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UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y
CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA DE CIENCIAS JURÍDICAS
EL DERECHO DE AUDIENCIA EN LA LEGISLACIÓN MILITAR, ALCANCES PARA SU
EJERCICIO Y SUS CONSECUENCIAS.
TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIA AL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS
PRESENTADO POR: BR. OSCAR ARMANDO RIVERA GARCÍA
ASESOR:
LIC. CARLOS MARIO SERRANO
SAN SALVADOR, AGOSTO DE 2003
UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y
CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA DE CIENCIAS JURÍDICAS RECTOR:
INGENIERO MARIO ANTONIO RUIZ RAMÍREZ
SECRETARIA GENERAL: LICENCIADA TERESA DE JESÚS GONZÁLEZ DE MENDOZA
DECANO DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS
SOCIALES: LICENCIADA ROSARIO MELGAR DE VARELA
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE CIENCIAS JURÍDICAS:
DOCTOR JORGE EDUARDO TENORIO
ASESOR: LICENCIADO CARLOS MARIO SERRANO
SAN SALVADOR, AGOSTO DE 2003
ÍNDICE Pag.
Introducción 1-2
CAPITULO I
EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN
I.-Antecedentes del problema 3-4
II.-Planteamiento del problema 4-5
III.-Justificación de la investigación 5
1.-Por su importancia 5
2.-Por su aporte y utilidad 6
3.-Por su interés 6
IV.-Objetivos de la investigación 6
1.-Objetivo general 6
2.-Objetivos específicos 6-7
V.-Enfoque metodológico 7
1.-Etapa explorativa y bibliográfica 7
2.-Métodos a utilizar 7
3.-Técnicas 7-8
VI.-Estructura capitular 8
1.-Capitulo I.- El Problema De La Investigación 8
2.-Capítulo II.- La Fuerza Armada De El Salvador 8
3.-Capítulo III.- Resoluciones 8
4.-Capítulo IV.- Conclusiones 8
5.-Capítulo V.- Recomendaciones 8
CAPÍTULO II
LA FUERZA ARMADA EN EL SALVADOR
I.-Antecedentes históricos 8
a.-La Fuerza Armada en la época de la Conquista 8-10
b.-La Fuerza Armada en la época Colonial 10-15
c.-La Fuerza Armada en la época de la Independencia de C.A. 15-20
Pag.
d.-Fundación del Ejercito Salvadoreño 20
e.-Creación de la Fuerza Armada 20
2.-Fundamento jurídico 21
a.-Constitución de la República 22-24
b.-Código de Justicia Militar 24-26
c.-Ordenanza del Ejercito 26-27
3.-Características, alcances y efectos de uso de la Garantía del Derecho
de Audiencia en la Legislación Militar Salvadoreña
(Código de Justicia Militar) 27
a.-Características 27-29
b.-Alcances para su ejercicio 29-30
c.-efectos del uso de la Garantía del Derecho de Audiencia 30-32
CAPÍTULO III
RESOLUCIONES
1.-419-98 /AS041998.99, Proceso de amparo (Por Capitán Miguel Ángel
Chávez Martínez, por violación a la garantía al Derecho de Audiencia). 32-37
2.-134-98 /AS013498.99, Proceso de amparo promovido (Por la Señora
Matilde Flores, Madre del Sub-sargento César Augusto Flores, por nega-
ción al derecho de audiencia). 37-40
CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES
Conclusiones 40
CAPÍTULO V
RECOMENDACIONES
Recomendaciones 40
BIBLIOGRAFÍA 41
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo tiene como punto de partida, el problema que se
desarrolla de la siguiente forma:
“ El derecho a la garantía de audiencia en la legislación militar, alcances y sus
consecuencias”.
En la actualidad a la violación a la garantía del derecho de audiencia en el
ámbito puramente militar; se hace necesario que el máximo Órgano Judicial
Nacional, muestre interés para supervisar y vigilar muy de cerca el actuar de los
operadores en la jurisdicción militar, para que estos no sean influenciados por
los jefes con poder de mando en quienes tienen el deber de actuar apegado a la
ley, y serán estos los que hagan valer las garantías que la Constitución otorga a
todo ciudadano y en especial, el caso de la garantía del Derecho de Audiencia,
que persiga con ello el desarrollo de un debido proceso, que lleve las
expectativas del administrado; así como también concienciar a la Población
Militar y hacerles saber, que existe un ente con suficiente capacidad para
reprenderlo en caso de las garantías que todo ser humano y que Nuestra
Constitución los posee como garantías fundamentales.
La idea de este trabajo consiste en ofrecer un conjunto de orientaciones
que contribuyan a que todo aquel Militar en Servicio Activo, reclame su derecho,
facilitando el acceso a la Justicia en el marco del Estado de Derecho en El
Salvador en la Jurisdicción Militar.
La importancia de este trabajo es, que cause impacto en la Población
militar, así como también que tenga un enfoque SocioJurídicoMilitar, que
permitirá aclarar dudas en lo referente al uso de la garantía al Derecho de
Audiencia en la Legislación Militar.
El presente trabajo se ha estructurado en cinco capítulos:
-Capítulo uno, “ El problema de la investigación”, teniendo como partes
principales, sus antecedentes, su planteamiento, su justificación, el objetivo que
persigue y un enfoque metodológico, en la Legislación Militar Salvadoreña.
-Capítulo dos, denominado “ La Fuerza Armada en El Salvador ”,
encerrando sus antecedentes históricos, el fundamento Jurídico, sus
características, alcances y efectos de uso de la garantía del Derecho de
Audiencia en la Legislación Militar Salvadoreña.
-Capítulo tres, que contiene “Resoluciones” de la autoridad administrativa,
donde se ha violado el Derecho de Audiencia en el Campo Militar.
-Capítulo cuatro, que se refiere a las “Conclusiones”, que como resultado
a la violación de la garantía del Derecho de Audiencia, se han dado en el ámbito
militar.
-Capítulo cinco, “Recomendaciones”, estas son presentadas de tal forma
que se pide que el Máximo Órgano Judicial del Estado intervenga o vigile el
ejercicio real de los Operadores del Sistema en el Campo Militar, y proporcionar
a los administradores un verdadero derecho de audiencia, para que se cumpla el
desarrollo de un debido proceso.
Esperando que este documento sea de provecho positivo, en pro del
ejercicio real al Derecho de Audiencia por parte de la generalidad de los
miembros de la Fuerza Armada.
CAPITULO I EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION
I – ANTECEDENTES DEL PROBLEMA
A pesar que la legislación salvadoreña a tenido sus avances en
cuestión penal y demás leyes comunes; en lo respecta a la Legislación
Militar, el máximo ente jurídico nacional lo ha visto con cierta
indiferencia, lo que hace que sus máximas autoridades que comandan o
que tienen un mando de tropa, es decir aquellas que administran la fuerza
armada, empleen aun métodos ya obsoletos cuando de ejercer el
derecho se refiere y con énfasis a la garantía de audiencia de sus
miembros; el cual se cumple al antojo del Comandante en cada
guarnición Militar o en la oficina administrativa de la misma, al libre
albedrío del jefe enmarcados en algunas características del Don de
Mando Militar, como son: El porte, Coraje, (Moral y Físico), Autoridad
Decisiva, Confiabilidad, Resistencia, Entusiasmo, Iniciativa, Integridad,
Juicio, Justicia, Conocimiento, Lealtad, Tacto, Abnegación.
En contravención con nuestra constitución del articulo 11 que
consagra la garantía de audiencia en su sentido amplio y absoluto, al
normar que ninguna persona puede ser privada de cualquiera de sus
derechos sin ser previamente oída y vencida en juicio con arreglo a las
leyes; este precepto no se cumple, ya que se dan muchos casos de
flagrante violación a tales derechos; el pensar también y que de hecho así
resulta, que las leyes secundarias que regulan el sistema legal de Fuerza
Armada no armoniza con el mandato constitucional, ni con tribunales
respectivos.
Así mismo es de pensar la aplicación de un aparente
proceso que se da dentro de la administración de la Fuerza Armada
donde resuelven determinadas personas sin un criterio lógico, fuera de
todo contexto legal, asumiendo posiciones prepotentes y de amenaza
contra el subordinado; quedando todo intento de este, en un simple
intento y expuesto a maltratos por el resto de su carrera Militar, o en caso
mas grave es dar la baja a aquel “Subordinado” por falta de espíritu
Militar, que intenta la acción reclamando como derecho que le asiste, y
que a vivas voces lo declaran “Insubordinado”.
Como consecuencia lógica no se da un procedimiento establecido
en las leyes secundarias para garantizar el Derecho de Audiencia; que,
aunque existe no se otorgaría, ya que los Operadores del sistema juegan
con el erróneo concepto de la “Obediencia Debida” la cual es entendida
prácticamente como “obediencia ciega”, de la cual se abusa hasta mas
allá de los limites de la ley.
II - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA En el marco del antecedente del problema, debido a la
ausencia de un procedimiento especifico establecido en las leyes
secundarias que rigen a la Fuerza Armada, en lo relacionado a la garantía
el Derecho de Audiencia; se crean seudos procedimientos, modos o
formas propias de determinadas personas en los que recae administrar y
darle cumplimiento a la ley. Olvidando que existe un procedimiento Militar,
determinando que la jurisdicción Militar en la República se ejercerá
únicamente por los tribunales, autoridades y funcionarios que el Código
de Justicia Militar determina, siendo además claro de quienes ejercerán la
jurisdicción Militar:
- Los Jueces Militares de Instrucción
- Los Jueces de Primera Instancia Militar
- Las Cortes Marciales
- Las Cámaras de Segunda Instancia
- El Comandante General de la Fuerza Armada
- La Corte Suprema de Justicia ( Articulo 177 y 183 CJM )
Todo es el resultado de la ausencia de una LEY DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS de forma efectiva; que tenga
por objeto una modernización real del sistema Jurídico del Estado, que
adopten los actos de la administración o premisas contenidas en la
Constitución tan fundamentada como la consecución de la Justicia,
centrado en permitir de forma sistemática el Derecho de Audiencia para
todos sus administrados, ya que en la actualidad no existe por dicho ente,
ni consecución de la Justicia ni seguridad Jurídica; ni mucho menos un
bien común, Principios que pregonan el articulo uno de nuestra
Constitución de la Republica y que no se cumplen; así mismo también
como no se cumple el diseño de medios que garanticen en el ámbito
administrativo este Derecho de Audiencia en el articulo 11 Cn.
En vista pues, que en nuestro país se ha venido realizando en el
campo de la reforma legislativa, hace falta que asuma responsabilidades
en el campo de la Legislación Militar ya que la Fuerza Armada es parte
componente de su administración. Ello no es solo una medida justificable,
sino también para dar sentido a un procedimiento para una mejor
operatividad y completar el marco legal que garantice la actuación de los
mandos a todo nivel dentro del quehacer Militar, permitiendo el actuar de
los operadores Militares de la legislación propiamente castrense, y
promover el derecho de audiencia y evitar tramites engorrosos que se
dan en la actualidad donde se da un estudio de la causa y casi nunca se
le otorga el derecho exigible, que por ley le corresponde a todo aquel
ciudadano que se le imputa un delito, a través de un merecido derecho de
audiencia; que por consiguiente, no le es oído ni vencido en juicio.
III - JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Los principales motivos para realizar este trabajo
monográfico.
Son los que a continuación se exponen: 1.- POR SU IMPORTANCIA; por lo que es necesario contar con una
ley, dentro de la legislación Militar que permita el acceso para hacer uso
de ese Derecho preciado como lo es “EL DERECHO DE AUDIENCIA”
para la protección de los derechos y garantías constitucionales en
protección de los miembros de la Fuerza Armada, como garantía de una
sociedad de un Estado de Derecho.
2.- POR SU APORTE Y UTILIDAD; Este estudio monográfico en
espera de convertirse en aporte y utilidad mas para la Sociedad en
General, y en especial para la Fuerza Armada y estudiosos de las
Ciencias Jurídicas, que luchan por el cumplimiento de la legislación en
cuanto al respeto a los principios Constitucionales en Materia
Administrativa y demás legislación nacional.
3.- POR SU INTERES; El estudio será de gran interés para las
Ciencias Jurídicas en el sentido que no existan estudios sobre materia, y
todo debido al tabú que de ella se tiene, y que a medida que el tema se
profundice, habrán otros estudiosos del derecho a ampliar el tema,
aparte de servir de orientación a profesionales y estudiantes de la
Carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas, así como para toda
persona interesada en esta temática.
IV - OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 1.- OBJETIVO GENERAL:
Mostrar la relevancia e importancia que tiene para la Sociedad
Militar u7n grupo exclusivo de la totalidad de la sociedad, la garantía al
Derecho de Audiencia; el conocimiento de la Normativa Jurídica Militar
sobre el derecho en estudio; establecer y analizar los fundamentos
Constitucionales, Jurídicos doctrinarios y la Ingerencia del Derecho
común salvadoreño, en la Legislación Militar.
2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS:
2 .1.- Construir el marco teórico e histórico del Derecho de
Audiencia en el ámbito Jurídico castrense salvadoreño.
2 .2.- Establecer los Principios y Fundamentos que dieran como
resultado conferir el Derecho de Audiencia al Militar salvadoreño; en
relación con el Derecho Común.
V - ENFOQUE METODOLOGICO LAS ETAPAS DEL PRESENTE TRABAJO SERAN:
1.- EXPLORATIVO Y BIBLIOGRAFICO
1.1.- Recolección de información.
Consistirá en el acopio de la información a través de fuentes
bibliográficas posibles, relacionadas con la temática de la investigación
tales como las leyes puramente Militares, documentos, doctrina,
Jurisprudencia, libros, leyes afines y otros de utilidad de la presente
investigación.
1.2.- ANÁLISIS DE LA INVESTIGACION.
Comprenderá el Ordenamiento, Sistematización e
Interpretación de la información pertinente al tema en estudio; la
información recolectada servirá de base a la investigación,
relacionándose así, con las fuentes información, como los datos
estadísticos de casos donde se haya dado el Derecho de Audiencia.
1.3.- REDACCIÓN DE INFORME FINAL.
Consistirá en redactar de manera clara, precisa, con lógica
y coherencia el informe final, incluyendo las conclusiones alcanzadas de
la investigación del tema.
2.- METODOS A UTILIZAR.
2.1.- LÓGICO; aplicable a las Ciencias Jurídicas, para conocer e
interpretar la información Jurídica relaciona con el tema en estudio.
2.2.- DEDUCTIVO; el cual parte de lo general a lo particular
2.3.- INDUCTIVO, este parte de lo particular a lo general.
3.- TÉCNICAS.
3.1.- Síntesis bibliográfica
3.2.- Elaboración de fichas bibliográficas
3.3.- Resúmenes
3.4.- Entrevista a personal capacitado en la temática
VI - ESTRUCTURA CAPITULAR CAPITULO I : EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 1.- Antecedentes del tema
2.- Planteamiento del problema
3.- Justificación de la investigación
4.- Objetivo de la investigación
5.- Enfoque metodológico
CAPITULO II : LA FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR 1.- Antecedentes Históricos
2.- Fundamentos Jurídicos
3.- Características, alcances y efectos del uso de
la Garantía del Derecho de Audiencia en la Legislación Militar
Salvadoreña (Código de Justicia Militar).
CAPITULO III : RESOLUCIONES. Resoluciones de la Autoridad Administrativa, donde
se ha violado el Derecho de Audiencia en el Campo Militar.
CAPITULO IV: CONCLUSIONES.
Conclusiones.
CAPITULO V : RECOMENDACIONES Recomendaciones
CAPITULO II
LA FUERZA ARMADA EN EL SALVADOR
1.- ANTECEDENTES HISTORICOS
a.- ORIGEN DE LA FUERZA ARMADA
1) LA FUERZA ARMADA EN LA EPOCA DE LA
CONQUISTA
El Servicio Militar era rigurosamente
obligatorio: al cumplir los quince años el niño ( piltontlí ), se convertía en
mancebo ( telpochtlí ), y previo cumplimiento de ciertos ritos religiosos, se
le llevaba al ( telpochcalco ), para ejercitarse en arte Militar.
Entre esas gentes no se acostumbraba la previa declaratoria de
guerra; el pueblo que la llevaba a otro procuraba sorprenderlo. Debido a
eso la mayoría de las poblaciones estaban fundadas en cerros
escarpados a peñoles, para dificultar el acceso a ellas, y las que
ocupaban llanuras, estaban fortificadas con murallas concéntricas de
piedras, tal como se cree estaba la ciudad de Tehuacan.
Para averiguar si había guerra, el papa y sus cuatro adjuntos
apelaban a ridículos sortilegios, y cuando creían que era de temerse una
invasión de sus enemigos, lo comunicaban al cacique y demás jefes
Militares, e inmediatamente se ponían en pie de guerra, reuniendo cuanta
gente podían, armada de flechas (tlanitolli =el arco, y mitil= la flecha),
lanzas (tlatzontectlí o tepoztopillí) que a las veces tenían más de seis
metros de largo; espadas de madera, con fragmentos cortantes de
obsidiana ( maquahuitl ) hondas para arrojar piedras ( tematlatl ), etc., La
mayor parte de tropa llevaba cotas de algodón ( ichcahuipilli ).
Ocioso es decir que ignoraban aún los más elementales principios
de táctica y de estrategia, así es que entraban al combate sin orden
ninguno, por pelotones, al son de trompetas, caracoles y otros
instrumentos ruidosos, con acompañamiento de gritos y alaridos. El éxito
de la batalla dependía del número los combatientes y del valor y la fuerza
corporal de estos.
Los jefes y oficiales iban a la guerra vestidos con pieles de diversos
animales ( león, tigre, águila, etc., ) y el general en jefe era conducido en
andas, con sus mejores paramentos.
La tribu vencedora celebraba el triunfo con grandes fiestas,
dedicadas unas veces a Quetzalcoatl y otras a Ytzqueque, según lo decía
el papa; en el primer caso duraban hasta quince días los festejos, y en el
segundo solamente cinco. El Centro de esas solemnidades era el
sacrificio de los prisioneros que se verificaba diariamente, durante la
temporada, en patio del templo.
Era legal que cada soldado se apropiara del botín que recogía
durante la pelea, y cuando entraban vencedores a una población, la
saqueaban, mejor dicho, la arrasaban, no dando cuartel a ninguno. Los
únicos a quienes se dejaba con vida era a los que odian ser vendidos
para esclavos.
El Derecho de guerra de la culta Europa no era mas humano que
en la época de la conquista.
2) LA FUERZA ARMADA EN LA EPOCA COLONIAL La Intendencia de San Salvador, con capital en
la ciudad de igual nombre, fue establecida por la Ordenanzas Reales de
1786 y comprendía las provincias de Santa Ana, San Salvador, San
Vicente y San Miguel, subdivididas en quince partidos o distritos. no
incluía su territorio a la Alcaldía Mayor de Sonsonete o antigua provincia
de los Izalcos, cuya área abarcaba los actuales departamentos de
Ahuachapan y Sonsonete, con excepción en este último de los municipios
de Julián Cacaluta, Cuisnahuat y Zapotán ( hoy Santa Isabel Ishuatan),
que eran parte integrante, en partido de Opico, de la entidad
primeramente citada.
En 1781, como la Fuerza Armada regular en la entonces aún
Alcaldía Mayor de San Salvador, las Ordenanzas Reales expedidas por el
gran monarca Carlos III de España crearon dos batallones de milicianos,
con un total de 1,534 plazas; y esos efectivos se pusieron bajo la jefatura
de un Comandante de las Armas, quien solo reconocía como superiores
jerárquicos, en el orden castrense, al Alcalde Mayor de la provincia y al
Capitán General del Reino de Guatemala.
Para el alojamiento permanente de esa fuerza pública se
estableció el Cuartel del Fijo, que cubría en gran parte la manzana
situada al Norte del Convento e iglesia de Santo Domingo ( hoy Catedral
Metropolitana ), mientras la Comandancia de las Armas se instaló en la
manzana situada al Sur de las antiguas Casas Consistoriales ( ahora
predio de la alcaldía municipal convertido en lugar de parqueamiento de
vehículos )
En San Lorenzo, el 25 de noviembre de 1799, el Rey de España e
Indias don Carlos IV expidió el “Reglamento para las milicias de infantería
y dragones del Reino de Guatemala “, según el cual esta colonia tendría 6
batallones de infantería con 6,360 plazas y 6 escuadrones de caballería
con 1,200. En San Salvador, Sonsonate y San Miguel habría escuadrón
de dragones con 200 plazas y otros similares se crearon posteriormente
en San Vicente y Santa Ana.
En Marzo de 1,811 tomó posesión de su destino de Capitán
General del Reino de Guatemala don José de Bustamante y Guerra, y
según sus propias palabras, muy pronto se percató de que eran “
acreditadas las noticias que se me habían dado del espíritu secreto de
inquietud en este Reino; temí sus efectos –agrega- en la Provincia de San
Salvador, donde menos lo recelaba mi antecesor ( el Capitán General
don Antonio González y Saravia ); y para quitar el miedo cuanto pudiese
ser estímulo de insurrección, di orden para que se trasladasen a esta
Capital ( de Guatemala ) las armas y fondos que había en la de San
Salvador, y en su cumplimiento se trasladaron en agosto del mismo año
11,7000 fusiles, 95,201 pesos ¾ reales de la hacienda pública, 20,621 del
consulado y 12,177 de particulares “, es decir, un total de 127,999 pesos
¾ reales.
El 5 de noviembre de 1811, exasperados los ánimos por la
opresión peninsular, san salvadoreños se armaron de varas, de hierros
con improvisadas puntas, de escopetas y de otras armas primitivas; y
talvez “ sin plan ni concierto “, como apunta el historiador don Alejandro
Marure, pero sí con una inmensa dosis de amor a la libertad, a la
independencia y a la República que llegaban iluminadas por los
resplandores de la carta de Filadelfia y de la Revolución Francesa,
irrumpieron en el proceso de la emancipación Política, dirigidos por el
cura vicario Dr. José Matías Delgado, “ Benemérito Padre de la Patria “.
En aquella memorable épica conmoción hacia da “cabeza de motín
“, según grafica frase realista, un joven lugareño, de 24 años poseído de
un espíritu ardiente como el fuego de nuestros volcanes, popular por su
hombría de bien, respetable por su valor y heroísmo temerarios y quien
por muchos años gozaría el séquito de la opinión pública : el Prócer
Manuel José Arce.
Los insurgentes desconocieron ante todo a Fernando VII, Rey de
España e Indias y luego despidieron al Intendente Jefe Político Don
Antonio Gutiérrez y Ulloa y los sustituyeron por el maestro contador don
José Mariano Batres, ipsofacto procedieron de igual manera con el
Comandante de las Armas Coronel don José Rossi, monarquista
recalciclante, quien fue subrogado por el Capitán más antiguo don José
Aguilar y por su ayudante don Bernardo Palomo. Y sobre ellos, el mando
gubernativo y político quedó en manos del Alcalde de Primer Voto don
Leandro Fagoaga, y distribuidos los demás cargos concejiles en los
señores José Maria Villaseñor, Alcalde de segundo Voto; Bernardo de
Arce, Domingo Duran, Juan Delgado, Fernando Silva, Manuel Morales,
Miguel Rivera y Francisco Valladares, regidores; Tomás Carrillo, Síndico y
como secretario del Cabido Insurgente, don Juan Manuel Rodríguez.
. Durante un mes funcionó el gobierno autónomo de San Salvador;
pero este hermoso ensayo de nacionalidad, el primer balbuceo de la
Patria, estaba destinado a fracasar por falta de fondos, armas y
cooperación de importantes poblaciones del interior en la gesta
emancipadora.
Cuando en San Salvador se tuvo noticias de que el ayuntamiento
de Guatemala enviaba, como pacificadores, al Coronel don José de
Aycinena y al regidor de Cano don José Maria Peinado, “ el gran negocio
que ocupaba a los insurgente era, -dice un testigo ocular- si los admitían
o no “ aunque “ la opinión general estaba por la negativa” – agrega – se
convoco en seguida “ una reunión de todos los insurgentes principales,
con el objeto de resolver sobra la admisión o repulsa de los pacificadores
“ los puntos que debían tratarse eran proponer medios pecuniarios para
hacer la guerra y solicitar armamento: se contaba con 700 fusiles que
avía en la armería y con 80,000 pesos que estaban en las cajas reales;
pero tanto las armas como el dinero aprecian poco”
Ante imposibilidad de sostener con las armas el pronunciamiento
libertador y después de que “ hablo el doctor delgado manifestando su
pesar por la necesidad de hacer la guerra; pero decidido con la firmeza
de su carácter natural”, según un testigo presencial, los conspiradores se
vieron obligados a aceptar los buenos oficios de las dos pacificadores. Y
finalmente, un indulto general puso aparente termino a la insurrección;
pero solo en apariencia, pues como diría el Capitán General don José
Bustamante y Guerra: “Ceso el movimiento tumultuoso del pueblo
amotinado; se disolvió la junta pública de revolucionarios, pero
continuaron las secretas; siguió oculto el principio de sedición; continuó
la voluntad del mal; permanecieron los agentes del que se había operado
“.
El 24 de enero de 1814 ocurrió el segundo movimiento insurgente
en San Salvador. El caudillo de la revuelta fue el alcalde segundo
constitucional Pedro Pablo Castillo, “ el cohetero de la merced” a las diez
de la mañana ya se hallaba la ciudad “en insurrección declarada”, según
el intendente jefe Político don José Paria Peinado; a la media noche, en
la primera refriega, moría en acción patriótica “un zambo, gran insurgente,
llamado Faustino Anaya”, y en otro lance, en la mañana del día 25, la
tropa real fue enviada a desalojar a los pelotones de revolucionarios, que
en número mayor de 1,000, ocupaban puntos estratégicos, “entre lo0s
cuales hubo uno que hizo frente, y en el un hombre que llego a arrancar
el bastón de las manos del Comandante ( de las armas, Coronel José
Rossi ), para lo cual es menester mucha pujanza y atrevimiento “.
Aquellos sucesos fueron descritos como “una tempestad tan
formidable, tan meditada y con tanto tiempo dispuesta”, que nadie
esperaba un suceso de tal magnitud.”la Provincia de San Salvador –
escribía el Intendente señor Peinado-, por su población, por la clase de
ella, por su localidad y por el vicio adquirido en sus ideas, será siempre la
que de el tono ( revolucionarios ) en este reino”.
Con el concurso de la fuerza pública, en esas extraordinarias
circunstancias, pudo develarse la conspiración de 1814; y, enseguida,
fueron hechos prisioneros el alcalde Primero Constitucional don Juan
Manuel Rodríguez, don Miguel Delgado, el Regidor Crisogeno Pérez, el
Sindico Dr. Santiago José Celis y otros Patriotas. Todos ellos fueron
sometidos a juicios por el delito de infidelidad : el Dr. Celis, enloquecido
sé suicido en la celda donde guardaba prisión, mientras la autoridad real,
seguía la pista del prócer don Pedro Pablo Castillo y ponía precio a su
cabeza. Este. Disfrazado con la sotana del cura don Nicolás Aguilar,
ganó la costa del mar Caribe y fue a morir a la lejana isla de Jamaica,
victima de la fiebre de libertad que conmovía su provincia.
Como resultado de estas inquietudes públicas, el Intendente señor
Peinado tuvo que mantener acuartelada una fuerza de dos
destacamentos de 120 soldados cada uno, “pues mientras haya presos,
causas y prisiones –decía. es indispensable tener las armas en la mano”.
A la sazón, en San Salvador existía el escuadrón de dragones, el
de bandera del fijo y repudiado cuerpo de voluntarios de Fernando VII,
cuyos miembros eran dignos “de confianza, según don José de
Bustamante y Guerra, por la misma aversión con que le miraban los
inquietos”.
Después de este paroxismo revolucionario el aludido Capitán
General nombró Comandante General de las Armas, en concepto de
interino, al Coronel del cuerpo de artillería nacional don José Méndez
Quiroa, quien sustituyó al viejo Coronel don José Rossi. En las
guarniciones de San Vicente y San Miguel, leales a la monarquía,
siguieron como jefes Militares, respectivamente, los coroneles de milicias
don José Rafael Molina y don Alonso Saldas.
“Los planes del 814 –dijo a la Real Corona don José de
Bustamante y Guerra en comunicación de 18 de mayo de ese año- han
sido más malignos que los de 811; y si en las primeras conmociones se
fijaron en punto determinados, en la última se avanzaban a meditar una
constitución formal de independencia”.
“Los que un principio manifestaron opiniones peligrosas –asentaba
en seguida el funcionario real-, persisten tenazmente en ellas; los que
encendieron el fuego ( de la libertad ) en su origen, han continuado
soplándolo después”.
En un informe al Consejo de Indias, de 19 de agosto de 1816, se
dice : “ No se puede dudar que las conmociones que han agitado a
las Capitales subalternas del reino de Guatemala no tengan el mismo
carácter, más o menos graduado, que las demás provincias de América;
el plan general de independencia y el odio al gobierno de Europa también
se descubre en los revoltosos de San Salvador; pero se ignora
absolutamente el móvil, la ocasión inmediata de la primera sublevación
de noviembre de 1811, por donde reúnen conocimiento de la extensión y
naturaleza del mal y de si los remedios que se han aplicado fueron los
más oportunos”.
3) LA FUERZA ARMADA EN LA EPOCA DE LA INDEPENDENCIA CENTROAMERICANA
Cuando se escribió el Acta de Independencia
en San Salvador, el 21 de septiembre de 1821 fue calificada como:
“MONUMENTO SAGRADO DE NUESTRA LIBERTAD”.
SUCESOS POSTERIORES. El 30 de septiembre de 1821, hubo un
levantamiento en San Salvador. El Intendente Dr. Pedro Barriere, con
motivo de que los patriotas ganaron las elecciones para integrar la
diputación Provincial, ordenó la captura de Manuel José Arce, Juan
Manuel Rodríguez y otros, a quienes envió por cordillera a Guatemala.
El Gobierno Provisional de Guatemala acordó que José Matías
Delgado, investido de los demás poderes, asumiera el mando en la
Intendencia de San Salvador y así pudo Yupiltepeque poner en libertad a
los ilustres presos. La llegada del Dr. Delgado a su ciudad natal fue
apoteósica.
El Regente del Imperio Mexicano brigadier Agustín Iturbide, en 19
de octubre de 1821, dijo al brigadier Gabino Gainza que “ el interés actual
de Mexico y Guatemala es tan idéntico e invariable, que no pueden
erigirse en naciones separadas e independientes sin aventurar su
existencia y seguridad “ y que los limites de ambos países se confunden
“como si la naturaleza hubiese destinado expresamente ambas
porciones, para formar un solo poderoso Estado”.
Al recibir tal comunicación, Gainza y la aristocracia guatemalteca
comenzaron a maquinar contra lo pactado por los pueblos el 15 de
septiembre de 1821 o sea la integración de un congreso para que
decidiera sobre la unión o no a Mexico.
El 5 de enero de 1822, tras la reunión de burdos cabildos abiertos,
se emitió el Acta por la cual Centro América, de hecho, quedaba
incorporada al Imperio Mexicano.
San Salvador no podía aceptar semejante maniobra y el 11 del
mismo mes su Diputación Provincial, presidida por el Dr. José Matías
Delgado, dijo que esta provincia “ nunca ha pensado adoptar otro sistema
de gobierno que no sea el republicano “, que se separaba en
consecuencia de Guatemala para formar un ente Político soberano y que
se constituía una Junta de Gobierno encargada de velar por la soberanía
e integridad de la provincia. esa junta fue encabezada por el Dr. Delgado
y nombró Comandante General da las Armas al Prócer Manuel José Arce
y segundo Jefe al Prócer Antonio José Cañas.
San Salvador, una diminuta república, estaba decidida a sostener
con las con las armas su libertad y su derecho contra las pretensiones del
vasto imperio mexicano. La lucha fue desigual pero heroica.
GUERRA CONTRA EL IMPERIO. Del 11 de enero de 1822 al 21
de febrero de 1823 los salvadoreños dieron ejemplo edificante, según
frase del Dr. José Matías Delgado, de que “un pueblo que lucha por su
libertad no puede ser vencido”.
LOS HECHOS MAS SOBRESALIENTES DE LA GUERRA
FUERON :
1º BATALLA DEL ESPINAL. Gabino Gainza ordenó a las
fuerzas que comandaba el Sargento Mayor Nicolás Abos Padilla que
sostuviera el pronunciamiento a favor del imperio hecho en Santa Ana.
José Matías Delgado al tener noticias de dicha incursión ordenó al
General Manuel José Arce que marchara sobre Santa Ana y persiguiera
al invasor hasta derrotarlo: el 22 de marzo de 1822 las fuerzas
republicanas salvadoreñas obtenían la victoria del Espinal, al N. de
Ahuachapan.
2º BATALLA DE CONCEPCION RAMIREZ. Tropas
imperialistas de San Miguel comandadas por Julio Gómez invadieron la
provincia de San Vicente y en la hacienda Concepción Ramírez fueron
derrotadas por las fuerzas republicanas vicentinas capitaneadas por el
Coronel fray Rafael Castillo (8 de abril de 1822 ).
3º BATALLA DEL CALVARIO. Gabino Gainza envió una
segunda expedición armada contra San Salvador, a las ordenes de
brigadier Manuel De Arzú. La “Columna Imperial”, de 2,000 soldados bien
equipados y varias piezas de artillería, estableció su cuartel general en
Quezaltepeque. De allí atacó las fortificaciones exteriores de San
Salvador en cuesta del atajo (Mejicanos); al constatar que eran
inexpugnables, contramarchó y escaló en audaz maniobra al volcán
vecino: en la mañana del de junio de1822 atacó ferozmente la capital de
los salvadoreños, por barrios del Calvario y Santa Lucía. La batalla duró
de las siete a las 16 horas: Arzú asesinó a varios civiles, saqueó sus
viviendas, incendió 29 casas y penetró muy cerca de la plaza de Santo
Domingo (hoy plazoleta Barrios); pero fue derrotado por la bizarría de los
cuzcatlecos, el coraje de Arce y una idea genial del Dr. José Matías
Delgado. Este ordenó que se repicaran todas las campanas y se quemara
toda la pólvora de la ciudad: cada sección de la atacante “Columna
Imperial” creyó que los salvadoreños celebraban el triunfo y se ordenó el
“sálvese quien pueda” . Los guatemaltecos dejaron muchos cadáveres,
heridos y todo su tren de guerra. fue una victoria de Manuel José Arce.
4º LA COLUMNA MEXICANA. Agustín Aturbide ordenó al
brigadier Vicente Filisola que al mando de una columna de 6000 soldados
mexicanos, bien adiestrados y armados, marchara hacia Guatemala y
contribuyera a afianzar la adhesión de esos pueblos a la causa del
Imperio.
Cuando se dirigía a su destino, ocurrió en Mexico un suceso
insólito: no habiendo aceptado la corona imperial ningún príncipe de la
casa de Madrid, fue proclamado Agustín Iturbide Emperador de Mexico,
“como lo fueran los emperadores romanos –dice don Lucas Alaman-, por
la sublemación del ejercito y los gritos de la plebe” (18 de mayo 1822).
Un mes mas tarde ingreso en Guatemala “la columna mexicana” y
la aristocracia celebró con un inusitado júbilo la exaltación de Iturbide al
trono del Anahuac: tenían ya una testa coronada. un amo a quien servir.
Era el triunfo de la sumisión, la desigualdad y el despotismo.
Sitio de San Salvador. La inconfundible actitud de San Salvador a
favor de la República, que aseguraba la libertad e igualdad para todos,
preocupó al brigadier Vicente Filisola, quien busco medios pacíficos para
llegar a un entendimiento con el Dr. José Matáis Delgado.
El Dr. DELGADO. Habilidoso político, ganaba tiempo en
conversaciones y convenios, mientras Manuel José Arce completaba las
fortificaciones de la capital.
Impaciente el emperador por domeñar a la única provincia hostil a
su imperio, ordeno a Filisola que atacara a San Salvador, si esta se
oponga a una entera sumisión al gobierno imperial.
El gobierno san salvadoreño convoco entonces a los pueblos de la
provincia a un Congreso General, basado en el Acta de 15 de septiembre
de 1821, para que este decidiera la incorporación de la misma a “alguno
de los gobiernos establecidos en América” o se constituyera
separadamente.
En vista de las hostilidades de las fuerza de Filisola, el Congreso
decreto el 2 de diciembre de 1822 que la provincia de san Salvador era
un estado federado de los Estados Unidos de América y se oponía, en
consecuencia bajo la protección de aquella gran nación que representaba
la republica democrática. “LA PROVINCIA- dijo Delgado a Filisola- está
resuelta a defenderse contra la invasión que la amenaza” .
Iracundo Filisola marchó contra San Salvador y le puso sitio; Los
Salvadoreños se defendieron con heroísmo y a mediados de diciembre
del mismo año Manuel José Arce derrotó en al batalla de Chinameca al
Sgto. Myr. Manuel Martínez, quién disponía de 600 hombres, un cuerpo
de caballería, 6 cañones.
Un mes mas tarde, las tropas Salvadoreñas derrotaron a las
mejicanas en la batalla librada entre el Guayabal y Guazapa.
6º BATALLA DE MEJICANOS. Vicente Filisola logró reunir
fuera de San salvador un respetable Ejercito de mas de 2000 hombres y
se dispuso a atacar las fortificaciones Salvadoreñas en Ayutuxtepeque y
Mejicanos al comprender que era imposible atraerlos al imperial dominio,
por medios específicos.
“Si en mis manos estuviera la dicha de mis compatriotas- le dijo el
Dr. José Matías Delgado- no sería yo quién les ofreciera por paz, el
silencio y quietud que producen el sufrimiento los clamores sofocados de
la opresión” .
Filisola, aprovechando la enfermedad del Gral. Manuel José Arce
atacó el 7 de febrero de 1823 las fortificaciones de Ayutuxtepeque y
mejicanos.
en esta acción se cubrió de gloria el Cap. Fernando de Arcolsa, a
quién desde su lecho de enfermo Arce, le había confiado la defensa del
punto clave de las defensas salvadoreñas; alcanzado el héroe por una
granada, fue conducido moribundo al hospital de guerra y ahí antes de
expirar dijo a su esposa: “entregar mi espada al ciudadano Arce y dile que
muero con el dolor de no seguir defendiendo la libertad a la patria”.
Aquí fueron completamente derrotados los salvadoreños y al día
siguiente Filisola entró en San salvador.
7º CAPITULACION DE GUALCINCE. Comandado por el
segundo jefe Antonio José Cañas, 800 salvadoreños tomaron la ruta de
Olocuilta- Zacatecoluca-San Vicente- Sensuntepeque. La falta de medios
económicos y bélicos y la decepción impuesta por el pánico, obligó al
tercer jefe Fray Rafael Castillo a aceptar la capitulación de sus fuerzas en
el pueblo hondureño de Gualcince (21 de febrero de 1823).
Ínterin, Manuel José Arce, juan Manuel Rodríguez y otros habían
partido hacia Estados Unidos para gestionar la incorporación de la
provincia como estado de la Unión Americana y dos días antes en Mexico
la revolución republicana obligó a d. Agustín Iturbide, a abdicar la corona
imperial.
El triunfo de San Salvador era completo. “Tenga usted la seguridad
– dijo el prócer mejicano Guadalupe Victoria al Cnel. Fray Rafael Castillo
– que San Salvador ha sido el termómetro de los movimientos de
Mexico”.
4) FUNDACIÓN DEL EJERCITO SALVADOREÑO.
Cuando halamos de historia, inmediatamente se remontan a
nuestra mente hechos de gran trascendencia que han impactado de una
u otra manera a al ciudadanía, como ejemplo de estos acontecimientos
tenemos la fundación de la Fuerza Armada el 7 de mayo de 1824, siendo
su fundador y primer Comandante el Ilustre prócer de la Libertad Gral.
Manuel José Arce.
El 12 de junio el congreso constituyente decreta en al primera carta
magna, específicamente en su articulo 9 inciso 4: “ Los integran la Fuerza
Armada deberán de servir y sostener la patria, aun a costa de sus bienes
y de su vida”.
5) CREACION DE LA FUERZA ARMADA. a) Fue creada por la Asamblea
constituyente el 7 de mayo de 1824, con el nombre de “LEGION DE LA
LIBERTAD DE EL SALVADOR”.
b) Con el nacimiento de la Fuerza Armada,
nace el nombre de nuestra patria, la cual para entonces se conocía con el
nombre de provincia de San Salvador”.
c) El primer comandante General de la
Fuerza Armada el Sr. Gral. Manuel José Arce quien a su vez fue el primer
Presidente de las provincias unidas de Centro América y fundador de la
Fuerza Armada.
d) La Fuerza Armada nace como una
expresión natural del pueblo salvadoreño ante la experiencia sufrida
durante la invasión de 1822, por las fuerzas del Imperio Mejicano.
2.- FUNDAMENTOS JURIDICOS
Al hablar de la legislación Militar salvadoreña, en cuanto al
contenido y ejecución a las garantías constitucionales y en especial el de
‘’Audiencia’’ ; haré mención de las bases legales que a través han venido
dándose dentro de la institución castrense en cuanto a la misión a ella
encomendada, su especifica forma de organización y en régimen jurídico
singular, aunque no alejada de la normativa común, es decir, por ser una
organización profundamente jerárquica; en la que se tiene que respetar el
grado y antigüedad de sus miembros, que conforme a la unidad,
disciplina y subordinación desempeñan un papel importante para alcanzar
sus fines; en esa organización se encuentra estratificado inclusive la
figura del Presidente de la República en calidad de Comandante General
de la Fuerza Armada, y en Articulo 168 ordinal 11°Cn, establece, que el
Presidente de la República será el que organiza, conduce y mantiene a la
Fuerza Armada, así como conferir los grados Militares y ordenar en
destino, cargo o la baja de los Oficiales de conformidad con la ley.
El objeto es darle vida a la legislación que para el tema en estudio
más ocupa.
Es por todo lo tratado, que en base al artículo numero 11 Cn. el
cual prescribe el Derecho de Audiencia, señalando en esencia que la
privación de derechos, para ser válida jurídicamente, necesariamente
debe ser precedida de proceso seguido conforme a la ley; haciendo
mención para ello el siguiente cuerpo de leyes puramente Militares.
Sin dejar de lado la norma constitucional que rige el marco jurídico
que ha tenido reformas de forma y fondo en cuanto al Institución oficial
denominada Fuerza Armada, regida por el derecho administrativo. pero
fundamentada en el derecho constitucional, variando conforme a las
peculiaridades de la situación política del país.
a.- CONSTITUCION DE LA REPUBLICA.
Es conforme a reformas que ha sufrido, la Fuerza Armada no es que hay
perdido poder; sino que esta jugando el papel que le corresponde
enmarcada en un país donde se predica con la democracia, así tenemos
que:
1) En la constitución promulgada y vigente desde el 7 de
septiembre de 1950, en cuanto al tema de la Fuerza Armada, en su
articulo 13, le otorga superpoderes al preservar que: “Se instituye la
Fuerza Armada para defender la integridad del territorio de El Salvador,
garantizar la soberanía de la Republica, hacer cumplir la ley, mantener el
orden publico y hacer efectivo los derechos constitucionales, velará
especialmente por que no se viole la norma de la alternabilidad de la
Presidencia de la Republica”.
2) En la constitución política de la republica de El Salvador
promulgada y vigente desde el día 20 de diciembre de 1983 en su
capitulo VIII Fuerza Armada; en cuanto a sus atribuciones, varían estas
en cuanto a la modernización al concepto de estado y exigencia a la
existencia de un estado de derecho; ya se plasman en ella derechos y
garantías constitucionales para uso de los gobernantes de forma abierta
apegados a la ley aunque todavía existían vestigios de la constitución del
año 50 mencionando algo de su contenido, en su articulo 211, contenía
tantas atribuciones de las cuales haremos mención del primer inciso, en
su parte última donde dice: Mantener la paz, la tranquilidad y seguridad
publica, EL CUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCION Y DEMAS LEYES
VIGENTES; y parte última del 2 inciso donde menciona, EL RESPETO A
LOS DERECHOS HUMANOS; es de tomar en cuenta que se constaba
con una súper institución, dotada de tantos “poderes”.
El Articulo 213; prescribe que la organización y el desarrollo de las
actividades de la Fuerza Armada estarán sujetos a las leyes, reglamentos
y disposiciones especiales; son estas últimas disposiciones especiales
las que violaban todo derecho en los cuales se encuentra la garantía del
derecho de audiencia.
El Artículo 216 en su inciso 2º hablaba sobre las resoluciones de las
cortes marciales, en las cuales los recursos eran admitidos en última
instancia, ante el Cmte. Gral de la Fuerza Armada o ante el respectivo
jefe de operaciones en campaña; este inciso era completamente una
violación a la garantía al derecho de audiencia; ya que dichas
resoluciones las emitía un ente sin la capacidad para ello y sus efectos en
cuanto a la sentencia sobrepasaban la determinación de la pena.
En cuanto al goce de la garantía al derecho de audiencia, es de notar que
aunque claramente lo expresaba, en la legislación militar, y mas aun el
respeto de los derechos humanos; ambos no se cumplían y que aun, en
muchos casos en la actualidad no se cumplen; en cuanto al Art. 213; todo
el contenido esta aceptable pero que en parte donde dice y disposiciones
especiales en cuanto a su organización y desarrollo, deja muy amplio
dicho criterio para hacer violentado; pero era mas violado el contenido del
Art. 216 que trataba sobre las resoluciones de las cortes marciales,
mediante su desarrollo el imputado no era oído ni vencido en juicio, se le
negaba tal derecho en el momento oportuno, alejado de todo principio de
ejecución de un debido proceso
3) En la constitución de republica y algunas de sus reformas
sufridazas a partir del 20 de noviembre de 1991, conforme al derecho
(DL) No. 64 del 31 de octubre de 1991.
DL 152 del 30 de enero de 1992;
DL 583 del 30 de junio de 1993;
DL 860 del 21 de abril de 1994;
DL 165 y 166 del 20 de octubre de 1994;
DL 743, 744, 745, 746, 747 y 748 del 27 de junio de 1996; fecha 16 de
noviembre del 99.
DL 541; en cuanto al Cap. VIII que se refiere a la Fuerza Armada, ya se
dan notables reformas en cuanto a las atribuciones especificas que la
sociedad exige, desligándole obligaciones que no van con su misión
constitucional, así mismo el estado el exige el cumplimiento de las leyes
tanto militares como del derecho común, a lo que se refiere actuar
apegado a derecho y respeto a las garantías constitucionales, donde se
encuentra el derecho de audiencia.
En cuanto al articulo 216 el cual al igual que la parte donde establece la
jurisdicción militar, este juzgará los delitos y faltas .puramente militares,
no se limitan solamente s ello; sino que, conoce sobre otras materias del
orden jurídico y hasta emite sentencias, aduciendo y abusando a lo que
establece el articulo 213 CN. en cuanto al composición y funcionamiento;
ignorando que existen tribunales específicos de cada materia, tomándose
atribuciones que no le corresponden, juzgando y sentenciando en otras
jurisdicciones.
b.- CODIGO DE JUSTICIA MILITAR
Es la base legal que rige el actuar del militar que se encuentra de alta, en
cuanto al juzgamiento de delitos “puramente militares” lo cual lo prescribe
en su articulo 1, de este código.
Sus principales reformas:
- Articulo 1; queda como sigue: las disposiciones de este código
se aplicara exclusivamente a los miembros de la Fuerza armada
por delitos y faltas puramente militares, exceptuando lo que
prescribía anterior a la reforma donde incluía a los particulares
por los delitos a que se refería el articulo 177 CN; que dicho sea
de paso dicho articulo no refiere delitos, y que sobre su
excepción en cuanto a su aplicación se refiere relacionando
artículos 63, 79, 85, e inciso 2 del articulo 372 según decreto
legislativo 368 del 12 de noviembre del 1992, los cuales quedan
derogados.
- Art. 192 inciso 2; Queda de la siguiente manera:
los jueces de primera instancia militar, propietarios y suplentes,
serán nombrados por la corte suprema de justicia, a propuesta
del consejo nacional de la judicatura, organismo en el cual el
ministerio de defensa propondrá una terna de la cual dicho
consejo designara a la persona que estime conveniente para la
correspondiente propuesta. los mencionados jueces gozarán de
estabilidad en su cargo; derogándose la parte donde trata sobre
el nombramiento y remoción sobre la propuesta que antes lo
hacia el Ministerio de Defensa; y que no podrían ser
trasladados, suspendidos o destituidos, sino en los casos y
forma contempladas en los Art. 8 y 9 de la ley del reglamento
para la carrera jurídica; decreto legislativo 345 del 7 de mayo de
1985.
- Art. 249, queda de la siguiente forma en su inciso 1 y parte
primera del inciso 2: no podrá incoarse ningún proceso Militar
por delito, sino en virtud de la orden de proceder a la instrucción
del sumario.
dicha orden emanará del Ministerio de Defensa si se tratare de
delitos cometido por oficiales de la Fuerza Armada;
derogándose la parte que dice “ o por particulares si se tratare
de los delitos a que se refiere el articulo 177 CN.
Si se tratare de delitos cometidos por individuos de tropa, la
orden emanará del jefe del cuerpo respectivo excepto si se
tratare de delitos de la competencia de las cortes marciales en
cuyo caso la orden de proceder emanará del ministerio de
defensa. decreto legislativo 345 07 de mayo 1985.
EL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR (CJM) es una legislación
decretada el día 5 de mayo de mil novecientos setenta y cuatro época
de fructífera economía en el país eminentemente capitalista, un código
donde se ve bien marcado las violaciones de los derechos
fundamentales de la persona. Los cuales se encuentran consignados
en la parte dogmática de nuestra constitución del articulo 1 al articulo
28; este código aparte de ser eminentemente inconstitucional es
exclusivo y drástico en la aplicación de penas. En este código las
penas que señala el articulo 8 que las divide en principales y
accesorias.
- Son principales:
1- La Pena de muerte
2- La pena de reclusión
3- La pena de arresto
- Son accesorias:
1- Destitución militar
2- Suspensión de empleo
3- Suspensión de mando
4- Postergación.
De todas las reformas que se han dado, de nada sirve para los
administrativos subordinados, ya que en la practica resulta muy difícil
que el superior jefe seda u otorgue ante circunstancias de derecho y
en especial a permitir el uso de la garantía del derecho de audiencia
en cuanto a sus ejercicio; es decir entonces, que por muchas reformas
que se le hagan la código de justicia Militar, siempre será este del tipo
inquisitivo, donde el mismo que es juez también es parte en un
proceso militar, y la asistencia técnica que recibe el imputado, aparte
de ser deficiente, recibe ordenes de quien acusa al imputado, no
desarrollando en su contexto un debido proceso, y no se le da vida a
la jurisdicción Militar que pregona el articulo 183 CJM, confirmando lo
que establece el articulo 164 que dice “constituye falta toda infracción
de deberes militares del CJM en general TODA INFRACCIÓN QUE A
JUICIO DEL SUPERIOR MENOSCABE LA DISCIPLINA DAÑE EL
SERVICIO Y QUE NO SE HALLE COMPRENDIDA ENTRE LAS QUE
EL CJM CASTIGUE COMO DELITO”.
Cuando el imputado declara algunas veces son presionados a aceptar
las responsabilidades de hechos no cometidos por los acusados. A
través de los interrogatorios del mal llamado oficial de inteligencia,
dándose el lujo de condenar a personas sin haber sido oídos ni
vencidos en juicio ya que los procedimientos carecen de toda
legalidad y son viciados por los intereses de algunos superiores o
jefes que tienen intereses en una determinada causa. violando el
derecho real de defensa y por ende la garantía de audiencia de los
procesados.
c.- ORDENANZA DEL EJERCITO (F.A).
esta regula el funcionamiento de la Fuerza Armada y su espíritu lo
determina los principios del don de mando en al vida nacional de
conformidad con los preceptos constitucionales, apegada a derecho y
de acuerdo a las exigencias del servicio militar y de una sociedad en
constante desarrollo; pero que aunque así lo determine, existe
principios donde textualmente se denotan la flagrante violación a la
garantía del derecho de audiencia; y esta se puede ver tanto en al
ordenanza del ejercito en concordancia con el Código de Justicia
Militar; pudiéndose notar en Art. 9 de la Ordenanza del Ejercito en su
parte 2 del inciso 1 en cuanto a las ordenes legales y su cumplimiento;
pero es de hacer notar que no existe limite de la legalidad de la orden
dada por el superior, llegando en todo momento esa garantía del
derecho de audiencia después de los hechos consumados, lo cual ya
no tienen razón de ser para una defensa de leyes tutelares por la
constitución; el articulo 164 CJM establece que constituye falta, toda
infracción de los deberes militares expresamente sancionados en este
código y en general toda infracción que ha juicio del superior,
menoscabe la disciplina o dañe el servicio y que no se halle
comprendida entre las que el código castiga como delito; es por ello el
abuso del mando en cuanto no permitir al subordinado la garantía del
derecho de audiencia. Y es que la ordenanza del ejercito se limita a
establecer ordenes para ser ejecutadas por los jefes y subordinados,
sin otorgar en ningún momento derechos a estos; lo que hace al
superior a obligar al subordinado a cumplirla con el pretexto que como
consecuencia a su incumplimiento recae en delito o falta, violándose
las demás garantías que se dan en el debido proceso.
3.- CARACTERISTICAS, ALCANCES Y EFECTOS DE USO DE
LA GARANTIA DEL DERECHO DE AUDIENCIA EN LA
LEGISLACION MILITAR SALVADOREÑA: CÓDIGO DE JUSTICIA
MILITAR.
1).- CARACTERÍSTICAS.
a) Es eminentemente inquisitivo.
Implica que la parte acusadora, investigadora,
administrada de justicia (Juez), es así mismo parte de un proceso, que
emite sentencia a su antojo sin importar el grado de lesividad que
dicha decisión contenga, haciendo de lado los entes que por ley
ejercen la jurisdicción militar; relacionando para ello lo establece el
CJM. en su Art. 164 parte 2 que dice: “ Toda infracción que a juicio del
superior.....”.
Abusando e infringiendo la ley e ignorando al máximo organismo de
justicia nacional.
b) Es Inconstitucional.
Esto es debido a que a la hora de procesar al
supuesto imputado dejan fuera todo principio que la ley primaria
concibe como garantía mínimas que el acusado tiene derecho, es
decir que el Código contraviene en todo momento de su contenido, de
principio a fin, del articulo No. 1 al 385 CJM, a la Constitución de la
República; si es cierto que existe un procedimiento pero esta lleno de
ilegalidades en cuanto a forma y fondo para quien lo realiza, ya que
es una persona que carece de los conocimientos básicos del derecho;
y el defensor es un oficial que no conoce de leyes, violentadole el
derecho real de defensa y por lo tanto el de garantía de audiencia de
los imputados y que a la vez, son viciados por intereses particulares
de los oficiales de mayor rango.
c) Es represivo.
El Código de Justicia Militar (CJM) es
eminentemente represivo, en todo su contenido refleja un estimulo de
persecución y penalidad, da al ejecutante facultades de proceder a
toda costa y apegado a su contenido, no da oportunidades a
interponer derechos, ante una acusación, es sumamente
“DESPOTICO” despiadado y alejado de toda realidad nacional,
violenta los derechos humanos de las personas que como ciudadanos
forman parte de la institución armada.
d) Es exclusivo.
Por su naturaleza, pues es aplicable solo a
miembros de la Fuerza Armada, desde el soldado menos antiguo
hasta el mas antiguo (Soldado – General); pero que esa exclusividad
hace que los operadores del sistema se dejen llevar por disposiciones
sin fundamento del superior que bajo sus ordenes actúan cometiendo
errores garrafales en su ejercicio.
2) ALCANCES PARA SU EJERCICIO.
a) Ordenes de carácter permanente.
Estas ordenes son aquellas que son o
sirven de excusa de proteger la disciplina Militar, emitiéndolas y
haciéndolas de estricta obligación a los miembros, sin fundamento
legal, solamente con el “Poder” que el grado le faculta, actuando
despóticamente y sin perdón para el que la quebrante, vale decir que
se auto faculta para emitir leyes; aduciendo la “ perdida de valores
militares “ como ejemplo la orden de carácter permanente del 23 de
octubre de 1923, aplicable a todos los militares que ingieran bebidas
embriagantes en horas laborales, amparado a lo que establece el
ordinal 20 del Art. 167 del CJM constituyendo “ simples infracciones “
pero que en la practica no es como tal, sino que es tomada como
causal para dar de baja a todo el personal militar que infrinja dicha
orden;
b) Los partes.
Los partes en los cuales influye el oficial
de inteligencia de cada unidad militar, cuando de aplicar la ley se
refiere, consisten en que el jefe a quién se le delega el mando sobre
un grupo de personas denominados soldados o tropa, los cuales no se
apega a los principios que rigen la conducta militar u otras acciones
que estos realicen; que ante un hecho concreto violenten lo
establecido en las leyes militares, elaborará el jefe de dicha
delegación un documento formal dirigido a la autoridad inmediata
superior explicando en detalle todo lo sucedido por lo que motivo a su
elaboración, ya sea del grupo, algunas personas, o alguien en
especial; motivando este parte, dos situaciones a resolver sin lugar
por no tener elementos de juicio para seguir diligencias o en un peor
caso el superior con libre potestad ordenar seguir en contra de los que
violen dicho principio un “INFORMATIVO” dando pié a un proceso
puramente militar; el problema talvez no sea el de seguirle un proceso
contra el que viole toda normativa ya sea militar o civil, sino que el jefe
no distingue sus facultades y sus alcances de las mismas para aplicar
un debido proceso.
Los partes en su fondo persiguen dar de baja al culpable, es decir,
retirarlo de forma definitiva o por un tiempo determinado de la Fuerza
Armada.
c) Los informes.
El superior por regla general le da gran
valor a los informes presentados por subordinado, ya sean verbales o
escritos, y no es que crean en la buena fe de quien les informa, sino
que ignoran su posición, actuando sin criterio, es decir dejándose
llevar por simples palabras sin dar oportunidad a quien en contra se
haya elaborado dicho informe, sin permitirle el derecho de audiencia al
sujeto de quien se informa, siendo esta la garantía que por ley le
asiste; además de cometer o permitir delitos relativos al honor y a la
intimidad, como son la calumnia, la difamación e injuria, que
establece el código penal en sus artículos 177, 178 y 179.
d) Las advertencias.
Son aquellas como lo dice el subtema
“advertencias”, es decir que estas previenen al sujeto que comete un
delito o falta y que se ve sometido a un procedimiento, es una llamada
de atención para que una próxima violación a la conducta por la que
en una primera vez se reprende, tendrá como respuesta un doble
castigo, o sus consecuencias serán peores; Las advertencias por
regla general se dan como consecuencia por faltas graves, con los
mismos efectos que el parte es decir que el sujeto procesado recibe
como resolución ser dado de baja, sin otorgarle al imputado la
garantía del derecho de audiencia
3) EFECTOS DE USO DE LA GARANTIA DEL
DERECHO DE AUDIENCIA.
DERECHO DE AUDIENCIA: Es un derecho de contenido complejo, que
se concreta en la estructura de los procesos, de instancias, recursos y medios
impugnativos de acuerdo con la naturaleza de las pretensiones y de las normas
jurídicas de base.
La vulnerabilidad al derecho de audiencia cuando el afectado por la decisión
estatal no ha tenida la oportunidad real de defensa, privándole de un derecho
sin el correspondiente proceso o cuando en este no se cumplen las
formalidades esenciales. (Revista de Derecho Constitucional, paginas 693 y
694, julio-septiembre de 1998 tomo II, No. 28)
a) BAJA: Es la situación por la que todo
miembro de la Fuerza Armada, estando de alta es cesado de su trabajo como
consecuencia de un debido proceso que contra el se desarrolla, por haber
cometido algún delito que conlleva a determinar su baja de inmediato de las
filas activas por un tiempo determinado o de forma definitiva; como
determinación del tribunal respectivo, aunque es de mencionar las bajas
administrativas que según la ley es cuando el miembro de la Fuerza Armada
cumple la totalidad de años de servicio; aunque este ultimo, no es el caso que
nos ocupa en el desarrollo del tema en discusión
b) DERECHO A LA ESTABILIDAD
LABORAL; El derecho a la estabilidad laboral de ninguna manera supone
inamovilidad, pues la Constitución no puede asegurar el goce de tal derecho a
aquellos sujetos que hallan dado motivo para decretar su separación o
destitución ( sentencia de amparo ref. 21-99 12 julio de 2000).
(1) DERECHO A LA ESTABILIDAD
LABORAL DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS.
El derecho a la estabilidad laboral que poseen los empleados públicos en
general es relativo, lo que significa que estos pueden ser removidos de su cargo
cuando se produce algún factor determinante de despido (sobreseimiento de
amparo ref. 14-99 21 de noviembre de 2000).
(2) DERECHO A LA ESTABILIDAD
LABORAL DENTRO DE LA FUERZA ARMADA.
El derecho a la estabilidad laboral que poseen los militares, debe verse desde la
óptica garantista de la constitución, en cuanto a su previsión y tutela atribuible
obligatoriamente al estado; y desde la óptica restrictiva del Código de Justicia
Militar, en cuanto a la facultada que existe, conforme a la ley, de privar a alguien
de tal derecho, es decir, que la regulación de tal derecho, tal como la misma
constitución lo permite en el articulo 246, es atribución del legislador, y de
hecho así se ha realizado en el referido Código.
Se debe de entender que cuando de regula el derecho de audiencia y sus
manifestaciones, así como su estricto cumplimiento por parte de las autoridades
al momento de privar a alguien de un derecho, se esta exigiendo
constitucionalmente la conformación de espacio procesal o procedimental, que
permita la defensa por parte del eventual privado, para solo efecto de que sea
oído y quizás vencido pero con arreglo a las leyes.
La estabilidad laboral de miembro del ejercito probablemente vulnera, no solo
vendría a impedir se realización física y mental en un empleo determinado, si no
ha generar la imposibilidad de continuar con las expectativas creadas.
(Sentencia de amparo ref. 21-99 de fecha 12 de julio de 2000).
Al darse la falta de estabilidad laboral, faculta al imputado o procesado, a hacer
uso de los procesos constitucionales que señala el articulo 1 de la Ley de
Procedimientos Constitucionales tales como, en de inconstitucionalidad de las
leyes, decretos y reglamentos; el de amparo y en caso extremo el de exhibición
de la persona.
CAPITULO III
RESOLUCIONES
1.- AS041998.99
419-98
Normativa Aplicada
. Ley de procedimientos Constitucionales, Articulo 35, Constitución de la
Republica, Articulo 245
SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:
Antiguo Cuscatlan, a las nueve horas y días minutos del día trece de julio de mil
novecientos noventa y nueve.
El presente proceso de amparo ha sido promovido por el Capitán Miguel
Ángel Chávez Martínez, de cuarenta y un años de edad al inicio de este
proceso, del domicilio de San Salvador, contra providencias del Ministerio de la
Defensa Nacional, que estima violatorias de lo que denomina derecho al trabajo
así como el derecho de audiencia contemplados en los Artículos 2 y 11 de la
Constitución.
Han intervenido en el presente proceso, además de la parte actora, los
generales Jaime Guzmán Morales y Juan Antonio Martínez Varela, ambos en
su calidad de Ministro y Vice-Ministro de la Defensa Nacional y el Fiscal de la
Corte, doctor Rene Mauricio Castillo Panameño.
I La parte actora manifiesta esencialmente en su demanda y escrito
de prevención: que el día uno de abril de mil novecientos setenta y cinco
ingreso como recluta a la Fuerza Armada habiendo tenido varios ascensos
durante su carrera hasta llegar al cargo de Capitán que actualmente ostenta al
cual fue ascendido el treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y cuatro.
Agrego que mediante orden general numero dos del mes de febrero de mil
novecientos noventa y cinco, emitida por el Ministerio de la Defensa Nacional y
publicada en las Instalaciones de la Fuerza Armada el día treinta y uno de
enero de mil novecientos noventa y cinco, fue dado de baja sin procedimiento
previo en el que se le permitiera defenderse, por la causal de Graves Faltas
cometidas dentro del servicio, lo cual fue de su conocimiento el día cuatro de
febrero de mil novecientos noventa y cinco mediante la mencionada
publicación. Asimismo señalo que el procedimiento que se instruyo para tal
efecto únicamente consto de tres etapas: informe o “parte” sobre la comisión de
la infracción, recomendación de baja por parte del Departamento Jurídico del
Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y emisión por parte del Ministerio
de la Defensa Nacional de la Orden General numero 2-95, del año de mil
novecientos noventa y cinco por medio de la cual se le dio la baja es una
sanción aplicable a delitos militares graves siendo que en este caso lo que se
imputaba era una infracción disciplinaria, la cual es mas leve, por lo que
tampoco existe congruencia entre la infracción y la sanción. Finalmente,
expreso que viene a demandar al Ministerio de la Defensa Nacional por haber
violado su derecho al trabajo y derecho a la audiencia mediante la Orden
General numero 2-95 en lo relativo a la baja emitida en su perjuicio. En
consecuencia, pidió que se admitiera la demanda, se le tuviera por parte en el
carácter en que comparece, se solicitara el informe correspondiente a la
autoridad demandada y previos los tramites legales, en sentencia definitiva se
declare que ha lugar el amparo. Por auto de las once horas del día veintidós de
octubre de mil novecientos noventa y ocho, se admitió la demanda, se declaro
sin lugar la suspensión del acto reclamado por haberse ye ejecutado y se pidió
informe a la autoridad demandada, quien expreso que efectivamente el Capitán
Miguel Ángel Chávez Martínez causo baja de la Fuerza Armada, mediante
Orden general numero 2 del treinta y uno de enero de mil novecientos noventa
y cinco, por graves faltas cometidas dentro del servicio, consistentes en
haberse embriagado estando de servicio de Capitán de Cuartel, el día veintiséis
de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro. Siendo reincidente durante
toda su carrera militar en tal tipo de falta, debidamente establecida en el articulo
167 numero 20 del Código de Justicia Militar; baja que se ordeno previas las
investigaciones correspondientes, por lo que no es cierto que se hayan violado
a dicho oficial alguno de sus derechos constitucionales. Posteriormente se
mando a oír al Fiscal de la Corte en la siguiente audiencia, quien no hizo uso de
la misma..., También manifestó la autoridad demandada que el demandante
hizo caso omiso a la advertencia realizada por el Estado Mayor Conjunto de la
Fuerza Armada y debido a su alcoholismo crónico no aprovecho la oportunidad
que se le brindo, bebiéndosele otorgado el derecho de audiencia al notificarle
por escrito que seria observado por un plazo de seis meses, tanto en su
conducta como en su disciplina militar y que, de reincidir en faltas de
responsabilidad, como consecuencia de su alcoholismo, seria dado de baja, lo
cual firmo de enterado. Según lo ordena el articulo 27 de la ley de
Procedimientos Constitucionales se corrió traslado al Fiscal de la Corte y a la
parte actora. Por su parte, el Fiscal de la Corte literalmente manifiesta “En vista
del informe rendido por el funcionario demandado en el cual reconoce
expresamente el acto reclamado, es su deber comprobar en autos su actuación
legal, es decir que respeto el tiempo y forma el constitucional derecho de
audiencia y de defensa que corresponde al actor”. Ahora bien, el demandante
en síntesis señalo uno por uno los argumentos alegados por la autoridad
demandada, manifestando esencialmente que dichos argumentos no pueden
ser tomados en cuenta ya que son totalmente independientes del acto que
actualmente se discute. Además, agrego que la Orden de carácter permanente
del año de mi novecientos diecinueve, citada por el Ministerio de la Defensa
Nacional no contempla procedimiento para imponer la sanción de baja lo cual
es inconstitucional mientras que el Reglamento de la Ley de la Carrera Militar,
también citado por dicha autoridad, no es aplicable a su caso ya que dicho
cuerpo reglamento entro en vigencia posteriormente a la orden mediante la cual
se le dio la baja. Finalmente, pidió que se omitiera el plazo probatorio en el
presente proceso. Por resolución de las catorce horas y cinco minutos del día
veintiuno de abril de mil novecientos noventa y nueve, se resolvió omitir el plazo
probatorio, quedando el proceso en estado de dictar sentencia.
II Previo a efectuar pronunciamiento sobre la presentación objeto de
este proceso, esta sala estima pertinente aclarar lo relativo a la suplencia de la
queja que este tribunal ha realizado en el presente caso, específicamente
respecto a uno de los derechos que se le alegan lesionados..., En conclusión,
se entiende que el derecho alegado por el Capitán Miguel Ángel Chávez
Martínez, al hablar de derecho al trabajo, es mas bien el derecho a la
estabilidad laboral.
III Aclarados los aspectos que anteceden, corresponde ahora realizar
el examen sobre la pretensión planteada por el demandante: y para ello, deben
tomarse en cuenta las argumentaciones expuestas por la parte actora y por la
autoridad demandad..., En atención a lo expuesto por las partes en este
proceso, este Tribunal estima conveniente que se exteriorice el proceso lógico
de la presente decisión, a fin de evidenciar tanto los fundamentos tácticos como
los presupuestos jurídicos de aquella. Al respecto, el análisis a de ajustarse al
siguiente orden: (a) hacer una breve reseña sobre la naturaleza, alcance y
contenido del derecho de audiencia: (b) hacer un enfoque doctrinario acerca del
Principio de Legalidad en materia punitiva: (c) clarificar cuales son las
sanciones aplicables a las infracciones de disciplina militar, de conformidad en
el Código de Justicia Militar, y (d) establecer si para sancionar una infracción de
disciplina militar es necesaria la tramitación de un procedimiento previo.
1.- A fin de abordar el primero de los puntos antes mencionados, es
necesario recordar que el articulo 11 de la Constitución establece que “ninguna
personal puede ser privada del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y
posesión, ni de cualquier otro de sus derechos sin ser previamente oídas y
vencida en juicio con arreglo a las leyes...”
2.- Luego de la anterior reseña sobre ciertos aspectos del derecho de
audiencia es menester realizar un enfoque doctrinario acerca del principio de
legalidad en materia punitiva, lo cual servirá de base para la mejor comprensión
para de presente decisión...,
3.- Ahora corresponde clarificar cuales don las sanciones aplicables a
las infracciones a le disciplina militar de conformidad con el Código de Justicia
Militar.
en consecuencia en el presente caso, previamente a la imposición de la sanción
al Capitán Miguel Ángel Chávez Martínez debió instruírsele un informativo, tal
como lo establece el articulo 188 del Código de Justicia Militar, ventilado por
alguna de las autoridades militares mencionadas en el articulo 186 del mismo
código, yo que el supuesto infractos era un oficial con grado de Capitán;
emitiéndose una sola decisión fuera de el contexto que para tal efecto prescribe
el Código de Justicia Militar...,
Por lo tanto: A nombre de la Republica y en aplicación de los artículos 2 y 11 de
la Constitución y articulo 32, 33, 34 y 35 de la ley de procedimientos
Constitucionales, esta Sala FALLA: (a) Declarar que ha lugar de el amparo
promovido por el Capitán Miguel Ángel Chávez Martínez, contra previdencias
del Ministerio de la Defensa Nacional, por violación a los derechos de
estabilidad laboral y de audiencia: (b) vuelvan las cosas al estado en que se
encontraban antes del acto reclamado, de conformidad a lo expuesto en el
Considerado V de la presente sentenciar; y (c) notifíquese... TENORIO
HERNANDEZ VALIENTE...MARIO SOLANO...E.ARGUMEDO..O.
BAÑOS...PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO
SUSCRIBEN...J ALBERT ORTIZ...RUBRICADAS.
VOTO PARTICULAR: El fallo debe contener: “Dejase expedita la vía judicial
para la iniciación de un juicio civil de indemnización de daños y perjuicios contra
el estado” ...E ARGUMEDO...PROVEIDO POR EL SEÑOR MEGISTRADO
QUE LO SUSCRIBE...J ALBERT ORTIZ. RUBRICADAS.
2.- AS013498.99
134-98 Normativa Aplicada . Ley de procedimientos Constitucionales, Articulo 35
SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA;
Antiguo Cuscatlan, a las diez horas y cincuenta minutos del día once de junio
de mil novecientos noventa y nueve.
El presente proceso constitucional de amparo, ha sido promovido por la
Señora Matilde Flores, de cuarenta y siete años de edad al inicio de este
proceso, de oficios de hogar, del domicilio de San Juan Nonualco,
Departamento de la Paz; contra acto del Comandante del Destacamento Militar
numero nueve con sede en la ciudad de Zacatecoluca, por considerarlo
violatorio de sus derechos constitucionales de audiencia y de defensa. Han
intervenido en este proceso constitucional, además de la parte actora, la
autoridad demandada, y el Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, doctor Rene
Mauricio Castillo Panameño. Analizados los hechos, y considerando:
I La parte actora, en su demanda, manifestó en esencia: Que era
madre el Sub-Sargento Cesar Augusto Flores, quien gozo de una licencia de fin
de semana que se le concedió desde las doce horas del día veinticinco de
agosto de mil novecientos noventa y cinco, hasta las doce del día veintiocho de
agosto del mismo año. Pero es el caso que el ultimo día de la licencia (28 de
agosto de 1995), su hijo por encontrarse enfermo acudió a un medico, quien
manifestó que la enfermedad que tenia era bronco neumonía,
recomendándosele diez días de reposo absoluto bajo tratamiento medico, salvo
complicaciones. No obstante su hijo falleció el día cinco de septiembre del
mismo año, de trauma cráneo encefálico severo; habiendo por su parte
procedido a tramitar el seguro de vida al cual tiene derecho, y ante su petición
se el solicito presentara el tiempo de servicio de su hijo, dándose cuente que se
le había dado de baja el treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y
cinco “ por abandono de servicio”. Considera pues, que la decisión de darle la
baja a su hijo fue ilegal, en vista que la autoridad responsable de la misma,
sabia que el motivo de su ausencia era debido a su enfermedad, y en todo caso
debió haber instruido el procedimiento establecido en la ley que no es otro que
un juicio militar, con audiencia del perjudicado para establecer dicha sanción.
Argumenta además, que esta Sala mediante resolución anterior declaro
improcedente el procedo de amparo que presento con fecha seis de marzo de
mil novecientos noventa y ocho, basado su resolución en que el asunto
cuestionado quedaba fuera de la competencia de este tribunal, por constituir,
conforme al articulo 13 de la ley de Procedimientos Constitucionales, asuntos
de mera legalidad. Pero esta claro en este caso que lo que alega es que su hijo
fue condenado por un delito militar, sin haberle hecho juicio alguno y que por
ello esta inconforme con la resolución emitida por la Comandancia del
Destacamento Militar numero nueve, con sede en la ciudad de Zacatecoluca.
Finalmente concluyo pidiendo se le admitiera la demanda, y se le tuviera por
parte en el carácter en que comparece. En la resolución que pronuncio este
tribunal a las once horas diez minutos del día diecisiete de marzo de mil
novecientos noventa y ocho, en el proceso de amparo clasificado bajo el
numero 47-98, se declaro improcedente la pretensión planteada por la Señora
Matilde Flores, pues el planteamiento de la misma se circunscribió a relatar y
exponer asuntos de mera legalidad y de valoración de pruebas, lo cual no
corresponde conocer a un procedo de amparo. Se confirmo la de negativa de la
suspensión del acto reclamado, y se pidió de acuerdo al articulo 27 de la Ley de
Procedimientos Constitucionales, se corrió traslado al Fiscal de la Corte y a la
parte actora; evacuándolo al primero de ellos manifestando expresamente: “En
lo personal considero que con la documentación presentada por la impetrante, y
en especifico con el documento de fs. 9 , e informe del funcionario de fs. 18 y 19
ha comprobado plenamente los extremos de su demanda”; la impetrante por su
parte, al evacuar el traslado conferido, manifestó que la autoridad demandada
en el segundo informe que proporciono corroboro los hechos expuestos en su
demanda, pues confirmo la baja de su hijo, y informo que no obran en el archivo
de esa Unidad Militar, antecedentes del informativo instruido contra su hijo.
Mediante resolución que consta a fs. 34, esta Sala manifestó que si de la
documentación presentada por las partes en el transcurso del procedo, así
como de los informes y traslados conferidos, resulta prueba suficiente sobre la
existencia o inexistencia del acto reclamado, es procedente no recabar mas
medios probatorios para decidir sobre la pretensión planteada; y siendo así en
el caso sub judice, es decir que se encuentra dentro de la hipótesis
anteriormente planteada, en los artículos 230 y 514 del Código de
Procedimientos Civiles.
De esta forma concluidos los actos procésales de desarrollo, el presente se aya
en estado de pronunciar la sentencia que corresponde...,.
POR TANTO: Con base en las razones expuestas, disposiciones
constitucionales mencionados y en aplicación de los artículos 32, 33, 34 y 35 de
la Ley de Procedimientos Constitucionales, a nombre de la Republica esta Sala
FALLA: (a) declarase que ha lugar el amparo solicitado pos la Señora Matilde
Flores contra la Orden omitida por el Comandante del Destacamento Militar
numero nueve, con sede en la ciudad de Zacatecoluca, Departamento de la
Paz, el día treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y cinco; (b)
vuelvan las cosas al estado en que se encontraban antes del acto reclamado,
en el sentido que se inválida la orden impugnada así como también todos
aquellos actos que sean su consecuencia; (c) queda expedito el derecho de la
demandante de iniciar un procedo civil de indemnización por daños y perjuicios
personalmente contra la autoridad demandada y subsidiariamente contra el
estado; y (d) notifíquese la presente sentencia a los
intervinientes...HERNANDEZ VELIENTE...O. BAÑOS...E.
ARGUMEDO...PRONUCIADO POR LOS SELORES MAGISTRADOS QUE LO
SUSCRIBEN...J ALBERT ORTIZ...RUBRICADAS.
CAPITULO - IV
CONCLUSIONES
1.- Se concluye que existe la violación al derecho de audiencia, cuando el
afectado por la decisión estatal, no ha tenido la oportunidad real de defensa,
privándole de un derecho sin el correspondiente debido procedo, o cuando en el
sean evidentes las violaciones (revista de Derecho Constitucional abril-junio de
2000, tomo II No. 35).
2.- De nada sirve que en el Código de Justicia Militar se prescriba la
existencia de una jurisdicción militar, si en la práctica, los operadores del
sistema no son libres en su ejercicio.
3.- Las leyes poseen en su espíritu una posesión represiva, llena
ilegalidades, y colmado de órdenes para los gobernados.
4.- En todo proceso Militar se denota la calidad viciada desde las primeras
diligencias hasta la sentencia
CAPITULO - V
RECOMENDACIONES:
1.- Se recomienda que el máximo órgano judicial Nacional, vele por que no
se viole los derechos de los miembros de la Fuerza Armada, en cuanto se
juzgue deberán de anteponerse lo prescrito en las leyes vigentes.
2.- Que el máximo órgano judicial Nacional, supervise para el buen
funcionamiento, la jurisdicción Militar.
3.- Que se efectúen mas reformas con el objeto de humanizar mas el Código
de Justicia Militar en cuanto a los castigos que el contiene.
4.- Evitar por el máximo órgano judicial violaciones a los principios del
debido proceso, que en concordancia debe de tener el Código de Justicia
Militar.
5.- Que dentro de la Institución Armada deben de existir procuradores o
defensores, fiscales y jueces independientes de la Institución Armada, y que
pertenezcan a la Corte Suprema de Justicia para que se practique el ejercicio
de un verdadero debido proceso.
BIBLIOGRAFÍA
1.- Constitución de la Republica de El Salvador; Talleres Gráficos UCA, 2001
2.- Código Penal Salvadoreño; Editor Ricardo Mendoza Orantes, 2002
3.- Código Procesal Penal Salvadoreño; Editor Ricardo Mendoza Orantes,
2002
4.- Manual de Derecho Procesal Penal: de Armando Antonio Serrano,2001
5.- Código de Justicia Militar Salvadoreño; Imprenta Nacional, 1983
6.- Ley de la Carrera Militar Salvadoreña; Imprenta Nacional, 1992
7.- Ley del Servicio Civil
8.- Ley de lo Contencioso Administrativo; Editor Ricardo Mendoza Orantes,
2002
9.- Ley de la garantía de audiencia; Editor Ricardo Mendoza Orantes
10.- Ley Reguladora de la Garantía de Audiencia de los Empleados Públicos
no comprendidos en la Carrera Administrativa; Edición CSJ, 2002
11.- Introducción de Derecho Procesal Penal: de Alberto Binder.
12.- Declaración Universal de los Derechos Humanos.