TURK, AUSTIN (1982) “Political criminality. The defiance and defense of authority”. SAGE Library of Social Research. California, U.S.A/”Criminalidad política. Defensa y desafío a la Autoridad”

Turk parte de una visión weberiana de la sociedad, en tanto forma de organización social cuya naturaleza es conflictiva (nace, existe y se reproduce a partir del conflicto). Marx y Engels; Weber; Darhendorf Principal elemento que explica la existencia del conflicto, se remite a la distribución desigual de los recursos en una sociedad.

“Mientras que cualquier otra relación social existe, por definición, organizada de alguna forma u otra; una relación políticamente organizada, implica construir y aplicar reglas explícitas o implícitas, para la creación y aplicación decisiones acerca de cómo aquella misma relación debe ser vivida” (Turk, 1982:14)

“Tener Poder en el contexto de una relación social, significa poseer cierto control relativo sobre los recursos disponibles para las personas en esa relación. Usar el poder significa demostrar ese control, alterando/manipulando el rango de atractivo de las opciones de comportamiento abiertas a otros, en esa relación.” (Turk, 1982:14)

A propósito de lo anterior, Turk (1976) distingue 5 indicadores para medir el Poder (que funcionan como 5 tipos de Poder, en una sociedad), en términos de quién controla los recursos:

1) Poder policial: Control sobre los medios de violencia física directa;2) Poder económico: Control sobre el uso y la distribución de los recursos materiales;3) Poder político: Control sobre el proceso de toma de decisiones;4) Poder Ideológico: Control en la definición del conjunto de valores, creencias y

conocimientos compartidos;5) Poder de Distracción: Control sobre la atención y el tiempo libre de la gente.

La principal diferencia entre una organización política y otras formas de organización social, es que la primera centra su atención en el uso de los dispositivos de manipulación por los que comúnmente la gente intenta resolver sus conflictos con “otros”, en favor de sí misma. Ello considera un amplio rango de alternativas, desde gestos sutiles a otros más obvios; así también como diversas formas de dominación, desde la más democrática hasta la más autoritaria.

En contexto de una organización política, el alcanzar y mantener una posición de Poder, depende del uso de un amplio rango de técnicas de manipulación, culminando en los mecanismos formales de control propios de la Política o el Estado, cuyo principal foco yace en la autorización y organización de los medios de violencia, encarnados en el Código Penal y en los cuerpos militares y policiales, respectivamente.

Las sociedades políticamente organizadas poseen carácter jerárquico, sustentado en la distribución desigual del poder entre los grupos que las componen y que tiende a reproducirse a lo largo de la existencia del sistema social, complejizándose y originando lo que hoy nombramos como “sistema social estratificado”. Esa desigualdad de poder eventualmente se traduce en la distinción entre Autoridades y Sometidos o Gobernados.

“Las Autoridades son aquéllos que toman e implementan decisiones, influenciando la Política como un todo; los Gobernados son aquéllos a quienes afectan esas decisiones estratégicas, sin que ellos sean parte de quienes las toman.” (Turk, 1969; Dahrendorf, 1959; en Turk, 1982:17)

Turk sostiene que el que una sociedad logre constituirse, pasa en gran medida por el proceso en el que el Poder se transforma en Autoridad, el que se completa en base a conseguir 5 elementos:

a) Dominación militar: La toma de un territorio determinado a partir de la ocupación militar, utilizando la fuerza para asegurar la posibilidad de formar organización social y política. A pesar de mantener el control sobre las fuerzas militares, no hay sociedad que –una vez constituida- haya logrado eliminar el riesgo de transformaciones violentas

b) Establecer Jurisdicción: Expresión concreta de la organización política y social de una sociedad; a través de la ocupación, quienes controlan el poder militar pueden instalarse como las autoridades, en la medida en que son capaces de establecer límites políticos para el territorio ocupado, y hacer que sus habitantes y vecinos (otras sociedades) reconozcan y respeten su existencia1.

c) Patrullaje policial institucionalizado: Una vez utilizada la dominación militar para establecer límites territoriales y jurisdiccionales, convertir el Poder en Autoridad requiere transformar la forma de control a una que parezca menos violenta y más cercana a los habitantes. De ahí la necesidad de reemplazar la ocupación militar (que asusta) por el patrullaje policial, cuya función es la de convencer a la población de que es positivo identificarse con sus gobernantes y obedecerlos. En este sentido, la efectividad de la policía se juega en su capacidad de mantener velada la amenaza del uso de la violencia, manteniendo una imagen del Policía como servidor público que protege a la ciudadanía; pero las autoridades deben también lidiar con el riesgo de que exista abuso de poder por parte de los mismos. “El patrullaje policial es el mecanismo mediante el cual las autoridades, se den o no cuenta de ello, establecen el marco y ganan el tiempo necesario para desarrollar y operar otras formas más sutiles para la socialización política” (Turk, 1982:24)

d) Continuidad demográfica: Factor necesario para cualquier forma de organización política; asegurar que la población perdure posibilita que la existencia del orden social instaurado, también subsista.

e) Hegemonía ideológica: Clave para la socialización política2; consiste en instalar la idea de que la vida como se presenta, es como debe ser. Se trata de un mecanismo de control utilizado por todos los regímenes totalitarios, sin distinción de su orientación política. El poder ideológico existe en vinculación a otros poderes (económico; político) en tanto prima el supuesto de que las autoridades existen “para y por la ciudadanía”.

Tal como se subentiende del último elemento mencionado, la legitimidad de un orden social se sustenta en la aceptación del mismo, para lo que es fundamental el imaginario de que los

1 Cuando surgen conflictos entre límites políticos oficialmente reconocidos y tácitamente respetados, operan lo que Turk denomina como “esferas de interés”, una figura que básicamente consiste en cuando ciertas autoridades bloquean o deliberadamente deslegitiman la autoridad de otras, para realizar actos prohibidos en el plano común dentro del cual ambas se relacionan (altamente frecuente en política internacional).2 El concepto utilizado por Turk corresponde al desarrollado por Sigel (1965), quien lo describe como un proceso

de aprendizaje iniciado desde el nacimiento de las personas, en el cual se asocian los códigos presentados bajo la influencia de agentes como la Familia; la escuela o el colegio; la Iglesia; la clase social; y la cultura política de la sociedad en pleno.

intereses de las autoridades son idénticos a los intereses de los gobernados. En este punto, Turk recurre a los tipos ideales de dominación de Weber (1922), que caracterizan el fundamento de la legitimidad que sustenta una determinada relación de dominación:

“La legitimidad Carismática descansa sobre la creencia de que las figuras de autoridad poseen una fuente única de poder y visión, derivada de su ser innatamente extraordinario; o del que tengan el control sobre los símbolos de su mandato […] la legitimidad Racional queda conferida por la creencia de que la autoridad es estructurada y ejercida de acuerdo a premisas fácticas aceptadas y principios lógicos. Se asume que las autoridades actúan en base a conocimiento objetivo, racionalmente aplicado a situaciones particulares […] la legitimidad tradicional está fundada en la creencia de que las autoridades contemporáneas mantienen los caminos creados a través de la experiencia de generaciones anteriores, por ser lo mejor.” (Turk, 1982:31-32)

La realidad muestra que estos tipos de legitimidad no se presentan por separado, sino que en conjunto y en diferentes proporciones, constituyendo una suerte de reflejo de la estructura de poder existente. Lo relevante, sostiene Turk, es que “el poder puede ser transformado en autoridad en la medida en que la gente aprende a vivir con éste –es decir, que lo ejerza si lo posee o que se subyugue al mismo, si es que no.” (Turk, 1982:32). En todo caso, una de las características de los regímenes políticos de esta época, es la utilización de diversos mecanismos formales para el control de la población, mediante los cuales se promueven la identificación y aceptación de las autoridades y sus respectivas institucionalidades. En consecuencia, también se hace uso de herramientas que permitan reprimir a aquellos grupos que presenten algún tipo de resistencia.Cuando la gente confía en que sus vidas cuentan con la probabilidad de ser mantenidas o mejoradas a través de las acciones de sus autoridades, los desafíos a las mismas se limitan a la criminalidad común y corriente; pero en cuanto la percepción de la gente es que su vida sólo será empeorada a manos de las mismas, entonces la criminalidad transita hacia formas de resistencia política, como lo son los actos de disconformidad; de evasión; de desobediencia y de violencia (Turk, 1982)

Crímenes políticos y definiciones legalesLos sistemas legales no existen ajenos de los procesos de organización política; son propios de los mismos, pues surgen como respuesta a una necesidad de autoridades –facilita los procesos de adquisición y ejercicio del Poder-, como de gobernados –permite restringir la explotación recibida por parte de las autoridades-. Un sistema legal establece las limitaciones que se imponen desde la política a la vida social, en término de lo que está permitido y lo que está prohibido. “Para que un sistema gubernamental posea sistema legal, debe haber sobrevivido lo suficiente como para que la vigilancia policial haya quedado bien institucionalizado y para haber alcanzado un grado considerable de hegemonía ideológica, generando consenso en la necesidad de su existencia.” (Turk, 1982:38)

Turk plantea que cada sistema legal puede incorporar mecanismos para desmotivar el cuestionamiento a las autoridades, ya sea por medio de la socialización política (políticas educativas, laborales, etc.) o del uso de la violencia (represión policial). Cuando éstos no son efectivos, aparecen sujetos –particulares o colectivos- que cuestionan la forma y las políticas de gobierno. Entre esas personas, eventualmente se califica –social y/o legalmente, dependiendo de

la situación- a las que causan más ruido como “delincuentes” o “infractores políticos”, criminalizando o estigmatizando sus características principales (como edad, sexo, raza, clase social) para que sean interpretadas por el resto de la población como una señal de que se trata de “gente peligrosa”. En el contexto de la criminalización política –estigmatización de personas cuya mayor característica a los ojos de autoridades, es el presentar algún tipo de resistencia ante su sistema de gobierno-, la problemática con el sistema legal se desata en cuanto las leyes son usadas con fines políticos, por ejemplo, para acallar a individuos que se manifiestan disconformes ante su situación de sumisión. En esos escenarios, las autoridades pueden recurrir a la deshumanización de la figura de los subversivos, apelando a despojarlos de los derechos y protecciones civiles asociadas a su condición humana –como hicieron en las matanzas en escenarios de protesta por los derechos laborales y sindicales en los EE UU; con los movimientos antirracistas en Sudáfrica; y con otras luchas por reivindicar los Derechos Humanos y libertades civiles durante el siglo XX.

Otra maniobra propia de la criminalización política, consiste en hacer uso de la distinción base presente en toda sociedad, con respecto a lo considerado normal y anormal a nivel de comportamiento. Comúnmente, las autoridades abordan la anormalidad como un síntoma individual de infractor –por ejemplo, etiquetándolo como un acto involuntario o inconsciente, asociado a algún tipo de enfermedad mental y por el cual el individuo no tiene real noción del daño causado-, y no como una manifestación de resistencia en su contra, existente en términos sociales. Lo anterior es altamente frecuente en regímenes democráticos, señala Turk, fácilmente disimulado por el supuesto de que en un ambiente democrático no existe la opresión, ergo la existencia de resistencia política deja de tener sentido.

Turk afirma que la elaboración de leyes que puedan ser utilizadas para la reducción o disgregación de grupos políticamente subversivos, se ha hecho frecuente desde la creación del Estado-nación, pues “las formas legales que definen los delitos políticos –tales como traición, sedición, subversión o deslealtad- son públicamente justificadas bajo la figura de ser la defensa del sistema de gobierno y su estructura, pero que reafirman la primacía de los intereses del grupo dominante o gobernante por sobre los de los gobernados” (Tuek, 1982:54). Desde la idea de que las autoridades actúan siempre en pos del bien común de la sociedad, las leyes son presentadas como la institución que orienta sus intereses últimos. De ahí en adelante, se les inviste con la mística de lo imparcial y lo perfecto, exento de la mezquindad humana. A pesar de esto, las leyes también cumplen la fundamental tarea de garantizar derechos a la poblaciónEn concordancia con lo anterior, Turk (1982) también constata –a través de una revisión de casos- que las leyes definitorias de crímenes políticos tienden a ser muy vagas, con excepción de la tipificación de conductas delictuales específicas a las que atribuyen deliberado carácter político; y proveen mecanismos legales para que los procedimientos que se aplican a cualquier delito común, no limiten la interpretación y ejecución de las leyes especialmente dedicadas a crímenes políticos3. El hecho de que tales legislaciones generalmente sean creadas mucho después en relación a la normativa general, causa que las normas especialmente dedicadas a sancionar delitos políticos no posean mecanismos de control adecuados para asegurar su correcto funcionamiento y evitar el abuso de las mismas sobre la ciudadanía. Frente a tales

3 Por ejemplo, la Ley Antiterrorista que Suiza implementó en 1978 fue posteriormente incorporada en el Código del Extranjero, facilitando a las policías el que pudieran asociar la existencia o ausencia de riesgo terrorista en base a criterios declaradamente racistas; o la inmensa autonomía que poseen los agentes especiales en EE UU –sujetos vinculados al cuidado del control poblacional- para relacionarse con posibles sospechosos de subversión.

condiciones, la investigación de Turk también registra quejas frecuentes provenientes desde la sociedad civil y desde la Corte Suprema, donde se manifiesta el descontento por las reiteradas acusaciones infundadas en contra de disidentes políticos en los EE UU, sobretodo cuando se trata de sospechas por terrorismo.

“El estado general de la reflexión legal y académica a propósito del terrorismo queda reflejada en la conclusión de la reciente examinación a la ley canadiense, que señala que “el término ha adquirido un amplio significado, que tiende a abarcar cualquier tipo de acto reprobado y en los cuales se detecta en alguna medida la presencia de terror o de amenaza, independientemente de su vinculación con el acto mismo” (Green, 1976; en Turk, 1982:66)

La criminalidad de los delincuentes políticosLos sujetos calificados como delincuentes o criminales políticos por parte de las autoridades, generalmente son identificados a partir de la figura del “rebelde”. Un rebelde es quien busca mover los límites de las autoridades más allá de lo establecido; quien busca resistir al orden social y políticamente existente, en lugar de aceptarlo y defenderlo; y también es quien busca que esa rebeldía cobre una forma concreta o material:

“Identificar a un delincuente político como “cualquier persona que comete X” es obviamente inadecuado cuando la laxa naturaleza de las leyes de crímenes políticos dejan los significados de “X” y de “cometer” tan abiertos a la interpretación. Ya sabemos que los crímenes políticos son ofensas atribuidas a personas definidas por las autoridades como políticamente intolerables. Lo que no sabemos es si es que hay y cuando hay evidencia empíricamente adecuada para sustentar dichas atribuciones, incluso cuando las resoluciones judiciales o las prácticas policiales han establecido algunas definiciones legales muy vagas y francamente imposibles, de no existir éstas.” (Turk, 1982:70)

El identificar y ubicar a un delincuente político, implica:a) Comprender el significado táctico del estereotipar al ofensor, en contextos de conflicto

con alguna o algunas autoridades políticas;b) Caracterizar socialmente a los opositores políticos que enfrentan a la Autoridad,

estableciendo relaciones entre: formas de resistencia política y las características particulares de los individuos; buscando posibles vínculos entre los tipos de opositores, las formas de resistencia y los mecanismos utilizados por la institucionalidad para ejercer el control sobre la población.

Ambos pasos van de la mano; cada uno es ineficiente sin el otro.

i. Estereotipar: Proceso de asociación entre las características y elementos internos o subjetivos propios de otras personas, a partir del cual generamos juicios sobre la realidad y sobre esos otros individuos, decidiendo como comportarnos ante ellos y qué actitudes son más o menos pertinentes. Es una forma de economía mental, desarrollada sobre información parcialmente completa y pocas veces corroborada. Con respecto al estereotipado de criminales políticos o criminalización, lo que menos importa es si los individuos o grupos subversivos en cuestión, fueron declarados culpables o inocentes luego de aplicarles el proceso judicial pertinente; al

contrario, el énfasis de las autoridades suele localizarse en las deficiencias intelectuales y/o morales de los delincuentes.

“Llevado al extremo, el proceso de estereotipar puede conllevar eventualmente a la deshumanización: El enemigo es juzgado de ser tan inhumanamente malo o despreciable, que nada hay que se “le” puede hacer sin comprometer subjetivamente la propia humanidad y sentido de moralidad (no se tortura a un pequeño niño, sino que se interroga a un terrorista; tal como no se asesina al padre de niños pequeños, pero se sacrifica un cerdo). El estereotipado negativo del enemigo va siempre acompañado de un estereotipado positivo sobre uno mismo y sobre los propios aliados”. (Turk, 1982: 71)

Hacker (1978; en Turk, 1982:74) desarrolla un análisis sobre las personas que practican el terrorismo como método para hacerse con el control social, distinguiendo tres categorías de terrorista: el loco (introvertido, con inclinaciones suicidas; Inmaduro, inepto y con un débil Ego, que suele ser tan inseguro como impredecible); el criminal (agresivo, extrovertidamente destructivo y con disposición homicida; desapegado y despreciativo del medio y sus semejantes, pero con un Ego intacto; generalmente determinado y predecible); y el más común, el Cruzado (fanáticos; con un Ego bien desarrollado, pero con un mayor sentido de obediencia y compromiso ante una causa superior; indefinidamente predictible o impredecible). Aún reconociendo la existencia de terrorismo proveniente de “abajo” (gobernados) y desde “arriba” (autoridades), Hacker sólo realiza recomendaciones sobre el uso de la violencia extrema en el caso del primero, luego de que las negociaciones fallan.

Más allá de Hacker, quienes de posicionan desde la vereda de los subversivos tienden a contar con una autoimagen tan positivamente estereotipada, como de sí mismas poseen las autoridades; para ellos se trata de ser un ejemplo de virtud, unos verdaderos patriotas, quienes arriesgan su seguridad e integrar individual, para conquistar un nuevo orden social en desmedro del Estado opresor y cruel (Guevara, 1969; Maringhella, 1971; en Turk, 1982). El etiquetado constituye un arma ideológica de gran calibre, en la batalla por preservar la autoridad política; gana quien logra conquistar la posición de “bueno” ante la opinión pública: “Aparte de su valor como minas para la moral de los activistas, el mayor valor de las etiquetas yace en su impacto sobre la población general –aquellas personas que no se encuentran involucradas, pero que podría llegar a ser potenciales miembros o aliados de cualquiera de ambos, del Gobierno o de las fuerzas opositoras.” (Turk, 1982:77)

En corto: Si el tránsito de Poder a Autoridad se logra acostumbrando a la gente a la idea de que las relaciones de poder regentes, son naturales, inevitables y deseables, las autoridades pujan por preservar la hegemonía ideológica; los revolucionarios luchan por combatirla; y ambos hacen uso extensivo del estereotipado para desacreditar a su enemigo y reafirmarse a sí mismo, ante la opinión pública.

ii. Características de los políticamente subversivos: Al enfrentarse ante sujetos rebeldes, la Autoridad analiza tres elementos para su eventual identificación y

ubicación: El tipo de individuo; la forma de resistencia política; y la criminalización política. 1) Tipo de individuo: Características estudiadas a partir de gente que se ha visto

involucrada en actos de resistencia política de diversa intensidad y gravedad, entre las que se consideran: Clase social; elementos de tensión o presión en su cotidianeidad; salud mental; experiencias de aprendizaje; etc.

2) Tipos de resistencia política: “Cualquier grado de disidencia, evasión, desobediencia o violencia, ejercida en desafío a las autoridades” (Turk, 1982:82).

3) Criminalización política: “Todo tipo de atención punitiva, dada por las autoridades a los rebeldes, incluyendo el si ésta fue directa o indirecta, legal o ilegal, leve o severa” (Turk, 1982:82). Es decir, refiere al tipo de respuesta que la autoridad presenta ante un acto delictual específico.

Hasta donde Turk alcanzó a ver, la relación entre 1 y 2 estaba bastante estudiada; mas no así las relaciones entre 2 y 3; o entre 1 y 3.

Sobre la clase social: Contrario a lo que se asume tradicionalmente desde la Autoridad, quienes ofician como cabecillas o instigadores políticos principales suelen provenir de la clase alta, mientras que los rebeldes de clase baja suelen adherirse en un segundo momento a las protestas políticas. Así mismo, Turk revisó una serie de estudios históricos sobre la figura del rebelde, y descubrió que los caudillos políticos tienden a ser justicieros o estudiantes, provenientes de sectores acomodados. Es decir, una de las pocas afirmaciones que han logrado establecer los estudios al respecto, es que existe cierta vinculación entre la socialización de la clase alta y la tendencia a comprometerse en un acto de resistencia política, de manera protagónica.

Moran (1974; en Turk, 1982) Realizó un estudio de casos, para establecer relaciones entre las variables mencionadas, pero estudiando específicamente a “ofensores políticos encarcelables”. Las dos cosas que apuntó, fueron: Que se trata de individuos con una fuerte convicción determinada; y que el objetivo de su acto ilegal debe ser el de atacar la estructura social desigual a la que se encuentran sometidos, pues es la única forma de desencadenar una transformación radical en la sociedad. Así mismo Moran (1974:139; en tURK, 1982:93) reconstruye el proceso reflexivo por el que atravesaron esos criminales políticos, el cual propone como aplicable para cualquier tipo dentro de esa misma categoría de delincuentes:A) Experimentar presión a nivel personal, a partir de un desajuste entre sus

condiciones sociales ideales y reales (desacople de expectativas), concluyendo que dicha presión debe ser resuelta;

B) Desarrollar una visión político-institucional del problema, enfatizando la necesidad de reemplazar ciertas instituciones;

C) Reflexionar en torno a la idea de si se han agotado todas las otras alternativas para transformar su situación; concluir que sólo falta intentar la violencia, encontrando una justificación moral y pragmática al respecto;

D) Contar con un sentido abrumador de responsabilidad y compromiso, capaz de hacerle sentir al individuo que abandonar la vía violenta constituye una bajeza y una falta de honor;

E) Cometer un crimen grave, con la convicción de que contribuirá en alguna medida a la destrucción de las fuentes institucionales de explotación y represión.

¿Qué es lo que activa el paso de alienación, hacia la acción? Gurr (1970; en Turk, 1982) postula que la brecha entre las expectativas valóricas y la capacidad valórica de los individuos, es la que conduce a un estado de “deprivación relativa” que los conduce a sumarse a acciones de protesta política mayormente violentas.

iii. Resistencia e insumisos políticos: Como ya se ha mencionado, Turk caracteriza 4 formas de resistencia política: 1) Disconformidad o disidencia: Activamente propagar opiniones desfavorables en

relación a las figuras o estructuras de autoridad; Tradicionalmente frecuente en la clase alta (sobremesa del domingo; cartas al diario)

2) Evasión: Hacer las maniobras necesarias para no ser alcanzado por la ejecución de los mandatos de la autoridad (ejemplo: evadir el llamado al Servicio Militar; o una citación judicial). Propia de la clase baja (trabajar deliberadamente lento o de manera ineficiente; robo hormiga; chanchullos)

3) Desobediencia: Rechazo explícito y no violento a los mandatos de la autoridad; frecuentemente visto en miembros de la clase alta, en cuanto la percepción del riesgo de fallar y recibir castigo, es baja. También conlleva un alto nivel de desprendimiento en cuanto a las consecuencias de la desobediencia a la autoridad.

4) Violencia: Acciones de confrontación explícita, incorporando la agresión física. Cuando se trata de un acto de violencia espontáneo y desorganizado, como reclamo ante las consecuencias de la subyugación política, este tipo de resistencia tiende a verse más en la clase baja.

A partir de estas tipologías, Turk plantea el tipo de resistencia política ejercida por los sujetos, deriva de la combinación entre la clase social de procedencia y el nivel de desarrollo de la consciencia política del individuo.

Fuente: Elaboración propia, a partir de información entregada por Turk (1982)

iv. Criminalización política como reacción4: La reacción de las autoridades ante un acto de resistencia política, suele ser un combinado de las siguientes dicotomías: Directa (confrontar por sí mismas al ofensor) o indirecta (usar recursos indirectos para su disuasión o represión, tales como acudir a sus empleadores; acreedores financieros; etc.); legal o ilegal; comedida o severa (encarcelamiento; utilizar la violencia física como castigo). La combinación resultante de las alternativas anteriores, considera si la forma de resistencia ejercida es más políticamente sensible (consciencia política) o si es de carácter más visceral (violencia por un resentimiento aislado o concreto), además de los ya mencionados elementos “clase social” y “tipo de resistencia”. Manejar la resistencia política exclusivamente con herramientas legales, es un escenario más frecuente cuando se trata de actos de disidencia o disconformidad, o de desobediencia, porque: a) La resistencia organizada y no violenta, se presenta con mayor frecuencia en la

clase alta;

4 En este ítem, Turk recalca que se debe tener en consideración el que no es sensato esperar de las autoridades que se remitan a actuar de manera reaccionaria ante la resistencia política (lo lógico es que su actuar sea preventivo); así como tampoco es realista esperar que el actuar de la policía, afecte siempre y únicamente a personas que efectivamente se vean involucradas en actos de resistencia política.

b) los actos de desobediencia a nivel individual, no constituyen una real amenaza hacia la autoridad;

c) Bajo ciertas condiciones, la evasión es más fácil de manejar a través de medios extra-legales;

d) Los insumisos de clase alta, suelen acarrear más y mejores recursos en caso de necesitar representación legal; “Los insumisos de clase alta tienden a ser de alguna forma más probablemente tratados según el “debido proceso legal” que su contraparte de clase baja; pero en tanto sean vistos como renegados de su clase de origen, su castigo puede llegar a ser incluso más severo” (Turk, 1982:111)

e) A los insumisos de clase baja, suele tratárseles como delincuentes comunes y no como detractores políticos.

Patrullaje o vigilancia policial“Todo patrullaje o vigilancia policial es política, en tanto que su objetivo último es el de preservar aquellas estructuras sociales y culturales que son congruentes con una determinada administración o gobierno, de la influencia de transformaciones radicales […] la vigilancia policial corresponde al uso y desarrollo institucionalizado de “métodos de coacción y supresión” para el control de aquéllos que viven bajo la jurisdicción de ese gobierno” (Turk, 1982:115) Lo anterior aplica tanto si la amenaza de cambio radical posee carácter comunista, socialista o capitalista; la tarea de la institucionalidad policial, será siempre proteger el status quo del orden vigente.

En ese sentido, el trabajo policial involucra poner el “control” por sobre el “servicio”, en tanto lo primero hace referencia a una labor de alcance colectivo (control sobre la población), mientras que lo segundo refiere casi exclusivamente a situaciones individuales (control del individuo desviado). No obstante, ello no significa que cada miembro de la institución policial, sea un sirviente ciego de su cargo y funciones; desde los conflictos entre oficiales incorruptibles y corruptos, a las situaciones en las cuales los mismos oficiales se identifican con el ofensor o con el sector de la población que está siendo criminalizada, no es posible afirmar que la institución de la vigilancia policial funciona absolutamente de manera mecánica.

Dentro de la vigilancia policial, existen 4 funciones que deben ser cumplidas por tal institución (Turk, 1982:117):

1) Recolección de información o Inteligencia: Labores cuyo desempeño depende estrechamente del entendimientos que las autoridades sobre una realidad determinada y que, por tanto, en ocasiones se ven limitadas por las herramientas tecnológicas y por consideraciones políticas, que por el marco legal regente en una jurisdicción determinada.

La recolección de información suele ser realizada bajo el criterio económico de “maximización” (disminuir el volumen de la población estudiada, para privilegiar la calidad de la información a generar); por lo tanto, se tiende a seleccionar objetivos (blancos; focos) específicos dentro de la población general, partiendo por sectores sociales, grupos e individuos más políticamente resentidos o sensibles en relación a las autoridades, y llevar registro de sus movimientos y transacciones. Obviamente, el

señalamiento de esos sectores sensibles dentro del mapa general de sujetos, responde a las experiencias e impresiones con las que cuenten las propias autoridades políticas.

“Aunque los objetivos varíen según la Historia, la geografía humana, y el ambiente político-militar del gobierno, las autoridades han demostrado un notable acuerdo al apuntar hacia los siguientes grupos: activistas radicales; disidentes de izquierda y extrema derecha; organizaciones y líderes sindicales; organizaciones y líderes de minorías raciales y étnicas; inmigrantes; personas constantemente conectadas con el exterior o con contactos en el extranjero; liberales civiles u otro tipo de idealistas adherentes a los Derechos Humanos; artistas, intelectuales y estudiantes; personas señaladas como ejemplos de “estilos de vida desviados”; y personas políticamente influyentes, dentro o fuera de algún cargo político.” (Turk, 1982:124)

La alerta especial sobre algún personaje de interés, se activa en cuanto alguno de los dispositivos utilizados para la vigilancia (monitoreo de rutina; informantes; datos obtenidos en investigaciones preliminares, etc.) arroja un resultado que le califique como sospechoso. “Las técnicas características incluyen la grabación de comunicaciones, reuniones y movimientos, a través del análisis de prensa y otras fuentes secundarias, impuestos, correo, material obtenido de informantes reales y virtuales, y de las observaciones realizadas por Oficiales” (Turk, 1982:126) Como resultado de la investigación, se elabora un dossier con los datos de mayor relevancia, entre los que puede encontrarse información de utilidad legal (que puede ser usada para enjuiciar a un delincuente); o políticamente útil (que permita a los agentes policiales “hacer palanca” o presionar al individuo en cuestión, para que entregue mayor y más valiosa información relacionada). “Llevar registro de los patrones de alineamiento político táctico y conflicto, es el principal propósito del trabajo de inteligencia política, mucho más importante de lo que es generar evidencia para algún juicio político ocasional” (Turk, 1982:127).

Lo que Turk considera paradójico (y que ciertamente lo es), es que cada vez que se ha intentado someter el funcionamiento de los organismos de inteligencia al control de las leyes, más evidencia surge en señal de que el intento es absolutamente inútil. Al final del día, para que los organismos de inteligencia puedan cumplir eficazmente con su labor, el único mecanismo de control real es la voluntad política de las autoridades que los comandan.

2) Control de información o Adoctrinamiento: Consiste en controlar a la población, por medio del adoctrinamiento ideológico de la misma, apelando a la labor socializadora de instituciones educativas, religiosas y mediáticas, y reforzándola con la labor de vigilancia policial. Sin embargo, las instituciones educativas se han caracterizado por promover el desarrollo del pensamiento crítico entre sus comunidades, lo que significa que las autoridades deben utilizar los recursos policiales para corregir comportamientos de desafío a la autoridad amparados en dichos aprendizajes. Wilsnack (1980; en Turk, 1982:130-131) define el control de información como “los proceso usados para asegurar que ciertas personas tendrán o no tendrán acceso a cierta información, en un momento específico”. Para ello, existen cuatro herramientas: Espionaje (conseguir información, a pesar de que quien la posea no desee divulgarla);

Persuasión (permitir que otras personas obtengan y crean en determinada información); Evaluación (obtener más información sobre un tema, de lo que sus dueño desean que tú obtengas); y [¿?]5

3) Neutralización de ofensores (disuasión específica o localizada): Coerción física y psicológica sobre sujetos clave, para disuadir a otros (cómplices, seguidores, aliados) de que imitar su comportamiento, no quedará impune. Como parte de los elementos vinculados a Inteligencia, puede ser utilizada de manera indirecta (por ejemplo: hacer evidente para un sujeto el que se le está vigilando, pudiendo disuadirlo de involucrarse en acciones de resistencia política, antes de efectivamente cometerlas).

Existen 2 formas de maximizar el impacto del mensaje:i) Terror: Hacer de las consecuencias de la resistencia política algo tan duro y

extremo, que nadie más se atreva a hacerlo;ii) Cercado o encerrona: Convencer al individuo de que no tiene posibilidad de

vencer, aún continuando con sus actos de resistencia.

Fuera de las anteriores, existen otras vías para la neutralización de un sujeto (colectivo o individual): Una de ellas es utilizar a la opinión pública como juez y presentándoselo como moralmente incorrecto, malvado, dañino, etc., mediante algún tipo de contra propaganda; también es posible minar la moral de una organización, sembrando información que comprometa el actuar de sus dirigentes, en relación a la moral de su propia organización. Por último, también es posible la utilización de métodos neutralizadores ilegales, tales como: secuestro, tortura y asesinato. Al respecto, Turk plantea que:

“Actos represivos extraoficiales suelen ser ordenados o condonados cuando las autoridades sienten que una neutralización más abierta y legal no puede ser lograda con suficiente certeza y seguridad, y/o sin despertar un ya peligros nivel de consciencia política en la población general […] en la medida en que la línea entre prácticas legales e ilegales, es cruzada, la única diferencia significativa está en si se ofrecen más o menos justificaciones legales “para que conste en el registro” (Turk, 1982:142)

Algunos ejemplos de la utilización de mecanismos de neutralización ilegales, se encuentran en la historia de la América Latina de los ‘70: Las forzadas desapariciones políticas bajo los regímenes dictatoriales; las redes de tráfico de bebés, niños y adultos; y a eliminación de múltiples dirigentes políticos en nombre de la seguridad nacional, en Argentina, Chile, Colombia y Uruguay (Turk, 1982).

Si bien mecanismos como el uso del terror y las “encerronas” a sujetos subversivos suele tener una alta efectividad, también ha sucedido que en lugar de disuadir al objetivo, provoca su radicalización o la de sus aliados. En este aspecto, el mejor indicador de si el control localizado está siendo o no efectivo, es la disminución de la probabilidad de que otros sujetos se sumen en actos de resistencia.

5 Turk no incluyó el 4 tipo. Página 131.

4) Intimidación de la población general (disuasión general o extensiva): El principal objetivo de las estrategias de vigilancia policial, es el que la población desista de ser políticamente disidente, evasora, desobediente y/o violenta, independientemente de si ello ocurre en base al temor o a la ignorancia (herramientas utilizadas para intimidar); a saber, la evidencia avala la hipótesis de que las personas asimilan con mayor facilidad el miedo y la mitificación de la realidad, que el desarrollo de una consciencia política crítica (Turk, 1982). También sirve para fomentar el conformismo entre la ciudadanía.

Las autoridades dan por sentado que la intimidación ofrece el mejor resultado como mecanismo para el control social, tanto así que se desiste de incorporar otro tipo de metodologías –menos violentas- por significar tener que realizar una transformación estructural en la institucionalidad del Estado en donde se albergan. Como consecuencia, la naturaleza de una fuerza de policía es, inherentemente, violenta y vista como fuente para la disuasión; la figura del policía es la amenaza viviente del uso de la violencia física legal y legítima, sobre aquellos sectores de la población que amenacen el orden social; así es como, en la vigilancia policial con fines políticos, la intimidación deja de ser un medio “para controlar” y se convierte en un fin en si mismo (Turk, 1982).

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos encontrados en Turk, 1982. Considerando que la vigilancia política policial queda tan poco regulada por las leyes, los estándares de su ejecución dependen netamente de las voluntades de la autoridad al poner límites a la institucionalidad y sus representantes; en la práctica, la policía política podría no sólo vigilar sujetos calificados como disidentes intolerables por una Administración determinada, sino que también podría dedicarse a la vigilancia de los rivales políticos de la misma. Bajo el mismo supuesto, y considerando que cada institución genera su propia organización interna y metas, su autonomía aumenta la probabilidad de que pueda generarse un

conflicto entre los objetivos últimos de la institucionalidad y los intereses de las autoridades a cargo de la institución policial y de inteligencia.

El arte de Gobernar“El arte de gobernar, es el arte y la ciencia del control social, desarrollado y utilizado en la organización política de la vida social” (Turk, 1982:160). Su principal eje, en el contexto de la existencia de resistencia política y su combate, es el de instalar en el inconsciente colectivo de la población que “persecución política” y “gobernar”, son sinónimos.

Estrategias de aislamiento: Bloquear el acceso a ciertas posiciones y autoridades que son parte involucrada en el control de recursos potencialmente utilizables para socavar a otras autoridades (Gamson, 1968; en Turk, 1982). (traslado interno de un funcionario, de una posición a otra; ascenso de un funcionario, para alejarlo de temáticas específicas y dotarle de nuevas responsabilidades)

Estrategias de sancionado: Premiar a quienes cumplen con las expectativas y pedidos de las autoridades, bajo la etiqueta del “mérito” y no revelando lo funcional del comportamiento para los planes y políticas ejecutadas desde las mismas (promoción/aumento)

Estrategias de persuasión: Apuntan a estimular el deseo de no resistirse a las autoridades, en desmedro del impulso de hacerlo (Gambson, 1968; en tur, 1982). Uso de recursos extraoficiales; cruce con “aparatos ideológicos del Estado”

Estrategias de cooptación: Combinación de recompensa y persuasión; en corto, se trata de sumar al opositor por medio de promesas y agasajos, para que se vuelva uno de los “propios”.