Política minero energética en Colombia: ¿A favor de quién y en detrimento

de que otros?.

Allí, donde el suelo promete riqueza, los ánimos

despiertan la ambición y los viejos conflictos se exacerban. María Teresa Ronderos.

Introducción.

La industria minera colombiana se destaca como una de las más importantes de

Latinoamérica; su contribución al PIB nacional aumentó de 8,8% en 2006 a 9,2% en

2009 (DNP: 2011, 50). El evidente incremento en los indicadores de producción

minera de los últimos años hizo que los recientes gobiernos hayan posicionado el

sector minero como un sector de gran potencial. Esto se ha condensado de manera

explicita en la llamada locomotora minero-energética, expuesta en el Plan Nacional

de Desarrollo de Juan Manuel Santos en la que se afirma que la minería puede ser

motor de desarrollo.

A partir de este impulso al sector minero energético, quedaron en evidencia los

riesgos y amenazas del sector, ligados a la deficiente infraestructura institucional, la

problemática de la minería artesanal y de pequeña escala, y la insostenibilidad de

este modelo en tres dimensiones fundamentales: Ambiental, económico y social.

En ese contexto, cobran especial relevancia interrogantes acerca de la minería en

Colombia y su impacto ambiental, económico y social en el país. Así como la

problemática que se ha suscitado en torno a la convivencia entre la minería

artesanal y en pequeña escala, y la gran minería. El presente trabajo pretende

resolver esos interrogantes. Para cumplir con este objetivo se hará una revisión en

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

MAESTRÍA EN GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICA

Seminario de investigación

Gabriel Oyaga Andrade, Daniela Pérez Morillo, María Fernanda Castillo, Sol Ángel Cala Acosta.

Grupo

Tipo de trabajo

Trabajo investigativo Día 20

Mes 11

Año 15

Docente Walfa Téllez. CALIFICACIÓN

la primera parte del nuevo paradigma sobre el papel de la minería en el desarrollo

económico y se evaluará lo que contiene la política minera desarrollada en el

periodo 2010-2014 expuesta por el presidente Juan Manuel Santos. En este mismo

orden, se ofrece una visión general del impacto de la política minera en las

dimensiones económica, social y ambiental. La segunda parte evalúa la realidad

de la situación minera en el país, revisando cómo la política impulsada por el

gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha beneficiado a la gran minería en

detrimento de los mineros artesanales y en pequeña escala que llevan años

desarrollando la minería como actividad de subsistencia. Para ilustrar esto se hará

finalmente una revisión al caso de Marmato en Caldas.

Plan de trabajo.

1. Crecimiento Económico sustentado en el Sector Minero-energético en el periodo comprendido entre 2010- 2014.

a) Locomotora Minero Energética como política en 2010 - 2014. b) Impactos económicos y ambientales de la política. 2. La realidad minera en Colombia a) Minería artesanal y en pequeña escala vs La Gran minería. b) Caso Marmato (Caldas).

1. Crecimiento Económico sustentado en el Sector Minero-energético en el periodo comprendido entre 2010- 2014.

Señala Julio Fierro Morales en el libro Minería, territorio y conflicto en Colombia, que

“La minería se considera a sí misma como una actividad prevaleciente e

indispensable, por lo cual, desde hace al menos 20 años, los dirigentes colombianos

la han posicionado en el discurso como la redención económica del país y del

subcontinente latinoamericano” (Fierro: 2012, 190).

Por ello, en la construcción y elaboración del PND 2010 – 2014, del primer gobierno

de Juan Manuel Santos, tomando como base el desarrollo y dinamismo del sector

minero energético mostrado durante la última década, donde su participación en el

Producto Interno Bruto pasó del 8,8% en el 2006 al 9,2% en 2009 (DNP: 2011, 50).

Asimismo, la inversión extranjera directa pasó de USD$3.637 a 4.637 millones en

el mismo periodo, teniendo un efecto incremental en las exportaciones, las cuales

pasaron de USD$24.391 a 32.853 millones de 2006 a 2009 (DNP: 2011, 50), se

define este sector como una de las locomotoras que jalone el desarrollo de la

economía.

a) Locomotora Minero Energética como política en 2010 - 2014.

Se reconoce en este plan, que “si bien el crecimiento económico no es garantía para

alcanzar los objetivos de progreso social, o de reducción de pobreza e inequidad, sí

es un requisito fundamental para alcanzarlos y que Colombia necesita garantizar

una tasa de crecimiento potencial de 6 por ciento o más de manera sostenida y

sostenible social y ambientalmente. Para lograrlo se requiere avanzar en tres ejes

fundamentales: (1) la innovación; (2) la política de competitividad y de mejoramiento

de la productividad; y (3) la dinamización de sectores “locomotora” que a través de

su impacto directo e indirecto lideren el crecimiento y la generación de empleo

(DNP: 2011, 50)

Las locomotoras son sectores que avanzan más rápido que la economía, estos son:

sectores basados en la innovación, sector agropecuario, la vivienda, la

infraestructura y el sector minero-energético (DNP: 2011, 51).

Se dice en El PND 2010 – 2014 que el sector minero‐energético representa la

oportunidad que tenemos de aprovechar de manera responsable nuestra riqueza

de recursos naturales para generar crecimiento sostenible y mayor equidad social,

regional e inter‐generacional. Las elevadas proyecciones de producción de petróleo

y carbón para los próximos años, las estimaciones al alza de los precios

internacionales de la canasta minero‐energética y la creciente actividad de

exploración en el territorio nacional, muestran claramente el papel crucial que tendrá

este sector en la economía colombiana en los próximos años. Ahora bien, con el

desarrollo de los sectores minero‐energéticos, viene atada una enorme

responsabilidad de gestión ambiental. El desarrollo de esta locomotora no puede ir

en contravía del desarrollo sostenible del país y de su conservación para las

próximas generaciones (DNP; 2011,53).

Las metas de producción en el sector minero – energético propuestas en el plan

para el período 2010 – 2014 son las siguientes.

Tabla No. 1

Metas Plan de Desarrollo Nacional 2010 - 2014

Subsector Indicador Unidades Base 2014

Hidrocarburos�

Producción de petróleo y gas Barriles de

petróleo

equivalentes

diario

990.600 1.420.000

Nuevos contratos suscritos por la

ANH

Número de

contratos

197 205

Nuevos pozos exploratorios Número de

pozos

340 570

Minería

Producción anual de carbón Millones

toneladas

año

73 124

Producción anual de oro Toneladas –

año

48 72

Conocimiento�geológico�del�país Porcentaje

cobertura

51% 80%

Tiempo de respuesta en proceso de

otorgamientos de títulos mineros

Días 514 90

Energía Capacidad de Generación Eléctrica Megavatios 13.542 16.234

Fuente: PND 2010 – 2014.

Indudablemente, la contribución que el sector minero hace al crecimiento

económico se soporta en la cantidad de recursos fiscales que generan, ya que sus

empresas, además de cancelar los impuestos tales como el IVA, la sobretasa a la

gasolina y el impuesto de industria y comercio, así como el canon superficiario

durante la fase de explotación a favor de la autoridad minera, las empresas de minas

e hidrocarburos debe pagar dos contribuciones fiscales de alta significación: el

impuesto a la renta y las regalías, las cuales en el 2011, ascendieron por petróleo a

7,2 billones y 1,3 billones por carbón (Rudas Lleras, Guillermo. Minería, territorio y

conflicto en Colombia, pág 162).

Cifras importantes para la economía, pero que de no concedérseles tantos

beneficios tributarios, seguro fueran mayores.

Señala Guillermo Rudas Lleras en el Seminario Internacional Adaptación al

Cambio Climático y las Locomotoras de Desarrollo, en relación con los

comportamientos fiscales se encuentra que, para el conjunto de la minería e

hidrocarburos del país, el impuesto a la renta presenta diversas ventajas tributarias

a las empresas que disminuyen los recaudos del Estado. Especialmente notorios

son los privilegios contemplados en la ley para descontar, de manera temprana y

como costos de producción de corto plazo, la depreciación y la amortización de

inversiones que, por definición, son de largo plazo (Rudas: 2012).

Si se hace el ejercicio de comparar el impuesto potencial con lo realmente

cancelado, seguramente se llega a la conclusión que la flexibilidad de las normas

tributarias afectan los recaudos del Estado y con ello los grandes propósitos de

convertir el sector Minero – energético en una locomotora del desarrollo, Rudas

hace el ejercicio y señala (…) por ejemplo, que en el último año fiscal declarado

(2010) el impuesto potencial a la renta para el sector de minería e hidrocarburos

(incluyendo la refinación de petróleo) asciende a 16 billones de pesos, antes de

estas deducciones; y que finalmente queda en tan sólo 5,5 billones (una tercera

parte del valor potencial) después de aplicar las ventajas contempladas en la norma

fiscal (Rudas:2012).

b) Impactos económicos, sociales y ambientales de la política.

Sustentar el desarrollo económico y social en la actividad extractiva, tiene sus

consecuencias, sobre las dimensiones económica, social y ambiental.

Cesar Padilla, en el libro Minería, territorio y conflicto en Colombia, señala que “La

intervención de la minería implica, como primera medida, la destrucción de grandes

áreas de suelo que debe ser removido para acceder a los minerales ubicados a

cientos de metros en el subsuelo. Para ello se utilizan explosivos que crean cráteres

de cientos de metros de profundidad y kilómetros de diámetro, alterando todos los

elementos del ecosistema donde las minas son instaladas (Padilla: 2012, 42)

Si bien, la actividad minera genera recursos importantes para el Estado, no es

menos cierto que “La dinámica del mercado de minerales e hidrocarburos en el

escenario mundial genera expectativas de crecimiento acelerado de ingresos por

las exportaciones, no solo por el alza de precios, sino por el incentivo a la inversión

extranjera y el consecuente incremento de la producción. Esto genera una

oportunidad para las finanzas públicas y, en particular, para la meta de manejo del

déficit fiscal; pero, igualmente, un choque en los ingresos conlleva también riesgos

macroeconómicos en cuatro direcciones básicas (BR, MHCP y DNP: 2010, citado

por Rudas: 2012, 155-156)

I. La entrada masiva de recursos externos, o la expectativa de ingreso de estos

recursos, tiende a revaluar el tipo de cambio real con riesgo de deterioro de la

balanza de pagos derivada de la pérdida de competitividad de las exportaciones y

el aumento del consumo de los bienes importados.

II. Un incremento de precios de los bienes internos no transables en el mercado

internacional, derivado del crecimiento de la demanda y la inelasticidad de la oferta

interna, presiona igualmente un alza en la tasa de cambio real y deteriora la cuenta

corriente. Todo lo cual termina incidiendo negativamente en las exportaciones

distintas a las del sector beneficiado con el alza de precios internacionales, a través

de la denominada “enfermedad holandesa”.

III. Un alto riesgo de la volatilidad macroeconómica derivado de la alta dependencia

del país del sector primario-exportador, con los efectos negativos de esta volatilidad

sobre las tasas de crecimiento de la economía.

IV. El efecto de un choque en los ingresos fiscales a partir de recursos del subsuelo

que son propiedad del Estado, con el consecuente incremento del gasto público.

Sin embargo, mientras que el aumento de ingresos suele ser transitorio (de acuerdo

con las dinámicas del mercado internacional), el aumento del gasto tiende a ser

permanente, generando un desequilibrio estructural si no se logra ahorrar en las

épocas de bonanza para financiar el déficit en las épocas de crisis.

Para enfrentar estos riesgos se diseña una regla fiscal que busca minimizar los

efectos negativos del crecimiento de los ingresos externos, conteniendo la

tendencia al crecimiento del gasto público en las épocas de ingresos elevados para

generar reservas que permitan cubrir los gastos en época de bajos ingresos.

La decisión más diciente para contrarrestar estos efectos, la tomó el Gobierno y el

Congreso de la República, con la expedición del Acto Legislativo No. 05 del 18 de

julio de 2011 donde se crea, entre otros, el Fondo de Ahorro y Estabilización, cuyos

recursos, así como sus rendimientos, serán administrados por el Banco de la

República en los términos que establezca el Gobierno Nacional.

En cuanto a los efectos sociales y ambientales, es de señalar que la actividad

requiere de la remoción de grandes cantidades de suelo, lo cual implica según

Guillermo Rudas Lleras que “la eliminación de la vegetación que muchas veces

cumple una importante función en el ecosistema: se eliminan especies vegetales y

animales en estado de amenaza de extinción sin que las empresas mineras

efectúen medidas de mitigación o reparación suficientes y equivalentes al daño

causado. En algunos casos se interviene de tal forma el ambiente con explosivos y

polvo en suspensión, que muchas especies de animales migran hacia otros lugares

buscando la tranquilidad que requieren para reproducirse y existir (Rudas: 2012,

43).

Lo anterior, referente a los efectos ambientales, pero, agrega Rudas que también,

hay que incluir los impactos de la minería sobre la cultura local y las situaciones

sociales que se viven en las localidades afectadas por la minería, como lo son el

alcoholismo, la prostitución, la drogadicción y la delincuencia (Rudas:2012, 45).

Todos esos impactos negativos suceden, por cuanto al decir de Julio Fierro “La

minería no se suele ver desde dentro como una actividad que se inserta en un

territorio con aguas, ecosistemas, geoformas y seres humanos, sino que tiene una

visión subterránea para la cual lo único importante es el recurso minero y, en

términos de las necesidades crecientes creadas por la sociedad de consumo,

cualquier sacrificio es válido con tal de satisfacer la demanda de la “civilización”. Se

llega a los extremos de considerar que el oro o el carbón contenidos en una montaña

valen más que la montaña entera, incluyendo sus aguas, sus ecosistemas y sus

eventuales pobladores”(Fierro: 2012, 190).

2. La situación minera en Colombia

Ahora bien, como se vio en párrafos anteriores la política minera en Colombia se ha

definido en función de una apuesta al modelo extractivista de los recursos naturales

no renovables y en una legislación adecuada a dicha apuesta (Fierro: 2012, 35).

Dicho modelo se ha concentrado básicamente en la proliferación de títulos mineros

y, de manera consecuente en la llegada de empresas mineras y capitales

extranjeros por el excelente ambiente y beneficios que otorga la llamada “Confianza

Inversionista” que viene desde el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe hasta el

actual gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

Confianza Inversionista, es según Suarez (2010) el nombre de la política que ha

orientado la economía colombiana para la explotación de los recursos naturales en

los últimos gobiernos, y sin duda, resulta interesante para las empresas extranjeras

porque como lo afirma Valencia en su libro ¿Por qué defender la pequeña minería

en Colombia?, está política incluye:

Mejor ambiente de negocios

Recursos humano barato

Plataforma exportadora

Incentivos jurídicos, fiscales y tributarios

Bajo este panorama, resulta preocupante que en el país se pretenda la aplicación

de políticas que le dan prioridad al capital financiero internacional, cuando no

tenemos una institucionalidad capaz de definir reglas claras para la explotación de

recursos minerales. Dicha preocupación, se profundiza con lo expuesto por Negrete

(2013), quien afirma que en Colombia:

No existe un riguroso régimen regulatorio, ni una sólida institucionalidad

pública que de soporte a la política de apertura de recursos extranjeros para

la explotación de recursos minerales del subsuelo nacional, así mismo, no

existe un riguroso régimen regulatorio, ni una sólida institucionalidad pública

ni un sistema tributario para velar por una tributación equitativa, progresiva y

eficiente sobre el sector minero-energético y por la captación de una

adecuada renta minero-energética. Ni se cuente con un esquema apropiado

de seguimiento de los precios de transferencia al exterior, ni de imposición a

empresas extranjeras (Negrete: 2013).

En concordancia con lo anterior, se podría afirmar que en Colombia se están

repartiendo títulos mineros en el territorio nacional a empresas extranjeras a diestra

y siniestra sin ningún tipo de rigor técnico, ni jurídico.

Así entonces, en el país en los últimos diez años se ha asistido a una política minera

que como se menciono en el párrafo anterior que ha estado a merced de las grandes

empresas mineras extranjeras, demandantes del máximo beneficio posible y del

mínimo riesgo y, en detrimento de los mineros tradicionales que llevan más de 50

años de antigüedad en la actividad.

a. Minería artesanal y en pequeña escala vs La Gran minería en el gobierno del

presidente Juan Manuel Santos.

El evidente incremento en los indicadores de producción minera de los últimos años

hizo que Colombia se posicionara como un país atractivo para inversión extranjera

dada las riquezas naturales del país y los grandes beneficios que se les otorga.

En el libro Confianza Inversionista se afirma que la ley 9na de 1991 estipuló normas

generales del régimen de inversión extranjera en el país, enmarcadas en una

economía abierta de libre flujo de capitales. La ley eliminó toda restricción para

invertir en cualquier sector o actividad económica (excepto en seguridad y, defensa)

e incluso se consideró la posibilidades de reglamentos excepcionales para el sector

minero ( Suarez:2010).

En concordancia con lo estipulado en dicha ley, agrega Suarez (2010), que se

abordaron como regímenes especiales para el sector minero, el régimen cambiario;

el cual establece que las empresas extranjeras “no estarán obligadas a reintegrar al

país las divisas provenientes de sus ventas en moneda extranjera” y “podrán girar

la totalidad de las utilidades netas comprobadas”.

Los efectos de dicha ley se pueden evidenciar en el auge de llegada de empresas

extranjeras las cuales atraídas por la política de confianza inversionista llegaron al

país a solicitar títulos mineros. Según la UPME al año 2011 se encontraban en

trámite 54.600 polígonos, correspondientes a un área de 26 millones de hectáreas

(equivalentes al 22,8% del territorio nacional), solicitados en su gran mayoría por

empresas extranjeras.

Lo que preocupa a algunos expertos del tema como es el caso de Delgado (2012),

de lo anteriormente mencionado es que con las concesiones otorgadas a las

grandes transnacionales se empezó a desplazar y a sacar a los mineros de toda la

vida de sus tierras y de su fuente de trabajo.

A propósito de lo anteriormente mencionado, Peace Brigades International (PBI),

una agencia que hace el seguimiento de la minería en países sometidos al saqueo

de sus riquezas por las multinacionales, señala que en Colombia:

… Muchos pequeños mineros no disponían de recursos económicos

para adelantar los estudios y trámites exigidos para solicitar los títulos

mineros, cuando fueron a solicitar el título, encontraron que sus

territorios ya habían sido otorgados a grandes empresas. El 70% de los

mineros artesanales no tiene título minero mientras que el 90% de las

zonas mineras ya se han otorgado a las concesiones multinacionales.

Estas acciones a claras luces dejan ver que con las políticas nacionales que han

privilegiado la gran minería, los mineros artesanales se encuentran condenados al

desplazamiento y a desaparecer del horizonte productivo. En este contexto, el

impulso a la Gran minería por parte del Estado viene acompañado de una campaña

para crear una identificación entre minería informal que incluye la minería artesanal

y en pequeña escala, y minería delincuencial.1 Sin embargo, la normatividad

expedida no hace diferencia entre los grupos armados ilegales y quienes por cuenta

de la falta de voluntad política gubernamental no han podido acceder a un título

minero, a pesar de los innumerables esfuerzos realizados para tal fin.

Pese a estar consagrado en el articulo 107 del Plan Nacional de Desarrollo, que el

Gobierno Nacional debe reconocer la actividad de los pequeños y medianos

1 Conflictividad en el Sector Minero Energético en Colombia, (2011) pág. 63

mineros informales, como lo podemos evidenciar en la siguiente cita, esto en la

practica no se observa;

ES DEBER DEL GOBIERNO NACIONAL IMPLEMENTAR UNA

ESTRATEGIA PARA DIFERENCIAR LA MINERÍA INFORMAL DE LA

MINERÍA ILEGAL. Deberá, respetando el Estado Social de Derecho,

construir una estrategia que proteja los mineros informales,

garantizando su mínimo vital y el desarrollo de actividades mineras u

otras actividades que le garanticen una vida digna (ley 1450 de 2011

“por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014).

Por el contrario, el Gobierno se ha dedicado a perseguirlos, a aplicarles

prohibiciones y a tildarlos de narcotraficantes, delincuentes y/o terroristas. Al

respecto, vale la pena subrayar las palabras del ex ministro de minas y energía

Mauricio Cárdenas Santamaría;

El ex ministro de minas y energía expresa que los mineros que no

tengan título debe ser “tratados como narcotraficantes” porque son “la

nueva coca del país”.

De esta manera, los pequeños mineros ven amenazada sus formas de vida.

Dado que se condenan desaparecer a todos aquellos mineros informales que

desarrollen una actividad en terrenos tradicionales que el Estado ya prometió

a las transnacionales de la gran minería.

La Defensoría en 2010 en su informe Minería de Hecho en Colombia también ha

declarado que en muchos casos el Gobierno ha optado por no reconocer las

actividades de los pequeños mineros de hecho, hasta el punto de perseguirlos y

aplicarles prohibiciones.

Para Delgado (2012), la política del actual gobierno se podría resumir de la siguiente

forma:

La orientación actual de la política minera consiste en que el Estado

allane el camino para los grandes proyectos mineros de las

transnacionales y, para estos uno de los mayores obstáculos es que en

los lugares donde estas empresas pretenden hacer minería a cielo

abierto hay pequeños y medianos mineros.

Es decir que la campaña de desprestigio a los pequeños mineros emprendida por

el gobierno de Juan Manuel Santos es una respuesta al conflicto de intereses que

existe entre la pequeña minería y la gran minería transnacional, a quienes el

gobierno prometió entregar una buena parte del territorio nacional.

Finalmente se podría afirmar, que la lógica de esta preferencia radica en los

beneficios económicos que deja como resultado la inversión extranjera directa en la

economía nacional. En el año 2010 el 71% de los flujos de inversión extranjera

directa en el país, es decir unos 5.000 millones de dólares de los 6.900 en total, se

dirigieron a la actividad minera2. En tanto, si se compara la Pequeña minería con la

gran minería (desarrollada en el país en gran parte por empresas transnacionales)

es claro que ambas difieren por su tamaño y ritmo de explotación. Esta diferencia a

su vez, determina una brecha abismal en los impactos tanto sociales como

económicos entre una y otra.

Caso Marmato

Marmato es uno de los municipios más antiguos de Caldas, ubicado en la cordillera

occidental entre al borde de la carretera que une a Medellín y Manizales, es famoso

por su tradición minera y las múltiples minas de oro que en él se encuentra.

2 Flujos de inversión extranjera en Colombia según actividad económica. Balanza de pagos. Banco de la Republica. En línea en: www.banrep.gov.co/series -estadísticas/see_s_externo.htm.#pagos.

Marmato es además uno de los pueblos mineros más antiguos de América Latina,

de hecho se dice que la montaña donde está el pueblo, llena de túneles, contiene

al menos 14 millones de onzas de oro, la cual es una de las reservas más grandes

del mundo3.

El conflicto que atraviesa Marmato.

La mina fue adquirida durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez por la compañía

Gran Colombia Gold, el conflicto se da por la explotación que dicha empresa junto

con la compañía Medoro Resources (empresa aurífera canadiense que posee un

gran número de acciones dentro de Pacific Rubiales) han hecho del Cerro el Burro

que tiene 9.8 millones de onzas de oro y 59 millones de onzas de plata4, el problema

se presenta cuando dichas compañías pretenden eliminar la pequeña minería que

de tiempos ancestrales se desarrolla allí. En otras palabras lo que pretenden y que

ya han venido haciendo es desalojar a sus habitantes para poder hacer la

explotación a gran escala, sin tener en cuenta a los mineros artesanales que

subsisten de esta actividad.

Por otro lado el gobierno argumenta que la población por lo menos la que se

encuentra asentada en lo alto del cerro está en una zona de “alto riesgo” una

calificación que haría legal y obligatorio su traslado, por supuesto la compañía ha

fomentado y apoyado esa misma idea, aunque la verdad según sus mismos

habitantes es que se pueda llevar a cabo la explotación de la mina a cielo abierto,

lo que ha sido desde un principio razón del conflicto.

Sin embargo los mineros de Marmato siguen trabajando en sus minas, pero su

situación permanece en el limbo, esto también debido en gran parte a la legislación

existente sobre el tema minero como el código de minas de 2001, que pretendió

3 Marmato fue reconocido en el año 2006 como una de las reservas más grandes de oro y plata en el mundo según la UNESCO, tomado de internet de: http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/situacion-minera-en-marmato-caldas-no-mejora/15175695 4 Tomado de internet de: http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/en-marmato-la-mineria-es-una-tradicion-sin-fin/15284795

intervenir en este contexto creando una legislación minera moderna sostenible y

rentable para Colombia, pero el resultado es que gracias a esta legislación, es casi

imposible, por no decir que imposible para los pequeños mineros cumplir con las

normas de formalización legal, por lo que muchos terminan siendo desplazados o

continuando con esta actividad dentro de la ilegalidad y soportando además

amenazas, lo que ha llevado a que exista una división entre los pequeños minero

de Marmato, la ley y la multinacional, lo que a su vez ha llevado a que se den

enfrentamientos como el paro minero en el 2013.

EL CONFLICTO SOLO POR LA TIERRA

Hasta el día de hoy la situación en Marmato continua igual y peor para sus

habitantes, ya que Medoro Resources presentó ante Ingeominas amparos

administrativos para poder expulsar ya fuera a las buenas o a las malas a los

habitantes que estuvieran ubicados en las zonas altas y medias que necesitan ser

explotadas, para hacer esto posible agentes de esta compañía se presentaron en

el municipio escoltados y por supuesto amparados por la fuerza pública.

La multinacional ha tratado desde hace unos años de “ganarse la voluntad” de los

trabajadores y habitantes del municipio, con lo cual ha generado divisiones y

enfrentamientos entre los mismos, para este efecto y como una forma de paliativo

a la situación el gobierno contrató a la Corporación para Estudios Interdisciplinarios

y Asesoría Técnica (Cetec), que creó proyectos productivos campesinos de café,

yuca y plátano, como maniobra de “sustitución laboral”.

Sin embargo, estas iniciativas no fueron bien recibidas por los habitantes de

Marmato porque no solo desconfiaban de la compañía sino que además estos

nuevos proyectos de sustitución laboral no les representaban los mismos réditos

que la minería artesanal que la mayoría de ellos estaba llevando a cabo.

Debido a esto la compañía decidió dar por terminado el acuerdo firmo con The

Social Group5, especializado en trasladar pueblos en Chile y Perú para que hiciera

también el traslado de los habitantes de Marmato.

Aunque, el Comité Cívico Pro defensa de Marmato argumenta que tanto el traslado

del pueblo como la explotación a cielo abierto deben acordarse mediante una

consulta previa con las comunidades indígenas y negras del municipio, a esto el

gobierno y la compañía argumentan que esto no es obligatorio dado que en el

municipio cuenta con 450 años de tradición minera en la región y que adicional a

esto en el municipio no existen ni resguardos ni consejos legalmente reconocidos,

pero lo cierto y de acuerdo al consejo es que Marmato fue declarado patrimonio

histórico de la nación y por lo mismo el pueblo no podría ser objeto de desalojo.

La compañía en su idea de explotar y desplazar a los habitantes de Marmato

propuso a manera de compensación y de llegar a un acuerdo final, crear un museo

de historia y una casa de la cultura, y aparte de esto y como un gesto de “bondad”

la compañía ha formulado también que una vez terminada la explotación creará en

el enorme hueco que quede de la misma una laguna donde se pueda navegar y

donde también se puedan cultivar peces.

Pero los habitantes de Marmato no estuvieron de acuerdo con estas “propuestas”

por lo que en junio de 2010 la población se declaró en paro cívico6 contra la

compañía Medoro a lo que el gobierno reacciono enviando un escuadrón de policía.

Actualmente la situación en Marmato continua igual, con la diferencia de que

muchos minero han tenido que irse victimas de amenazas por “grupo de

delincuencia común” según versiones de la policía, lo cierto es que el único

perjudicado en este conflicto es el pueblo de Marmato, ya que el gobierno hasta el

5 Compañía especializada en traslado de pueblos en condición de vulnerabilidad, tomado de:

http://www.las2orillas.co/marmato-el-documental-desperto-pueblo/ 6 Tomado de internet de: http://www.semana.com/economia/articulo/mineria-el-drama-del-oro-colombiano/416246-3

momento ha favorecido con todas sus acciones a la multinacional, olvidando que

esta actividad ha significado la oportunidad de contar con una fuente de ingresos

para quienes los habitantes del municipio.

Consideraciones finales

Como se expuso líneas arriba, la minería desempeña un papel importante en el

desarrollo económico y social del país, con un continuo crecimiento, que cada día

hace más interesante la inversión extranjera, con una dinámica progresiva de

comercio y demanda de las materias primas para satisfacer las necesidades de

consumo actuales, que está estrechamente relacionadas en el desarrollo de otras

actividades económicas, lo que comporta la relevancia de esta actividad en la

economía mundial y en la economía del país.

Razones que entre otras, han conducido al estado Colombiano a introducir

importantes reformas e implementar políticas mineras en el sector, cuya dinámica

ha ameritado su establecimiento como una de las locomotoras de la economía del

país, por lo que, ha focalizado esfuerzos para impulsar y regular el auge y dinámica

de este sector.

No obstante, a pesar de estar focalizándose los esfuerzos para encontrar equilibrio

entre la pretendida prosperidad económica con mitigación de impactos sociales y

ambientales propios de la actividad minería, que redunde en bienestar y mejor

calidad de vida para la sociedad y que a su vez proporcione un comercio perdurable

que propenda por la disponibilidad de los recursos para las necesidades de las

futuras generaciones, no ha sido posible lograr que la minería sea una actividad

que tienda al desarrollo económico pero consonante con la tendencia mundial de

desarrollo sostenible.

En este sentido Guerrero y Blanco en la introducción de su escrito Criterios

Generales de Sostenibilidad para la actividad minera señala: “El desarrollo

tecnológico, económico y social, la globalización, la revolución de la comunicación,

la presión de los mercados financieros, las necesidades urgentes de los pobres del

mundo, la necesidad de respetar la diversidad cultural, el imperativo del respeto a

los derechos humanos, la necesidad de eliminar los peligros ambientales, de

proteger la biodiversidad biológica así como la conservación y utilización racional

de los recursos naturales, ofrecen un reto a la humanidad y al sector minero en

especial, en un mundo donde han ocurrido cambios drásticos y dramáticos en los

ámbitos demográficos, económico y ecológico que han llevado a las naciones y a la

comunidad internacional a la adopción de medidas globales, regionales y

nacionales para prevenir, atenuar y controlar estos impactos y desequilibrios”7

Es imperativo que el Estado, además de intervenir en la explotación y regulación

de la actividad sea garante del acatamiento de los cometidos constitucionales, que

le permiten la intervención, no solo para promover o racionalizar la economía y

propender por el progreso social y económico, sino también en busca del

mejoramiento de la calidad de vida, salvaguardando la paz y armonía de la sociedad

y la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo.

De modo que, el Estado no puede desconocer la gran problemática social que rodea

la actividad minera y legislar con normas que beneficien preferencialmente o en

gran manera a las grandes multinacionales, dejando de la lado a la minería de

pequeña escala y artesanal, esta última, que por lo general, no persigue fines tan

altruistas como el desarrollo económico del país, ni la producción de grandes

capitales, sino que atiende principalmente a suplir necesidades básicas de

subsistencia, y que comporta en gran medida la utilización de mano de obra y

maquinarias o herramientas rudimentarias o simples, llevada a cabo por las

comunidades del sector o minorías étnicas que han aprendido dicho oficio

tradicionalmente de generación en generación, y lo han convertido en el sustento

7 Guerrero, Almeida Diosdanis. y Blanco, Torrens Roberto. 2000. Criterios Generales de Sostenibilidad para la actividad

minera. Roberto Villas Bôas y Christian Beinhoff, Editores

de su grupo familiar, pero que, por esta razón, no pasa a ser una problemática social

y para la economía del país menos importante.

Como es bien sabido, Colombia tiene índices altos de ilegalidad e informalidad

minera, con ocasión entre otros, de una alta concentración de estas actividades en

regiones apartadas, con altos índices de desigualdad y pobreza y necesidades

básicas insatisfechas., a la que, se le atribuyen gran parte de los fuertes impactos

negativos sociales y ambientales, por deficiencias de operación, falta o inexistencia

de tecnificación de los procesos y procedimientos empleados, por deficiencia en las

normas de seguridad, de sanidad, de salubridad, de derechos y reglamentos

laborales, ineficiente cobertura de atención en salud, en capacitación, tecnificación,

inexistencia de beneficios para la comunidad del producto de la actividad,

explotación laboral, infantil y de las comunidades o minorías étnicas, pobreza,

violencia, razón por la cual se ha estigmatizado la actividad minera de pequeña

escala, la artesanal y la informal como desfavorable, dañina y por ende, no

sostenible, actividades por las que, además el estado deja de percibir los dineros

de impuestos y regalías, podría por tanto, este ser uno de los móviles para que el

Estado tenga tendencias de preferencia la empresa minería gran escala ejercida la

mayoría de la veces por las grandes empresas extranjeras.

Esto acrecentado por un alto índice de falta de control e intervención económica y

social del estado, agudizado por la insuficiencia en la regulación, que se ha quedado

corta en la generación de políticas “incluyentes” efectivas de la minería artesanal y

de pequeña escala en materia económica, con excesivos requisitos y pocos

incentivos que promuevan una formalización significativa, a los intentos

improductivos de legalizar y formalizar la minería ilegal y artesanal. Con políticas

que no atienden a las necesidades y contexto social propio donde se van a aplicar,

de la región de operación, la población, la geografía, que no son socialmente

incluyentes, es decir, una indebida caracterización e insuficiente legislación, que

regule las relaciones armónicas y mitigue los conflictos o confrontaciones

competitivos y de territorio que se suscitan con las empresas que ejercen la minería

a gran escala.

Para lograr el cometido de una minería sostenible es fundamental que el Gobierno

no tenga una ambición desmedida de comercio, competitividad y crecimiento

económico con favorecimientos a la minería a gran escala, sino que cualquier

política o práctica a implementar obedezca a un análisis concienzudo de las propias

condiciones sociales, políticas, culturales y ambientales de la región, del país, es

decir, que sean aplicables y sobre todo incluyentes, y tiendan a mitigar esos

impactos sociales, de relaciones conflictivas y afectación del sustento mínimo de las

comunidades étnicas o de la región propias de la actividad minera.

Fierro señala “Se han alcanzado progresos en materia de transparencia y

gobernanza del sector. …Sin embargo, aún hay importantes carencias. … Es

necesario seguir adoptando medidas para incrementar la transparencia y el

suministro de transmisión por los gobiernos a la ciudadanía sobre las actividades

mineras y los ingresos que generan. El respeto de los derechos humanos,

los derechos de propiedad de la tierra de las comunidades locales e indígenas, los

efectos ambientales y sociales de las actividades mineras y, en general, las

relaciones entre los gobiernos, las empresas y la ciudadanía, son esferas en las que

se requieren mayores progresos.” (Fierro: 2012, 190).

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