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UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES
“UNIANDES”
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
PROGRAMA DE MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO
ACADÉMICO DE MASTER EN DERECHO CONSTITUCIONAL
TEMA:
ARRESTO DOMICILIARIO, EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y EL DERECHO
TRANSITAR LIBREMENTE POR EL TERRITORIO NACIONAL.
AUTOR: ABG. LÓPEZ SALAZAR CHRISTIAN ALEXANDER
TUTORES: DRA. NAVAS MONTERO SONIA CLEOPATRA, MG.
DR. SUÁREZ MERINO EDISON NAPLEÓN, MSC.
AMBATO – ECUADOR
2018
APROBACIÓN DE LOS ASESORES DEL TRABAJO DE TITULACIÓN
CERTIFICACIÓN:
Quienes suscriben, legalmente CERTIFICAN QUE: El presente Trabajo de Titulación
realizado por el ABG. LÓPEZ SALAZAR CHRISTIAN ALEXANDER, maestrante del
programa de Maestría en Derecho Constitucional, Facultad de Jurisprudencia, con el
tema “ARRESTO DOMICILIARIO, EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y EL
DERECHO A TRANSITAR LIBREMENTE POR EL TERRITORIO NACIONAL”, ha
sido prolijamente revisado, y cumple con todos los requisitos establecidos en la
normativa pertinente de la Universidad Regional Autónoma de los Andes -
UNIANDES-, por lo que aprobamos su presentación.
Ambato, enero del 2018
_____________________________ ________________________________
DRA. NAVAS MONTERO SONIA CLEOPATRA MG DR. SUÁREZ MERINO EDISON NAPOLEÓN MSC.
TUTORA TUTOR
DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD
Yo, ABG. LÓPEZ SALAZAR CHRISTIAN ALEXANDER, maestrante del programa
de Maestría en Derecho Constitucional, Facultad de Jurisprudencia, declaro que todos
los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, previo a la obtención
del Grado Académico de MAGISTER EN DERECHO CONSTITUCIONAL, son
absolutamente originales, auténticos y personales; a excepción de las citas, por lo que
son de mi exclusiva responsabilidad. Además declaro que la presente investigación no
ha sido presentada a otra institución nacional o internacional para su financiamiento, no
causa perjuicio al medioambiente, y no infringe norma ética alguna.
Ambato, enero del 2018
_____________________________________________
ABG. LÓPEZ SALAZAR CHRISTIAN ALEXANDER
C.C. 171049339-4
AUTOR
DERECHOS DEL AUTOR
Yo, ABG. LÓPEZ SALAZAR CHRISTIAN ALEXANDER, declaro que conozco y
acepto la disposición constante en el literal d) del Art. 85 del Estatuto de la Universidad
Regional Autónoma de Los Andes, que en su parte pertinente textualmente dice: “… El
Patrimonio de la UNIANDES, está constituido por: La propiedad intelectual sobre las
Investigaciones, trabajos científicos o técnicos, proyectos profesionales y consultoría
que se realicen en la Universidad o por cuenta de ella…”.
Ambato, enero del 2018
_____________________________________________
ABG. LÓPEZ SALAZAR CHRISTIAN ALEXANDER
C.C. 171049339-4
AUTOR
DEDICATORIA
A MI MADRE, A MI PADRE, A MI HIJA Y ANTETODO A DIOS.
Dedico mi esfuerzo a mí amada madre Obdulia, ya que siempre con su gran
perseverancia y apoyo incondicional jamás ha dejado de impulsarme a grandes retos, es
su confianza la que me impulsa cada día.
A mi padre Stalin por su constante respaldo, recordándome que las decisiones que
vengo tomando son las correctas.
No podría dejar de mencionar el nombre del ser de luz que Dios me obsequió para
convertir mi vida en un perfecto paraíso y lleno de color, pues dedico también este
trabajo a mi pequeña hija María Eduarda, siendo ella el motor de mi vida.
Y sobre todo a Dios por iluminarme siempre y en todo momento, pues estoy sumamente
claro de que es el supremo y artífice de las cosas buenas, logros, salud, alegría,
sabiduría y fortaleza.
CHRISTIAN
AGRADECIMIENTO
A la Gloriosa Universidad Autónoma de los Andes, a sus autoridades, a los distinguidos
tutores que me han correspondido continuamente, que me han compartido su gran
experiencia y enseñanzas. A la coordinación, Ing. Roberto López, quien se ha
convertido en un gran amigo a quien le tengo mucha gratitud por su incondicionalidad.
CHRISTIAN
RESUMEN
El proyecto de investigación sobre Arresto Domiciliario, El Principio de Igualdad y el
Derecho a Transitar Libremente por el Territorio Nacional está desarrollado de la
siguiente manera:
El problema jurídico planteado en la presente disertación académica guarda total
relevancia en el contexto jurídico y social, por cuanto la problemática no se limita al
enunciado literal, ya que esta es palpable mediante el sinnúmero de personas que se
encuentran bajo arresto domiciliario sin una fecha tentativa de culminación de la
medida. El mismo presupuesto que otorga el carácter de relevante a la presente
investigación es aquel que demuestra la actualidad del mismo, por cuanto la
incertidumbre jurídica subsiste hasta que no exista disposición legal expresa que
determine el tiempo de caducidad del arresto domiciliario.
El desarrollo académico del problema jurídico planteado gira en torno a varios métodos
de investigación científica, siendo estos: el método analítico, el inductivo y el
histórico; cada una de las técnicas investigativas singularizadas guardan un objetivo
académico diferente pero necesario en la construcción del presupuesto principal, la
antítesis y la síntesis del problema jurídico y social expuesto.
Con el fin de evidenciar la actualidad y relevancia del problema se estableció como
muestra dentro de la presente investigación a 85 personas conformadas por 50 abogados
en libre ejercicio, 18 funcionarios judiciales de la Unidad Penal y 17 usuarios
vinculados con procesos en los cuales se ha dictado medidas cautelares de carácter
personal.
Posterior a la práctica de la encuesta, como método investigativo de obtención de
información verídica, se logró evidenciar que el problema jurídico planteado trasciende
al ámbito social, el de aplicación normativa y el ejercicio cabal de derechos y garantías
constitucionales. Una vez evidenciada la relevancia de la problemática jurídica
planteada de manera teórica y empírica, se constituyó la base para poder plantear una
solución normativa viable que no violente o cause detrimento de los derechos de libre
tránsito, igualdad y no discriminación y debido proceso.
ABSTRACT
The research project on Domiciliary Arrest, The Principle of Equality and the Right to
Freely Travel through the National Territory is developed as follows:
The legal problem raised in the present academic dissertation has total relevance in the
legal and social context, as the problem is not limited to the literal statement, since it is
palpable through the number of people who are under house arrest without a tentative
date of completion of the measure. The same budget that grants the character of
relevance to the present investigation is the one that shows the actuality of the same,
since the legal uncertainty subsists until there is no express legal provision that
determines the expiration time of the house arrest.
The academic development of the legal problem raised revolves around various
methods of scientific research, these being: the analytical method, the inductive and the
historical; each one of the singularized investigative techniques have a different but
necessary academic objective in the construction of the main budget, the antithesis and
the synthesis of the exposed legal and social problem.
In order to demonstrate the relevance and relevance of the problem, 85 people made up
of 50 freelance lawyers, 18 judicial officers of the Criminal Unit and 17 users linked to
processes in which it was issued were established as a sample within the present
investigation. precautionary measures of a personal nature.
After the practice of the survey, as an investigative method of obtaining true
information, it was possible to demonstrate that the legal problem raised transcends the
social sphere, that of normative application and the full exercise of rights and
constitutional guarantees. Once the relevance of the legal issues raised in a theoretical
and empirical manner was demonstrated, the basis was established to be able to propose
a viable normative solution that does not violate or detract from the rights of free transit,
equality and non-discrimination and due process.
INDICE GENERAL
PORTADA
APROBACIÓN DE LOS ASESORES DEL TRABAJO DE TITULACIÓN
DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD
DERECHOS DE AUTOR
DEDICATORIA
AGRADECIMIENTO
RESUMEN
ABSTRACT
INDICE GENERAL
INDICE DE TABLAS
INDICE DE GRÁFICOS
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 1
Antecedentes de la Investigación ............................................................................................ 1
Situación problemática ........................................................................................................... 4
Problema científico ................................................................................................................. 6
Lugar y tiempo ........................................................................................................................ 6
Identificación de la línea de investigación .............................................................................. 7
Objetivos ................................................................................................................................. 7
Idea a defender ........................................................................................................................ 7
Variables de la investigación .................................................................................................. 8
Aporte teórico, significación práctica y novedad científica.................................................... 8
Esquema de contenidos del proyecto de investigación ........................................................... 9
CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO ..................................................................................... 12
Epígrafe I: EL ARRESTO DOMICILIARIO ....................................................................... 12
Conceptos .............................................................................................................................. 12
1.1.1. Necesidad para el arresto domiciliario. ....................................................................... 13
1.1.2. Origen y evolución del arresto domiciliario ............................................................... 14
1.1.3. El arresto domiciliario como medida cautelar ............................................................ 15
1.1.4. El arresto domiciliario como medida auxiliar a la prisión preventiva ........................ 16
1.1.5. Reglas para la aplicación ............................................................................................ 18
1.1.6. Reglas para la caducidad ............................................................................................. 19
1.1.7. Obstrucción y vulneración de garantías constitucionales ........................................... 21
1.1.8. Obstrucción para el ejercicio de derechos constitucionales ........................................ 24
1.1.9. Consecuencias jurídicas. ............................................................................................. 25
1.1.10. Consecuencias psicológicas en el procesado. ........................................................... 25
1.1.11. Dispositivo de vigilancia electrónica ........................................................................ 26
1.1.12. Aplicabilidad del dispositivo de vigilancia electrónica ............................................ 27
1.1.13. La prisión preventiva aplicada como medida de última ratio. .................................. 29
1.1.14. La prisión preventiva frente al arresto domiciliario como medida auxiliar a la
misma. ................................................................................................................................... 30
1.1.15.- Caducidad de la prisión preventiva. ........................................................................ 31
1.1.16.- Efectos jurídicos de la caducidad de la prisión preventiva cuando existen varios
procesados, en los que pese la prisión preventiva en unos y el arresto domiciliario en
otros. ..................................................................................................................................... 32
EPÍGRAFE II: EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ................................................................ 33
1.2. Conceptos ....................................................................................................................... 33
1.2.1.- Origen y evolución del principio de igualdad. .......................................................... 33
1.2.2. Necesidad de la aplicabilidad del principio de igualdad. ............................................ 34
1.2.3. Igualdad formal ........................................................................................................... 34
1.2.4. Igualdad material ........................................................................................................ 35
1.2.5. Vulneración del principio de igualdad en el caso de la caducidad de la prisión
preventiva cuando existen varios procesados, en los que pese la prisión preventiva en
unosy el arresto domiciliario en otros. .................................................................................. 36
1.2.6. Efectos jurídicos. ........................................................................................................ 37
EPÍGRAFE III: 1. EL DERECHO A TRANSITAR LIBREMENTE POR EL
TERRITORIO NACIONAL. ................................................................................................ 39
1.3. Conceptos ....................................................................................................................... 39
1.3.1. Origen y evolución del derecho al libre tránsito ......................................................... 39
1.3.2. Necesidad de la aplicabilidad de garantizar el Derecho a transitar libremente por
el territorio nacional. ............................................................................................................. 40
1.3.3. Vulneración del derecho a transitar libremente por el territorio nacional cuando
existen varios procesados, en los que pese la prisión preventiva en unos y el arresto
domiciliario en otros ............................................................................................................. 40
1.3.4. Efectos jurídicos. ........................................................................................................ 41
CAPÍTULO II- MARCO METODOLÓGICO ..................................................................... 42
2.1. Descripción del sector y del problema. .......................................................................... 42
2.2. Proceso metodológico empleado. .................................................................................. 43
Investigación exploratoria ..................................................................................................... 44
2.4. Plan de Investigación ..................................................................................................... 47
2.7. Conclusiones parciales del capítulo ............................................................................... 59
CAPÍTULO III. PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA ............................................. 61
3.1. Título .............................................................................................................................. 61
3.2. Objetivo de la propuesta ................................................................................................ 61
3.3. Justificación de la propuesta .......................................................................................... 61
DESARROLLO DE LA PROPUESTA ............................................................................... 62
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ............................................................................................. 63
CONCLUSIONES ................................................................................................................ 70
RECOMENDACIONES ....................................................................................................... 72
BIBLIOGRAFÍA
DICCIONARIOS
LEGISGRAFÍA
LINKOGRAFÍA
INDICE DE TABLAS
Tabla 1 El arresto domiciliario ............................................................................................. 49
Tabla 2 Conceder el arresto domiciliario .............................................................................. 50
Tabla 3 Prisión preventiva tiene un periodo de caducidad ................................................... 51
Tabla 4 El arresto domiciliario carece de tal periodo taxativo ............................................. 52
Tabla 5 La falta de regulación .............................................................................................. 53
Tabla 6 La prisión preventiva ............................................................................................... 54
Tabla 7 Arresto domiciliario ................................................................................................. 55
Tabla 8 Derechos de igualdad y libre tránsito ...................................................................... 56
Tabla 9 Solución eficaz a este problema .............................................................................. 57
Tabla 10 Medida cautelar que no sea prisión preventiva ...................................................... 58
INDICE DE GRÁFICOS
Grafico 1 El arresto domiciliario ......................................................................................... 49
Grafico 2 Conceder el arresto domiciliario .......................................................................... 50
Grafico 3 Prisión preventiva tiene un periodo de caducidad ............................................... 51
Grafico 4 El arresto domiciliario carece de tal periodo taxativo ......................................... 52
Grafico 5 Tabla 5 La falta de regulación ............................................................................. 53
Grafico 6 La prisión preventiva ........................................................................................... 54
Grafico 7 Arresto domiciliario ............................................................................................. 55
Grafico 8 Derechos de igualdad y libre tránsito .................................................................. 56
Grafico 9 Solución eficaz a este problema .......................................................................... 57
Grafico 10 Medida cautelar que no sea prisión preventiva ................................................. 58
1
INTRODUCCIÓN
Antecedentes de la Investigación
Para podernos ubicar en el tema del arresto domiciliario debemos de partir con la definición
de la palabra domicilio, es decir: en el Derecho Civil nos indica que es el lugar al que la ley
asigna la característica de ser el emplazamiento de referencia de una persona natural o
jurídica para el cumplimiento de sus obligaciones y ejercicio de sus derechos. Según el
diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Domicilio, (del lat. Domicilium,
de domus, casa) es, morada fija y permanente. Casa que uno habita o se hospeda.
De las anteriores definiciones podemos concluir que la palabra domicilio no tiene un
significado único sino múltiple y puede usarse tanto en sentido amplio, como el lugar en
que una persona se encuentra establecida para el cumplimiento de sus obligaciones y el
ejercicio de sus derechos, como su morada fija y permanente. En otros términos, el
domicilio es la residencia que se considera tiene la persona a los ojos de la ley para el
ejercicio de ciertos derechos o para la realización de ciertos actos.
Le ha resultado sencillo al Derecho Penal influir sobremanera en el Derecho procesal penal,
de allí el carácter de sirviente que ciertos tratadistas le adjudican este último por su papel de
realizador del Derecho penal, a tal punto ello es así que, por siglos todo el transcurso de la
Inquisición y los comienzos de la ilustración, las dos ramas jurídicas no estuvieron
divididas en leyes y códigos diferentes, ambas eran segmentos de una única disciplina.
Particularmente se recuerda como Otrora, esto es, históricamente, con las penas de
sospecha, en tanto ellas eran aplicables a simples sospechosos, a quien no se les había
verificado con plena prueba la imputación formulada. Se lograba edificar la pena estatal en
un sentido muy distinto a aquel del nacimiento del Derecho penal como rama jurídica del
Estado de Derecho y, si se quiere, burlar varios principios penales hoy básicos, en verdad
establecidos en los siglos posteriores gracias a la ilustración.
Hoy en cambio, ese Derecho penal influye de múltiples maneras sobre su pariente cercano
o su rama específica, el Derecho procesal penal, con el objetivo de amoldarlo a sus propios
2
fines. Solo se puede hablar de libertad locomotora o de traslación, o de desplazamiento
físico y de asentamiento del ser humano, si se supone garantías jurídico políticas para no
ser privado de esa libertad injustamente por fuera de los casos y de las formas previstas en
la ley por el ejercicio de la fuerza pública, si se supone, entonces que la organización social
se rige por las reglas básicas de un Estado de Derecho. La afirmación que nunca se tolera
del encarcelamiento preventivo y desean abolirlo tiene un valor de desnudar la paradoja de
nuestro sistema, ciertamente hipócrita y su autor la osadía y la valentía de revelar la mayor
de las contradicciones de nuestro sistema penal para proponer nuevos y más justos caminos
de la solución del conflicto que se expresa cotidianamente de manera absolutamente vulgar
en discusiones políticas sobre la tarea del estado de proveer la seguridad común.
Resulta absurdo que el encarcelamiento preventivo, Domiciliario o cualquier tipo de
medida de coerción provoque un sufrimiento mayor que la apena amenazada o que aquella
que se espera como resultado del procedimiento. A todas las reglas referidas a evitar este
absurdo se la incluye como el principio de proporcionalidad del encarcelamiento
preventivo, principio que gobierna toda la actividad estatal, propia del Derecho público.
El arresto domiciliario obliga al acusado a permanecer en el interior de su morada, pues tan
solo se trata de una modalidad menos gravosa de detención, pero igual de todas maneras
implica restricciones para su libertad por lo que deben de adoptar las previsiones necesarias
por parte de la Policía Nacional, para que la persona que se encuentre con esas medidas de
pleno cumplimiento.
El arresto domiciliario o casa por cárcel es una pena que figura, como accesoria de otras o
como principal, en la mayoría de los códigos penales de los distintos países.
Se define como la privación de la libertad de movimientos y comunicación de un
condenado o acusado que se cumple fuera de los establecimientos penitenciarios, bien en el
propio domicilio, bien en otro fijado por el Tribunal sentenciador a propuesta del afectado.
3
El arresto domiciliario se emplea en situaciones singulares en las que el condenado no
puede o no debe ingresar en prisión. Se encontrarían en estos supuestos aquellos
cuyo delito ha sido menor y, por tanto, la privación de libertad supone un cargo excesivo;
también en los supuestos de edad avanzada, cuando se tienen personas a cargo o se padece
un trastorno que requiere la permanencia en una vivienda.
El arresto puede constituir una medida cautelar, alternativa a la prisión preventiva, durante
la fase de investigación criminal o cualquier otra circunstancia que indique la conveniencia
de que el imputado quede bajo control, para asegurar los objetivos del procedimiento penal.
En la justicia militar el arresto domiciliario es una figura común en situaciones de grave
crisis cuando se pretende evitar la concentración o agrupamiento de jefes y oficiales y el
contacto con las unidades armadas. En estos casos se equipara al confinamiento.
El arresto suele ser una situación provisional que termina, en caso de ser pena accesoria,
con el cumplimiento de la principal, y en los demás supuestos cuando la privación de
libertad ha perdido su relevancia en el procedimiento. En muchas situaciones,
especialmente cuando se trata de la investigación de un delito, el arresto puede sustituirse
por la prisión preventiva según la gravedad de los delitos que advierta el juez.
La pena restringe los movimientos del condenado al interior de una vivienda concreta, sin
que pueda salir de la misma salvo con autorización judicial. Según los casos y
legislaciones, pueden estar restringidas, o incluso prohibidas, las visitas del exterior y las
comunicaciones. Además la persona indultada que tenga esta medida estará vigilada
constantemente por personal policial, para que haga cumplir la condena emitida por el juez
respectivo.
En países como Colombia, Venezuela, Chile también se aplica la medida cautelar de
carácter personal del arresto domiciliario y que se encuentran debidamente normadas pero
que de igual manera la aplicación de esta medida en cualquier país genera controversia si
no se determina objetivamente su regulación.
4
Una vez revisado el repositorio institucional de la Universidad Autónoma de los Andes se
pudo evidenciar que no existen temas similares al presente tema de investigación.
Situación problemática
Dentro de las medidas cautelares establecidas en el Código Orgánico Integral Penal
tenemos las de carácter real y personal, siendo así entre sus modalidades las de carácter
personal, las mismas que se encuentran tipificadas en el artículo 522 del cuerpo del ley
citado, entre estas la prohibición de ausentarse del país, obligación de presentarse
periódicamente ante la o el juzgador que conoce el proceso o ante la autoridad o institución
que se designe, arresto domiciliario, dispositivo de vigilancia electrónica, detención; y,
prisión preventiva.
En el caso del arresto domiciliario al igual que el resto de medidas cautelares de carácter
personal son aquellas que de una u otra forma buscan garantizar la comparecencia a juicio
de la persona procesada y el cumplimiento de una eventual pena privativa de libertad; de
esta manera se configuraría plenamente garantizar el principio de inmediación expresado en
el artículo 5 numeral 17 del Código Orgánico Integral Penal.
La medida cautelar de carácter personal del arresto domiciliario es aquella que para
ejecutarse puede ser verificada por agentes policiales de manera permanente y cuando esta
vigilancia sea periódica, la persona sobre la que pese esta medida deberá obligatoriamente
llevar consigo el uso del dispositivo de vigilancia electrónica.
Del Código Orgánico Integral Penal, se desprende que sin necesidad de observar la pena
con la que se sancione un tipo penal, la prisión preventiva podrá ser sustituida por el arresto
domiciliario y el uso del dispositivo de vigilancia electrónica, en los casos en los que esté
en calidad de procesada una mujer embaraza, cuando se encuentre procesado una persona
adulta mayor (mayor a los 65 años), cuando la o el procesado padezca una enfermedad
incurable en etapa terminal, discapacidad severa, catastrófica o de alta complejidad, rara o
5
huérfana que no le permita valerse por sí misma, todos estos casos deberán estar
justificadas en legal y debida forma.
Es necesario determinar que la ley manifiesta que en los casos de delitos contra la
integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar,
el arresto domiciliario no podrá cumplirse en el domicilio donde se encuentre la víctima.
De lo indicado se establece que el arresto domiciliario no se cumpliría a cabalidad ya que se
entiende que la medida cautelar en discusión debe necesariamente cumplirse en el
domicilio del procesado.
Si bien es cierto que el principio de inmediación debe cristalizarse, es necesario
comprender que este jamás debería inobservar otros principios y derechos
constitucionalmente reconocidos, pues el administrador de justicia está necesariamente
facultado para garantizar el principio de igualdad entre otros y lógicamente evitar que se
vulneren derechos previstos en nuestra Constitución, pues empleando aquí también al
momento de resolver sobre las medidas cautelares que serán empleadas al procesado,
iniciar un analítico ejercicio de ponderación para establecer que principios y derechos
prevalecerán considerando que el arresto domiciliario al ser una medida auxiliar a la prisión
preventiva, no deja de ser una medida privativa del derecho a transitar libremente por el
territorio nacional y también vulnera otros derechos como el de desarrollar actividades
económicas, en forma individual o colectiva, el derecho a la libertad del trabajo, el derecho
a la intimidad personal y familiar, entre otros.
Cuando existen mecanismos alternativos para garantizar la comparecencia a juicio de un
procesado y a la aplicación de una eventual pena, como lo hemos citado es la medida
sustitutiva, presentaciones periódicas ante la autoridad competente que se designe, uso del
dispositivo de vigilancia electrónica, prohibición de salida del país; de no considerarlo así
es evidente que contraviene lo expresado de manera imperativa más no discrecional el
artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador que manifiesta que nuestro país es
un Estado constitucional de derechos y justicia, caracterizado por la existencia de una
Constitución material y rígida con carácter normativo y vinculante.
6
Problema científico
La normativa jurídica que regula el arresto domiciliario, al no determinar tiempo de
caducidad, vulnera el principio de igualdad y el derecho a transitar libremente por el
territorio nacional.
Objeto de investigación y campo de acción
Objeto de la investigación
Determinar el problema jurídico puntual, sus características, repercusiones y matices; para
así poder plantear una solución que limite la violación y menoscabo de los derechos.
Campo de acción
Vulnera el principio de igualdad y el derecho a transitar libremente por el territorio
nacional. Dentro del Derecho Constitucional y Penal me voy a referir al arresto
domiciliario, el principio de igualdad y el derecho a transitar libremente por el territorio
nacional.
Lugar y tiempo
Lugar
Unidad Judicial Penal con Competencia en Infracciones Flagrantes, con sede en la
parroquia Mariscal Sucre del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha.
Tiempo: 2017
7
Identificación de la línea de investigación
Retos, perspectivas, y perfeccionamiento de las ciencias jurídicas en Ecuador.
El ordenamiento jurídico ecuatoriano, presupuestos históricos, teóricos, filosóficos
y constitucionales.
Objetivos
Objetivo General
Diseñar un anteproyecto de ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal en lo
referente al arresto domiciliario para garantizar el principio de igualdad y el derecho a
transitar libremente en el territorio nacional.
Objetivos Específicos
Fundamentar jurídica y doctrinariamente el arresto domiciliario, el principio de
igualdad y el derecho a transitar libremente en el territorio nacional.
Determinar que la normativa que regula el arresto domiciliario viola el principio de
igualdad y el derecho a transitar libremente en el territorio nacional.
Establecer los elementos para la elaboración del anteproyecto de ley reformatoria al
Código Orgánico Integral Penal en lo referente al arresto domiciliario para
garantizar el principio de igualdad y el derecho de transitar libremente en el
territorio nacional.
Idea a defender
Con la elaboración de un anteproyecto de ley reformatoria al Código Orgánico Integral
Penal sobre el arresto domiciliario que determine tiempo de caducidad se garantizará el
principio de igualdad y el derecho a transitar libremente por el territorio nacional.
8
Variables de la investigación
Variable Independiente
Anteproyecto de ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal en lo referente al
arresto domiciliario que establezca tiempo de caducidad.
Variable Dependiente
Principio de igualdad y el derecho a transitar libremente por el territorio nacional.
Metodología a emplear: modalidad o enfoque de la investigación, tipo de diseño de
investigación, alcances de la investigación, métodos, técnicas y herramientas empleadas en
la investigación.
La política académica de la Universidad Autónoma de los Andes orienta la práctica de un
proceso de investigación de carácter propositivo, al intentar actuar sobre la realidad
concreta para mejorarla y/o solucionarla, en ese tránsito entre otro sigue el siguiente
proceso:
Observación
Es una actividad realizada por un ser vivo (como un ser humano), que detecta y asimila la
información de un hecho, o el registro de los datos utilizados, los sentidos como
instrumentos principales. El término también puede referirse a cualquier dato recogido
durante esta actividad.
Aporte teórico, significación práctica y novedad científica
Aporte teórico
El arresto domiciliario al igual que la prisión preventiva, necesariamente debe ser normado
dentro del Código Orgánico Integral Penal, en virtud de la caducidad de la medida cautelar
de carácter personal en discusión, pues la presente investigación está direccionada a evitar
9
que se vulnere el principio de igualdad con respecto a las garantías del debido proceso
establecidas en el Art. 76 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador y
lógicamente evitar que se violente el derecho a transitar por el territorio nacional entre otros
derechos más al momento en que el administrador de justicia resuelva.
Significación práctica
La presente investigación sirve de base para que las personas naturales procesadas obtengan
una justicia oportuna y que los administradores de justicia estén obligados a hacer
prevalecer el principio de igualdad y el derecho a transitar libremente por el territorio
nacional.
Novedad Científica
La presente investigación propende eliminar del Código Orgánico Integral Penal la
aplicación permanente del arresto domiciliario, y, de no ser así, tipificar la regulación de la
medida cautelar domiciliaria en cuanto a su caducidad, para lograr que prevalezca el
principio de igualdad y el derecho a transitar libremente por el territorio nacional. De
manera directa también optimizaría los recursos estatales que se destinan para la aplicación
del arresto domiciliario, en especial la custodia policial.
Esquema de contenidos del proyecto de investigación
EPÍGRAFE I
1. EL ARRESTO DOMICILIARIO
1.1. Conceptos
1.2. Necesidad para el arresto domiciliario.
1.3. Origen y evolución del arresto domiciliario
1.4. El arresto domiciliario como medida cautelar
1.5. El arresto domiciliario como medida auxiliar a la prisión preventiva
1.6. Reglas para la aplicación
1.7. Reglas para la caducidad
10
1.8. Obstrucción y vulneración de garantías constitucionales
1.9. Obstrucción para el ejercicio de derechos constitucionales
1.10. Consecuencias jurídicas.
1.11. Consecuencias psicológicas en el procesado.
1.12. Dispositivo de vigilancia electrónica
1.13. Aplicabilidad del dispositivo de vigilancia electrónica
1.14. La prisión preventiva aplicada como medida de última ratio.
1.15. La prisión preventiva frente al arresto domiciliario como medida auxiliar a la
misma.
1.16. Caducidad de la prisión preventiva.
1.17. Efectos jurídicos de la caducidad de la prisión preventiva cuando existen varios
procesados, en los que pese la prisión preventiva en unos y el arresto
domiciliario en otros.
EPÍGRAFE II
2. EL PRINCIPIO DE IGUALDAD
2.1. Conceptos
2.2. Origen y evolución del principio de igualdad.
2.3. Necesidad de la aplicabilidad del principio de igualdad.
2.4. Igualdad formal
2.5. Igualdad material
2.6. Vulneración del principio de igualdad en el caso de la caducidad de la prisión
preventiva cuando existen varios procesados, en los que pese la prisión
preventiva en unos y el arresto domiciliario en otros.
2.7. Efectos jurídicos.
EPÍGRAFE III
3. EL DERECHO A TRANSITAR LIBREMENTE POR EL TERRITORIO
NACIONAL.
3.1. Conceptos
3.2. Origen y evolución del derecho al libre tránsito
11
3.3. Necesidad de la aplicabilidad de garantizar el Derecho a transitar libremente
por el territorio nacional.
3.4. Vulneración del derecho a transitar libremente por el territorio nacional cuando
existen varios procesados, en los que pese la prisión preventiva en unos y el
arresto domiciliario en otros.
3.5. Efectos jurídicos.
CAPÍTULO II MARCO METODOLÓGICO
2.1. Determinación del sector y el problema
2.2. Proceso Metodológico empleado
2.3. Métodos, técnicas e instrumentos
2.4. Plan de Investigación
2.5. Análisis e Interpretación de datos.
2.7. Conclusiones parciales del capítulo
12
CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO
Epígrafe I: EL ARRESTO DOMICILIARIO
1.1. Conceptos
El arresto domiciliario es una medida cautelar de carácter personal y de aplicabilidad en
personas procesadas que judicialmente no han sido sentenciadas. Esta figura jurídica
consiste en la aprehensión del procesado en su lugar de residencia o domicilio, es decir que
por orden judicial tiene que permanecer de manera constante en su domicilio, por ello esta
medida guarda por antonomasia el carácter de privativo de la libertad.
El arresto domiciliario o también considerado arresto en casa consiste en la medida en la
cual el imputado tiene la obligación de permanecer en su domicilio ininterrumpidamente,
limitando su tránsito a los metros cuadrados de su domicilio habitual, sean cual sean las
condiciones del inmueble y sin tomar en cuenta necesidades diversas que difieran de las
cosas a las que tiene acceso en el espacio limítrofe determinado.
El arresto en casa hace alusión a permanecer de manera ininterrumpida en el lugar
correspondiente de residencia con el fin último de que la justicia tenga acceso al sujeto con
fines investigativos y para poder garantizar que la administración de la justicia restituya
derechos menoscabados o bienes jurídicos penalmente relevantes.
El carácter de la categoría sujeta a estudio es supletorio y no se aplica dentro de un proceso
penal como regla general, puesto que, no todos los ciudadanos son candidatos del
cumplimiento de la misma, siendo aplicable únicamente para los grupos sociales
establecidos en la constitución y la ley.
Es menester señalar que esta medida implica la limitación total al derecho de libre tránsito,
puesto que, además de la prohibición de salida del domicilio del procesado, también se
aplica el control periódico o total de la persona que se encuentra cumpliendo con la medida.
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1.1.1. Necesidad para el arresto domiciliario.
La necesidad para la aplicación del arresto domiciliario, básicamente es precautelar el
bienestar de ciertas personas procesadas ya sean estas pertenecientes a un grupo de atención
prioritaria como: las personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas con
discapacidad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad que
puedan justificar plena y documentadamente su situación de vulnerabilidad.
Aunque esta medida tenga como fin la privación de la libertad, también guarda
doctrinalmente un enfoque de protección y garantía de derechos de grupos de atención
prioritaria. El espíritu de la norma, en lo relativo a este enfoque es que la prisión preventiva
no llegue a menoscabar derechos que no pueden ser prescindibles para grupos sociales a los
cuales la constitución les ha dado la calidad de prioritarios por contener alguna
vulnerabilidad.
Dentro de la lista de imperativos para la existencia de la medida, se encuentra la capacidad
administrativa de los centros de reclusión del país, por cuanto no existe capacidad
suficiente para poder albergar un número excesivo de personas privadas de libertad que
cumplen una pena determinada mediante sentencia y en menor medida aquellos que se
encuentran cumpliendo medidas preventivas de carácter temporal.
Además, las personas que califican por sus características para poder acceder a esta medida
alternativa a la prisión preventiva en un centro de reclusión normal del país pertenece
también al grupo de atención prioritaria, los cuales cuentan con un trato especial tanto en
establecimientos públicos como privados, esto de conformidad con la Constitución, donde
se garantiza el pleno ejercicio de sus derechos al igual que todas las personas que se
encuentren en el territorio ecuatoriano pero a este grupo por sus particularidades mediante
ley como en este caso el COIP se establecen medidas acorde a su situación como el arresto
domiciliario, que no solo por la falta de capacidad para albergarnos se adopta esta medida,
sino porque sus instalaciones no están adecuadas para la correcta estadía de estas personas.
No se trata de lujos sino de meramente las condiciones mínimas para que sus derechos no
sean vulnerados, y su salud no se comprometa durante el tiempo que dure la prisión
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preventiva para estas personas, adoptando así esta medida con el afán de proteger su
integridad física.
1.1.2. Origen y evolución del arresto domiciliario
Históricamente esta figura se originó con el fin de proteger a grupos de poder o
privilegiados; debido a que las cárceles eran lugares que carecían por completo de garantías
de derechos o medidas preventivas de violación de los mismos.
En virtud de esta realidad las personas que contenían privilegios producidos por títulos
nobiliarios o por poder adquisitivos de medios de producción, solicitaban mantenerse en
sus residencias hasta que la investigación de las autoridades competentes rinda frutos.
Con el pasar del tiempo, esta medida destinada a un grupo minoritario, se tornó accesible
para grupos sociales que comenzaron a adquirir derechos específicos; a partir de esta
evolución la lógica cambio y se comenzó a otorgar arresto domiciliario a personas que
necesitaban cuidados especiales, los cuales, eran carentes en el sistema penitenciario.
Con el paso de los años existieron factores incidentes en el sistema penitenciario, los cuales
se reflejaban en la falta de espacio en las cárceles, produciendo que el carente sistema
administrativo colapsara, por esta razón el sistema penal comenzó a otorgar arresto
domiciliario a las personas que contenían situaciones especiales y a otras que a más del
factor edad tenían un perfil que facilitaba la viabilidad del proceso.
En la actualidad, suponiendo la capacidad administrativa del estado, esta medida fue
impuesta con el fin de garantizar derechos de grupos que conservan medidas de
discriminación positiva, dentro de las cuales se prevé proporcionar nuevos métodos que
sirvan para otorgar una condición más justa.
Y sin deslindarse de su objetivo esencial que es el garantizar que la persona procesada
comparezca a juicio, protegiendo y garantizando sus derechos en aras de cada situación en
particular y apegados a la ley pues no es una medida que se aplica a todas las personas en
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general, pues constituye una modalidad de las medidas cautelares que pueden ser adoptadas
por el juzgador, es así que guarda total empatía con los principios de la prisión preventiva
ya que la libertad de la persona también se encuentra limitada, y se entendería por el
espíritu de la ley que se ciñe a las reglas y principios que a esta regulan.
1.1.3. El arresto domiciliario como medida cautelar
Las medidas cautelares son actuaciones dentro del proceso que tienen como fin el asegurar
la comparecencia del sujeto al proceso; dentro del listado de las medidas cautelares se
encuentra: la comparecencia del procesado periódicamente, dispositivo de rastreo, prisión
preventiva, prohibición de salida del país y el arresto domiciliario.
El otorgamiento de estas medidas tiene como fin último garantizar que la persona que se
encuentra procesada pueda estar en el juicio, se las otorga de esta manera por el riesgo
inminente de la inasistencia del procesado; en relación al nivel de posibilidades de no
comparecencia al juicio.
En lo que concierna al arresto domiciliario, este es otorgado a las personas que tienen
impedimento, por edad o salud, de cumplir la prisión preventiva en un centro de
rehabilitación. Por esta razón se les recluye en su hogar, y se le otorga vigilancia parcial o
total, entendiéndose esta como la vigilancia periódica o la asignación de un agente público
que precautele el cumplimiento de la medida.
Esta medida cautelar es de carácter supletoria, no siendo la regla básica dentro de un
proceso, siempre y cuando no exista en este algún sujeto perteneciente a un grupo de
atención prioritaria que requiere el acceso a esta en primera ratio para no sufrir injusticias
producidas por el proceso, y por las condiciones del sistema penitenciario que no cumple
con las necesidades básicas de acuerdo a la situación de cada persona en particular
pertenecientes a este grupo de características particulares.
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1.1.4. El arresto domiciliario como medida auxiliar a la prisión preventiva
El arresto domiciliario supone una sustitución del cumplimiento de la prisión preventiva,
entendiéndose esta como la reclusión en un centro de privación de libertad, con el fin
último de garantizar la presencia del procesado en el juicio, y que de conformidades con las
reglas del debido proceso se llegue a esclarecer la verdad, salvaguardando los derechos de
las supuestas víctimas a su derecho al acceso a la justicia sin dejar de lado el principio de
presunción de inocencia del procesado.
En nuestra Constitución se encuentra marcada como una garantía básica del debido
proceso, la Carta Magna establece que toda persona será presumida inocente y será tratada
como tal, mientras no se declare responsable por sentencia ejecutoriada o resolución firme.
(CRE, 2008, Art. 76)
El Código Orgánico Integral Penal estipula a la presunción de inocencia como un principio
procesal, que se encuentra directamente relacionado al derecho al debido proceso penal, y
establece que “toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser tratada
como tal, mientras no se ejecutoríe una sentencia que determine lo contrario” (COIP, 2014,
Art. 5)
Además, este derecho también es protegido por instrumentos internacionales que pasan a
ser parte de nuestro propio ordenamiento jurídico debido al bloque de constitucionalidad,
como la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos
Bajo esta premisa, existen personas que pertenecen a grupos de atención prioritaria, que
recurren al arresto domiciliario como medida sustitutiva de la prisión preventiva. Dentro
del grupo de personas que pueden recurrir a esta medida se encuentran: las personas de la
tercera edad, personas que sufran enfermedades catastróficas, huérfanas o incurables, las
mujeres embarazadas, entre otros grupos en los que exista un riesgo inminente de violación
de derechos o un detrimento de la integridad física de la persona.
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Es menester señalar que la regla general es la prisión preventiva y que el arresto
domiciliario se presenta como excepción al cumplimiento de la misma, por lo que
únicamente puede acceder a esta medida las personas que no puedan cumplirla por los
presupuestos establecidos en la ley.
Desde el punto de vista doctrinario, el carácter supletorio de la medida es completamente
justificado, debido a que esta es planteada como un beneficio otorgado por la autoridad
competente en los casos que la ley los haya previsto, desde la misma raíz doctrinaria se
contempla a esta medida como insuficiente si se llegase a aplicar como regla principal y se
apertura su aplicabilidad a sujetos sin restricción.
Las restricción a los derechos de las personas deben ser aplicadas limitadamente, por esta
razón la prisión preventiva no debe ser aplicada como regla general dentro de un proceso
penal como normalmente se lo hace porque al ser determinada arbitrariamente, se estaría
atentando contra principios constitucionales y los derechos humanos.
Derechos que están directamente vinculados a la excepcionalidad de la prisión preventiva
que sustenta que solo deberá disponerse cuando sea absolutamente necesaria y cuando las
demás medidas cautelares establecidas en el ordenamiento sean ineficaces para garantizar
la comparecencia a juicio del procesado.
De esta manera, el principio de presunción de inocencia determina que la prisión preventiva
deberá ser usada en casos debidamente motivados y excepcionales, no deberá ser aplicada
como una medida represiva para mantener la seguridad o para anticipar el cumplimiento de
la pena, púes el fin último siempre se situará a la adopción de medidas cautelares siendo
estas de carácter preventivo y no sancionatorio.
Y a su vez, el arresto domiciliario como una medida auxiliar a la prisión preventiva que
precautele los derechos del procesado se torna menos lesiva pero no por ello limitadora de
derechos pues el hecho de someterse a un proceso penal ya causa suficiente detrimento en
la salud mental de la persona, y en esta medida también se somete a la restricción de sus
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derechos, como libre tránsito, libertad, etc; y estando en etapa de investigación previa es
totalmente incongruente que sin llegar a la verdad procesal y fáctica sea tratada la persona
como un delincuente sin tener aún las pruebas suficientes para dar un juicio valorativo
respecto a la culpabilidad o no de la persona ordenando medidas que no son proporcionales
a la situación particular del procesado.
1.1.5. Reglas para la aplicación
Las reglas de aplicabilidad en lo que concierte al arresto domiciliario, es uno de los
caracteres preponderante en la existencia de la medida, ya que dicha razón es una de las
causas preponderantes para su existencia, por ello el fin de la fase empírica de la categoría
jurídica es precautelar derechos garantizándolos y previniendo la violación de los mismos.
Dentro de los supuestos para la aplicación del arresto domiciliario encontramos varios entre
los cuales están los siguientes: mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y personas
que sufran de enfermedades incurables, huérfanas o catastróficas; cada una de las
condiciones detalladas con anterioridad guardan caracteres de aplicación diferentes, tanto
del grupo proveniente como la visión de protección; para poder entender dicha perspectiva
se detallan en el orden indicado consecuentemente:
La prisión preventiva podrá ser sustituida por al arresto domiciliario cuando la persona
procesada sea una mujer embaraza; además se concederá hasta 90 días posteriores al parto
y en el caso de que el niño nazca con alguna enfermedad se extenderá tres meses más.
A más de las mujeres embarazadas o en proceso de lactancia, el segundo grupo observado
dentro de los requisitos de aplicabilidad de la medida son las personas mayores de 65 años,
los cuales poseen el beneficio de contemplar la medida por tiempo indefinido y sin más
prueba para su aplicación que los documentos correspondientes; el último grupo
beneficiado con el arresto domiciliario son las personas que tengan enfermedades
incurables, discapacidad severa o enfermedad catastrófica pueden acceder al arresto
domiciliario siempre cuando el delito por el cual son procesados no sea en contra de la
integridad sexual, reproductiva, casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo
familiar.
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Además de los presupuestos observados, cabe recalcar que no cabe la sustitución de la
prisión preventiva cuando la pena privativa de libertad supere los cinco años. En esos
casos, so pena del menoscabo de derechos de las personas procesadas que pertenezcan a
grupos de atención prioritaria, se cumplirá con la medida.
Esta medida cautelar priva de la libertad de comunicación y movimientos al procesado
fuera de las instalaciones penitenciarias, y en su lugar sustituyendo por el propio domicilio
del imputado.
El arresto domiciliario debe ser empleado en situaciones especiales en las que el procesado
manifestando condiciones especiales personales por las cuales no puede ingresar en los
centros de privación de libertad normales ya que se vulnerarían sus derechos por la
situación en la que se encuentra o en acusaciones de delitos menores donde la privación de
libertad sería excesiva.
El Código Orgánico Integral Penal establece que el control de esta medida cautelar estará a
cargo del juzgador quien puede usar cualquier medio que determine como necesario para
verificar su cumplimiento, entre estos la fuerza pública.
Se determina en el mismo cuerpo legal que el procesado, no estará sometido a una
permanente vigilancia policial, sino que esta podrá ser reemplazada por vigilancia
periódica, y se determina que, en caso de aplicarse esta medida, el uso del dispositivo de
vigilancia electrónica será obligatorio (COIP, 2014, art. 525)
1.1.6. Reglas para la caducidad
Acerca de la caducidad del arresto domiciliario el Código Orgánico Integral Penal no
observa presupuesto de vencimiento; pese a que en los considerandos de motivación de la
norma se plantea que en la consulta popular de 7 mayo de 2011, el pueblo se refiera a temas
relativos a la caducidad de la prisión preventiva y a las medidas sustitutivas a la privación
de libertad; en el Código Orgánico Integral Penal no se incorporan postulados acerca de la
caducidad del arresto domiciliario.
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A pesar de no existir tiempos de caducidad del arresto domiciliario señalados expresamente
en la norma, hay tiempos de caducidad de la prisión preventiva, los cuales indican que no
se podrá exceder de seis meses en los delitos sancionados con una pena privativa de
libertad de hasta cinco años y no más de un año en las penas privativas de libertad mayor a
cinco años.
Pese a que existen disposiciones expresas existentes en lo relativo a la medida principal, la
norma tampoco indica que el arresto domiciliario al ser una medida sustitutiva de esta sigue
las mismas reglas de caducidad, supuesto que implica la existencia de un vacío en lo
referente a la culminación del arresto domiciliario.
El deber ser desde el punto interpretativo de la norma, es que al existir un vacio, este sea
suplido por tiempos de caducidad existentes en figuras jurídicas similares; el deber de los
jueces es procurar que los vacios legales no generen detrimento de derechos reconocidos en
la constitución y la ley, por ello, la manera correcta de proceder en base al ejercicio de sus
funciones es alcanzar una interpretación progresiva que evite la arbitrariedad.
Pero lastimosamente en el Ecuador, dicho vacío legal ha dejado a la discrecionalidad del
operador de justicia la aplicación o no de los principios que acogen a la prisión preventiva
que vendrían a ser los supletorios en el caso de arresto domiciliario y en aras de garantizar
los derechos del procesado, pero la realidad en la que nos encontramos es otra, pues en
sentencias emitidas por la Corte Nacional de Justicia se puede observar la ligereza con la
que se interpretan las normas y se hace una motivación exegética de la norma dando una
resolución poco técnica para el cargo que ostentan y totalmente vana como representantes
del Estado con el fin de proteger y garantizar los derechos de las personas que se
encuentran en territorio ecuatoriano.
Con lo anteriormente mencionado me refiero al caso concreto sobre la negativa de la Corte
Nacional de Justicia frente al pedido de caducidad al arresto domiciliario que se dictó en
contra de 5 exmilitares acusados de cometer delitos de lesa humanidad en 1985 en contra
de Susana Cajas, Luis Vaca y Javier Jarrín, ex militantes del movimiento Alfaro Vive
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Carajo donde los jueces concluyeron que la petición no es procedente porque en el Código
Orgánico Integral Penal (COIP) no consta que el arresto domiciliario pueda caducar cuando
ha excedido el plazo de un año.
Los jueces en la respectiva resolución señalan: “No existe norma que equipare el arresto
domiciliario con la prisión preventiva, por lo que se niega el pedido de caducidad del
arresto domiciliario”, lo cual es inconcebible en un Estado de Derechos donde el fin último
debe ser proteger los derechos y aún en el área penal donde existe mayor restricción a los
mismos, la política por la cual deben guiarse los operadores de justicia al estar establecido
en la Carta Magna la cual es de obligatorio cumplimiento son los principios de mínima
intervención penal y la presunción de inocencia, por lo cual dicha discrecionalidad vulnera
los derechos constitucionales de los procesados cuando es aplicada en detrimento de los
mismos.
1.1.7. Obstrucción y vulneración de garantías constitucionales
La falta de regulación normativa relativa a los tiempos de caducidad del arresto
domiciliario supone una violación a garantías básicas contenidas en el derecho al debido
proceso, puesto que, al obviar dichas disposiciones se está instaurando una medida de
carácter indefinida que violenta principios y garantías constitucionales.
En el artículo 77 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que en todo
proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán garantías
básicas relativas al debido proceso, entre las cuales se encuentran:1 La responsabilidad del
juez encargado de la causa de no permitir que la prisión preventiva exceda el tiempo
determinado en la ley de la materia; a pesar que esta garantía se refiere a la prisión
preventiva, es imperativa referirse a ella por cuanto la norma constitucional a más de hacer
alusión a la prisión preventiva debió contener dentro de lo singularizado el tiempo de
caducidad del arresto domiciliario, por cuanto este hace ademan de prisión preventiva para
personas con vulnerabilidad en un coloquio diferente al centro de reclusión, pero bajo la
misma máxima de limitación de tránsito.
1Constituyente, Ecuador Asamblea. "Constitución de la República del Ecuador."Artículo 77, numeral 10 y 11.(2008).
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A más de lo singularizado en líneas anteriores la garantía desarrollada también contempla
el supuesto de la perdida de los efectos de la prisión preventiva cuando esta haya excedido
el tiempo establecido, por cuanto sobrepasar el elemento temporal supone una violación a
las garantías del debido proceso.
El numeral 11 del artículo 77 del cuerpo normativo mencionado, contiene otra garantía del
debido proceso, la cual contempla la obligación de los juzgadores de aplicar los plazos,
casos, condiciones y requisitos a la aplicación de medidas sustitutivas de la prisión
preventiva; acerca de dichos plazos la constitución atribuye su redacción a la ley de la
materia competente, la cual para in fortunio de la aplicación de derechos y garantías no
contempla supuestos temporales que marquen el fin de la medida sustitutiva.
El artículo 11 establece los principios de aplicación de los derechos y de cómo debe actuar
el Estado frente a ellos:
Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: “Los
derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante
las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento”
(CRE, 2008).
Y es que la promoción, protección y garantía de los derechos humanos son responsabilidad
por excelencia de los Estados, quienes están llamados a tener el efectivo cumplimiento de
estos, es así que de conformidad con el Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, “es esencial que en cada Estado esos bienes jurídicos fundamentales sean
protegidos por un régimen de derecho” (ONU, 2006).
Es indispensable que todo Estado tenga como fin último salvaguardar los derechos
humanos, desarrollando así un ordenamiento jurídico de carácter constitucional y legal que
los resguarden y creen los medios necesarios para su efectivo cumplimiento con debida
coherencia.
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El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia que tiene doble
responsabilidad en su campo de acción relativo a la protección de los derechos
fundamentales, si bien es importante que durante la creación de normas que reconozcan y
garanticen dichos derechos y a su vez que deben procurar que los juzgadores se abstengan a
dictar resoluciones que puedan restringirlos o menoscabarlos.
Y además en el ordenamiento jurídico deben existir normas secundarias que exigen que se
acaten estas normas para velar por su efectivo cumplimiento, tanto por sus instituciones
como por sus funcionarios públicos, y por los funcionarios judiciales especialmente, ya que
son a quienes se les ha concedido la facultad de restringir derechos en ciertas situaciones
conforme a la ley.
Solo así el Estado ecuatoriano puede asumir el rol de garante de los derechos consagrados
en la Constitución y en coherencia con el sistema internacional de protección de los
mismos a los cuales ratificado.
El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor
de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad (CRE, 2008).
Y como el tema que nos atañe no es genérico sino que se refiere a las personas privadas de
la libertad, las mismas que se encuentran en situación de desigualdad en referencia al resto
de la población, por lo tanto, el Estado debe velar por el efectivo cumplimiento y respeto de
sus derechos, mientras atraviesan un proceso penal con el fin de que sus derechos no sean
vulnerados.
Por lo tanto este vacío legal resulta arbitrario y además inconstitucional ya que en la Carta
Magna encontramos que: “No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su
violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su
reconocimiento”.
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De manera que las decisiones judiciales en ningún caso pueden restringir por ningún
motivo alguno, el pleno ejercicio de los derechos del procesado puesto que se deberán guiar
por la interpretación que garantice su efectivo cumplimiento.
Y es que deben acogerse a lo que nuestra constitución manda: “En materia de derechos y
garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o
judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva
vigencia” (CRE, 2008)
1.1.8. Obstrucción para el ejercicio de derechos constitucionales
Cuando una medida cautelar supera la medida coercitiva planteada por la ley, produce la
consecuente violación de derechos. El arresto domiciliario al no contener una temporalidad
que conserve la suerte de caducidad de la restricción a la libertad, restringe derechos al ser
arbitraria y condescendiente con la discrecionalidad de los jueces. Al no existir en la norma
una disposición expresa que limite el tiempo de duración del arresto domiciliario, se está
otorgando al juzgador una herramienta de abuso de sus facultades de decisión en el
proceso.
La implicación de la falta de regulación concerniente a los tiempos de caducidad del arresto
domiciliario genera una inminente violación a los derechos de libertad de tránsito,
desarrollo de actividades económicas y el derecho a trabajo, entre otros derechos derivados
de los ya mencionados.
En relación al derecho de libre tránsito este se encuentra contenido en el artículo 13 de la
Declaración Universal de los derechos humanos, en dicho apartado se contempla a este
derecho bajo la libertad de circulación en un territorio determinado, o en dirección a otro
territorio. El derecho a la libertad de tránsito también es entendido bajo el presupuesto de
libertad de circulación o libertad ambulatoria, pero de igual manera direcciona el umbral de
protección al libre desarrollo de esparcimiento territorial de las personas.
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1.1.9. Consecuencias jurídicas.
El efecto inmediato que contempla el supuesto de un arresto domiciliario indefinido es la
violación de derechos reconocidos en tratados internacionales, garantías y principios del
debido proceso y en general todos los contenidos detallados en la constitución que hagan
referencia a dichos derechos de libertad y debido proceso menoscabados.
En el hipotético caso de que una persona este por un tiempo adicional que al reconocido en
el Código Orgánico Integral Penal para figuras relacionadas como la prisión preventiva, se
está marcando una desigualdad inminente donde las personas que se suponía debían gozar
de una prerrogativa por su condición de edad, salud o estado de gestación, son
discriminadas y condenadas a la discrecionalidad por la inexistencia de una norma expresa
o en ultima ratio de alguna medida interpretativa que logre marcar el carácter progresivo de
los derechos.
Las consecuencias jurídicas inmediatas de la falta de ley expresa que determina la
caducidad del arresto domiciliario, son varias y no se limitan a la mera apreciación de los
derechos que fueron violentados; además de los derechos observados, el proceso se ve
afectado al no existir una medida procesal consecuente que permita culminar con la
medida; de igual manera, a pesar de que se observe la medida esta no contiene presupuestos
de defensa que respalden a la defensa en el convencimiento de que el deber ser contenido
en el derecho es que se culmine el arresto domiciliario por el tiempo transcurrido.
1.1.10. Consecuencias psicológicas en el procesado.
A pesar de que el sujeto al cual se le otorgo la medida sustitutiva de arresto domiciliario no
cumple dicha disposición en un centro de rehabilitación; también es afectada al estar
directamente perjudicada en su desarrollo social, económico y de libre esparcimiento. Las
repercusiones psíquicas se producen por el inminente encierro y en el caso específico el
desconocimiento de la culminación de la medida.
Bajo estos presupuestos, tenemos dos factores predominantes que causan un daño directo al
procesado, el cual adquiere el carácter de víctima, a la cual a más de omitirle el respeto a
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varios de sus derechos se le infiere daños con repercusiones psicológicas al no reconocer el
carácter gregario del procesado y las expectativas del debido proceso.
Es menester señalar que la mayoría de personas que cumplen con el arresto domiciliario se
ven afectadas en su diario vivir al igual que las procesados que cumplen con la medida de
prisión preventiva en un centro penitenciario, puesto que, ambos tienen restricción de
esparcimiento, limitan su tránsito a varios metros cuadrados, son vigilados
permanentemente y tienen restricción de visitas; consecuentemente el impacto que tienen
las personas en ambos supuestos es similar en cuanto a afectaciones y repercusiones en la
integridad psicológica.
1.1.11. Dispositivo de vigilancia electrónica
Con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal en el 2014, se introduce una
medida cautelar novedosa para el país, esto es el dispositivo de vigilancia electrónica; que
llega a revolucionar la concepción tradicionalista del Derecho Penal que lo asociaba
llanamente con la privación de libertad.
Lo interesante de estos dispositivos es que son una medida cautelar de carácter no privativo
de libertad que garantiza el monitoreo continuo del procesado sin obstaculizar su
circulación, ni libertad de tránsito ya que le permite al juez tener un seguimiento exacto de
la ubicación del procesado.
El dispositivo de vigilancia electrónica consiste en una medida que basada en la tecnología
de GPS, permite ubicar al procesado con el fin de que este no salga de la zona dispuesta por
la autoridad competente, o intente huir y no acudir al proceso. Al igual que las demás
medidas cautelares esta tiene como fin último garantizar que la persona procesada pueda
garantizar su comparecencia al juicio.
La medida se ve reflejada en un brazalete que puede operar con diversos tipos de
tecnología, algunos solo localizan a la persona que lo lleva en un radio de territorio
determinado, lo que supone que si la persona se aleja mucho del mundo de captación esta
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no será rastreada. Otros dispositivos con características más vanguardistas, tienen la
capacidad de rastrear mediante señales satelitales, que permiten que la medida sea más
eficaz en su propósito.
Esta medida cautelar otorga grandes a los que se encuentran procesados penalmente en
contraste con la prisión preventiva y estos son:
Permite a los individuos vinculados en un proceso penal cumplir con el mismo fuera
de los centros de privación de libertad.
Permite al procesado desarrollarse dentro de su entorno social mientras enfrenta el
proceso penal.
No perturba el entorno familiar del procesado.
Permite conocer la ubicación exacta del procesado en tiempo real.
Reduce el hacinamiento en los centros privativos de libertad.
Permite al procesado cumplir con sus actividades diarias, conservar su trabajo y sus
fuentes de ingreso.
Permite la pronta reinserción social del individuo una vez de deslindarse del
proceso penal.
Permite que las personas de grupos vulnerables en la sociedad como adultos
mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades incurables cumplan
con el proceso penal mientras se garantiza en la mayor medida de lo posible sus
derechos.
Permite diferenciar a los procesados según sus grados de peligrosidad y aplicar
medidas de carácter menos restrictivas según el caso concreto.
Optimiza el uso de recursos públicos, como el personal policial ya que necesita de
menor control personal al ser monitoreado de forma electrónica.
1.1.12. Aplicabilidad del dispositivo de vigilancia electrónica
La aplicación de los dispositivos de vigilancia electrónica no excluye la existencia de otras
medidas, es decir, que la autoridad competente puede dictar cualquier medida cautelar y
esta puede ser aplicada de manera paulatina al del uso del dispositivo electrónico; un claro
ejemplo es el arresto domiciliario, el cual puede prescindir de vigilancia personal al utilizar
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la vigilancia electrónica, la cual servirá para verificar si la persona ha salido o no de su
residencia.
En el Ecuador los dispositivos de vigilancia electrónica utilizan tecnología limitada, por
cuanto la manera de rastrear a las personas que portan el dispositivo se limita a un espacio
territorial determinado perteneciente a la señal emitida para poder rastrear los objetos que
se encuentren dentro al radio.
La normativa interna del Ecuador acerca de los dispositivos de vigilancia electrónica
considera los siguientes artículos:
El artículo 522 en el numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal se considera la
aplicación de los dispositivos de vigilancia electrónica como medida cautelar para asegurar
la presencia de la persona procesada;
Los numerales 2 y 3 del Art. 558 del COIP, aplican la vigilancia electrónica a la persona
procesada de acercarse a la víctima, testigos y a determinadas personas, en cualquier lugar
donde se encuentren y la prohibición a la persona procesada de realizar actos de
persecución o de intimidación a la víctima o a miembros del núcleo familiar por si mismo o
a través de terceros, medidas que, de conformidad al inciso 1° del Art. 559 del COIP
deberán cumplirse ordenando a la persona procesada el uso de dispositivos electrónicos.
En relación a los estipulado en el numeral dos del Art. 559 del COIP, pueden utilizarse
en favor de la víctima, testigos u otro participante en el proceso penal.
En lo referente a la rehabilitación social semi abierto contemplado en el Art. 698 del
COIP , establece en el Art. 699 del mismo cuerpo legal, que facultan a la 40 jueza o el juez
de Garantías Penitenciarias para disponer el uso de dispositivos de vigilancia electrónica
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1.1.13. La prisión preventiva aplicada como medida de última ratio.
La Constitución de la República del Ecuador considera que la prisión preventiva debe ser
una medida subsidiaria y de última ratio. El derecho penal dentro de sus corrientes
doctrinarias plantea que el poder punitivo del estado debe ser una medida que se aplique
cuando ya no exista otros medios o medidas otorgados por el derecho.
De esta manera desde un punto meramente administrativo el derecho penal no se satura, y
desde el enfoque de derechos: no existe el uso excesivo del poder punitivo del estado, el
cual solo debe intervenir cuando exista una conducta que genere un juicio de reproche
social, es decir, que recurrir al sistema penal sea el único medio por el cual se pueda
reivindicar la justicia.
Bajo la lógica de lo expuesto, es indispensable considerar que la prisión preventiva
únicamente debe de ser ordenada por la autoridad competente cuando exista un riesgo
inminente de que la persona no asistirá al juicio. Por lo general se ordena esta medida
cuando los elementos de convicción infieren culpabilidad, razón por la cual se trata de
precautelar la asistencia de la persona procesada.
De la misma manera por la que se considera a la prisión preventiva de última ratio, debería
ser considerado el arresto domiciliario una medida que opere subsidiariamente, por cuanto
esta se otorga como una forma de sustitución de la medida principal. El arresto domiciliario
y su aplicación hacen ademan de una forma de aplicación del poder punitivo del estado, por
lo que esta debe ser observada por las consecuencias que genera al ser por antonomasia una
medida preventiva y coercitiva.
Huajuca (1989) afirmará que:
"Dentro de las medidas cautelares que existen en el derecho procesal penal, entre las
que se encuentran la libertad provisional y el arraigo, entre otros institutos, la
detención y la prisión preventiva son las más comunes por su frecuencia y por sus
30
efectos. Ambas pueden quedar comprendidas en la detención en sentido lato, cuyo
significado proviene del latín detentio-nis que equivale a privación de la libertad".
1.1.14. La prisión preventiva frente al arresto domiciliario como medida auxiliar a la
misma.
La prisión preventiva es la medida cautelar mediante la cual se ordena la aprehensión de la
persona procesada en un centro de reclusión para de esta manera poder llevar a cabo la
etapa procesal pertinente y garantizar que el procesado pueda comparecer a la audiencia
subsiguiente.
La prisión preventiva dependiendo del riesgo puede ser remplazada por otras medidas
contempladas en la ley de la materia, una de estas es el arresto domiciliario, la cual tiene la
suerte de una prisión preventiva fuera de un establecimiento de reclusión, esto quiere decir
que se conserva el mismo fin de limitación de la libertad, el libre tránsito y el
esparcimiento.
Un factor importante es que el uso excesivo de la prisión preventiva, se va en contra del fin
último del Estado que es tutelar derechos, y se la puede considerar incluso como una pena
anticipada, sin previo juzgamiento que determine que el procesado ha perdido su calidad de
presunto inocente.
Las demás medidas cautelares son ordenadas cuando existe mayores garantías de
comparecencia y únicamente operan para valorar la buena fe de la persona procesada, esto
quiere decir que la rigurosidad de la medida se atenúa. En el arresto domiciliario se
pretende mantener la misma rigurosidad pero otorgando a personas que debiendo cumplir
prisión no pueden por su situación de vulnerabilidad.
Además, la norma también determina casos en que la prisión preventiva puede ser revocada
como el desaparecimiento de las razones que la motivaron que son la ratificación de la
inocencia del procesado, la caducidad de la medida cautelar y el hecho de ser declarada
31
nula, la prisión preventiva no queda en firme, ni se puede considerar como cosa juzgada
(COIP, 2014, Art. 528).
1.1.15.- Caducidad de la prisión preventiva.
Al contrario del arresto domiciliario, la prisión preventiva si contempla tiempos de
caducidad no solo establecidos en la norma de la materia; la constitución al igual que el
Código Orgánico integral penal determinan tiempos pertinentes de duración de la prisión
dependiendo de la docimetría de la pena, procurando así la inviolabilidad de derechos y
garantías relacionados con la libertad, igualdad y el debido proceso.
Las normas pertinentes determinan que la prisión preventiva no podrá exceder los seis
meses en los casos en que la pena no exceda de cinco años, y un año cuando la pena sea
mayor de cinco años. En la constitución se plantea de manera expresa que por ningún
motivo el juez o jueza de la causa permitirá que estos tiempos se extiendan; por cuanto este
supuesto presupone una inminente violación de derechos.
De lo que se colige que la prisión preventiva conforme señala la Constitución de la
República y los tratados internacionales citados, es una medida excepcional. No olvidemos
que las normas jurídicas que restringen la libertad personal deben ser interpretadas
restrictivamente quedando prohibida la interpretación extensiva y la aplicación analógica,
por lo que la restricción de la libertad tiene carácter excepcional, de modo que las normas
que disponen esa restricción 40 ser interpretadas taxativamente. La base jurídica de la
prisión preventiva es regulada constitucionalmente sobre todo en el artículo 77 de la
Constitución de la República; y legalmente en el artículo 167 del Código de Procedimiento
Penal.2
2 CORIGLIANO, Mario. Plazo razonable y prisión preventiva en la jurisprudencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos. Revista electrónica Derecho Penal Online [en línea], Disponible en: http://www.
derechopenalonline. com, 2000.
32
1.1.16.- Efectos jurídicos de la caducidad de la prisión preventiva cuando existen varios
procesados, en los que pese la prisión preventiva en unos y el arresto domiciliario en otros.
Aunque exista múltiples procesados en una causa, no es necesario que todos estos tengan la
misma medida cautelar. En algunos procesos existen personas que independientemente de
los demás procesados cumples con otras medidas diferentes a la de la prisión preventiva.
En un proceso podemos observar un supuesto donde uno de los procesados se encuentre
cumpliendo con la prisión preventiva y otro al que le hayan dictado arresto domiciliario. A
pesar de que ambas son medidas cautelares, difieren en las disposiciones y regulaciones. En
el caso de la persona que se encuentra cumpliendo con la prisión preventiva, es evidente
que esta no se mantendrá más de seis meses si la pena no excede los cinco años, y un año si
la pena supera los cinco años.
Bajo la misma premisa, en el caso hipotético de que hayan transcurrido seis meses en el
proceso de una conducta a la cual se le imputa un máximo de 5 años, se deberá dejar en
libertad a la persona que se encuentre cumpliendo la prisión preventiva en un centro de
reclusión, por otra parte, el procesado que tenga arresto domiciliario seguirá conservara
dicho estatus, al no establecer la norma un tiempo máximo de duración de esta medida
cautelar sustitutiva de la prisión preventiva.
33
EPÍGRAFE II: EL PRINCIPIO DE IGUALDAD
1.2. Conceptos
En La declaración de los derechos del hombre en el artículo uno declara que los estos nacen
y permanecen libres e iguales en derechos y que las distinciones sociales sólo pueden
fundarse en la utilidad común,3 además reafirma que todas las personas son iguales ante la
ley, dicho enunciado supone que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades.
Dentro de nuestra normativa interna el articulo 11 numeral 2 inciso 3 de la constitución,
vincula a la libertad como la relación de equivalencia, en la cual los sujetos que la
conforman tiene el mismo valor y relevancia; a la vez la norma constitucional aclara que la
equivalencia hace alusión a homologación mas no a la identidad y que es erróneo
considerar lo diferente como sinónimo de desigualdad.
El principio de igualdad contiene en su desarrollo doctrinal, la igualdad ante la ley, la
igualdad bajo la ley, la igualdad ante los ojos de la ley y la igualdad jurídica, esta última
comprende o contiene dos subprincipios esenciales: principio de isonomia, que reconoce el
trato igualitario ante la ley y el principio del debido proceso el cual presupone que las
personas deben de estar sujetas a las mismas leyes dentro de un sistema jurídico.4
1.2.1.- Origen y evolución del principio de igualdad.
El origen del principio de igualdad se remonta a la historia romana, en la cual se
proclamaba la igualdad de un grupo limitado de personas, es decir que toda la persona
libres y ciudadanas eran consideradas como iguales, las demás personas que no tenían
estatus civil y político no tenían que ser comparadas con los patricios o ciudadanos.
En Grecia, existía la Isonomia, la cual era un símbolo lingüístico que significaba la
igualdad de los derechos políticos de las personas, la episteme del término denotaba
3 Asamblea General de las Naciones Unidas, “Declaración universal de los derecho del hombre”, artículo 1,
p.1 1789. 4Meron, T. (1986). Human Rights Law Making in the United-Nations: A Critique of Instruments and Process.
Oxford UniversityPressonDemand.
34
igualdad de leyes para todas las personas. Aunque esta expresión fue empleada por
conveniencia es relevante recalcar que desde el siglo XI ya se hablaba de algún tipo de
igualdad entre las personas. Aunque en los años subsiguientes al siglo seis únicamente se
aplicara estas máximas para una clase en específico, por consiguiente, este fue el inicio de
la evolución del término y los elementos que le componen.
1.2.2. Necesidad de la aplicabilidad del principio de igualdad.
La aplicación del principio de igualdad dentro de la relación social cotidiana y el desarrollo
del derecho, es imperativa para poder establecer un sistema de equidad, donde las personas
puedan gozar de un listado amplio de derechos que se originan en principio del
cumplimiento del presupuesto de la igualdad de todas las personas.
Dentro de la doctrina de los derechos fundamentales se plantea la existencia y gozo de otros
derechos por la mera aplicación de la máxima de igualdad entre las personas, por esta razón
no es discrecional el planteamiento de la igualdad de los seres humanos en el primer
artículo de la declaración de los derechos del hombre.
En el derecho existen sin número de instituciones y figuras jurídicas que deben por
presuponer en su aplicación las máximas planteadas por el principio de igualdad, de esta
manera se otorga a las personas igualdad de medios para alcanzar fines específicos y se
limita el abuso de las normas por grupos que pretenden detentar el poder.
1.2.3. Igualdad formal
La igualdad formal se refiere a la prohibición legal de la discriminación, por cualquier
razón, incentivo, o condición de la persona. Este tipo de igualdad se remite exclusivamente
a la literalidad de la norma, por cuanto mediante esta, se pretende garantizar los derechos
humanos y de ciudadanía.
Este tipo de igualdad se ve reflejado en enunciados taxativos de la norma, por ejemplo,
aquel que declara que los hombres y las mujeres son iguales y que gozan de los mismos
derechos y oportunidades.
35
La igualdad formal depende de su inmediato cumplimiento del contenido de la igualdad
material, por cuanto este solo sería letra muerta si se pretendiera limitar el principio de
igualdad a la mera esfera formal; por lo tanto, al abarcar el termino de manera ontológica se
genera una dinámica donde lo planteado en la norma se materializa mediante medidas de
carácter práctico que construyen medios de cumplimiento.
La formalidad de la igualdad, como hemos planteado, por si sola supone un desfase en la
norma, el cual consecuentemente se transforma en decalash de los enunciados jurídicos que
guardan en su interpretación teleológica la finalidad de cerrar brechas y limites culturales
que afecta y violentan derechos fundamentales.
La igualdad de resultados queda determinada por una regulación que repercuta en una
distribución semejante de bienes materiales e inmateriales. Según sea la naturaleza de la
estructura social exige del derecho una actitud más o menos rígida para lograr la proyectada
igualdad. La conclusión de que con la igualdad formal y la igualdad de oportunidades no
bastaba para garantizar una igualdad real ya se plasmó en la Constitución italiana, cuyo
artículo 3.2 compromete al Estado en la supresión de «los obstáculos de orden económico y
social que, limitando de hecho la libertad y la igualdad de los ciudadanos, impiden el pleno
desarrollo de la persona humana. Por último, conforme al artículo 9.2 de la Constitución
española «corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad
y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas 5
1.2.4. Igualdad material
La igualdad como punto de partida expresa no discriminación mediante obstáculos
arbitrarios para alcanzar posiciones sociales, y en particular para acceder con las mismas
posibilidades que los demás a los procesos de producción y distribución de bienes o de
toma de decisiones políticas6
5 Luis VILLAR PALASI y Emilio SOÑÉ LLINAS, (Comentarios a las Leyes Políticas, Constitución
Española de 1978, Tomo 1, Preámbulo y artículos 1 a 9, dirigidos por Oscar Alzaga Villaamil, Edersa,
Madrid, 1983, págs . 318 y sigs .) y de Gregorio PECES BARBA (Los valores fundamentales, Teenos,
Madrid, 1984, pág. 162) . 6 TAWNEY, R. H., Equality, introducción de Richard M. Tidmuss, Allen and Unwin, Londres, 4.' ed ., 1979,
págs . 100 y sigs
36
La igualdad material o real consiste en el conjunto de acciones, políticas públicas, medidas
y proyectos creados para poder garantizar el desarrollo de las premisas de igualdad en la
sociedad, estos presupuestos son generados por la necesidad de producir que la igualdad
entre las personas sea efectiva. Existen medidas que procuran operar de manera preventiva,
intentando eliminar acervos e impedimentos culturales que presuponen obstáculos sociales,
económicos y políticos.
Desde la doctrina se considera que este tipo de igualdad radica en la capacidad
administrativa de los estados e entidades públicas existentes, dentro de estos últimos
también se debe de considerar los servicios otorgados por el estado que pretender otorgarle
a la sociedad una herramienta de desarrollo que se plantea como base del cumplimiento de
otros derechos.
Este tipo de igualdad se ve reflejado en las políticas públicas que procuran el pago
igualitario de los hombres y las mujeres que desempeñan actividades similares, puesto que
de esta manera se cumple el enunciado que determina la igualdad mediante una política que
logra que este sea consecuente.
1.2.5. Vulneración del principio de igualdad en el caso de la caducidad de la prisión
preventiva cuando existen varios procesados, en los que pese la prisión preventiva en unos
y el arresto domiciliario en otros.
Todas las personas deben tener el mismo trato frente a la ley, esto supone que todos
deberán tener los mismos derechos y gozar de las mismas garantías proporcionadas por la
normativa interna y los instrumentos internacionales.
En el supuesto de tener dos personas en calidad de procesadas dentro de la investigación de
la realización de una conducta típica; la primera persona tiene 24 años, no tiene
discapacidad alguna, tiene un trabajo estable y no se encuentra en estado de gestación; la
segunda persona es mayor de 65 años, tiene 50 porciento de discapacidad y padece de
autismo. Bajo el supuesto hipotético que hemos planteado se reflejan dos realidad jurídicas
completamente distintas, en el primer caso, la persona de 24 años será enviada a un centro
37
de reclusión para que pueda cumplir con la prisión preventiva en dicho centro de reclusión;
por otra parte, la segunda persona cumple con los requisitos establecidos en la ley de la
materia, por lo consiguiente deberá ser enviada a su domicilio con la vigilancia que
establezca el juez, para que de esta manera cumpla el arresto domiciliario.
Posterior al transcurso de 6 meses o un año, dependiendo del docimetría de la pena que
contiene el delito: el primer sujeto tendrá que ser puesto en libertad, por cuanto la prisión
preventiva por disposiciones constitucionales no puede durar más del tiempo señalado en la
ley; en el otro supuesto planteado, el segundo sujeto permanecerá en arresto domiciliario
sin expectativa de liberación o seguridad jurídica.
A partir de la apreciación de los casos planteado, es imperativo inferir la desigualdad
inminente entre dos sujetos que se encuentran en un mismo proceso, con medidas
cautelares distintas. Mientras al primer procesado se le garantiza los derechos que le
atribuye la ley, al segundo se lo condena a la incertidumbre, violentando de esta manera su
derecho al libre tránsito, el derecho al debido proceso y a al trato igualitario frente a los
demás y la ley.
1.2.6. Efectos jurídicos.
Los efectos jurídicos inmediatos que repercuten a una persona con arresto domiciliario
generan la inminente violación de derechos, transcurrido el tiempo que marca el fin de otras
medidas cautelares de carácter privativa, comienza el detrimento del derecho al libre
tránsito del procesado, además se constituye una discriminación manifiesta para con la
persona que por su condición tuvo que cumplir con arresto domiciliario y no con prisión
preventiva.
A más de los indicados, los efectos jurídicos también se extienden al juez que lleva la
causa, puesto que, este adquiriere un nivel de discrecionalidad frente a una realidad que no
contiene norma que procure resguardarla. De esta manera el juzgador podrá disponer con
libertad del destino del procesado, eligiendo mantenerlo en arresto hasta la culminación del
38
proceso o aplicando una analogía interpretativa de los tiempos de caducidad de otras
medidas de iguales o similares características.
39
EPÍGRAFE III: 1. EL DERECHO A TRANSITAR LIBREMENTE POR EL
TERRITORIO NACIONAL.
1.3. Conceptos
El libre tránsito comprende la capacidad y libertad de una persona de movilizarse sin
impedimentos por el territorio nacional, este derecho comprende dos perspectivas, la
primera se refiere al libre tránsito en un territorio establecido, y la segunda a poder transitar
de un territorio a otro.
Enfocándonos en el libre tránsito dentro del territorio nacional, este derecho facultad a la
persona que lo goza, para poder por decisión propia movilizarse por los espacios urbanos y
rurales sin límites o restricciones, so pena de la existencia del derecho de otras personas a la
propiedad privada.
A pesar de que el arresto domiciliario es una medida que se cumple en el domicilio de
residencia del procesado, esta no deja de deteriorar este derecho; al igual que en un centro
penitenciario existe limitación de esparcimiento y discrecionalidad de movilidad, puesto
que la elección depende de las medias de seguridad presupuesta por el juez.
1.3.1. Origen y evolución del derecho al libre tránsito
En las sociedades insipientes el derecho al libre tránsito se expresaba como una condición
no negociable, a pesar de que existía una suerte de propiedad privada formada por
sociedades sedentarias, estas no violentaban el derecho de esparcimiento de las personas y
su amplia decisión de movilizarse.
Posteriormente, el tránsito mantenía iguales características con matices más estructurales,
por ejemplo, existían fronteras que marcaban por así decirlo un territorio determinado, a
pesar de esta entelequia de división las personas no podían ser restringidas en la libre
elección de paso.
40
En la actualidad existen varios límites legítimos al tránsito, entre los cuales encontramos:
las fronteras, la propiedad privada y el respeto al derecho de los demás habitantes. A pesar
de ello, el hombre de este siglo sigue manejando una amplia discrecionalidad de la libertad
de tránsito, la cual no puede ser limitada de manera parcial a un territorio o a metros
cuadrados.
1.3.2. Necesidad de la aplicabilidad de garantizar el Derecho a transitar libremente por el
territorio nacional.
Este derecho es primordial al garantizar o pregonar el cumplimiento de otros derechos
atribuibles al hombre. El libre tránsito supone que las personas que lo gozan pueden
desarrollarse económica, cultural e intelectualmente; cumpliendo así con la garantía de
cumplimiento de los derechos al libre esparcimiento, trabajo y educación.
A más de los derechos mencionados, el libre tránsito se presenta como primicia base en el
desarrollo integral de casi todos los derechos económicos sociales y culturales, generando
así que lo generado a partir de su desarrollo sea progresivo y no regresivo para con los
derechos y garantías.
1.3.3. Vulneración del derecho a transitar libremente por el territorio nacional cuando
existen varios procesados, en los que pese la prisión preventiva en unos y el arresto
domiciliario en otros
En primera ratio tanto en la prisión preventiva como el arresto domiciliario existe la
limitación legítima del Estado para poder negar el libre tránsito a las personas procesadas
que son obligadas a cumplir con una medida cautelar privativa de la libertad. En esta fase la
medida coercitiva del estado no violenta derechos, al estar legitimada su actuación por la
porción de soberanía con la que los ciudadanos le dotamos.
Posterior a la caducidad planteada, existe una violación inminente del derecho al libre
tránsito si las personas que estaban cumpliendo con alguna medida cautelar no fuesen
liberadas. En el caso expuesto, existe una violación inminente y arbitraria del derecho de
41
tránsito, en conjunto con otro la violación y detrimento de otros derechos como la igualdad,
la seguridad jurídica y la integridad física y psicológica.
1.3.4. Efectos jurídicos.
Los efectos jurídicos inmediatos desde el transcurso del tiempo de caducidad es la
inminente violación de derechos; entre los cuales se encuentra el derecho al libre tránsito de
las personas.
Los derechos de libertad son de carácter fundamental y de estos se genera la pauta para el
cumplimiento de otros derechos, los cuales son a su vez limitados por la negativa de
movilidad de la persona; causando violaciones múltiples de varios derechos y garantías
constitucionales, propuesta con el fin de alcanzar el desarrollo integral de las personas.
Una persona que no puede movilizarse o transportarse dentro de un territorio determinado
consecuentemente no podrá gozar plenamente del derecho a un trabajo digno, integridad
psicológica y física; y el derecho a la no discriminación e igualdad de las personas frente a
la ley.
42
CAPÍTULO II- MARCO METODOLÓGICO
2.1. Descripción del sector y del problema.
El sector que se ha delimitado para llevar a cabo esta investigación consiste en la sociedad
en general, así como los profesionales de derecho y administradores de justicia que
concurren a la Unidad Judicial Penal con Competencia en Infracciones Flagrantes, con
sede en la parroquia Mariscal Sucre del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de
Pichincha ; donde cotidianamente las medidas aquí analizadas son dictadas por medio de lo
cual se puede obtener información veraz y actual respecto del problema que genera este
vacío legal, así como las consecuencias en la sociedad.
El problema radica en la decisión de los jueces en la observación de las medidas cautelares
al momento de caducidad de la misma, por cuanto estos al no tener ley expresa que
determine la culminación obvian el cumplimiento de garantías contusiónales y dejan sin
respuesta procesal alguna a las personas que se encuentran cumpliendo la medida.
Hay que tomar en cuenta que existe la posibilidad de que haya más personas cumpliendo
medidas cautelares de carácter personal, y que todas ellas no siguen las mismas reglas de la
prisión preventiva a pesar de ser considera esta como la regla básica en la proposición de
herramientas que aseguren la comparecencia del procesado en el juicio.
Dentro del espacio determinado se ha localizado varios casos en los que el juez se ha visto
en la imposibilidad de declarar la terminación del arresto domiciliario, haciendo alusión a la
falta de temporalidad expresa, muchas veces dichos casos han tenido orientaciones y
motivos políticos, los cuales destinan al proceso a la violación de prepuestos
constitucionales.
En el otro lado de la problemática encontramos en supuesto contrario, existe jueces que han
interpretado adecuadamente la norma y en consecuencia han aplicado analógicamente la
ley, disponiendo que el vencimiento de la prisión preventiva sea el mismo en el arresto
43
domiciliario, motivando su decisión en el cumplimiento del principio de igualdad de las
partes ante la ley.
2.2. Proceso metodológico empleado.
Modalidad de la Investigación
Se utilizará la modalidad cuali-cuantitativa por tratarse de una investigación de carácter
social en el que intervienen la subjetividad del investigador, y su capacidad para evidenciar
la postura de la sociedad en cuanto a la problemática por medio de estadísticas.
Este tipo de modalidad de investigación nos permite recoger todos los matices de
conocimiento de diferentes ámbitos, enfocándose estos desde los presupuestos legislativos,
normativos y la realidad originada en consecuencia de la dinámica con la cual opera la
problemática jurídica sujeta a investigación.
Es menester que dentro de la presente investigación exista una recolección de supuestos
relativos a casos y evidencias que determinen la veracidad y relevancia del tema de
investigación, es por eso, que en el precedente trabajo utilizara la dinámica del método con
la finalidad de alcanzar los resultados cuantitativos suficientes para poder validar la
información proporcionada.
2.3. Tipos de investigación
Bibliográfica
A través de la investigación bibliográfica se logrará el máximo acercamiento respecto a la
teoría en el tema propuesto, utilizando el contenido de la biblioteca virtual de la
Universidad Autónoma de los Andes, la misma que se encuentra dotada de material actual,
con variedad de autores de gran talla a nivel internacional, los cuales con sus aportes
científicos significativos constituyen un elemento fundamental para la investigación
presente.
44
Además de la legislación tanto actual como la que ya no se encuentra vigente para analizar
el proceso dinámico del ordenamiento jurídico
Mientras que la de campo nos permite la proximidad al problema, a investigar y a
relacionar de manera objetiva entre las variables utilizando métodos e instrumentos
apropiados para llegar a una conclusión que se apegue a la realidad actual.
Investigación exploratoria
Este tipo de investigación Se enfoca en analizar e investigar elementos concretos de la
realidad que aún no han sido sujetos a análisis o investigación en profundidad. Esto supone
que es la apreciación primaria de la temática o investigación, esto permite que pueda
generarse una dirección exacta acera de la temática tratada.
Este tipo de investigación, no parte de teorías muy detalladas, puesto que más bien trata de
encontrar patrones significativos en los datos que deben ser analizados para, a partir de
estos resultados, crear las primeras ideas claras acerca de la problemática y sus elementos.
Método descriptivo
Como su nombre lo indica este método tiene como objeto determinar una descripción
descriptiva de una problemática o descripción de un fenómeno. situación o elemento
concreto; este método se limita a enmarcar la problemática sin determinar un criterio o
solución, por cuanto se debe caracterizar primordialmente por la imparcialidad de método.
Así pues, en muchas ocasiones este tipo de investigación ni siquiera se pregunta cuál es la
solución para el problema, puesto que esto desvirtúa el método de investigación que busca
únicamente plantear una tesis y una antítesis.
La fase I conllevó la utilización del método descriptivo. Hernández et al. (2003), citando
a Danke, afirman que los estudios descriptivos “(…) buscan especificar las propiedades,
lascaracterísticas y los perfiles importantes de personas, grupos comunidades o cualquier
otro fenómeno que es sometido a un análisis” (p. 117). Por otra parte, Babbie (2000)
45
plantea que “Uno de los principales objetivos de muchos estudios sociales científicos es
describir situaciones y acontecimientos (…) estas descripciones suelen ser más fieles y
precisas que las casuales” (p. 74). Desde esa misma óptica, Hernández etal. (2003)
indican que algunos de ellos describen situaciones, eventos o fenómenos y que se busca
detallar lo que se investiga. Con la premisa de que el estudiantado universitario
tiene mucho que aportar en la comprensión de las dinámicas relacionales y de que las
experiencias de formación universitaria experimentadas, les faculta para ofrecer
opiniones válidas, acerca de las características deseables en el personal
docente universitario, se planteó, en la fase I, el acercamiento a la temática.
Para ello, se empleó un cuestionario para recopilar los rasgos del personal docente
universitario desde la perspectiva estudiantil. Lo cual permitió elaborar un mapeo del
objeto de estudio, con un mayor número de estudiantes y elaborar un posible perfil, de las
características deseables del personal docente universitario, así como de las
características reales de los docentes y las docentes que les han formado y del impacto en
el clima de aula.7
2.3. Métodos, técnicas e instrumentos.
Los métodos utilizados en la investigación son los siguientes:
Analítico – Sintético.
Consiste en la separación de las partes de un todo para estudiarlos en forma individual. Y el
método sistemático es la reunión de las partes o elementos para analizar dentro de un todo
su naturaleza y comportamiento, con el propósito de identificar las características del
fenómeno observado, siguiendo un fenómeno similar al del análisis.
7 León, O. G., & Montero, I. (2003). Métodos de investigación en psicología y educación (No. 303.42).
McGraw-Hill Interamericana,
46
Inductivo - Deductivo
Del latín inductio, de in: en, y de ducere: conducir. Acción o efecto de inducir, modo de
razonar que consiste en sacar de los hechos particulares una conclusión general. La
inducción es un razonamiento que analiza una porción de un todo. Y el método deductivo:
Del latín deducer, sacar consecuencias. Es el razonamiento que parte de un marco general
de referencia hacia algo en particular. Este método se utiliza para inferir de lo general a lo
específico, de lo universal a lo individual.
Histórico – Lógico
Es un estudio o análisis de un todo desde tiempos primitivos hasta la actualidad en la
materia objeto de estudio, por lo que está vinculado al conocimiento de las distintas etapas
de los objetivos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del
objeto o fenómeno de investigación. , mediante el método histórico se analiza la trayectoria
concreta de la teoría, su condicionamiento a los diferentes periodos de la historia.
Técnicas
Se usó la encuesta mediante un formulario previamente elaborado a las personas
administradoras de justicia, abogados en libre ejercicio y a la sociedad en general que
acudió a la Unidad Judicial Penal con Competencia en Infracciones Flagrantes, con sede en
la parroquia Mariscal Sucre del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha en
las fechas de 15 al 20 de octubre del 2017.
Instrumento
El instrumento que se utiliza en la encuesta es el cuestionario.
El instrumento que se utiliza en la observación es la guía o ficha de observación.
47
2.4. Plan de Investigación
Con la determinación de la población y muestra que se aplicó a la presente investigación, y
una vez concluido el marco teórico, se realiza la tabulación correspondiente a los
encuestados para definir la postura que la sociedad tiene al respecto, y llegar a comprobar la
hipótesis planteada en el marco teórico por medio del análisis crítico a través de los datos
que la investigación de campo nos evidencia.
OCUPACIÓN UNIVERSO
Abogados en libre ejercicio 50
Funcionarios Judiciales de la Unidad
Judicial Penal con competencia en
infracciones Flagrantes.
18
Usuarios 17
TOTAL 85
2.5 Muestra
N= Tamaño de la muestra
E=Margen de error 0.1%
n =Tamaño de la población
N
n = ------------------------
(E)² (N-1)+1
16.850
n = ------------------------
(0,1)² (16.850-1)+1
16.850
n = ------------------------
0,01 (16.849)+1
48
16.850
n = ---------------------------
169.49
n = 99.41
n = 100 personas a encuestar
2.5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS, CUESTIONARIO APLICADO A
LAS OCHENTA Y CINCO PERSONAS QUE CONCURRIERON A LA UNIDAD
JUDICIAL PENAL CON COMPETENCIA EN INFRACCIONES FLAGRANTES DEL
15 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2017.
49
PREGUNTA N°1
1. ¿El arresto domiciliario es una sustitución de prisión preventiva en nuestra
legislación?
Tabla 1 El arresto domiciliario
VARIABLE ENCUESTADOS PORCENTAJE
SI 90 90%
NO 10 10%
TOTAL 100 100%
Fuente: Encuestados
Elaborado por: Ab. Christian Alexander López Salazar
Grafico 1 El arresto domiciliario
Fuente: Encuestados
Elaborado por: Ab. Christian Alexander López Salazar.
Análisis:
El 90% de las personas encuestadas que se encuentran en el medio del ámbito penal
respondieron que conocían de esta medida como sustitutiva a la prisión preventiva,
mientras que el 10 % desconocía en absoluto que esta medida que se acota a las personas
que no son profesionales del derecho, y el resto a funcionarios judiciales que obviamente
conocen de esta medida y el público en general que por cualquier motivo se ha enterado de
esto pero no tienen vasto conocimiento en cuanto al tema.
90%
10%
SI
NO
50
PREGUNTA N° 2
2. ¿Se le puede conceder el arresto domiciliario a cualquier persona?
Tabla 2 Conceder el arresto domiciliario
VARIABLE ENCUESTADOS PORCENTAJE
SI 94 94%
NO 6 6%
TOTAL 100 100%
Fuente: Encuestados
Elaborado por: Ab. Christian Alexander López Salazar
Grafico 2 Conceder el arresto domiciliario
Fuente: Encuestados
Elaborado por: Ab. Christian Alexander López Salazar.
Análisis:
Es indiscutible que las personas tienen en su subconsciente que los derechos de igualdad
amparan a todos, sin tomar en cuenta que en ciertos casos se ponderan con los derechos de
otras disminuyendo unos para hacer prevalecer derechos fundamentales, como en este caso
el derecho a la libertad por precautelar la correcta administración de justicia, es así que el
88% de los encuestados cree que esta medida de acuerdo con el derecho constitucional de
igualdad puede ser aplicado a todos, mientras que solo el 12% sabe los casos
excepcionales.
94%
6%
SI
NO
51
PREGUNTA N°3
3. ¿La prisión preventiva tiene un periodo de caducidad, dentro del cual una vez
cumplido se debe dejar en libertad al procesado?
Tabla 3 Prisión preventiva tiene un periodo de caducidad
VARIABLE ENCUESTADOS PORCENTAJE
SI 59 59%
NO 41 41%
TOTAL 100 100%
Fuente: Encuestados
Elaborado por: Ab. Christian Alexander López Salazar
Grafico 3 Prisión preventiva tiene un periodo de caducidad
Fuente: Encuestados
Elaborado por: Ab. Christian Alexander López Salazar.
Análisis:
El 59% de los encuestas conoce la caducidad de esta medida pero solo en cuanto a la
prisión preventiva pero no más a fondo, mientras que el 41% desconoce totalmente de
aquel importante dato puesto que son parte de sus derechos, lo que evidencia una falta de
socialización del ordenamiento jurídico.
59%
41% SI
NO
52
PREGUNTA N°4
4. ¿El arresto domiciliario carece de tal periodo taxativo de caducidad de esta medida
cautelar?
Tabla 4 El arresto domiciliario carece de tal periodo taxativo
VARIABLE ENCUESTADOS PORCENTAJE
SI 53 53%
NO 47 47%
TOTAL 100 100%
Fuente: Encuestados
Elaborado por: Ab. Christian Alexander López Salazar
Gráfico 4 El arresto domiciliario carece de tal periodo taxativo
Fuente: Encuestados
Elaborado por: Ab. Christian Alexander López Salazar.
Análisis:
Era de esperarse la respuesta a esta pregunta puesto que ya en la anterior una gran cantidad
de personas desconocía de la caducidad de la prisión preventiva, y es así que el 53% de las
personas encuestadas no sabe que no se encuentra regulado este plazo de caducidad para el
arresto domiciliario, mientras que el 47% sabía del problema pero esta respuesta le
corresponde a los profesionales del derecho.
53%
47% SI
NO
53
PREGUNTA N°5
5. ¿Considera que la normativa jurídica que regula el arresto domiciliario al no
determinar tiempo de caducidad, vulnera el principio de igualdad y el derecho a
transitar libremente por el territorio nacional?
Tabla 5 La falta de regulación
VARIABLE ENCUESTADOS PORCENTAJE
SI 74 74%
NO 26 26%
TOTAL 100 100%
Fuente: Encuestados
Elaborado por: Ab. Christian Alexander López Salazar
Grafico 5 La falta de regulación
Fuente: Encuestados
Elaborado por: Ab. Christian Alexander López Salazar.
Análisis:
El 64% de los encuestados coincide con que la falta de regulación de este plazo vulnera
derechos que se encuentran garantizados por nuestra Constitución, además se mostraron
sorprendidos e indignados al saber aquel dato importante, mientras que el 26% respondió
no considerar como una falta que vulnere los derechos de los procesados.
74%
26%
SI
NO
54
PREGUNTA N° 6
6. ¿Considera que la normativa jurídica que regula el arresto domiciliario al no
determinar tiempo de caducidad, vulnera el principio de igualdad y el derecho a
transitar libremente por el territorio nacional?
Tabla 6 La prisión preventiva
VARIABLE ENCUESTADOS PORCENTAJE
SI 20 20%
NO 80 80%
TOTAL 100 100%
Fuente: Encuestados
Elaborado por: Ab. Christian Alexander López Salazar
Gráfico 6 La prisión preventiva
Fuente: Encuestados
Elaborado por: Ab. Christian Alexander López Salazar.
Análisis:
El 80% de los encuestados conoce que la prisión preventiva no es la única manera de
precautelar la comparecencia de los procesados a juicio, partiendo desde el principio de
presunción de inocencia el mismo que no es proporcional a una medida tan fuerte por el
impacto psicológico que esta causa., mientras que el 20% si la considera como la única
forma, respuesta correspondiente en gran medida a operadores de justicia.
20%
80%
SI
NO
55
PREGUNTA N° 7
7. ¿Conoce casos de personas que por largo tiempo han permanecido con arresto
domiciliario?
Tabla 7 Arresto domiciliario
VARIABLE ENCUESTADOS PORCENTAJE
SI 35 35%
NO 65 65%
TOTAL 100 100%
Fuente: Encuestados
Elaborado por: Ab. Christian Alexander López Salazar
Gráfico 7 Arresto domiciliario
Fuente: Encuestados
Elaborado por: Ab. Christian Alexander López Salazar.
Análisis:
El 65% de las personas desconoce a personas que han estado bajo tan situación, y es que el
hecho de corresponder a una minoría resulta que no se visibilice como debería este
problema, mientras que el 35% si ha enfrentado de cerca o por conocidos este problema en
personas en tal situación.
35%
65%
SI
NO
56
PREGUNTA N° 8
8. ¿La falta de determinación del tiempo de caducidad del arresto domiciliario atenta
contra los derechos de igualdad y libre tránsito?
Tabla 8 Derechos de igualdad y libre tránsito
VARIABLE ENCUESTADOS PORCENTAJE
SI 71 71%
NO 29 29%
TOTAL 100 100%
Fuente: Encuestados
Elaborado por: Ab. Christian Alexander López Salazar
Gráfico 8 Derechos de igualdad y libre tránsito
Fuente: Encuestados
Elaborado por: Ab. Christian Alexander López Salazar.
Análisis:
Es inherente al ser humano precautelar su libertad, es así que el 71% de las personas
encuestadas cree firmemente que este vacío legal atento contra derechos constitucionales,
mientras que el 29% no lo considera, el mismo que atribuimos a operadores de justicia los
cuales lo ven solo de manera objetiva.
71%
29%SI
NO
57
PREGUNTA N° 9
9. ¿Considera necesaria la elaboración de un anteproyecto de ley reformatoria al
Código Orgánico Integral Penal sobre el arresto domiciliario para garantizar el
principio de igualdad?
Tabla 9 Solución eficaz a este problema
VARIABLE ENCUESTADOS PORCENTAJE
SI 82 82%
NO 18 18%
TOTAL 100 100%
Fuente: Encuestados
Elaborado por: Ab. Christian Alexander López Salazar
Gráfico 9 Solución eficaz a este problema
Fuente: Encuestados
Elaborado por: Ab. Christian Alexander López Salazar.
Análisis:
El 82% de los encuestados considera que la ley se debe reformar para dar solución eficaz a
este problema y se garantice así los derechos de las personas que se encuentran en procesos
penales, y solo el 18 % no cree que la ley se deba reformar aduciendo que está en manos de
los jueces optar por otras medidas cautelares.
82%
18%
SI
NO
58
PREGUNTA N° 10
1. ¿Considera necesaria la elaboración de un anteproyecto de ley reformatoria al
Código Orgánico Integral Penal sobre el arresto domiciliario para garantizar el
derecho a transitar libremente por el territorio nacional?
Tabla 10 Medida cautelar que no sea prisión preventiva
VARIABLE ENCUESTADOS PORCENTAJE
SI 88 88%
NO 12 12%
TOTAL 100 100%
Fuente: Encuestados
Elaborado por: Ab. Christian Alexander López Salazar
Gráfico 10 Medida cautelar que no sea prisión preventiva
Fuente: Encuestados
Elaborado por: Ab. Christian Alexander López Salazar.
Análisis:
El 88% de las personas encuestadas aboga por las personas de situación vulnerable a las
cuales incluso el arresto domiciliario que se lo hace para precautelar sus derechos y vayan a
una prisión normal considera que no debe ser la medida cautelar apropiada pues al no estar
regulada adecuadamente igual vulnera derechos, por lo tanto, la mayoría respondió que
debe optar el juez por otra medida cautelar menos nociva y proporcional, a diferencia del
12 %.
88%
12%
SI
NO
59
2.7. Conclusiones parciales del capítulo
En base a los resultados obtenidos, es evidente que la sociedad está disconforme con la
legislación en el problema que se ha planteado en esta investigación, determinando así que
las conclusiones teóricas a las que hemos llegado tiene total coherencia con la realidad,
puesto que si es un problema que afecta a una minoría debido al vació legal existente y a la
falta de proporcionalidad al momento de dictar medidas cautelares por parte de los
operadores de justicia.
Hace falta además de mi propuesta para realizar una reforma al Código Orgánico Integral
Penal, la cual disminuiría en gran cantidad el número de personas afectadas debido al vació
legal existente, que los jueces realicen un profundo análisis previo y que sea realizado caso
a caso para dictar medidas cautelares que se ajusten a cada situación y con más énfasis aún
en las personas de atención prioritaria o que se encuentren en una situación vulnerable que
no les permite actuar igual que el común de las personas en condiciones de procesados
penalmente para así crear equidad que es el fin último al cual se pretende llegar respetando
el debido proceso y los derechos constitucionales que nos amparan.
En lo relativo a los abogados y personas conocedoras del derecho, estos revindican la
realidad jurídica del país y los casos emblemáticos en los cuales ha existido violaciones al
principio de igualdad, expresado este por los procesos en los que han determinado la
culminación de la prisión preventiva pero no la de arresto domiciliario en los juicios que
contengan a más de un procesado.
No me cabe duda que el desconocimiento se produce debido a la falta de socialización de
nuestro ordenamiento jurídico, generando que los derechos de las minorías se vulneren;
siendo en ultima ratio una oportunidad en donde los profesionales del derecho debemos
tomar partida a fin de lograr una correcta administración de justicia en base a los derechos
de igualdad.
A más de la relevancia doctrinal y legislativa del problema jurídico planteado, el
instrumento investigativo utilizado evidencia que también existe relevancia del mismo en el
60
ámbito empírico del derecho, es por ello que en base a lo dispuesto en los considerandos
académicos y empíricos se debe alcanzar un nivel propositivo que tenga como fin último la
reforma o creación normativa. No solo por ser este un dilema académico, sino porque
involucra a usuarios de la administración de justicia y procesados; a más de la existencia
diaria de múltiples derechos violentados en el desarrollo del proceso.
61
CAPÍTULO III. PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA
3.1. Título
Ley orgánica reformatoria del Código Orgánico Integral Penal
3.2. Objetivo de la propuesta
Elaborar un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal con la finalidad de
determinar en el apartado normativo correspondiente al arresto domiciliario, un tiempo de
caducidad de la manera que se encuentra contemplado para otras medidas cautelares de
carácter personal.
El objetivo final de la propuesta es lograr que se erradique las violaciones del debido
proceso y demás derechos constitucionales garantizados, producidos por la falta de límites
de poder propuesto por la ley, la cual debería de contener la voluntad correcta departe del
legislador.
Si existiese un tiempo de caducidad relativa al arresto domiciliario evitaríamos que los
jueces administren el proceso por abuso y excesiva discrecionalidad, valiéndose de los
errores y vacíos normativos, inaplicado principios y métodos interpretativos propuesto con
la finalidad de precautelar derechos y originar una condición más correcta para con los
procesados o usuarios del proceso.
3.3. Justificación de la propuesta
El arresto domiciliario estuvo vigente hasta las reformas del Código de Procedimiento
Penal, como medida alternativa, en el Art. 171 numeral 1º., a partir de la entrada en
vigencia del Código Orgánico Integral Penal se denomina medida sustitutiva de la prisión
preventiva, la cual está destinada para la persona procesada mayor de sesenta años de edad
y la mujer embarazada o parturienta.
Es así que el arresto domiciliario es una de las seis medidas cautelares que el Código
Integral Penal fija para que se garantice la presencia de una persona en un proceso legal.
62
Dentro esta no se fija un plazo de caducidad para el arresto domiciliario, existiendo solo el
genérico para la prisión preventiva, lo cual deja a discrecionalidad del juez ordenar la
liberación del procesado o no, lo que ha permitido que arguyéndose de aquel vació legal no
lo concedan con las personas que han sobrepasado los límites de prisión preventiva como
medida cautelar.
La Asamblea nacional en el ejercicio de sus atribuciones tiene el deber de reformar la ley
con el fin último de limitar abusos de poder y eliminar presupuestos ambiguos que causen
mala aplicación e interpretación de la norma, a más de observar los dos matices citados esta
también tiene como deber precautelar las normas del debido proceso, por ser estas
necesarias en el establecimiento de límites entre la autoridad y los usuarios de la
administración pública.
Por lo anteriormente dicho, es imperativo que la presente propuesta sea materializada
mediante reforma a través de un proceso parlamentario, ya que este es en primera ratio el
camino idóneo contemplando por la ley para el ajuste progresivo de la norma; el órgano
competente deberá de considerar los argumentos doctrinarios y normativos contenidos en la
presente investigación para de esta manera poder vincular la existencia de derechos
menoscabados y presupuestos constitucionales violentados.
DESARROLLO DE LA PROPUESTA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
ASAMBLEA NACIONAL
63
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Ecuador es un estado constitucional de derecho, el cual considera de igual jerarquía a
todos los derechos y garantías que se encuentren enlistados dentro de la carta magna; todos
los derechos deben de ser garantizados por el estado, el cual también debe guardar un deber
de omisión de conductas, actuaciones y medidas que causen detrimento del ejercicio de
derechos y garantías.
El derecho penal al igual que las demás materias que conforman el ordenamiento jurídico,
debe de cumplir con los parámetros constitucionales que limitan el uso excesivo del poder,
el poner punitivo del estado no se limita únicamente a hacer ademan de agente coercitivo,
también debe de velar y garantizar el correcto desarrollo de los derechos que constituyen a
todos los hombres.
Dentro de las funciones del derecho penal se encuentra la facultad de poder restringir
derechos es los casos de las personas que hayan violentado algún otro, vulnerando el
correcto ejercicio de los derechos de otra persona. Por ello, los límites constitucionales son
preponderantes para evitar que las personas dotadas de poder por orden constitucional
abusen de este y generan una relación de poder arbitraria.
La constitución de la república del Ecuador en lo relativo a las penas, estipula que estas
deben de regirse bajo el estricto cumplimiento del principio de proporcionalidad, es decir
que debe existir un criterio valido que unifique el cometimiento de acto típico y la
temporalidad planteada, puesto que no se puede proponer un tiempo excesivo si no existe
un grado de vulneración alto.
Las normas y leyes deben de considerar de manera obligatoria las disposiciones
constitucionales contenidas en la carta magna, no solo en lo que se refiere a su texto
puntual, sino también en la aplicación y desarrollo de la misma, es por esta razón que al no
existir un problema recurrente en la aplicación de principios se debe adaptar a la normativa
de manera que esta no sea abusada por esferas de poder externas.
64
Tomando en cuenta lo singularizado en líneas anteriores, este proyecto considera la
necesidad de establecer un límite expreso en el tiempo establecido para el cumplimiento del
arresto domiciliario dentro de un proceso penal, ya que no existe un límite que marque el
fin de la medida, por ello las autoridades judiciales haciendo una interpretación literal y
restrictiva de derechos, proponen no levantar la medida al no existir norma expresa que
faculte la acción.
EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador determina que el
ordenamiento jurídico nacional contiene los lineamientos de un Estado Constitucional de
Derechos y Justicia, siendo imperativo realizar reformas normativas con contenido
progresivo en derechos.
Que, la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra norma del
ordenamiento jurídico, siendo de obligatorio cumplimiento que las normas de menor
jerarquía guarden conformidad con los lineamientos obligatorios.
Que, la constitución garantiza el cumplimiento de los derechos y el desarrollo progresivo
de los mismos, con la finalidad preventiva de evitar la violación de derechos y garantías.
65
Que, todos los actos de poder público deben realizar bajo el umbral de ejercicio otorgado en
las disposiciones constitucionales, siendo violatorio de derechos los actos dotados de
discrecionalidad y poder de opresión abusivo.
Que, es obligación de estado central, proponer y realizar medidas y políticas públicas
necesarias para prevenir, dar tratamiento, sancionar y eliminar los actos de poder abusivo o
la violencia ejercida mediante el uso inapropiado de herramientas legales
Que, el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza la tutela
efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de
inmediación y celeridad, y que en ningún caso quedarán en indefensión.
Que, la Constitución establece en el artículo 76 que en todo proceso penal se debe asegurar
las garantías que integran el debido proceso, entre las cuales se observa el derecho a la
defensa y el correcto desarrollo de las medidas propuestas.
Que, la norma constitucional en el artículo 51 reconoce derechos de las personas privadas
de libertad, entre los cuales se encuentran los siguientes: no ser aislados, ver
periódicamente a sus familiares, a comunicar sobre el trato recibido, a contar con servicios
básicos y ayuda humanitaria, entre otros.
Que, el artículo 76 de la Constitución, determina que se debe establecer la debida
proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, comprendiendo dicho
enunciado que haya un tiempo límite para las medidas privativas.
Que, el derecho penal y su proceso deben de garantizar la correcta defensa de las partes,
procurando que no existan violaciones arbitrarias de derechos y garantías.
66
Que, las medidas de carácter personal y con enfoque privativo deben ser cumplidas bajo el
umbral del debido procedimiento, medidas y garantías constitucionales. Constituye una
violación a derechos la incertidumbre de la persona que se encuentra cumpliendo la
medida.
Que, el derecho penal adjetivo debe garantizar la contienda equitativa, con igualdad de
armas y oportunidades procesales para las partes, comprendiendo también la existencia de
un sistema adversarial.
Que, la Asamblea Nacional de acuerdo, tiene la facultad y obligación constitucional para e
adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas de tal manera que se
prevea los derechos previstos en la Constitución e instrumentos internacionales.
Que, La Asamblea Nacional en el ejercicio de sus atribuciones expide la Ley Orgánica
Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal
67
LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL
TÍTULO I
REFORMAS AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL
Artículo 1.-Agréguese un inciso final al artículo 522.
CAPÍTULO SEGUNDO MEDIDAS CAUTELARES
SECCIÓN PRIMERA
Medidas cautelares para asegurar la presencia de la persona procesada
Artículo 522.- Modalidades.- La o el juzgador podrá imponer una o varias de las siguientes
medidas cautelares para asegurar la presencia de la persona procesada y se aplicará de
forma prioritaria a la privación de libertad:
1. Prohibición de ausentarse del país.
2. Obligación de presentarse periódicamente ante la o el juzgador que conoce el
proceso o ante la autoridad o institución que designe.
3. Arresto domiciliario.
4. Dispositivo de vigilancia electrónica.
5. Detención.
6. Prisión preventiva.
La o el juzgador, en los casos de los numerales 1, 2 y 3 de este artículo, podrá ordenar,
además, el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica.
Todas las medidas de carácter preventivo contendrán un tiempo de caducidad relativo a la
conducta investigada.
68
Artículo 2.-Agréguese un inciso final al artículo 525
Artículo 525.- Arresto domiciliario.- El control del arresto domiciliario estará a cargo de la
o del juzgador, quien puede verificar su cumplimiento a través de la Policía Nacional o por
cualquier otro medio que establezca. La persona procesada, no estará necesariamente
sometida a vigilancia policial permanente; esta podrá ser reemplazada por vigilancia
policial periódica y obligatoriamente deberá disponer el uso del dispositivo de vigilancia
electrónica.
El arresto domiciliario al ser una medida sustitutiva de la prisión preventiva contendrá el
mismo tiempo de caducidad, no pudiendo exceder de seis meses, en los delitos
sancionados con una pena privativa de libertad de hasta cinco años; y no podrá exceder de
un año, en los delitos sancionados con una pena privativa de libertad mayor a cinco años.
Artículo 3.- Agréguese un literal al artículo 541.-
Artículo 541.- Caducidad.- La caducidad de la prisión preventiva se regirá por las
siguientes reglas: 1. No podrá exceder de seis meses, en los delitos sancionados con una
pena privativa de libertad de hasta cinco años.
2. No podrá exceder de un año, en los delitos sancionados con una pena privativa de
libertad mayor a cinco años.
3. El plazo para que opere la caducidad se contará a partir de la fecha en que se hizo
efectiva la orden de prisión preventiva. Dictada la sentencia, se interrumpirán estos plazos.
4. Para efectos de este Código, de conformidad con la Constitución, se entenderán como
delitos de reclusión todos aquellos sancionados con pena privativa de libertad por más de
cinco años y como delitos de prisión, los restantes.
5. La orden de prisión preventiva caducará y quedará sin efecto si se exceden los plazos
señalados, por lo que la o el juzgador ordenará la inmediata libertad de la persona
procesada y comunicará de este particular al Consejo de la Judicatura.
69
6. Si por cualquier medio, la persona procesada evade, retarda, evita o impide su
juzgamiento mediante actos orientados a provocar su caducidad, esto es, por causas no
imputables a la administración de justicia, la orden de prisión preventiva se mantendrá
vigente y se suspenderá de pleno derecho el decurso del plazo de la prisión preventiva.
Las medias sustitutivas de carácter personal se regirán bajo las mimas reglas prescritas para
la prisión preventiva.
DISPOSICIÓN GENERAL
PRIMERA.- Todo lo no previsto en este código será suplido por las disposiciones
normativas contenidas en el Código Orgánico de la Función Judicial y en el Código de
Procedimiento Civil, siempre y cuando sea compatible con la naturaleza del proceso penal.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Los jueces deben velar por el cumplimento de la disposición constitucional que determina
que toda medida de carácter privativa debe de contener un tiempo de caducidad expreso.
DISPOSICIÓN FINAL
Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
Dado y suscrito en la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito,
provincia de Pichincha, a los ....... días del mes de ……. de dos mil ……..
Dr. José Serrano Delgado Dra. Livia Rivas Ordóñez
PRESIDENTE SECRETARIA
70
CONCLUSIONES
1. La normativa constitucional en el Ecuador contempla los supuestos de abuso
arbitrarios de las herramientas jurídicas para el detrimento de derecho y garantías,
para ello, ha determinado a la improcedencia de medidas coercitivas o privativas de
libertad de carácter indefinido, por cuanto no se puede restringir de manera total los
derechos de libertad en el caso de una persona que hay cometido una conducta atípica.
2. Los elementos sociales que influyen en el proceso penal, han generado que los jueces
se valgan de su facultad discrecional para poder limitar derechos de manera total, por
cuanto se interpreta a la norma de la manera menos favorable, siendo la regla general
lo contrario.
3. A más del derecho a la libertad de tránsito y otro derivado de este, la imposición de
no caducidad de la medida supone la violación al debido proceso y la igualdad entre
las partes, por cuanto pueden existir varios procesados con medidas diferentes, y en
ultima ratio algunos serán favorecidos por la disposición temporal contenida en la ley
y otros reprimidos por la falta de enfoque de derechos en la interpretación.
4. Desde el punto de vista doctrinal, el deber ser de la problemática es vincular
expresamente el tiempo de la prisión preventiva con las demás medidas de carácter
personal y las sustitutivas a esta; de esta manera se está garantizando el cumplimiento
del principio de proporcionalidad y los derechos de las personas.
5. Uno de los puntos más relevante en torno a lo planteado es el uso abusivo de la
facultad discrecional que se le otorga al juez, por cuanto estos tienen la obligación
constitucional de interpretar la norma bajo los parámetros y máximas planteadas en la
carta magna para el ejercicio de los derechos.
6. Existe múltiples casos de falta de interpretación progresiva de los presupuestos
normativos de parte de los jueces, estos supuestos de violación de derechos son el
71
fundamento de la presente investigación, debido a que son muestra clara de la
existencia de arbitrariedad y abusos de poder
7. El Estado y las autoridades que emanen un cargo público son obligados mediante
mandato constitucional, a velar por el cumplimiento y garantía de los derechos
humanos de todos los participantes del proceso penal.
8. Las medidas cautelares aplicadas dentro del proceso penal deberán apuntar a la menor
restricción posible de los derechos del procesado, dentro del Ecuador se consideran
como medidas cautelares a la prohibición de ausentarse del país, la presentación
periódica obligatoria frente al juez o determinada autoridad, los dispositivos de
vigilancia electrónica, la prisión preventiva, el arresto domiciliario y la detención.
9. Las medidas cautelares en general deben ser aplicadas en forma restrictiva y siempre y
cuando sean absolutamente necesarias, el Código Orgánico Integral Penal incorporó
como medida cautelar a los dispositivos de vigilancia electrónica que si bien 41
pueden restringir derechos lo harán de forma limitada y podrán permitir al procesado
desempeñarse normalmente dentro de la sociedad, cumpliendo además con los fines
específicos de este tipo de medidas.
10. Es deber de la Asamblea nacional identificar los abusos y detrimentos de los derechos
generados por vacíos o ambigüedad normativa; después de dicho reconocimiento se
debe generar un proyecto de ley que procure suplir y solucionar las falencias
generadas por la mala aplicación de la norma.
72
RECOMENDACIONES
1. Que la Asamblea General en el ejercicio de sus atribuciones, modifique los artículos
pertinentes y otorgue de manera expresa un tiempo de caducidad para el arresto
domiciliario, siendo este el mismo que la normativa contempla para la prisión
preventiva.
Para el cumplimiento de esta pretensión se adjunta el proyecto de Ley Orgánica
Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal.
2. Que se analice la facultad discrecional e interpretativa de los jueces en relación a las
medidas de carácter personal que contemplan el carácter de privativas de a libertad,
para que de esta manera no se siga violentando el derecho de las personas a ser
tratados de manera igualitaria.
3. Que se garantice a las personas que se encuentran bajo arresto domiciliario sin fecha
de caducidad en el cumplimiento de la medida impuesta, el derecho a ser tratado de
manera igualitaria; de la misma manera es menester que se instaure nuevamente la
libertad de tránsito de la persona aprehendida.
4. Que el estado se responsabilice de las violaciones generadas a las personas que se
encontraban bajo arresto domiciliario y en constante abuso en el ejercicio de sus
derechos y garantías constitucionales; lo dicho se aplicara en el caso de que exista
ratificación de inocencia de la persona.
5. Que se revindique a la persona que fueron perjudicas por las medias arbitrarias
realizadas departe de los jueces que obviando la interpretación adecuada
pretendieron realizar alcances discrecionales de sus funciones.
73
6. Que se analicen las demás medidas cautelares de carácter personal con la finalidad
de que no ocurrida una dinámica igual con otros métodos para garantizar la
competencia del procesado al juicio. Para ello la presente investigación plantea las
demás medidas encontradas en la normativa interna.
7. Que la Asamblea nacional, Instituciones educativas, jueces y profesionales en el
ejercicio del desarrollo de la academia den a conocer a todas las personas
involucradas con el proceso de la imposibilidad de capacidades discrecionales sin
límites; de la misma manera que se considere las normas constitucionales relativas
al ejercicio de las medidas de carácter preventivo.
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CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, (RO-S 180: 10-feb-2014)
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Suplemento 544 de 09-mar.-2009. Última modificación: 22-may.-2015.
LINKOGRAFÍA
https://es.wikipedia.org/wiki/Arresto_domiciliario
www.derechoecuador.com/.../derechoconstitucional/.../derecho-a-transitar
ANEXO
UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES
“UNIANDES”
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
PROGRAMA DE MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL
TEMA: ARRESTO DOMICILIARIO, EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y EL
DERECHO A TRANSITAR LIBREMENTE POR EL TERRITORIO NACIONAL.
ENCUESTA: Por favor sra/sr usuario, seleccione la respuesta que Usted considere:
1. ¿El arresto domiciliario es una sustitución de prisión preventiva en nuestra legislación?
Si ( ) No ( )
2. ¿Se le puede conceder el arresto domiciliario a cualquier persona?
Si ( ) No ( )
3. ¿La prisión preventiva tiene un periodo de caducidad, dentro del cual una vez cumplido
se debe dejar en libertad al procesado?
Si ( ) No ( )
4. ¿El arresto domiciliario carece de tal periodo taxativo de caducidad de esta medida
cautelar?
Si ( ) No ( )
5. ¿Considera que la normativa jurídica que regula el arresto domiciliario al no determinar
tiempo de caducidad, vulnera el principio de igualdad y el derecho a transitar
libremente por el territorio nacional?
Si ( ) No ( )
6. ¿Considera que la normativa jurídica que regula el arresto domiciliario al no determinar
tiempo de caducidad, vulnera el principio de igualdad y el derecho a transitar
libremente por el territorio nacional?
Si ( ) No ( )
7. ¿Conoce casos de personas que por largo tiempo han permanecido con arresto
domiciliario?
Si ( ) No ( )
8. ¿La falta de determinación del tiempo de caducidad del arresto domiciliario atenta
contra los derechos de igualdad y libre tránsito?
Si ( ) No ( )
9. ¿Considera necesaria la elaboración de un anteproyecto de ley reformatoria al Código
Orgánico Integral Penal sobre el arresto domiciliario para garantizar el principio de
igualdad?
Si ( ) No ( )
10. ¿Considera necesaria la elaboración de un anteproyecto de ley reformatoria al Código
Orgánico Integral Penal sobre el arresto domiciliario para garantizar el derecho a
transitar libremente por el territorio nacional?
Si ( ) No ( )