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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y
POLÍTICAS
CARRERA DE DERECHO
“EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER LEGAL DE LA O EL SERVIDOR
DE LA POLICÍA NACIONAL Y DE SEGURIDAD PENITENCIARIA EN
LA REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL”
Autor: Cristhian Jonathan Benavides Poma
Julio Eduardo Torres Ponton
Tutor: Dr. Luis Santana Benavides, Mgs.
GUAYAQUIL, ABRIL, 2021
ii
ANEXO XI.- FICHA DE REGISTRO DETRABAJO DE TITULACIÓN
REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN
TÍTULO Y SUBTÍTULO: “EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER LEGAL DE LA O EL SERVIDOR DE LA POLICIA NACIONAL Y DE SEGURIDAD PENITENCIARIA EN LA REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL”
AUTOR(ES) (apellidos/nombres): BENAVIDES POMA CRISTHIAN JONATHAN TORRES PONTON JULIO EDUARDO
REVISOR(ES)/TUTOR(ES) (apellidos/nombres):
DR. LUIS SANTANA BENAVIDES
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS
MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: DERECHO
GRADO OBTENIDO: TERCER NIVEL
FECHA DE PUBLICACIÓN: ABRIL 2021 No. DE PÁGINAS: 89
ÁREAS TEMÁTICAS
PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Deber legal, reforma, responsaibilidades, dirimir, servicios. Legal duty, reform, responsabilities, sette, services.
RESUMEN/ ABSTRACT (150-250 palabras): Resumen La policía nacional y los miembros de seguridad penitenciaria son dos instituciones que se encargan de cumplir las labores más relevantes con respecto al control social, así mismo han sido blanco de críticas repetitivas debido a su desempeño en el cumplimiento de estas labores. Su falta de acción oportuna y las diferentes violaciones a los derechos humanos han puesto en la mira a estas dos instituciones, utilizando los altos mandos de la policía la excusas de que no existía normativa vigente hasta antes de la reforma que avale y respalde la labor policial, generando esto una omisión de su deber legal por temor a las responsabilidades jurídicas que surgirían. La reforma al Código Orgánico Integral Penal en su artículo 30.1 redunda y es inoficiosa, debido a que hace referencia a reglas y normativa ya tipificada, tratando de justificar la mala práctica profesional y dando a la policía nacional patente de corso para dirimir de manera arbitraria cuando puede violentar un derecho. The national police and members of prison security are two institutions that are in charge of fulfilling the most relevant tasks with respect to social control, and they have also been the target of repeated criticism due to their performance in carrying out these tasks. Their lack of timely action and the various human rights violations have targeted these two institutions, the high-ranking police officers using the excuse that there were no regulations in force until before the reform to endorse and support police work, generating this an omission of their legal duty for fear of the legal responsibilities that would arise. The reform of the Comprehensive Organic Criminal Code in its article 30.1 is redundant and ineffective, because it refers to rules and regulations already defined, trying to justify professional malpractice and giving the national police a marque certificate to arbitrarily decide when it can violate a right.
ADJUNTO PDF: SI X NO
CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 0998410391 0968922080
E-mail: [email protected] [email protected]
CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN:
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ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD
Habiendo sido nombrado YO Dr. LUIS SANTANA BENAVIDES, MSc, tutor del trabajo de
titulación, certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por los estudiantes
JONATHAN BENAVIDES POMA y JULIO EDUARDO TORRES PONTÓN, con mi
respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de ABOGADA
DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.
Se informa que el trabajo de titulación: “EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER LEGAL DE LA O EL
SERVIDOR DE LA POLICIA NACIONAL Y DE SEGURIDAD PENITENCIARIA EN LA REFORMA AL
CODIGO ORGANICO INTEGRAL
PENAL”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio
URKUND quedando el 6% de coincidencia.
https://secure.urkund.com/view/92821804-860469-819419#/details/findings/matches/68
Firmado digitalmente por LUIS ALBERTO
SANTANA BENAVIDES
SANTANA BENAVIDES
Fecha: 2021.03.07 14:28:33 -05'00'
Dr. Luis Santana Benavides, Mgs.
Docente Tutor
LUIS ALBERTO
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ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS
SOCIALES Y POLITICAS CARRERA DE DERECHO
Guayaquil, 8 marzo de 2021 Dr. Jaime Hurtado Del Castillo, Mgs. DIRECTOR DE LA CARRERA DE DERECHO FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Ciudad. -
De mis consideraciones:
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación “EL
CUMPLIMIENTO DEL DEBER LEGAL DE LA O EL SERVIDOR DE LA POLICIA
NACIONAL Y DE SEGURIDAD PENITENCIARIA EN LA REFORMA AL CODIGO ORGANICO
INTEGRAL PENAL” los estudiantes CRISTHIAN
JONATHAN BENAVIDES POMA y JULIO EDUARDO TORRES PONTÓN, indicando que han
cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente:
• El trabajo es el resultado de una investigación.
• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.
• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.
• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del
trabajo de titulación con la respectiva calificación.
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines
pertinentes, que los estudiantes están aptos para continuar con el proceso de revisión
final.
Atentamente,
LUIS ALBERTO
SANTANA
BENAVIDES
Firmado digitalmente por
LUIS ALBERTO SANTANA
BENAVIDES
Fecha: 2021.03.07
14:27:48 -05'00'
Dr. LUIS SANTANA BENAVIDES, Mgs.
C.I. 0903932366
FECHA: 8 marzo de 2021
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vii
DEDICATORIA
Esta tesis va dedicada a toda mi familia, amigos y compañeros de aula, por cuanto me han sabido
dar ánimos y fuerzas para culminar una etapa importante en mi vida como profesional.
A mis docentes, por toda la dedicación para impartir sus conocimientos y experiencias que me
ayudaran como profesional.
A mi tía Miriam, por los consejos, apoyo que siempre me supo brindar a lo largo de mi vida.
Cristhian Jonathan Benavides Poma
Dedico la presente tesis a cada miembro de mi familia, quienes me han apoyado con su granito
de arena, especialmente a mis padres, quienes me enseñaron valores, como el de la
responsabilidad, lo cual me ayudo con mi etapa en la Universidad.
A todos los docentes que me ayudaron a formarme como profesional, con toda la enseñanza
impartida posible. Son ellos quienes nos inculcan el conocimiento y amor a la profesión.
A mis compañeros, quienes día a día me motivaban a superarme como estudiante.
Julio Eduardo Torres Ponton
viii
AGRADECIMIENTO
Le agradezco en primer lugar a mis padres por cuanto me enseñaron a nunca darme por vencido
y que todo lo que iniciaba debía terminarlo; por las enseñanzas y apoyo brindados a mi persona y
por los valores que me han inculcado desde niño.
A mis docentes, por la facilidad de brindar sus conocimientos dentro de las aulas que curse a lo
largo de mi vida universitaria.
A mis compañeros, quienes con simpatía y consejos me animaban a mejor como persona y
alumno.
Cristhian Jonathan Benavides Poma
Le agradezco a toda mi familia, quienes han sido un pilar fundamental a lo largo de mi vida; los
valores que me supieron enseñar los he practicado con sabiduría en el día a día.
Le agradezco a mi mamá, por su amor incondicional y por ser un ejemplo para mí para
esforzarme y nunca rendirme en las metas que me proponga.
A mi padre, por el apoyo brindado desde que era un niño.
a mi tutor de tesis, por el compromiso, guía y asesoría en lo que ha sido mi trabajo de tesis.
Julio Eduardo Torres Ponton
TABLA DE CONTENIDO
ANEXO XI.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN………………………………………………………..II
ANEXO XII.- DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA GRATUITA INTRASFERIBLE Y
NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS……………..IV
ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD…………………………………………………………………..V
ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN…………………………...VI
ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR…………………………………………………………………………….VII
DEDICATORIA ..................................................................................................................................... vii
AGRADECIMIENTO ............................................................................................................................ viii
ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) ............................................................. xiii
ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) ................................................................ xiv
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................. 15
CAPITULO 1 ....................................................................................................................................... 17
1. El Problema ............................................................................................................................... 17
1.1. Formulación del problema .......................................................................................................... 19
1.2. Objetivos Específicos................................................................................................................... 19
1.4. Justificación ................................................................................................................................. 20
1.5. Delimitación del Problema .......................................................................................................... 20
1.6. Hipótesis...................................................................................................................................... 21
CAPÍTULO II ....................................................................................................................................... 22
2. ANTECEDENTES ............................................................................................................................. 22
2.1 MARCO TEÓRICO ........................................................................................................................ 24
2.2 Cumplimiento del deber legal ........................................................................................................... 24
2.3 ACTOS DE SERVICIO. ......................................................................................................................... 25
2.4 Uso de la Fuerza. ............................................................................................................................... 26
2.5. Policía Nacional. .............................................................................................................................. 27
2.5.1 Historia de la Policía Nacional.................................................................................................... 27
2.5.2 Niveles del uso adecuado de la fuerza ....................................................................................... 29
2.6. SISTEMA PENITENCIARIO ECUATORIANO ........................................................................................ 31
2.6.1. Seguridad penitenciaria ............................................................................................................ 32
2.6.2. Guías penitenciarios .................................................................................................................. 34
2.7. Delitos en el ejercicio del deber ....................................................................................................... 35
2.7.1 Homicidio ................................................................................................................................... 35
2.7.2 Lesiones ...................................................................................................................................... 37
2.8. Causas de Justificación de la Antijuridicidad ................................................................................... 37
2.8.1. Antijuridicidad ........................................................................................................................... 37
2.8.2. La antijuridicidad según el Código orgánico integral penal ...................................................... 38
2.8.3. Definición de la antijuridicidad según doctrinarios ................................................................... 38
2.9. Tipos de antijuridicidad .................................................................................................................... 39
2.9.1. Antijuridicidad formal ............................................................................................................... 39
2.9.2. Antijuridicidad material ............................................................................................................ 40
2.9.3. Culpabilidad .............................................................................................................................. 40
2.9.4. Estado de necesidad .................................................................................................................. 41
2.9.4.1. El estado de necesidad justificante .................................................................................... 42
2.9.4.2. Estado de necesidad ex culpante ......................................................................................... 43
2.9.5. Que el derecho protegido esté en real y actual peligro. ........................................................... 44
2.9.6. Que la protección del acto no sea más perjudicial que el daño que se quiso evitar. ................ 44
2.9.7. Que no exista otro medio menos perjudicial para la protección del derecho ........................... 44
2.10. Principios ........................................................................................................................................ 45
2.11 LEGÍTIMA DEFENSA ......................................................................................................................... 46
2.12. AGRESIÓN ACTUAL E ILEGITIMA .................................................................................................... 47
2.13. NECESIDAD RACIONAL DE LA DEFENSA ......................................................................................... 48
2.14. FALTA DE PROVOCACIÓN SUFICIENTE POR PARTE DE QUIEN ACTÚA EN DEFENSA DEL DERECHO
................................................................................................................................................................ 49
2.14.1. RELACIÓN CON EL ACTUAR DE LA POLICÍA NACIONAL Y LA SEGURIDAD PENITENCIARIA ...... 49
2.14.2. ACUERDO MINISTERIAL 179 .................................................................................................... 51
2.15. Casos relacionados al uso excesivo de la fuerza por parte de la policía nacional en Ecuador,
Colombia y Estados Unidos de Norte América ....................................................................................... 52
2.15.1 Caso Gonzales y otros (fybeca) ................................................................................................ 52
2.15.2 CASO RESTREPO ....................................................................................................................... 54
2.15.3. CASO DIANA EN IBARRA .......................................................................................................... 55
2.15.4. CASO GEORGE FLOYD .............................................................................................................. 56
2.15.5. Casos que quedaron impunes en USA ..................................................................................... 58
2.15.6. Caso: falsos positivos .............................................................................................................. 61
2.16. Marco conceptual .................................................................................................................... 64
2.17. Marco legal.............................................................................................................................. 68
Capitulo III ......................................................................................................................................... 69
3. Marco metodológico ..................................................................................................................... 69
3.1 Metodología cualitativa .................................................................................................................... 69
ENTREVISTAS ..................................................................................................................................... 72
Entrevistas N° 1 ....................................................................................................................................... 72
Entrevista N° 2 ........................................................................................................................................ 76
Entrevista N° 3 ........................................................................................................................................ 79
Capitulo IV ......................................................................................................................................... 82
PROPUESTA ............................................................................................................................................. 82
Justificación ............................................................................................................................................. 82
Conclusiones ..................................................................................................................................... 86
Recomendaciones ............................................................................................................................. 86
REFERENCIAS Bibliografía ................................................................................................................. 87
ANEXO IV. INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL ........................................................... 90
ANEXO IX.- RÚBLICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN……………..95
xiii
ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL)
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS
CARRERA DE DERECHO
“EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER LEGAL DE LA O EL SERVIDOR DE LA POLICÍA
NACIONAL Y DE SEGURIDAD PENITENCIARIA EN LA REFORMA AL CÓDIGO
ORGÁNICO INTEGRAL PENAL”
Autor: CRISTHIAN JONATHAN BENAVIDES POMA Y JULIO EDUARDO TORRES PONTON
Tutor: LUIS SANTANA BENAVIDES
Resumen
La policía nacional y los miembros de seguridad penitenciaria son dos instituciones que se
encargan de cumplir las labores más relevantes con respecto al control social, así mismo han sido
blanco de críticas repetitivas debido a su desempeño en el cumplimiento de estas labores. Su
falta de acción oportuna y las diferentes violaciones a los derechos humanos han puesto en la
mira a estas dos instituciones, utilizando los altos mandos de la policía la excusas de que no
existía normativa vigente hasta antes de la reforma que avale y respalde la labor policial,
generando esto una omisión de su deber legal por temor a las responsabilidades jurídicas que
surgirían. La reforma al Código Orgánico Integral Penal en su artículo 30.1 redunda y es
inoficiosa, debido a que hace referencia a reglas y normativa ya tipificada, tratando de justificar
la mala práctica profesional y dando a la policía nacional patente de corso para dirimir de manera
arbitraria cuando puede violentar un derecho.
Palabras Claves: deber legal, reforma, responsabilidades, dirimir, servicios.
xiv
ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS)
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS
CARRERA DE DERECHO
"THE FULFILLMENT OF THE LEGAL DUTY OF THE NATIONAL POLICE AND
PENITENTIARY SECURITY SERVER IN THE REFORM TO THE INTEGRAL PENAL
ORGANIC CODE"
Author: CRISTHIAN JONATHAN BENAVIDES POMA Y JULIO EDUARDO TORRES
PONTON
Advisor: LUIS SANTANA BENAVIDES
Abstract
The national police and members of prison security are two institutions that are in charge of
fulfilling the most relevant tasks with respect to social control, and they have also been the target
of repeated criticism due to their performance in carrying out these tasks. Their lack of timely
action and the various human rights violations have targeted these two institutions, the high-
ranking police officers using the excuse that there were no regulations in force until before the
reform to endorse and support police work, generating this an omission of their legal duty for
fear of the legal responsibilities that would arise. The reform of the Comprehensive Organic
Criminal Code in its article 30.1 is redundant and ineffective, because it refers to rules and
regulations already defined, trying to justify professional malpractice and giving the national
police a marque certificate to arbitrarily decide when it can violate a right.
Keywords: legal duty, reform, responsibilities, settle, services.
15
INTRODUCCIÓN
Cuando se hace mención del uso progresivo de la fuerza, al deber legal y a los actos de servicio,
por inercia se hace relación con las instituciones de la policía nacional y los miembros de la
seguridad penitenciaria. En el presente trabajo a través del análisis, la recolección de datos y lo
que establece la doctrina, vamos a determinar si la reforma del artículo 30.1 en su último párrafo
amplía las potestades a los miembros de la policía nacional y elementos de seguridad
penitenciaria, al permitirles actuar en cualquier momento en situaciones que ellos crean
convenientes. El uso excesivo de la fuerza y el mal proceder de la policía nacional en mayor
parte, ha sido repetitivo en la historia del Ecuador; siendo los años 80 una década oscura en
cuanto a la violación de derechos, década en la que se dieron un gran número de desapariciones
forzadas y ejecuciones extrajudiciales que fueron realizadas por parte de los efectivos policiales.
Este fenómeno no solo azoto a Ecuador sino también a países vecinos que vieron en la Policía
Nacional una institución poco ética y moral. En la actualidad con la entrada en vigencia de la
nueva Constitución de la Republica (2008), al igual que la creación del Código Orgánico Integral
Penal (2014) la protección de los Derechos Humanos se volvió una garantía que debe hacer
cumplir el estado, a tal punto que los altos mandos policiales denunciaban, “que no existía
normativa legal que respalde el accionar de la policía”, ante lo cual los uniformados tomaban la
decisión de no actuar aun cuando la ocasión lo ameritaba, dando lugar al cometimiento de un
gran número de delitos.
En esta investigación se demostrará la existencia de una normativa que respalda el actuar de la
policía nacional, y que su no aplicación obedece a la falta de capacitación y preparación por
parte de los elementos policiales y de Seguridad Penitenciaria, lo que ha ocasionado un grave
16
perjuicio a la ciudadanía que no reconoce en el accionar de estas instituciones la eficacia y
eficiencia que deben tener en el cuidado y protección de la sociedad.
17
CAPITULO 1
1. EL PROBLEMA
En el Ecuador a través de la historia se han suscitado casos relacionados directamente al mal
accionar y uso excesivo de la fuerza dentro del cumplimiento del deber legal y en actos de
servicio por parte, tanto de la Policía Nacional como de los Miembros de la Seguridad
Penitenciaria, desde su creación en el 2015. En estos casos se evidencia la falta de preparación de
los miembros de las Instituciones anteriormente mencionadas y sobre todo del peligro que
representa para la ciudadanía que una de las instituciones más importante del país, que tiene
como misión principal el cuidado de los ciudadanos no lo haga de manera eficiente.
En nuestro país la Policía Nacional ha sido protagonista y autora directa de delitos que han
marcado a nuestra sociedad, como: El caso Fybeca y El caso de los Hermanos Restrepo, así
mismo la seguridad penitenciaria ha estado involucrada en casos de violación de derechos
humanos al interior de los centros de rehabilitación.
Cabe destacar que el juzgamiento de los delitos cometidos en los tres casos referidos llego de
manera tardía, y las sentencias que recibieron los infractores no fueron proporcionales al daño
que sufrieron las víctimas, dejando en entre dicho la eficacia y eficiencia del sistema jurídico.
En la ciudad de Ibarra se suscitó un hecho en el cual una mujer fue asesinada de manera
violenta por parte de su ex conviviente a vista y paciencia de aproximadamente una docena de
efectivos policiales, los cuales no pudieron impedir el cometimiento del ilícito. A este lamentable
hecho, se le suma uno similar que se dio en la ciudad de Machala, en el cual dos policías fueron a
enfrentarse de manera directa a un antisocial el cual reacciono disparando en contra de los
18
gendarmes, como resultado un gendarme fue abatido. Lo interesante del hecho es que en ningún
momento los policías respondieron a los disparos, teniendo el deber legal de hacerlo y estando en
Actos de servicio. Estos dos hechos generarían muchas dudas sobre, ¿hasta dónde la ley le
permite actuar a la Policía Nacional?
La ex ministra del interior de la época María Paula Romo manifestó lo siguiente:
Lo he dicho al interno de la Policía, lo han comunicado los generales y el mando, y lo
repito. Así lo permite la ley: cuando se trata de defender una vida o evitar un delito, la
@PoliciaEcuador no solo tiene la facultad de usar la fuerza, tiene el deber de hacerlo.
(Romo, 2019)
Los medios de comunicación y familiares de los policías involucrados en el caso de Ibarra al
igual que los familiares del policía asesinado en Machala justifican la falta de acción de los
agentes, mencionando que la ley no protege a los policías y que si actúan usando la fuerza lo que
generalmente sucede es que terminan procesados y en prisión.
Por lo antes mencionado en el año 2020 en el mes de Junio entraron en vigencia un número
considerable de reformas del Código Orgánico Integral Penal aprobadas el 17 de diciembre del
2019, siendo la inclusión del ART 30 numeral 1 el motivo de investigación de este trabajo, en
dicho artículo evidenciamos un problema social y jurídico; jurídico porque el mismo COIP
permite la legitima defensa al igual que el reglamento de la Policía Nacional que faculta el uso
progresivo de la fuerza dentro de los actos de servicio, está también la normativa internacional,
entonces claramente se demuestra el respaldo que existe para el accionar de la Policía y de los
miembros de la Seguridad Penitenciaria.
19
El objetivo de esta investigación es realizar un estudio exhaustivo que permita determinar
hasta qué punto la Policía Nacional está haciendo uso de las facultades que el sistema judicial le
otorga y evitar que nuestros legisladores caigan en populismos penales que no se ajustan a la
necesidad de la sociedad y terminen dándole a los Policías y a los Miembros de la Seguridad
penitenciaria la autoridad para el uso indiscriminado de la fuerza como sucede en otros países;
siendo EEUU el abanderado con hechos que han causado la indignación mundial.
Nuestro estudio se hará en base a la investigación bibliográfica documentada y a encuestas
realizadas a Policías y a los Miembros de la Seguridad penitenciario.
1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Permite el último párrafo del artículo 30.1 del Código Orgánico Integral Penal, que los
elementos de la policía nacional y seguridad penitenciaria hagan uso excesivo de la fuerza
justificando encontrarse en actos de servicio?
Objetivos Generales
Analizar el cumplimiento del deber legal de la o el servidor de la policía nacional y de seguridad
penitenciaria en la reforma del artículo 30.1 del Código Orgánico Integral Penal.
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Identificar el respaldo legal que tienen tanto los miembros de la Policía Nacional como
los miembros de la seguridad penitenciaria desde la inclusión de la reforma.
2. Estudiar la normativa existente que respalda el accionar de la Policía Nacional y los
Miembros de la Seguridad Penitenciaria en ejercicio de sus funciones.
20
3. Evidenciar si la normativa incluida en la reforma del artículo 30.1 permite que tanto los
elementos de la policía nacional como seguridad penitenciaria actúen a discrecionalidad
justificando estar en actos de servicio.
1.4.JUSTIFICACIÓN
Siendo la Policía Nacional la única institución que puede ejercer la violencia legítima, a lo
largo de la historia en varias ocasiones ha dispuesto el mal uso de la fuerza. Procesos como el de
los Hermanos Restrepo, el caso Fybeca, y los hechos que se suscitaron en el centro de
rehabilitación de Turi, donde los miembros de la seguridad penitenciaria con apoyo de la fuerza
policial procedieron a torturar a los reos así lo avala, violando de esa manera Derechos Humanos
y Constitucionales, en donde la sanción que debían recibir los protagonistas de dichos actos
ilegales fue muy inferior en proporción al daño que habían causado.
Por lo tanto, es necesario analizar cuál es el rol de la Policía Nacional y de los miembros de la
Seguridad Penitenciaria en nuestra sociedad según lo que establece la normativa correspondiente.
El propósito de esta investigación es analizar si la ley es muy garantista para la Policía
Nacional y los miembros de la Seguridad Penitenciaria justificando su mal actuar bajo el
cumplimiento de sus actos de servicios.
1.5.DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
Campo: Derecho Penal
Campo de Acción: Reforma del Código Orgánico Integral Penal Art. 30.1
Delimitación temporal: Investigación realizada entre los meses diciembre del 2020 y marzo del
2021
21
Marco Espacial: El presente estudio de caso se centra en el cumplimiento del deber legal de la o
el servidor de la policía nacional y de seguridad penitenciaria en la reforma al código orgánico
integral penal
Líneas de investigación: Seguridad ciudadana
Sublineas de investigación: seguridad ciudadana.
1.6.HIPÓTESIS
El artículo 30.1 del Código Orgánico Integral Penal en su último párrafo, produce un uso
excesivo de la fuerza y violación de derechos por parte los elementos de la policía nacional y
seguridad penitenciaria.
Preguntas de la investigación.
• ¿Ha sido la Policía Nacional víctima de la delincuencia al no existir normativa que
respalde su accionar y esto los lleva a hacer un mal uso de fuerza?
• ¿Hasta qué nivel debe aplicarse el uso de la fuerza por parte de los miembros de la
Policía Nacional y Seguridad Penitenciaria cuando el intervenido se resiste al
procedimiento que se está llevando a cabo?
• ¿Ha existido una disminución de casos en los cuales hay un uso excesivo de la fuerza a
raíz de las distintas capacitaciones que reciben los miembros de la Policía Nacional y
Seguridad Penitenciaria?
• ¿Deja el artículo 30.1 a discrecionalidad de los miembros de la policía nacional y
seguridad penitenciaria cuando intervenir para precautelar un bien jurídico protegido en
justificación de encontrarse en actos de servicio?
22
CAPÍTULO II
2. ANTECEDENTES
En el análisis al cumplimiento del deber legal de miembros de la policía nacional como de
servidores de seguridad penitenciaria objetivo de nuestra investigación, hemos encontrado
trabajos que anteceden a este y pueden servir de base para la mejor comprensión del mismo.
A continuación, se detallarán los trabajos:
TESIS: “EL CONTROL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE CONFORMAN EL
CUERPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL SISTEMA PENITENCIARIO,
PERTENECIENTE AL MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y
CULTOS”
Su autor es el abogado LLivichuzhca Cartagena Cesar Eduardo en su trabajo habla sobre la
creación del sistema penitenciario de las funciones que cumplen los servidores del sistema
penitenciario y como los reconoce la ley, refiere a la importancia que tienen estos para el
cumplimiento de los fines planteados.
TESIS: “ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DEL USO DE LA FUERZA DE FORMA
LEGAL, LEGÍTIMA Y CONFORME A LOS PRINCIPIOS DEL USO DE LA MISMA,
POR PARTE DE LOS MIEMBROS DEL FEHCL EN EL CIRCUITO “LA MARISCAL”
DE LA CIUDAD DE QUITO”
Su autora Erika Paola Beltrán Pino nos relata la creación de la Policía Nacional y como está
dentro de sus facultades el uso de la fuerza dentro del cumplimiento del deber legal en sus
funciones, la mención que hace la Constitución de la Republica y como se normativiza dicho uso
23
de la fuerza, los límites a los que puede llegar y los casos en los que ha habido un uso excesivo
de la fuerza.
TESIS: “ANÁLISIS DEL USO PROGRESIVO DE LA FUERZA POLICIAL
EJERCIDA POR LA U.M.O. ENTRE LOS AÑOS 2013 Y 2016
La politóloga Gina Cecilia Passato Burbano hace un análisis cronológico de cómo la Policía
Nacional y en este caso el grupo U.M.O ha sido utilizado desde los años 80 en adelante por los
gobiernos de turno para reprimir a las personas que se manifiestan por algún descontento con el
gobierno de turno, haciendo del uso excesivo de la fuerza su carta de presentación, justificando
que su accionar se encuentran dentro del cumplimiento legal de sus funciones, también se refiere
a la falta de justicia que reciben las personas víctimas de estas actitudes abusivas que violentan
derechos fundamentales de las personas.
TESIS: “FUNDAMENTOS NECESARIOS PARA EL USO EFECTIVO DE LA
FUERZA EN LA FUNCION POLICIAL”
Los miembros de la Policía Nacional Christian Andrade cabrera y Jorge Molina Freile en su
trabajo de titulación buscan mostrar la otra cara de la moneda en cuanto a lo referente al uso de
la fuerza dentro del cumplimiento del deber legal de los miembros de la Policía Nacional,
haciendo una crítica directa a los organismos encargados de salvaguardar los derechos humanos
asumiendo su desconocimiento en el desarrollo cotidiano de la función policial, demostrando de
cierta forma que la legislación limita al cumplimiento eficaz de la policía, debido a las
restricciones de actuación que pesan sobre ellos.
24
2.1 MARCO TEÓRICO
2.2 CUMPLIMIENTO DEL DEBER LEGAL
La Constitución de la República del Ecuador es la Carta Magna que tiene igual jerarquía que
los derechos humanos, por ende, cualquier Código o ley inferior debe regirse a esta.
Como sabemos, todos los habitantes del Ecuador tenemos deberes y obligaciones, el
incumplimiento de estos denotaría en una sanción o castigo.
La sociedad está conformada por personas e instituciones, dos de esas instituciones son la
policía nacional y la seguridad penitenciaria.
Dichas instituciones fueron creadas para un fin, la primera salvaguardar los derechos de las
personas y ser quienes se encargan del control social, la segunda para salvaguardar y velar una
correcta rehabilitación de los privados de la libertad.
Partiendo de ese punto, el cumplimiento del deber legal es realizar dichas funciones que son
fundamentales para lograr el fin por el cual fueron creadas estas instituciones, mediante el
cumplimiento y conocimiento de la ley para actuar conforme a derecho.
Por lo tanto, el deber legal de la policía nacional se hace visible cuando de alguna forma la
armonía social se ve puesta en peligro.
Actualmente la Constitución de la República del Ecuador del 2008 en el art 158 determina
cuales son las instituciones encargadas de mantener el orden, protección y seguridad de los
derechos de la sociedad.
25
Las instituciones del estado encargadas de la garantizar los derechos y las libertades de los
ciudadanos son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Siendo la Policía Nacional encargada
de conservar el orden público y defender la armonía interna del país.1 (CONSTITUCIÓN DE LA
REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008, pág. 91)
Art. 163.- La Policía nacional es la delegada a preservar la seguridad ciudadana y el
orden público, se organiza jerárquicamente, tiene como cualidades la disciplina y el
profesionalismo, además de que se encarga de garantizar el ejercicio de los derechos para
las personas que se encuentren dentro de nuestro territorio nacional.
Su preparación será conforme a lo que establecen los derechos humanos, siendo la fuerza
el último medio utilizado después de la disuasión y conciliación, para prever el
cometimiento de un delito. (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,
2008, pág. 92)2
2.3 ACTOS DE SERVICIO.
El mismo reglamento disciplinario lo define como “todo acto que ejecuta un miembro de la
Policía Nacional en cumplimiento de funciones específicas Policiales, acorde con la Ley y
reglamentos institucionales, se encuentre o no dentro del turno u horario asignado a su persona,
en este último caso siempre que las circunstancias lo obliguen”. (REGLAMENTO DE
DISCIPLINA DE LA POLICIA NACIONAL, 2013, pág. 3)
Por dicha definición se comprende que las órdenes que no sean en derecho o contravengan la
ley aun viniendo de un grado jerárquicamente superior pueden ser rechazadas por elementos
policiales.
1 Constitución de la República del Ecuador. Art. 158. 20 de octubre del 2008 (Ecuador). 2 Constitución de la República del Ecuador. Art. 163. 20 de octubre del 2008 (Ecuador).
26
Hay concordancia con lo que establece el artículo 30.1 del Código Orgánico Integral penal,
en el que se amplía el grado de acción de los elementos policiales y de seguridad penitenciaria,
dándole a los mencionados la potestad de actuar fuera de su horario establecido y en cualquier
lugar donde se necesite de su rápida acción, así mismo cabe recalcar que en ningún momento se
hace referencia o se esclarece la manera en la que deben actuar o hasta donde pueden llegar
dentro de sus actos de servicio.
2.4 Uso de la Fuerza.
Es el medio por el cual, la Policía Nacional reclama la violencia legítima otorgada por el
Estado para el control social de las masas. Este control debe hacerse en el marco que estable la
Constitución y las leyes correspondiente.
Debe hacerse de manera discrecional, proporcional y progresiva teniendo en cuenta que la
actuación de los elementos policiales debe estar acorde a la situación en la que se encuentren; la
fuerza no es violencia.
Si bien la Constitución y las demás normas complementarias solo señalan a la Policía
Nacional como la única capaz de gozar de esta facultad, es con la nueva reforma al Código
Orgánico Integral Penal que se le da la potestad para el control carcelario a los servidores de la
seguridad penitenciaria, dejando de ser una facultad exclusiva de la policía en cuanto al uso de la
fuerza.
El diccionario Prehispánico del español jurídico define al uso de la fuerza como el:
Empleo de medidas de carácter armado por parte de un Estado, prohibido por la Carta de
las Naciones Unidas, salvo en ejercicio del derecho de legítima defensa o en aplicación
27
de las medidas coercitivas autorizadas por el Consejo de Seguridad conforme al capítulo
VII de la misma. (Diccionario panhispánico del español jurídico, 2020)
2.5. Policía Nacional.
2.5.1 Historia de la Policía Nacional
Entender la historia de la Policía Nacional es comprender la realidad institucional y la
manera en que el Estado se ha constituido en el transcurso de los años. Es por esto que es
una fuente de la Doctrina Policial pues constituye la base sobre la que ha construido su
institucionalidad. (Ministerio de Gobierno, 2012, pág. 58)
La policía nacional se vuelve una autoridad en 1822, cuando forma parte de la Gran
Colombia, sin embargo, al inicio de nuestra vida republicana quienes tenían la función de
mantener el orden público y hacer cumplir las leyes eran las fuerzas armadas, mientras que la
policía servía a los municipios de manera distinta, siendo estos los encargados de resolver
problemas menores dentro de su respectiva jurisdicción municipal.
En la Asamblea Constituyente de 1843 los encargados de la policía nacional pasan a ser los
Ministros de Gobierno y Relaciones Exteriores este es el primer peldaño para que la policía se
vuelva una institución nacional.
En 1848 la policía deja de ser una institución municipal, y se convierte en una institución
nacional que cumple con funciones específicas y que iban dirigidas al control social y el
mantenimiento del orden público. (Policia Nacional del Ecuador, s.f.)
Como es de conocimiento general en los últimos años, debido al aumento de la delincuencia y
de la mala administración de las “cárceles” (centros de rehabilitación social y centros de
detención provisional) los casos en los que se involucra a la Policía Nacional y los miembros de
28
la Seguridad Penitenciaria van en aumento, ya que el fin de estas dos instituciones estatales en el
caso de la policía, es el control social sobre la población, y por su parte los miembros de la
Seguridad Penitenciaria es la correcta rehabilitación de los internos y promover una convivencia
sana entre ellos. Estos hechos exigen el mejor esfuerzo para poder responder a las
transformaciones de la sociedad ecuatoriana en todo momento y lugar.
Desde su creación en 1822 la Policía nacional ha tenido como función principal y más aún en
la actualidad con la creación de la nueva Constitución de la Republica, el hacer cumplir las leyes
tipificadas en las distintas normas. Siendo el caso, la misma Constitución en su art 158
menciona:
La encargada de la defensa de la soberanía y la integridad territorial son las Fuerzas Armadas
esa es su misión principal. La protección interna y el mantenimiento del orden público
corresponde a la Policía Nacional por disposición del Estado. (CONSTITUCIÓN DE LA
REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008, pág. 91)3
Antes de mencionar a la Constitución de la República del Ecuador, debemos hacer hincapié
en lo que señala el artículo 24, en el cual se plasma lo que hemos mencionado con anterioridad y
es que el uso de la fuerza es una facultad con la que cuenta únicamente la policía nacional para
“neutralizar, y preferentemente, reducir el nivel de amenaza y resistencia”5. (Ministerio del
Interior, 2014, pág. 3)
3 Constitución de la República del Ecuador. Art. 158. 20 de octubre del 2008 (Ecuador). 4 Reglamento de uso legal, adecuado y proporcional de la fuerza para la Policía Nacional del Ecuador. Art. 2. 10 de julio del 2014 (Ecuador). 5 Reglamento de uso legal, adecuado y proporcional de la fuerza para la Policía Nacional del Ecuador. Art. 2. 10 de julio del 2014 (Ecuador).
29
Así mismo el reglamento señala claramente que antes del uso de la fuerza se debe usar otros
medios y que esta sería utilizada solo como “última medida” cuando las otras fallen. Entre las
medidas que establece el reglamento encontramos las siguientes:
-inmovilización
-negociación
-mediación
Por lo que podemos decir que la Policía Nacional es una institución que conoce, valora su
historia y siempre actualiza sus conocimientos y prácticas para cumplir a cabalidad con su
misión, adaptándose a los nuevos delitos que van surgiendo en la sociedad.
2.5.2 Niveles del uso adecuado de la fuerza
Dentro de este reglamento encontramos los niveles del uso adecuado de la fuerza, que son los
siguientes:
1. La presencia policial para lograr una disuasión
2. Verbalización, a través de la utilización del dialogo y/o gesticulaciones que sean
catalogadas como órdenes y con razones que permiten a la o las personas interferentes
facilitar a las o los servidores policiales cumplir con sus funciones
3. Control físico, reducción física de movimientos, mediante acciones cuerpo a cuerpo a
efecto de que se neutralice a la persona que se ha resistido y/o ha obstaculizado que la o
el servidor policial cumpla sus funciones;
30
4. Técnicas defensivas no letales, utilización de armas incapacitantes no letales y armas de
fuego con munición no letal, a fin de neutralizar la resistencia violenta de una o varias
personas.6 (Ministerio del Interior, 2014, pág. 8)
El art 163 de la Carta Magna ecuatoriana hace una mención al uso de la fuerza estipulando que:
Los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en derechos
humanos, investigación especializada, prevención, control y prevención del delito y
utilización de medios de disuasión y conciliación como alternativas al uso de la fuerza.
Para el desarrollo de sus tareas la Policía Nacional coordinará sus funciones con los
diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados.7 (CONSTITUCIÓN DE LA
REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008, pág. 91)
Ahora muy bien como norma complementaria aparece el Código de conducta para
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el cual en su art 3 se establece:
“Solo podrán hacer uso de la fuerza cuando la situación lo amerite y sea estrictamente
necesario”.8 (Naciones Unidas Derechos Humanos, 1979)
Tanto la “Constitución de la República del Ecuador” como el “Código de Conducta para los
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”9 definen cuando y de qué manera se debe
emplear el uso de la fuerza, ya que esta es una atribución con la que cuenta la Policía Nacional
para cumplir con el fin y las responsabilidades que tiene con el estado.
6 Reglamento de uso legal, adecuado y proporcional de la fuerza para la Policía Nacional del Ecuador. Art. 11. 10 de julio del 2014 (Ecuador). 7 Constitución de la República del Ecuador. Art. 163. 20 de octubre del 2008 (Ecuador). 8 Código de Conducta Para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Art. 3. 17 de diciembre de 1979 9 Código de Conducta Para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, 17 de diciembre de 1979.
31
Cabe recalcar que a través de la historia en el Ecuador se han dado un sin número de casos en
los cuales se denuncia la mala aplicación del uso progresivo de la fuerza poniendo en tela de
duda la capacidad que tiene los elementos policiales para el cumplimiento de su labor.
Entre los casos que más resaltan están:
-El caso de los hermanos Restrepo
-El caso Cañola
-El caso Fybeca
Siendo estos los que más indignación y controversia causaron en la ciudadanía ya que se
dieron dentro del cumplimiento del deber legal de los uniformados, dejando en tela de duda su
eficacia y sobre todo el direccionamiento represivo de las leyes nacionales.
2.6. SISTEMA PENITENCIARIO ECUATORIANO
El sistema penitenciario ecuatoriano inicia en la época Incásica, cuando la conducta antisocial
de ciertos individuos atacaba directamente a las normas religiosas, por lo que eran desterrados y
obligados a trabajar. Fue recién en 1573 que existieron establecimientos que funcionaban como
cárceles, cumpliendo la función de separar a los infractores del resto de la sociedad.
Ya en el tiempo de la Real Audiencia, en el mismo edificio del Gobierno, funcionaba un
establecimiento como cárcel. Existía una cárcel común para varones y un establecimiento sólo
para mujeres. De acuerdo con lo señalado por el Dr. Ernesto Albán Gómez en su obra Manual de
Derecho Penal Ecuatoriano, sobre el período republicano de nuestro país, destaca.
La Independencia y los comienzos de la República no contemplaron la aparición automática
de un nuevo sistema legal. Por lo pronto continuaron rigiendo las leyes españolas hasta tanto se
32
dictarán otras leyes que las reemplazarán. En lo penal, concretamente, la legislación española
perduró hasta 1837, fecha en que se aprobó el primer Código Penal ecuatoriano, con el cual se
inicia realmente el nuevo período. (Albán Gómez, 2005, pág. 42)
Como el derecho se mantiene en constante evolución, se ha ido haciendo modificaciones al
código penal, el primer código penal entro en vigor en el año de 1837, tomando como base el
código español de 1822.
En 1822 se modifica el segundo Código Penal, el cual presentaba cambios principalmente en
los principios que estaban establecidos en el código penal de 1837.
En 1906 se crea el tercer código penal, el cual mantenía de base al segundo código penal, los
cambios que se dieron fue la supresión de la pena de muerte y los delitos contra la religión.
En 1938 se expide el cuarto código penal, el mismo que tuvo tres modificaciones en los años
de 1953, 1960 y 1971.
Finalmente, en el 2014 se da el sucesor del código penal de 1971, actualmente conocido como
Código Orgánico Integral Penal, el cual ha tenido varias reformas, entrando en vigor la última el
21 de junio del 2020.
2.6.1. Seguridad penitenciaria
El diccionario panhispánico define a la palabra seguridad penitenciaria como el: "principio
que rige el régimen penitenciario, tendente a garantizar que no se causen daños a otros internos o
a los funcionarios, y a evitar que los presos salgan libremente del establecimiento.” (Diccionario
panhispánico del español jurídico, 2020)
33
La seguridad penitenciaria se refiere no solo a los medios por los cuales se pueden prevenir las
fugas, sino también a las medidas necesarias para evitar que los reclusos de alto riesgo dirijan
actividades delictivas desde prisión para que se concreten en el medio libre. Entre ellas, pueden
mencionarse actividades relacionadas con el crimen organizado, el liderazgo de bandas o grupos
terroristas, la dirección de acciones vinculadas con el narcotráfico, y el intento de intimidar o
corromper a testigos, jueces, abogados o miembros del jurado. (Manual de Seguridad Dinámica e
Inteligencia Penitenciaria, 2015)
Por lo tanto, la seguridad penitenciaria es parte del cambio en un nuevo Estado de Derechos,
para lograr un control sobre las actividades que se realizan desde los centros de rehabilitación
social, y mantener el orden en los mismos; brindar ese equilibrio entre la seguridad y los
derechos internacionales.
El artículo 3 de la Declaración de derechos humanos determina que “el ser humano cuenta con
derechos fundamentales como lo son la vida, libertad y la seguridad de su persona de tal manera
que es obligación que estos se respeten”.10 (Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948,
pág. 17)
Es decir, toda persona privada de la libertad deberá ser tratada humanamente y con el respeto,
por lo tanto; quienes hacen de custodias de estos centros de privación de libertad, deben tratar de
la forma más humanamente posible a sus custodios.
Las restricciones que se establecen respecto de los derechos de los reclusos deben respetar los
principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad. Todas las limitaciones que se imponen a un
recluso deben efectuarse conforme a la legislación nacional y tener un objetivo legítimo.
10 Declaración Universal de Derechos Humanos. Art.3. 10 de diciembre de 1948.
34
2.6.2. Guías penitenciarios
En la historia se ha visto como el sistema penitenciario ha ido cambiado, con el pasar de los
años se han ido haciendo mejoras para brindar seguridad y cumplir con el objetivo de la
rehabilitación social de las personas privadas de la libertad.
Es así que como parte del cambio surge la reestructuración de los guías penitenciarios
conformados por hombres y mujeres en los centros de habilitación social, con el objetivo de
salvaguardar las correccionales donde se encuentran los privados de la libertad cuya
responsabilidad anteriormente recaía sobre los policías.
Los agentes reciben formación en derechos humanos, gestión, administración, normativa y
realidad penitenciaria; también en defensa personal, acondicionamiento físico y psicología
organizacional; y manejo de armas letales y no letales.
Los miembros de la seguridad penitenciaria en el Ecuador han sido centro de críticas en los
últimos años debido a su desacertado accionar dentro de las cárceles y la proliferación de la
violencia entre los internos, quienes han protagonizado riñas por el control de los centros de
rehabilitación, estas guerras se dan entre bandas delictivas, violencia que incluso trasciende a las
calles. El reclamo que existe por parte de la ciudadanía recae en gran parte sobre los miembros
de seguridad penitenciaria quienes contrarrestan estos ataques mediáticos expresando que “no
cuentan con los implementos necesarios para repeler estos actos de violencia” además de que la
ley no los facultaba para utilizar la fuerza contra quienes generan los disturbios dentro de los
centros carcelarios, cabe recalcar que esta es una verdad a medias ya que en la última década se
han dado un sin número de casos en los cuales se ha criticado y denunciado la violación a los
derechos humanos que han sufrido los reos, por parte de los miembros de la seguridad
35
penitenciaria, siendo la cárcel de Turi el lugar donde se dio uno de los eventos más
rimbombantes con respecto a esta temática. Los reclusos se quejaron de haber sido torturados
cuando se realizaba una requisa de rutina, habiendo participado también miembros de la policía
nacional, la denuncia hecha por varios privados en el año 2016 hoy 5 años después luego de que
se lleve el debido proceso fue declara en nulidad por los Jueces de la sala de garantías penales,
dejando en el aire el reclamo de los miembros de seguridad penitenciaria los cuales alegaban que
no tenían el respaldo legal ni los implementos para repeler y mitigar los actos violentos que se
dan en repetidas ocasiones dentro de los centros de rehabilitación.
Además de que en varias ocasiones se han relacionado a los guías penitenciarios con el
cometimiento de delitos dentro de los centros carcelarios, tales como participar de intentos de
fuga o ingresar drogas, armas, o licor dentro de dichos centros lo que genera desconfianza en la
ciudadanía.
2.7. DELITOS EN EL EJERCICIO DEL DEBER
2.7.1 Homicidio
El Código orgánico integral penal en su artículo 144 define al homicidio “como la acción de
quitarle la vida otra, y la persona que incurra en este tipo penal será sancionada con pena
privativa de libertad, de 10 a 13 años”. (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 2014, pág.
25)
Para la enciclopedia jurídica por su parte el homicidio “es hecho delictivo consistente en
acabar con la vida de otra persona. Puede ser cometido por acción (realizar activamente el hecho
delictivo) u omisión (no evitar la muerte de otra persona estando obligado a ello por ley o
contrato) o no llegar a consumarse, realizándose en grado de tentativa. El homicidio puede ser
36
doloso o imprudente, interesante es el caso del denominado «homicidio preterintencional», que
es aquel en el que, como consecuencia de unas lesiones, se produce la muerte de la víctima, en
cuyo caso se penaría por un concurso ideal de delitos entre lesiones dolosas y homicidio
imprudente”. (ENCICLOPEDIA JURÍDICA, 2020)
Cabe recalcar que si bien es cierto el articulado es simple, también es claro, y no se presta
para ninguna interpretación, en este artículo no existe situación alguna que justifique el
cometimiento del ilícito.
Esto limitaría de forma directa a los miembros de la Policía Nacional y de la seguridad
penitenciaria en el cumplimiento de su deber, claramente serian procesados si dada la
circunstancia, en un acto de servicio estos tienen que actuar usando progresivamente la fuerza y
resultado de uso progresivo de la fuerza dan muerte a la persona que está infringiendo la ley.
El Código orgánico integral penal en su artículo 30 establece cuales son causas de exclusión
de la antijuridicidad “dentro de estas causas están: “El estado de necesidad, la legitima defensa,
cumplimiento de orden legitima y expresa de autoridad competente o de un deber legal,
debidamente comprobados”.11 (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 2014, pág. 11)
Esto quiere decir que toda persona que cumpla con los requisitos para que se configuren estas
3 causas justifica su conducta antijurídica y dejaría de existir la infracción penal.
En el artículo 33 de la misma normativa12 expresamente hace referencia a las consecuencias
de exceder los límites de las causas de exclusión y es que el excederse será sancionado con la
pena reducida a un tercio de la mínima establecida para el tipo penal.. (CÓDIGO ORGÁNICO
INTEGRAL PENAL, 2014, pág. 11)
11 Código Orgánico Integral Penal. Art. 30. 10 de febrero del 2014 (Ecuador). 12 Código Orgánico Integral Penal. Art. 33. 10 de febrero del 2014 (Ecuador).
37
2.7.2 Lesiones
El delito de homicidio, como el de lesiones contemplado en el artículo 152 del Código
orgánico integral penal, son los más recurrentes en el cumplimiento del deber, tanto por parte de
los efectivos policiales, como de los miembros de la seguridad penitenciaria.
El código define al delito de lesiones como:
“La persona que lesione a otra será sancionada de acuerdo con las siguientes reglas:
1. Si como resultado de las lesiones se produce en la víctima un daño, enfermedad o
incapacidad de cuatro a ocho días, será sancionada con pena privativa de libertad de treinta a
sesenta días.
2. Si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de nueve a treinta días, será
sancionada con pena privativa de libertad de dos meses a un año.” (CÓDIGO ORGÁNICO
INTEGRAL PENAL, 2014, pág. 26)
2.8. Causas de Justificación de la Antijuridicidad
2.8.1. Antijuridicidad
Es la relación entre el ser humano y la norma, y es definida como toda acción u omisión que
sea cometida sin justificación y contravenga de manera directa lo que expresa la norma, además
de violentar un derecho tutelado por el Estado y del cual merece su protección, de esta manera
toda conducta antijurídica será sanciona salvo se encuentre una justificación a su cometimiento.
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2.8.2. La antijuridicidad según el Código orgánico integral penal
“En su artículo 29 el COIP nos establece que los requisitos para que una conducta sea
antijurídica debe amenazar o lesionar sin una justa causa un bien jurídico protegido.” (CÓDIGO
ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 2014, pág. 11)
2.8.3. Definición de la antijuridicidad según doctrinarios
El doctrinario Raúl Zaffaroni, que en su obra de Derecho Penal Parte General señala que
“(…) la antijuridicidad es la característica que resulta del juicio negativo de valor que recae
sobre la conducta humana (…)”. (Zaffaroni, 2002, pág. 590)
El Dr. Oscar Peña Gonzáles en su obra “Teoría del delito” en relación a la antijuridicidad
refiere:
“(…) es el acto voluntario típico que contraviene el presupuesto de la norma penal,
lesionando o poniendo en peligro bienes e intereses tutelados por el Derecho. La
antijuridicidad es un juicio impersonal objetivo sobre la contradicción existente entre el
hecho y el ordenamiento jurídico. La condición o presupuesto de la antijuridicidad es el
tipo penal. El tipo penal es el elemento descriptivo del delito, la antijuridicidad es el
elemento valorativo. Por ejemplo, el homicidio se castiga sólo si es antijurídico; si se
justifica por un estado de necesidad como la legítima defensa no es delito, ya que esas
conductas dejan de ser antijurídicas, aunque sean típicas.” (Peña Gonzalez & Almanza
Altamirano, 2010, pág. 176)
El diccionario jurídico del Dr. Eduardo Cabanellas define a la Antijuridicidad como:
“Elemento esencial del delito, cuya fórmula es el valor que se concede al fin perseguido por la
acción criminal en contradicción con aquel otro garantizado por el Derecho”. (Cabanellas de
39
Torres, 1979, pág. 36). Desde nuestro nacimiento como republica han existido leyes que norman
la conducta social de las personas que forman parte del estado y quienes se encuentren dentro del
territorio patrio.
En la actualidad el Código orgánico Integral Penal contiene dentro de su legislatura un
catálogo de todas las conductas que de ser cometidas generarían que el estado ponga en marcha
todo su aparataje para la investigación de la conducta y a la postre de ser necesario se penalice
dicha conducta. Dentro de los requisitos que exige el COIP para la investigación y penalización
de una conducta, dicha conducta debe ser típica, ósea debe estar tipificada y penalizada en la
norma antijurídica que contraviene a lo que está permitido y sea desestabilizadora de la armonía
general y culpable que la persona procesada sea declarada culpable luego de un proceso justo y
legal.
2.9. TIPOS DE ANTIJURIDICIDAD
2.9.1. Antijuridicidad formal
Es la oposición de la norma atribuible al comportamiento de una persona en particular.
El Doctor Jorge Zavala Egas en torno a la antijuridicidad formal manifiesta:
Se afirma que el concepto de antijuridicidad es formal y estricto desde que sólo el derecho
positivo, esto es, a través de los tipos y de las causas de justificación se establece lo que es
antijurídico y lo que no lo es. Es decir, se trata de una conducta dada en el mundo real que no se
corresponde con la obligada y que se excepciona de reproche porque media una causa de
justificación. (Zavala Egas, 2014, pág. 48)
40
2.9.2. Antijuridicidad material
Grado de ataque, la forma en la que lesiona o el peligro al que se somete al bien jurídico
protegido.
De manera más clara la antijuridicidad material se da, aun cuando no exista una conducta
típica que contravenga a una norma expresa, como por ejemplo, los obsequios que recibe un
funcionario público y que por dicho obsequio otorga una mejor atención a quien le otorgo el
presente.
2.9.3. Culpabilidad
Deviene del latín Culpabilis y significa, “persona digna de echarle la culpa” partiendo de este
punto, la culpabilidad es la atribución que se le hace a un sujeto de una conducta que está
tipificada como antijurídica y cuyo cometimiento no tiene justificación alguna.
La persona debe actuar en pleno conocimiento de sus actos, de esta manera se configura la
culpabilidad el sujeto.
El Código orgánico integral penal en su artículo 34 se refiere a la culpabilidad manifestando
las causas por las cuales una persona es considerada culpable: “Una persona debe actuar
conociendo que lo que está haciendo es ilegal, solo de esa manera será imputable penalmente”
(CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 2014, pág. 11)
Tanto la antijuridicidad y la culpabilidad son elementos que se exige la norma al momento de
procesar a un sujeto, se podría decir que, si uno de estos dos elementos falta, se hace imposible el
juzgamiento de una persona que haya adecuado su conducta a un tipo penal especifico del cual se
genere una sanción personalísima.
41
Dentro de las causas de exclusión de la antijuridicidad, tanto en la Doctrina, como en los
Tratados Internacionales y el Código Orgánico Integral Penal se señalan tres causas: estado de
necesidad, legítima defensa y cumplimiento de una orden legitima y expresa de autoridad
competente o de un deber legal.
2.9.4. Estado de necesidad
Responde al instinto primitivo que tenemos todos los seres humanos que es la supervivencia,
no solo por la propia sino también la de una persona particular que se encuentre en peligro de
que se vulnere algún bien protegido debido al comportamiento lesivo de otro particular y va
ligando íntimamente.
Esta es una causa de la exclusión de responsabilidad penal, a diferencia de la legítima defensa
aquí no se necesita que exista en un principio agresión a la cual nosotros tengamos que repeler de
manera urgente para salvaguardar nuestra propia integridad, para hacerlo practico el estado de
necesidad es la situación en la que dos bienes jurídicos están peligro y se debe salvaguardar uno
de estos siendo imposible no perjudicar al otro, claro que el resultado no sea mayor al daño que
se pretende evitar, de esa manera el estado de necesidad seria ineficaz.
Desde la antigüedad se reconoce al estado de necesidad, etimológicamente aparece del latín
“necessitas legem non habet”, la mejor ejemplificación que se utiliza para explicar de manera
correcta al estado de necesidad es la historia en la que dos personas naufragan y necesitan
imperantemente salir del agua, dadas las circunstancias del naufragio solo hay una tabla y dicho
madero solo soporta el peso de uno de ellos, entonces debido a que la vida de los dos sujetos
corre peligro, uno de estos tiene el derecho de lesionar el bien jurídico protegido que en este caso
sería la Vida, para de esa manera salvaguardar la propia.
42
El Dr. Elías Muñoz Campo señala que el estado de necesidad es:
(…) la situación subjetivamente peligrosa, en que alguno, que no la causó
voluntariamente, llega a encontrarse y en virtud de la cual quien se encuentra en ella, no
pudiéndola evitar de otra manera, se ve obligado, para salvarse a sí mismo o salvar a otro,
a realizar un hecho, proporcionado al peligro y lesivo de un precepto penalmente
sancionado. (Muñoz Campos, 2017, pág. 648)
Dentro de la doctrina encontramos dos estados de necesidad a los que podemos hacer
mención en esta investigación, que son: el estado de necesidad justificante y ex culpante.
2.9.4.1. El estado de necesidad justificante
Es una causa que justifica la acción cometida, la situación se da bajo hechos conductuales de
fuerzas naturaleza o por la propia acción humana que provoca que exista un conflicto o
controversia de bienes jurídicos protegidos. Cabe recalcar que la acción que nosotros realicemos
sea inferior al daño que se pretende evitar.
Cuando se analiza la acción y la situación que envuelve al estado de necesidad se hace bajo
los principios de ponderación y proporcionalidad, de tal manera que siempre se busca la
protección de un bien jurídico que jerárquicamente sea superior al que se va a vulnerar, tomando
en cuenta que el beneficio de todos está por encima del de uno.
Constitucionalmente los derechos son de igual jerárquica, pero nosotros en este tema estamos
analizando la norma penal que, si jerarquiza los bienes protegidos, sea el caso en el que se tenga
que salvaguardar un derecho, la vida estará encima del derecho a la propiedad, por ejemplo.
43
2.9.4.2. Estado de necesidad ex culpante
Aparece cuando los bienes jurídicos son jerárquicamente iguales y no cabe el principio de
proporcionalidad.
Este prevé un panorama creado por caso fortuito o fuerza mayor, al igual que el anterior el
daño que se provoque debe ser menor al que se quiere evitar y exculpa como su nombre lo define
a la persona que actué bajo esta causa de exclusión de la antijuridicidad.
La normativa ecuatoriana plantea requisitos que deben cumplirse de manera obligatoria y total
para que se configure el estado de necesidad, caso contrario no configuraría una causa de
exclusión de la antijuridicidad.
2.9.4.3. Estado de necesidad en el COIP
El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 32 señala lo siguiente:
Estado de necesidad. - Existe estado de necesidad cuando la persona, al proteger un derecho
propio o ajeno, cause lesión o daño a otra, siempre y cuando se reúnan todos los siguientes
requisitos:
1. Que el derecho protegido esté en real y actual peligro.
2. Que el resultado del acto de protección no sea mayor que la lesión o daño que se quiso
evitar.
3. Que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para defender el derecho.
(CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 2014, pág. 11)
44
2.9.5. Que el derecho protegido esté en real y actual peligro.
Claramente el Código Orgánico Integral Penal exige como uno de los requisitos principales es
que se busque la protección de un derecho (bien jurídico protegido). La persona que se encuentre
en dicha situación debe tener la certeza de que el derecho o bien protegido va a ser vulnerado
inminentemente y de manera comprobada, de tal manera que es imperante que se dé su
protección, aun cuando se vulnere un derecho ajeno, siempre y cuando el resultado sea inferior al
daño que se está tratando de evitar.
2.9.6. Que la protección del acto no sea más perjudicial que el daño que se quiso evitar.
Como se ha mencionado en este trabajo uno de los requisitos infaltables es que bajo ninguna
circunstancia el daño que se provoca puede ser superior al que se quiere evitar, si esto sucediera
estaríamos contraviniendo los presupuestos del estado de necesidad y por ende no podríamos
acogernos al mismo.
2.9.7. Que no exista otro medio menos perjudicial para la protección del derecho
Parecido a la prisión preventiva o al derecho penal en sí, la decisión de lesionar un bien
protegido ajeno para salvaguardar el propio o el de la mayoría debe ser tomada en última
instancia, previo a esta se debe analizar y buscar otros medios que permitan evitar la lesión de un
bien protegido ajeno.
Edgardo Donna, en su obra de Derecho Penal, Parte General manifiesta:
(…) estado de necesidad, situación de peligro de un bien jurídico, propio o ajeno, en que
aparece como inminente la producción de un mal grave, que es inevitable sin producir la
lesión o con una lesión de menor gravedad de los bienes jurídicos de otra persona o sin
infringir un deber. (Donna, 2014, pág. 270)
45
2.10. PRINCIPIOS
Según Robert Alexy los principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la
mayor medida posible, dentro de las posibilidades y reales existentes. Por lo tanto, los
principios son mandatos de optimización, que están caracterizados por el hecho de que
pueden ser cumplidos en diferente grado y que la medida debida de su cumplimiento no sólo
depende de sus posibilidades reales sino también de las jurídicas. (Alexi, 2016)
Por lo tanto, al cumplir órdenes de mandatos superiores deben regirse a los principios que se
establecen en la Constitución de la República del Ecuador 2008, al cual estipula a todos los
derechos por igual jerarquía.
Conceptos de los principios de legalidad y proporcionalidad de acorde al Acuerdo Ministerial
197 de Oswaldo Jarrín Román
• Legalidad: el uso de la fuerza debe estar dirigido a lograr el objetivo legal. Los medios y
métodos usados deben estar de acuerdo con las normas.
• Necesidad: Antes de emplear la fuerza se deben agotar todos los medios pacíficos
disponibles y cuando estos medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera
el logro del objetivo legal buscado.
• Proporcionalidad: Para que el nivel de fuerza utilizado sea acorde con el nivel de
resistencia ofrecido por el agresor y el nivel de riesgo exhibido, de tal forma que los
agentes apliquen medios y métodos bajo un criterio de uso diferenciado y progresivo de
la fuerza.13 (Jarrín Roman, 2020, pág. 12)
13 Acuerdo 141 del 2020 (Ministro de Defensa Nacional). Por el cual se establece expedir el reglamento de uso progresivo, racional y diferenciado de la fuerza por parte de los miembros de las fuerzas armadas. 29 de mayo del 2020
46
Los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad deben tener un equilibrio. El actuar
de la policía nacional y la seguridad penitenciaria debe ser realizado en conformidad con derecho
cuando exista un riesgo, si es necesario, se debe hacer uso de los medios dotados para cumplir
con su deber legal, el cual es mantener el orden y la seguridad.
2.11 LEGÍTIMA DEFENSA
Históricamente la legitima defensa nace hace 450 A.C con la Ley del Talión, en la cual la
sanción recibida era proporcional daño causado por la persona que cometió la infracción. La
antigua Mesopotamia fue la primera en acuñar este tipo de legítima defensa privada.
Es una respuesta instintiva del ser humano, basada en el derecho natural que asiste a cada
persona, desde aquella época una persona podía reaccionar con el uso de la fuerza cuando sentía
que su vida o sus bienes corrían peligro por otro sujeto en ejercicio de una acción lasciva en su
contra, por tal motivo el derecho romano incluye a la legitima defensa para salvaguardar los
derechos de las y permitirles defenderse ante un ataque inminente.
El Dr. En jurisprudencia Zaffaroni, manifiesta en su libro Tratado de Derecho Penal Parte
General Tomo III es el siguiente:
En la legítima defensa pugnan siempre dos principios, o al menos así se lo pretende. Para
unos, su fundamento es más bien social o colectivo, en cuyo caso la legítima defensa
defendería primordialmente el derecho "objetivo", en tanto que para otros su fundamento
es individual, en cuyo caso la defensa primordial sería la de los derechos "subjetivos"
injustamente agredidos. Para unos implica la defensa del derecho mismo, del orden
jurídico en sí mismo, en tanto que para los otros es mera defensa de bienes jurídicos y no
del derecho en el sentido de orden objetivo. Los que postulan su sentido social pueden
47
llegar hasta el extremo de equiparar -o poco menos- la legítima defensa con la pena y,
extremando las cosas, erigirla en un deber jurídico. (Zaffaroni, Tratado de derecho penal
Parte General Tomo III, 1981, pág. 586)
En la actualidad la legítima defensa es reconocida como una causa de exclusión de la
antijuridicidad, ya que supone la situación y en efecto solo se puede alegar en el caso dentro del
cual una persona que esté siendo atacada o sus derechos vayan a ser vulnerados reaccione a ese
ataque (injustificado) actuando de tal manera que logre mitigar el mismo, cabe recalcar que la
reacción debe detener el daño del cual se es víctima, sin exceder los límites permitidos por la
propia legítima defensa.
En el Ecuador el Código Orgánico Integral Penal presenta en su artículo 33, tres requisitos
para que se configure y a su vez se pueda alegar la legitima defensa, siendo la falta de uno de
ellos motivo suficiente para que se desnaturalice esta causa de la antijuridicidad.
Los tres requisitos son los siguientes:
1. agresión actual e ilegitima
2. necesidad racional de la defensa
3. falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho. (CÓDIGO
ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 2014, pág. 11)
2.12. AGRESIÓN ACTUAL E ILEGITIMA
Dentro de lo que corresponde, para que el sujeto víctima de la agresión se encuentre frente a
una agresión actual e ilegítima deben cumplirse tres condiciones que la doctrina las define de la
siguiente manera: conducta humana, agresiva y antijurídica.
48
Además de que esta agresión debe ser real e inminente, por real se entiende que debe
realizarse materialmente, no puede ser tan solo producto del pensamiento de la persona que cree
que está siendo víctima de una agresión, y por inminente es que debe darse en el lugar y en el
momento en el que se encuentran los dos sujetos, la víctima y el victimario, no se puede alegar
legítima defensa previo al ataque se recibe o posterior al mismo, si se reaccionaria en tiempo
inadecuado no se podría alegar la legitima defensa por parte de la víctima.
2.13. NECESIDAD RACIONAL DE LA DEFENSA
La necesidad racional de la defensa hace referencia a la situación en la que se encuentra el
sujeto víctima de la agresión en la cual se pone en peligro un bien jurídico, cabe recalcar que la
necesidad de la defensa puede ser alegada ya sea por un policía en el cumplimiento de su
servicio como uniformado, o también por un guardia de seguridad penitenciaria.
Por racional quiere decir que el medio utilizado para repeler este ataque debe ser el menos
lascivo, siempre y cuando sea el más apto para mitigar el ataque que se está recibiendo.
En relación a lo que nuestro tema expresa, claramente establece que esta necesidad de defensa
no puede ir más allá de lo necesario. Esta calidad se determina por intensidad real de la agresión,
por ende, si un policía se encuentra en una situación en la cual su vida no corre peligro y no hay
motivos que hagan creer que esto vaya a cambiar, así se encuentre dentro de su deber legal y en
servicios, no tiene ningún derecho de actuar de forma lasciva, y lesionar el bien jurídico
protegido de un tercero.
El código orgánico integral penal, es claro y determina las causas que le permiten a una
persona, particular o en servicio defender su vida si esta corre peligro, siendo su defensa un
motivo de exclusión de la antijuridicidad.
49
2.14. FALTA DE PROVOCACIÓN SUFICIENTE POR PARTE DE QUIEN ACTÚA EN
DEFENSA DEL DERECHO
Una persona que sufra de algún tipo de vejación, burla, agresión, o inclusive algún ataque
contra su propiedad privada, perdiendo la cordura y la compostura justificando una reacción que
no va acorde lo que dictan las normas legales de nuestro país, siendo su deber actuar conforme a
lo que dictan las normas legales, subjetivamente creería que está bien que tome algún tipo de
represalia contra quien está atacándolo de manera directa pero eso no significa que la normativa
legal le permita este tomar la venganza por sus propias manos.
Con falta de provocación suficiente el código refiere a que si bien es cierto puede existir una
provocación, pero que esta no sea lo suficientemente fuerte como para generar una reacción
agresiva y antijurídica de parte del sujeto que recibe dicha provocación, a tal punto de que este
ponga en peligro el bien jurídico protegido de la persona que lo está provocando.
2.14.1. RELACIÓN CON EL ACTUAR DE LA POLICÍA NACIONAL Y LA SEGURIDAD
PENITENCIARIA
Es de conocimiento general, que en los últimos años previos a la reforma del Código
Orgánico Integral penal en su artículo 30.1, hubieron casos relevantes que incluían tanto a
miembros de la policía nacional como a guardias relacionados a la seguridad penitenciaria, el
común denominador de estos casos era el deficiente accionar de la policía nacional para controlar
y mitigar situaciones en las que se ponía en riesgo el bien jurídico protegido de personas
particulares e inclusive de propios miembros de la policía nacional. Como casos puntuales para
sustentar la afirmación encontramos; el Caso Ibarra, el Caso Machala.
50
En el primero la policía nacional fue testigo privilegiado del asesinato de una ciudadana
Ibarreña a manos de su ex pareja, ante la presencia de media docena de uniformados que no
hicieron nada más que observar cómo era ejecutada la mujer. Ante esto un grupo determinado
salió en defensa de este grupo de uniformados aseverando de que no existía una ley que le
permita al policía actuar en este caso, ya que, si este actúa, corre el peligro de irse detenido,
asegurando de esa manera de que no había respaldo para el accionar de la policía y que se veía
mermada su labor en beneficio de la ciudadanía.
Ahora bien dentro del Código Orgánico Integral Penal en su artículo 30 y siguientes, establece
cuales son las causas de la exclusión de la antijuridicidad, en este caso específico al cual
hacemos mención en el cual se dio la negligencia por parte de la policía, fácilmente podría un
miembro de la policía alegar que actúa, en primer lugar dentro de su deber legal como policía y
en segundo lugar en legítima defensa de un derecho que obviamente estaba siendo vulnerado,
siendo este el caso concreto del cual se valió la asamblea para la creación de una reforma que no
hace más que reforzar el desconocimiento de ciudadanía, además de justificar la falta de
preparación que tienen nuestras fuerzas de orden, y sobre todo para satisfacer el populismo penal
del cual hemos sido víctimas en última década.
A través de la historia el exceso de la fuerza ha sido una característica notable de nuestra
policía y de los guardias de seguridad penitenciaria, tanto así que hasta 2019 en los registros de
la fiscalía constan 361 causas por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de
servicio (EL Comercio, 2019), tipificado en el artículo 293 del COIP. Pero no es un accionar
exclusivo de nuestros gendarmes, en el extranjero, precisamente en Colombia y en Usa se han
dado casos en los cuales la policía ha actuado de manera incorrecta haciendo uso de las
facultades que les otorga la normativa legal de dichos países, en Colombia en la década de los 90
51
el Caso “Falsos Positivos” marco un antes y un después en la sociedad colombiana mostrando lo
negativo que era para un estado otorgarle a la policía la potestad de actuar sin restricción ni
control alguno. En Norteamérica por su parte a diario se muestran en las noticias casos en los
cuales la policía actúa sin ningún tipo de control vulnerando derechos de las personas siendo el
caso de George Floyd el ultimo y de más relevancia en el cual un policía luego de someter a un
“sospechoso” presiono su cuello contra el suelo hasta que este perdió la vida a vista y paciencia
de los otros oficiales y el clamor de la ciudadanía que rogaba por la vida del ser humano que
yacía en la calzada. En el Ecuador la historia del accionar policial es similar, los delitos de lesa
humanidad en la época de León Febres Cordero, siendo el caso de los hermanos Restrepo el que
más impacto demuestra que tanto nacional como internacionalmente la Policía Nacional no es
una institución victima sino más bien victimaria que ha actuado de manera indebida durante
muchos años quedando sus acciones en varias ocasiones impunes, sin sanción y sin un juicio
justo, además de que el ejemplo de los países citados en párrafos anteriores sirve para que se
visualice lo negativo que es para los derechos y sobre todo para los ciudadanos una ley que le
permita a la policía actuar de manera libre sin rendir cuentas, lo inoficiosa de la creación de la
reforma que redunda sobre lo mismo y abre una brecha para el actuar desenfrenado de la Policía
nacional en las calles y de los miembros de la seguridad penitenciaria dentro de los centros de
rehabilitación social.
2.14.2. ACUERDO MINISTERIAL 179
El acuerdo ministerial numero 179 planteado por el ministro de defensa Oswaldo Jarrín a
partir de su capítulo 2 Uso de la fuerza, en su art 5 y siguientes en el cual permite a las fuerzas
armadas hacer uso del uso progresivo de la fuerza según la situación que se suscite dentro del
territorio ecuatoriano, si bien es cierto el acuerdo ministerial hace hincapié en mencionar “que el
52
uso de la fuerza será de ultimo instancia” en situaciones en las cuales, los otros medios no hayan
surtido efecto, tampoco es un secreto para nadie que quien debería encargarse de resolver las
situaciones a las que hace mención el acuerdo es la policía nacional, mas no las fuerzas armadas,
ya que no están dentro de sus funciones institucionales, y que el verdadero fondo de este acuerdo
ministerial es la represión en contra de la ciudadanía, cuando esta manifieste su descontento por
alguna decisión tomada por el gobierno, que perjudique directamente al soberano.
En vista de la inconstitucionalidad del acuerdo, además de la presión de entidades extranjeras
relacionada a los derechos humanos, la Corte Constitucional decidió suspender el acuerdo
ministerial dejando sin efecto lo que este proclamaba. La Corte Constitucional fundamento su
decisión basándose en lo que dictamina nuestra propia Constitución misma que señala en su art
158 donde claramente establece que las funciones de las Fuerzas Armadas serán las de
protección de nuestra soberanía e integridad territorial, por su parte el control, protección y
mantenimiento del orden interno corresponde a la Policía Nacional.
Con esto se fundamenta la decisión de la Corte enmarcando la inconstitucionalidad del
acuerdo que ponía en peligro la seguridad pública y a la población en general.
2.15. CASOS RELACIONADOS AL USO EXCESIVO DE LA FUERZA POR PARTE DE
LA POLICÍA NACIONAL EN ECUADOR, COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS DE
NORTE AMÉRICA
2.15.1 Caso Gonzales y otros (fybeca)
En la historia del Ecuador, han existido muchos casos en los cuales se ha señalado a la Policía
Nacional por su mal proceder, siendo el caso Fybeca uno de los más relevantes de las últimas dos
décadas.
53
El caso Fybeca se desarrolló en la ciudad de Guayaquil en el año 2003 al norte de la ciudad en
la ciudadela la Alborada, una mañana de noviembre unos policías se desvían de sus misiones
diarias e ingresan a la reconocida farmacia, donde asesinan a sangre fría a ocho personas que se
encontraban en el local, cabe recalcar que 2 de esas personas eran un cliente del lugar y el
mensajero de la farmacia, las otras 6 pertenecían a una supuesta banda, las 6 personas tenían
antecedentes penales y varios conflictos con la ley.
La narración de los hechos establece que los policías fueron disparados por parte de los
“antisociales” por tal motivo no tuvieron otra opción que responder a dicha agresión, con el
informe de balística y el informe pericial del médico forense, se desmintió esa hipótesis debido a
que, los informes demostraban que las personas que fueron víctima del mal proceder policial,
fueron disparadas por la espalda y de larga distancia, con esto se desmiente por completo el
informe policial en el que se establecía de manera contunde que había existido un enfrentamiento
por parte los efectivos policiales y los sospechosos.
Los hechos se suscitaron en el 2003, además de las 8 personas que fallecieron, hubo 3
desaparecidos hasta el día de hoy a quienes la fiscalía acusó de ser partícipes de la banda que
estaba ideando un plan para asaltar la farmacia.
Cabe recalcar que recién en el año 2014 se dictó una sentencia para los policías involucrados
en el hecho 11 años después de que suscitaran, estando el jefe del operativo prófugo radicado en
los Estados Unidos de Norte América, este caso es traído a colación para demostrar de manera
oportuna que las leyes no están en contra de la policía nacional como alguna vez se le hizo creer
a la ciudadanía en general, que al igual que este caso en el Ecuador encontramos casos similares
54
en donde las sanciones tardan en llegar (caso Restrepo) y cuando llegan, no son proporcionales al
daño causado.
El caso Fybeca es la clara representación de la protección que tiene la Policía Nacional por
parte de la justicia de cierta manera, además demuestra que su accionar se ve limitado por falta
de preparación y capacitación más no por la falta de respaldo de parte de las leyes que rigen
nuestro país.
2.15.2 CASO RESTREPO
En el año 1995 en la presidencia del Ing. León Febres Cordero en el Ecuador se suscitó un
hecho que cambiaría la vida de la familia Restrepo, sus dos hijos: Carlos Santiago y Pedro
Andrés Restrepo Arismendi fueron víctimas de la brutalidad, el uso excesivo de la fuerza y la
represión que caracterizaba a la policía en la época.
Los jóvenes salieron un día de su casa en busca de provisiones para el hogar, cuando sin
motivo alguno fueron abordados por miembros de la policía nacional, quienes subieron a las
victimas dentro una patrulla con rumbo y destino incierto.
Desde ese día nunca más se supo nada de los “Hermanos Restrepo”, por la insistencia de sus
familiares quienes reclamaban saber el paradero de sus hijos, se abrió una investigación para
dilucidar los hechos ocurridos en ese fatídico día.
Luego de la investigación respectiva los encargados del caso manifestaron a las autoridades y
la ciudadanía en general que los jóvenes habían sido asesinados, luego de ser torturados uno de
los hermanos no soporto la agresión física de la que era víctima y perdió la vida, lo que género
que los policías asesinen al otro hermano, para encubrir la violación a los derechos humanos
cometido por una institución del Estado, la encargada de salvaguarda la vida y la integridad de la
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ciudadanía en general, era la primera en cuanto a violación de derechos y desapariciones
forzadas refiere. No contentos con aquel acto de inhumanidad los policías no fueron capaces de
aceptar su culpa, sino más bien tramaron un escenario en el que los menores habían tenido un
accidente de tránsito, lo que habría propiciado su deceso y posterior desaparición.
Al igual que este caso, en el Ecuador la fiscalía estaba al tanto de 18 casos de desapariciones
forzadas, eso hasta el año 2016 (El Comercio, 2016) esto genera desconfianza por parte de la
ciudadanía la cual pone en tela de duda los métodos y procedimientos que utiliza la Policía
Nacional para resolver las situaciones a las que se enfrentan a diario. El problema no solo radica
en el accionar de los efectivos, sino también en los beneficios legales que reciben al momento de
ser juzgados y sancionados, ya sea administrativamente como judicialmente, la dilatación del
proceso fue una constante en el caso Restrepo, al igual que nefasta resolución que dictamino la
Corte de la Policía Nacional que dejo en evidencia lo parcializado de su decisión, esto se traslada
a la actualidad donde las sentencias que reciben son ínfimas, y no reparan bajo ningún concepto
el daño causado.
En este caso se demuestra que el uso progresivo de la fuerza mal aplicado o en exceso da
como resultado una violación directa de derechos Constitucionales que no tienen ningún tipo de
justificación, al igual que demuestra de manera clara que la Policía Nacional históricamente es
victimaria mas no víctima, como lo tratan de plantear en los medios de comunicación o sus altos
mandos.
2.15.3. CASO DIANA EN IBARRA
En el año 2019 la ciudad de Ibarra se teñiría de sangre debido al cometimiento de un delito
que dejaría atónita a la ciudadanía de todo el país. Diana una mujer embarazada fue asesinada a
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vista y paciencia de diez efectivos policiales y ciudadanos por su ex conviviente quien la tuvo
retenida por más de 90 minutos en la ciudad de Ibarra. Los efectivos policiales quienes omitieron
su deber legal por encontrarse en actos de servicio y no hicieron nada para detener al antisocial
que acabo con la vida de esta joven mujer ecuatoriana.
El caso en concreto dividió al país en dos bandos; quienes defendían la omisión por parte de
los policías para preservar su libertad, y quienes argumentaban de manera jurídica la protección
que embestía a los efectivos para actuar en esa situación ejercitando el uso progresivo de la
fuerza, ya que era meritorio su accionar de esta manera.
La fiscalía de Ibarra inicio en 2019 una investigación por el delito de elusión de
responsabilidades de las o los servidores de las fuerzas armadas y policía nacional (El
Comercio, 2019) la pena privativa de libertad para este delito, tipificado en el artículo 291 de
Código Orgánico Integral Penal establece una sanción de 6 meses a 1 año, una pena ínfima en
comparación al sufrimiento de la víctima y sus familiares. (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL
PENAL, 2014, pág. 45)
Hasta el día de hoy no existe una sentencia contra los servidores policiales vinculados en el
caso.
2.15.4. CASO GEORGE FLOYD
El afroamericano George Floyd fue una de las tantas víctimas que deja al año la brutalidad
policiaca que azota a Estados Unidos desde hace siglos. El señor de 46 ingreso a una tienda una
mañana en la ciudad de Minneapolis cuando realizo las compras salió de la misma, y se dirigió a
su automóvil, en esos instantes fue abordado por dos elementos policiales, quienes luego de
registrarlo procedieron a esposarlo sin motivo alguno, en cuestión de 3 minutos ya habían
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sometido al ciudadano y uno de los efectivos Derek Chauvin violando los protocolos utilizo su
rodilla para colocarla en la nuca del ciudadano presionando con fuerza durante un tiempo
prolongado, esto a vista y paciencia de su compañero que no hacía nada para evitar las acciones
injustificadas de su compañero, por la situación tan desgarradora que se suscitaba en la vía
pública , los transeúntes pedían de favor se detuviera, por los ruegos que esbozaba George al
asegurar que “no podía respirar”, a eso se sumaba el exceso de fuerza por parte de los agentes
policiales al tratarse de una persona que jamás opuso resistencia y que sobre todo se encontraba
en indefensión ya que estaba esposado y sometido en la calzada.
Luego de varios minutos presionando la nuca del hoy occiso, este poco a poco iba a perdiendo
el conocimiento hasta que perdió la conciencia ante lo cual los agentes policiales solicitaron la
asistencia de una ambulancia dentro de la cual se confirmó el deceso del señor George Floyd.
La pregunta que se hace el mundo entero es ¿Cuál fue el delito? ¿Ir a comprar provisiones es
un delito? Son preguntas que al día de hoy no se logran resolver, entrando a la parte jurídica las
leyes policiales en Usa son represivas y abusivas si podríamos definirlas de alguna manera, ya
les permiten a los agentes policiales que cometan este tipo de atrocidades y excesos de manera
legítima.
La ley de Justicias en Tácticas Policiales, faculta al policía para disparar en contra de un
ciudadano como se cita textualmente "Un agente de policía solo debe disparar su arma contra
un civil si tiene la creencia razonable de que corre peligro de muerte o de grave daño
físico" (Carrasco, 2018) por ende el agente policial tiene el respaldo por parte del Estado de sus
acciones y procedimientos.
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La Fiscalía de Minnesota abrió cargos contra Derek Chauvin quien sería procesado por
homicidio en tercer grado, el que significa que el homicida no tenía la intención de causar la
muerte, se lo acusa de “causar la muerte de Floyd "al perpetrar un acto eminentemente
peligroso" y por negligencia "al crear un riesgo no razonable y generar la posibilidad de
causar muerte o gran daño físico". (BBC NEWS, 2020)
Hoy en día aún se critica los cargos por el cual está siendo procesado el homicida de George
Floyd y demuestra lo perjudicial que resulta para una sociedad permitir a los gendarmes que
puedan extralimitarse en justificación de encontrarse en actos de servicios buscando el bienestar
general.
En USA las estadísticas son alarmantes, pero en el país cada año mueren más de 1.000
personas por la acción -justificada o no- de la policía (BBC NEWS, 2020) siendo Usa el país
donde más personas mueren por esta causa por lo cual algunas organizaciones (ALPHA) de
activismo promueven la idea de ver el abuso policial como un problema de salud pública, por la
cantidad de víctimas que deja cada año.
El impacto no es solo social sino también económico ya que la acción policial desacertada le
cuesta a los Estados unidos pérdidas de 1.800 millones de dólares al año por el concepto de
pérdidas de trabajo, eso sin incluir el costo médico que recae sobre el estado.
2.15.5. Casos que quedaron impunes en USA
Con el fin de evitar que los oficiales del Gobierno fueran demandados por alguna acción
discrecional ejercida en el marco de sus labores, la Corte Suprema de Estados Unidos estableció
en 1967 una doctrina legal conocida como la inmunidad calificada. Bajo esta inmunidad se han
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escudado muchos oficiales de Policía para evitar ser demandados o rendir cuentas por alguna
violación, incluso de los derechos civiles.
Tal fue el caso de Darren Wilson, el uniformado que asesinó en 2014 a Michael Brown, de 18
años, en Ferguson. El policía, que respondió a un llamado de robo, detuvo a Brown y tras un
enfrentamiento le disparó y le quitó la vida. Cuatro meses después, el oficial fue absuelto bajo la
doctrina y vive libre en San Luis, Misuri.
De los casi 18.000 Departamentos de Policía de Estados Unidos, la mayoría cuenta con una
unidad especializada de disciplina interna, en la que son los mismos colegas los que, por medio
de una Inspectoría General, una Unidad de Asuntos Internos o una Oficina de Responsabilidad
Profesional, realizan un proceso para seleccionar los casos a investigar (muchos de los cuales son
desechados desde el principio) y determinan el procedimiento a seguir, así como la sanción que
podría recibir su compañero.
Muchos de estos procesos quedan en el olvido, con o sin razón, en gran parte por la
solidaridad entre los oficiales. Y también por temor a represalias. Por ejemplo, por denunciar
actos de brutalidad policial de dos de sus compañeros en 2014, Joe Crystal fue apodado como el
“Rat Cop” (policía rata) y fue sujeto a intimidaciones; incluso llegaron a poner una rata muerta
en su escritorio, por lo que el oficial renunció al Departamento de Policía de Baltimore y se
mudó a Florida.
De hecho, en algunos estados como Luisiana y Arizona se pueden limpiar los expedientes de
un policía investigado por alguna falta o exceso solo después de 18 meses.
En 1992, cuando un jurado de Los Ángeles absolvió a los policías que golpearon a un taxista
llamado Rodney King, surgieron disturbios masivos, a raíz de los cuales se creó la Comisión
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Christopher, cuyo informe reveló que miles de denuncias desaparecieron sin justificación alguna
de los archivos del Departamento de Policía.
Lo mismo sucedió con la muerte de Breonna Taylor, el 13 de marzo de 2020, en Louisville,
Kentucky. En esta ocasión, dos policías y un detective allanaron la vivienda donde se encontraba
Taylor con su novio y le prendieron fuego, causando la muerte de la joven de 26 años. Los
policías involucrados fueron puestos bajo licencia administrativa paga desde el 19 de mayo.
Ninguno de los tres funcionarios ha sido acusado de ningún crimen relacionado con la muerte de
la mujer.
La historia de Tamir Rice, un joven afroamericano de 12 años que murió en Cleveland en
2014, no es muy diferente. Luego de recibir un llamado en el que le decían que el joven tenía un
arma, el policía Timothy Loehmann acudió al lugar, le disparó y lo mató, pero luego
descubrieron que el menor estaba jugando con una pistola de juguete. El policía fue despedido,
pero no acusado penalmente.
La suma de todas estas situaciones impulsó el surgimiento de un fenómeno o de una nueva
clase de policías conocidos como 'Gyspy Cops' (policías gitanos), es decir, oficiales que pueden
migrar fácilmente de un departamento a otro debido a que no existe una base de datos bien
establecida en la que se haga seguimiento a las faltas policiales.
Debido a que los expedientes no duran mucho tiempo disponible, Loehmann pudo esconder
fácilmente que en uno de sus empleos anteriores fue evaluado y se concluyó que no estaba apto
emocionalmente para ser policía.
No obstante, como un mecanismo para controlar las acciones policiales, los Gobiernos
federales también pueden investigar a los departamentos de policía cuando observan que hay un
61
patrón de violaciones a los derechos civiles, con el objetivo de llegar a un Decreto de
Consentimiento, en el que el departamento acuerda llevar a cabo reformas institucionales que son
supervisadas por una corte federal.
En el Gobierno de George W. Bush se llevaron a cabo ocho de estas investigaciones y en el
primer periodo de Obama se realizaron 15, mientras que durante el Gobierno de Trump, próximo
a completarse, el Departamento de Justicia solo ha adelantado una investigación de esta clase, en
la que no se llegó a ningún Decreto de Consentimiento. (Mendoza Valero, 2020)
2.15.6. Caso: falsos positivos
La historia de los falsos positivos nace con el conflicto bélico que existe hasta el día de hoy
en Colombia, entre el Estado colombiano que es representado por el Ejército Nacional
Colombiano y el grupo guerrillero de las Farc (Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia),
como es de conocimiento general, las Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia nacen en la
década de los 50 en medio de la lucha política que existía entre la derecha conservadora y
capitalista y la izquierda revolucionaria, en el fervor de esta lucha nace un grupo beligerante que
es considerado hoy por hoy como un grupo terrorista. La Fuerzas armadas revolucionarias de
Colombia nace en el campo, la guerrilla, como también se la conoce se crea para exigir una
repartición equitativa de la riqueza en un país donde la desigualdad social era marcada y la breca
se notaba de manera intensa en las necesidades populares.
En los años ochenta la situación de Colombia con respecto al tema de la violencia de grupos
delictivos se sale de control, ya no solo son las guerrillas, nacen carteles del narcotráfico al igual
que las Auc (Auto defensas unidas de Colombia) que aparecen para contrarrestar a la guerrilla de
62
la Farc, se sabe que estas auto defensas eran financiadas por el propio estado colombiano y por el
gobierno estadunidense.
Los falsos positivos es una variación a las desapariciones forzadas que ya se daban desde la
época de la guerra fría, en Latinoamérica los dictadores de los países de Argentina y Chile lo
utilizaban como un medio de coerción contra los seguidores comunistas que luchaban por
derrocar el poder absoluto.
Los falsos positivos se definen de manera sencilla como ejecuciones extra judiciales dentro de
las cuales se violan derechos fundamentales del ser humano, por su parte, las Naciones Unidas lo
define como “el asesinato de personal civil, a quienes se los hace pasar como guerrilleros
muertos en combate”, estas nacen de la mano del propio gobierno Colombiano en su afán de
eliminar a los grupos beligerantes por ende crearon una política de estado en la cual entregaban
un incentivo a los miembros de las fuerzas militares de Colombia por las bajas en combate de
guerrilleros (Farc) las fuerzas militares comprende al Ejercito Nacional, la Policía Nacional y la
Infantería de Marina. Estas instituciones en actos de servicio se encargaban del asesinato y
ejecuciones extrajudiciales indiscriminada de civiles a quienes hacían pasar como legítimos
guerrilleros muertos en combate, alterando la escena del crimen, el cadáver de las víctimas, y
lugar de donde se perpetro el hecho ilícito, de esa manera reclamaban su incentivo y
demostraban resultados positivos con respecto a la guerra que se libraba en la época. Las
víctimas eran detenidas de manera forzosa, o con engaños, luego era maltratada o torturada.
Las desapariciones forzadas con ejecución extrajudicial de civiles a manos de las instituciones
armadas de Colombia tuvieron un repunte estrepitoso en entre el año 2002 al 2010 en los
gobiernos del presidente Álvaro Uribe, según los datos estadísticos de la propia Fiscalía general
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de Colombia “las cifras que le entregó a la Corte Penal Internacional para su evaluación
anual sobre la situación del país, a octubre de 2019 el ente acusador tenía 2.268 casos
activos, en los cuales se contaban 3.876 víctimas de ‘falsos positivos.” (El Tiempo, 2020)
Estos solo son los casos registrados, fuera de los cuerpos que no han sido hallados hasta la
actualidad, lo que hace presumir que la realidad que envuelve a este tema es mucho más macabra
que lo que aparenta.
Esos procesos judiciales, indicó la Fiscalía, involucran a miembros de 25 brigadas dentro de
las siete divisiones del Ejército colombiano.
Por los homicidios de civiles a quienes luego hicieron pasar como muertos en combates había
hasta esa fecha 10.742 personas investigadas y 1.740 personas condenadas. Además, solo el
año pasado, según informó la Fiscalía a la CPI (Corte Penal Internacional), fueron condenados
31 militares. (El Tiempo, 2020)
En el 2012 en Colombia se promulgo una reforma constitucional para dejar los crímenes
cometidos por la guerrilla, los paramilitares y los militares involucrados en las atrocidades que se
dieron en la guerra que se viva en esos días, en la impunidad, el 2 de junio del 2016 dicha
reforma fue aprobada para que de esta manera el presidente pueda expedir decretos con fuerza de
ley para fortalecer el acuerdo final que se dará en la Habana Cuba dentro de las negociaciones
de paz que existe entre la FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el gobierno
mismas que al día de hoy se encuentran detenidas por la división que existe en la guerrilla. Pero
esta reforma buscaba disminuir la responsabilidad de los militares al igual que la “ley número
85 del 2013, la cual pretendía transmitir los casos de los falsos positivos de la justicia
ordinaria a la justicia penal militar.” (Vivanco, 2014) La reforma pretendía “perdonar los
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errores cometidos, y penas disminuidas y alternativas” para quienes hayan sido participes de los
hechos suscitados, todo esto dentro del proceso de paz entre el Gobierno y la Guerrilla de las
Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia.
Con los hechos narrados y analizados en los que se demuestra claramente lo perjudicial que
resulta para un estado y para sus ciudadanos, permitir el uso excesivo de la fuerza de manera
desproporcionada justificando el accionar en actos de servicios que supuestamente se dan en
beneficio de la ciudadanía, la justicia y los gobiernos siempre tratan de favorecer a su brazo de
ejecución, las leyes que se crean en un estado es para garantizar que estas instituciones tengan la
mayor libertad posible para actuar, no lo contrario.
En la actualidad, en Colombia se calcula que hay al menos un 30% de muertos de lo que
presento oficialmente la Fiscalía General de Colombia, de igual manera no se ha procesado a
todos los involucrados en el hecho, lo que demuestra la ineficacia de la justicia colombiana para
resolver uno de los casos más atroces que se ha dado en el vecino país.
2.16. MARCO CONCEPTUAL
1. Antijuridicidad
a. Condición de lo que es contrario al ordenamiento jurídico. (ENCICLOPEDIA
JURÍDICA, 2020)
2. Asesinato
a. Delito cometido por una persona a otra con premeditación sobre su el bien jurídico de
la vida.
3. Culpabilidad
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a. Elemento que confiere la atribución de responsabilidad a la persona sobre los hechos
cometidos de forma dolosa.
4. Cumplimiento
a. Acción de realizar un deber u obligación impuesta.
5. Deber
a. Aquello a lo que las personas están obligadas bien sea por razones de orden moral,
bien por determinación de las leyes. (Diccionario panhispánico del español jurídico,
2020)
6. Estado de necesidad
a. Exculpatorio que respalda a quien, en una situación particular, para evitar un mal ya
sea propio o ajeno que deviene de una agresión injustificada e ilegítima tiene que
causar otro mal, el mismo que debe ser inferior al que se está tratando de evitar.
(Diccionario panhispánico del español jurídico, 2020)
7. Enfrentamiento
a. Oposición o cruce entre una o más personas.
8. Homicidio
a. Muerte provocada por una persona a otra sin premeditación.
9. Inconstitucionalidad
a. Todo aquello que va o está en contra de los artículos de la Constitución vigente.
10. Legal
a. Todo aquello que se encuentra estipulado en la Ley.
11. legítima defensa
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a. Justificación, causa, que permite a la persona actuar por cuenta propia contra alguien
que agreda o ataque sobre un bien jurídico propio.
12. Policía
a. Buen orden, tranquilidad o normalidad en la vida de una ciudad o Estado.
13. Actos
a. Acción u obra que realiza un grupo de personas, o una persona de manera particular.
14. Miembros de seguridad penitenciaria
a. Encargados de mantener el control y la seguridad dentro de los centros de reclusión
en el territorio ecuatoriano.
15. Ley
a. Encargada de normar la convivencia social de los miembros de la sociedad.
16. Servicio
a. Función determinada que realiza una persona o grupo de personas.
17. Uso de la fuerza
a. Método utilizado para reprimir o mitigar un ataque, sea este justificado o
injustificado.
18. Sentencia
a. Acto jurídico mediante el cual se expresa el criterio del juzgador, basado en las
pruebas y hechos narrados y presentados en el proceso.
19. Lesiones
a. Daño causado a un particular.
20. Acuerdo ministerial
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a. Decisión tomada por un grupo de personas relacionadas con algún ministerio en
concreto, para referirse a un tema o la creación de normativa específica.
21. Fuerzas armadas
a. Fuerza militar de un país.
22. Fiscalía
a. Institución de justicia encargada del impulso de la causa e investigación de los hechos
suscitados.
23. Derecho penal
a. Rama del derecho dedicada al estudio de la conducta de las personas y las sanciones
que deben tener dichas conductas, si son antijurídicas y van contra la normativa
establecida.
24. Ilegitima
a. Que no es justa, no actúa acorde a los hechos comprobados.
25. inminente
a. Todo aquello que amenaza que sucederá brevemente.
26. Provocación
a. Actuar de manera errónea, generando una reacción de la persona sobre la cual se
actuó.
27. Procesar
a. Acto procesal en el cual un juez o jueza decide sobre la responsabilidad de la persona.
28. Impunidad
a. Que la conducta antijurídica no ha sido castigada y no ha habido consecuencia de sus
actos.
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29. Falsos positivos
a. Asesinatos sistemáticos e ilegales realizados por miembros de las fuerzas armadas y
la policía nacional de Colombia hacia campesinos, quienes eran disfrazados de
guerrilleros.
30. Victimizarse
a. Encasillarse en una posición en la cual te haces pasar como el sujeto ofendido, siendo
tú el que ofendes, utilizando las circunstancias externas para justificar tu acciona
2.17. MARCO LEGAL
• Constitución de la República del Ecuador
• Código Orgánico Integral Penal
• Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
• Acuerdo ministerial 147
• Manual para el uso adecuado de fuerza
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CAPITULO III
3. MARCO METODOLÓGICO
3.1 METODOLOGÍA CUALITATIVA
La investigación cualitativa para Hernández Sampieri es la que “Utiliza la recolección y
análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en
el proceso de interpretación.” (Hernadéz Sampieri, 2014)
En nuestra investigación se ve reflejada en la obtención de datos explorando y descubriendo
los datos que nos pueden aportar los entrevistados, de ahí se obtendrán conclusiones y se
procederá con la siguiente entrevista, y así sucesivamente. De esta manera se busca comprender
el fenómeno que se estudia, para formar una perspectiva general.
Diseño
Estudio de caso
Es un proceso por el cual se puede llegar a interpretar y analizar un objeto de estudio, su
finalidad es elaborar una explicación del tema que se está estudiando, este se crea a raíz de un
suceso histórico o social. Es utilizado para profundizar en caso de que se quiera estudiar una
situación específica. El estudio de caso tiene como característica principal el estudio de casos
reales, mismos que son analizados en nuestra investigación para determinar ciertos fenómenos
que se repiten constantemente ya sea dentro del territorio nacional como extranjero, siendo estos
casos esenciales para el sustento del trabajo que se está presentando.
Documental
70
Técnica de investigación mediante la cual se recopila los datos de manera menos técnica y
más subjetivo, debido a que los datos se obtienen de los libros, revistas, entrevistas, audios y
grabaciones. De cierta manera es menos fiable que otros métodos. Para el trabajo que se está
desarrollando es ideal debido a que la información requerida se encuentra en los medios
anteriormente señalados, siendo esenciales para nutrir la investigación.
Lógico histórico
Se basa en una indagación del contexto social en el que se desarrolla la investigación además
de hacer una recreación histórica mediante la cual se hace una descripción y valoración de los
fenómenos históricos que son tratados en la investigación. Se ve reflejado en los antecedentes
que nutren la investigación además de la recopilación de casos que se han suscitado hasta la
actualidad, siendo esencial para la valoración de los fenómenos que se presentan.
Método Deductivo
El método deductivo va de lo general a lo particular, tiene como finalidad obtener
conclusiones lógicas a partir de una hipótesis, en otras palabras, de datos generales considerados
validos se obtendrá una conclusión valida.
Método inductivo
Es todo lo contrario al método anterior, va de lo particular a lo general, es decir, se basa de
cosas específicas para llegar a una conclusión más amplia. Consiste en la observación, se capta
un patrón y se desarrolla una teoría. Cabe indicar que este método inductivo puede llevar a
conclusiones incompletas o erradas, debido a que se centra en un solo suceso y no abarca toda la
realidad.
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Instrumentos de investigación
Revisión bibliográfica
La revisión bibliográfica refiere a la obtención de datos e información ya existente, la cual se
encuentra en: libros, documentos a fines al tema, citas, fuentes de investigación y publicaciones
periódicas. Este instrumento es primordial para realizar una investigación documental. La fuente
principal de dicha investigación es la comprensión de lo que establece el autor de tal manera que
su pensamiento e información nutran de manera adecuada la investigación realizada.
Revisión de casos judiciales
La revisión de casos judiciales se hace acorde al caso específico que es motivo de la
investigación, con esto se demuestra que ha existido casos similares al que se presenta por lo
cual, el fenómeno que se investiga es de interés social y jurídico, por ende, debe ser resuelto. La
revisión de casos judiciales sirve para guiar de cierta forma el camino de la investigación además
de demostrar la existencia de la materia de investigación.
Entrevista
Para Hernández Sampieri:
Se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el
entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). En el último caso podría ser tal
vez una pareja o un grupo pequeño como una familia o un equipo de manufactura. En la
entrevista, a través de las preguntas y respuestas se logra una comunicación y la construcción
conjunta de significados respecto a un tema. (Hernandez Sampieri, 2014, pág. 436)
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Aplicado a nuestra investigación, consta de 3 entrevistas a personas ligadas directamente al
fenómeno que se está estudiando, como lo son un fiscal del estado, el ex director del centro de
rehabilitación de varones de El Oro, y un abogado en libre ejercicio con más de 20 años de
experiencia ejerciendo la profesión. La entrevista será abierta, utilizando 3 preguntas que se
repetirán entre todos los entrevistados, que servirán para obtener información relevante para la
realización de la propuesta.
ENTREVISTAS
ENTREVISTAS N° 1
Nombres y apellidos:
Juan Pablo Ramiro Palacios
Cargo público que ha desempeñado:
Docente en el Colegio Mario Minuche, Teniente Político y Comisario del cantón Machala,
Ministerio de Relaciones exteriores como asesor jurídico de la coordinación zonal 7, SENAE,
Ministerio de Justicia, Secretaria de Derechos Humanos, SNAI (ex director del Centro de
Rehabilitación Social de Machala).
1.- ¿Usted cree que la Policía Nacional ha sido víctima de la delincuencia al no existir una
normativa antes de la reforma que respalde su accionar y eso como resultado los lleve
hacer un mal uso de la fuerza?
Bien, ambos códigos antes y después de la reforma, específicamente en el art. 30 establece
claramente que ellos pueden ejercer sus funciones.
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Indica el articulado 30 que no existe infracción penal cuando la conducta típica en el ejercicio de
sus funciones del agente policial por poner un ejemplo, se encuentra justificada por el estado de
necesidad, es decir que si yo tengo que proteger a otra persona tengo que aplicar la fuerza porque
estoy salvando y precautelando a una víctima, y adicionalmente le da otra pauta que es el estado
necesidad, esto en referencia a lo que estipulaba el Código Orgánico Integral Penal antes de la
reforma.
Ahora lo que estipulan los legisladores en el artículo 30.1 el cual establece puntualmente el
cumplimiento de sus deberes, es decir, hace más extenso este tema.
El problema es que el tema de la conmoción social hace valida la reforma, pero no podemos
alegar ante ello, que no había una normativa que les permitiría actuar comúnmente, ahora el
actuar de los policías u agentes debe justificarse de manera documentada.
Bien, debemos recordar que si una persona acusa un delito de un servidor policial de que no
hubo un buen trabajo, es decir, no solo existen los delitos de acción sino también de omisión por
parte de un servidor policial tiene que estar probada, y la persona que denuncia en que caso de
que sea un delito publico directamente al fiscal que es el titular de la acción penal es el que tiene
la carga de la prueba y deberá probar en este caso de que existió o no la conducta antijurídica.
2.- ¿Hasta qué nivel debe aplicarse el uso de la fuerza por parte de los miembros de la
Policía Nacional y Seguridad Penitenciaria cuando el intervenido se resiste al
procedimiento que se está llevando a cabo?
La normativa es clara, podemos llegar a un punto de inmovilizar a la persona con el
entrenamiento que tienen en la escuela de formación penitenciaria esto en referente a los guías,
obviamente a ellos les enseñan tácticas y como inmovilizar con su equipo para poder actuar, y de
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ahí puede llegar y te respalda la normativa, incluso le puede causar la muerte a la otra persona en
el caso de la legitima defensa. En el caso mencionado deberá siempre comprobarse por qué se
dio, en este caso la legítima defensa.
3.- ¿Cree usted que en el COIP debe o no existir una normativa que refiera de manera
expresa si el elemento policial o miembro de la seguridad penitenciaria puede lesionar un
bien jurídico protegido en sus actos de servicio?
No pues, debe existir en el sentido de como actualmente se encuentra, la reforma es positiva
porque amplia más y si mañana hay otra reforma que se amplíe y explique de mejor manera,
ofreciendo más alternativas de mejor explicación, pues sería mucho mejor para el juzgador en el
cual podrá determinar o no la culpabilidad o inocencia adecuada ante la situación.
Entonces, esto no significa que con la legislación anterior no teníamos un mecanismo en el cual
la policía podía actuar, en pocas palabras, antes de la reforma, no se puede decir que la policía no
podía actuar, la policía actuaba en el ejercicio de su deber; los servidores policiales deben actuar
en base a sus funciones a las cuales ha sido encomendado, en este caso el policía nacional tiene
que ejercer la fuerza en base a derecho y a lo que él es entrenado.
4.- ¿Que exista una ampliación en la reforma significa que la normativa anterior no
regulaba el accionar de la Policía Nacional y miembros de la Seguridad Penitenciaria?
Es claro, si antes del Código Orgánico Integral Penal 2014, había muchos delincuentes que eran
abatidos por la policía en el pleno derecho de su deber.
Pero es positiva la reforma, que amplía el mecanismo de acción de los policías y si hay una
nueva reforma que amplíe más hechos y más garantías en hora buena. Si la sociedad es
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dialéctica, transforma, evoluciona, avanza al igual que los delitos y los delincuentes obviamente
el derecho tienen que adaptarse a esta nueva situación.
5.- Por el conocimiento obtenido en el cargo que ocupó en el Centro de Rehabilitación
Social de Machala, ¿Conoce cuántas veces o durante qué tiempo reciben capacitación los
guías penitenciaros en su reacción ante situaciones que se presenten en los centros de
rehabilitación social?
La formación que reciben ellos es al graduarse al igual que un policía, pero solo hasta ahí; luego
la formación de que sea constante o permanente no es tanto así, al menos en materia física en
pruebas físicas o algo por el estilo desconozco si se dan, pero en materia de derechos humanos,
cursos las capacitaciones si eran obligatorios.
Pero me imagino que por temas presupuestario no existen, debido a que deban viajar a otros
lugares para poderse capacitar.
6.- De lo que usted pudo notar en el trascurso de su gestión ¿Cree usted que las
capacitaciones que ellos recibían se veían reflejadas en su accionar dentro del centro de
privación de libertad?
Realmente el agente penitenciario en un servidor público muy noble, y las condiciones
económicas se han mejorado para bien en su segmento de la seguridad que estuvo relegado
muchos años.
7.- ¿Dentro de su gestión existió algún caso en el que algún guía penitenciario haya
violentado derechos de los privados de libertad?
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Bueno, se iniciaron varios sumarios y llegue a tener a 2 agentes de seguridad penitenciaria que
pasaron de ser agentes a internos del centro de privación de libertad, digo todo esto con tristeza,
pero nos tocó en nuestro actuar ver muchas cosas y poner orden.
8.- ¿Cree usted que la reforma del artículo 30.1 le otorga a los miembros de la Policía
Nacional y Seguridad Penitenciaria la discrecionalidad para decidir cuándo se encuentra
en peligro un bien jurídico protegido?
Se supone que nuestra policía está preparada para actuar de manera eficiente y oportuna cuando
se presente una situación en la que esté en peligro la vida de un ciudadano, ahora no es por
desprestigiar a los elementos policiales, pero eso en la práctica no se da, los elementos policiales
carecen de una respuesta oportuna y eso se da porque, aunque la problemática no es visualizada,
la preparación que reciben no es la adecuada para saber cómo llevar a cabo su labor de manera
eficiente. Aquí existe un exceso de confianza y optimismo por parte del legislador que puede
devenir en un sin número de acciones injustificadas e ilegales en donde el perjudicado va a ser el
ciudadano.
ENTREVISTA N° 2
Nombres y apellidos
Jhonny Gonzales Galarza
Cargos:
Asistente de fiscal, Secretario de fiscal y actualmente Fiscal
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1.- ¿Usted cree que la Policía Nacional ha sido víctima de la delincuencia al no existir una
normativa antes de la reforma que respalde su accionar y eso como resultado los lleve
hacer un mal uso de la fuerza?
En efecto en la práctica antes de la reforma del Código orgánico integral penal, la policía muchas
de las veces no han podido actuar cuando han sido testigo del cometimiento de un hecho, es
decir, la delincuencia ganaba terreno ya que no existía una normativa que respalde el accionar de
la policía, ya que no se encontraba como ahora se encuentra que es una causa de exclusión de la
antijuridicidad de que el policía en cumplimiento del deber legal de servicios pueda él haciendo
uso progresivo, proporcional y racional de la fuerza y tras una amenaza y riesgo eminente pueda
hacer uso de sus armas dadas en dotación, obviamente se tendrá que justificar en un juicio esos
requisitos para poder que exista esa exclusión de la antijuridicidad pero si en la práctica antes de
la reforma la policía nacional si fue víctima de la delincuencia la tener clara dicha normativa
incluso los policías ni siquiera querían muchas de las veces actuar en los procedimientos por
miedo a que se les inicie un proceso penal en su contra sin que una ley les ampare como tal dado
a que existen muchos riesgos inminentes o amenazas que están los policías en procedimientos y
no podían ellos actuar conforme a derecho.
2.- ¿Hasta qué nivel debe aplicarse el uso de la fuerza por parte de los miembros de la
Policía Nacional y Seguridad Penitenciaria cuando el intervenido se resiste al
procedimiento que se está llevando a cabo?
Bueno el nivel que debe aplicarse en el uso de la fuerza por tanto el policía nacional como por el
guía de seguridad penitenciario siempre debe estar frente al riesgo en el cual se encuentra como
por ejemplo si es que una persona que está siendo aprehendida por un delito flagrante se está
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queriendo escapar con un arma blanca el policía no puede contestar o reaccionar con su arma de
fuego, entonces es importante que tanto la policía como los agentes de seguridad penitenciaria
deben de tener en cuenta la aplicación del uso de la fuerza frente al riesgo que ellos están
viviendo en ese momento o la amenaza dado a que no podrían justificar el uso de la misma, por
lo que ellos deben estar pendiente de eso.
Tampoco por la reforma al código orgánico integral penal que de alguna manera ampara el
cumplimiento del deber de la policía nacional y seguridad penitenciaria ellos van a aprovechar de
esto para mal utilizar de pronto algún arma dada en dotación o irse más allá del uso progresivo
de la fuerza, sino que deben tener siempre el nivel frente al riesgo que se presenta en ese
momento.
3.- ¿Cree usted que es oportuno o inoficioso este articulado 30.1 sabiendo que los policías
tenían el deber legal de actuar?
Bueno de acuerdo a la experiencia yo considero muy importante esta reforma ya que respalda el
servicio en el cumplimiento del deber de la policía nacional y agentes de seguridad penitenciaria
para que ellos obviamente viendo y teniendo en cuenta el uso progresivo de la fuerza puedan
actuar frente a una amenaza o riesgo incluso sea como lesiones o como muerte que cause en esta
persona pero es importantísimo esto ya que les va a dar un poco de seguridad a ellos para poder
cumplir siempre y cuando respeten el uso progresivo de la fuerza.
4.- En su calidad de fiscal ¿Cuántos casos conoce usted sobre un mal uso de la fuerza por
miembros de la Policía Nacional o Guías de Seguridad Penitenciaria?
En realidad, yo solo he tenido un solo caso que se tramito porque hubo un mal uso de un arma de
fuego y no se tuvo en cuenta el uso progresivo de la fuerza por parte del policía nacional, fue un
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caso en donde hubo una persecución e hizo uso el policía de su arma de fuego y producto de esa
arma de fuego murió una persona que incluso no era quien estaba en persecución, era una
adolescente que se encontraba cerca de los hechos en una hamaca y que lamentablemente este
proyectil le impacto y producto de aquello perdió la vida.
5.- ¿Cree usted que la reforma del artículo 30.1 le otorga a los miembros de la Policía
Nacional y Seguridad Penitenciaria la discrecionalidad para decidir cuándo se encuentra
en peligro un bien jurídico protegido?
El artículo es claro en teoría, pero el legislador no previo que quien interpreta el articulo son
seres humanos, en este caso se pone en discusión lo que debe ser y lo que es, siendo nuestra
policía nacional nutrida por elementos que en algunas ocasiones no actúan de la mejor manera y
hacen uso de la fuerza de manera excesiva, se ha dado antes de la reforma y ahora se dará con
más frecuencia que veamos a un policía actuar de manera inadecuada excusando o justificando
que se encuentra en actos de servicio o que noto que había un bien jurídico en peligro, porque al
final del día, es subjetivo de cada uno de nosotros interpretar las acciones y situaciones que se
dan en nuestra presencia.
ENTREVISTA N° 3
Nombres y apellidos: Jorge Felix Torres Vega
Cargos: Presidente del Colegio de Abogados de el Oro, Vocal del tribunal Electoral de El Oro,
Abogado en libre ejercicio por más de 20 años.
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1.- ¿Usted cree que la Policía Nacional ha sido víctima de la delincuencia al no existir una
normativa antes de la reforma que respalde su accionar y eso como resultado los lleve
hacer un mal uso de la fuerza?
Pienso que es necesario especificar las situaciones que se han dado atreves de la historia con la
policía nacional. La Policía Nacional ha sido perpetuadora de abusos contra los ciudadanos
comunes, pienso fundamental que jamás ha faltado normativa que deje en indefensión a la
policía nacional frente a los delincuentes. Ellos cuentan con el uso progresivo de la fuerza y la
legitima defensa, lo que nos lleva a encontrar el verdadero problema, que más bien se centra en
la falta de dotación y preparación de los elementos policiales.
2.- ¿Hasta qué nivel debe aplicarse el uso de la fuerza por parte de los miembros de la
Policía Nacional y Seguridad Penitenciaria cuando el intervenido se resiste al
procedimiento que se está llevando a cabo?
El uso progresivo de la fuerza responde a la conducta del intervenido al momento de ser detenido
o aprendido, al ser progresivo debe ir por todos los niveles, como lo establece el manual del uso
de la fuerza. Si dado el caso el elemento policial debe hacer uso de su arma de dotación para
repeler un ataque contra él o un tercero, su accionar estaría justificado.
3.- ¿Cree usted que la reforma del artículo 30.1 les otorga a los miembros de la Policía
Nacional y Seguridad Penitenciaria la discrecionalidad para decidir cuándo se encuentra
en peligro un bien jurídico protegido?
La verdad, en mi interpretación del artículo puedo notar que el fin más allá de la protección de
los ciudadanos responde a una represión por parte de la policía nacional, inclusive es una forma
de criminalizar la protesta social. Le estamos dando la potestad al policía que en fracciones de
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segundo actúe que no debería ser malo, pero por la poca o nula preparación de nuestros
efectivos, resulta ser más perjudicial que beneficioso, imagínate tú, un policía que presencia una
agresión física sin ninguna arma, hacia algún familiar de él y utiliza su arma de dotación para
repeler el ataque causando la muerte del agresor, ¿sería justo que por una pelea común seas
asesinado y encima ese asesinato sea justificado? Pues, por ende, a nuestros legisladores les hace
falta empaparse más con la realidad social de nuestro país y sus instituciones.
82
CAPITULO IV
PROPUESTA
JUSTIFICACIÓN
A través de la tesis planteada la cual se refiere a “ El cumplimiento del deber legal de la o el
servidor de la Policía Nacional y Seguridad Penitenciaria en la reforma al Código Orgánico
Integral Penal” lo que se busca es que se suprima el último párrafo del artículo 30.1 del Código
Orgánico Integral Penal, debido a que este párrafo entrega a la Policía Nacional y a los miembros
de la Seguridad Penitenciaria la potestad de actuar cuando ellos crean que se pone en peligro un
bien jurídico protegido, lo cual en teoría no es malo, eso si nuestras instituciones históricamente
cumplieran lo que establece el texto de la ley de manera infalible, cosa que no sucede en nuestro
país. Por lo tanto, se convierte en un problema de seguridad social, debido al gran número de
casos que se han suscitado en los que se involucra a un elemento policial, un miembro de
seguridad penitenciaria y un ciudadano que como resultado dan la violación de derechos al
aplicarse el uso excesivo de la fuerza. Si antes de la reforma se suscitaron estos casos, con la
reforma que le permite al policía dirimir si en una situación particular se está poniendo en peligro
la vida de una persona y como debe proceder ante tal situación, sin duda los casos aumentaran.
Mediante las entrevistas que realizamos a expertos en el ámbito jurídico y de seguridad
penitenciaria llegamos a la conclusión que la inclusión de ese párrafo en la reforma del artículo
30.1 resulta ser más perjudicial que beneficioso.
Objetivo general
Que se suprima el último párrafo del artículo 30.1 del código orgánico integral penal.
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Objetivos específicos
• Demostrar que los elementos de la Policía Nacional y los miembros de Seguridad
Penitenciaria no están capacitados para en la práctica, dirimir de qué manera
intervenir en un conflicto entre dos o más personas.
• Determinar que el párrafo último del artículo 30.1 del Código Orgánico Integral
Penal resulta ser más perjudicial que beneficioso, por el exceso de
responsabilidades que les otorga a los miembros de la Policía Nacional y los
miembros de Seguridad Penitenciaria.
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CONSIDERANDO
“Que el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador enmarca al
ordenamiento jurídico nacional dentro de los lineamientos de un estado constitucional
de derechos y justicia y que es necesario realizar cambios normativos que respondan
coherentemente al espíritu de la constitución; que en el inciso primero del artículo 424,
se ordena que la constitución es la norma suprema del estado y prevalece sobre cualquier
otro del ordenamiento jurídico y, por lo tanto, las normas y los actos del poder público
deben mantener conformidad con las disposiciones constitucionales;” (Asamblea
Nacional, 2018)
“Que la Asamblea Nacional de acuerdo con el artículo 84 de la Constitución, tiene la
obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los
derechos previstos en la Constitución e instrumentos internacionales; En ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y legales;”
Ejercitando las facultades que establecen la constitución y la ley, la Asamblea Nacional:
(Asamblea Nacional, 2018)
RESUELVE LA MODIFICACION DEL ARTÍCULO 30.1 DEL CÓDIGO ORGÁNICO
INTEGRAL PENAL, EL CUAL QUEDARA DE LA SIGUIENTE MANERA:
Articulo 30.1.-Cumplimiento del deber legal de la o el servidor de la Policía Nacional y
de Seguridad Penitenciaria. - Existe cumplimiento del deber legal cuando una o un
servidor de la Policía Nacional y de Seguridad Penitenciaria, al amparo de su misión
constitucional, en protección de un derecho propio o ajeno, cause lesión, daño o muerte a
otra persona, cuando se agrupen los siguientes requisitos:
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1. Que se realice en actos de servicio o como consecuencia del mismo;
2. Que, para el cumplimiento de su misión constitucional, dentro de su procedimiento
profesional, observe el uso progresivo, proporcional y racional de la fuerza; y,
3. Que exista amenaza o riesgo inminente a la vida de terceros o a la suya propia o para
proteger un bien jurídico.
Por acto de servicio se entienden las actuaciones previas, simultáneas y posteriores,
ejecutadas por la o el servidor en cumplimiento de su misión constitucional y el deber
legal encomendado, inclusive el desplazamiento del servidor o servidora desde su
domicilio hasta su lugar de trabajo y viceversa. (Reforma al Código Orgánico Integral
Penal, 2019, pág. 4)
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CONCLUSIONES
• No era necesaria una reforma en la cual la norma regule el actuar de la policía nacional
ya que este se encuentra regulado en el código de conducta, además del que el mismo
Código Orgánico Integral Penal ya respaldaba el actuar de los elementos policiales.
• El último párrafo del artículo 30.1 le entrega potestades y responsabilidades a una
institución que históricamente se ha caracterizado por la ineficiencia e inoperancia al
momento de realizar sus funciones constitucionales.
• Si bien es cierto, la reforma amplia e incluye a los miembros de la seguridad penitenciaria
por los hechos suscitados hasta la actualidad podemos notar que el problema no es la
inclusión de más normativa sino más bien la falta de capacitación del elemento humano
encargado de hacer cumplir.
RECOMENDACIONES
• Que exista una mejor capacitación para los elementos policiales y miembros de la
seguridad penitenciaria para de esa manera mejorar la eficiencia en su labor.
• Las reformas que se incluyan en nuestra normativa deben ser en contexto con la
realidad social de nuestro país y el desempeño histórico de las instituciones que van a
hacer cumplir dichas reformas legales.
• En vez de crear normativa para regular conductas y situaciones que ya están
reguladas, se debería invertir en el elemento humano, ya que no tiene sentido crear
una ley infalible, se debería invertir en el elemento humano, que es el encargado de
hacer cumplir esa ley.
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REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍA
Albán Gómez, E. (2005). Manual de Derecho Penal Ecuatoriano. Quito: Legales EDLE S.A.
Alexi, R. (2016). Teorias de los Derechos Fundamentales. Obtenido de Cuestiones Constitucionales:
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-
constitucionales/article/view/5822/7696
BBC NEWS. (29 de 05 de 2020). Muerte de George Floyd: detienen y acusan de homicidio a Derek
Chauvin, el expolicía que puso su rodilla sobre el cuello del afroestadounidense. Obtenido de BBC
NEWS: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52856286
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