
Las figuras de indulto, amnistía y perdón las hemos incluido en este trabajo por la
peculiar importancia que tienen para América Latina, principalmente en el terreno de la
delincuencia política.
Amnistía e indulto están contemplados en las legislaciones penales latinoamericanas;
así: Argentina (arts. 59 y 61), Brasil (art. 107), Colombia (art. 78), Costa Rica (art. 80),
Cuba (arts. 61 y 62), Ecuador (art. 99), El Salvador (arts. 122 y 123), Guatemala (arts. 104
y 105), México (arts. 92 y 97), Panamá (art. 91), Perú (art. 118), Venezuela (art. 104).
V.2. Amnistía.
La amnistía es el olvido del delito (a, sin; mnemeo, memoria); es la “amnesia
formalmente decretada sobre un hecho”52.
52 Fausto Vallado Berrón, Proceso a la Universidad, Ediciones El Caballito, México, 1973,
p. 90.
Fue conocida por griegos y romanas, aplicada durante la Edad Media y usada en todos
los países, en algunas como “perdón” y en otros como "gracia”, siendo par la general un
medio de conciliación política.
Para Antolisei es “un procedimiento general con el que el Estado renuncia a la aplicación
de la pena para determinados delitos”53.
La amnistía es comúnmente un acto legislativo, y se otorga por medio de una ley.
V.3. Indulto.
El indulto es el verdadero perdón judicial; “es la facultad concedida a los jueces,
comprobada la culpabilidad del enjuiciado, para dispensarlo de la pena fijada por la ley, en
atención a circunstancias excepcionales que concurren en el caso particular”54.
El indulto es por lo general en la región, atribución del poder ejecutivo .
V.4. Indulto y amnistía, diferencias.
Novoa Monreal, el maestro chileno, encuentra las diferencias siguientes55:
1) La amnistía extingue íntegramente la responsabilidad penal; el indulto sólo la pena.
2) El amnistiado se considera como persona que no hubiera delinquido; el indulto
conserva su carácter de condenado para todos los efectos legales.
53 Francesco Antolisei, Diritto penale. Parte generale, Giuffré Editore, Milano Italia, 1963, p. 562. 54 Ceniceros, ob. cit., p. 268 55 Eduardo Novoa Monreal, Curso de derecho penal chileno, t. II, Editorial jurídica de Chile,
Santiago, Chile, 1966, p. 448.
3) La amnistía puede ser otorgada en cualquier momento posterior al delito; el indulto
puede ser concedido únicamente después de dictada sentencia ejecutoria.
4) La amnistía rige con efecto retroactivo, pues se considera que el favorecido con ella
nunca delinquió; el indulto solamente rige para el futuro y no altera la situación de las
penas o de la parte de la pena que ha sido cumplida.
V.5. Indulto y amnistía, críticas.
Varios autores están en contra de estas figuras; por ejemplo, se llegó a decir que la
condonación es un verdadero abuso (Roeder) y una supervivencia de la antigua
jurisprudencia perteneciente a los tiempos de los monarcas absolutos (Concepción
Arenal). Si la pena es necesaria no debe condonarse, si es innecesaria no debe
imponerse; en los jubileos del delito, los delincuentes entran en las ciudades como lobos
en rebaño después de largo ayuno (Bentham, Ferri)56.
A pesar de la oposición de tratadistas de la categoría de los mencionados, y de otros
como Beccaria, Kant, Feuerbach, Garraud y Florian, indulto y amnistía son aceptados por
una buena parte de la doctrina, como Antón Oneca, Ceniceros, Vallado, Romagnosi,
Arranz, Rodríguez Devesa, Manzini (suavizar la dureza de las leyes), Liszt (reparar errores
judiciales), Prins (reducir los casos de aplicación de pena de muerte), etc.
Estamos a favor del indulto y amnistía, no en cuanto puedan ser puertas abiertas a la
impunidad, a la injusticia, o al abandono de las víctimas, sino en cuanto sean vías de
desahogo de aquellos delincuentes de nula peligrosidad, de gran dignidad, que no
necesitan tratamiento y para quienes la condena sería una aflicción completamente inútil.
Es verdad que hay hombres que jamás deberían entrar en una prisión (como hay otros
que jamás deberían salir de ella), y cuando el Consejo Criminológico, o el Instituto de
Criminología, en forma técnica e interdisciplinaria dictanina lo innecesario del
internamiento, y no podemos sustituir la prisión por ninguna otra forma, sea por
56 Cfr. Carrancá y Trujillo, Derecho penal mexicano, Parte general, t. II, Robredo, México,
p. 232, 1950.
impedimento legal o por imposibilidad material, debe existir una salida, una última
posibilidad de salvar al condenado, y ésta puede ser el perdón.
Perdonar es quizá la más sublime acción humana; “el que perdona vence más que el
que se venga”, dijo Juan Ruiz de Alarcón, y Cicerón afirmé que “no hay cosas que haga al
hombre más semejante a Dios, que perdonar”.
Si el perdón es difícil para con el superior que nos ofende, es casi imposible para con el
inferior que nos dalia, y el criminal, principalmente el pobre diablo que llega a sentencia, es
un inferior, inferior intelectual, social y económico, y por lo tanto, víctima propiciatoria,
chivo expiatorio en quien se concentra la venganza social.
No debemos tener miedo a perdonar, aunque tampoco podemos disculpar todo delito;
Rivadeneira decía que “el príncipe debe mirar mucho qué delitos perdona, y a quién y
cómo los perdona, porque como el perdonar y el castigar han de tener siempre por blanco
y fin la república, la una y Lo otro con este fin se debe regular; castigando cuando
conviene castigar y perdonando cuando conviene a la misma república que se perdone”.
Shakespeare decía, en una de sus inmortales obras, que; “el perdón es casi siempre el
padre de la reincidencia”; y en otra afirma que “las primeras palabras que la nodriza del
hijo de un rey debe enseñarles son: «yo perdono»”.
Con la prudencia debida y con la necesaria asesoría de los Consejos Técnicos, el
Estado debería otorgar indultos en casos determinados; quizá pudiera generalizarse la
costumbre existente en varios países de la región, de que se indultase a reos no
peligrosos en fechas simbólicas, como fiestas patrias, navidad o año nuevo, beneficiando
al delincuente ocasional, al anciano, al inválido, a la embarazada, al imprudencial, o al
joven delincuente que tuvo la desgracia de cumplir la mayoría de edad, y que un día antes
hubiera ido a las Consejos Tutelares o Tribunales para Menores.
V.6. Perdón y consentimiento del ofendido.
Hay algunos delitos que sólo son perseguibles a petición de parte; en estos casos puede
proceder el perdón de parte del particular que tiene la posibilidad de poner en acción a la
justicia, aunque generalmente hasta determinada parte del proceso, encontrándose
algunos países en los que es factible otorgar el perdón después de dictada sentencia.
Es una tendencia actual el extender las posibilidades de querella de parte, y por lo tanto
de perdón; en esta forma podrían evitarse múltiples encarcelamientos. Varios códigos de
la región se están reformando en este sentido.
VI. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES.
VI. 1. Introducción.
En este último capítulo repasaremos algunos de los principales problemas expuestos
durante el desarrollo del trabajo, para presentar, finalmente, una serie de
recomendaciones.
VI.2. La crisis de la prisión.
Podríamos concluir con Fishman: “tal como se encuentran al presente, las cárceles
(hablando en general) son gigantescos crisoles de crimen. A su interior se arroja, sin orden
ni concierto, al viejo, al joven, al culpable, al inocente, al enfermo, al sano, al empedernido
y al escrupuloso; allí quedan para ser mezclados con los subsiguientes ingredientes de
mugre, plagas, frío, oscuridad, aire fétido, sobrepoblación y mal servicio de cañerías; y
todo ello se cuece hasta el punto de ebullición a través del fuego de la más completa
ociosidad”57.
Sin embargo, debemos ser justos con la prisión, que es tan sólo el reflejo de la crisis en
general de la justicia penal.
VI.3. Alternativas de la prisión.
En estas conclusiones, debemos hacemos la misma pregunta que se hace Bassiouni,
en su reporte general al IV Coloquio de Bellagio: ¿Deben las alternativas de la prisión
57 Joseph F. Fishman, Cruci bles of crime, Cosmopolitan Press, N York, U.S.A., p. 251,
1923.
convertirse en la regla y la prisión ser la excepción?58. En nuestra opinión, así debe ser,
aunque esto nos plantea, según el mismo autor, una serie de interrogantes:
a)¿Cómo legislar y reglamentar las alternativas para dar la mayor seguridad jurídica?
b)¿Qué proceso de selección usaremos para elegir la alternativa adecuada?
c)¿Qué autoridad será la encargada de aplicar el sustitutivo, cuál la ejecutará y quién
supervisará y revisará?
d) ¿Qué controles legales debe haber?
e) ¿Qué autoridad o dependencia obtendrá los medios para crear los programas?
f) ¿Cómo supervisar y controlar la efectiva ejecución?
g) ¿Cómo asegurar los derechos de las personas sujetas a estos programas?
Podrían plantearse aún un mayor número de problemas a resolver, pero los
mencionados son los más importantes, y algunas vías de solución pueden ser las
siguientes:
a) La creación de leyes de ejecución de sanciones.
b) El desarrollo de cuerpos administrativos (seguramente interdisciplinarios) que
estudien y propongan las medidas sustitutivas adecuadas.
c) El cambio del sistema correccional tradicional hacia formas más elásticas, y que
permita la aplicación de los sustitutivos.
d) Un mayor acercamiento entre los diversos órganos de administración de justicia.
No debemos olvidar tampoco que «las investigaciones de planificación no deben ser el
solo hecho de investigaciones profesionales; se deben implicar en ella los practicantes y
los que llaman los «decision makers»’, los que deben tomar las decisiones. Demasiado a
menudo observamos que las investigaciones dan resultados indicativos serios, pero que
no se aplican porque los que debían tomar las decisiones de aplicación, o aplicarlas, no
habían sido implicados en la investigación, y esta investigación debe ser también lo que
llamamos una «action research», es decir, una investigación orientada hacia la política
58 Sherif Bassiouni, Reporte general de la Asociación Internacional de Derecho Penal al
IV Coloquio de Bellagio, Milán, Italia, p. 14, 1975,
concreta, desarrollada en situaciones concretas”59.
VI.4. La evaluación.
"Si la abolición de la prisión ha de conducir a la selección racional de los métodos que
deben colectivamente asumir la mayoría de sus funciones en la evaluación de las
sanciones penales, debe apoyarse un programa de investigación evaluativa”60.
No es posible continuar utilizando una enorme cantidad de recursos económicos,
técnicos y humanos en programas correccionales, sin una constante evaluación de
resultados. Al planear los sustitutivos es necesario establecer los sistemas de evaluación.
59 C. S Versele, Primeras Jornadas de Defensa Social de América Latina, Caracas,
Venezuela, p. 202, 1074.
60 Morris, ob. cit., p. 48.
VI.5. Transformación de la prisión.
Aunque la prisión en sí no puede desaparecer en el momento actual, sí es necesaria su
diversificación y transformación en institución de tratamiento, para lo que es necesario
romper los tradicionales moldes militaristas y rígidos, y dar al personal penitenciario y a los
internos una nueva mentalidad.
Un camino interesante es el que señala Stürrup: “hay dos notables puntos sobre los que
cualquiera que esté relacionado o preocupado con delincuentes debiera meditar y poner
en práctica. Primeramente, que hay muy poca diferencia entre los que encarcelamos por
los delitos que han cometido, con los individuos que los atienden. Excepto por causas
accidentales —circunstancias de nacimiento o de fortuna—, muchos de los que son
carceleros podrían ser los encarcelados. Cierto grado de humildad debe caracterizar a
este enfoque, el cual no se encuentra ordinariamente en las personas encargadas del
orden carcelario. El segundo consiste en que el terapeuta no trate de intervenir en la vida
del preso para cambiar sus actitudes a efecto de que éstas se conformen con las del
terapeuta. La función de este último consiste, más bien, en levantar las barreras que
impiden al prisionero ayudarse a curar por sí mismo, porque en última instancia cada uno
de nosotros es, o puede ser ayudado a ser, su propio terapeuta”61.
VI.6. Sustitución por pena.
El catálogo de penas es (o debe ser) lo suficientemente amplio para que el juez pueda
elegir penas diversas de la pena de prisión.
61 George K. Stürrup, Treating the untreatable, John Hopkins Press Baltimore, p. 217,
1968.
Dejando la pena de muerte y las corporales como un negro recuerdo de un pasado que
no debería volver, nos encontramos con posibilidades que pueden proponerse y cuyo
funcionamiento se ha demostrado en otros países.
Las penas cortas de prisión pueden sustituirse por arrestos de fin de semana,
detenciones vacacionales o reclusión nocturna; los pocos experimentos que se han hecho
en este sentido han sido satisfactorios.
Debe experimentarse la pena de trabajo en libertad; la ayuda de la empresa privada, de
los organismos públicos y de los sindicatos, puede ser fundamental para el éxito de este
intento.
La multa, uno de los principales sustitutivos actuales de la prisión, debe encontrar un
sistema para vencer la chocante diferencia en su efectividad, según los bienes de fortuna
de cada quien; para superar esto, proponemos, para los países que aún no lo tienen, la
aplicación del sistema día-multa.
Si la multa debe sustituirse a la prisión en muchos casos jamás debe suceder al
contrario, la multa debe ser sustituida por pena laboral o por otras penas o medidas
adecuadas. Este es uno de los problemas de más urgente solución en la región.
VI.7. Libertades bajo condición.
a) La condena condicional o suspensión condicional de la sentencia. Es uno de los
sustitutivos básicos de la pena prisión, y se la debe ampliar y mejorar, derivando hacia
sistemas más funcionales de libertad vigilada, cuando esto último sea factible
Es necesario revisar el concepto de reincidencia; una solución plausible es la de
limitarla a los cinco años anteriores al delito.
b) La libertad caucional, provisional o bajo fianza. De amplio uso, se puede ver limitada
por las variaciones de la moneda, por lo cual hay que buscar sistemas más abiertos.
No se debe imponer cauciones o fianzas que a todas luces no puedan ser ofrecidas por
el acusado.
Es necesario, por la situación económica de América Latina, ampliar las posibilidades de
libertad juratoria o bajo palabra.
c) La libertad preparatoria. De gran tradición entre nosotros, sirve para evitar que el
sujeto dure en prisión más tiempo del necesario, y aunada a la remisión parda] de la pena
y a sistemas preliberacionales, logra una pena con grandes posibilidades de tratamiento.
El gran problema es el de la asistencia a liberados, principalmente en lo relacionado a
trabajo y posibilidades de supervivencia; de lo contrario, la medida puede fallar.
VI.8. Perdón.
El perdón, sea el que otorga la autoridad (indulto), o el que da la parte agraviada, es, si
no un sustitutivo, un medio para evitar que el delincuente permanezca en prisión.
Se debe ampliar las posibilidades de perdón de parte, así como utilizar el indulto en los
casos en que así lo recomienden los consejos criminológicos.
VI.9. La situación latinoamericana.
No es fácil el análisis de la situación en Latinoamérica, en lo referente a ejecución penal
y tratamiento para la adaptación social. En el presente trabajo nos topamos con múltiples
dificultades.
La falta de estadísticas es un primer obstáculo; con excepción de algunos países, no hay
datos objetivos sobre las penas y su ejecución, y menos aún sobre las alternativas y su
eficacia.
El segundo obstáculo lo representa la carencia de leyes de ejecución penal; la materia es
regida por antiguos reglamentos o por la costumbre.
Lo tercero digno de ser tomado en cuenta es que no hay evaluación, por lo que
ignoramos silos sustitutivos puestos en práctica tienen éxito o no.
Un cuarto factor que puede darnos una idea de la situación latinoamericana es el
reducido número de institutos de criminología, pues, con raras excepciones, no existe la
posibilidad de hacer estudios, no hay profesionales preparados en ejecución de pena ni
tratamiento del delincuente; los pocos que se encuentran son autodidactas o se
prepararon fuera de Latinoamérica, y forman un curioso grupo de idealistas, algo que nos
atreveríamos a llamar “bohemia criminológica”.
Dato digno de tomar en cuenta, y que sí es asequible investigador, es el que
proporcionan los presupuestos egresos de las naciones latinoamericanas; en ellos
encontraremos que el “patito feo” es la administración de justicia y dentro de ella lo
dedicado a ejecución de pena y tratamiento de los delincuentes.
En parte, podemos guiamos por la producción literaria que describe una realidad
siniestra y deprimente;
basta recordar a título de ejemplo: Celda 1662, Anatomía de una prisión63, El Apando64, La
isla de los hombres solos65, Las tumbas66 Islas Marías67, El sexto68 La negra historia de
62 Gregorio Cárdenas Hernández, Celda 16, Diana, México, 1970 63 Marcel Viveros, Anatomía de una prisión, Diana, México, 1972 64 José Revueltas, El Apando, Era, México, 1969. 65 José León Sánchez, La isla de los hombres solos, Novaro, México, 1970
Lecumberri69 Diario de Lecumberri70, Soy un delincuente71, De Devoto a Coronda72, La
fuga del siglo73, Adiós, Lecumberri74, ¿Por qué no dijiste todo?75, y, últimamente, Crónica
de muertes silenciadas76.
La literatura técnica sobre alternativas de la prisión es poco abundante en la región;
podemos mencionar: Elías Neuman77, Miguel Reale78, René Ariel Dotti79, Roberto
Meana80, Luis Rodríguez Manzanera81, Bocaranda Espinoza82, Luis Bravo Dávila83.
66 Enrique Medina, Las tumbas, La Flor, Argentina, 1972 67 Martín Luis Guzmán, islas Marías, General de Ediciones, México, 1973 68 José María Arguedas, El sexto, Editorial Horizonte, Perú, 1974. Aldo Coletti, La negra
historia de Lecumberri, Editorial Contenido, México, 1977. 69 Aldo Coletti, La negra historia de Lecumberri, Editorial Contenido, México, 1977 70 Alvaro Mutis, Diario de Lecumberrí, Utopía, México, 1976 71 Ramón Brizuela, Soy un delincuente, Editorial Fuentes, Caracas, Venezuela, 1979 72 Alberto Fernández, De Devoto a Coronda, Plus Ultra, Argentina, 1975 73 Carlos Contreras, La fuga del siglo, Carnel, Caracas, Venezuela, 1978. 74 Gregorio Cárdenas Hernández, Adiós, Lecumberri, Editorial Diana, México, 1979. 75 Salvador Castañeda, ¿Por qué no me dijiste todo?, Grijalbo, México, 1980 76 Elías Neuman, Crónica de muertes silenciadas, Bruguera, Argentina, 1985 77 Elías Neuman, Evolución de la pena privativa de libertad y regímenes carcelarios,
Ediciones Pannedille, Buenos Aires, Argentina, 1971. 78 Miguel Reale et al, Penas e medidas de seguranca no novo código, Forense, Brasil,
1987. 79 René Ariel Dotti, Bases e alternativas para o sistema de penas, Universida de Federal
do Paraná, Brasil, 1980. 80 Roberto Meana, Aspectos crininológicos de los sistemas alternativos a las penas
privativas de libertad, Universidad de Panamá, 1987. 81 Luis Rodríguez Manzanera, La crisis penitenciaria y los sustitutivos de la prisión,
INACIPE, México, 1984. 82 Bocaranda Espinoza, El régimen legal venezolano de la libertad en prueba, APSA,
Caracas, Venezuela. 83 Luis Bravo Dávila, La ley de sometimiento a juicio. Suspensión condicional de la pena y
tratamiento en libertad, J.C.V., Caracas, Venezuela,1981.
El Sexto Congreso Nacional Penitenciario de México (Hermosillo, Sonora, 1976) y el
Congreso Panamericano de Criminología (Buenos Aires, Argentina, 1979), dedicaron parte
de sus labores a analizar el problema.
Es de recordar, con Szabó, que en el momento actual “los órganos de protección social
están mental y técnicamente equipados para combatir una criminalidad en vías de
desaparición”84.
Ya López-Rey85 ha señalado lo que no se ha hecho en Latinoamérica en materia
criminológica y penológica, y es verdad que los grandes proyectos de administración
penitenciaria sólo existen en el papel.
Las reformas penitenciarias se han intentado en múltiples ocasiones, a veces con éxito
(Costa Rica), en mucho con continuos avances y retrocesos (Argentina, Brasil, México).
La realidad es que hay una general carencia de una política criminológica, penológica y
penitenciaria coherente, agravada por la problemática económica, que impide la utilización
de recursos para el estudio y solución del problema, que no es considerado prioritario, y
que se enfoca desde el punto de vista político de la seguridad.
VI.10. Epílogo.
Es indudable que “las fronteras de la represión penal deben ser fijadas en función de la
evolución socio-cultural de la colectividad, y cuando el derecho punitivo en su recurso de
detención o reclusión falla como medio de control social de un problema, debe optarse por
otras formas o variantes de control"86
En esta búsqueda estamos, y estamos conscientes, tal como señala Alpert en su
apasionante libro, que “muchas de estas nuevas ideas son modificaciones de las antiguas.
Todas ellas van en la dirección de la institución abierta, la disminución de restricciones y el
84 Denís Szabó, Sociedades de masa e inadaptación, "Revista Francesa Social”, n 5,
Francia, ps. 472-486, 1965. 85 Manuel López-Rey y Arrojo, Criminología, Aguilar, España, ps. 495 y ss., 1975.
86 Luis Fernández Doblado, Sustitutos de la pena de prisión, comunicación al Sexto
Congreso Nacional Penitenciario, Monterrey, N.L., México,p.7, 1976.
tratamiento de las gentes confinadas, sean menores o adultos, en forma humana, y no
opresiva”87.
Para terminar este estudio, hacemos nuestras las palabras de un penólogo
contemporáneo: “el público estará cada vez más avergonzado de su aullido vindicativo, de
su persistente demanda de castigar. Éste es su crimen, nuestro crimen contra los
delincuentes —e incidentalmente, nuestro crimen contra nosotras mismos—. Porque antes
de que podamos disminuir nuestros sufrimientos provenientes de los mal controlados
ataques agresivos de nuestros conciudadanos, debemos renunciar a la filosofía del
castigo, a la obsoleta, vengativa actitud penal. En lugar de ésta debemos adoptar una
actitud social más comprensiva, más constructiva-terapéutica en algunos casos, restrictiva
en otros, pero preventiva en su impacto social total".
“Y, en último análisis, esto constituye una cuestión de valores y moralidad personales.
No importa qué tan glorificada o qué tan píamente disfrazada, la venganza como un
motivo humano debe ser personalmente repudiada por todos y cada uno de nosotros. Éste
es el mensaje de las antiguas religiones y de las nuevas psiquiatrías. A menos que este
mensaje sea escuchado, a menos que nosotros, el público —el hombre de la calle, el ama
en su hogar—, podamos renunciar a las deliciosas satisfacciones que se presentan con
las oportunidades para el desquite vengativo sobre chivos expiatorios, no podemos
esperar que preservemos nuestra paz, nuestra seguridad pública o nuestra salud mental.
¿Podemos hacerlo? ¿Lo haremos?”88.
VI. 11 Recomendaciones.
1. Es necesario fijar, teórica y legislativamente la finalidad de la ejecución penal.
2. La ejecución penal debe seguir el principio de necesidad.
3. Es necesario la inclusión de las cátedras de Criminología, Penología y Derecho
Ejecutivo Penal en los estudios universitarios.
87 Benedict S. Alpert, Prisons inside-out (alternatives in correctional reform), Ballinger
Publishing Company, Cambridge, Mass., USA, 1974, p.71.
88 Karl M.D. Menninger, The crime of punishment, The Viking Press, N.York, 1966 p.109
4. La ejecución penal debe ser individualizada.
6. Sólo puede haber ejecución justa y tratamiento adecuado con la participación de
profesionistas técnicos en criminología.
6. La ejecución penal debe abandonar los criterios retributivos para optar por los de
prevención.
7. Hay que revisar los conceptos «readaptación”, “resocialización”, etc., a la luz de las
modernas teorías de las subculturas criminales, y de la estigmatización, marginalización,
prisionalización y desviación.
8. Al hablar de tratamiento se debe responder las preguntas de: ¿a quién?, ¿por qué?,
¿para qué?, ¿dónde?
9. Por nuestra peculiar idiosincrasia, los países latinoamericanos debemos buscar
caminos y soluciones propias.
10. Es necesario reconocer la crisis grave de la prisión, pero también es útil aceptar que
esta crisis es en realidad una parte de la crisis general que actualmente afecta a todo el
aparato de administración de justicia penal.
11. La prisión no puede desaparecer en el momento actual, pero es necesario que se la
trasforme en institución & tratamiento y se busque los sustitutivos adecuados para todos
los casos en que no sea absolutamente indispensable.
12. El problema más lacerante es el de la prisión preventiva, por permanecer en ella
personas en espera
de sentencia, y, por tanto, presumiblemente inocentes. De poco sirve la sustitución de la
pena de prisión sí el reo descontó ya gran parte de la sentencia en prisión preventiva.
13. Se recomienda el estudio de la posibilidad de hacer una separación entre
procesados sin sentencia y procesados en espera de resolución de recurso, para poder
dar trato y tratamiento adecuados.
14. Se hace notar la urgencia de establecer mecanismos de evaluación de los
programas preventivos y correccionales, para conocer el grado de efectividad de ellos, así
como para justificar la utilización de recursos materiales y humanos, pudiendo planear los
cambios necesarios con una base aceptablemente técnica.
15. Se necesita una reforma de los códigos penales y procesales, para prever
alternativas realistas a la prisión.
16. Se debe dar mayor arbitrio a los jueces, para que puedan aplicar un amplio sistema
de penas alternativas.
17. Se aconseja a los cuerpos legislativos, federales y locales, la creación de leyes de
ejecución de sanciones penales, donde estén previstas formas sustitutivas y variantes de
la prisión.
18. El estudio de la figura del juez de pena, existente en algunos países, para ver la
posibilidad de implantarlo, con funciones de revisión periódica de la pena y su sustitución
en su caso,
19. Es deseable la sustitución de penas cortas de prisión por arrestos de fin de semana,
detenciones vacacionales
y reclusión nocturna.
20. Se recomienda la utilización de penas laborales y pecuniarias en lugar de la prisión,
buscando para estas últimas un sistema que rompa las chocantes diferencias producidas
por las diversidades de fortuna de los reos. Una solución puede ser el sistema día-multa.
21. Ampliar y mejorar las instituciones de condena condicional, libertad provisional y
libertad preparatoria, es indispensable, incluyendo para todas ellas la figura del oficial,
funcionario o encargado de libertad vigilada, figura que ha demostrado su eficacia en
sistemas de parole y probation.
22. El uso del indulto debe extenderse, para casos muy especiales y a petición de los
consejos técnicos criminológicos.
Asimismo, se recomienda ampliar los casos de querella de parte, para extender a mayor
número las posibilidades del perdón privado.
23. Se recomienda la colaboración de toda la colectividad en la solución del problema
penal y penitenciario; para lo cual se debe hacer un programa de información,
sensibilización y proselitismo. Se debe intentar el uso de voluntarios en los programas de
libertad vigilada, así como lograr la cooperación de empresas y sindicatos para las
sustituciones por pena laboral, o de centros sociales o instituciones de enseñanza para
sustitutivos de control y de servicios en favor de la comunidad.
PARTE TERCERA
PANORAMA DE LAS ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN EN EL CARIBE
(Países de sistema penal de herencia anglosajona)
por NICHOLAS J. 0. LVERPOOL
I. INTRODUCCIÓN.
Aunque la prisión es aún una forma principal de castigo, en el Caribe se usan también
otras formas de pena, especialmente cuando el delito no es de los más serios.
Según las disposiciones de la legislación vigente, un joven puede ser castigado en una de
las siguientes formas o en más de una de ellas:
a) reprimenda y levantamiento de los cargos en su contra;
b) libertad del delincuente bajo palabra;
c) libertad del delincuente para ponerlo bajo la supervisión de un oficial del régimen
de prueba;
d) encargo del delincuente a un familiar u otra persona apta;
e) envío del delincuente a un reformatorio y escuela industrial;
f) orden de flagelación del delincuente;
g) orden al delincuente de pagar una multa y daños y perjuicios o costos;
h) orden al padre a encargado del delincuente de pagar una multa y daños y
perjuicios o costos;
i) orden al padre o encargado del delincuente de garantizar su buen
comportamiento;
j) cualquier otra forma legal en que pueda resolverse el caso.
II. CLASIFICACION DE LAS ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN.
Algunas alternativas a la prisión, tanto para delincuentes adultos como para menores,
hacen necesarias algunas medidas de supervisión o control del delincuente. Este tipo de
alternativa puede ser vista como la alternativa a la prisión de mayor seriedad; se detiene
ante la medida de encarcelación del delincuente, pero requiere que éste esté bajo el
control de alguna persona o departamento gubernamental indicado por el tribunal, por un
período determinado de tiempo.
Bajo esta alternativa, el castigo más severo es la puesta del delincuente bajo la
supervisión del departamento del régimen de prueba.
Se puede exigir también al delincuente que muestre buena conducta durante cierto
tiempo sin supervisión, o puede simplemente amonestárselo y liberarlo. Esta alternativa
puede ser clasificada como una advertencia penal; en este caso, el elemento esencial es
la advertencia formal emitida por el tribunal.
Se puede hacer otra clasificación, con los casos de pago de dinero. La sanción más
severa en este caso es la imposición de una multa, y ésta se reserva casi siempre para los
delitos menores o cuasidelitos,
Finalmente, el tribunal puede combinar dos o más de las alternativas a la prisión para
aumentar la pena, o puede combinar cualquiera de estas alternativas con reclusión como
forma de castigo más severa.
Siguiendo la clasificación que hemos hecho, a continuación consideramos estas
alternativas detalladamente.
III. ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN LEGISLADAS.
III.A. Alternativas a la prisión con control o supervisión del delincuente.
1. Libertad en prueba y condenas suspendidas o de ejecución condicional con
supervisión.
El factor común en estas alternativas es que la pena de prisión es posible y se
contempla, pero el tribunal permite al delincuente permanecer en libertad obligándole a
respetar ciertas condiciones, entre las cuales está quedar bajo supervisión.
I) Delincuentes adultos.
La legislación que se refiere al régimen de prueba establece que, cuando una persona
es acusada de un delito punible mediante condena sumada y el tribunal piensa que la
acusación procede, pero opina que en razón de las circunstancias, incluyendo la
naturaleza del delito y el carácter del lugar de residencia del delincuente, es conveniente
liberarlo a prueba, el tribunal puede emitir una orden de prueba.
La legislación dispone que se puede dictar una orden de prueba cuando una persona es
condenada por un delito punible mediante condena sumaria, y luego establece los
requisitos de la orden. Esta deberá:
a) tener vigencia por un período de no menos de un año ni más de tres a partir de la
fecha de la arden;
b) disponer que la persona quede durante dicho período bajo la supervisión de un oficial
del régimen de prueba;
c) contener las disposiciones que el tribunal considere necesarias para garantizar la
supervisión del delincuente y cualesquiera condiciones adicionales, como las refe-
ridas a la residencia y otros asuntos que el tribunal, en atención a las circunstancias
del caso, considere necesarias para asegurar la buena conducta del delincuente o
para prevenir una repetición del mismo delito o la perpetración de otros delitos.
Estadísticas para los años 1981 a 1986 (Barbados).
En 1981, 52 delincuentes fueron puestos en régimen de prueba; de éstos, 21 fueron
acusados de robo y 10 de violación de domicilio con efracción y robo.
En 1982, 51 delincuentes fueron puestos en prueba, estando en el 25 % de los casos
acusados del delito de robo.
En 1988, 76 delincuentes fueron puestos en prueba, constituyendo nuevamente la
mayoría de los casos el robo (24 casos) y la violación de domicilio con efracción.
En 1984 se envió a 102 delincuentes al departamento de prueba, de los cuales 26 eran
acusados de robo y 23 de robo con violación de domicilio y efracción.
En 1985, los adultos que fueron remitidos a prueba sumaron 65, 22 por robo y 14 por
robo con violación de domicilio y efracción.
En 1986 fueron 54 los enviados al departamento de prueba; 21 de ellos eran acusados
de robo y 11 de robo con violación de domicilio y efracción.
II) Delincuentes juveniles.
Las leyes sobre delincuentes juveniles disponen que éstos sean puestos a prueba.
Estadísticas para los años 1981-1986 (Barbados).
En 1981, 72 menores fueron puestos en régimen de prueba, de los cuales 58 eran
varones y 14 mujeres.
En 1982 fueron emitidas 56 órdenes de prueba: 43 para varones y 13 para mujeres.
En 1983, 169 menores fueron objeto de órdenes de prueba, mientras que 128 lo fueron
en 1984.
En 1985, 23 varones y 4 mujeres, un total de 27 menores, fueron puestos en el régimen
de prueba, y en 1986, fueron puestos a prueba 39 varones y 5 mujeres, para un total de
44.
Supervisión por parte del Estamento de Enlace Juvenil.
El Estamento de Enlace Juvenil fue establecido en 1983 y es una unidad especial de la
policía de Barbados. Aunque el trabajo de este estamento es principalmente preventivo,
en algunos casos el tribunal puede condenar a un menor y ordenar que quede bajo la
supervisión del Estamento. Al cumplir con esta función por orden del tribunal, el Estamento
actúa de manera muy similar a la del Departamento del Régimen de Prueba. Aun cuando
el Estamento está prestando un servicio preventivo, puede de todas formas considerárselo
como una alternativa a la prisión. En algunos casos, cuando un infractor admite haber
cometido un delito, el Estamento de Enlace Juvenil intercepta la acusación del infractor, y
si el Estamento puede lograr que la víctima del delito y el padre del delincuente lleguen a
un acuerdo, el Estamento de Enlace Juvenil puede aconsejar a la policía no mantener los
cargos contra el menor e inmediatamente hacerse cargo de su supervisión.
2. Servicio comunitario.
La esencia del servicio comunitario reside en el hecho de que se condena a un
delincuente a realizar determinado número de horas de trabajo no remunerado para el
bien de la comunidad. En Jamaica y Dominica existe legislación especial para este
propósito. En otros países, el servicio comunitario es impuesto dentro del marco de una
pena suspendida o en ejecución condicional.
I) Estadísticas
Las estadísticas en este contexto existen para los años 1981/1982 sólo en Barbados.
Durante este período sólo cinco infractores fueron afectados por esta orden. En este
programa los delincuentes pueden aportar sus servidos durante los fines de semana o en
su tiempo libre, si están empleados.
Este tipo de orden ha resultado ser muy exitosa en sus primeros seis años de
existencia.
II) Delincuentes juveniles.
Las órdenes de Servicio Comunitario funcionan, en el caso de los delincuentes
juveniles, en la misma forma que con los delincuentes adultos.
3. Medidas especiales.
Las medidas especiales comprenden órdenes para el tratamiento de desórdenes
mentales o de comportamiento, si se comprueban ciertas circunstancias. El tratamiento
puede ser ambulatorio y administrado en condiciones abiertas, pero también puede
implicar residencia (posiblemente obligatoria) en un hospital psiquiátrico, en alguna otra
institución o en una comunidad residencial terapéutica. Este tipo de sanción puede ser
usado para los que son mentalmente anormales, así como para los alcohólicos y los que
abusan de otras drogas.
I) Delincuentes adultos.
La legislación sobre salud mental dispone que, cuando una persona encarcelada o
detenida por cualquier causa en cualquier prisión u otro lugar de reclusión, parezca no
estar en condición mental normal, será lícito que un magistrado y juez de paz, asistido por
dos médicos debidamente registrados, investiguen y se formen Criterio sobre la condición
mental de esa persona.
La legislación dispone también que, cuando se acusa a una persona ante un funcionario
judicial de menor instancia, de un delito punible con condena sumada y el funcionario
judicial está convencido de que la persona cometió el delito y opina que se debería
entablar una investigación en cuanto a su estado mental, el funcionario puede realizar tal
investigación de conformidad con lo dispuesto por la Ley sobre Salud Mental.
II) Delincuentes juveniles.
El tratamiento de los desórdenes mentales de comportamiento en el caso de
delincuentes juveniles generalmente se incluye como orden especial bajo una orden del
régimen de prueba.
4. Exilio local (confinamiento).
Esta forma de castigo no existe en lugar alguno de la
Comunidad del Caribe.
5. Privaciones y prohibiciones respecto a derechos, licencias, condición profesional, etc.
Un tribunal no siempre toma la decisión de imponer una privación, una expulsión o una
prohibición. Una
autoridad administrativa o una asociación profesional pueden tomar la decisión tras una
condena del tribunal. Aunque el tribunal puede usar estas sanciones como alternativas a la
prisión de naturaleza independiente, la tendencia es a usarlas conjuntamente con otras
sanciones, incluyendo las de custodia.
Este poder está consagrado en diferentes actos legislativos. Por ejemplo, cuando una
persona es condenada por un delito según la Ley de Circulación Vial, esta ley confiere al
tribunal el poder de suspender o cancelar la licencia del conductor del vehículo o de
consignar en la licencia detalles de cualquier orden que el tribunal disponga en este
aspecto.
III.B. Alternativas a la prisión que no implican supervisión y control del delincuente.
6. Advertencias penales.
Esta sanción se usa cuando el delito no es grave y especialmente cuando el infractor no
ha sido de buen carácter. La advertencia puede imponerse incondicionalmente y se llama
“exoneración absoluta”, o condicionalmente y se llama “exoneración condicional”. Otra
forma de advertencia penal es la que se hace en el caso de una condena a cárcel que se
suspende con la condición de que el delincuente muestre buena conducta por el período
determinado.
I) Delincuentes adultos.
Compromiso de mantener la tranquilidad.
Los funcionados judiciales de menor instancia están facultados, ante la demanda de
cualquier persona para que se sujete a otra a compromiso de palabra, con o sin garantías,
para emitir una orden comprometiendo a esta persona a mantener la tranquilidad y
mantener buena conducta. La legislación también dispone que un funcionario judicial de
menor instancia tendrá el poder, ante cualquier información sobre un delito de trámite
sumario —sea que se haya desestimado la información o que se haya condenado al
acusado—, de comprometer al acusado, con o sin garantías, a mostrar buena conducta.
II) Delincuentes juveniles.
Las leyes sobre delincuentes juveniles disponen que un menor que haya sido
condenado por un delito puede ser reprendido y liberado o liberado bajo palabra.
7. Condena diferida.
La prórroga consiste en un acuerdo tácito entre el tribunal y el delincuente a efectos de
que, si el mejoramiento de la conducta del delincuente que se observó durante el juicio
continúa y no hay indicio de nuevos actos delictivos, no se impondrá la pena de reclusión
al término de la prórroga.
I) Delincuentes adultos.
Cuando una persona es condenada por un delito punible con no más de dos años de
prisión, ante cualquier tribunal, y no se comprueba que haya sido condenada
anteriormente, en vez de condenar a esta persona de inmediato, el tribunal puede ordenar
que se la libere bajo palabra, con o sin garantías, y que, en la ocasión que determine el
tribunal, comparezca y reciba sentencia, y entretanto mantenga la tranquilidad y muestre
buena conducta. Cuando decide proceder de esta manera, el tribunal debe tener en
cuenta la edad del delincuente, su carácter y antecedentes, la naturaleza trivial del delito y
cualesquiera circunstancias atenuantes bajo las cuales éste fue cometido.
La legislación también establece que en los casos en que el tribunal que juzgó el delito
original, o cualquier tribunal de jurisdicción sumaria esté convencido, por información bajo
juramento, de que el delincuente ha violado cualquiera de las condiciones de su
compromiso, puede emitir una orden de arresto, tras lo cual el delincuente debe
comparecer a recibir sentencia o a responder en cuanto a su conducta desde su
liberación.
III.C. Pagos de dinero.
8. Multas.
I) Delincuentes adultos.
La imposición de una multa se considera una de las principales alternativas a la prisión.
En la mayoría de los casos, la falta de pago de una multa conduce al encarcelamiento, si
es que las medidas que se toman para obtener el pago no tienen éxito.
II) Delincuentes juveniles.
La ley sobre delincuentes juveniles contiene disposiciones para el pago de multa por
parte del delincuente juvenil o de su padre o encargado.
9. Pagos compensatorios.
La preocupación creciente en cuanto al reclamo de la víctima y al deseo de que se
produzca una restitución, ha resultado en un interés cada vez mayor en que se haga pagar
al delincuente una compensación. El pago de compensación se ordena conjuntamente con
la imposición de una sanción, y la disposición del delincuente de hacer una restitución se
toma en cuenta al determinar la sanción que se impondrá.
I) Delincuentes adultos.
La ley dispone que, cuando una persona ha sido condenada de manera sumaria por un
delito que también es procesable por acusación, el funcionario judicial puede emitir la
misma orden de restitución de bienes que podría haber emitido el tribunal ante el cual el
delincuente habría sido procesado.
II) Delincuentes juveniles.
La Ley sobre Delincuentes Juveniles dispone que puede ordenarse al delincuente
juvenil o a su padre o encargado pagar daños y perjuicios.
10.Decomiso y confiscación.
Las disposiciones legislativas acerca de estos tipos de sanción casi nada tienen que ver
con lo que podrían ser verdaderas alternativas a la prisión. Se limitan a garantizar que ni
los materiales ni los productos del delito queden en poder del delincuente.
El tribunal tiene el poder de decomiso conforme a las leyes específicas. Estas
comprenden las que se refieren a apuestas, juegos, contrabando, aduanas, robo y delitos
de drogas.
III.D. Condenas combinadas.
11. Combinación de condena de prisión efectiva con una sanción alternativa a la
prisión.
Ésta puede ser una importante forma de mitigar, si no siempre de evitar, el uso de las
sanciones de reclusión.
Sin embargo, también puede tener el efecto opuesto de resultar en un mayor castigo. Por
ejemplo, una larga condena a cárcel puede combinarse con confiscación y ciertas
privaciones de derechos.
12.Combinación & medidas alternativas a la prisión.
Cuando un delito es demasiado serio para que se imponga sólo una determinada
alternativa a la prisión, una forma de evitar la reclusión es combinar dos o más alternativas
para aumentar el peso punitivo.
I) Delincuentes adultos.
Las leyes sobre robos establecen que, cuando una persona es condenada por un delito
menor procesable y punible conforme a esas leyes, el tribunal puede, si lo estima
conveniente, además de las penas dispuestas por la ley, o en vez de ellas, multar al
delincuente y exigirle comprometer su palabra y aportar garantías, ambas cosas o
cualquiera de las dos, en cuanto a que mantendrá la tranquilidad y mostrará “buena
conducta”.
II) Delincuentes juveniles.
La Ley sobre Delincuentes Juveniles establece las formas de castigo que pueden
imponerse a menores y enumera cada una como alternativa a la prisión. Sin embargo, una
norma establece que el tribunal puede resolver el caso de cualquier otra forma legal en la
que pueda hacerlo. Esta es una disposición abierta que facultaría al tribunal para
combinar cualesquiera de las sanciones estatales en la condena de un menor. Por
ejemplo, el tribunal puede ordenar que el delincuente pague daños y perjuicios y al mismo
tiempo ponerlo bajo prueba.
Alternativas a la prisión adicionales. Delincuentes juveniles.
13. Poner al delincuente bajo el cuidado de un pariente u otra persona apta.
14. Orden al padre o encargado del delincuente de que aporte garantía de su buen
comportamiento.
PARTE CUARTA
LA EXCARCELACIÓN BAJO CAUCIÓN
JURATORIA, COMO UNA DE LAS ALTERNAT1VAS
PARA REDUCIR EL NÚMERO DE PRESOS
SIN CONDENA
(Investigación experimental)
por ELIAS CARRANZA, MARIO HOUED
y Luis PAULINO Mora
(Seguimiento de casos: VICTOR DOBLES)
(Procesamiento estadístico: Juan B. CHAVARRÍA)
Agradecimiento
Los autores desean agradecer el extraordinario apoyo recibido de la Corte Suprema de
Justicia de Costa Rica, así como de los jueces, secretarios y empleados de los tribunales
de justicia. Su actitud de colaboración y de apertura científica, participando en poner de
manifiesta el real funcionamiento del sistema de justicia penal, sin aferrarse a la creencia
tan extendida entre los profesionales del derecho de que la ley coincide con la realidad, o
peor aún, de que la ley hace que la realidad sea “lo que debe ser”, fueron imprescindibles
para llevar a cabo este trabajo de investigación.
1. Estudio sobre el grado de uso de la caución juratoria89 en un país de la región (Costa
89 Excarcelación sin garantía económica, con la sola promesa del imputado de que
cumplirá con las obligaciones inherentes a su libertad provisional presentándose ante el
tribunal cuando éste la requiera.
Rica) y sobre las actitudes de los jueces hacia ella.
1.1. Tres grupos de países.
Con respecto a la caución juratoria, los países de América Latina y el Caribe pueden ser
divididos en tres grupos: a) aquellos que no prevén la caución juratoria; b) los que la
prevén junto a otras formas posibles de excarcelación; e) los que la prevén como única
forma de excarcelación (casos de Perú, y la provincia de La Pampa en la Argentina).
Dentro del grupo b se hallan: Argentina (art. 382 del Código de Procedimientos en lo
Criminal para la Justicia Federal y los Tribunales ordinarios de la Capital Federal y
Territorios Nacionales90); Brasil (art. 350 del Código de Processo Penal91); Colombia (art.
439 del Código de Procedimiento Penal92); Costa Rica (art. 299 del Código de
Procedimientos Penales93); Cuba (art. 255 de la Ley de Procedimiento Penal94); Chile (art.
357 del Código de Procedimiento Penal95); El Salvador (art. 257 del Código Procesal
Penal96); Guatemala (art. 591 del Código Procesal Penal97); México (art. 552 del Código
de Procedimientos Penales para el Distrito Federal98); Paraguay (art. 364 del Código de
Procedimientos Penales99); Uruguay (art. 144 del Código del Proceso Penal’100).
La regulación de la excarcelación bajo caución juratoria no es uniforme en los países
citados. En algunos está prevista con notable amplitud. En la mayoría, con grandes
restricciones. Un análisis detenido de esto se hace en el libro El preso sin condena en
90 Ordenado por el Dr. Guillermo Navarro, Pensamiento Jurídico Editora, Bs.As., 1987. 91 Juarez de Oliveira, Sao Paulo, Saraiva, 1988. 92 Compilado por Jorge Ortega Torres. Ed. Temis, Bogotá, 1988. 93 Edición preparada por A.Vincenzi, Lehmann, 1978. 94 Publicación oficial del Ministerio de Justicia, vol. XIII, La Habana,1977 95 Edición oficial al 31 de agosto de 1976, Ed, Jurídica de Chile, Santiago,1977 96 Separata de la Revista Judicial de la Corte Suprema de Justicia, San Salvador, abril
2988.
97 Primera edición reservada al Congreso de la República, Guatemala, 1973 98 Legislación penal mexicana, Ediciones Andrade, México, 1978 99 Ministerio de Justicia y Trabajo. Imprenta Maria Auxiliadora, Asunción, 1977. 100 Anotado y concordado por las Dras. Adela Reta y Ofelia Grezzi, FCU, Montevideo,1980
América Latina y el Caribe101.
1.2. Grado de uso de la caución juratoria en Costa Rica.
En el caso de los “delitos menores” (aquellos cayo máximo de la pena imponible no es
superior a los 3 años de prisión), la excarcelación bajo caución juratoria tiene cierto grado
de uso en Costa Rica. Estos delitos son de competencia de los llamados juzgados
penales”102
101 E. Carranza, M. Houed, L. p. Mora, E.R. Zaffaroni El preso sin condena en América
Latina y el Caribe. Estudio comparativo, estadístico y legal de treinta países y propuestas
para reducir el fenómeno, ILANUD, 1988. 102 Los “jueces penales" no conocen de causas en que la pena a imponer pueda ser mayor
de tres años de prisión.
En rigor, la excarcelación en los juzgados penales no es necesaria, ya que la ley prevé
como norma general la eximición de prisión, o sea, el simple procesamiento en libertad,
pues según el Código de Procedimientos Penales la prisión preventiva sólo es procedente
cuando el delito que se le atribuya al imputado esté reprimido con pena privativa de
libertad cuyo máximo exceda de tres años o existieran indicios graves de que el
encausado tratará de eludir la acción de la justicia o continuará su actividad delictiva’103 sin
embargo, los agentes fiscales suelen excarcelar a los encausados en está clase de
delitos, utilizando la mayoría de las veces la excarcelación juratoria.
A diferencia de lo que ocurre en el caso de los “delitos menores”, cuyo máximo de pena
imponible puede ser hasta tres años de prisión, en los delitos de más de tres años de
prisión (de mayor gravedad), la excarcelación bajo caución juratoria, aunque prevista en la
legislación, es de utilización casi nula en Costa Rica.
En el caso de los delitos de tres o más de tres años de prisión, la etapa instructoria la
llevan a cabo los juzgados de instrucción (unipersonales), y dictan la sentencia los
llamados tribunales superiores penales (integrados por tres jueces). (En algunos lugares
del país la instrucción es iniciada por las alcaldías mixtas’104 y luego remitida para ser
completada en los juzgados de instrucción).
A fin de conocer con certeza el grado de uso de la caución juratoria para el caso de
estos delitos, se hizo un estudio exhaustivo en todas las alcaldías y juzgados de
instrucción, durante un mes (noviembre de 1980), y un segundo estudio para actualizar la
información, nueve años después (diciembre 1989).
El primer estudio reveló que la caución juratoria se habla utilizado en cero casos (cuadro
1).
103 Código de Procedimientos Penales, arts. 291 y 406.
CUADRO 1
EXCARCELACIONES CON CAUCIÓN ECONÓMICA Y CON
CAUCIÓN JURATORIA OTORGADAS EN DELITOS CUYA
PENA MAXIMA ES TRES O MÁS AÑOS DE PRISIÓN
(Costa Rica, 1-30 noviembre 1980)
Excarcelaciones f %
Con caución juratoria o o
Con caución económica
(real y personal) 270 100
Total 270 100
104
N de juzgados y alcaldías que respondieron: 53 (de 76): 70 %.
N de juzgados que respondieron: 16 (de un total de 27): 59 %.
N de alcaldías que respondieron: 37 (de un total de 49): 76 %.
1.3. Opinión de los jueces sobre la caución juratoria.
Por qué no la utilizan.
Habiendo obtenido un resultado tan rotundo respecto del no-uso de la caución juratoria
en el caso de los delitos de más de tres años de prisión, inmediatamente nos abocamos a
otro estudio sobre el criterio de los jueces, institución que está legislada con la mayor
amplitud en la ley procesal penal costarricense.
Los resultados de este nuevo estudio fueron muy interesantes.
Se encuestó a la totalidad de los jueces de instrucción y de los tribunales superiores
penales (tribunales de juicio o de sentencia). El mayor número de excarcelaciones se
produce, lógicamente, en la etapa de instrucción, pero los tribunales superiores penales
también producen algunas excarcelaciones, y además intervienen como tribunal de
apelación o consulta en las resoluciones sobre excarcelación dictadas por los juzgados de
instrucción. O sea que se entrevisté al universo total de los jueces competentes en la
materia en el país (58).
En el cuadro 2 se desarrollan los argumentos que dieron los jueces fundamentando por
qué no utilizan la caución juratoria. Hay algunas razones objetivas, y otras que son
verdaderas racionalizaciones mediante las cuales los jueces procuran explicar y justificar
su propia conducta. Analizaremos algunas de las razones que nos merecen mayor
atención:
La razón 1 dada por los jueces de instrucción, que dice que ellos no otorgan la
excarcelación bajo caución juratoria “porque los tribunales superiores la revocan”, es una
razón objetiva, pues durante el curso de nuestra investigación pudimos comprobar que
efectivamente los tribunales superiores revocan las excarcelaciones juratorias otorgadas
por los juzgados de instrucción en este tipo de delitos.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que los jueces de los tribunales superiores no
constituyen “una raza distinta”. Es cierto que ellos como norma general revocan las pocas
excarcelaciones bajo caución juratoria que les son elevadas en apelación, pero los jueces
de instrucción tampoco las otorgan. Se trata de un círculo vicioso, que permite sustentar a
los jueces una actitud restrictiva sin apoyo legal: los jueces de primera instancia no
conceden las excarcelaciones arguyendo apriorísticamente que si lo hicieran, los
tribunales superiores se las revocarían; y éstos no las conceden porque aquéllos no las
otorgan, lo que impide que conozcan de ellas en alzada (por consulta o apelación).
La razón 2 expresada por los jueces, dice que no se utiliza la caución juratoria “porque
los defensores no la piden”.
A lo largo de nuestra investigación pudimos comprobar personalmente que esto
efectivamente tambiés es así. Los abogados defensores – no obstante su rol pro reo en el
proceso – participan en general de los mismos patrones o criterios culturales y jurídicos
que el resto de su colegas y que la sociedad costarricense en general. Esto hace que –
aun cuando algunos defensores entrevistados se expresaron diciendo que la caución
juratoria debería tener un uso más extendido – salvo rarísimas excepciones, en el
momento de pedir la libertad provisional de su defendido no la solicitan, para no “luchar
contra molinos de viento”, o bien simplemente porque comparten el criterio de los jueces
que la deniegan. Al respecto, cuando llevamos a cabo el estudio experimental que se
expone más adelante (en 3) nos ocurrió algo bien interesante, casi insólito: tres abogados
privados apelaron las excarcelaciones que con el beneficio de la caución juratoria se había
otorgado a sus defendidos, solicitando que se les impusiera una caución económica —
bastante elevada por cierto—, petición a la cual el tribunal de alzada respondió
afirmativamente. La actitud de estos defensores podría tener su explicación en el hecho de
que la excarcelación con garantía económica estaría cumpliendo, además de su función
manifiesta garantizadora de la presencia del imputado en el proceso, una función no-
manifiesta en la terminología de Merton105, garantizadora del cobro de honorarios
profesionales del abogado.
Sobre la razón 3, que fundamenta el no-otorgamiento de la excarcelación juratoria
“porque el imputado eludirá la acción de la justicia, no presentándose al ser llamado a
juicio”, nos remitimos a los resultados de la investigación reseñada en 3, de la cual surge
que se trata de una afirmación sin fundamento científico, un prejuicio, que en la muestra
de casos estudiada resultó falso.
Sobre la razón 4 (“no se reúnen los requisitos de ley”), interpretamos que se trata de una
racionalización, por parte de quienes la expresan, de su conducta denegatoria de la
excarcelación juratoria. En efecto, la legislación costarricense sobre este instituto es muy
amplia106, como se puede ver en su texto, quedando en definitiva “a consideración del
juez” el otorgamiento de la excarcelación bajo una u otra forma de caución. Prueba de
dicha amplitud y de la existencia de tal racionalización de su conducta por parte de los
jueces es que en la investigación experimental le fue otorgada la excarcelación bajo
caución juratoria, conforme a derecho, a 179 procesados.
La razón 6 expresa que no se utiliza la caución juratoria “porque existiendo facilidades
para excarcelar con garantía económica es más conveniente hacerlo así”.
Tratándose de imputados cuya condición social les permite afrontar el pago de una
105 Robert K. Merton, Teoría y estructura sociales, Editorial Fondo de Cultura Económica,
México, 1964.
106 Se debe aclarar, sin embargo, que aunque originalmente el Código de
Procedimientos Penales de 1910 no contenía el instituto de la caución Juratoria, por
reforma que se le introdujo mediante ley 4815, de julio de 1971 (que modificó en el título IV
todo el capítulo referido a la excarcelación), se estableció en el art. 342 esta modalidad de
caución, definiéndola como “la promesa jurada del imputado de cumplir fielmente las
condiciones impuestas por el tribunal”. Pese a ello, su utilización práctica fue casi nula.
Posteriormente, el Código de Procedimientos Penales de 1973 (cuya vigencia se inició a
partir del 1 de Julio de 1975) mantuvo el instituto de la caución juratoria, con los resultados
que aquí comentamos.
caución con garantía económica, el argumento tiene cierta validez. (Decirnos sólo “cierta”
porque si se encuentran dadas las mismas condiciones para otorgar una excarcelación
juratoria, menos gravosa para el imputado que se encuentra amparado por el principio de
inocencia, y que a su vez produce economía procesal para el Poder Judicial (menor
trámite burocrático), lo aconsejable sería utilizar esta forma de libertad provisional, y no la
que exige garantía económica).
Pero tratándose de imputados cuya condición social les impide salir en libertad previo
pago de una suma de dinero —como es el caso generalizado de aquellos que
permanecen en prisión preventiva no obstante formalmente habérseles otorgado su
libertad bajo caución real o personal—, no es cierto el argumento de que “existen
facilidades para excarcelar con garantía económica”. En este punto el argumento es falso.
La razón 7 merece especial reflexión. Dice que “hay sujetos con una marcada tendencia
delictiva, lo que impide un uso liberal de la caución juratoria”.
Lo correcto frente a este tipo de sujetos parecería más bien denegarles por completo
todo tipo de excarcelación, o bien, si su “marcada tendencia delictiva” no puede ser
demostrada con evidencia legal (id est reincidencia real), someterlos a los mismos criterios
que para otorgar la excarcelación rigen para la población en general. De otro modo, el
argumento introduce una peligrosa subjetividad y criterios de un “derecho penal de autor”
que no compartimos.
En este punto, posiblemente la actitud de los jueces se halle en alguna medida influida
por cierta “opinión pública” expresada en forma insistente por los medios de comunicación
masiva, ejerciendo presión sobre ellos. Éste es un tema importante, que merecería
investigación especial con una metodología específica.
La razón 8 expone que “se presta a malentendidos que tratándose de delitos graves el
juez la otorgue”. Pensamos que en la actualidad, en Costa Rica, para el caso de delitos
graves, si se mira desde un punto de vista sociológico, el argumento tiene cierta validez,
pues se trata de una institución no arraigada y el juez que la otorga está en alguna medida
concediendo un beneficio más allá de las expectativas de la sociedad en general y del
mismo imputado. Es por esto que nos parece de la mayor importancia que la presente
investigación haya contado con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia. No obstante, si
se analiza el punto desde la óptica jurídíco penal, el argumento es peligroso, pues nos
lleva por la vía de un derecho penal de alarma social. El punto que estamos analizando
tiene estrecha relación con el inmediato anterior y debe relacionárselo también con los
argumentos expresados para la razón 5.
La razón 9 expresada por los jueces dice, en una interesante autocrítica, que la caución
juratoria no es otorgada “porque los jueces no comprenden que hay casos de miseria y
tienen una falsa idea de las condiciones socioeconómicas”. Pensamos que el argumento
podría contener buena parte de la verdad’108.
En cuanto a la razón 10, que dice que “si se utilizara la caución juratoria los beneficiarios
no sentirían que han experimentado castigo”, se trata de una evidente aberración jurídica,
pues el argumento confunde una medida cautelar excepcional, la prisión preventiva, con
una pena’109
Sin embargo, es sabido que en general, en los países de América Latina, la prisión
preventiva, lejos de ser utilizada como una medida de excepción, tiene un uso tan
extendido que se hace evidente que funciona en la práctica como una pena dentro de un
proceso distorsionado en el que se han invertido sus etapas, pues en el momento de la
instrucción se dicta y ejecuta la pena de prisión, y en el momento del juicio se confirma
formalmente la “condena” dictada en la instrucción, pero suele disponerse al mismo tiempo
la soltura del preso, dado el largo tiempo trascurrido, o bien por habérselo absuelto en
juicio luego de haber cumplido su “condena”110, o por haberse acordado en su favor algún
beneficio que lo desinstitucionaliza. Esto produce la paradoja de que cuando la persona
debe estar en libertad en razón del “estado de inocencia” garantizado constitucionalmente,
de que goza durante el juicio, está detenido, y cuando deberla restringirse su libertad por
haberse acreditado su responsabilidad penal, se lo deja en libertad. Y Costa Rica no es
una excepción en este fenómeno, si bien comparativamente, su proporción de “presos sin
108 Una investigación anterior (La clase política y el Poder Judicial en Costa Rica, Jorge
Rhenán Segura, EUNED, Costa Rica, 1982) se refiere colateralmente al tema. Sería
interesante profundizarlo para conocer hasta qué punto la libertad provisional podría estar
condicionada por la extracción social de los miembros del Poder Judicial.
109 Al respecto, Julio B. .J. Maier, Cuestiones fundamentales sobre la libertad del
imputado y su situación en el proceso penal, Lerner Editores Asociados, Buenos Aires,
1981, ps. 95 y ss, También José I. Cafferata Nores, La excarcelación, Ediciones Lerner,
Córdoba, Argentina, 1977, Ps. 30 y ss. 110
condena» entre los países de la región no es alto.
Es muy interesante que no uno, sino siete jueces —el 12 % de la muestra— respondieron
de esa manera en un país que se caracteriza por tener una alta cultura jurídica. Aunque
posiblemente la respuesta pueda interpretarse como una explicación franca, que revela sin
hipocresía ni racionalizaciones jurídicas, uno de los mecanismos de funcionamiento del
“derecho penal real” en el país, mecanismo que, por lo que hemos venido diciendo más
arriba, sería propio no sólo de Costa Rica sino de los países de la región en general.
Con el material del cuadro 2 podría conformarse una “escala de actitudes” de los jueces
respecto de la caución juratoria. De cualquier manera, sea cual fuere la actitud personal de
los jueces con respecto a este instituto, del material de respuestas que hemos analizado
hasta ahora podemos extraer una conclusión rotunda: aun en el caso de aquellos jueces
que expresan actitudes positivas para con la caución juratoria, está claro que existen
razones poderosas que los frenan en su uso, ya que, estudiados todos los juzgados
durante un mes, se puso en evidencia que no se la utilizó en ningún caso.
También se pregunté a los jueces qué ventajas encontraban en las formas de
excarcelación bajo garantía económica que no tuviera la caución juratoria. Los jueces
frieron muy coherentes con las respuestas anteriores. El cuadro 2 que acabamos de ver y
el cuadro 8 que ahora presentamos, son algo así como positivo y negativo fotográficos: las
ventajas que se formulan para las excarcelaciones con garantía económica son las
desventajas que se formulan para la excarcelación bajo caución juratoria.
Cabe advertir que la “ventaja” señalada con el 2 apuntada por uno de los entrevistados
en el cuadro 3, no resulta posible según la legislación costarricense, pues en ningún caso
la fianza otorgada como garantía real puede servir para el pago de daños y perjuicios
provenientes del ilícito investigado, por lo que no deja de llamar la atención este tipo de
respuestas equívocas. Asimismo, es interesante observar que uno de los jueces
entrevistados se abstuvo de responder respecto de las ventajas que la caución económica
tendría para con respecto a la caución juratoria.
CUADRO 3
VENTAJAS DE LAS CAUCIONES ECONÓMICAS
QUE NO TIENE LA CAUCIÓN JURATORIA
Encuesta a todos los jueces de instrucción y de tribunales
superiores penales. Costa Rica, nov. 1980
Ventaja
Total de veces
Que se menciona
# %
1. Que existe un medio coercitivo
económico que garantiza la presencia
del imputado. En el caso de la canción
personal, la justicia cuenta con un
colaborador muy importante y efectivo
para presentar a] imputado (el fiador).
71
86,58
2. Que existiendo una suma de dinero
depositada (en el caso de la caución
real), se garantiza el ulterior
resarcimiento del actor civil.
1
1,72
3, Que las excarcelaciones bajo caución
real o fianza personal le imponen aI
imputado una especie de castigo mayor
sobre el delito, que lo obligan a tomar
conciencia de su conducta delictiva.
Son más ejemplarizadoras.
4
6,90
4. Que el Estado se resarce parte del
costo del juicio, en caso de no
comparecer el imputado, haciendo
efectiva la garantía.
4
6,90
5. Las cauciones reales y personales no
tienen ventajas en la práctica sobre la
caución ju- ratoria.
1
1,72
6. No responde, no sabe, no está
seguro.
1 1,72
Se entrevistó a todos los jueces de instrucción y de tribunales superiores penales del país
(58).
La columna del total suma más que 58 porque cada juez podía mencionar hasta tres
ventajas.
2. Segundo estudio sobre el grado de uso de la caución juratoria en Costa Rica.
Se llevó a cabo, como antes fue explicado, en el mes de noviembre de 1989, nueve
años después del primer estudio, y quince años después de la entrada en vigor del actual
Código Procesal Penal que legisla la caución juratoria para los delitos de tres o más años
de prisión.
Se encontró un pequeño avance en la utilización de la forma de excarcelación que nos
interesa. Se encontró que en el curso de un mes había sido utilizada en el 6,5 % de los
casos.
CUADRO 4
EXCARCELACIONES CON CAUCIÓN ECONÓMICA
Y CON CAUCIÓN JURATORIA OTORGADAS
EN DELITOS CUYA PENA MAXIMA
ES DE TRES O MÁS AÑOS DE PRISIÓN
(Costa Rica, 1-30 noviembre 1989)
Excarcelaciones f %
Con caución juratoria
Con caución económica
(real y personal)
Total
1
188
201
6,5
93,5
100
N de juzgados y alcaldías que respondieron: 39 (de 79): 49 %. N de juzgados que respondieron: 13 (de un total de 27): 48 %. N de alcaldías que respondieron: 26 (de un total de 52): 50 %.
3. Investigación experimental sobre la excarcelación juratoria (sin garantía económica)
confrontada con las formas de excarcelación con garantía económica”111.
111 Esta investigación forma parte de un amplio programa de ILANUD, en el cual se
están explorando diversas acciones posibles tendientes a reducir las tasas de población
privada de libertad, de mayores y de menores de edad. Se lleva a cabo con apoyo del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD (ProyRLA/88/001/D/01/01) con
proyectos de demostración en Venezuela (que desarrolla CENIPEC de la Universidad de
Los Andes), Costa Rica (con la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Justicia y
Gracia) y Argentina (en materia de menores, con la Secretaría de Desarrollo Humano y
Familia del Mim. de Salud y Acción Social).
3.1. Objetivo de la investigación.
Partiendo del antecedente de que los jueces, fundados en los criterios que se
expresan en el cuadro 2, no otorgan la excarcelación bajo caución juratoria en el caso de
delitos a los que puede corresponder pena mayor de tres años de prisión, el objetivo del
estudio fue medir, en una muestra de individuos excarcelados bajo caución juratoria, el
grado de cumplimiento de sus obligaciones procesales y en particular su obligación de
presentarse a juicio, comparándolo con el grado de cumplimiento por parte de una
muestra de individuos excarcelados bajo fianza personal o real (con garantía económica).
(Se escogió este objetivo específico teniendo en cuenta que el 81 % de los jueces, según
se desprende del cuadro 2, señalaron, como razón principal para no utilizar la
excarcelación juratoria, que el imputado eludirla la acción de la justicia no presentándose
al ser llamado a juicio
3.2. Metodología.
Diseño.
Se diseñó un típico “experimento de laboratorio”, con un grupo experimental excarcelado
bajo caución juratoria, y un grupo “testigo” excarcelado bajo las formas de caución real o
personal, como habitualmente lo hacen los tribunales en Costa Rica en el caso de delitos
a los cuales puede corresponder tres o más años de prisión.
3.3. Universo.
El universo de estudio lo fueron todos los imputados por delitos cuyo máximo de la pena
imponible es de más de tres años de prisión, excarcelados en Costa Rica en los Juzgados
de Instrucción 1 y 3 de San José (ciudad capital) y de Hatillo (distrito del cantón central de
la provincia de San José)112.
112 Según la distribución laboral ordenada por la Corte Suprema de Justicia conforme a
las facultades que le concede la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Especial sobre
Jurisdicción de Tribunales, los Juzgados 1 y 3 de San José atendían sumarios originados
en los siguientes distritos del Cantón Central (o Primero) de San José: Carmen, 1 Merced,
2 Hospital, 3; Catedral, 4; Zapote, 5; San Francisco de Dos Ríos, 6; Mata Redonda, 8;
3.4. Diseño de la muestra. Variables controladas. Marco teórico.
El equipo de investigación discutió bastante qué variables debían ser controladas
durante el experimento. Se acordé que la variable fundamental a controlar era el tipo de
caución para la excarcelación (económica o no-económica), y el muestreo probabilístico
se hizo, por tanto, tomando como base esa variable.
El mecanismo de aleatorización de los casos se realizó, en los tres juzgados, de la
siguiente manera: Se solicité a los jueces y secretarios de los tres juzgados y se convino
con ellos en qué con todos los casos entrados procederían conforme a los pasos
siguientes: a) Por medio de la lectura del expediente determinar si conforme a la ley
procesal le correspondía la excarcelación al imputado y resolver si se la otorgaban o no,
sin entrar a considerar, por el momento, bajo qué forma de caución ésta le seda otorgada.
b) Si se resolvía otorgar la excarcelación, mirar sólo entonces la fecha del recibido del
expediente en el juzgado, y si la fecha era impar, otorgar la excarcelación con el beneficio
de la simple caución juratoria (sin exigir garantía económica). c) Si el caso era
excarcelable y la fecha par, otorgarla como habitualmente, bajo las formas de caución real
o personal.
(Previo a adoptar el procedimiento de aleatorización explicado se determiné que no
existían diferencias de cantidad ni cualidad de los casos entrados en días pares e impares
que afectaran la representatividad de la muestra así escogida).
El mecanismo permitida controlar la variable principal (garantía económica - garantía no-
económica), y el resto de las variables, conocidas o no, quedarían distribuidas
probabilísticamente.
Pavas, 9, A su vez, el Juzgado de Hatillo atendía los sumarios originados en el distrito 10
(Hatillo) y conoce de lo instruido por las alcaldías de Alajuelita (cantón 10, Prov. San José)
y de San Sebastián (distrito 11 del Cantón Central, Prov. San José). (Fuente: “División
Territorial Administrativa de la Rep. de Costa Rica”, decreto ejecutivo 12.087 del 26 de
noviembre de 1980, publicado en “La Gaceta”, n” 238, del 12 de diciembre de 1980).
El equipo de investigación hizo la siguiente reflexión teórica: si un procesado es
excarcelado bajo garantía económica y desea fugarse, el monto económico de la caución
será para él simplemente el precio de la fuga. Parecerían existir otras razones (además de
la caución económica) que hacen que un individuo no se fatigue y se someta
voluntariamente a un juicio penal: razones tales como el inconveniente que significa vivir
prófugo evadiendo constantemente el accionar de la justicia; la existencia de un sistema
penal de cierta eficiencia en virtud del cual las posibilidades de permanecer prófugo sin ser
capturado se vean reducidas; el hecho de que el individuo excarcelado tenga ciertos
vínculos con la comunidad que lo impelan a permanecer en ella, etc.
Una de tales variables, controlada en estudios clásicos en la materia, es la existencia o
no de vínculos del excarcelado con la comunidad, medidos, éstos, por los indicadores
“familia” y "trabajo"113. Además de la información sobre la forma de caución se recogió
también, entonces, información sobre una serie de variables más, referentes a los vínculos
del excarcelado con la comunidad, al delito en cuestión, y al proceso, de cuyo análisis
surgieron cosas muy interesantes, muchas de las cuales omitiremos no obstante en la
presente publicación, a fin de centrar nuestra atención en el tema principal.
El fiador moral. Se consideró importante atender al punto siguiente: La caución
económica cumple —utilizando la terminología de Merton114— con la función manifiesta de
servir de garantía para el caso de que el excarcelado se fugue. Ahora bien, además de
esta función manifiesta, la caución económica (personal o real) que presta un tercero
cumple una importante función latente, de la cual en buena medida dan cuenta las
respuestas a la encuesta formulada a los jueces: el tercero fiador o que ha depositado
dinero, se trasforma en un celoso guardián del excarcelado, y puede coadyuvar, en buena
medida, a que éste se presente cuando e] tribunal lo requiera, y sobre todo a que se
presente en el momento del juicio. Esta función latente de las cauciones económicas es
muy importante, y se pensó en el modo de compensaría, en el caso de las cauciones
juratorias que carecen de ella, por medio de la introducción de un “fiador moral”.
El fiador moral fue una persona vinculada al procesado por relación de parentesco o
amistad, que se ofrecía voluntariamente a participar en el acto formal de la excarcelación,
113 Así, v.gr., en el Vera’s Manhattan Bail Project, cuyos resultados condujeron a un gran movimiento de reforma en materia de excarcelación en los Estados Unidos en los años 60. Steven Belenko, Pretrial services in Criminal Court: an evaluation of the New York City Criminal Justice Agency, Criminal Justice
comprometiéndose moralmente a que e] excarcelado compareciera cuando el tribunal lo
requiriera. Su único vínculo con el tribunal y con el excarcelado era de tipo moral, sin
ninguna otra responsabilidad económica ni penal. Estas personas facilitaban al juzgado su
dirección y teléfono, para colaborar promoviendo la presentación del excarcelado. En
numerosos casos, la función de estos terceros de buena voluntad fue muy importante para
ahorrar tiempo y trabajo al tribunal, y a veces inclusive para evitar una revocatoria injusta
derivada de situaciones fortuitas, cuando ésta podía ser evitada.
114 Robert K. Merton, Teoría y estructura sociales: funciones manifiestas y latentes, ps. 29-
94, Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 1964.
Se resolvió controlar también las dos variables que explicamos en el punto siguiente
(“Cuestiones operacionales importantes”), trasformándolas en dos constantes, para que
incidieran sobre ambos grupos por igual.
3.5. Cuestiones operacionales importantes.
Al otorgar las excarcelaciones a los individuos de ambos grupos de la muestra, el
personal de los juzgados debía controlar rigurosamente dos variables que podían afectar
los resultados finales:
1) Todos los individuos, antes de ser excarcelados, debían ser exhaustivamente
informados respecto de las condiciones en que se les otorgaba la libertad y respecto de
sus obligaciones derivadas del proceso.
A fin de asegurar que todos los individuos de la muestra recibieran idéntica información,
se preparó hojas de información especiales para cada una de las tres formas de
excarcelación (real, personal y juratoria), que les debían ser leídas y entregadas por el
personal a cargo del trámite.
2) Todos los individuos de ambos grupos de la muestra debían ser excarcelados con la
Coordinating Council, 1980
obligación de presentarse una vez al mes (no más de una) ante el tribunal o ante la
autoridad que éste determinara.
Se resolvió esto con el objeto de uniformar este requisito para todos los excarcelados
por igual. La ley procesal del país establece (art. 307) que en el caso de las
excarcelaciones juratorias el juez deberá imponer al imputado la obligación de presentarse
periódicamente, pero deja a criterio del juez determinar el tiempo de dicha periodicidad, y
no impone obligatoriamente este requisito en el caso de las excarcelaciones bajo garantía
económica. En la práctica, lo que ocurre es que en algunos casos los excarcelados bajo
caución juratoria son obligados a comparecer una vez cada quince días, en muchos todas
las semanas, y los excarcelados bajo caución real o personal casi nunca son sometidos a
este requisito, que si bien es inútil para impedir la eventual fuga o comisión de nuevos
delitos por parte del excarcelado, le impone, en cambio, una condición muy gravosa que
conspira contra el buen resultado final de su libertad provisional. (Tener en cuenta que un
juicio con el imputado en libertad dura en promedio dos años, con lo que el liberado debe
presentarse, silo hace quincenalmente, cuarenta y nueve veces, y si lo hace
semanalmente, ciento cuatro veces, previa solicitud de permiso para ausentarse de su
empleo, con el consiguiente riesgo para su estabilidad laboral y con la consiguiente
estigmatización de que se ve objeto, negativa para la reinserción social que se pretende
de sí, etc.).
No obstante la importancia de uniformar las presentaciones de todos los excarcelados
sin excepción a no más de una vez al mes, lamentablemente este requisito fue poco
respetado por los jueces. En los hechos, los excarcelados bajo caución juratoria fueron
obligados por algunos jueces a presentarse con mayor frecuencia, lo que hizo su situación
más gravosa y pudo haber hecho fracasar el buen resultado del experimento. Volveremos
sobre este punto más adelante.
3.6. Hallazgos de la investigación.
Con el diseño precedente, se inició una investigación experimental que duró más de
seis años, pues consistió en el seguimiento de una muestra de 468 casos, desde el
momento de su excarcelación en el juzgado de instrucción, hasta el estado de cosa
juzgada en el tribunal superior penal.
Los casos estudiados, distribuidos según juzgado, son los siguientes:
CUADRO 5
INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL SOBRE
LA CAUCIÓN JURATORIA.
CASOS ESTUDIADOS SEGÚN JUZGADO
Costa Rica, 1982-1988.
Juzgado Excarcelados
F %
Juzgado de Instr. Hatillo
Juzgado de Instr. Primero
Juzgado de Instr. Tercero
Total
156
160
152
468
33,3
34,2
32,5
100
La investigación produjo una información muy rica respecto de tres cuestiones: a) sobre
el tema específico de las excarcelaciones bajo garantía económica y no-económica; b)
sobre el funcionamiento real del sistema de justicia penal (sobre el “derecho en acción”, o
el “derecho como hecho” en la terminología de Alf Ross); c) sobre cuestiones
metodológicas referentes a la investigación criminológica en los sistemas de justicia penal.
Veamos algunos de los hallazgos más importantes:
3.6.1. Se corroboró nuevamente la actitud negativa de los jueces hacia la excarcelación
juratoria, tal como se había puesto de manifiesto en el estudio previo sobre este tema (ver
2.2.1). En el estudio previo la respuesta mayoritaria de los jueces fue que no otorgaban la
caución juratoria porque el encausado eludiría la acción de la justicia no presentándose al
juicio. Ahora, coherentes con lo que habían expresado, y no obstante la autorización que
se habla recibido de la Corte Suprema de Justicia para llevar a cabo la experiencia, los
jueces hicieron lo siguiente:
a) Hicieron caso omiso del mecanismo de aleatorización establecido y en el 31 % de los
casos en los que correspondía otorgar caución juratoria otorgaron excarcelación con
garantía económica (a su vez, en un menor número de casos —en el 5 %— irrespetaron la
aleatorización en el sentido contrario, beneficiando con Caución juratoria a algunos
imputados a los que correspondía excarcelar bajo garantía económica, que es la forma
tradicional utilizada por los jueces).
b) En relación con lo anterior, los jueces otorgaron en general las excarcelaciones
siguiendo el criterio de “mayor
gravedad-caución económica; menor gravedad-caución juratoria”. En efecto, con el
coeficiente de correlación de Pearson se observa la correlación inversa entre ambas
variables: cuanto más altas las penas previstas por ley, los jueces menos cauciones
juratorias otorgaron (ver la figura 1 y el detalle de la información en el cuadro 6).
Si a esta información sobre el proceder de los jueces la relacionamos con el hecho de
que el 81 % de los jueces del fuero penal había manifestado que no otorgaba la caución
juratoria en los casos de delitos de más de tres años de prisión, “porque el imputado
eludirá la acción de la justicia no presentándose al juicio” (ver cuadro 2), podemos
expresar el criterio de dichos jueces por medio de la siguiente hipótesis, que se sometió a
prueba: “El riesgo de no presentación ajuicio del excarcelado aumenta en relación directa
a la gravedad del delito (medida dicha gravedad por el monto de la pena imponible
establecida por ley)”.
3.6.2. Al hacer los jueces caso omiso del mecanismo de aleatorización establecido, ya
no estamos en presencia de una muestra probabilística. Ello limitará en mucho nuestro
conocimiento impidiéndonos saber muchas cosas que sólo de ese modo hubieran sido
verificadas científicamente.
Tampoco estamos en presencia de una muestra “intencional” elegida a partir de
determinados criterios criminológicos. Estamos en presencia de una muestra manipulada,
No obstante ello, aun de una muestra manipulada es posible extraer cierto conocimiento
si, como en nuestro caso, sabemos cómo fue manipulada. Veamos algo de ello en los
puntos siguientes.
CUADRO 6
Proporción de excarcelaciones juratorias otorgadas según
la pena imponible en años, Resumen de tres juzgados.
San José, Costa Rica.
(Estudio experimental, 1982-1986)
Pena
imponible
Delito Código
Medi
a
Máxim
a
No.Caso
s
Proporción
Juratorias
otorgadas
Hurto simple 208 1.54 3 6 0.33
Resistencia 308 1.54 3 4 0.75
Hurto agravado 209 1.63 3 25 0.12
Cheque sin fondos 243 1.75 3 2 1.00
Receptación 321 1.75 3 2 0.50
Violación domicilio 204 2.00 3 3 1.00
Viola. custodia cosas 311 2.25 4 1 0.00
Estupro 159 2.50 4 3 0.33
Resistencia agravada 304 3.00 5 28 0.68
Lesiones graves 124 350 6 14 0.50
Simulac. matrimonio 178 3.50 5 2 0.00
Uso doc. falso 363 3.50 6 1 0.00
Abuso deshonesto 161 4.00 6 3 0.33
Extorsión simple 214 4.00 6 8 0.50
Cohecho propio 339 4.00 6 9 0.44
Defraudación fiscal 500 4.00 6 4 0.25
Homicidio culposo 117 4.25 8 3 0.00
Falso testimonio 314 4.50 8 5 0.60
Querella calum., real 317 4.50 8 2 0.00
Falsif. doc. públicos 357 4.50 8 15 0.73
Falsedad ideológica 358 4.50 8 8 0.63
Falsif. doc. equipar. 361 4.50 8 5 0.60
Robo simple 212 4.75 9 88 0.56
Concusión 346 5.00 8 2 0,00
Estafa 216 5.08 10 41 0.84
Estelionato 217 6.08 10 6 0.83
Estafa con cheque 221 5.08 10 7 0.14
Adminis. fraudulenta 222 5.08 10 5 0.60
Apropia. indebida 223 5.08 10 13 0.31
Delito Códig
o
Pena imponible N.
casos
Proporción
juratorias
otorgadas
Media Máxima
Corrupción
agravada
340 5.50 10 1 0.00
Lesiones
gravísimas Les.
circuns. agravac.
123
126
6.50
7.50
10
10
1
1
0.00
1.00
Violación 156 7.50 10 7 0.14
Peculado
Cultivo marihuana
Suminis.
marihuana
352
374
376
7.50
7.50
7.50
12
10
10
12
1
2
0.17
0.00
0.00
Tráfico marihuana 377 7.50 10 17 0.29
Posesión
marihuana
Incendio,
explosión
378
244
7.50
8.00
10
12
10
1
0.10
1.00
Violación
agravada
158
364
9.00
9.00
12
15
2
3
0.00
0.00
Falsif. moneda
Robo agravado
213 10.00 15 87 0.22
Homicidio simple
Secuestro
extorsivo
111
215
11.50
14.00
15
20
3
1
0.00
0.00
N de figuras delictivas: 44.
N de excarcelaciones: 464.
3.6.3. La investigación no corroboró la hipótesis de la mayoría de los jueces y
funcionarios que sostiene que el riesgo de fuga o de no presentación a juicio está
relacionado directamente con la gravedad del delito medida por el monto de la
pena imponible establecida por ley (ver más arriba 3.6.1.b). En efecto, las
excarcelaciones revocadas corresponden a delitos que exhiben montos de pena
con una distribución dispersa que no establece correlación entre ambas
variables. Esto se observa en la figura 2 y en su correspondiente cuadro 7
CUADRO 7
Excarcelaciones revocadas (por figura delictiva) según la pena
promedio imponible, Resumen de tres juzgados.
San José, Costa Rica.
(Estudio experimental, 1982-1986)
Revocatorias
por
Figura delictiva (1)
Pena promedio
Imponible (2)
Figuras
delictivas
0 5.60 33
1 2.60 7
3 1.58 1
4 1.60 1
5 5.87 2
(1) El valor 0 indica que no hubo revocatorias
en 33 figuras delictivas; el valor 1 indica que hubo una revocatoria en cada una de 7
figuras delictivas; etc.
(2) El valor 5.6 es el promedio de las penas
medias de 33 figuras delictivas; etc.
En razón de la limitación metodológica señalada más arriba en 3.6.2, no se puede
negar para todo el universo de casos la posibilidad de verificar la hipótesis sostenida por
los jueces, pero tomando la totalidad de las excarcelaciones otorgadas y la totalidad de los
casos de excarcelaciones revocadas por no presentación a juicio o por no presentación al
juez de instrucción, surge el cuadro de correlación arriba presentado, que no verifica tal
hipótesis.
3.6.4. Relacionado con el punto anterior, tenemos ahora que sí podría existir, conforme a
la información recogida, una relación entre la no presentación a juicio y la naturaleza del
delito en cuestión. En efecto, si ordenamos según las categorías delictivas del Código
Penal todos los casos de revocatoria de excarcelación por no presentación a juicio o por
no presentación ante el juzgado de instrucción, para ambas formas de excarcelación,
tenemos el siguiente cuadro, del cual se desprende que el mayor porcentaje de
revocatorias por incumplimiento del excarcelado, independientemente de la forma de
caución, se da en el caso de los delitos contra la propiedad. En el cuadro siguiente se
observa también los porcentajes de revocatorias que corresponden a las restantes
categorías delictivas.
CUADRO 8
EXCARCELACIONES POR CATEGORÍAS DELICTIVAS
DEL CÓDIGO PENAL Y PORCENTAJE DE REVOCATORIAS
(Investigación experimental sobre la caución juratoria)
Costa Rica, 1982-1988.
Delito Total
excarcelaciones
Total
revocatorias
f %
Contra la vida
Sexuales
21
15
1
0
4,8
C/ la familia 2 0
C/ el ámbito de intimidad 3 0
C/ la propiedad
C/ buena fe en los
negocios
C/ la seguridad común
O/la autoridad pública
O/la administración de J.
C/ deberes función pública
O/la fe pública
De drogas
De defraudación fiscal
No especificados
287
2
1
33
9
25
32
30
4
4
20
0
0
1
0
1
1
0
0
7
3
4
3,1
Total 468
3.6.5. Respecto de la variable principal estudiada (caución económica - canción no-
económica), la investigación produjo un resultado sumamente interesante:
3.6.5.1. En el caso de las excarcelaciones otorgadas en los juzgados Primero y Hatillo
(316), donde los requisitos metodológicos para el trámite de las excarcelaciones se
cumplieron con mayor rigor, ambas formas de excarcelación dieron el mismo resultado.
Como se advierte en el cuadro siguiente, se obtuvo prácticamente idéntica proporción de
éxitos y de fracasos (revocatorias) en los dos subgrupos, el excarcelado bajo caución
juratoria y el excarcelado bajo caución real o personal (2,8-2,9 %).
CUADRO 9
EXCARCELACIONES BAJO CAUCIÓN JURATORIA
Y BAJO CAUCIÓN ECONÓMICA (REAL Y PERSONAL)
Y NÚMERO Y PORCENTAJE DE REVOCATORIAS
(Investigación experimental sobre la caución juratoria)
Información sobre los Juzgados Primero y Hatillo.
Costa Rica, 1982-1988
Revocatorias caución Excarcelaciones
otorgadas f %
Juratoria
Real y personal
102
214
3
6
2,9
2,8
3.6.5.2. En el caso de las excarcelaciones otorgadas en el Juzgado Tercero, donde los
requisitos metodológicos para su trámite se cumplieron en menor medida y donde se
dieron además una serie de circunstancias anómalas que afectaron el regular
funcionamiento del tribunal”, se obtuvo como resultado una desproporción en las
revocatorias habidas en los casos de una y otra forma de caución, siendo muy alto el
porcentaje de excarcelaciones juratorias revocadas: cuatro veces más que en el caso de
las otras formas de caución (ver el cuadro siguiente).
115 Durante el tiempo que se recogieron las excarcelaciones para la investigación en el
Juzgado Tercero, cambiaron seis jueces interinos, tres secretarios y más de veinte
funcionarios en el personal de escribientes. Se vivió la intervención de la Inspección
Judicial y la presencia de la Dirección Administrativa de la Corte Suprema de Justicia.
CUADRO 10
EXCARCELACIONES BAJO CAUCIÓN JURATORIA
Y BAJO CAUCIÓN ECONÓMICA (REAL Y PERSONAL)
Y NÚMERO Y PORCENTAJE DE REVOCATORIAS
(Investigación experimental sobre la caución juratoria)
Información del Juzgado Tercero
Costa Rica, 1982-1988
Revocatorias Caución Excarcelaciones
otorgadas f %
Juratoria
Real o personal
77
75
12
3
15,6
4
3.6.6. También al comparar los juzgados
entre sí surgen distintos resultados de lo hecho en cada uno de ellos. Los resultados de
los juzgados Primero y Hatillo son bastante similares. La diferencia se produce nueva-
mente entre estos dos y el Juzgado Tercero.
3.6.6.1. Veamos el cuadro siguiente, en el cual como se puede observar, tomando ambas
formas de excarcelación (con y sin garantí a económica), el Juzgado Tercero generó cinco
veces más revocatorias que el Juzgado Hatillo, casi tres veces más que el Juzgado
Primero, y casi el doble que las habidas en los otros dos juzgados juntos.
CUADRO 11
TOTAL DE EXCARCELACIONES OTORGADAS EN LOS
JUZGADOS PRIMERO, HATILLO Y TERCERO
Y NÚMERO Y PORCENTAJE DE REVOCATORIAS
(Investigación experimental sobre la caución juratoria)
Costa Rica, 1982-1988
Revocatorias Juzgado Total
excarcelacione
s
f %
Primero
Hatillo
Tercero
Total
revocatorias
160
152
156
468
6
3
15
24
3,7
2
10
5
3.6.6.2. A su vez, también el Juzgado Tercero produjo n numero desproporcionadamente
mayor de revocatorias
casos de caución juratoria que los otros dos juzgados juntos (esto se observa en el cuadro
12).
CUADRO 12
CAUCIONES JURATORIAS OTORGADAS Y CAUCIONES
JURATORIAS REVOCADAS. COMPARACIÓN DEL JUZGADO
TERCERO CON LOS JUZGADOS PRIMERO Y HATILLO
Investigación experimental, Costa Rica, 1982-1988.
Caución Cauciones
juratorias
otorgadas
Cauciones juratorias
revocadas
f %
Tercero
Primero y Hatillo
77
102
12
3
15,6
2,9
Como se deduce del cuadro anterior, en números absolutos el Juzgado Tercero revocó
cuatro veces más que los otros das juzgados juntos, y en porcentajes, 5,4 veces más.
De los puntos anteriores —especialmente del 3.6.5— se deduce que:
3.6.7.1. En ciento dos casos de delitos a los que puede corresponder pena mayor de tres
años de prisión, en dos juzgados de instrucción del país, la excarcelación bajo caución
juratoria fue utilizada con igual éxito que las formas de excarcelación con garantía
económica.
En oportunidad del primer estudio realizada en el país sobre el tema (nov. 1980), se
encontró que la caución juratoria era utilizada, en toda el país, en cera casos; en
oportunidad del segundo estudio (nov. 1980) se encontré que su uso se había extendido al
6,9 % de los casos; en oportunidad del estudio experimental, se llegó a utilizar, en dos
juzgados de instrucción, en el 32,5 % de los casos (102 casos) con el mismo grado de
éxito que el de las otras formas de excarcelación. Esto indica que la caución juratoria
podría tener en Costa Rica un uso mucho más amplio que el que en la actualidad tiene.
En el cuadro 6, que se mostró antes, se puede ver el detalle de los delitos para los
cuales se otorgó caución juratoria, y el número y proporción de casos en que ésta fue
otorgada.
3.6.7.2. El procedimiento para tramitar la excarcelación juratoria y el procedimiento para el
ulterior seguimiento que el tribunal hace del excarcelado, pueden ser muy importantes
para el éxito o el fracaso de la libertad provisional.
Tres cuestiones de especial cuidado a este respecto son:
a) informar con la mayor claridad y sencillez al excarcelado sobre su situación jurídica y
sobre sus obligaciones derivadas de la libertad provisional que se le otorga;
b) otorgar al acto de la excarcelación toda la solemnidad que le corresponde, para
contribuir a que el excarcelado comprenda a cabalidad las obligaciones que asume;
c) mantener vinculado al excarcelado a su causa, mediante un sistema de
presentaciones de control periódicas, pero no excesivas, pues en este caso el efecto
podría ser negativo. Se estima que las presentaciones deberían ser efectuadas una vez al
mes.
3.6.8. Solamente en el 35 % de los casos estudiados la causa concluyó en condena. En el
65 % (en 304 casos), la causa terminó con sobreseimiento en instrucción o en sentencia, o
con absolución. Esto se deberla tener muy en cuenta, para facilitar el trámite de la
excarcelación en toda la medida posible, evitando causar un mal anticipadamente a
personas que la justicia con mucha probabilidad podría declarar inocentes.
CUADRO 13
NUMERO Y PORCENTAJE DE EXCARCELADOS
CONDENADOS Y NO-CONDENADOS.
INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL
SOBRE LA EXCARCELACIÓN
Costa Rica, 1982-1988
Condenados
No condenados
164
304
35 %
75 %
Total 468 100 %
4. RECOMENDACIONES TENDIENTES A EXTENDER EL USO DE LA
EXCARCELACIÓN BAJO CAUCIÓN JURATORIA.
Basados en el estudio precedente, los autores se permiten formular las siguientes
recomendaciones:
1. Ampliar en Costa Rica el uso de la excarcelación bajo caución juratoria para los casos
de delitos de competencia de tribunal superior (aquellos cuya pena prevista es de más de
tres años de prisión). Las páginas precedentes muestran que el carácter tan restrictivo con
que se viene aplicando la caución juratoria para estos delitos, no tiene razón de ser.
2. Organizar actividades de capacitación con jueces penales y con funcionarios del
sistema de justicia penal en general, a fin de trasmitir el conocimiento adquirido,
contribuyéndose a reducir el número de presos a la espera de sentencia por medio de esta
forma de libertad provisional. Sería de la mayor importancia que dichas actividades fueran
promovidas por la Corte Suprema de Justicia —que patrociné el estudio— por intermedio
de su Escuela Judicial.
2. Se recomienda que al otorgar esta forma de excarcelación, se cumpla cuidadosamente
con algunas medidas prácticas que se han mostrado eficaces en este y en otros estudios
sobre la materia. Algunas de tales medidas son las siguientes:
a) informar exhaustivamente al excarcelado sobre su situación jurídica y sobre las
obligaciones que asume en
razón de su excarcelación;
b) dar solemnidad al acto de la libertad provisional a fin de contribuir a que el
excarcelado comprenda a cabalidad la importancia de cumplir con tales obligaciones;
c) mantener vinculado al excarcelado a la causa mediante un sistema de presentaciones
de control periódicas, pero no excesivas, estimándose que éstas deberían ser una vez al
mes (aparte de las otras presentaciones que por razón de la tramitación de la causa
fueren necesarias);
d) recoger no solamente la dirección del excarcelado, sino también su teléfono si lo
tuviera, y el teléfono y dirección de alguna otra persona familiar o allegada a éste que
pueda eventualmente colaborar para notificarlo de una resolución o actuación judicial; y
otorgar también formalidad al acto de participación de esta persona;
d) si el excarcelado faltara a alguna de sus presenta-dones periódicas o a una citación
judicial, previo a proceder a revocar su libertad hacer uso del teléfono, de una segunda
citación o de los oficios del familiar o allegado. Esto no es sólo una medida humanitaria o
condescendiente, sino también una medida práctica que puede ahorrar trabajo y producir
economia procesal. En numerosos casos en el presente estudio se pudo verificar que la
ausencia del imputado se había producido por una citación mal hecha, porque ésta por
alguna razón no había llegado a destino, o por razones de fuerza mayor, tales como
enfermedad de una persona sin medios a su alcance para comunicarse con el tribunal.
f) tener siempre en cuenta el principio de humanidad, no agravando innecesariamente,
con una pena de prisión anticipada, la situación del procesado que se halla, por otra parte,
amparado por el principio de inocencia.
3. Establecer un sistema de evaluación periódica que le permita a la Corte determinar el
grado de utilización de la excarcelación bajo caución juratoria por los tribunales de la
República y su resultado en la práctica.
4. En los países de la región que tienen el mismo sistema jurídicopenal romanogermánico,
tener también en cuenta los resultados del presente estudio, en la medida en que pudieran
ser útiles, y llevar a cabo proyectos de demostración similares, avanzando en la
investigación sobre esta y otras formas posibles de desinstitucionalización, a fin de evitar
en la mayor medida posible el uso de la prisión para las personas que no han sido
condenadas.
5. En el caso de los países de la región con sistema anglosajón, sin perjuicio de promover
la investigación en materia de libertad provisional, destinar esfuerzos a la investigación de
alternativas a la prisión como pena.
6. Finalmente se solicita a Naciones Unidas, en particular a la Rama de Justicia Penal y
Prevención del Delito, a UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice Research
Institute) y a ILANUD, continuar promoviendo este género de investigación comparada que
produce resultados concretos para atacar problemas tan graves de los sistemas de justicia
penal.
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ANEXO
Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas
no privativas de la libertad (Reglas de Tokio)
El Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento
del Delincuente
recomienda a la Asamblea General que apruebe el proyecto de
resolución siguiente*:
Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas
no privativas de la libertad (Reglas de Tokio)
La Asamblea General,
teniendo presente la Declaración Universal de Derechos Humanos1 y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Politicos2, así corno otros instrumentos internacionales
de derechos humanos que tratan de los derechos de las personas que hayan infringido la
ley; teniendo presentes también las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos3,
aprobadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y
Tratamiento del Delincuente, y la importante contribución de esas Reglas a las políticas y
prácticas nacionales; recordando la resolución 8 del Sexto Congreso de las Naciones
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente4 relativa a medidas
sustitutivas del encarcelamiento;
* Resolución aprobada por Asamblea General mediante resolución A/RES/45/110 del
14/12/90.
1 Resolución 217-A (III) de la Asamblea General.
2 Resolución 2200-A (XXI) de la Asamblea General, anexo.
3 Ver Derechos humanos: recopilación de instrumentos internacionales (publicación de
las Naciones Unidas, número de venta S.88.XIV.1), secc. G.
4 Ver Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y
Tratamiento del Delincuente, caracas, 25 de agosto a 5 de setiembre de 1980: informe
preparado por la Secretaría (publicación de las Naciones Unidas, número de venta
S.81.lV.4), cap. 1, secc.. B.
recordando también la resolución 16 del Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente5 relativa a la reducción de la población
penitenciaria, medidas sustitutivas del encarcelamiento e integración social de los
delincuentes;
recordando asimismo la sección XI de la resolución 1986/10 del Consejo Económico y
Social, de 21 de mayo de 1986, sobre medidas sustitutivas de la prisión, en que se pedía
al secretario general, entre otras cosas, que preparara un informe sobre las medidas
sustitutivas de la prisión con miras al Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente y que estudiara esta cuestión con
miras a la formulación de principios básicos en esta esfera, con la asistencia de los
institutos regionales; reconociendo la necesidad de elaborar enfoques y estrategias
locales, nacionales, regionales e internacionales en la esfera del tratamiento no
institucional del delincuente, así como la necesidad . de formular reglas mínimas, tal como
se subraya en el informe del Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la
Delincuencia sobre su cuarto período de sesiones en relación con los métodos y medidas
que probablemente resultarán más eficaces para prevenir el delito y mejorar el tratamiento
del delincuente;6
convencida de que las medidas sustitutivas de la prisión pueden ser un medio eficaz
para el tratamiento del delincuente en la comunidad, plenamente ventajoso para el
delincuente y para la sociedad;
consciente de que la restricción de la libertad sólo se justifica en aras de la seguridad
pública y de la prevención del delito, la justa retribución y la disuasión, y de que el objetivo
primordial del sistema de justicia penal es la reintegración del delincuente en la sociedad;
poniendo de relieve que el aumento de la población penitenciaria y la saturación de las
cárceles en muchos países constituyen factores que dificultan la debida aplicación de las
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos;
5 ver Séptimo congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y
Tratamiento del Delincuente, Milán, 26 de agosto a 6 de setiembre de 2985: informe
preparado por la Secretaría (publicación de las Naciones Unidas, número de venta
S.86.Iv.1), cap. I, secc. E.
6 E/CN.5/536, anexo.
tomando nota con reconocimiento de la labor cumplida por el Comité de Prevención del
Delito y Lucha contra la Delincuencia, así como por la reunión preparatoria interregional
sobre políticas de justicia penal en relación con los problemas de las penas de prisión,
otras sanciones penales y medidas sustitutivas y por las reuniones preparatorias
regionales para el Octavo Congreso;
expresando su gratitud al Instituto de las Naciones Unidas en Asia y el Lejano Oriente
para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente por la labor • cumplida en la
preparación de las Reglas mínimas sobre medidas no privativas de la libertad, así como a
las distintas organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales interesadas,
especialmente a la Fundación Internacional Penal y Penitenciaria por su contribución a la
labor preparatoria:
1) aprueba las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre medidas no privativas de
la libertad, contenidas en el anexo a la presente resolución, y aprueba la recomendación
del Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia en el sentido de que
estas reglas se denominen “Reglas de Tokio”7
2) recomienda que se adopten medidas en relación con las Reglas de Tokio y que se
apliquen estas Reglas en el plano nacional, regional e interregional. teniendo en cuenta las
circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales y las tradiciones de cada país;
3) exhorta a los Estados miembros a que apliquen las Reglas de Tokio en sus políticas y
prácticas;
4) invita a los Estados miembros a que señalen las Reglas de Tokio a la atención de,
por ejemplo, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, fiscales, jueces,
funcionarios encargados de la libertad condicional, abogados, víctimas, delincuentes,
servicios sociales y organizaciones no gubernamentales interesadas en la aplicación de
medidas no privativas de la libertad, así como de los miembros del poder ejecutivo, la
legislatura y el público en general;
5) pide a los Estados miembros que presenten informes quinquenales sobre la
aplicación de las Reglas de Tokio. a partir de 1994;
6) insta a las comisiones regionales, a los institutos regionales e interregionales en la
esfera de la prevención del delito y el tratamiento del delincuente, a los organismos
especializados y otras entidades dentro del sistema de las Naciones Unidas, a otras
organizaciones intergubernamentales interesadas y las organizaciones no
gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y
Social a que participen activamente en la aplicación de las Reglas de Tokio;
7 A/CONF.144/IPM.4. cap. III, párr. 73.
7) exhorta al Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia a que
considere, como cuestión prioritaria, la aplicación de la presente resolución;
8) pide al secretario general que adopte las medidas necesarias para preparar
observaciones sobre las Reglas de Tokio que deberán presentarse al Comité de
Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia en su 12 período de sesiones para su
aprobación y ulterior divulgación, prestando especial atención a las salvaguardias
jurídicas, la aplicación de las reglas y la formulación de directrices similares a nivel
regional;
9) invita a los institutos regionales e interregionales de las Naciones Unidas para la
prevención del delito y el tratamiento del delincuente a que ayuden al secretario general en
el cumplimiento de estas tareas;
10) insta a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y otras
entidades interesadas a que sigan participando activamente en esta iniciativa;
11) pide al secretario general que adopte medidas, cuando corresponda, para asegurar
la más amplia difusión posible de las Reglas de Tokio, incluida su transmisión a los
gobiernos, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y otras partes
interesadas;
12) pide asimismo al secretario general que prepare cada cinco años, a partir de 1994,
un informe sobre la aplicación de las Reglas de Tokio que se presentará al Comité de
Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia;
18) pide además al secretario general que preste asistencia en la aplicación de las
Reglas de Tokio a los Estados miembros que lo soliciten, y que informe periódicamente al
respecto al Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia;
14)pide que la presente resolución y el texto del anexo se señalen a la atención de todos
los órganos de las Naciones Unidas interesados y se incluyan en la próxima edición de la
publicación de las Naciones Unidas titulada Derechos humanos: recopilación de
instrumentos internacionales.
ANEXO
Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no
privativas de la libertad (Reglas de Tokio)
I. PRINCIPIOS GENERALES
1. Objetivos fundamentales
1. 1. Las presentes Reglas mínimas contienen una serie de principios básicos para
promover la aplicación de medidas no privativas de la libertad, así como salvaguardias
mínimas para las personas a quienes se aplican medidas sustitutivas de la prisión.
1.2. Las Reglas tienen por objeto fomentar una mayor participación de la comunidad
en la gestión de la justicia penal, especialmente en el régimen aplicable a los delincuentes,
así como fomentar entre los delincuentes el sentido de su responsabilidad hacia la
sociedad.
1.3. Las Reglas se aplicarán teniendo en cuenta las condiciones políticas,
económicas, sociales y culturales de cada país, así como
los propósitos y objetivos de su sistema de justicia penal.
1.4. Al aplicar estas Reglas, los Estados miembros se esforzarán por alcanzar un
equilibrio adecuado entre los derechos de los delincuentes, los derechos de las víctimas y
el interés de la sociedad en la seguridad pública y la prevención del delito.
1.5. Los Estados miembros introducirán medidas no privativas de la libertad en sus
respectivos ordenamientos jurídicos para proporcionar otras opciones, y de esa manera
reducir la aplicación de las penas de prisión, y racionalizar las políticas de justicia penal,
teniendo en cuenta el respeto de los derechos humanos, las exigencias de la justicia social
y las necesidades de rehabilitación del delincuente.
2. Alcance de las medidas no privativas de la libertad
2.1. Las disposiciones pertinentes de estas Reglas se aplicarár a todas las personas
sometidas a acusación, juicio o cumplimiento de una sentencia, en todas las fases de la
administración de la justicia penal. A los efectos de estas Reglas, estas personas se
designarán “delincuentes”, independientemente de que sean sospechosos o de que hayan
sido acusados o condenados.
2.2. Las presentes reglas se aplicarán sin discriminación alguna por razón de raza,
color, sexo, idioma, religión, opinión pública o de otra índole, procedencia nacional o
social, posición económica nacimiento u otras circunstancias.
2.3. A fin de prever una mayor flexibilidad, compatible con el tipo y la gravedad del
delito, la personalidad y los antecedentes del delincuente y la protección de la sociedad, y
evitar la aplicación Innecesaria de la pena de prisión, el sistema de justicia penal
establecerá una amplia serie de medidas no privativas de la libertad, desde la fase anterior
al luicio hasta la fase posterior a la sentencia. El número y el tipo de las medidas no
privativas de la libertad disponibles debe estar determinado de manera tal que sea posible
fijar de manera coherente las penas.
2.4. Se alentará y supervisará atentamente el establecimiento de nuevas medidas no
privativas de la libertad, y su aplicación se evaluará sistemáticamente.
2.5. Se considerará la posibilidad de ocuparse de los delincuentes en la comunidad,
evitando recurrir a procedimientos formales o juicios ante los tribunales, de conformidad
con las salvaguardias y las normas jurídicas.
2.6. Las medidas no privativas de la libertad se utilizarán de acuerdo con el principio
de mínima intervención.
2.7. El recurso a medidas no privativas de la libertad será parte de un movimiento a
favor de la despenalización y destipificación de delitos, en lugar de interferir con los
esfuerzos en esa dirección o demorarlos.
3. Salvaguardias jurídicas
3.1. La introducción, definición y aplicación de medidas no privativas de la libertad
estará prevista en la ley.
3.2. La selección de una medida no privativa de la libertad se basará en los criterios
establecidos con respecto al tipo y gravedad del delito, la personalidad y los antecedentes
del delincuente, los objetivos de la condena y los derechos de las víctimas.
A 3.3. La autoridad judicial u otra autoridad independiente competente ejercerá sus
facultades discrecionales en todas las fases del procedimiento con la garantía de su
entera responsabilidad y solamente de conformidad con la ley.
3.4. Las medidas no privativas de la libertad que impongan una obligación al
delincuente, aplicadas antes o en lugar del procedimiento o del juicio, requerirán su
consentimiento.
3.5. Las decisiones sobre la imposición de medidas no privativas de la libertad
estarán sometidas a la revisión de una autoridad judicial u otra autoridad competente e
independiente, a petición del delincuente.
3.6, El delincuente estará facultado a presentar pedidos o reclamaciones ante la
autoridad judicial u otra autoridad competente e independiente sobre cuestiones que
afecten sus derechos individuales en la aplicación de las medidas no privativas de la
libertad.
3.7. Se preverán disposiciones adecuadas para el recurso y, si es posible, la
reparación un caso de agravio relacionado con un incumplimiento de las normas sobre
derechos humanos internacionalmente reconocidas.
3.8. Las medidas no privativas de la libertad no supondrán ninguna experimentación
médica o psicológica sobre el delincuente, ni ningún riesgo indebido de daños físicos o
mentales.
3.9. La dignidad del delincuente sometido a medidas no privativas de la libertad será
protegida en todo momento.
3.10. Durante la aplicación de las medidas no privativas de la libertad, los derechos
del delincuente no se limitarán más de lo permitido por la autoridad competente que haya
adoptado la decisión de aplicar la medida.
3.11. Durante la aplicación de las medidas no privativas de la libertad se respetará el
derecho del delincuente a la intimidad, así como el de su familia.
3.12. El expediente personal del delincuente se mantendrá de manera estrictamente
confidencial e inaccesible a terceros. Sólo tendrán acceso al expediente las personas
directamente interesadas en la tramitación del caso u otras personas debidamente
autorizadas.
4. Cláusula de salvaguardia
4.1. Nada de lo dispuesto en las presentes Reglas será interpretado de modo que
excluya la aplicación de las Reglas mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (ver nota
3), las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de
menores8, el conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a
cualquier forma de detención o prisión 9, ni de ningún otro instrumento o norma sobre
derechos humanos reconocidos por la comunidad internacional que guarden relación con
el régimen aplicable al delincuente y con la protección de sus derechos humanos
fundamentales.
II. FASE ANTERIOR AL JUICIO
5. Disposiciones previas al juicio
5.1. Cuando así proceda y sea compatible con el
ordenamiento jurídico, la policía, el ministerio público u otros organismos que se ocupen
de casos penales, deberán estar facultados para retirar los cargos contra el delincuente si
consideran que la protección de la sociedad, la prevención del delito o la promoción del
respeto a la ley y los derechos de las víctimas no exigen llevar adelante el caso. A efectos
de decidir si corresponde el retiro de los cargos o la institución de actuaciones, en cada
ordenamiento jurídico se formularán una serie de criterios bien definidos. En casos de
poca importancia el fiscal podrá imponer medidas adecuadas no privativas de la libertad,
según proceda.
6. Prisión preventiva como último recurso
6.1. En el procedimiento penal sólo se recurrirá a la prisión preventiva como último
recurso, teniendo debidamente en cuenta la investigación del supuesto delito y la
protección de la sociedad y de la víctima.
8 Resolución 40/33 de la Asamblea General, anexo.
9 Resolución 43/173 de la Asamblea General, anexo.
6.2 Las medidas sustitutivas de la prisión preventiva se aplicarán lo antes posible. La
duración de la prisión preventiva no será superior a lo necesario para el logro de los
objetivos indicados en
la regla 5.1 y se aplicará con humanidad y respeto por la dignidad
del ser humano.
6.3. El delincuente tendrá derecho a apelar ante una autoridad judicial u otra autoridad
independiente y competente en los casos en que se imponga prisión preventiva.
III. FASE DE JUICIO Y SENTENCIA
7. Informes de investigación social
7. 1. Cuando exista la posibilidad de preparar informes de investigación social, la
autoridad judicial podrá valerse de un informe preparado por un funcionario u organismo
competente y autorizado. El informe contendrá información sobre el entorno social del
delincuente que sea pertinente a la modalidad de conducta delictiva del individuo y a los
delitos actuales. También debe contener información y recomendaciones que sean
pertinentes al procedimiento de fijación de condenas. Deberá ceñirse a los hechos, ser
objetivo e imparcial, y toda apreciación personal tendrá que formularse claramente como
tal.
8. Imposición de sanciones
8, 1, La autoridad judicial, que tendrá a su disposición una serie de sanciones no
privativas de la libertad, al adoptar su decisión deberá tener en consideración las
necesidades de rehabilitación del delincuente, la protección de la sociedad y los intereses
de la víctima, quien será consultada cuando corresponda.
8.2. Las autoridades sancionadoras podrán disponer del caso de los modos siguientes:
a) sanciones verbales, como la amonestación, la reprensión y la advertencia;
b) liberación condicional;
c) penas privativas de derechos o inhabilitaciones;
d) sanciones económicas y penas en dinero, como multas y multas sobre los ingresos
calculadas por días;
e) incautación o confiscación;
f) mandamiento de restitución a la víctima o de indemnización;
g) suspensión de la sentencia o condena diferida;
h) régimen de prueba y vigilancia judicial;
i) imposición de servicios a la comunidad;
j) obligación de acudir regularmente a un centro determinado;
k) arresto domiciliario;
I) cualquier otro régimen que no entrañe internamiento;
m) alguna combinación de las sanciones precedentes.
IV. FASE POSTERIOR A LA SENTENCIA
9. Medidas posteriores a la sentencia
9.1. Se pondrá a disposición de la autoridad competente una amplia serie de medidas
sustitutivas posteriores a la sentencia a fin de evitar el internamiento y prestar asistencia a
los delincuentes para su pronta reinserción social.
9.2. Podrán aplicarse medidas posteriores a la sentencia como las siguientes:
a) permisos y centros de transición
b) liberación con fines laborales o educativos;
c) distintas formas de libertad condicional;
d) la remisión;
e) el indulto.
9.3. La decisión con respecto a las medidas posteriores a la sentencia, excepto en el
caso del indulto, se someterá a la revisión de una autoridad judicial u otra autoridad
competente e independiente, si lo solicita el delincuente.
9.4. Se considerarán cuanto antes las posibilidades de liberación de un establecimiento
y asignación a un programa no privativo de la libertad.
V. APLICACION DE LAS MEDIDAS NO PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD
10. Régimen de vigilancia
10,1. El objetivo de la supervisión es disminuir la reincidencia y ayudar al delincuente
en su reinserción social de manera que se reduzca a un mínimo la probabilidad de que
vuelva a la delincuencia.
10.2. Si la medida no privativa de la libertad entra a un régimen de vigilancia, la
vigilancia será ejercida por una autoridad competente, en las condiciones concretas que
haya prescrito la ley.
10.3. En el marco de cada medida no privativa de la libertad, se establecerá cuál es el
tipo más adecuado de vigilancia y tratamiento para cada caso particular con el propósito
de ayudar al delincuente a reflexionar sobre su conducta delictiva. El régimen de vigilancia
y tratamiento se revisará y reajustará periódicamente, cuando sea necesario.
10.4. Se brindará a los delincuentes, cuando sea necesario, asistencia psicológica,
social y material y oportunidades para fortalecer los vínculos con la comunidad y facilitar
su reinserción social.
11. Duración
11.1. La duración de las medidas no privativas de la libertad no superará el plazo
establecido por la autoridad competente de conformidad con la ley.
11.2. Estará prevista la interrupción anticipada de la medida en caso de que el
delincuente haya respondido positivamente a ella.
12. Obligaciones
12.1. Cuando la autoridad competente decida las obligaciones que deberá cumplir el
delincuente, habrá de tener en cuenta las necesidades de la sociedad y las necesidades y
los derechos del delincuente y de la víctima.
12.2. Las obligaciones que ha de cumplir serán prácticas, precisas y tan pocas como
sea posible, y tendrán por objeto reducir las posibilidades de reincidencia en el
comportamiento delictivo e incrementar las posibilidades de reinserción social del
delincuente, teniendo en cuenta las necesidades de la víctima.
12.3. Al comienzo de la aplicación de una medida no privativa de la libertad, el
delincuente recibirá una explicación, oral y escrita, de las condiciones que rigen la
aplicación de la medida, incluidos sus obligaciones y derechos.
12.4. La autoridad competente podrá modificar las obligaciones impuestas de
conformidad con lo previsto en la legislación y según el progreso realizado por el
delincuente.
13. Proceso de tratamiento
13.1. En el marco de una medida no privativa de la libertad determinada, cuando
corresponda, se establecerán diversos sistemas, por ejemplo, ayuda psicosocial
individualizada, terapia de grupo, programas residenciales y tratamiento especializado de
distintas categorías de delincuentes, para responder a sus necesidades de manera más
eficaz.
13.2. El tratamiento deberá ser dirigido por profesionales con adecuada formación y
experiencia práctica.
13.3. Cuando se decida que el tratamiento es necesario, se hará todo lo posible por
comprender los antecedentes, la personalidad, las aptitudes, la inteligencia y los valores
del delincuente, y especialmente las circunstancias que le llevaron a la comisión del delito.
13.4, La autoridad competente podrá hacer participar a la comunidad y a los sistemas de
apoyo social en la aplicación de las medidas no privativas de la libertad.
13.5. El número de casos asignados se mantendrá, en lo posible, dentro de límites
compatibles con la aplicación eficaz de los programas de traatamiento.
13.6. La autoridad competente abrirá y mantendrá un expediente para cada delincuente.
14. Disciplina e incumplimiento de las
obligaciones
14.1. El incumplimiento de las obligaciones impuestas al delincuente puede dar lugar a
la modificación o revocación de la medida no privativa de la libertad.
14.2. La modificación o revocación de la medida no privativa de la libertad
corresponderá a la autoridad competente; procederá a ello solamente después de haber
examinado cuidadosamente los
hechos alegados por el funcionario supervisor y por el delincuente.
14.3. El fracaso de una medida no privativa de la libertad no significará
automáticamente la imposición de una medida privativa de la libertad.
14.4. En caso de modificación o revocación de la medida no privativa de la libertad, la
autoridad competente intentará imponer una medida sustitutiva no privativa de la libertad
que sea adecuada. Sólo se podrá imponer la pena de prisión cuando no haya otras
medidas sustitutivas adecuadas.
14.5. En caso de que el delincuente incumpla las obligaciones impuestas, la ley
determinará a quién corresponde dictar la orden de detenerlo o de mantenerlo bajo
supervisión.
14.6. En caso de modificación o revocación de la medida no privativa de la libertad, el
delincuente podrá recurrir ante una autoridad judicial u otra autoridad competente e
independiente.
VI. PERSONAL
15. Contratación
15. 1. En la contratación del personal no se hará ninguna discriminación por razón de
raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión política o de otra índole, procedencia
nacional o social, posición económica, nacimiento u otra circunstancia. Los criterios de la
contratación del personal tendrán en cuenta las políticas nacionales de antidiscriminación
activa y reflejarán la diversidad de los delincuentes que haya que supervisar.
15.2. Las personas designadas para aplicar las medidas no privativas de la libertad
deberán ser personas aptas para la función y, cuando sea posible, tener formación
profesional y experiencia práctica adecuadas. Estas calificaciones se especificarán clara-
mente.
15.3. Para conseguir y contratar personal profesional calificado, se harán
nombramientos con categoría de funcionario público, sueldos adecuados y prestaciones
sociales que estén en consonancia
con la naturaleza del trabajo y se ofrecerán amplias oportunidades de progreso profesional
y ascenso.
16. Capacitación del personal
16.1. El objetivo de la capacitación será explicar claramente al personal sus funciones
en lo que atañe a la rehabilitación del delincuente, la garantía de los derechos de los
delincuentes y la protección de la sociedad. Mediante la capacitación, el personal también
deberá comprender la necesidad de cooperar y coordinar las actividades con los
organismos interesados.
16.2. Antes de entrar en funciones, el personal recibirá capacitación que comprenda
información sobre el carácter de las medidas no privativas de la libertad, los objetivos de la
supervisión y las distintas modalidades de aplicación de las medidas no privativas de la
libertad.
16.3. Después de la entrada en funciones, el personal mantendrá y mejorará sus
conocimientos y aptitudes profesionales asistiendo a cursos de capacitación durante el
servicio y a cursos de actualización. Se proporcionarán instalaciones adecuadas a ese
efecto.
VII. VOLUNTARIOS Y OTROS RECURSOS COMUNITARIOS
17. Participación de la sociedad
17.1. La participación de la sociedad debe alentarse pues constituye un recurso
fundamental y uno de los factores más importantes para fortalecer los vínculos entre los
delincuentes sometidos a medidas no privativas de la libertad y sus familias y la
comunidad. Deberá complementar los esfuerzos de la administración de la justicia penal.
17.2. La participación de la sociedad será considerada como una oportunidad que se
brinda a los miembros de la comunidad para contribuir a la protección de ésta.
18. Comprensión y cooperación de la sociedad
18.1. Debe alentarse a los organismos públicos, al sector privado y a la comunidad en
general para que apoyen a las organizaciones de voluntarios que fomenten la aplicación
de medidas no privativas de la libertad.
18.2. Se organizarán regularmente conferencias, seminarios. simposios y otras
actividades para agudizar la conciencia de la necesidad de la participación de la sociedad
en la aplicación de las medidas no privativas de la libertad.
18.3. Se utilizarán todos los medios de comunicación para favorecer el nacimiento de
una actitud constructiva en la comunidad, que dé lugar a actividades que propicien la
aplicación más amplia del régimen no privativo de la libertad y la reinserción social de los
delincuentes.
18.4. Se hará todo lo posible por informar a la sociedad acerca de la importancia de
su función en la aplicación de las medidas no privativas de la libertad.
19. Voluntarios
19.1. Los voluntarios se seleccionarán cuidadosamente y se contratarán en función de
las aptitudes y del interés que demuestren en su labor. Se les impartirá una capacitación
adecuada para el desempeño de las funciones específicas que les hayan sido
encomendadas, y contarán con el apoyo y asesoramiento de la
autoridad competente a la que tendrán oportunidad de consultar.
19.2. Los voluntarios alentarán a los delincuentes y a sus familias a establecer vínculos
significativos y contactos más amplios con la comunidad, brindándoles asesoramiento y
otras formas adecuadas de asistencia acorde con sus capacidades y las necesidades del
delincuente.
19.3. Los voluntarios estarán asegurados contra accidentes, lesiones y daños a terceros
en el ejercicio de sus funciones. Se les reembolsarán los gastos autorizados que hayan
efectuado durante su trabajo. Gozarán del reconocimiento público por los servicios que
presten en pro del bienestar de la comunidad.
VIII. INVESTIGACION, PLANIFICACIÓN, FORMULACIÓN
Y EVALUACIÓN DE POLITICAS
20. Investigación y planificación
20.1. Como un aspecto esencial del proceso de planificación, se hará lo posible para
que las entidades tanto públicas como privadas colaboren en la organización y el fomento
de la investigación sobre la aplicación a los delincuentes de un régimen no privativo de la
libertad.
20.2. Se investigarán regularmente los problemas que enfrentan los destinatarios de las
medidas, los profesionales, la comunidad y los órganos normativos.
20.3. Dentro del sistema de justicia penal se crearán mecanismos de investigación e
información para reunir y analizar datos y estadísticas sobre la aplicación a los
delincuentes de un régimen no privativo de la libertad.
21. Formulación de políticas y elaboración de programas
21.1 Se planificarán y aplicarán sistemáticamente programas de medidas no privativas
de la libertad como parte integrante del sistema de justicia penal en el marco del proceso
nacional de desarrollo.
21.2. Se efectuarán evaluaciones periódicas con miras a lograr una aplicación más
eficaz de las medidas no privativas de la libertad.
21.3. Se realizarán estudios periódicos para evaluar los objetivos, el funcionamiento y
la eficacia de las medidas no privativas de la libertad.
22. Vínculos con organismos y actividades pertinentes
22.1. Se crearán a diversos niveles mecanismos apropiados para facilitar el
establecimiento de vínculos entre los servicios encargados de las medidas no privativas de
la libertad, otras ramas del sistema de justicia penal, y los organismos de desarrollo y
bienestar social, tanto gubernamentales como no gubernamentales, en esferas como
la salud, la vivienda, la educación, el trabajo y los medios de comunicación.
23. Cooperación internacional
23.1. Se hará lo posible por promover la cooperación científica entre los países en la
esfera del régimen sin internamiento. Deberán reforzarse la investigación, la capacitación,
la asistencia técnica y el intercambio de información entre los Estados miembros sobre
medidas no privativas de la libertad, a través de los institutos regionales e interregionales
de las Naciones Unidas, en estrecha colaboración con la Subdivisión de Prevención del
Delito y Justicia Penal de la Secretaria de las Naciones Unidas.
23.2. Deberán fomentarse los estudios comparados y la armonización de las
disposiciones legislativas para ampliar la gama de opciones sin internamiento y facilitar su
aplicación a través de las fronteras nacionales, de conformidad con el Tratado modelo
sobre el traspaso de la vigilancia de los delincuentes bajo condena condicional o en
libertad condicional’10.
10 Resolución 13, secc. A.
Principios básicos para el tratamiento de los reclusos
El Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento
del Delincuente
recomienda a la Asamblea General que apruebe el proyecto de resolución siguiente:
Principios básicos para el tratamiento de los reclusos
La Asamblea General,
teniendo presente la constante preocupación de las Naciones Unidas por la
humanización de la justicia penal y la protección de los derechos humanos;
teniendo presente asimismo que para planificar el desarrollo económico y social es
indispensable contar con políticas acertadas de prevención del delito y lucha contra la
delincuencia;
reconociendo que las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos11, aprobadas
por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento
del Delincuente, tiene gran valor e influencia en el desarrollo de la política y la práctica
penitenciarias;
teniendo en cuenta la preocupación expresada por los congresos anteriores acerca de
los obstáculos de distintos tipos que impiden la plena aplicación de las Reglas;
convencida de que la plena aplicación de las Reglas se vería facilitada si se plasmaran los
principios básicos que le sirven de fundamento; recordando la resolución 10, sobre la
situación de los reclusos, y la resolución 17, sobre los derechos humanos de los reclusos,
del Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento
del Delincuente;
11 Ver Derechos humanos: recopilación de instrumentos internacionales (publicación de
las Naciones Unidas, número de venta S.88.XIV.1), secc. G.
recordando también la declaración presentada durante el décimo período de sesiones
del Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia por la Alianza Mundial
de Asociaciones Cristianas de Jóvenes, la Asociación Internacional de Ayuda a los
Presos, la Asociación Internacional de Educadores para la Paz Mundial, Caritas
Internationalis, la Comisión de las Iglesias para los Asuntos Internacionales del Consejo
Mundial de Iglesias, el Consejo Internacional para la Educación de Adultos, el Consejo
Mundial de Pueblos Indígenas, la Federación Internacional de Derechos Humanos y la
Unión Internacional de Estudiantes, que son organizaciones no gubernamentales
reconocidas como entidades consultivas en la categoría II por el Consejo Económico y
Social;
recordando además las recomendaciones pertinentes que figuran en el informe de la
Reunión Preparatoria Interregional para el Octavo Congreso acerca de la política de
justicia penal en relación con el problema del encarcelamiento y otras sanciones penales y
medidas alternativas12;
consciente de que el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del
Delito y Tratamiento del Delincuente coincide con el Año Internacional de la Alfabetización,
proclamado por la Asamblea General en su resolución 42/104, de 7 de diciembre de
1987;
deseosa de reflejar la perspectiva observada por el Séptimo Congreso, de que la función
del sistema de justicia penal consiste en contribuir a salvaguardar los valores y normas
fundamentales de la sociedad;
reconociendo la oportunidad de elaborar una declaración de los derechos humanos del
preso;
afirma la declaración de principios básicos para el tratamiento de los reclusos, que se
presenta como anexo a la presente resolución, y pide al secretario general de las
Naciones Unidas que la señale a la atención de los Estados miembros.
12 A/CONF.144/IPM.4.
Declaración de principios básicos para el tratamiento
de los reclusos
1. Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor
inherentes de seres humanos.
2. No existirá discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento
u otros factores.
3. Sin perjuicio de lo anterior, es necesario respetar las creencias religiosas y los
preceptos culturales del grupo a que pertenezcan los reclusos, siempre que así lo exijan
las condiciones locales.
4. La labor del personal encargado de las cárceles en lo tocante a la vigilancia de
los reclusos y la protección de la sociedad contra el delito se llevará a cabo en
consonancia con los demás objetivos sociales del Estado y con su responsabilidad
fundamental de promover el bienestar y el desarrollo de todos los miembros de la
sociedad.
5. Con excepción de aquellas limitaciones que sean evidentemente necesarias por
el hecho del encarcelamiento, todos los reclusos seguirán gozando de los derechos
humanos y las libertades fundamentales consagrados en la Declaración Universal de
Derechos Humanos13, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo
Facultativo14, así como de los demás derechos estipulados en otros instrumentos de las
Naciones Unidas.
6. Todos los reclusos tendrán derecho a participar en actividades culturales y
educativas encaminadas a desarrollar plenamente la personalidad humana.
7. Deberán alentarse y realizarse esfuerzos encaminados a abolir o restringir el uso
del aislamiento en celda de castigo como sanción disciplinaria.
8. Se crearán las condiciones para que los reclusos realicen actividades laborales
remuneradas y útiles que facilitarán su reinserción en el mercado laboral del país y les
permitirán contribuir al sustento económico de su familia y al suyo propio.
13 Resolución 217-A (III) de la Asamblea General.
14 Resolución 2200-A (XXI) de la Asamblea General, anexo.
9. Los reclusos tendrán acceso a los servicios de salud de que disponga el país,
sin discriminación por su condición jurídica.
10. Con la participación y ayuda de la comunidad y de instituciones sociales, y con el
debido respeto a los intereses de las víctimas, se crearán las condiciones favorables para
la reincorporación del exrecluso a la sociedad en las mejores condiciones posibles.
11. Los principios arriba mencionados se aplicarán en forma imparcial.