vinculadas al narco. mujeres presas por delitos contra la salud

4 61

Vinculadas al narco? Mujeres presas por delitos contra la salud*

Edith Carrillo Hernndez

En este artculo se analiza la manera en que la ofensiva del Estado mexicano contra el narcotrfico incidi en el orden de gnero de procuracin de justicia. Esto se observ en el incremento de encarcelamientos de mujeres por delitos contra la salud al ser consideradas agentes significativos de la cadena delictiva del narcotrfico. El resultado fue el endurecimiento de las penas imputadas y la negacin de los beneficios de preliberacin que establece la ley. Estas mujeres han sido juzgadas bajo el imaginario del narcotraficante masculino, enemigo de la sociedad, no obstante que son los ltimos eslabones del crimen organizado, vctimas de violencia y pobreza. El Estado las ha criminalizado y les ha negado el ejercicio pleno de sus derechos. En este artculo rescatamos sus testimonios y reflexionamos sobre los riesgos y dificultades de realizar una investigacin antropolgica en con-diciones carcelarias.

Palabras clave: mujeres en prisin, narcotrfico, violencia, gnero, antropologa, pobreza

Linked to the drug? Women Imprisoned for drug crimesThis article analyzes how the Mexican governments offensive against the drugs affected the gender order of en-forcement. This fact was observed in the increase of incarceration of women for drug crimes considered significant actors in the criminal chain of drug trafficking. The results were harsher sentences and the denial of pre-release benefits provided by law. These women have been tried under the imagery of male drug dealer, an enemy of society, yet they are victims of violence and poverty, and the last link between organized crime. The State has undertaken to criminalize and deny the full exercise of their rights. In this article their stories are rescued, and we try to re-flect on the risks and difficulties of conducting anthropological research in prison conditions.

Keywords: women in prison, drug trafficking, violence, gender, anthropology, poverty

Edith Carrillo Hernndez: Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, [email protected]

Desacatos, nm. 38, enero-abril 2012, pp. 61-72Recepcin: 2 de septiembre de 2011 / Aceptacin: 2 de noviembre de 2011

* Artculo basado en la investigacin Mujeres, drogas y prisin. Estudio de caso en Puente Grande, Jalisco, efectuada de septiembre de 2005 a septiembre de 2007 en Puente Alto, Tonal, Jalisco, publicada en 2009 por el Instituto Municipal de las Mujeres de Guadalajara.

362

SABERES y RAZONES Desacatos ENERO-ABRIL 2012

INTROdUccIN

En la actualidad, las mujeres en prisin o inter-nas por delitos contra la salud representan una poblacin importante en los centros pe-nitenciarios en Mxico. Al respecto, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres afirma que en aos recientes se increment en 400% el nmero de mu-jeres encarceladas en el pas por estos ilcitos, lo que representa cerca de 70% de la poblacin penitencia-ria.1 Sin embargo, el incremento de reclusin de mu-jeres no ha contenido a la industria del narcotrfico. Por el contrario, es una de las actividades ilcitas ms dinmicas y lucrativas del pas frente al fracaso de las polticas militares del Estado. Kaplan (1996) destaca cmo la economa criminal logra activar a la econo-ma globalizada y marca cierta interdependencia en-tre los pases, lo que ha tenido claras implicaciones en el tejido social. Asimismo, en la economa del nar-cotrfico existen diferentes actores situados en una compleja estructura, por lo que el encarcelamiento de grandes capos masculinos y su exhibicin ante los medios de comunicacin no soluciona el problema del narcotrfico. Igualmente, las aprehensiones de cuadros medios de la delincuencia organizada repre-sentan un porcentaje nfimo de las estructuras vincu-ladas en el mercado mundial de las drogas.2

Elena Azaola (2003) ha identificado que los suje-tos ms vulnerables a la detencin estn en el sistema

penitenciario, es decir, aquellas personas responsa-bles de ilcitos menores o que no han cometido un delito pero permanecen en prisin por ser pobres y no poder pagar una defensa justa o una fianza. En es-te contexto, durante mi investigacin identifiqu a mujeres prisioneras por delitos contra la salud que respondan a dicho perfil: por haber vendido o trans-portado pequeas cantidades de droga, por el uso personal de la droga y otras que eran esposas o ma-dres de individuos ligados al trfico de drogas sin que ellas estuvieran implicadas directamente en el delito.

La situacin de estas internas era complicada de-bido a las recientes reformas de ley en materia de delitos contra la salud, lo que significaba purgar largas condenas y no contar con el beneficio de pre-liberacin. Los procesos legales estaban fuertemente criminalizados bajo el estigma de tratarse de nar-cotraficantes y mujeres. Numerosas investigadoras, como Lagarde (1990), Azaola y yacamn (1996) y Briseo (2001), han constatado que la experiencia de mujeres en prisin es sustancialmente diferente a la de los varones. En este artculo pretendo dar a co-nocer el perfil de las mujeres internas por delitos con-tra la salud y destacar su condicin de gnero al involucrarse en el trfico de drogas de tres maneras: el consumo de drogas, la necesidad de un empleo y la dependencia afectiva, para lo que llev a cabo 23 entrevistas profundas con mujeres internas por deli-tos contra la salud en el Centro Femenil de Readap-tacin Social de Puente Grande, Jalisco. Tambin reflexiono sobre las dificultades de realizar un estu-dio antropolgico en contextos carcelarios sobre te-mas tan comprometidos como el narcotrfico en un amplio campo de lo que podra denominarse una antropologa de la violencia.

ORdEN jURdIcO Y NARcOTRfIcO

En Mxico, a partir del siglo xix se aplica una poltica prohibicionista sobre el uso de drogas, lo que poten-ci el trfico y el mercado de sustancias ilegales (Ra-mrez, 1996; Andrade, 1991). Esta poltica se tradujo

1 De acuerdo con datos de la Secretara de Seguridad Pblica Fede-ral en 2009 haba 11 376 mujeres presas, de las cuales 70% purgan penas por delitos contra la salud (Valdez y Castillo, 2010).2 Segn las cifras del presidente de la repblica actual y los anun-cios oficiales sobre el tema, se ha detenido a 20 de los 37 mayores narcotraficantes del pas (Rodrguez, 2011). Por otra parte, el es-tudio Sistemas sobrecargados: leyes de drogas y crceles en Amrica Latina, realizado en 2010 en ocho pases, entre ellos Mxico, por el Transnational Institute (tni, por sus siglas en in-gls) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (wola, por sus siglas en ingls), reporta que el total de personas recluidas en crceles en Mxico casi se duplic entre 1998 y 2008, pasando de 128 902 presos a 219 752. La mayora de las historias y la situacin de estas personas quedan en el anonimato y, como sealan investigadores del mismo estudio, no representan un golpe al narcotrfico.

4 63

ENERO-ABRIL 2012 Desacatos SABERES y RAZONES

en la creacin de instancias pblicas especializadas para combatir el narcotrfico (Hernndez, 2010) y en reformas de ley al Cdigo Penal Federal, lo que en-dureci las sanciones por delitos contra la salud en el pas. De tal forma que actualmente las penas en pri-sin por estos ilcitos son de las ms severas en el sis-tema penal al considerarse delitos graves que afectan la seguridad nacional. En el Cdigo Penal Federal se sanciona adquirir, almacenar, comerciar, comprar, elaborar, exportar, fabricar, importar, preparar, trafi-car, transportar, vender, inducir o instigar a otro para que efecte cualquiera de las acciones mencionadas, y las penas varan de diez a 25 aos en prisin. Cuan-do se trata de siembra, las penas pueden ser de dos a ocho aos de crcel, y en el caso de posesin de dro-ga en cantidades mayores a las permitidas por el C-digo Penal Federal pueden ser de cuatro a 15 aos. Debido a que se trata de delitos graves, los infractores no tienen derecho a pago de fianza ni al beneficio de la llamada preliberacin.

Como se observa, las sanciones privativas de la libertad son cada vez ms severas, lo que ha sido cri-ticado por diversos autores, como Del Olmo (1992), Andrade (1997) y Hernndez (2010), quienes sea-lan que los ejecutores del orden jurdico deberan diferenciar entre los actores involucrados en la ca-dena del narcotrfico.3 Especficamente, Del Olmo (1992) apunta:

las autoridades ignoran que existen dos tipos de tra-ficantes: el individuo para el cual ste es su proyecto de vida, y otros, los ms numerosos, que se involu-cran por problemas de consumo o sobrevivencia econmica. El primer tipo rara vez experimenta el

rigor de la ley. El constante aumento de la corrup-cin presente en la polica y en la magistratura ayu-da a este respecto (Del Olmo, 1992: 68).

Es decir, muchos de los sujetos que con frecuencia son detenidos y sentenciados no participan en la red delictiva del narcotrfico, se trata de individuos vul-nerables y fcilmente reemplazables.4 El endureci-miento de las leyes ha empeorado las condiciones de hacinamiento en los centros penitenciarios debi-do al incremento de detenidas por delitos contra la salud,5 como se muestra en el cuadro 1.

LAS MUjERES INTERNAS EN pRISIN pOR dELITOS cONTRA LA SALUd EN pUENTE gRANdE, jALIScO

En numerosas investigaciones sobre mujeres en pri-sin (Azaola y yacamn, 1996; Del Olmo, 1998) se identifica un perfil comn: mujeres desempleadas, con ingresos precarios, adultas jvenes con hijos, baja escolaridad y con trayectorias familiares delictivas. En la muestra de 23 mujeres entrevistadas correspon-dieron al siguiente perfil: 39% estaba en prisin por posesin de drogas, 35% por venta de drogas, 13%

3 Es importante destacar que a partir de la reforma legislativa de 2009 se dan sanciones diferentes para el narcomenudeo y el nar-comayoreo. Sin embargo, dicha reforma ha sido ineficaz, ya que las cantidades establecidas para ser consideradas narcomenudeo son tan pequeas que, como afirma Hernndez (2010), la mayora de los sujetos son juzgados con las penas ms severas. A decir de la autora, esta nueva legislacin contribuye a acentuar la tenden-cia de encarcelar a personas consumidoras o narcomenudistas, que representan el eslabn ms bajo en la cadena del narcotrfico.

4 Esta situacin se agrava, como advierte Hernndez (2010), por el hecho de entregar bonos a policas de acuerdo con el nmero de detenciones que realizan y por las cuotas de consignacin a los Ministerios Pblicos. Adems, cuando se lleva a cabo el juicio, a pesar de que los Cdigos de Procedimientos Penales refieren que todos los ilcitos juzgados se fijan bajo el principio de individuali-zacin de la pena establecer la sancin segn la gravedad social del delito y el grado de peligrosidad del delincuente, se ha ob-servado en diferentes estudios Azaola y yacamn (1996), Del Olmo (1998) y Hernndez (2010) que dicho principio no se si-gue al dictar las sentencias. 5 La mayora de los 429 centros penitenciarios en nuestro pas cuenta con sobrepoblacin, siendo los casos del Distrito Federal, Sonora y Jalisco de los ms graves al llegar a superar en ms del 70% su capacidad. El sistema penitenciario cuenta con una so-brepoblacin de ms de 54 000 internos, ya que la capacidad es de no ms de 172 418 espacios, contra los casi 227 000 reos que se encuentran internados en los 429 centros penitenciarios. Dicho incremento obedece en gran medida al incremento de presos por delitos contra la salud (Ruiz, 2011).

364


por intento de introduccin de drogas a un centro de readaptacin social para su pareja o hijos, 9% era parte de un grupo organizado del narcotrfico y 4% un solo caso haba transportado drogas. El 74% de las mujeres entrevistadas haban sido sentencia-das6 y de stas, 58% haban sido condenadas a seis aos en prisin, 18% a ocho aos y 24% a diez aos con 100 das.

Es importante subrayar que 56% de la muestra eran consumidoras de drogas y 9% eran adictas a me-dicamentos psiquitricos. Su consumo estaba rela-cionado con su estancia en prisin, ya que la posesin de drogas haba sido la causa de su deten-cin o haban cometido algn delito menor para sostener su consumo.7 Slo 35% de las mujeres no consuma drogas y las sustancias que les endosaron

pertenecan a algn familiar cercano, como los hi-jos, o a su propia pareja. Muchas de estas mujeres provenan de barrios populares en los que, como apunta Da Cunha (2004), la droga era un elemento de vida cotidiana, visible y fcilmente identificable por los policas, que suelen ser parte de la misma co-munidad. Este panorama no ocurre en otros estra-tos sociales en los que disminuye la probabilidad de que las mujeres lleguen a prisin, sobre todo si cuentan con recursos para pagar extorsiones.

EL TRABAjO dE cAMpO EN pRISIN

Los centros de reclusin pueden ser espacios para-digmticos para un estudio antropolgico. Se trata de un lugar en el que se confina a los sujetos ms exclui-dos y vulnerables de la sociedad. La crcel, seala Ka-linsky (2006), es un microcosmos que refleja a la sociedad de la que el recluido forma parte y que hace visible las contradicciones sociales, como que slo los pobres lleguen a prisin, que no se juzgue por igual a mujeres y varones, y que a menudo se castigue a per-sonas inocentes, entre otras. En mi investigacin, el

Cuadro 1. Delitos federales cometidos por mujeres, 1997-2009

Ao Zona geogrfica

Total de mujeres internas procesadas o sentenciadas por

delitos federales

Total de mujeres internas procesadas o sentenciadas por

delitos contra la salud

Porcentaje que representan las mujeres internas procesadas o sentenciadas por delitos contra la salud en los delitos federales

1997Mxico 3 709 2 088 56.29%Jalisco 160 104 65%

2000Mxico 4 200 2 261 53.83%Jalisco 187 143 76.47%

2003Mxico 5 111 2 964 57.99%Jalisco 364 268 73.62%

2006Mxico 5 595 3 883 69.40%Jalisco 427 341 79.85%

2009Mxico 5 207 2 953 56.71%Jalisco 348 238 68.39%

Fuente: inegi, Estadsticas judiciales en materia penal, Mxico.

6 Una gran proporcin de las mujeres report que fueron senten-ciadas a largas condenas sin entender el proceso por el que se lleg a esa decisin y sin haber dado su versin de los hechos. Al-gunas contaron con abogados privados que las engaaban y ex-torsionaban, as que la mayora tuvo un abogado de oficio que no hizo mucho por su caso y al que vieron unas cuantas veces. 7 Como precisa Hernndez (2010), la posesin simple relaciona-da directamente con el consumo representa el mayor nmero de detenidos y consignaciones en los ltimos diez aos.

4 65


trabajo antropolgico en la crcel ofreci un micro-cosmos de lo social en un mbito privilegiado al permitirme identificar relaciones sociales complejas en un ambiente casi aislado, pero tambin represen-t un alto riesgo debido a la corrupcin que priva en las prisiones y por la informacin que se logr obte-ner sobre un tema tan delicado como el narcotrfico en Mxico. Una vez dentro de la prisin, paradjica-mente, me sent segura, porque no es comn que ocurran motines o grandes enfrentamientos en los penales femeniles, adems de que las entrevistas se llevaron a cabo en los consultorios de la institucin.

Mi intencin era indagar sobre el funcionamiento de la cadena del narcotrfico y el papel de las mujeres en ella, pero fue complicado dada la escasa informa-cin que las internas tienen sobre su propio caso y cmo se les impuso la condena, a lo que se sum la necesidad de protegerse en sus narraciones. Final-mente, las entrevistas giraron en torno a los procesos de criminalizacin del Estado y sus instituciones so-bre ellas, as como respecto del papel del gnero en la imparticin de justicia en materia de narcotrfico. Este giro en el tema de la investigacin propici ma-yor acercamiento y seguridad a las entrevistadas.

Denominador comn en las entrevistas a las mu-jeres encarceladas fueron los relatos de violencia no derivada del narcotrfico, pero s de sus condiciones de vida: violencia econmica, familiar, de gnero e institucional. Las mujeres no valoraron la crcel co-mo un lugar violento y opresor en comparacin con lo que haban experimentado fuera del reclusorio. La crcel era un espacio de cobijo de los graves peligros en sus barrios y de los conflictos en los espacios de venta de droga, as como de la rivalidad entre los gru-pos de narcotraficantes y los enfrentamientos con los policas. En la crcel han tenido confrontaciones espordicas cuando se encuentran con individuos de grupos rivales, pero estos conflictos se han resuelto rpidamente porque en realidad ninguna de estas mujeres ha tenido una participacin central en la cadena del narcotrfico.

Las situaciones ms difciles eran las de las muje-res que no haban cometido ningn ilcito y estaban

en prisin por su adiccin o por haber encubierto a alguien. La mayora de las internas narraron histo-rias de violencia familiar y econmica tan extremas, que su vida en prisin lleg a representar un espacio de libertad y seguridad para muchas de ellas. Por pri-mera vez experimentaban poder tomar sus propias decisiones, vivir en relativa tranquilidad, reflexionar sobre s mismas y tener acceso a estudios, trabajo y servicio mdico, vivencia que les reportaba un senti-miento contradictorio.

gNERO, dROgAS Y cRIMINALIdAd

Los imaginarios que predominan sobre el narcotr-fico y el mundo carcelario han sido construidos bajo la idea de un sujeto masculino, es decir, sujetos vio-lentos, transgresores de la ley, fuertes, poderosos y con una vida ostentosa. Dentro de estos imagina-rios, las mujeres aparecen como objetos de uso, de intercambio o de sustraccin, pero no como perso-najes centrales y autnomos como el narcotraficante masculino. El incremento de mujeres reclusas en nuestro pas por delitos contra la salud y su presen-cia ante los medios de comunicacin como parte de los grupos de delincuencia organizada8 las ha con-vertido en noticia. Se les construye como casos at-picos, cercanos a una herona, como los personajes de narcocorridos, del cine o de la literatura.9 Pero el anlisis de la informacin recabada durante la in-vestigacin apunt que el vnculo de las mujeres con el narcotrfico eran las adicciones, no su participa-cin estratgica en la organizacin del mismo. En el caso de las mujeres, su criminalizacin era resultado

8 Como apunta Del Olmo (1992: 42): al observar las noticias de prensa sobre la captura de traficantes, cada vez con mayor frecuen-cia se observa la participacin de, por lo menos, una mujer dentro de los grupos. 9 Narcocorridos como Camelia la Texana y La Reina del Sur de Los Tigres del Norte, la pelcula Mara llena eres de gracia dirigi-da por Joshua Marston (2004) y la novela de Prez Reverte (2002) La Reina del Sur, que se ha convertido en una serie televisiva con gran xito.

366


de su relacin como madre o esposa de quien consu-ma drogas o estaba involucrado directamente en ac-tividades delictivas, como el narcomenudeo. En este contexto, las mujeres aparecan como cmplices del delito o se les adjudicaba la responsabilidad total por el ilcito cometido.

El consumo de drogas y las mujeres en prisin

Varias de las Encuestas Nacionales sobre adicciones en Mxico revelan un crecimiento exponencial del consumo de drogas por parte de las mujeres.10 Du-rante mucho tiempo, este comportamiento perma-neci oculto debido a los prejuicios y falta de reconocimiento de la adiccin femenina. An en la actualidad, las mujeres enfrentan el temor del estig-ma, por lo que suelen no admitir su consumo. Al res-pecto, Romo (2006) seala cmo se construye una imagen de malas madres para quienes consumen drogas durante el embarazo y causan daos graves al feto, o por el descuido y maltrato hacia los hijos como consecuencia de la adiccin. Si bien numerosos estu-dios han contribuido a divulgar informacin y con-cientizar sobre el uso de drogas, tambin han estigmatizado a las mujeres adictas, por lo que stas niegan su problema.

Por otro lado, Azaola (2005) identific en un estudio comparativo realizado en crceles femeni-nas de Europa el mismo vnculo entre la carrera delictiva y el consumo de drogas de las mujeres. En-contr que el porcentaje promedio de mujeres en prisin consumidoras de drogas era de 60 a 80%. Estos resultados, menciona Azaola (2005), no son

lejanos a lo que sucede en las prisiones mexicanas. En este sentido, el consumo de drogas entre las muje-res entrevistadas fue uno de los motivos principales que haba incidido en su involucramiento con el nar-cotrfico y su reclusin posterior. Varias de estas mu-jeres haban sido detenidas en posesin de drogas que excedan el parmetro legal permitido para el consu-mo personal o haban estado en puntos de venta cuando la polica practicaba decomisos o revisiones:

yo era drogadicta. yo le haba hablado al muchacho que me surta y cuando l me estaba entregando afuera de mi casa lleg la Federal. El chavo corri y avent todo. Los agentes decan que era ma, como fue afuera de mi casa, pero yo nada ms soy viciosa, no soy vendedora.

Iba con mi vendedora, ese da ella haba vendido droga, se las vendi a unos chavos que seguido le compraban mucha. Haban echado marihuana y pastillas en la bolsa, pero en ese ratito llegaron las patrullas por su cuota. Lo que stos hicieron fue co-rrer sin pagarle y aventar la mochila. Llega tu servi-dora y la recoge... Vali queso, ah me llevaron.

ya en prisin, las mujeres suelen adquirir adiccin hacia medicamentos psiquitricos controlados. Ro-mo (2006) apunta que este tipo de adiccin femeni-na es el nico que supera al de varones, en gran medida porque este consumo es inicialmente apro-bado por un mdico que considera que las mujeres padecen alguna debilidad psicolgica y por ello requieren de estas sustancias. La misma autora menciona que es a partir de 1950 cuando la indus-tria farmacutica toma las riendas del tratamiento de mujeres a travs del uso de tranquilizantes y an-tidepresivos. Estas compaas identificaron la opor-tunidad de lucro legal con los malestares de las mujeres. Irnicamente, cuando este consumo en un principio legal y justificado se sale de control, las mujeres son criminalizadas por la posesin de estas sustancias, y una vez que estn en prisin por esta causa el mismo medicamento les es recetado debido a su estado de tensin:

10 Sistemticamente, las Encuestas Nacionales de Adicciones rea-lizadas por la Secretara de Salud desde 1988 han revelado que el ndice de consumidoras ha crecido de manera exponencial. En 1998 se consideraba que una mujer por cada 13 hombres era con-sumidora de drogas, y diez aos despus se estima que la relacin es de una mujer por cada cinco hombres.

4 67


yo consuma principalmente pastillas psicotrpi-cas, de la Rivotril, porque yo as me senta bien, me ayudaba yo mucho con las pastillas, a veces hasta seis me chingaba diario, ya era una obsesin yo s dije que las pastillas s eran mas y que yo no vendo, yo no las vendo, son para m. La nica cosa es que me dio el doctor la caja grande, para no ir a cada rato.

Fui con mi doctor y me dio pastillas, que si hubiera sabido que me iban a traer este problema, en serio que no me las tomo. yo estoy aqu por ese motivo de que yo tomaba pastillas psicotrpicas, tomaba Rivo-tril tres veces al da. Si hubiera sabido que es delito tomarlas, te juro que no te las tomo.

Las drogas como opcin laboral

El desempleo, la precariedad laboral, la desigualdad y la exclusin social que enfrentan numerosas muje-res son factores que inciden en su participacin en

la venta de drogas. Aunque se trata de actividades delictivas, advierte Cnovas (2001), representan una alternativa laboral buena o atractiva ante la inseguridad econmica de las mujeres.11 Kalinsky (2003) de hecho precisa que a pesar de que las mu-jeres suelen estar conscientes de los riesgos que im-plica esta actividad delictiva incursionan en ella debido a las ganancias econmicas que pueden ob-tener en poco tiempo. Asimismo, en el ambiente del narcotrfico se considera que las mujeres despiertan menos sospecha ante los policas y que, indepen-dientemente de su edad, estn en condiciones de asumir esta actividad ya que en sus barrios pueden hacer los contactos necesarios para realizar el trabajo.

11 El testimonio recabado por una investigacin sobre mujeres presas por delitos contra la salud en Europa es muy representati-vo: Un delito contra la salud est tipificado en el cdigo local y por todas las leyes del mundo. Pero no hay ley contra la necesi-dad y el desaliento. Testimonio de una reclusa latinoamericana en Europa (Cnovas, 2001).

Mano de obra femenina en la maquila, su sostn durante cinco dcadas, 2010.

Nor

a E. M

edin

a Cas

illas

368


Del Olmo (1992: 41), investigadora pionera sobre el tema, apunta por su parte que la necesidad eco-nmica para las mujeres es mayor que para el hom-bre en momentos de crisis y desempleo, y le ofrecer mayores oportunidades para el trabajo ilegal que pa-ra el trabajo legal. Las razones que motivan a estas mujeres a realizar un acto delictivo obedecen a la im-posibilidad de cumplir con su papel de proveedoras para sus hijos, lo que justifica moralmente su deci-sin de involucrarse en este delito. Otro grupo de mujeres se inserta en esta actividad delictiva para mantener sus propias adicciones, ya que algunas ni siquiera reciben una paga sino la droga para su pro-pio consumo. Las mujeres en esta situacin son vul-nerables al ser adictas o estar desempleadas y ser jefas de familia. Son utilizadas por los narcotraficantes como transportistas o pequeas comercializadoras, lo que las convierte, como afirma Del Olmo (1992), en vctimas del sistema jurdico, que las juzgar sin tomar en cuenta su contexto y su papel secundario en la cadena del narcotrfico:

Se me hizo pesado con cuatro nios. S, se me hizo pesado porque no tena trabajo y sus paps no me daban dinero ni nada, yo sola. Mis padres, gracias a ellos me dieron el apoyo para sacarlos adelante en lo que yo buscaba trabajo. No encontr, empec a hacer cosas que yo saba no estaban bien y aqu estamos.

Empiezo yo a andar muy mal afuera, empiezo a dro-garme, empiezo a hacer cosas y pues la persona se aprovecha y empieza. Una persona viciosa hace mu-chas cosas que no debe y pues yo porque me dieran ms vicio, me dieran cualquier cosita, fue como se dieron las cosas.

Las diferencias entre las mujeres y los hombres que optan por trabajar en esta actividad resultan eviden-tes. Algunas mujeres se han insertado poco a poco en espacios jerrquicos del narcotrfico, pero esta si-tuacin refleja lo que ocurre estructuralmente en otros campos laborales: si bien su participacin est en incremento, se ubican sobre todo en posiciones subordinadas, no estratgicas, pero s de alto riesgo.

Las mujeres estn ms indefensas ante una detencin debido a su poca experiencia y falta de protec-cin, adems de que no cuentan con recursos eco-nmicos ni con las redes sociales que les permitan evitar llegar a prisin. Azaola y yacamn (1996: 405) mencionan que una vez en prisin la evidencia de este papel secundario se demuestra tambin en las dificultades de sobrevivencia que tienen las mujeres en prisin, a diferencia del poder econmico que los verdaderos narcotraficantes detentan de manera inocultable en la crcel.

No obstante, existen diferencias entre las propias mujeres reclusas. En el grupo de estudio se identific que no desempean un papel activo en la cadena de la organizacin delictiva, pero son utilizadas para la co-mercializacin, distribucin o transporte de la droga. Se les conoce como mulas: mujeres que en muchas ocasiones desconocen el tipo de droga que trans-portan, la cantidad y su costo en el mercado, slo saben lo que recibirn como pago. En contraste, aunque en menor nmero, estn las mujeres con un papel ms activo, que no buscan slo una forma de sobrevivencia ante la falta de trabajo y se ven a s mismas como participantes activas cuyo objetivo es incrementar sus ganancias, obtener cierto poder y contar con medios para evitar posibles detenciones. Desarrollan habilidades para desempearse en este mbito y legitimar su presencia en un negocio en el que deben demostrar fortaleza y superioridad fren-te a los hombres. A decir de Kalinsky (2003), las historias biogrficas de estas mujeres estn per-meadas por una socializacin masculina, es decir, fueron formadas para transgredir y asumir papeles activos. Provienen de familias cercanas al delito, son expulsadas del hogar a corta edad y se ven en la necesidad de aprender a sobrevivir en las calles de barrios violentos. El delito, indica la autora, es parte de sus vidas, no desean abandonarlo y sus estadas en prisin son una consecuencia secundaria de la forma de vida que eligen:

A los 15 aos me salgo de mi casa y empiezo a vivir sola. Me empec a meter a lo grueso a la droga, a

4 69


transportarla. yo dej la coca cuando anduve trans-portando, porque no me convena, tena que andar en mis cinco sentidos. S, anduve con mucha gente en eso, viajando grueso dur desde que tena 15 aos.

Me tenan ms confianza porque me peleaba. Usual-mente le llaman como marimacha, pero no es que haya sido as, sino que no me dejaba de nadie y ellos vean que yo era como ms lea porque si haba al-gn problema, yo iba luego, luego. y sabes por qu haca yo las cosas? Porque dijeran esa morra es una chingona, por eso haca yo todas esas tonteras.

La dependencia afectiva y el ilcito de las drogas

En este caso, la relacin de mujeres con el narcotr-fico se establece indirectamente debido al consumo o actividad delictiva de alguien con quien la mujer mantiene un fuerte lazo afectivo. A estas mujeres se

les condena por el delito del narcotrfico por su de-pendencia afectiva y por asumir, en muchos casos, el sacrificio de ser una buena esposa o madre. Marce-la Lagarde (1990) asegura que muchas de las presas por delitos a la salud se ligaron a las drogas por ser esposas o amantes de traficantes. Su relacin conyu-gal, filial o materna con los hombres est en la base de la transgresin (Lagarde, 1990: 164). Bajo este esquema se encuentran las mujeres que encubren a sus esposos o hijos, que introdujeron drogas al penal para ellos u ocultaban drogas dentro de su hogar por amor u obediencia a su pareja. Miranda (2002) regis-tra el mismo hecho y agrega que muchas mujeres se encuentran en prisin al ser penalizadas como cm-plices con igual responsabilidad a la de sus parejas o hijos consumidores. Los esquemas genricos inci-den en que las mujeres suelen aceptar o coadyuvar a que sus parejas o hijos realicen este tipo de activi-dades o consumo. Entre las razones para explicar esta decisin estn el temor a ser abandonadas, el

Caravana al Sur del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en Iguala, Guerrero.

Prom

eteo

Luc

ero

370


escaso poder para intervenir en la situacin que vi-van y la obediencia o resignacin al considerar que no haba otra alternativa ms que aceptar lo decidi-do por sus esposos o hijos, y por la creencia de que deban sacrificarse por amor:

Al final yo fui la que pagu todo. El nio como que su testosterona eran las plantas de marihuana, era bien grifo y se puso a plantar y plantar, pero obviamente no es sembrado tampoco, son hobbies de nio pendejo. l siempre deca son mis broncas. Cuando llega-ron, me dijeron: De quin es todo esto?. yo les di-je: Mi novio es bien grifo, qu quieren que les diga?. l desapareci, huy como un perro sin dig-nidad. Estaba enamorada, qu tonta!

No pido que venga l y que lo agarren, que lo metan, prefiero yo estar aqu. T no sabes lo que es un hijo todava, verdad? Es lo que quiere uno ms en la vida, una madre da la vida por los hijos, no me arrepiento.

yo me vengo culpando por una hija, ella tiene un solo rin, el otro se le sec, yo me ech la culpa y me sen-tenciaron a cinco aos. Les dije: Suelten a mi hija. Me dicen: Es que si la soltamos a ella va a tener que irse usted en su lugar. No importa, ella est enferma, sultenla y llvenme a m. Soltaron a mi hija y me esposaron a m. yo me ech la culpa por-que quiero muchsimo a mis hijos, yo nada ms pens en salvarla y no me arrepiento.

Lo vena siguiendo la patrulla a l y a otro amigo, entonces lleg corriendo a meterse a la casa. l traa droga, o sea l s es adicto a la marihuana. Al entrar: Am, am, cudeme esto. Me lo dio pensando que no me iban a esculcar ni nada. Ese da fue muy tre-mendo, nos trajeron a los dos.

Del Olmo (1996) seala:

La mayora de las mal llamadas traficantes llegan a serlo por su relacin matrimonial o de convivencia con narcotraficantes o adictos. El hombre traficante sacrifica a su compaera creyendo errneamente que el aparato de justicia tendr un trato ms benevolen-te con ella. Las creencias respecto a que las mujeres son menos propensas a sospechas por parte de la

polica quienes se dejaran llevar por el imagina-rio de un hombre joven como traficante, y que se considere que la justicia puede ser menos dura con las mujeres que cometen un delito, inciden tambin en que las mujeres sean las criminalizadas por la po-sesin de la droga.

Otro elemento que influye en la criminalizacin de mujeres con actividades ilcitas es que se encuentran con frecuencia en casa cuando se efectan cateos en estos espacios debido a la divisin sexual del trabajo o son arrestadas sin tener juicios justos. Tambin son parejas o madres de convictos y stos les piden que ingresen drogas al reclusorio, a lo cual suelen acceder:

yo estoy aqu por cosas de mis hijos, como ellos no estaban y lleg la polica. Mi hijo es muy trabajador, pero ya ve cmo hay ahorita de drogadiccin, ver-dad? Entonces, l siempre tena ah. ya bastante tiempo los judiciales lo agarraban, pero no le encon-traban nada. Ese da llegaron y yo les abr la puerta. Como no estaba mi hijo, dicen: Su hijo de su ma-dre, le vamos a dar en lo que ms le duela, nos la va-mos a llevar. ya tengo un ao y dos meses.

cONcLUSIONES

En el conjunto de la economa criminal destaca el narcotrfico. Como seala Castells (1999), se trata de una actividad que ha penetrado profundamente en las instituciones del Estado y en el tejido social, la cual se ha convertido en una de las industrias con-temporneas ms potentes y fructferas. El desarro-llo del narcotrfico y de polticas antidrogas en nuestro pas ha tenido consecuencias en diversos estratos y espacios sociales. Esta actividad y las es-trategias militarizadas de seguridad pblica han mi-nado la economa formal, la poltica y la cultura, al igual que la vida cotidiana de los ciudadanos, en es-pecial de las mujeres pobres criminalizadas. Tanto los datos estadsticos disponibles como los resulta-dos del trabajo de campo permiten afirmar que las mujeres desfavorecidas econmicamente han sido las ms afectadas por las polticas antidrogas del

4 71


Estado. El nmero de consignaciones de mujeres no ha correspondido con resultados efectivos para el control del narcotrfico en el pas. Coincido con el planteamiento de Da Cunha (2004), para quien la accin policiaca se ha enfocado en los barrios popu-lares donde habitan jvenes y mujeres desposedos, sujetos de fcil detencin, que sirven para demos-trar lo efectivo de la lucha contra las drogas. Este ti-po de xito se basa en el nmero de detenciones y no en el control efectivo de la economa del narco-trfico. Adems, los barrios y colonias de bajos re-cursos son espacios que los elementos policiacos conocen bien, ya que policas y delincuentes suelen pertenecer a los mismos espacios sociales, lo que fo-menta la tensin en las relaciones de los grupos y propicia la corrupcin.

Por ello, los habitantes de los barrios populares son ms vulnerables a las prcticas de criminalizacin del Estado, a pesar de que se trata de pequeos distribui-dores o consumidores. Del Olmo (1992) y Azaola (2003) afirman que los Centros de Readaptacin Social estn proyectados para albergar a personas de ciertos estratos sociales. En este sentido, la pobla-cin penitenciaria es casi homognea y proviene de sectores sociales y barrios casi iguales. Da Cunha (2004: 34) comenta: la geografa de la reclusin se ha vuelto previsible. Como se puso de manifiesto en el trabajo de campo, si bien hay motivos similares en el involucramiento de mujeres y hombres con el ilcito de las drogas, existen variables de gnero que definen el proceso de criminalizacin para hombres y mujeres. Una de las ms evidentes es el lazo afectivo que las mujeres establecen con individuos vinculados con las drogas. Lagarde (1990) constata que al con-vertirse los lazos afectivos en el sentido de su existen-cia, las mujeres son capaces de realizar cualquier tipo de accin para conservarlos o protegerlos, en especial en el caso de los hijos. Esta autora identific que mu-chas mujeres consideraban como fin ltimo lograr el bienestar de sus hijos y ser valoradas como buenas madres. Otro elemento de gnero es la actividad

tradicional de las mujeres en sus hogares, lo que ac-tu en su contra en los cateos policiales y signific su detencin al ser las nicas presentes en el lugar. Estas circunstancias apuntan que, contrario a los imaginarios y a la mayora de las teoras sobre la cri-minalidad femenina, en algunos casos las mujeres que se encuentran en prisin no han transgredido el orden de gnero, sino que su apego a este orden so-cial es lo que ha incidido directamente en su crimi-nalizacin. Lagarde destaca (1990): las relaciones sociales, las funciones, las actividades, las formas de comportamiento, las creencias y normas que rigen la vida de las mujeres, las enmarcan y explican los delitos que cometen y de los que ellas mismas son vctimas (Lagarde, 1990: 653).

Como afirma Segura (1997): es una minora de mujeres las que ocupan posiciones altas y visibles dentro de las organizaciones de trfico de drogas, ya que la gran mayora se mantiene en los niveles ms bajos de la jerarqua. Esta situacin de subordinacin coloca a las mujeres en posiciones ms vulnerables y las enfrenta a asumir los costos del narcotrfico, lo que no ocurre con otros grupos que participan activa-mente y se benefician enormemente con esta activi-dad ilcita. La desproporcin punitiva para este tipo de delitos es extrema cuando en la mayora de los ca-sos se reconoce que el hecho criminalizado es la adiccin, la pobreza y la dependencia afectiva que se enmarca en esquemas genricos. En la actualidad, Mxico enfrenta altos niveles de violencia que han puesto en riesgo a la poblacin debido a la estrategia de guerra contra el narcotrfico por parte del Estado. Este entorno ha exacerbado las prcticas de crimina-lizacin en contra de toda persona aparentemen- te vinculada con el ilcito de las drogas, lo que incluye tanto a los adictos como a los narcomenudistas. El discurso del Estado busca culpables y oculta a las vctimas. En este contexto, a los cientficos sociales les corresponde dar cuenta de esta realidad compleja y registrar el impacto de la violencia en la vida social del pas.

372


Bibliografa

Andrade, Xavier, 1991, Actores sociales y poltica anti-drogas. Los pequeos traficantes, en Rosa del Olmo (coord.), Drogas: el conflicto de fin de siglo, Editorial Nueva Sociedad, Venezuela, pp. 201-224.

Azaola, Elena, 2004, Gnero y justicia penal en Mxico, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologa Social, Mxico.

, 2005, Las mujeres en el sistema de justicia penal y la antropologa a la que me adhiero, en Cuadernos de Antropologa Social, nm. 22, pp. 11-26.

y Cristina Jos yacamn, 1996, Las mujeres olvi-dadas. Un estudio sobre la situacin actual de las cr-celes de mujeres en la Repblica Mexicana, El Colegio de Mxico, Comisin Nacional de Derechos Huma-nos, Mxico.

Briseo, Marcela, 2001, Garantizando los derechos huma-nos de las mujeres en reclusin, Programa de las Nacio-nes Unidas para el Desarrollo, Instituto Nacional de las Mujeres, Mxico.

Cnovas, Elena, 2001, Quin le puso a mi vida tanta crcel, Direccin General de la Mujer, Madrid.

Castells, Manuel, 1999, La era de la informacin: econo-ma, sociedad y cultura, Siglo XXI, Mxico.

Da Cunha, Manuela, 2004, El tiempo que no cesa. La erosin de la frontera carcelaria, en Revista Renglones, El Mundo de la Crcel, nms. 58-59, pp. 32-40.

Del Olmo, Rosa, 1992, Prohibir o domesticar? Polticas de drogas en Amrica Latina, Editorial Nueva Sociedad, Venezuela.

, 1998, Criminalidad y criminalizacin de la mu-jer en la regin andina, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Editorial Nueva Sociedad, Venezuela.

Hernndez, Ana Paula, 2010, Legislacin de drogas y si-tuacin carcelaria en Mxico, en Trasnacional Institu-te y Washington Office on Latin America, Sistemas sobrecargados. Leyes de drogas y crceles en Amrica Latina, Transnational Institute, Washington Office on Latin America, msterdam, Washington, pp. 61-72.

Kalinsky, Beatriz, 2006, Los usos de la prisin: la otra cara de la institucionalizacin. El caso de mujeres encarce-ladas, en Ley, Razn y Justicia, Revista de Investigacio-nes en Ciencias Jurdicas y Sociales, ao 7, nm. 10, pp. 181-204.

, 2003, Connotaciones diferenciales en la asun-cin del delito y formas especficas de la estada carce-laria en hombres y mujeres. Un estudio de caso en la provincia de Neuqun, en Nmadas, nm. 10.

Kaplan, Marcos, 1996, Economa criminal y lavado de dinero, en Boletn Mexicano de Derecho Comparado, vol. 29, nm. 85, Universidad Nacional Autnoma de Mxico, pp. 217-241.

Lagarde, Marcela, 1990, Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas, Universi-dad Nacional Autnoma de Mxico, Mxico.

Miranda, Ma. Jess, 2002, Crceles para qu?, en Polti-ca y Sociedad, vol. 39, nm. 2, Universidad Complu-tense, pp. 377-397.

Ramrez, Fernando, 1996, Drogas: la catstrofe de la pro-hibicin, en Fernando Savater, Drogas, la prohibicin intil, Ediciones del Milenio, Mxico.

Rodrguez, Arturo, 2011, Caldern, triunfalismo que no convence, en Proceso, 31 de marzo.

Romo, Nuria, 2006, Gnero y uso de drogas. La invisibi-lidad de las mujeres, en Monografa Humanitas, vol. 5, Fundacin Medicina y Humanidades Mdicas, pp. 65-83.

Ruiz, Jos Luis, 2011, Sobrepoblacin de 31% en crceles de Mxico, en El Universal, 9 de enero, Mxico.

Segura, Nora, 1997, Mujer y droga, consideraciones so-bre un problema no considerado, en Rosa del Olmo (coord.), Drogas: el conflicto de fin de siglo, Editorial Nueva Sociedad, Venezuela, pp. 267-280.

Transnational Institute y Washington Office on Latin America, 2010, Sistemas sobrecargados. Leyes de dro-gas y crceles en Amrica Latina, Transnational Institu-te, Washington Office on Latin America, msterdam, Washington.

Valdez Blanca y Miriam Castillo, 2010, Crece 400% el nmero de narcomujeres capturadas, en Milenio, 15 de junio, Mxico.

vinculadas al narco. mujeres presas por delitos contra la salud

Documents