y refundaron la patria

y refundaron la patria ... De cmo mafiosos y polticos

reconfiguraron el Estado colombiano

COORDINADORA DE LA

INVESTIGACIN Y EDICIN

CLAUDIA LPEZ HERNNDEZ

ARIEL FERNANDO VILA ANGLICA ARIAS EDER MAYLOR CAICEDO PATRICIA MORENO

LUIS JORGE GARAY SALAMANCA ELlSABETH UNGAR

EDUARDO SALCEDO ALBARN ISAAC DE LEN BELTRN JUAN FELIPE CARDONA MAURICIO GARCA VILLEGAS

JAVIER REVELO REBOLLEDO RODRIGO UPRIMNY YEPES

SOL NGELA GAITN CRUZ MAGDA PAOLA NEZ TATIANA ACEVEDO GUERRERO

.... :1411

Edicin a cargo de Claudia Lpez Hernndez Direccin editorial: Alberto Raffirez Santos Edicin por Random House Mondadori: Sebastin Estrada Robledo

Diagramacin: Aura Pachn Rodrguez Diseo de cartula: Diego Martnez Celis

Primera edicin: agosto, 2010

2010, Corporacin Nuevo Arco Iris 201 O, Random House Mondadori, S.A.

Av. Cra. 9' No. 100-07, piso 7, Bogot, o.c.

Quedan prohibidos, dentro de los lmites establecidos en la ley y bajo los apercibimientos legalmente previstos, la reproduccin total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrnico o mecnico, el tratamiento informtico, el alquiler o cualquier otra forma de cesin de la obra sin la autorizacin previa y por escrito de los titulares del copyright.

Printed in Colombia - Impreso en Colombia

ISBN: 978-958-8613-15-4

Impreso en: Nomos Impresores

y REFUNDARON LA PATRIA ...

la mayora de los casos-los investigadores deberan orientarse por sus datos, no por los modelos. Para quien est hastiado del uso de modelos por gente que no ha pen-sado con seriedad los problemas sustantivos, le recomiendo la lectura de D. Freed-man (2005), un estadstico de primera lnea que explica muy bien por qu es mucho mejor repasar con cuidado los datos y pensarlos bien que centrarse en regresiones aparatosas. A veces modelos muy, muy simples dan origen a hallazgos importantes; aparatos muy sofisticados, en cambio, pueden convertirse en un ejercicio irrelevante. En el caso de las llamadas votaciones atpicas, lo que hicieron Claudia Lpez y otros analistas fue encontrar motivos de sospecha, razonar con claridad y preguntarse qu estaba pasando. El viejo y probado mtodo de Sherlock Holmes pas -tanto en el caso de Holmes como en el de Lpez- la prueba cida de los estrados judiciales. Se equivocaron muy pocas veces, y acertaron muchas. Cuntos de los que estamos metidos en la dura brega de la interpretacin de datos sociales podemos decir lo mismo? Ahora bien, hay que estar conscientes de que en algn momento la bsque-da de votaciones atpicas puede fallar. A veces se presentan genuinas revoluciones electorales en un mismo municipio, o efectos de bola de nieve o un aumento brusco de la votacin total debido a la politizacin del conjunto de la poblacin. En todas estas situaciones podran necesitarse instrumentos ms finos para saber bien qu est pasando.

No puedo terminar este prlogo sin expresar mi homenaje emocionado a este grupo de hombres y mujeres que se dedicaron con gran valenta a investigar el pas para identificar las lacras de su sistema poltico y pensar la manera de encontrar soluciones.

En fin: este es un libro necesario, riqusimo, que habla de los horrores de nues-tro pasado inmediato y nuestro presente, y que llega en el momento justo. Gracias a la invitacin que me hicieron de escribir el prlogo, tuve la ocasin de leerlo, de disfrutarlo y de sufrirlo ... pues es un texto que duele. Recomiendo enfticamente la experiencia.

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"LA REFUNDACIN DE LA PATRIA", DE LA TEORA A LA EVIDENCIA

POR CLAUDIA LPEZ HERNNDEZ

El uso de la violencia con fines polticos y electorales es una de las grandes tragedias colombianas. En pleno siglo XXI, cuando celebramos el bicente-nario de nuestra independencia, esa tragedia permanece y no est superada ni en su valoracin histrica, ni en sus consecuencias ms recientes, ni en el acontecer poltico actual. Este libro reconstruye esa historia trgica de vio-lencia, mafia y poltica desde los aos noventa hasta 2009 y sus efectos en la transformacin poltica e institucional de nuestra democracia.

Las imgenes de las bombas y los magnicidios del narco terrorismo, de las tomas y secuestros de la guerrilla y de la avanzada paramilitar dejaron en la ciudadana la sensacin fundada de que eran los actores armados ilegales quienes usaban la violencia para promover sus propios fines: frenar la extra-dicin, instaurar un rgimen revolucionario o traficar drogas ilcitas. Sin em-bargo, la informacin que ha ido conociendo el pas con la desmovilizacin de guerrilleros y paramilitares y con las llamadas parapoltica y farcpoltica ha trado a la escena pblica una posibilidad ms problemtica: que no slo acto-res clandestinos e ilegales, sino tambin actores pblicos y legales han usado la violencia y se han beneficiado de ella para hacer avanzar sus propios fines.

Cuando en 2005 algunos de los autores de este libro publicamos las pri-meras investigaciones sobre los posibles vnculos entre paramilitares y con-gresistas (Lpez, 2005; Nuevo Arco Iris, 2007), los indicios apuntaban a unos treinta congresistas y a una decena de partidos electos en 2002. A pesar de la airada respuesta de los mencionados y del Gobierno, que nos sealaron de sesgados y exagerados, los hechos y las investigaciones judiciales han de-mostrado que, lejos de exagerar, nos quedamos cortos.

Al iniciar esta investigacin, en junio de 2008, la Fiscala report estar investigando 264 funcionarios pblicos, 83 de ellos congresistas, por pre-suntos vnculos con el paramilitarismo. Al cierre de esta publicacin, en abril de 2010, la cifra subi a 400 polticos de eleccin popular, de los cuales 102

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y REI~UNDARON LA PATRli\ ...

son congresistas. De 87 de l o~ 102 congresistas investigados se han recopi-lado prueba ' en los pr ceso que adelanta 1-1 Unidad de Justicia y Paz de la Fi caJa, as como tambin en los procesos contra 109 ervidores pblicos, 324 miembros de la fue rza pblica y en otros 5.766 casos de ciudadano involucrados con las actividades criminales dd narco paramiJjtarismo cuma lo muesrra el siguiente grfico: I

Tolal Compulsas a miembros de

la Fuerza Pblica: 324

Total a Compulsas a pollticos.

400

Tolal a Compulsas a

selVldores pblicos. 109

Fuente:Fiscalla General de la NaCIn para la JusticJa y la Paz. Datos a abnl 30 de 2010

11

109

Otros casos 5.766

Compulsa de coplas A a miembros de la

Fuerza Armada Compulsa de

B copias a

o.

Servidores pblicos

Senadores

Representantes a la cmara

E Gobemadores

F Alcaldes

H Concejales

I Diputados

Esas cifras, reveladas por la nidad de Justicia y Paz de la Fiscalfa General de la Nacin, indican que una tercera parte de los Alcaldes Gobernadores y Congresistas de Colombia de la ltima dcada pudieron baber sido pro-movidos por el narco pararnilitarismo y que cogobernaron con ellos, }' otros con las guerril1'ls. Esa cantidad de altos dignatarios y ervidores pblicos investigados ha puesto tambin de presente que los ilegaJe no eran tan clan-destinos ni a.i lados como se crea, sino que han contado con toda una gama de personas "de bien" y una enorme estructura poltica para promover sus objetivos, en todos lo~ niveles territoriales politicos e institucionales.

Dado el acumulado de evidencia acadmica, emprica) judicial sobre la$ diferencias de propsito, mtodo y alcance de la intcrvencibn poltica y dec-

Oficma del Alto ComIsIonado para la Paz y la ReintegraCln, Informe Ejecutivo, mayo de 2010.

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"LA REFUNDACIN DE LA PATRIA " , DE LA TEORA A LA EVlDfiNCIA

toral de diJerentes grupos armados ilegales y polticos, esta investigacin re-vela cmo se dio y 'lu efectos rraj la penetracin y rransformacin violenta e ilegtima de la poltica y la institucionaUdad colombiana por la inAuencia de diferentes grupo armados ilegales y del narcotrfico tanto en cada departa-mento como a nivel nacional desde mediados de los ao n ,ren tao

En el momento de cerrar e ta publicacin, 2S de los 102 congresistas in-vestigados por vinculo s con organizaciones armadas ilegaJes han sido conde-nados. Aun'lue el nmero de sentencias todava es bajo, las evidencias encon-tradas en los procesos judiciales superan de lejos las hiptesis ms osadas que se tenan sobre la mabrnitud e implicaciones de esos vnculos cnrre polticos, funcionarios pblicos y organizaciones criminales; la accin conjunta y deli-berada que desplegaron a lo largo de L'ls dos ltimas dcadas con mltiples fines polticos y econmicos y los efecro ' que e a accin conjunta tuvo en la transformacin polIcica e in titucionaJ de alguno departamentos}' dd pas. Sumando informacin judicial, electoral, poltica y del conflicto armado, esta investigacin reconstruy, de una paree la trayectoria y estructural poltica y electOral de los 102 congrcsi tas Lnve cigado por vncwo con ilegale , y, por otra, la operacin violenta e influencia polltica de actores armados ilegales, de manera que se pueda analizar L'l influencia conjunta que tuvleron unos y otros en la transformacin del mapa electoral regional y nacional.

se acervo de informacin nos permiti tambin comparar la capacidad de penetracin del narcotrfico y otros actores armados ilegales en las insti-tuciones polticas en particular en el Congreso, )' analizar la diferencias en mtodo y re ultado de dicha interferencia.

Cuando el narcotraficante Pablo Escobar , e hizo elegir a la Cmara de Representante por Ancioguia en 1982 entr como suplente de una lista con 16.650 votos, que equjvalan al 0.2% del total de VOtoS depositad s para el Senad ese ao. Pese a haber sido electo, o ms bjen por ello, Pablo Escobar fue denunciado por la prensa, por el Gobierno y p r el Ministro de Ju:-ticia de la poca y tuvo que dejar su curul al ao siguiente. El entonces jefe del Cartel de Medelln pas a la clandestinjdad y fue fuertemenre pcrseguiuo por el Estado hasta 'lue fue dado de baja en 1993.

En 1994, con el llamado 'Proceso 8. ", se comprob que el cartel de ali penetr de manera masiva el Congreso y la campaiia presidencia l. Los

condenado por el proceso .000 obtuvieron d 12% de las curules con cerca de 900.000 voro , equivalentes al 8% de la voracin para enado. Si se suman

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y REFUNDA RON LA PATRIA ...

Estado actual de los procesos por parapoltica contra congresistas o ex congresistas

I!STADO JlJDlClAL DE LOS PROCEIIOS POR CONT1U. ~AII o I!XCOI!QII9II'T"1 TIPO-DE DECISION

-EId'IOAD

1 ERICK MORIUS TASOADA Corte Suprema de Justicia 2 UJIS EDUARDO VIVES Cane ~ma de .hlsliq. 3 MAURlCIO PIMIENTO Corte Suprema de Jusdcla

JUAN MAIlUEL lOPEZ CABRALES Corte Suprema de Justicia 5 REGINAlOO MONTES Corte SUDrema de Justicia 6 DlXon Tapesco Flscalla - Juez 7 Alvaro Arauio Cane 6e Cwlto eoru. Suprema de JUWCia 6 Jairo Femndez Quessep Corte Suprema de Justicia 1 JOSE OE LOS SANTOS NeGRETE Corte Suprema de Jusllcfa

PRECLUSIONES 2 ~19..uel A!!i..el Dutll1'l FIs


Autora de los hechos de violencia contra el sector politlco Aftol FARC ELN EPL AUC Narco ERP Del Indeter-Grupo comn minado 1997 505 75 11 2. 40 118 1998 217 139 10 7 5 70 2000 71 49 9 51 5 57 2002 207 36 8 32 2 2 44 2003 108 13 46 10 33 2006 49 3 2 2 39 27 2007 83 3 1 19 62

Totales 1240 318 27 149 5 12 110 411 % del 55% 14% 1% 7% 0,2% 1% 5% 18% total

Fuente: Polica Nacional

El ELN es el grupo ilegal que ms ha mezclado esas dos estrategias. En algunas regiones, como Arauca, lleg a capturar la adrnini rracin local y regional al mismo estilo de los grupos paramilitares, y en otras como el Mag-dalena fedio, mayoritariamente se opuso a que lderes sociales participaran en las elecciones locale y atac a quienes resultaron electOs, sealndolos d ser cercanos a los paramilitares. Las diferencias de objetivo )r estrategia de los grupos armados ilegales, su carcter pro anti e tatal y el capital social que acumularon y al que accedieron explican los alcances tan dismiles de entre lo que se conoce como parapoltica, farcpo.ltica y elenopolitica, como se e>"'Plica en detalle en el capitulo de Nuevo Arco Iris.

Esas diferencias d propsito, mtodo y alcance en la intervencin poll-tica y electoral de grup s armados ilegales han sido verificadas tambin por otras investigaciones acadmicas. Por ejemplo, el profesor Rodrigo Lo ada de la niversidad Javeriana haba analizado la racionalidad de las FAR para boicotear o participar en las elecciones locales del a 2000, en pleno pro-ceso del Cagun, en diferentes zonas, egn su nivel de inters e influencia territorial (Losada, 2001). Tambin analiz tres tipos de esrrategias polftico electorales usadas por grupos paramilitares en las elecciones de 2002 (Losa-da, 2006), y lleg prcticamente a los mismos hallazgos de investigaciones periodsticas previas (Lpez, 2005).

Aunque los hallazgos de las primeras investigaciones sobre parapoltica hechas desde organizaciones sociales (Lpez 2005 2007, Y Nuevo Arco Iris 2007) han sido tebasados por las investigaciones judiciale sus estndares metodolgicos han sido fuente de critica y controversia (Gavina, 2007). In-fortunadamente la academia nacional no ha producido, hasta ahora, investi-gaciones con sus estndares de calidad que validen o invaliden los hallazgos

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IWlESTlGACIONS OE"'FARC


de los investigadores sociales. Por fortuna la academia internacional s lo ha hecho. Los profesores Daron Acemoglu del Massachussetts Institute of Technology, James Robinson de la Universidad de Harvard y Rafael Santos Villagrn de la Universidad de Yale, realizaron una investigacin acadmica que con slidas bases conceptuales y economtricas no slo corrobora los hallazgos de las investigaciones nacionales de parapoltica sino que llega a conclusiones ms profundas:

Nuestro modelo parte de la observacin de que en una democracia actores armados no estatales (en nuestro contexto, paramilitares) pueden controlar el comportamiento electoral de los ciudadanos. Dado que los paramilitares tienen preferencias sobre las polticas, cuando ellos deciden intervenir en la poltica se reducen los incen-tivos de los polticos apoyados por estos grupos para eliminarlos. El modelo predice que en reas sin paramilitares las polticas estn focalizadas hacia los ciudadanos, mientras que en reas donde hay paramilitares las polticas se dirigen hacia las preferencias de estos. Esto implica que en reas con paramilitares los ciudadanos obtie-nen menos bienes pblicos (y otras polticas que ellos valoran). El modelo adems implica que los paramilitares van a tender a persistir en la medida en que produzcan votos para los polticos que prefie-ren -en el caso colombiano, para el presidente lvaro Uribe- y que este efecto es ms fuerte en reas donde a estos polticos de otro modo no les habra ido tan bien. As, actores armados ilegales no estatales pueden persistir porque ellos pueden tener una relacin simbitica con polticos especficos que detenten poder: los para-militares dan votos a los polticos con preferencias relativamente cercanas a ellos, mientras que los polticos a los que ellos ayudan implcita o explcitamente a ser elegidos, apoyan leyes o polticas que estos grupos prefieren.

Investigamos empricamente las implicaciones de nuestro modelo sirvindonos de la experiencia colombiana reciente, en la que dos importantes actores armados no estatales, las "izquierdistas" guerri-llas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y las "de-rechistas" fuerzas paramilitares, las cuales en 1997 se agruparon en las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, han delineado el panora-ma poltico reciente. En primer lugar damos evidencia de que los pa-

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ramilitares, aunque curiosamente no las FARC, han influido de forma sistemtica en los resultados electorales. En particular, despus de que las AUC se involucraran en la poltica en 2001, la presencia de los paramilitares en un municipio est relacionada con el surgimiento de "terceros partidos" no tradicionales (esto es, partidos diferentes a los liberales, a los conservadores y a los socialistas), los cuales son ampliamente reconocidos por estar directa o indirectamente relacio-nados con paramilitares (v. gr. Lpez, 2007; Valencia, 2007). Tam-bin encontramos que la presencia paramilitar est asociada con una gran concentracin de votos dentro de un municipio en elecciones legislativas, y con gran apoyo para el presidente lvaro Uribe, quien ha promulgado varias polticas alineadas con las preferencias de los paramilitares, en las elecciones presidenciales.

La principal prediccin de nuestro modelo es que los paramilitares deben persistir ms donde ellos dan votos a los representantes del Ejecutivo que ellos prefieren, particularmente en reas donde a es-tos polticos no les habra ido tan bien. Esto pasa porque eliminar a los paramilitares podra implcitamente costar valiosos votos en una eleccin. Tambin mostramos que las correlaciones entre los datos son ampliamente consistentes con esta prediccin.

Finalmente, examinamos las votaciones en el Senado sobre la legis-lacin para cambiar la Constitucin en lo referente al lmite de un perodo presidencial y permitir la re-eleccin presidencial, con el fin de ilustrar un posible canal quid pro quo entre legisladores elegidos en reas altamente paramilitarizadas y el ejecutivo. Encontramos evi-dencia de que entre mayor es la proporcin de votos obtenidos por una lista al Senado en zonas altamente paramilitarizadas, mayor es la probabilidad de que ese senador vote a favor de remover el lmite del perodo presidencial. La columna 2 de la tabla 1 muestra que de aquellos que la votaron, todos excepto 3 de nuestros senadores "top 20" votaron a favor de la reeleccin. 2

2. Tomado de: Acemoglu, Daron, Robinson,]ames A., Santos, Rafael J (2009), The Monopoly of Violenee: Evidence from Colombia. Traduccin propia. Texto original:

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Dos marcos conceptuales sirvieron de principales referencias a esta in-vestigacin. De una parte el anlisis sobre autoritarismos sub nacionales de-sarrollado por Edward Gibson (Gibson 2004), y de otra el anlisis sobre

"Our mode! begins from the observation that in a democracy non-state armed actors (in our context, paramilitaries) can control citizens' voting behavior. Since paramilitaries naturally have preferences over policies, when they choose to become involved in politics, this reduces the incentives of the politicians they favor to eliminate them. The mode! predicts that in non-paramilitary areas policies are targeted at citizens while in paramilitary areas they cater to the preferences of paramilitaries. This implies that in paramilitary areas citizens obtain fewer public goods (and other policies they value). The model further implies that paramilitaries wll tend to persist to the extent that they deliver votes to politicians they prefer -in the Colombian case, to President lvaro U ribe- and that this effect is stronger in areas where these politicians would have otherwse not done as well. Thus non-state armed actors can persist because they can be in a symbiotic re!ationship wth specific politicians hol-ding power: paramilitaries deliver votes to politicians wth preferences relatively close to theirs, while politicians they helped e!ect implicitly or explicitly support laws and policies that they prefer. We empiricaHy investigate the implications of our mode! using the recent Colombian experience, where two main non-state armed actors, the 'left-wing' Fuerzas Armadas Revolucionarias de Co-lombia (FARc-The Revolutionary Armed Forces of Colombia) and 'right-wng' paramilitary forces, which in 1997 coalesced into the Autodefensas Unidas de Colombia (Auc-United Self-Defense Or-ganization of Colombia), have shaped the recent politicallandscape. We first provide evidence that paramilitaries, though interestingly not the FARe, have systematically influenced electoral outcomes. In particular, after the Aue got involved in politics in 2001, the presence of paramilitaries in a mu-nicipality is correlated wth the rise of non-traditional 'third parties' (that is, parties other than the Liberals, the Conservatives, and the Socialists), which are wdely recognized to be often directly or indirectly associated with the paramilitaries (e.g., Lopez, 2007, Valencia, 2007). We also find that paramilitary presence is also associated wth a greater concentration of votes wthin a municipality in legislative elections and with greater support for President lvaro Uribe, who has enacted several key policies in line wth the preferences of the paramilitaries, in the presidential elections.

The main prediction of our model is that paramilitaries should persist more where they deliver votes to the executive that they prefer, particularly in areas where this politician would otherwse not do well. This is because eliminating paramilitaries would implicitly cost valuable votes in the election. We show that there is a fairly robust correlation in the data consistent wth this prediction. FinaHy, we examine the roll-call votes in the Senate on the legislation for changing the Constitution to temove the one-term limit and allow presidential re-election to illustrate a possible channel for the 'quid pro quo' between legislators elected from high paramilitary areas and the executive. We find evidence that the greater was the proportion of votes a senator's list obtained in high paramilitary areas, the greater was the likelihood of the senator to vote in favor of removing the term limito Column 2 of Table 1 shows that of those who voted aH but three of our 'top 20' senators voted in favor of re-election;l

3. There is no direct evidence that President Uribe is in sorne formal 'coalition' wth paramilitaries, and we do not argue or believe that he is; in fact, the politicians in our theoretical model are not in such a coalition either. What matters is that President Uribe's re!ative!y conservative policies are closer to those preferred by the paramilitaries, who have strong conservative leanings and thus natu-rally have an interest in maintaining him in power. Sorne of our theoretical and empirical results then exploit the fact that he may take this into account in several of his key decisions.

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captura y reconfiguracin cooptada del Estado, desarrollado por Luis Jorge Garay (Garay et al, 2008).

Aunque el texto del profesor Gibson se concentra en el anlisis de estra-tegias de resistencia poltica de actores provinciales de Mxico y Argentina -que no incurrieron en mtodos violentos y mucho menos mafiosos, como en Colombia- ante procesos democratizantes desde el centro federal, nos sirvi como referencia para tratar de entender y analizar las estrategias de resistencia que desarrollaron las elites regionales colombianas para contener la apertura del sistema poltico derivada de la eleccin popular de alcaldes y de las reformas del proceso constituyente de 1991, as como las motivaciones que condujeron a su alianza estrecha con narcotraficantes y otros actores armados ilegales.

Gibson inicia su anlisis resaltando que una caracterstica de casi todos los regmenes democrticos es que ni las instituciones ni las prcticas democrti-cas estn distribuidas uniformemente a lo largo del territorio y que por tanto la "poltica territorial", entendida como la manera como se libra la lucha poltica a lo largo del territorio, es determinante en la configuracin poltica e institucio-nal resultante. Colombia se enmarca perfectamente en esa heterogeneidad con por lo menos tres ingredientes adicionales: la economa ilcita del narcotrfico el conflicto armado y la falta del monopolio estatal de la fuerza y la justicia. '

T.tm 1: Toe lO Stuton By Vote SIum la PIU'!!DiIl!!Jx Ana

Justke aad ~yotulD IhIriIPart .. , Red~cticul Puu Law Sta"" PllnlmilltalyZo~!

s.enator (1) (2) (J) (4) (')

MAURICIO PIMIENTO BARRERA l'"' l'"' ,,"' Arres:ted (QnIty) 68.3() DIEB NICOLAS MALOOfCUSE

,,"' l'"' ,., AJremd (0Jily) 56,93 ALVARO ARAUJO CASTRO

,,"' ,., A""",,d 54711

JUAN CARLOS MARTINEZ SrYlS1E.RRA ,,"'

,., Arresf~d 5L12 SALOMON DE JESUS SAADE ABDALA ,., Investigated 41.40

CARLOS ARTURO CLA \'UO VARGAS ,,"'

Arrested 3933 JUAN GOMEZ MARTINE.Z ,., 34.%

L'iABEL CELlSYA.~ 33.96 PIEDAD C01UJOBA 3320 JANDRO GUERRA HOYOS 2948 HUGO SERRANO OOMEZ 2921

WILLlAMALFONSO MONTES MEnINA l'"' ,., ,., _(NatGwly) 2SA8 LUIS OUILI..E1tMO VELEZ TRUJILLO ,., 28.404

CONSUELO DEMUSTAFA ,., 1822 JOSERENAN TRUJlLLO GARClA Y'"' ,,"' 2.SO

VlCTOR RENAN BARCQLOPEZ l'"' ,., ......... 26.11 GUILLERMO GA VIRJA ZAPATA ,., :ltlw!itigak-d 2~O1

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En menos del 40% del territorio colombiano se concentra cerca del 70% de su poblacin y produccin econmica legal. Pero en el 60% del territorio, que alberga a no ms del 20% de la poblacin, se concentra el origen del 100% de la economa ilegal del narcotrfico y de formas de crimen organi-zado y armado que operan tanto en el territorio rural como en el urbano. Ese desbalance territorial e institucional permite rdenes socioeconmicos muy diversos y prcticas polticas e institucionales muy heterogneas en di-ferentes regiones del pas (Duncan, 2007). Esos factores hacen, entre otras cosas, que los actores polticos y sociales en Colombia tengan preferencias y formas de actuacin ms o menos de resistencia no slo a ciertas formas de operacin o reforma desde el centro nacional, sino incluso a una operacin institucional legal y legtima.

Gibson analiza dos casos en detalle, uno del PRI en Mxico y otro del Justicialismo en Argentina, y concluye que son tres las principales estrategias que usan los actores provinciales para resistir intentos de democratizacin desde el centro federal: 1. La parroquializacin del poder. 2. La nacionalizacin de la influencia,y 3. La monopolizacin de los vnculos institucionales entre el orden subna-cional y el nacional.

Por razones de espacio no profundizo en los detalles conceptuales de cada una, aunque invito al lector a consultar en detalle el magnfico texto del profesor Gibson. Para efectos de este libro me limito a proponer que las motivaciones y estrategias usadas por actores polticos colombianos en el periodo de estudio de esta investigacin, se enmarcan en el tipo de motiva-ciones y estrategias que segn Gibson usan elites provinciales para resistir procesos nacionales de democratizacin y que dan lugar al llamado autori-tarismo sub nacional.

Por ejemplo, aunque el pacto frentenacionalista deba finalizar en los se-tenta, la mayora de las elites bipartidistas se resistieron a la competencia electoral de movimientos independientes o de izquierda y a soltar el mono-polio del manejo estatal local y nacional. Esa resistencia se enmarca en las estrategias de parroquializacin del poder y monopolizacin de los vnculos institucio-nales entre el orden subnacional y el nacional que describe Gibson. Sin embargo, esa resistencia no se hizo slo por mtodos polticos sino tambin violentos, como lo demuestran el aniquilamiento de la Unin Patritica y el asesinato de las principales figuras de fuerzas polticas emergentes que desafiaban el statu quo de las fracciones bipartidistas regionales y las ambiciones emergen-tes de la mafia. En ese cruce de intereses y de formas de resistencia polticas

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y mafiosas quedaron las vidas de Luis Carlos Galn y el Nuevo Liberalismo, de Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo y de la Unin Patritica, de Carlos Pizarro y la AD M19 y de miles de ciudadanos y lderes sociales y polticos que promovan una apertura poltica del sistema y una confrontacin a los intereses de la mafia.

Aunque esa estela de resistencia poltica y violenta vena desde los ochen-ta, otros procesos que se consolidaron a lo largo de la dcada de los noventa crisparon an ms esos modos de resistencia regional o de autoritarismo subnacional en Colombia, como las reformas derivadas del proceso consti-tuyente de 1991, en particular la modificacin del sistema partidista, de los tipos de cargos y de eleccin popular y los procedimientos para su eleccin.

Adems de la eleccin popular de alcaldes que se aprob desde 1986, varias de las reformas de la Constitucin de 1991 tuvieron por propsito explcito permitir la entrada de nuevos jugadores y espacios de competencia electoral, y reducir las fuentes de poder excluyente de las elites regionales y bipartidistas. Decisiones derivadas del proceso constituyente de 1991, como facilitar la creacin de nuevos partidos polticos, posibilitar mayores garan-tas electorales -como el tarjetn y la financiacin pblica de campaas-, crear nuevos cargos de eleccin popular, como, por ejemplo, curules en C-mara para los antiguos territorios nacionales y las gobernaciones, y el cambio de la forma de eleccin del Senado, de una circunscripcin regional a una nacional, tenan como objetivo abrir y democratizar el sistema poltico y dar mayores garantas para la competencia electoral.

Esos cambios slo fueron posibles porque se tomaron en una Asamblea Constituyente donde la composicin regional y partidista del poder poltico era sustancialmente diferente de la que haba en el Congreso, e implicaron malestar y un remezn poltico enorme entre las fuerzas que hasta entonces ostentaban el poder. Un ejemplo de ese remezn fue el cambio de la circuns-cripcin electoral del Senado. El Senado pas de tener 114 curules electas por circunscripcin departamental a tener slo 100 electas por circunscrip-cin nacional. Adems de tener un menor nmero de curules por repartir, la circunscripcin nacional provoc una prdida de representacin proporcio-nal para todas las regiones, con fuertes disparidades entre departamentos. Si los senadores electos se clasifican entre senadores de origen departamental cuando obtienen ms del 50% de su votacin en un departamento, y sena-dores nacionales si no logran dicho porcentaje en un solo departamento, se encuentra que el 42% de los senadores electos despus de la reforma de 1991

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se consideraran nacionales, y el 58% seran senadores de origen electoral departamental, mientras que hasta 1990, antes de la reforma constitucional, estos ltimos representaban el 100%. Sin embargo, la tajada de senadores na-cionales se redujo drsticamente en 1994, cuando slo el 18% de los senado-res electos fueron nacionales, y luego se estabiliz por lo bajo: en 1998 fueron el 19%, en 2002 el 23% Y en 2006 el 26%. Cules departamentos ganaron y perdieron curules en ese proceso de cambio y en el posterior ajuste?

Mientras que Caquet, Quindo y Choc no volvieron a tener representa-cin en el Senado (Quindo recuper una curul en 2010), Antioquia, Valle, Santander y Norte de Santander bajaron su nivel de representacin inicial y luego lo recuperaron parcial o totalmente. Cesar, Magdalena y Bolvar recu-peraron apenas en 2002 el mismo nmero de curules que tenan en el Senado de 1990. Prcticamente todos los senadores electos por esos tres departa-mentos en 2002 fueron protagonistas del proceso judicial de parapoltica. Meta, Risaralda y Huila slo recuperaron el nmero de curules de 1990 en 2006, y varios de estos senadores tambin terminaron involucrados en los procesos de parapoltica. Un caso particular es Atlntico, al que le fue mejor despus de la reforma: pas de cinco curules en el Senado de 1990 a nueve en 1998, en pleno apogeo de los caciques bipartidistas costeos y del proceso 8.000. Tambin Sucre es un caso curioso. El clebre poltico sucreo lvaro Garca Romero no sali electo para el Senado en 1990, pero supo adaptarse a las reformas de 1991 y fue electo desde 1992. En 1994 Sucre increment su nmero de curules de tres a cuatro, una de las cuales fue investigada en el proceso 8.000 y otra condenada en el mismo proceso.

Dada la coincidencia en algunos departamentos entre prdida inicial de curules luego de la reforma de 1991 y su posterior recuperacin en los aos electorales del proceso 8.000 (1994) Y la parapoltica (2002 y 2006), se re-fuerza la hiptesis de que si bien esos cambios pueden ser resultado de la combinacin de legtimas formas de ajuste al nuevo sistema, tambin pueden deberse a modos ilegtimos de resistencia electoral y armada a las reformas de 1991, en particular a la nacionalizacin de la circunscripcin de Senado y su posterior tendencia a la regionalizacin.

Adems de ese elemento, otros factores que tambin reforzaron los mie-dos e intereses que unieron a parte de las elites polticas con las redes mafio-sas y paramilitares de sus regiones fueron, por ejemplo, la prdida, en 1986, del estatus legal de las organizaciones de autodefensa, que haban servido de cobertura a estructuras armadas de autodefensa de gamonales y narcotrafi-

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cantes, y su posterior restablecimiento, entre 1994 y 1997, con las llamadas "Convivir"; tambin el crecimiento y fusin del narcotrfico tanto dentro de los paramilitares como de la guerrilla y su expansin armada y territorial, as como la eliminacin de la extradicin en 1991 y su posterior restableci-miento en 1997. Todos estos factores se exploran en detalle en el captulo de Arco Iris. Por ahora baste decir que de ellos se derivaron necesidades e inte-reses mutuos y complementarios entre elites polticas, mafiosas y armadas. Unos necesitaban defenderse y otros contaban con chequera y ejrcitos para ofrecer proteccin. Unos tenan presencia en instancias polticas regionales y nacionales y los otros necesitaban llegar a esas instancias para proteger su ne-gocio, evitar la extradicin y hacer valer sus intereses. Ambos tenan ventajas comparativas de operacin en mbitos locales y regionales, pero amenazas y resistencias en actores e instancias de poder nacional e internacional. En ese contexto, los mtodos de resistencia poltica que Gibson resea en sus casos de estudio y los mtodos de resistencia violenta que caracterizan el caso colombiano, confluyeron en lo que aos despus conoceramos como la parapoltica.

En esa complementariedad de intereses se pas de mtodos de resistencia poltica, como la llamada operacin avispa del partido liberal a inicios de los noventa -una estrategia para maximizar los votos de sus maquinarias locales y contrarrestar la competencia electoral de nuevos movimientos-, a la an ms sofisticada operacin avispa que hicieron parapolticos y narco paramilitares, en la que sumaron masiva coaccin armada y fraude electoral para disear e imponer sus propios distritos electorales (Lpez, 2005; Losada, 2006) y as maximizar el nmero de curules que podan obtener en el Senado en 2002. Paradjicamente el partido liberal termin vctima de su propio invento, en la medida en que su operacin avispa fue usada en la parapoltica para inde-pendizar fracciones internas del partido liberal, que luego conformaran los nuevos partidos de la parapoltica de la era uribista: Colombia Democrtica, Colombia Viva y Alas, entre otros. Tanto la operacin avispa liberal como la narcoparamilitar son ejemplos de estrategias de parroquizalizacin del poder, como las que describe Gibson.

Esa parroquializacin del poder local se combin con estrategias de nacio-nalizacin de la influencia, como las alianzas electorales mediante las cuales el narcoparamilitarismo logr que el 35% de los senadores electos en 2002 fueran sus aliados y entraran a formar parte de la coalicin nacional guber-namental del presidente electo ese mismo ao. Desde all se aseguraron de

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que se realizara un proceso de paz con el narcoparamilitarismo y aprobaron la Ley de Justicia y Paz, que sirvi de marco legal al mismo. Tambin logra-ron quedarse con cuotas burocrticas en varios ministerios e incluso con el Departamento de Inteligencia de la Presidencia, el DAS.

Como parte de la coalicin gubernamental, los parapolticos tuvieron ma-yor espacio y legitimidad poltica para consolidar estrategias de monopolizacin de los vnculos institucionales entre el orden subnacional y el nacional. Por ejemplo, mantuvieron o incrementaron su representacin electoral en alcaldas y go-bernaciones, impusieron a sus allegados en instancias regionales del ejecutivo nacional, como las universidades pblicas y las Corporaciones Autnomas Regionales, y penetraron tambin instancias regionales de carcter judicial y de seguridad, como las Direcciones Seccionales de la Fiscala y el DAS.

Las monografas departamentales que hacen parte de esta publicacin describen la combinacin de esos tipos de estrategias en cada departamento y la manera como actores legales e ilegales transformaron el mapa electoral de cada uno de ellos y luego desarrollaron procesos de captura y cooptacin de instituciones pblicas locales, regionales y nacionales.

La otra fuente conceptual de esta investigacin es el libro La captura y reconfiguracin cooptada del Estado en Colombia, de Luis Jorge Garay, Eduardo Salcedo, Isaac de Len Beltn y Bernardo Guerrero (Garay et al, 2008). En l los autores recuerdan que la teora econmica clsica sobre captura del Estado se enfoca en la captura normativa y de rentas con fines econmi-cos.3 De acuerdo con Garay y su equipo, la captura del Estado, en su visin econmica clsica, se define como "la accin de individuos, grupos o fir-mas, en el sector pblico y privado, que influyen en la formacin de leyes, regulaciones, decretos y otras polticas de gobierno, para su propio beneficio como resultado de provisiones ilcitas y no transparente de beneficios pri-vados otorgados por funcionarios pblicos" (16). Esa teora clsica supone que es el regulado el que captura a su regulador normativo con propsitos fundamentalmente econmicos, en los que "prevalece la estrategia de extraer 'rentas del Estado para el beneficio de individuos privados, firmas o sectores mediante la distorsin del marco legal y regulatorio'" (18).

En sentido ms complejo, la Teora de Captura del Estado, CdE, propues-ta por Garay y su equipo, supera el enfoque de la captura regulatoria con fines fundamentalmente econmicos. La teora de CdE alude tambin "a la

3. Ver: Becker, 1976; Stigler, 1971; World Bank, 2000; Hellman y Kaufmann, 2001.

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captura legislativa y jurisdiccional en la generacin e interpretacin [yaplica-cin] de leyes, decretos y polticas pblicas en general." Tambin incluye un factor diferencial importante: que quienes participan en procesos de captura estatal pueden ser no slo actores legales con intereses particulares, sino tambin actores ilegales con intereses criminales. Este ltimo caso supone que usualmente son los ilegales los que capturan a los legales, que son los violentos los que instrumentalizan la poltica y capturan el Estado para sus fines criminales; aunque reconoce que los procesos de CdE tambin pueden originarse en actores legales que instrumentalizan la ilegalidad y la violencia, supone que este sentido de la captura es menos frecuente. Por ltimo, la teora contempla que el objeto de esa captura no es meramente econmico sino tambin penal, poltico y social. Dicho de otra forma, los que capturan no slo aspiran al poder y la riqueza, tambin aspiran a reducir su riesgo de exposicin penal (el riesgo de ser descubiertos, capturados y juzgados) e incrementar su legitimidad poltica y reconocimiento social.

Adems, Garay y los dems autores desarrollan el concepto de reconfigura-cin cooptada del Estado, RCdE, y lo definen como "la accin de organizacio-nes legales e ilegales que mediante prcticas ilegtimas, buscan modificar, desde adentro, el rgimen poltico de manera sistemtica e influir en la formacin, modificacin e interpretacin y aplicacin de las reglas de juego y de las polti-cas pblicas, para obtener beneficios sostenible s y lograr que sus intereses sean validados poltica y legalmente, y legitimados socialmente en el largo plazo, aunque estos no obedezcan al inters rector del bienestar social" (96).

Por definicin, la CdE que proponen Garay y los dems es un proceso desde fuera del sistema, mientras que la RCdE es un proceso desde dentro del sistema. En ambos casos se trata de procesos que pueden involucrar actores, mtodos e intereses legales e ilegales, legtimos e ilegtimos, y en los cuales los roles de los participantes pueden cambiar de capturador/ co-optador a capturado/cooptado, o como facilitador o actor de resistencia a procesos de CdE o RCdE.

No necesariamente los procesos de CdE y RCdE son secuenciales y linea-les. Puede haber CdE en todos los niveles territoriales (local, regional y na-cional), relacionados o independientes, realizados por los mismos actores o por actores distintos, con diferentes motivaciones, dependiendo del margen de autonoma de definicin o de operacin de reglas.

La evidencia judicial, electoral y meditica de la guerrillopoltica y sobre todo de la narco y parapoltica que recogi esta investigacin demuestra que,

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a diferencia de lo supuesto en esta teora, las formas de captura invertida, de los legales hacia los ilegales, de las elites que instrumentalizan la violencia y el narcotrfico para sus propios fines y conveniencia, son menos excepcionales y ms corrientes de lo que prev la teora de Garay y su equipo.

De otra parte, la evidencia emprica de este trabajo ratifica que tanto los procesos de CdE como de RCdE no slo tienen objetivos econmicos, sino tambin de reduccin penal y legitimacin poltica y social. As lo corroboran sus alcances en los niveles ejecutivos, legislativos y jurisdiccionales del poder pblico. Para algunos actores del proceso de captura alcanzar legitimidad es crucial, mientras para otros es irrelevante.

Los hallazgos coinciden con los supuestos tericos en cuanto a que las formas de captura invertida, y tambin de captura usual, incrementan la expo-sicin penal tanto de los actores supuestamente legales, como los polticos, como de sus aliados ilegales, narcotraficantes y grupos armados ilegales, y en cuanto a que a ambos se les ejecuta parte de ese riesgo. Sin embargo, la evidencia indica que los legales usualmente logran minimizar su exposicin penal, mientras que tienen ventajas para maximizar y ejecutar el riesgo de ex-posicin penal de sus socios ilegales. Los ilegales, adems, tienen serios pro-blemas de "riesgo moral" tpicos de la relacin agente/principal para hacer cumplir a los polticos su parte de lo pactado. Aunque los ilegales tienen en teora el recurso diferencial y eficaz del chantaje y la violencia, los polticos tambin acceden a esos recursos por otras vas y no dudan en usarlos. Son usualmente los polticos, no sus socios ilegales, quienes logran prevalecer y legitimarse en el largo plazo. Los unos terminan extraditados y los otros siguen gobernando.

Esta diferencia entre lo que el marco conceptual esperaba como usual y lo revelado por la evidencia emprica y judicial no es la nica, pero es crucial para comprender los hallazgos y conclusiones de esta investigacin. A lo largo de esta introduccin y en el relato de cada captulo se irn desarro-llando otros aspectos. Pasemos ahora a la descripcin de cada captulo y sus principales conclusiones.

En el primer captulo, la Corporacin Nuevo Arco Iris, CNAI, analiz los objetivos y mtodos que diferentes actores armados ilegales han usado para interferir o capturar la representacin poltica y cooptar la operacin estatal. Tanto la guerrilla como los paramilitares han usado las armas para tomarse el poder y han logrado altos niveles de captura de rentas pblicas y del aparato social y administrativo municipal. Sin embargo, mientras la guerrilla qued

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marginada del poder regional (con ejemplos excepcionales como el ELN en Arauca) y nacional, los narco paramilitares lograron consolidar una slida estructura de poder local, regional y nacional. Si ambos tenan ejrcitos, plata y coaccin armada, por qu unos fueron ms eficaces que otros en capturar la poltica y cooptar el Estado? Para responder a esa pregunta, Arco Iris hace un anlisis de la accin violenta y poltica de los ilegales desde los ochenta y de las estadsticas oficiales de violencia que se llevan desde 1997, las cuales construy y analiz con la asesora metodolgica de un grupo de estudiantes de la Universidad de los Andes, dirigidos por Juan Carlos Rodrguez Raga, y de investigadores del Centro de Recursos para el Anlisis de Conflictos, CERAC, dirigido por Jorge Restrepo. (Restrepo y Aponte, 2009)

Arco Iris explora tres factores que explican la diferencia de estrategias de injerencia poltica de la guerrilla y los narcoparamilitares: su carcter pro o anti estatal, su visin poltica y el capital social al que accedieron o que acumularon. Concluye que el carcter anti estatal, el proyecto poltico anticapitalista y mar-xista y el acceso a un capital social pobre y marginado, limitaron la influencia y captura de las guerrillas a la esfera local y les impidieron desarrollar procesos exitosos y sostenidos de CdE y RCdE en el plano regional y nacional, con algu-nas excepciones. Por el contrario, el carcter pro estatal, el proyecto pro capita-lista y poltico coincidente con el de fuerzas de capital social sofisticado, ascen-dente e influyente, le permitieron al narco paramilitarismo superar a la guerrilla en procesos sostenidos y exitosos de CdE y RCdE en todos los niveles.

Con esos insumas, Nuevo Arco Iris demuestra que el carcter contrain-surgente del paramilitarismo es ms mito poltico que realidad militar, y que, con contadas excepciones, fue poco efectivo como instrumento de derrota militar de la guerrilla. Tambin que el carcter social y revolucionario de la guerrilla es otro mito histrico. Los narcoparamilitares fueron muy eficaces para masacrar y desplazar civiles inermes, pero dbiles para enfrentar a los combatientes de la guerrilla. Lo mismo ocurre con la guerrilla: fue eficaz para secuestrar y asesinar polticos y civiles inermes, para tomarse pueblos y sembrar minas anti persona, pero incapaz de repeler la avanzada paramilitar y defender la poblacin campesina que deca representar. Curiosamente tan-to guerrillas como paramilitares nacieron como grupos de autodefensa, los primeros del campesinado y los segundos de terratenientes y ganaderos. El gran crecimiento de la guerrilla en los noventa desbord su propia organi-zacin y disciplina interna y el narcotrfico transform completamente sus propsitos y accionar. De igual forma, las autodefensas contrainsurgentes

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desaparecieron en los aos ochenta, dando paso al narco paramilitarismo. Lo que se expandi a lo largo de los noventa y se desmoviliz desde 2003, bajo el marco legal de ]ustica y Paz, fue la federacin de carteles del narcotrfico ms poderosa que haya tenido Colombia en su historia: las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

En la transicin de grupos de autodefensa a narco guerrillas y narco para-militares jug un papel determinante la distribucin geogrfica y poblacional del pas, el cambio de actores y relaciones en la cadena del narcotrfico y sus procesos de fragmentacin y concentracin, y la consecuente expansin de grupos armados ilegales.

En el caso de los narcoparamilitares otro factor determinante de su rpida expansin militar y poltica fueron los llamados "Pepes" (perseguidos por Pablo Escobar), una alianza entre polticos, agentes de la fuerza pbica y narcotraficantes disidentes de los carteles de Medellin, Cali y norte del Valle, que se unieron para dar de baja al capo Pablo Escobar en 1993. Con el pro-ceso 8.000 cayeron en desgracia los jefes del cartel de Cali, pero los dems socios de los Pepes pasaron luego a ser jefes de las AUC y capitalizaron la red de relaciones que tenan con elites, polticos y miembros de la fuerza pblica. La principal consecuencia de ese ejemplo de captura invertida fue la facilidad, cobertura legal e impunidad estatal con la que se expandi el narcoparamili-tarismo por el pas en menos de una dcada.

Por ltimo, Arco Iris destaca que aunque el narcotrfico es sin duda un motor de la guerra en Colombia, no es el nico y no siempre es el ms preponderante. Desde el ao 2003 ha disminuido el nmero de municipios con presencia violenta de actores ilegales, pero el cultivo de coca no cede proporcionalmente y en cambio el desplazamiento forzado sigue creciendo, aunque en municipios distintos a los cocaleros. Si hay ms legalidad y fuerza pblica, y menos ilegales y cultivos ilcitos en los lugares donde hay des-plazamiento, quin sigue expulsando a la poblacin y robando sus tierras? Fuerzas "legales"? El desplazamiento sigue creciendo para provecho de actividades "legales" y no slo del narcotrfico? En los ltimos 6 aos se han asesinado ms vctimas por sus demandas de devolucin de tierras que por sus demandas de verdad sobre masacres. Si la guerrilla est replegada y dbil y los narcoparamilitares estn extraditados y sus ejrcitos desmantela-dos, quines siguen asesinando a los colombianos que reclaman su tierra? Tal vez quienes efectivamente se la robaron y la usufructan, que ni fueron extraditados ni estn desmantelados?

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Las monografas departamentales elaboradas bajo la coordinacin de la Misin de Observacin Electoral, MOE, y contenidas en el CD que acompaa esta publicacin, describen el cambio del mapa poltico de cada departamento durante la dcada de los noventa hasta 2007, el contexto de conflicto armado en el cual se produjo ese cambio y las hiptesis sobre los procesos de CdE o RCdE que se produjeron en ese perodo, por la confluencia de actores e intereses legales e ilegales. En la primera parte de cada monografa se hace un anlisis de las estadsticas de conflicto y presencia de actores armados ilegales entre 1997 y 2007. En la segunda se analiza cmo se pas de la preeminencia electoral de los partidos liberal y conservador a la consolidacin de algunas de sus fracciones en nuevos partidos y al surgimiento de otras fuerzas polti-cas, lo que Acemoglu, Robinson y Santos llaman el surgimiento de terceros partidos. A partir de los resultados electorales obtenidos por los congresistas que a la postre resultaron investigados por parapoltica o guerrillopoltica, se reconstruy su respectiva estructura de poder electoral para cada eleccin nacional y regional. Esa reconstruccin permiti establecer la evolucin elec-toral y la sucesin de alianzas y partidos por las que ha pasado cada uno de los 102 congresistas investigados por vnculos con ilegales y la manera como se reconfigur el mapa poltico y electoral de cada departamento.

En la tercera parte, uniendo informacin estadstica, judicial, poltica, de prensa y trabajo de campo, los investigadores de la MOE formularon hiptesis de las formas de captura poltica e institucional que han operado en cada departamento. Como hiptesis que son, ellas no constituyen sealamiento penal alguno. Son anlisis razonables con base en la informacin disponible para entender las formas de autoritarismo subnacional y los procesos de CdE y RCdE que pudieron darse en cada departamento.

Las hiptesis de las monografas departamentales fueron hechas siguiendo el esquema planteado en el marco terico de Garay y su equipo, segn el cual los procesos de CdE incluyen actores, mtodos y objetivos. Dentro de los ac-tores siempre se identifica al menos un actor capturado y otro captor, entre los cuales puede haber desde legales hasta ilegales y toda una gama de agentes e instituciones capturadas. Tambin se trataron de identificar los actores/facto-res instrumentales del proceso de captura, entendidos como aquellos sin cuya participacin no se concreta el proceso de captura o reconfiguracin pero que no necesariamente hacan parte intencional del mismo. Tambin se identifica-ron actores/factores de resistencia, entendidos como aquellos que explcita-mente se opusieron o resistieron a procesos de captura y reconfiguracin.

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Las formas de captura analizadas en las monografas se diferencian en-tre tradicionales y complejas, polticas y econmicas. La captura tradicional est relacionada con medios ilegtimos pero no necesariamente ilegales; por ejemplo, el clientelismo y el nepotismo. La captura compleja, en cambio, se relaciona con medios abiertamente ilegales y hasta violentos; por ejemplo, fraude electoral, soborno, cohecho, coercin armada, eliminacin de compe-tidores, etc. La captura econmica est relacionada fundamentalmente con la captura de rentas o beneficios econmicos, mientras que la captura poltica est relacionada con acciones que propician legitimacin social, institucio-nalizacin poltica y menor exposicin penal, es decir, beneficios sociales, penales y polticos.

Los mtodos, objetivos y efectos de la CdE que se identifican y analizan en las monografas departamentales se diferencian por el alcance y perdu-rabilidad de la captura, de corto a largo plazo. A corto plazo puede operar la intimidacin y el soborno, aunque varan los grados de exposicin penal, pero a largo plazo, para influir de manera ms permanente o menos espor-dica en las decisiones estatales, se puede usar el camuflaje o manipulacin de partidos u organizaciones polticas, conceptualizada por Garay y su equipo como captura instrumental de los partidos polticos, CiPp'4

Segn lo sealado por Garay y su equipo, la CiPP ms eficaz a corto plazo puede darse mediante la coercin y presin violenta sobre candi-datos y electores, pero conlleva alta exposicin penal. A mediano plazo y con menor exposicin penal puede aplicarse la financiacin de campaas o los delitos contra el sufragio. Ms a largo plazo y con muy baja exposicin penal puede usarse la creacin de movimientos o partidos que "nacen" capturados, pero en cuyo proceso de formacin difcilmente podran iden-tificarse delitos.

Los hallazgos de las monografas departamentales ratifican algunos de esos preceptos tericos y desafan otros. Demuestran que la idea de los ca-

4. La CiPP supera el tradicional conflicto de intereses derivado de la financiacin privada de movimien-tos o campaas polticas. El financiamiento privado de la poltica puede ser una forma de CiPP, pero no la nica y ni siquiera la ms relevante. La CiPP hace referencia ms a procesos en los que "un grupo de inters acta para acomodar la formulacin programtica y la agenda poltica del partido, a la luz de sus intereses especficos" (71), la usa como medio para ingresar a la maquinaria estatal y posteriormente manipula dicha maquinaria para lograr sus fines particulares. Una modalidad avan-zada de CiPP es crear partidos o movimientos para que "desde el principio, la estructura ideolgica responda a los intereses predominantes del grupo promotor (} financiador" (71).

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sos aislados y las pocas manzanas podridas no coincide con la realidad. Las estructuras de poder electoral de los congresistas investigados y de las orga-nizaciones ilegales a las que estn vinculados recogen centenares de alcaldes, diputados, concejales y cuotas burocrticas, ubicados desde el corazn de la Presidencia de la Repblica hasta pequeos cargos pblicos de provincia. Aunque en la mayora de departamentos esos vnculos tienen antecedentes que pueden rastrearse desde los aos ochenta o noventa, la impunidad disci-plinaria y judicial ha sido la norma.

Ese entramado de cuotas polticas y burocrticas no demuestra que to-dos tuvieran relaciones directas con ilegales; ms bien demuestra hasta qu niveles de la operacin estatal tenan acceso los agentes captores e ilegales. Desde 2002 la mayora de esas estructuras de poder han consolidado ma-yoras regionales y nacionales y han confluido en unos cuantos partidos, en un proceso que se enmarca en el concepto de captura instrumental de los partidos polticos, CiPP. No casualmente algunos de los partidos surgidos en los noventa o creados a partir de la reforma poltica de 2003 han sido los ms involucrados en parapoltica o farcpoltica. Por la magnitud de su invo-lucramiento podra pensarse que algunos de ellos nacieron capturados, es decir, fueron creados o fortalecidos con el objetivo de representar intereses y actores legales e ilegales. Tal parece ser el caso de Colombia Viva, Colombia Democrtica, Alas y Convergencia Ciudadana.

De la comparacin de las magnitudes de la parapoltica y la farcpoltica en el Congreso se derivan algunas conclusiones. La primera, que esas mismas magnitudes son muy distintas. Aproximadamente el 39% de los senadores elegidos en 2002 y prcticamente reelegidos en 2006 han sido investigados por parapoltica, mientras que el 3% por farcpoltica. Segunda, hay una clara divisin por partidos entre uno y otro fenmeno. Prcticamente todos los investigados por farcpoltica pertenecen a partidos de oposicin, el liberal y el Polo Democrtico, mientras que la mayora de los investigados por pa-rapoltica pertenecen a partidos de la coalicin uribista. Tercera, los para-polticos estn "sobre representados" dentro de la coalicin de gobierno. Mientras que en el Senado los investigados por parapoltica representan el 39% de los miembros de la corporacin, en la coalicin uribista representan el 50% de sus miembros. Esto se da porque ocho de cada diez investigados por parapoltica pertenecen a los partidos de la coalicin. Los farcpolticos estn representados en mximo 13% en algn partido de oposicin y en un 3% en el Congreso como un todo.

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Concepto complejizado de captura del Estado: de la captura econmica del Estado a la reconfiguracion cooptada del Estado (RCdE)

Actor 1: Captor

Quin tiene el verdadero inters de capturo!

Organizaciones legales:

Grupos econmicos legales de alcance

nacional y empresas en el ambito territorial

Organizaciones ilegales:

carteles de narcotrfco, de

prostitucin, de juegos de azar y de

corrupcin en salud, vivienda, y servicios

pblicos

Cmo

Sn CPP De muy corto plazo y muy alta exposicin penal:

soborno, cohecho y otros delitos contra la Administracin Publica, adems de presin violenta directa sobre funcionarios

publicos

De COfto plazo y alta exposicin penal: soborno y presin

violenta sobre candidatos y electores

De mediano plazo y

ConCiPP

mediana exposicin penal: financiamiento de

campaas y delitos contra el sufragio

De largo plazo y alta exposicin penaL

creacin de partidos y movimientos polticos

Actor 1.1 Capturado

instrumental. Partidos y

movimientos f'olticos

Qu persigue el agente captor'?:

usar la estructura poltica

Para qu? (objetivo

estratgico): lograr un beneficio

econmico

Actor 2 Capturado Ejecutivo,

Legislativo. Judicial. rganos de

y ItEFUNDARON LA PATRIA . ..

presentante onzlez, a quien las "ARe le hicieron por lo menos 3 atentados durante su gestin.

alvatore Manruso, por su parte, apoy varia candidaturas al Congreso en el ao 2002, pero les hizo rumar a sus soci s el llamado Pacto de Ratito. Cuando sinti que eso polticos no lo estaban respaldando debidamente en el proceso de desmovilizacin filtr el pacto y desencaden el enjuiciamiento de varios de ellos. Jorge 40 tambin les hizo firmar varios pactos a los polti-co que recibieron su apoyo (El Pacto de Chivolo y Pivijai); alias "el Alemn" forj el pacto por una Urab grande y unida; alias' {artn Llanos" promovi el llamado Pacto de Coordinacin en el Casanare y tambin se dieron pactos electorales en a1das, el Eje Cafetero y el Magdalena Medio, que a la postre fueron descubiertos por la justicia y ban servido de prueba para judicializar a Los firmantes. (Lpez y evillano, 2008)

Adems de quin captura a guin, lo que rod s esto casos jemplifican es el problema de agente/principal entre polticos e ilegales. Dicho de manera simple. los casos evidencian las dificultades de los ilegales para hacer gue los polticos les cumplan. Si los polticos ven en peligro su prestigio o rcord judicial por cuenta de su relacin con el mafioso o ilegal, no lo se apartarn de l sino que usarn su posicin poltica para combarido, de manera que se maximice la expo icin penal de su antiguo benefactor y e disminuya la propia. El resultado es que usualm nte los legales y polticos beneficiados por la accin de ilegales terminan siendo sus ms duros perseguidores. Por eso el Gobierno del ex presidente Samper se presenta como el ms duro perseguidor del cartel de Cali, y los parapolticos dicen ahora haber sido los ms firmes denunciantes de la accin de los paramilitares en sus regiones.

Otra hiptesis que se propuso verificar esta io: e tigacin era i la cap-tura poltica de la accin aunada y mafiosa de los ilegales terminara en La conformacin de unas nuevas elites polticas, creadas a partir de la captura instrumental 'f sistemtica de los partidos polticos CiPP, y de los procesos electorales. Es decir, si los ilegales crearan su propia clase p ltica sustitu-yendo a Los viejos cacigues y gamonales. No siempre fue as. El anlisis del origen y trayectoria. poltica y electoral de los congresisms investigados por vnculos con ilegales permite afirmar que no son una nueva clase poltica. La mayoria pertenece a la generacin de familias y fracciones polticas del biparodismo frentenacionalisca son las esposas, hijos, s brinos o nietos del cacique x o Y. Por las investigaciones de la narco parap ltica han desfilado figuras de las elites regionales de antao como, por ejemplo, los Vives, Caba-

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Curules Curules Cundes Curules electas en vlncula~ Curules Nivel % .Iactas en vincula~ Curul98-Partido poltico das con de riesgo Senado restantes Senado das con restantes

2006 parapoliti- 2006 2010 parapollti ca 2006 ca 2010

COALICION URIBISTA 70 35 35 50% 67 28 39 MOVIMIENTO

2 4 2 200% COl.OMBIA VIVA COLOMBIA 3 4 -1 133% DEMOCRTICA CONVERGENCIA

7 5 2 71% CIUDADANA MOVIMIENTO ALAS

5 3 2 60% EQUIPO COLOMBIA CAMBIO RADICAL 15 8 7 53% 8 3 5

SOCIAL DE UNIDAD 20 7 13 35% 28 10 18 NACIONAl CONSERVADOR

18 4 14 22% 22 7 COLOMBIANO 15

PARTIDO DE INTE-GRACION NAL PIN 9 8 1

l IBERAL COLOM-18 4 14 22% 17 1 16 llANO

""'UIDO VERDE 5 O 5 POtd DEMoAATlCCl 10 O 10 0% 8 O 8 ALTERNATIVO IoIlAA 2 O 2 0% 3 O 3 OTROS O O O 0% TOTAL 100 39 61 39% 100 29 71

Nlval de riesgo por parapolftlca por partido poltico, por nmero de curules del Senado 2008 y 2010 vinculadas con FarcpoUtica

Curul4!'s Curulas Curules Curulas electas en vinculadas Curulas Nivel % electas en vinculadas Curules PARTIDO POLITICO Senado con far- restantes de riesgo Senado con far- restantes

2006 cpolftica 2006 2010 cpolitica 2006 2010 MOVIMIENTO COLQM 2 O 2 O BIAV!VA O

CONVERGENCIA CIUDA- r O 7 O DANA O

MOVIMIENTO ALAS 5 O 5 O EQUIPO COLOMBIA O

CAMBIO RAD ICAL 15 O 15 O 8 O 8 CONSERVADOR CO-

18 O 18 O LOMBIANO 22 O 22

PARTIDO SOCIAL DE 20 O 20 O UNIDAD NACIONAL 2B O 28

PARTIDO DE INTEGRA. CION NAL PIN 9 O 9

LIBERAL COLOMBIANO 18 2 16 11% 17 1 16 PARTIDO VERDE 6 O 6 POLO DEMOCRATICO

10 1 9 ALTERNATIVO 8 1 7

MIRA 2 2 10% 2 O 2 OTROS O

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TOTAL 100 3 97 3% 100 2 98 Fuente datos eltd.UI~u.: Roglatrndurla NaC'lonal del Estado Civil Fuente datos Judloialtl:r. FilCilllfl General de la Nacin y Corte Supema de Justk:ka Procesamiento da ftlO~ Claudia L6pez

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Niyeles % de rJesgo

2010

42%

38%

36%

32%

89%

6%

0%

0%

0%

29%

Niveles % de riesgo

2010

O

O

O

O

6%

0%

13%

0%

2%


llero, Campo, Pineda y Luna del Magdalena; los Lpez Cabrales, Jattin y de la Espriella de Crdoba; los Garca, Guerra y Arana de Sucre y Bolvar; los Arauja y Malina de Cesar; los Prez, Valencia Cossio y Uribe de Antioquia; los Barco y Tapasco de Caldas; los Mestre, Ballesteros y Villareal de Santan-der; y los Mosquera Chaux de Cauca.

Otros casos son figuras de elites igualmente bipartidistas, pero ms recientes; por ejemplo, Gmez Gallo en Tolima; Ramrez en Boyac; Torres y Montes de Oca en Choc; Surez Mira y Valencia en Antioquia; Almario en Caquet; y Montes y Cure en Bolvar. El ltimo grupo, ms que de elites, se trata de figu-ras que se consolidaron a la par del proceso de captura poltica y estatal de los ilegales, que podran ser consideradas, si se comprueban esos vnculos, como parte de la "nueva" clase poltica de esas regiones. Los casos ms relevantes seran Roco Arias y los llamados cuatrillizos en Antioquia; Eleonora Pineda en Crdoba; Abada, Martnez y Restrepo en el Valle; Ramrez Corzo y Elcure en Norte de Santander; Aguilar y Gil en Santander; Meregh en Risaralda; BIel, Tafur, Lpez en Bolvar; Maloof en Adntico, y Castro en Magdalena.

Al margen de si pertenecan o no a las elites bipartidistas regionales, las estructuras y personajes polticos ligados a los ilegales s asumieron un papel y unos mtodos de intermediacin poltica distintos. En primer lugar entraron a hacer parte funcional e instrumental de un proyecto poltico comn que com-binaba actores, intereses y actividades legales e ilegales. Pasaron de ser elites tradicionales polticas a elites emergentes hrbridas, que mezclan y representan la legalidad e ilegalidad. En segundo lugar, adems del clientelismo y la inter-mediacin de bienes y servicios pblicos, estas elites hrbridas pasaron a cum-plir una funcin de encubrimiento, reduccin de exposicin penal y provisin de impunidad a los ilegales con los que se asociaron. En tercer lugar, usaron sus posiciones y funciones pblicas en beneficio de intereses mixtos, legales e ilegales, que cambiaran la configuracin y operacin institucional de sus regio-nes y del pas. Y en cuarto lugar, pasaron de beneficiarse de la accin armada y mafiosa de sus socios ilegales, y en algunos casos a usarla directamente para sus propios objetivos, entre los cuales estaban consolidar su fuerza poltica y econmica regional y ganar mayor influencia en estructuras de poder nacional. En ese sentido, s se crearon unas nuevas elites hrbridas y emergentes: hrbridas por la combinacin de legalidad e ilegalidad, y emergentes por su ascenso de espacios de poder regional a estructuras de poder nacional.

El empoderamiento desbordado de los jefes del narco paramilitarismo frente a esas elites los constituy en una amenaza para ellas mismas. Las ten-

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siones entre elites emergentes y narco paramilitares condujeron a la ruptura entre los otrora aliados y firmantes del llamado Pacto de Ralito y al fracaso de los trminos iniciales de la negociacin para la desmovilizacin voluntaria paramilitar. Como fruto de ese rompimiento los jefes narco paramilitares fueron extraditados a los Estados Unidos, mientras que la tierra, la riqueza y el capital poltico amasado de manera violenta por el narco paramilitarismo quedaron en manos de las elites hrbridas y emergentes que permanecieron en Colombia y puderon proveerse de mayor impunidad, prevalecer en la legalidad y reconstruir su legitimidad.

Adems de la distorsin en la competencia electoral, la accin de las mafias armadas tuvo un efecto detonante en la corrupcin pblica. Del clientelismo, el cohecho y el soborno se pas a la captura masiva de recursos y negocios pblicos en la fuente mediante cambios legales, exenciones tributarias, es-quemas de concesin, contratos de estabilidad, zonas francas y carteles de contratacin. Esas formas de captura del Estado ms complejas no dependen de un soborno "sino del uso de la posicin aventajada de poder del captor en la estructura econmica, poltica o social" (Garay el al, 2008, 55).

Cada vez ms esos modos de captura compleja se hacen dentro de las formalidades de la contratacin pblica, bajo un manto de legalidad. Las campaas electorales son grandes canales de reinversin de recursos del nar-cotrfico y de la corrupcin pblica con el fin de sostener esos procesos de captura compleja. El narcotrfico y la corrupcin tornaron la competencia electoral en una pelea por el dominio de posiciones privilegiadas que per-miten desarrollar procesos sostenidos y muy rentables de CdE, e incluso de RCdE, y que aseguran mayor impunidad, es decir, que logran reducir la exposicin penal de los implicados en tales procesos. Por el nivel de involu-cramiento de los partidos en la parapoltica parecera que los partidos ms pequeos de la coalicin de gobierno canalizan ms recursos y relaciones con el narcotrfico, mientras que los ms grandes se dan abasto con los re-. cursos del clientelismo y la corrupcin. Adems de la pobreza y dependencia: estatal de los votantes y la ineficacia de los controles institucionales, y a pesar del mayor nivel de organizacin partidista que logr la reforma poltica de 2003, el voto preferente y la campaa individual siguen dificultando detectar la financiacin ilcita y desbordada de las campaas polticas.

Segn el profesor Garay y su equipo, procesos sistemticos y sostenidos de CiPP y CdE pueden llegar a constituir una forma de impunidad institucio-nalizada y derivar en procesos socio polticos de reconfiguracin cooptada

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y REFUNDA RON LA PATRIA ...

del Estado, entendidos como aquellos en los que "un grupo intenta infiltrar, penetrar y usufructuar parcelas del Estado para luego reconfigurarlo con el fin de responder y servir a sus propios intereses" (59). En entornos altamen-te descentralizados pero con dbil institucionalidad es de esperarse que tanto la CdE como la RCdE se den especialmente y en primer lugar en el plano local o regional. La evidencia recopilada en las monografas departamentales indica que ese tipo de procesos de RCdE se han presentado en departamen-tos como Antioquia, Crdoba, Sucre, Bolvar, Magdalena, Cesar, Santander,

\ Norte de Santander, Meta, Casanare y Valle. En esos departamentos hay

. evidencia de que varias instituciones, entre ellas las administraciones muni-cipales, la gobernacin, la representacin en el Congreso, las corporaciones

o" autnomas regionales, la fiscala, el DAS Y la fuerza pblica, estuvieron duran-te ciertos periodos, ms que infiltradas, cooptadas por organizaciones narco ~paramilitares que usufructuaban esas parcelas estatales.

En Antioquia y Crdoba la huella de los herederos mafiosos y polticos de la era del capo Pablo Escobar y el cartel de Medellin parece no haberse superado, slo hubo cambio de nombre: de cartel de Medellin a los Pepes, de los Pepes a ACCU, de ACCU a Convivir, de Convivir a AUC, de AUC a Bandas Criminales. Parte de las elites polticas que arrancaron aliadas al cartel han perdurado desde entonces, consolidando su poder regional y expandindose por todo el pas. Su ere, Magdalena, Santander y Cesar no han podido re-ponerse de haber sido los territorios de la segunda ola de expansin narco paramilitar y de que esta hubiera sido promovida por el grueso de sus elites y clase poltica. En Bolvar "las gatas", "los turcos", los narco paramilitares y sus alianzas con polticos de provincia conquistaron Cartagena y el resto del departamento. El Valle no ha podido salir de la narcopoltica del 8.000, apenas cambi de cartel dominante: pas del cartel de Cali a los carteles del norte del Valle, y cambi de protagonista poltico: del partido liberal al Mo-vimiento Popular Unido-MPu, al partido de la U y al Partido de Integracin Nacional-PIN. Norte de Santander es quiz el departamento menos men-cionado en la parapoltica, pero uno de los ms efectivamente capturados y cooptados por la mafia.

En esos departamentos los hilos del proceso 8.000 se conectan trgi-camente con la parapoltica en lo que parece ser una sola estela de narco poltica. Fue un liberal cordobs condenado por el proceso 8.000, Jaime Lara Arjona, quien le dio el aval a Eleodora Pineda para hacerse elegir con-cejal de Tierralta en el ao 2000. Y fue otro liberal valluno condenado por

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el 8.000, Carlos Herney Abada, quien le dio el aval del MPU para hacerse elegir representante a la Cmara por Crdoba en 2002. A quien luego sera una de las primeras condenadas por parapoltica la avalaron los del 8.000, la acompa como frmula el ex senador y compadre del presidente lvaro Uribe, Miguel de la Espriella, hizo campaa con el senador y primo del presidente, Mario Uribe, y tuvo como jefe de debate el narco paramilitar Salvatore Mancuso. Semejante combinacin de formas de lucha result im-batible electoralmente. Eleonora Pineda pas de concejal de Tierralta con 746 votos a representante a la Cmara por Crdoba con 82.082 votos. En 2007 acept que era miembro de estructuras paramilitares cordobesas y recibi sentencia anticipada.

En Nario, Samuel Escrucera padre e hijo fueron polticos, uno condena-do por escndalos de corrupcin nacional y otro por narcotrfico en el exte-rior. Paola Escrucera, su nieta e hija respectivamente, fue electa diputada de Nario, y otro hijo, Carlos Escrucera, es actual concejal de Bogot, luego de perder la alcalda de Tumaco e incursionar en algunos negocios.

En Bolvar el ex senador Vicente Blellogr superar el proceso 8.000 pero fue finalmente condenado en el de parapoltica. Piedad Zucardi entr a re-emplazar a su marido, el ex senador liberal Juan Jos Garca, condenado por diferentes escndalos de corrupcin e investigado en el proceso 8.000. Enil-se Lpez, llamada "la Gata", quien al parecer ha tenido vnculos con ilegales desde la poca del narcotraficante Gonzalo Rodrguez Gacha hasta la de los narco paramilitares, financi diferentes campaas presidenciales y de Con-greso, eligi a uno de sus hijos alcalde y al otro congresista. En 2002 la mayor votacin por representante a la Cmara del pas la obtuvo Eleodora Pineda en Crdoba, en 2006 la obtuvo Hctor Alfonso Lpez, hijo de Enilse Lpez, en Bolvar, con 100.000 votos que le alcanzaron para elegir dos curules.

En el Valle, epicentro del proceso 8.000, buena parte de su clase poltica sobrevivi al escndalo y creci hasta consolidar su poder regional y nacio-nal. Carlos Herney Abada, ex senador liberal condenado en el 8.000, lider el Movimiento Popular Unido, J\IPU, y a travs de l aval a sus herederos polticos, a quienes luego aval por Convergencia Ciudadana y ahora por el PIN. Promovi a su hijo, quien pas de diputado valluno a concejal de Cali y ahora a gobernador del Valle. Se invent a su hijo poltico, Juan Carlos Mart-nez, y lo pas de diputado a representante y luego a senador, cargo en el cual cay preso, como su promotor, por vnculos con narcotraficantes y adems con paramilitares. De otra parte, apoy los inicios de la carrera poltica de

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su prima segunda, Dilian Francisca Toro, como alcaldesa municipal y como secretaria departamental. Luego la dej de lado cuando ella tom rumbos y patrocinios propios, volvindose heredera del "becerrismo" y del capital po-ltico de su esposo, Julio Csar Caicedo, ex senador liberal investigado en el proceso 8.000. Segn alias Rasguo, narcotraficantes del cartel del norte del Valle financiaron parte de sus campaas al Senado. La frmula a Cmara en 2006 de la senadora Toro fue el ex alcalde de Cartago, Luis Carlos Restrepo, tambin estrechamente vinculado con narcotraficantes, segn alias Rasgu-o. Otros polticos como el otrora representante a la Cmara Jos Ignacio Londoo, mencionado en grabaciones como "Nachito", pasaron inclumes por el 8.000; ejercen como abogados de narcotraficantes y ahora aparecen mencionados como eslabones perdidos de magnicidios como el de lvaro Gmez Hurtado.

En Sucre, el ex senador lvaro Garca Romero sobrevivi a la investiga-cin del 8.000 con Samper, apoy al entonces candidato y luego presidente Csar Gaviria y se convirti desde entonces en gran cacique departamental. Bajo su tutela se convirti Coveas en municipio y por su iniciativa se le asig-naron millonarias regalas petroleras. Desde entonces el municipio ha sido foco de desfalcos y desvo de recursos pblicos hacia campaas polticas y actividades ilegales. Con su participacin se crearon frentes paramilitares en Sucre y se coordinaron las actividades narco criminales de alias "Cadena" en el Golfo de Morrosquillo y otras zonas sucreas. Garca fue condenado no slo por financiador y promotor paramilitar sino tambin por determinador intelectual de masacres como las de Macayepo y asesinatos de funcionarios que lo denunciaron por sus maniobras ilegales y por fraude electoral. Con su apoyo se eligieron los ltimos cuatro gobernadores de Sucre, tres de los cuales fueron condenados por parapoltica; el cuarto ejerce actualmente el cargo.

En Cesar y Magdalena no hubo condenados por el proceso 8.000, pero casi toda su dirigencia poltica estuvo involucrada en la parapoltica. Fue en esos departamentos en donde el narco paramilitarismo desarroll las ms evidentes operaciones de coaccin armada y fraude electoral en las elecciones de 2002 a 2006, que a la postre se conoceran por las votaciones atpicas y la configuracin de "distritos electorales" paramilitares (Lpez, 2005). Como resultado, esos grupos ilegales impusieron sucesivamente alcaldes, diputados, gobernadores, casi la totalidad de la bancada parlamentaria y apoyaron en cada uno de esos departamentos a un candidato presidencial distinto, posi-blemente para no poner todos los huevos en una canasta y tener cmo cobrar

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el respaldo al que resultara vencedor. Las mismas triquiuelas que se usaron para el fraude con coercin armada en las elecciones legislativas del Magda-lena se repitieron en las presidenciales a favor del candidato lvaro Uribe Vlez. Inexplicablemente esas pruebas sirvieron para condenar a los legisla-dores, pero no sirvieron siquiera para investigar la campaa presidencial.

No obstante, la victoria de Uribe en el Magdalena fue bien retribuida. El director de la campaa del presidente Uribe en el Magdalena, Jorge Noguera, fue nombrado director del DAS, Y hoy se encuentra en juicio por sus relacio-nes con la estructura paramilitar de alias "Jorge 40", la misma que fragu el fraude en el Magdalena, y por haber puesto el DAS al servicio del narco paramilitarismo.

En Santander los tradicionales polticos liberales terminaron casi todos involucrados en el proceso 8.000, incluyendo a Eduardo Mestre, Tiberio Villareal y Norberto Morales Ballesteros. Algunos de ellos, adems dura-mente victimizados por la guerrilla, promovieron la conformacin de gru-pos paramilitares en asocio con la comandancia de la Fuerza Pblica. Aos ms tarde esos grupos paramilitares cambiaron de aliados polticos, de los liberales del 8.000 a Convergencia Ciudadana, liderada por Luis Alberto Gil y Hugo Aguilar, y terminaron sacando de la arena poltica a los viejos caci-ques. Un proceso similar ocurri en Norte de Santander, donde la escabrosa penetracin paramilitar en el Catatumbo fue fuertemente disputada por las guerrillas, quienes finalmente fueron replegadas. En la disputa cayeron miles de vctimas inocentes. El triunfo paramilitar se sinti en todos los estamen-tos: la alcalda de Ccuta, la gobernacin, algunas universidades, el DAS Y la Fiscala, entre otras instituciones, fueron capturadas por narcotraficantes y paramilitares, algunas con la complicidad de sus superiores nacionales.

En otros departamentos de ms reciente creacin, pero de inveterada e intensa presencia armada ilegal, por ejemplo Meta y Caquet, o ms reciente-mente Arauca y Casanare, ms que reconfiguracin cooptada ha habido una formacin cooptada de su aparato poltico administrativo bajo la influen-cia de grupos ilegales, en unos periodos por grupos guerrilleros y en otros por grupos narco paramilitares, como se relata en las monografas de esos departamentos. Arauca, por ejemplo, apenas estaba saliendo de la captura p?ltica del ELN cuando cay presa de la captura del narco paramilitarismo. A

~ferencia de lo que se cree, la mayor sentencia judicial sobre vnculos con la ilegalidad no ha sido ni del 8.000 ni de la parapoltica, sino de la elenopoltica en el departamento de Arauca.

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Un objetivo del proceso constituyente de 1991 fue abrir el sistema poltico, unnimemente percibido como cerrado y al servicio de un bipartidismo as-fixiante y decadente. De que se abrieron las puertas no hay duda. De hecho, la mayora de acadmicos y analistas condenan la Constitucin de 1991 por "exceso de apertura". Lo que est en discusin es quines entraron y cmo. (Gutirrez, 2007)

r -;. Cuando se mira la evolucin del mapa poltico de cada departamento desde los noventas hasta hoy para ver cmo evolucionaron las fuerzas polticas, por partidos, fracciones y dirigentes, y cmo evolucionaron sus resultados electorales, la respuesta a esa pregunta deja un sabor agridulce y por momentos amargo.

Indudablemente la eleccin popular de alcaldes y gobernadores les per-miti a nuevos liderazgos polticos asumir posiciones polticas importantes y conducir procesos de modernizacin social, urbana y poltica en muchas ciudades y municipios. Pero tambin en casi todos los departamentos algn actor armado y el narcotrfico aparecen como agentes de cambio del mapa poltico. El narcotrfico, aunque es menos evidente en sus mtodos, es el mayor protagonista por sus impactos. Con la influencia de su chequera y ca-pacidad armada se recompusieron el mapa partidista, las alianzas electorales y las mayoras polticas, que a la postre capturaron estructuras institucionales locales, regionales y nacionales y reconfiguraron sustancialmente el sentido poltico y el contenido institucional previsto en la Constitucin.

La Constitucin de 1991 se qued a la espera de una ciudadana libre e informada, deliberante y participativa y comprometida con sus valores e instituciones, que tornara en realidad su visin y sus preceptos. Unos sobre-vivieron y se fortalecieron, pero otros sucumbieron ante las nuevas mayoras polticas hbridas y cooptadas que la injerencia armada y mafiosa impuso en cada departamento.

Las monografas departamentales reconstruyen la formacin, captura y reconfiguracin de la poltica y la institucionalidad al mostrar las estructuras de poder electoral que se formaron y su evolucin en la ltima dcada. Con otra metodologa y usando exclusivamente informacin judicial, otro grupo de investigadores fue mucho ms all. Se dio a la tarea de reconstruir las re-des sociales y de corrupcin que se formaron entre ilegales, polticos y otro tipo de funcionarios y personas, segn se deriva de sentencias judiciales y fallos disciplinarios sobre parapoltica.

En el captulo sobre redes de captura y reconfiguracin cooptada del Es-tado, los investigadores del Grupo Mtodo, dirigidos por Luis Jorge Garay,

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a partir de evidencia judicial analizaron la estructura de dos redes de corrup-cin que configuraron escenarios de CdE y RCdE en Colombia entre 1997 y 2008. La primera red de corrupcin analizada se localiza en el departamento de Casanare y la segunda red en los departamentos de Sucre, Cesar, Crdo-ba, Atlntico y Magdalena. En dichas redes se observ una participacin preponderante de actores narco paramilitares, aunque eso no implica que estos sean los nicos actores que han propiciado escenarios de captura y reconfiguracin cooptada en el Estado colombiano. Tambin grupos guerri-lleros, en particular el ELN, los han producido.

Ya en el nuevo captulo, de Arco Iris, se haba planteado el capital social como un factor explicativo del diferencial de "xito" en procesos de CdE y RCdE realizados por diferentes organizaciones ilegales. El captulo del Gru-po Mtodo profundiza conceptual y metodolgicamente en el concepto de capital social como un factor diferencial y explicativo del alcance de las redes de corrupcin analizadas. La corrupcin descrita en los procesos de CdE de las monografas departamentales deja en evidencia que esta no es el produc-to de la accin de un sobornador sobre un sobornado. Para cometer actos de corrupcin a semejante escala "se necesita formar y contar con redes so-ciales complejas y eficientes, que garanticen confidencialidad y mediante las cuales se puedan realizar distintos actos y acuerdos jurdicos, polticos yeco-nmicos ... Por lo tanto, las redes de corrupcin pueden ser analizadas como redes de aprendizaje y gestin criminal" (Garay et al, 2008, 23). Ese tipo de anlisis se hace en este captulo al identificarse los actores participantes, el papel que desempean en la red y el tipo de relaciones que establecieron.

Ese anlisis permite conocer importantes caractersticas y diferencias de tales redes. Mientras que en la costa Atlntica el actor articulador de la red era el jefe paramilitar alias "Jorge 40", en la de Casanare era una alcaldesa. Mientras que en la costa hay un sofisticado sistema de fraude electoral y desfalco de mltiples fuentes de recursos pblicos, en el Casanare la red se concentra en el manejo de la contratacin pblica y regalas municipales. Mientras que en la costa la red cubre desde funcionarios locales, pasando por senadores hasta el director del Departamento de Inteligencia de la Pre-sidencia de la Repblica, la de Casanare slo llega hasta niveles regionales de gobernacin y a representantes a la Cmara.

En esas redes los investigadores profundizan sobre el tipo y alcance del capital social que acumulan dichas redes. Los intereses socialmente benficos se oponen a aquellos que se consideran egostas y excluyentes, a partir de la

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accin de agentes y grupos poderosos. Esos intereses y logros estaran deter-minados por el capital social, determinado no por la cantidad de contactos sociales a los que acceda un individuo por ser parte de o relacionarse con una red social, sino por la cantidad o flujo de beneficios escuetos (consecucin de propsitos o realizacin de intereses) que obtiene de dicha pertenencia o contacto. Tanto los propsitos como los beneficios buscados pueden o no estar alineados con la ley. En otras palabras, el capital social tambin puede ser perverso.

Lo valioso de un contacto social, sea en capital perverso o no, no depende tanto de la posicin de poder del contacto sino de la naturaleza y calidad de la informacin que agregue. Un concejal, por ejemplo, puede estar lejos de tener el poder y la influencia de un senador, pero en su espacio territorial y pblico puede ser agente de informacin desconocida, o no redundante, para el actor armado con el cual hace contacto. Por ejemplo, sabe cul es el presupuesto del municipio, en qu se planea invertir, en dnde, etc. Si un contacto social trae informacin que de otra manera el actor que lo recibe no conoca o no poda conocer, ese contacto es fuente importante de capital social para su otro contacto. El actor que permite conectar dos redes que pueden compartir informacin no redundante se convierte en un puente estructural, determinante de la calidad y cantidad de capital social que puede derivarse de tal conexin.

Por supuesto, existe una gran diferencia de capital social entre tener como mxima instancia de contacto al concejal de un pueblo y al presidente de la Repblica. Esa es una de las diferencias de acceso entre la llamada farcpol-tica y la parapoltica. En la primera el puente estructural ms recurrente es un lder comunitario o un poltico local o regional. En la segunda el puente estructural ms recurrente es un senador y un alto funcionario del ejecutivo, que tienen contacto directo hasta con la presidencia de la Repblica.

Lo que las monografas y ese tipo de anlisis permiten dimensionar es cmo fue el proceso de relaciones, alianzas y alcances mediante el cual acto-res legales e ilegales, polticos y armados transformaron la poltica y la ins-titucionalidad local, regional y nacional. Trasladando de nuevo esa realidad al marco terico, puede decirse que la capacidad de esas redes para hacer captura instrumental de la poltica y de los polticos para hacer captura ins-trumental de la ilegalidad les permiti a ambos ascender de la escala de poder regional hacia el nacional, cuyo escenario ms evidente, pero no nico, fue el Congreso de la Repblica. La captura sustancial de curules en el Congreso,

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la consolidacin de dichas redes dentro de una nueva coalicin mayoritaria de gobierno a partir de 2002 y la aprobacin por parte de ella de profundas reformas en el Congreso configuran escenarios que posibilitan el paso de pro-cesos de captura regional de parcelas del Estado

y refundaron la patria

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