varias tesis sociedad conyugal

esis: I.3o.C.159 C (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Décima Época

Tribunales Colegiados de Circuito Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III Pag. 2664

CONVENIO DE DIVORCIO. SU APROBACIÓN NO PUEDE QUEDAR SUJETA A QUE LAS PARTES ACREDITEN LA PROPIEDAD DE LOS BIENES QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD CONYUGAL.

De conformidad con los artículos 267 y 287 del Código Civil para el Distrito Federal, cuando las partes están de acuerdo con la manera en que se liquidará la sociedad conyugal establecida en el convenio y éste reúne los requisitos legales, el Juez lo aprobará, sin que para ello aquéllas deban quedar sujetas a acreditar la propiedad o exhibir la escritura de los bienes cedidos, dado que al existir su expresión manifiesta de sujetarse a dicho acuerdo, se debe efectuar el pronunciamiento correspondiente y no dejarse para la vía incidental. Además, no existe ninguna razón jurídica por la cual el valor económico que representa un bien adquirido por una de las partes, cuya titularidad no se refuta por ninguna de ellas, deba quedar fuera de la sociedad conyugal, pues resulta claro que el contrato exhibido produce derechos en favor de las partes firmantes y si esos derechos son cedidos por el titular, dicha cesión no genera ninguna ilegalidad. Luego, las partes están en aptitud de proponer la forma de partir el valor de los bienes que conforman la sociedad conyugal, en vista de su propia naturaleza, ya que la liquidación no implica la inobservancia de las disposiciones que concurran para ejecutar los compromisos que asuman al respecto.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 754/2013. 23 de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: María Estela España García.Amparo directo 146/2014. 3 de abril de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Adolfo Almazán Lara.

Esta tesis se publicó el viernes 27 de febrero de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Tesis: VII.1o.C.19 C (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Décima Época

Tribunales Colegiados de Circuito Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I Pag. 849

SOCIEDAD CONYUGAL. LA FALTA DE INSCRIPCIÓN ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE LOS INMUEBLES ADQUIRIDOS DURANTE SU VIGENCIA, IMPIDE QUE SURTA EFECTOS CONTRA TERCEROS ADQUIRENTES DE BUENA FE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).

De conformidad con el artículo 172 del Código Civil para el Estado de Veracruz, la institución de la sociedad conyugal implica que los inmuebles adquiridos durante su vigencia forman parte de la comunidad conformada por los cónyuges que celebraron su matrimonio bajo ese régimen y, por ende, desde que se constituye surte efectos entre los propios consortes; sin embargo, tratándose de terceros adquirentes de buena fe, los derechos reales afectos a la sociedad conyugal sólo pueden ser oponibles si el bien raíz aparece inscrito a nombre de aquélla ante el Registro Público de la Propiedad, ponderando que esa inscripción cumple con un fin legal, que es dar publicidad a los actos jurídicos como medio para que terceros tengan conocimiento de la situación que éstos guardan en aras de evitar fraudes y perjuicios que son consecuencia natural del desconocimiento de tales actos, surgiendo así la figura del comprador o adquirente de buena fe registral, que se define como aquel que adquiere un inmueble de la única persona que aparece ante la autoridad registral con derecho suficiente para celebrar la operación, desconociendo el adquirente los vicios que pudieran existir al realizar el acto jurídico. Por tanto, cuando en un juicio ordinario civil se reclame la nulidad de un acto traslativo de dominio, aduciendo el actor que como cónyuge de la parte vendedora bajo el régimen de sociedad conyugal, debió obtenerse su consentimiento para enajenar el inmueble; es indispensable que se acredite la inscripción de dicho bien raíz ante el Registro Público de la Propiedad a nombre de la sociedad conyugal, para que los derechos reales que pudieran asistirle al cónyuge actor, puedan surtir efectos contra el tercero que haya adquirido ese mismo inmueble pues, de lo contrario, implicaría que este último adquirió el bien de la única persona que aparece inscrita como dueña absoluta de aquél y, por ende, no es jurídicamente correcto que el tercero adquirente de buena fe deba sufrir las consecuencias de posibles vicios que desconocía dada la falta de inscripción de la sociedad conyugal.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo directo 415/2014. 17 de octubre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Clemente Gerardo Ochoa Cantú. Secretario: Andrés Alberto Cobos Zamudio.

Esta tesis se publicó el viernes 12 de diciembre de 2014 a las 09:35 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Tesis: XXVII.3o.13 C (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Décima Época 2007819

Tribunales Colegiados de Circuito Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III Pag. 2814 Tesis Aislada(Común, Civil)

COMUNIDAD CONYUGAL NO INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. ES INOPONIBLE FRENTE A LOS TERCEROS QUE PRETENDAN U OBTENGAN LA DECLARACIÓN, RECONOCIMIENTO O CONSTITUCIÓN DE DERECHOS REALES SOBRE BIENES SUPUESTAMENTE GANANCIALES EN UN JUICIO SEGUIDO CONTRA UNO DE LOS CÓNYUGES, POR LO QUE EL OTRO CONSORTE CARECERÁ DE INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO PARA RECLAMAR LOS CORRESPONDIENTES ACTOS U OMISIONES JURISDICCIONALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO).

Conforme a los artículos 5o. y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio de derechos fundamentales es improcedente contra los actos jurisdiccionales que no afecten real, actual, personal y directamente los derechos subjetivos (intereses jurídicos) del quejoso. Por derecho subjetivo se entiende el conjunto de facultades concretas atribuidas a la persona cuya situación se subsuma en la hipótesis de una norma objetiva. Todo derecho subjetivo requiere de la concurrencia de dos tipos de facultades: i. La relativa a la conducta propia, es decir, la potestad de hacer u omitir lícitamente lo que la norma objetiva permite (facultas agendi o facultas omitendi); y, ii. La correspondiente a la conducta ajena, esto es, el poder de exigir a los sujetos pasivos el cumplimiento de las obligaciones correlativas a las facultades del sujeto activo (facultas exigendi). En este contexto, aunque el quejoso demuestre que una norma objetiva le atribuye cierta facultad de hacer u omitir, carecerá de interés jurídico si esa potestad resulta inoponible al sujeto frente al cual se pretende hacer valer. Ahora bien, el artículo 720 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo establece que el acta de matrimonio debe inscribirse en el Registro Público de la Propiedad por cuanto hace al régimen patrimonial estipulado. Por su parte, el artículo 3168 del mismo ordenamiento dispone que los

actos jurídicos inscribibles que no se registren sólo producirán efectos entre los otorgantes, pero no en perjuicio de terceros (salvo los actos cuya inscripción sea constitutiva -operaciones inmobiliarias-, los cuales no producirán efectos ni siquiera entre las partes). Así pues, si el régimen de comunidad conyugal no es inscrito en el registro mencionado, sólo producirá efectos entre los contrayentes, pero no en perjuicio de los terceros que pretendan u obtengan el reconocimiento, la declaración o la constitución de derechos reales sobre los bienes supuestamente gananciales, en un juicio seguido contra uno de los consortes. Por tanto, el otro cónyuge, cuyos derechos gananciales han permanecido ocultos, carecerá de interés jurídico para reclamar los respectivos actos u omisiones judiciales, pues, debido a la falta de publicidad de la sociedad conyugal, no contará con la facultad de exigencia (facultas exigendi) necesaria para que se le reconozca como titular de un derecho subjetivo defendible a través del amparo.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo en revisión 102/2014. 19 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: Samuel René Cruz Torres.

Esta tesis se publicó el viernes 31 de octubre de 2014 a las 11:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Tesis: VII.2o.C.75 C (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Décima Época 2007438

Tribunales Colegiados de Circuito Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III

Pag. 2512 Tesis Aislada(Constitucional, Civil)

PAREJA ESTABLE COEXISTENTE CON EL MATRIMONIO. EL ARTÍCULO 233 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ QUE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES O CONCUBINOS, CONTIENE UNA DISTINCIÓN CON BASE EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA SUSCEPTIBLE DE SOMETERSE A UN CONTROL DE CONVENCIONALIDAD.

El artículo 233 del Código Civil para el Estado de Veracruz, al establecer que los cónyuges y los concubinos deben darse alimentos, prevé una distinción con base

en una categoría sospechosa, al hacer una clasificación de las clases o tipos de parejas que tienen derecho a recibir alimentos, pues implícitamente excluye a otras relaciones de hecho, como lo son las parejas estables coexistentes con el matrimonio, lo cual, no constituye una razón válida para negar la existencia del derecho a reclamar y la obligación de pagar alimentos a quien como mujer tiene esa relación de solidaridad y ayuda con el deudor alimentista, con independencia de que coexista un matrimonio que impida configurar el concubinato o alguna otra institución de familia, porque no se discute la titularidad de un derecho patrimonial que derive de ese régimen a favor de uno de los cónyuges o del concubino, como es una donación, la herencia o la administración de la sociedad conyugal, que son derechos personalísimos en su goce y ejercicio por los cónyuges y concubinos, sino el cumplimiento de un mínimo deber de solidaridad entre personas que guardan un nexo estable que debe ser tutelado por la ley y por la autoridad judicial. Entonces, la condición de mujer no casada o no concubina, no puede servir de base para excluirla del reconocimiento a una prestación familiar, como los alimentos, porque implica una discriminación por razón de sexo y estado civil proscrita por el artículo 1o., in fine, de la Constitución Federal y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer pues, nuestro derecho obliga a equiparar a muchos efectos a las familias articuladas en torno al matrimonio, con aquellas en las que el eje de vinculación es de una naturaleza distinta, y evoluciona de este modo hacia un concepto de familia fundado esencialmente en la afectividad, el consentimiento y la solidaridad libremente aceptados con la finalidad de llevar a efecto una convivencia estable. Los artículos 1o. y 4o. de la Carta Magna cierran el paso a la imposición apriorística de un concepto jurídico sectario, estrecho o "predominante" de familia y obligan a interpretar de la manera más amplia lo que cabe dentro de esa noción cuando lo que está en juego son derechos y necesidades básicas de los individuos. Aunque la Constitución no prohíba cualquier distinción legislativa basada en un criterio como el matrimonio, sus imperativos hacen que éstas deban ser analizadas siempre con mucho cuidado, y las vedan cuando afectan derechos fundamentales de las personas. Al hilo de la apelación que hemos hecho del contenido de los invocados artículos 1o. y 4o. constitucionales, este tribunal jurisdiccional, en ejercicio del control convencional, considera que la interpretación más armónica de los artículos233 y 1568 del Código Civil para el Estado de Veracruz, en relación con aquellos preceptos constitucionales, es que debe extenderse el derecho de recibir los alimentos a todo tipo de familia, cuando se acredite que esté fundado en la afectividad, el consentimiento y la solidaridad libremente aceptada, con la finalidad de llevar una convivencia estable, aunque concurran, con respecto al deudor alimentista, diversas formas de convivencia como el concubinato o el matrimonio.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo directo 68/2014. 12 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel de Alba de Alba. Secretario: Lucio Huesca Ballesteros.

Esta tesis se publicó el viernes 12 de septiembre de 2014 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Tesis: III.4o.C.5 C (10a.)Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Décima Época

Tribunales Colegiados de Circuito Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III Pag. 1844

LITISCONSORCIO ACTIVO NECESARIO. SE ACTUALIZA CUANDO UNO DE LOS CÓNYUGES SE OSTENTA COMO ACTOR EN UN JUICIO Y ACTÚA EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD SIN ACREDITAR SER EL ADMINISTRADOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).

Si uno de los cónyuges se ostenta como actor en un juicio y actúa a nombre de la sociedad conyugal sin acreditar ser el administrador social, debe llamarse al otro para ser oído. De ahí que si uno de ellos refiere que la sociedad que forma con su consorte será beneficiada y no menoscabada con la interposición de la demanda, ello no necesariamente es cierto pues, de serle adverso el resultado del juicio y ser condenado en costas, se actualizaría un perjuicio a la misma, sin que su consorte hubiera sido, previamente, oído y vencido. Ello es así, toda vez que conforme al artículo 297 del Código Civil del Estado de Jalisco, el dominio y posesión de los bienes comunes residen en ambos cónyuges; por su parte el diverso 296, en su parte conducente, establece: "Artículo 296. Al celebrarse el matrimonio los cónyuges deben indicar cuál de los dos tendrá la administración de los bienes comunes. ...", consecuentemente, al no probarse quién ostenta la administración social, se actualiza el litisconsorcio activo necesario, en virtud de la cotitularidad que el otro consorte disfruta sobre un bien, quien debe acudir a juicio, para deducir sus derechos y el juzgador esté en posibilidad de dictar sentencia para todos los

interesados.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo directo 790/2013. 16 de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Alberto Casasola Mendoza. Secretario: Juan Francisco Enríquez Domínguez.

Esta tesis se publicó el viernes 22 de agosto de 2014 a las 09:33 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Tesis: 1a. XX/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época

Primera Sala Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I Pag. 689

TERCERO DE BUENA FE REGISTRAL. ESTE CONCEPTO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2885 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO, DEBE INTERPRETARSE Y APLICARSE RESTRICTIVAMENTE.

El citado precepto, al prever que la sociedad conyugal no surtirá efectos contra "terceros de buena fe", si no constare inscrita en el Registro Público, otorga una protección excepcional, ya que tiene como consecuencia que se prive a una persona de un derecho real -incluido el de propiedad- sobre un inmueble, adquirido con anterioridad a la fecha en que el tercero adquirió el suyo, en beneficio del derecho real adquirido por el tercero, que es posterior, por lo que es de suma importancia delimitar a quién debe considerarse como tercero de buena fe, así como interpretar y aplicar restrictivamente el concepto, de forma que no se aplique la excepción a "cualquier tercero", ya que ello produciría un efecto contrario al perseguido por el legislador: debilitar la seguridad jurídica en el derecho de propiedad inmobiliario, al otorgarse una herramienta al titular registral para desposeer

y privar de los derechos reales adquiridos a su cónyuge o a cualquier otra persona a quien le hayan transmitido previamente derechos reales sobre el inmueble de que se trate, en beneficio de alguna otra persona o propio, a título gratuito. Por ello, sólo puede tener el carácter de "tercero de buena fe registral" quien: a) adquiera un derecho real sobre el inmueble de que se trate de quien aparece como titular registral, por virtud de un acto jurídico que se presuma válido o de una resolución judicial; b) inscriba en el Registro Público de la Propiedad a su favor el derecho real adquirido; c) adquiera a título oneroso, entendiendo por tal, que debe existir una proporción razonable entre el valor de la cosa y el precio o contraprestación pagado por ella; y, d) desconozca los vicios del título del vendedor y éstos no se desprendan claramente del propio Registro Público de la Propiedad.

Amparo directo en revisión 2281/2012. Rosa Alba Solano Neri. 20 de marzo de 2013. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas; Arturo Zaldívar Lelo de Larrea reservó su derecho a formular voto concurrente. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras.


Tesis: VII.1o.C.14 C (10a.)Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Décima Época

Tribunales Colegiados de Circuito Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III Pag. 2448

INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE INSCRIPCIÓN ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, DE LA SOCIEDAD CONYUGAL, TRAE COMO CONSECUENCIA LA FALTA DE AQUÉL, RESPECTO DEL CÓNYUGE EXTRAÑO AL JUICIO EN DONDE SE ADJUDICÓ EL INMUEBLE A UN ADQUIRENTE DE BUENA FE.

No basta que el cónyuge quejoso acredite el carácter de tercero extraño al juicio de donde dimanan los actos reclamados, así como la existencia del vínculo matrimonial, bajo el régimen de sociedad conyugal, y que indiciariamente tenía la propiedad sobre el inmueble del que pretende ser lanzado, para tener por demostrado el interés jurídico para promover el juicio de amparo indirecto; toda vez que su afectación debe acreditarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones; en ese sentido, debe probarse que el inmueble se encontraba inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, a nombre de la sociedad conyugal, a fin de que fuese oponible a terceros; aceptar lo contrario, implicaría que el tribunal federal estuviese haciendo un pronunciamiento en torno a la titularidad de dicho bien, sobre el expedido a favor de un tercero, quien adquirió un derecho real de propiedad sobre el mismo inmueble, con motivo de un remate y posterior escrituración, a fin de establecer que el quejoso también es propietario, siendo que de ello corresponde decidir a los órganos jurisdiccionales del orden común, en un juicio contradictorio en que se dilucide a quién corresponde la propiedad; consecuentemente, al faltar la inscripción del inmueble a favor de la sociedad conyugal, el cónyuge tercero extraño carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo indirecto y, por ende, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo en revisión 283/2013. Epitacia Castillo Córdoba. 6 de diciembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Vázquez Camacho. Secretario: Alfredo Flores Rodríguez.


Tesis: 1a. XIX/2014 (10a.)

Gaceta del Semanario Judicial de la FederaciónDécima Época 2005464

Primera Sala Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I Pag. 687 Tesis Aislada(Constitucional)

SOCIEDAD CONYUGAL. LOS ARTÍCULOS 2880 Y 2885 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUERRERO, QUE ESTABLECEN QUE NO ES OPONIBLE A TERCEROS EL DERECHO DE PROPIEDAD DEL CÓNYUGE NO INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, NO VULNERAN EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL.

El citado precepto constitucional protege la organización y desarrollo de la familia, lo cual incide en la protección del patrimonio familiar, puesto que representa el medio para cumplir con algunas de las obligaciones y ejercitar algunos de los derechos inherentes a la familia. Sin embargo, como todos los derechos constitucionales, no es absoluto y, por tanto, admite restricciones. Ahora bien, la restricción que le imponen los artículos 2880 y 2885 citados, al establecer que lasociedad conyugal no surtirá efectos frente a terceros si no consta inscrita en el Registro Público de la Propiedad, persigue una finalidad constitucionalmente válida, consistente en otorgar seguridad jurídica al derecho de propiedad sobre bienes inmuebles, la cual es necesaria para no dejar desamparado al tercero de buena fe que confió en las inscripciones registrales y, en detrimento de su patrimonio, realizó un pago o hizo una erogación por un valor equivalente al del inmueble en cuestión. De no ser así, se demeritaría la garantía de seguridad jurídica que persigue el Registro Público de la Propiedad, ya que ningún caso tendría llevar un sistema registral si a sus inscripciones no se atribuye efecto o preferencia alguna en caso de algún conflicto entre los derechos que se derivan de un inmueble registrado, lo que conllevaría a una creciente inseguridad jurídica. Sin embargo,

sólo es posible sostener la proporcionalidad, y consiguientemente, la constitucionalidad del artículo 2885 del Código Civil del Estado de Guerrero, si el mismo se interpreta de conformidad con los principios de seguridad jurídica y de protección a la familia, consagrados en los artículos 4o. y 16 constitucionales, de manera que el derecho real inscrito del tercero sólo prevalecerá sobre el derecho real no inscrito del miembro de la sociedad conyugal, si el término "tercero" a que se refiere el artículo 2885 citado se interpreta en forma restrictiva, con las características que debe reunir un "tercero de buena fe registral"; puesto que sólo así se justifica la limitación que impone el precepto impugnado a los derechos de protección a la familia que regula el artículo 4o. de la Constitución Federal; ya que de otra forma se premiaría a quien actuó de mala fe o fue negligente, en perjuicio de quien contaba con un derecho real anterior sobre el mismo inmueble, y sólo cometió el error de no inscribirlo. En cuyo caso, el tercero no debe ser protegido, pues el derecho resuelve el conflicto de intereses entre un adquirente gratuito y un adquirente oneroso, protegiendo a éste, ya que el primero nada desembolsa o arriesga. Además, el cónyuge sólo será privado de su derecho real de copropiedad en beneficio del tercero de buena fe, debido a su propia negligencia o la de su cónyuge; dado que no sería proporcional ni razonable imponer la consecuencia de esa negligencia en el tercero de buena fe, que adquirió a título oneroso el inmueble del titular registral; pagó una contraprestación proporcionada con su valor, y tuvo la diligencia de revisar la documentación del vendedor, las anotaciones registrales y de inscribir su propio título, ya que de anulársele su título, sufriría también una merma en su patrimonio, sin haber incurrido en negligencia alguna, ni personalmente, ni a través de su cónyuge. De resolverse lo contrario se le impondría una carga desproporcionada al tercero de buena fe, ya que -a diferencia del Registro Público inmobiliario, que es único, porque cada inmueble sólo puede ser registrado en el lugar de su ubicación- hay un registro civil en cada municipalidad, y una pareja puede optar por casarse en cualquier lugar; de manera que si el titular registral del inmueble no le advierte al tercero de buena fe de su matrimonio o niega estar casado, éste tendría que hacer una búsqueda en todos los registros civiles del país o incluso del extranjero, para poder tener la certeza de que su vendedor no está casado, o si lo está, que está casado por separación de bienes, lo cual sería excesivo, y prácticamente imposible de realizar.

Amparo directo en revisión 2281/2012. Rosa Alba Solano Neri. 20 de marzo de 2013. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas; Arturo Zaldívar Lelo de Larrea reservó su derecho a formular voto concurrente. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras.


Tesis: 1a./J. 18/2013 (10a.)

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época

Primera Sala Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Pag. 644

SOCIEDAD CONYUGAL NO INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. EL DERECHO REAL INMOBILIARIO DEL CÓNYUGE QUE NO APARECE EN LA INSCRIPCIÓN NO ES OPONIBLE AL DERECHO REAL DE PROPIEDAD DE QUIEN RESULTÓ ADJUDICATARIO DE BUENA FE EN EL PROCEDIMIENTO DE REMATE Y ADJUDICACIÓN EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL.

La otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 3a./J. 7/93, de rubro: "SOCIEDADCONYUGAL . LA FALTA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES INMUEBLES ADQUIRIDOS DURANTE ELLA, NO IMPIDE QUE EXISTA LEGITIMACIÓN PARA HACER VALER TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO.", sostuvo que la falta de inscripción de la sociedad conyugal en el Registro Público de la Propiedad respecto de un inmueble registrado a nombre de uno de los cónyuges, provoca que el derecho del otro que no aparece en la inscripción no pueda oponerse a un tercero que haya adquirido un derecho real respecto del mismo bien. Ahora bien, en el Código de Comercio el legislador previó que cuando la sentencia de un juicio ejecutivo mercantil es condenatoria y declara procedente la venta de los bienes embargados para hacer pago al acreedor, se tramitará su remate, y que enajenado el bien, ya sea por remate o adjudicación tratándose de inmuebles, el juez y el

http://200.38.163.178/sjfsist/(F(5dNDcC0oMytMU-sSj29gyrcjWbWMcqc1Z_gSWfoYqUWrTHZoaSYLl8_tC5MvotqOSc9ziDl6ur5ia3UFsMdIi3h8dq9j221F4_TC-cDnwLdYgJGcU6suX8lweL7BTFci6rg89tZmXfh_jUNa9haiOuio5ms98-ASi-RAU2E3TA81))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=206720&Clase=DetalleTesisBL



adjudicatario otorgarán la escritura pública correspondiente ante fedatario público; lo cual permite afirmar que, mediante la tramitación y culminación del procedimiento de remate y adjudicación, derivado de un juicio ejecutivo mercantil, el postor o el adjudicatario adquiere un derecho real de propiedad sobre el inmueble rematado. Consecuentemente, cuando falte la inscripción de la sociedad conyugal en el Registro Público de la Propiedad respecto de un inmueble que se encuentra registrado a nombre de uno de los cónyuges, el derecho real de propiedad del cónyuge que no aparece en la inscripción, derivado de la sociedad conyugal, no puede oponerse al derecho real de propiedad adquirido de buena fe por el postor o el adjudicatario mediante la tramitación y culminación del procedimiento de remate y adjudicación en un juicio ejecutivo mercantil.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 333/2012. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. 16 de enero de 2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que hace a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de cuatro votos respecto al fondo. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Mario Gerardo Avante Juárez.Tesis de jurisprudencia 18/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de fecha seis de febrero de dos mil trece.Nota: Por instrucciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la tesis que aparece publicada en elSemanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXI, Tomo 1, junio de 2013, página 596; se publica nuevamente con la corrección en el precedente que la propia Sala ordena respecto de los tribunales contendientes.La tesis de jurisprudencia 3a./J. 7/93 citada, aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 66, junio de 1993, página 11.



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Ejecutorias

CONTRADICCIÓN DE TESIS 333/2012. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXI, Tomo 1, junio de 2013, página 596

Tesis: I.14o.C.10 C (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época

Tribunales Colegiados de Circuito Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3 Pag. 1644

DIVORCIO INCAUSADO. LA MEDIDA CONSISTENTE EN LA ANOTACIÓN PREVENTIVA DE LA DEMANDA, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 282, APARTADO A, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, TAMBIÉN ES APLICABLE CUANDO LOS CÓNYUGES CONTRAJERON MATRIMONIO BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES.

El artículo 282, apartado A, fracción III, del Código Civil para el Distrito Federal establece que desde que se presenta la demanda, ya sea en una controversia del orden familiar o de solicitud de divorcio y sólo mientras dure el juicio, el juzgador dictará, de oficio, las medidas provisionales pertinentes, con el propósito de que los cónyuges no se puedan causar perjuicios en sus respectivos bienes ni en los de la sociedad conyugal, y ordenar, cuando existan bienes que puedan pertenecer a ambos cónyuges, la anotación preventiva de la demanda. Aunque desde el punto de vista estrictamente literal, la parte que se refiere a la anotación preventiva de la demanda tiene que ver con la existencia de bienes sujetos a lasociedad conyugal, se considera que la citada disposición debe ser interpretada extensivamente, de modo tal que no sólo se limite a controversias en las que las partes, que hubieren estado unidas en matrimonio, estuviesen sujetas al régimen desociedad conyugal, sino también cuando se trate del régimen de separación de bienes. Para tal efecto, mediante el uso del argumento teleológico, este tribunal estima que es razonable tener en cuenta la finalidad que se persigue con la norma transcrita, que consiste fundamentalmente en evitar que, cuando se trata de controversias que vinculan los bienes de los cónyuges se defrauden los derechos que puedan comprender a alguno de ellos o se realicen actos que puedan dilapidar, vender o donar los bienes que están en controversia y, por tanto, que se haga nugatorio el derecho ahí perseguido. De acuerdo con esa finalidad, dicha disposición también resulta aplicable, por analogía, a los casos que tienen que ver con los matrimonios que se contraen bajo el régimen de separación de bienes, ya que en ambos supuestos (ya sea en la sociedadconyugal o en la separación de bienes), existe un elemento común, especialmente relevante, que merece una misma protección cautelar o preventiva que garantice, por igual, la eficacia posterior de los derechos controvertidos.




DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 147/2013. 5 de junio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Sánchez López. Secretario: Alberto Albino Baltazar.

Tesis: 1a. CCXLV/2012 (10a.)


Primera Sala Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1 Pag. 809

DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. PRETENSIONES DE LAS PARTES EN EL JUICIO (LEGISLACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL).

En el juicio de divorcio sin expresión de causa, las pretensiones que la parte actora ha de formular en su escrito inicial (y sobre las cuales, en correspondencia, ha de formular su respuesta la demandada, haciendo valer las propias) son las que menciona el artículo 267 del Código Civil para el Distrito Federal, a saber: i) La petición de divorcio y ii) La resolución de las cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial que deberán expresarse en la propuesta y en la contrapropuesta de convenio. Entre éstas están las siguientes: a) guarda y custodia de los hijos menores e incapaces; b) modalidades del régimen de visitas para el cónyuge que no tenga la guarda y custodia; c) satisfacción de obligación alimentaria respecto de los menores y del cónyuge, en su caso; d) uso del domicilio conyugal y menaje de casa correspondiente; e) liquidación de la sociedad conyugal y, f) compensación en el caso de que los cónyuges hayan celebrado el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 63/2011. Suscitada entre los Tribunales Colegiados Tercero, Séptimo y Décimo Primero, todos en Materia Civil del Primer Circuito. 22 de agosto de 2012. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretarios: Mercedes Verónica Sánchez Miguez, Mireya Meléndez Almaraz, Oscar Vázquez Moreno, Mario Gerardo Avante Juárez y Rosalía Argumosa López.Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la contradicción planteada.

Ejecutorias

CONTRADICCIÓN DE TESIS 63/2011.

Tesis: 1a./J. 73/2012 (10a.)


Primera Sala Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2 Pag. 1134

SOCIEDAD CONYUGAL. TRATÁNDOSE DE MATRIMONIOS CELEBRADOS ANTES DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 60 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 11 DE MARZO DE 2010, ESTÁ CONDICIONADA A LA EXISTENCIA DE CAPITULACIONES MATRIMONIALES.

Conforme al artículo 60 del código indicado, en su texto anterior a la reforma publicada en el periódico oficial de la entidad el 11 de marzo de 2010, las capitulaciones matrimoniales son indispensables para constituir el régimen económico desociedad conyugal, pues como se advierte de la exposición de motivos que dio origen a la indicada reforma, el legislador, para justificarla, hizo una interpretación auténtica del artículo 60 derogado, en el sentido de que para constituir el régimen de sociedad conyugal resultaban indispensables las capitulaciones matrimoniales, razón por la que dicha reforma tuvo la expresa finalidad de superar esa traba. Consecuentemente, frente a esa interpretación, resulta ocioso acudir a otros métodos de hermenéutica, pues todos ellos tendrían



como finalidad descubrir la intención del legislador que en el caso fue esclarecida por él.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 15/2012. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región y el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 20 de junio de 2012. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de tres votos en cuanto al fondo. Disidentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Óscar Vázquez Moreno.Tesis de jurisprudencia 73/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha cuatro de julio de dos mil doce.

Ejecutorias

CONTRADICCIÓN DE TESIS 15/2012.

Votos

40946

Tesis: I.14o.C.68 CSemanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Novena Época

Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXXII, Noviembre de 2010 Pag. 1428

http://200.38.163.178/sjfsist/(F(5dNDcC0oMytMU-sSj29gyrcjWbWMcqc1Z_gSWfoYqUWrTHZoaSYLl8_tC5MvotqOSc9ziDl6ur5ia3UFsMdIi3h8dq9j221F4_TC-cDnwLdYgJGcU6suX8lweL7BTFci6rg89tZmXfh_jUNa9haiOuio5ms98-ASi-RAU2E3TA81))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=40946&Clase=VotosDetalleBL



CAPITULACIONES MATRIMONIALES. SON VÁLIDAS ENTRE LOS OTORGANTES CUANDO PACTEN HACERSE COPARTÍCIPES O TRANSFERIRSE LA PROPIEDAD DE BIENES ENTRE ELLOS, AUN CUANDO NO CONSTEN EN ESCRITURA PÚBLICA (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 185 Y 186 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL).

De la interpretación armónica de los artículos 185 y 186 del Código Civil para el Distrito Federal, el requisito de que deben constar en escritura pública las capitulaciones matrimoniales en donde los otorgantes pacten hacerse copartícipes o transferirse la propiedad de bienes que ameriten tal requisito, obedece a la finalidad de producir efectos contra tercero, pues aun cuando en el numeral citado en primer término no se distingue respecto a la invalidez por falta de escritura pública de las capitulaciones mencionadas, en cuanto a si sólo se dirige a los otorgantes, a los terceros o a ambos, lo cierto es que al atender al diverso 186 citado, expresamente se prevé que las "alteraciones" a las capitulaciones matrimoniales deben constar "también" en escritura pública, y sin ese requisito (más la inscripción en el protocolo y en el Registro Público de la Propiedad), no producirán efectos contra terceros. En otras palabras, en ambos preceptos legales se prevé como supuesto el traslado de bienes, ya sea para constituir la sociedad conyugal o "alterar" las capitulaciones matrimoniales en donde se hizo constar, y en ese sentido, si se refieren al mismo supuesto de traslación del dominio de bienes que la ley exija para ello la elaboración de escritura pública para su validez, la consecuencia prevista en ese precepto legal resulta aplicable de manera extensiva a la inobservancia del numeral que le antecede, esto es, que la falta de escritura pública (así como la inscripción registral respectiva) sólo genera que dichos actos (constitución de la sociedad conyugal y la alteración de las capitulaciones matrimoniales) no produzcan efectos contra terceros. Además, resultaría incongruente considerar que sólo cuando se forman las capitulaciones matrimoniales deben constar en escritura pública y no cuando se "alteran", para que sean válidas entre los cónyuges, pues en ambos casos se involucra el traslado de dominio de los bienes respectivos, esto es, ambos preceptos legales regulan las capitulaciones matrimoniales, pero en momentos distintos: uno, cuando se constituye lasociedad conyugal y, otro, cuando se "alteran" aquéllas, y en ambos casos se afecta el dominio o la propiedad de los bienes involucrados, por lo que resultaría jurídicamente ilógico que el legislador exija la escritura pública cuando se

forman las capitulaciones matrimoniales y así tener validez entre los otorgantes (artículo 185) y, por otra parte, no se requiera tal formalidad cuando sólo se "alteren" éstas (artículo 186), y aun así tener validez dicha "alteración" entre los propios cónyuges, cuando en ambos casos se trata de la afectación en la coparticipación o transferencia de la propiedad, lo cual sería contradictorio entre ambos preceptos legales que regulan una misma institución jurídica. De aceptar una postura contraria, se desconocería el principio de la autonomía de la voluntad de las partes que rige en el derecho privado, en donde no se afectan intereses públicos, sino sólo se involucran derechos de los particulares, el cual se encuentra reconocido en nuestra legislación civil, y del que no escapa la celebración de las capitulaciones matrimoniales, pues éstas se definen, conforme a los artículos 179 y 180 del Código Civil para el Distrito Federal, como los pactos que los esposos celebran para constituir la sociedad conyugal o la separación de bienes y reglamentar la administración de éstos en uno y otro caso; además, pueden otorgarse antes de la celebración del matrimonio o durante él, debiendo referirse tanto a los bienes de que sean dueños los esposos al momento de la celebración del convenio como a los que adquieran después. De ahí que la interpretación del artículo 185 del Código Civil para el Distrito Federal debe realizarse considerando su articulación con el sistema normativo del cual forma parte, en donde se reconoce el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, lo cual conlleva a considerar que la invalidez a la que se refiere dicho precepto sólo debe atender a la limitación que presenta el principio enunciado, esto es, cuando no se trate de derechos pertenecientes a los otorgantes, sino que afecten derechos de terceros (como así se advierte de lo dispuesto en el diverso 6o. del mismo ordenamiento legal), porque entre las partes no es dable desconocer los derechos y obligaciones que pactaron entre ellas.

DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 413/2010. Enrique León Martínez y otros. 2 de septiembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jacinto Juárez Rosas. Secretario: Hugo Rosete Guerrero.

Tesis: XXVIII. J/8Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Novena Época 165667 48 de 227

Tribunales Colegiados de CircuitoTomo XXX, Diciembre de 2009

Pag. 1408 Jurisprudencia(Civil)

SOCIEDAD CONYUGAL. PARA SU CONSTITUCIÓN LOS CÓNYUGES DEBEN DEMOSTRAR QUE ANTES O DURANTE EL MATRIMONIO PACTARON CAPITULACIONES MATRIMONIALES, DE LO CONTRARIO EL RÉGIMEN ECONÓMICO SERÁ EL DE SEPARACIÓN DE BIENES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA).

Los artículos 60, 66, fracción I y 70, fracción I, del Código Civil del Estado son claros en sostener que para la constitución de la sociedad conyugal se necesitan dos requisitos: a) que se establezca expresamente; y, b) que se pacten capitulaciones matrimoniales que, precisamente, son los pactos celebrados para constituir la sociedad conyugal y que se pueden otorgar antes de la celebración del matrimonio o durante él. Ahora bien, si los cónyuges no pactan dichas capitulaciones, el régimen económico del matrimonio será el de separación de bienes; por tanto, aun cuando los consortes manifiesten que el régimen económico bajo el cual celebran su matrimonio es el de sociedad conyugal, ésta no podrá considerarse constituida si no se demuestra que antes o durante el matrimonio se pactaron capitulaciones matrimoniales; en consecuencia, el régimen que debe prevalecer es el de separación de bienes. No obsta a lo anterior, los criterios sostenidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 47/2001 y 49/2001, que aparecen bajo los rubros: "SOCIEDADCONYUGAL . CONSECUENCIAS DE LA OMISIÓN DE FORMULAR CAPITULACIONES MATRIMONIALES EN ESE RÉGIMEN PATRIMONIAL (CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL HASTA EL 31 DE MAYO DE 2000)." y "CAPITULACIONES MATRIMONIALES. RÉGIMEN APLICABLE CUANDO HAY OMISIÓN DE FORMULARLAS (CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL HASTA EL 31 DE MAYO DE 2000).", toda vez que de su







lectura se advierte que se refieren e interpretan principalmente los artículos 179 y 183 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, vigente hasta el treinta y uno de mayo de dos mil, que son distintos al artículo 60 de la legislación sustantiva civil de Tlaxcala, pues ninguno de aquellos preceptos legales dispone que si los cónyuges no establecen expresamente la sociedad conyugal pactando capitulaciones matrimoniales, el régimen económico del matrimonio será el de separación de bienes; por tanto, en la legislación civil del Estado de Tlaxcala se establecen disposiciones diversas a las que en aquellos criterios jurisprudenciales se interpretan ya que, según se dijo, en esta entidad federativa la existencia de la sociedad conyugal está condicionada a que se pacten capitulaciones matrimoniales.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO.

Amparo directo 287/2003. 21 de noviembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Othón Manuel Ríos Flores. Secretario: Francisco Ballesteros González.Amparo directo 217/2004. 9 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Othón Manuel Ríos Flores. Secretario: Gabriel Alejandro Zúñiga Romero.Amparo en revisión 469/2005. 8 de diciembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Moya Flores. Secretario: Roberto Javier Sánchez Rosas.Amparo directo 593/2007. 17 de abril de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Othón Manuel Ríos Flores. Secretario: Francisco Ballesteros González.AMPARO DIRECTO 104/2008. **********. 26 de junio de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Othón Manuel Ríos Flores. Secretario: Francisco Ballesteros González.Nota:Las jurisprudencias 1a./J. 47/2001 y 1a./J. 49/2001 citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, páginas 432 y 70, respectivamente.Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 15/2012, de la que derivó la tesis jurisprudencial 1a./J. 73/2012 (10a.) de rubro: "SOCIEDAD CONYUGAL. TRATÁNDOSE DE MATRIMONIOS CELEBRADOS ANTES DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 60 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 11 DE MARZO DE 2010, ESTÁ CONDICIONADA A LA EXISTENCIA DE CAPITULACIONES MATRIMONIALES."






Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 15/2012, de la que derivó la tesis jurisprudencial 1a./J. 73/2012 (10a.) de rubro: "SOCIEDAD CONYUGAL. TRATÁNDOSE DE MATRIMONIOS CELEBRADOS ANTES DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 60 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 11 DE MARZO DE 2010, ESTÁ CONDICIONADA A LA EXISTENCIA DE CAPITULACIONES MATRIMONIALES."

Ejecutorias

AMPARO DIRECTO 104/2008. contradicción de tesis 15/2012SOCIEDAD CONYUGAL. TRATÁNDOSE DE MATRIMONIOS CELEBRADOS ANTES DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 60 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 11 DE MARZO DE 2010, ESTÁ CONDICIONADA A LA EXISTENCIA DE CAPITULACIONES MATRIMONIALES

Tesis: XXX.1o.1 C Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época

Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIX, Febrero de 2009 Pag. 2051

TERCERO EXTRAÑO. NO TIENE ESE CARÁCTER UNO DE LOS CÓNYUGES EN EL JUICIO SEGUIDO EN CONTRA DEL OTRO AUN CUANDO SE EMBARGUEN BIENES COMUNES DE LA SOCIEDAD CONYUGAL LEGAL SI AQUÉL NO DEMOSTRÓ SER EL ADMINISTRADOR DE ÉSTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES).

El hecho de que en la reforma de que fue objeto el artículo 207 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, mediante el decreto publicado el veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y ocho en el Periódico Oficial del Estado, se haya suprimido la parte del texto anterior en la que se establecía que el dominio de cada cónyuge sobre bienes o partes determinadas o alícuotas sólo podía ser precisado al liquidarse la sociedad por las causas que la ley establece, no implica que se haya creado un régimen patrimonial distinto al de la comunidad de gananciales que ha venido imperando en el ordenamiento mencionado, y que por ello carezca de vigencia el numeral 208 del mismo ordenamiento que dispone que ninguno de los cónyuges puede considerarse como tercero respecto de la sociedad por lo que ve a obligaciones a cargo de ésta que afecten los bienes sociales; puesto que como se desprende de la comparación del texto de los numerales que fueron reformados a través de ese decreto, lo único que el legislador quiso fue crear una normatividad más igualitaria entre los cónyuges, en aspectos como los derechos y obligaciones adquiridos con











motivo del matrimonio, eliminando las prerrogativas que durante décadas habían estado establecidas a favor del cónyuge varón, como por ejemplo la exclusividad en la administración de la sociedad conyugal. Luego, si en la tercería excluyente de dominio promovida por el cónyuge que se considera extraño al juicio en el que a su consorte se le embargó algún bien del fondo de la sociedad conyugal legal, no se acredita que aquél es el administrador de ésta, resulta aplicable lo que dispone el numeral 177 del mismo ordenamiento en el sentido de que la sociedad legal se regirá por las disposiciones relativas a la sociedad común en todo lo que no estuviere comprendido en los capítulos relativos y, por tanto, deberá estimarse que ambos cónyuges son los administradores de la sociedad conyugal aludida, pues los numerales 2583 y 2593 del propio cuerpo legal prevén que si la administración no se hubiese limitado a alguno de los socios, todos tendrán derecho de concurrir a la dirección y manejo de los negocios comunes.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.

Amparo directo 539/2008. 21 de noviembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Silverio Rodríguez Carrillo. Secretario: Rubén Martínez Beltrán.

Tesis: 1a./J. 82/2006 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época

Primera Sala Tomo XXV, Enero de 2007 Pag. 204

DONACIÓN. EL CONTRATO RELATIVO SE PERFECCIONA CON LA DECLARACIÓN SIMULTÁNEA DE VOLUNTAD EXTERNADA POR LOS CÓNYUGES, AL LIQUIDAR LA SOCIEDAD CONYUGAL, EN SU CARÁCTER DE DONANTES Y REPRESENTANTES DE SUS MENORES HIJOS (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE SONORA Y CHIAPAS).

La donación es un contrato por el cual una persona transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes y se clasifica en pura, condicional, onerosa o remuneratoria; tratándose de la donación pura, es decir, cuando se otorga en términos absolutos, la donación se perfecciona desde que el donatario la acepta y hace saber la aceptación al donador (artículos 2597 y 2314 de los Códigos Civiles de los Estados de Sonora y de Chiapas, respectivamente). Ahora bien, si se atiende, por una parte, a que los artículos 592 del Código Civil del Estado de Sonora y 420 del Código Civil del Estado de Chiapas,

establecen que quienes ejercen la patria potestad son legítimos representantes de los que están bajo de ella y tienen la administración legal de los bienes que les pertenecen, de conformidad con la ley; y, por otra, a que la patria potestad de los hijos de matrimonio menores de edad (no emancipados), se presume legalmente que la ejercen el padre y la madre, salvo prueba en contrario, resulta evidente que es precisamente a través de sus legítimos representantes, que los menores pueden aceptar o rechazar la donación, esto es, a través de quienes ejercen la patria potestad, que por presunción legal y regla general son el padre y la madre. En esa virtud, cuando derivado de la liquidación de la sociedad conyugal se efectúa la donación gratuita de un bien inmueble a favor de los hijos menores, y siendo sus propios padres los donantes, quienes a su vez son sus representantes legítimos, por ejercer la patria potestad sobre ellos, la declaración externada por los padres en el sentido de realizar esa donación, no es jurídicamente una declaración unilateral de voluntad, sino que simultáneamente conlleva una dualidad de voluntades, esto es, en un mismo acto jurídico se manifiesta la voluntad de donar en forma gratuita el inmueble y se expresa la aceptación de aquél a favor de los menores hijos, lo cual es del conocimiento de los donantes.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 160/2005-PS. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito (actualmente Primer Tribunal Colegiado del mismo circuito) y el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito. 18 de octubre de 2006. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro.Tesis de jurisprudencia 82/2006. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha dieciocho de octubre de dos mil seis.

Ejecutorias

CONTRADICCIÓN DE TESIS 160/2005-PS.

Tesis: VII.2o.C.101 CSemanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Novena Época

Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Marzo de 2006 Pag. 2119



SOCIEDAD CONYUGAL. CUANDO SE IGNORAN LOS BIENES QUE LA CONFORMAN DEBEN FORMULARSE LOS INVENTARIOS CORRESPONDIENTES, SIN QUE RESULTE APLICABLE EL ARTÍCULO 369 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL (LEGISLACIÓN PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).

Para proceder a la liquidación de la sociedad conyugal, dentro de la etapa de ejecución de sentencia, en los términos de los artículos 85, 191, 192 y 194 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, deben formularse el inventario y la rendición de cuentas pues, para conocer lo que se va a dividir, es necesario saber cuál es el acervo de la comunidad de bienes. De ahí que si bien es cierto que el artículo 369 del código procesal para esa entidad federativa establece una regla para la ejecución de una sentencia que condene a dividir una cosa común y no dé las bases para ello, también lo es que, debe entenderse que tal precepto será aplicable ipso facto cuando la cosa común ya es conocida, esto es, cuando se tiene la base objetiva del conocimiento del bien por su existencia en el mundo fáctico, y no cuando como en el caso de la sociedadconyugal sólo se tiene la demostración de la existencia del derecho derivado de que se demostró mediante el acta de matrimonio que ese es el régimen bajo el que se contrajeron nupcias, pero se desconoce la existencia real y material de qué bienes integran esa sociedad. De ahí que, conforme al último de los preceptos citados, son aplicables a la liquidación de lasociedad conyugal, las reglas que establece el capítulo IV del título décimo quinto del Código de Procedimientos Civiles para esta entidad federativa, esto es, del inventario y avalúo para las sucesiones intestamentarias.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo en revisión 451/2005. 11 de noviembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Agustín Romero Montalvo. Secretario: Arturo Navarro Plata.

Tesis: 1a./J. 29/2005 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época

Primera Sala Tomo XXII, Julio de 2005 Pag. 316

ROBO SIMPLE ENTRE CÓNYUGES. SE CONFIGURA AUN CUANDO RECAIGA SOBRE BIENES PERTENECIENTES A LA SOCIEDADCONYUGAL (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE CHIAPAS Y GUERRERO).

El tipo penal de robo simple previsto en los Códigos Penales de los Estados de Guerrero y Chiapas no atiende a la calidad o al carácter del sujeto activo ni establece excluyentes a favor de los cónyuges, por lo que desde el punto de vista normativo nada impide que se configure ese delito entre los consortes, máxime si se considera que es clara y expresa la intención del legislador de incluirlos como sujetos activos al señalar en los artículos 185 y 186 de los ordenamientos legales citados, respectivamente, que es necesaria la querella del cónyuge ofendido, sin hacer distinción alguna respecto a cuál sea el régimen patrimonial del matrimonio, rigiendo el principio de que cuando la ley no distingue, el intérprete no debe hacerlo, además de que en materia penal rige el diverso de exacta aplicación de la ley. En ese sentido, aun tratándose del régimen patrimonial de sociedad conyugal, ya sea adoptado convencionalmente o aplicable por la ley en forma supletoria, salvo que se haya capitulado en el sentido de que determinados bienes se excluirán de dicho régimen, y mientras éste no sea disuelto, pueden integrarse los elementos típicos del robo simple, en virtud de que los bienes comunes se encuentran destinados a la realización de fines también comunes, que son los propios del matrimonio, y en tanto que su dominio y administración residen en ambos cónyuges por igual y bajo común acuerdo, sin que tales atributos correspondan a uno solo en lo individual. De este modo, si uno de ellos, sin consentimiento del otro, se apodera para sí de los bienes comunes sustrayéndolos de los fines a los que están afectos y de la esfera de dominio del otro, se configura el referido tipo penal, de acuerdo a lo siguiente: a) apoderamiento de un bien mueble: cuando uno de los cónyuges lo sustraiga de la esfera de dominio del otro y disponga de él para sí con exclusión del otro cónyuge; b) ajeno: ya que la propiedad del bien no corresponde en su totalidad al sujeto activo y, por tanto, le es ajeno en la parte del otro cónyuge, de la cual está disponiendo indebidamente, causándole perjuicio

patrimonial; c) sin consentimiento tácito o expreso de quien por ley pueda otorgarlo: su consorte, y d) sin derecho: al no existir disposición legal o de autoridad competente que lo autorice para disponer del bien en su totalidad y al carecer del consentimiento del otro cónyuge. Lo anterior, independientemente de que en cada caso la configuración del robo simple o genérico sea sustentada con los elementos convictivos de hecho y de prueba que acrediten plenamente la adecuación de la conducta del activo al tipo penal.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 46/2002-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito. 19 de enero de 2005. Mayoría de tres votos. Disidentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López.Tesis de jurisprudencia 29/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha dieciséis de marzo de dos mil cinco.

Ejecutorias

CONTRADICCIÓN DE TESIS 46/2002-PS.

Votos

20414

Tesis: VIII.4o.17 CSemanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Novena Época

Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXII, Julio de 2005 Pag. 1540

SOCIEDAD CONYUGAL. CUANDO SE OMITE FORMULAR CAPITULACIONES MATRIMONIALES LAS DEUDAS CONTRAÍDAS POR BIENES INGRESADOS A AQUÉLLA SON A CARGO DE AMBOS CÓNYUGES (CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COAHUILA VIGENTE HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1999).

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Cuando los cónyuges contraen matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal pero omiten formular capitulaciones matrimoniales, resulta aplicable la regla general prevista en el artículo 1736 del Código Civil abrogado para el Estado de Coahuila, consistente en que deben tenerse por puestas las cláusulas que se refieran a los requisitos esenciales del contrato por el cual se constituyó o las que sean consecuencia de su naturaleza ordinaria. De acuerdo con lo anterior, y por ser una consecuencia de la naturaleza de la sociedad de gananciales, la comunidad de intereses que conforma la sociedad conyugal, si bien otorga a los cónyuges derecho igual sobre los bienes, por principios de equidad y de justicia, consecuentes con la situación de mutua colaboración y esfuerzos que los vincula, también los hace partícipes de las cargas. Por tanto, aun en el supuesto de que sólo uno de ellos es quien adquiere un bien que ipso iure ingresa a la sociedad conyugal, ambos consortes deben responder por igual de la deuda que por ese motivo contrajo, desapareciendo, hasta cierto punto, las nociones de "tuyo" y "mío" respecto de los bienes que forman el fondo común.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.

Amparo en revisión 295/2004. 20 de enero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Estrada Vásquez. Secretario: Pedro Guillermo Siller González Pico.

Tesis: XIV.2o.A.C.108 CSemanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Novena Época

Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXI, Junio de 2005 Pag. 791

CONTRATO DE MATRIMONIO. SI NO SE PACTAN CAPITULACIONES MATRIMONIALES SE ENTENDERÁ CELEBRADO BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE).

Si bien es cierto que el artículo 198 del Código Civil del Estado de Campeche es similar al 183 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal vigente hasta el siete de junio de dos mil, también lo es que en diversos criterios jurisprudenciales se ha interpretado este último precepto en el sentido de que en la legislación civil federal la existencia de la sociedad conyugal no está condicionada a la celebración de las capitulaciones matrimoniales, en virtud de que el contrato de matrimonio celebrado bajo el régimen de sociedad conyugal se perfecciona por el mero consentimiento de las partes, sin embargo, en la legislación civil del Estado de Campeche es diferente, en virtud del contenido del artículo 189 del Código Civil de la entidad, que señala: "El contrato de matrimonio puede celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal o de separación de bienes. Si no se pactan capitulaciones matrimoniales, se entiende celebrado el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes y se regirá por lo dispuesto en el capítulo VI de este título.", disposición legal que es distinta a la de la legislación federal, y de la cual se advierte que al decretarse el Código Civil se señaló la consecuencia legal que tendría el que no se pactaran capitulaciones matrimoniales, pues se entendería celebrado el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, como lo establece en forma clara y precisa el citado artículo 189.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.

Amparo directo 611/2004. 3 de febrero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Raquel Flores García. Secretario: William Crescencio Lizama Novelo.

Tesis: XXV.3 C Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Novena Época

Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXI, Junio de 2005 Pag. 861

SOCIEDAD CONYUGAL. NO PUEDE AFECTAR EL INTERÉS LEGÍTIMO DE UNA PERSONA EL HECHO DE QUE SU CÓNYUGE HAYA MANIFESTADO SER SOLTERO EN

UN CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA POSTERIOR A LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO.

Es insostenible el argumento relativo a que la impetrante de garantías debe acreditar con alguna prueba distinta al acta del Registro Civil, que a la fecha en que su esposo adquirió el inmueble, estaba vigente la sociedad conyugal, si éste manifestó en un contrato privado de compraventa posterior a la celebración del matrimonio y en sus generales ser soltero, pues independientemente de que dicha acta constituye el medio idóneo para evidenciar el estado civil de las personas, el hecho de que su cónyuge haya manifestado ser soltero no puede afectar los intereses legítimos que aquélla pudiera tener, derivados de la sociedad conyugal, porque tal afirmación no proviene de ella y, por tanto, no es un acto que le sea propio o que se encuentre reconocido por ésta.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 438/2004. 23 de noviembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Francisco Cilia López. Secretario: Manuel de Jesús Castañón Santillán.

Tesis: X.1o.33 CSemanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Novena Época

Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXI, Marzo de 2005 Pag. 1241

SOCIEDAD CONYUGAL. LA CONCLUSIÓN DE ESTE RÉGIMEN AL DISOLVERSE EL MATRIMONIO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO).

El artículo 191 del Código Civil para el Estado de Tabasco establece que la sociedad conyugal termina, entre otros motivos, con la disolución del

matrimonio. La institución del matrimonio conlleva una serie de consecuencias legales, una de ellas relativa al régimen económico bajo el cual se celebra con los bienes patrimoniales adquiridos durante el matrimonio, pudiendo ser de sociedad conyugal, que consiste en la formación y administración de un patrimonio común, diferente del patrimonio propio de cada uno de los consortes, considerada como una persona jurídica cuya capacidad nace desde la celebración del matrimonio, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 189 y 190 del Código Civil mencionado. Por tanto, si el divorcio disuelve el vínculo matrimonial y está regulado tanto en el código sustantivo como en el código adjetivo de la entidad, donde la ley dispone de un procedimiento que se ventile contra uno de los cónyuges con derecho de defensa, en el que pueden hacer valer sus excepciones y defensas, ofrecer pruebas, formular alegatos e interponer los recursos que para tal efecto se prevén, no existe menoscabo a los derechos de defensa del demandado y, por ende, no viola la garantía de audiencia, puesto que las partes pueden enderezar con reglas preestablecidas la defensa procesal conveniente a sus intereses en las etapas que lo conforman.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO.

Amparo directo 615/2004. 20 de enero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretaria: Rosa Isela Gómez Vázquez.

Tesis: II.2o.C.466 C Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Novena Época

Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XX, Agosto de 2004 Pag. 1686

SOCIEDAD CONYUGAL. PARA QUE TENGA EFICACIA CON RELACIÓN AL JUICIO EN QUE SE SOLICITE LA NO AFECTACIÓN AL BIEN EN CONFLICTO, DEBE ACREDITARSE QUE LA CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE SE HIZO CON RECURSOS PROPIOS.

Si en la controversia sobre rescisión de un contrato de compraventa celebrado por uno de los cónyuges como vendedor respecto de un bien raíz perteneciente a la sociedad conyugal, se declara esa rescisión porque dicho convenio fue realizado sin el consentimiento del otro consorte, y la impetrante de garantías alega que es improcedente la afectación del total del inmueble que se le reclama porque la construcción en él edificada se llevó a cabo con recursos propios y que, por ende, se le debía respetar el cincuenta por ciento de dicho bien, ante tal perspectiva tenía que demostrar con pruebas suficientes que la obra fue hecha por ella para que, eventualmente, se excluyera de la afectación total ese porcentaje.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo directo 260/2004. 18 de mayo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio A. Solorio Campos. Secretaria: Aimeé Michelle Delgado Martínez.

Tesis: VI.2o.C.329 C Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Novena Época

Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XVII, Junio de 2003 Pag. 1073

SOCIEDAD CONYUGAL. LA REPRESENTACIÓN LEGÍTIMA ENTRE CÓNYUGES COMPRENDE EL DERECHO A EJERCER ACCIONES EN RELACIÓN CON AQUÉLLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

Del contenido de los numerales 349 y 350 del Código Civil para el Estado de Puebla, se desprende que en tratándose de lasociedad conyugal, al contestar la demanda el consorte enjuiciado debe informar al Juez sobre la existencia de la sociedadconyugal y localización de su cónyuge, y que en caso de no cumplir con lo anterior o de seguirse el juicio en rebeldía, la sentencia surte efectos a favor o en contra del otro cónyuge, pero de los daños y perjuicios que se causen a éste responderá el demandado; por lo que si se interpreta analógicamente el primer precepto invocado, la representación legítima que cada uno de los cónyuges tiene respecto al otro, tratándose de la sociedad conyugal, también existe al ejercer acciones tendientes a preservar los derechos o bienes pertenecientes a dicha sociedad, pues la intención del legislador al establecer la figura jurídica de la representación legítima aludida, es facilitar la defensa del haber que conforma

la sociedad conyugal y que pertenece de manera proindivisa y en partes iguales a ambos consortes, para que cualquiera de ellos pudiera hacer valer o defender sus derechos ante las autoridades y frente a terceros, por lo que de la interpretación teleológica realizada se llega a la conclusión de que en el supuesto normativo quedaron comprendidos de manera extensiva los casos en que los cónyuges ejerzan individual o conjuntamente las acciones que correspondan a la sociedad conyugal, y en ambas hipótesis, sea el cónyuge parte actora o demandada, la sentencia que se dicte surte efectos a favor o en contra del otro que no contendió, respondiendo de los daños y perjuicios que le cause.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 43/2003. 6 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretaria: Gloria Margarita Romero Velázquez.

Tesis: II.3o.C.10 C Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Novena Época

Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XII, Septiembre de 2000 Pag. 700

ACCIÓN PLENARIA DE POSESIÓN O PUBLICIANA. LA BUENA FE COMO ELEMENTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).

La acción plenaria de posesión o publiciana compete al adquirente de buena fe que no está en posesión de la cosa que tiene derecho a poseer con justo título, aunque no lo acredite como propietario; se da contra quien posee con menor derecho, y tiene la finalidad de obtener la restitución de la cosa con sus frutos y accesiones. Por lo cual, quien promueva tal acción deberá probar, entre otros elementos, que es de buena fe, la cual consiste en la creencia de que la persona de quien se recibe la cosa es dueña de ella y que podía transmitir el dominio; sin embargo, conforme al segundo párrafo del artículo 781 del Código Civil del Estado de México, es poseedor de buena fe el que entra en la posesión en virtud de una causa generadora o título suficiente para darle derecho de poseer, así como el que ignora los vicios de su título que le impiden poseer con derecho. Luego, para que exista esa condición, es indispensable la satisfacción de dos requisitos: primero, un título suficiente o causa generadora de la posesión y segundo, ignorancia de vicios de

dicho título; además, la buena fe siempre se presume, pues la ignorancia del poseedor de los vicios de su título es un estado de conciencia difícil de ser probado; no obstante, el legislador, en el artículo 782 del código en cita, señala que al que afirme la mala fe del poseedor le corresponde probarla. En consecuencia, si un hijo adquiere un bien por contrato de compraventa de sólo uno de los padres, a sabiendas de que estaban casados bajo el régimen de sociedad conyugal y sin la autorización del otro, es claro que la posesión así adquirida es de mala fe, pues conoce el vicio de la falta de consentimiento de uno de sus progenitores, esto aunque no esté inscrita la sociedad conyugal en el Registro Público de la Propiedad, de lo que resulta la improcedencia de la acción plenaria de posesión.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo directo 466/99. Paz Serrano Ballesteros. 16 de mayo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretario: Agustín Archundia Ortiz.

varias tesis sociedad conyugal

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