05 calidad en colombia

LA CALIDAD DE LA DEMOCRACIA COLOMBIANA:PERSPECTIVAS Y LIMITACIONESThe quality of Colombian democracy: perspectives and limitations

Gabriel MURILLO CASTAO y Freddy OSORIO RAMREZUniversidad de los Andes y Universidad del Rosario

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BIBLID [1130-2887 (2007) 45, 47-68]Fecha de recepcin: octubre del 2006Fecha de aceptacin y versin final: febrero del 2007

RESUMEN: En este trabajo se aborda la democracia colombiana a la luz de los elementosdeterminantes de su calidad. Con el propsito de subrayar la complejidad inherente a la dinmicapoltica en el pas, se sealan y particularizan sus propiedades idiosincrsicas y se abordan losretos explicativos para la comprensin de las mismas. Estos sealamientos son vistos a travs deun contraste analtico entre los elementos del determinismo econmico y poltico causantes de laagudizacin de la crisis. Tambin se desarrolla un tratamiento que diferencia y grada los distintosniveles del deterioro democrtico de este proceso. Desde una topologa convencional de algu-nos indicadores de la calidad democrtica, el trabajo pasa a una conclusin que subraya lasingularidad del caso colombiano (deviant case) reiterando el sentido del eslabonamiento delos componentes del ensayo en vez de sacar una conclusin terminante.

Palabras clave: Colombia, democracia, rgimen poltico, Estado, sociedad civil, crisis.

ABSTRACT: This paper analyses the basic determinants of the quality of democracy inColombia. In order to achieve this purpose, it indicates and differentiates the characteristics ofthe national political dynamics and also discusses the underlying explanatory challenges. This isdone through an analytical contrast of the elements of economic and political determinism thatcauses the aggravation of its crisis. It also develops a gradual follow up of the different degreesof the process of democratic deterioration. Finally, from the application of a conventional typo-logy of indicators of the quality of democracy and after reiterating the logic of the essaysconcatenation, it underlines the uniqueness of the Colombian case (deviant) instead of reachingan ultimate conclusion.

Key words: Colombia, democracy, political regime, State, civil society, crisis.

Ediciones Universidad de Salamanca Amrica Latina Hoy, 45, 2007, pp. 47-68

ISSN: 1130-2887

I. INTRODUCCIN1

Al analizar la democracia de un pas, ya no es posible sealar simplemente la exis-tencia o inexistencia de este tipo de rgimen poltico. Tampoco se puede pretender inter-pretarla mediante la composicin de una lista exhaustiva de sus elementos constitutivospara ver cules existen y cules no. Ya no es posible decir, en consonancia con el bre-ve cuento de Augusto Monterroso, cuando despert, la democracia todava estaba all.La democracia no est. No es posible capturarla en una sola imagen como a un paisa-je con la lente de una buena cmara fotogrfica. Su comprensin requiere de la obser-vacin rigurosa de cmo funcionan sus elementos clave, del comportamiento de susactores e instituciones, de las transformaciones institucionales, del contexto histrico,de la relacin existente entre el orden social circundante y la normatividad vigente. Enpocas palabras, la expresin cabal de la democracia y la posibilidad de aprehenderlaresultan prcticamente imposibles. No es suficiente decir que hay elecciones peridi-cas, separacin de poderes o algn tipo de participacin poltica y sencillamente afir-mar su existencia, tampoco que predomina la lgica del Estado de Derecho. Es necesariocomprender la democracia en funcin de la expresin de sus elementos cualitativos,de su calidad. Pero qu se necesita para dar cuenta de la calidad de una realidad demo-crtica turbulenta y compleja como la colombiana?

II. LA COMPLEJIDAD COGNITIVA DE LA DEMOCRACIA COLOMBIANA

Para abordar lo atinente a la calidad de la democracia de Colombia se requiereregistrar algunos sealamientos conceptuales y tericos indicativos de los factores sufi-cientes y necesarios para observar la calidad de su dinmica y complejidad inheren-tes. Segn Diamond y Morlino (2004: 21-22), es posible descifrar los elementos centralesde la comprensin democrtica en funcin de una metfora alusiva a la lgica indus-trial, en tanto las observaciones cientficas se pueden hacer, primero, con nfasis en elprocedimiento, cuando se basan en la existencia de movimientos institucionales pre-decibles y efectivos para una accountability horizontal, vertical y social. En segundolugar, puntualizando en el contenido cuando se la relaciona con la existencia efec-tiva de libertad y equidad poltica para los ciudadanos, las asociaciones y la comuni-dad. Y el tercero, en el resultado, cuando se procura comprender el grado desatisfaccin ciudadana con sus efectos. Lo anterior quiere decir que la observacinde una democracia de calidad implica la comprensin de las herramientas institucio-nales, de la existencia de las libertades y de la satisfaccin de los ciudadanos.

Al intentar aplicar esta propuesta a Colombia, tan slo es posible afirmar, en lo queatae al desempeo del procedimiento, que existe una separacin de poderes fun-cional en trminos generales, que las elecciones son peridicas y que los procesos alu-sivos a la accountability horizontal funcionan con mayor claridad que los relativos a la

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1. Agradecemos a los evaluadores externos de Amrica Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales.

accountability vertical y a la social 2. Sin embargo, al observar con atencin la dinmi-ca de estos procesos, no es difcil establecer que la formal separacin de poderes nose cumple cabalmente. Esto se refleja, por ejemplo, cuando el Ejecutivo se involucraen asuntos de la competencia exclusiva del Legislativo3. Tambin en la intromisin pre-sidencial en las funciones propias de la rama judicial4.

Bajo el segundo elemento relativo a la comprensin de la calidad de la democra-cia, es decir, el contenido, se puede sealar cmo la Constitucin Poltica de Colombiaconsagra y otorga toda la gama de derechos, los fundamentales (civiles y polticos) dela primera generacin, los sociales y econmicos de la segunda y los colectivos de latercera. Complementariamente, estn consagradas constitucionalmente las acciones indi-viduales (tutela) y colectivas (acciones populares y de cumplimiento) para que los ciu-dadanos reivindiquen sus derechos ante su eventual desconocimiento por parte deterceras personas, naturales o jurdicas. Tambin estn incluidas en esta Carta todas lasformas alternativas de participacin ciudadana que trascienden la democracia electo-ral5. Pero, al examinar con detalle el ejercicio de los derechos y el respeto a los mismos,es posible sealar, en primer lugar, que a excepcin del uso de la accin de tutela, anes muy precario el empoderamiento ciudadano para evitar las acciones antidemocrti-cas que los desconocen. Por ejemplo, se registra que en los diez ltimos aos se handecretado 125 medidas cautelares en la Comisin Interamericana de Derechos Huma-nos6 y diez medidas provisionales en la Corte Interamericana de Derechos Humanos




2. Es decir, que los controles tienden a ser ms efectivos desde los organismos formales haciael resto del andamiaje institucional del Estado que las meras acciones de control poltico y de veedu-ra ciudadana.

3. El Ejecutivo colombiano, a travs del Ministerio del Interior, intervino abiertamente en lapugna por la definicin de las alianzas para establecer las mesas directivas del Senado y la Cmarade Representantes y as garantizar las mayoras parlamentarias requeridas para la aprobacin de losproyectos gubernamentales en la legislatura iniciada el 20 de julio del 2006 (por ejemplo, la reformatributaria, la Ley de transferencias a las regiones, la reforma financiera, la aprobacin del Tratado deLibre Comercio [TLC] con Estados Unidos y una ley de apoyo a la vivienda de inters social, entreotros). Ver Metas de Uribe en segundo tiempo. El Tiempo, 21 de julio del 2006, pp. 1-2, Primer Plano.Para mayor informacin, vase As perdi la batalla Vargas Lleras. El Tiempo, 23 de julio del 2006,pp. 1-1 & 1-4. Seccin Nacin.

4. Para acceder a un buen nmero de ejemplos ilustrativos de esta modalidad de afecta-cin al principio de la separacin de poderes, vase Informe Especial Sobre la IndependenciaJudicial de la Fiscala, realizado por el Observatorio Colombiano de Administracin de la Justicia,ASONAL Judicial, FASOL. Ctedra Gerardo Molina de la Universidad Libre e ILSA. En http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/justicia.html, consultado el martes 25 de julio de 2006, a las11:15 a.m.

5. Ver el artculo 103 de la Constitucin Poltica de Colombia. Ttulo IV, De la ParticipacinDemocrtica y de los Partidos Polticos, captulo 1, De las formas de participacin democrtica.

6. Entre 1996 y 2005, se pueden contar 125 medidas para Colombia, entre casos activos yresueltos. Ver http://www.cidh.org/medidas.esp.htm, consultado el mircoles 19 de julio del 2006a las 10:30 a.m.

por causa de la indolencia estatal en la defensa de los derechos consagrados constitu-cionalmente en Colombia7.

Adems, diversas instituciones internacionales, como Freedom House, HumanRights Watch o la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DerechosHumanos, han sido reiterativas en el sealamiento de las violaciones a estos dere-chos y a las infracciones al Derecho Internacional Humanitario en Colombia. Segnel informe anual de Freedom House, el pas tiene un ndice de derechos polticos y liber-tades civiles de 4 en una escala donde 1 representa el alto cumplimiento de los mis-mos mientras que 7 corresponde a su ausencia total o negacin8. Colombia es uno delos 55 pases calificados como Partly Free9. Adicionalmente, segn William Spindler,portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR),Colombia es el tercer pas del mundo con mayor poblacin desplazada por un enfren-tamiento interno armado despus de Sudn y la Repblica Democrtica del Congo10.En segundo lugar, es sabido que los avances en la apropiacin y en el involucramien-to ciudadano de los mecanismos alternativos de participacin siguen siendo bastanteprecarios y que el Estado no ha intensificado la promocin de polticas pblicas deconstruccin de ciudadana y de educacin cvica que reflejen lo contrario.

Con respecto al tercer elemento de la comprensin de la calidad de la democra-cia, la satisfaccin ciudadana con el resultado, es imperioso diferenciar, en primerlugar, la satisfaccin con el resultado de la gestin gubernativa del presidente Uribe.En segundo lugar, la opinin acerca del desempeo de los actores y las institucionesde la poltica nacional y, en tercer lugar, la percepcin de la opinin pblica acerca dela democracia. Respecto del primero, tanto los sondeos de opinin11 como las medicio-nes ms rigurosas y analticas12, coinciden en registrar altos ndices de popularidad dela imagen del presidente Uribe, en todos los casos por encima del 50%. Tambin soncoincidentes en sealar el desprestigio de la mayora de los actores y las instituciones




7. Dentro del perodo de 1996 hasta el 2006, en la Corte se han dictado 10 medidas provisio-nales. Ver http://www.corteidh.or.cr/seriee/index.html, consultado el mircoles 19 de julio del 2006a las 10:30 a.m.

8. FREEDOM HOUSE. Freedom in the World 2005. The annual survey of political rights andcivil liberties. Tomado de http://www.freedomhouse.org, consultado el 24 de julio del 2006 a las9:00 a.m.

9. Para Freedom House con este concepto se alude a aquellos pases [] en los cuales existeun limitado respeto por los derechos polticos y las libertades civiles []. Estos estados tambin estnafectados por un ambiente de corrupcin, por un estado de derecho dbil, por disputas tnicas o reli-giosas, y con frecuencia por un escenario en donde hay un partido poltico hegemnico a pesar de lafachada de pluralismo limitado. Traduccin propia. Tomado de http://www.freedomhouse.org, con-sultado el 24 de julio del 2006 a las 9:45 a.m.

10. Aumentan desplazados en Colombia. Tomado de http://www.news.bbc.co.uk/hi/spanish/in-ternational/newsid_5064000/5064598.stm, consultado el julio 23 del 2006 a las 10:50 p.m.

11. Como por ejemplo la alianza de la Revista Semana con la W-Radio o el Latinobarmetro.12. Dentro de este tipo de estudios se encuentran La cultura poltica de la democracia en Colombia:

2005 de las Universidades de Vanderbilt y los Andes.

de la poltica nacional. Los partidos y sus representantes en las corporaciones pblicasson los de mayor desprestigio para la opinin pblica nacional. Adems, ninguna delas instituciones estatales consideradas en estos sondeos obtiene niveles de populari-dad superiores a los alcanzados por el primer mandatario. Finalmente, en ambos tiposse reitera la coincidencia sobre el apoyo y la alta valoracin de la opinin sobre la demo-cracia en s como el rgimen poltico deseable.

Sin embargo, por un lado, no es posible relacionar estas expresiones de la opininpblica sobre los resultados del desempeo de la cabeza del gobierno, con el de losactores, de las instituciones polticas y de la percepcin sobre el rgimen democrticocon los altos ndices de abstencin electoral existentes. Si bien sorprende que enColombia an no exista un estudio riguroso y abarcante sobre la abstencin electoral,no es aventurado anotar por hiptesis que las personas que no participan estn en desa-cuerdo con el gobierno, con las instituciones estatales o con la democracia. Esto se pue-de sustentar parcialmente con el hecho de que los guarismos ms altos de abstencinelectoral se localizan en los estratos ms bajos de la pirmide social13. En adicin a loanterior, es preciso registrar un altsimo porcentaje de ciudadanos que estn en condi-ciones de pobreza y en condiciones de indigencia (ms del 60% de la poblacin)14, aligual que la precariedad salarial y el peso del sector informal de la economa y la per-sistencia del desempleo15.

Por otro lado, es sabido que la popularidad de la figura presidencial colombiana ysu desproporcin con la acogida de la opinin pblica al equipo de gobierno y al mane-jo de las instituciones estatales se explica por el carisma y el liderazgo del presidente,lo que ha hecho de la frase Colombia tiene ms Presidente que Gobierno todo unlugar comn. La crtica al desempeo de las instituciones y de los actores ajenos a laprimera magistratura refleja una caprichosa predileccin por el discurso y la figura pre-sidencial, como si la Presidencia de la Repblica no fuera tambin una institucin pol-tica como todas las dems y el primer mandatario no fuera un actor poltico comomuchos otros. Los argumentos esgrimidos por los defensores del presidente aluden alreconocimiento del buen desempeo de la economa en los ltimos dos aos16, pero




13. Ya se dijo que no es fcil obtener cifras sobre abstencin electoral. Sin embargo, es posibleextraerlas de la encuesta realizada por Napolen Franco en G. HOSKIN, R. MASAS y M. GARCA (2003).

14. Segn un informe presentado por el director del Departamento Nacional de Planeacin,DNP, para el Tercer Trimestre del 2005, el 49,2% de la poblacin colombiana est por debajo de lalnea de la pobreza, mientras el 14,7% vive en indigencia. Tomado de http://www.presidencia.gov.co/sne/2006/enero/18/presentaci%F3ncifraspobreza2005.pdf, consultado el 15 de agosto del 2006 a las9:35 a.m.

15. Segn estadsticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadstica, DANE, hay8.129.636 personas ocupadas. De stas 3.351.284 tienen empleos formales mientras que 4.778.352 estnocupadas informalmente. Tomado de http://www.dane.gov.co/index.php?option=comcontent&task=category&sectionid=19&id=75&Itemid0257, consultado el 22 de julio del 2006 a la 1:00 p.m.

16. El crecimiento del PIB en el ao 2005 alcanz la cifra de 5,2%. Para el ao 2006 todos losestimativos concuerdan en esperar una tasa de crecimiento tambin superior al 5%.

estos logros no se compadecen con la persistencia del alto dficit fiscal ni con la ampliadeuda externa an persistente17.

Adems se ha creado un clima de seguridad basado en el hecho de que los colom-bianos han podido volver a viajar por las carreteras de su pas acompaados por ca-ravanas militares. Esto implica la desatencin de otros espacios en donde resultaindispensable la presencia del pie de fuerza militar ante la persistencia de un conflictoarmado que no da tregua. Finalmente, se alude a la reduccin de las tasas de secues-tro, extorsin y homicidio18, las cuales siguen siendo altas cuando se las compara conotros pases. Sin embargo, centrar la atencin en la figura del presidente, ya sea al defen-der o atacar su gestin, deja de lado el hecho de que la evaluacin de la calidad de lademocracia es mucho ms que el buen gobierno desempeado por un solo actor.

Sin importar si el nfasis de las observaciones sobre la calidad de la democraciacolombiana es general o detallado, se requiere de una perspectiva analtica que d cuen-ta de las caractersticas y singularidades idiosincrsicas del caso, para no incurrir en sea-lamientos acrticos o reduccionistas. Lo anterior impone respuestas a estos interrogantes:cmo incluir los problemas derivados de un rgimen poltico cuya credibilidad y legi-timidad tienden a ser bajas por causa de la dificultad en ofrecer adjetivaciones claras ysuficientes para interpretar la naturaleza de su crisis?, cmo captar analticamente lacoexistencia de factores estructurales antagnicos?, cmo explicar el carcter parad-jico de situaciones cuyo balance analtico permite registrar factores de progresin demo-crtica en un mbito acosado por la presencia persistente de factores antidemocrticos?

III. LA SINGULARIDAD DEL CASO COLOMBIANO Y LOS RETOS DE SU COMPRENSIN

Se suele afirmar que la confluencia de problemas sociales, polticos y econmicosde carcter estructural a lo largo de casi 200 aos de desarrollo republicano de Colombiahace muy difcil el abordaje cientfico-analtico del pas. Por esta razn no es exagera-do anotar que Colombia es un deviant case, es decir, un caso cuyo estudio en una pers-pectiva de comparacin se dificulta bastante por su complejidad inherente. Abundanlos ejemplos para fundamentar esta afirmacin. Basta con sealar algunos de recienteocurrencia.

Primero, la singular posicin colombiana como aliado incondicional del gobiernodel presidente Bush en momentos en que la mayora de los pases latinoamericanos,




17. Segn el Banco de la Repblica, la deuda externa para el 2005 an est por encima del 30%del PIB. Ver http://www.banerp.gov.co/estad/deudaex4.htm, consultado el 31 de julio del 2006 a las8:30 p.m.

18. Segn el Observatorio de Derechos Humanos de la Presidencia de la Repblica, la reduc-cin de las masacres pas de 364 en el perodo comprendido entre agosto del 2000 y julio del 2002 a170 entre agosto del 2002 y julio del 2004. As mismo las vctimas de estos hechos disminuyeron para-lelamente de 2.110 a 911. Por su parte, los secuestros se redujeron en un 33% en el mismo perodo.Ver http://www.derechoshumanos.gov.co/index.php?newsecc=default, consultado el 19 de julio del2006 a las 9:00 a.m.

incluidos los ms importantes, marcan sus diferencias polticas e ideolgicas con EstadosUnidos y, a la vez, una admirable capacidad de mantener buenas relaciones con el res-to de gobernantes del hemisferio americano, incluidos los jefes de gobierno de Cuba yVenezuela. Segundo, su innegable habilidad para manejar las variables macroeconmicasen un contexto de dificultades y escasez que contrasta con los pases pares en dondegraves problemas como la hiperinflacin y la crisis de la deuda externa han llevado arecesiones y estancamientos econmicos traumticos. Si bien Colombia padece y hapadecido de severos problemas por causa de la pobreza, el desempleo y el dficit fis-cal, su economa jams ha soportado el estruendo hiperinflacionario y las tasas del cre-cimiento de su producto interno bruto nunca han sido negativas. Tercero, una intensadesestabilizacin socioeconmica y poltica resultante de un conflicto armado que yaalcanza el medio siglo con todas las secuelas negativas como la guerra sucia, el secues-tro y la extorsin; la proliferacin de actores armados (paramilitares, diversos gruposguerrilleros, narcotraficantes); la violacin de los Derechos Humanos con una inocul-table intromisin y responsabilidad de las fuerzas militares, acompaada de una dolo-rosa e imparable siembra de minas antipersonas por parte de la guerrilla junto con lacomisin de otros delitos de lesa humanidad, violatorios del Derecho InternacionalHumanitario; uno de los fenmenos de desplazamiento interno ms grandes del mun-do con aproximadamente 3 millones de vctimas.

A pesar de todo esto, en el pas se presentan elementos de estabilidad en la ins-titucionalidad poltica del rgimen sustentados en la recurrencia de un proceso elec-toral el cual, con pequeas excepciones en la periferia, se caracteriza por la civilidady la libre competencia interpartidista; el respeto y aceptacin a los fallos de las altascortes y a los pronunciamientos de los organismos de control que, sumados a una sig-nificativa institucionalidad en las normas y a los controles del accionar del sector pri-vado, permiten que Colombia siga teniendo atractivos para la inversin extranjera yel turismo y que sus tasas de crecimiento, que en los ltimos dos aos superan el 5%del PIB, contrasten con la desestabilizacin causada por el conflicto armado y la frgilinstitucionalidad.

Pareciera, entonces, que para la comprensin cabal de su realidad poltica, ademsde descifrar a Colombia como una desviacin, un trabajo sobre la calidad de su demo-cracia en la primera dcada del siglo XXI necesita dar cuenta de las diferentes aristasproblemticas atinentes a esta compleja realidad. Slo en tanto se pueda comprenderla conexin entre las diversas interpretaciones acadmicas con la problemtica subya-cente, ser posible captar la calidad de la democracia colombiana.

Las evaluaciones cientficas al respecto se pueden clasificar en dos grandes grupos.Por un lado, estn las perspectivas generalizantes que, a travs de metodologas cuan-titativas y abarcantes inferencialmente, intentan explicar el desarrollo democrtico delpas. Estos trabajos tienden a ser estado-cntricos y a sobresimplificar analticamentela relacin entre democracia y desarrollo poltico-econmico19. Pero ellas no permitendar cuenta de las singularidades idiosincrsicas de la realidad democrtica de pases en




19. Para los argumentos que sustentan esta afirmacin, consultar: G. MURILLO y F. OSORIO (2007).

donde la existencia de comportamientos premodernos est en constante relacin conlas lgicas modernas del Estado y sus actores e instituciones correspondientes.

Por otro lado, estn las perspectivas adjetivantes, que incluyen una amplia gamade trabajos cientficos que hacen diagnsticos y analizan los mltiples problemas delrgimen poltico colombiano. Debido a su complejidad, los abordajes temticos mar-can diferentes acentos y, al hacerlo, cuando aluden a la agudizacin de los problemasestructurales de la poltica, utilizan distintas adjetivaciones. En este trabajo no es posi-ble abarcar el universo de estos estudios, aunque resulta til aludir a algunas aproxi-maciones cientficas para captar mejor la gama de problemas que, segn los autoresdel caso, afectan la calidad de la democracia colombiana. Como primer elemento dife-renciador, se puede sealar el contraste entre los trabajos que acentan el determinismoeconmico con aquellos en donde prima el determinismo poltico.

III.1. Sobre el determinismo econmico

Los trabajos de Thoumi (1990), Kalanovitz (2001) y Garay (2003) son ejemplos deabordajes de la problemtica poltica con un determinismo econmico. Thoumi buscala comprensin de los problemas propios del pas durante la dcada de 1980 a partirdel anlisis de una profunda crisis y sus elementos estructurales relevantes. Segn esteabordaje, la expansin econmica nacional resultante de procesos acumulativos debeneficio restringido al empresariado tradicional y tolerados por un entorno polticoelitista y excluyente o por un escalonamiento de la economa subterrnea del narco-trfico se constituye en el factor central que explica por qu la crisis macroeconmi-ca no ha sido tan perjudicial como la crisis poltico-institucional para la democraciacolombiana.

Por su parte, Kalmanovitz hizo un anlisis de corte neoinstitucional para explicarel comportamiento y las limitaciones de la sociedad colombiana en sus pretensionesde superacin de la crisis del rgimen de la dcada del noventa. El autor seal loscostos deficitarios de transaccin de las instituciones del rgimen y los relacion conla tradicin centralista de herencia espaola. Su anlisis incluye las normas informales,sealando la superposicin entre lo legal y lo pecaminoso, lo virtuoso y lo perverso20.Proyectando esto a la dcada de 1990, el autor analiz las consecuencias econmicasde los fallos de excequibilidad de la Corte Constitucional en materia de los presupuestosirrestrictos que asumen sus decisiones y la mala calidad de la regulacin financiera.Para l han sido superiores los costos del formalismo legalista, juridimana, a las solu-ciones racionales eficientes y tal vez posibles. En el fondo, su gran preocupacin sobrela crisis colombiana radica en las inconsistencias resultantes del paralelismo entre un




20. Una tica poco adaptada al capitalismo, como la derivada del catolicismo en su versin dela colonizacin espaola, tuvo algo que ver con el proceso del deterioro de la ley en Colombia, perohasta cierto momento histrico ella fue suficiente para contener los peores impulsos de la mayor par-te de la poblacin, haciendo que Colombia fuera un pas normal en trminos de las muertes antici-padas de sus habitantes hasta mediados del siglo pasado, en S. KALMANOVITZ (2001: 138).

modelo normativo basado en jurisprudencias sustentadas en casusticas muy puntuales(lo individual) y un parroquialismo y una acendrada precariedad socioeconmica21.

Garay hace un anlisis propositivo de los problemas derivados de la crisis colom-biana durante el cambio de siglo. Se centra en la precariedad del modelo de EstadoSocial de Derecho frente a la exclusin social imperante. Al referirse a los problemasde la crisis colombiana, seala una amplia variedad de elementos sociales, polticos yeconmicos. Afirma que las soluciones que se le han intentado dar a esta crisis econ-mica, aunque han mejorado algunos indicadores (como el acceso a los servicios pbli-cos), demostraron ser ineficientes para incorporar de manera masiva y productiva agran parte de la poblacin (2003: 171-176).

Es posible anotar algunas coincidencias de estos trabajos. Los tres implican quela problemtica central tiene races estructurales y recuerdan su elusiva permanenciaen el tiempo. Esto quiere decir que, tanto los problemas como sus soluciones, tienenelementos de carcter histrico y cultural. Lo anterior permitira afirmar que los pro-blemas del pas no slo estn determinados por las limitaciones macroeconmicas, ins-titucionales o de la economa estatal, sino que adems se fundamentan en elementosconvergentes de carcter poltico. As, se implica que la poltica tradicional viciada porla exclusin, el elitismo y la corrupcin administrativa, est relacionada con el com-portamiento de los actores y de las instituciones pblicas y con la falta de un acuerdoconsensuado sobre los mnimos sociales.

III.2. Sobre el determinismo poltico

Con respecto a los trabajos acadmicos provistos de un marcado determinismo pol-tico, es posible identificar la persistencia de las explicaciones que relacionan la pro-blemtica complejidad del rgimen poltico colombiano con el concepto de crisis. Haceya ms de diez aos, en 1993, Murillo y Snchez distinguieron dos dimensiones dife-rentes de la crisis. Primero, desde una perspectiva etimolgica, la consideraron comoun momento catastrfico, sorprendente e imprevisible. Segundo, y siguiendo a Offe,propusieron una definicin procesual que se distanciaba de las visiones catastrofis-tas y coyunturalmente muy limitadas.

Segn esta interpretacin, las crisis resultaban de la secuencia de numerosos acon-tecimientos inevitables en la dinmica del proceso poltico. Esta definicin resultabatil para descifrar la volatilidad de los acontecimientos polticos de Colombia, y tam-bin de los pases de Amrica Latina, dado que tras un hecho resonante, estallaba otro.Esta intensidad haca difcil identificar un solo acontecimiento como el detonante dela ruptura del proceso poltico y, ms bien, permita comprender cmo el eslabonamiento




21. Por ejemplo, Kalmanovitz afirma que La Constitucin del 91 difcilmente pudo concebirque de la noche a la maana un pas pobre y donde gran parte de la poblacin labora bajo condicio-nes precapitalistas e informales de baja productividad, puede entrar a gozar del derecho a la salud,en S. KALMANOVITZ (2001: 157).

de los hechos determinaba la situacin crtica (1993: 86). Por ejemplo, para slo cir-cunscribirse al registro de las formas de violencia poltica en la crisis del rgimen colom-biano, es posible contemplar la secuencialidad y el eslabonamiento de la aparicin deuna diversa gama de actores desestabilizadores que acabaron usurpndole al Estado elmonopolio legtimo de la coercin fsica. Para la violencia de segunda generacin, con-figurada a lo largo del Frente Nacional (1958-1974), se concret, segn Pizarro, la matrizms abarcante de distintas fuerzas guerrilleras existente en el mundo.

Posteriormente, durante el siguiente perodo, el Desmonte del Frente Nacional(1974-1990), a la proliferacin de los paros cvicos y de las marchas campesinas se sumla aparicin de otras expresiones armadas de descontento: el narcoterrorismo y el para-militarismo. El cmulo de acciones provenientes de estos actores desestabilizadores pare-ciera haber llegado a su punto ms lgido a finales de la dcada de los ochenta, haciendopensar que el fuego cruzado y la guerra sucia no podran continuar desestabilizando elrgimen.

Sin embargo, a partir de ah, las nuevas expresiones de estos actores se han ade-cuado a las caractersticas que iban tomando la bsqueda de la gobernabilidad y el pro-ceso de expansin del Estado, sin que la superacin de la crisis del rgimen pudieraser vislumbrada. As, aparecieron en la siguiente dcada otras expresiones desestabili-zadoras que fusionaban categoras de actores armados preexistentes para darle salidaa las alianzas entre guerrilleros y narcotraficantes y, entre estos ltimos, y el paramili-tarismo (la narcoguerrilla y el paramilitarismo). Otra vez pareciera que las acciones deses-tabilizantes volvan a alcanzar su punto ms lgido en la nueva dcada. Esto permitiravolver a pensar que el fuego cruzado y la guerra sucia no podran continuar desestabi-lizando al rgimen. Pero, inevitablemente, habran de aparecer otros acontecimientosdeterminantes de nuevas situaciones incidentales en el detrimento de la calidad de lademocracia colombiana que sern aludidos ms adelante.

Para esta ptica analtica la crisis no fue vista como un acontecimiento nico y cam-biante de la vida poltica de un pas, sino, ms bien, como un proceso estructural decompleja transformacin y de carcter eslabonado. Para el caso de Colombia, la cri-sis procesual, aludida por Murillo y Snchez, consisti entonces en la iteracin irre-flexiva y persistente de elementos secuenciales que permitieron registrarla en un mayoro menor grado de intensidad.

Esta visin de la crisis suscit crticas por parte de algunos acadmicos de lapoca22. Sin embargo, en los trabajos posteriores de los acadmicos y de los analistaspolticos profesionales el concepto de crisis, que inclusive ya haba sido central entrabajos previos al de Murillo y Snchez, continu siendo el eje de las reflexiones acercadel deterioro de la democracia colombiana. Su uso reiterado responde entonces a lapreocupacin por comprender la complejidad del caso colombiano, ms que a una




22. En los comentarios que se le hicieron a los anteriores planteamientos, G. Hoskin seal laslimitaciones explicativas de la nocin de crisis y P. Gaitn los obstculos para la interpretacin fiel ycabal de la realidad poltica colombiana. Para profundizar en las crticas realizadas, ver G. HOSKIN(1993) y P. GAITN (1993).

especie de moda intelectual. Sin pretensiones de exhaustividad es posible citar algu-nos ejemplos elocuentes. En primer lugar, el trabajo antecedente, editado por Leal yZamosc, Al filo del caos. En l se recoge un conjunto de captulos escritos por distintosautores que articulando la crisis poltica y las estrategias de recomposicin analizanla injerencia de los principales actores institucionales y sociales de Colombia en laagudizacin de la crisis hasta finales de la dcada de 1980 (Leal y Zamosc, 1990)23.

En segundo lugar, est la compilacin realizada por Arango (1997), que integra lavisin de estudiosos colombianos acerca del papel de las instituciones y los partidospolticos, de las drogas ilcitas, la economa, la poltica social y el conflicto en la con-vergencia de los factores determinantes de este fenmeno complejo a finales de la dca-da de 1990. All convergen tanto perspectivas puntuales que se centran en aspectosque permiten observar en detalle el impacto de la crisis, como generales que se enfo-can en la macroeconoma o en visiones analticas sobre los problemas en una visinde largo plazo.

En tercer lugar, est el libro editado por Mason y Orjuela (2003) que contiene lostrabajos preparados para un seminario internacional que, en consonancia con su ttu-lo, sealan cmo esta voz va mucho ms all de la problemtica surgida de la persis-tencia de la violencia poltica y el conflicto. Esta perspectiva abarcante se aborda conrelacin a los procesos de conformacin institucional del Estado nacional, a la coe-xistencia de modelos antagnicos de sociedad, al impacto del cambio constitucionalresultante de la Constitucin Poltica de 1991 y de la exclusin social persistente, ascomo a los intentos por reversar esta tendencia en una perspectiva incluyente. Tambinen este compendio se incluyen miradas analticas sobre el impacto de algunos com-ponentes de la sociedad colombiana en el fenmeno objeto de estudio; las estrategiasde supervivencia y resistencia contestataria, las dinmicas inherentes al proceso de urba-nizacin, el papel de la sociedad civil en esta problemtica, el rol de los gremios, e,inclusive, el de los recursos morales. Adems se incluyen textos sobre la fragmenta-cin poltica en el Congreso y en el sistema poltico, sobre la temtica de la seguridadnacional en el territorio frente al conflicto armado y a la insurgencia, sobre el rompi-miento de las negociaciones de paz con la guerrilla y sobre los factores internaciona-les incidentales en la crisis.

Por ltimo, es indispensable mencionar un nuevo texto que alude a la convergenciade los principales factores de la crisis del rgimen poltico y a la encrucijada resultantea comienzos del nuevo milenio. Al igual que el trabajo de Leal y Zamosc, dos dca-das atrs, aqu se incluye una amplia gama de captulos que cubren los principales




23. Es preciso recordar que este libro se constituy en el vrtice de las reflexiones analticas deun grupo de cientistas sociales colombianos acosados por la desazn resultante de la etapa ms lgi-da del narcoterrorismo que asol el pas a finales de los aos ochenta. La incertidumbre y el miedoque produjo este accionar incidi en el hecho de que el evento acadmico en el que se presentaronestos trabajos se hiciera por fuera del pas en un ambiente ms amable y apto para una reflexin sinataduras ni temores, que acab ofreciendo el Instituto de las Amricas en la Universidad de Californiaen San Diego.

elementos convergentes en esta perspectiva de incertidumbre bajo la cual Colombiase adentra en el nuevo milenio (Leal, 2006).

IV. LA SECUENCIALIDAD ACUMULATIVA DE LA CRISIS DEL RGIMEN POLTICOCOLOMBIANO

En la historia republicana colombiana han existido diferentes perodos coinciden-tes con pocas de acentuacin de las expresiones de la crisis. As, es til diferenciar algu-nas de las adjetivaciones ms coincidentes que los estudiosos le han dado a este trminoy a su relacin con la ocurrencia de situaciones consideradas como hitos del procesopoltico nacional y del debilitamiento de la democracia. Una de las ms usadas es la decrisis de representacin. Los trabajos que aluden a esta realidad coinciden en el reco-nocimiento al significado de la erosin de las diferencias ideolgicas y programticasde los proyectos polticos que antes del Frente Nacional (1958-1974) se enfrentabancon vehemencia para defender sus respectivas visiones de Nacin. Este debilitamien-to tambin caus la prdida de las fronteras ideolgicas entre los partidos, reemplazn-dolas por intereses de carcter burocrtico y clientelista que determinaron el descrditoy la desconfianza del electorado en momentos de significativo crecimiento poblacio-nal. Esto llev a que los partidos dejaran de actuar y de ser vistos como intermediado-res entre las dos esferas de la poltica, la sociedad civil y el Estado. La contundencia deesta adjetivacin de la crisis dio pie a la realizacin de eventos acadmicos internacio-nales para comprender el significado de esta situacin crtica y contundente24.

La visin acerca de la crisis de representacin poltica rpidamente se lig a unanueva adjetivacin concomitante con la anterior, la crisis de credibilidad en las ins-tituciones y en los actores que haban incumplido con su parte en el compromiso con-tractual inherente a la lgica de la representacin poltica. Esta adjetivacin comenza utilizarse tras la terminacin del Frente Nacional cuando se hicieron evidentes las fallasde la exclusin impuesta por la alternacin presidencial y la paridad poltico-adminis-trativa de un sistema monopolizado por los dos partidos tradicionales de Colombia.Tras los 16 aos que dur esta coalicin de coaliciones, fueron necesarios otros 16para lograr su desmonte parcial en 1990.

Es cierto que este acuerdo entre caballeros fren la violencia bipartidista que habadejado como saldo cerca de 200.000 colombianos muertos y ayud a fomentar la moder-nizacin de la economa (Bushnell, 2000: 282). Sin embargo, gener consecuencias nega-tivas inesperadas al no lograr la pacificacin esperada y, ms bien, haber causado el




24. El Departamento de Ciencia Poltica de la Universidad de los Andes con el apoyo del CentroInterdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Latinoamericano (CIEDLA), con sede en Buenos Airesde la Fundacin Konrad Adenauer de Alemania, realizaron el Seminario Representacin Poltica yDemocrtica en el ao de 1998. All se presentaron distintos trabajos tales como el de A. M. BEJARANO(1998) y G. MURILLO (1998) que, bajo distintas perspectivas analticas, coincidieron en el sealamientode los determinantes principales de esta adjetivacin de la crisis.

resurgimiento de una violencia poltica mucho ms compleja caracterizada por la con-formacin de la gama ms amplia de fuerzas guerrilleras diferentes existente en el mun-do. Esta redefinicin de la violencia poltica habra de persistir y, de manera creciente,le recordara a los colombianos que este lastre ha sido uno de los principales resulta-dos negativos del Frente Nacional.

La otra consecuencia no esperada de esta coalicin se refiere al debilitamiento delos partidos polticos que dejaron de lado su preocupacin por fortalecer los vnculosdirectos con la sociedad a travs de las ideas y los programas de gobierno para reem-plazarla por la obsesin de cuidar el acceso a los cuadros de poder burocrtico a queles daba derecho su papel de socios de la coalicin frentenacionalista. Es importanteanotar que esta segunda consecuencia negativa se relaciona con el contenido explica-tivo atinente a la adjetivacin de la crisis de representacin anteriormente contem-plada. Esta alianza excluyente consolid al clientelismo como el eje articulador de lapoltica nacional (Leal y Dvila, 1990). De all resultaron la burocratizacin y el agi-gantamiento del Estado mediante la creacin de mltiples funciones que poco tenanque ver con la razn de su existencia. La finalizacin del perodo del Frente Nacionalen 1974 dej la sensacin de incredulidad creciente acerca de las bondades de esa moda-lidad consociacionalista, especialmente para los colombianos excluidos de la lgica pre-bendaria subyacente.

Durante el perodo subsiguiente, conocido como el desmonte (1974-1990), losintentos por recuperar la credibilidad perdida se vieron obstaculizados por los persis-tentes impedimentos de las ataduras frentenacionalistas que se interponan a los mpe-tus de cambio provenientes de la iniciativa de los cuatro presidentes que gobernaronentre 1974 y 1990. Adems, reiteradas expresiones colectivas de descontento popular,que tomaron la forma de paros cvicos y marchas campesinas, agudizaron esta situa-cin crtica. Entonces, la superacin de los efectos nocivos de exabruptos tales comola politizacin de la justicia y el bloqueo a las mociones de cambio institucional y dereforma poltica por parte del poder de los jueces parcializados ideolgicamente, setraslap con la aparicin gradual de otros factores altamente desestabilizadores del rgi-men. Por ejemplo el narcotrfico, el narcoterrorismo, las autodefensas y el paramilita-rismo que habran de darle a la interpretacin analtica de la crisis lugar para nuevasadjetivaciones.

De esta fusin de impedimentos al cambio, junto con la aparicin de lgidos fac-tores de desestabilizacin, se comenz a hablar en Colombia de crisis de legitimidad.Este planteamiento se corresponde con la preocupacin de Mason acerca de la nece-sidad de comprender a los Estados dbiles del sur el opuesto de los Estados fuer-tes occidentales bajo su grado de consolidacin (stateness), que coincide con el intersde los intelectuales en el uso de diferentes adjetivos explicativos de su precaria legiti-midad y autoridad: Estado dbil, cuasiestado, Estado fracasado y Estado colapsa-do (Mason, 2001: 86). Todas estas ideas se refieren a Estados que no cumplen conaquello que, por definicin, deberan cumplir. Esto coincide con el sentido que se leda a la crisis de legitimidad en el entendido de que en sta se acumulan tambin los




factores determinantes de adjetivaciones precedentes como las de crisis de repre-sentacin y crisis de credibilidad.

En Colombia la crisis de legitimidad lleg a su momento ms lgido a finales dela dcada de 1980 cuando cay asesinado el candidato liberal oficialista Luis CarlosGaln, poseedor de una clara opcin para gobernar a Colombia en el perodo 1990-1994. En ese momento, el Estado Nacional evidenci su gran debilidad ante la usur-pacin del monopolio de la coercin legtima por parte de una amplia gama de actoresarmados que, no slo resolvan sus disputas con el uso de la fuerza fsica, sino que ade-ms irrigaron el fenmeno de la paraestatalidad sobre el territorio nacional25. A estose sum el impacto de la que Garay denominara cultura mafiosa, por causa de la cuallos colombianos perdieron el sentido de las proporciones en cuanto al valor adquisi-tivo de los bienes de consumo y tambin la tica para evitar la injerencia de la institu-cionalidad formal y asumir sus obligaciones cvicas. Por entonces muchos de losprocedimientos contemplados en la normatividad vigente para hacer transacciones ycumplir con obligaciones de carcter pblico, desde el pago de impuestos hasta el reco-nocimiento a la funcin social de la propiedad, encontraron un desarrollo paralelo (para-estatal). Un prestigioso ex alcalde de Bogot lo denomin la cultura del atajo quealude a la formidable capacidad de los colombianos para buscar salidas fciles e igno-rar las obligaciones y los procedimientos formales de un pas otrora concentrado en elseguimiento y la dependencia en una normatividad excesiva.

A comienzos de la dcada de 1990 se comenz a extender la alusin a la crisis degobernabilidad. La referencia a esta nocin, en boga por esa poca, en buena medi-da result de la secuencia de los dos perodos presidenciales ms desacreditados y cues-tionados de la historia reciente del proceso poltico colombiano: las administracionesSamper (1994-1998) y Pastrana (1998-2002). El resultado de estos ocho aos de gobier-no hizo contundente para la opinin pblica colombiana la incapacidad del Estado desatisfacer el cmulo de las expectativas, demandas y necesidades de la poblacin y gene-r altos ndices de impopularidad frente a la gestin pblica26.




25. Por paraestatalidad se alude a una dinmica de creacin, como su nombre lo indica, para-lela de pautas informales por parte de actores ilegales y clandestinos (narcotrfico, guerrillas, parami-litarismo, delincuencia organizada) aplicadas a los asuntos que, en condiciones de normalidad, serande la competencia exclusiva del Estado y estaran ajustados a su autoridad soberana. Por ejemplo: admi-nistracin de justicia por medio de la intimidacin; imposicin del orden pblico y de normatividadsocial en los municipios; recaudacin de tributos por la fuerza; reclutamiento y movilizacin de jve-nes combatientes para los movimientos armados; abundante oferta de divisas en condiciones ventajo-sas con dineros de la economa subterrnea; provisin de servicios y recursos a poblaciones marginalesbajo esquemas paternalistas e instrumentales; manipulacin de la competencia electoral; usurpacinde los procesos de titulacin y apropiacin de tierras, entre otros.

26. Son numerosos los estudios recientes sobre el desempeo de los gobiernos de los presiden-tes Samper y Pastrana, los cuales en buena medida acogen el hecho de que la gran popularidad delpresidente Uribe se debi al desasosiego e insatisfaccin generalizados que llevaron a sealamientosextremos y pesimistas que alcanzaron a aludir a la inviabilidad del rgimen poltico, ante el escalona-miento del conflicto armado, el mal desempeo de la economa y la desinstitucionalizacin. Para ampliaresta informacin, ver, entre otros, A. MASON y L. ORJUELA (2003) y F. LEAL (2006).

Esta perspectiva conceptual sobre la gobernabilidad, en concordancia con la inter-pretacin de Camou, equipara la existencia de este atributo con el buen gobierno,visto como la capacidad de resolver problemas y responder a las demandas de losgobernados. Por un lado, el fiasco del presidente Samper ante la obligacin de prio-rizar su propia defensa debido a los cuestionamientos y demandas de medios de comu-nicacin, lderes de opinin pblica, empresarios y de otros sectores de la sociedadcivil para que dimitiera, determin el abandono de un programa de gobierno que,durante la competencia electoral previa, lo haba catapultado a la primera magistra-tura como el representante de una postura neoestructural, antagnica con el neolibe-ralismo y fundamentada en la poltica social. Su perodo concluy con la indecorosaubicacin de Colombia dentro del grupo de los llamados parias del mundo; el gobier-no estadounidense le retir la visa para ingresar a ese pas y la misma guerrilla sealque con l no negociaba la paz. Sus logros, innegables por cierto, en la lucha contrael narcotrfico, fueron desestimados por la opinin pblica nacional y tambin por elsistema internacional.

Por el otro lado, la Administracin de Pastrana concentr sus mayores esfuerzosen la recuperacin de la imagen del pas ante el mundo y en la reapertura del proce-so de paz. Si bien en el primer tema hubo logros importantes al recuperar la confian-za estadounidense y de otros pases hacia Colombia, el manejo de las relaciones conla guerrilla fue condescendiente y parsimonioso y termin con el fracaso inocultableal final de su gobierno. El proceso de paz se limit a establecer el orden de los pun-tos que habran de conformar la agenda de negociacin entre las partes. Los logrosdel gobierno de Pastrana en trminos de su capacidad de obtener ayuda externa parareforzar y modernizar las fuerzas militares en la lucha contra el narcotrfico (PlanColombia) tampoco fueron suficientemente tenidos en cuenta por la opinin pbli-ca. Qued claro que la sucesin de estas dos administraciones altamente cuestionadasy desprestigiadas dio la sensacin de la inviabilidad del rgimen poltico colombia-no, acorde con la conceptualizacin de Estado dbil arriba sealada.

Es importante anotar que estas diferentes modalidades de la crisis del rgimen pol-tico nacional no resultan alternativas entre s, ms bien se acumulan. En otras pala-bras, las caractersticas de la erosin de la lgica de la representacin y de la prdidade credibilidad no se desvanecen con el surgimiento y eclosin de los factores cau-santes de la ausencia de legitimidad, ni tampoco con aquellos inherentes a la ingo-bernabilidad. Adems, es preciso recordar que las diversas adjetivaciones del rgimenpoltico nacional van mucho ms all de las recin aludidas y se extienden a los n-fasis puntuales que los respectivos autores que las marcan quieren darle a sus abor-dajes cientficos y analticos. Por ejemplo, se puede citar la alusin a la crisis dehonestidad que hace Reyes (1994 y 1999) al centrar su trabajo en el impacto de lacorrupcin imperante en el territorio colombiano27. Tambin se puede registrar la cri-sis de integracin poltica y social propuesta por De Zubira y Orjuela (2000: 127),




27. Esta adjetivacin de la crisis poltica colombiana, la hace el socilogo Alejandro Reyes en sustrabajos de geografa poltica de la violencia, A. REYES (1994 y 1999).

al aludir a una sociedad que se mueve entre la cooperacin y el conflicto. Esta ltimaest relacionada con la sealada por Garay (2002: 162) al referirse al cmulo del poderdesestabilizador de la problemtica colombiana con la convergencia de fenmenos no-civos como el contrabando, la posesin ilegal de la tierra, la apropiacin privada deriquezas colectivas, el caciquismo y la compra de votos; el secuestro y, en general, elnarcotrfico como la actividad ilegal ms desestabilizadora, todo bajo el mote de cri-sis social.

Otro ejemplo es la crisis de la lite propuesta por Parra (1997: 73), al haceralusin a la incapacidad de los lderes para comprender la compleja realidad de lamodernidad colombiana. Pero, se puede caracterizar a la democracia colombianaexclusivamente bajo las dimensiones de la crisis? Hasta qu punto es posible res-tringir de una adjetivacin especfica las visiones crticas sobre la calidad de la demo-cracia de un pas al alcance explicativo? La dependencia de la idea de crisis no essuficiente ni permite agotar la variedad de problemas convergentes en la dificultad deentender el alcance de la calidad de la democracia de un rgimen poltico nacionalcomo el colombiano.

V. TIPOLOGAS E INDICADORES SOBRE LA CALIDAD DE LA DEMOCRACIA COLOMBIANA

El trabajo comparativo de Levine y Molina (2007) sobre la calidad de la democra-cia latinoamericana, basado en cinco variables, agiliza la aproximacin a la realidaddemocrtica colombiana ms all de las dimensiones de la crisis en trminos de la deci-sin electoral, la participacin, la responsabilidad, la capacidad de respuesta a la volun-tad popular y la soberana. La decisin electoral es la primera. Colombia es uno de lospases con ms estabilidad electoral en su desarrollo republicano en Amrica Latina.Desde su independencia se han presentado dos interrupciones de facto a la dinmicaelectoral. Primero, una breve, a mediados del siglo XIX, que dur pocos meses. La segun-da a mediados del siglo XX no complet el cuatrienio28.

Desde la primera mitad del siglo XIX los partidos histricos, liberal y conservador,han sido el eje de la motivacin y movilizacin electoral. La hegemona bipartidista haenfrentado mltiples retos. Divisiones regionales, guerras civiles, perodos de exclusinrecproca, violencia poltica y, alternativamente, han desarrollado una lgica consocia-cional bastante ingeniosa para superar los retos que amenazan su sostenibilidad. Las




28. El general Jos Mara Melo dio un golpe militar el 17 de abril de 1854. Su perodo presi-dencial de facto termin el 4 de diciembre de 1854. El breve perodo fue propuesto como una alter-nativa al bipartidismo, aunque termin con la unin de ambos partidos en una nueva propuestaconstitucional. Para el siglo XX, el nico gobierno de facto fue el del general Gustavo Rojas Pinillaentre 1953 y 1957. Este golpe se caracteriz por el apoyo de los liberales para derrocar al presidenteconservador, y las prerrogativas del partido fueron reflejadas por la administracin. Debido a sus carac-tersticas relativamente pacifistas, fue llamado golpe de opinin. Ambos golpes se presentaron comoantipartidistas, y el resultado fue la coalicin de los partidos para as volver a imponer sus prerrogati-vas, de acuerdo con la lgica consociacional.

rupturas han sido esencialmente personalistas. La polarizacin ideolgica del primersiglo de bipartidismo fue reemplazada por la superposicin de intereses burocrticosy clientelistas. Los proyectos polticos alternativos no han sido prolongados ni deter-minantes. A pesar del reciente surgimiento del Polo Democrtico Alternativo como ter-cera fuerza, an no es contundente su injerencia para posibilitar la superacin delbipartidismo a una modalidad de competencia estable de carcter mltiple. Adems,las fuerzas uribistas, tan impactantes en las ltimas elecciones presidenciales, estn dejan-do clara su raigambre bipartidista y la proclividad de su retorno a las fuerzas origina-rias. A pesar de la insistencia de muchos analistas sobre la desaparicin de los partidoshistricos, todava es posible afirmar que el liberal y el conservador continuarn sien-do los principales partidos determinantes de la decisin electoral de los colombianos.

Participacin es la segunda. Justamente la hegemona bipartidista sealada expli-ca cmo en Colombia ha tenido ms vigencia la democracia representativa que cual-quier otra modalidad democrtica. Como se anot en las consideraciones atinentes alcontenido de la democracia como elemento de su calidad, segn Diamond y Morlino(2004: 3 y 4), la inclusin de todos los derechos, mecanismos de reivindicacin y for-mas alternativas de participacin no han sido suficientes para superar la democraciaelectoral. An se requiere de un proceso ms determinante que fortalezca la culturacvica colombiana para que los ciudadanos elijan a su gobierno y le exijan responsabi-lidad a travs de la prctica del control poltico. Sin duda el ambicioso cambio consti-tucional de 1991 ha sido lento y turbulento en su implementacin. A los 15 aos devigencia, la carta ya ha tenido 21 reformas y se ha modificado el texto de 55 de sus 380artculos. Sin embargo, es preciso entender que la adecuacin institucional requeridapara facilitar la verdadera apropiacin ciudadana de todas estas novedades participa-tivas debe ir acompaada de un cauteloso liderazgo que evite las intensiones perver-sas de muchos actores que, propugnando por un reformismo desmedido, buscan unaregresin democrtica.

La tercera es la de la responsabilidad. Esta variable no se puede tratar sin con-siderar la prctica del control poltico en Colombia. El ejercicio de esta accin demo-crtica implica el paso de una lgica prebendaria y clientelista, alimentada por elEstado, a una apropiacin ciudadana responsable y protagnica de la poltica. Losprocesos de rendicin de cuentas y de aplicacin de sanciones formales e informalesno obedecen a demandas ciudadanas ni a un desempeo justo y recto de la institu-cionalidad, sino que an se mueven en forma errtica y amaada. Los organismos decontrol todava no tienen clara la delimitacin del alcance de sus funciones. En la pers-pectiva horizontal de la responsabilidad imperan los peligros de la colisin y dupli-cacin de funciones. Los frenos y contrapesos persistentes no son el resultado de unaposicin institucional acogida en todo el organigrama estatal, sino el resultado de inter-pretaciones que varan de acuerdo a las posiciones polticas29. Esto permite entrever




29. Estas circunstancias estn determinadas en buena medida por las preferencias del Ejecutivopor una de las altas cortes. Tal situacin permite posiciones interpretativas diversas que no se puedendeslindar de hechos benficos o perjudiciales para los intereses del gobierno en un momento dado.

la indefinicin por la que atraviesa la asignacin de responsabilidades y de mximasinstancias para la resolucin de los asuntos pblicos.

En cuanto a lo que Smulovitz y Peruzzotti (2003) denominan la accountability social,en Colombia tambin es creciente el involucramiento de nuevas entidades cvicas orga-nizadas, ONGs y asociaciones de inters. Tambin lo es el de los movimientos socialesque comienzan a practicar el control poltico e igualmente el de expresiones de perio-dismo cvico. No obstante, esta efervescencia de expresiones de la sociedad civil haciala prctica del control poltico sigue rodeada de obstculos atinentes a la fragmenta-cin y la dispersin. Pero el resultado es positivo en tanto indicio de una proclividadciudadana a no seguir pasando por alto los desafueros y abusos del poder.

La cuarta es la capacidad de respuesta a la voluntad popular (responsiveness). Estavariable est estrechamente relacionada con la satisfaccin con el resultado de la demo-cracia, segn la categorizacin de Diamond y Morlino (2004: 5 y 6). All qued claroque su consideracin para Colombia no se puede hacer sin tener en cuenta el alto pesode la abstencin electoral, ni la prdida de credibilidad en las instituciones. Este pro-blema ha persistido en las ltimas elecciones presidenciales (con una abstencin del54,95%)30 a pesar de la alta popularidad del primer mandatario. En el primer perodogubernamental, la capacidad de respuesta, de acuerdo con lo ya anotado, tena ms unaexplicacin de carcter psicolgico y carismtico que una verdadera acogida a un desem-peo gubernativo basado en indicadores claros de crecimiento, bienestar, equilibrio ysatisfaccin con las instituciones polticas. En este nuevo cuatrienio la distancia entrela gran acogida al presidente y la popularidad de su gobierno tiende a reducirse. Losguarismos de aceptacin a la gestin de Uribe empiezan a declinar y las expresiones dedescontento con su labor aumentan. Esto implica que la singularidad del caso colom-biano, en trminos de la altsima popularidad del primer mandatario que logra la ree-leccin, parece no sostenerse en las mismas condiciones del primer perodo. Esto, a suvez, permite extender a Colombia el alcance negativo de la impopularidad de los pre-sidentes reelegidos.

La soberana es la ltima variable. A partir del distanciamiento de Levine y Molinade la propuesta de Morlino y Diamond, en el sentido de que para los primeros estavariable es una dimensin de la calidad de la democracia en vez de una condicin mni-ma para su existencia, segn lo plantean los segundos, la soberana en el caso colom-biano es muy relativa. En su dimensin externa, el pas ha logrado hacer valer el principiode la autodeterminacin, pero bajo una situacin particularmente compleja. Es ino-cultable que, para Estados Unidos, Colombia es un aliado incondicional en la luchacontra el terrorismo y el narcotrfico. Lo cual, unido a su condicin de gran benefi-ciario de ayuda estadounidense31, a la luz de la percepcin de actores importantes enel sistema mundial (algunos miembros de la Unin Europea), lo ubica en una situacinde aislamiento y desconfianza frente a la tendencia latinoamericana dominante, cada




30. Tomado de http://www.registraduria.gov.co/resprelec2006/0528/index.htm, consultado el 14de octubre del 2006 a las 7:30 a.m.

31. Los pases que comparten esta categora con Colombia son Israel y Egipto.

vez ms solidaria entre s y ms alejada de esta potencia. No obstante, como ya se sea-l, Colombia es respetada y mantiene buenas relaciones diplomticas con todos los pa-ses del hemisferio americano, incluidos los ms antagnicos con Estados Unidos.

En cuanto a la dimensin interna de la soberana, la relatividad tambin es domi-nante en el caso colombiano. La proliferacin de actores en conflicto que le usurpanal Estado el monopolio de la coercin persiste. El narcotrfico contina alimentandola economa subterrnea y la llamada cultura mafiosa. La guerrilla apenas empieza adar indicios de su disposicin de negociar el acuerdo humanitario para la liberacin delos rehenes antes de que se concrete la difcil agenda correspondiente al inicio verda-dero de un proceso de paz que atene el conflicto armado colombiano y permita vis-lumbrar un norte. Finalmente, los paramilitares no dan indicios de adecuarse alcontenido normativo de la nueva Ley de Justicia y Paz, que, idealmente, habra de posi-bilitar en Colombia la verdad, la justicia y la reparacin. Su expresin ms reciente indi-ca una dispersin y fuerte inestabilidad. Para acogerse a los beneficios jurdicos de lanueva Ley, las fuerzas desmovilizadas no se corresponden con el surgimiento de nue-vos ncleos armados ni con la insistencia en ocultar los delitos cometidos. En sntesis,la relatividad gravitante alrededor de la variable soberana se complementa con lacapacidad formidable de la institucionalidad estatal de irrigar en la nacin un Estadode Derecho que, a pesar de tantos obstculos, sigue constituyndose en el referente delas mayoras de colombianos que no se pueden extraer de estos grupos ilegales que tan-to dao le causan a la calidad de la democracia colombiana.

VI. A MANERA DE CONCLUSIN

No cabe duda de que las falencias y limitaciones de la expresin de las variablesde la calidad de la democracia colombiana corroboran la complejidad singular queadquiere la dinmica poltica nacional y que valida la denominacin de deviant case.El anlisis realizado da cuenta de los discursos acadmicos y su contexto y ha permi-tido articular un conjunto de visiones con determinismo econmico o poltico sobrela fragilidad democrtica del pas. Debido a las limitaciones de espacio, se redujo elanlisis a los abordajes analticos en los que se trabaja con el uso de alguna forma adje-tivante de diferentes tipos de crisis. Este ejercicio tambin ha permitido establecer quela comprensin rigurosa de la calidad de la democracia resulta de la sumatoria de visio-nes crticas, realistas e incluso fatalistas que buscan interpretar esta realidad. Finalmente,y retomando el cuento de Augusto Monterroso, el resultado obtenido lleva el recono-cimiento ineludible de que la democracia no est. Que su dinmica y fortalecimientoson contemporneos a un tiempo que sera todo, salvo contemporneo. Un tiempoque desaparece y an esta por venir!




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