www.unperiodico.unal.edu.co • un_periodico@unal.edu.coBogotá D. C., n.º 172, noviembre de 2013

Publicación de la Universidad Nacional de Colombia • ISSN 1657-0987

Zeolita,mineral promisorioque el país podría explotar

Ciencia17

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Quebradas antioqueñas albergan tres nuevas especies de peces

Conservación18Medicamentos, otra lista de espera para receptores de órganos

Salud14En Bogotá bajan los homicidios, pero aumentan otras violencias

Ciudad3

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Agroquímicosenvenenan suelos en Colombia

En el país se aplican 499,4 kg de fertilizantes de síntesis química por cada hectárea cultivada, mientras que el promedio en América Latina es de 106,9 kg. El resultado de este exceso es mayor erosión de los suelos y menor productividad. Ante dicha problemática, la agroeco-logía se presenta como una solución efectiva y menos costosa.

Naturaleza y cultura, fuentesolvidadas de innovación y diseño

Innovación

La innovación, como un proceso que incide en el desarrollo y la competitividad de los países, no puede restringirse al Gobierno y a las empresas. La academia juega un papel imprescindible en mejorar los productos y servicios, pero para ello debe volver a la naturaleza y a la cultura como fuentes de inspiraciónde donde podrían derivarse avances significativos.

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Director: Jaime Franky RodríguezCoordinación periodística: Nelly Mendivelso Rodríguez Coordinación editorial: Carlos Andrey Patiño Guzmán

Comité editorial: Astrid Ulloa, Jorge Echavarría Carvajal, Horacio Torres, Luis Carlos Colón,André N. Roth, Juan Álvaro Echeverri, Álvaro Zerda

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Las opiniones expresadas por los autores y sus fuentes no comprometen los principios de la Universidad Nacional de Colombia ni las políticas de UN Periódico

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Internacional

Siria y la intervenciónimperial anunciada

La noción de soberanía imperial global articula las tres mejo-res formas de dominio en la representación política: monar-quía, aristocracia y democracia, escudados bajo el imaginario abstracto del pueblo. Este es un tipo de gobierno planetario descentrado, desterritorializado y en red, que “autoriza” y justifica las guerras preventivas.

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Miguel Ángel Herrera Zgaib,Profesor asociado,

Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales

La compra de máscaras anti-gases en los suburbios de ciudades israelíes, contiguas a Siria, es in-dicio de que allí habrá una acción “preventiva”, como ocurrió en Iraq. Situación que estaría facilitada por el barco de guerra estadounidense, aparcado en las cercanías de este país hace algunas semanas.

El acto demencial de usar gas sarín contra la propia población rebelde, en un área de Damasco, la capital, es el fulminante que ha colmado la paciencia del mundo, incluidos China y Rusia, cuyo po-der de veto en el Consejo de Segu-ridad de la ONU está intacto.

El Ministro sirio de Relaciones Exteriores, Walid Muallem, amena-za con una respuesta soberana a la eventual agresión, con el uso de "armas que sorprenderán a estos cruzados imperiales". Asimismo, insiste en que la muerte de las cerca de mil víctimas, exhibidas por los medios internacionales, no resultó de acciones del Gobierno de Bashar Al Asad.

Incluso, la propaganda del Go-bierno trató de mostrar al mundo artefactos y armas que sugerirían que los propios rebeldes fueron los causantes de tal acción crimi-nal y despiadada, que dejó 1.300 muertos (o al menos 355, según informa la organización Médicos sin Fronteras).

El Ministro de Información del régimen sirio, Omran Al Zubi, de-fiende la causa del presidente Bas-har. Por ahora, el dictador electo espera el resultado de la misión de la ONU, organismo que recogió res-tos de la masacre en la localidad de Muadamiya, en la zona de Guta.

En medio de la tragedia

En esta coyuntura se prue-ba un debate conceptual y políti-co, ¿cómo leer y entender lo que Negri y Hardt llamaron la cons-titución política del presente, en el primer volumen de la trilogía Imperio (2000)? ¿En qué medida la gobernanza global obra como he-rramienta del gobierno planetario, en lugar de los Estados cuya sobe-ranía está disminuida por el éter, la bomba y la moneda?

El gobierno imperial sobre el planeta integra las tres mejores for-mas de dominio (monarquía, aris-tocracia y democracia) bajo una sola representación. Este es un tipo de Gobierno descentrado, desterri-torializado y en red, característico de la posmodernidad, que está re-gida, en últimas, por los dictados del capital global.

Ya hubo experiencias que pu-sieron a prueba este esquema y su poder explicativo de lo que acon-tece en la realidad del orden capi-talista. Es el caso de Rusia, China, Cuba y Corea del Norte, socialis-tas; y de otro lado, Irán, Venezuela, Ecuador o Bolivia. Todas estas na-ciones hacen notar sus ejecutorias independientes, invocando la so-beranía de los Estados nacionales y algunos, incluso, destacan la auto-

determinación de los pueblos para obrar por su propia cuenta.

El monstruo democrático

Negri y Hardt añaden a los actores tradicionales en la escena mundial de los siglos XX y XXI la emergencia de las multitudes, de las que hablara el novelista y en-sayista alemán Ernst Jünger, en El trabajador. Dominio y forma.

Negri llama a la multitud el monstruo bio-político. Es el po-der constituyente que despliega “la monstruosa creatividad de vivir en común”, cuyos primeros pasos los dio en Seattle (EE. UU.), y se echó a andar por los caminos del mundo. Colombia es ahora, uno de esos lugares por los que merodea.

En Iraq, la intervención la hizo Estados Unidos en contravía a lo dispuesto por la ONU. El argu-mento de tener armas químicas o nucleares no se probó antes ni des-pués de la ocupación de ese país. Pero, el mal está causado.

Allí también fue la minoría Suní la que gobernó con Sadam Hussein como líder todopoderoso. Lo que quedó detrás fue un país devastado que aún no recupera el rumbo, pero del que sí se suc-ciona con avaricia el petróleo del subsuelo, en poder de las grandes transnacionales que reemplazaron con creces a las célebres “siete her-manas”.

Siria es el teatro de una guerra civil con 115 mil muertos, donde el sucesor del anterior rey dictador,

cultivado en Europa y casado con una europea, no tiene algún rasgo democrático. Ahora bien, que cam-bie el ajedrez de las fuerzas en Siria les preocupa a todos los grandes jugadores.

La aprobación que ha dado la Liga Árabe al dictamen de la ONU sobre el uso del gas Sarín, sin que el informe definitivo del organismo esté listo, hace pensar que los prin-cipales actores del mundo árabe en alianza con Occidente se disponen a autorizar la intervención.

En el Líbano, Palestina, Egip-to e Israel, sus vecinos, las condi-ciones no son las mejores por su crisis económica y social. Esta in-tervención puede incendiar más el vecindario, dividido ya en dos cre-dos musulmanes, chiitas y suníes. Incluso, la propia Turquía no hace mucho vivió las multitudinarias protestas que fueron reprimidas con sangre por el heredero del mo-dernizador Kemal Attaturk.

En suma, el Imperio represen-ta el papel de policía del mundo, en múltiples hogueras, solo que ahora no hay más acciones preven-tivas, como las que practicó Bush. Pero lo que sí podemos encontrar es espionaje e inteligencia al por mayor.

El uso descarado de los arcana imperii y dominationis (secretos de Estado y secretos de gobier-no) nos recuerdan que vivimos la ‘nueva era imperial’. A pesar de estar sometidas a la vigilancia del Gran Hermano (citada en la novela 1984), solo que ahora tiene tamaño planetario.

Snowden, Manning y Assange no pasarán en vano con sus denun-cias y señalamientos, aunque sigan “encarcelados” de forma diferente, en tres países del bloque aliado de la II Guerra Mundial: Estados Uni-dos, Rusia y Gran Bretaña.

Al Gran Hermano lo desafían las multitudes, no obstante ni Siria ni los países árabes o de credo mu-sulmán descubren aún el rumbo de su liberación. Allí la religiosidad es fundamento de la autoridad dis-crecional de cabezas patriarcales, quienes ordenan y someten sec-tariamente sus sociedades civiles, sin que quieran sacudirse de los oropeles del capitalismo global, como pasó con el desenlace infeliz de la revolución iraní de 1978.

Sin embargo, en todas estas sociedades teocráticas, rendidas al lucro financiero, la multitud en su diversidad hace parte del mons-truo bio-político, que aunque se mueve erráticamente hoy, será im-posible destruirlo.

Y a ninguno de estos poderes le conviene su despertar autóno-mo. Mucho menos a los gobiernos que quieren castigar la bestialidad del dictador sirio Bashar Al Asad, dispuesto a todo con tal de seguir al mando.

En apariencia, lo que “cho-can” son las civilizaciones, como lo declaraba el politólogo estado-unidense Samuel Huntington. La democracia, a secas, será la parte-ra de la nueva historia, pronosti-can otros, quienes no confunden la democracia con el liberalismo occidental, y la piensan inviable si no está asociada a las múltiples formas de lo común.

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En Bogotá bajan los homicidios,pero aumentan otras violencias

Los asesinatos en la Capital de la República están en un mínimo histórico: 17 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. No obstante, un estudio de la UN revela que persiste una sensación general de inseguridad, reflejada en el crimen organizado, la delincuencia común, los con-frontamientos entre identidades y el maltrato familiar.

Carlos Mario Perea Restrepo,Director del Instituto de Estudios Políticos

y Relaciones Internacionales (IEPRI)Andrés Rincón Morera,

Investigador Asociado del IEPRIUniversidad Nacional de Colombia

El conflicto violento en Bo-gotá se muestra inasible, difícil de atrapar. La sensación del ciuda-dano corriente es paradójica: de una parte reconoce la reducción sin pausa del homicidio, pero a la vez percibe un agravado aumento de la inseguridad. En realidad, las tensiones de la conciencia públi-ca responden a las mismas que atraviesan el conflicto urbano: en Bogotá abunda el crimen, el ho-micidio desciende y la violencia se disemina.

Esto supone la presencia de diferencias entre las esferas del conflicto violento. El crimen no conlleva por fuerza al homicidio, pues la criminalidad bogotana no hace del asesinato el centro de su operación (como sí sucede en Me-dellín). Por otra parte, el homicidio no proviene de manera exclusiva de la criminalidad, por el contrario emerge también en contextos so-ciales por fuera de la ilegalidad.

Así las cosas, la violencia no se agota en el homicidio. Otras mani-festaciones de esta se diseminan activadas por conflictos caldeados en lo local y en la vida privada. El conflicto de la capital se constru-ye sobre una relativa “autonomía” de sus criminalidades y violencias, en tanto ninguna condiciona de manera mecánica a las otras. Esta premisa tiene implicaciones cru-ciales al dejar sin fundamento dos extendidas creencias: la primera nos dice que si el homicidio baja la criminalidad, las otras violencias también lo hacen; y la segunda, que la criminalidad está por fuerza acompañada de violencia.

¿Qué sucede entonces en Bo-gotá? Colombia experimenta un descenso en la tasa de homicidio por 100 mil habitantes a partir de comienzos de los años noventa. Sin embargo, la Capital exhibe dos características que la hacen dis-tinta una vez se le compara con el país. Primero, la intensidad del descenso. Entre 1993 y 1996 la ciu-dad y el país tienen un valor igual, pero a partir de este último año Bogotá se descuelga hasta alcanzar en 2012 el bajo nivel de 17 asesi-natos por cada 100 mil habitantes. Segundo, la ausencia de nuevos ci-clos violentos. En 1997 el país entra en un alza que se prolonga hasta el 2002, mientras la caída de Bogotá se mantiene constante sin la pre-sencia de nuevos picos violentos.

Menos muertes, más riñas

En la Capital se constituyó un mandato cifrado en la fórmula de “no matarás”, una conciencia pú-blica en torno al respeto por la vida y a la reducción del homicidio. No es solo un asunto estatal, es tam-bién una conciencia que cruza los procederes del ciudadano.

Sobre todo en el “período de oro” de las políticas públicas (Moc-kus-Peñalosa-Mockus), cuando la

ligazón entre desarrollo y seguri-dad dio paso al mandato de no matar. Bogotá estructuró una labor sistemática en la búsqueda de la erradicación del homicidio a través de la transformación de la convi-vencia.

Sin embargo, y pese a los avan-ces, persisten territorios violentos en zonas donde el homicidio se mantiene en niveles desborda-dos. Al tomar como referencia las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), resulta que 17 de las 93 que existen en la ciudad tuvieron una tasa de homicidio por encima de 25 casos. Miradas con detenimien-to, dos tienen valores por encima de 100; cuatro entre 51 y 100; y 11 entre 25 y 50. Además, encontra-mos que en Bogotá todavía existen lugares donde la muerte se practica de manera brutal.

Lo anterior nos lleva a concluir que en Bogotá abunda el crimen, el cual se encuentra ceñido a tres características. En primera medida, en la capital no existen dominacio-nes territoriales violentas; es decir, no hay presencia de actores que mediante el ejercicio de la fuerza controlen un territorio y su pobla-ción, como sí sucede en Medellín y Río de Janeiro.

En segundo lugar, las formas de operación de las bandas crimi-nales de la capital son localizadas y se caracterizan también porque no comprenden estructuras de segun-do nivel que aglutinen conjuntos de bandas. Caso contrario al de la organización piramidal de Mede-llín, donde los combos le rinden tributo a las bandas y estas, a su vez, a la Oficina. Y en tercer lugar,

hay que mencionar que el asesina-to no es el recurso primario de su accionar.

Bogotá carece de un actor vio-lento o criminal enfrascado en el proyecto de expandir a gran escala la búsqueda de rentas, la apropia-ción de territorios o la dominación de actores. Solo por esa vía es po-sible que, en medio de una por-tentosa criminalidad, el homicidio descienda y se mantenga en niveles reducidos.

El mandato de “no matarás” se trastoca en “robar, pero no ma-tar". La ciudad es impermeable, en general, a la implantación de los actores armados del conflicto.

Con todo, hay una enorme criminalidad fragmentada en dos grandes categorías: crimen orga-nizado y delincuencia común. El crimen organizado se divide en bandas de comercio (legal e ilegal), presentes en el centro de la ciudad y lugares como Corabastos; y en bandas que operan en zonas resi-denciales, como los famosos Pas-cuales de Usaquén y los Magolos de Kennedy, enfocadas ante todo en el tráfico localizado de drogas.

Por su lado, la delincuencia común se divide en bandas espe-cializadas (profesionalizadas en un oficio como los fleteros, los apar-tamenteros, etc.) y grupos esporá-dicos (el atraco callejero). En este contexto, el rasgo distintivo de Bo-gotá es la fragmentación. De esta manera, bajo alguna de esas cuatro modalidades las bandas se riegan por la ciudad, dando sustento a la sensación generalizada de insegu-ridad que experimenta el ciuda-dano.

Por último, la violencia se di-semina bajo diversas modalidades como las confrontaciones entre identidades (barras bravas y varie-dades de skin heads, entre otras), el maltrato intrafamiliar y la muerte entre cercanos. Lo que nos lleva a concluir que el acto de violentar emerge también en contextos so-ciales por fuera de la ilegalidad.

Las lesiones personales tam-bién evidencian la propagación de la violencia, un indicador que se comporta de manera opuesta al homicidio. Mientras las lesiones personales de las otras ciudades permanecen estables (Medellín, Cali y Barranquilla), las de Bogotá crecen de manera considerable.

Esta propagación se hace evi-dente, de igual manera, en las ope-raciones de “limpieza” presentes en numerosos puntos de la ciu-dad. Esta constituye una práctica de regulación que aparece ante el desborde de la inseguridad en las localidades. Se trata de “mantener los barrios sin delincuencia, sin consumo de drogas y sin nada de nada”, sostiene un habitante.

Finalmente, en Bogotá se ge-neran brotes de violencia en las instancias básicas de socialización (la familia, la escuela, el vecinda-rio), lo que configura una cotidia-nidad atravesada por multiplicidad de eventos conflictivos inscritos en circuitos ajenos a la ilegalidad. El recurso a la agresión física y ver-bal, las lesiones personales e in-cluso los homicidios, ingresan en la socialización de niños, jóvenes y mujeres.

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En algunos sectores del Distrito Capital los homicidios siguen siendo un hecho común; 17 de las 93 UPZ que existen en la ciudad tuvieron una taza de homicidios por encima de 25 casos.

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24 Agro

Desarrollo rural no debe sujetarse a diálogos de La Habana

Es momento de reinventar el campo, ampliar el Pacto Nacional Agrario con todos los actores y hacer los ajustes institucionales que permitan asignar prioridades a la política agraria. Esta debe reco-ger las múltiples demandas de los sectores en crisis, para superar el olvido y la deuda con el sector rural y sus habitantes.

Elkin Alonso Cortés Marín,Profesor titular del Departamento

de Ingeniería Agrícola y Alimentos,sede Medellín

Universidad Nacional de Colombia

La Colombia rural, cuya eco-nomía era exclusivamente agrope-cuaria, se transforma a pesar de la disminución gradual de su impac-to en la conformación del PIB. No por ello ha dejado de ocupar un lugar importante en el desarrollo del país y de su economía.

El paro agrario, con su amal-gama de actores (productores de papa, cebolla, cacao, leche, arroz, panela, café y un amplio etc.) re-veló la profunda crisis institucio-nal, ética, jurídica, política, social, humanitaria y económica que vive Colombia.

Si bien, no todos los males pueden explicarse por los tratados, las supuestas bondades del libre comercio han quedado en entre-dicho. Más allá de las proclamas de carácter político e ideológico (de quienes se quieren apropiar del movimiento) y del amplio re-pertorio de demandas y peticio-nes, miles de campesinos están desesperados ante las promesas incumplidas. Con o sin TLC, sus condiciones de vida empeoran.

De poco sirve que ante el re-conocimiento de las particularida-des del agro colombiano (conflicto social y el flagelo del narcotráfi-co) se hayan alargado los perio-dos de desgravación para muchos productos. Con los TLC, el agro se conjetura con poco futuro, ni siquiera como para competir con Ecuador y Perú.

Esas negociaciones, sobre el presupuesto de ceder parte del mercado interno para obtener par-te del externo, nos inundarán de productos que pueden ser obteni-dos en nuestras tierras y con nues-tras manos. Administrar mercados con tan profundas asimetrías, es una pelea de toche con guayaba madura.

Un cambio a la locomotora

En este escenario resulta una quimera la pretensión del acceso a mercados, la eliminación de sub-venciones a las exportaciones y las ayudas internas. Esos factores que distorsionan el mercado deben ser motivo suficiente para implemen-tar fórmulas de salvamento que contribuyan a competir y, sobre todo, a sobrevivir en paz.

Las cifras globales sobre ex-portaciones y otras variables ma-croeconómicas no son la respuesta o solución a las múltiples carencias de los reclamantes rurales, porque su suerte es otra. Esa ocupación pacífica y productiva del campo requiere de una mayor oferta pú-blica de bienes y servicios, para un tránsito equitativo a mejores condiciones de vida, con o sin pos-conflicto.

Dicha oferta puede incluir el acceso a la tierra, la seguridad ali-mentaria, el ordenamiento terri-torial, la regulación de costos de insumos, el mercadeo, los crédi-

Si bien, los TLC no son los únicos responsables de la crisis del campo colombiano, sí han contribuido a precarizar la situación de diversos sectores agrarios.

tos blandos, los servicios públicos de salud, la educación, el agua, la energía, el riego y la asistencia técnica.

La masiva participación cam-pesina y ciudadana ha ampliado la mesa y sensibilizado a otros secto-res sociales. Asimismo, ha confron-tado al actual Gobierno y a una de sus líneas de acción política: la lo-comotora del sector agropecuario, que nunca arrancó.

Hoy se pretende encarrilar esta política en medio de promesas y mesas de concertación; es decir, los ‘enruanados’ han promovido el cambio del maquinista y exigido diversos mecanismos para reducir los costos de producción, con la finalidad de ser competitivos.

También piden un modelo que no privilegie y promueva exclusiva-mente la agricultura empresarial; que se conduela de quienes viven en asentamientos humanos en zo-nas de alto riesgo y que considere los conflictos ambientales y los va-liosos recursos naturales.

En la actualidad hay una ac-ción estatal que no regula, que im-provisa y gestiona precariamente la ocupación del territorio, con una institucionalidad incapaz, a pesar del amplio marco legal, de dar res-puestas prontas.

Es esta suma de conflictos la mejor oportunidad para reencau-zar no solo el sector agropecuario, sino el destino de la nación, de creer y apoyar modelos agrarios fundamentados en las reservas campesinas, en economías rurales,

en la mediana empresa y en los grandes desarrollos agroempresa-riales (como los que se promueven en la altillanura). En Colombia hay espacio y tierras para todos sin des-conocer que la “mano generosa” del Estado debe estimular a los primeros.

Todos debemos reflexionar

El desarrollo rural, el bienes-tar de sus pobladores y la política agraria no pueden estar vinculados exclusivamente a las negociaciones en La Habana, aunque indudable-mente esto facilitaría la tarea. Los campesinos, sus voceros y dignida-des están acá, en Colombia.

Se debe aceptar que el llamado hombre moderno tiene hoy el mis-mo desafío que resolvieron hace si-glos nuestros ancestros, o sea que la vida no se agote. La disponibilidad de los recursos naturales y la forma como los utilizamos, nos imponen la obligación de construir un esce-nario de innovaciones tecnológicas y de convivencia social, en el cual la ética de la vida predomine sobre la ética del lucro económico. Esto cobra más validez en este mundo global que impone nuevos mode-los económicos, patrones de vida, consumo y valores.

El sector rural tiene hoy el reto de definir el papel que deberá jugar en el desarrollo del país, en térmi-nos de su contribución al creci-miento económico, al jalonamiento de otros sectores de la producción,

a la disminución de la pobreza, a la convivencia y a la estabilidad social y política de la nación.

Adoptar un programa de or-denamiento territorial permitirá tener en cuenta las implicaciones existentes de un desarrollo sosteni-ble regional y local, no solo desde la perspectiva político-administra-tiva, sino también en relación con la distribución de la tierra, los con-flictos por su propiedad y su uso, la dinámica de la frontera agrícola, las migraciones, la ocupación en áreas protegidas y el aprovechamiento de los recursos naturales.

El creciente flujo de comercio no ha generado condiciones propi-cias para una internacionalización competitiva y menos en el sector agropecuario. Aún hay desencuen-tros entre instituciones, políticas y condiciones de infraestructura, que gravitan desfavorablemente en las posibilidades de inserción en ese mundo global. El esfuerzo ex-portador ha estado acompañado, también, de una liberalización pro-gresiva de importaciones, en parti-cular de alimentos.

Hay algo claro, y es que desde la intencionalidad no es posible construir país; no habrá cambio si no existe la voluntad política y la suficiente generosidad para re-conocer las estructuras injustas y las condiciones deshonrosas en las cuales sobreviven millones de co-lombianos, en particular los del sector rural.

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Mientras en varios países las agri-culturas alternativas fortalecen a los campesinos y protegen el ambiente, en Colombia la maraña política, el modelo económico y la ignorancia hacen difícil implantar nuevas formas de desarrollar el sector rural.

Tomás León Sicard, Agrólogo e Investigador del Instituto

de Estudios AmbientalesUniversidad Nacional de Colombia

Las reivindicaciones de sec-tores representativos de gremios agropecuarios del país, durante el reciente paro agrario nacional, muestra preocupaciones ligadas, en su mayor parte, a los ingresos económicos de los productores. Esto es un asunto natural en este tipo de actos sociales, pero son escasas las reflexiones sobre las causas últimas de la profunda cri-sis del sector.

Pocas manifestaciones hubo en torno al modelo de desarrollo agrario de Colombia, el cual sigue lineamientos generales de apertu-ra económica y tecnológica, esta última muy ligada a la denomina-da Revolución Verde (RV), a través de innovaciones en fitoquímica, mejoramiento genético y maqui-naria agrícola.

A pesar de que la RV dejó ven-tajas significativas como el ren-dimiento creciente por hectárea y la reducción de las superficies sembradas; existen críticas a este modelo en relación con la con-taminación de suelos y aguas, la reducción de la biodiversidad, la erosión y la polarización de las so-ciedades agrarias.

Como consecuencia, desde los años ochenta aparecieron movi-mientos alternativos, entre ellos los de agricultura ecológica (AE), que plantean paradigmas diferen-tes en la concepción científica y en las maneras de ejercer la acti-vidad. Estos grupos han tomado varios nombres en función de su naturaleza, principios y métodos (agriculturas naturales o de cero intervención, biodinámicas, orgá-nicas o ecológicas).

En defensa del ambiente

La AE se basa, entre otras prác-ticas agronómicas, en cambiar mo-nocultivos por policultivos, en la disminución de fertilizantes exter-nos, en la promoción del reciclaje de abonos orgánicos producidos en la misma finca y en la elimina-ción total de plaguicidas y de plan-tas genéticamente modificadas.

Evidentemente, estas prácti-cas se ejecutan en relación directa con una constelación de elementos

culturales que permiten la ejecu-ción de la AE como práctica alter-nativa. Estos incluyen la concien-cia ambiental de los productores, la disponibilidad de tecnologías alternativas, el acompañamiento institucional y una base filosófica diferente para abordar la produc-ción de alimentos.

La agricultura ecológica y sus similares (la biodinámica o la per-macultura) se incrementan en el mundo a tasas cercanas al 20% anual. Esto debido a que la socie-dad reconoce sus beneficios, que van desde la salud de los consu-midores hasta la disminución de problemas de erosión de suelos, restauración de ecosistemas de-gradados e, incluso, defensa contra inundaciones y sequías.

Según los expertos Helga Wi-ller y Lukas Kilcher (2011), las hec-táreas (ha) dedicadas a todo tipo de agricultura ecológica certificada en el mundo, incluyendo aque-llas en reconversión, llegaron en el año 2009 a 37.232.000 ha (en 1999 fueron 11 millones y en 2008, 35,2 millones).

Lo anterior corresponde al 0,9% de las tierras agrícolas del mundo, las cuales se calcula llegan a los 1.500 millones de ha (si se su-man las de uso agropecuario y fo-restal serían 4.900 millones de ha). La penetración de la AE en algunos países es mucho más elevada que el porcentaje mundial; es el caso de las Islas Malvinas (36%), Lie-chtenstein (27%) y Austria (18,5%).

Una opción viable

Siete países poseen más del 10% de sus tierras en AE. El dato suministrado incluye casi 12 mi-llones de hectáreas en pastoreo extensivo en Australia. La misma

fuente advierte que en estas activi-dades se ocupaban 1,8 millones de productores (1,4 millones en 2008) en 160 países.

En América Latina, unos 280.000 productores cultivaron 8,6 millones de hectáreas de tierra de manera orgánica en 2009, lo que equivale al 23% del global mundial en AE y al 1,4% de la tierra dedicada a labores agrícolas en el planeta.

Los principales países por hec-táreas fueron Argentina (4,4 millo-nes), Brasil (1,8 millones) y Uru-guay (930.965). La proporción más alta de tierras agrícolas ecológicas se reportan en las Islas Falkland/Malvinas (35,7%), la República Do-minicana (8,3%) y Uruguay (6,3%).

Ahora bien, ¿Podría la Agri-cultura Ecológica ayudar a resol-ver parte sustancial de los actuales problemas del sector agropecua-rio colombiano? La respuesta es un sí rotundo. Si el país decidiera apostar por este camino, que en la actualidad ocupa entre el 1% y 2% de la producción nacional (unas 50.000 ha certificadas), muchos conflictos del sector encontrarían respuestas.

Por ejemplo, la promoción de policultivos diversos y las conse-cuentes prácticas de no dejar los suelos desnudos, podrían contri-buir fuertemente a evitar los de-rrumbes, deslizamientos e inun-daciones en las épocas de lluvias intensas. Esto porque los suelos retendrían más agua y la liberarían lentamente, evitando las crecien-tes súbitas de los ríos y guardando el líquido en el mismo suelo para los períodos de sequía.

El reciclaje de la materia or-gánica en las mismas fincas, hace que ellas se vuelvan autosuficien-tes y que no requieran la compra continua de fertilizantes o que su

adquisición se torne más ocasional y controlada, siempre en función del análisis de suelos.

Este mismo abonamiento or-gánico hace que los suelos sean más resistentes a la erosión o a su degradación física y que, nue-vamente, el consumo de agua sea más equilibrado, al igual que el aumento de su fertilidad.

El hecho de eliminar los pla-guicidas produce altos beneficios, uno de los cuales y, tal vez el más importante, es que los consumi-dores tengan mejoras en la salud. Así, se reducen las posibilidades de intoxicación crónica o aguda, se bajan las tasas de morbi- y mor-talidad y, por ende, se reducen las consultas médicas y las presiones sobre el sistema de seguridad so-cial.

Pero además, al eliminar el uso de plaguicidas (insecticidas, fungi-cidas, bactericidas y otros) se pro-picia la proliferación de insectos benéficos que, a su vez, controlan a los denominados insectos-plaga, reduciendo también la necesidad de comprar productos tóxicos.

Con todo esto, la agricultu-ra ecológica es capaz de asegurar la soberanía alimentaria del país, de generar enormes cantidades de empleo (por lo menos un 30% más que el actual modelo), de incenti-var la creatividad para la prosperi-dad, de aumentar la oferta de pro-ductos exportables y, si se quiere, de dar oportunidades para la paz nacional.

La pregunta es ¿por qué si es tan benéfica, no se expande en Colombia con la misma rapidez que en muchos otros países? Las respuestas, que dan para un deba-te más amplio, tienen que ver con varios aspectos.

Por un lado, con el modelo económico actual, empujado por empresas transnacionales que po-co o nada se interesan en el benefi-cio social y ambiental. Por otro, con decisores políticos que no com-prenden aún en qué consiste esta práctica alternativa. Finalmente, con académicos que se oponen a la AE o con comercializadores que defienden intereses establecidos.

Lo cierto es que la agricultura ecológica es, a juicio de muchos expertos, la solución para los pro-blemas estructurales del país rural y urbano.

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En el país se aplican 499,4 kg de fertilizantes de síntesis quí-mica por cada hectárea cultivada, mientras que el promedio en América Latina es de 106,9 kg. El resultado de este exceso es mayor erosión de los suelos y menor productividad. Ante dicha problemática, la agroecología se presenta como una solución efectiva y menos costosa.

Sandra Uribe Pérez,Unimedios

Pese a la promulgación del Decreto 1988 de 2013 (medida de emergencia que dio salida al paro agrario) no deja de ser alarmante el costo de los agroinsumos en Colombia, pues sobrepasan entre un 30% y un 50% el precio mun-dial. Además, siguen siendo con-trolados por monopolios sin una efectiva regulación por parte del Gobierno.

Esto incide negativamente en los costos de producción de los campesinos, quienes gastan entre un 30% y un 40% de su presupues-to en plaguicidas y fertilizantes de síntesis química industrial (úrea, fosfato diamónico y cloruro de po-tasio, entre otros) para suplir los requerimientos de nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K) de sus cultivos.

Más escandaloso es que en el país se apliquen 499,4 kg de estos fertilizantes por cada hectárea de tierra cultivable, mientras que el promedio en América Latina es de 106,9 kg por hectárea (ver infográ-fico). Peor aún es que no se tomen medidas frente a esta situación.

Esto es evidencia de la depen-dencia compulsiva de los agricul-tores nacionales hacia los agroquí-micos, algo que afecta al bolsillo, al ambiente y a la salud. Asimismo, deja serias dudas sobre qué tanto se conocen las características y re-querimientos nutricionales de los suelos colombianos.

Agro

Apoyo tecnológico e investigación

Según Carlos Fonseca Zárate, exdirector de Colciencias, este pa-norama debe llevar a retomar la investigación en el campo basa-da en la ciencia y la transferencia tecnológica, incluidas algunas eco y biotecnologías beneficiosas para los productores agrarios. Dice que las posibilidades se abren ahora que “el 25% de los recursos solici-tados por los departamentos en los proyectos de regalías son para el sector agropecuario”.

De cara a la competencia in-ternacional a la que han sido ex-puestos los agricultores a partir de la firma de los TLC, es clave dar mucho más acompañamiento en ciencia, tecnología e innovación, a la par que se toman decisiones acerca de la investigación que se debe hacer. Esto con el fin de supe-rar la gran desventaja en la que se encuentran nuestros campesinos frente a Estados Unidos y Europa,

donde sí cuentan con subvencio-nes del Gobierno.

En este sentido, Fonseca men-ciona que, por ejemplo, no hay estudios en profundidad con res-pecto a los lugares donde podría hallarse roca fosfórica en el país. Por otra parte, recuerda que este territorio –el más biodiverso del mundo por metro cuadrado– tie-ne muchas posibilidades de hallar microorganismos fijadores de ni-trógeno (N

2), esencial para el creci-miento vegetal.

Dependencia y ambiente

Existen opciones como la agri-cultura biológica y la agroecología para que la economía campesina no dependa de insumos nocivos ni de las fluctuaciones del mercado o la cotización del petróleo (para producir úrea, por ejemplo, se re-quiere una enorme cantidad de la energía que se obtiene a partir de este combustible fósil).

Además de la ventaja en los costos, no utilizar dichos fertili-zantes contribuiría a mejorar las propiedades del suelo y a garanti-zar productos competitivos en el creciente mercado mundial de los orgánicos. Por ejemplo, favorecer una alimentación sana e incluso contribuir a la mitigación del cam-bio climático y a la regulación de algunas plagas que pueden ser es-timuladas por la excesiva presencia de nutrientes como el nitrógeno.

Otro aspecto importante es el cuidado del ambiente. La profesora Marina Sánchez de Prager, del Gru-po de Investigación en Agroecología (GIA) de la Universidad Nacional de Colombia en Palmira, advierte que hay un abuso en el uso del ni-trógeno y el fósforo. De hecho, las mismas empresas de agroquímicos reconocen que de cada kilogramo de fertilizante aplicado, la planta solo toma alrededor del 40%; el restante 60% se pierde por diferen-tes vías que contaminan el agua y el aire.

Los fertilizantes orgánicos son una alternativa viable en Colombia, pero falta apoyo oficial para que sean más utilizados.

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Colombia tiene exceso de fertilizantes Los siguientes datos, tomados del Banco Mundial, muestran el consumo de fertilizantes en diversos países del mundo durante los años 2002 y 2009.

* Indicadores del desarrollo mundial. Informe Banco Mundial

126 125113 109

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Consumo de fertilizantes (kilogramos por hectárea de tierras cultivables)*

PapaCaña deazúcar Pasto

Arroz de riego

Maízblanco

Cafétecni�cado

Plátano CebollabulboAlgodónSorgo

Porcentaje del costo de los fertilizantes dentro del valor total de la producción de los cultivos

Entre21% y 27%

Entre18% y 19%28%

Entre16% y 39%

Entre21% y 28%

Entre51% y 61%

Entre21% y 23%

Entre12% y 22%

Entre17% y 20%

Entre4% y 7%

Fuente: Conpes 2009

Según la experta, a esto se su-ma la sedimentación del mar y las afectaciones a la salud. De otro lado, el exceso de nitrógeno en for-ma amoniacal (uno de los gases de efecto invernadero), hace que se produzca CO2 e incluso llega a quemar las plantas.

Tomás León Sicard, docente del Instituto de Estudios Ambien-tales (IDEA) de la UN, asegura que el uso excesivo de agroquímicos se debe a su relativo éxito en la producción agrícola. No obstante, la incorporación de sustancias ri-cas en nitrógeno, fósforo y potasio genera desbalances en la disponi-bilidad de otros nutrientes y ello, a su vez, puede causar desequi-librios (como exagerada produc-ción de azúcares en las plantas). Lo anterior se traduce en problemas fitosanitarios que para ser contro-lados requieren otro elemento del mismo modelo: los plaguicidas.

Otras prácticas en el agro

Pensando en todo esto, desde hace cerca de 20 años la UN busca nuevas alternativas y experimen-ta con insumos como la materia orgánica que producen las fincas (compostaje) o la biomasa que se recicla (hojas, malezas, restos de la floración y la fructificación que se convierten en masa muerta y, lue-go, en nutrientes).

Mediante estas vías se contri-buye a suplir las necesidades o des-equilibrios resultantes del uso de agroquímicos.

Además de estas estrategias, se realizan prácticas y se comparten con los agricultores técnicas para preparar y usar el compost adecua-damente.

Otra posibilidad efectiva es la tecnología agroecológica de los abonos verdes (AV). La profesora Sánchez explica que esta práctica consiste en utilizar especies vege-tales, especialmente leguminosas, que capturan N2 del aire, lo llevan a formas orgánicas y lo depositan

en las plantas y en el suelo, con lo cual este se suple de amonio (NH4) y nitrato (NO3).

Así se proporcionan conteni-dos similares a los de fertilizan-tes de síntesis. Precisamente, en la actualidad hay tres trabajos del Doctorado en Agroecología (desa-rrollado en la UN en Palmira y en la Universidad de Antioquia) que investigan al respecto.

Algo importante es no olvidar que el suelo está vivo y que exis-ten enormes cantidades de micro-organismos que lo habitan (hon-gos, bacterias, actinomicetos), que aportan soluciones a las necesida-des de las plantas. Según Sánchez y otros investigadores, al utilizar le-guminosas en los AV se pueden lle-var a cabo procesos de simbiosis, es decir, relaciones beneficiosas entre las raíces y los microorganismos.

Algo en lo que coinciden Fon-seca y los profeso-res Sánchez y León es en la importan-cia de sembrar bio-diversidad en vez de monocultivos, para darle un uso eficiente al suelo. Una alternativa es sembrar maíz y fríjol (o soya y maíz), pues el sistema radical del fríjol ayuda a fijar el nitrógeno e incorporarlo al agroecosistema. Así, poco a poco, se deben suspender los fertilizan-tes artificiales y mientras dura este proceso, se preparan los abonos orgánicos para disminuir el uso de químicos, de tal modo que no se afecte la producción.

Para certificar el suelo como apto para cultivos orgánicos, se de-be esperar una transición de tres años. El ahorro en los costos de los abonos químicos, así como el creciente mercado mundial, que pide alimentos limpios y sanos, puede estimular a los agricultores a involucrarse en esta beneficiosa empresa.

Lograr esto, según el profesor León, es una cuestión de “autono-mía” de los productores, pues son

ellos quienes disminuyen o eli-minan la compra de insumos. De todas maneras, son decisiones que van en contravía de los intereses establecidos y de la acumulación de poder de las grandes empre-sas transnacionales, productoras y dueñas del monopolio de insu-mos.

Más ideas ecológicas

El profesor León señala otra iniciativa del IDEA, a través de la cual se implementa lo que han lla-mado la “estructura agroecológica principal de la finca”. Esta estrate-gia es, en el fondo, una manera de conservar y aumentar la agrobio-diversidad a través de conectores (cercas vivas) externos e internos.

Para ello, se utilizan hileras di-versificadas de árboles que tengan asociadas plantas herbáceas y ar-

bustivas, ojalá con flores, conectadas con corredores de bosque (no se utili-zan ni eucalipto ni pino porque evitan el crecimiento de ciertos microorga-

nismos o acidifican el suelo). Esto genera, entre otros efectos positi-vos, oferta de alimentos y hábitat para diversos insectos benéficos, control de la erosión y disminu-ción de la fuerza del viento. Entre más biodiversidad haya, mucho mejor.

Por otra parte, en el grupo en Microbiología del Suelo de la UN en Medellín, la investigadora Laura Osorno Bedoya aprovecha dos mi-croorganismos que viven en el suelo (Morteriella sp y Aspergillus niger) que son capaces de producir ácidos con propiedades para solubilizar la roca fosfórica con la cual se obtiene un biofertilizante fosfórico.

En otro ámbito investigativo, el grupo interdisciplinario de Biotec-nología de Micorrizas Arbusculares de la UN, dirigido por la profeso-ra Alia Rodríguez Villate, demostró que los hongos formadores de mi-

corrizas arbusculares mejoran el rendimiento de los cultivos, en par-ticular el de yuca. Estos reducen en un 50% la aplicación de fertilizan-tes fosfatados y ayudan a la planta a absorber nutrientes de forma más eficiente.

Asimismo, el Instituto de Bio-tecnología (IBUN) de la UN, en asocio con la empresa Biocultivos S.A., desarrolló tres biofertilizan-tes (que ya se encuentran en el mercado), cuyos ingredientes ac-tivos son microorganismos que mejoran la nutrición de los culti-vos de arroz.

Es importante mencionar que los sistemas agrosilvopastoriles de ganado, desarrollados espe-cialmente por el profesor Enrique Murgueitio y la ONG CIPAV, ade-más de aumentar la cantidad de reses por hectárea (de 1 a 4 o 5), ayudan a enriquecer los suelos de-gradados.

Fonseca destaca que esto se da gracias a la siembra de arbustos de Leucaena sp, que fijan nitrógeno de la atmósfera (el 79,9% del aire que respiramos es nitrógeno) y for-man simbiosis con micorrizas. Otra ventaja es que estos sistemas no permiten la presencia de moscas y aumentan las poblaciones de cuca-rrones que oxigenan el suelo.

Como se observa, los investi-gadores tienen la enorme respon-sabilidad de seguir estudiando la biodiversidad, los suelos y las ri-quezas del país, ahora que existe la posibilidad de contar con recursos de regalías.

Sin embargo, el Gobierno también tiene que aportar su cuo-ta si realmente le interesa (tal y como se había planteado en las iniciativas del Buen Gobier-no) propender por la “seguridad alimentaria y nutricional con ba-se en la vocación agropecuaria del país”, tener “campesinos tra-bajando y viviendo dignamente en el campo” y “gente próspera, sonriente y segura, que ofrezca productos competitivos en el es-cenario mundial”.

De cada kilogramo de fertilizante aplicado, la planta solo toma al-rededor del 40%; el restante 60% se pierde por diferentes vías que contaminan el agua y el aire.

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Restitución efectiva de tierras hará viable el campo

La voluntad política que existe en el país de devolver a miles de campesinos las tierras que les fueron despojadas, requiere también de un respaldo social amplio que incluya a la academia. Esta debe participar en la construcción de políticas públicas que contribuyan a concretar los objetivos de paz y conciliación.

Humberto Vergara Portela,Profesor Asociado

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales

Universidad Nacional de Colombia

En un artículo publicado en febrero de 2011 en UN Periódico, cuando aún no se había aprobado la ley de víctimas (Ley 1448 de ju-nio 10 de 2011), advertíamos que el tema de la restitución de tierras sería sin duda el punto de quiebre de esta norma.

Esto debido a que el país ha presenciado cómo una serie de políticos inescrupulosos, funcio-narios corruptos, sicarios a sueldo, mafiosos, grupos armados al mar-gen de la ley y un entramado oscu-ro de intereses de todo orden, des-pojaron a millones de individuos de sus terrenos, ganados, cultivos y edificaciones durante décadas.

Para ello, utilizaron mecanis-mos fraudulentos e instituciones creadas por la ley, que garantiza-ban la “legalización” del despojo de la propiedad, por lo que des-montar ese entramado implica una titánica tarea en la que el Estado deberá comprometer todos sus re-cursos de poder. Se deben reversar estas aberrantes situaciones para reparar efectivamente a las vícti-mas, realizar la justicia transicional y lograr así la reconciliación entre los colombianos con miras a alcan-zar la anhelada paz del país.

Transcurridos dos años de la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas, los principios que la orientan deben hacerse cumplir, tal como lo consagra el capítulo III del Título IV, que contiene cerca de cincuenta artículos que regulan las acciones de restitución.

En dicha ley, se destacan las acciones de preferencia, progre-sividad, independencia, estabili-zación, seguridad jurídica y pre-vención, todas las cuales implican garantizar el derecho de los des-pojados a recuperar sus tierras o a recibir una indemnización equi-valente a su valor real. Y en caso de no ser posible, a ser protegidos en una etapa de pos-restitución en su retorno al campo, a no ser nue-vamente desplazados y, en fin, a disfrutar de los derechos, garantías y atributos inherentes al derecho de propiedad.

Además de lo anterior, se crea el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente y un procedimiento judicial breve, que no puede exceder de seis meses, ante jueces especializados en te-mas agrarios y de restitución de tierras, con el fin de hacer efectivo el derecho de los despojados.

Asimismo, la ley crea la Uni-dad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, cuyo director, nom-brado directamente por el Presi-dente de la República, está dotado de un fondo provisto de recursos de diferentes fuentes para atender toda la gestión y reparación.

Esta Unidad, que funciona desde enero del 2012, tiene la his-tórica y nada fácil tarea de hacer efectiva la restitución de algo más de 270.000 predios a los propieta-rios que fueron desalojados a lo

largo de los años que lleva el con-flicto que asola los campos colom-bianos.

El papel de la academia

Según las estadísticas de la Unidad de Restitución, a febrero de 2013 se presentaron 32.688 so-licitudes de ingreso al Registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, que corresponden a 2.368.908 hectáreas, siendo Bogotá y Villavicencio las ciudades donde más solicitudes se han presentado.

En cuanto al género del solici-tante, 8.812 son mujeres y 15.216 son hombres. En los departamen-tos de Antioquia, Bolívar, Cesar, To-lima, Meta y Norte de Santander se concentra un poco más del 50% de los predios objeto de reclamación. El Carmen de Bolívar (Bolívar), Tibú (Norte de Santander) y Tur-bo (Antioquia) son los municipios donde se registra el mayor número de solicitudes.

Ahora bien, a julio 31 de 2013, se profirieron 157 sentencias judi-ciales de restitución, ordenando la entrega de un total de 374 predios. De estos, se ha realizado la resti-tución de 173 (según información publicada en http://restitucionde-tierras.gov.co).

Las anteriores cifras reafirman la titánica tarea que tendrán que desarrollar la Unidad de Restitu-ción y el Gobierno Nacional, si en verdad quieren reparar integral y

efectivamente a las víctimas del conflicto armado interno. Será ne-cesario utilizar efectivamente los instrumentos de justicia restaurati-va para alcanzar la reconstrucción del tejido social, reconciliar a los colombianos y lograr la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición.

En esta tarea, la academia colombiana y, particularmente la pública con la Universidad Nacio-nal de Colombia a la cabeza, debe jugar un papel estratégico en la construcción de políticas públicas para contribuir a concretar en la práctica los objetivos de paz y con-ciliación.

Como lo afirmó la ex alta co-misionada de los Derechos Huma-nos de las Naciones Unidas Louise Arbour: “El proyecto de ley de vícti-mas es un esfuerzo muy ambicioso que va en la dirección correcta. Conceptualmente, Colombia ha si-do el país más audaz a la hora de usar los mecanismos para manejar sus problemas. Pero hay desafíos muy grandes en su implementa-ción”.

Con paz hay futuro

Ciertamente, los desafíos son inmensos y las circunstancias po-líticas del momento aconsejan de-tenernos brevemente en señalar varios de ellos.

En primer lugar, la aplicación, desarrollo y concreción de los ins-

trumentos y políticas definidas en la Ley de Víctimas constituyen un paso fundamental, no solo en los aspectos ya señalados, sino tam-bién y fundamentalmente, en la construcción y consolidación de un proceso de paz a futuro.

En segunda medida, educar a la ciudadanía en el conocimiento de las dificultades y bondades de la construcción de una política de justicia restaurativa, de reconcilia-ción y paz es básico para desarro-llar el posconflicto y consolidar una política del perdón.

Finalmente, el proceso de ne-gociación que se desarrolla en La Habana con las Farc es un escena-rio propicio para construir acuer-dos que posibiliten erradicar la vio-lencia como instrumento de acción política. Los esfuerzos y recursos invertidos en ella se deben dedicar a reparar integralmente a las víc-timas, restituirles sus derechos y poder construir un país más justo y equitativo para todos los colom-bianos.

No se debe olvidar que las víc-timas que busca reparar esta ley son el resultado de la violencia desatada por el recurso a las armas, y como señala el profesor Daniel Pécaut, “el problema de la perma-nencia de la violencia en Colombia constituye un obstáculo bastante fuerte para su desarrollo y su fu-turo, y creo que es tiempo de que se busque realmente la manera de llegar a un acuerdo político”.

La seguridad jurídica en las áreas rurales es fundamental para dinamizar la economía de millones de familias.

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El agro también debecultivar la innovación

El sector agrario nacional tiene un inmenso atraso científico y tecnológico que va en contravía de las exigencias del competitivo mercado global. El diseño, la ingeniería y la biología, entre otras, deben trabajar de la mano para innovar los procesos rurales. Este reto poco se discute en la actualidad.

John Fabio Acuña C.,Profesor Asociado

Departamento de Ingeniería Civil y AgrícolaUniversidad Nacional de Colombia

Según datos de la Organiza-ción de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), para el año 2030 se reque-rirá un aumento del 40% en la producción mundial de alimentos. Para satisfacer esa demanda, la mi-rada está puesta en regiones como África y América del Sur, debido a que cuentan con más de 800 mi-llones de hectáreas de las 1.600 millones necesarias para agregar a la producción mundial.

Lo anterior es clara muestra de la necesidad de optimizar la pro-ductividad rural, y por esta razón, debe verse como una gran opor-tunidad para el sector agropecua-rio colombiano, dadas las ventajas que ofrece un clima favorable y la disponibilidad de agua y suelos fértiles a lo largo y ancho del terri-torio.

Es necesario reconocer que la dinámica mercantil global exige la constante innovación en produc-tos y servicios para conquistar y mantener porciones del mercado, más ahora con los tratados de libre comercio vigentes, suscritos y ac-tualmente en negociación.

Sin embargo, los análisis de estructuras de costos de produc-ción en el país, al ser comparados con los de naciones como Estados Unidos, llevan a concluir que la mayor parte de los problemas de competitividad de la agricultura colombiana están asociados con aspectos tecnológicos. Esta con-clusión es similar en los estudios de competitividad de varias cade-nas productivas.

En el campo se siguen apre-ciando aspectos de control y ma-nejo técnico y científico que son susceptibles de mejora o de crea-ción e implementación, ya que en algunos casos son inexistentes.

Es necesario impulsar una cul-tura de la medición que permita tener criterios más amplios que ayuden a tomar decisiones sobre los sistemas de producción y ma-nejo tanto en agricultura como en ganadería. Llevar un control y re-gistro de las variables que inciden en los costos de producción (por ejemplo los impactos ambientales y la eficiencia de los procesos) per-mite canalizar los esfuerzos en la obtención de soluciones que real-mente originen impactos positivos en la relación costo-beneficio.

Más interdisciplinar

Actualmente, existen pro-blemas por la estandarización de ciertos procesos agrícolas cuando deberían tenerse en cuenta las di-ferentes relaciones de agua, suelo, planta y clima que se pueden en-contrar en cada sistema. Es el ca-so de la aplicación de fertilizantes compuestos, que redundan en una costosa e inadecuada dosis nutri-cional para la planta por exceso o déficit.

Es trabajo de disciplinas como la Ingeniería Agrícola, la Fisiotera-pia, el Diseño Industrial, la Agro-nomía y la Biología integrarse para entregar soluciones científicas y tecnológicas puntuales en función de las particulares condiciones ambientales que, aunque aparen-temente más costosas, redundan en un uso eficiente de dichos com-puestos.

De igual forma, no solo es un problema el elevado nivel de pér-didas que se presenta en la ma-

La innovación en el campo pasa por brindar mejores condiciones de trabajo a las personas, con herramientas modernas y técnicas de cosecha que estén a la vanguardia.

yoría de productos en la cosecha y poscosecha. También existen otros inconvenientes, como los irregu-lares niveles de eficiencia en los procesos, causados por el uso de herramientas inadecuadas, o los bajos niveles tecnológicos en el se-guimiento de variables, los cuales inciden también en los costos.

La innovación en este campo debe organizarse a partir del traba-jo multidisciplinario, donde dife-rentes profesiones aporten solucio-nes más integrales a los problemas complejos presentados en estas etapas de cosecha y poscosecha.

Estas soluciones incluyen el diseño de estructuras de protec-ción de cultivos e invernaderos, que brinden condiciones ambien-tales favorables para incrementar las producciones. También la crea-ción de herramientas que eviten lesiones en los operarios por malas posturas o movimientos repetiti-vos. Además, la implementación de procesos que eviten daños en los productos agrícolas por cortes, peladuras o golpes que reducen su vida en anaquel.

Aunque no lo parezca, un área vital es el desarrollo de empaques y embalajes que permitan una óp-tima relación del producto con el aire circundante, ya que se trata de productos vivos que respiran y transpiran durante su transporte y

almacenamiento, produciendo ga-ses, como el etileno, que aceleran su maduración y envejecimiento.

Asimismo, es prioritario inno-var en el diseño de infraestructura apropiada para mantener los ín-dices de calidad de los productos agrícolas manejados, teniendo en cuenta las condiciones ambientales de la zona de producción (tempe-raturas, humedades, luminosidad) y manteniendo la cadena de frío en los productos que así lo requieran.

Prototipos para el campo

Sumado al diseño de solucio-nes tecnológicas que brinden una respuesta integral a los problemas de eficiencia en el campo, la inno-vación en el sector debe enfocarse hacia una disminución en los ni-veles de manipulación del produc-to. Esto incrementa los costos por personal requerido y disminuye la calidad por el tiempo transcurrido desde el momento del corte en la planta hasta el consumidor final.

Significa que se deben susci-tar varios cambios en algunos flu-jos y procesos del agro, los cuales solo podrán ser implementados mediante apropiados planes de transferencia tecnológica. Aquí es fundamental la participación de la comunidad, pues es con sus apor-

tes que se podrán definir los pro-blemas y necesidades del sector en ámbitos como el diseño, así como en la apropiación de las innovacio-nes generadas en el proceso.

Finalmente, la innovación en el sector debe enfocarse en el ade-cuado uso de los residuos de cose-cha. Hay que idear nuevos procesos de transformación y manipulación que brinden un valor agregado.

Se busca que el residuo de un proceso se convierta en la materia prima de otro, de tal forma que lo que hoy llamamos basura sea un material útil, para así lograr impac-tos ambientales y sociales positivos para las diferentes cadenas.

En este sentido, el grupo Ges-tión en Tecnología, Innovación y Diseño Agroindustrial (GTI), de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, ha acumulado una rica experiencia en proyectos de inno-vación cuyos resultados van más allá de las publicaciones.

La interrelación entre diferen-tes disciplinas es un trabajo posible que parte de un mismo objetivo: la investigación y generación de pro-totipos. Para ello se han combinado puntos de vista desde la ingeniería y el diseño para un proceso crea-tivo dirigido a plantear soluciones reales al campo colombiano.

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Regalías para CTI:posiciones encontradasEl nuevo sistema de asignación de recursos para Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) ha originado inquietudes frente al real impacto que ten-drá en el desarrollo efectivo del país. Para algunos, se trata de un modelo politizado que podría ser fuente de corrupción o despilfarro. Otros lo de-fienden e invitan a conocerlo y aprovechar sus fortalezas.

María Luzdary Ayala V.,Unimedios

Los científicos tendrán que aprender a gestionar los proyectos, al mejor estilo del Congreso de la República, si quieren acceder a los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, del Sis-tema General de Regalías (SGR), equivalentes a un 10% del total de ingresos nacionales por este con-cepto.

Así quedó planteado en la jor-nada Debates Universidad Nacio-nal de Colombia, que realizó Uni-medios sobre este nuevo esquema institucional, y que contó con la participación del exrector Moisés Wasserman; la directora de Col-ciencias, Paula Marcela Arias; el vicerrector de Investigación de la UN, Alexánder Gómez, y la exmi-nistra y exsenadora Martha Lucía Ramírez.

El profesor Wasserman dio apertura a las intervenciones ma-nifestando que ha recibido mensa-jes de investigadores que le han ex-presado su dificultad para acceder al Sistema, al cual calificó como la desinstitucionalización del Siste-ma de Ciencia y Tecnología.

El científico precisó que el SGR no surgió de un estudio serio sino de la negociación política en el Congreso. Razón por la cual advir-tió que se trata de un acuerdo muy complicado desde el punto de vista de la transparencia.

También criticó el enfoque del SGR en lo concerniente a CTI, al señalar que no conoce ningún plan de ciencia y tecnología que se haya basado en las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). “Un acueducto rural no se investiga, se construye”, enfatizó el profesor.

El académico consideró que con el nuevo SGR se creó un apa-rato de presentación de proyectos paralelo al que tiene Colciencias. Por lo cual, esta entidad pasó de ente rector y orientador de la po-lítica de CTI, a cumplir solo una secretaría técnica. Igualmente ase-guró que es el momento de revisar el Sistema antes de que sea dema-siado tarde.

Por su parte, el rector de la UN, Ignacio Mantilla, también ma-nifestó su preocupación por lo que, en su opinión, se está convirtiendo en una carrera de “lambonería” en las gobernaciones, que riñe con la tarea de científicos e investiga-dores.

El directivo puntualizó que aunque los recursos destinados a ciencia, tecnología e innovación se han incrementado significativa-mente, todavía no son suficientes.

Aprovechar los ingresos provenientes de la explotación de los recursos primarios para impulsar las capacidades científicas y técnicas del país es una meta que no da espera.

Por cuenta del SGR, el país pasó de destinar el 0,2% del PIB al 0,47, lo que sigue siendo muy bajo frente a países desarrollados como Finlan-dia, donde este rubro representa el 3% del PIB.

Baja competitividad

Por su parte, la exsenadora Martha Lucía Ramírez reclamó una política de Estado más coherente y enfocada hacia la competitividad internacional en materia de CTI, al precisar que Colombia perdió cua-tro puntos en el último año en el Índice de Competitividad Global, y que en 2013, ocupa el puesto 60 entre 142 economías.

En cuanto a la ejecución pre-supuestal en CTI del actual Gobier-no, dijo que solo se ha destinado el 58% de la inversión prevista, cuando faltan diez meses para ter-minar el actual período presiden-cial. Otro indicador que consideró preocupante fue el del presupues-to destinado a Colciencias, el cual fue incrementado en un 23,9% en 2012, pero que en 2013 apenas cre-ció un 6,8%.

Al referirse a la intervención del profesor Wasserman, la exmi-nistra Ramírez coincidió en que enfocar los recursos para CTI a las NBI no es un criterio adecuado y expresó su preocupación por lo que podría traducirse en transitar

por un agujero negro de despilfa-rro y corrupción.

Desde su visión política, recor-dó que los aspirantes a cargos de elección pública quieren mostrar en campaña resultados de corto plazo, lo cual se convierte en una amenaza para el manejo de los re-cursos. “He insistido en la creación de un Ministerio de CTI”, declaró, y aseguró que Colombia cuenta con el potencial para hacerlo.

Mitos y realidades

Entretanto, la directora de Col-ciencias planteó la necesidad de empezar a desmitificar algunos de los argumentos más críticos al Sis-tema. En ese sentido, dijo que el primero de ellos, el de la politiza-ción de las regalías, le hace mucho daño al país, y opinó que no se puede pensar que ningún gober-nador sabe formular ni ejecutar un proyecto. En tal sentido, destacó que con el actual sistema hay nue-vos actores involucrados con los cuales los académicos van a tener que lidiar.

La funcionaria calificó como otro mito la afirmación según la cual las iniciativas no correspon-den a lo que el país necesita. Tam-bién afirmó que Colciencias tiene 21 proyectos aprobados en forma-ción, de 18 departamentos, inclui-

do el Distrito Capital, y 50 agropro-yectos en 20 departamentos.

En su lista de mitos incluyó aquel que sugiere que quienes eje-cutan los recursos no son las uni-versidades sino los políticos.

En cuanto a las verdades, acep-tó que el proceso del SGR es enre-dado y complejo. Aun así, aseguró que desde Colciencias han podi-do influir definitivamente en cada proyecto aprobado, sin necesidad de pasar por encima de la revisión de pares o expertos.

Asimismo, Paula Arias fue en-fática en señalar que mientras esta ley siga vigente hay que cumplirla: “si no nos gusta tenemos que par-ticipar en los ajustes”. Finalmente agregó que los científicos que no han podido avanzar con este es-quema deberían mirar el ejemplo de los 173 proyectos ya aprobados.

Retos interdisciplinarios

En su intervención, el vice-rrector Alexánder Gómez manifes-tó que con el fondo del SGR para CTI se tiene más transferencia de tecnología e investigación aplica-da, que es una función diferente de la que cumple Colciencias, en-tidad dedicada más a las ciencias básicas.

También destacó los retos y oportunidades que ofrece el fon-do y dijo que el sistema ha tenido efectos en el funcionamiento de universidades como la Nacional, porque ha implicado un apoyo de logística y un trabajo interdiscipli-nario que ha articulado las agen-das del conocimiento.

Este fondo, dice el vicerrector, le ha permitido a la Universidad fortalecer la gestión en CTI y par-ticipar en un ambicioso proyecto de becas para maestrías y doctora-dos. Además, la tramitación de los proyectos ha implicado aprender a relacionarse con los gobernadores y conocer más los planes de desa-rrollo regionales.

El profesor Gómez recordó, además, que Colombia no es un país homogéneo en materia de CTI; pues mientras un departamento como Antioquia conecta sus pro-yectos con el plan de desarrollo, otros departamentos como Guai-nía piden ayuda porque no tienen infraestructura para este sector.

Los cuestionamientos y reco-nocimientos al SGR quedaron flo-tando en el ambiente. Pero quedó claro que por tratarse de un siste-ma nuevo, son muchos los ajustes que se deben hacer con base en los tropiezos y aciertos que se perci-ban a partir de los indicadores de seguimiento.

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Momento para ampliar el consenso por la paz

Sin duda, la paz tiene un claro contenido político, pero el proceso debe sobreponerse a los desafíos que plantea la coyuntura electoral. Por eso, carecen de sentido las pro-puestas de suspensión o cierre del diálogo y solo queda una alternativa si se quieren dejar atrás cincuenta años de guerra: asegurar un mandato mayoritario de paz.

Marco Romero,Integrante Centro de Pensamiento

y Seguimiento al Dialogo de PazUniversidad Nacional de Colombia

A un año de instalada la me-sa de diálogo entre el Gobierno del presidente Juan Manuel San-tos y la guerrilla de las Farc, en La Habana (Cuba), el proceso de paz está sometido a un implacable escrutinio, animado por la proxi-midad de las elecciones del 2014.

En ese contexto, se corre el riesgo de confundir la evaluación de los resultados con las urgen-cias electorales de partidarios y opositores. Por esto, es impor-tante hacer un balance que no desconozca los avances y las po-sibilidades para llegar a una paz definitiva.

El primer resultado del pro-ceso es la instalación misma de la Mesa, después de ocho años de una política obsesionada con la derrota militar de las guerrillas. El proceso ha logrado desafiar al llamado “estado de opinión”, ad-verso a las opciones de solución negociada, y ha planteado la ne-cesidad de reconocer el conflicto armado interno y reencauzar el país.

La metodología de aproxi-mación, basada en la confiden-cialidad, permitió desarrollar un primer paquete de acuerdos, a saber: una agenda común, un modelo de diálogo en el exterior y de acompañamiento internacio-nal y un principio de negociación en medio del conflicto.

Luego, las partes conforma-ron sus delegaciones y buscaron el más amplio respaldo en cada uno de sus ámbitos de influencia. También crearon espacios de par-ticipación de la sociedad, a nivel de los foros nacionales, encarga-dos a la Universidad Nacional de Colombia y las Naciones Unidas, y a través de otros mecanismos, como las mesas regionales o los medios electrónicos.

Clamar la apuesta por una solución política ha desperta-do el respaldo mayoritario de la sociedad y de la comunidad internacional. El proceso genera una gran simpatía entre gobier-nos, organizaciones sociales y organismos multilaterales inter-nacionales. Es evidente el apoyo de la Unión Europea, la ONU y la OEA, etc., de igual forma se destaca el respaldo de los Es-tados Unidos y de países lati-noamericanos, muchos de ellos conformados por coaliciones y partidos de izquierda, exitosos en el contexto de la apertura de-mocrática.

Dentro del país, el proceso cuenta con la venia de una espe-cie de coalición social y política heterogénea, que se ha manifes-tado tanto en la marcha por la paz del 9 de abril como en los di-ferentes foros y espacios de par-ticipación.

Allí han concurrido los par-tidos de la Unidad Nacional, la mayor parte del sector empresa-rial, los partidos y movimientos de izquierda y los movimientos sociales en general. Este respaldo cerrado al dialogo de paz se da pese a las profundas diferencias que tienen los sectores populares con el Gobierno en temas relacio-nados con el modelo económico.

Las encuestas de opinión también dejan ver un respaldo mayoritario, mezclado con una dosis no despreciable de escepti-cismo y desconfianza.

Como era previsible, la úni-ca fuente de oposición abierta es la del expresidente Álvaro Uribe, quien apuesta su suerte política a la hipótesis de la derrota militar de las guerrillas y a captar electoralmente un eventual desenlace negativo, tal como ocurrió en el 2002.

Esto se combina con el temor de latifundistas y sectores de la política tradicional a perder sus ac-tuales privilegios en el escenario de un diálogo de paz exitoso, que des-encadene reformas rurales orienta-das a democratizar y modernizar la estructura agraria.

Otro ámbito importante tiene que ver con los contenidos y la ges-tión exitosa de la agenda pactada, la actual es mucho más acotada y realista que las de Tlaxcala o San Vicente del Caguán. Las Farc re-conocen, por primera vez, que la finalidad del diálogo es la termi-nación definitiva del conflicto y el Gobierno acepta discutir con la in-surgencia la política de desarrollo agrario integral.

Además, se incluyen los temas de participación política, política antidrogas y derechos de las víc-timas. Finalmente, se acuerda la refrendación popular de los acuer-dos, con lo cual se desvanece el argumento de la oposición que afirma que en La Habana se está negociando todo a espaldas de la sociedad.

Retos por superar

El proceso registra importan-tes problemas y controversias. Uno de ellos es la continuidad de las hostilidades y las consecuencias humanitarias que ello implica. El Gobierno descarta fórmulas de ce-se del fuego, porque no quiere re-nunciar a la presión militar sobre la insurgencia, argumentando que ello le traería ventajas estratégicas.

Por su parte, la insurgencia ha planteado el cese bilateral e in-cluso ha decidido periodos de tre-gua unilateral. La sociedad civil ha señalado la necesidad de buscar fórmulas humanitarias y frenar los altos índices de desplazamiento forzado en regiones como el corre-dor pacífico.

Otra fuente de polémica es el debate sobre los límites de la agen-da pactada. Mientras la insurgen-cia plantea reabrir temas como el cese del fuego e incluir la minería dentro del enfoque territorial, el Gobierno mantiene una postura de no negociación del modelo econó-mico y político, cuando la agenda incluye el desarrollo agrario y la participación política.

Un punto de desacuerdo adi-cional son las actuaciones que se consideran unilaterales en temas de la agenda que aún no han si-do examinados. La insurgencia ha

mostrado reservas sobre las inicia-tivas gubernamentales del Marco Jurídico para la Paz y el Referendo Constitucional.

Igualmente, genera polémica el tema que tiene que ver con el rit-mo de las negociaciones y su des-encuentro con los tiempos del pro-ceso político y electoral del 2014. El Gobierno critica a la guerrilla por no avanzar en acuerdos en el corto plazo y la insurgencia considera que ese afán se explica por la nece-sidad de apalancar la reelección.

De otro lado, mientras el Go-bierno apuesta a la reelección pre-sidencial, la oposición uribista bus-cará un cambio de 180 grados en la política de paz. Las fuerzas políti-cas que respaldan la continuidad del proceso, pero que no apoyan la reelección, están dedicadas a crear tercerías que impidan la concen-tración de la representación políti-ca entre santistas y uribistas.

En la coyuntura, el asunto ra-dica en que las elecciones tien-den a convertirse en una especie de plebiscito prematuro sobre el proceso de paz y sus resultados pueden afectar la voluntad política en que se sustenta. El Congreso elegido en el 2014 será el cuerpo que decida sobre la convocatoria del Referendo Constitucional o la Asamblea Constituyente y sobre el marco de derechos de las víctimas, entre otros temas.

El desafío inmediato será la elección de un Congreso de la República sensible a La Paz y a los derechos de las víctimas.

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Lo que enfermaes el negocio

Entidades Promotoras de Salud (EPS) vestidas de Gestores de Ser-vicios de Salud (GSS), un proyecto de ley presentado por la socie-dad civil sin mayor eco y una red de hospitales públicos quebrados, constituyen parte de los ingredientes del debate sobre la reforma a la salud. Los Gobiernos nacional y distrital, el Congreso y la socie-dad civil examinaron el proyecto de ley en un mismo recinto.

María Luzdary Ayala,Unimedios

Con el Proyecto de Ley Ordi-naria para reformar el sistema de Salud en Colombia, las Empresas Prestadoras de Salud (EPS), tan cuestionadas por los malos ma-nejos de recursos públicos desti-nados a garantizar este derecho, no solo se mantienen sino que se fortalecen.

Así lo afirmó tajantemente el investigador y docente universita-rio Saúl Franco, durante el debate sobre la reforma al actual sistema de salud, organizado por Unime-dios, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y la Secretaría Distrital de Salud.

Mientras el sistema sea visto como un negocio y no como la ga-rantía de un derecho fundamental, no habrá modelo que funcione, advirtió el académico en la más aplaudida ponencia sobre los in-convenientes que, en su opinión, presenta el Proyecto de Ley 210.

El profesor Franco cuestionó el enfoque de sostenibilidad plan-teado, según el cual se vuelve a dejar sin recursos a la red de hospi-tales públicos, que en la actualidad se encuentran paralizados por su agravada crisis financiera. Al res-pecto, aseguró que la sociedad civil presentó al Gobierno Nacional el Proyecto de Ley 233 de 2013, en el que se plantea un modelo sin ánimo de lucro de los recursos pú-blicos de la salud.

El debate, moderado por el profesor Mario Hernández, giró en torno a varios de los artículos del proyecto que ya fue aprobado por la Cámara de Representantes y que ahora hace tránsito en el Senado de la República.

Intermediación antipática

A su turno, Alejandro Gavi-ria, ministro de Salud y Protección Social, partió de un crudo diag-nóstico. “Tenemos un sector que-brado, con un patrimonio negativo de más de $130.000 millones”. De igual forma, recordó que aunque en los últimos cinco años Colom-bia alcanzó una cobertura muy alta en régimen subsidiado de salud, nunca se cumplió el esfuerzo de entidades territoriales, con lo cual se fueron acumulando las deudas.

El ministro también precisó que el Fondo de Solidaridad y Ga-rantía (Fosyga) resultó un desastre, al acumular una deuda de $500 mil millones en seis meses, lo cual se convirtió en el principio del fin del Instituto de Seguros Sociales.

El alto funcionario se remi-tió a la principal inquietud de los críticos de la reforma, referente a la figura de intermediarios para manejar los recursos destinados a la salud, y aceptó que resulta anti-pática la intermediación privada. Sin embargo, advirtió que el sector público tampoco ha sido el mejor ejemplo de buenos manejos finan-cieros y que las EPS territoriales han sido otro desastre. Mencionó el caso de Caprecom, y preguntó: si el país me dice que estamos ‘capre-comizando’ la salud, ¿qué le digo?

Asimismo, manifestó que el Gobierno se encuentra frente a una alta presión tecnológica, co-mo ocurre en todos los sistemas de salud del mundo. "No se puede pagar la última tecnología, por eso planteamos exclusiones en la Ley Estatutaria, básicamente para lo que no funciona o está en etapa ex-perimental". Además, añadió que

El sistema colombiano de salud vive uno de los momentos más complejos por la falta de recursos y la corrupción.

el Gobierno debe tener control so-bre los medicamentos.

En cuanto a la propuesta de darle la opción a los hospitales uni-versitarios de formar especialistas, aceptó la inquietud de la academia y reiteró que el artículo en cuestión está en revisión.

Entre el derecho y el mercado

Aldo Cadena Rojas, secretario de Salud de Bogotá, aseguró que tanto la Ley Estatutaria como el Proyecto de Ley Ordinaria, contri-buyen a fortalecer el negocio de la salud y las leyes del mercado.

El funcionario distrital se remi-tió a los artículos uno y dos de este proyecto y precisó que, de acuerdo con estos enunciados, se cree que la salud no se puede prestar sino a través de intermediarios.

En cuanto a la sostenibilidad del sistema, tal como lo señala el Artículo 6 de la Ley Estatutaria que se encuentra en revisión en la Cor-te Constitucional, puntualizó que prevalece la plata sobre el derecho fundamental a la salud. De hecho, no se tiene en cuenta el Artículo 334 de la Constitución que deter-mina que bajo ninguna circuns-tancia se podrá invocar la sosteni-bilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales.

Cadena también recordó que hoy el 80% de los hospitales pú-blicos se encuentra en riesgo eco-nómico medio y alto, sin contar los que ya han sido liquidados por

cuenta del esquema de manejo de recursos que está en vigencia. Solo en Bogotá, sostuvo, se han cerrado el Lorencita Villegas, el San Juan de Dios, el Fray Bartolomé, entre otros.

Igualmente, consideró que se-gún el Artículo 31 de la Ley Ordi-naria, que hace alusión al régimen de copagos y cuotas moderadoras, el nuevo sistema mantendrá una barrera de acceso a la prestación del derecho a la salud.

Y para fortalecer su argumen-to de que los Gestores de Servicios de Salud (GSS) son las mismas EPS, pero con diferente ropaje, trajo a colación el parágrafo del artículo en mención, según el cual las EPS podrán transformarse en gestoras de salud. En el artículo siguiente, la propuesta determina que las GSS podrán conformar y gestionar sus redes de prestación de servicios de salud.

Propuesta en discusión

El senador Guillermo Santos, presidente de la Comisión Sép-tima y coordinador ponente del Proyecto de Ley 210 de 2013, ma-nifestó que es un hecho que el sis-tema colombiano está ad portas de colapsar con una deuda que oscila entre los 7 y los 11 billones de pesos. Señaló, adicionalmente, que la propuesta que cursa en el Congreso no ha sido caprichosa y que en un lapso de seis meses se han realizado cerca de veinte

audiencias públicas en Bogotá y otras ciudades del país con dife-rentes actores del sistema.

A su vez, esgrimió que la inicia-tiva está encaminada fundamen-talmente a dos aspectos: el prime-ro, quitarle el manejo de recursos a las EPS (que asciende a cerca de $30 billones); y el segundo, que el esquema de Salud-Mía es diferente al de Fosyga, pues se pretende un manejo de carácter colegiado de los recursos.

En cuanto al plan de benefi-cios, el senador aceptó que a los médicos se les deben dar herra-mientas para determinar el proce-dimiento a seguir con los usuarios sin tener que regirse a un vade-mécum. Aseguró, de otra parte, que Colombia tiene un sistema de medicina curativa, y con la inicia-tiva en curso se busca fortalecer la preventiva.

Ante la lluvia de preguntas que surgieron por el desarrollo del de-bate, el ministro Gaviria manifestó que todavía hay tiempo para ha-cer las reformas que se consideren pertinentes y se comprometió a mantener abierto el debate para ajustar el proyecto de Ley.

El profesor Saúl Franco por su parte, resaltó que esta es una oportunidad de oro que no se pue-de desperdiciar, porque con ella se juega la posibilidad de que en Colombia se garantice el derecho integral a la salud.

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Hábitos saludables disminuyen efectos de la epilepsia

Un programa pionero en atención ha cambiado la vida de 91 mujeres con epilepsia en Bogotá. El estudio demostró que es posible controlar la depresión y mejorar la calidad de vida de quienes padecen este trastorno neurológico, por medio del segui-miento farmacéutico y de un programa que mejora ciertas prácticas cotidianas.

Diana Manrique Horta,Unimedios

Crisis, limitación y depen-dencia fueron las palabras que se instalaron en el pensamiento de Janeth Velásquez cuando escuchó por primera vez el parte médico: Epilepsia. Desde entonces, su vida dio un giro radical y la depresión se convirtió en su nueva compañía.

Cinco años después de cono-cer aquel diagnóstico y tras formar parte del grupo de mujeres del pro-grama de atención farmacéutica, diseñado por Martha Losada Ca-macho, docente del Departamento de Farmacia de la Universidad Na-cional de Colombia, esta mujer de 42 años afirma entre sonrisas: “la depresión salió a volar”.

Según datos de la Organiza-ción Mundial de la Salud (OMS), al menos 25 millones de mujeres en el mundo padecen este trastorno neurológico y son ellas, además, las que presentan peor calidad de vida respecto a la salud de los hombres con esta enfermedad.

“Las mujeres reportan mayo-res reacciones adversas como alte-raciones endocrinas reproductivas, hirsutismo (crecimiento excesivo de vello), síndrome de ovario po-liquístico, obesidad y disfunción sexual, lo cual muchas veces des-emboca en casos de depresión”, in-dica Martha Losada, quien realiza este estudio como trabajo de su te-sis doctoral en Atención Farmacéu-tica en la Universidad de Granada (España).

El programa creado por Losa-da es un ensayo clínico controlado, realizado a 182 mujeres con epilep-sia, en edades entre los 18 y 75 años, residentes en Bogotá y divididas en dos grupos, uno de intervención y otro de control. El estudio de-mostró que es posible mejorar la calidad de vida por medio de la intervención farmacéutica.

Esta exploración se realizó en-tre 2010 y 2012 con el apoyo de la Fundación Liga Central Contra la Epilepsia, como parte de los servi-cios de atención especializada que allí se prestan.

Objetivo: calidad de vida

El trabajo consistió en realizar un seguimiento farmacoterapéuti-co según el método Dader (diseña-do en 1999 por el Grupo de Inves-tigación en Atención Farmacéutica de la Universidad de Granada). Este se basa en obtener la historia far-macoterapéutica del paciente, edu-carlo para la salud, monitorear sus anticonvulsivantes, aportarle infor-mación sobre el uso adecuado de los medicamentos y brindarle ayu-das prácticas para mejorar sus hábitos de vida.

El impacto se evaluó con la au-toaplicación de una serie de cuestionarios especializa-dos (muchos de ellos utilizados a nivel internacional) en la primera entrevista y al finalizar los seis me-ses de seguimiento.

Como resultado específico, se pudo comprobar que el programa mejora el bienestar desde el pun-to de vista clínico. “Existen estu-dios previos en los que se afirma que en un cuestionario que va de 1 a 100, la percepción de calidad de vida debería aumentar hasta un 11,8% para que sea clínicamente significativo. El que aplicamos den-tro de la investigación arrojó como resultado un 12,45% para el grupo de intervención y un 2,61% para el grupo de control”, explica Losada.

El testimonio de Janeth corro-bora el dato: “Después del trata-miento comprendí que hay mejo-res maneras de asumir la epilepsia y que mi vida no se basaba úni-camente en controlarla. Si incluía

dentro de mis hábitos rutinas de ejercicio mental y físico, me alimen-taba mejor, me tomaba la medicina tal como me lo habían indicado o simplemente dormía bien, podía llevar una vida más tranquila”.

De hecho, el plan farmacéuti-co se enfocó en fomentar buenos y nuevos hábitos de vida, como dormir entre 8 y 10 horas diarias, ingerir los medicamentos en los tiempos y en las dosis formula-das, realizar actividades diarias que ejercitaran la memoria y, por su-puesto, realizar por lo menos cua-renta minutos diarios de ejercicio o alguna actividad física con cierta intensidad.

Uno de los datos más revelado-res es que la depresión disminuyó casi a la mitad en el grupo interve-nido, mientras que en el de control

se mantuvo es-table. Estos re-sultados fueron c o n s i d e r a d o s como uno de los aportes más im-

portantes del estudio, por el Con-greso de Atención Farmacéutica, realizado en Medellín, en septiem-bre pasado, donde la investigación de la profesora Losada obtuvo el segundo puesto.

Con enfoque de género

La mejora en la calidad de vida de las personas con epilepsia es el objetivo de varias investigaciones que se adelantan en este ámbito, pero ahora también es importan-te que quienes padecen la enfer-medad conserven su plenitud y se puedan realizar como individuos.

“Muchas veces se logran con-trolar los síntomas, pero los medi-camentos pueden provocar somno-lencia permanente en el paciente, al punto de convertirlo casi en un vegetal. Entonces, no convulsiona, pero su desempeño social queda

supeditado al fármaco”, afirma la profesora Losada.

Para la experta, esta situación suele profundizarse más en el caso de las mujeres. Cifras de la OMS muestran que la epilepsia afecta a cuatro de cada mil embarazadas, y a una de cada trescientas en edad fértil. Asimismo, se ha demostrado que ellas tienen mayor frecuencia de disminución de la líbido y la presencia de ovario poliquístico es cuatro veces mayor a la de la pobla-ción general.

De ahí la importancia de te-ner en cuenta el género en el tra-tamiento, pues existen condicio-nes hormonales (ciclo menstrual, métodos anticonceptivos, meno-pausia), reproductivas (fertilidad, embarazo, lactancia) y de roles (cuidado de los niños) que pue-den afectar y ser afectadas por los anticonvulsivantes y que son cambiantes durante las diferentes etapas de la vida.

Por eso, se eligieron pacien-tes tratadas con anticonvulsivan-tes, considerados piezas clave en el manejo de la epilepsia, pues se caracterizan, entre otros aspectos, por no tener un efecto clínicamen-te valorable. Sin embargo, su uso puede optimizarse a través de la atención farmacéutica.

Losada explica que la interac-ción directa con el paciente y con los demás integrantes dentro de un equipo de salud optimiza los tratamientos y disminuye los resul-tados negativos asociados con la medicación.

Para Janeth Velásquez, su pa-so por el programa de atención farmacéutica ha sido como un re-vulsivo en su vida. Ahora asume de manera más tranquila y abierta su enfermedad. En ese ejercicio, ha encontrado el apoyo de su familia y amigos, quienes están aprendiendo junto a ella que hay vida después de la epilepsia.

Para la investigación se realizó un control clínico con 182 mujeres con epilepsia en edades entre los 18 y 75 años.

El aporte realizado en este trabajo ob-tuvo el segundo puesto en el Congreso de Atención Farmacéutica realizado en Medellín en septiembre pasado.

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Medicamentos, otra lista deespera para receptores de órganos

La baja tasa de donación de órganos, la falta de asignación de recursos por parte del Es-tado, la inexistencia de una red pública, el no acompañamiento a pacientes trasplantados por parte de las EPS y el alto costo de medicamentos son factores que han llevado a la muerte a personas que se encuentran tanto en listas de espera como fuera de ellas.

Víctor Manuel Holguín,Unimedios

Angie Bolívar nació con atre-sia de vías biliares (conductos que drenan la bilis de manera deficien-te, lo cual causa daño al hígado). En principio, fue mal diagnosti-cada en un centro de salud del municipio de San Antonio del Te-quendama (Cundinamarca), don-de establecieron que la niña tenía parasitosis.

A los tres meses de vida, un nuevo examen médico determinó que su mal era otro y necesitaba urgente un trasplante de hígado. Desde ese momento, ella y sus pa-dres comenzaron una carrera con-tra la muerte, que los llevó, in-fructuosamente, por el angustioso camino de la búsqueda de una operación que nunca llegó.

Angie soportó año y medio ese recorrido, pero finalmente entró a engrosar las estadísticas de pa-cientes que mueren, sin ni siquiera haber logrado entrar en la lista de espera oficial, que hoy alcanza las tres mil personas en busca de trasplantes de órganos y tejidos en el país.

En Colombia, estos procedi-mientos son realizados principal-mente en clínicas privadas, debido a que el sector público no posee la cobertura ni la infraestructura ne-cesaria para enfrentar esta proble-mática. La escasez de recursos en la red pública tiene a los hospitales más cerca de cerrar que de crear estos servicios esenciales.

Pocos para tantos

En la actualidad, es difícil cal-cular la cantidad de personas que no están diagnosticadas; además, no todas las que logran tener el diagnóstico pueden ingresar en las listas de espera, y muchas de las que están en ellas, no tienen acce-so a los tratamientos.

Una de las principales cau-sas de esta problemática es la ba-ja donación, por ejemplo, Bogotá presenta una tasa de solo ocho donantes por cada millón de habi-tantes. No obstante, en Colombia es baja la cantidad de personas que se encuentran en listas de espera en comparación con otros países.

Así, mientras en España son 800 los pacientes enlistados pa-ra recibir un hígado, en Colombia solo hay 70. Esa misma relación se mantiene frente a quienes necesi-tan un corazón: 200 a 31. Por su-puesto, esto no significa que aquí falten personas que requieran ór-ganos; simplemente, el deficiente sistema de salud excluye a la gran mayoría.

El Instituto Nacional de Salud también muestra cifras que hablan de la complejidad de esta realidad.

En el primer semestre de 2013 hu-bo una disminución de trasplantes del 16% frente al mismo periodo del 2012. En términos de trasplan-tes, el año pasado se llevaron a ca-bo 570 procedimientos (unos 24,5 por millón de habitantes), mien-tras este año, en los mismos meses, fueron 479 (20,3 casos por millón). En España, un país con similar cantidad de población que Colom-bia, esta cifra está en 34,1.

Trabas burocráticas

Quienes por fin logran adquirir un órgano tampoco la tienen fácil. Otra barrera es el acceso, debido a que el Estado colombiano no cubre todo el proceso clínico que implica un trasplante, por lo que la única salida para los enfermos es la acción de tutela.

Para Adriana Segura, médica y asesora de la Facultad de Medici-na de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, con amplia experiencia en la coordinación de donación y trasplantes, el sistema actual no toma con seriedad la responsabilidad del manejo de pa-cientes de alto costo.

La mayor restricción, dice, es la inexistencia de un hospital público que realice estos procedi-mientos y atienda a un amplio sec-tor de población vulnerable. Según la experta, los que funcionan en la actualidad no tienen capacidad administrativa, financiera y orga-nizacional para asumir esta tarea.

“El trasplante es un procedi-miento caro que requiere manejo de por vida, y el sistema de salud no cuenta con esa plataforma de atención. Adicionalmente, las EPS limitan la cantidad de trasplan-tes que se hacen al mes, pues no se encuentran en la capacidad de solventar todas las intervenciones requeridas. Esta es una barrera adi-cional para los pacientes en lista de espera”, asegura la profesional.

Como si fuera poco, quienes logran el procedimiento deben mantener una lucha continua con las EPS para el suministro de fár-macos. Esta dificultad ha llevado a que se establezcan redes de apoyo para compartir, prestar o vender la droga requerida. La experta asegu-ra que el tratamiento con inmuno-supresores, que es de por vida para evitar el rechazo del órgano, tiene costos que arrancan desde los cin-co millones de pesos mensuales, una suma imposible para la gran mayoría de colombianos.

La doctora Segura enfatiza: “El Estado tiene que responder con gallardía a lo que hacen sus do-nantes y receptores, los pacientes merecen buenas condiciones. No se puede trasplantar un paciente y dejarlo a la deriva enfrentado a la EPS”.

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Órganos que se pueden donar

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Válvulascardiacas

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Tejidos que se pueden donar

Médula ósea,cartílagos y tendones

Médula ósea.Piel

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Pulmones

Donantes por leyLa presunción legal de donación (artículo 2 de la ley 73 de 1988) dice que todos los colombianos son donantes a no ser que en vida

(siguientes a la muerte cerebral o instantes previos a una autopsia) para oponerse.

Si un individuo dona la totalidadde sus órganos y tejidos, podría salvar o mejorarla vida de 55 personas.

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VICERRECTORÍA GENERAL

VICERRECTORÍA SEDE BOGOTÁPROGRAMA NACIONAL DE EGRESADOS

DIRECCIÓN ACADÉMICADIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Los 479 trasplantes realizados en el primer semestre de 2013 se llevaron a cabo en 22 entidades de salud privadas. El Hospital Universitario San Vicente de Paul, de Medellín, fue el que más tras-plantó, con 88 procedimientos.

A esto se suma que el precio de los medicamentos en Colombia es más alto que en los países veci-nos. Además, la relación industria farmacéutica-médicos es un factor que también agudiza la crisis con el conflicto de intereses que des-pliega.

El médico Einer Lozano Már-quez, director de la Línea de Tras-plantes de la UN, resalta que es importante crear hospitales de ex-celencia para procedimientos de trasplante. Para ello, se debe contar con grupos de investigación de alta calidad, espacios apropiados para las intervenciones y un personal médico que haga seguimiento a los pacientes.

“Cada trasplante es un tesoro que se regala, son años de vida que se le brindan a alguien, a quien hay que cuidar de por vida; esto no puede cambiar por un gobierno y políticas de turno”, afirma Lozano.

Por otro lado, este médico, ex-perto en trasplante renal, desmi-tifica el rumor de que son los estratos 1 y 2 los que ponen los donantes y los 5 y 6 quie-nes se trasplantan. Lo que sí es cierto es que el 68% de quienes están en lista de espe-ra son de estratos 1 y 2, debido a que carecen de acceso a la medicina preventiva.

En Colombia, el tráfico de ór-ganos y tejidos está contemplado como delito en la Ley 73 de 1988 y el decreto 2493 de 2004.

Lozano enfatiza que los coor-dinadores operativos de las áreas de cuidados intensivos de los hos-pitales deberían tener mayor capa-citación frente al tema y ser capa-ces de identificar a los potenciales donantes y sensibilizar a las fami-lias para que concedan los órganos de sus seres queridos.

Estos se pueden obtener de dos formas: de pacientes con muerte cerebral y de donantes vivos de quienes se obtienen riñones, híga-do o porciones de páncreas.

Colombia tiene cerca de 25 mil pacientes con insuficiencia re-nal crónica (diálisis peritoneal o hemodiálisis, que brinda el 15% de la función de un órgano) y solo alrededor de 1.419 se encuentran en lista de espera para trasplan-te. Cada semana muere uno sin lograrlo, otros tienen que esperar hasta siete años.

Hay que mejorar las políticas

Jorge Ernesto García, director de la Fundación Retorno Vital, que agrupa a personas con enferme-dades renales, asegura que han re-cibido en los últimos tres meses 700 denuncias por interrupciones en los tratamientos que llevan a cabo entidades como Saludcoop, Humana Vivir (en liquidación) y Caprecom, cifra que aumenta a 1.400 al sumar todas las entida-des prestadoras de salud del país. También destaca, que el 40% de los medicamentos inmunosupresores están cubiertos por el Plan Obliga-torio de Salud (POS).

Un ejercicio realizado por esta Fundación concluyó que los retra-sos y las barreras de acceso crea-das por las EPS (demoras en las autorizaciones, entregas y trámi-tes administrativos) hacen que los pacientes reciban medicamentos solo para 5 meses y 24 días al año, aproximadamente.

Entretanto, Olga Lucía Caicedo, subdirectora del Hemocentro Dis-trital de Bogotá, indica que es fun-damental que la red pública abra servicios de trasplante que brinden una mayor atención y permitan la disminución de pacientes en listas de espera.

“Es necesario que el Ministerio de Salud y la Protección Social au-mente los recursos; a la par, es ur-gente una política clara en el tema de donación de órganos y tejidos que incluya al sector público. Para esto, hay que reformar normas del decreto 2493 de 2004 y la resolución 5108 de 2005, que no avanzan al rit-mo de la ciencia y la tecnología en esa área”, afirma Caicedo.

Los expertos consultados co-inciden en que, asimismo, es prio-ritaria la regulación de los precios de los medicamentos por medio de la superintendencia, así como un control tarifario para poner un te-cho, pues esto es lo que más afecta a los trasplantados.

Solo así se podrán evitar casos como el de Angie, una pequeña que hubiera tenido todas las po-sibilidades de vida, si no existiera una sociedad apática a esta enorme tragedia de miles de colombianos.

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”Los medicamentos inmunosupre-sores más utilizados en Colombia son micofenolato, ciclosporina y tacrolimus, los cuales no tienen control de precios en el país”.José Julián López, Coordinador de Extensión del Departamento de Farmacia de la UN.

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Lápiz sensor optimiza medición de la energía

Un pequeño arte-facto, creado para medir el fluido eléc-trico, disminuirá los costos de operación de las empresas de energía gracias a que permite un procedimiento más rápido y seguro. Además, suministra información para saber si al usuario le están cobrando más de lo que consume.

Ana María Escobar Jiménez, Unimedios

Hay factores que deterioran la calidad de la energía y afectan la prestación del servicio, lo que pue-de, incluso, ocasionar daños en los electrodomésticos. En últimas, es-tos perjuicios terminan reflejados en los costos de facturación para el usuario y en pérdidas para las compañías del sector.

Por ello, el monitoreo constan-te de los transformadores es una tarea de primera necesidad, la cual requiere de equipos tecnológicos de alto costo y cuadrillas de ope-rarios para instalarlos. Estas perso-nas, a pesar de trabajar bajo nor-mas de seguridad, siempre corren un riesgo al hacer las mediciones, pues además de estar en contacto con altas tensiones, deben perma-necer a varios metros de altura para cumplir su tarea.

Gracias a los transformadores, la energía que llega a las viviendas e industrias puede ser utilizada sin mayores complicaciones. Esto se debe a que convierten los 13.200 voltios provenientes de la electrifi-cadora, en los 110 necesarios para encender los electrodomésticos y las bombillas en el hogar.

Este proceso se realiza conven-cionalmente con voltímetros, vatí-metros y amperímetros, los cuales son conectados a la red eléctrica a través de pinzas que toman el registro del flujo magnético para determinar la calidad y cantidad de la energía.

Como alternativa, el profesor Jorge Hernán Estrada, Ingeniero de la Universidad Nacional de Colom-bia en Manizales, diseñó un dis-positivo económico, sencillo y de fácil manejo que evita esos riesgos. Asimismo, gracias al desarrollo de ciertas ecuaciones y algoritmos, el artefacto ofrece una ventaja adi-cional al método tradicional: su-ministrar información en beneficio del usuario.

Por medio de un cable, el dispositivo se co-necta al micrófono del computador y queda en línea con la grabadora de Windows, la cual lee la información, la memoriza y finalmente, mediante algoritmos especiales, realiza el análisis y entrega los resultados.

El sensor en forma de lápiz evita la conexión directa al circuito eléctrico.

En continuidad a esta innovación, se adelantan investigaciones para crear un filtro casero que disminuya pér-didas de electricidad.

Un reporte inmediato

El profesor Estrada explica que se trata de un sensor en forma de lápiz, el cual está conectado a un computador que registra, procesa y analiza, en tiempo real, las ondas que emite el transformador. Esto le permite entregar un reporte sobre el estado del aparato.

El pequeño dispositivo efectúa la medición de forma indirecta; es decir, no requiere conectarse al circuito eléctrico como tal. Simple-mente, la persona se ubica a unos metros del transformador, apunta por unos segundos con el lápiz ina-lámbrico y capta las ondas magné-ticas sin correr riesgo alguno. De esta forma, se cumplen las normas de seguridad que plantea el Re-glamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).

Como valor agregado, este me-canismo realiza la medición de la entropía, que es la variabilidad y complejidad de las ondas, lo que permite evitar que haya sobrecar-gas, generación excesiva de armó-nicos (o distorsiones) y energía de rebote.

“Estos tres factores pueden ocasionar distintos problemas. Por ejemplo, la sobrecarga causa reca-lentamiento y desperdicio de ener-gía que la empresa debe pagar; además, puede dejar el transfor-mador fuera de servicio”, indica el investigador.

Este artefacto no solo informa sobre el nivel de armónicos, que son ondas adicionales generadas por cargas no lineales que pueden

causar interferencias en la señal y daño en los electrodomésticos. Sino que también determina si hay energía de rebote, que es aquella que se genera pero no se utiliza, y que al devolverse a la línea, pasa por el contador y genera un cobro al usuario.

Similar a una antena

El lápiz sensor que capta las ondas consta de una bobina, que es un rollo de alambre de cobre alrededor de un núcleo de aire –se-mejante a un tubo de hilo– de 7x7 centímetros, aproximadamente.

Por medio de un cable, el dis-positivo se conecta al micrófono del computador y queda en línea con la grabadora de Windows, la cual lee la información, la memoriza y final-mente, mediante algoritmos espe-ciales, realiza el análisis y entrega los resultados. Para esto, se utiliza un software denominado entropía de múltiple escala.

El dispositivo ha sido probado en varios circuitos de Manizales, como la subestación doméstica del barrio Peralonso, que dirige la energía a un sector de la ciudad, y la estación que proporciona el ser-vicio eléctrico a la zona industrial de Juanchito.

Este procedimiento les permi-te a las empresas con facturación alta, verificar y reducir la potencia reactiva de la energía que les llega a través del transformador, de modo que se dé una reducción conside-rable en los costos de la factura.

“Igualmente, si se pudieran realizar mediciones en cada casa para hacer los ajustes pertinentes y suprimir los armónicos mediante filtros, se podría ahorrar hasta el 20% de la energía del país. Así, la energía recuperada podría usar-se para exportación, produciendo grandes utilidades”, indica el pro-fesor Estrada.

Estas herramientas que con-tribuyen a un control de la energía, también son un aporte en benefi-cio del planeta, ya que al disminuir el consumo se reduce la carga am-biental y la temperatura global.

Este trabajo fue presentado a la comunidad científica en el Con-greso Internacional Latinoameri-can Work Shop, especializado en magnetismo, el cual fue realizado en Argentina el pasado mes de abril. También será divulgado en la Revista IEEE Spectrum: Technolo-gy, Engineering, and Science News, la publicación más prestigiosa del mundo en esta área.

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Colombia importa al año un aproximado de 2.500 toneladas de zeolita para di-versos procesos industriales. Un estudio determinó que el país tiene todas las condiciones geológicas para producir este apreciado mineral. Sin embargo, falta mayor investigación para deter-minar los lugares de extracción y así empezar a ser exportadores.

Mónica Escobar Mesa,Unimedios

Mucho se habla del potencial minero que posee Colombia a lo largo de su territorio. Sin embargo, la explotación se limita a recursos comunes como petróleo, carbón, oro y níquel.

En ese sentido, un profesor y dos estudiantes de pregrado de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia en Mede-llín realizaron una reconstrucción paleogeológica (de la antigüedad y características del suelo) del territo-rio colombiano, para determinar las zonas que pueden tener yacimien-tos de zeolitas.

Este mineral se forma a partir de la descomposición de vidrios volcánicos o cuando se produce vulcanismo submarino en mares poco profundos. En Colombia, aunque es poco conocido, tiene una demanda creciente por sus propiedades descontaminantes. Por ejemplo, gracias a su porosi-dad, puede absorber gases (nitró-geno y amonio) hasta en el 30% de su estructura, agua en el 70% y ciertos hidrocarburos en el 90%.

Actualmente el país no tiene minería de zeolitas, por lo que de-be importarlas de naciones como Cuba, Ecuador, México y EE.UU., especialmente la del tipo clinop-tilolita.

Jorge Iván Tobón, líder de la exploración científica y profesor del Departamento de Materiales y Minerales, asegura que el trabajo consistió en analizar las condicio-nes naturales del país y del merca-do nacional para explorar y explo-tar este producto, y afirma que aún desconocemos la ubicación de los posibles yacimientos.

Y es que Colombia es un gran importador de zeolitas. En el año 2001, el país compró en el exterior cerca de 16 toneladas, y entre los años 2002 y 2005, alrededor de 10.000.

En contraste, Ecuador produjo 13.591 toneladas entre 2000 y 2005,

Heulandita, tipo de zeolita prove-niente de Islandia. Museo de Mine-ralogía de la UN en Medellín.

Natrolita, tipo de zeolita prove-niente de Canadá. Museo de Mine-ralogía de la UN.

Chabasita en brecha volcánica, ti-po de zeolita de Jericó (Antioquia). Museo de Mineralogía de la UN.

Zeolita, mineral promisorioque el país podría explotar

según la Dirección Nacional de Mi-nería de ese país, explotación que viene en aumento por la apertura comercial y el incremento de em-presas dedicadas a su comerciali-zación, especialmente en el campo de los fertilizantes.

Condiciones para explotar

Luego de una intensiva revi-sión bibliográfica, los investigado-res determinaron que los terrenos volcánicos de las cordilleras Cen-tral y Occidental tienen las carac-terísticas geológicas propicias para contener zeolita. Esto debido a que la información hallada en las rocas (estudios litológicos) reporta pre-sencia del mineral.

“Sería muy raro que solo exis-tieran yacimientos en Ecuador y no en Colombia, a pesar de que am-bos países comparten algunas for-maciones geológicas”, sostiene el profesor Tobón. Según lo hallado, el territorio nacional está confor-mado por un mosaico de terrenos con historias geológicas diversas e independientes.

Específicamente los suelos volcánicos, en los que podrían en-contrarse depósitos de zeolitas, es-tán relacionados con fragmentos de antiguas islas que se anexaron a la base continental de Suramérica, debido al proceso de subducción

de las placas tectónicas (cuando una se funde debajo de la otra).

En ese proceso de fricción y choque se formaron los volcanes que dejaban escapar la presión for-mada por los gases y el magma. Esas erupciones, hace millones de años, dieron origen a las formaciones vul-canosedimentarias que se hallan en algunas regiones del país.

Los estudios acerca de estas primitivas ocurrencias geológicas son escasos y por ello aún no se ha caracterizado ningún yacimiento importante ni se conocen datos sobre reservas, pues la minería en el país se centró en materiales no metálicos.

Cientos de usos

Las zeolitas son aluminosilica-tos (contienen óxido de aluminio y sílice) con presencia de agua y cationes como sodio, potasio o cal-cio. Estos elementos se organizan de tal manera que forman unos canales que actúan como tamices o coladores moleculares por exce-lencia.

Es por esa propiedad que este mineral es considerado propicio para diversas aplicaciones, desde la industria petroquímica (para refinar el crudo y convertir el pe-tróleo en gasolina), hasta la puri-ficación de agua contaminada con metales pesados.

Uno de sus usos más comunes es en la industria alimenticia tanto

humana como animal; por ejemplo, para encapsular propiedades nutri-cionales y liberarlas en el organismo o para capturar los gases intestina-les y evitar los malos olores.

La zeolita también puede atra-par los componentes activos de los fertilizantes y luego soltarlos pau-latinamente para nutrir la planta, lo que permite reducir las apli-caciones de estos y evitar que su exceso termine contaminando las fuentes de agua.

Un caso reconocido de su uso fue en el accidente nuclear de Chernóbil, en donde se esparcieron cerca de 1.5 millones de toneladas para atrapar parte de los elementos radioactivos que quedaron en el ambiente.

Potencial comercial

En la actualidad, China es el principal productor de este recur-so; entre los años 2011 y 2012 pro-dujo dos de los tres millones de toneladas de zeolitas naturales que se explotaron en el planeta.

En Colombia, compañías co-mo Ecopetrol empiezan a reem-plazar los catalizadores que usan en sus plantas de refinamiento de gasolina por zeolitas. Incluso, con científicos de la Universidad de Antioquia lograron patentar, re-cientemente, un proceso para la modificación por incorporación de fósforo, lo cual posibilita la conver-sión de productos de la refinación del crudo.

El profesor Tobón asegura que de acuerdo con la informa-ción recolectada, Colombia podría autoabastecerse, pues en el país existen las condiciones para que se hayan formado algunas de las cuarenta clases de zeolitas identifi-cadas en el mundo.

Lo que confirmará este poten-cial será la investigación científica. La invitación está abierta para que más expertos ahonden en este te-ma. Por lo pronto, la UN ya dio el primer paso.

Ciencia y tecnología

Heulandita, tipo de zeolita prove-niente de Islandia. Museo de Mine-ralogía de la UN en Medellín.

Natrolita, tipo de zeolita prove-niente de Canadá. Museo de Mine-ralogía de la UN.

Chabasita en brecha volcánica, ti-po de zeolita de Jericó (Antioquia). Museo de Mineralogía de la UN.

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Quebradas antioqueñas albergan tres nuevas especies de peces

Una investigación entre la UN y la Universi-dad del Quindío logró describir tres espe-cies de peces desconocidas para la ciencia. Estos pequeños seres acuáticos cumplen un papel esencial en el control de plagas, de ahí su alto valor ecológico.

Mónica Escobar Mesa,Unimedios

Colombia tiene una alta canti-dad de especies de peces que han sido poco estudiadas debido a que no tienen valor económico o no son usadas en la alimentación del hombre. Sin embargo, estas des-empeñan un importante papel en los ecosistemas que habitan y en su relación con otros animales.

Otro aspecto importante es que el país todavía tiene una in-mensa diversidad por descubrir y describir científicamente en esta área. Así lo demostró Néstor Ja-vier Mancera, profesor asociado del Departamento de Ciencias Fo-restales de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacio-nal de Colombia en Medellín.

Él halló tres nuevas especies de peces mientras desarrollaba una investigación en los ecosiste-mas hídricos del oriente de Antio-quia, en donde buscaba caracte-rizar biológica y genéticamente el pez sabaleta (Brycon henni), una variedad nativa muy apreciada en esa y otras regiones del país.

Los tres ejemplares que en-contró –junto con investigadores de la Universidad del Quindío– son del género Hemibrycon y perte-necen a su vez a la familia de los Characidae y al orden de los Cha-raciformes. Estas especies fueron capturadas en la cuenca del río Magdalena, en quebradas de alta montaña de los municipios de San Carlos y San Rafael.

Según el profesor Mancera, el descubrimiento pone en manifies-to que falta mayor investigación en muchos cuerpos hídricos colom-bianos. Por esta razón, en la medi-da en que se empieza a cubrir ma-yor territorio y a hacer seguimiento a lugares que nunca habían sido estudiados, comienzan a aparecer especies nuevas.

Las especies

Para el año 2008, en Colombia había reportadas unas 1.450 es-pecies de peces de aguadulce; se calcula que con nuevos estudios en áreas inexploradas, esa cifra podría aumentar a unas 2.000.

“En algunos de estos cuerpos hídricos no se habían realizado es-tudios de la fauna íctica; por eso, es importante dar continuidad a estas indagaciones en quebradas de alta montaña para conocerlas mejor, definir sus rangos de distribución geográfica y el estado de sus pobla-ciones”, explica el investigador.

Durante la investigación, fue-ron capturadas 25 especies que habitan en afluentes del Oriente antioqueño, dentro de las que se encontraban las tres del género Hemibrycon que no habían sido descritas científicamente. Los in-vestigadores llegaron a esta con-clusión después de comparar las medidas morfométricas (la estruc-tura de sus huesos) con las de otros peces; en efecto, determinaron que no correspondían a ninguna espe-cie conocida.

La primera fue nombrada co-mo Hemibrycon fasciatus, por las marcas laterales que tiene el cuer-

Hemibryconfasciatus

Hemibrycon antioquiae

Hemibrycon cardalensis

po del pez; la segunda como Hemi-brycon cardalensis, por la quebra-da El Cardal, donde fue capturada (entre los municipios de San Rafael y San Carlos); y la tercera como He-mibrycon antioquiae, por ser la de mayor rango de distribución en el área estudiada.

Escasa investigación

Cada una de las especies que convergen en un ecosistema cum-ple un papel fundamental: reciclar nutrientes del fondo del río y libe-rar nitrógeno y fosfatos. Algunas de estas se alimentan de algas, otras de pequeños animales o zo-oplancton, presente en el agua o en el dorso de otros peces. Todo esto genera un flujo de energía dentro de las cadenas tróficas o alimenticias.

Los nuevos especímenes descri-tos son de tamaño pequeño (no ma-yor a 8 o 9 centímetros), por lo que no representan gran importancia para el consumo humano, aunque sí cumplen un papel trascendental para el ecosistema. Sus mayores de-predadores son peces introducidos para la venta comercial.

Son pocos los estudios sobre sus aspectos biológicos, ecológi-cos o genéticos, ya que por no ser de interés comercial es difícil obtener financiación para su in-vestigación.

Sin embargo, se sabe que con-servar este tipo de pequeños peces ayuda a controlar plagas de insec-tos que cumplen su ciclo repro-ductivo en los cuerpos de agua y que pueden ser dañinas para el hombre y sus cultivos. Estos pe-cecillos se alimentan de las larvas, lo que evita que lleguen a la etapa adulta.

César Román, director del La-boratorio de Ictiología de la Uni-versidad del Quindío, quien lidera el equipo que caracterizó la clasi-ficación de las nuevas especies, ex-plica que las halladas son eslabo-nes fundamentales de la red trófica de ecosistemas de alta montaña neotropical. Estas se encargan de hacer control biológico de plagas y, además, son indicadoras de las condiciones de perturbación por efecto humano.

Al respecto, Néstor Mancera asegura que la importancia del trabajo es que todavía algunas de

las quebradas tienen un alto nivel de conservación, buena cobertura boscosa en los márgenes y no reci-ben altos impactos por agricultura, ganadería o minería, razones por las cuales debe hacerse un llamado de atención hacia su protección y conservación.

Por su parte, el biólogo Ro-mán añade que, lamentablemente, debido a la moda de trabajos in-vestigativos con ADN o caracteres moleculares, describir nuevas es-pecies para algunos biólogos y sus instituciones, actualmente, no es una prioridad o no genera interés de financiación.

No obstante, destaca que la ictiofauna (fauna de peces) en América del Sur aún es muy des-conocida en comparación con otras regiones menos diversas co-mo Europa. “La continua descrip-ción de nuevas especies de peces de aguas continentales colombia-nas y suramericanas que realiza nuestro grupo, demuestra que el número total registrado en la ac-tualidad, subestima la diversidad específica, que se espera sea mu-cho mayor.

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Barras bravasun reflejo de la ciudad de la furia

Se calcula que en Bogotá existen unos cinco mil integran-tes de grupos que defienden sus equipos de fútbol con una pasión, muchas veces, violenta. Expertos sostienen que esto es el reflejo de una sociedad agresiva y poco tolerante. La pedagogía es esencial para cambiar esta realidad.

Giovanni Clavijo Figueroa,Unimedios

El fútbol tiene fanáticos que viven con pasión el deporte, pero para algunos, esta actividad se ha convertido en un estilo de vida marcado por la agresión verbal y la violencia física. Son ellos los que conforman grupos que defienden la camiseta de su equipo, incluso, con actos extremos.

En el mundo hay referentes destacados: los Hooligans en Ingla-terra, los Tifosi en Italia y los Ultras en España. En Colombia, las lla-madas barras bravas se sumaron a esta tendencia. A mediados de los años noventa congregaban entre 200 y 400 hinchas y, en menos de dos años, tuvieron una explosión hasta alcanzar grupos de hasta cin-co mil personas en Bogotá.

Dicho fenómeno llevó a John Alexánder Castro Lozano, sociólo-go de la Universidad Nacional de Colombia, a estudiar durante diez años la evolución de estos grupos y sus formas de apreciar y vivir el fútbol.

Su trabajo reveló que los se-guidores de equipos en América del Sur se caracterizan por algo que ellos mismos denominan el aguante, el cual tiene dos rostros: el carnaval y el combate. El primero se da al interior de la tribuna y el segundo se desarrolla antes, du-rante y después de cada encuentro, a través del enfrentamiento verbal y físico con los rivales. “Estos gru-pos no solo son agresivos sino tam-bién festivos”, dice el sociólogo.

Frente a la estigmatización de las barras bravas, Castro asegura, sin querer justificarlos, que el pro-blema de la violencia no es exclu-siva de los seguidores del fútbol, es solo una más, de las tantas que se viven en la ciudad.

Entonces, ¿por qué se les juzga tanto? Él sostiene que se debe a que el fútbol es uno de los negocios más lucrativos del mundo y todo lo que sucede a su alrededor capta la atención de la opinión pública.

La muerte de un hincha en el TransMilenio de Bogotá, por vestir la camiseta de su equipo, no se distancia de la intolerancia que se vive en otros ámbitos: el vecino que tira al otro por la ventana o los neonazis que agreden a miembros de la comunidad LGTB, etc.

Más agresivos

El investigador halló que los primeros integrantes de barras en Bogotá enfrentaban a sus riva-les insultándolos y con contactos físicos cuerpo a cuerpo. Pero el cambio generacional trajo consigo, además de mayor cantidad de fa-náticos, más herramientas de agre-sión (armas blancas y de fuego). La explicación es que las violencias de la calle no buscan reducir al otro sino desaparecerlo, lo cual se trasladó a varios contextos.

Estas cofradías están inte-gradas por jóvenes entre los 14 y 23 años, de acuerdo con el censo realizado en el estudio. Se carac-terizan por dedicarse de tiempo completo a apoyar la causa de su barra y de su equipo, lo que incluye enfrentarse a los rivales.

Por eso, a través del aguan-te, según Castro, se obtienen dos cosas: se sale del anonimato y se logra el respeto al participar en hechos violentos. Aspectos que sir-ven para ascender jerárquicamen-te dentro del grupo.

Miriam Jimeno, antropóloga y profesora de la UN, indica que en todos los estudios se muestra

que en el fenómeno de las barras bravas, hay una relación de identi-ficación afectiva muy fuerte entre los jóvenes y el fútbol. Es decir, una mezcla de amor y de odios que se expresan en muchas de sus accio-nes, como la camiseta, los cantos, el apoyo al equipo, e incluso, el ataque a los contrarios.

Para el profesor Fabián Sa-nabria, doctor en Sociología, los adolescentes que siguen estas ten-dencias no tienen otro tipo de pul-sación de sus relaciones identita-rias, es decir, otras motivaciones sociales en su entorno.

Asimismo, aseguró que obvia-mente se pueden hacer matar por una camiseta, pues son bastantes fundamentalistas, lo cual es apro-vechado por ciertos adultos que los saben introducir en las hinchadas.

Violencia reconducida

Se creyó que la violencia entre las barras bravas era única y exclu-siva de los estadios de fútbol. Situa-ción que impulsó la aparición de programas de convivencia para los hinchas y despliegues de seguridad para los encuentros (se levantaran cordones policiales de hasta 1.300 efectivos alrededor del evento).

Según Castro, las rivalidades que surgen entre los jóvenes se desfogan de alguna manera y por eso la violencia se traslada de las gradas a los barrios, parques y ca-

lles de toda la capital. Las zonas con más enfrentamientos entre estos colectivos y donde más se concentran fanáticos del fútbol son las localidades de Suba, Kennedy, Usme y Bosa.

Para Castro, las medidas que se han tomado han sido coyunturales en un momento de emergencia. Por ejemplo, hace cuatro años se propuso la carnetización, pero aún no se ha implementado.

De igual forma, se ha tratado de impedir el ingreso a los estadios de ciertos miembros de la hincha-da, pero en Colombia no existe una correcta aplicación del derecho de admisión, que es la facultad que tienen los administradores de esta-blecimientos de restringir la entra-da de público.

También se ha pensado en el incremento del valor de la entrada. No obstante, el estudio muestra que Bogotá tiene las boletas más cara del país. Así las cosas, si su precio sube, provocaría la desban-da de miles de aficionados que no tendrían dinero para comprarlas; esto podría originar nuevos con-flictos.

“La ausencia de políticas ciu-dadanas y pedagógicas de juventud demuestra ese recrudecimiento de la violencia entre los hinchas del fútbol. Por esta razón, habría que emprender acciones pedagógicas, como jugar los partidos sin público y desarrollar campañas en colegios

y universidades”, dice el profesor Sanabria.

Para la profesora Jimeno, lo que se debe hacer es un trabajo educativo referente a la relación afectiva de la barra con su equipo, con miras a que se entienda que es un juego y no un campo de guerra. Además de esto, se debe trabajar en los autocontroles y en el manejo del desafecto por los equipos con-trarios. Igualmente es vital analizar la penetración de la delincuencia en las barras.

Es claro que las hinchadas no se acabarán, pues tendría que des-aparecer el fútbol. “Este deporte crea pasiones que se expresan de diferentes maneras y regularlas es imposible. Si se hiciera al extremo, estallaría otra clase de conflicto en cualquier momento; sería un caos”, señala Castro.

En los últimos meses, la vio-lencia de integrantes de barras bra-vas no ha sido parte de aconteci-mientos aislados, son actos que se han movido dentro del ámbito urbano que el Gobierno distrital debe entender para dar solución en seguridad y convivencia.

En la actualidad, 19 de las 20 localidades de Bogotá conviven con este colectivo, y el 63% de los cerca de 5.000 miembros activos están en la adolescencia y temprana juven-tud, una etapa de por sí conflictiva para muchos de ellos.

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Los adolescentes que siguen estas tendencias no tienen otras motivaciones sociales en su entorno.

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El Cable: tradición y técnica hechas patrimonio

La sede donde funciona la Facultad de Arquitectura de la Univer-sidad Nacional de Colombia en Manizales es claro ejemplo de la noción contemporánea de patrimonio: una construcción social. La torre y la antigua estación del cable evidencian la mezcla de las técnicas académicas con las tradicionales, como el bahareque.

Jorge Enrique Caballero Leguizamón,Arquitecto

Universidad Nacional de Colombia

La histórica e interesante sede de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia en Manizales está constituida por varios cuerpos arquitectónicos y una obra de ingeniería única. Por esta razón, adquiere cierta singula-ridad dentro del conjunto de cons-trucciones que tiene la Institución en el país.

Otro hecho distintivo es que su origen no se ubica dentro de un contexto académico. Los cuerpos arquitectónicos originales (estación de bodegaje, cuarto de máquinas, casa vigilante) fueron edificados para servir como estación terminal dentro del sistema de transporte del Cable Aéreo Mariquita-Manizales.

La Torre de Herveo, como tam-bién se conoce localmente, fue una obra de ingeniería que hizo parte del conjunto de las 376 torres que se requirieron para cubrir los 72 ki-lómetros que recorría el cable cons-truido entre los años 1912 y 1922.

La altura (52 metros), la ubica-ción y la configuración formal de la torre cumplen un papel referencial en el paisaje urbano de Maniza-les. La estructura se hace visible desde distintos y distantes lugares de la ciudad, tanto o más que la catedral. Su estratégica ubicación sobre el espinazo de una estriba-ción de la cordillera Central, eje del camino que dio origen a la funda-ción de la ciudad y que lleva hoy al Centro Histórico de Manizales, es la razón de esa posición visual dominante dentro de la ciudad, lo que la establece como una singula-ridad urbana.

En la memoria

Esa cualidad urbana se com-plementa con varios aspectos sin-gulares de su historia y constitu-ción. Fue la única torre que se elaboró totalmente en madera y una de las más altas entre todas las construidas. Se diseñó y construyó como solución ante la interrupción de suministros de las partes metá-licas que llegaban desde Inglaterra, en ese momento, inmersa en la Primera Guerra Mundial.

Además, se constituyó en un alarde técnico producto de la com-binación de la habilidad de los carpinteros paisas con los conoci-mientos de los ingenieros ingleses.

Apropiación del patrimonio III

La Facultad de Arquitectura de la UN en Manizales funciona en la sede de El Cable desde el año 1969.

Por cerca de cuarenta años, la línea del cable entre Manizales y Mariquita permitió dinamizar la economía cafetera del país.

Igualmente, fue la única que so-brevivió al desmontaje de todas las instalaciones que se vendieron co-mo chatarra a partir de 1967, pues en ese momento se consideró que la madera no tenía ningún valor.

Todos estos aspectos le otor-gan el mérito de ser el único ves-tigio de las torres que se constru-yeron del sistema de transporte de Cable Aéreo Mariquita-Manizales, titánica empresa que cubrió una década entera.

Además de lo anterior, la torre se consolida como ejemplo claro de la noción contemporánea de patri-monio: una construcción social. En efecto, entre los años de 1981 y 1983, cuando ya servía como sede de la Facultad de Arquitectura, un grupo de estudiantes y profeso-res adelantaron el desmonte de las piezas de la torre en su ubicación original (hoy municipio de Her-veo). Posterior a esto, las volvieron a montar en el Parque Antonio Nariño de la estación de El Cable, en Manizales. De esta manera, se configuró, en muy pocos años, ese hito urbano referencial para todos los visitantes y lugareños.

El conjunto construido, cono-cido como El Cable, es testimonio de una de las empresas pioneras y más emblemáticas de la historia del transporte en Colombia en el siglo XX. En efecto, la capital del Gran Caldas, Manizales, durante el primer cuarto del siglo XX se con-virtió en epicentro de un dinámico desarrollo económico basado en el cultivo del café.

Los comerciantes y los agricul-tores del grano, junto con los pri-meros empresarios y la población

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Libertad y Orden

Libertad y Orden

Unimedios y la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura entregan el ter-cer artículo del proyecto de Apropiación del Patrimonio Arquitectónico (APA). El fin es redescubrir los edificios de la UN, bie-nes culturales de la nación, para el disfrute de toda la sociedad.

El sistema de monocable, pionero en el mundo,

fue creado por el director de Ropeways Engineering Co. Ltd, firma inglesa que

lo construyó enMariquita-Manizales.

Desde 1996 el edificiode la Facultad

de Arquitecturaes Monumento Nacional

por su importanciahistórica.

en general, vieron la necesidad de sacar sus productos con ma-yor celeridad y cantidad. Después de muchas gestiones y consultas, llegaron a la conclusión de que la mejor alternativa para un territo-rio montañoso era la de un cable aéreo.

Los emisarios e ingenieros in-gleses fueron los encargados de adelantar la empresa que se hizo en modalidad de concesión (a cin-cuenta años). Con lo que el Estado y la ciudad no tuvieron que correr con mayores gastos.

Entre los visionarios, promo-tores, gestores y constructores hay que señalar a Salvador Camacho Roldán (1871), al expresidente Car-los E. Restrepo, su ministro Tomás Eastman (1910), los manizaleños Aquilino Villegas y Sinforoso Ocam-po, los ingenieros-constructores ingleses James F. Lindsay y Harri-son Roe y los colombianos Vicen-te Gutiérrez, Arturo Jiménez, Jorge Robayo y Francisco de P. Fajardo. Sin olvidar a los miles de obreros y cientos de arrieros que pusieron el hombro, y hasta su vida, para llevar a cabo esta obra.

El aporte amerindio

Un aspecto de gran significa-do fue la materialización de los cuerpos arquitectónicos. Todos los colombianos tenemos una clara imagen de la tradición constructi-va en la región cafetera de la Cor-dillera Central, cuyo componente más distinguido es la guadua.

Este material y la técnica del bahareque, de origen amerindio, dieron como resultado un sistema que ha sido reconocido y valorado por propios y extraños. En el edi-ficio de la Estación de El Cable se combinaron los saberes y la tec-nología para desarrollar una arqui-tectura, en su origen sencilla, pero cargada de gran valor.

Para la estructura portante y de cubierta se utilizaron las técni-cas académicas, mientras que para el cerramiento de los espacios se emplearon técnicas tradicionales como el bahareque en tabla, en una versión mejorada y apropiada para el uso de bodegas.

Se consolidó así una síntesis muy lograda que unificó la tra-dición y la tecnología moderna. Recientemente, con la inclusión del Paisaje Cultural de la Región Cafetera en la Lista del Patrimo-nio de la Humanidad, se avaló ese valor tecnológico como uno de los atributos del Paisaje Cultural, cu-ya aplicación cubre prácticamente todas las necesidades básicas de una vivienda campesina, incluidas las construcciones para el procesa-miento del café.

Desde su inauguración en 1922, en medio de grandes cele-braciones, y hasta hoy, el conjunto construido ha pasado por numero-sas ampliaciones, modificaciones,

liberaciones y usos. El Cable fue cedido por Ferrocarriles Naciona-les a la Universidad Nacional de Colombia y allí se instaló la sede de la Facultad de Arquitectura.

A partir de ese evento, sus cuerpos construidos han sido te-ma de numerosos estudios y te-sis de grado de sus estudiantes, quienes tienen el firme objetivo de buscar el reconocimiento de la edificación, su recuperación y conservación. Procesos que fue-ron concretados en un proyecto de restauración elaborado por la misma Facultad, sus profesores y estudiantes en 1996.

Los estudios permitieron de-velar las técnicas constructivas ori-ginales, de las cuales se guardó registro y se hizo una adecuación espacial y funcional para el uso educativo.

El proyecto fue aprobado por el Consejo de Monumentos Nacio-nales en ese mismo año, hecho que fue simultáneo a su declaratoria como Monumento Nacional (de-creto No. 1543 de 28 de agosto de 1996 del Ministerio de Educación Nacional). Con la emisión de la Ley 387 de 1997 o Ley General de Cul-tura, se convirtió en Bien de Interés Cultural de carácter Nacional.

Hoy, el conjunto arquitectó-nico de El Cable, sigue como uno de los mejores ejemplos en el país de la conservación de la memoria histórica, constructiva y empren-dedora de un pueblo.

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222 Innovación

Naturaleza y cultura,fuentes olvidadas de innovación y diseño

La innovación, como un proceso que incide en el desarrollo y la competitividad de los países, no puede restringirse al Gobierno y a las empresas. La academia juega un papel imprescindible en mejorar los productos y servicios, pero para ello debe volver a la naturaleza y a la cultura como fuentes de inspiración de donde podrían derivarse avances significativos.

Sandra Uribe Pérez,Unimedios

El vuelo de las aves y los mo-vimientos de las alas de los mur-ciélagos, entre otros prodigios de la naturaleza, fueron insumo de inspiración para los múltiples y revolucionarios inventos que desa-rrolló Leonardo da Vinci, los cuales se convirtieron en antecesores de muchos de los artefactos y tecno-logías que el ser humano utiliza hoy en día.

El secreto de sus ideas alta-mente innovadoras se escondía, quizá, en las detalladas y curiosas observaciones y anotaciones que hacía sobre diversos seres y ob-jetos relacionados con elementos como el aire, el agua y la tierra. La ciencia, el arte y la cultura se fusio-naban en una mente brillante que supo cómo sacarle partido a la no-ción de “saber ver” (saper vedere).

En el actual contexto de com-petitividad global, retomar estas fuentes de inspiración basadas en el conocimiento de la naturaleza para aplicarlas al diseño y la inno-vación es la propuesta del doctor Amit Ray, docente de artes y diseño de la Universidad Shiv Nadar en la India, uno de los miembros de la comunidad de diseño más influ-yentes de este país.

Biomimetismo

Este paradigma, que el profe-sor Ray llama biomimetismo, con-siste en analizar varios aspectos de la forma y funcionamiento de la naturaleza. “Lo que deben hacer los diseñadores es adaptar algunas de estas cosas y encontrar su uti-lidad para crear diseños propios”, afirmó el profesor indio, quien pre-sentó estas ideas en su conferencia en la Cátedra Marta Traba de la Universidad Nacional de Colom-bia, en su primera visita al país.

Entre otros ejemplos que se podrían retomar para innovar, Ray menciona la catapulta creada por Da Vinci, cuyos bocetos se basaron en la mecánica de las patas de la pulga, que le permiten saltar una distancia de 300 veces su propia longitud. O el domo geodésico, del visionario Richard Buckminster Fuller, que surgió de sus observa-

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Algo más contemporáneo se-ría la tendencia a diseñar aerona-ves con alas mucho más flexibles. El experto manifiesta que las alas rígidas no proporcionan el mejor resultado. Si pudieran ser un poco más flexibles se capturaría más aire (como en las libélulas y las moscas) y tendrían mejor calidad de vuelo.

Afirma, además, que al hablar de diseño nos basamos, en buena parte, en productos industriales que nos alejan de la naturaleza. Tanto así que teniéndola frente a nosotros, ignoramos el gran recur-so que nos provee y no la enten-demos. Por esto, los diseñadores modernos deberían mirar hacia ella como lo han hecho otros en el pasado.

Precisamente, el investigador menciona que nuestro país debe-ría aprovechar tan grande y rica herencia natural. Además, afirma que el 10% de las especies anima-les del mundo están en Colombia y que deberíamos empezar a enten-der que aquí el diseño puede hacer milagros.

Rol de la cultura

La innovación también puede encontrarse en el ámbito cultural y social. Amit Ray explica que la In-dia tiene una gran herencia de ar-tesanías antiguas, pero que nunca hicieron parte del diseño. Lo que este profesor trata de averiguar es la esencia de estas artesanías para llevarlas hacia el diseño industrial, pues considera que ahí es donde la India puede tener mayor éxito que

cualquier otro país, debido a su gran legado cultural.

En el caso de nuestro país, el doctor Pedro Uriel Sánchez, pro-fesor de la Escuela de Diseño In-dustrial de la Universidad Nacional de Colombia, reconocido por su trabajo investigativo con la comu-nidad kuna por cerca de dos dé-cadas, pone como ejemplo emble-mático de innovación y desarrollo sostenible a las culturas indígenas, ya que han evolucionado y han sa-bido vivir durante cientos de años con diferentes tipos de gobierno, economía y relaciones sociales.

La cultura kuna, ubicada en la frontera colombo-panameña, es un ejemplo de innovación cultural en Latinoamérica, ya que ha plas-mado su inmenso respeto por la naturaleza, su gran fuerza creativa, emocional, expresiva y su visión sistémica del mundo.

Estos diseñadores innatos lo-graron mantener durante genera-ciones sus símbolos de identidad colectiva, al pasar de la pintura del cuerpo (prohibida desde la época de la Conquista), al arte figurati-vo representado mediante la mola, una técnica de superposición de capas de telas de diferentes colores con la que las mujeres confeccio-nan su vestuario.

Esta transición les ha permi-tido salvaguardarse como cultura y les ha dado la oportunidad de convivir en el mundo moderno. De este modo, han conseguido con-servar el conocimiento ancestral con nuevas formas de desarrollo, buscando estrategias para no des-aparecer como cultura ante los procesos de globalización.

Academia

e innovación

“Todo el mundo habla sobre innovación, pero nadie da una re-ceta de cómo y cuándo llevarla a cabo, ni de quién la efectúa o hace los currículos sobre diseño”, señala Ray. Esta situación lo ha llevado a trabajar en la implementación de una política que tendrá diez cen-tros de innovación en la India, los cuales estarán asociados a centros académicos. El Gobierno invertirá dinero y, al ver resultados, entrará en asocio con compañías para fa-bricar los productos en laborato-rios de investigación.

Otra de sus propuestas es que las escuelas de diseño introduzcan currículos que desarrollen la in-novación. En su caso, quiere llevar siete centros artesanales (con po-tencial para metal, cuero, madera y vidrio) como parte de su plan de estudios de diseño, para conectar-los y hacer una red para la comer-cialización de los productos. La universidad en la que labora será la primera en generar este tipo de prácticas en su país.

En el caso de la UN, desde el 2011 se inició un trabajo a través de la modalidad de Gestión Tec-nológica e Innovación (GTI), que comprende proyectos e iniciativas que se adelanten como resultado de las labores de docencia e in-vestigación de la comunidad aca-démica. Su finalidad es la transfe-rencia de nuevo conocimiento a los procesos productivos, sociales, culturales y políticos del país.

Como se observa, para generar una cultura de innovación es vital establecer lazos sólidos entre la in-dustria, el Gobierno y la academia, con el respaldo de una inyección de capital. Asimismo, es vital no perder las tradiciones y mantener vigente la cultura propia a través de propuestas novedosas.

Una de las tareas pendientes más importantes, en particular pa-ra los colombianos, es la de “saber ver” y volver los ojos a la naturale-za. Como dice Amit Ray, tenemos que escudriñar entre tantas rique-zas que tenemos para hacer los “milagros” que promete el diseño en nuestro país. Las cartas están sobre la mesa.

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El desafío de generar tecnología en el siglo XXI.La propiedad intelectual

en el devenir histórico de ColombiaGuías de laboratorio de bioquímica

para la carrera de química

Cátedra Manuel AncízarEditores Genaro A. Sánchez M. y Martín Uribe Arbeláez

Dirección Académica, sede BogotáUniversidad Nacional de Colombia

Elizabeth López Rico y Cecilia Anzola VelascoFacultad de Ciencias, sede Bogotá

Universidad Nacional de Colombia

La Cátedra Manuel Ancízar: El desafío de generar tecnologías en el siglo XXI. La propiedad intelectual en el devenir histórico de Colombia conmemoró el bicentenario del grito de Independencia con un tema vi-tal para el desarrollo económico y social: la tecnología.

La Cátedra reunió a lo más ilustre de la investigación sobre propiedad intelectual en Colombia. Conferencistas de talla no solo nacional sino también internacional y desta-cadas autoridades en la materia cautivaron al auditorio con exposiciones didácticas que constituyen verdaderos opúsculos dentro de los temas analizados.

El propósito de las Guías de laboratorio de Bioquímica para la carrera de Química es ofrecer a los estudiantes una selección de técnicas y experimentos para que aborden el aprendizaje de la bioquímica experimental y el trabajo con muestras y moléculas bio-lógicas. El texto presenta experimentos con carbohidratos, lípidos, proteínas, enzimas, ácidos nucleicos, como moléculas represen-tativas tanto de la estructura como de la intensa actividad química que realizan las células y los organismos.

La enfermedad coronaria en la mujer

Fanny Rincón OsorioFacultad de Enfermería, sede BogotáUniversidad Nacional de Colombia

Este libro es fruto del compromiso ad-quirido con algunas mujeres que, a través de su narrativa, han dado a conocer la ex-periencia de vivir con enfermedad corona-ria, primera causa de muerte femenina en Colombia, cuyas expresiones más conocidas socialmente son angina de pecho e infarto del miocardio. Esto ha permitido trascender más allá del diagnóstico hacia un contexto social y cultural, que invita a la reflexión so-bre la condición femenina, escenario donde se genera y afronta la enfermedad. El mayor aporte de esta obra es facilitar el paso de una visión limitada de esta patología a un pano-rama dinámico psicosocial, cultural, político y geográfico.

Relaciones internacionales.La posición de Colombia en el mundoLa genética de la papa frente a la gota

Cátedra de Sede Jorge Eliécer GaitánEditor Gustavo Adolfo Puyo TamayoDirección Académica, sede BogotáUniversidad Nacional de Colombia

Editores Teresa Mosquera Vásquez y David Cuéllar GálvezDirección de Investigación, sede Bogotá

Universidad Nacional de Colombia

Las relaciones internacionales cobran cada vez mayor importancia en la vida po-lítica, económica y social. Por esta razón, la Cátedra de Sede Jorge Eliécer Gaitán de la Universidad Nacional de Colombia se orien-tó al estudio de esta disciplina. Este libro, que contiene la síntesis de la Cátedra, ahonda de manera sencilla las distintas temáticas de las relaciones internacionales en el siglo XXI, teniendo en cuenta la forma como Colombia se relaciona con el resto del mundo.

Los autores, expertos en el estudio de las relaciones internacionales y miembros de la comunidad académica brasilera, argentina y colombiana, han desarrollado textos senci-llos, apropiados para aquellos que inician el estudio de las relaciones internacionales.

La genética de la papa frente a la gota recoge y analiza información y resultados de investigación sobre la enfermedad más devastadora de este cultivo, causada por el patógeno Phytophthora infestans. Se busca presentar al lector el conocimiento actuali-zado en la genética del tubérculo, que está en la base del mejoramiento genético para el desarrollo de cultivares. Presenta puntos de vista de los autores y sus análisis frente a resultados de investigación. Además, destaca las investigaciones realizadas en Colombia por las diferentes instituciones y, en especial, por la Universidad Nacional de Colombia.

Obesidad y enfermedadesasociadas

Editoras Ismena Mockus Sivickasy Martha Liliana Trujillo Güiza

Facultad de Medicina, sede BogotáUniversidad Nacional de Colombia

La obesidad es una enfer-medad crónica que provoca al-teraciones en diferentes órganos por efectos metabólicos, infla-matorios y mecánicos. El tejido adiposo es un reservorio de ener-gía pero también es un órgano que sintetiza hormonas, donde ocurren fenómenos inflamatorios que participan en diversos proce-sos patológicos.

Este libro escrito por 25 autores hace un recorrido por los eventos que ocurren en el tejido adiposo del sujeto obeso, las señales hormo-nales y nerviosas desencadenadas por la presencia de alimentos en el tracto digestivo, los circuitos cere-brales de la saciedad y del apetito, y la fisiopatología, diagnóstico y en-foque terapéutico de enfermedades asociadas a la obesidad.

Información: 316 5290, extensiones 20040 y 29494opymeditun@unal.edu.co • Oficina de Promoción y Mercadeo de la Editorial UN

Reseñas

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224 Cultura

Y creemosen el mismo Dios

La conmemoración a través del arte es lo que define la ex-posición que se presenta en el Museo de Arte de la UN. Allí se recopilan sesenta años de conflicto y violencia en el país, desde una crítica mediada por los trazos y los colores.

David Santiago Gómez Mendoza,Unimedios

Y creemos en el mismo dios se identifica con la obra de Luis Paz (1937-2011), en la que se eviden-cia el compromiso político social de la década del setenta con el movimiento obrero. Sin embargo, también es un juego semántico que une a los actores de la serie de conflictos que vive Colombia des-de hace más de seis décadas.

“Es una frase afirmativa, pero pone en cuestión su significado y relaciona la violencia con el Es-tado y la Iglesia”, asegura María Belén Sáez de Ibarra, curadora de la exposición y directora de Divul-gación Cultural de la Universidad Nacional de Colombia.

La exposición presenta una se-rie de obras intemporales en las que el espectador siente que vive la reali-dad que estas presentan, sin impor-tar que fueran hechas finalizando los cuarentas, los setentas o, incluso, en épocas más recientes. Hay una memoria histórica vigente.

Según la curadora, los trabajos se basan en la historia de las vícti-mas, sin utilizar el “érase una vez” de los vencedores. Allí hay nue-vos planteamientos que invitan a pensar que la exposición aspira a brindar herramientas para pensar la conmemoración, que se refie-re a hacer memoria de aconteci-mientos que son fugaces, instantes que el arte mantiene quietos en el tiempo.

La exposición, de igual forma, cuenta con una muestra gráfica de investigaciones y documentos de organizaciones como el Centro de Memoria Histórica, la Fundación Arco Iris, la Biblioteca y la editorial de la UN, entre otras.

Un final y un comienzo

Una de las artistas presente en la muestra es Beatriz González con la obra Manual para una fá-brica socialista, de 1981. Con esta propuesta, la autora finaliza una etapa irónica y comienza a realizar trabajos con un tono crítico frente al entonces gobierno de Julio Cé-sar Turbay Ayala (1978-1982). Esta obra es, a la vez, un homenaje al Guernica de Picasso, pero con colores más vivos como amarillo, verde y azul, en lugar de los grises de la obra del ibérico.

“Es la última obra de corte irónico en la que percibía cómo era tratado el arte universal en los paí-ses del tercer mundo en esa época, cuando el acceso no era tan grande como lo es ahora. Por ejemplo, veía portadas de publicaciones de orientación sexual ilustradas con obras maestras. Uno no podía sen-tir la obra en su belleza e intensi-dad”, añade la artista plástica.

Entre pelo y escritura

Otra obra que se destaca es la de Juan Fernando Herrán, quien utiliza el pelo humano para formar croquis de personas y objetos, los cuales se comprimen en el centro y se deshacen en los bordes hasta formar una cadena en el suelo, en alusión a la muerte.

Para Herrán, hay un elemen-to de compresión y expansión en el cabello humano que ayuda a mantener esa relación con la hue-lla, la memoria y su desaparición. “Cuando las cosas se concentran y se diluyen hay una sensación de pérdida, que podría ser humana o de objetos. Esta obra fue realizada en los noventas, con muchas pie-zas de la época”, afirma.

Según María Belén Sáez, estas son obras intemporales en las que el espectador siente que las vive hoy, así hayan sido realizadas décadas atrás.

El Guernica hecho por Beatriz González cierra con broche de oro su mirada irónica sobre la percepción y el acceso del arte, para iniciar con su crítica al gobierno colombiano de 1981.

La obra de Juan Fernando Herrán es creada a partir de pelo humano.

Las obras presentadas en la exposición Y creemos en el mismo dios describen una relación entre la violencia, la política y la religión.

Otra invitada es la artista Jo-hanna Calle con su obra Lecciones de Kafka, en la que hay un texto ca-ligráfico que se produce encima de sí mismo. “Es un personaje al que están enjuiciando y no sabe por qué lo juzgan, y a medida que trata de aclarar su situación se enreda mucho más”, asegura.

Para Calle, su muestra refleja un poco lo que pasa en el sistema jurídico del país: juzgados llenos de expedientes amontonados. No se sabe dónde empieza y dónde termina, “son metros enteros de papel y son circunstancias que se van acumulando”, describe.

Estos artistas y otros once más estarán dentro de esta exposición en el Museo de Arte de la UN, en la que el arte se presenta como una forma de mantener vigentes acon-tecimientos pasados del conflicto y la violencia colombiana; donde la conmemoración es la clave para re-cordar a las víctimas, y así generar imágenes que no son fugaces, sino que permanecen en la mente del es-pectador y llegan a su conciencia.

Catorce de los artistas más influyentes de la escena nacional aparecen con sus instalaciones críticas sobre el contexto del conflicto colombiano.

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