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UNIVERSIDAD DE JAÉN FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD TESIS DOCTORAL TRIANGULACIÓN TEÓRICA EN EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE: LA GESTIÓN DEL MONOPOLIO DEL TABACO EN ESPAÑA (1887-1986) PRESENTADA POR: EVA MARÍA CHAMORRO RUFIÁN DIRIGIDA POR: DR. D. MACARIO CÁMARA DE LA FUENTE JAÉN, 23 DE JULIO DE 2011 ISBN 978-84-8439-654-3 DEPÓSITO LEGAL J-1184-2012

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UNIVERSIDAD DE JAÉN FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Y JURÍDICAS DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

FINANCIERA Y CONTABILIDAD

TESIS DOCTORAL

TRIANGULACIÓN TEÓRICA EN EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE: LA

GESTIÓN DEL MONOPOLIO DEL TABACO EN ESPAÑA (1887-1986)

PRESENTADA POR: EVA MARÍA CHAMORRO RUFIÁN

DIRIGIDA POR: DR. D. MACARIO CÁMARA DE LA FUENTE

JAÉN, 23 DE JULIO DE 2011

ISBN 978-84-8439-654-3 DEPÓSITO LEGAL J-1184-2012

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Cubierta: imagen extraída de la obra de Comín y Martín Tabacalera y el Estanco del Tabaco en España 1636-1998, 1999, p. 620.

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UNIVERSIDAD DE JAÉN

Departamento de Economía Financiera y Contabilidad

Tesis Doctoral

Triangulación teórica en el análisis de la información contable: la gestión del

Monopolio del Tabaco en España (1887-1986)

Doctoranda: Eva María Chamorro Rufián

Director:

Macario Cámara de la Fuente

Jaén, mayo 2011

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A mi familia

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AGRADECIMIENTOS

Transmitir mi agradecimiento a todas las personas que me vienen a la cabeza cuando pienso en ello es difícil, y comporta un extraordinario riesgo debido a la imposibilidad de hacer una lista completa de familiares, amigos, compañeros y aquellas personas a las que me he dirigido pidiendo su ayuda para obtener la información que he precisado para realizar este trabajo. A todos ellos los he tenido a mi lado.

Sólo tengo que decir que he sido una afortunada, y que la generosidad de todos a los que les he quitado el tiempo que le corresponde ha hecho posible que las páginas que siguen a continuación se puedan haber escrito. Bien saben todos ellos quiénes son, y además son tan desprendidos que no necesitan ver su nombre reflejado en estas líneas, porque no tienen duda de que los llevo en mi corazón y no sienten que yo tenga ninguna deuda con ellos, pero sí sé que la he contraído de tal manera que no sé cuándo podré cancelarla, creo que nunca. Esa deuda no tiene exigibilidad, ya que está formada por mi patrimonio neto, que es muy grande.

No obstante quisiera destacar a mi director de tesis el Dr. Macario Cámara de la Fuente, por el constante ánimo y apoyo durante todos estos años. Por sus comentarios y decisiones, siempre acertadas, por su paciencia, por todo lo que me ha ayudado, porque todo lo bueno que tenga este trabajo, sin lugar a dudas es gracias a él.

A todos ellos un fuerte abrazo.

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ÍNDICE

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Índice

11

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

1.1. Justificación y objetivos .......................................................................................... 19

1.2. Antecedentes a la creación de la Compañía Arrendataria de Tabaco ............. 31

1.2.1. El Tabaco: un monopolio fiscal ................................................................... 31

1.2.2. Breve reseña histórica sobre la explotación del tabaco en España ........ 35

1.3. Contexto histórico del caso .................................................................................... 45

1.4. Bibliografía ............................................................................................................... 52

CAPÍTULO II: UNA PERSPECTIVA DE AGENCIA EN LA GESTIÓN DEL MONOPOLIO DEL TABACO EN ESPAÑA: RELACIÓN ESTADO-EMPRESA

2.1. Teoría de la Agencia ............................................................................................... 65

2.1.1. Introducción ................................................................................................. 65

2.1.2. Conflictos y costes de agencia ..................................................................... 69

2.1.3. Teoría de la Agencia Positiva y Teoría Principal-Agente ...................... 71

2.1.4. Teoría de la Agencia y Contabilidad ........................................................ 75

2.1.5. Relaciones de agencia en el arrendamiento del Monopolio del

Tabaco ...................................................................................................................... 78

2.2. Los contratos en la Compañía Arrendataria de Tabacos ................................... 79

2.2.1. Antecedentes del arriendo del Monopolio .............................................. 79

2.2.2. La constitución de la Compañía Arrendataria de Tabacos .................... 82

2.2.3. El contrato de 1887 ....................................................................................... 88

2.2.3.1. Riguroso control por parte del Estado ........................................ 97

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2.2.4. Los contratos de 1892 y de 1896 ............................................................... 103

2.2.5. El contrato de 1900 ...................................................................................... 110

2.2.6. El contrato de 1909 ..................................................................................... 117

2.2.7. El contrato de 1921 ...................................................................................... 122

2.2.7.1. Efecto de la Guerra Civil española en las relaciones

Estado-CAT ................................................................................................. 128

2.2.8. Interinidad contractual: las quejas de la Arrendataria ......................... 130

2.2.9. Un nuevo concurso de arrendamiento .................................................... 135

2.3. Los contratos en Tabacalera ................................................................................ 139

2.3.1. La constitución de Tabacalera, S.A ........................................................... 139

2.3.2. El contrato de 1945 ..................................................................................... 142

2.3.3. El contrato de 1971 ..................................................................................... 151

2.3.4. La Ley 38/1985 del Monopolio Fiscal de Tabacos ................................ 159

2.3.5. Tabacalera y el Monopolio de Tabacos tras la Ley 38/1985 ................ 164

2.4. Consideraciones finales ....................................................................................... 170

2.5. Bibliografía ............................................................................................................ 185

CAPÍTULO III: UNA APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LOS STAKEHOLDERS. LOS EMPLEADOS EN LAS EMPRESAS GESTORAS DEL MONOPOLIO DEL TABACO

3.1. Marco Teórico: Teoría de los Stakeholders ........................................................ 195

3.1.1. Introducción ................................................................................................ 195

3.1.2. Stakeholders de interés para la organización ......................................... 198

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Índice

13

3.1.3. Jerarquización del poder y estrategias de actuación ............................. 206

3.1.4. Stockholders vs stakeholders .................................................................... 210

3.1.5. Peculiaridades de la divulgación voluntaria bajo el marco teórico

de los stakeholders ..................................................................................... 212

3.1.6. Contabilidad y Teoría de los Stakeholders ............................................. 214

3.1.7. Los empleados en la gestión del Monopolio del tabaco ....................... 216

3.2. Los empleados en el análisis de las Memorias de la Compañía

Arrendataria de Tabacos ............................................................................................. 220

3.2.1. Estrategia laboral: reducción de la mano de obra, evitando

conflictos ................................................................................................................ 220

3.2.1.1. El Reglamento de 1888 ................................................................. 223

3.2.2. Nuevas condiciones laborales: preocupación por los aspectos

sociales ................................................................................................................... 225

3.2.3. Proceso de mecanización: dualidad de talleres ...................................... 232

3.2.4. Incremento de las actuaciones socio-laborales ....................................... 236

3.2.5. Las relaciones laborales durante la Guerra Civil española:

pérdida de los logros alcanzados ....................................................................... 242

3.2.5.1. La CAT republicana: indisciplina y falta de autoridad ........... 243

3.2.5.2. La CAT nacional: disciplina y control ........................................ 244

3.2.5.3. Endurecimiento de las condiciones de trabajo .......................... 245

3.2.6. La postguerra: los procesos de depuración del personal ...................... 248

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3.2.7. Postguerra española: restablecimiento de las actuaciones sociales .... 250

3.2.8. El personal obrero femenino de la CAT: las cigarreras ......................... 255

3.3. Los empleados en el análisis de las Memorias de de Tabacalera .................. 265

3.3.1. El Reglamento de 1946 .............................................................................. 266

3.3.2. Una década de escasa información socio-laboral ................................... 268

3.3.3. Desde finales de los 50: abundante información sobre el personal ..... 269

3.3.4. Contrato de 1971: incremento de las prestaciones sociales ................... 274

3.3.5. Años ochenta: Énfasis en las relaciones laborales .................................. 281

3.4. Consideraciones finales ........................................................................................ 285

3.5. Bibliografía ............................................................................................................. 290

CAPÍTULO IV: EL MONOPOLIO DEL TABACO ANALIZADO DESDE EL INSTITUCIONALISMO SOCIOLÓGICO. ACTIVIDADES SOCIALES Y ATENCIÓN A LOS CLIENTES

4.1. La Teoría Institucional .......................................................................................... 303

4.1.1. Introducción ................................................................................................ 303

4.1.2. Estructura organizativa: entornos técnicos e institucionales ................ 304

4.1.3. Aplicación de la Teoría Institucional a las organizaciones .................. 306

4.1.3.1. Teoría Neoinstitucional ................................................................ 308

4.1.4. Teoría Institucional en el estudio sociológico de las

organizaciones ...................................................................................................... 309

4.1.5. Efectos de los entornos institucionalizados en la

estructura organizativa: Isomorfismos .............................................................. 314

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Índice

15

4.1.5.1. Procesos de isomorfismo institucional ....................................... 314

4.1.5.2. La legitimación ............................................................................. 317

4.1.6. Los pilares institucionales ......................................................................... 319

4.1.7. Otras perspectivas de la Teoría Institucional ......................................... 321

4.1.8. La Contabilidad como rutina institucionalizada .................................. 323

4.1.9. Las actividades sociales, culturales y atención a los clientes en la

gestión del Monopolio del tabaco ........................................................... 325

4.2. Las actuaciones socio-culturales a través del análisis de las Memorias

de la Compañía Arrendataria de Tabacos ......................................................... 327

4.3. Las actuaciones socio-culturales a través del análisis de las Memorias

de Tabacalera ................................................................................................................ 331

4.4. Consideraciones finales ........................................................................................ 346

4.5. Atención a los clientes e inventario de las labores producidas

en las Memorias de la Compañía Arrendataria de Tabacos .................................. 351

4.6. Información en las Memorias sobre la estrategia comercial de

Tabacalera ..................................................................................................................... 365

4.7. Consideraciones finales ....................................................................................... 384

4.8. Bibliografía ............................................................................................................. 387

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES

5.1. Conclusiones .......................................................................................................... 399

5.2. Bibliografía ............................................................................................................. 417

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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

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Introducción

19

1.1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

La renta del tabaco es el impuesto más antiguo, después de la renta de aduanas, del sistema tributario español1 (López Linaje y Hernández Andreu, 1990:183). Según estos autores, “entre 1850 y 1869, la renta del tabaco supuso el 14,5% de los ingresos ordinarios del Estado” (p.162). “No deja de ser significativo que una renta estancada basada en el consumo de un artículo nocivo aportase unos ingresos equivalentes al 66 por 100 de los de la principal contribución, y más del triple de lo proporcionado por la contribución industrial” (Comín, 1989; citado en López Linaje y Hernández Andreu, 1990:162).

La participación porcentual de la renta del tabaco en los ingresos del Tesoro público ha sido fundamental y uno de los principales soportes de la Hacienda pública hasta finales del siglo XIX. Desde 1887 la participación de la renta del tabaco en los ingresos del Estado fue descendiendo fundamentalmente por el aumento de tamaño del sector público y, por tanto, del presupuesto del estado (López Linaje y Hernández Andreu 1990:183).

Alonso (1993:3-4) destaca la importancia del tabaco entre las industrias de bienes de consumo en los siglos XIX y XX. En 1887 el número de operarios, en su mayoría mujeres, de las fábricas de tabacos superaba los 32.000, lo que representaba el 3% de la población activa industrial española.

Algunos autores enfatizan el papel tan importante que han tenido las industrias intensivas en trabajo en el desarrollo de una economía como la nuestra, intensiva en mano de obra (Catalán, 1994, citado por Gálvez, 1998:42). Por volumen de empleo generado, la Arrendataria era la mayor empresa del país (Comín y Martín, 1999a:325).

El Monopolio del Tabaco español ha sido uno de los primeros y más duraderos ejemplos de empresa pública, una de las mayores y más antiguas industrias del país, siendo a finales del siglo XIX el mayor empleador industrial de España (Gálvez, 1998:43).

1 Sobre teoría fiscal acerca del impuesto sobre el tabaco, véase Martín-Retortillo y Salas (1969), Tejerizo (1975) y Albiñana (1987).

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Capítulo I

20

Alonso (1994:164-165) considera reducida la investigación española sobre la industria tabaquera; además los pocos trabajos existentes abarcan fundamentalmente los siglos XVII y XVIII, siendo escasos los referidos a los siglos XIX y XX. Señala como razón fundamental la escasez de fuentes, por el carácter público que desde los inicios ha tenido tanto la producción como la distribución del producto, lo que le permitía no estar presente en las estadísticas realizadas, tanto en época de gestión directa como privada. Además, señala que la bibliografía existente sobre el tabaco está sesgada hacia épocas tempranas.

Para Rodríguez Gordillo (1984:17) el tabaco es uno de los grandes ignorados de la historia económica española, a pesar de la gran cantidad de documentación existente y catalogada en diferentes archivos en nuestro país. De ahí que consideremos que el estudio de la historia del tabaco en España presenta grandes perspectivas, tanto por los escasos trabajos que tratan esta materia, como por los abundantes y bien conservados fondos documentales que se conservan sobre el mismo2.

Gálvez (1998:43) realiza una recopilación de los principales trabajos elaborados sobre el sector tabaquero español: Castañeda (1935), Pérez Vidal (1959, 1966), Rodríguez Gordillo (1973, 1977, 1984, 1990, 1992, 1993), Alonso (1984, 1993, 1996), Valdés Chápuli (1989), Baena (1993), Radcliff (1993), Candela Soto (1993, 1996). Destaca que es en los años ochenta y principalmente en los noventa cuando en España se inicia el estudio de la industria del tabaco. Otros trabajos sobre la historia del tabaco en España son: García de Torres (1875), Castañeda (1945), López Linaje y Hernández Andreu (1990), Gálvez (1997).

Nos parecen de especial importancia para nuestra investigación, por abordar el mismo período, los trabajos realizados por un equipo, dirigido por Francisco Comín y Pablo Martín, encargado de analizar la historia de la industria tabaquera en España, primero bajo la gestión de la Compañía

2 También Céspedes del Castillo (1992:13) considera que son muchas y muy extensas las series documentales sobre el tabaco, presentes tanto en archivos nacionales como hispanoamericanos. Fondos que dan la idea de que las fuentes para su estudio son abundantes y completas; no obstante, la mayoría están referidas a la época del monopolio estatal, sin ofrecer apenas datos sobre la etapa anterior.

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Introducción

21

Arrendataria de Tabacos (1887-1945), y posteriormente de Tabacalera, S.A. (1945-1995). Esta investigación ha dado como resultado, entre otros, los siguientes trabajos: Rey Reguillo (1998) y Comín y Martín (1998, 1999a, 1999b).

Desde nuestra disciplina, la contabilidad3, los trabajos que hemos encontrado sobre el Monopolio de Tabacos español, han estado centrados fundamentalmente en la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla (RFTS), y han abordado principalmente:

(i) La influencia que puede ejercer la distribución espacial de una empresa en el cambio organizacional y en el sistema contable, utilizando para ello una perspectiva histórica (Gutiérrez, 1993). Este autor estudia cómo el traslado del edificio de la RFTS (siglo XVIII) supuso una complejidad en el sistema contable, llegando a duplicarse las series contables elaboradas el primer año en la nueva ubicación con respecto al último año en el edificio anterior. Señala Carmona (2010) este trabajo histórico, entre otros, como uno de los que permiten contribuir a la teorización de la contabilidad y cuestionan la aproximación convencional sobre la aparición de los primeros sistemas de costes.

(ii) Las prácticas de contabilidad de costes y control desarrolladas en la RFTS en el siglo XVIII (Carmona et al., 1997; Romero Fúnez, 1997) y durante el siglo XIX (Macías, 2000; Carmona y Macías, 2001; Macías, 2002b).

(iii) Los principales cambios contables, tanto en contabilidad financiera como de costes, producidos en la RFTS durante el periodo 1760-1790 (Carmona et al., 1998).

(iv) Las prácticas contables realizadas en diferentes espacios, a mediados del siglo XVIII, cuando conviven en Sevilla la primera de las fábricas de

3 En opinión de Donoso y García-Ayuso (1993) la Historia de la Contabilidad en nuestro país ha sido una de las áreas de investigación que tradicionalmente ha adquirido menor atención en la literatura contable, si bien ha recibido un importante impulso a lo largo de la década de los noventa (Hernández Esteve, 1995).

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Capítulo I

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tabacos (Fábrica de San Pedro) con nuevas factorías que se construyen ante el aumento del consumo de tabaco (Carmona et al., 2002).

(v) El uso de las técnicas contables como elementos que contribuyen al control de calidad en la RFTS, durante la segunda mitad del siglo XVIII (Álvarez et al., 2002).

(vi) La subcontratación de la fabricación de cigarrillos a las monjas, en el bienio 1817-1819 (Carmona y Gutiérrez, 2005).

(vii) La relación entre prácticas contables y discursos gubernamentales, tomando el caso de dos sociedades de titularidad pública, una de ellas la RFTS, en la segunda mitad del siglo XVIII (Baños et al., 2005).

Por tanto, podemos concluir, que los trabajos anteriores que analizan el Monopolio de Tabacos español, desde una perspectiva contable, han estado centrados principalmente en las prácticas de contabilidad de costes llevadas a cabo en un establecimiento concreto -la RFTS- durante los siglos XVIII y XIX.

Otros trabajos relevantes donde hemos encontrado relación entre el Monopolio del Tabaco español y la contabilidad son los de Macías (2000, 2002) y Cámara (2002). Estos estudios abordan la gestión global del Monopolio, y tienen como referencia nuestro periodo de estudio:

(i) La tesis doctoral de Macías (2000) dedica un capítulo a estudiar los principales cambios contables que se producen en el Monopolio de Tabacos tras el arriendo en 1887. También aborda esta cuestión en el artículo que publica en 2002 en Accounting Business and Financial History.

(ii) El proyecto de investigación de Cámara (2002), para concursar a la

cátedra de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Jaén, realiza en primer lugar un estudio descriptivo de la información vertida en las Memorias de las empresas gestoras (1887-1986), para pasar a continuación a agrupar la información en aquellos períodos que presentan elementos más comunes al objeto de realizar un análisis histórico contextual. Realmente fue éste el germen de la tesis que presentamos, y el punto de partida para nuestra investigación. Nuestro

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Introducción

23

interés en esta línea comenzó con el trabajo que realizamos para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados, titulado “Cambio institucional y divulgación de información: estudio de un caso” que presentamos en diciembre de 2002, dentro del Programa de Doctorado “Gestión de Empresas y Desarrollo Socioeconómico”, organizado por el Departamento de Administración de Empresas, Contabilidad y Sociología de la Universidad de Jaén.

Nuestro estudio abarca el periodo de la historia del Monopolio de Tabacos español que va desde finales del siglo XIX, concretamente desde 1887, año en que se arrienda la gestión del Monopolio a una empresa privada, la Compañía Arrendataria de Tabacos (CAT), hasta finales del siglo XX, 1986, año que comienza el fin del Monopolio de Tabacos en España. Esta investigación se centra en el análisis de la información, fundamentalmente cualitativa, que nos proporcionan las Memorias contables de estos años, referida a todo el Monopolio, utilizando para ello los marcos teóricos con los cuales entendemos que se pueden explicar mejor la información suministrada en relación con cada uno de los grupos de interés estratégicos para las empresas gestoras.

Podemos citar otras investigaciones longitudinales previas sobre estados contables acerca de una empresa en particular, como las realizadas sobre General Motors (Tinker y Neimark, 1987), US Steel and Broken Hill Proprietary (Guthrie y Parker, 1989) y Renault (Bhimani, 1993). Estos estudios utilizan corrientes teóricas distintas a las que nosotros aplicamos: Tinker y Neimark usan la perspectiva de economía política para examinar los informes anuales de General Motors durante el periodo 1917-76, y Guthrie y Parker la teoría de la legitimidad para el análisis de los informes anuales de US Steel and Broken Hill Proprietary durante 1885-1985.

Como trabajo relacionado directamente con esta tesis hemos presentado, individualmente o en colaboración, diversas comunicaciones en diferentes Jornadas y Congresos, como las siguientes: (i) “Información contable e historia económica: Tabacalera (1887-1986)”, en el IX Workshop en Contabilidad y Control de Gestión “Memorial Raymond Konopka”, Burgos, 2002; (ii) “Información financiera y entorno institucional: análisis histórico de la gestión del Monopolio del Tabaco en España (1887-1986)”, en el Encuentro

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sobre Historia de la Contabilidad, Osuna, 2003; (iii) “Financial reporting and stakeholder theory: an historical perspective of the Spanish Tobacco Monopoly (1887-1986), en el XXVI Annual Congress of the European Accounting Association, Sevilla, 2003; (iv) el proyecto de tesis doctoral “Entorno, gestión empresarial e información financiera: el caso del Monopolio del Tabaco en España (1887-1986)”, presentado en el II Seminario de Historia de la Contabilidad en España, Carmona, 2005, y en el V Encuentro de Trabajo de Historia de la Contabilidad, Toledo, 2005; (v) “Accounting legitimacy and stakeholders: the case of the Spanish Tobacco Monopoly (1887-1986)”, en el 4th Workshop on Management and Accounting in Historical Perspective, Bolonia, 2005; (vi) “Financial reporting changes for stakeholders: do they affect the performance?”, en el XII Workshop en Contabilidad y Control de Gestión “Memorial Raymond Konopka”, Almería, 2007; y (vii) “On the determinants of varying stakeholder reporting”, en el 5th Workshop on Management and Accounting in Historical Perspective, Innsbruck, 2008. Fruto de estos trabajos previos, hemos publicado el artículo “Stakeholder Reporting: the Spanish Tobacco Monopoly (1887-1986)” en European Accounting Review, en 2009.

Consideramos que un caso como el analizado presenta los siguientes puntos fuertes:

− Es una empresa de gran dimensión, debido a la gran cantidad de fábricas en las que desarrolla su actividad, extendidas por toda la geografía nacional, que elabora un producto de gran consumo; las cifras de su patrimonio, de sus recaudaciones o rendimientos, puestas de manifiesto en la documentación contable disponible, son de un gran valor económico4.

− La Renta del Tabaco ha sido una de las principales fuentes de ingresos del Estado. Las rentas de este Monopolio han supuesto un porcentaje muy significativo en los ingresos ordinarios del Estado: a lo largo del siglo XIX

4 En el siglo XIX entre las grandes empresas ubicadas en España han predominado las de capital exterior y las de capital público o reguladas por el Estado (ferrocarriles, banca, minería, siderurgia, monopolios y propiedades públicas); mientras que en el siglo XX, junto a las anteriores, las grandes sociedades han destacado en sectores fuertemente regulados, como los bancos y las eléctricas (Comín y Martín, 1996). No obstante como indican estos autores, “España ha sido un país de pequeñas empresas”, siendo la organización más extendida la empresa familiar de tipo tradicional.

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alrededor del 12,5%, el 11,8% en 1945, fecha del comienzo de Tabacalera, aunque su participación va reduciéndose hasta el 4,9% en 1985.

− Disponemos de toda la información contable desde que el Estado decide abandonar la gestión directa para encomendarla a una empresa creada al efecto (la Compañía Arrendataria de Tabacos, en 1887) hasta 1985, cuando a consecuencia de la entrada de España en la Comunidad Económica Europea se inicia el proceso de liberalización del sector, fecha en que finaliza nuestro estudio. Esto supone analizar un periodo ininterrumpido de cien años. Creemos que es complicado encontrar una serie tan larga de Memorias en otras empresas. La información elaborada y divulgada hace referencia tanto a la situación y evolución de la empresa como también a los estados de gestión (de liquidación, en la terminología por ella utilizada) de las Rentas que tiene encomendadas.

Documentación contable que entendemos especialmente significativa, sobre todo si tenemos en cuenta que “los libros de cuentas constituyen la fuente primordial de la Historia de la Contabilidad” (González Ferrando, 1996:201), y “es una de las fuentes más importantes de la historia económica” (p.200). De hecho, investigadores de reconocido prestigio en nuestra disciplina enfatizan “la necesidad de utilizar fuentes primarias en el desarrollo de investigaciones en historia de la contabilidad y, en los casos en que, por inaccesibilidad de los archivos, ello no es posible, el trabajo resultante debería contener una justificación expresa de las razones” (Ezzamel, 1998:17; Carmona et al., 2004).

− Su actividad se enmarca en un período de profundos cambios en el entorno: social, económico, político y cultural; es el siglo XX (y los últimos años del XIX) una época de gran inestabilidad, en la que tuvieron gran influencia importantes conflictos bélicos, tanto nacionales (Guerra Civil española) como internacionales (I y II Guerra Mundial). Estos cambios necesariamente afectan a la marcha de esta empresa, máxime cuando su carácter, independientemente de la naturaleza jurídica de la empresa gestora, es público.

Es un período de estudio (1887-1986) que ha recibido escasa atención en las investigaciones histórico-contables de nuestro país. Hernández Esteve

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considera necesario “dedicar una atención preferente a estos períodos más recientes de la historia de la contabilidad, pues es en ellos cuando se desarrollan las importantes ideas y movimientos que están configurando la faz de la contabilidad moderna” (1996:92).

Además se trata de un período de especial trascendencia para la economía española, siendo el siglo XX español una época de crecimiento rápido y de recuperación de gran parte del terreno perdido con respecto a Europa en las décadas anteriores. Pues, como señala Tortella (1998:4), “aunque es innegable que hubo un cierto crecimiento en el XIX, en total el cambio fue pequeño, y el país en su conjunto permaneció tradicional, agrario y atrasado con respecto a Europa. Fue en el siglo XX cuando tuvo lugar ese cambio estructural profundo que llamamos desarrollo económico, cuando España experimentó la transición a la industrialización y la modernidad”.

− La empresa gestora, cuya información analizamos, no es una entidad mercantil típica; entre los ingredientes a utilizar en su gestión no destacan exclusivamente criterios empresariales. Depende su actuación de autorizaciones gubernamentales, tanto por la vía de los ingresos (el Estado fija los precios, lo que no siempre se hace para equilibrar la cuenta de resultados, sino que principalmente lo mueven criterios de política económica o social), como en las fases del proceso productivo (precisa de aprobación de sus planes de inversión o de sus políticas de aprovisionamiento); su horizonte temporal es limitado por los Contratos (definidos, aunque la realidad fuese de permanentes renovaciones o prórrogas); el personal es más reacio a los cambios (las costumbres heredadas de una gestión estrictamente pública tienen una gran influencia); sus Presidentes (o la alta dirección) bien son propuestos por el Estado o han sido importantes cargos públicos. Su actividad (independientemente de las connotaciones del producto que elabora o distribuye) tiene carácter de servicio público. Por esas condiciones, a pesar de su naturaleza jurídica de empresa privada, al gestionar un Monopolio público que tiene fines recaudatorios, por la importancia de la presión fiscal de las labores derivadas del tabaco y las propias del timbre, podemos entenderla como una empresa pública.

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− La Renta de Tabacos supera en todo momento, durante el periodo de arriendo a la Compañía Arrendataria de Tabacos, a las recaudaciones procedentes de otros servicios como el Timbre; situación que se invierte con el arrendamiento a Tabacalera, SA., cuando las recaudaciones (y resultados líquidos) por Timbre y otros Servicios anejos superan a la procedente del Tabaco, aunque la tendencia vuelve a cambiar a finales de nuestro estudio (1984), cuando las rentas generadas por tabacos superan otras fuentes. No obstante, la riqueza informativa en todos los períodos la encontramos en el negocio del tabaco, por su carácter de actividad industrial, aprovechando para los demás productos la extensa red comercial de la Compañía.

− Finalmente, un caso como el presentado, entendemos que resulta de especial relevancia para la investigación en historia de la contabilidad, por la aportación que realiza a esta disciplina (Hernández Esteve, 1995; Donoso, 2005). Para los reguladores contables puede ser especialmente interesante conocer la práctica de elaboración y comunicación de la información económica que se ha venido haciendo en el pasado más reciente (Hopwood, 1985; Previst et al., 1990).

Nuestra investigación ha estado basada principalmente en el análisis de fuentes primarias como son las Memorias que el Consejo de Administración de la Compañía Arrendataria de Tabacos y con posterioridad Tabacalera, SA. presentaba anualmente a la Junta General de Accionistas; información con un alto grado de contenido contable. Para ello fue preciso realizar estancias en el Archivo Histórico de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, situado en la actual Fábrica de Altadis de esa ciudad, y acudir al Archivo de la Fundación Tabacalera, en la calle del Barquillo de Madrid, para completar la serie, al no disponerse de todas las Memorias en Sevilla. También hemos realizado diversas consultas al Archivo General de la Administración, situado en Alcalá de Henares, y al Archivo Histórico del Banco de España, en Madrid.

Aparte hemos completado la información proporcionada por las Memorias con fuentes secundarias, realizando una revisión de trabajos previos sobre el Monopolio del Tabaco en España; tratados sobre historia económica, que nos permitan contextualizar el estudio; trabajos sobre metodología de investigación en historia de la Contabilidad; además de todos aquellos manuales que hemos considerado oportunos para nuestra investigación.

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El marco teórico que entendemos puede ser utilizado en un trabajo empírico como éste lo fundamentamos en tres teorías: la Teoría de la Agencia, la Teoría de los Stakeholders y la Teoría Institucional. El hecho de usar múltiples teorías se debe a que, en nuestra opinión, una única teoría no recoge toda la complejidad existente en el mundo organizacional, por lo que entendemos que la combinación entre diversas corrientes teóricas permite minimizar esta limitación.

Hay fenómenos que pueden aproximarse desde perspectivas distintas, y todas pueden añadir a la comprensión de los mismos. Estamos de acuerdo con Denzin (1970) en el hecho de que ningún método de investigación es superior a otro. Con la combinación de distintas técnicas podemos lograr hallazgos complementarios; este proceso es conocido como triangulación, y fueron Campbell y Fiske (1959) los primeros en aplicarlo en investigación.

Denzin (1970) define la triangulación en investigación como la combinación de dos o más teorías, fuentes de datos o métodos de investigación, en el estudio de un fenómeno singular. Cowman (1993) la define como la combinación de múltiples métodos en el estudio del mismo objeto o evento para abordar mejor el fenómeno que se investiga.

Hay cinco tipos básicos de triangulación (Denzin, 1970): triangulación de datos, de investigador, teórica, metodológica y múltiple. La triangulación de teorías se define como el uso de distintas perspectivas teóricas para analizar un mismo grupo de datos.

El objetivo de la triangulación es controlar el sesgo personal de los investigadores y cubrir las deficiencias intrínsecas de un investigador singular, o de un mismo método de estudio, o una teoría única; y así incrementar la validez de los resultados (Smith, 1975; Oppermann, 2000). Con la triangulación, las debilidades de un método de investigación son compensadas con las fortalezas de otro. El análisis de sistemas organizativos complejos requiere diversidad en los métodos de recogida de datos para reflejar la complejidad que están tratando describir (Rodríguez, 2005).

En opinión de Cohen y Manion (1990) los metodologistas a menudo utilizan un determinado método porque es el único con el que tienen familiaridad o porque creen que su método es superior a los demás. Reichardt y Cook

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(1979) consideran que es tiempo de parar de construir muros entre métodos e iniciar la construcción de puentes.

Al igual que en otros trabajos empíricos se triangula entre fuentes de información (observación, documentos, entrevistas); en este trabajo se está triangulando entre teorías. Algunos trabajos en contabilidad que utilizan esta metodología son los de Macías (2000), Hopper y Major (2007) y Modell (2005, 2009).

Previts et al. (1990) señalan dos formas de aproximación en las investigaciones en historia de la contabilidad: la narrativa y la interpretativa. La primera se encarga de exponer el pasado sin proceder a un análisis del mismo; la interpretativa explica los hechos estudiados a través de los marcos teóricos que suministran las ciencias sociales; es un enfoque con una orientación a la interpretación y crítica de la evidencia observada, considerando los aspectos culturales y sociales de los entes afectados.

Nuestra investigación se encuadra dentro de la corriente interpretativa. Estamos de acuerdo con Macías (2000:11-12) en el hecho de que el pasado sólo puede conocerse parcialmente y, por tanto, la historia puede ser contada de muchas formas distintas, sin llegar a contradicciones sino a relatividad. Por otra parte, hemos optado por una corriente ecléctica5, empleado las teorías que a nuestro entender mejor pueden explicar el caso objeto de estudio.

Con el marco teórico de la Teoría de la Agencia nuestro propósito es realizar un análisis del papel que asume la información contable en las principales relaciones de agencia que se establecen en la Compañía Arrendataria de Tabacos y con posterioridad en Tabacalera. En concreto vamos a analizar la relación Estado-CAT y Estado-Tabacalera, centrándonos fundamentalmente en el estudio de los distintos contratos establecidos entre el Estado y las empresas gestoras, así como en la información que sobre esta relación contractual “Estado-empresa gestora” se recoge en las diferentes Memorias

5 Macías (2000:13-14) distingue, dentro de la investigación en ciencias sociales dos tipos de aproximaciones metodológicas: (i) la corriente denominada “militante”, que consiste en centrarse en una única teoría; y (ii) la corriente “ecléctica”, que utiliza para cada caso el enfoque que permita un mejor análisis.

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contables del periodo objeto de estudio. El objetivo es identificar los principales conflictos que se producen entre principal y agente y las medidas llevadas a cabo para lograr la adecuación de la conducta del agente hacia los objetivos del principal (capítulo II).

Con el marco teórico que proporciona la Teoría de los Stakeholders nuestro objetivo es realizar un análisis de las actuaciones realizadas por la CAT y Tabacalera para con sus trabajadores, con la finalidad de comprobar si estas empresas gestoras del Monopolio Fiscal del Tabaco y Servicios anejos intentan legitimarse con los intereses, demandas y expectativas de sus empleados. Pretendemos detectar, a través de la información disponible en las Memorias, si el personal forma parte de los grupos que son de mayor interés para estas empresas, si la atención prestada a los mismos varía con el tiempo, e incluso entre la CAT y Tabacalera, y si ambas empresas periódicamente y de forma voluntaria publican información para satisfacer las demandas informativas de estos colectivos (capítulo III).

Siguiendo la Teoría Institucional nuestra finalidad es hacer un análisis de la CAT y Tabacalera e intentar detectar si estas empresas gestoras del Monopolio Fiscal del Tabaco y Servicios anejos se adaptan a un entorno en continuo cambio, con el que intentan legitimarse. Con nuestra investigación pretendemos manifestar si las entidades gestoras del Monopolio han sido propensas a la institucionalización y en qué momentos este proceso se hace más patente. Nuestro objetivo es identificar las principales actuaciones, recogidas en las Memorias contables, que las empresas gestoras realizan, a lo largo de todo el periodo objeto de estudio, dirigidas a la sociedad en general; acciones medioambientales, actividades socio-culturales, deportivas, etc., con la pretensión de obtener legitimidad por parte del entorno en el que desarrolla su actividad. En el estudio intentaremos encontrar la presencia de los isomorfismos (coactivo, mimético y normativo) durante el período objeto de análisis. Nos ha parecido oportuno incluir en este capítulo otro colectivo como son los clientes. Al ser el tabaco un producto de gran consumo, los clientes son una parte importante de la sociedad, que pueden afectar a la estrategia empresarial. Nuestro objetivo es analizar la información que en las Memorias de la CAT y Tabacalera aparece referida a las acciones que realizan estas empresas para la obtención de legitimidad frente a su clientela (capítulo IV).

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Finalizamos este trabajo de investigación con el capítulo V: conclusiones, en el que hacemos una síntesis de las principales deducciones a las que hemos llegado tras nuestro estudio de la información que en las Memorias de la Compañía Arrendataria de Tabacos y de Tabacalera, S.A., durante el periodo 1887-1986, aparece sobre: las relaciones Estado-empresa gestora, los empleados, la sociedad y la clientela; todo ello analizado desde las perspectivas planteadas por la teoría de la agencia, la teoría de los stakeholders y la visión sociológica de la teoría institucional.

Consideramos que nuestra investigación puede ayudar a ampliar los escasos estudios históricos existentes en nuestra disciplina sobre la información contable de las empresas españolas durante el periodo objeto de análisis. Además, estamos de acuerdo con Araujo (2003) en que los estudios de caso pueden contribuir de forma muy positiva a la construcción, mejora o desarrollo de las perspectivas teóricas.

1.2. ANTECEDENTES A LA CREACIÓN DE LA COMPAÑÍA ARRENDATARIA DE TABACOS

Aunque no resulte estrictamente necesario para cumplir con los objetivos de esta investigación, creemos que es conveniente hacer una síntesis de las diferentes etapas por las que ha pasado el negocio del tabaco, en España, a lo largo de su historia.

1.2.1. El Tabaco: un monopolio fiscal

Existe un monopolio cuando en un determinado mercado, de bienes, servicios o factores de producción, una única entidad es la oferente, impidiendo al resto de entidades que realicen la misma actividad. Cuando es el Estado el que reserva la exclusividad a un único sujeto y prohíbe al resto la realización de dicha actividad, recibe la denominación de monopolio de derecho (Tejerizo, 1975). Entre los principales objetivos que tradicionalmente el Estado ha justificado para la creación de un monopolio, destacan dos: la obtención de un ingreso tributario y la realización de actividades esenciales de tipo social.

Los monopolios fiscales son aquellos cuya finalidad primordial es la obtención de un ingreso tributario, siendo uno de los medios que

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tradicionalmente ha empleado el Estado para obtener ingresos de naturaleza tributaria. Según Martín-Retortillo y Salas (1969:22-23), “la expresión monopolio fiscal, equivalente al término estanco, hace referencia, […], a la situación de reserva en favor del Poder público de la explotación de un determinado producto, sustraído de este modo al régimen de libertad de industria. El calificativo de fiscal alude a la pretendidamente única finalidad de obtención de rentas para el Tesoro”. Tejerizo (1975) pone de manifiesto las siguientes características de un monopolio fiscal: el monopolio recae sobre la fabricación o venta de bienes o la prestación de servicios que ya antes de existir el monopolio eran demandados por el público; conlleva la existencia de un impuesto específico que recae sobre el producto monopolizado; la contraprestación recibida no puede ser una tasa; y la violación del monopolio constituye una infracción por contrabando. Entre las razones a favor de los monopolios fiscales, destaca: (i) su carácter práctico, por la importancia económica de los monopolios fiscales, al ser el medio más fácil de que dispone el Estado para obtener ingresos; y (ii) su carácter ideológico.

El tabaco ha sido uno de los monopolios fiscales más relevantes de los históricamente existentes en nuestro país. Según Martín-Retortillo y Salas (1969:21) “explicarnos el sentido de los mismos sólo puede hacerse al amparo de una interpretación histórica del fenómeno”. En los monopolios fiscales han predominado los fines recaudatorios (Peiró, 1971), aunque se establecieran otros motivos para su justificación, como el fomento de la industrialización o la penalización de productos dañinos para la salud6. Sin embargo su fundamento radica en la utilidad para la Hacienda Pública, al proporcionar cuantiosos ingresos al Tesoro y con mayor facilidad (Tamames, 1970; Tejerizo, 1975; Comín, 1991). Los monopolios fiscales son rentables para

6 Tradicionalmente han sido aceptados los monopolios aplicados a bienes o servicios cuyo consumo se considera dañino o moralmente condenable como el de tabacos o juegos de azar; mientras que han sido criticados los monopolios que han recaído sobre bienes o servicios necesarios y no censurables como el del petróleo o la sal. Esta postura es totalmente incongruente en opinión de Tejerizo (1975), ya que si los productos monopolizados son considerados dañinos o condenables, la postura más correcta sería la de prohibirlos y no la de convertirlos en fuente de ingresos públicos.

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la Hacienda ya que recaudan conjuntamente el impuesto sobre el consumo y una participación en el beneficio del monopolista7 (Comín, 1991:151).

Los monopolios fiscales que han existido en España son: pólvora, plomo, azufre, almagre, bermellón, naipes y lacre, conocidos como las “siete rentillas” (Martín-Retortillo y Salas, 1969; Tamames, 1970); así como también abarcaban a un buen número de productos, como: aguardiente, chocolate, sal, azúcar, papel, cera, bacalao, tabaco, lotería, correos, y otros, a los que posteriormente se añaden el de cerillas y fósforos y por último el del petróleo. Es durante el siglo XVII cuando se produce un auge en el establecimiento de monopolios fiscales, mientras que en el siglo XIX la tendencia se invierte, predominando las ideas liberales, por lo que la mayoría de los monopolios son eliminados. De hecho, en el momento del arrendamiento del Monopolio del Tabaco a la CAT la mayoría de los monopolios fiscales ya habían desaparecido8.

El tabaco es un producto cuyo monopolio estuvo justificado en todo momento, al tratarse de un artículo que no era de primera necesidad, sino lujoso y nocivo para la salud. Aunque fueron varios los proyectos para su desestanco, dicho monopolio se mantuvo. De hecho, el tabaco ha sido el monopolio fiscal más recaudador y de más larga vida (Comín, 1991:140).

No obstante hay que tener presente que el tabaco es un bien que tiene una importante demanda, formando parte del consumo de gran número de individuos que tienen dificultad para prescindir de él, y aunque el Estado haya intentado justificar este monopolio defendiendo la postura de que se trata de un producto nocivo para la salud y al estar monopolizada la oferta, puede ser controlada e incluso obstaculizada, que como ya hemos señalado ha sido rechazada por autores como Tejerizo (1975), quien entiende que en el caso de que se considere que el tabaco es perjudicial para la salud, la opción correcta es su prohibición. Reiteramos que la razón de ser de este monopolio, 7 En concreto, los ingresos que obtiene el Estado procedentes de un monopolio fiscal son: i) la renta del monopolio; ii) los dividendos del capital de la empresa gestora; iii) impuestos específicos sobre los productos monopolizados; y iv) el impuesto sobre sociedades. 8 La Ley de 23 de mayo de 1845 suprime la mayor parte de los monopolios fiscales, dejando solamente los del tabaco, la sal y la pólvora (Martín-Retortillo y Salas, 1969). A pesar de esta tendencia liberalizadora, en 1892 se crea el de cerillas y fósforos, y en 1927 el del petróleo.

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al igual que otros como el del petróleo, es que se trata de una fuente muy importante y eficaz de ingresos públicos, tanto por la elevada cuantía de ingresos que proporciona como por la facilidad con la que se recaudan; ésta es la opinión generalizada.

En opinión de Comín (1991:165-166), los monopolios fiscales aunque proporcionaron cuantiosos ingresos al Estado, no consiguieron mejorar la industrialización. Los estancos llevaron a un incremento de los precios, una reducción de la oferta y a una disminución en la calidad de las labores. La gestión directa sujeta a las rígidas reglas de la Administración aparecía como menos eficiente que la realizada por una compañía privada.

Las formas posibles de gestionar un monopolio, como indica Tejerizo (1975), son: (i) gestión directa por parte del Estado, como el monopolio de la Lotería nacional o el del Tabaco, que se ha dado en algunos periodos anteriores a nuestro estudio, como veremos más adelante; (ii) gestión a través de un ente dotado sólo de autonomía patrimonial, pero sin personalidad jurídica independiente, sistema no empleado en nuestro país; (iii) gestión por medio de un ente público institucional, como el caso de las apuestas deportivas; y (iv) gestión por parte de un ente sometido a las normas del derecho privado, como el monopolio del tabaco a partir de 1887, encomendado a una sociedad anónima, la Compañía Arrendataria de Tabacos, y posteriormente a Tabacalera, con fuerte participación estatal.

Hay que tener presente que el fin primordial que persigue el Estado con la creación de un monopolio fiscal es la obtención de un ingreso, y en el caso de conceder la gestión a una empresa privada éste puede verse mermado al pretender la sociedad gestora canalizar los resultados en su beneficio propio. La fórmula empleada por la Administración para evitar dicho problema generalmente ha sido doble: la participación mayoritaria del Estado en el capital de la sociedad y la creación de un órgano que controle en todo momento cualquier decisión adoptada por la sociedad.

Aunque la empresa pública9 ha sido criticada por diferentes autores, en opinión de Carreras y Tafunell (1996:82) la acción del Estado ha tenido un

9 Un análisis detallado de la empresa pública en España durante los siglos XIX y XX es realizado por Comín (1995).

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papel importante, decisivo incluso, en la dinámica de la gran empresa española durante el siglo XX. De hecho, la evolución de la gran empresa en nuestro país se ha movido entre los impulsos recibidos del mercado y los que han provenido del Estado10.

1.2.2. Breve reseña histórica sobre la explotación del tabaco en España11

El término tabaco ha tenido un significado variado a lo largo del tiempo. En los inicios era empleado para nombrar tanto a la planta (familia de las solanáceas, del género nicotiniana, originaria de América), como a sus hojas secadas y liadas, a los instrumentos dedicados a la inhalación de su humo, y a la acción de aspirarlo. Finalmente el vocablo se emplea para la planta y su hoja seca. En el continente europeo antes de utilizar este término, para nombrar a la planta y sus hojas, fueron empleados otros como hierba santa, panacea antártica, hierba de tornabona, etc. (Céspedes del Castillo, 1992:17).

Vamos a comentar, de forma muy resumida, los diferentes usos del tabaco a lo largo de la historia12:

- Uso divino, religioso y alucinógeno. El carácter divino del tabaco y sus usos religiosos son una creencia muy antigua, que ya seguían mayas y aztecas. Según Céspedes del Castillo (1992:20) el tabaco estaba especialmente vinculado a la vida de los hombres, sirviendo de amuleto protector en la caza y otras actividades peligrosas, como en la guerra; era hechizo contra enemigos; en toda ceremonia pública importante el uso del tabaco resultaba obligado, siendo el humo la más tradicional expresión del júbilo y del

10 En 1989 la revista Papeles de Economía Española dedica un número específico a “la empresa pública en España”. Entre los trabajos publicados, destacamos los de Segura (1989), Raymond y González-Páramo (1989) y Alvira y García (1989), en los cuales se realiza un análisis detallado de los principales motivos y funciones de la existencia de empresas públicas, así como argumentos a favor y en contra de las mismas. 11 En este apartado hemos seguido entre otros autores a: García de Torres (1875), Martín-Retortillo y Salas (1969:26-35), Pérez Vidal (1959), López Linaje y Hernández Andreu (1990), Rodríguez Gordillo (1990), Comín (1991), Céspedes del Castillo (1992) y Comín y Martín (1998). 12 Un análisis pormenorizado de los usos del tabaco es realizado por López Linaje y Hernández Andreu (1990).

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homenaje (Pérez Vidal, 1959:19): en el homenaje a los guerreros que regresaban de la guerra, en la inauguración de templos o acueductos, en la elevación al poder de un gobernante, ritual para los campesinos que piden lluvia, en los entierros, o como ofrenda en las tumbas de los reyes.

También primitivamente el tabaco se utilizaba, por su carácter alucinógeno, como una droga contra el cansancio y el dolor, fundamentalmente entre los trabajadores de plantaciones y minas sometidos a unas condiciones de trabajo extremadamente duras (Alonso, 1993:9).

- Uso medicinal. La utilización mágica del tabaco conduce a su empleo como medicina. Entre los principales usos medicinales del tabaco destacan su uso como digestivo, expectorante, desinfectante, ingrediente principal en ungüentos, y como calmante para dolores físicos.

Esta medicina fue utilizada abusivamente, al emplearse no como remedio sino como objeto de placer (Pérez Vidal, 1959:35), provocando contraindicaciones que llevaron a ir abandonando, ya a finales del siglo XVI, la creencia de considerar al tabaco como una panacea universal válida para la mayoría de las enfermedades; si bien se vino utilizando como tal hasta mediados del siglo XVIII (López Linaje y Hernández Andreu, 1990). En opinión de Céspedes del Castillo (1992:26-27) “es curioso constatar el hecho de que el miedo a la enfermedad, único motivo que condujo al hombre moderno a usar por primera vez el tabaco, sea también el que impulsa a los empedernidos fumadores del siglo XX a renunciar a su uso y que, en uno y otro caso, se haya debido en general a alguna forma de prescripción facultativa”.

- Uso actual del tabaco, por placer. El fumador moderno que fuma habitualmente, de forma espontánea, por deseo, y sin implicación ceremonial, médica o religiosa, aparece tras el descubrimiento de América cuando los españoles emigran al Nuevo Mundo, según Céspedes del Castillo (1992:27): “en algún momento de la primera mitad del siglo XVI”, y vinculado con el empleo medicinal del mismo que llevó a sus usuarios a una dependencia de “aquello que empezó siendo desagradable medicina y se había convertido en grata costumbre” (1992:28). Este consumo del tabaco por placer empezó a consolidarse durante el siglo XVII como un hábito tan

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extendido que su éxito pronto adquirió el carácter de fenómeno social (López Linaje y Hernández Andreu, 1990:44).

Como acabamos de decir, el descubrimiento europeo del tabaco está íntimamente relacionado con el descubrimiento de América en 149213, aunque en este punto, como señala Pérez Vidal (1959:4), no existe unanimidad entre los investigadores. Para López Linaje y Hernández Andreu (1990:18) “la primera noticia segura sobre el descubrimiento europeo del tabaco data de principios del mes de noviembre de 1492, apenas un mes después de avistar por vez primera tierra indiana; se sitúa en la isla de Cuba y está contenida en el Diario de Cristóbal Colón”.

La mayoría de los autores (Rodríguez Gordillo, 1984) consideran que los primeros fumadores de raza blanca fueron los marineros del segundo viaje de Colón a América; y el primer fumador en España, y Europa, fue un marinero de Triana (Sevilla) que fue denunciado a la Inquisición por sus vecinos por tratos con el diablo, pues “chupaba por un canuto y expiraba humo por boca y narices”, hecho inexplicable a inicios del siglo XVI.

Aunque no existe una fecha exacta sobre la llegada del tabaco a nuestro país, hay una opinión generalizada por parte de los autores en señalar al siglo XVI como la época en la que el producto empieza a ser conocido y consumido.

El tabaco fue traído por los marineros que volvían del continente americano y que lo utilizaban tanto como medicamento como para uso propio, y lo fueron difundiendo por diferentes ciudades; así como por aborígenes traídos por Colón en sus expediciones (Comín y Martín, 1998:5). También Pérez Vidal (1959:11) atribuye la introducción del tabaco en nuestro país al propio Colón, que “al regreso de su primer viaje al Nuevo Mundo, presentó a los Reyes Católicos las hojas secas y odoríferas de la americana planta”. Aunque en 13 Céspedes del Castillo (1992:14-16) resume la historia del tabaco en Nueva España (América) en cuatro etapas: (1ª) fase formativa, desde 1530 hasta finales del siglo XVII, cuando aparecen y se consolidan los usos modernos del tabaco, primero como medicina, luego como práctica de consumo habitual; (2ª) aparece un mercado extenso y unificado, se inventa el cigarrillo y abarca desde 1700 hasta 1765; (3ª) se desarrolla entre 1765 y 1809, cuando se establece el monopolio estatal, fundamentalmente para financiar gastos militares; y (4ª) desde 1810 cuando el monopolio cae en decadencia, produciéndose un importante aumento del contrabando, siendo definitivamente abolido en 1856.

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un primer momento principalmente fumaban las clases más bajas, la práctica fue extendiéndose a todas las esferas sociales. Este consumo en sus inicios no fue bien visto por las autoridades públicas, quienes intentaron sancionarlo, sin conseguir resultados positivos. El aumento del mismo llevó a cambiar la estrategia estatal, al verse en el producto una oportunidad favorable para incrementar los ingresos públicos.

Aunque el tabaco fumado es el más conocido, es el tabaco en polvo y el rapé el más consumido durante los siglos XVII y XVIII; siendo el más elaborado en todas las fábricas de tabacos europeas. Los tres productos que se disputaron el mercado en esta época fueron el “polvo español”, el “groso florentín” y el “rapé francés” (Comín y Martín, 1998:6). El hecho de que fuese el tabaco en polvo el que inicialmente se propagase por Europa puede deberse, según López Linaje y Hernández Andreu (1990:66), a que su consumo era más discreto, menos espectacular y molesto que el tabaco en humo.

Como señalan Comín y Martín (1998:7) el tabaco para mascar no ha tenido un uso muy extendido en Europa, fundamentalmente porque los residuos eran escupidos, lo que se consideraba un mal hábito; sin embargo sí fue una práctica muy popular en Estados Unidos. Esta modalidad es la que utilizaban principalmente aquellos trabajadores que no podían fumar por tener las manos siempre ocupadas, así como empleados de fábricas de productos inflamables.

Es a principios del siglo XIX cuando el tabaco en humo empieza a prevalecer sobre el resto de usos, irrumpiendo masivamente en las fábricas. Entre los factores que llevaron a la sustitución del tabaco en polvo por el tabaco de humo, Rodríguez Gordillo (1990:75) destaca: los cambios en los hábitos, los comportamientos, los influjos, el componente social, la moda y el pulso generacional. Estas labores se presentan en diferentes modalidades: (i) el cigarro o puro, cuyo uso se remonta a los orígenes de la llegada del tabaco al continente europeo, aunque es desde el siglo XVIII cuando su consumo se incrementa; (ii) el cigarrillo, que se convierte en el producto más consumido en el siglo XX, siendo la labor más generalizada en la actualidad; y (iii) la pipa, que utiliza la misma materia prima que el cigarrillo –la picadura- y aunque ya se empleaba originariamente en América, su uso europeo fue

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escaso en los inicios, aunque ha ido propagándose principalmente en los siglos XIX y XX (Comín y Martín, 1998:7-10).

Ahora analizamos brevemente las diferentes etapas por las que ha pasado la industria del tabaco en nuestro país14.

Inicialmente el comercio del tabaco estaba liberalizado. Pérez Vidal (1959:184) señala que a mediados del siglo XVI ya se cultivaba el tabaco en España, fundamentalmente como planta medicinal y de adorno. Es por el año 1611 cuando se establece un impuesto sobre la renta del tabaco que estuvo vigente hasta que se ponen de manifiesto los grandes ingresos que el erario público puede obtener con dicha renta, por lo que las Cortes declaran la explotación directa y exclusiva por parte del Estado15. En opinión de Martín-Retortillo y Salas (1969:27) “a partir de este momento, la historia de la intervención de la Hacienda en la producción y venta del tabaco va a venir caracterizada por los continuos cambios de sentido, reflejo de las alteraciones que en la política económica van a tener las mutaciones de las diversas circunstancias políticas por las que el país atraviesa.”

En opinión de Pérez Vidal (1959:227), “durante el siglo XVI no debieron existir verdaderas fábricas de tabacos”. La primera industria tabaquera española, según Rodríguez Gordillo (1984), se situó en Sevilla, pues fue en esta provincia andaluza donde se inició el consumo del tabaco en Europa. Fundamentalmente por su situación Sevilla era “el principal centro de intercambio y relación con América. Sevilla no sólo era la ciudad a donde llegaba la materia prima, el tabaco, sino la ciudad de mayor contacto con América y en la que se extendió principalmente el hábito del consumo de tabaco” (Gálvez, 1998:44).

Es aproximadamente en 1620 cuando aparece el primer centro fabril tabaquero en la capital andaluza16, aunque no es hasta 1636, con el

14 Al final de este apartado aparece un cuadro que resume las distintas fases habidas en la explotación del negocio del tabaco en España. 15 Algunos autores sitúan la explotación directa hacia 1632, mientras que otros la entienden a partir de 1636 (Ortiz de Arce, citado en Martín-Retortillo y Salas, 1969:27; Tamames, 1970). 16 Otros autores (Candela Soto, 1997:25) sitúan el inicio del funcionamiento de la fábrica de Sevilla hacia 1610.

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establecimiento del estanco del tabaco, que la industria tabaquera empieza a adquirir relevancia. Para Rodríguez Gordillo (1984:19) esta “primera etapa de control particular queda toda ella envuelta en un verdadero mar de incógnitas”.

En 1636 y 1638 las Cortes decretan el estanco sobre la producción y venta de las labores de tabaco17 en las provincias de Castilla y León, siendo la fórmula elegida para su explotación el arrendamiento a particulares18, con escasos rendimientos para el Estado19. Los defectos del sistema (favoritismos en los arriendos, fraudes, irregularidades en las liquidaciones) se dejaron sentir desde los comienzos, reconociéndolo la Hacienda y planteándose la administración directa de la fabricación del tabaco en la Real Fábrica de Sevilla20, medida que finalmente se toma en 170121 cuando es eliminado el 17 España se convierte en el primer país europeo en instaurar el monopolio del tabaco, ya que Francia lo hizo en 1674 (Gálvez, 1997). 18 Sobre el carácter del arriendo a asentistas particulares entre 1637 y 1730 véanse López Linaje y Hernández Andreu (1990) y Rodríguez Gordillo (1984).

19 Aunque apenas existen documentos sobre la actividad fabril en España en la época en que aparece el estanco del tabaco, 1636, este hecho no se da en el caso del Monopolio del Tabaco; desde esta fecha se elabora información muy rigurosa sobre toda la actividad desarrollada en los centros de la Renta (Rodríguez Gordillo, 1984).

20 Hasta mediados del siglo XVIII el procedimiento preferente para la explotación de los monopolios estatales era el arrendamiento, que pasa a la gestión directa de todas las rentas estancadas a partir de 1749. Este cambio de gestión en los monopolios fiscales dio lugar a la creación de Reales Fábricas como la de Tabacos de Sevilla que llegó a convertirse en uno de los establecimientos industriales más relevantes del país. La denominación de Reales Fábricas era otorgada a las empresas españolas, del siglo XVIII, que recibían algún tipo de intervención estatal. Las empresas públicas creadas por el Estado eran las Reales Fábricas en sentido estricto. Notas características de estas industrias eran su escaso nivel de mecanización y el predominio de una mano de obra muy artesanal (Helguera Quijada, 1991; Comín, 1995).

Se considera que las Reales Fábricas constituyeron un rotundo fracaso, no sólo como instrumentos de una política general de industrialización, sino también como empresas industriales eficientes (Helguera Quijada, 1991:79). No fueron capaces de alcanzar los objetivos iniciales, pues no pudieron competir ni en precios ni en calidad con las industrias extranjeras, a pesar de los esfuerzos realizados; tampoco consiguieron demostrar la capacidad industrial de España, al fracasar los intentos de innovación en nuevas tecnologías y en productos. También se cometieron graves errores en aspectos claves de la organización industrial, como en localización, gestión y fundamentalmente en comercialización. Los problemas en la comercialización ocasionaban continuas crisis de sobreproducción, generando un déficit crónico para las Reales Fábricas que sobrevivían gracias a las subvenciones recibidas del Estado.

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arrendamiento a particulares del estanco del tabaco, fundamentalmente por los fraudes cometidos por los arrendatarios. Sin embargo, hasta 1730, señalan López Linaje y Hernández Andreu (1990:144), no hay datos sobre su cumplimiento. Además, según estos autores, en 1702 la Administración arrienda la renta del tabaco a las provincias, que la subarriendan a particulares, por lo que siguieron cometiéndose abusos.

La situación anterior lleva a que se promulgue el Real Decreto de 20 de diciembre de 1730 que deroga todos los arrendamientos del estanco del tabaco y ordena la administración directa por parte del Estado.

Durante esta etapa de gestión directa el Estado concede la administración y exclusividad en la producción de tabacos a la Fábrica de Sevilla, que pasó a depender directamente de la Corona. Fue convertida en centro y cabecera de la Renta de Tabacos por la calidad inigualable de sus productos. Aunque en esa época no era el único centro productor de cigarros (Pérez Vidal, 1959:228), el Estado le concede la exclusividad debido a que los productos procedentes de otros establecimientos eran de baja calidad y fácilmente imitados por los contrabandistas (Gálvez, 1998:45).

La fábrica de Sevilla fue el único centro productor de cigarros durante muchos años22, fundamentalmente porque su consumo estuvo muy restringido a la ciudad y sus alrededores hasta que, ante las dificultades para atender toda la demanda de tabaco, se hace necesario otro establecimiento, que se sitúa en Cádiz, aunque dependiente del sevillano. A finales del siglo XVII ya se trabajaba en la misma, aunque como señala Rodríguez Gordillo (1984:22) se desconoce cuando pudo haber iniciado su actividad.

El Monopolio del tabaco es ampliado en 1707 a la antigua Corona de Aragón, al Reino de Navarra, Baleares y Canarias. Durante todo el siglo XVIII continúa la administración directa para la fabricación y venta de tabaco, con el objetivo de obtener mayores ingresos, dependiente de la Fábrica de Sevilla 21 En 1684 la persona a cargo del arrendamiento se declara en quiebra, pasando el Estado a hacerse cargo de la Renta del tabaco hasta que vuelve a arrendarse en 1687 (López Linaje y Hernández Andreu 1990:140). 22 En opinión de Gálvez (1998:31) “la Fábrica de Sevilla fue hasta el siglo XIX el núcleo de la producción tabaquera”.

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y otras Reales Fábricas creadas al efecto23; hasta el 13 de septiembre de 1813, cuando las Cortes decretan el desestanco de la renta del tabaco y libre cultivo del tabaco, restableciéndose la prohibición de cultivo el 17 de mayo del año siguiente y el estanco el 23 de junio; de ahí que las medidas no llegaran a tener efecto (López Linaje y Hernández Andreu, 1990:150).

El aumento del consumo durante los siglos XVIII y XIX llevó a la necesidad de crear nuevos centros a lo largo del país (Gálvez, 1998). A inicios del siglo XIX se crean tres nuevos establecimientos fabriles: Alicante en 1801, Madrid en 1808 y La Coruña en 1809; otras tres factorías en el segundo tercio del siglo: Valencia en 1828, Santander en 1834 y Gijón en 1837, y a finales de la centuria se crean otros tres centros: Bilbao y San Sebastián en 1878 y Logroño en 1890.

De nuevo, el 9 de noviembre de 1820 las Cortes establecen el desestanco del tabaco, medida que tuvo una escasa vigencia por los efectos que produjo en el Tesoro, restableciéndose el estanco el 9 de junio de 1823, aunque se permitía la plantación y cultivo en la Península, hasta el Real Decreto de 16 de febrero del año siguiente que estableció el monopolio por completo.

Por Real Decreto de 20 de febrero de 1844 se establecen las bases para el arrendamiento de la renta de tabacos a una empresa privada, la Compañía de Tabacos S.A., principalmente motivado por el descenso que en esos años se había producido en los ingresos de la Renta del tabaco y por la necesidad de recursos estatales. El arrendamiento fue adjudicado el 25 de marzo de 1844 al Marqués de Salamanca. Constituida la empresa, se inicia su actividad el 1 de mayo de 1844; este contrato tuvo escasa vigencia, al ser rescindido por Real Decreto de 1 de julio de ese mismo año, volviendo a la administración directa, al considerar el nuevo ministro de Hacienda que el contrato establecido era muy perjudicial para el Tesoro público24.

23 Hasta el siglo XIX sólo existían las fábricas de Sevilla y Cádiz. 24 Un análisis detallado de este primer arrendamiento de la Renta de tabacos a una empresa privada en el siglo XIX es realizado por Torres Villanueva (1998:4-21).

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En 1852 fueron declarados francos los puertos del País Vasco y Canarias. El desestanco volvió a plantearse en 1855 por el gobierno liberal25 que en ese momento existía, no pudiendo llevarse a cabo este proyecto por ser disueltas las Cortes. El objetivo era permitir libremente tanto la introducción, como la fabricación y venta del tabaco en toda España.

En 1866 se establece la libre introducción y venta de tabacos procedentes de Cuba y Puerto Rico, con algunos requisitos. Esta medida es derogada en julio de 1868, aunque vuelve a restablecerse en octubre del mismo año, hasta 1871 cuando es derogada la licencia anterior.

Por Ley de 16 de junio de 1869 es eliminado el estanco del tabaco, medida que quedó suspendida por las circunstancias políticas del momento. Este monopolio se mantiene a través de Ley de 16 de noviembre de 1871 y Decreto de 26 de junio de 1874. Estos proyectos de desestanco no prosperaron, fundamentalmente por la dificultad de encontrar una figura tributaria capaz de reemplazar el importante volumen de ingresos que generaba el Monopolio del tabaco, que en esta época oscilaba entre el 12 y el 18 por ciento de los ingresos financieros del Estado (Torres Villanueva, 1998:22).

En 1874 hay un nuevo intento, frustrado, de arrendamiento de la Renta de tabacos a una empresa privada, que fue abortado antes de que fuese publicado el decreto correspondiente (Torres Villanueva, 1998:2).

Como señalan Martín-Retortillo y Salas (1969:36), “tras la extensión a las provincias vascongadas del régimen de monopolio por Ley de 21 de julio de 1876 y Real Decreto de 28 de febrero de 1878, éste vendrá a cubrir toda la

25 La empresa pública no era aceptada por los liberales, salvo casos excepcionales, como subsidiaria de la empresa privada, y relegada a actividades que en ningún momento pudieran llevar a competencia desleal. Además, existía una gran desconfianza en la capacidad del Estado para afrontar retos económicos (Cabrera, 1991:399).

En el siglo XIX con la llegada de los liberales, algunos estancos como el de la sal, fueron eliminados. Los liberales se oponían a cualquier monopolio por parte del Estado. Sin embargo aceptaron algunos estancos, siempre y cuando no recayeran en productos de uso común y de primera necesidad (Comín, 1991:142).

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Península, islas Baleares y posesiones españolas en África. En cambio, las islas Canarias están exceptuadas por la declaración de puertos francos […]”.

Como indican Comín y Martín (1999b:6), la administración directa del Monopolio no dio buenos resultados, fundamentalmente por la excesiva burocratización de los trámites, las irregularidades cometidas por los diferentes agentes implicados en el negocio –contratistas, empleados, cigarreras, estanqueros-; insatisfacción que llevó a la Hacienda Pública al arrendamiento de la gestión del Monopolio de Tabacos a una empresa privada: la Compañía Arrendataria de Tabacos (CAT).

Desde finales del siglo XIX y a diferencia de lo que ocurre en otros países (Gran Bretaña, Alemania, India, Australia o Estados Unidos), una única empresa –la CAT- será la encargada de gestionar el monopolio del tabaco en España. Este monopolio recae no sólo sobre la producción sino también sobre la circulación, tanto de la materia prima como del producto final. Otros países en los que el tabaco también estaba monopolizado son: Francia, Portugal, Italia, Suecia, Austria-Hungría, Turquía, Rusia y Japón26.

Tabla 1: Etapas del estanco del tabaco en España Período Explotación

1492-1636 No existe Monopolio En 1611 el Estado establece un impuesto sobre la Renta del Tabaco

1636-1700/1730 En 1636 el Estado crea el estanco del tabaco en España. Arrendamiento a particulares

1701/1730-1887 Administración directa del estanco a cargo de la Real Fábrica de Sevilla

1813 1820-1824

1855 1869

Desestanco del tabaco

1844 Intento de arrendamiento del Monopolio, sin éxito, a la Compañía de Tabacos, S.A.

1887-1986 Arrendamiento a la Compañía Arrendataria de Tabacos, hasta 1945, y a su sucesora Tabacalera, S.A. desde entonces

1986 Comienza la desaparición del Monopolio del Tabaco. Fuente: Elaboración propia.

26 Un análisis pormenorizado sobre los países en régimen de monopolio y los países de venta libre es realizado por Comín y Martín, 1998, pp: 47-72.

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Como señala Macías (2000:338), el caso del estanco del tabaco español es altamente significativo, pues ha atravesado a lo largo de su historia por todas las formas de gestión posible para los monopolios fiscales: desde la administración directa, a la empresa pública y, finalmente, la empresa privada.

Con respecto al cultivo del tabaco en la Península nos gustaría destacar el hecho de que las plantaciones de tabaco estuvieron prohibidas hasta 1940, a excepción de algunos ensayos con carácter experimental y durante ciertos períodos en el siglo XIX, y sobre todo a partir de 1917 (López Linaje y Hernández Andreu, 1990:111). En los años cincuenta es cuando se produce el despegue del cultivo de tabaco en nuestro país, siendo Cáceres, Toledo, Valencia y Granada las provincias donde se dan las condiciones naturales más apropiadas27.

1.3. CONTEXTO HISTÓRICO DEL CASO

Por la relevancia que entendemos tiene para nuestra investigación, y para contextualizar la información encontrada en las Memorias, vamos a dedicar este apartado a recoger, de forma muy breve, los principales acontecimientos políticos y económicos que han jalonado la historia de España durante los cien años que abarca nuestro estudio, situado entre final del siglo XIX y prácticamente todo el siglo XX. En este período la sociedad española ha experimentado importantes cambios políticos: monarquía, república, dictadura, democracia (véase la tabla 2); cambios que posiblemente afectaron en la influencia del estado sobre la empresa objeto de análisis (Núñez-Nickel et al., 2006).

Los años de creación de la CAT (1887) se enmarcan en el denominado “régimen de la Restauración”, una época en general de gran estabilidad hasta comienzos del siglo XX, de alternancia bipartidista de liberales y conservadores. En 1876 se aprueba una Constitución definida por una gran flexibilidad, y que devuelve la soberanía al Rey y a las Cortes; todo ello le

27 López Linaje y Hernández Andreu (1990:129-131) realizan una interesante recopilación bibliográfica sobre el cultivo del tabaco y otros aspectos históricos relacionados.

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lleva a ser uno de los países más democráticos del mundo, aunque los logros conseguidos eran defectuosamente aplicados (Comellas, 1990). En 1898 España pierde las últimas colonias que le quedaban en Ultramar (Cuba, Puerto Rico y Filipinas), lo que fue un duro golpe para la conciencia nacional; como señala Carr (1988:337): “tras la derrota cubana en 1898 van a surgir con aspecto temible, los verdaderos enemigos de la Restauración”.

Es también digno de señalar la importancia de los sindicatos por estos momentos, con una gran propensión a la afiliación de los trabajadores. El sindicato socialista, la Unión General de Trabajadores (UGT), pasó de 6.154 miembros en 1896 a más de 43.500 en 1904 (Manzano, 2000). La tardía aparición de los sindicatos en España se debe, entre otras razones, a la aprobación de la ley de Asociaciones en 1887, que reconocía el derecho a la libertad sindical.

Los años previos a la Primera Guerra Mundial (1910-1914) fueron muy importantes para España desde el punto de vista económico, al experimentar la economía un significativo crecimiento. Así Tortella (1990:145-146) señala: “la economía española exhibió una continuación de las tendencias de la última década del XIX a un ritmo algo más vivo. [...] La renta por habitante creció a una tasa anual media del 1,3%, casi el doble de la tasa estimada para la segunda mitad del XIX”. Sin embargo, la expansión económica que podría haberse producido durante la Primera Guerra Mundial, al ser uno de los países neutrales más ricos, lo que le permitió importante relaciones con los dos bandos, no llegó a consolidarse por la falta de los recursos humanos y tecnológicos necesarios para realizar la revolución industrial precisa. En opinión de Comellas (1990:350) “fue una ocasión única. Y muchos economistas la consideran una ocasión perdida. Efectivamente no mejoraron las estructuras productivas, no se renovó el utillaje, no se modernizaron los sistemas”; si bien hubo un aumento de la producción no tuvo correspondencia con la productividad requerida. Después de la contienda se produce una crisis económica por sobreproducción, ya que, al relajarse las exportaciones, la demanda interna fue incapaz de soportar dicho aumento, lo que llevó al cierre de muchas empresas (entre 1919 y 1922 dejaron de existir más de 6.000 empresas), bajada de los precios y subidas salariales mantenidas por una amplia presión social. Entre 1917 y 1923 puede situarse

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una crisis política a la que se le une una crisis económica y un importante malestar social (Broder, 2000).

En 1923 el general Primo de Rivera declara el estado de guerra y exige al Rey la disolución del Gobierno y la concesión de plenos poderes. Comienza entonces una etapa de dictadura, que llega hasta 1930, aunque en principio se pretendía que fuese transitoria hasta la formación de un nuevo estado de derecho; es precisamente en esta época cuando se crearon grandes monopolios, como la Compañía Telefónica Nacional de España, en 1924, o el Monopolio de Petróleos (CAMPSA), en 1927, y cuando se produce un importante desarrollo económico y de las infraestructuras, que tendrá un gran exponente con las exposiciones de Sevilla (1929) y Barcelona (1929-1930). En este período, de inflación contenida, se incrementó la calidad de vida en los obreros de mayor cualificación, aunque no corrieron la misma suerte los artesanos y los trabajadores de industrias más tradicionales. Como señalan Carreras y Tafunell (1994) los años veinte pueden considerarse como un período de optimismo en España.

En plena época de crisis (1930), recogiendo las consecuencias de la Gran Depresión, y por razones tanto políticas como económicas, se vuelve al régimen constitucional, con la dimisión de Primo de Rivera en 1930. El triunfo de la Segunda República (1931), provocó el abandono del país del Rey Alfonso XIII. La etapa de esta república se encuentra inmersa en una serie de dificultades, principalmente: (i) difícil situación económico-social, de amplia crisis con gran desempleo, y un gran poder de los sindicatos; y (ii) una importante división política en el país, gran movilización y malestar social. “A los dos meses de proclamada la República, la heterogeneidad e incluso contradicción de intereses, los mecanismos de la lucha de clases, el recelo conservador de unos, la impaciencia de otros, la desilusión de algunos, llevaron a inevitables enfrentamientos” (Tuñón de Lara, 1985:99). Ello dura al menos hasta 1935, en el que se produce una mejora en la coyuntura económica.

Después de una gran inestabilidad política, con alternancia de gobiernos de distintas ideologías durante el período 1931-1936 (centro-izquierda 1931-1933, y centro-derecha 1933-1936), España se ve inmersa en la Guerra Civil (1936-1939), contienda que se extiende hasta el 1 de abril de 1939. La peor

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secuela fue la división del país en dos bandos: nacional (vencedor) y republicano, y una larga dictadura cuya repercusión, aunque perdiendo intensidad, se extiende, prácticamente, hasta la instauración de la democracia (1976). El primer período de la posguerra se caracteriza por una España en ruina, elevado desempleo, comunicaciones destrozadas, pésimas condiciones en el sector industrial, falta de reservas monetarias, y un largo y penoso etcétera. Señala Comellas (1990:505), que España perdió en tres años lo que había ganado en treinta, teniendo en esos momentos un nivel económico como el de principio de siglo.

Durante estos años estalla la Segunda Guerra Mundial, pero en este caso, a diferencia de lo ocurrido en la Primera Guerra Mundial, no tuvo la neutralidad española las mismas ventajas económicas, ya que la situación económica del país no permitía la estrategia antes llevada a cabo. Es de destacar en el régimen económico del franquismo, como señala García Delgado (1995), que de los quince años que van desde 1935 a 1950 se puede hablar de una auténtica depresión, que junto al fracaso en la agricultura, ya que al comienzo de la Dictadura prima la política industrial (Montero, 2004), da lugar a una escasez de productos alimenticios y a la necesidad de establecer el racionamiento, lo que propició un importante “mercado negro”.

Terminada la guerra, las potencias vencedoras consideran a España un país enemigo, así como diversos organismos internacionales. Es de destacar la moción del Embajador mexicano Luis Quintanilla, presentada en junio de 1945, por la que se cerraba la entrada de España a Naciones Unidas (Lleonart, 1995), con importantes repercusiones en el abastecimiento de productos, que hace que tenga que valerse por sí misma, en un momento de gran escasez de productos nacionales. La autarquía hace que la actividad económica de aquel momento necesite realizar importaciones de bienes de equipo y material de transporte para emprender la primera fase de sustitución de las importaciones de productos de consumo. Un motor para el comienzo de la industrialización se quiere que sea la creación en 1941 del Instituto Nacional de Industria, con el objeto de que el Estado tomase parte activa en ese proceso, que como explica Tusell (1984) tuvo como primera denominación la de “Instituto Nacional de Autarquía”. A pesar de la exclusión de España del Plan Marshall, firmado en 1947, sí empezó a recibir financiación de Estados Unidos en 1950, siendo también ésta la fecha en la que Naciones Unidas

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permite por fin la entrada de España en el organismo internacional, y ello va a permitir una mayor libertad de movimientos y de expansión económica; lo que hace que en la década de los cincuenta se produzca un importante crecimiento económico unido a un aumento de la inflación.

Tabla 2: Cronología de los principales cambios políticos en España durante el periodo objeto de estudio (1887–1986)

Régimen de la Restauración 1874–1923

- El poder regresa al Rey y a las Cortes - Pérdida de las últimas colonias en Ultramar

(1898) - Primera Guerra Mundial: las expectativas de

crecimiento de la economía española no llegaron a producirse por falta de recursos

- Crisis política (1917–1923), unida a crisis económica y malestar social

Dictadura de Primo de Rivera 1923–1931

- Creación de los grandes monopolios españoles (comunicaciones y petróleo)

- Desarrollo económico y de infraestructuras Segunda República 1931–1936 - Difícil situación socio-económica

- División política Guerra Civil 1936–1939 - País dividido y devastado

Dictadura: la posguerra 1939–50s

- País en ruina: escasez de productos y mercado negro

- Segunda Guerra Mundial - Aislamiento exterior

Dictadura: segundo periodo 50s–1975

- Adhesión a la OCDE y al FMI - Plan de Estabilización (1959) - Expansión económica en los sesenta, hasta la

crisis energética de los setenta

Regreso al Régimen Democrático

1975–

- Programas de reformas legislativas - Planes para estabilizar la economía - Constitución de 1978 - Entrada en la OTAN (1982) y en la CEE

(1985) Fuente: Elaboración propia

No se permitió, al considerarse insuficientes las medidas liberalizadoras adoptadas, el ingreso en el Mercado Común en la fecha de su creación (1957), aunque sí la adhesión en 1959 a la OCDE y al FMI. En esta última fecha se pone en marcha el conocido Plan de Estabilización, con importantes medidas económicas y sociales, que permitieron un reconocimiento político internacional y de la inversión extranjera. A partir de ahí se inicia un período

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de expansión, que llega hasta las crisis energéticas de los años setenta. Es importante reseñar, como señala Comellas (1990:524-525), para entender la transformación de la sociedad española, la evolución en la educación, desde un 20% de población analfabeta en 1936, hasta la multiplicación de centros de educación superior y el incremento de los estudios universitarios, que contribuyen a generar una nueva clase media, lo que es entendido por este autor como “el fenómeno sociológico de mayor envergadura de los años del desarrollo”. En este sentido, (Preston, 1985:211) indica que “el crecimiento de la inestabilidad socioeconómica hizo aumentar, por otra parte, la preocupación del régimen respecto a la sucesión de Franco y a los años posteriores a su desaparición”.

Desde la muerte de Franco (1975) se inicia una etapa de normalización política del país, hasta constituirse en una democracia occidental, con importantes reformas legislativas durante los años ochenta, fruto del desarrollo de la Constitución de 1978, y en el aspecto económico se pretende esa normalización a través de sucesivos planes de ajustes (como los Pactos de la Moncloa). España recibe un amplio reconocimiento internacional por su transición pacífica de la dictadura a la democracia, que se plasma con la entrada en la OTAN en 1982, y como miembro de pleno derecho de la CEE, con efectos reales desde 1986. Esto también llevó a amplias reformas legislativas, para adaptar la legislación española a los requerimientos de la CEE. Desde el punto de vista empresarial es importante destacar, en lo que a los efectos de nuestro trabajo corresponde, la reforma de la Bolsa de Valores, de 1988, y la Ley de Auditoría de Cuentas de 1989, de las que ya se percibía su impacto en años anteriores.

Finalizamos este capítulo introductorio con la siguiente cita: “el tabaco –su descubrimiento, su obtención, su manufactura, su distribución y venta- es todo un capítulo de la Historia de España, y refleja como pocos las vicisitudes y la problemática de los últimos cuatro siglos. Y no sólo en las repercusiones sociales, económicas, ambientales, que el conocimiento del tabaco ocasionó en la vida de España y de los españoles, sino en el papel pionero que nuestro país ejerció en el mundo dentro de este campo, tan importante como mal conocido, desde el primer momento. […] Todo ello […] constituirá un instrumento nada despreciable en orden al conocimiento que

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los españoles podamos tener de nuestra historia: es decir, de nosotros mismos” (Comellas, 1984:7-9)28.

28 Prólogo del libro de Rodríguez Gordillo, 1984.

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CAPÍTULO II

UNA PERSPECTIVA DE AGENCIA EN LA GESTIÓN DEL

MONOPOLIO DEL TABACO EN ESPAÑA: RELACIÓN ESTADO-

EMPRESA

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2.1. TEORÍA DE LA AGENCIA

2.1.1. Introducción

Han sido muchas las investigaciones que han tratado de analizar y comprender el complejo funcionamiento empresarial; dando lugar a múltiples trabajos y teorías que han intentado ofrecer parámetros de comportamiento adecuados para el logro de los objetivos empresariales (Giner Manso, 2005:28). Entre las diferentes corrientes teóricas, se encuentra la Teoría de la Agencia, que surge en los años setenta, con el objetivo de explicar los comportamientos de los integrantes en la organización y las consecuencias que para ésta tienen las acciones de sus miembros.

En las grandes corporaciones se produce un fenómeno de separación entre la propiedad y el control o gestión de las actividades, por lo que pueden surgir una serie de problemas al no coincidir el propietario de la empresa con la persona que toma las decisiones. La Teoría de la Agencia viene a explicar muchas de estas cuestiones. La idea central es que la separación entre propietarios y gestores plantea el problema de que los primeros (el principal) pueden definir objetivos precisos a cumplir por los segundos (el agente), pero carecen de la información necesaria para poder relacionar con exactitud las decisiones del agente con los resultados obtenidos en términos de los objetivos definidos. Esta información sólo la conoce el agente que, por razones obvias, tiene incentivos a transmitirla al principal de forma estratégica (Segura, 1996:42).

Desde los años ochenta la Teoría de la Agencia ha predominado en la investigación económica y contable, tratándose de un marco conceptual muy empleado para explicar los conflictos de intereses que surgen bien entre los integrantes de la organización, o en su interacción con otras entidades.

La Teoría de la Agencia se ocupa de describir las relaciones bilaterales mediante las que, de un modo u otro, se produce una cierta delegación de autoridad, a través de las cuales un sujeto encomienda a otro la realización de determinadas funciones que no puede o no quiere hacer por sí mismo.

Según Gago (1996) la Teoría de la Agencia estudia los vínculos que se establecen de forma contractual entre dos o más personas cuya motivación

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Capítulo II

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radica en el propio interés y que tratan de maximizar su utilidad esperada; a estos lazos se les denomina relaciones de agencia.

Jensen y Meckling (1976) definen una relación de agencia como un contrato bajo cuyas cláusulas, una o más personas (el principal) contratan a otra persona (el agente) para que realice un determinado servicio a su nombre, lo que implica cierto grado de delegación de autoridad en el agente.

Gago (1996:52) identifica en una relación de agencia los siguientes elementos: (i) los actores: el principal y el agente; (ii) el entorno en el que se desarrolla la relación; y (iii) las relaciones estipuladas a través del contrato.

El principal es aquella persona o institución que contrata a otra, el agente, para que desempeñe en su nombre una tarea específica29. El agente es la otra parte de la relación de agencia; en él recae la obligación de realizar determinadas tareas, de acuerdo con lo establecido con el principal en el contrato. Entre las principales características del agente, Gago (1996) destaca la aversión al trabajo (realizar el mínimo esfuerzo ante una tarea determinada) y el oportunismo. El principal se caracteriza por ser el que consigue, generalmente, el mayor beneficio en la relación de agencia y por asumir la mayor parte del riesgo.

Las relaciones entre el principal y el agente son descritas en esta teoría utilizando la metáfora de un contrato (Jensen y Meckling, 1976). Contrato, explícito o implícito, que actúa como nexo de unión entre principal y agente, y en mayor o en menor medida, especifica las obligaciones recíprocas de cada una de las partes y los mecanismos mediante los cuales se aseguran el cumplimiento de estos deberes. Alchian y Demsetz (1972) y Jensen y Meckling (1976) consideran a la empresa como un nexo de contratos entre los diversos factores de producción. Según Fama (1980), desde la perspectiva del

29 En los orígenes de la Teoría de la Agencia, el principal era el propietario de la empresa, quien delegaba parte de su responsabilidad en un subordinado (el agente) para el desarrollo de tareas productivas. Este concepto en la actualidad ha sido ampliado, entendiendo por principal el individuo que contrata a otra persona (el agente) para que desarrolle en su nombre determinadas tareas de carácter productivo, considerando la producción en sentido amplio, tanto bienes materiales como servicios, tareas de gestión; delegan así parte de sus responsabilidades y no tiene por qué ser, el principal, el propietario de la empresa (Giner Manso, 2005).

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“nexo de contratos”, la propiedad de una empresa es un concepto irrelevante; por lo que es importante modificar el rol tradicional que el empresario tiene atribuido en la empresa y la idea de que el control de las decisiones está a cargo de los propietarios. Lo que importa es la propiedad de los factores de producción30 (Jensen y Meckling, 1976; Fama, 1980).

La Teoría de la Agencia estudia la empresa como un conjunto solapado de contratos entre principales y agentes, los cuales perseguirán en cada momento sus intereses dentro de la empresa, al entenderse que son seres racionales que intentan maximizar su utilidad. En esta teoría se reconocen una multiplicidad de intereses contrapuestos que cohabitan en el seno de una organización. En el caso de los propietarios intentarán maximizar el esfuerzo de los empleados al mínimo coste, mientras que los empleados intentan minimizar su esfuerzo y maximizar la remuneración. Así, “el devenir empresarial puede ser la consecuencia de un proceso de búsqueda de equilibrio entre los intereses individuales, frecuentemente divergentes, de principales y agentes” (Giner Manso, 2005:35).

Concordamos con Gago (1996:81-82) en que la Teoría de la Agencia resulta especialmente adecuada para comprender la problemática de la separación de la propiedad y el control y para solucionar los conflictos entre los agentes organizacionales a través del análisis de los contratos que se acuerdan entre los propietarios y los directivos. En estos contratos aparecen especificadas las actuaciones del agente, el sistema de recompensas y el sistema de control de sus actuaciones. El principal especifica en el contrato los criterios que deben cumplirse, y en caso de que no se actúe conforme a lo pactado podrá rescindirlo. También el principal debe establecer el grado de autonomía que otorga al agente en la toma de decisiones.

Una relación principal-agente típica, y la más estudiada, es la de accionistas-directivos (Fama y Jensen, 1983), aunque también puede identificarse en las

30 La empresa no puede ser, en rigor “propiedad” de ninguna de las partes contratantes, que sólo son titulares de diversos derechos y deberes sobre las demás partes. Así, los accionistas no son propietarios de la empresa, sino de los capitales que aportan. Distinción que permite comprender por qué el control de las decisiones de la empresa no es atributo específico de los accionistas. El resto de personas, físicas o jurídicas, que aportan factores de producción tienen igualmente derecho de control.

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relaciones entre empleador-empleado (Harris y Raviv, 1978), regulador-regulado, asegurador-asegurado (Arrow, 1970), etc. De hecho, la noción de relación de agencia puede ser aplicada a todas las formas de cooperación31. En la empresa estas relaciones de agencia no sólo se producen entre el propietario y el sujeto en el que delega su explotación, sino entre cualesquiera dos sujetos que estén relacionados por un contrato y uno delega en otro las responsabilidades de una determinada tarea, pudiendo por tanto identificarse multitud de relaciones de agencia (Carrasco, 1987a).

La Teoría de la Agencia ha sido aplicada en investigaciones que han analizado situaciones históricas, con la finalidad de comprobar si el enfoque de agencia permite contemplarlas bajo una óptica que ayude a explicar el modo en que se desarrollaron (Cowton y O´Shaughnessy, 1991; Carlos 1992, 1994; Carlos y Nicholas, 1993).

En esta relación el agente no actuará siempre a favor de los intereses del principal, dado que cada individuo buscará la maximización de su propia utilidad, apareciendo lo que se conoce como problema de agencia. Según Zimmerman (1979:506), “cuando una persona (el principal) encarga a otra (el agente) para que cumpla algunos deberes en su propio interés surge un problema de agencia. El agente que trata de mejorar su bienestar realiza actividades que no se orientan al mejor interés del principal”. El problema de agencia puede darse en toda situación que conlleve una relación de cooperación entre dos o más personas, aunque no exista una delimitación precisa de la relación principal-agente (Jensen y Meckling, 1976). Ya Adam Smith, en su libro “The Wealth of Nations” (1776), señala el conflicto de intereses que se produce cuando no coincide en la misma persona la propiedad y el control de la organización.

31 Aunque en un principio esta teoría se centraba en el análisis del fenómeno empresarial, posteriores desarrollos y perfeccionamientos de la misma dieron lugar a su aplicación en muy diversos campos, como las finanzas (Giner Manso, 2005:28).

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2.1.2. Conflictos y costes de agencia

En las relaciones entre principal y agente suelen aparecer tres tipos de conflictos, que son los que intenta solucionar la Teoría de la Agencia: (i) información asimétrica32; (ii) intereses entre principal y agente divergentes; y (iii) diferentes preferencias hacia el riesgo entre principal y agente.

La Teoría de la Agencia se interesa por analizar cómo se pueden resolver los problemas que surgen cuando los deseos u objetivos del principal y el agente están en conflicto y cuando tal relación se desenvuelve en un ambiente de incertidumbre donde no es posible observar y conocer toda la actuación del agente, pues si existiera ese conocimiento “perfecto” permitiría diseñar contratos “perfectos” que llevaran al agente a actuar conforme los deseos del principal. El problema surge cuando el principal no puede verificar que el agente se comporta apropiadamente. Otro problema aparece cuando el principal y el agente tienen diferentes actitudes hacia el riesgo; en este caso pueden emprender diferentes acciones a causa de sus distintas preferencias por el riesgo. En general, el principal es el que soporta la mayor parte del riesgo, aunque el agente también asume riesgo.

Independientemente de cuál sea la modalidad del problema de agencia, su mera presencia implica la posibilidad de que alguna de las partes se comporte de manera oportunista, persiguiendo metas particulares y lesionando los intereses de la otra. No obstante, según Fama (1980) a pesar de los problemas de agencia, la separación de la propiedad y el control es una forma eficiente de organización económica.

El principal debe buscar los mecanismos que le permitan controlar la actuación del agente, tanto reduciendo los efectos que la desigual distribución de la información puede tener sobre la relación de agencia, haciendo desaparecer las propias asimetrías informativas. Se trataría de

32 Las asimetrías de información se producen cuando el principal no dispone de suficiente información para evaluar si la actuación del agente ha sido la acordada en el contrato o no. Las asimetrías de información producen dos tipos de problemas: (i) el problema del moral hazard (riesgo moral), surge por la falta de información del principal sobre cómo desarrolla el agente su trabajo, al no poder observar su actuación; (ii) y el problema conocido como adverse selection (selección adversa), se produce cuando el comportamiento del agente es observado por el principal, pero el agente dispone de mayor información.

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conseguir que la parte que se encuentre en una posición menos ventajosa adquiera información, al menos hasta paliar la posibilidad de que la otra parte se embarque en comportamientos oportunistas33. Una de las formas sería la adquisición de información mediante la incorporación de mecanismos de supervisión y control del comportamiento de los participantes en la relación. Como intentando reducir la divergencia entre objetivos derivada de las diferentes funciones de utilidad que poseen principal y agente. Si los resultados que obtiene el agente son independientes del esfuerzo que lleva a cabo, es decir, si éstos están desligados de los del principal, parece lógico pensar que el agente carecerá del estímulo necesario para empeñarse en su trabajo.

De este modo surgen los costes de agencia, que pueden definirse como una serie de gastos, para el principal y el agente, dirigidos a eliminar el conflicto entre las partes y reducir las posibilidades de incumplimiento, con la finalidad de alinear los objetivos de ambas partes. Los costes de agencia varían entre las organizaciones y entre los individuos. Según Jensen y Meckling (1976) estos gastos podemos dividirlos en: gastos de control, gastos de garantía de fidelidad y pérdida residual.

Los costes de supervisión, vigilancia o control (monitoring cost), son soportados por el principal, que incurre en ellos antes y después de la formalización del contrato. A priori, con el fin de asegurarse de que el agente tiene una conducta que se ajusta a lo establecido en el contrato que los vincula. A posteriori, para comprobar que está cumpliendo con lo establecido en el contrato.

Los costes de garantía o fianza (bonding costs), a cargo del agente, son en los que incurre con el fin de ofrecer al principal una cierta seguridad de que su comportamiento no se apartará de lo pactado en el contrato.

La pérdida residual (residual loss), es un coste implícito, que surge de la desviación entre la conducta del agente y la que el principal consideraría

33 Como indican Harrison y Harrell (1993:636), las empresas pueden evitar tanto la selección adversa como el riesgo moral, desarrollando sistemas de información más completos que eliminen la información privada o diseñando eficazmente contratos de incentivos que conjuguen los intereses de principales y agentes.

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óptima para sus intereses si se encontrara en el lugar de éste. Se trata de un coste de oportunidad.

El coste de agencia varía según la empresa, y dependerá de la facilidad con la que los agentes puedan ejercer sus propias preferencias, y de los costes de las actividades de control y garantía que se producen en la relación de agencia. Tendrán gran influencia, en el nivel de los costes de agencia, las leyes y la capacidad humana para inventar nuevos contratos; “tanto la ley, como la sofisticación de los contratos relevantes de una moderna empresa son producto de un proceso histórico, en el que hay grandes incentivos de los individuos para minimizar los costes de agencia” (Jensen y Meckling, 1976:357).

2.1.3. Teoría de la Agencia Positiva y Teoría Principal-Agente

La Teoría de la Agencia pretende aportar un marco explicativo del comportamiento de las organizaciones, entendiendo a éstas como el nexo común de un conjunto de relaciones contractuales, establecidas entre diversos agentes con intereses individuales que a menudo entran en conflicto con los de la organización, suponiendo un estímulo para que se comporten de forma acorde con el fondo de la relación. El fin de la Teoría de la Agencia será el explicar cómo se determina un contrato óptimo que consiga maximizar la utilidad del principal al tiempo que sea aceptable para el agente.

Las organizaciones contienen múltiples relaciones de agencia donde la figura del principal y el agente son asumidas indistintamente por los diversos individuos que la integran. Cada uno de los miembros de la organización asume el rol de principal y agente en una multitud de relaciones que son la base del comportamiento organizacional.

Para Álvarez (1999:101-102), “la Teoría de la Agencia nos permite aclarar algunos aspectos relativos a la problemática de las relaciones personas-entorno-recursos, examinar las situaciones de delegación de autoridad en la toma de decisiones y la conjugación de intereses contrapuestos que tienen los individuos y que deben ser superados para que la empresa resulte viable. También ofrece una explicación válida acerca de las relaciones de la empresa

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con el exterior, estudiando ésta en el contexto global de la economía de mercado”.

Aunque la unidad de estudio es común –el contrato entre el principal y el agente- la Teoría de la Agencia se ha ido desarrollando en dos vertientes de pensamiento: la Teoría de la Agencia Positiva y la Teoría Principal-Agente34.

La Teoría de la Agencia Positiva analiza las situaciones en las que aparecen conflicto de objetivos entre principal y agente y los mecanismos de gobierno que permiten minimizar el comportamiento oportunista del agente. Las investigaciones se han centrado en analizar estas relaciones, en especial en las organizaciones públicas. Entre los autores más relevantes destacamos: Jensen y Meckling (1976), Fama (1980), Fama y Jensen (1983). La conclusión a la que llegan estos autores es similar: cuando los sistemas de recompensas, los resultados, de principal y agente dependen de las mismas actuaciones, los conflictos entre ambas partes se reducen35. También los sistemas de información de que disponga el principal acerca del comportamiento del agente van a disminuir el oportunismo de éste.

Mediante la corriente positivista se identifica una política o comportamiento en el cual exista conflicto de objetivos entre principal y agente y demuestra que los sistemas de información (permiten controlar el comportamiento del agente) o los sistemas de incentivos basados en los resultados resuelven el problema de agencia, permitiendo coalinear los intereses de ambos grupos. En términos formales, Eisenhardt (1989:60) enuncia: “Cuando el principal tiene información para verificar el comportamiento del agente, el agente es más probable que se comporte en interés del principal”, y “cuando el contrato entre el principal y agente está basado en el resultado, el agente es más probable que se comporte en interés del principal”.

34 Un estudio riguroso sobre las bases conceptuales de la Teoría de la Agencia y las distintas líneas de investigación existentes puede verse en Gago, 1996. 35 Gago (1996) indica una medida fiable del grado de cumplimiento del agente, como es asociar su retribución a la productividad, lo que permite: (i) incentivar un mayor esfuerzo, (ii) que la empresa disponga de los empleados más capaces y que realizan mayor esfuerzo, y (iii) reduce la posibilidad de que la firma pierda a los mejores trabajadores, a la vez que incentiva a los menos productivos para que abandonen.

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La Teoría Principal-Agente se ha centrado principalmente en modelizar los efectos que tienen sobre los contratos las preferencias de cada una de las partes, la naturaleza de la incertidumbre y la estructura de la información existente en el entorno. Su atención se centra en el modo en que se comparten los riesgos y en el estudio del tipo de contratos óptimos a emplear para maximizar los niveles de utilidad de las partes cuando la recopilación de información es más o menos costosa. Pretende alcanzar una teoría general que explique las relaciones entre principal y agente y que pueda ser aplicada a diferentes relaciones de agencia. Se trata de una corriente más abstracta y matemática. Algunos de los autores más relevantes son Harris y Raviv (1978), Demski y Feltham (1978).

En opinión de Gago (1996) ambas corrientes persiguen los mismos objetivos: tratan los problemas contractuales entre partes que buscan la maximización de su propio interés. La finalidad de las dos ramas también es común: encontrar una solución a los conflictos que surgen como consecuencia del establecimiento de una relación de agencia y lograr minimizar los costes de agencia. Las diferencias aparecen en las fórmulas diseñadas por cada corriente para alcanzar los objetivos planteados. Estos dos enfoques son considerados complementarios; según Eisenhardt (1989) puede decirse que la teoría positivista identifica varias alternativas de contratos y la teoría principal-agente indica que contratos son los más eficientes, bajo varios niveles de incertidumbre de resultados, aversión al riesgo, información y otras variables.

La Teoría de la Agencia no ha estado exenta de críticas. A pesar de su potencial, éste queda limitado, entre otros por los siguientes aspectos: (i) el tratamiento que realiza de las actitudes del agente frente al riesgo, al considerar que los agentes son adversos, o como mucho neutrales al riesgo; sin embargo cada vez surgen más situaciones en las que el agente es propenso al riesgo, asumiendo la mayor parte del mismo; (ii) el énfasis que pone en los incentivos monetarios, cuando además existen otros elementos no monetarios que también pueden incentivar al agente (poder, prestigio, autoestima); y (iii) esta teoría destaca las asimetrías informativas y el oportunismo por parte del agente, cuando pueden darse muchos casos en los que es el principal el que posee ventajas informativas y se comporta de un modo oportunista con el agente.

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Entre sus principales detractores destacamos a Perrow (1986), quien fundamentalmente critica los planteamientos básicos sobre el comportamiento humano en los que se basa la Teoría de la Agencia. Este autor sostiene que plantear que el agente, para actuar conforme a los requerimientos del principal, deba estar necesariamente sometido a la coacción de un sistema de control, o seducido por un atractivo sistema de incentivos, es poco realista; no siempre es necesario coaccionar a los empleados, éstos voluntariamente pueden adoptar responsabilidades y realizar acciones honestas y desinteresadas; el individuo puede ser solidario y no perseguir siempre su interés particular. Como señala Capelo (2001:246-247), esta teoría adolece de una carencia fundamental, al atender únicamente a los aspectos económicos que afectan a las relaciones de agencia, olvidando que principal y agente se encuentran inmersos en un sistema de relaciones sociales (Chwastiak, 1999). Entre los aspectos que determinan dicho sistema se encuentra la confianza (Baiman, 1990; Gomez-Mejia y Wiseman, 1997).

Otros autores, como Wright et al. (2001:414) sostienen la postura de extender la Teoría de la Agencia, relajando algunas de sus proposiciones, a fin de permitir una valoración más equilibrada de las relaciones de agencia como intercambios económicos no sólo entre individuos, sino también en el contexto del grupo y de la organización (Giner Manso, 2005).

Una nueva corriente integradora consiste en utilizar en las investigaciones la Teoría de la Agencia en combinación con otras perspectivas teóricas. El hecho de utilizar múltiples teorías se debe a que la Teoría de la Agencia por sí sola no recoge toda la complejidad existente en el mundo organizacional, por lo que la combinación con otras corrientes teóricas permite minimizar dicha limitación (Teoría Institucional, Teoría de la Contingencia, Teoría de los Costes de Transacción, Teoría sobre los Derechos de Propiedad36, Teoría de los Stakeholders, etc.).

36 La Teoría de la Agencia se encuentra estrechamente relacionada con la Teoría sobre los Derechos de Propiedad. En opinión de Jensen y Meckling (1976) ambos enfoques se complementan perfectamente. Para una revisión de esta teoría puede verse: Coase (1937), Alchian (1965, 1968), Alchian y Kessel (1962), Demsetz (1967), Alchian y Demsetz (1972), Furubotn y Pejovich (1972), Jensen y Meckling (1976).

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2.1.4. Teoría de la Agencia y Contabilidad

La Contabilidad se presenta como un mecanismo de recopilación, análisis, tratamiento y presentación de información, ofreciendo una ayuda a las empresas para guiar su marcha en un entorno hostil (Gago, 1996:17), permitiendo satisfacer parte de sus necesidades de información.

Entre los sistemas de información con los que cuenta la organización se encuentran los sistemas contables, que sirven como un mecanismo de apoyo a la toma de decisiones, permitiendo el control de la empresa y facilitando la comunicación con los diferentes colectivos interesados en la misma.

Como manifiesta Gago (1996:183), a pesar de las enormes contribuciones de la Contabilidad como instrumento facilitador de la toma de decisiones y del control de la firma, es preciso una renovación de la misma que le permita adaptarse a la nueva fenomenología que se observa en el mundo de los negocios. Las líneas de investigación en Contabilidad tratan de dar respuesta a estas necesidades, entendiendo a la empresa como una realidad compleja que aglutina un universo de intereses, a menudo conflictivos, que interactúan entre sí y con el entorno que les rodea.

La Teoría de la Agencia desde los años ochenta ha predominado en la investigación económica y contable. Algunos de los autores que han aplicado la Teoría de la Agencia en el ámbito contable son: Zimmerman (1979), Demski y Feltham (1978), Baiman y Demski (1980), Demski (1981), Baiman (1982, 1990), Harris (1982), Dhaliwal, Salamon y Smith (1982), Lambert (1983), Kaplan (1984), Mattessich (1984), Watts y Zimmerman (1983, 1986), Carrasco37 (1987a, 1987b, 1988), Carmona y Carrasco (1991), Armstrong (1991), Sáenz de Jubera (1991), Gago38 (1996), Gallardo (1998), Macías (2000),

37 La Tesis del Doctor Carrasco es el primer estudio monográfico que se hace en nuestro país sobre Teoría de la Agencia aplicada a la Contabilidad, en el que se analizan las aplicaciones de esta teoría a la Contabilidad Financiera, Auditoría y Contabilidad de Gestión. 38 La Tesis de la Doctora Gago es uno de los principales trabajos realizados en España sobre Teoría de la Agencia aplicada a la investigación en Contabilidad. En este trabajo se realiza un estudio de las posibilidades de la Teoría de la Agencia como vía para comprender mejor las prácticas contables de gestión en las empresas, en su doble vertiente de ayuda a la toma de decisiones y de control de la misma a través de la introducción de consideraciones motivacionales en su análisis.

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Segovia (2001). Autores como Mattessich (1984), Watts y Zimmerman (1986), mantienen la trascendencia de la Teoría de la Agencia en la construcción de una Teoría de la Contabilidad.

Para la Teoría de la Agencia la información es un bien que tiene un coste y que puede ser comprada. Mediante los sistemas de información, una organización puede controlar el comportamiento oportunista del agente. Es en este punto donde entra en juego la Contabilidad en la relación de agencia (Carrasco, 1987a); a través de los estados financieros o de los procedimientos de Contabilidad de Gestión, el principal puede llegar a controlar la acción del agente. Giner (1995) señala que normalmente los contratos de agencia se establecen y controlan tomando como referencia los datos aportados por la información contable. De los diferentes instrumentos que tiene el principal para controlar el comportamiento del agente, Moore (1981) señala los sistemas de Contabilidad y los incentivos. Por su parte, entre los sistemas de información existentes para controlar el comportamiento de los directivos, Eisenhardt (1989) destaca el Consejo de Administración y la Contabilidad39. De esta forma, los estados contables tradicionales permitirán proceder a la evaluación sobre la actuación de múltiples relaciones de agencia.

Estamos de acuerdo con Gago (1996:41) en que la Teoría de la Agencia es de utilidad para la investigación empresarial, en general, y para la investigación contable, en particular; entre otras por las siguientes razones:

- Ofrece una explicación válida para las situaciones en las que se produce una delegación de autoridad en el proceso de toma de decisiones empresariales, con el objetivo de conseguir una gestión más eficaz.

- Permite analizar las relaciones de la empresa con el exterior, ya que pueden entenderse como relaciones de agencia las relaciones con clientes, con proveedores, etc.

- Supone que para que la organización resulte viable deben conjugarse los diferentes intereses de sus miembros.

39 Sin embargo, en opinión de Segovia (2001:18), aunque en la relación de agencia la Contabilidad juega un papel esencial, la flexibilidad que la caracteriza puede ser utilizada por el agente para maximizar su utilidad en detrimento de la del principal.

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La aplicación de la Teoría de la Agencia tiene una gran utilidad en Contabilidad, entre otros por los siguientes motivos: (i) por su relevancia operativa, puesto que delimita campos y líneas a seguir dentro del ámbito de la investigación contable (Gago, 1996: 185); (ii) por, siguiendo la apreciación de Mattessich (1984:173), su utilidad de cara a la construcción de una Teoría Positiva de la Contabilidad a través de la contrastación empírica de los resultados obtenidos y de los hallazgos teóricos, que son consistentes con prácticas habituales de las firmas; así, la Teoría de la Agencia puede soslayar una deficiencia de la investigación en Contabilidad, centrada durante muchos años en el estudio de procedimientos refrendados por su utilización en el mundo real sin cuestionarse su valor, al presentar una base sólida para explicar su empleo en las empresas; y (iii) porque, como dicen Johnson y Kaplan (1988:173), la investigación de la Teoría de la Agencia permanece aún como un intento experimental de desarrollar una teoría formal de la demanda de información usada para contratación en los distintos campos de interés de la empresa.

Baiman (1982) y Gago (1996) señalan que, en el contexto de la Teoría de la Agencia, la información contable puede ser empleada de tres formas: (i) para la revisión de las creencias sobre los condicionantes externos e internos que rodean sus decisiones, mejorando su apreciación; (ii) como herramienta de motivación; y (iii) como instrumento de reparto del riesgo.

La corriente positivista de la Teoría de la Agencia identifica, entre los principales instrumentos de que dispone el principal para controlar al agente, dos: los sistemas de incentivos y los sistemas de información. Dentro de los sistemas de información destaca fundamentalmente al sistema de información contable; en concreto la Contabilidad Financiera. Como señala Gago (1996:294), “la empresa es un centro de interés para multitud de grupos, que tratan de ejercer su influencia con la finalidad de conseguir que los objetivos organizacionales se adecuen a los suyos; sin embargo, el ejercicio de tal influencia presenta dificultades debido a la existencia de asimetrías de información. En este contexto, la información que proporciona la Contabilidad Financiera representa una alternativa válida para reducir tales asimetrías”. Entre los estudios sobre el papel de la Contabilidad Financiera como instrumento de monitoring, destaca el realizado por Penno (1985), quien resalta la utilidad que tiene el empleo de la Contabilidad

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Financiera para reducir las asimetrías de información entre principal y agente. Según Carrasco (1987a:15), los estados financieros pueden servir para reducir los costes de agencia, “en la medida en que facilitan el control y reducen las pérdidas residuales, al garantizar –o al menos servir de elemento de contrastación- el comportamiento debido”.

Gago (1996:247-255) recoge algunas de las criticas que autores de prestigio han realizado a la aplicación de la Teoría de la Agencia en Contabilidad40. A pesar de las críticas, la autora coincide con Kaplan (1983) en el hecho de que la investigación en agencia proporciona un soporte conceptual para entender la Contabilidad como la elección de un sistema de información en un entorno incierto. Destacamos la principal conclusión que Gago (1996:365) extrae de su trabajo: “la gran utilidad que tiene la aplicación de la Teoría de la Agencia en la investigación en Contabilidad, al permitir analizar el papel de los datos contables como reductores de la incertidumbre que rodea a la empresa y como elementos motivacionales de los integrantes de la misma, además de posibilitar la comprensión de las causas de ciertas prácticas contables empresariales”; también proporciona un instrumental adecuado para la investigación en el campo contable.

2.1.5. Relaciones de agencia en el arrendamiento del Monopolio del Tabaco

Con el marco teórico que proporciona la Teoría de la Agencia, nuestro propósito es realizar un análisis del papel que asume la información contable en las principales relaciones de agencia que se establecen con el Estado en la Compañía Arrendataria de Tabacos, y con posterioridad en Tabacalera, SA.

Con el arrendamiento de la gestión del Monopolio de Tabacos a una empresa privada en 1887, podemos hablar del surgimiento de una doble relación de agencia: (i) la relación entre el Estado y la empresa gestora, y (ii) la relación entre el accionista mayoritario (Banco de España) y el resto de accionistas. Nuestro interés se centra en el estudio de la relación Estado-empresa gestora.

En concreto bajo esta perspectiva teórica vamos a analizar las relaciones entre el Estado (principal) y la empresa gestora del Monopolio de Tabacos y 40 En concreto las críticas son a la aplicación de la Teoría de la Agencia a la investigación en Contabilidad de Gestión.

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Servicios anejos (el agente); la Compañía Arrendataria de Tabacos desde 1887 hasta 1945, y su sucesora Tabacalera, S.A, desde 1945 hasta 1986.

Gago (1996:330) señala un factor fundamental para el establecimiento de unas relaciones de agencia beneficiosas en el seno de la empresa, como es “un contrato oportuno”. Un buen acuerdo contractual es esencial para crear unas bases sólidas en la relación de agencia, dado que en él “se articulan los ejes que van a regir el vínculo a través de la especificación de los derechos y obligaciones de las partes”. Para la autora es recomendable que el contrato reúna entre otras las siguientes características: (i) que sea aceptado por mutuo acuerdo; (ii) que sea justo, equitativo, preciso e imparcial; (iii) que aparezcan especificadas con claridad los derechos y obligaciones de ambas partes; (iv) que sea informativo; y (v) conciso.

En este capítulo nos vamos a centrar fundamentalmente en el análisis de los distintos contratos establecidos entre el Estado y las empresas gestoras; así como en la información que sobre esta relación contractual “Estado-empresa gestora” se recoge en las diferentes Memorias contables del periodo objeto de estudio. Intentaremos identificar los principales conflictos que se producen entre principal y agente y las medidas llevadas a cabo para lograr la adecuación de la conducta del agente hacia los objetivos del principal.

2.2. LOS CONTRATOS EN LA COMPAÑÍA ARRENDATARIA DE TABACOS

2.2.1. Antecedentes del arriendo del Monopolio

Comín y Martín (1999b:5) dividen en cuatro etapas la gestión del Monopolio del Tabaco español a lo largo de su historia, separadas por los siguientes cuatro hitos fundamentales: (i) el arrendamiento en 1887 de la Renta del tabaco a la Compañía Arrendataria de Tabacos; (ii) la fundación de Tabacalera, S.A., en 1945; (iii) la abolición del Monopolio en 1985, como consecuencia de la entrada de España a la Unión Europea; y (iv) la privatización de la compañía y aprobación de la Ley de Ordenación del Mercado de Tabacos en 1998.

Como ya hemos señalado, nuestro trabajo de investigación se centra en el período 1887-1986, si bien en el capítulo anterior y muy brevemente hemos

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comentado las distintas etapas por las que ha pasado el estanco del tabaco desde su creación hasta 1887. Reiteramos que nuestro objetivo en este apartado consiste en analizar los diferentes contratos habidos entre el Estado y la Compañía Arrendataria de Tabacos desde 1887, inicio de su gestión, y posteriormente los firmados con su sucesora, Tabacalera, S.A., desde 1945 hasta 1986, fin del período de estudio; así como las principales actuaciones tanto estatales como de las empresas gestoras llevadas a cabo para alcanzar los objetivos establecidos, recogidas en los estados contables de las empresas arrendatarias.

En 1887, y previo a la privatización de la gestión del Monopolio del Tabaco, el Estado realiza un inventario de los bienes que componían dicho Monopolio (Alonso, 1996:384). La producción superaba los 10,8 millones de kilogramos, que una vez vendidos supusieron la cifra de 130 millones de pesetas. Con respecto a los empleados, en las fábricas de la Renta aproximadamente se situaban en unos 32.000, en su mayoría empleo femenino; además de otros 20.000 encargados de la distribución de los productos. El número de fábricas en ese momento es de diez, repartidas a lo largo de todo el territorio peninsular: Sevilla, Cádiz, Madrid, La Coruña, Alicante, Valencia, Santander, Gijón, San Sebastián y Bilbao41.

Para el director de Rentas Estancadas en este periodo, Juan García de Torres, la administración directa del Monopolio era preferible y ventajosa, pero la Hacienda estaba obligada a desempeñar una gestión más activa y más próxima a la desarrollada por la iniciativa privada. Si la Hacienda era incapaz de afrontar estos retos, lo mejor que podía hacerse era arrendar el Monopolio a la iniciativa privada antes de seguir como hasta entonces, siempre que se hiciese en condiciones favorables al Estado (Torres Villanueva, 1998:29).

41 Como señala el autor, y tendremos ocasión de apreciar en nuestro análisis, cincuenta años después, en 1936, la evolución de este sector es espectacular: la producción ascendía a 27,3 millones de kilogramos y las ventas a 435 millones de pesetas. Se produce un descenso importante en el número de empleados, que para esta fecha se sitúan en unos 12.000; el empleo femenino sigue siendo mayoritario, pero cada vez en menor medida. La productividad se había multiplicado por seis. Con respecto al número de fábricas, a las existentes el año del arrendamiento del Monopolio a la CAT hay que añadir dos más: la Fábrica de Logroño y la de Tarragona.

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Reiteramos las causas fundamentales que en opinión de Comín y Martín (1999b:6) llevaron al Estado a decantarse por el arrendamiento del Monopolio a una empresa privada. Según estos autores, la administración directa del Monopolio no dio buenos resultados, fundamentalmente por la excesiva burocratización de los trámites, las irregularidades cometidas por los diferentes agentes implicados en el negocio –contratistas, empleados, cigarreras, estanqueros-; además sólo la picadura había conseguido cierta mecanización, la producción era artesanal, los precios de los productos altos y la calidad defectuosa, y el contrabando muy elevado (Comín, 1995:41). Esta insatisfacción llevó a la Hacienda Pública al arrendamiento de la gestión del Monopolio de Tabacos con la Compañía Arrendataria de Tabacos.

Entre las principales razones que llevaron a la privatización del Monopolio del Tabaco, Alonso (1996) destaca la caída de la demanda de tabaco entre los años 1865-1875 y 1885-1886. Para el Estado resultaban fundamentales los ingresos provenientes del tabaco; de hecho, en opinión de algunos autores, la Hacienda mantenía una gran dependencia respecto a los ingresos provenientes de este Monopolio, sin duda el componente fiscal de mayor entidad en prácticamente todo el siglo XIX (Comín, 1991). Se precisaba una mejora de la gestión empresarial, una reforma de la organización y mayores inversiones en tecnología, para lo cual se necesitaba disponer de importantes dotaciones que la situación financiera del Estado difícilmente podía acometer (Alonso, 1993:49).

Otra causa que también influyó, aunque explícitamente no fue reconocida por la Hacienda para la privatización de la gestión, fue la importante conflictividad social del personal de las fábricas de la Renta que imposibilitaban cualquier reforma por parte de la Administración (Alonso, 1996:390).

Finalmente, Candela Soto (1997:42) apunta otro aspecto que fue definitivo para pasar a la gestión privada el Monopolio de Tabacos: la necesaria modernización y desarrollo tecnológico del sector que durante la etapa de gestión pública había quedado muy obsoleto en comparación con otros países; lo que suponía elevados costes que la Administración no podía

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sufragar, de ahí que se planteara el arrendamiento de la administración de la Renta de tabacos.

En resumen y como señala Delgado (1896)42, nos encontramos con una Renta mal administrada, desorden en las adquisiciones, escasos conocimientos de la materia, una producción desequilibrada, rutinas en la fabricación, descuidos en el tratamiento de los tabacos, un personal obrero excesivo y mal distribuido, precios de venta equivocados, una débil represión del contrabando, con abusos de diversas clases, y sin una contabilidad bien organizada que diese el verdadero coste de las labores. Males que a su entender no podían corregirse por la Administración pública sin el auxilio de la acción privada.

La iniciativa de arrendamiento de la gestión del Monopolio de Tabacos a una empresa privada parte de Segismundo Moret, ya en 1883, cuando presenta en el Congreso una serie de proyectos de ley, entre ellos el referente a la gestión privada del estanco de tabacos, contrarios a los introducidos por su compañero de partido Francisco Camacho. Iniciativa que en esta ocasión no prospera pero, como comenta Torres Villanueva (1998:36), puso en evidencia que dentro del partido liberal existía una importante división sobre la forma de gestionar la Renta de tabacos.

Este arrendamiento se consigue definitivamente en 1887, siendo Ministro de Hacienda Joaquín López Puigcerver, también del partido liberal, y antiguo discípulo de Segismundo Moret.

2.2.2. La constitución de la Compañía Arrendataria de Tabacos

El 30 de noviembre de 1886, el Ministro de Hacienda López Puigcerver presenta en el Congreso el proyecto de ley autorizando el arrendamiento del Monopolio de Tabacos, con el objetivo primordial de reducir el déficit de la Hacienda Pública. Para el Ministro (Torres Villanueva, 1998:39) el arriendo no suponía la incapacidad de la Administración para llevar al Monopolio a su máximo rendimiento, “pero los procedimientos administrativos son forzosa e inevitablemente más lentos y menos eficaces que los propios de la industria particular”. De ahí que, “uniendo el interés de esa industria al 42 Citado por Macías (2000:182-183).

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interés del Estado, puede lograrse desde luego lo que se alcanzaría, pero no en pocos años, por el solo esfuerzo de la Administración”.

Con el arrendamiento de la gestión del Monopolio del Tabaco a una empresa privada el Ministro de Hacienda intentó imitar el régimen de arriendo italiano, por los buenos resultados obtenidos desde su implantación en 1867, de ahí que para el primer contrato de arrendamiento con la CAT se tomase como modelo el italiano (López Linaje y Hernández Andreu, 1990:170).

Por Ley de 22 de abril de 1887 se establecen las bases para la adjudicación del arrendamiento de la Renta del tabaco, que incluye el monopolio de fabricación y venta en la Península, Islas Baleares, Ceuta y demás posesiones del Norte de África. En esta normativa se van a establecer los principios básicos de un sistema que, con ligeras variaciones, va a permanecer vigente, en lo esencial, en todos los contratos de arrendamiento posteriores, incluso los establecidos con Tabacalera, SA43. Martín-Retortillo y Salas (1969) señalan que este contrato establece una continuidad; de hecho desde 1887 hasta 1944 no vuelve a concursarse para la concesión de la explotación del Monopolio del tabaco. El régimen establecido a partir de esta ley lleva a “una permanencia muy superior a la que acaso pudiera pensarse […]” (p.36).

Estas bases son muy criticadas al entenderlas muy perjudiciales para la empresa que se hiciera cargo de la gestión del estanco, fundamentalmente las relativas al canon anual de noventa millones de pesetas, durante el primer trienio, que debía abonar al Estado; las autorizaciones previas en cualquier política que el contratista quisiera llevar a cabo en fabricación, con los empleados, etc.; y la posibilidad de rescisión unilateral del contrato por parte del Gobierno. La finalidad perseguida no era otra que el Estado tuviese el control de dicha Renta.

La adjudicación se hace por concurso público, siendo necesario que el contratista fuera de nacionalidad española, con domicilio en Madrid (Base

43 La gestión del Monopolio del Tabaco, al igual que la del Monopolio del Petróleo, se realiza con base en una ley, que según Tejerizo (1975:154) actúa como título legitimador y permite a la empresa gestora, por un lado fortalecer su posición, por razón del origen de la gestión, pero por otro se debilita, debido a que dicha ley puede ser modificada en cualquier momento.

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primera)44. Las duras condiciones del arrendamiento hicieron pensar que no iban a presentarse muchas proposiciones al concurso, incluso que podía quedarse desierto. El concurso, celebrado el 4 de junio de 1887, es ganado por el Banco de España45. Como indican Comín y Martín (1999a:103, 1999b:6), el Banco de España era la entidad que ofrecía mejores garantías al Estado para gestionar un negocio de tal magnitud; tenía la ventaja de su tamaño, de su prestigio y, sobre todo, de tener otros negocios con la Hacienda. Además, al hacerse cargo del Monopolio del Tabaco, el Ministro de Hacienda también le concedió el servicio de Tesorería del Estado46.

Una vez que el Banco de España consigue el arrendamiento, crea una compañía para traspasar el arriendo; así se constituye, mediante escritura pública, de 25 de junio de 1887, la Compañía Arrendataria de Tabacos, SA (CAT)47. Su objeto social era gestionar el arrendamiento de la Renta de

44 En el Anexo I, hemos insertado la Ley de 22 de abril de 1887, autorizando el arrendamiento del monopolio de la fabricación y venta de tabaco en la Península y las bases para el contrato de arrendamiento del monopolio de la fabricación y venta del tabaco.

45 Aunque en un principio hay otros colectivos interesados en el arriendo, el Banco de España les propuso a todos los interesados un determinado porcentaje de acciones de la sociedad que se iba a crear, en caso de ganar el concurso, eliminando así la posibilidad de que se presentase alguna propuesta que le pudiera hacer competencia. 46 Cuando se plantea el arrendamiento del Monopolio del Tabaco, el Banco de España no parecía interesado en hacerse cargo de un negocio que en nada se asemejaba al carácter financiero de la institución; por lo que Hacienda tuvo que presionar para conseguir que se hiciese cargo de la Renta del tabaco, pues si éste quería mantener y conseguir determinados negocios con el Estado, como el servicio de Tesorería del Estado, de la deuda flotante, de la recaudación y de la adquisición de oro, debía concurrir al concurso de arrendamiento (Macías, 2000:187). En opinión de Macías (2000:197) las negociaciones que la Hacienda mantiene con el Banco de España ponen de manifiesto la escasa fiabilidad del procedimiento de concurso, que consistía más en una forma de legitimar la decisión adoptada, que en un verdadero procedimiento de oferta pública. 47 Los participantes en el acto de constitución de la CAT fueron (Torres Villanueva, 1998: 79-80; Comín y Martín, 1999b:7-8): (1) Salvador de Albacete, gobernador del Banco de España, diputado a Cortes y ex Ministro de Ultramar, en representación del Banco de España; (2) Ignacio Baüer, banquero, socio y administrador de la sociedad Weissweiller y Baüer y representante de la casa Rothschild; (3) Luis de Ussía, banquero, administrador de la sociedad Urquijo y Compañía; (4) Antonio Vinent, marqués de Vinent, senador y propietario, como administrador de la sociedad Banco de Castilla y como delegado del Banco Hispano Colonial; (5 y 6) Jaime Girona y Rafael Cabezas, propietarios, en las mismas circunstancias que el anterior; (7) José Campo, marqués de Campo, senador y propietario, en su propia

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tabacos. El objetivo perseguido por la Hacienda Pública con esta operación no es otro que el de incrementar la recaudación por este concepto.

Con respecto a las personas jurídicas que intervienen en el Monopolio de Tabacos, tras el arrendamiento a la CAT, existen diferentes opiniones. Por un lado la Administración entiende que son tres las personas jurídicas que intervienen en el monopolio, al separar el propio monopolio del Estado48: (i) la Administración estatal, órgano que crea y define el monopolio; (ii) el propio monopolio, que es un servicio público patrimonializado, dotado con patrimonio estatal; y (iii) la compañía gestora que es la que administra el monopolio. No obstante Tejerizo (1975:166) entiende que el monopolio no es un ente distinto al Estado, ya que el patrimonio del monopolio es en realidad patrimonio del Estado y los órganos y competencias del monopolio son en la práctica órganos y competencias de la Administración. Por tanto entiende que son dos las personas jurídicas que intervienen en el Monopolio: (i) el Estado, que es el que crea el monopolio, se reserva la titularidad de todos los bienes y derechos adscritos a la actividad monopolizada e interviene en la misma a través de un órgano de control propio (la Delegación del Gobierno); y (ii) la empresa gestora a quien se encomienda la realización de la actividad monopolizada y que en contrapartida recibe una remuneración. De hecho, los bienes de la sociedad gestora no le pertenecen, son propiedad del Estado, y los que adquiera durante el arrendamiento, los compra para el Estado; la gestora sólo tiene la administración del Monopolio49.

representación; (8) Federico Luque, propietario, en representación de la Sociedad General de Crédito Mobiliario Español; (9) José de Carvajal, presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, ex Ministro de Hacienda, en representación de los Sres. Heine y Compañía y de los Sres. L. et R. Cahen d´Anvers y Compañía; (10) Pablo Bosch, del comercio, como miembro de la junta de dirección del Banco General de Madrid; y (11) Luis Suárez, banquero, en las mismas circunstancias que el anterior. 48 Ver Tejerizo (1975:165). 49 En opinión de Comín (1991:148-149), este tipo de arrendamiento de monopolios, se consideran contratos administrativos en los que el Estado cede la explotación de las actividades industriales y comerciales objeto del monopolio. En sentido estricto estos contratos no son arrendamientos, sino verdaderas concesiones, ya que suponen la posibilidad de realizar una actividad que corresponde exclusivamente al Estado.

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La CAT se creó como una sociedad anónima de crédito50, con un capital social de 60 millones de pesetas, totalmente desembolsado, compuesto por 120.000 acciones, de 500 pesetas de valor nominal, de las que la mitad se reservó el Banco de España, lo que lo convierte en su mayor accionista, además de ser su banquero y tesorero; ello otorga a esta empresa una evidente garantía ante la Administración Pública y a los que con ella se relacionen51. La otra mitad de las acciones se repartieron como sigue: Sres. Weisweiller y Baüer, 12.000; Sres. Urquijo y Compañía, 12.000; Banco de Castilla, 8.000; Marqués de Campo, 8.000; Banco Hispano Colonial, 6.000; Crédito Mobiliario Español, 4.000; Sres. Heine y Compañía, 4.000; Sres. Cahen d´Anvers y Compañía, 4.000; y Banco General de Madrid, 2.000 (Comín y Martín, 1999a:105).

El Consejo de Administración de la CAT estaba formado por el presidente de la compañía, el director-gerente y nueve consejeros. El Consejo era el encargado de aprobar todos los asuntos relacionados con contrataciones y condiciones laborales del personal de la Arrendataria, así como todos los presupuestos y contratos cuyo importe superase las 5.000 pesetas. En definitiva, es el organismo que realmente gestiona la compañía, estando el

50 Se crea con esa naturaleza jurídica (arts. 123 y 175 del Código de Comercio de 1885) y no la de sociedad industrial, debido al aspecto financiero que encerraba la gestión de la Renta de tabacos y su labor de prestamista de la Hacienda Pública. Tanto la CAT como con posterioridad su sucesora, Tabacalera, son sociedades anónimas sujetas a la normativa aplicable a este tipo de sociedades, son contribuyentes como cualquier empresa aunque gozan de ciertas exenciones. El gestionar un monopolio fiscal va a tener influencia tanto en su estructura, como en sus competencias y en su vida jurídica. De hecho es el Estado el que aprueba los estatutos sociales de la empresa gestora, así como sus modificaciones. Además, un componente especial en esta relación será el excesivo control que ejerce el Estado sobre la gestora. Características especiales de las empresas gestoras del Monopolio (tanto la CAT como posteriormente Tabacalera) que han llevado a cuestionar si en realidad si trata de verdaderas sociedades, al no tener un patrimonio propio y estar fuertemente condicionada sus posibilidades de actuación (Tejerizo, 1975:173). La conclusión apuntada por la doctrina es que sí son verdaderas sociedades pero con limitaciones establecidas por la Administración con el objetivo de salvaguardar en todo momento el interés público en la gestión del Monopolio. 51 En opinión de Comín y Martín (1999a:110) “la relevancia del Banco de España es difícil de exagerar pues no sólo creó la CAT, sino que aportó el personal para su gestión, cedió los medios financieros iniciales, fue su principal accionista y prestamista, nombró a los consejeros y tuteló a la recién nacida Compañía en sus primeros pasos”.

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director-gerente simplemente encargado de ejecutar los acuerdos adoptados por el Consejo o las comisiones en que éste se divide, que son tres: (i) mercantil, encargada de todo lo referente a la organización y administración de los procesos productivos de las fábricas; (ii) industrial, ocupada de todo lo relativo a la construcción y mantenimiento de fábricas y almacenes; y (iii) interventora, encargada de los servicios financieros de la sociedad (Macías, 2000:207-208).

El Banco de España fue el que nombró como primer presidente de la CAT, a D. Juan Francisco Camacho, a pesar de que éste fue uno de los principales opositores en el Senado del arrendamiento de la Renta de tabacos a una empresa privada52. Según Comín y Martín (1999a:104) este nombramiento sólo puede explicarse porque conocía perfectamente este Monopolio, por la experiencia que reunía, al haber sido tres veces Ministro de Hacienda y una vez gobernador del Banco de España.

Fueron cinco los presidentes que se sucedieron a lo largo del primer contrato de arrendamiento de la Renta de tabacos a la CAT. Estas sustituciones, en este primer periodo, fueron debidas a los conflictos entre los presidentes y el Ministro de Hacienda o a causa de la defunción de los mismos. Camacho, como ya hemos indicado, fue el primer presidente de la Arrendataria, cargo que ocupó por escasos meses, en concreto desde el 30 de junio al 12 de octubre de 1887. Pertenecía al partido gobernante en ese momento y su principal objetivo fue convertir a la CAT en una empresa mercantil, de máxima rentabilidad, por lo que no dudó en aplicar estrictamente rigurosos criterios empresariales53, entrando en conflicto con los intereses del Gobierno, lo que le costó el cargo. Dimisión que mostró cómo para el presidente de la Arrendataria era primordial contar con el apoyo del Ministro de Hacienda.

52 Además había sido uno de los principales responsables de que el intento de arriendo en 1874 no prosperase (Torres Villanueva, 1998:24). 53 Empezaron a aplicarse en la Fábrica de Madrid, ocasionando perturbaciones de las operarias, ante lo cual el presidente decidió el cierre de la Fábrica, medida que inmediatamente fue anulada por el Ministro de Hacienda en acuerdo con el resto de consejeros de la CAT (Comín y Martín, 1999a:139).

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D. Servando Ruíz Gómez, antiguo Ministro de Hacienda, fue nombrado segundo presidente de la CAT, cargo que ocupó desde 13 de octubre de 1887 hasta 24 de septiembre de 1888, año en que murió. Aplicó las estrategias empresariales diseñadas por Camacho, aunque más lentamente e intentando no entrar en conflicto con el Ministro de Hacienda. Durante su mandato se establece un nuevo cargo, el de subdirector, puesto que ocupó D. Amós Salvador, y como secretario del Consejo fue nombrado D. Eleuterio Delgado. Ambos cargos gozaron de bastante permanencia, al contrario de lo que ocurrió con el de presidente. Estos personajes desempeñaron un papel fundamental en la puesta en marcha de la Compañía.

Debido al fallecimiento del presidente en septiembre de 1888, el 8 de octubre fue designado nuevo presidente D. Amós Salvador, que hasta el momento había desempeñado el puesto de subdirector, cargo que ocupa hasta 27 de octubre de 1890, año en el que hay un cambio de partido político en el Gobierno y por tanto el presidente es sustituido por otro acorde con la nueva ideología que gobierna el país54.

Como cuarto presidente de la CAT es elegido D. Fernando de Vida y Palacio, el 30 de octubre de 1890, hasta el 13 de diciembre de ese mismo año, en que es relevado por fallecimiento. El cargo lo ocupa el vizconde de Campo Grande desde el 22 de diciembre de 1890 hasta el 15 de diciembre de 1892.

2.2.3. El contrato de 1887

Algunas cuestiones que entendemos relevantes de este primer contrato son las siguientes55:

- La duración del contrato es por doce años, dividido, a efectos de determinar la cantidad que el contratista debía abonar anualmente al Estado, en cuatro trienios, durante los cuales la Arrendataria debe pagar un canon fijo de 90

54 El turno regular entre el partido conservador y el partido liberal define la política española desde 1876 a 1913 (Fusi y Palafox, 2003). 55 Bases del contrato de arrendamiento que aparecen recogidas en el Anexo I. Sobre determinadas cláusulas de este primer contrato se realiza un resumen por Comín y Martín (1999a, cap. 2.2.) y por Macías (2000:199-206).

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millones de pesetas en el primero, el promedio del líquido56 obtenido en el segundo y tercer año de vida para el segundo trienio, y el promedio del resultado líquido de los tres años del trienio inmediatamente anterior para el tercero y cuarto. Debería además abonar al Tesoro el 50% del exceso del producto líquido obtenido sobre el canon entregado.

- El Estado entrega todas las fábricas de tabacos57, con su equipamiento y existencias de productos y materiales, realizándose un inventario valorado de todo ello, creándose una Comisión mixta compuesta por dos delegados del Gobierno, dos representantes del contratista y el director general de la Renta.

La sociedad gestora se compromete a mantener las fábricas ya existentes y a conservar al menos el 75% de los empleados. Sin embargo podía cerrar alguna de las fábricas o despedir a más trabajadores si contaba con la autorización del Estado.

La Arrendataria estaba obligada a crear tres almacenes para el depósito durante los tres primeros años del contrato, y tres nuevas fábricas con todos los adelantos modernos durante los seis años siguientes58.

Todos los edificios, enseres y materias primas, así como productos manufacturados, serán asegurados de incendio por cuenta del contratista, a no ser que éste tome expresamente el riesgo. En el caso de aseguramiento se preferirá, en igualdad de condiciones, a las empresas nacionales.

56 Para el cálculo del producto líquido se procede de la siguiente manera: a los ingresos totales se le resta el importe de las materias primas y los gastos generales de fabricación de las labores vendidas y los de administración, además de un 5% de interés del capital realmente invertido en el negocio, excluida la fianza. Esta fórmula para el cálculo del beneficio, al integrar dentro de los gastos la retribución al capital propio de la CAT hace que la cantidad que resta para ésta sea un auténtico beneficio, en sentido económico. Como se desprende de la Liquidación de la Compañía aparece el interés del capital invertido en el negocio como un concepto más de ingresos. 57 Como ya hemos comentado, son diez las fábricas con las que cuenta la Arrendataria al inicio de su gestión: Sevilla, Cádiz, Madrid, Alicante, La Coruña, Valencia, Gijón, Santander, Bilbao y San Sebastián. 58 La primera de las fábricas construida por la CAT, pasados apenas cuatro años desde el inicio de su gestión, fue la de Logroño en 1891.

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Capítulo II

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- El contratista queda subrogado en todos los derechos y obligaciones que al respecto tuviera la Hacienda Pública, en todos los contratos pendientes sobre adquisición de primeras materias, útiles y efectos de la fabricación, arriendo de almacenes, transportes y demás; debiendo devolverlas al final del contrato, corriendo a su cargo los desperfectos habidos en el periodo, salvo los de uso natural.

- Con respecto a los estancos, éstos no podían reducirse sin la autorización gubernamental, aunque contaba con plena libertad para crear otros nuevos. Por tanto, la venta de los productos afectos al Monopolio del Tabaco no puede realizarse por cualquier persona, sino por aquellas que específicamente han sido nombradas o designadas. El personal autorizado queda sometido a estrictas normas, que regulan hasta el más mínimo detalle referido al local comercial donde se realiza la actividad, el modo de realizar las operaciones, los pedidos, la contabilidad que debe llevar, etc.

- Se obligaba al arrendatario a depositar una fianza de 20 millones de pesetas, aunque el Gobierno podría rebajarla hasta 12 millones de pesetas59 (en metálico o en valores públicos).

El Estado podrá exigir al contratista, seis meses después de requerido al efecto, un anticipo que no exceda de 8 millones de pesetas por cada año restante del plazo del arriendo. El reintegro del capital e intereses del anticipo se verificará por partes iguales en los años que resten de contrato, si el Estado no prefiere adelantar la devolución. El interés de anticipo en cada año no podrá exceder del tipo medio que para el descuento establezca el Banco de España, más el 1%.

Sobre el anticipo, en la primera Memoria de la CAT se dice: “No hay para que ocultar que la generalidad consideraba esta facultad del Gobierno como excesivamente peligrosa si por acaso hacía uso de ella en los comienzos de la Sociedad, cuyo capital era el estrictamente necesario para el desenvolvimiento del negocio, y que asaltaba al ánimo de muchos el temor de que, utilizando el Gobierno aquel derecho, pusiera a la Compañía en la necesidad de tener que emitir obligaciones o recurrir a otros medios no 59 Del Balance de libros en 30 de junio de 1888 se deduce que la fianza realmente entregada se valora en 19.121.071,48 pesetas.

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exentos de dificultades. […] Preocúpose la Administración, como era natural, de este importantísimo asunto, tratando desde el primer momento de conseguir que lo que estimaban muchos como inconveniente a los intereses sociales, se llevara a cabo sin perjuicio y sin peligro alguno para éstos” (1887-88:7-8). Anticipo que se solicita por Real orden de 22 de abril de 1888, por 84 millones de pesetas, y que es aceptado por la Compañía.

- El contratista precisa de la autorización del Ministerio de Hacienda para cualquiera de las modificaciones, obras, adquisiciones, y demás que quiera realizar, así como para alterar el número, clases y precios de las labores existentes, todo ello indica un riguroso control por parte de la Administración.

La Arrendataria deberá tener un repuesto de tabaco de las calidades y en la cantidad fijada por el Gobierno, antes de empezar el contrato.

El precio de los diferentes productos monopolizados es quizás el principal elemento que se encuentra controlado por el Estado. En opinión de Tejerizo (1975:179), la fijación de los precios por parte de la Administración pone de relieve la naturaleza pública del monopolio y pretende, de algún modo, salvaguardar el interés público, frente a los intereses particulares de administradores, consumidores e incluso de las propias compañías gestoras.

- Transcurridos los dos primeros años del arriendo, el Gobierno podrá conceder autorizaciones para cultivar en la Península e Islas adyacentes tabaco destinado a la exportación al extranjero o a la fabricación oficial, con sujeción a las reglas que previamente dictara la Administración.

- Con respecto al nombramiento del personal, en general la empresa gestora dispone de libertad para designar al personal que considere necesario para cumplir con las funciones encomendadas, pero estos empleados no tendrán derecho alguno a que el Estado les reconozca o declare pensión, abono de tiempo de servicios ni categorías por los servicios prestados al contratista; excepto el personal directivo, cuyo nombramiento precisa de la aprobación previa del Ministro de Hacienda, señalándose los puestos que precisaban de dicha autorización.

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Capítulo II

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El contratista queda obligado a poner en conocimiento del Gobierno las plantillas, con los sueldos asignados, y únicamente los que sean aprobados por el Ministerio de Hacienda serán considerados como gastos de fabricación.

- La CAT goza de exención tributaria en la contribución industrial, derechos de importación y exportación de los tabacos y de útiles y equipos para fabricación.

- Los pagos al Estado se realizarán en la Tesorería Central; sin embargo podrá entregar en las Tesorerías de las Delegaciones las monedas de cobre que sean admisibles en cada uno de los pagos, en los plazos siguientes:

El valor de los tabacos y útiles para la fabricación, en cuatro plazos iguales: el primero al incautarse de los efectos y los otros tres al terminar cada uno de los tres trimestres siguientes.

El importe de la anualidad fija, por dozavas partes, el día último de cada uno de los meses de duración del contrato, y el importe de la participación en el beneficio o aumento durante el trimestre siguiente al término de cada año económico, en cuyo trimestre se hará la liquidación del año con intervención del Delegado del Gobierno.

- La persecución del contrabando60 se establece a cargo del Estado. La compañía no tendrá intervención alguna en el régimen que el Gobierno siga en la represión, pero podrá ejercer vigilancia para proponer a la Administración las variaciones en el servicio que estime útiles, y para reclamar del Gobierno el auxilio que en casos determinados sea conveniente a la represión del contrabando. Podrá proponer el aumento del resguardo existente, siendo de su cuenta los gastos que este aumento origine.

La Arrendataria no podrá reclamar al Estado indemnización de perjuicios causados en la Renta por defraudación o contrabando, pero se computarán como producto de la renta en las liquidaciones todos los ingresos que

60 La creación de un monopolio conlleva la prohibición de realizar la actividad monopolizada, imponiendo una sanción cuando no se respeta dicha imposición. En el caso de los monopolios fiscales la vulneración de esta prohibición recibe el nombre de contrabando (Tejerizo, 1975).

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legalmente correspondan al Estado, realizados en la represión administrativa o judicial del contrabando y la defraudación de la renta misma.

- Se crea la figura del Delegado del Gobierno como interventor estatal, con pleno derecho para visitar todos los establecimientos de la Compañía y hacer las revisiones que estime convenientes.

Los Administradores o representantes de la Arrendataria están obligados a facilitar al Delegado y demás agentes nombrados por el Gobierno, todos los datos, noticias y explicaciones que les pidan, debiendo exhibir los libros, facturas y documentos justificativos de las operaciones de la empresa.

Las funciones desempeñadas por el Delegado del Gobierno son muy variadas; desde una actividad de control a tener poder de decisión e incluso de veto en los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración. Su razón de ser no es otra que la de intentar salvaguardar los intereses de la Administración estatal, debido a que la empresa gestora es lógico que persiga la consecución de sus propios fines, y el objetivo del Estado es que éstos se acomoden a los suyos propios, para compaginar ambos intereses y con el fin de que no sea olvidado el interés público, es por lo que se crea este órgano.

- El Gobierno podrá encomendar a la Arrendataria la venta de efectos timbrados en las Expendedurías de la Renta de tabacos, abonando la tarifa que se convenga por la prestación de este servicio.

- En el contrato de arrendamiento aparecen estipuladas un listado de multas, del Estado hacia la Arrendataria, en caso de incumplimiento de las bases del arriendo, cuyo máximo se fija en 20.000 pesetas, sin perjuicio de la reparación o indemnización que corresponda. La multa podrá elevarse de 20.000 a 100.000 pesetas en los siguientes casos:

1º. Si el contratista incurre dos veces en falta de repuesto.

2º. Si no lleva bien y al día la contabilidad.

3º. Si su administración rehúsa la exhibición de sus libros o documentos, o no justifica la regularidad de sus operaciones. La compañía podrá alzarse por la

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Capítulo II

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vía contencioso-administrativa de las resoluciones del Gobierno respecto a la imposición de multas.

- El Estado queda facultado para rescindir el contrato en cualquier momento, sin necesidad de expresar motivo alguno y contra su acuerdo no procederá reclamación.

- También podrá rescindir el contrato en los siguientes casos:

• Si pasados los dos primeros años en la Renta se hubiese producido un descenso que superase del 15% la cantidad fija de 90 millones de pesetas. Si la disminución de la Renta es por causa de guerra, o calamidades de carácter público y general, no podrá rescindirse el contrato.

• La rescisión será a cargo y riesgo de la empresa arrendataria si: (i) no realiza con puntualidad el pago del canon, o la participación de los beneficios que correspondan al Estado, o el valor de los tabacos y útiles para la fabricación; (ii) ha incumplido reiteradamente algunas de las cláusulas del contrato y ya se le han impuesto tres multas de las establecidas en el mismo.

- Al terminar el contrato se hará una liquidación general, en la que será de abono al contratista:

1º. El importe del repuesto de tabacos que reciba el Estado.

2º. El valor de las nuevas fábricas, maquinarias y almacenes. Dicho valor se apreciará por las sumas realmente invertidas dentro de los presupuestos aprobados por el Gobierno, y descontando en los edificios el 2% anual, y en las máquinas el 4% por amortización. Este descuento no se hará en la parte relativa al valor del solar.

3º. Las mejoras extraordinarias y adquisición de máquinas que, previo presupuesto aprobado por el Gobierno, se hiciesen en las actuales fábricas durante el contrato, y en las cuales se hará la deducción de 2 y 4% por amortización.

No serán de abono los gastos de conservación y reparación, ni las mejoras ordinarias, ni las extraordinarias realizadas sin las condiciones antes dichas.

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4º. Cualquiera otra cantidad que con arreglo a las bases del contrato se hubiese declarado corresponder al contratista.

Serán cargo del contratista:

1º. Las cantidades que durante los tres últimos años hubiese reservado en su poder el contratista para pago del repuesto, fábricas y almacenes.

2º. Las multas e indemnizaciones impuestas a la compañía y no satisfechas.

3º. El valor de los edificios, máquinas y enseres que hubiese recibido el contratista y no devuelva, y los desperfectos de los que devuelva, salvo los de uso natural.

Para fijar los desperfectos se apreciarán las valoraciones hechas al incautarse el contratista y al devolverlos, autorizándose en las últimas una disminución por uso natural de 2% anual en los edificios, y 4% en la maquinaria.

4º. Cualquiera otra responsabilidad que según el contrato tenga el contratista.

Este contrato de arrendamiento, como señala Macías (2000:199), es extraordinariamente complejo. Las bases del mismo se diseñan en función de las preocupaciones fundamentales del Estado, que no se limitan a la obtención de ingresos, sino que abarcan aspectos muy variados como la conservación del patrimonio, el abastecimiento del mercado, el intento de evitar conflictos sociales, etc. La finalidad que la Hacienda pretendía con las bases del contrato era la consecución de un punto medio entre la libertad absoluta de la empresa gestora y la sumisión completa a la Administración, evitando así el peligro de que los intereses de la Arrendataria fuesen distintos a los del Estado (Macías, 2000:205).

En opinión de Gálvez (1997:28), la importancia que la Renta del tabaco tiene para las arcas estatales es un elemento fundamental que explica los términos en los que se llevó a cabo el arrendamiento, y de qué forma se hipotecó la rentabilidad de la CAT consiguiendo un arriendo eficiente y beneficioso para el Estado.

Por tanto, la actuación de la empresa gestora queda restringida por el contrato de arrendamiento que le impone limitaciones a la libre actuación y

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unas condiciones financieras muy duras que frenaron la realización de inversiones por parte de la compañía. Prácticamente no disponía de poder de decisión en ningún aspecto de su gestión: productos, precios, empleados, centros, etc. (Macías, 2000:271).

Con respecto a la información, que referida a la relación Estado-empresa gestora aparece en las Memorias, indicar que los apartados iniciales de la primera Memoria de la CAT se dedican a hablar de la constitución de la Arrendataria y sobre las relaciones de la Hacienda con la Compañía (páginas 4-11).

Este primer contrato fue calificado de imperfecto, desde el principio por la Arrendataria, por lo que la Compañía pide una reforma del mismo desde sus inicios, con la finalidad de perfeccionar el arrendamiento, alargando el plazo del contrato, y eliminar la cláusula que entendía más perjudicial para sus intereses, que era la del canon variable. De hecho, en la Memoria del ejercicio 1890-91 ya se expresa dicha solicitud al Ministerio de Hacienda: “Fue constante propósito del Consejo […] solicitar la reforma de una ley que, habiendo en general producido importantes beneficios al Tesoro, contiene defectos revelados por la experiencia y que pugnan abiertamente con su espíritu fundamental de conseguir, mediante la acción privada, el desarrollo de la más importante Renta del Estado, toda vez que de hecho no concede estímulo ni interés alguno a esa acción. Con tal intento, y cumpliendo gustoso el Consejo el mandato de la Junta, solicitó […] un canon fijo y la mayor duración del arriendo” (p.21).

En opinión de Eleuterio Delgado, Director Gerente de la CAT, la fórmula establecida para estimar el canon, desincentivaba la actuación eficiente de la Arrendataria; considerando más adecuado un canon fijo y una escala gradual de participación en los beneficios en vez de la división en partes iguales (Delgado, 1892:44). Según éste, el principal defecto era la falta de equidad, al no compartir el Estado con la Compañía los riesgos de posibles pérdidas derivadas de la explotación (López Linaje y Hernández Andreu, 1990:170).

En estos primeros años de la vida de la empresa, hasta el nuevo contrato celebrado en 1892, planean claramente dos objetivos, como señalan Comín y Martín (1999b), que hacen que la gestión en este período sea difícil: el atender a los graves problemas cotidianos heredados, en las adquisiciones, las

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fábricas, representaciones, expendedurías, pagos, personal, etc., y el de preparar las reformas de la gestión de la Renta de tabacos para acomodarla a criterios empresariales. La gestión que se realiza en esta época hay que entenderla con una perspectiva a corto plazo. A continuación explicamos aquellas cuestiones que nos parecen más relevantes a nuestros objetivos, y que hemos deducido de las Memorias de estos ejercicios.

2.2.3.1. Riguroso control por parte del Estado

Comín (1996:366) señala que tradicionalmente la relación mantenida entre el Estado y las empresas privadas concesionarias o arrendatarias de servicios públicos o monopolios fiscales no ha estado exenta de problemas. Los fraudes a la Hacienda Pública y los incumplimientos de los contratos eran frecuentes por parte de los arrendatarios, fundamentalmente por el escaso control que el Gobierno ejercía sobre los mismos. Esta circunstancia no se produce en nuestro caso objeto de estudio, ya que desde el primer momento del arrendamiento del Monopolio del Tabaco a la CAT existe un férreo control por parte de la Administración. Macías (2000:204) identifica tres mecanismos fundamentales de control estatal: (i) la intervención y fiscalización directa, (ii) el afianzamiento de las obligaciones contractuales, y (iii) un sistema de sanciones, incluso con rescisión del contrato, en caso de incumplimiento.

De hecho, desde los inicios, uno de los problemas fundamentales con que se encuentra la CAT en su gestión es la incertidumbre a la que la somete el Gobierno, con un excesivo control. Ese importante control se materializa en la excesiva tramitación requerida para aplicar casi todas las decisiones tomadas por la Compañía. Eran muy abundantes las comunicaciones realizadas entre el Consejo de Administración y el Ministerio de Hacienda, lo que da una importante función a la Delegación del Gobierno. La necesidad de autorizar por reales órdenes casi todas las iniciativas empresariales que parten del Consejo provocan grandes retrasos, con la consiguiente ineficiencia en las acciones realizadas; esta forma de actuar choca frontalmente con la mentalidad empresarial de los arrendatarios y el dinamismo que pretendieron dar a su gestión desde el primer momento.

La desconfianza del Estado hacia la CAT era total, porque “los gobiernos no se fiaban nada de los directivos, quizá debido a la mala memoria histórica

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Capítulo II

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que habían dejado los arrendamientos de propiedades y monopolios públicos en el pasado”. Además de las restricciones estatales, la Compañía tuvo que soportar las procedentes del Banco de España, ya que “ni una ni otra institución acabaron de fiarse del Consejo de Administración y, para evitar una excesiva autonomía, le ataron muy cortas las riendas” (Comín y Martín, 1999a:107). En algunos casos, la CAT, para la defensa de sus intereses tuvo que acudir al recurso contencioso administrativo.

La rigidez se ve acentuada por la excesiva centralización de todas las decisiones tomadas en las Oficinas Centrales y en la necesidad de que pasaran por el control del Consejo prácticamente todas las cuestiones relacionadas con su actividad; tanto la Dirección General como los directores de las fábricas actúan en estos primeros años bajo la autorización del Consejo. Todo ello hace que las comunicaciones y la información transmitida fuese muy abundante. La causa de esta centralización se debe a intentar eliminar los abusos y las irregularidades que se venían dando en la etapa de gestión directa por la Hacienda, por la ineficiencia y el descontrol que atravesaba la Dirección General de las Rentas Estancadas en esos momentos.

Dada la amplitud de actividades a realizar en un negocio como éste y la actitud de la Dirección y el Consejo en el control, que lleva a que los costes asociados al mismo puedan ser muy elevados, y al objeto de centrar la atención en lo que se entiende principal –la elaboración de tabacos-, se opta por externalizar determinados servicios, recurriendo en muchos casos a contratas. Una figura fundamental en las fábricas es la de contador o interventor, encargado del control de la materia prima y de los costes de producción. Adquiere una mayor importancia la figura de los inspectores. Se fijaron las responsabilidades del personal superior, estableciendo premios por cumplimiento de objetivos. Finalmente, también se simplificó la contabilidad, para conseguir una más eficaz intervención.

Analizadas las Memorias correspondientes al período 1887-1892, y con respecto a este condicionante de control por parte de la Hacienda Pública, se deducen las siguientes actuaciones, cautelas e información elaborada:

- En el primer ejercicio de la empresa (1887-88) se dedica un apartado a la Organización central de la Compañía (p. 19), en el que se refiere a la creación de un organismo “con la mira principal entonces de hacer el tránsito de la

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administración del monopolio sin ocasionar perturbaciones”. En principio la organización se acomoda a lo que tenía la Hacienda, pero “satisfecha aquella apremiante necesidad y la experiencia advirtiese las imperfecciones de que adoleciera aquel organismo, debería llevarse a cabo una reforma que respondiese más a la índole particular de la Renta y al espíritu mercantil de la Compañía”.

- Existe una gran preocupación por la elaboración de normas, ya desde el primer ejercicio, lo que hace que se publique “un Reglamento orgánico y una Instrucción de contabilidad y se prepara una Instrucción para uniformar todas las operaciones fabriles” (1887-88:27).

La CAT procede a la homogeneización de los sistemas contables en todas las fábricas; con anterioridad cada centro disponía de su propio sistema contable, con normas incluso diferentes (Alonso, 1996). La CAT empieza a hacer uso de la estadística como medio para mejorar las estrategias de producción y comercialización, haciendo estudios de consumo por provincias y localidades.

- Aunque durante los cinco primeros ejercicios de gestión de la CAT, la Compañía obtiene pérdidas, en la primera Memoria se indica: “la Sociedad ha conseguido en el primer ejercicio, en medio de las graves dificultades con que ha tenido que luchar, resultados iguales a los de la Hacienda en el periodo en que la Renta llegó al punto más culminante de su desarrollo. Y no puede olvidarse, […], que la Compañía […] se encontró con una organización que no podía transformar de repente, y que las reformas de la Renta del tabaco no producen, […], todos sus efectos de una manera inmediata” (p.21).

Además, durante estos primeros ejercicios de resultados negativos para la Arrendataria, el interés del 5% sobre el capital empleado en el negocio que el Gobierno le abona, según la base 4ª del contrato de arriendo, se deja en la Compañía “para ensalzar la marcha social en beneficio propio y del Estado” (1888-89:14).

En el ejercicio 1890-91, y como bien indica la Memoria de la Arrendataria en su primera página: “se abre un periodo distinto para la compañía”, con el nuevo canon, correspondiente al segundo trienio, e inferior al primero. En

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esta Memoria se presenta un resumen de los resultados obtenidos desde el inicio de la gestión por la CAT, “no sólo porque así puede apreciarse la marcha de la Renta, sino porque también podrá juzgarse con mayor acierto la gestión administrativa, desde luego favorable a los intereses públicos” (p. 11-12). De este resumen, resaltamos los productos líquidos de la Renta y los resultados obtenidos por la Compañía durante los cuatro primeros ejercicios transcurridos (en pesetas):

EJERCICIO PRODUCTO LÍQUIDO RESULTADO CAT

1887-88 75.201.981,41 - 10.923.281,15

1888-89 83.556.347,15 - 1.698.678,99

1889-90 84.422.988,61 - 1.672.578,15

1890-91 91.286.920,12 + 5.866.577,86

- Durante estos primeros años de la vida de la CAT, la información contable que figura como Apéndice “ha sido desarrollada en una serie de estados que reflejan la marcha fabril y mercantil de la Compañía […] y que la misma ha sido aprobada, en la parte que le corresponde, por la Delegación del Gobierno” (1887-88:22). En los Apéndices de estos años aparecen, entre veinte y treinta estados contables, donde se especifican con meticulosidad determinados conceptos y partidas, muchos de ellos sobre determinados epígrafes de los estados principales: “Balance de libros en 30 de junio de 1888” y “Liquidación del ejercicio anual, que comprende desde 1º de julio de 1887 a 30 de junio de 1888, primero del contrato del arrendamiento del monopolio”. A continuación se inserta un cuadro que muestra los estados que aparecen en uno de estos apéndices, en concreto el correspondiente al ejercicio 1888-89.

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Número Estado

1 2 3

Estados principales Balance de libros Liquidación anual de la Renta correspondiente al ejercicio Liquidación general de la Compañía

4

5

6

7

8 9 10

11 12

Estados que desarrollan la liquidación de la Compañía Demostración del beneficio obtenido en la venta de labores peninsulares, modernas y antiguas Demostración del beneficio obtenido en la venta de labores procedentes de la Habana, modernas y antiguas Demostración del beneficio obtenido en la venta de labores procedentes de Filipinas, modernas y antiguas Demostración del beneficio obtenido de la venta en comisión de labores de Canarias y Filipinas Venta de labores procedentes de comisos Derechos de regalía de tabacos importados por particulares y por la Compañía Demostración del beneficio obtenido por amortización, diferencias de cambio e intereses de los valores de propiedad de la Compañía Resumen de los gastos de las Representaciones en provincias Resumen de gastos de la Oficina central, represión del contrabando, Expendeduría central y Depósito general de Santander

13

14 15 16 17 18

19 20 21 22

23

24

25 26 27

28 29

Estados relativos a fabricación, ventas y existencias Determinación del precio de coste y costas de las labores producidas por las Fábricas Demostración del tabaco entregado a talleres Beneficios obtenidos del tabaco en rama en las Fábricas de la Compañía Perjuicios sufridos en el tabaco en rama en las Fábricas de la Compañía Efectos de empaque quemados e inutilizados en las Fábricas de la Compañía Coste de la recomposición de los cajones de pino devueltos por las Representaciones Efectos de empaque sobrantes en Almacenes Valor al precio de contrata de los cajones de pino recompuestos Beneficios obtenidos en las Fábricas por venta de efectos inútiles Demostración del saldo de beneficios y perjuicios en primeras materias, que se distribuye proporcionalmente entre las labores producidas Demostración de los gastos generales de fabricación, que se distribuyen proporcionalmente entre las labores producidas Demostración del tabaco en rama existente a final del ejercicio anterior y del adquirido durante este ejercicio Existencias de tabacos en rama a final del ejercicio Resumen general de ventas de tabacos y envases Existencias de labores peninsulares y cigarros de la Habana y Filipinas, antiguos contratos, a final del ejercicio Existencias de labores modernas de Cuba a final del ejercicio Existencias de labores Filipinas, nuevos contratos, a final del ejercicio

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Capítulo II

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El balance lo firma el Interventor, con el visto bueno del Director Gerente. Por el contrario, la Liquidación del ejercicio, que es bastante resumida, debido al posterior desglose en otros estados, lleva el conforme del Delegado del Gobierno, por su carácter de cuentas de resultados, en la que consta la actividad reflejada en el período.

Con la privatización de la gestión del Monopolio del Tabaco, la Contabilidad61 se convierte en un instrumento clave para el control de la Arrendataria. La rendición de cuentas, con el arrendamiento a la CAT, es un aspecto muy importante para la Administración, que entiende primordial que la empresa informe sobre la gestión llevada a cabo. Además, la Contabilidad constituye la base para la determinación del canon (Macías, 2000).

A modo de resumen, de esta primera etapa desde la constitución de la CAT, hay que destacar el hecho de que la Arrendataria tenga que adaptar sus objetivos mercantiles a un entorno caracterizado por un riguroso control por parte del Estado, con las obligadas autorizaciones en todas las decisiones relevantes, que deben ser aprobadas por reales órdenes, y con la rigidez que suponen contratos, convenios y compromisos adquiridos cuando la gestión del Monopolio se hacía directamente; una organización que tenía que modificarse si se quería introducir a la empresa en el camino de los beneficios, con las consiguientes reacciones al cambio que por parte de los afectados son propias. Sólo la legitimidad que dan los resultados conseguidos permite poner en marcha aquellas reformas que se consideran necesarias con criterios empresariales. Ello hace que la información elaborada ponga de manifiesto todas las actuaciones realizadas y las que se estiman necesarias, así como los objetivos conseguidos.

Esa imposición del Estado sobre la potestad de introducir los cambios que considerara oportunos a sus intereses; la dificultad para llevar a cabo actividades que la Compañía entendía que beneficiaban a los intereses públicos y, por extensión, a los privados; los problemas financieros que proporcionaban los anticipos y fianzas que el Estado le exigía y que

61 Macías (2000:280-281) identifica importantes cambios en los sistemas de información contable, tras el arrendamiento a la CAT: la partida doble, cuentas anuales que exceden los requisitos legales, y la contabilidad de costes aparece integrada en la contabilidad financiera.

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planeaban sobre las cuentas de resultados; la necesidad de tener que conseguir unos mínimos beneficios para hacer eficiente la gestión, ya que la retribución al Estado estaba garantizada en una importante cantidad; así como la necesidad, por otra parte, de empezar a retribuir al capital invertido en el negocio, son los principales aspectos que condicionan la forma de actuar en estos primeros años.

En opinión de Alonso (1996:397-398), la respuesta de la CAT a los retos que le planteaban su compromiso con la Hacienda española no constituyó una estrategia excesivamente rupturista, sino una serie de medidas similares a las que hubieron de asumir de una u otra manera el resto de los monopolio europeos. La particularidad en el caso español se debe a que las actuaciones de la Arrendataria estaban limitadas por el contrato establecido con el Estado, que defendía los intereses públicos, para lo cual creó un arrendamiento muy elevado y superior al existente en otros países, lo que obligó a la empresa gestora a la realización de estrategias innovadoras que llevaran a una mejora en la eficiencia empresarial.

2.2.4. Los contratos de 1892 y de 1896

El contrato de 1887 se reforma el 30 de junio de 1892, fundamentalmente por la petición que desde los inicios hace la CAT, ante las imperfecciones del primer contrato y para incorporar la gestión del Timbre y el Giro Mutuo62. La reforma de 1892 se caracteriza porque: (i) a partir de 1 de julio de 1892 se modifica el canon, para mantener una línea similar a la existente en el primer trienio, con una cantidad fija anual de 90.000.000 de pesetas y a partir de esa cantidad en un porcentaje de lo que el producto líquido resultante lo superara63, consiguiendo la Arrendataria eliminar el canon variable, que entendía lesivo para sus intereses. El Estado viendo la evolución del negocio quiere compensar económicamente los esfuerzos realizados, haciendo un reparto más equilibrado de los beneficios; (ii) se concierta la gestión del Timbre, que comprende la venta, custodia y transporte de los efectos

62 Véase el Anexo II. 63 El porcentaje, para el Estado, es del 50% entre 90 y 96 millones de pesetas; del 60% entre 96 y 100 millones de pesetas; y del 65% a partir de esa cantidad (art. 16 de la Ley de Presupuestos de 30 de junio de 1892).

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timbrados, así como la investigación de la Renta, y del Giro mutuo, incluyendo el servicio de inspección de esta Renta, percibiendo por ello la Compañía una comisión, variable por tramos, en función de la recaudación, que se entiende insuficiente64. La CAT tuvo que crear un Cuerpo de Inspectores de la Renta del timbre, regulado por un reglamento especial.

Aunque la CAT vio parte de sus aspiraciones conseguidas en este segundo contrato –la modificación del canon variable a fijo-, el canon establecido entendía que era muy elevado; además no logró un alargamiento en el plazo del contrato que seguía siendo el fijado en el primero -doce años, con vencimiento en 1899-, por lo que siguió pidiendo al Ministro de Hacienda la modificación y perfeccionamiento del arrendamiento, que definitivamente consigue en 1896.

El ejercicio 1892-93 es el primero en el que la CAT tuvo beneficios suficientes como para repartir dividendos a sus accionistas (el primero de 20 pesetas por acción, y el segundo de 30 pesetas por acción), lo que se indica en la primera página de la Memoria correspondiente a este periodo: “en el ejercicio de 1892-93, primero en que pudo repartirse un beneficio a las acciones, recogiendo así el fruto del celo y los esfuerzos de la Administración en los cinco ejercicios anteriores” (p.5).

Entre los contratos de 1892 y 1896 se reforman los Estatutos sociales (en 1894), en previsión de las contingencias de los años venideros, lo que era una aspiración fundamental del Consejo. Como modificación importante señalar que el cargo de Director-gerente lo ocupa una persona distinta al Presidente y que el Subdirector dejaba de formar parte del Consejo; con ello se pretendía separar la gestión de la Compañía de los relevos en la Presidencia por cambios en el Gobierno. El Consejo nombraría y destituiría al Presidente, Vicepresidente y Director, que hace las funciones de Secretario. Se crean tres Comisiones (Mercantil, Industrial e Interventora). Se quiso aprovechar la modificación de los Estatutos para introducir reformas en el objeto social y funcionamiento de la Compañía, permitiendo que pudieran llevarse a cabo otros negocios ventajosos para ella, al objeto de conseguir con esta

64 3% hasta 50 millones de pesetas; 8% de 50 a 56 millones de pesetas; y 10% a partir de esa cantidad. La comisión percibida por la gestión del Giro mutuo se fija en el 1%.

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diversificación estabilidad en el futuro y no depender exclusivamente de un contrato con el Estado, que podría rescindirse; lo que no fue autorizado por el Banco de España.

Durante este contrato son cuatro los presidentes que se suceden en la CAT. La vuelta al Gobierno del partido liberal conlleva que D. Amós Salvador vuelva a ser elegido presidente el 16 de diciembre de 1892 hasta el 13 de marzo de 1894, cuando dimite al ser nombrado Ministro de Hacienda. Para ocupar su cargo fue nombrado D. Venancio González, que también había sido Ministro de Hacienda, quien ocuparía el puesto desde 28 de julio de 1894 hasta el 27 de junio de 1895, por la vuelta al poder del partido conservador. El octavo presidente de la Compañía es D. José García Barzanallana, desde el 10 de julio de 1895 hasta el 19 de diciembre de ese año, cuando es designado gobernador del Banco de España, teniendo que dejar el cargo de presidente de la CAT, que es ocupado por D. Cayetano Sánchez Bustillo, desde el 3 de enero de 1896 hasta el 29 de septiembre de 1897.

A partir del ejercicio 1893-94 se deduce un cambio fundamental de las Memorias, que después viene manteniéndose bastantes años, con pequeñas variaciones, prácticamente hasta la disolución de la CAT y la constitución de Tabacalera, SA. La novedad principal es su extensión, que se reduce significativamente. Desaparece el Apéndice ya comentado, que anteriormente se insertaba, con aproximadamente treinta estados cuantitativos que, como información adicional a los estados tradicionales (balance y cuenta de resultados o “liquidación”), aclaraban y desarrollaban la situación y evolución de la compañía y algunos de los datos vertidos en la información cualitativa. En el ejercicio 1892-93 también se añadieron dos estados más (nº 13 y 14), dentro de los que “desarrollan la liquidación”, para recoger todo lo relativo al Timbre y al Giro mutuo, gestión que inicia la CAT en ese ejercicio.

Ante tal reducción de información, la Memoria del ejercicio 1893-94 se justifica con el siguiente comentario: “El Consejo tiene a disposición de los Sres. Accionistas todos los datos que deseen conocer sobre la gestión de que se da cuenta, y los documentos que desenvuelven la liquidación, los cuales no se publican este año porque, dado su desarrollo, ha parecido al Consejo conveniente omitirlos en la MEMORIA, aunque ha de continuar prestando a

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los mismos la atención necesaria, y aun perfeccionarlos y ampliarlos, para mejor regir la Renta, cuya administración le está confiada” (p. 12).

En 1896 y, también como veremos, en 1900, por las necesidades financieras provocadas por las guerras coloniales de fin de siglo65, se producen dos renovaciones del contrato de arrendamiento del Monopolio. En la propia Memoria de 1896-97 se deja constancia de que desde la aprobación de la Ley de 30 de agosto de 1896 la Compañía “adquirió nueva y más prolongada vida” (p.5). De nuevo, esta novación es a instancia de la Hacienda, aunque bajo petición de la Arrendataria, que perseguía un alargamiento en el plazo del arriendo. El objetivo perseguido por el Gobierno con el contrato de 1896 no es otro que el de conseguir recursos para poder financiar las guerras.

Son de destacar del contrato de 189666: (i) una prórroga de 25 años en el plazo del arriendo67, lo que permite planificar la expansión de la empresa y realizar inversiones en infraestructura; (ii) establece una fórmula más completa para determinar el producto líquido de la Renta de tabacos68, lo que supone una

65 El 24 de febrero de 1895 dio comienzo el movimiento de los cubanos hacia su emancipación de la tutela española. Fueron muchos los motivos que llevaron a la oposición de los naturales de Ultramar (en Cuba, Filipinas y Puerto Rico), contra las autoridades españolas y los propios españoles que vivían en estas colonias. La guerra de Cuba desvió toda la atención de los poderes públicos hacia Ultramar, debido a que el conflicto afectaba por unos u otros motivos, prácticamente a toda la sociedad española. (Fernández, 1974:234). 66 Véase el Anexo III. 67 Comín y Martín (1999a) entienden que se logró ese período gracias al tiempo que resta para la amortización del préstamo que la Arrendataria concedió al Tesoro. Sobre condiciones del contrato es conveniente ver a los citados autores, pp. 116-121. 68 Ingresos totales menos: i) el interés del 5% sobre el capital realmente empleado por la CAT en el negocio; ii) el coste de adquisición de las materias primas empleadas en el año; iii) los gastos generales de elaboración y administración (sueldos de empleados de la CAT incluidos en las plantillas aprobadas por el Estado, gastos de material y demás necesarios para los servicios de la Renta y acordados por ambas partes; además de las subvenciones concedidas a instituciones de ahorro, ayudas y asistencias a los empleados aprobados por el Estado) correspondientes a las labores vendidas en el ejercicio, incluidos los de vigilancia y persecución del contrabando realizadas por la Compañía; iv) las pérdidas por casos fortuitos (robos y averías) debidamente justificadas; v) las faltas en remesas cuando no fuesen responsabilidad de un tercero; vi) los gastos de amortización anual de los edificios construidos por la Compañía y de las máquinas adquiridas por ella para su empleo en la Renta; y vii) las primas de seguros de incendios y transportes. El contrato de 1892 sólo incluía las tres primeras partidas a excepción de los gastos de resguardo de la CAT que eran a cuenta de la Arrendataria.

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importante mejora para la Compañía; además los gastos aparecen mejor especificados, imputándose prácticamente en su totalidad en la liquidación de la Renta, que es previa a determinar el producto líquido y la diferencia a dividir con el Estado; (iii) el carácter de sociedad cointeresada que aparece desde este momento, donde se reparten no sólo las ganancias sino también las pérdidas, teniendo como referencia un canon fijo de 95.000.000 de pesetas69; (iv) la CAT está autorizada para crear nuevas labores, sin necesidad de contar con la autorización del Ministro de Hacienda, necesaria hasta el momento. Sin embargo no podía modificar las ya existentes sin el permiso del representante del Estado; (v) puede nombrar libremente a los empleados que necesite para sus oficinas, dirección de labores y demás servicios, pero este personal no tendrá derecho a reconocimiento de pensión ni categoría por parte del Estado. No podrá aumentar la plantilla de los empleados, cuyo sueldo se satisfaga con cargo a la renta, sin el visto bueno del Presidente; (vi) la representación del Estado cerca de la Compañía es confiada al Presidente del Consejo de Administración, que será nombrado por el Gobierno; y (vii) mejoran las condiciones en la gestión del Timbre70. Para concluir decir, que es el contrato más completo y favorable para la CAT, a pesar del aumento del control y la intervención por parte del Estado, debido a que se reparten los resultados independientemente de su signo.

Este es el contrato que otorga mayores ventajas a la CAT de todos los que la empresa va a celebrar a lo largo de su existencia. Aunque el canon fijo se incrementa, la Arrendataria logra que sean a cargo de la Renta gastos que antes no lo eran, como el del Resguardo especial de la CAT; además se le concede mayor capacidad decisoria en la fabricación de labores, un

69 Además de los 95 millones de pesetas de canon el Estado recibirá:

- De 95 -100 millones: el 50%. - De 100-110 millones: el 60%. - De 110-120 millones: el 70%. - De 120 millones en adelante: el 80%.

70 La comisión que recibe la Arrendataria por este servicio es:

- Hasta 45 millones de pesetas de recaudación: 5%. - De 45-50 millones: 50%. - De 50 millones en adelante: 20%.

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alargamiento en el plazo del arriendo y por primera y única vez el Estado participa tanto en los beneficios como en las pérdidas.

Con el contrato de 1896, el Estado establece un nuevo anticipo de 60 millones de pesetas: 28.929.768 pesetas que faltaba por amortizar del anticipo anterior, más 31.070.232 pesetas que la Arrendataria debía entregar al Tesoro durante el primer año del contrato; que devengará un interés del 5% anual y se amortizará en veinte años, a contar desde el sexto de este contrato. El Estado devuelve la fianza que la CAT depositó al iniciar el arriendo del Monopolio (19.121.071,48 pesetas).

La Compañía quiso aprovechar esta renovación del contrato para introducir reformas en su objeto social y funcionamiento, con la finalidad de poder emprender nuevos negocios que le permitiera sobrevivir en caso de que el Estado anulara el contrato, lo que no fue posible ya que en todo momento se encontraron con la negativa de su principal accionista, el Banco de España.

Fruto del contrato de 1896, en la misma persona coinciden el Presidente del Consejo de Administración y el Delegado del Gobierno, que debe ser nombrado por el Gobierno, teniendo autoridad para suspender, aunque dando cuenta al Ministro de Hacienda para su resolución, los acuerdos que tomase el Consejo en relación con la gestión de las Rentas de tabacos y timbre. También aparece la figura del Interventor, nombrado por el Gobierno y a las órdenes del Presidente71. Este contrato, a pesar de las ventajas que incorpora para la Arrendataria, establecía un mayor control estatal sobre la gestión, ya que era el Gobierno el que nombraba al presidente de la Compañía, que no tenía que ser accionista; figura que no fue nada operativa, ocasionando problemas para la gestión al mezclarse con la intervención, siendo ésta una de las principales causas por la que se firma un nuevo contrato en 1900.

Durante la vigencia del presente contrato fueron dos los presidentes que se sucedieron en el Consejo de Administración de la CAT. Por tercera vez ocupó el puesto D. Amós Salvador, desde el 21 de octubre de 1897 hasta el tres de marzo de 1899, por la vuelta al Gobierno del partido conservador. En 71 El Interventor se encargará de las operaciones relativas a la ordenación de ingresos y de pagos, pudiendo examinar la contabilidad y demás documentos de la Arrendataria.

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este momento es nombrado D. José Cárdenas presidente de la Compañía, desde el 8 de marzo de 1899 hasta el 28 de marzo de 1901. De lo visto hasta el momento ha quedado evidente que los cambios que se producían en el Gobierno del país llevaban a la sustitución del presidente de la CAT. Además, el puesto se le daba a personalidades que habían sido o eran importantes cargos políticos.

Nos gustaría destacar la reforma llevada a cabo en 1897 en la contabilidad, especialmente en la contabilidad de costes, que desde este momento se convierte en un importante soporte para las decisiones de gestión. El objetivo fundamental que se pretendía conseguir instaurando un sistema de cálculo de costes era la reducción de los mismos, así como un mayor control de los centros fabriles. A través de nuevos criterios y prácticas contables podían elaborarse rigurosas estadísticas de producción y costes, que hacían posible el descenso de las irregularidades. Sirvió para un mejor aprovechamiento de la materia prima y otros efectos, la reducción de desperdicios, hacer más difícil el robo de labores y controlar mejor la calidad, reduciendo los fallos.

En la Memoria de 1897-98 encontramos a este respecto el siguiente comentario: “En el mecanismo de la contabilidad de la Compañía se introdujeron, de acuerdo con la Intervención del Estado cerca de nuestra Sociedad, importantes reformas aconsejadas por la experiencia y requeridas por la necesidad de poner en armonía dicho servicio con los preceptos contenidos en el contrato hoy vigente para la administración de las Rentas de tabacos y de timbre. La nueva organización, no sólo constituye un sistema de trabazón y armonía tales que permite en el acto advertir cualquier error o falta que se cometa en uno de sus elementos o partes por refluir y patentizarse inmediatamente en los restantes, sino que ofrece eficacísimo medio de ilustración para el estudio y crítica de la gestión de los servicios y para el examen y apreciación de las reformas procedentes; […]” (p. 11).

Hay que añadir que la CAT no termina de adaptarse a la rigurosa intervención del Estado, con unos consejeros acostumbrados a otras actividades puramente mercantiles, ya que casi todas sus decisiones, como hemos comentado, tienen que ser aprobadas por el Ministerio de Hacienda; lo que provoca una gestión muy burocrática, con una gran exigencia de

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documentación entre la Compañía y el Estado, lo que revela que sigue existiendo una gran desconfianza entre las dos instituciones.

2.2.5. El contrato de 1900

En el siguiente contrato, aprobado por Real Decreto de 20 de octubre de 190072, la Hacienda ejerce un mayor control sobre la gestión, disminuyéndose por tanto el poder negociador de la Compañía. Este contrato fue a iniciativa del Gobierno, y negociado con la Arrendataria una vez que las Cortes ya habían aprobado las bases del mismo73. El marco normativo de este contrato, Ley de 18 de marzo de 1900 y Reglamento de 21 de febrero de 1901 para su ejecución, eran más extensos que las normas anteriores, con la pretensión de regular minuciosamente todas las relaciones de la CAT con el Estado.

Contrato que en la Exposición de motivos del Real Decreto queda justificado por el recargo, que la Ley de 18 de marzo de 1900 establece en el precio de venta de las labores del tabaco, por la pérdida de las colonias americanas y por las reformas introducidas en el Timbre. Esta exposición recoge los siguientes párrafos, que consideramos oportuno destacar:

"De ineludible obligación se consideró la revisión de todo el contrato para acomodarlo a las presentes circunstancias y a la conveniencia pública, por haber desaparecido con la pérdida de las colonias la obligación de adquirir determinadas clases de tabaco, y por entender que no se ajustaba estrictamente a la equidad.

Unánime fue la condenación del canon fijo, reconociéndose que con él se infirieron al Estado grandísimos perjuicios, a la vez que ha sido causa de paralización en los desenvolvimientos de la Renta.

72 Ver Anexo IV. 73 Hasta el contrato de 1900, el Consejo de la CAT era el que negociaba con el Estado las condiciones de los arrendamientos, que con posterioridad eran aprobados por las Cortes. Este sistema cambia a partir de 1900, siendo las Cortes las que establecían las condiciones del contrato, para después el Ministro de Hacienda negociar sobre lo ya establecido con el Consejo de la Arrendataria, reduciéndose, por tanto, el poder negociador de la Compañía.

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Con no menos firmeza ni unanimidad fue impugnada la facultad que estaba concedida para establecer nuevas labores sin intervención directa del Gobierno.

Perdidas las colonias y habiendo, en consecuencia, cesado la obligación de atenerse la fabricación de las labores que constituyen la Renta a las tarifas oficiales que la Compañía recibió del Estado, también se expuso la necesidad de garantizar por otros medios la composición de las mismas y la cuantía del impuesto.

La intervención del Estado en el arrendamiento fue calificada de ineficaz, considerándose a la Compañía facultada para obrar en su gestión sin responsabilidades ante el Gobierno”.

El Estado intentó regular detalladamente todas sus relaciones con la Arrendataria. Se resta agilidad a la gestión, que se hizo muy burocrática y rutinaria, obligándose a mandar de oficio copia de todos los acuerdos a la Representación del Gobierno. La CAT con este nuevo contrato perdió algunas de las ventajas antes conseguidas, empezando a reducirse las características mercantiles que había ido alcanzando desde su fundación, para hacerlo podríamos decir que definitivamente en 1908, como más adelante tendremos ocasión de señalar, lo que tuvo una influencia negativa en las recaudaciones.

A partir de este nuevo contrato el Presidente es nombrado por el Consejo, aunque como señalan Comín y Martín (1999a:123), “quien nombrara al presidente formalmente era lo de menos, era un cargo indiscutiblemente ministerial; no obstante los consejeros respiraron tranquilos cuando recuperaron la prerrogativa formal de nombrar al presidente”.

Algunas de las condiciones más significativas de este contrato son:

- La duración del contrato sigue siendo la estipulada en la ley de 30 de agosto de 1896, veinticinco años desde 1º de julio de dicho año.

- Una novedad fundamental fue la desaparición del canon por un sistema de comisiones por la administración de la Renta del tabaco. Las comisiones establecidas eran un porcentaje del producto líquido:

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• 5% hasta 120 millones de pesetas; • 10% entre 120 y 150 millones de pesetas y • 5% desde los 150 millones de pesetas en adelante.

- A partir de 1900, para la creación de nuevas labores, la Compañía tuvo que contar con la autorización previa del Ministro de Hacienda.

La composición de las labores es un punto de capital importancia en este contrato. La Compañía había recibido del Gobierno, al hacerse cargo de la Renta en 1887, unas tarifas oficiales, con la obligación de atenerse a ellas, obligación que sigue vigente, aunque sin darle, como entonces, carácter de permanentes, lo que equivaldría a privar a la Renta y a los consumidores de los beneficios propios de la libertad en que se ha quedado, por la pérdida de las colonias, de adquirir el tabaco donde mayores ventajas se encuentren. Por ello, el Gobierno fijará, a propuesta de la Compañía, en cada año para el siguiente, la composición de cada una de las labores reglamentarias, y los tabacos en rama que para las mismas han de adquirirse. Medida que se toma, por lo acertada que ha resultado en otros países en casos semejantes.

En el primer trimestre de cada año, la Compañía presentará al Ministro de Hacienda su propuesta de labores a producir en el año siguiente, determinando la composición de cada labor y acompañando todos los datos necesarios para las adquisiciones del tabaco en rama que en las mismas debe invertirse. También someterá a la aprobación del Ministro cualquier reforma que el interés de la Renta aconseje hacer en dicho presupuesto durante el tiempo de su ejecución.

La Compañía queda obligada a adquirir anualmente hasta 100.000 kilogramos de tabaco de Canarias, siempre que la oferta llegue a esta cantidad y el tabaco sea de una calidad similar al que viene adquiriéndose, y sus precios no causen perjuicio a la Renta, con relación al de otras procedencias que pueda sustituir.

- El producto líquido de la Renta de tabacos se determinará anualmente, deduciendo del total ingreso:

1º. El coste de adquisición de las primeras materias y el de los tabacos elaborados procedentes del extranjero; los gastos generales de elaboración y

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administración y los de la Representación del Estado [cerca] de la Compañía, correspondientes a las labores vendidas en el ejercicio.

2º. Los gastos del servicio especial de vigilancia y persecución del contrabando establecidos por la Compañía.

3º. Las pérdidas por casos fortuitos debidamente justificados, y las faltas en remesas, cuando no resulte responsabilidad contra tercero.

4º. Los gastos de conservación y reparación de los edificios, máquinas, utensilios y demás objetos destinados a la explotación del monopolio.

5º. Los gastos de amortización anual de los edificios construidos por la Compañía y máquinas adquiridas por la misma que se destinen a la explotación de la Renta.

6º. Las primas de seguros de incendios y de transportes.

7º. Las primas de seguros, pensiones o cantidades que se satisfagan conforme a la legislación sobre accidentes del trabajo; y

8º. El interés de 5 por 100 sobre el capital realmente empleado por la Compañía en el negocio.

- La Arrendataria está obligada a mantener las actuales fábricas en las mismas localidades en las que se sitúan y a conservar en cada una un número de empleados que no sea inferior al 75% de los existentes a uno de enero de 1900, precisando autorización del Ministerio de Hacienda para reducirlo en mayor cuantía o para cerrar alguno de los establecimientos fabriles.

También está obligada a terminar la Fábrica de San Sebastián y el almacén depósito de tabaco en rama de Santander, así como establecer otro depósito donde designe el Gobierno, a propuesta de la Compañía, y a cargo del Estado.

Además, para toda obra extraordinaria en fábricas y depósitos, así como para la adquisición de maquinaria, se precisa la aprobación previa del Ministerio de Hacienda.

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- En cuanto a la Renta del timbre se fija una comisión lineal del 3% del producto líquido74, lo que supone una importante desventaja económica.

- El sistema establecido para llevar por partida doble la contabilidad general de las Rentas de tabaco y de timbre y la del servicio especial del Giro Mutuo75 no podrá ser reformado sino por autorización del Ministro de Hacienda, y con sujeción a las reglas que el mismo dicte al efecto, debiendo la Compañía, de acuerdo con la Representación del Estado, poner en perfecta armonía con dicho sistema la contabilidad de las fábricas y almacenes de tabacos y las de las Representaciones de la misma en provincias.

- Habrá un Representante del Estado, con la categoría de Jefe Superior de Administración, que intervendrá todos los actos de explotación del Monopolio del Tabaco y los relativos a los Servicios de timbre y del giro mutuo, encomendados a la Compañía; asistirá a las deliberaciones del Consejo de Administración de la Compañía, pero sin voto deliberativo, y en los casos en que por la Compañía se adopten acuerdos que considere perjudiciales al interés del Estado, o contrario a las condiciones de este contrato, suspenderá su ejecución, dando inmediatamente cuenta al Ministro de Hacienda para la resolución que estime procedente; podrá visitar sin ninguna clase de limitaciones, por sí o por medio de los empleados que tenga a sus órdenes, las fábricas, establecimientos, almacenes y expendedurías; examinará, siempre que lo considere conveniente, las primeras materias y las

74 La recaudación líquida por Timbre se determinará, a los efectos de la comisión, deduciendo de la recaudación total lo siguiente:

1º. El importe de las devoluciones que se acuerden por la Administración de la Hacienda Pública.

2º. Los gastos del personal de la Compañía afecto a este servicio y los premios de expendición, previamente aprobados por el Ministro de Hacienda, y los gastos correspondientes de la Representación del Estado.

3º. Los gastos de transportes y demás que los servicios encomendados a la Compañía ocasionen y obtengan la aprobación de la Representación del Estado acerca de la misma; y

4º. Las faltas en remesas, cuando no resulte responsabilidad contra tercero y en el caso de ser consideradas como ventas.

75 La comisión que recibe la Arrendataria por este servicio es de la mitad del premio que se cobre por dicho servicio.

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labores, e intervendrá la contabilidad y la cuenta de Caja. Será, además, para todos los efectos administrativos, Director general del Timbre y del Giro Mutuo.

- Las liquidaciones anuales de la Renta del tabaco y de los Servicios del timbre y el giro mutuo serán realizadas por la Compañía, de conformidad con el Representante del Estado, en los tres primeros meses del ejercicio siguiente, y una vez realizada corresponde al Ministro de Hacienda su aprobación.

- La Compañía someterá sus estatutos y reglamentos, así como los nombramientos de sus Administradores o Consejeros, a la aprobación del Ministro de Hacienda.

Además, desaparece el carácter de sociedad cointeresada.

El contrato firmado con el Estado en 1900 tiene su fin en 1909, pudiendo calificarse este período de estabilidad en la Compañía, con una clara mejora en la gestión. El 3 de abril de 1901 es nombrado presidente de la Compañía D. Luis de Ussía y Aldama, que representaba al capital privado, concretamente al paquete accionarial de la sociedad Urquijo y Cía, puesto que ocupa hasta el 11 de marzo de 1908, iniciándose por primera vez un período de estabilidad en el cargo. Además, por vez primera y única un consejero representante de los accionistas, sin ningún cargo político, es nombrado presidente de la Compañía. El marqués de Aldama renunció al sueldo que le correspondía como presidente de la CAT.

Tanto la presidencia como la dirección (D. Eleuterio Delgado) de la CAT en estas fechas se impregnan de un carácter más empresarial por la presencia en los altos cargos de personas ajenas al mundo político, que se pierde tras la muerte de los dos, que ocurre en 1908, volviéndose a una gestión excesivamente burocrática. La figura del Director-Gerente y del Consejo se fortalece con los nuevos Estatutos que se aprueban, disminuyendo las funciones ejecutivas del Presidente. Al respecto, puede observarse que a partir de 1900 la Memoria la firma el Director-Gerente, en vez del Presidente del Consejo, quien también da el “visto bueno” a los estados contables. Aunque sólo en ese período la CAT se libró de directos condicionamientos políticos; los criterios de gestión establecidos se hicieron sentir hasta bastantes años después.

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Capítulo II

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Coincide el comienzo de esta etapa con la obligación que la Ley de 28 de noviembre de 1899 establece para la contabilidad del Estado, por la que la fecha de rendición de cuentas debe ser el final del año natural76. Las nuevas prescripciones normativas hicieron que tuvieran que modificarse los Estatutos de la Compañía, cuestión que se hizo efectiva el 16 de diciembre de 1900.

En este período, el Ministro de Hacienda, por Real orden de 14 de diciembre de 1903, acuerda reembolsar la parte no amortizada del anticipo de 60 millones de pesetas entregado por la Compañía al Estado (57.191.677,70 pesetas) con sus correspondientes intereses. Ello hace que se incremente de forma espectacular la tesorería. Por otra parte, también los beneficios tienen un incremento de 2.000.000 de pesetas, por la cancelación de la reserva especial para contingencias del anticipo hecho al Tesoro. Por el contrario, para los ejercicios posteriores a 1903 se produce una baja sensible en el concepto “otros beneficios” de la cuenta de liquidación de la Compañía, ya que el importe correspondiente al 5% de interés por el anticipo al Estado significaba en torno a un 20% de los resultados de la empresa.

Para materializar el exceso de tesorería se adquieren en 1904 Cédulas hipotecarias al 4% y Deuda interior al 4% y amortizable al 5%, por importe de 20.008.368,50 pesetas, al objeto de ir consiguiendo unos ingresos financieros que fueran compensando los que se dejan de percibir por la desaparición de los anticipos. En 1906 se hace otra suscripción de Obligaciones del Tesoro, por importe de 6.000.000 de pesetas al 3%. En 1908 la CAT acude a la emisión de Deuda amortizable, con los 6.000.000 de pesetas de Obligaciones del Tesoro, dándose en la Memoria una amplia información sobre la operación realizada y el interés conseguido (3,732%).

En la Memoria correspondiente al ejercicio 1906 se informa de un acuerdo muy importante entre la Arrendataria y el Estado, relacionado con la Renta del timbre. Al respecto se dice: “la invitación que por Real orden de 13 de octubre (de 1906) y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 de la ley de Presupuestos, se hizo a la Compañía para convenir con el Estado una rebaja en la comisión que venía percibiendo con cargo al impuesto de que se

76 Hasta este momento las liquidaciones comprendían el período desde 1º de julio a 30 de junio del año siguiente.

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trata, invitación fundada principalmente en los beneficios para la Renta […] derivados de la nueva ley del Timbre. El Consejo estudió el asunto […], y poniendo una vez más de manifiesto los del patriotismo que inspiran siempre a la Compañía, estimó que debía acceder a que la comisión quedara reducida a 2 por 100 […]” (p.15-16).

2.2.6. El contrato de 1909

El penúltimo contrato entre el Estado y la CAT data de 190977. La primera referencia que hay que apuntar sobre este nuevo contrato es la del Proyecto de Ley de Presupuestos de 1909, que incluye un artículo (el nº 12) que implica una modificación trascendental del contrato con el Estado. Por ese artículo (cambiado en la Ley definitiva por el nº 9) se establece (aprovechando esta norma para recargar en un 10% el precio de las labores), la posibilidad de una “modificación trascendental de [su] contrato con el Estado”, se “autoriza al Ministro de Hacienda para revisar en interés del Estado todas o cualesquiera de las cláusulas del vigente contrato con la Compañía Arrendataria de Tabacos, fecha 20 de octubre de 1900, excepto la primera” (1908:21).

Con esta misma información se abre la Memoria de 1909, en la que se deja constancia de que el hecho más relevante del presente ejercicio es el nuevo contrato entre el Estado y la Compañía, que se firma el 9 de julio (aprobado por Real Decreto de 11 de julio) y que entra en vigor el 1 de enero de 1910, con una vigencia de doce años78. Puede decirse que las modificaciones fundamentales no perjudican gravemente los intereses de la CAT, de las que se destacan: (i) desde el punto de vista económico, rebajas en el tipo de interés que el Estado abona a la Compañía por el capital realmente empleado en el negocio (que pasa del 5% al 4%), modificación en la comisión percibida por el producto líquido de la Renta de tabacos79, y en la Renta del timbre la

77 Ver Anexo V. 78 La duración del contrato sigue siendo la fijada por la Ley de 30 de agosto de 1896, o sea de veinticinco años a contar desde 1º de julio de 1896. 79 5% hasta 140 millones de pesetas; 10% desde 140 a 160 millones de pesetas; 5% desde 160 millones de pesetas en adelante.

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comisión se reduce al 2%80; y (ii) estabilidad del contrato, ya que la Compañía no puede ser obligada a posteriores novaciones antes de transcurrir su plazo de duración si se resiste a aceptar las condiciones, en caso de ser requerida para ello por el Estado.

Dedica la Memoria del ejercicio 1909 mucha información al nuevo contrato, aprovechando este instrumento para exponer sus quejas, en parte por las rebajas económicas de un 5% en el tramo que va desde los 120 a los 140 millones de pesetas: “tampoco parecía justo ni conveniente privar a la Compañía de una mayor participación cuando los desenvolvimientos de la Renta alcancen para ésta cifras muy superiores a las logradas hasta hoy” (1909:7); o por la rebaja en el interés, que el Gobierno justifica en la disminución en el coste del dinero.

Por otra parte, para manifestar lo injusto de las amenazas de rescisión del contrato que se producen en caso de no aceptar nuevas condiciones durante su período de vigencia, entendiendo el Consejo que no se darán estas anomalías a partir de ahora, ya que en justicia no deben exigirse nuevos requisitos a los establecidos, cuando se hace un convenio a un plazo fijo: “Esta última declaración, por más que en el orden moral y dada la seriedad que en su conducta corresponde al Estado, debía entenderse, y seguramente se hallaba implícita en todos los contratos que precedieron al que ahora se os ha dado cuenta, puesto que la facultad de rescisión sin causa que concedía al Gobierno la condición 35ª del convenio de 1900, no debía suponer, en buenos principios de la ética más elemental, ni el derecho a la arbitrariedad, ni el de esgrimir un arma para forzar la voluntad de la Compañía que tiene un contrato a plazo fijo; esta declaración, que, en suma, no representa sino la afirmación y confirmación de un criterio sano y justo, único compatible con el respeto que el Estado debe guardar a sus obligaciones libremente contraídas, base esencial de su crédito; esta declaración supone, sin embargo, garantías y seguridades para la Compañía […], sin que ello, puesto que no afecta a los sentimientos de que siempre hizo gala esta Sociedad, pueda ser obstáculo a la conducta que, atendiendo altos intereses, ha observado

80 Que es la vigente desde la modificación que al respecto se produjo en 1906, según lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio.

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siempre y ha de seguir observando la Compañía en sus relaciones con el Estado” (1909:8-9).

En este periodo son tres los presidentes que se suceden en la Arrendataria. A la muerte del marqués de Aldama en 1908 es nombrado presidente D. Alejandro Pidal y Mon que está en el cargo desde el 11 de marzo de ese año hasta el 10 de junio de 1913, por fallecimiento. El decimocuarto presidente es un premio Nobel de Literatura, D. José de Echegaray y Eizaguirre, quien ejerció el cargo entre el 6 de noviembre de 1913 y el 31 de agosto de 1916, cese producido también por muerte. El siguiente presidente es D. Juan Navarro Reverter, desde el 5 de octubre de 1916 hasta el 11 de octubre de 1923. Como señalan Comín y Martín (1999a: 215-216), desde 1908 hasta 1923 vuelven a politizarse los cargos directivos de la CAT, lo que influyó en los mediocres resultados del periodo. El objetivo del Gobierno no era otro que el de controlar desde dentro la gestión de un Monopolio tan importante para los ingresos del Tesoro. Además, desde este momento, en caso de que los consejeros ocupasen un cargo público, el puesto era guardado, lo que no ocurría antes de 1908.

Como novedad a destacar en este periodo, y según lo establecido en la Ley de Presupuestos de 1911, la Arrendataria se hace cargo del cobro del impuesto del 5% sobre los billetes de espectáculos públicos, destinado a las Juntas de protección a la infancia y extinción de la mendicidad, así como los recargos que puedan decidir los Ayuntamientos.

En la Memoria de 1914, en varias páginas, se deja constancia de cómo afecta la Primera Guerra Mundial al desarrollo de la Compañía: “La guerra europea, que, por desdicha, constituye el hecho más culminante y trascendental del año último y de muchos años a esta parte, y que, desde que estalló al comenzar agosto, ha sido y es causa de honda preocupación para el Consejo, por múltiples y muy variados motivos que harto se os alcanzan y que es ocioso mencionar, ha venido a retrasar, ya que no a impedir del todo, la ejecución de aquel proyecto (reforma de las labores de cigarrillos), por las dificultades con que se ha tropezado para la remisión a España de elementos indispensables que necesariamente hemos de procurarnos en el extranjero” (1914:6-7).

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Sobre el conflicto europeo, en otro apartado se indica: “En las ventas de labores de todas clases y procedencias, es digno de notarse el influjo adverso de la guerra europea. En los seis primeros meses del año la recaudación […] aumentó […]. A partir del mes de agosto, en que estalla la conflagración internacional que aflige al mundo y es y ha de ser causa de tantos trastornos en todos los órdenes de la vida, las ventas descienden […]. Veis pues que iniciado el ejercicio con un movimiento en alza que correspondía a la marcha normal de la Renta, ha sido perturbada aquella por el nefasto conflicto que ensangrienta y divide a las naciones más poderosas y civilizadas de Europa […]. Y es de tanta evidencia la causa del descenso, que, aparte de revelarla de modo patente el periodo en que se produce, viene a confirmarla el hecho de que idéntico fenómeno se manifiesta en la Renta del Timbre” (1914:11-12).

La alusión a la guerra continúa repitiéndose en todas las Memorias que se elaboran mientras se mantiene el conflicto: “Lo anómalo de las circunstancias, cerrando mercados de tabacos que antes venían utilizándose, obligaron a proceder acomodándose a ellas, pero siempre dentro del criterio que viene aplicándose en las compras de tan esencial primera materia […]. Si los mercados en Europa se cerraban a todo negocio posible, ya comprenderéis que no se han desaprovechado las ventajas que los de América ofrecían al refluir en ellos las consecuencias de la sangrienta lucha en nuestro continente, determinando una baja en las cotizaciones. Esas ventajas y la del cambio, que tanto tiempo nos fue adverso y es ahora favorable, han venido a compensar aumentos de gasto inevitables, fruto de la anormal situación creada por la guerra y entre los cuales es muy de notar el enorme que han experimentado los fletes y las primas de seguro en los transportes, recargados éstos además con el seguro de guerra” (1915:6-7).

El entorno en el que se desenvuelve la CAT en este período es de inestabilidad; en el escenario se encuentran la guerra junto con dificultades económicas y sociales que, como señala Broder (2000:139), no hicieron más que agravar un caos político total. De diciembre de 1915 al Golpe de Estado de septiembre de 1923 se sucedieron dieciséis gobiernos, impotentes ante los problemas económicos y paralizados por la doble oposición creciente del ejército y de la calle.

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Durante estos años se produjo un espectacular incremento de la demanda, que tiene su máximo en 1919, al que la CAT no pudo atender, debido a los extraordinarios factores coyunturales de aquellos años que, como señalan Comín y Martín (1999b), son: suministros de tabaco en hoja, en especial el filipino, problemas en las adquisiciones de empaques, envases, papel, lubricantes y, sobre todo, el aumento de los precios. Los costes subieron y las fábricas presenciaron una conflictividad inusual hasta la fecha, cuando por primera vez tuvieron presencia los sindicatos en los establecimientos. En el ascenso de la demanda también intervinieron factores coyunturales, como el descenso del contrabando o el efecto acaparamiento, o las exportaciones y un aumento de la renta nacional; lo que sí hubo es que considerar los cambios en los gustos de los consumidores.

De la Memoria correspondiente al ejercicio 1916 destacamos, como en la misma se indica, “un hecho importantísimo relacionado con la vida de nuestra Sociedad” (p.18), cual es la solicitud del Ministro de Hacienda del proyecto de ley que junto al de Presupuestos para 1917 se presentó a las Cortes en 1916, en el que se pedía autorización para modificar el contrato entre la CAT y el Estado. El “Consejo no sólo acudió a la información parlamentaria abierta sobre el asunto, exponiendo por escrito cuanto creyó pertinente al mantenimiento de los derechos que se derivan de nuestro contrato con el Estado y a la armonía de ellos con el interés público, que siempre ha atendido y atiende la Compañía con un elevado espíritu, de que ha dado constantes muestras, sino que siguió atentamente el curso de este proyecto” (1916:18). Proyecto que en este momento no llega a aprobarse.

Aunque en estos años no se firma un nuevo contrato (hasta 1921), la Ley de Autorizaciones de 2 de marzo de 1917, contiene un artículo, el séptimo, que reforma las labores de la Renta de tabacos y aprueba el cultivo de la planta en España. Mediante dos Reales órdenes de 6 de junio de dicho año, se solicita a la Arrendataria para que designe a sus funcionarios para que, junto a los del Estado, formen dos Comisiones mixtas que estudien ambos asuntos. Por otra Real orden de 30 de noviembre de 1917, se pide que la Compañía facilite a los agricultores españoles nicotina y diversos jugos de la misma necesarios para el cultivo de tabaco. “A este fin, se previno: 1º, que por la Compañía, de acuerdo con la Representación del Estado en el Arrendamiento de Tabacos, se dictaran las reglas convenientes en relación con los pedidos de esos

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productos que se hicieran al extranjero; y 2º, que también por la Compañía se llevaran a la práctica los estudios que ya tiene hechos para la fabricación de tales sustancias. Por lo que se refiere al primer extremo, en seguida se dictaron las reglas requeridas, que fueron aprobadas por Real orden de 24 de diciembre último. En cuanto a la producción en España de nicotina y jugos nicotinosos para la aplicación de que se trata, es asunto a que se consagra la mayor atención y la mejor voluntad; mas no cabe proceder en ello con la urgencia que se deseara por los entorpecimientos que ofrece la guerra para la importación de los elementos necesarios” (1917:19).

El segundo párrafo de la Memoria de 1918 destaca el final de la guerra: “Nos reunimos en los albores de la paz tan deseada, y parece como que el corazón, oprimido por la angustia de estos últimos años de guerra, se dilata y abre a la esperanza de mejores tiempos, en que el Mundo vuelva por los fueros de la Humanidad y la concordia reine entre las naciones y clases sociales” (p.5).

En esta Memoria se hace mención a la autorización que las Cortes conceden al Ministro de Hacienda para celebrar un nuevo contrato con la CAT, prorrogando al actual.

En la Memoria correspondiente al ejercicio 1920-2181 se indica que el servicio de Giro Mutuo ha sido suprimido por Real orden de 20 de junio de 1920, al no ser ya necesario tras la implantación del Giro postal.

2.2.7. El contrato de 1921

El último contrato entre Estado y CAT se firma en 1921. Este contrato, que venía discutiéndose en las Cortes desde el inicio de la Primera Guerra Mundial, por lo que no cogió desprevenido al Consejo, se formaliza en virtud de la Ley de 29 de junio de 1921, aprobándose definitivamente por Real Decreto de 30 de julio siguiente, siendo el Reglamento de su ejecución de 15 de octubre de ese año82. Podemos señalar que se hizo sin prácticamente

81 A partir de 1919, según dispuso la ley de 21 de diciembre de 1918, el año económico para la ejecución de los servicios del Estado comienza el 1º de abril y termina el 31 de marzo siguiente, debiéndose ajustar las liquidaciones de la CAT a dicho precepto. 82 Ver anexo VI.

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ningún tipo de negociación entre Hacienda y la Compañía, de lo que se dieron las oportunas quejas por parte de los consejeros.

En la primera Memoria, elaborada ya dentro de este nuevo contrato, que es la correspondiente al ejercicio económico abril 1921-marzo 1922, se pone de manifiesto que las condiciones del mismo son muy duras para la Arrendataria, pero no queda más remedio que aceptarlas, dejando constancia de que, no obstante, se viene facilitando la gestión por parte de los distintos Gobiernos que se han sucedido durante la vida de la Compañía, “secundados por la Representación del Estado cerca de la Compañía, perfectamente compenetrada de que, por dicha, son concordantes los intereses del Estado y de nuestra Sociedad” (p.6). Si hay que destacar que ahora la intervención estatal tiene mayor presencia, lo que no era un hecho aislado, sino que ese mayor intervencionismo se dio en las principales empresas del país. La Compañía sufrió una merma en su poder negociador, por una pérdida de imagen, fruto del deterioro en la gestión que se produce por las dificultades acarreadas por la guerra en los aprovisionamientos tanto de hoja como de maquinaria.

Este nuevo contrato implica forzosamente una disminución de los beneficios que venía obteniendo la Compañía, que ha de sentirse normalmente en los comienzos de dicha prórroga. Ello hace adoptar medidas de prudencia, como la que se recoge en la página 6, con motivo del acuerdo del reparto de beneficios, donde se indica que “por los nueve meses de 1º de julio de 1921, en que empezó el nuevo contrato, a 31 de marzo del corriente año 1922, o sea por los nueve últimos meses del ejercicio […], fuese tan sólo de 32 pesetas por acción”; al respecto es importante señalar que el beneficio repartido para un período similar era de prácticamente el doble.

Destacamos algunas de las características del nuevo contrato perjudiciales para la Compañía:

- Participación del Estado en los beneficios de la Compañía a partir de un determinado nivel de renta generada por el tabaco y el timbre83.

83 Si los beneficios de la Compañía, por razón de sus comisiones y participaciones en Tabacos y Timbre, excedieran del 10 por 100 de su capital de 60 millones, el exceso se distribuirá del modo siguiente:

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- Disminución de las comisiones a percibir por la Arrendataria. Por lo que se refiere a la Renta de tabacos:

Hasta 150 millones de pesetas, el 3%. En lo que exceda de 150 millones, el 4%.

Con respecto a la Renta del timbre:

Hasta 150 millones de pesetas, 0,75%. Desde 150 millones en adelante, el 1%.

- Limitación de este nuevo contrato a 20 años.

- Obligación de gestionar los servicios de transporte, custodia, investigación y venta de cerillas y toda clase de fósforos, sin comisión alguna.

- Obligación de poner en marcha el cultivo en la Península y adquirir parte de la cosecha.

- Traspaso a la Compañía de los gastos de material y personal de las oficinas y dependencias, centrales y provinciales, y de las representaciones directas y garantizadas; excepto de los gastos correspondientes del servicio de vigilancia y persecución del contrabando, premios a expendedores y personal obrero de las fábricas y depósitos. Medida que se hace de forma gradual, según indica el contrato de 1921 y se observa en las distintas Memorias84.

El personal continúa sin derecho a que el Estado le reconozca pensión, categoría administrativa ni abono de tiempo de servicios.

Además, la reforma de las plantillas o de las comisiones sólo podrá hacerse por el Ministerio de Hacienda, a propuesta o con audiencia de la Arrendataria. - En lo que exceda del 10 sin pasar del 15 por 100, el 75 por 100 para el contratista y el 25

por 100 para el Estado. - En lo que exceda del 15 por 1000, el 50 por 100 para cada parte. 84 Empieza la CAT a hacerse cargo del 16% del importe de dichos gastos el primer año de contrato, incrementando un 2% más año a año, hasta el límite del 36%; satisfaciendo el Estado la cantidad restante.

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- Pérdida del derecho a percibir lo invertido, desde este momento, en obras, mejoras, maquinaria y bienes, que deben cederse al Estado, sin derecho a indemnización alguna. Igualmente se procede con el Servicio de Vigilancia.

- El Ministro de Hacienda queda autorizado para excluir del contrato, cuando lo considere pertinente, el Monopolio del Tabaco en las posesiones españolas del Norte de África, sin tener que abonar a la Arrendataria indemnización alguna.

- Aumentos de competencias de los Representantes del Estado, como la iniciativa de mejoras y reformas de los servicios y aprobación de todos los gastos computables en las liquidaciones de las Rentas.

- Aumento de las medidas de control y fiscalización contable por parte del Estado en la liquidación anual de la Renta. En este momento dimite el anterior Director-Gerente, pasando a hacerse cargo de la Compañía D. Francisco Bastos.

Las nuevas cláusulas del contrato de 1921 hacen que la empresa tenga que incrementar su eficiencia para poder sobrevivir en las condiciones desfavorables en las que la ha dejado el Estado.

A pesar de las condiciones desfavorables, la Arrendataria propone la construcción de dos nuevas fábricas, en Málaga y Tarragona, siendo autorizadas por Real Decreto de 23 de mayo de 1922. Estos proyectos se inician inmediatamente comprando los terrenos, de acuerdo con las Reales órdenes de 26 de julio de dicho año, que autorizaron dicha adquisición, y además fue formulado el proyecto para la construcción de los edificios, “proyecto que se elevó al Sr. Ministro de Hacienda y ha sido recientemente aprobado por Real orden de 21 de mayo del presente año de 1923” (1922-23:8).

Entre las modificaciones de tipo contractual más significativas que son producidas entre esta fecha y la situación siguiente, destacamos que la Compañía deja el Monopolio de cerillas prácticamente nada más que haberlo recibido, según lo dispuesto en la ley de 26 de julio de 1922; habiéndose hecho cargo de este servicio sólo en la provincia de Logroño (en marzo de 1922).

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Con la Dictadura de Primo de Rivera tuvieron que dimitir del Consejo de la CAT los consejeros que habían sido ministros durante la Restauración, según el Real Decreto de 12 de octubre de 1923 que hacía incompatibles ambos cargos, por lo que el presidente Navarro Reverter tuvo que dejar el cargo. El 31 de octubre de 1923 fue elegido el decimosexto y último presidente de la CAT, D. Luis de Urquijo y Ussía, marqués de Amurrio, quien permaneció en el cargo hasta la constitución de Tabacalera, S.A., e incluso fue primer presidente de ésta. Al igual que el marqués de Aldama, renunció al sueldo que le correspondía por su cargo.

La Dictadura de Primo de Rivera perjudica seriamente a la Compañía, al hacer determinadas concesiones como las de otorgar la explotación del Monopolio en el Norte de África a Juan March, por Real Decreto-Ley de 2 de agosto de 1927, en virtud de lo estipulado en la cláusula 26ª del contrato entre el Estado y la CAT; establecido en determinadas condiciones que permitieron actividades contrabandistas. Medida que la Arrendataria consideró “a su juicio, injustificada, del régimen que desde su primer contrato con el Estado venía establecido; mas no tuvo la suerte de que prevaleciera su dictamen, sin duda por altas consideraciones de Gobierno que no le toca apreciar” (1927:16).

Nos parece bastante indicativo, un cuadro que aparece en las Memorias de la CAT a partir del ejercicio 1923-24, en el que se pone de manifiesto lo percibido por el Estado y la Compañía en relación a lo recaudado. A continuación mostramos el que aparece en el ejercicio 1924-2585:

85 A partir de 1924 el año económico vuelve a modificarse, según Real Decreto de 12 de octubre de 1923, situándose desde 1º de julio a 30 de junio siguiente. Otro cambio del ejercicio económico se produce por Real Decreto de 23 de junio de 1926 que vuelve a establecer, a partir de 1927, el año natural como el periodo para la rendición de cuentas del Estado, y por tanto, según lo establecido en el contrato, para la Arrendataria.

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(en pesetas) TABACOS TIMBRE RECAUDADO

1923-24 1924-25

Diferencias

408.649.699,90 420.507.522,79 +11.857.822,89

226.845.637,92 243.945.689,54 +17.100.051,62

PERCIBIDO POR ESTADO

1923-24 1924-25

Diferencias

246.361.884,79 257.565.531,87 +11.203.647,08

219.140.191,09 235.556.915,73 +16.416.724,64

PERCIBIDO POR LA CAT

1923-24 1924-25

Diferencias

6.479.079,41 6.595.333,01 +116.253,60

860.398,31 845.418.06 -14.980,25

Fuente: Memoria CAT (1924-25:6)

Sobre la información anterior en la Memoria se dice: “Interesa, sin duda, la publicación de los precedentes datos, porque ellos ponen de relieve la enorme diferencia que hay en la proporción que en los incrementos de la Renta corresponde al Estado y a la Compañía por virtud del nuevo contrato entre ambas entidades; y es bueno que ello llegue a conocimiento de tantos y tantos como, ignorantes de los términos de ese contrato, creen que son extraordinarios los beneficios que reporta a la Compañía” (p.6).

La ley de 17 de marzo de 1932 introduce importantes cambios en la Renta del timbre al disponer que los ingresos en metálico que la Compañía venía recibiendo en sus cajas por el concepto de Timbre se efectuasen directamente en el Tesoro, lo que produce un gran malestar en el Consejo, de lo que se deja constancia en la Memoria de ese ejercicio; “entre los ingresos del Timbre con relación a los cuales se liquidan las comisiones estipuladas con la Compañía en su contrato con el Estado, han dejado de figurar los que se hacen en metálico, no obstante lo convenido en la cláusula 28ª de ese contrato […]” (1932:6-7), entendiendo que es contrario a lo estipulado por el contrato y además los incrementos que se produzcan fruto de la nueva norma son también en beneficio exclusivo del Estado86. Se introducen nuevas fórmulas para calcular el importe que corresponde a la Compañía87, que figuran en el

86 Lo mismo ocurre con las variaciones de precios de venta que se producen en las labores. 87 En función de lo percibido por la CAT por esta Renta en el período 1927-1931, con una cantidad mínima. Véase al respecto la Memoria del ejercicio 1932.

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estado contable pertinente. También a partir de este momento la inspección del Timbre es llevada directamente por el Estado, que cesa la delegación que había hecho a la Arrendataria para el cumplimiento de tal función; medida que también para la Compañía fue inadecuada: “No influyeron las consideraciones de la Compañía para una rectificación del camino emprendido y, a propuesta del Gobierno, fue aprobada por las Cortes la Ley de 20 de diciembre de 1932 dictando las bases a aplicar para la transformación indicada […] no cabe a la Compañía sino someterse […]” (1932:22). Con este tipo de medidas, en opinión de Diez Morante (1990a:57), el Estado persistía en su política de reducir progresivamente el campo de actuación de la Arrendataria.

2.2.7.1. Efecto de la Guerra Civil española en las relaciones Estado-CAT

Durante la Guerra Civil española (1936-39) la CAT no elabora Memorias contables análogas a las realizadas en épocas normales, y que con posterioridad al conflicto vuelven a redactarse, pues las circunstancias lo imposibilitaban. Este motivo provoca la publicación del Decreto nº 220, de 17 de febrero de 1937, “por el que se dejaron en suspenso las normas legales y estatutarias relativas a la obligación de formalizar los balances y cuentas del ejercicio anterior y de convocar juntas generales de accionistas para someter a su aprobación los resultados de la gestión anual, para las empresas que se encontraran en la imposibilidad de cumplimentar tales preceptos” (Nota 1936-37:3). Aunque la Compañía no tiene obligación de redactar información contable alguna, durante los años de la Guerra se elaboran los siguientes documentos:

- “Nota acerca de la gestión de la CAT desde la iniciación del Glorioso Movimiento Nacional hasta el 31 de diciembre de 1937”, elaborada en Burgos.

- “Nota acerca de la gestión de la CAT desde el 1º de enero de 1938 al día 31 de marzo de 1939”, elaborada en Madrid.

- “Memoria de los ejercicios sociales 1936 a 1939”, en la que aparecen como apéndices las dos notas mencionadas, elaborada en Madrid.

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Debido a quedar algunas fábricas en zonas bajo el dominio del Movimiento Nacional y otras en zonas republicanas, que remitían sus datos unas a la Oficina instalada en Burgos (que después se trasladó a San Sebastián, hasta el segundo semestre de 1938 que se trasladaron a Madrid definitivamente), y las otras a la Oficina Central, que se encontraba en Madrid, donde permanecían de momento los altos cargos de la Compañía, aunque esa sede se trasladó después a Valencia y, por último, a Barcelona, no se dispone de una información fiable, ya que sólo fue emitida la documentación a la que anteriormente se ha hecho referencia. Además hay que tener en cuenta que toda la información está referida a la gestión de la Compañía situada en la zona nacional, “por considerar el nuevo Gobierno que todo lo actuado a partir del día 18 de julio de 1936, sólo podía estimarse como válido si se había realizado en la llamada Zona Nacional, criterio fundamentado en una razón de peso, la de haber ganado la guerra” (Diez Morante, 1990b:51). Por ello, los datos que poseemos a través de las Memorias son incompletos y, con seguridad, sesgados.

En la primera nota se hace referencia a una Orden de la Junta de Defensa de Burgos, de 27 de julio de 1936, según la cual debía ingresarse “en las cuentas de Tesorería de las respectivas Delegaciones de Hacienda, el importe de las Rentas Monopolizadas. En atención a ella, la Compañía ha venido ingresando en el Tesoro la totalidad de las recaudaciones por Tabacos y Timbre, con deducción de los gastos necesarios para la producción, gestión y distribución; y sin retener ninguna cantidad por las participaciones que la Compañía devenga por su gestión” (p.13). Esta situación se mantiene hasta el ejercicio 1940, en el que se restablece el sistema normal de ingresos en el Tesoro.

La información de estas notas, que podemos calificar de contable, en sentido amplio, se utiliza para dejar constancia de actuaciones políticas, como la que se desprende del siguiente párrafo, a propósito de referirse al sistema de distribución por camiones que monta la Arrendataria: “Los camiones de tabaco han entrado en las poblaciones liberadas inmediatamente después de ser ocupadas por el Ejército, y ha dado con ello a sus habitantes un contraste patente entre la penuria y desorden que sufrían en la zona sometida al dominio rojo y la organización y abastecimiento de la Zona Nacional” (Nota 1938-39:4).

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El Decreto nº 220 queda anulado por la Ley de 10 de febrero de 1940, aunque como se indica en la Memoria que comprende el periodo 1936-39 “no fue posible reunir dentro del año la Junta General Ordinaria de accionistas, porque para ello se necesitaba, con ímprobo esfuerzo, restablecer la contabilidad, salvar la laguna del periodo de lucha y arbitrar, de acuerdo con la Administración, un medio adecuado para fijar criterio que permitiera liquidar los ejercicios tan gravemente perturbados […]” (p.10-11).

De todos los estados contables que aparecen en el Apéndice nº 1 de la Memoria 1936-39, se especifica que el más relevante es el balance de 1 de abril de 1939, que es del que ha de partirse para una “contabilización normal” ulterior. En definitiva, hay contabilización normal hasta el inicio de la guerra, otras reglas y promedios durante el conflicto bélico, y vuelve la situación normal con el balance de 1 de abril de 1939.

A final de la Memoria de los ejercicios 1936-39 se pone de manifiesto que la fecha del contrato vigente está por terminar. Relacionado con el fin del contrato, el último párrafo de dicha Memoria indica: “Al poner término a esta Memoria, el Consejo no oculta, porque sería insincero, un sentimiento de íntima complacencia: durante cuatro años de labor incansable y frente a ingentes trastornos ha logrado la Compañía, a fuerza de austeridad y tesón, mantener y hasta mejorar los servicios, conservar y defender las recaudaciones y restablecer en plazo breve una normalidad tanto más difícil de lograr cuanto más honda fue la perturbación sufrida. En esta primera Junta General que la Compañía celebra después de cumplirse el cincuenta aniversario de su fundación, nos invade un legítimo orgullo al contemplar la obra realizada y nos alienta el convencimiento de que podremos continuarla y aun superarla en el porvenir” (p.28-29).

2.2.8. Interinidad contractual: las quejas de la Arrendataria

El contrato de 1921, por veinte años, finaliza el 30 de junio de 1941, en plena postguerra88. Desde este momento hasta la constitución de Tabacalera en

88 La Guerra Civil española supuso una pérdida de aproximadamente un millón de personas. En el orden económico fueron destruidos importantes bienes: ferrocarriles (el 50% de los destinados a mercancías y el 71% de los dedicados al transporte de viajeros); también las carreteras sufrieron graves daños; 250.000 viviendas fueron totalmente destruidas y muchas más resultaron gravemente dañadas. La ganadería se redujo a la tercera parte de la existente

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1944, es un período que podríamos calificar de transición, de profunda incertidumbre para la Arrendataria, ya que en definitiva durante todos estos años se van produciendo prórrogas muy puntuales, en las mismas condiciones de las estipuladas en el contrato de 1921, hecho al que se refieren todas las Memorias, dejando constancia en ellas de lo poco apropiada de esa situación de interinidad y que el Consejo desea resolver de manera más definitiva y menos precaria.

Los decretos de 24 de febrero de 1941, 19 de junio de 1942, 21 de mayo y 30 de diciembre de 1943, autorizan al Ministro de Hacienda a firmar convenios de prórroga con la Arrendataria; surgiendo efecto por órdenes del Ministerio de Hacienda de 5 de abril de 1941, 11 de julio de 1942 y 14 de junio de 1943. Son variados los motivos que alude el Estado ante esta situación: los dos primeros decretos se justifican por las dificultades que atraviesa el mercado internacional en estos momentos, coincidiendo con la situación de la producción nacional de tabaco, que aunque se encuentra en pleno desarrollo, no ha alcanzado el volumen necesario para abastecer la demanda nacional, lo que constituye un factor de inseguridad poco propicio para elaborar un contrato de arrendamiento de la Renta de tabacos, que por su naturaleza debe ser su duración relativamente larga. En la Exposición de Motivos del tercer decreto se argumenta que “estando en estudio la futura organización de este Monopolio, se hace indispensable una nueva prórroga por el tiempo que se calcula necesario para ultimar aquellos trabajos”. El último decreto, en su artículo primero señala que “la Compañía Arrendataria de Tabacos, a partir de 1º de enero de 1944, continuará prestando los servicios que actualmente le están atribuidos, hasta tanto que se resuelva lo que se estime oportuno sobre el Proyecto de Ley de Bases para la reorganización del Monopolio, sometido a examen de las Cortes, y sin que esta continuidad suponga, en ningún caso, prórroga del contrato que expira el 31 del actual” (Martín-Retortillo y Salas, 1969:42-43).

El Consejo utiliza la Memoria correspondiente al ejercicio 1942, leída en el primer semestre de 1943, para hacer un resumen, de casi seis páginas, en el

antes del conflicto, la producción agrícola en un 21% y la industrial en un 31%. La renta nacional descendió un 25% y los gastos de la guerra arruinaron al Estado (Tuñón de Lara et al., 1985:424).

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que pasa revista a los cincuenta y seis años desde la creación de la Compañía, señalando: “No se persigue con ello un elogio de la gestión propia; menos aún solicitar la alabanza ajena: se trata solamente, y el propósito no puede ser más natural ni más legítimo, de recordar antecedentes remotos y cercanos para mejor enjuiciar una conducta proseguida; y mirando a la obra realizada, sentir la pequeña satisfacción o la modesta vanidad de contemplar el desenvolvimiento de la empresa durante medio siglo largo de vida; que, al fin y al cabo, la historia podrá no siempre brindar enseñanzas, pero al menos sirve de aliento y de estímulo cuando a través de vicisitudes y alternativas, de obstáculos y de éxitos, se contempla en grandes líneas el panorama dilatado de una actividad de muchos años” (p. 26). Este resumen entendemos que lo utiliza para legitimar su primacía en la concesión del Monopolio. La libre licitación del mismo hace que la Memoria de 1943 comience expresando el malestar, después de la gestión realizada, que ello pueda significar el final de la Compañía, para terminar ese comentario, después de hacer una referencia a la prosperidad que han tenido las Rentas bajo su gestión, diciendo: “quede pues, reafirmada sin comentarios la lealtad invariable de nuestro proceder” (p 6).

El resumen a que hacemos referencia empieza explicando la evolución de las recaudaciones y resultados líquidos desde 1887-88 (1892-93 para el caso del timbre) hasta la actualidad, para ver su espectacular incremento, a pesar de la situación actual (guerra exterior, racionamiento y costes elevados, que son en definitiva las variables que planean sobre el período en cuyo análisis ahora nos adentramos). En las comparaciones que se establecen siempre se utilizan los datos de comienzo de la actividad, los de la última novación del contrato y los del ejercicio 1942. En tabaco, los números índice pasan a 277 (en 1921) y a 458 (en 1942) y en timbre a 445 (en 1921) y a 1.050 (en 1942). A tenor de la Memoria, “sirve para explicar el fenómeno (aparte el crecimiento que pudiéramos llamar “biológico” de ambas Rentas) el criterio de severísima administración implantado desde un principio” (1942:27).

Consideramos relevante y explicativo el cuadro que se inserta en la página 28 de dicha Memoria, donde se indican los costes medios a pie de fábrica del kilogramo de labor producida durante toda la vida de la empresa (sólo se indican los mínimos, los máximos o aquellos en que varía la tendencia, con explicación en una columna de observaciones del entorno en el que se

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producen esas puntas), para concluir que no hay graves oscilaciones en los mismos y que las subidas coinciden con etapas de intensa anormalidad, originada por conflictos bélicos. El costo se mantiene prácticamente estabilizado, a pesar de las circunstancias políticas y sociales, y su insignificante variación no es comparable a lo que ocurre en todas las industrias y empresas durante el mismo período, y que en la Renta de tabacos (la de mayor complejidad de las dos, al entrar en juego elementos de orden industrial) se logra “merced a la implacable austeridad observada y a la mecanización progresivamente llevada a cabo” (p.28).

Otros datos legitiman a la CAT: las remuneraciones de su personal son muy modestas, en el caso de técnicos y administrativos, sin paridad, comparadas con la de los funcionarios públicos, ni con las habituales en la industria privada. La reducción de la plantilla pasó de más de 30.000 obreras en 1887 a unas 4.000 en 1942.

Tampoco quiere desaprovecharse esta Memoria (y este resumen) para dejar constancia una vez más del desventajoso contrato que ampara a esta empresa desde hace ahora más de veinte años, que ha provocado “una disociación entre los beneficios del Estado y la Compañía” (1942:29), argumentándolo con datos de aquellos ejercicios en los que las diferencias fueron más significativas, como en 1942, cuya comisión total por su gestión es del 0,497%, destacando en el resumen que de “cada 100 pesetas que entran en los estancos percibe la Arrendataria menos de 50 céntimos” (p.29). Otros valores se recogen como muy expresivos: el ratio dividendo/cotización de las acciones, que da un tanto por ciento (4,47%) inferior al interés legal del dinero en el propio período; todo ello teniendo en cuenta el capital invertido en el negocio (por el que ahora no se devenga interés) y la rentabilidad de su cartera de valores. Con datos como los expuestos “se comprenderá sin esfuerzo a qué extremos llega la parsimonia y qué límites reviste la austeridad” (p.29).

Esta crítica la hace la Compañía con la legitimidad de haber realizado una gestión como la que ha llevado a cabo, para que el público pueda juzgarla. Se quiere, con los párrafos que vamos a reproducir, hacer llegar al público la correcta actuación de la empresa, que no siempre se puede traducir en las mejores soluciones. Estos comentarios, además de muy oportunos y

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relevantes, son parte de la información que entiende la empresa que debe divulgar. También, una vez más, se utiliza esta vía para dejar ver la oportunidad de este negocio para el Estado y la Compañía:

– Se justifica como “la reciedumbre de organización, la probidad de conducta y la severidad ejemplar de gestión permiten que se afronte con serenidad, como un riesgo más inherente al negocio, la crítica y hasta la impopularidad” (1942:29).

– Quiere que la sociedad disponga de la información necesaria para poder emitir su juicio, “porque el público, que tiene derecho a juzgar, pitillo por pitillo, la calidad de las labores, y no suele recatar su fallo, ignora en cambio pormenores y datos que no traslucen al exterior, porque equivocadamente atribuye a codicia de la Empresa lo que no es sino aumento de precio o elevación fiscal de que ella no suele participar” (1942:29-30). Después de informar de las pocas adquisiciones realizadas al exterior y de que lo recibido es insuficiente, se expresa que “nada de esto se alega para cohibir el juicio del consumidor, a quien todos debemos respetar y servir” (1942:30).

– Todo ello se expone porque “cincuenta y seis años de honrada actuación dan derecho a que la obra realizada sea debidamente conocida y la opinión se oriente imparcialmente al pronunciarse sobre ella”(1942:30).

– Se realiza una comparación genérica de la actividad de la empresa y de sus productos con otras empresas tabaqueras, que se resumen en: “si el fumador pudiese comparar labores españolas con similares extranjeras, y pusiera en parangón calidades y precios, no saldríamos ciertamente mal parados de la prueba, y con mayor motivo si, ahondando en la pesquisa, y mirando a otros Monopolios extranjeros del tabaco, se advirtiese que el costo de la elaboración es allí dos veces y media más elevado que el nuestro y que el precio del kilogramo elaborado resulta cuatro veces superior para el público” (1942:30).

Este resumen se termina sin términos comparativos, sólo reflexionando en la situación en la que se encuentran actualmente las fábricas y depósitos, las nuevas construcciones, la mecanización realizada, la organización montada, las mejoras del personal, las dificultades superadas, la lucha mantenida y el sacrificio llevado a cabo. “Para su tranquilidad y satisfacción le basta con ver

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la marcha de las recaudaciones, que casi constituyen las dos fuentes tributarias más saneadas del Tesoro, y con la conciencia de haber servido lealmente al País” (1942:31).

En las Memorias de los últimos ejercicios de este período se sigue haciendo una extensa referencia a la “situación actual del contrato con el Estado”89. La Memoria de 1943 le dedica a este tema cuatro páginas de las diecinueve que contiene de información cualitativa. La última prórroga expiraba el 31 de diciembre de 1943, pero por no haber concluido los trabajos para organizar el futuro del Monopolio, en el BOE de 1 de enero de 1944 se publica el Decreto ya mencionado. Esta situación imprecisa, ni cese ni prórroga, no es el estado legal que desea la Compañía.

De hecho al inicio de la Memoria se indica: “El simple anuncio de que va a convocarse un Concurso para adjudicar en libre licitación el Monopolio implica que la Empresa a cuyo cargo corre hoy éste puede hallarse en la etapa final de su gestión. […], la primera consecuencia que ello hubiera podido acarrear sería aquel desánimo, aquel desaliento, aquel explicable deseo de desentenderse de preocupaciones que inevitablemente acompañan a los períodos de liquidación, en que el titular se siente a punto de terminar su tarea y sin autoridad para grandes iniciativas. Pero en esta ocasión, como en todo el curso de su vida, la Compañía ha sabido sobreponerse a todo malsano estímulo, y pensando sólo en el interés público ha continuado con la misma solícita atención de siempre” (1943:6).

2.2.9. Un nuevo concurso de arrendamiento

Desde que en el Boletín Oficial de las Cortes Españolas de 21 de octubre de 1943 se insertara el Proyecto de Ley de Bases para la adjudicación del Monopolio de Tabacos y otros Servicios Anejos que incluía todas las provincias de la península, las islas Baleares y excluía a las islas Canarias y las posesiones españolas en África, el Consejo no ha parado de hacer gestiones y de trabajar sobre ello, consiguiendo “la transformación completa que el proyecto inicial sufrió” (1943:22), al aportar no sólo críticas sino soluciones. El texto definitivo de la correspondiente Ley de la Jefatura del 89 Nos parece significativo el hecho de que a partir de la Memoria del ejercicio de 1943 los diferentes apartados de la misma aparezcan titulados.

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Estado (de 18 de marzo de 1944) se publica en el BOE de 22 de marzo de 1944.

En marzo de 1945 se celebra una Junta General Extraordinaria para tratar de los temas relativos al concurso y adjudicación del Monopolio de Tabacos y Servicios anejos, y a la adopción de acuerdos conducentes a la nueva organización. Ello da lugar, a que en la Memoria del ejercicio 1944, último de la CAT, como empresa gestora del Monopolio, se titule un apartado Nuevo Contrato y constitución de Tabacalera, SA, que comienza con el siguiente párrafo: “aunque no entre propiamente en el cuadro de lo que constituye materia privativa de la presente Memoria, parece natural que aprovechemos la oportunidad de hallarnos reunidos para daros cuenta de los principales sucesos ocurridos desde que en 1º de marzo último celebramos nuestra Junta general extraordinaria” (p. 22).

Por Orden ministerial de 3 de marzo fueron aprobados los Estatutos sociales de Tabacalera, SA. Por otra Orden de esa fecha se fijan las normas para aportar a Tabacalera los elementos pertenecientes a la CAT que interesan a la explotación del Monopolio, que se llevó a cabo en los términos dispuestos. Se aportan los bienes fabriles inventariables integrados por las siguientes partidas: existencias de tabaco en rama exótico e indígena, efectos de fabricación ya existentes, labores peninsulares por su costo y labores de Canarias (compras directas) también por su costo90.

El valor de esos elementos asciende a 144.154.995,07 pesetas. Debido a que lo exigido de aportación de capital privado (Decreto 31 de mayo de 1944) es de 120.000.000 (80% del nominal), resulta un exceso, por el que la nueva sociedad queda deudora con la CAT, importe que fue liquidado convenientemente.

Posteriormente, al ser adjudicado el concurso a la proposición presentada por la CAT, se constituye Tabacalera SA, mediante escritura de 5 de marzo de 1945. Se crea una Comisión Mixta que integran representantes del Estado y de la Compañía, encargada de estudiar el contrato a celebrar para la

90 Hasta el último balance de la CAT las labores se contabilizan a precio de venta, recogiéndose en el pasivo la diferencia entre éste y el precio de coste. En los balances que se elaboran a partir de 1945 las existencias de labores se contabilizan al coste.

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explotación del Monopolio. A continuación es redactado el oportuno proyecto que, aprobado por el Estado, se publica en el BOE de 16 de marzo de 1945 y que se eleva a escritura pública el 21 de abril de ese año.

También se entrega al Estado un resguardo de 274.000 acciones de la serie B, que representan la compensación de la aportación que el mismo realiza, quedando pendiente de entrega a los accionistas de la cantidad que les corresponden en relación a las que tenían en la CAT (250.000 acciones; 25 nuevas por 12 antiguas). Bancos y elementos adheridos entran a formar parte de la nueva sociedad aportando 20.000.000 de pesetas, de los que son suscriptores (correspondientes a 50.000 acciones).

Terminada la actuación de la CAT, desde el 1 de abril de 1945 se procede a designar una Comisión Mixta que ha de llevar a cabo la liquidación del contrato entre el Estado y la Compañía, que es designada por Orden ministerial de 21 de mayo de 1945, desapareciendo en ese momento el Consejo de Administración.

El Contrato de 1945 autoriza a la CAT a continuar como una sociedad anónima mercantil de carácter privado, sin relación con las Rentas de tabacos y timbre y sin intervención del Estado, para proceder a la liquidación del Contrato de 1921. Ello implicó, lógicamente, el cese del negocio.

El proceso de liquidación se hace largo, ya que totalmente no termina hasta 1963. Como toda actividad a ello encaminada, conlleva tres operaciones fundamentales: realizar el activo, reembolsar el pasivo y repartir el neto; o lo que es lo mismo: realizar la cesión de los bienes sociales a Tabacalera, distribuir el capital y las reservas a los accionistas, y liquidar el contrato con el Estado (Comín y Martín, 1999a:415).

Definitivamente, el total de la cesión se concreta en los siguientes datos: elementos del activo cedidos a Tabacalera, 289,2 millones de pesetas; pasivos eliminados, 130,6 millones de pesetas; de ello resulta una aportación neta de 158,6 millones de pesetas. Ello se satisfizo de la siguiente forma: por la entrega de acciones, 120 millones de pesetas; ingreso en efectivo en el Banco de España, 29,1 millones de pesetas; pendiente de liquidación (a 31.12.1945), 9,5 millones de pesetas.

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La Comisión tuvo que realizar su labor de forma lenta, ya que hubo que rehacer parte de la contabilidad desde 1936, por las consecuencias de la guerra civil, pero la pérdida de material de esos años hizo esa tarea difícil, y el Estado entendía que la Compañía tenía que asumir sus responsabilidades, opinión que la empresa no compartía.

Desde la constitución de Tabacalera, la CAT continúa elaborando las Memorias, para resumir la única actividad realizada “la de seguir tramitando la liquidación de su gestión como Administradora que fue de la Renta de Tabacos” (1947:5). A partir de ahí vienen apareciendo hasta 1963 unas Memorias anuales, que tienen muy poco contenido: sólo se indica que se está en liquidación, que no se pueden repartir dividendos, ya que sólo hay ingresos de los valores, y se limitan a adjuntar un balance, ya que no tiene sentido una cuenta de pérdidas y ganancias.

Con ello llegamos hasta la Memoria leída el 25 de junio de 1955, donde se indica que: “han sido aprobadas por el Consejo de señores Ministros, las liquidaciones de la Renta de Tabacos correspondientes a los años 36 al 44 y primer trimestre del 45, las cuales en su conjunto arrojan un saldo de 177.000.000 de pesetas a favor de la Compañía. Con la inclusión de dicha partida en la cuenta de liquidación del Contrato, se ha dado fin por la Comisión Liquidadora al estudio de la totalidad de dicha cuenta, quedando únicamente pendiente el estudio y fijación del importe de los intereses que sobre el saldo que aquélla arroja, corresponde percibir a la Compañía”.

Como fin del proceso, la cuenta de liquidación definitiva fue aprobada por el Ministerio de Hacienda el 18 de diciembre de 1957. Hemos podido conocer por la Memoria de la CAT correspondiente a ese ejercicio que: “en la Orden Ministerial, por la que se aprueba la mencionada cuenta, se reconoce como crédito por capital, a favor de la Compañía Arrendataria de Tabacos, el [saldo] de 115.236.259,47 pesetas” (segundo párrafo).

Desde 1957 hasta 1963, última Memoria de la CAT, la sociedad no tiene explotación que realizar, ni actividad industrial o mercantil que atender, elaborando sus Memorias, a las que acompañaban un balance y una cuenta de pérdidas y ganancias, en las que sólo había ingresos de valores y gastos, principalmente, de las convocatorias de las Juntas.

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Hicieron algunos intentos de dedicarse a otras actividades, como las de seguros. En 1961 se plantea disolver la sociedad; el activo de ese momento, algo más de 14.000.000 de pesetas está materializado en bienes de inmediata disponibilidad, lo que facilita tanto la disolución de la Compañía, como su continuación con dedicación a nuevas actividades que exigiesen ulteriores inversiones. De disolverse la sociedad, el valor por acción sería aproximadamente, según puede deducirse de la contabilidad, unas 85 pesetas por acción. Prácticamente toda la información de la Memoria gira en torno a este hecho.

Después de plantearse otras actividades, entre ellas, algunos consejeros señalaron dedicarse al negocio del tabaco, adquiriendo una industria fuera de la Península, finalmente, se hace un proyecto de nuevos Estatutos, se modifica el valor nominal de las acciones a 100 pesetas, resultando por tanto un capital social de 12.000.000 de pesetas y cambia su objeto social, su estructura y denominación; llamándose Compañía Auxiliar Técnica, S.A., pasando a dedicarse a la importación y exportación de productos agrícolas, maquinaria y otras mercancías y a la realización de estudios técnicos, industriales y comerciales y otras actividades industriales y comerciales.

2.3. LOS CONTRATOS EN TABACALERA

2.3.1. La constitución de Tabacalera, SA.

El Estado encontró en la experiencia acumulada por la Compañía Arrendataria de Tabacos en la gestión del Monopolio un valor lo suficientemente importante que hizo que no se planteara su explotación de forma directa. Sin embargo se decide desde un primer momento convocar un concurso para la adjudicación del Monopolio en lugar de la renovación del contrato a la CAT. En opinión de Comín y Martín (1999b:12) “se quiso romper con el pasado, aumentar el grado de intervención pública en la gestión del Monopolio y disponer de mayor participación en el capital de la sociedad gestora”.

Se aprovechó el nuevo sistema para incorporar otras Rentas, como la de cerillas y otros servicios, como los de fósforos, encendedores y piedras de ignición, así como mantener el del papel de fumar y la venta de efectos

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timbrados, a la par que recaudar todos los impuestos que se establezcan sobre la venta de los productos y servicios del Monopolio91.

La nueva norma para la adjudicación del Monopolio lo definía como un “servicio público patrimonializado”, cuya explotación se realizaría por la empresa adjudicataria del concurso con la colaboración e intervención del Estado, convirtiéndose éste en el primer accionista. Como afirman Comín y Martín (1999a:394), es éste un cambio de orientación desde el clásico arriendo de un servicio público al de un sistema de una empresa que podría denominarse mixta, lo que no es una novedad, ya que es el sistema seguido desde 1927 para el Monopolio de petróleos: una verdadera sociedad participada por el Estado y la iniciativa pública. De este modo se reafirma la tendencia seguida por el Estado desde el inicio del arriendo a la CAT, por la que con cada nuevo contrato van reduciéndose las contrapartidas de la Compañía y ampliando la intervención y control del Gobierno en la gestión del Monopolio del Tabaco.

Por otro lado, la Ley de bases de 18 de marzo de 194492 sometía, a la nueva compañía que se crease, al régimen de tributación vigente para las sociedades (la CAT había gozado de exención del impuesto de utilidades y de los derechos de importación de los tabacos y maquinaria).

Como en anteriores contratos, la mayoría de las decisiones requerían de su aprobación por el Ministerio de Hacienda, entre ellas la del nombramiento del Presidente del Consejo de Administración y del Director-gerente de la Compañía. El Estado designará un Delegado en la Compañía y nombrará a la tercera parte del Consejo.

91 La normativa fundamental por la que se rige el Monopolio de Tabacos y Servicio Anejos en este período es fundamentalmente: la Ley de 18 de marzo de 1944, que autoriza al Gobierno para la concesión, por concurso, del Monopolio, determinando las bases por las que debe regirse; el Decreto de 31 de mayo de 1944, que aprueba las bases del concurso para la adjudicación del Monopolio; el Decreto de 3 de febrero de 1945, por el que se adjudica el concurso para la administración del Monopolio a la propuesta suscrita por la CAT; y el Decreto de 3 de marzo de 1945, por el que se aprueba el contrato entre el Estado y la sociedad concesionaria del Monopolio (Martín-Retortillo y Salas, 1969:89). Véase el Anexo VII. 92 Véase el Anexo VII.

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La CAT no acogió con agrado la Ley de bases: (i) entendía que simplemente debía hacerse una renovación del contrato de 1921; (ii) no quería someterse al régimen normal de tributación; y (iii) no deseaba constituir una nueva sociedad mercantil. Incluso, se llegó a pensar en disolver la sociedad y dedicarla a otras actividades distintas a la gestión del Monopolio. La simple renovación del contrato de 1921, en ningún momento es aceptada por el Gobierno que exige, en caso de que la adjudicación correspondiera a la CAT, la constitución de una nueva sociedad. Estamos de acuerdo con Martín-Retortillo y Salas (1969), en que la finalidad perseguida por el Estado no era otra que producir el efecto psicológico de un auténtico cambio de gestión.

La CAT, que definitivamente decidió presentarse al concurso, convocado el 31 de mayo de 1944, hizo su propuesta con una exposición en la que aprovechaba para manifestar su desacuerdo con la normativa del concurso. Como señalan Comín y Martín (1999a:395-396), como garantía de buena explotación, que era uno de los requisitos, presenta el compromiso de intransferibilidad de las acciones y su propio historial (la experiencia de casi sesenta años de gestión, con los resultados obtenidos de modernización de la empresa en mecanización y mano de obra, incremento de la producción y de la recaudación para el Estado). Estos datos, que la legitiman, junto a otros, que entendía que eran objeto de críticas por el público consumidor, ya fueron puestos de manifiesto en las Memorias de los últimos ejercicios de la CAT, como hemos tenido ocasión de ver previamente. La Compañía promete intensificar la producción, mejorar los procedimientos de fabricación, introducir nuevas marcas y mejorar y ampliar la organización de los servicios comerciales. Además la CAT expresa en su propuesta el apoyo de importantes bancos, a través de la suscripción de parte de las acciones. También ofrece la “cláusula reversional”, que consistía en que cuando el beneficio rebasase determinados porcentajes revertería al Estado.

La Junta calificadora de las solicitudes al concurso, a pesar de que era consciente de que la mejor propuesta de las dos presentadas era la de la CAT, advirtió que ninguna satisfacía plenamente los requerimientos del concurso. La principal exigencia era la necesidad de que la empresa concesionaria constituyese una nueva sociedad al hacerse cargo del Monopolio, lo que suponía una ruptura con la etapa anterior, no una continuidad. Por su parte, la Arrendataria se comprometía a reformar sus estatutos pero no a romper su

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vida jurídica. La forma de romper con la gestión pasada, sin verse el Estado implicado en las obligaciones derivadas de la anterior empresa, era liquidar la CAT y constituir una nueva sociedad. Después de los pertinentes dictámenes se requirió a la CAT para que modificara su propuesta, rebajando sus pretensiones económicas y aceptando constituir una nueva sociedad. Definitivamente aceptadas las modificaciones por el Consejo, el 3 de febrero de 1945, se publica el Decreto por el que se adjudica el concurso para la administración del Monopolio de Tabacos y Servicios anejos.

Como ya hemos señalado, la CAT, en Junta General Extraordinaria de 1 de marzo de 1945, acuerda constituir una nueva sociedad y el día 3 de ese mismo mes se aprobó el Contrato, constituyéndose el día 5 de marzo Tabacalera, SA, Compañía Gestora del Monopolio de Tabacos y Servicios anejos, para explotar y administrar por veinticinco años las siguientes Rentas: labores peninsulares de tabaco, labores importadas de tabaco, efectos timbrados, cerillas y productos análogos, y los siguientes Servicios: venta de papel de fumar, recaudación de impuestos sobre el tabaco y demás productos del Monopolio. La empresa actúa como gestora de un monopolio público, siendo el Estado el propietario de los bienes afectos al mismo. El Estado regulaba esas Rentas y Servicios, y Tabacalera era la encargada de fabricar (en el caso del tabaco), distribuir todos los productos del Monopolio y recaudar los impuestos correspondientes.

2.3.2. El contrato de 1945

A continuación vamos a recoger aquellos aspectos del Contrato de 3 de marzo de 1945 que entendemos más significativos93:

- La duración del contrato es por 25 años, desde 1º de abril de 1945 hasta 31 de marzo de 1970.

- El capital social es de 287.000.000 de pesetas, dividido en 574.000 acciones (300.000 de la serie A y el resto de la serie B). Las de la serie A (150 millones de pesetas, que se desembolsan al 80%) corresponden al capital privado, son nominativas e intransferibles durante dos años a partir de su emisión, además no pueden ser poseídas por extranjeros; y las de la serie B (137 93 Véase el Anexo VII.

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millones de pesetas) a la aportación estatal, totalmente liberadas, intransferibles, correspondiente a fábricas, depósitos, maquinaria, instalaciones, enseres, mobiliario, buques para el Resguardo, y demás elementos.

Con la autorización del Ministerio de Hacienda, el capital puede aumentarse, únicamente emitiendo acciones de la serie A, pudiendo el Estado suscribir, en las mismas condiciones que los accionistas privados la parte proporcional que le corresponda, según el número de acciones que tiene de la serie B y, en sucesivas ampliaciones, sumando las que disponga de ambas series.

- El capital privado tiene una retribución mínima garantizada del 3% del neto patrimonial, pero si se supera el 6% el Estado participa en el mismo, con independencia de los dividendos que le correspondan por las acciones de la serie B, de acuerdo con unos porcentajes que aparecen en el contrato.

- Las obligaciones de Tabacalera serían las que venían siendo habituales en la CAT, en gran parte ya enumeradas. En cuanto al tabaco, tenía que adquirir toda la producción peninsular e importar la que fuera necesaria para fabricar la cantidad que garantizara el abastecimiento público, que se vendería a los precios establecidos por el Estado. Por otra parte, no estaba obligada a adquirir todas las labores procedentes de Canarias, sólo la cantidad establecida por el Gobierno. Debía conservar los bienes físicos del Monopolio, adquirir los enseres necesarios, todo ello con la autorización del Ministerio de Hacienda. En relación con las demás Rentas y Servicios, el almacenamiento, distribución y venta de los productos de ellos derivados.

- Las comisiones a percibir por la empresa son las siguientes: en productos nacionales, 7,75% del producto líquido; labores importadas, 1,50% de la diferencia entre las ventas y los gastos necesarios (adquisición, distribución y premios de expendición); efectos timbrados, cerillas y papel de fumar, 1% del importe de las ventas deducidos los correspondientes gastos94; la

94 En virtud de la Ley de 1º de agosto de 1941, la comisión a percibir por la Compañía por las ventas de Papel de Fumar es del 2%; por tanto, y según se indica en el Contrato, la Arrendataria “habrá de revertir al Estado el 1 por 100 que éste abone, mientras la referida Ley siga en vigor” (Cláusula 5ª, 1b).

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recaudación de los impuestos que gravan el tabaco y los demás productos a expender es gratuita.

El resultado líquido a efectos del cálculo de las comisiones se calcula como sigue:

Ventas netas de impuestos – (gastos fabricación + gastos distribución + premios expendición).

- A pesar de que la empresa tiene autonomía para organizar sus plantillas, todos aquellos gastos de personal que se liquiden con cargo a las Rentas requerirán de la aprobación del Ministerio de Hacienda. Igualmente deberán aprobarse las compras y, como ya se ha comentado, otras muchas actuaciones de la Compañía, como la emisión de obligaciones y la realización de operaciones de crédito con establecimientos bancarios.

- El número de Consejeros representantes del Estado será designado por el Ministerio de Hacienda y no podrá ser superior a la tercera parte del Consejo de Administración. Consejeros que tendrán los mismos derechos que los que representan al capital privado y también formarán parte de las Comisiones que se creen en la misma proporción.

También requerirá aprobación del Ministerio de Hacienda, aunque la elección la realice la Arrendataria, el nombramiento del Presidente del Consejo de Administración, de los Consejeros representantes del capital privado y del Director-gerente de la Compañía. Aprobación que dicho Ministerio podrá revocar si lo considera oportuno.

- El Gobierno designará un Delegado que ejercerá la función fiscalizadora e interventora en la explotación del Monopolio. Éste podrá intervenir en todos los actos de explotación, de las diferentes Rentas y Servicios, asistir a las reuniones del Consejo de Administración, con voz aunque sin voto, podrá visitar sin limitaciones las fábricas, depósitos, establecimientos, almacenes y expendedurías, así como examinar cuando lo considere oportuno las materias primas y labores, así como la contabilidad. Además será el encargado de resolver los asuntos que no estén expresamente reservados al Ministro de Hacienda, así como la aprobación de los presupuestos que no superen las 50.000 pesetas.

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El Delegado podrá vetar los acuerdos de la Junta General de Accionistas, del Consejo de Administración, de las Comisiones ejecutivas y de la Gerencia, si considera que son contrarios a lo establecido en el Contrato de arrendamiento o en el Reglamento para su ejecución; y en todo caso si estima que están en oposición a los supremos intereses generales cuya defensa le compete. Contra las decisiones adoptadas por el Delegado cabrá recurso de alzada ante el Ministerio de Hacienda.

- La Arrendataria, como sociedad anónima, queda sometida al régimen general de tributación. Sin embargo los actos de aportación que a la misma haga el Estado, así como la reversión de dichos bienes a éste, estarán exentos de toda clase de impuestos; además las acciones de la serie B también quedan exentas del impuesto sobre emisión y negociación de valores mobiliarios y de la contribución de utilidades por tarifa segunda.

Quedan exentas de toda clase de impuestos las importaciones de tabacos, elaborados y en rama, así como la exportación de tabacos elaborados por la Compañía.

- Aunque la lucha al frente del contrabando corresponde al Estado, la sociedad está obligada a mantener un servicio especial de vigilancia marítima y terrestre.

- En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, la Arrendataria podrá ser sancionada, la primera vez con una multa de 50.000 pesetas y en caso de reiteración la multa se podrá elevar hasta las 250.000 pesetas.

- El Estado podrá rescindir el contrato por “graves razones de conveniencia de interés público”, sin ningún derecho a indemnización; o por incumplimiento reiterado de la compañía arrendataria, debiendo, en este caso, indemnizar al Estado.

Nos gustaría destacar la importancia que para este contrato tiene la Contabilidad, dedicando la cláusula XVI a la misma. Con respecto a la Contabilidad el contrato de 1945 establece:

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“1) La Compañía desarrollará su Contabilidad, tanto principal como auxiliar, con separación en lo que afecte a sus actividades industrial y comercial por la Renta de labores peninsulares de Tabacos. Asimismo deberá reflejar adecuadamente su intervención en labores de tabaco importadas, efectos timbrados, cerillas y demás productos de esta Renta y del Papel de Fumar.

2) Al final de cada período mensual formará un estado de liquidación parcial de ingresos y gastos, agrupados por conceptos, por cada uno de los Servicios que tiene encomendados. Dichos estados serán presentados a la Delegación el Gobierno para su examen e intervención.

3) El balance mensual de la Compañía será aprobado por su Consejo de Administración en un plazo de tres meses a contar de su fecha. Al mes siguiente, y acompañado de las liquidaciones parciales de ingresos y gastos, se remitirá a la Delegación del Gobierno a los efectos antes indicados.

4) En el plazo de seis meses, a partir del final de cada ejercicio económico, la Compañía presentará la cuenta general de liquidación de dicho período, integrada por el Balance general y las liquidaciones parciales de ingresos y gastos por los distintos servicios, la cual será examinada por la Delegación del Gobierno, y, previo informe de la Intervención General, y oído el Consejo de Estado, será aprobada por el Ministerio de Hacienda.

5) La Compañía someterá a la aprobación de la Delegación del Gobierno las directrices a que haya de responder el planteamiento y desarrollo de su Contabilidad; todo ello sin perjuicio de la intervención que en las operaciones de ésta corresponda al personal técnico de Contabilidad del Estado perteneciente a la Delegación del Gobierno.

6) La Compañía dará cuenta anualmente a la Delegación del Gobierno de las entradas y salidas de las distintas clases y calidades de tabaco en los depósitos y almacenes de las fábricas, así como justificará las inversiones de rama en cada fábrica, balanceándolas con las labores producidas, teniendo en cuenta el consumo de cada labor con arreglo a los tipos de aplicación aprobados. Anualmente se resumirán los estados comparativos y se determinará si las diferencias que se observen justifican la reforma de los tipos de aplicación”.

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Como hemos tenido ocasión de comprobar, con la lectura de las distintas Memorias analizadas, los Estatutos que acompañan a la escritura pública de constitución se mantienen vigentes hasta 1971, fecha de un nuevo contrato, con sólo las modificaciones que requieren la adaptación, en 1953, a la Ley de Sociedades Anónimas de 1951 y las ampliaciones de capital realizadas. Reformas, no obstante, que requerían la autorización del Ministerio de Hacienda.

Supone una clara continuidad que Tabacalera naciera de la CAT, lo que implica que no haya interrupción en el funcionamiento de la Renta. En definitiva, después de un complejo procedimiento, que aparentaba un profundo cambio, lo que realmente supuso fue una modificación en el nombre de la empresa, que continúa en la misma actividad y en el mismo edificio social (Barquillo, 5. Madrid). La continuidad, además la mantiene la propia inercia de una gran organización, con una larga vida de funcionamiento, difícil de cambiar, aunque se añadieran otras Rentas o Servicios.

La continuidad también la garantiza la presencia en el Consejo de Administración de Tabacalera de D. Luis de Urquijo y Ussía (Presidente, que también lo era de la CAT) y D. José Alvarez (Director-gerente). El Estado mantuvo como Delegado del Gobierno al Director General del Timbre y Monopolio, D. Fernando Roldán.

También el sistema de fabricación y comercial fue continuista. El Estado es el que aprueba los planes anuales de fabricación, y Tabacalera la que los materializa. El sistema comercial fue similar al seguido por la CAT. El Estado fijaba los precios de las labores y la Sociedad cobraba una comisión por su gestión. Por su parte, el Ministerio de Agricultura determinaba los precios del tabaco indígena a los que se compraba la cosecha a los agricultores.

La Compañía debía disponer de una determinada cantidad de existencias disponibles, de picadura, cigarros y cigarrillos para la venta inmediata, así como repuesto de tabaco en rama para la fabricación de labores durante unos meses establecidos.

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Tabacalera requería de la previa autorización del Ministerio de Hacienda para: los proyectos de obras e instalaciones, las compras de locales, maquinaria, así como la apertura y cierre de cualquier fábrica.

Ya en la primera Memoria de Tabacalera, correspondiente al ejercicio 1945, se deja constancia de las ventajas que el contrato de arrendamiento tiene para el Estado: “Un examen detallado de lo que el nuevo contrato dispone con relación al antiguo serviría para acentuar la nota de las ventajas que el vigente pacto reporta al Estado: pero ni parece necesario ni sería acaso oportuno por nuestra parte. En cambio, sí interesa consignar que el costo de la gestión excede apenas el 0,63%, manteniéndose la tónica ejemplar que en esta materia venía establecida” (1945: s/n95).

Desde el primer momento, Tabacalera, SA solicita la admisión a cotización oficial en Bolsa de sus acciones, iniciándose las transmisiones a partir del 6 de marzo de 1947.

En los estatutos de Tabacalera se establece que el gobierno y alta administración de la empresa son competencia de la Junta General de Accionistas, el Consejo de Administración y la Dirección-gerencia. Con respecto a la Delegación del Gobierno, aunque no forma parte de los órganos de dirección interna, va a participar en la gestión de la Compañía por su presencia en el Consejo de Administración y las comisiones que se vayan creando. Forman parte de la Junta General de Accionistas todos los socios que tengan un mínimo de cien acciones, siendo ésta la que elige a los miembros del Consejo, excepto a los representantes del Estado, y la encargada de aprobar la Memoria anual de la Compañía.

Durante los veinticinco años de vigencia de este primer contrato de arrendamiento con Tabacalera, son tres los presidentes que se suceden en el Consejo de Administración de la Compañía, lo que indica la continuidad en el cargo, a diferencia de lo que ocurrió en los primeros años de vida de la CAT. El primero, ya señalado, el marqués de Amurrio, desde 1945 hasta su muerte en 1956; en este momento es sustituido por D. Ignacio Herrero de 95 Desde la constitución de Tabacalera, S.A., hasta el ejercicio 1963 las páginas de las Memorias no aparecen enumeradas, siendo este el motivo por el cual en las citas correspondientes a este período no aparece especificada la página en la que se encuentra esta información.

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Collantes, marqués de Aledo, quien ocupa el cargo desde el 24 de abril de 1956 hasta el 9 de diciembre de 1961. El tercer presidente es D. Alfredo de Zavala y Lafora, que estuvo en el puesto desde el 8 de marzo de 1962 hasta el 26 de agosto de 1971. Los tres habían pertenecido a la Compañía Arrendataria de Tabacos.

En la Memoria de 1953 se recoge que, de acuerdo con la Ley del Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, de 17 de julio de 1951, hay obligación de adaptar los estatutos de las sociedades antes del 31 de diciembre, a lo que en tiempo y forma procedió la Compañía, recogiendo sólo las modificaciones requeridas por la Ley. A partir de este momento, se dota la reserva legal de acuerdo con lo requerido por este precepto legal (10% de los beneficios después de impuestos) y se procede anualmente, en la Junta General en la que se aprueban las cuentas del ejercicio anterior, al nombramiento de los dos censores de cuentas (y los correspondientes suplentes) que prevé el artículo 108 de la citada norma.

La Ley de 20 de julio de 1955 suprime el Monopolio de Cerillas, creando un impuesto a favor de la Renta del Estado sobre las Cerillas y Encendedores. A partir de este momento Tabacalera cesa en la administración de dicha Renta, dejando constancia de ello en la Memoria de 1955. En la Memoria del año siguiente se dice que, como consecuencia de la eliminación de dicho Monopolio, al ser éste un servicio que en el contrato se había asignado a la Compañía, “entendimos aconsejable solicitar de la Superioridad una compensación económica, que ha sido desestimada por Orden Ministerial de 24 de septiembre de 1956” (1956: s/n).

En virtud de la posibilidad, que como hemos apuntado permite el contrato de 1945, para la ampliación de capital, mediante la emisión de acciones de la serie A, en los años cincuenta y sesenta (concretamente en 1955, 1958-1963), Tabacalera lleva a cabo, con la autorización del Ministerio de Hacienda, una serie de ampliaciones de capital. La primera ampliación incrementó el capital inicial (287 millones de pesetas) hasta 459.200.000 pesetas, lo que supuso un aumento de aproximadamente el 60%. La segunda ampliación se inicia en

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1958, fue llevada a cabo en seis ejercicios completándose en 1963, alcanzando el capital social la cifra de 737.865.500 pesetas96.

A las citadas ampliaciones acude el Estado con los derechos que le corresponde lo que unido a la nacionalización del Banco de España por Decreto-ley de 7 de junio de 1962, lo convierte en accionista mayoritario, con más del 55% de participación en Tabacalera, S.A., convirtiéndose la Compañía “en una empresa privada de capital mayoritariamente público que gestionaba un monopolio del Estado”, en palabras de Comín y Martín (1999a:415).

Evolución de las aportaciones de capital AÑO APORTACIÓN

(pesetas) Nº ACCIONES

1887 60.000.000 120.000 1945 287.000.000 574.000 (300.000 serie A,

274.000 estatales serie B) 1955 459.200.000 274.000 estatales serie B.

644.400 serie A (privadas y estatales).

1958-1963 737.865.500 ESTADO ACCIONISTA MAYORITARIO (>55%)

1971-1972 1.106.798.000 ESTADO ACCIONISTA MAYORITARIO

1973 1.660.197.000 ESTADO ACCIONISTA MAYORITARIO

Fuente: Elaboración propia

Por primera vez Tabacalera, en 1964, solicita aprobación al Ministerio de Hacienda para realizar una emisión de obligaciones, en una cuantía máxima de 600 millones de pesetas, en virtud de lo establecido en la cláusula VIII del contrato y en el artículo 12 de los estatutos de la compañía, con la finalidad de “atender las exigencias de modernización de nuestras factorías” (p.14).

Una vez analizadas las Memorias que engloban el primer contrato de Tabacalera con el Estado (1945-1970), es de destacar, en comparación con las de la Compañía Arrendataria de Tabacos, las escasas referencias que en las

96 Véase la tabla sobre la evolución de las aportaciones de capital de las empresas arrendatarias.

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mismas se hace al Estado. Aunque del contrato se deduce una mayor intervención, en las Memorias dicha intervención no aparece tan claramente reflejada como ocurría con anterioridad, que para cualquier decisión se necesitaba la oportuna autorización. Además, no se observan apenas quejas de los directivos de Tabacalera ante determinadas cláusulas lesivas para la Compañía, lo que sí era bastante habitual en la etapa de gestión anterior.

En definitiva, las Memorias de este periodo se caracterizan, por su concreción y simplicidad, con apartados perfectamente detallados que, con la adición o eliminación de alguno de ellos en el ejercicio que se hace necesario, se mantienen durante todo el contrato vigente (hasta 1971). La información cualitativa, muy reducida, viene referida fundamentalmente a: la retribución de los accionistas, que justifica en parte la existencia de la empresa; la materia prima adquirida y utilizada, así como a los problemas con ella relacionados; al proceso de fabricación y la cantidad producida (de la que también se da el oportuno detalle en la información cuantitativa); las inversiones realizadas; la variedad de labores que se producen o se importan, y los precios de las mismas; volumen de recaudaciones; personal de la empresa y actuaciones a ellos referidas. Se cierra la información cualitativa con un resumen del ejercicio que fundamentalmente versa sobre los resultados obtenidos y la propuesta de reparto para los mismos.

2.3.3. El contrato de 1971

Ya en la Memoria de 1969 se destina un epígrafe al Contrato con el Estado, sobre el que el Consejo venía realizando gestiones en orden a su prórroga, ya que el vigente termina el 31 de marzo de 1970. A través del Decreto-Ley 3/1970, de 21 de marzo, se da una solución provisional al problema de la extinción del plazo contractual. Se dispone que Tabacalera, SA y la Compañía Canariense Marroquí de Tabacos, SA “continuarán en la explotación y administración del Monopolio de Tabacos y servicios anejos hasta el día 30 de junio de 1971” (p.11). Además se indica que en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del Decreto-Ley, el Ministro de Hacienda “someterá al Gobierno para su posterior elevación a las Cortes, un proyecto de Ley por el que se establezca, en consideración a los diversos aspectos de la política tabaquera nacional y con efectos a partir de 1º de julio de 1971, las modificaciones que deban introducirse en el contenido y la

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duración de los contratos concertados” (p.11). Se confía que la solución adoptada será la más conveniente para el interés público y ponderará la eficiencia y los satisfactorios resultados de las sociedades gestoras del Monopolio, “así como la limpia ejecutoria de nuestra Compañía durante su dilatada gestión al servicio del Estado” (p. 12).

De las posibles alternativas a adoptar por la Hacienda Pública97, la seguida fue la de renovar el contrato con Tabacalera, a través de la Ley 10/1971, de 30 de marzo, sobre gestión del Monopolio de Tabacos y coordinación de la política tabaquera nacional. En opinión de Retortillo y Salas (1969) esta no fue la mejor, ya que con un nuevo concurso “podrían garantizarse los intereses públicos de modo más satisfactorio que con la simple prórroga de la concesión hoy existente. Aparte de la modificación de las bases actuales por las que se rige la concesión, podría esperarse razonadamente la propuesta de condiciones más favorables al interés público por parte de sociedades diferentes, que deberían tener la posibilidad de concursar, acudiendo a la licitación que al respecto se formulase” (p. 119). Se crea una Comisión mixta Hacienda-Compañía para redactar el contrato. Se solicita autorización a la Junta para suscribir la escritura pública que formalice el texto redactado. Al renovarse el contrato, los accionistas tienen el derecho de opción que le otorga la Disposición adicional tercera de la Ley.

La Memoria de 1970, leída el 29 de mayo de 1971, comienza indicando que se ha prorrogado el contrato, con determinadas modificaciones, por veinte años, a partir de 1 de julio de 1971, por Ley 10/1971, de 30 de marzo, publicada en el BOE de 1 de abril. Sobre este nuevo contrato, el Consejo entiende que 97 Las alternativas planteadas fueron cuatro: (i) la eliminación del Monopolio de Tabacos. Para Martín-Retortillo y Salas (1969:113) la principal razón que justifica el mantenimiento del Monopolio estriba en los ingresos que del mismo percibe el Estado: “por un lado, los procedentes de los impuestos que gravan los productos objeto del Monopolio; por otro, los dividendos a que tiene derecho el Estado por la participación accionarial que posee en el capital de la Sociedad concesionaria, […] si esta última fuente de ingresos fuese englobada en la primera, a través de un aumento de la imposición, la razón de carácter financiero justificativa del mantenimiento del Monopolio habría desaparecido, por cuanto que los ingresos del Tesoro serían los mismos.”; (ii) la gestión directa por parte del Estado, Según Martín-Retortillo y Salas (1969:127) “si en épocas pasadas se pudo afirmar que las estructuras estatales entonces existentes eran realmente incapaces para llevar a cabo una gestión industrial tan eficaz como la de los empresarios privados, hoy (finales de los sesenta), y desde hace ya bastantes años, honestamente no puede sostenerse lo mismo.”; (iii) un nuevo concurso para su adjudicación; y (iv) la prórroga del contrato con Tabacalera, S.A.

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“debe considerarse como un nuevo punto de partida en el proceso de una actividad futura, en la que debemos acentuar e intensificar nuestros esfuerzos para responder a la confianza que el Estado continúa depositando en nosotros” (p.7).

Al final de esta Memoria, se dan detalles de la tramitación parlamentaria necesaria para llegar al nuevo contrato entre el Estado y la Compañía. Además se indica que, como apéndice de la Memoria, se recoge la Ley, para que los accionistas conozcan las modificaciones que introduce y puedan pronunciarse sobre la propuesta de autorizar al Consejo para suscribir el contrato que se ha de redactar sobre la base de la misma.

Las novedades que introduce la Ley 10/1971 son fundamentalmente las siguientes98:

- Aumento del capital social, en la cuantía y condiciones fijadas por el Gobierno, con participación siempre mayoritaria del Estado en el mismo, para una mejor garantía de los intereses públicos.

- Supresión de algunos privilegios para Tabacalera, como la eliminación del beneficio de fabricación de labores con rama nacional para la Compañía, o la garantía del interés del 3% anual que el contrato anterior concedía a las acciones de la serie A.

- Mayor fiscalización de la Delegación del Gobierno.

- Intervención del Estado en las compras de tabaco extranjero, que se realizarán según el Plan anual aprobado por el Gobierno, teniendo presentes los intereses de la agricultura e industria nacionales y de la Renta. Además, la Compañía está obligada a facilitar muestras de cada una de las partidas importadas al Servicio Nacional de Cultivo y Fermentación del Tabaco.

- Modificación del sistema para determinar el producto líquido de la Renta de tabacos, respecto de las labores peninsulares: coste industrial de cada labor más los gastos generales y comerciales imputables a dicha Renta.

98 Véase el Anexo VIII.

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- Variación en el número y derechos de los consejeros representantes del Estado. En lo que respecta al número de consejeros, éste será proporcional a la participación del Estado en el capital de la Compañía. En cuanto a sus derechos y obligaciones, los mismos que los representantes del capital privado.

- En el plazo de seis meses, al final de cada ejercicio económico, la Compañía debe presentar la Cuenta general de liquidación de dicho período, integrada por el balance general y las liquidaciones parciales de ingresos y gastos de las distintas Rentas y Servicios, que será examinada por la Delegación del Gobierno y, previos informes de la Dirección General del Patrimonio del Estado y de la Intervención General, aprobada por el Ministro de Hacienda. Una vez aprobada será publicada en el “Boletín Oficial del Estado”.

- Se incrementan las sanciones por incumplimiento de la Compañía de sus obligaciones en el contrato: la primera vez, con multa de 100.000 pesetas, y la siguiente con otra de hasta 500.000 pesetas, la tercera infracción puede motivar la rescisión del contrato.

- El Gobierno puede resolver el contrato sin expresar causa alguna, con el único requisito de notificarlo a la Compañía con dos años de antelación, como mínimo, y no teniendo ésta derecho a indemnización alguna.

El Consejo “estima que la solución contenida en la Ley a que nos referimos es plenamente satisfactoria y que el hecho de la prórroga del Contrato por veinte años entraña un reconocimiento por parte del Estado de la labor eficaz que hemos venido desarrollando en la gestión y administración del Monopolio” (1970:13). Se dice al respecto: “ello nos obliga a considerar la etapa que ahora comienza, no como una simple continuidad de la actuación anterior, sino como un período nuevo, en el que hemos de replantearnos todas las estructuras y organizaciones de la Compañía, procurando dotarlas de la mayor eficacia, intensificando la producción, perfeccionando la calidad y presentación de nuestras labores, creando otras nuevas, agilizando su distribución y venta, y haciendo en suma todo lo necesario para dar cumplida satisfacción a los gustos del consumidor, velando al propio tiempo por todos los intereses afectados y de un modo especial por los de la Renta y los del Tesoro Público” (1970:13).

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El nuevo Contrato que surge de la Ley se aprueba por Decreto de 18 de junio de 1971, se firma el 23 de junio y entra en vigor el 1 de julio de ese año, por veinte años. Los nuevos Estatutos Sociales se aprueban el 3 de julio de 1971.

Como el nuevo contrato lo permite, con fecha 30 de octubre de 1971 se propone al Ministro de Hacienda la ampliación del capital social acordada previamente en la Junta General Extraordinaria celebrada el 3 de julio anterior. Por Orden Ministerial de Hacienda de 6 de diciembre de dicho año se amplía el capital en 184.466.500 pesetas, debiendo ser siempre mayoritaria la participación del Estado, por lo que fue necesario modificar la estructura del Consejo de Administración, que aunque el número total de consejeros permaneció invariable, aumentó en tres los representantes del capital estatal, siendo preciso, por tanto, disminuir en el mismo número los representantes del capital privado. En el siguiente ejercicio se produce una nueva ampliación de capital, otorgada por Orden Ministerial de 27 de noviembre de 1972, en la misma cuantía que la anterior. El capital de la Compañía como consecuencia de ambas ampliaciones pasa de 737.865.500 pesetas a 1.106.798.000 pesetas99.

Tabacalera, en 1976, y por primera vez, con el objetivo de diversificar sus fuentes de financiación, recurre a una emisión de obligaciones convertibles “como fuente de financiación complementaria de sus ya tradicionales aumentos de Capital permitiendo así, adaptar los desembolsos de sus accionistas a la producción de unos beneficios justamente retributivos para el ahorro” (p.27).

Con respecto a los beneficios hay que recordar que cuando superasen el 6% del neto patrimonial, el Estado sigue participando en ellos, además de la participación que ya tiene como accionista de la Compañía. Para la determinación del producto líquido son separados los gastos con cargo al Monopolio de los que corresponden a Tabacalera.

Según el contrato, debe establecerse un plan anual de compras de tabacos, que tiene que ser aprobado por el Gobierno. Por la misma Ley 10/1971 de 30

99 Ampliaciones que siguen produciéndose en los ejercicios siguientes. En concreto en 1973 es autorizada, por Orden Ministerial de 25 de junio, una nueva ampliación del 50% del capital social, situándose en 1.660.197.000 pesetas.

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de marzo, se crea la Junta Superior Coordinadora de la Política Tabaquera, que pasa a encargarse de las compras de tabaco en rama exótica y peninsular100, por lo que la Compañía deja de tener control y autoridad en esta materia. Además, como hemos indicado, Tabacalera pierde los beneficios resultantes de la fabricación y venta de labores elaboradas al 100% con rama nacional, según establecía el contrato de 1945.

También la Ley 10/1971 señala la necesidad de que se promulgue un Decreto en el que se establezcan nuevas normas para la provisión, clasificación y transmisión hereditaria de las Expendedurías, así como un nuevo “Estatuto de los expendedores”, en el que aparezcan los derechos y deberes de dicho colectivo. Al respecto en la Memoria de 1971 el Consejo indica: “sigue siendo una de nuestras preocupaciones principales la de arbitrar los medios necesarios para que las Expendedurías mejoren y modernicen sus instalaciones, tendentes a ofrecer una atractiva exhibición y presentación de los productos, y a la más adecuada conservación de los mismos en beneficio del consumidor” (p.11). El 9 de agosto de 1974 es aprobado por el Ministerio de Hacienda el Decreto 2547/74 que regula la clasificación, provisión y transmisión de las expendedurías y efectos timbrados; además de la posterior Orden Ministerial de 29 de octubre del mismo año, que establece normas complementarias al Decreto anterior, con la principal finalidad de modernizar la red comercial de la Compañía.

Tras el contrato de 1971 el Estado incrementa su participación en el Consejo de Administración. En definitiva, aunque prima la continuidad en la gestión del arriendo, es recortada la autonomía de Tabacalera, SA y ampliada la tutela y control del Estado, así como su participación en los beneficios. El

100 Son competencias de la Junta Superior Coordinadora de Política Tabaquera, todo lo referente a: (i) superficies de cultivo; (ii) tipos, calidades, rendimientos y precios de la producción anual de tabaco en rama; (iii) investigación en orden a la mejora de la producción nacional en sus aspectos agrícola e industrial; (iv) estímulo de la asistencia técnica para incremento de la productividad; (v) relaciones del Monopolio con el Servicio Nacional de Cultivo y Fermentación del Tabaco; (vi) análisis de mercados; (vii) plan anual de importación de materias primas y labores; (viii) estímulos para la exportación; y (ix) relaciones del Monopolio con la economía tabaquera de las Islas Canarias.

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mayor poder del Estado se traduce en una mayor intervención en la gestión interna de la Compañía101.

Nos gustaría destacar el espectacular cambio que se produce en la estructura de las Memorias de Tabacalera a partir de 1972. Se elaboran con una cuidada presentación, una gran extensión y una alta riqueza informativa, abundando las ilustraciones. Esta estructura se repite hasta el final del período de análisis, y que por su diseño exterior y también por las ilustraciones interiores, las hace singulares. Además, Tabacalera crea un nuevo logotipo, el de la “T” dentro de una hoja, al que dedica las primeras hojas de la Memoria de 1972, una con cada una de las fases de la génesis del mismo.

Con la lectura de la Memoria de 1972 nos podemos hacer una idea de la historia que acompaña a esta empresa, encargada de la gestión del Monopolio del Tabaco y otras Rentas del Estado, desde el encargo de su gestión en 1887, y la actualidad del momento, situándola en su entorno económico y social, incluso fácilmente nos evoca la imagen de la sociedad de esta época, que ya presenta algunos ingredientes de modernidad.

Esta Memoria se inicia con un poco de historia sobre el tabaco, centrándose en el periodo en el que se arrienda el Monopolio de Tabacos a la Compañía Arrendataria de Tabacos, donde se hace un rápido recorrido por los distintos contratos, rellenando las páginas fundamentalmente con reproducciones de los contratos, acciones de la CAT, y ejemplares de empaques de la Arrendataria.

También se hace referencia a la constitución a nivel mundial de “gigantescas estructuras de producción”, que son uno de los primeros ejemplos de empresas multinacionales. Se indica que es la industria americana la que ha venido marcando la pauta en este vertiginoso desarrollo, y que cuenta entre sus compañías con los más grandes productores. Además indica las diversas naciones en las que el tabaco elaborado se hace en régimen de monopolio, fórmula especialmente interesante para recaudar los impuestos que gravitan

101 Sin embargo en opinión de Martín-Retortillo y Salas (1969:131-132) “si el control puede tener, ciertamente, algún valor, no puede ni siquiera equipararse a la eficacia real de una dirección continuada que es, en última instancia, la que propone y logra los objetivos a alcanzar. […] el control se refiere, además, a actos concretos, mientras que la dirección incide en la actividad total de la empresa”.

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sobre el tabaco. Se recogen las ventas de las principales compañías americanas y aparece un gráfico de los países donde existe monopolio de tabacos.

Otra cuestión importante, que ya se recoge en la Memoria de 1972 y que es el ejemplo de lo que sucede años después en España, es la referente a las estrategias diversificadoras de las grandes empresas: “Las actividades de las grandes compañías, tradicionalmente productoras de tabaco, están sujetas actualmente, a una insistente política de diversificación. Las áreas en las que se concentran las nuevas actividades suelen coincidir con grandes operaciones de distribución que recaen preferentemente sobre los productos de gran consumo y licores” (p. 54). También hay que indicar que a un ritmo muy rápido se producen asociaciones y fusiones; aparece un esquema de los grandes grupos mundiales, con sus filiales. Asimismo, con frecuencia se conceden licencias para la elaboración de productos internacionales por parte de las compañías de cada país.

De hecho, en la Memoria de 1974 se dice: “1974 constituye un año de extraordinaria importancia en la trayectoria histórica de Tabacalera, S.A. por cuanto en él, mediante importantes realizaciones, se han sentado los fundamentos de una firme trayectoria hacia el futuro. […] se han dado pasos esenciales para asegurar una importante expansión de la Compañía en los próximos años y para situarla en un puesto de primera línea en el contexto internacional de la industria tabaquera” (p.21). En concreto, se refiere a la firma de tres contratos para fabricar en España, bajo licencia, las más importantes marcas de cigarrillos americanos; celebrados con las Compañías “R. J. REYNOLDS”, “PHILIP MORRIS” y “LYGGET AND MYERS”, para las marcas “Winston”, “Marlboro”, “Chesterfield” y “L. M.”.

En la Memoria de 1978 el Consejo de Administración hace referencia, por primera vez, a la futura incorporación de España a la Comunidad Económica Europea y como dicho hecho afectará a la Compañía: “Tabacalera contempla con ilusión, segura de sus posibilidades, nuestra incorporación a una Comunidad Económica Europea en la que la presencia tabaquera de nuestro país debe necesariamente dejarse sentir” (p.30).

Ante la futura aceptación de España como país integrante de la Comunidad Económica Europea, uno de los objetivos principales que se plantea la

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Compañía es la potenciación de sus exportaciones. Al respecto en la Memoria correspondiente al ejercicio 1983 se indica que “se han dado pasos importantes encaminados a poner en marcha una estrategia exportadora más permanente y de mucho mayor alcance a medio y largo plazo” (p.59). Con dicha finalidad se abre una oficina de representación en París, y se inicia la fabricación bajo licencia en Alemania de algunos de los productos de Tabacalera. Además se realizan diversas actividades publicitarias y promocionales en varios países europeos, con la finalidad de dar a conocer las labores nacionales.

Objetivos, que como se comenta en la Carta del Presidente de la Memoria del ejercicio siguiente, van alcanzándose “con escrupulosa exactitud […] en orden a garantizar un adecuado nivel de competitividad para nuestra Compañía que permita nuestra proyección internacional en el nuevo contexto comunitario” (1984:10).

En dicha Carta también se hace referencia a cómo afectará a Tabacalera la integración de España en la Comunidad Económica Europea: “que en el ámbito que nos es propio exigirá modificaciones institucionales importantes y, en todo caso, esfuerzos por parte de todos […]. Ante este reto, Tabacalera ha reaccionado con la ilusión y con la seguridad de quien ve en nuestra integración una espléndida oportunidad […]” (p.11).

2.3.4. La Ley 38/1985 del Monopolio Fiscal de Tabacos

La incorporación de España a la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1986 tuvo notables consecuencias para las empresas públicas de nuestro país, que tuvieron que adaptarse a la normativa comunitaria sobre desregulación y desmonopolización, así como a la referente a la defensa de la competencia (Comín, 1995:71).

De hecho, según el artículo 37 del Tratado de Roma: “Los Estados miembros acondicionarán progresivamente los monopolios nacionales de carácter comercial, de tal manera que al expirar el período transitorio queda asegurada la supresión de toda discriminación entre los ciudadanos de los Estados miembros, tanto en las condiciones de aprovisionamiento como de venta”.

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Como señalan Comín y Martín (1998:49-50), aunque el Tratado no exigía la supresión de los monopolios estatales, sino que con los mismos no conllevase a discriminación comercial, se veía muy difícil mantener la libertad comercial y la no discriminación si una sola entidad tenía el derecho exclusivo a producir, distribuir e importar en un país.

Este principio de no discriminación entre los países miembros, llevó a plantearse a los diferentes estados en los que existían monopolios la eliminación total de los mismos o su mantenimiento pero adaptando el monopolio para que no hubiese ningún tipo de discriminación entre los estados miembros. Ésta última fue la solución adoptada por el monopolio de tabacos francés e italiano y también la seguida por el español tras la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea en 1986.

La transformación del Monopolio que nos ocupa se produce por Ley 38/1985, de 22 de noviembre, del Monopolio Fiscal de Tabacos. Esta ley mantiene el monopolio de fabricación, de importación y de distribución de tabacos manufacturados no comunitarios, cuya gestión es encomendada a Tabacalera, SA. También se mantiene el monopolio en la venta al por menor con titularidad estatal, expendedurías de tabaco y timbre, cuyos titulares son concesionarios del Estado102. Queda liberalizada la importación y comercio en fase mayorista de labores de tabaco comunitarias. Queda derogada la Ley 10/1971 de 30 de marzo sobre la gestión del Monopolio de Tabacos (López Linaje y Hernández Andreu, 1990:183). En definitiva, el Monopolio Fiscal del Tabaco español desaparece para los estados miembros, aunque se mantiene para el resto de países hasta 1998.

La Ley del Monopolio Fiscal altera radicalmente la situación del Monopolio de Tabacos español, la naturaleza mercantil de su sociedad gestora y su relación con el Estado. Desde este momento el Estado percibe a cambio de sus bienes en el Monopolio las acciones que a tal efecto amplía la Compañía. Desaparece en parte el monopolio comercial y las Expendedurías se

102 A raíz de la Ley del Monopolio Fiscal los expendedores, que tenían la consideración de mandatarios mercantiles de Tabacalera, desde el nacimiento de la CAT, pasan a ser concesionarios del Estado, rompiendo así su vinculación con la Compañía.

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transfirieron al Estado; sólo quedó el monopolio de fabricación en el interior de la Península y el de venta al por menor (de titularidad estatal).

La importancia de esta ley radica, como señalan Comín y Martín (1999a:529), después de 350 años, en realizar una clara división entre el antiguo Monopolio fiscal y económico español y un mercado interior sin fronteras.

Sobre la nueva situación de la Compañía, ante la promulgación en España de la Ley del Monopolio Fiscal de Tabacos, se dedica en exclusividad la Carta del Presidente de la Memoria correspondiente al ejercicio 1985. Por la relevancia de la misma nos ha parecido oportuno reproducirla en su totalidad:

“Estimado Accionista:

Hay periodos cruciales en la vida de una empresa, y no cabe duda de que el ejercicio de 1985 ha sido precisamente uno de ellos. Por vez primera en la historia del Monopolio, y después de una dilatada trayectoria a lo largo de la cual se han alternado distintos sistemas de gestión, la Ley del Monopolio Fiscal de Tabacos, publicada el pasado año, supone el comienzo de una etapa verdaderamente decisiva para Tabacalera: la etapa de una Compañía que debe competir en la Europa de los Doce sin otras armas a su alcance que las que se derivan de su propia capacidad empresarial. El año 1985 ha sido, en efecto, el que establece la frontera histórica entre la configuración tradicional del Monopolio, cuyo 350 Aniversario ahora se celebra, y una nueva estructura empresarial adaptada a las circunstancias de nuestro tiempo.

Es evidente que la entrada en vigor de la nueva Ley ha colocado a nuestra Compañía en una situación de mayor riesgo empresarial. La Renta de tabacos ha desaparecido al quedar subsumida dentro del nuevo sistema fiscal configurado alrededor el Impuesto Especial sobre las Labores de Tabaco y del Impuesto sobre el Valor Añadido y, por consiguiente, ha desaparecido también la garantía para la obtención de un beneficio regular al margen de las fluctuaciones que registrase nuestro propio negocio.

Pero esta nueva circunstancia no debe tener una lectura negativa. Muy al contrario, debe verse sobre todo como un nuevo cauce abierto a nuestra capacidad empresarial y a nuestra voluntad de supervivencia y

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expansión al asumir también una responsabilidad plena sobre nuestros resultados. Debe contemplarse, en efecto, como una gran oportunidad que no puede ni debe ser desaprovechada por una Empresa con la tradición y la vocación de futuro de Tabacalera.

Para iniciar esta andadura contamos con muy sólidos cimientos. En el plano institucional, con una Ley del Monopolio Fiscal de Tabacos que define claramente las nuevas reglas de juego del Monopolio, con un período transitorio pactado con la Comunidad que salvaguarda los intereses de la industria tabaquera española, y con un nuevo sistema fiscal que delimita con nitidez la distribución de las rentas primarias del mercado tabaquero nacional entre el Estado y los fabricantes. En el plano puramente empresarial, y esto es sin duda lo más decisivo, con todo el bagaje acumulado a lo largo de muchos años de esfuerzo y experiencia en el sector tabaquero y que se manifiesta en el inequívoco liderazgo de nuestras marcas en el mercado español, en los elevados estándares tecnológicos de nuestras instalaciones industriales, en la eficacia y alcance de nuestra red de distribución, en la solidez de las relaciones contractuales y patrimoniales que mantenemos con las principales compañías tabaqueras internacionales y, en definitiva, en la garantía que supone disponer de unos equipos humanos perfectamente conocedores de las claves de nuestro negocio y dispuestos a volcar en la Tabacalera del futuro lo mejor de sus capacidades profesionales. Todos estos factores, a los que debemos añadir la continuidad de nuestra actividad tradicional como administradores de la Renta del timbre y una estrategia muy definida en materia de diversificación para aflorar las oportunidades económicas que nos brinda nuestro negocio principal, constituyen, sin ningún género de dudas, un valioso activo para una Empresa de nuestra dimensión e importancia.

Estimado Accionista: Sabemos que hemos entrado en un nuevo marco en el que la eficacia y la competitividad constituyen la única garantía razonable de supervivencia y de progreso. Pero Tabacalera asume este reto con optimismo y confianza porque sabe que esta situación de mayor riesgo empresarial es, al mismo tiempo, lo que dará sentido a una capacidad generadora de beneficios que esperamos acrecentar en el futuro.

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Estoy seguro de que nuestros Accionistas participan también en esta opinión, y no me cabe duda de que seguiremos contando con su apoyo en el momento histórico en que nuestra Compañía, al igual que el resto de las empresas españolas, se proyecta hacia ese conjunto de grandes naciones que constituye la Comunidad Económica Europea a la que acabamos de incorporarnos.

Un afectuoso saludo.

Cándido Velásquez-Gaztelu Ruíz Presidente de Tabacalera, S.A.”

Los últimos meses de 1985 abrieron una nueva etapa en la Compañía, influida por la necesidad de adoptar una estrategia muy diferente, más activa y dinámica que la seguida hasta el momento, ante los retos competitivos de la adhesión de España a la CEE y de la posterior creación del Mercado Único. La organización de las oficinas centrales se profesionalizó más y alcanzó un grado de descentralización y complejidad importante, incorporando modernos instrumentos de gestión, como la dirección por objetivos. La Presidencia ocupó un lugar central en la dirección estratégica de la Compañía, acentuando así su carácter presidencialista, que era menos evidente en la época de la Dirección-gerencia.

En la Memoria correspondiente a 1986, primer ejercicio de vigencia del nuevo ordenamiento jurídico tabaquero español, se dedica un apartado a comunicar todas las modificaciones que se han producido con respecto a la situación anterior: (i) supresión de la Renta de tabacos y el Impuesto de Lujo, quedando subsumida la carga fiscal por el Impuesto Especial sobre las Labores de Tabaco y el IVA; (ii) mantenimiento del Monopolio de fabricación, así como el de importación y distribución de tabacos manufacturados no comunitarios, cuya gestión se encomienda a Tabacalera, S.A.; (iii) liberalización de la importación y comercio en fase mayorista de labores de tabaco comunitarias; y (iv) mantenimiento del Monopolio en la venta al por menor con titularidad estatal, ejerciéndose a través de las expendedurías de Tabaco y Timbre, consideradas como concesionarias del Estado por la Ley.

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En la Junta General del 11 de junio de 1986 se producen importantes modificaciones: cambia el nombre de Tabacalera S.A., Compañía Gestora del Monopolio de Tabacos y Servicios Anejos por el de Tabacalera, S.A., y se modificaron los estatutos sociales para adecuarlos a la Ley del Monopolio Fiscal. En ellos se señala de forma taxativa que “la participación del Estado en el capital de la Compañía sería siempre mayoritaria”.

Para la adecuación de la estructura patrimonial a las nuevas circunstancias, se llevó a cabo la incorporación de los bienes de la Renta de tabacos al patrimonio de Tabacalera, en los términos acordados por la Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada en noviembre de 1986. El Estado aporta a la Compañía, mediante ampliación de capital, los bienes y derechos incorporados al Monopolio. Después de las ampliaciones de capital de 1986, para adquirir el patrimonio que correspondía al Estado, y otra en 1988, ya no hubo ninguna hasta 1995.

2.3.5. Tabacalera y el Monopolio de Tabacos tras la Ley 38/1985

Aunque puede exceder los límites de este capítulo, dedicamos este último apartado a hacer una breve referencia sobre la situación de Tabacalera y el Monopolio de Tabacos desde la aprobación de la Ley 38/1985 del Monopolio Fiscal de Tabacos hasta finales de los años noventa.

La armonización impositiva, fruto del Acta Única Europea de 1986, supuso una fuerte presión fiscal, ya que el tabaco en España partía de niveles más bajos que los del resto de la CEE. Había que llegar a una fiscalidad del 72%, y ello influyó en la demanda y en los márgenes comerciales de Tabacalera, cuyas actividades se desenvolvieron en un entorno de mayor competencia.

La integración europea de la economía española también afectó a las relaciones laborales en la industria tabaquera, con importantes novedades, ocasionando una reducción de plantilla. Descenso que fundamentalmente afecta a las categorías menos cualificadas de la empresa, mediante expedientes de regulación de empleo. Estos despidos se realizan prácticamente sin resistencia de los trabajadores, fundamentalmente por las cuantiosas indemnizaciones pagadas por la empresa. Además en los años noventa se empiezan a realizar contrataciones temporales. Destaca también a mediados de los noventa la política de contratación preferente de personal

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cualificado femenino, cumpliendo así las recomendaciones comunitarias “de acciones positivas para el empleo de la mujer” (Rey Reguillo, 1998:147-151).

En materia de seguridad e higiene en el trabajo, en 1991, se hace un importante esfuerzo para adecuar la estructura organizativa, técnica y humana de Tabacalera a la Directiva comunitaria, referente a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores. Por ello, se implanta la normativa de “Prevención de Riesgos Laborales de Tabacalera”, consiguiéndose en dicho ejercicio los mejores resultados de accidentalidad en las fábricas de la última década; índices de accidentalidad que han seguido descendiendo en los años siguientes (Rey Reguillo, 1998:155).

La estrategia empresarial cambió a la diversificación de negocios. Esta diversificación de Tabacalera fue por motivos similares a los de las grandes compañías mundiales. Fue en el ejercicio 1986 cuando se aprobó el denominado “Plan estratégico de diversificación de la Compañía”. No obstante, los primeros pasos en este proceso podemos situarlos en la década de los setenta con la participación en sociedades filiales (Tabapress, Tabapack, Tabacanaria y Cigarcanaria). Más tarde se fundan Tabatrade Internacional, SA e Interprestige, SA, además de la anteriormente constituida Philip Morris España, SA.

La verdadera diversificación se dio con Cándido Velázquez, en 1987, extendiendo su actividad tanto a áreas del ámbito del tabaco como ajenas al mismo, dirigiéndose a tres sectores: tabaco en rama, distribución y alimentación. Su presidente entendía que era la única forma de garantizar la expansión y la rentabilidad a largo plazo de la Compañía ante el reto competitivo del Mercado Único Europeo. Alguna de las adquisiciones o constituciones, como el caso de la Compañía Española de Tabaco en Rama (CETARSA) fue consecuencia de los compromisos exigidos a España por la integración en la CEE y a la obligación de proceder a un ajuste del viejo Monopolio en la compra de tabaco. La inversión llevada a cabo por Tabacalera llegó a los 35.000 millones de pesetas, pasando a formar uno de los principales grupos de alimentación españoles.

Un resumen de las empresas participadas por Tabacalera a 31 de diciembre de 1989 la encontramos en el cuadro siguiente, llegando el volumen de las

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inversiones financieras a 43.249 millones de pesetas (el 57% del inmovilizado y el 27% del activo total de la sociedad).

Sin embargo, esta estrategia duró poco y a principios de los noventa se volvió a la concentración mayoritaria en el negocio del tabaco, fundamentalmente porque la rentabilidad de las sociedades no fue la prevista. Bajo la presidencia de Germán Calvillo se decidió cambiar el rumbo, siguiéndose con la reordenación del sector tabaquero canario.

No obstante, continuó un proceso de adquisiciones y ventas, que hizo que en 1992, lejos de disminuirse la dimensión del grupo, se llegara en inversiones financieras permanentes a 61.292 millones de pesetas.

Participaciones de Tabacalera en tabaco y distribución mayorista

Tabaco Productos terminados Materias primas

Cigarcanaria (100%)

Philip Morris España, SA

(50)%

Tabacanaria (55,8%)

Cetarsa (20,8%) Compañía de Filipinas, SA (33,4%)

Distribución mayorista y otros tabacos SVA (75%) Tabapack (100%) Interprestige

(100%) Tabacmesa (50%) Tabatrade

(100%)

Participaciones de Tabacalera en alimentación y distribución minoritaria agroalimentaria Agroalimentario

Carcesa (100%)

Fridarago (99,99%)

Lactaria Española, SA (100%)

Grupo Nabisco España (100%)

Coifer (50%)

Coisa (100%)

Jabugo-S R Carvajal (11,58%)

Nabisco Brands

Portugal (99,99%)

Distribución minorista agroalimentaria Dirsa (75,06%) Sebastián de la Fuente (99,7%)

Participaciones en otros negocios

Hebra Promoción e Inversiones

(100%)

Darsa Gaditana (89,7%)

Red Areas Parque

(11,39%)

Eagle Star Gestora Fondos de

Pensiones (49%)

Botafogo (33,33%)

Tabapress (80%)

Fuente: Comín y Martín (1999a)

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Con la llegada de D. Pedro Pérez a la presidencia en 1993 se estableció una nueva política, la de desinversión de aquellos sectores no considerados estratégicos, en compañías cuya aportación al beneficio consolidado venía siendo negativa. Las operaciones más importantes fueron las de participar de forma directa o indirecta en el negocio tabaquero, ya sea de elaboración o de materias primas. Las principales desinversiones se produjeron en 1995. Para esta fecha la inversión en empresas del grupo ascendía a 8.586 millones de pesetas (el 10,5% del inmovilizado); con empresas asociadas se llega a 32.478 millones de pesetas (la mitad de 1992); en definitiva un fuerte proceso de desinversión, llegándose en 1996 prácticamente a centrarse en el negocio del tabaco. Para el ejercicio 1995, del total de las ventas brutas (779.098 millones de pesetas), el 80% corresponden al tabaco, el 15% a la distribución del timbre, siendo el resto otras líneas de negocio; ello mejoró sensiblemente la rentabilidad.

También Tabacalera trató de consolidar los acuerdos firmados con Philip Morris y R.J. Reynolds, con objeto de fabricar, bajo licencia, las principales marcas de cigarrillos de estas compañías, así como obtener la distribución en la Península de estas labores, aunque se produjeran en otros países de la UE. Por su parte, Tabacalera amplia su presencia en mercados exteriores.

Durante este período la evolución del sector tabaquero se ve condicionada por una serie de factores, que marcan la trayectoria de Tabacalera: (i) notable incremento de la competencia; (ii) necesaria armonización fiscal exigida por el ingreso en la Comunidad Europea, lo que hace que se acentúen los precios103 y, con ello, el contrabando, llegando a ser en algunos momentos entre el 20 y el 25% del negocio; y (iii) presión de los grupos antitabaco y legislación prohibitiva sobre la publicidad activa de nuevas marcas. De todas estas dificultades queda constancia en las Memorias de estos años y demás declaraciones de los presidentes. En ellas se reconoce el “cambio de entorno” provocado por la entrada de España en la CEE, que hizo que se llevara a cabo una adaptación llena de dificultades.

La disminución en el consumo de las marcas de Tabacalera es ocupada por el aumento de las marcas de las grandes multinacionales, especialmente

103 La presión fiscal pasa del 49,4% en 1986 al 65,1% en 1995.

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Marlboro y Winston. La evolución del negocio del tabaco hace que desde 1986 a 1995 se produzca una disminución de la plantilla de 1.481 trabajadores. Fruto de ello fue la elevación de la productividad de 1.186 cigarrillos/día y persona a 1.543 cigarrillos/día y persona. En este período, no obstante, excepto por la recesión de 1993 (en el que los aumentos de la fiscalidad provocaron un importante descenso de las ventas, que pronto empezó a recuperarse), se produce una evolución ascendente de las ventas y de los resultados.

El año 1993 fue especialmente negativo en la vida de la empresa, ya que los resultados pasaron de 18.600 millones de pesetas a sólo 4.100 millones. Ello hizo reorientar el negocio hacia el tabaco, de donde procede la parte más importante de los ingresos. Ello, junto con la racionalización de la estructura corporativa y los planes de reconversión y ajuste laboral, lograron que los resultados volvieran a crecer espectacularmente. La recuperación del bienio 1994-95 tuvo una importante influencia en la cotización de las acciones, muy por encima de la evolución del IBEX-35.

La Ley 38/1985, del Monopolio Fiscal de Tabacos, no eliminaba totalmente el carácter monopolista del negocio de Tabacalera, SA, al quedarle reservadas algunas áreas. Las necesidades impuestas por los principios de un mercado sin fronteras y la política de privatización de empresas públicas seguida por el Gobierno dan lugar a modificaciones fundamentales en Tabacalera y el mercado del tabaco. Ello hace que se extienda el régimen que rige para los países comunitarios desde 1986 a los elaborados de tabaco originarios de otros países. En esta nueva etapa el Estado deja de ser interventor, para convertirse en un mero regulador y vigilante que garantice los criterios de neutralidad y de libertad de empresa. Para ello, se aprueba la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de ordenación del mercado de tabaco y normativa tributaria. A partir de esta norma sólo queda, con carácter monopolista el comercio al por menor de labores en favor del Estado, a través de la red de Expendedurías de tabaco y timbre, para continuar así teniendo concepto de servicio público, con un control por parte del Estado de un producto con importante repercusión aduanera y tributaria. Queda prohibida la realización de actividades de promoción por parte de los fabricantes, importadores o mayoristas. También por esta Ley se crea el Comisionado

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para el Mercado de Tabacos, como organismo autónomo, que sustituye a la Delegación del Gobierno en el Monopolio de Tabacos.

De la misma importancia, como las normas que regulan el nuevo mercado de tabacos, es el proceso de privatización de Tabacalera, que se inserta en la política llevada a cabo por el Gobierno. El Consejo de Ministros de 27 de marzo de 1998, autorizó la venta del paquete de acciones que el Estado tenía en Tabacalera (el 52,36%), realizando una Oferta Pública de Venta de acciones, que tuvo una excelente acogida en el mercado de capitales.

En los últimos años las líneas estratégicas de Tabacalera vuelven a cambiar para reorientarse a la especialización y liderazgo en el sector. Para ello, se producen adquisiciones de productoras y distribuidoras de tabaco en Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe. También en esta línea se inscriben los acuerdos establecidos con la empresa francesa SEITA para realizar operaciones en común.

Después del espectacular incremento de los beneficios que se produce desde 1993, en 1996 se experimentó una fuerte caída, para volver a recuperarse en un solo año. Por otra parte, hay que indicar que las acciones de Tabacalera se triplicaron entre 1993 y 1997.

En definitiva, la entrada de España en la UE, a partir de 1 de enero de 1986, supuso un cambio institucional del Monopolio fiscal, suprimiéndose la Renta de tabacos y apareciendo un impuesto especial sobre las labores del tabaco y el IVA. Ello trajo como consecuencia:

- Un incremento importante de la presión fiscal, lo que implica un encarecimiento de las labores del tabaco y un gran aumento del contrabando.

- Gran competencia, con una pérdida de la cuota de mercado de las labores de Tabacalera.

- Descenso del consumo del tabaco, por: (i) el comentado incremento de los precios; (ii) prohibición parcial de la publicidad; y (iii) generalización de las campañas antitabaco.

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2.4. CONSIDERACIONES FINALES

El primer arrendamiento exitoso para la Hacienda Pública de la gestión de la Renta de tabacos a una empresa privada es el realizado en 1887 con la Compañía Arrendataria de Tabacos, ya que con anterioridad las experiencias de arrendamiento habían fracasado en sus inicios, e incluso antes de haberse llevado a la práctica.

Del análisis de los distintos contratos celebrados entre el Estado y las empresas encargadas de la gestión del Monopolio de Tabacos y demás Servicios Anejos, la Compañía Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S.A., además de la información disponible en las Memorias de ambas sociedades, podemos concluir que el Estado –principal-, en esta relación contractual, establece un gran control sobre las empresas gestoras –agente-. Control que se da en todo el período de arrendamiento, aunque en algunos contratos la intervención estatal queda más relajada.

El Gobierno quiere controlar minuciosamente todas las decisiones tomadas por la Arrendataria (en productos, precios, adquisiciones, obras, etc.), fundamentalmente por la repercusión que el negocio del tabaco tiene para las arcas del Tesoro, así como para salvaguardar en todo momento el interés público frente a los intereses particulares de las empresas gestoras. Excesivo control que puede explicarse porque con anterioridad los arrendamientos realizados por el Estado se habían caracterizado por comportamientos oportunistas, fraudulentos e incumplimientos por parte de las empresas arrendatarias, debido al escaso control que la Hacienda ejercía sobre los mismos (Rodríguez Gordillo, 1984; López Linaje y Hernández Andreu, 1990).

En el caso de la CAT, hasta 1900 logra cierta autonomía en su gestión empresarial104, que pierde a partir del contrato de 1900, cuando la intervención estatal fue incrementándose con el paso de los años. Sin embargo los elevados cánones y condiciones estrictas que desde los inicios 104 El contrato más beneficioso para la CAT, de todos los celebrados, es el de 1896 por: el alargamiento que se concede en el plazo del arriendo, el Estado participa tanto en los beneficios como en las pérdidas (primera y única vez), puede crear nuevas labores sin necesidad de contar con la autorización previa del Gobierno (única vez), prácticamente todos los gastos son imputados a la liquidación de la Renta de tabacos y mejoran las condiciones del timbre.

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estableció el Estado a la empresa gestora, obligaron a la compañía a mejorar la gestión, diversificar la oferta y bajar los precios (cuando el Estado lo permitía), mejorar las técnicas para reducir costes, realizar inversiones, etc.; que redundaron en una mejora de los resultados empresariales alcanzando cifras hasta el momento desconocidas por los gestores anteriores, tanto públicos como privados. Con la creación de Tabacalera, SA. la situación de intervención no varía, no hay ruptura con el pasado, siendo el principal beneficiario del nuevo arrendamiento el Estado que amplía sus facultades para controlar la administración de la compañía105.

Por otra parte, estamos de acuerdo con Comín (1996) en el hecho de que aunque el Monopolio del Tabaco, desde 1887, haya sido gestionado por sociedades privadas, esto no significa que desapareciesen todos los problemas de gestión. Las interferencias políticas tuvieron un gran efecto en la gestión realizada, fundamentalmente por el excesivo control ejercido por el Estado; porque cualquier cambio que se producía en la Hacienda llevaba a modificaciones en el personal directivo de la compañía (cada vez que hay un cambio de partido político en el Gobierno, es sustituido el presidente de la CAT por otro acorde con la nueva ideología que gobierna el país), y porque las presiones estatales obligaban a la realización de tareas sociales y políticas, apartándolas de los objetivos propiamente empresariales que estas empresas perseguían.

Tras el análisis de los distintos contratos celebrados entre el Estado y las empresas encargadas de la gestión del Monopolio del Tabaco (CAT y Tabacalera), entendemos que no se cumplen todas las condiciones que en opinión de Gago (1996) deberían darse para considerar cada contrato como un “buen acuerdo contractual”, fundamentalmente porque: (i) no siempre se hacen de mutuo acuerdo; algunos de los contratos se firman sin negociación por parte de la Arrendataria (contrato de 1900 y contrato de 1921); y (ii) entendemos que no son “justos, equitativos e imparciales”, ya que el gran beneficiario en todos los celebrados es el Estado. Las bases de los contratos de arrendamiento en general son bastante perjudiciales para las empresas 105 A menudo, objetivos políticos, tales como el mantenimiento del empleo o el desarrollo regional, provocan la injerencia del Estado en la gestión de las empresas privatizadas. El Estado puede exigir la realización de unas determinadas inversiones, el mantenimiento de determinadas condiciones de empleo, etc. (Macías, 2000:170).

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gestoras. Es el caso del primer contrato de arrendamiento entre el Estado y la CAT (1887), perjuicio manifestado desde sus inicios, en especial el elevado canon anual establecido (90 millones de pesetas), las continuas autorizaciones necesarias para realizar cualquier tipo de política empresarial, así como la posibilidad de rescisión del contrato por parte del Estado sin necesidad de expresar motivo alguno. Por el contrario, la condición que sí se cumple en todos los contratos es que aparecen claramente especificados todos los derechos y obligaciones de las partes contratantes, aunque son más detalladas las obligaciones de las empresas gestoras.

El control estatal sobre las actuaciones de las empresas gestoras se realiza a través de diversos mecanismos: (i) contratos muy detallados, con todos los derechos y obligaciones de cada parte, así como las sanciones en caso de incumplimiento (ver tabla 2 y 3106); (ii) remuneración a las arrendatarias en función de los resultados obtenidos (ver tabla 1107); (iii) mecanismos de supervisión y control del comportamiento, para lo cual el Estado crea la figura del Delegado del Gobierno, órgano que tiene pleno derecho para visitar todos los establecimientos del Monopolio y hacer las revisiones que estime oportunas. Además del poder de control, tiene poder de decisión e incluso de veto sobre los acuerdos que tome el Consejo de Administración, si los considera perjudiciales para los intereses estatales; y (iv) los estados financieros; la contabilidad, como sistema de información es uno de los principales instrumentos de que dispone el principal para controlar el comportamiento del agente (Moore, 1981; Eisenhardt, 1989), según la corriente positivista de la teoría; en particular la información que aparece en los estados financieros que periódicamente elaboran las empresas (Carrasco, 1987a). Tras el arrendamiento del Monopolio del Tabaco a la CAT, la contabilidad se convierte en un instrumento clave para el control por parte del Estado sobre la Arrendataria. Las Memorias elaboradas anualmente por la CAT, y con posterioridad por Tabacalera, son consideradas por la Hacienda como fundamentales para conocer la gestión realizada, a pesar de

106 En las tablas 2 y 3, al final de este apartado, aparecen los principales aspectos que recogen el primer contrato entre el Estado y la CAT (tabla 2) y el Estado y Tabacalera (tabla 3); además de las modificaciones más relevantes de las siguientes renovaciones contractuales. 107 Aunque en las tablas 2 y 3, al final de este apartado, ya aparecen especificadas las remuneraciones percibidas por el Estado y la empresa arrendataria hemos creído conveniente especificarlas con mayor detalle en la tabla 1.

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disponer de otros instrumentos como la ya comentada Delegación del Gobierno en la Compañía. De hecho, el canon que la Compañía recibe del Estado, éste lo determina a partir del resultado contable.

Tabla 1. Remuneración recibida por arrendador y arrendataria por la Renta de tabacos

CONTRATOS

ESTADO

EMPRESA GESTORA

1887

Canon fijo anual, variable por trienios: 90 millones de pesetas (primer trienio). El 50% del exceso del producto líquido sobre el canon.

El 50% del exceso del producto líquido sobre el canon.

1892

Canon fijo anual: 90 millones de pesetas. En lo que exceda el producto líquido al canon: el 50% entre 90 y 96 millones de pesetas, el 60% entre 96 y 100 millones de pesetas y el 65% a partir de los 100 millones.

En lo que exceda el producto líquido al canon: el 50% entre 90 y 96 millones de pesetas, el 40% entre 96 y 100 millones de pesetas y el 35% a partir de los 100 millones.

1896

Canon fijo anual: 95 millones de pesetas. En lo que exceda el producto líquido al canon: el 50% entre 95 y 100 millones de pesetas, el 60% entre 100 y 110 millones de pesetas, el 70% entre 110 y 120 millones de pesetas y el 80% a partir de los 120 millones.

En lo que exceda el producto líquido al canon: el 50% entre 95 y 100 millones de pesetas, el 40% entre 100 y 110 millones de pesetas, el 30% entre 110 y 120 millones y el 20% a partir de los 120 millones.

1900

Sobre el producto líquido: 95% hasta 120 millones de pesetas, 90% entre 120 y 150 millones de pesetas y 95% a partir de los 150 millones.

Sobre el producto líquido: 5% hasta 120 millones de pesetas, 10% entre 120 y 150 millones de pesetas y 5% a partir de los 150 millones.

1909

Sobre el producto líquido: 95% hasta 140 millones de pesetas, 90% entre 140 y 160 millones de pesetas y 95% a partir de los 160 millones.

Sobre el producto líquido: 5% hasta 140 millones de pesetas, 10% entre 140 y 160 millones de pesetas y 5% a partir de los 160 millones.

1921

Sobre el producto líquido: 97% hasta los 150 millones de pesetas, y el 96% en lo que exceda de 150 millones de pesetas. Además el Estado participa en los beneficios de la Compañía, si superan el 10% de su capital social.

Sobre el producto líquido: 3% hasta los 150 millones de pesetas, y el 4% en lo que exceda de 150 millones de pesetas.

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1945

Productos nacionales: 92,25%. Labores importadas: 98,50%. Efectos timbrados, cerillas y papel de fumar: 99%. Impuestos: 100%

Productos nacionales: 7,75%. Labores importadas: 1,50%. Efectos timbrados, cerillas y papel de fumar: 1%. Impuestos: gratuito. Interés garantizado a las acciones de la serie A: 3%.

1971

Productos nacionales: 100%. Labores importadas: 98,50%. Efectos timbrados, cerillas y papel de fumar: 99%. Impuestos: 100%

Productos nacionales: Nada. Labores importadas: 1,50%. Efectos timbrados, cerillas y papel de fumar: 1%. Impuestos: gratuito.

Fuente: Elaboración propia.

En los planteamientos más generalizados de la Teoría de la Agencia, se entiende que en general el principal es el que soporta la mayor parte del riesgo. Consideramos que en nuestro estudio, el agente -la Compañía Arrendataria de Tabacos y posteriormente Tabacalera, S.A., pero fundamentalmente la primera- asume mayor riesgo en el arrendamiento del Monopolio de Tabacos, debido a que la compañía es creada exclusivamente para la gestión del Monopolio de Tabacos y en caso de cualquier problema, inconveniente o conflicto, el Estado –principal- puede anular el contrato. Contrato que se entiende puede mantenerse si se cumplen las condiciones del mismo y si los resultados son satisfactorios para la Hacienda. En caso contrario, o por cualquier causa que la Administración entienda justificada, puede rescindirse, y arrendar el Monopolio a otra compañía, u optar por otra fórmula como la administración directa. Además el Estado, por lo general, sólo participa en los beneficios, incluso en algunos contratos los gastos son en una proporción considerable a cargo de la Arrendataria.

Por tanto, en nuestro caso se cumple una de las principales críticas de que ha sido objeto la Teoría de la Agencia: el hecho de que los agentes son adversos o neutrales al riesgo y que el principal es el que asume la mayor parte del mismo. Entendemos que en este estudio son las empresas gestoras las que asumen más riesgo.

Según la Teoría de la Agencia, es el agente el que se comporta de un modo oportunista. En nuestro caso consideramos que es el principal, el Estado, el que tiene un comportamiento oportunista durante todo el arrendamiento, aprovechando en variadas ocasiones el poder que tiene al ser el titular del Monopolio, imponiendo las condiciones que entiende oportunas para el

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correcto desarrollo del negocio. De hecho, destaca que algunos contratos sean firmados sin haberse negociado previamente con la empresa gestora.

Estamos de acuerdo con los autores que sostienen la necesidad de relajar algunas de las proposiciones de la Teoría de la Agencia, entre otras, extender el comportamiento oportunista también al principal, y considerar que el agente también puede soportar una parte importante del riesgo (p.e. Wright et al., 2001).

Consideramos que en nuestro estudio se cumplen los dos postulados que Eisenhardt (1989) enuncia para la corriente positivista de la Teoría de la Agencia: (i) cuando el principal tiene información para verificar el comportamiento del agente, el agente es más probable que se comporte en interés del principal; y (ii) cuando el contrato entre principal y agente está basado en el resultado, el agente es más probable que se comporte en interés del principal.

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CAPITULO III

UNA APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LOS STAKEHOLDERS. LOS

EMPLEADOS EN LAS EMPRESAS GESTORAS DEL MONOPOLIO

DEL TABACO

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Una aplicación de la Teoría de los Stakeholders. Los empleados en las empresas gestoras del Monopolio del Tabaco

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3.1. MARCO TEÓRICO: TEORÍA DE LOS STAKEHOLDERS

3.1.1. Introducción

La palabra stakeholders agrupa a diferentes colectivos que por motivos diversos se encuentran interesados en la información económico-financiera, social, cultural, medioambiental o de cualquier otra clase que elabora la empresa.

De las diferentes definiciones de stakeholders existentes108 destacamos la dada por Freeman (1984:25), “aquellos grupos o individuos que pueden afectar o lo están por el logro de los objetivos de la entidad”. Similar a la anterior es la definición de Johnson y Scholes (2001:193), “aquellos individuos o grupos cuyos objetivos dependen de lo que haga la organización y de los que a su vez depende la organización".

El propio concepto de stakeholders ha ido evolucionando con el paso del tiempo. En un principio englobaba a aquellos grupos que tenían intereses en la organización y de los que a su vez ésta dependía para su supervivencia. El término se ha ido ampliando, considerándose en la actualidad a cualquier colectivo interesado en la empresa o que pueda verse afectado por su actividad. Con la globalización de la economía y el incremento de la competencia, los stakeholders cada vez ocupan un papel más relevante en las sociedades, aumentando al mismo tiempo sus exigencias.

Se trata de un concepto que en castellano se equipara con el de grupo de interés. Entre los colectivos de interés o stakeholders para una organización se encuentran: propietarios (actuales y potenciales); empleados y representantes; clientes y otros deudores; proveedores y otros acreedores; administración pública y la sociedad en general109.

108Algunas de las principales definiciones que se han dado sobre este concepto pueden verse en el trabajo de Mitchell et al. (1997:858) en el que se realiza una recopilación extensa. 109 En los marcos conceptuales de AECA (1999), IASB (1989), FASB (1978, 1980a, 1980b, 1980c, 1984, 1985, 1991, 1999 y 2000) y en las NIC (IASB, 2001), los denominados stakeholders son llamados usuarios de la información financiera.

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Capítulo III

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La Teoría los Stakeholders aparece a mediados de los ochenta como respuesta de la organización ante un entorno que sufría grandes e inesperados cambios110. Fue formalizada por Freeman (1984) y desarrollada por Cornell y Shapiro (1987). Al estudio de los intereses particulares que cada uno de los diferentes colectivos tiene o pueda tener para la organización se dedica la Teoría de los Stakeholders. Teoría que establece que la entidad que realice acciones encaminadas a satisfacer los intereses informativos de los diferentes colectivos interesados, incrementará su valor. Para lo cual, es primordial el mantenimiento de unas relaciones óptimas con estos grupos, que serán la base de una ventaja competitiva y diferenciadora en los mercados. En esta teoría existe un único objetivo, la supervivencia, que se consigue atendiendo numerosos intereses particulares. Collins y Porras (1994) destacan que se trata de una teoría que trasciende el nivel teórico, aplicándose en la práctica empresarial. Estos autores destacan la importancia de basar la estrategia en relaciones de colaboración con los stakeholders. Según Lorca y García (2002) “la teoría de los stakeholders considera que las empresas deben orientarse en su proceso de reflexión estratégica a la adecuada medición y gestión de sus competencias esenciales, teniendo en cuenta los intereses de todos los stakeholders, puesto que la satisfacción óptima de los mismos representa la parte más importante del capital intangible de la firma, y además es esencial para incrementar su valor”.

De acuerdo con esto, la organización que tenga en cuenta las necesidades informativas de los stakeholders más significativos con los que interactúa tendrá una ventaja competitiva importante. A este respecto, de la obra de Freeman (1984) parece deducirse la necesidad en la persistencia de información que se debe suministrar a los distintos stakeholders que la empresa define de forma sistemática. Lorca (2003:52) afirma que “la satisfacción óptima de éstos representa la parte más importante del capital intangible de la firma y es fundamental para garantizar la supervivencia”. El objetivo está en buscar el modo más adecuado para mejorar las relaciones con cada uno de los colectivos de su interés.

110 Ante la insuficiencia de los modelos tradicionales para dar respuesta a los conflictos que presentaba un entorno que sufría cambios sin precedentes, se desarrolló la Teoría de los Stakeholders como una nueva visión de la empresa.

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Una aplicación de la Teoría de los Stakeholders. Los empleados en las empresas gestoras del Monopolio del Tabaco

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Algunos de los autores que se han dedicado al estudio de la Teoría de los Stakeholders son: Freeman (1984), Cornell y Shapiro (1987), Donaldson y Preston (1995), Atkinson et al. (1997), Mitchell et al. (1997), Frooman (1999), Harrison y Freeman (1999), Berman et al. (1999), Johnson y Scholes (2001).

Freeman y McVea (2001) destacan las siguientes características del marco teórico que nos ocupa:

Proporciona un marco estratégico único, por lo que no hay que acudir a nuevos paradigmas estratégicos.

Es un proceso de dirección estratégica, más que de planificación.

Su principal objetivo es la supervivencia de la organización.

Apuesta para que la sociedad implante estrategias mirando hacia fuera, identificando todas las relaciones que le aseguraran el éxito para el futuro.

Es un enfoque tanto descriptivo como prescriptivo.

Considera que el origen de una buena estrategia empresarial está en lo específico más que en lo general y específico.

Se exige una aproximación integral al proceso de toma de decisiones estratégicas.

Cada vez es más importante el papel que ocupan los stakeholders en la sociedad. Algunos de los factores que explican el creciente poder de los stakeholders en la organización son expuestos por Scholes y Clutterbuck (1998): (i) la globalización, (ii) el alza del inversor profesional, (iii) el alza del cliente sofisticado, (iv) el alza de los empleados autorizados, (v) la información revolucionaria, (vi) la creciente conciencia de la influencia de los negocios en la sociedad, (vii) el deseo de las organizaciones por influir en la sociedad, y (viii) el soporte del gobierno.

Caballero (2001) divide en cuatro fases las actuaciones que las empresas realizan con respecto a los stakeholders:

- Identificación de los grupos de interés que afectan o pueden afectar a la empresa; conocidos como estratégicos.

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- Jerarquización del poder de cada grupo. Esta tarea conlleva una gran dificultad. Según Álvarez (1999), los stakeholders ocupan el siguiente orden de interés dentro de las empresas: empleados y directivos, clientes, propietarios, proveedores y, por último, el resto de grupos.

- Alineación de los valores de la empresa con los de los stakeholders.

- Comunicación con los stakeholders.

Estamos de acuerdo con Lorca (2003:54) en que una organización excelente deberá “promover e impulsar adecuadas relaciones de colaboración con los distintos grupos de stakeholders, buscando su correcta satisfacción como medio esencial para aumentar su activo inmaterial y, en definitiva, para maximizar el valor de la firma a medio y largo plazo”.

3.1.2. Stakeholders de interés para la organización

Los stakeholders de interés no tienen por qué coincidir en todas las entidades, de hecho no lo hacen. En función de las características de cada organización pueden variar; incluso dentro de una misma empresa puede ir cambiando en cada período la relevancia otorgada a cada colectivo. Por ello, en cada momento la organización debe conocer aquellos stakeholders que le interesa satisfacer en mayor medida.

Además de estas relaciones bidireccionales entre la organización y cada grupo de interés, no se deben ignorar las interrelaciones que se producen entre los propios stakeholders, las cuales han de ser tenidas en cuenta por la empresa. Estas relaciones, tanto entre la organización y cada grupo como entre los grupos entre sí, dependen de las circunstancias específicas que concurren en cada momento (Caballero, 2002).

La información que la sociedad proporcione para cada grupo de interés se convierte en una herramienta clave que permitirá asegurar la supervivencia empresarial e incrementar el valor de la organización. Para el logro de este objetivo es imprescindible un conocimiento preciso de las necesidades informativas de cada uno de estos colectivos.

La tarea de determinar los intereses de los diferentes stakeholders no es nada fácil. Entre los trabajos que se han realizado para el entorno español,

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dedicados al análisis del tipo de información que demandan los principales stakeholders, destacan: Labrador (1997), Álvarez (1999), Caballero y García-Pintos (2001), Caballero (2001), Lorca y García (2002), Nevado y López (2002) y Castilla (2002). La conclusión general de estos estudios es que suele tratarse de información que no aparece en los estados económico-financieros111.

En opinión de Nevado y López (2002), el que las empresas proporcionen información de este tipo es beneficioso para todos los usuarios en general. Las organizaciones que atienden las solicitudes informativas de los diferentes stakeholders generan unas relaciones de confianza que son la base para la supervivencia empresarial y la creación de valor, a través de los vínculos que se establecen en la Teoría de los Stakeholders.

Existen diferentes clasificaciones de stakeholders. Frooman (1999), siguiendo a Goodpaster (1991), los divide en dos grandes grupos: estratégicos, son aquellos que afectan al funcionamiento de la empresa y por tanto deben ser considerados por ésta en su gestión; y morales, son los que resultan afectados por las decisiones de la empresa. En este caso el objetivo perseguido es el logro de un adecuado equilibrio de intereses. Donaldson y Preston (1995) los dividen en: del ámbito interno a la empresa, socios y empleados; y del ámbito externo a la empresa, todos aquellos colectivos que se relacionan con la entidad, como clientes, proveedores, administración y sociedad en general. Por su parte, Atkinson et al. (1997) los clasifican en: del entorno, como los clientes, accionistas y sociedad en general; y del proceso, como los empleados y los proveedores. Son los grupos considerados estratégicos para la organización los más relevantes y sobre los que las empresas dedican mayores esfuerzos en satisfacer sus expectativas.

Las grandes empresas suelen conceder especial atención a los siguientes colectivos: empleados –el contar con trabajadores con conocimientos adecuados para el desempeño de sus funciones-; clientes –satisfacer al cliente y gozar de una buena reputación en el mercado-; y sociedad en general –contar con el reconocimiento social-. Sobre estos stakeholders estratégicos la organización realizará las acciones que estime oportunas para reforzar sus 111 Al analizar las demandas informativas de estos colectivos se observa que la información que suele interesarles en general es de naturaleza intangible. De ahí que algunos autores se planteen otros instrumentos informativos como la divulgación voluntaria.

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relaciones de confianza. Por lo tanto, según la Teoría de los Stakeholders, las organizaciones que mantengan unos buenos vínculos con los colectivos que son de su interés lograrán resultados más satisfactorios, fruto de la ventaja competitiva que consiguen con esta actuación.

En el entorno actual, caracterizado por una gran competencia en los mercados, las empresas tienen que satisfacer las demandas de todos los usuarios interesados, tanto los internos –accionistas, directivos, trabajadores-, como los situados en el entorno –clientes, proveedores, administración pública, sociedad-. Para Caballero y García-Pintos (2001:380) depende “el éxito futuro de la capacidad de aprovechar estas relaciones y los conocimientos que éstas conllevan, los cuales se verán favorecidos en la medida en que los intereses de todos los grupos sean satisfechos”.

Las diferentes necesidades de los stakeholders interesados en una sociedad no pueden ser cumplidas con una única actuación por parte de la entidad. De ahí que algunos autores hayan establecido un orden de prioridad para atender las demandas informativas de todos estos grupos de presión. Álvarez (1999) coloca a los diversos grupos de interés como se indica a continuación.

En primer lugar sitúa a directivos y empleados, considerados el principal colectivo, que con una correcta satisfacción proporcionan valor a la entidad, mediante la gestión e innovación empresarial. Hay que tener presente que en los últimos años el factor humano ha cobrado una relevancia especialmente significativa para las organizaciones. En opinión de Mulder (1998) las empresas deben poner acento en el activo más valioso con el que cuentan: el talento de las personas. Para Sveiby (1997) se trata de un activo intangible no incluido en las cuentas financieras, pero que se debe medir y gestionar. Según Caballero y García-Pintos (2001) es “el grupo stakeholder favorecedor de la comunicación y satisfacción de los intereses del resto”.

El principal interés de los trabajadores en la empresa es la continuidad de la actividad en el futuro, lo que les asegura su supervivencia, por lo que solicitan información que les permita conocer la situación económico-financiera de la entidad, sus resultados, así como la capacidad de ésta para hacer frente a sus remuneraciones.

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La empresa puede desarrollar actividades de diversa índole, como: programas de formación, sistemas de remuneración, participación en los beneficios, programas de contratación, inversión destinada al área, respeto a sus derechos laborales, planes de pensiones, etc., que permiten a este grupo un conocimiento de las actuaciones presentes y futuras de la organización hacia los mismos, lo que incrementa su motivación. Además estarán interesados en cualquier otra información que la empresa haga pública y que les afecte directa o indirectamente: adecuadas condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, características de las instalaciones, actividades sociales, culturales, etc.

En este apartado nos parece adecuado incluir también a los sindicatos, cuyo principal cometido es la defensa de los intereses de los trabajadores. Se trata de un grupo que puede tener una gran fuerza en la empresa, pudiendo llegar a participar en la toma de decisiones. Los empleados estarán afectados por las negociaciones que se alcancen en los convenios colectivos; convenios que suelen negociarse por los representantes sindicales.

El segundo puesto lo ocupan los clientes, grupo clave para el reconocimiento y prestigio empresarial, con quienes deben mantenerse unas relaciones de confianza satisfactorias que fortalezcan los vínculos establecidos. Este colectivo está interesado en conocer si la empresa estará en condiciones de seguir proporcionando el producto adecuado para sus necesidades, en el período establecido y con las condiciones pactadas. La solución a las demandas de este grupo se consigue desarrollando productos de alta calidad, siendo líderes en investigación y desarrollo, adelantándose incluso a sus requerimientos; son algunas de las acciones más adecuadas para conseguir los lazos anteriores (Rojas et al. 2000); en caso contrario éstos cambiarán de proveedor.

Son diversos los trabajos (Davidson y Worrell, 1992; Sougiannis, 1994; Foster y Gupta, 1997) que han puesto de manifiesto cómo la satisfacción de los clientes, por las medidas adoptadas por la dirección, ha afectado positivamente a la entidad, incrementándose el valor empresarial.

En este apartado es fundamental conocer a los clientes que interesa mantener y aquellos que no son rentables y deberían descartarse. Hope (1998) realiza un estudio sobre clientes estratégicos, rentables y leales, que son los que a la

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empresa les interesa retener. Los estratégicos son aquellos que la empresa mejor conoce, se anticipa a sus necesidades, conoce sus motivos de compra, esforzándose en incrementar el valor que les ofrece. A los leales es preciso satisfacer para mantener la fidelidad a largo plazo, siendo los causantes del futuro éxito financiero de la organización. Con respecto a los clientes rentables, a la empresa les interesa conocerlos y centrarse en su satisfacción. En el estudio de Hope (1998) se revela que aproximadamente el 25% de los clientes producen el 50% de las ventas y generan el 75% del beneficio.

Edvinsson y Malone (1999) señalan que la empresa debe llegar al servicio total al cliente, destinando para ello los recursos y herramientas tecnológicas necesarias que mantengan a la clientela satisfecha el mayor tiempo posible.

Siguiendo con la clasificación de Álvarez (1999), en tercer lugar coloca a los accionistas o propietarios, tanto los actuales como también los potenciales. Constituyen un grupo heterogéneo (Beaver, 1989; Labrador, 1997), que solicitan información con el objetivo de conocer la marcha de la entidad, cualquier actuación por parte de la gerencia que afecte a los resultados, y poder evaluar la rentabilidad y riesgo de su inversión. El cumplimiento de las expectativas de los accionistas de la firma, a través de dividendos e incremento del valor de sus participaciones, es fundamental para la entidad, debido a que son agentes claves en el proceso de captación de fondos (Lorca y García, 2002). Suelen estar más interesados en las perspectivas de futuro que en la situación en un momento determinado. El no tener en cuenta sus intereses al establecer la estrategia empresarial puede suponer graves consecuencias para el futuro de la entidad.

En el cuarto puesto sitúa a los proveedores y otros acreedores, quienes necesitan conocer datos sobre la estabilidad y solvencia empresarial para seguir manteniendo relaciones futuras con la sociedad. Para poder adecuar su oferta a la demanda de la empresa es preciso que conozcan la política de aprovisionamiento, calidad, tiempos de espera de sus clientes, etc. Contar con una adecuada colaboración puede ser esencial, llegando a crearse incluso una importante ventaja competitiva para la sociedad. Laseter et al. (1996) señalan que los proveedores pueden crear valor tanto mediante la innovación de productos como a través de una mayor integración en el proceso de fabricación y distribución. Con este grupo, la sociedad no debe

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conformarse con conseguir productos de calidad, a buen precio y en los plazos establecidos, sino lograr incluso su participación en el diseño de nuevos productos. En opinión de Johnson y Scholes (2001) es el grupo más desprotegido del proceso comercial. Éstos tendrán diferente poder de negociación en función del volumen de compra, del número de proveedores con los que trabaje la empresa, concentración del sector, etc.

Entre los principales acreedores de la empresa se encuentran las entidades financieras, que son la principal vía que éstas utilizan para captar recursos. El principal interés que este grupo tiene es el conocimiento de la capacidad de la sociedad para hacer frente a sus obligaciones de pago. Suelen emplear los estados contables para su toma de decisiones sobre concesión de préstamos, en especial la información referida a capacidad de autofinanciación y endeudamiento (Anson et al., 1994, 1996). Este colectivo incluso puede entrar en conflicto de intereses con otros agentes, en general con accionistas y gerentes, al realizar estos últimos determinadas actuaciones que les perjudica en beneficio de los propietarios112 (Labrador, 1997).

En el último escalón, el resto de stakeholders, que de un modo u otro estén interesados en la organización. Demandan información muy diversa, especialmente de índole social, cultural, actuaciones concretas de la empresa con respecto a la protección del medio ambiente, desarrollo local, creación de empleo, reducción de los costes sociales, etc. Nos parece oportuno hacer una breve referencia a algunos de los colectivos situados en este grupo.

El Estado: sus principales vías de influencia son a través de la emisión de normas y leyes de obligado cumplimiento y sanciones en caso de incumplimiento. El interés de las administraciones públicas en la información que suministran las empresas es fundamentalmente recaudatorio. Por tanto, el tamaño de la sociedad condiciona el grado de preocupación que un organismo público tenga sobre una determinada entidad; sobre todo, porque el impacto que sobre la economía puede tener una gran empresa que entre en crisis es mucho mayor que si le ocurre a una pequeña.

112 Sería el caso de inversiones de alto riesgo: en caso de éxito los beneficios son para los accionistas, pero si fracasan las pérdidas pueden afectar a los diferentes acreedores.

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También los competidores van a estar interesados en conocer al máximo la empresa. De ahí que las sociedades intenten no hacer pública información que pueda ser de utilidad para su competencia.

A la sociedad en general, al igual que ocurre con las administraciones públicas, le interesa sobre todo conocer la marcha de las empresas de gran relieve que son las que pueden afectar a la economía de un país; es decir, grandes empresas, con muchos trabajadores, en sectores claves. La organización será bien valorada cuando con sus acciones contribuya en proyectos solidarios, donaciones a la educación, programas de innovación y desarrollo, además proporcione información sobre empleo, cultural, social, medioambiental113; información que suele ser voluntaria y en opinión de algunos autores (Labrador, 1997) proporcionan muy pocas empresas. Entendemos que esta situación está experimentando grandes avances en los últimos años.

En este contexto, Jones (1995) expone que aquella organización que apoya sus relaciones con los “grupos de interés” en la base de una confianza mutua y de cooperación, obtiene una ventaja competitiva sobre el resto de organizaciones. Por su parte, Hillman y Keim (2001) afirman que desarrollar relaciones efectivas y saber responder a los stakeholders constituye una fuente de recursos intangibles que diferencia a la empresa de sus competidores a largo plazo.

Estas acciones no tienen que llevar a un mayor coste para la sociedad, sino todo lo contrario; la empresa puede librarse de futuras contingencias con medidas de este tipo, en especial las encaminadas al respeto del medio ambiente. Gilmour y Caplan (2001) señalan que las empresas que han comenzado a valorar sus riesgos medioambientales y de otra índole han encontrado que esto les trae beneficios.

Por su parte, Johnson y Scholes (1997) exponen que para cada grupo de stakeholders hay que tener en cuenta que se producen: (i) acontecimientos ante los cuales pueden unirse la mayoría de los stakeholders, por ejemplo ante el nacimiento de una empresa o en situaciones de supervivencia; (ii) nuevas circunstancias que tengan como resultado el nacimiento de nuevos 113 Una empresa es valorada positivamente cuando adopta un compromiso firme con el entorno que le rodea, llevando a cabo sus actividades con respeto y sin peligros medioambientales.

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grupos o que los ya existentes incrementen su importancia para la organización; y (iii) tensiones dentro de un grupo que le lleven a la separación.

Un adecuado conocimiento de los principales stakeholders es de gran utilidad para la toma de decisiones estratégicas, aunque no evita la existencia de conflictos de intereses entre los diversos colectivos o entre éstos y los directivos de la empresa (Johnson y Scholes, 2001). Las informaciones que solicitan no tienen porqué coincidir, incluso en algunos casos pueden llegar a ser contradictorias o indiferentes para unos y de gran utilidad para otros. Además generalmente no será posible la consecución de todas las demandas simultáneamente.

No obstante, hay que tener en cuenta que la Teoría de los Stakeholders considera a todos los grupos de interés en conjunto, por lo cual tienen que satisfacerse las demandas de todos los colectivos. Como señalan Atkinson et al. (1997:29) “los clientes no comprarán productos que no respondan a sus deseos, necesidades o exigencias de precio, calidad, servicio y rapidez. Los accionistas no seguirán invirtiendo en la firma que no satisfaga sus demandas respecto a los dividendos o ganancias de capital. La sociedad no tolerará empresas que no cumplan sus obligaciones legales y sus expectativas referentes a la calidad de vida. Los empleados no desarrollarán sus actividades y conocimientos, ni harán el esfuerzo requerido para diseñar y gestionar los diferentes procesos de la organización, a menos que ésta dé respuesta a sus deseos y exigencias relativas a la satisfacción en el trabajo. Por último, los proveedores no continuarán suministrando sus conocimientos, habilidades y recursos a la empresa que no les facilite la oportunidad de obtener un beneficio razonable”114.

Puede observarse como lo que la empresa recibe al alcanzar la confianza de cada stakeholder se traduce en diversos aspectos favorables –aumento de ventas, prestigio, reconocimiento-, mientras que lo aportado a cada grupo suele conllevarle costes, que deben ser inferiores a los beneficios, con la finalidad de incrementar su valor.

114 Citado en Lorca y García (2002).

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Visto lo anterior, reiteramos que el objetivo principal a alcanzar por una organización es la alineación de los intereses de los diferentes stakeholders con los que interactúa con los propios, siendo ésta la base de su supervivencia. En palabras de Clarkson (1995:107), “la supervivencia y continuidad de la empresa dependen de la habilidad de ésta para cumplir con su finalidad económica y social, que es la creación y distribución de riqueza y valor para asegurar a los stakeholders la importancia de su participación en la organización”. Satisfechas las demandas de estos grupos, la sociedad se verá favorecida por la lealtad recibida, en caso contrario puede producirse una pérdida de confianza que lleve incluso al abandono y rechazo de la entidad.

3.1.3. Jerarquización del poder y estrategias de actuación

Dadas las circunstancias actuales de presión de los stakeholders sobre la organización, un objetivo prioritario para toda sociedad es la identificación de los roles y necesidades de los diferentes grupos que por un motivo u otro están interesados en la misma. Una vez identificados los colectivos, deben conocerse sus expectativas, demandas e intereses para que los mismos aparezcan representados entre los objetivos empresariales, intentando conseguir un equilibrio que satisfaga a todos, de modo que se establezca una relación que permita la supervivencia de la entidad.

Estos colectivos han de ser considerados por la dirección estratégica de la entidad, que tendrá que valorar lo que recibe de cada stakeholder y lo que le aporta, con un fin último: el incremento del valor que le permita la supervivencia (Lorca y García, 2002). El éxito de una organización depende de hasta qué punto puedan integrarse en la estrategia empresarial las necesidades y requisitos de todos sus stakeholders. Scott y Lane (2000) señalan que en el momento en que las creencias de la organización son captadas y aceptadas por los stakeholders se desarrolla la identidad organizacional; identidad que aumenta al compartir intereses entre la sociedad y los diferentes grupos.

En el diseño de la estrategia empresarial hay que tener presente a todos los involucrados con la sociedad. Estamos de acuerdo con Lorca y García (2002) en la necesidad de considerar a todos los grupos de interés en el desarrollo de cualquier modelo de gestión. Por este motivo los stakeholders han sido

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tenidos en cuenta en los diferentes modelos de gestión desarrollados desde la década de los noventa. Estos modelos115 se han centrado en algunos de estos colectivos, sin considerarlos a todos simultáneamente. Por tanto, aunque son varios los enfoques de gestión que han ido apareciendo, se precisaba de un marco general que los englobe a todos, tarea que pretende cumplir la Teoría de los Stakeholders.

Johnson y Scholes (1993) complementan la clasificación de Frooman (1999), y separan a los diversos stakeholders en función del poder y el grado de interés que éstos muestran con las estrategias de la sociedad, diseñando una matriz interés/poder; matriz que establece la relación y estrategia organizacional que la empresa puede emprender con cada grupo de stakeholders para satisfacer sus demandas.

NIVEL DE INTERÉS

BAJO ALTO

PODER BAJO A

Esfuerzo mínimo

B

Mantener informados

ALTO C

Mantener satisfechos

D

Jugadores clave

Fuente: Johnson y Scholes (2001)

Una vez conocidas las diversas relaciones de interés/poder que pueden darse entre la organización y los stakeholders, la empresa puede adoptar diferentes estrategias para cada grupo en concreto, dado que las características e intereses de cada uno no tienen porqué ser coincidentes, incluso pueden llegar a ser contradictorios. Las estrategias se refieren al conjunto de contratos explícitos y compromisos implícitos que la firma negocia y establece con sus stakeholders (Atkinson, et al., 1997:27). Por su parte, Bowen et al. (1995:259) indican que suelen ser implícitos, al no existir norma alguna que exija su cumplimiento. De este modo se hace más difícil el

115 Entre otros destacamos los de McNair et al. (1990), Kaplan y Norton (1992, 1993, 1996), Maisel (1992), Adams y Roberts (1993), Sveiby (1997).

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análisis de la empresa, al incrementarse el número de actores con capacidad de influencia y toma de decisiones.

La estrategia a aplicar para cada stakeholder tenderá hacia su óptima satisfacción, lo que derivará en un incremento de valor para la firma. En este apartado seguimos a Miles, et al. (1978), Carroll (1979) y Clarkson (1995), quienes establecen las estrategias proactiva, de acomodación, de defensa y de reacción.

La estrategia proactiva es la más activa. Considera que los intereses y expectativas de todos los stakeholders con poder sobre la organización deben de ser incorporados en los objetivos y estrategias de la entidad. No se conforma con cumplir las obligaciones mínimas, sino que va más allá, incluso se anticipa a las futuras demandas. Estrategia que las empresas suelen emplear para los colectivos del segmento D de la matriz interés/poder.

Estrategia de acomodación. Tiene una actitud menos activa que la anterior sobre los grupos de presión. Intenta satisfacer los intereses actuales de determinados stakeholders, incluso los futuros, a cambio de que la entidad obtenga algún beneficio por su actuación. Suele ser la empleada para los situados en el segmento C de la matriz.

La estrategia de defensa consiste en cumplir únicamente con el mínimo legalmente establecido por los stakeholders, llegando incluso a defenderse contra éstos para no llevar a cabo más que el mínimo exigido desde el punto de vista social y económico. Sería la estrategia a seguir para los situados en el segmento B de la matriz anterior. No obstante, la sociedad no debe olvidar que se trata de grupos que pueden tener alguna capacidad para influir en el comportamiento de los stakeholders situados en los segmentos C y D.

Por último la estrategia de reacción, en este caso la empresa intenta luchar contra las demandas de los stakeholders o simplemente las ignora. Parte del hecho de que la sociedad no tiene ninguna responsabilidad hacia estos colectivos. Sería la desarrollada para los situados en el segmento A de la matriz.

Jawahar y McLaughlin (2001), consideran que en épocas de pérdidas la compañía adoptará una estrategia de riesgo (defensiva o reactiva) para los

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stakeholders de bajo interés y una estrategia de aversión al riesgo (proactiva o acomodativa) para los stakeholders de interés. Por el contrario, en un contexto favorable, de crecimiento, las empresas adoptaran estrategias de aversión al riesgo para todos los grupos.

Esta necesidad de comunicación lleva a que Scholes y Clutterbuck (1998) aconsejen a la organización una serie de prácticas que ayuden a responder con éxito a cada grupo, como: (i) pedir a los “grupos de interés” que realicen comentarios en el ámbito de todos los roles que representen; (ii) crear foros con los distintos grupos para compartir expectativas, valores, entenderlos y estar de acuerdo; (iii) implicarlos en la creación de valores mediante consultas; (iv) comprometerlos para que revisen cómo la organización se adhiere a sus políticas y valores; (v) crear estrategias para desarrollar claves conductoras hacia sus negocios y necesidades; (vi) construir e identificar las relaciones claves de forma continuada; (vii) comprender a cada grupo, para poder responderles y formar actitudes y comportamientos; (viii) coordinar la dirección de todas las comunicaciones que circulan en toda la organización; y (ix) estimular a los actores claves en los procesos de comunicación.

Bajo el marco teórico de la Teoría de los Stakeholders, una organización sin buenas relaciones con socios, clientes, proveedores, trabajadores, y otros colectivos, no puede sobrevivir en el entorno actual. Sin un grupo de proveedores habituales, sin la lealtad de su clientela, si hay problemas con los empleados y sin unas buenas relaciones con su entorno, es prácticamente imposible la supervivencia en el mercado116.

116 Estamos de acuerdo con García Martí et al. (2002) en la relación existente entre Teoría de los Stakeholders y la Teoría de Dependencia de Recursos (Pfeffer and Salancik, 1978), que considera a la organización dependiente de los recursos de su entorno para el logro de su supervivencia. Esta teoría puede ayudar en la explicación de la importancia asignada por la empresa a cada grupo de interés. Parte del hecho de que “las organizaciones deben atender las demandas de aquellos grupos del entorno que les proporcionan los recursos necesarios e importantes para su supervivencia [...], deben responder con más atención a las demandas de otras organizaciones o grupos del entorno que controlan recursos críticos” (Pfeffer, 1982:193). Trasladadas estas consideraciones a la teoría que nos ocupa, el interés de las sociedades debería centrarse en satisfacer a los stakeholders que poseen recursos claves para la supervivencia de la entidad; principalmente los siguados en los segmentos D y C de la matriz. El diferente nivel de atención prestado será el que defina el tipo de estrategia que la empresa seguirá con cada grupo. En opinión de Frooman (1999), a mayor dependencia de la organización, más poder de los stakeholders.

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3.1.4. Stockholders vs Stakeholders

En los últimos años las empresas han observado cómo ha ido cambiando sustancialmente su sistema de gobierno, debido a la transformación ocurrida en el mundo de los negocios. Siguiendo a Garicano (1998) podemos establecer dos modelos de gobierno de la empresa: el modelo tradicional o de los stockholders y el modelo de control social o de los stakeholders. La principal diferencia entre uno y otro está en que la sociedad satisfaga únicamente los intereses de los accionistas (modelo de los stockholders o shareholders) o en considerar también los intereses de otros grupos de interés (modelo de los stakeholders). En el primer caso el objetivo básico es la creación de valor para los accionistas, mientras que en el segundo la atención se centra en la satisfacción de una serie de colectivos. El objetivo se amplía, no busca únicamente atender a las demandas de los accionistas, sino que intenta conseguir un equilibrio de intereses para todos aquellos grupos que de un modo u otro estén involucrados con la sociedad. De este modo, “la empresa alcanza la legitimidad considerando los intereses, los valores y las necesidades de la sociedad [...]” (Garicano, 1998:25).

El modelo de los stockholders generalmente es el seguido por los países de corte anglosajón. Su principal ventaja es su sencillez, orientado hacia la creación de valor y satisfacción de los intereses de los accionistas. Sus inconvenientes, la falta de compromiso con colectivos distintos a los socios y la escasa atención prestada a la responsabilidad social de la entidad.

Como hemos visto, según el modelo de los stakeholders una sociedad no puede crear valor cumpliendo únicamente los intereses de los socios e ignorando los del resto de grupos implicados de un modo u otro en su actividad. En palabras de Garicano (1998:28) este modelo “reconoce la responsabilidad social de la empresa, que debe ir más allá de una preocupación exclusiva por la defensa de los intereses del colectivo de accionistas y pensar en el resto de colectivos con interés en la empresa”. Para Jhonson y Scholes (2001), la elección del modelo consiste en saber si los directivos deben considerar que sólo deben rendir cuentas a los accionistas o si tienen mayores responsabilidades como “fideicomisarios de los activos de la organización” en nombre de un amplio abanico de stakeholders.

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Países como Estados Unidos y Reino Unido están más cercanos al modelo de los stockholders, mientras que países como Francia, Alemania y Japón se acercan más al modelo de los stakeholders. Sin embargo, los primeros también defienden la relevancia y lo apropiado que sería para la empresa el considerar los intereses de los stakeholders, además de los de los accionistas.

No obstante, hay quien opina que el modelo de los stakeholders es incompatible con el objetivo de maximización de la riqueza a largo plazo, imposible de alcanzar si la empresa debe conseguir un equilibrio entre los diversos intereses de todos los stakeholders117. Sin embargo, otros autores (Lorca y García, 2002) consideran que no se trata de una utopía o algo simplemente teórico, todo lo contrario, su aplicación tiene efectos muy beneficiosos para las organizaciones. Parece ser que la tendencia actual es la satisfacción de las demandas y expectativas de los accionistas, considerándose que estando éste grupo satisfecho también lo estarán el resto118. La realidad es que la búsqueda de un equilibrio entre intereses planteado a nivel teórico aún no ha sido llevado a la práctica, no habiéndose presentado una escala de intereses, ni explicado cómo se consigue dicho equilibrio.

Creemos que es posible conciliar ambos modelos, recogiendo los puntos fuertes de ambos: satisfacción de los intereses de los accionistas –unos de los principales stakeholders-, y prestar mayor atención a sus funciones sociales con el resto de agentes involucrados. Podríamos establecer el objetivo fundamental de la empresa como sigue: maximización de su riqueza y valor para los accionistas, siendo imposible de alcanzar si no son tenidos en cuenta y satisfechos los objetivos del resto de grupos involucrados con la organización.

117 Puede verse al respecto Garicano (1998). 118 Es la postura seguida por los principales organismos emisores de normas contables a nivel internacional (FASB, IASB) y también la seguida por el Marco Conceptual de AECA (1999).

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3.1.5. Peculiaridades de la Divulgación Voluntaria bajo el marco teórico de los Stakeholders

Está más que justificado el que las empresas elaboren y difundan información destinada a satisfacer los requerimientos de los stakeholders. No toda la información aparece en los estados contables tradicionales, siendo necesario que la empresa busque el medio más idóneo donde incorporar este tipo de informes.

Son varios los autores (Lang y Lundholm, 1993; Gray y Roberts, 1995; Verrecchia, 2001; Healy y Palepu, 2001) que consideran la divulgación voluntaria como el medio más adecuado para completar la información que actualmente las empresas suministran en los estados contables; incluso creando un estado específico que contenga toda la información que la empresa elabora de manera voluntaria para cumplir con las demandas de los stakeholders.

Actualmente las sociedades en sus estados económico-financieros no sólo cumplen con los requisitos informativos mínimos que exige la legislación sino que cada vez van suministrando mayor cantidad de información, en una clara apuesta por la transparencia informativa. Esta práctica es conocida como divulgación voluntaria de información, y fundamentalmente la realizan las grandes empresas119.

Viene observándose por parte de los organismos encargados de la normalización contable un interés creciente para que las empresas realicen este tipo de prácticas (Suárez, 2001). Ya en 1994 el AICPA hizo público el Informe Jekkins, que tenía el cometido de identificar las principales necesidades informativas de los diferentes usuarios para mejorar la utilidad de los estados financieros y con el objetivo último de atender todas y cada una de estas demandas a través de la divulgación voluntaria. Con

119 Puede verse al respecto el estudio de García y Monterrey (1995:58) quienes hacen una revisión de la literatura y concluyen que “todos los estudios contemplados emplean algún indicador de dimensión, ya se defina ésta como volumen de ventas, tamaño del activo, volumen de recursos propios o número de accionistas”. Otros indicadores que determinan la relevancia que la divulgación voluntaria puede tener en una sociedad son: cotización bursátil, nivel de endeudamiento, concentración del accionariado, rentabilidad, o presión laboral. Estudios al respecto han sido realizados, entre otros, por Wallace et al. (1994), Giner (1995), García y Monterrey (1995) y Larrán (2001).

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posterioridad, el Comité Steering elaboró un informe (FASB, 2001) que es considerado una de las propuestas teóricas más interesantes para el análisis de la divulgación voluntaria.

Con respecto al tipo de información que las empresas deberían suministrar voluntariamente, el FASB (2001) incluye los siguientes apartados: datos del negocio, análisis directivo, datos previsionales, información sobre dirección y accionistas, posición de la compañía y elementos inmateriales. Para el caso de las sociedades españolas García y Monterrey (1995) creen oportuno que debería contener los siguientes bloques: descripción del entorno económico en el que se desenvuelve el negocio, cuenta de resultados analítica, estado de flujos de tesorería, estado de cambios en el patrimonio neto, información segmentada por áreas geográficas, por productos y/o actividades, información bursátil, ratios económico-financieros, información que supere dos ejercicios económicos, información previsional, medioambiental, social y Memoria en segundo idioma. No obstante en ningún momento debe olvidarse que esta práctica la realizan las empresas de una forma totalmente voluntaria y por tanto sólo será implantada cuando los beneficios derivados de la misma superen los costes incurridos en su elaboración.

La Teoría de los Stakeholders puede relacionarse con estas prácticas de divulgación voluntaria, pues no todos los requerimientos informativos de estos grupos se encuentran en los estados contables que las empresas elaboran. De ahí que se haya considerado la divulgación voluntaria un medio que supla la carencia informativa que tienen los distintos colectivos interesados en una determinada entidad. Lang y Lundholm, (1993) y Gray y Roberts, (1995), proponen el empleo de la divulgación voluntaria como el mecanismo más adecuado para satisfacer los requisitos informativos que postula la Teoría de los Stakeholders. Sería este el método que utilizaría la empresa para suministrar la información demandada por los stakeholders, con el fin de conseguir unas relaciones de confianza con cada uno de ellos, siendo ésta la clave del éxito empresarial en el entorno actual. Estrategia que, en opinión de Lev (1992:15), permitirá “no solo reducir el gap existente sino que también posibilitará la creación de valor para el accionista”.

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Una tarea clave para toda organización es el conocimiento de las necesidades informativas de cada grupo, lo que le facilita la creación de vínculos estables, de ahí la necesidad del análisis de cada stakeholders en particular.

3.1.6. Contabilidad y Teoría de los Stakeholders

La amplia mayoría de los trabajos que han relacionado Contabilidad y Teoría de los Stakeholders han sido investigaciones principalmente centradas en el estudio de la responsabilidad social corporativa. De esta forma, Roberts (1992) estudia empíricamente la capacidad de la Teoría de los Stakeholders para explicar la divulgación sobre responsabilidad social, encontrando que las medidas de poder de los stakeholders, postura estratégica y resultado económico están significativamente relacionados con la actividad de divulgación social corporativa. Woodward et al. (1996) investigan cómo la legitimidad organizacional puede impulsar la actividad de información sobre responsabilidad social corporativa de las empresas. Estos autores estudian la naturaleza de la relación de legitimidad entre las expectativas de cada stakeholder de la compañía con la responsabilidad que ante cada uno de ellos tiene la compañía. O’Dwyer et al. (2005), usando un cuestionario, analizan las perspectivas de una muestra de stakeholders, organizaciones no gubernamentales (ONGs) irlandesas ocupadas de temas sociales y medioambientales, considerando la adecuación y el potencial de la información sobre sostenibilidad social elaboradas por las empresas para cumplir con sus necesidades informativas. Los resultados muestran como las ONGs sospechan sobre las razones por las que las empresas informan sobre sostenibilidad, aunque muchas son optimistas sobre la futura mejora y utilidad de esta práctica.

Otros trabajos han estado centrados en gestión medioambiental y sistemas de información; Moneva y Llena (2000) analizan las prácticas de información medioambiental encontradas en los estados financieros publicados por compañías españolas, para determinar la evolución de estas prácticas durante el período 1992-1994, sobre la base de la Teoría de los Stakeholders. También, Bouma y Kamp-Roelands (2000) estudian, mediante encuesta, las expectativas de los stakeholders en relación al sistema de gestión medioambiental de una multinacional holandesa, considerando los requerimientos de información que derivan de esas expectativas.

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Por otra parte, Gray et al. (1997) estudian el concepto de contabilidad social y lo relacionan con tres proposiciones, una de ellas, la perspectiva de los stakeholders, en la cual, las cuentas sociales sólo tienen valor social si se asume la beneficencia de la organización, y además se asume que las necesidades de los stakeholders pueden ser incorporadas moralmente junto con las propias necesidades de la organización. Otros estudios analizan la relación entre la gestión de los stakeholders y el valor del accionista, como Hillman y Keim (2001), quienes usando datos del S&P 500, estudian la relación entre los dos conceptos anteriores con la participación en temas sociales.

Son escasos los estudios que analizan otras cuestiones, como cambios en la información financiera, a excepción del trabajo de Scott et al. (2003) que llevan a cabo un análisis histórico sobre dos hospitales públicos de Nueva Gales del Sur para el período de 1857 a 1975. Con base en la Teoría de los Stakeholders, describen patrones de cambio en la información financiera e identifican las influencias sociales y políticas asociadas con dicha información. Concretamente, estudian la transición entre el criterio de caja al criterio de devengo, uno de los principales componentes en los que se basa la reforma de la gestión financiera del sector público en las décadas de los ochenta y noventa del siglo pasado.

El paradigma de utilidad en Contabilidad surge a finales de la década de los sesenta cuando se inicia la necesidad de definir a los usuarios de la información financiera y sus necesidades informativas. Uno de los trabajos pioneros que trata el paradigma de utilidad fue el Informe Trueblood (AICPA, 1973), siendo el primero en establecer que el objetivo básico de los estados financieros era el suministro de información útil para la toma de decisiones.

El centro de atención se desplaza de los principios contables hacia la utilidad de la información financiera, las necesidades de los usuarios y los objetivos de dicha información; conceptos que forman el núcleo central del paradigma de utilidad120. Se pretende suministrar información útil para la toma de decisiones, por lo que los planteamientos teóricos se centran en la utilidad de

120 Un análisis del paradigma de utilidad es realizado por Tua (1989).

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la información. Hasta el momento el objetivo no había sido otro que la rendición de cuentas, centrándose en la medición del beneficio. El tipo de información financiera que la empresa debe suministrar para atender las necesidades de los diferentes usuarios interesados en la misma ha sido un tema de interés entre los investigadores en los últimos años121.

Según el paradigma utilitarista el fin último de la Contabilidad es proporcionar a los diferentes usuarios la información que necesitan para su toma de decisiones; por lo tanto, podemos observar una importante relación con la Teoría de los Stakeholders. Para la satisfacción de las demandas informativas de los distintos colectivos –finalidad común perseguida tanto por el paradigma de utilidad como por la Teoría de los Stakeholders-, es preciso que la empresa tenga un conocimiento adecuado de las demandas y expectativas de todos estos grupos de interés. De este modo podrá adoptar la estrategia que considere más oportuna en cada momento.

3.1.7. Los empleados en la gestión del Monopolio del Tabaco

Para el caso concreto que nos ocupa, el análisis del Monopolio Fiscal del Tabaco y demás Servicios Anejos, desde 1887 hasta 1986 y bajo el marco teórico que proporciona la Teoría de los Stakeholders, nuestro objetivo es realizar un estudio de la gestión realizada por la Compañía Arrendataria de Tabacos y, con posterioridad, Tabacalera, SA., para comprobar si estas empresas gestoras del Monopolio Fiscal del Tabaco y Servicios Anejos intentan satisfacer los intereses, demandas y expectativas de sus stakeholders. Pretendemos detectar, a través de la información disponible en las Memorias, los grupos que son de mayor interés para estas empresas, si la atención prestada a los stakeholders varía con el tiempo, e incluso entre la CAT y Tabacalera, y si ambas empresas periódicamente y de forma voluntaria publican información para satisfacer las demandas informativas de estos colectivos.

Seguimos la Teoría de los Stakeholders porque entendemos que en los informes anuales aparecen reflejados las demandas e influencias de los grupos de interés para la sociedad. Pretendemos, de acuerdo con Jawahar y

121 Puede verse al respecto Muíño (2002).

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McLaughlin (2001), demostrar cómo las estrategias de información van evolucionando durante un largo periodo de tiempo.

En nuestro estudio vamos a realizar los siguientes pasos:

- Intentaremos identificar los stakeholders que son estratégicos para la CAT y Tabacalera.

- Vamos a realizar una jerarquización del poder de que los principales grupos ostentan a lo largo del período, viendo incluso si se producen cambios de posición en dicha jerarquización.

- Veremos si los valores de la organización van alineándose con los de sus stakeholders.

- Queremos detectar si el modelo seguido por las empresas gestoras del Monopolio es fundamentalmente el de los stockholders, o el de los stakeholders, y si éste va variando a lo largo del período.

- Analizaremos si tanto la CAT como Tabacalera, periódicamente y de forma voluntaria, destinan una parte de la información de las Memorias a satisfacer las demandas informativas de sus stakeholders.

Tras un análisis exhaustivo de la información que aparece en los estados económico-financieros, tanto de la CAT como de Tabacalera, consideramos que uno de los principales stakeholders para estas empresas gestoras del Monopolio del Tabaco y demás Servicios Anejos es el Estado. De hecho la supervivencia, tanto de la CAT como de Tabacalera, va a estar condicionada a la correcta satisfacción de los objetivos e intereses estatales puestos de manifiesto en los distintos contratos firmados entre las empresas gestoras del monopolio y el titular del mismo: el Estado. No obstante el análisis de las relaciones entre las empresas gestoras y el Estado ya han sido analizadas bajo la perspectiva de la Teoría de la Agencia.

Otros grupos de interés detectados tras la lectura de las Memorias, son tanto los clientes como los proveedores, stakeholders fundamentales para las empresas en general; aunque para el caso que nos ocupa en particular, el estudio de un monopolio estatal, no existe competencia a lo largo de todo el período, por lo que los clientes no tienen un poder significativo que pueda influenciar en la estrategia empresarial de las empresas gestoras. La situación

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de las empresas gestoras del Monopolio del Tabaco no es la de una entidad mercantil típica, sujeta a una competencia donde el cliente puede decidir si comprar el producto que ofrece la empresa o el mismo artículo en otra firma. Al tratarse el tabaco de un producto monopolizado, aunque los consumidores de tabaco son un colectivo importante para la Arrendataria, de ahí que se hagan menciones a los mismos en todas las Memorias, entendemos que los clientes no son un grupo estratégico.

También entre los stakeholders relevantes se encuentra la sociedad en general. Sin embargo, las actuaciones que las empresas arrendatarias realizan con la finalidad de conseguir la legitimación y apoyo de la sociedad, van a ser analizadas en el siguiente capítulo, con el marco que proporciona la Teoría Institucional. Bajo este marco teórico también van a ser analizadas las acciones que realizan las empresas gestoras para la obtención de legitimidad de sus clientes.

Un colectivo fundamental para las empresas en general (Mulder, 1998; Sveiby, 1997; Caballero y García-Pintos, 2001), y en el caso que nos ocupa en particular, es el de los empleados. Estamos de acuerdo con Comín y Martín (1996b:42-43), en que los trabajadores y las relaciones laborales son fundamentales a la hora de analizar la historia empresarial en España. Para estos autores, el empresario ha ocupado un segundo plano en la historiografía española por el enorme interés prestado a los empleados y sus organizaciones; fundamentalmente por la espectacularidad y recurrencia de las luchas y conflictos obreros habidos durante la España contemporánea. Conflictividad principalmente motivada por la actitud de los patronos que, ante una mano de obra abundante y barata, eran reticentes a atender las peticiones de sus trabajadores. En este contexto las cuestiones técnicas quedaban subordinadas a los problemas de orden público que permanentemente se producían en las fábricas y fuera de ellas. El principal riesgo no era que no pudieran venderse los productos, sino que los empleados se alborotasen y destrozasen maquinaria y producción.

Entendemos que los trabajadores son, para las empresas gestoras del Monopolio de Tabacos, un grupo de gran relevancia, que les interesa tener satisfecho, por el poder que ostenta en la organización. De hecho es este el colectivo que vamos a analizar bajo el marco teórico que nos ocupa: el papel

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que desempeñan los empleados en la Compañía Arrendataria de Tabacos y en Tabacalera, SA., el interés que a lo largo del período objeto de estudio para las empresas gestoras tiene este colectivo, así como la atención prestada a los mismos y los mecanismos, si los hay, articulados para satisfacer sus intereses, demandas y expectativas122.

Nuestro propósito es analizar si en los estados económico-financieros que publican anualmente las empresas gestoras del Monopolio del Tabaco y otros Servicios Anejos, aparece información relativa a las actuaciones que estas entidades realizan con el objetivo fundamental de mantener unas estables y buenas relaciones con un colectivo como el de sus trabajadores, por considerarlos un grupo estratégico para el correcto funcionamiento de la compañía, y por tanto para el mantenimiento del contrato de arrendamiento por parte del Estado.

Hay que tener presente que el entorno en el que se desarrolla la gestión del Monopolio del Tabaco, desde finales del siglo XIX, no puede compararse con el actual, caracterizado por una libre competencia, clientes muy selectivos, empleados especializados y una sociedad exigente que premia a las organizaciones que realizan actuaciones socio-culturales, medioambientales, en definitiva que muestran interés por el entorno en el que desarrollan su actividad. Sin embargo, aunque la situación en la que estas empresas desarrollan su gestión no podemos compararla con la actual, sí consideramos que desde los inicios del arrendamiento, los empleados son un colectivo fundamental para las empresas gestoras y lo van a seguir siendo durante todo el periodo de estudio, aunque su relevancia pueda ir variando a lo largo de los años.

Es evidente que en las estrategias empresariales actuales aparecen establecidas medidas encaminadas a cumplir con las peticiones de todos aquellos grupos de interés que la organización considera más relevantes para su supervivencia. En nuestro estudio pretendemos comprobar si desde el inicio de su función, las empresas arrendatarias han tenido en cuenta en sus modelos de gestión a determinados colectivos, como el de los trabajadores, por entenderlos muy importantes para el futuro de la entidad.

122 Un análisis de las relaciones laborales en la industria tabaquera española en la etapa de gestión de la CAT y Tabacalera, es realizado por Rey Reguillo (1998).

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Cuanto más depende la empresa de un stakeholder, mayor será el poder de éste sobre la organización. Como hemos comentado, entendemos que para las empresas encargadas de la gestión del Monopolio del Tabaco y otros Servicios Anejos, el Estado y los empleados son grupos estratégicos. Al haber dedicado el capítulo anterior al estudio de las relaciones entre las empresas gestoras y el Estado, en este apartado nos centramos en el análisis de la información que aparece en los estados contables, algunos centenarios, acerca de las actuaciones realizadas para satisfacer los requerimientos de usuarios, como los trabajadores, que entendían primordiales para el correcto funcionamiento de la entidad, sobrepasando incluso en algunos momentos lo establecido por la legislación.

El estudio del personal, en especial el de la Compañía Arrendataria de Tabacos, no puede limitarse a las cigarreras, núcleo principal de la población productiva de la Compañía, debido a que también son personal de la CAT los directores, jefes, técnicos, empleados, operarios, vigilantes, auxiliares y demás personal de las oficinas centrales, fábricas, representaciones provinciales, almacenes y otras dependencias dependientes de la empresa gestora.

Por tanto, una investigación que analice la situación de una empresa con ánimo de lucro, con propiedad mixta (Estado-privada), durante un largo periodo de tiempo, podría contribuir a nuestro conocimiento del papel de los estados contables en la articulación de las relaciones de las empresas con sus stakeholders.

A continuación pasamos a realizar un análisis de la información, referente al personal de la Compañía Arrendataria de Tabacos y de Tabacalera, S.A., que aparece en las Memorias contables de ambas empresas.

3.2. LOS EMPLEADOS EN EL ANÁLISIS DE LAS MEMORIAS DE LA COMPAÑÍA ARRENDATARIA DE TABACOS

3.2.1. Estrategia laboral: reducción de la mano de obra, evitando conflictos

Desde los inicios de la gestión, encomendada a la CAT, del Monopolio de Tabacos y demás Servicios Anejos, las medidas tomadas en materia de política de personal por la Compañía se fueron aplicando muy lentamente,

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para evitar conflictos. Todas las cuestiones relacionadas con el personal eran muy significativas para la Arrendataria, en especial por el volumen de empleados y operarios de la Compañía123. Además, como indica Gálvez (1997), las presiones políticas y sociales fueron muy importantes, provocando una intromisión constante en la política laboral de la Arrendataria. Hay que tener en cuenta la relevancia que la industria del tabaco tenía para el Estado como empleador (el mayor del país dentro del sector industrial) y el peso que suponía en las localidades donde estaban ubicadas las fábricas, lo que hacía que todos los asuntos internos fueran considerados de interés general. Por tanto, a pesar de ser conscientes de la necesaria reducción de trabajadores, que además la política de mecanización emprendida por la CAT acentúa124, no se producen prácticamente despidos; éstos fueron mucho menos de lo que permitía el contrato de 1887125.

Son frecuentes en los primeros momentos problemas con las operarias126; ante las reformas introducidas por los nuevos gestores “para satisfacer los deseos del consumidor y mejorar los productos” (1887-1888:14), las respuestas de los trabajadores eran normalmente de oposición, abundando los motines y altercados, ocasionando la paralización de los talleres en

123 En 1887, año del arrendamiento del Monopolio de Tabacos a la CAT, aproximadamente 32.000 operarios, fundamentalmente mano de obra femenina, trabajaban en las diez fábricas de tabacos que en ese momento se encontraban en funcionamiento, cifra que suponía un 3% de la población activa industrial española (Rey Reguillo, 1998:18).

124 La principal estrategia de la CAT desde los inicios de su gestión era la industrialización de las fábricas de tabacos, mediante la introducción de maquinaria y la tecnología necesaria para la modernización del proceso productivo, lo que suponía una importante reducción del personal. Para Gálvez (1997:58) el personal obrero de la CAT no era excesivo para un sistema de producción manual, pero sí lo era para los planes modernizadores de la compañía. 125 Para Gálvez (1998:32) “el que no se vivieran despidos masivos ni sustituciones inmediatas de mano de obra por máquinas propició que este proceso pasara a la historiografía como una transición sin traumas […]”. Transición con pocos riesgos económicos y sociales que fue posible principalmente por las características de la mano de obra, principalmente femenina, que permitió un grado de flexibilidad que fue fundamental para la adaptación de la compañía a la nueva tecnología. Si la mano de obra de los talleres de fabricación de tabacos hubiese sido masculina, el proceso hubiera sido más radical y violento, y con mayor oposición tanto social como política (Gálvez, 1997:3-4). 126 Por la importancia que el personal femenino tiene en las fábricas de tabacos, fundamentalmente durante la gestión de la CAT, hemos considerado oportuno dedicar un subepígrafe, al final de este apartado, para comentar sus peculiaridades más significativas.

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diversas ocasiones127, como la perturbación ocurrida en la Fábrica de Madrid en octubre de 1887, que aparece reflejada en la primera Memoria de la CAT. Ya en la Memoria del primer ejercicio se hace una alusión a tal eventualidad: “Toda reforma necesita ser muy meditada antes de resolverse a ejecutarla; pero, aun preparada ya, lucha con gravísimos obstáculos e inconvenientes en la práctica, sobre todo si su realización depende en parte de un personal obrero, en el cual ha venido dominando el espíritu de indisciplina” (p. 25)128.

También en el segundo ejercicio se producen dos motines importantes en las Fábricas de Alicante y Cádiz, por la resistencia del personal obrero a determinadas reformas (la introducción de nuevas labores y el cambio de papel en los cigarrillos), y a pesar de que la Arrendataria intentó “evitar todo motivo de queja y prevenir todo conflicto, esforzándose siempre por armonizar los intereses del personal obrero con el interés de la Compañía” (1888-89:10). Como se indica en la Memoria de dicho ejercicio, “alterado el orden […], se ponía a discusión si la Compañía tendría la fuerza y autoridad necesarias para introducir las debidas mejoras en el monopolio, o si habría de sucumbir ante las injustas exigencias del personal obrero, renunciando al propósito de dar a las Fábricas sus verdaderos caracteres; y que en estas circunstancias era preciso que mostrase un gran vigor y una gran energía, pidiendo al Estado con firmeza que amparara su derecho. El Estado prestó, en efecto, el apoyo necesario a la Compañía, y las reformas quedaron implantadas; las Fábricas abiertas de nuevo […]; las instigadoras de la perturbación castigadas y robustecida la autoridad de la Compañía y de los Jefes de las Fábricas, dando así a todas las demás un ejemplo útil y provechoso” (p. 10).

La principal novedad en materia salarial que conlleva la privatización de la gestión del Monopolio del Tabaco es la pretensión de la CAT, desde los inicios, de la participación del Consejo de Administración y los empleados de 127 Un análisis detallado de las diferentes etapas de movilizaciones reivindicativas y de la práctica sindical por las que atraviesa la industria del tabaco español desde la constitución de la CAT hasta la Guerra Civil española es realizado por Rey Reguillo (1998:39-78). 128 En opinión de Rey Reguillo (1998:28) “esa tensión entre la vocación modernizadora de la empresa, que pretendía ajustarse a los dictados inexorables del mercado, y las resistencias de sus trabajadoras y trabajadores marcó la trayectoria de la Compañía Arrendataria hasta la Guerra Civil de 1936”.

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la compañía en los beneficios que obtenga la sociedad, “considerando la participación de los beneficios como uno de los medios para mantener vivo el estímulo de los empleados y favorecer su actividad y su aplicación en el trabajo” (Delgado, 1892:486). Esta participación se establece, en los Estatutos de la Compañía, en el 2%, empezando a concederse desde 1893, una vez que la compañía recupera las pérdidas habidas en los tres primeros ejercicios. Desde 1896 es el Consejo de Administración el que decide a qué empleados conceder dicha participación, así como la forma y proporción en que se realizará (Macías, 2000:222). Sin embargo, en las Memorias de la Arrendataria, en concreto en la “liquidación general de la Compañía” no se deja constancia de dicha participación (Consejo de Administración-empleados) hasta la correspondiente al ejercicio 1902; con anterioridad el 2% se indica que va destinado a la Administración.

3.2.1.1. El Reglamento de 1888

Un año después de la creación de la CAT se establece un Reglamento Orgánico de las Fábricas, en el que aparece detallado cómo debía organizarse el trabajo, incluido el de las operarias en las fábricas. Por primera vez se crea una disciplina en las fábricas, los empleados debían respetar la autoridad de sus jefes, lo que con anterioridad no ocurría, y cumplir con las órdenes recibidas. En opinión de Candela Soto (1997:49-50) “el Reglamento de 1888 significó el intento de implantar una moderna disciplina industrial que venía a sustituir la práctica institucionalizada de un cúmulo de costumbres y hábitos de trabajo heredados de épocas preindustriales que constituían la esencia del modo de obrar tradicional de las cigarreras. Así, se pretendía poner fin a la tradición –fuertemente arraigada en el familiarismo y la recomendación-, y acabar con la imagen de establecimientos benéficos convirtiendo las fábricas en verdaderos centros de trabajo (capitalistas)”.

Comentamos brevemente los aspectos más destacados del Reglamento de 1888, siguiendo para ello a Candela Soto (1997:46-51) y Rey Reguillo (1998:23): (i) aparece un nuevo cargo, el Jefe de Fábrica, encargado de la dirección de las fábricas, con plenas atribuciones económicas y administrativas y con total facultad para ordenar contra-registros, mantener el orden en los talleres y en caso de tumultos poder cerrarlos, incluso todo el centro, impedir préstamos, y despedir a las operarias que falten gravemente

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al Reglamento; (ii) el personal empleado es dividido en dos secciones: la Sección Pericial con facultades fabriles y organizativas, integrada por el ingeniero-inspector, los inspectores de labores y sus ayudantes, y la Sección de Intervención con funciones administrativas y contables, con el interventor y los oficiales de intervención; haciéndose más activa la presencia de los ingenieros en las fábricas. La plantilla quedaba completada con el personal subalterno (porteros, capataces, porteras, maestras) y el personal obrero; (iii) para los ascensos resultaban beneficiados los empleados que tuvieran una trayectoria más limpia e impecables antecedentes de buena conducta, aseo y pulcritud, así como dotes de mando; (iv) la falta más grave continuaba siendo, al igual que en épocas anteriores, el robo de tabaco de los talleres; cualquier operario que fuese sorprendido con tabaco, en los registros que se practicaban a diario a la salida de la fábrica, sería expulsado inmediatamente.

Para Rey Reguillo (1998:25), tres eran las directrices, en el Reglamento de 1888, para la consecución de un correcto gobierno de los centros: el mantenimiento del orden, la preservación de la moral y las buenas costumbres y la lucha contra los robos y sustracciones de tabaco. Mantenimiento del orden que podía conseguirse vigilando la conducta de los operarios, controlando la asistencia al trabajo y evitando todo tipo de tumultos y alborotos. En cuanto a las obligaciones y normas morales que los trabajadores debían cumplir, destaca: la puntualidad, la obligación de guardar la debida compostura en los talleres, trabajar con esmero, el aprovechamiento de la materia prima, el aseo y la limpieza de los locales. Estaban prohibidos los préstamos dentro de las fábricas de tabacos, así como cualquier venta, las bebidas alcohólicas y fumar en los talleres y almacenes. Tampoco se permitía que los operarios y operarias pudiesen transitar libremente por toda la fábrica, necesitando autorización para ir a un departamento o almacén al que no estuviesen destinados.

Como indica la Memoria del ejercicio 1888-89: “A nadie podrán ocultarse, seguramente, las muchas dificultades con que tiene que luchar la Compañía hasta llegar a la deseable organización de las Fábricas, que puede decirse que era antes tan varia en sus desarrollos como el número de las mismas. Prescribiendo aquella organización, desenvolviéndola, asignando a todos y cada uno de sus dependientes las obligaciones que les incumben, puede hacérseles responsables de las faltas en que incurran, y se asegura en

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aquellos Establecimientos el orden y la regularidad, fines que se buscaron en el Reglamento orgánico aprobado, de que antes carecían aquellos, así como para evitar los abusos, y en su caso poder sorprenderlos, se dictó una instrucción de Intervención y Contabilidad”(p.9).

Por primera vez, en la Memoria del ejercicio 1889-90 aparece expresamente reflejado que no puede admitirse ni una nueva operaria en los talleres, para poder ir amortizando el sobrante de personal obrero (p.10).

Hay un importante ajuste en los sueldos, produciéndose incrementos en los salarios desde los primeros años que permiten equiparar las remuneraciones entre las diferentes fábricas de la Renta. En los primeros momentos los incrementos afectan fundamentalmente a los sueldos de técnicos y capataces, con la finalidad de que los sueldos de operarios y mozos no fueran superiores. Se igualan los sueldos de ingenieros con los de los interventores, al igual que los sueldos de los jefes de las Fábricas consideradas de igual categoría, como la de San Sebastián y Bilbao (Comín y Martín, 1999a:162). También aumentan las remuneraciones de las maestras de los talleres, debido a que algunas ganaban menos que las operarias. Como señalan Comín y Martín (1999a:246-247), los aspectos retributivos de la Arrendataria eran muy complejos, existiendo una gran diversidad de sueldos y salarios entre los diferentes trabajadores de la compañía, aunque mejor pagados que los de otros sectores.

3.2.2. Nuevas condiciones laborales: preocupación por los aspectos sociales

En el proceso de fabricación es implantado el sistema de la división del trabajo, tanto en las Fábricas como en las Oficinas Centrales, por el que las tareas, responsabilidades y méritos quedaban distribuidas por trabajador; siendo seleccionados para aquellas funciones en las que eran más aptos. Conviene a este respecto traer aquí el siguiente comentario que extraemos de la Memoria del ejercicio 1894-95, donde se específica el plan establecido: “Un plan de fabricación tiene aprobado que abraza la formación de uno de producción para cada ejercicio, al que se ajusten los repuestos de tabacos, examinando científicamente éstos, para determinar en cada caso su tratamiento; reglas sobre el escogido de la hoja, su moja y oreo, depuración de la vena y disminución del polvo; sobre la manera de colocar las tripas y liar las capas de los cigarros, y sobre el modo de elaborar los cigarrillos.

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Esta verdadera revolución en el modo de producir, requiere para ser un hecho, todo el tiempo que reclaman las reformas transcendentales que se plantean con prudencia para no fracasar en el empeño.

Sin haber llegado el momento del planteamiento general de esta reforma, se va preparando a ella al personal existente, por las instrucciones que recibe de los encargados de visitar las fábricas. ” (p. 7).

Se comienza, a partir de estos momentos, a dar mayor importancia al personal, de acuerdo con la información que aparece recogida. Tras la reforma estatutaria de 29 de abril de 1894, la CAT elabora un nuevo Reglamento de las oficinas centrales, con el objetivo de mejorar el anterior e introducir novedades importantes para “organizar debidamente la Habilitación y Caja de la Dirección y el cuerpo de empleados de la Compañía” (1894-95:9-10). La aplicación de este nuevo Reglamento llevó a la publicación de escalafones de empleados administrativos y periciales, celebrando exámenes de ingreso para los primeros y trabajos para los periciales.

En el proceso de mecanización y organización del trabajo tuvieron significativa influencia las prácticas llevadas a cabo por fábricas extranjeras y la tecnología en ellas implantada, que eran conocidas por las visitas que los directivos hacían a otros países, algunas de ellas como consecuencia de la asistencia a Ferias Internacionales, a las que con asiduidad empieza a acudir la empresa española. Del mismo modo fueron captados los nuevos planteamientos sobre la importancia de la adecuada formación de los trabajadores. En la Memoria del ejercicio 1896-97 se hace hincapié a este tema, destacándose de allí las siguientes cuestiones: “se organizó el cuerpo de empleados técnicos, que tanto ha de contribuir a los buenos resultados que de dicho plan nos prometemos; [...] y se estudiaron y formularon los programas de enseñanzas que han de darse en la Escuela especial de fabricación, proyectada también [...], y de la que son de esperar no pocas ventajas, puesto que con ella, a ejemplo de lo que sucede en otros países, ha de obtener la Compañía personal dotado de suficiente preparación científica, que sea garantía segura de positivo progreso en la elaboración de las confecciones de tabaco” (pp.8-9). La finalidad perseguida con la creación de un Cuerpo de Empleados Técnicos no era otra que contar con personal

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cualificado que pudiera dinamizar el proceso de cambio técnico y organizativo exigido para la modernización industrial (Candela Soto, 1997:44).

En este contexto, resulta especialmente relevante el hecho de que en el ejercicio siguiente “comienza a funcionar el personal técnico, […], y cuyos servicios prometen gran utilidad y provecho en la fabricación”, y la inauguración, en Madrid, en enero de 1899 de la Escuela especial de fabricación de tabacos (a la que va anejo un laboratorio químico y micrográfico), “destinada a suministrar los conocimientos especiales que en relación con su misión importantísima se exigen a dicho personal”. El Consejo, que entiende este hecho como trascendental, lo expresa de la siguiente forma: “ciertamente habrá de considerarse este acontecimiento, en la historia de nuestra Sociedad, como uno de los más halagüeños; pues significa la creación de un centro de enseñanzas totalmente abandonadas en España, con el que se contribuye al aumento de la cultura en nuestro país y al progreso de la Renta de Tabacos” (1897-98:7-8).

Nos parece significativo el hecho de que al final de la mayoría de las Memorias de la CAT se dedica un párrafo a elogiar la labor realizada por los empleados de la Compañía en el desempeño de sus funciones.

Ante las deficientes condiciones de trabajo en las Fábricas, un objetivo primordial del Consejo de la CAT, desde los primeros momentos fue la mejora de la seguridad e higiene en las mismas129. Para Comín y Martín (1999a:162) “esto se hacía desde un enfoque paternalista, de la misma manera que se concedían socorros y ayudas ante las desgracias por enfermedad, accidente o muerte de los empleados y obreros de la Renta”. En España, en estos años, se inicia la preocupación por la previsión social, aunque todavía no existe legislación al respecto, “por lo que esa actitud de protección con

129 Como señala Candela Soto (1997:125), la precariedad en las condiciones higiénicas y de salubridad fue una constante en las fábricas de tabaco; siendo diversas las críticas y denuncias, en las últimas décadas del siglo XIX, de fuentes oficiales y altas esferas de la Renta, que proclamaban la gravedad y empeoramiento de las condiciones de trabajo de las operarias: hacinamiento, malos olores, respiración dificultosa, suciedad, infecciones de ojos y garganta, etc.

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donaciones frente a las desgracias de los empleados y obreros era voluntaria y sin reglamentar en las normas de la Arrendataria”.

Según Rey Reguillo (1998:28) el hecho de que la Compañía no escatimara en medios para mejorar las condiciones de vida y trabajo de sus empleados, situándose por delante de la que era la media de concesiones empresariales de su tiempo, se debe fundamentalmente a dos razones: (i) se trataba de una empresa directamente dependiente del Estado, quién había empezado a asumir la llamada “cuestión social”, lo que hizo que la CAT se colocara a la vanguardia en lo que respecta a concesiones realizadas a su personal; y (ii) el hecho de tratarse de un monopolio, aseguraba unos beneficios lo suficientemente amplios como para atender las peticiones de sus trabajadores, incluso en épocas de recesión económica; además estos gastos no los soportaba íntegramente la CAT sino también la Renta del tabaco.

Por tanto, van produciéndose mejoras sociales como la de creación de un Montepío130 o más favorables condiciones de trabajo en seguridad e higiene. También se nombra una Comisión de Consejeros131, con la función de estudiar y proponer la creación de instituciones subvencionadas convenientemente por la Renta y por la Compañía, y que se mantengan, además, con las aportaciones que hagan los interesados. La finalidad perseguida por la Compañía con estas medidas era la de permitir el auxilio y el socorro del personal obrero, además de la estimulación del ahorro y de la mutua cooperación. En el ejercicio 1898-99 se dejan ya formulados los proyectos para el establecimiento de una caja de ahorros y de préstamo común a todo el personal de la Compañía, y de otras (tantas como Fábricas de Tabacos existan) denominadas “Cajas de auxilio en beneficio del personal obrero de las Fábricas de Tabacos y de los dependientes que perciben un sueldo anual inferior a 1.500 ptas.”

Desde comienzos del siglo XX, se inicia una preocupación por los aspectos sociales, que se refleja adecuadamente en la información suministrada en las Memorias; entre ellas, se encuentra: el establecimiento de una Caja de Ahorros

130 La idea de crear un Montepío ya aparece recogida en la Memoria del ejercicio 1896-1897. 131 Lo que aparece expresamente recogido en la Memoria correspondiente al ejercicio 1897-1898.

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y Préstamos para los empleados de la Compañía132, recogida en la modificación de los Estatutos de 1900 y otras Cajas de auxilio para los operarios de las Fábricas133, aprobadas por Real orden del Ministerio de Hacienda de 23 de febrero de 1901, ya que están sostenidas en parte por la Renta de tabacos. Esa preocupación la vemos confirmada en el siguiente párrafo, que extraemos de la Memoria del ejercicio 1899-00: “Estas Cajas [las de auxilio], […], y lo mismo que la de ahorros, merecen que la Compañía las auxilie y favorezca todo lo posible, como demostración del interés que a la misma inspira su personal. Por eso, el Consejo, coincidiendo, sin duda, con vuestros deseos, y haciéndose eco de ellos, tiene la honra de proponeros que la Compañía done a la Caja de Ahorros la cantidad de 20.000 pesetas para aumentar sus ingresos de este año, y contribuir a que sus comienzos sean indicio manifiesto de su futura prosperidad, solicitando al propio tiempo de vosotros, por lo tocante a las Cajas de auxilio, que le autoricéis para que, dentro del límite máximo de 30.000 pesetas, para todas ellas, entregue a cada una la cantidad que estime procedente, en relación al número de operarios que formen parte de dichas instituciones” (p. 12). A partir de su entrada en funcionamiento, en todos los ejercicios se suministra información de la evolución de estas instituciones que se han creado134.

Las normas existentes en materia social eran cumplidas íntegramente por la Compañía, cuando todavía la práctica generalizada en las empresas españolas era lo contrario135. Además del cumplimiento de las escasas leyes

132 Esta Caja de Ahorros empezó a funcionar a partir de enero de 1901. Caja que fundamentalmente se creó porque con anterioridad a la CAT, en la etapa de gestión directa del Monopolio, los empleados eran funcionarios, por lo que disfrutaban de los derechos pasivos tras su jubilación (las cigarreras no gozaban de dicho privilegio, al no pertenecer al personal de plantilla, aunque se les permitía acudir a las fábricas y cobrar su sueldo mientras pudieran, aunque no realizasen labor alguna). Con el arrendamiento a la CAT los funcionarios pasaron a ser empleados de la compañía, perdiendo sus derechos pasivos, aunque los sueldos aumentaron; siendo este el principal motivo por el que aparece dicha Caja. 133 Las Cajas de Auxilios empezaron a funcionar a finales de 1901. 134 Ambas instituciones siguieron una evolución muy distinta; la Caja de Ahorros y Préstamos funcionó sin problemas, mientras que las Cajas de Auxilios no sobrevivieron a la inflación que provocó la Primera Guerra Mundial (Rey Reguillo, 1998:30). 135 La práctica habitual de las empresas españolas era la de no cumplir con las escasas leyes sociales existentes, ya que generalmente el Estado, por falta de medios, no realizaba inspección

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existentes, como la Ley de Accidentes de Trabajo de 1900, por propia voluntad mejoró las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, anticipándose en esta materia a lo establecido en la legislación. Empiezan a instalar calefacción en las Fábricas y "asilos de lactancia" para los hijos de las empleadas. Estos adelantos son debidos a la CAT, ya que antes del arriendo las condiciones en las fábricas de tabacos españolas eran bastante más precarias.

Aparecen las "pagas de toca" para atender a viudas y huérfanos de trabajadores de la empresa. Donativo habitual que el Consejo concede no sólo a viudas o hijos, sino también a viudos y hermanos. El importe era por dos meses del sueldo del trabajador, siendo en ocasiones del doble, aunque sólo en casos extraordinarios.

Estas medidas eran muy apreciadas por los obreros, estando asegurada de esta forma la lealtad con la Arrendataria. No obstante en algunas Memorias aparecen recogidos pequeños movimientos de rebeldía por parte de los empleados de algunas de las fábricas de la Renta, como los que se producen en enero de 1903 en la Fábrica de Gijón, y en mayo de 1903 en la de Santander, ante la oposición de los empleados a cumplir con las órdenes establecidas para la ejecución de las tareas del mes. Como se indica en la Memoria de 1903 “ambos fueron aquietados rápidamente, manteniéndose, cual corresponde, el principio de autoridad” (p.14). Esta lealtad, como señalan Comín y Martín (1999a:253), “la intentan romper las organizaciones obreras durante los años de la primera guerra mundial, aunque era muy difícil por las concesiones que hacía la empresa”.

Entre otras atenciones sociales merecen destacarse algunas como las siguientes:

- En 1904, por Real orden de 6 de abril, se modifican los premios de los Representantes garantizados, que el Consejo no considera adecuados, ya que lo que se pretendía era establecer un sistema de organización y remuneraciones que tuviese la garantía de la permanencia en el tiempo.

alguna. En opinión de Fusi y Palafox (2003:168) la legislación laboral en estos años era limitada, insuficiente, y a menudo incumplida.

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- Con objetivos primordialmente sociales y ante la falta de un sistema de jubilaciones regulado para las operarias de las fábricas, se crean en 1906, unos talleres denominados de “faenas auxiliares”, a ellos se destinan “aquellas operarias que por razón de su edad u otras circunstancias están incapacitadas para las de un orden más superior”. Ello permite la conveniente selección del personal obrero y “no desamparar a dicho personal cuando por sus achaques van perdiendo su antigua habilidad, que es cosa muy en consonancia con el interés que hacia el mismo siente la Compañía y muy en armonía con estímulos humanitarios de que no debe prescindirse” (1906:9-10). Las cigarreras permanecían en estos talleres hasta una edad avanzada, incluso morían en ellos136. Aunque inicialmente estos talleres se crean únicamente en las Fábricas de Madrid, Alicante y Sevilla, en ese mismo ejercicio se solicita al Ministerio de Hacienda su establecimiento para el resto de Fábricas de la Renta, medida que es aprobada en el ejercicio siguiente.

Talleres que, como señalan Comín y Martín (1999a:330), a partir de los años veinte, no existen físicamente en las fábricas, permaneciendo las operarias en sus domicilios, aunque cobrando la remuneración correspondiente.

Con la creación de los talleres de faenas auxiliares la CAT estableció un sistema de jubilación antes de que fuera obligatorio. Esta situación se mantiene hasta que es aprobado, a mediados de los años treinta, el retiro obrero para los operarios de las fábricas.

- En 1908 se creó, en la Fábrica de Madrid, “debido a la feliz iniciativa de su Jefe” una Cooperativa de consumo para el personal de la misma, la cual viene demostrando un excelente éxito; ésta puede entenderse como más adelante tendremos ocasión de comprobar, el antecedente de los más recientes Economatos laborales, a los que tanto la CAT como Tabacalera dedicaron grandes esfuerzos económicos.

- A consecuencia del fallecimiento en 1908 del Marqués de Aldama, Presidente del Consejo de Administración, y de Eleuterio Delgado, Director-Gerente, se

136 De hecho algunos autores han definido a alguna de las fábricas de tabacos (en concreto la de Sevilla, aunque puede extenderse al resto) como un “centro asistencial donde cientos de trabajadoras seguían empleadas, en parte, por la labor social que dichas instalaciones cumplían, en detrimento de costes de producción y de la productividad de la empresa“(Arenas, 1993, citado por Gálvez, 1998:39).

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dotaron diversas cantidades (51.861,85 ptas y 23.679,60 ptas) para sufragios y donativos con los que honrar sus memorias. De estos importes, 40.000 ptas se destinaron, de acuerdo con la familia del Marqués de Aldama, “en provecho de modestos empleados de esta Sociedad”. Cantidad que se utilizó para premiar anualmente a las operarias que lo merecieran, que llegaron a ser conocidos como premios a la virtud. En este momento aprovechamos para indicar, tal como se deduce de la información contable, que hasta el nombramiento del nuevo Presidente, D. Alejandro Pidal y Mon, no aparecía gasto alguno como retribución del mismo (al haber renunciado los anteriores). En la liquidación general de la Compañía correspondiente al ejercicio 1908 uno de los conceptos de gastos que podemos encontrar es: “Por haberes del Sr. Presidente del Consejo de Administración desde abril”, 22.500 ptas.

3.2.3. Proceso de mecanización: dualidad de talleres

Como más adelante tendremos ocasión de justificar con determinadas frases recogidas de las Memorias de estos ejercicios, entendemos que la mayor información que en los años que analizamos se da sobre los trabajadores (a los que se elogia en reiteradas ocasiones) guarda importante relación con el proceso de mecanización al que la Compañía se enfrenta, que, en algunos momentos, es objeto de choques ante los cambios previstos, a pesar de la fidelidad de empleados y operarias. Valga como ejemplo el siguiente párrafo extraído de la Memoria del ejercicio 1907: “Excusado es decir que la compañía va realizando las mejoras que el uso de las autorizaciones concedidas supone, con natural moderación y exquisita prudencia; que vela por que con ellas no se perjudiquen, sino antes bien se favorezcan los intereses del personal obrero existente en las Fábricas [...] la implantación del sistema denominado semimecánico para elaboración de cigarrillos [...], sin que se disminuyan los beneficios de las operarias, que más bien se aumentarán”.

Ante la implantación, en el ejercicio siguiente, de este sistema semimecánico, las operarias de la Fábrica de Alicante se opusieron, amotinándose y destruyendo la maquinaria y demás accesorios destinados al taller. Rebelión que fue sofocada, pudiéndose establecer, sin grandes obstáculos, dichos talleres. En el resto de fábricas en las que se establecieron estos talleres (Logroño, Valencia, La Coruña y Sevilla), no hubo contratiempo alguno.

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Además se vuelve a reiterar que con la implantación de los talleres semimecánicos “en nada se lastiman los intereses del personal obrero” (1908:10). De hecho a partir de 1910 son las propias operarias de algunos de los centros (Madrid y Cádiz) las que solicitan la implantación de procedimientos mecánicos de fabricación.

También hay que destacar en esta época algo que asimismo tiene relación con el proceso de mecanización: la flexibilidad en el trabajo de las cigarreras, que tenía una especial importancia en el caso de mujeres casadas para poder compatibilizar las tareas domésticas con su trabajo en las fábricas. En un principio la CAT intentó controlar a las operarias, pero la presión de éstas obligó a que el Consejo permitiera este hecho; el control del tiempo de trabajo lo seguían teniendo las operarias y no los jefes. Esta flexibilidad era permitida por la realización del trabajo en grupo, pudiendo realizarse mientras la mecanización era escasa, siendo ese motivo el que le puso límite. A partir de ese momento las fábricas se convirtieron en establecimientos duales, con dos tipos de organización del trabajo diferentes en los talleres mecánicos y en los manuales.

En el ejercicio 1910 se hace una extensa alusión a la adquisición de numerosa maquinaria y a la contratación de aprendizas en un volumen importante (730 personas), ya que era más adecuada la contratación de personal poco especializado, que podría adaptarse mejor al nuevo sistema productivo, que adiestrar al personal existente, que era más reacio a las innovaciones.

Hemos indicado como desde comienzo de siglo aparecen determinadas normas sobre seguros sociales y condiciones de trabajo, que la Arrendataria cumplió en su integridad, pero a pesar de ello, como señalan Comín y Martín (1999a), a partir de 1910 surge una importante conflictividad en las fábricas, en un contexto caracterizado por la introducción de los sindicatos en los centros de la Renta y enmarcado en una cierta inestabilidad social en el país137.

137 Durante los primeros años del siglo XX las organizaciones obreras eran escasas y estaban muy localizadas en determinadas áreas geográficas del país. No obstante los primeros sindicatos originaron importantes conflictos, que provocaron reacciones en los medios patronales (Cabrera y del Rey, 1996: 445). En las primeras décadas del siglo XX, ante la falta de una representación parlamentaria fuerte, el conflicto social se planteó en las calles,

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La preocupación por el personal se hace patente a lo largo de las Memorias, y de ello destacamos la Real orden de 16 de diciembre de 1912, por la que se aprueban mejoras para los “modestos funcionarios de la Compañía”: nuevas plantillas “encaminadas a favorecer las categorías inferiores, y, por virtud de ella, tanto el escalafón del laboriosísimo Cuerpo denominado de Empleados administrativos como el de los Inspectores del Timbre, han obtenido una cierta proporcionalidad y equilibrio en sus respectivos grados, que les da mayor flexibilidad y facilidad de movimiento que antes, con lo que ha sido posible desde luego el ascenso de un número considerable de los individuos que en ellos ocupaban las escalas más bajas” (1912:16-17). Esta mejora se hace extensiva a otros empleados, posibilitando el ascenso de un gran número de trabajadores, como el personal subalterno y los obreros llamados de “faenas generales”.

Durante el período que comprende la Primera Guerra Mundial y hasta el contrato de 1921, las referencias y actuaciones con respecto al personal que podemos encontrar en esta época y la preocupación de la Compañía por las mejoras salariales y de otro ámbito son expresadas, en determinadas ocasiones, con mayor o menor detalle. De hecho, en la Memoria correspondiente al ejercicio 1916, aparece una mención a las Cajas de auxilio, que en su día creó la Arrendataria en beneficio de las operarias de las Fábricas de tabacos, ya que durante este período el Consejo tuvo que adoptar varios acuerdos accediendo a la petición de empleadas que querían retirarse de dichas instituciones, petición que el Consejo no deniega un ningún momento pues a las mismas se accedía voluntariamente. No obstante el Consejo quiso “por el bien del personal obrero, que al menos continuara éste disfrutando de las ventajas que gratuitamente se le prestaban de asistencia médica en casos de enfermedad y de algún auxilio, aunque modesto, a sus familias, para gastos de entierro” (1916:17). Petición que fue admitida por el Ministro de Hacienda mediante Real orden de 2 de marzo de 1916.

En el ejercicio de 1917 se hace una extensa referencia, que ocupa prácticamente una página de la Memoria, a las subidas de sueldos solicitadas prácticamente sin mediación institucional. El Estado empieza a intervenir en el ámbito social y laboral, con la creación del Instituto de Reformas Sociales en 1903 y el Instituto Nacional de Previsión en 1908.

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por la Arrendataria y aprobadas por el Ministro de Hacienda, por Real orden de 7 de julio, que se introduce con el siguiente párrafo: “El encarecimiento general de la vida, secuela fatal de la guerra, afectando principalmente y con verdadera gravedad a las clases humildes, solicitó vivamente el interés y la atención del Consejo, deseoso de procurar algún alivio al personal obrero de las Fábricas de tabacos, por el que, como por todo el de la Compañía, se preocupa constantemente” (p. 8). Esta Real orden autoriza, con carácter transitorio, una subvención de 7,50 pesetas mensuales para las operarias de los talleres y 9 pesetas a las maestras, porteras, capataces, maquinistas, mozos de faenas y máquinas, y en general a todos los empleados obreros de las Fábricas y Depósitos que recibían un sueldo fijo. Además se elevaron a 30 pesetas mensuales para la Fábrica de Madrid y a 25 para las de las demás provincias las asignaciones de las operarias pertenecientes a los talleres de faenas auxiliares.

Por otra parte, en el ejercicio 1918, se propone duplicar las subvenciones anteriores, ante el interés del Consejo por el personal obrero y su deseo de mejorar en lo posible su situación, y justificándolo de nuevo por el encarecimiento de la vida, lo que también se aprobó mediante Real orden de 8 de agosto. Además se solicitó al Gobierno que las mejoras que la Ley de 22 de julio de 1918 otorgaba a los empleados públicos se hicieran extensibles a los trabajadores al servicio de las Rentas del Estado, y por Real orden de 17 de octubre se autorizó la revisión de las plantillas, asimilando en lo posible las categorías y sueldos de dichas plantillas a los establecidos para el Ministerio de Hacienda. En la Memoria se recoge la satisfacción del Consejo por “el merecido y justificado beneficio que la reforma en cuestión representa” para el personal que lo obtuvo (1918:17).

Desde 1922, por Real orden de 29 de mayo, fueron reformadas las plantillas, introduciendo como novedad la uniformización de las retribuciones extraordinarias de las distintas Fábricas.

También decir que desde 1917 hasta 1921 se produjeron varios conflictos laborales, a los que la Compañía “ha permanecido en todo momento en una absoluta neutralidad y procurando sólo amparar el derecho de todos a la libertad del trabajo” (1920-21:9). En relación con ello, la Compañía, secundando la iniciativa del Banco de España, entregó al Presidente del

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Consejo de Ministros un donativo de 25.000 pesetas, para que el Gobierno lo invirtiese en premiar a quienes restablecieron el orden en los intentos que hubo en agosto de 1917 de organizar una huelga general.

Sin embargo, la agitación social del momento138 fue llevada a las Fábricas de Tabacos, donde desde mayo de 1919 se iniciaron una serie de huelgas y reclamos, que aunque fueron solucionándose, llevaron al cierre de algunas Fábricas, como la de Cádiz, Sevilla o La Coruña en 1919 y 1920; y las de Madrid y Logroño durante 1920 y 1921139. Estas circunstancias, junto a la implantación de la jornada de trabajo de ocho horas (Real orden de 19 de enero de 1920), ocasionaron un descenso importante de la producción. Las causas que llevaron a tales hechos, según el Consejo, eran ajenas a la Compañía y derivadas de la lucha de bandos entre el personal obrero. En la Memoria de ese ejercicio se expone: “Nunca ha estado justificada la actitud de este personal de las Fábricas de Tabacos al producir perturbaciones siguiendo inspiraciones cuanto menos equivocadas. La Compañía ha estado constantemente atenta a su bien, dentro de lo justo y posible, y se ha anticipado a demandas haciendo concesiones que ha estimado procedentes en consideración a lo que para la vida del obrero supone el encarecimiento de las subsistencias [...]”(1919-20:10). A continuación dedica casi una página de ejemplos sobre las mejoras en sueldos y subvenciones alcanzadas en los años anteriores y en ese mismo ejercicio por la Arrendataria para el bienestar de sus empleados.

3.2.4. Incremento de las actuaciones socio-laborales

En los años veinte empieza a ser más abundante la información sobre personal y actividades de tipo social. Algunas referencias que consideramos de interés pueden ser las que siguen:

138 Los años posteriores a la Primera Guerra Mundial fueron de gran conflictividad, lo que llevó a una espiral de violencia entre empresarios y obreros; en este contexto las organizaciones patronales y sindicales tuvieron un relevante protagonismo, desconocido hasta el momento (Cabrera y del Rey, 1996). 139 Sólo una huelga de cigarreras y tabaqueros afectó a todas las fábricas de la Renta desde 23 de diciembre de 1919 hasta 28 de enero de 1920.

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- Una mejora introducida en todas las Fábricas de Tabacos, desde principios de los años veinte, positiva para la Compañía pero también para sus trabajadores, es la electrificación en todos sus establecimientos.

- Se deduce una intención de la Compañía de que sus Fábricas dispongan para los trabajadores de las mejores condiciones de trabajo, de higiene y comodidad, “por lo menos iguales y aun superiores al de cualquier otra industria” (1923-24:13-14); para lo cual hicieron estudios, solicitaron las requeridas autorizaciones al Gobierno y realizaron varias obras en los centros de trabajo. De los distintos proyectos se destaca, por su importancia, el de la Fábrica de Sevilla.

- La Compañía favorece el ingreso de sus empleados de Madrid a una asociación de protección médico-farmacéutica, constituida por trabajadores de diferentes empresas, que venía prestando excelentes servicios. También se interesó en la constitución de un sanatorio médico-quirúrgico (1924-25).

- Se implantó en 1927 un nuevo Reglamento referente al personal obrero de las Fábricas y Depósitos de tabacos; y se autorizaron créditos para varias organizaciones en beneficio del personal obrero y los trabajadores pertenecientes al Servicio de Vigilancia. Algunas de las medidas dispuestas en el Reglamento ya habían sido articuladas por la CAT con anterioridad, quedando reflejadas en sus cuentas anuales; aparecen a partir del ejercicio 1925-26, en la liquidación general de la Compañía determinadas cantidades destinadas a donativos a favor de los trabajadores (“Donativo de la Junta general de Sres. Accionistas a favor de los empleados de la Compañía: 350.000 pesetas”).

Este Reglamento pone de manifiesto la gran transformación que habían experimentado las fábricas de tabacos (Pérez Vidal, 1959:292), apareciendo nuevos oficios entre el personal masculino: maquinistas, electricistas, ajustadores, torneros, forjadores, etc.

Con respecto a las nuevas incorporaciones de personal femenino en las fábricas de tabacos, el Reglamento establece una serie de condiciones (Pérez Vidal, 1959:292): tener un mínimo de catorce años y un máximo de treinta; no padecer enfermedad crónica ni contagiosa y estar recientemente vacunada;

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saber leer y escribir; acreditar buena conducta, y contar con el consentimiento de quien deba prestarlo; así como pasar en la fábrica un examen.

Reglamento que establece, en caso de enfermedad comprobada por el personal sanitario de la Compañía, que los obreros de ambos sexos recibieran durante un máximo de tres meses, la mitad del jornal, los que tenían sueldo fijo, y para el resto, sólo la parte fija. Además, en casos certificados de enfermedad grave de familiares de las operarias, si éstas debían prestarles asistencia, podrían recibir la parte fija de su jornal por un máximo de ocho días (Candela Soto, 1997:133).

Con respecto a los talleres de faenas auxiliares se establece un límite de edad menor, disponiendo que todas las operarias que cumplieran sesenta años podían pasar a dichos talleres, incluso antes si quedaban inutilizadas para las tareas normales (Rey Reguillo, 1998:36).

- Desde 1923 para nuevas contrataciones, que superasen al personal incluido en las listas familiares de las operarias, se establecieron reglas para el reclutamiento. Reformas que incorpora el Reglamento de 1927.

- En las Memorias correspondientes a los ejercicios 1929 y 1930 se recogen las mejoras al personal obrero de las Fábricas y Depósitos de la Renta, que por Reales ordenes (19 de julio de 1929, 31 de diciembre de 1929, 19 de noviembre de 1930 y 6 de diciembre de 1930) se introducen, “en virtud de las propuestas que tenía formuladas la Compañía al Gobierno” (1929:17); dedicando tres páginas de cada una de las Memorias a comentar de forma muy detallada cuáles fueron estas medidas:

Aumento hasta las 75 pesetas mensuales para las operarias que pasaban a los talleres especiales de carácter auxiliar. Los mecánicos y obreros, fuesen hombres o mujeres, que pasaran a estos talleres, recibirían 1.920 pesetas anuales; los mecánicos y los obreros el 50% de su jornal anual antes de pasar a estos talleres.

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Se elevan hasta 76 pesetas mensuales la parte fija de los salarios de las operarias, y hasta 87,50 pesetas mensuales la parte fija de los sueldos de los mecánicos140. También aumentaron los salarios del resto del personal obrero.

Queda establecida una autorización para que los Jefes de las Fábricas pudieran conceder a su personal hasta 15 días de vacaciones, durante los cuales recibirían su salario, siempre y cuando los servicios quedaran bien atendidos. Además se establece que “han quedado fijadas de modo concreto y taxativo, por virtud de las soberanas disposiciones citadas, las cantidades a descontar de los respectivos salarios o parte fija de las remuneraciones por cada día que el personal obrero falte al trabajo, salvo las excepciones que fuera prolijo enumerar aquí” (1930:18).

Las operarias de los talleres manuales empiezan a recibir delantales y los obreros monos141.

Las ayudas (socorros) de los obreros enfermos quedaban establecidas en: 5 pesetas diarias para las operarias, 10,50 pesetas para los mecánicos y el jornal completo para el resto de empleados. Estos socorros estaban limitados a 60 días de enfermedad por año, introduciéndose la posibilidad de prorrogar el período, por acuerdo del Consejo y en casos especiales.

Se elevó a 100 pesetas el subsidio para las empleadas que dieran a luz142.

Aumento a 150 pesetas para los gastos de entierro que la Arrendataria entregaba a los familiares de los empleados fallecidos. Además de dicho importe también se establece que cuando muriese un operario se entregaría a su mujer una cantidad correspondiente a una anualidad de jornal. En caso de fallecimiento de un trabajador/a que dejase huérfanos de padre y madre, la

140 La remuneración de operarias y mecánicos estaba compuesta por una parte fija y otra variable llamada premios de elaboración y que quedaban fijados en el plan de fabricación. 141 A las operarias de los talleres mecánicos ya se les venía proporcionando uniformes. 142 Desde 1931 aparece el seguro de maternidad, obligando al cumplimiento de la legislación previa sobre permisos, asistencia médica y subsidio por maternidad. Estas leyes, en general incumplidas por el sector privado, fueron íntegramente seguidas por la CAT, aunque apenas hubo que introducir modificaciones, ya que la Arrendataria fue por delante de la legislación (Comín y Martín, 1999a:297).

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Compañía destinaría la cantidad que fuera precisa para que los hijos fueran acogidos en un asilo hasta que los varones cumplan los 17 años y las mujeres los 21; además la Compañía intentaría contratarlos cuando tuvieran la edad reglamentaria.

Ampliación y mejora de los servicios médico-farmacéuticos en las dependencias de la Renta.

- Algunas de estas medidas vuelven a modificarse rápidamente:

Por Orden ministerial de 8 de julio de 1932 se incrementa la cantidad que reciben las operarias destinadas a los talleres auxiliares, pasando de las 75 pesetas mensuales a 90 pesetas.

Otra Orden ministerial de 24 de mayo de 1933 aumenta de 76 a 90 pesetas mensuales la parte fija del sueldo de las operarias, de 87,50 a 101,50 pesetas mensuales la parte fija del sueldo de los mecánicos y en 180 pesetas los salarios anuales fijados en las plantillas de las Fábricas y Depósitos.

En estas actuaciones con el personal tiene una gran influencia la llegada de D. Francisco Bastos a la dirección de la Compañía, que lógicamente se dejan sentir más adelante. Empiezan por esta fecha a hacerse los nombramientos por méritos y no por antigüedad, y a uniformizarse los salarios, por categorías, entre todos los establecimientos de la CAT.

Las Memorias de la CAT son auténticos documentos de la historia de España reflejados en esta empresa. En la Memoria de 1934 se da una amplia información sobre “la agitación político-social que se advirtió durante el año 1934 en nuestro país y que culminó en los dolorosos sucesos de Asturias y Cataluña en el mes de octubre” (p. 13). En opinión de la empresa, como consecuencia de huelgas, que no obedecían a cuestiones que afectaran al trabajo, y de acuerdo con el Gobierno, se cerraron algunas de las Fábricas de Tabacos; despidiendo trabajadores en las de Alicante, Madrid, Santander y San Sebastián, que posteriormente fueron readmitidos casi en su totalidad, previos trámites y garantías de que no se reprodujeran esas actitudes, especialmente cuando entendían que la Compañía y el Estado habían estado atentos siempre al mayor beneficio posible para su personal obrero.

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En la Memoria correspondiente al ejercicio 1935 el Consejo de la CAT deja constancia de una petición, con fecha 24 de febrero de 1934, al Ministro de Hacienda, en la que se proponían reglas y determinaciones para el retiro del personal que por su edad o estado físico no estuviera en condiciones de seguir prestando un servicio útil a la Compañía. Los empleados quedaban divididos en tres grupos:

1. Personal de empleados. 2. Servicio de vigilancia. 3. Personal obrero: Se propone el paso a situación pasiva de todo aquel que tenga o cumpla 77 años. Las retribuciones serían: 150 pesetas mensuales para las operarias, el 75% del sueldo en el momento del retiro para los cargos, y 260 pesetas mensuales para los mecánicos.

Al respecto se indica: “nada se ha resuelto hasta ahora por lo que hace al personal de empleados y obreros; mas, aprovechándose una oportunidad favorable, hubo lugar a que en 1935 se implantaran las reglas formuladas respecto al personal del Servicio de Vigilancia” (1935:27).

Antes de pasar a analizar la información que sobre el personal publica la Compañía durante la Guerra Civil, nos parece oportuno comentar, siguiendo a Comín y Martín (1999a:325-334) la evolución experimentada por el personal de la CAT desde el inicio de su gestión hasta este momento. En la tabla que sigue se muestra la evolución del personal de la Compañía Arrendataria de Tabacos desde 1895 hasta 1935 por dependencias. Se observa como en los primeros años de gestión la mayor parte del personal pertenecía a las Fábricas (28.325 empleados en 1895), ocupando el segundo puesto por orden de importancia las expendedurías (18.852 empleados en 1895). Esta situación se invierte a partir de 1910, cuando el número de estanqueros ya es superior al de operarios en las Fábricas (19.594 estanqueros frente a 18.569 empleados en fábricas). Para 1935 el número de estanqueros supera en más de 8.000 al de empleados en fábricas. Según los citados autores (1999a:325) “en la vida de la CAT las cigarreras cedieron el puesto a los estanqueros”.

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Capítulo III

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Personal de la Compañía Arrendataria de Tabaco por dependencias (1895-1935) 1895 1910 1935

Oficinas centrales Oficinas provinciales Fábricas Depósitos Empaques Representación del Estado143 Vigilancia del contrabando Inspección del Timbre

140 430

28.325 54 8 58 79

197

191 537

18.569 56 7 90

1.080 65

217 564

13.917 106

5 67(*) 673

94(*)

Expendedurías144 18.852 19.594 21.950 (*) Personal en 1930. Fuente: Comín y Martín (1999a)

3.2.5. Las relaciones laborales durante la Guerra Civil española: pérdida de los logros alcanzados

La Guerra Civil española lleva a la escisión de la Arrendataria en dos zonas: una llamada “republicana” y otra “nacional”, dependiendo del lado -republicano o nacional- en el que fueron quedando cada uno de los centros durante las hostilidades145; creando una situación muy difícil para la compañía. Como el Gobierno republicano inicialmente se situó en Madrid, la sede y la dirección de la CAT republicana permanecieron en esta ciudad, para trasladarse posteriormente, en diciembre de 1936 a Valencia, al igual que hizo dicho Gobierno, y después, en noviembre de 1937, hasta Barcelona. En la zona controlada por Franco se organizó la CAT nacional, cuyas oficinas centrales se situaron en San Sebastián, y posteriormente, desde mediados de 1938, en Burgos.

143 Incluimos al personal perteneciente a la Representación del Gobierno en la Compañía por la importancia del mismo para la marcha de la Renta; aunque éstos no eran empleados de la Arrendataria, son remunerados por la Renta de tabacos. 144 Los estanqueros eran considerados prácticamente como empleados de la Arrendataria, ya que incluso recibían indemnizaciones en caso de desgracias. 145 La Arrendataria al inicio de la contienda disponía de doce fábricas, de las cuales en un primer momento cuatro quedaron situadas en territorio nacional (Sevilla, Cádiz, Coruña y Logroño) y el resto en zona republicana. Esta situación va invirtiéndose durante la guerra, quedando al final de la misma en la CAT republicana sólo cuatro establecimientos: Madrid, Valencia, Alicante y Tarragona.

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3.2.5.1. La CAT republicana: indisciplina y falta de autoridad

Con el inicio de la contienda y la división del país, la parte de la Compañía que quedó en el territorio controlado por el gobierno republicano, que hemos llamado CAT republicana, fue incautada, a principios de agosto de 1936, por el Comité Nacional de la Federación Tabaquera Española. Este Comité destituye a los dos únicos consejeros que habían permanecido en su cargo, con el pretexto de que actuaban en contra de los intereses del Estado, de los empleados y de muchos de los accionistas (Comín y Martín, 1999b:16). Este organismo, a pesar de la oposición del Gobierno, que nunca admitió su existencia como sustituto del Consejo de Administración de la CAT, siguió en funcionamiento.

A finales de septiembre de 1936 el Estado vuelve a recuperar la dirección de la CAT, pasando la administración de la compañía a cargo de un Comité de Gerencia compuesto por obreros y empleados designados por las organizaciones sindicales. Comín y Martín (1999b:19), de entre las primeras medidas adoptadas, destacan una subida de sueldo hasta 4.000 pesetas a todo el personal de oficinas centrales, dependencias, fábricas y depósitos, que cobrasen menos de dicha cantidad. Sin embargo, este Comité, como también señalan Comín y Martín (1999a:356), “nunca logró un control de la Compañía, puesto que los consejos obreros de las fábricas y los sindicatos de tabaqueros se hicieron con el mando efectivo de las secciones de producción y distribución”. Además fue muy complicado que las órdenes de las oficinas centrales se cumpliesen en todos los centros de la Compañía por la dificultad de las comunicaciones y la indisciplina laboral predominante en la zona republicana durante la guerra.

En la CAT republicana el incumplimiento de los empleados, fundamentalmente de funcionarios, fue bastante importante, en especial la negativa del personal de las oficinas centrales a abandonar primero Madrid y luego Valencia. Estas faltas llevaron al Gobierno a cesar a todos los funcionarios que se negasen a cumplir el traslado, aunque la medida fue poco efectiva, al encontrarse con la oposición de los sindicatos. Además, todos los directivos que habían mostrado una ideología diferente a la republicana o una postura antisindical, fueron despedidos.

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La situación de las fábricas localizadas en esta zona no fue mejor. La organización de los centros fue deteriorándose progresivamente por la falta de autoridad y control. En todos los establecimientos se formaron comités obreros de control, con una actuación muy deficiente. Hubo problemas en la producción, que fue insuficiente para atender la demanda, lo que originó el racionamiento146, fundamentalmente por la desorganización e indisciplina laboral, la falta de materia prima y por una maquinaria insuficiente. Además es suprimido el cuadro de labores existente, pasando a elaborar una “labor de guerra”, compuesta tan sólo de cinco clases de tabacos.

Con respecto a los estancos, los sindicatos fueron incautándose sistemáticamente de prácticamente todas las expendedurías ubicadas en territorio republicano, “desposeyendo de su concesión a aquéllos elementos que las citadas organizaciones consideraban desafectos al régimen, lo que en muchos casos simplemente significaba que habían sido fieles representantes de la Arrendataria” (Comín y Martín, 1999b:25); lo que llevó a la orden del gobierno del cese inmediato de dichas prácticas, sin ningún éxito por falta de medios para impedir las incautaciones.

Desde el Decreto de 29 de abril de 1938, el Estado se hace cargo de la administración directa del Monopolio de Tabacos y Fósforos situado en la zona republicana, dando por finalizado el contrato de 1921 con la CAT, lo que supuso la disolución inmediata del Comité de Gerencia y una menor representación obrera en el nuevo Consejo de Administración. A partir de este momento no se permitió la interferencia de los consejos de fábrica ni de los sindicatos fuera de los puestos asignados en el Consejo de Administración. No obstante, el objetivo pretendido, de corregir la situación creada durante la guerra, fue imposible de conseguir por el corto tiempo, seis meses, del que se dispuso.

3.2.5.2. La CAT nacional: disciplina y control

Por lo que respecta a la Arrendataria situada en la zona nacional, en los inicios de la contienda existen importantes problemas de puesta en funcionamiento de la administración de la compañía debido a que las 146 En la asignación de tabaco tenían preferencia las necesidades de las fuerzas combatientes, a continuación la clase trabajadora, y en caso de sobrante sería vendido. Sistema que fue muy defectuoso, convirtiéndose los abusos en norma.

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oficinas centrales y alta dirección de la CAT quedaron en Madrid, bajo el dominio del gobierno republicano. Las prioridades del Consejo fueron la organización del personal y del sistema de distribución desde las fábricas hasta los estancos. No obstante, como indican Comín y Martín (1999a:361), en los centros localizados en la zona nacional no existieron los problemas que se dieron en la CAT republicana, funcionando la dirección y gestión de la Compañía de forma habitual, sin incumplimientos por parte de los empleados ni incautaciones de expendedurías; aunque también aparece el racionamiento de tabaco por falta de materia prima. Cualquier indicio de resistencia obrera fue duramente reprimido, eliminando las representaciones sindicales de los centros y estableciendo una férrea disciplina y endureciendo las condiciones de trabajo.

Desde el inicio, en las fábricas y demás localizaciones pertenecientes a la Arrendataria nacional, se llevaron a cabo procesos de depuración del personal, consistentes en la suspensión de empleo y sueldo hasta que se comprobaba su relación o no con el gobierno republicano, medida que no fue aplicada en todos los casos por falta de mano de obra. En caso de encontrar relación o ideología republicana del trabajador, éste era expulsado de la empresa.

Tampoco las expendedurías tuvieron los problemas de incautaciones de las situadas en zona republicana. Sin embargo, sí fue modificado el procedimiento para la asignación de vacantes, dando preferencia a “las personas que habían resultado perjudicadas por la guerra por su adhesión al Alzamiento Nacional, a los familiares de fallecidos en la guerra o asesinados en la zona sometida al dominio rojo” (Nota 01.01.1938-31.03.1939:89).

3.2.5.3. Endurecimiento de las condiciones de trabajo

A pesar de lo escasa y poco rigurosa información durante el período que comprende la Guerra Civil española, la Arrendataria, tanto en la “Nota acerca de la gestión de la Compañía Arrendataria de Tabacos, desde la iniciación del Glorioso Movimiento Nacional (1 de agosto de 1936) hasta el 31 de diciembre de 1937”, como en la Memoria que comprende los ejercicios 1936 a 1939, y en la “Nota acerca de la gestión de la Compañía Arrendataria de Tabacos, desde 1º de enero de 1938 al día 31 de marzo de 1939”, dedica

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una amplia información acerca de su personal. Esta información está exclusivamente referida a la CAT situada en la zona nacional.

En la primera Nota se hace referencia, en especial, al personal directivo de la Compañía, indicando que “en las oficinas de Madrid funcionaba todo el alto personal directivo, los Jefes de los servicios centrales y un personal adscrito a tales servicios cuyo número excedía de 150” (p.4); personal que permanece en Madrid hasta finales de 1937. En la “zona liberada” hubo que organizar la administración central de la Compañía con muy poco personal directivo, destacándose los esfuerzos realizados tanto por los directivos como por los obreros. Se elogia el hecho de que el personal obrero incluso participe, gratuitamente y fuera del horario de trabajo, en la confección de una labor especial que era distribuida de forma gratuita entre los heridos por la guerra.

Esta mención vuelve a reiterarse en la segunda Nota, con el siguiente párrafo: “Es justo consignar que todo el personal de la Compañía ha contribuido eficazmente a los resultados obtenidos. [...] destacar la actuación extraordinaria de su Presidente el Sr. Marqués de Amurrio [...]. Una mención especial merecen los Jefes de las fábricas y el personal técnico y administrativo de la plantilla de Madrid que liberado de la zona roja ha prestado su eficaz concurso en las oficinas centrales de San Sebastián y Burgos, así como el modesto personal admitido interinamente durante la guerra en dichas oficinas centrales” (p.87).

En la Memoria de este período se hacen comentarios como los siguientes:

(1) Se produce una reducción importante, aproximadamente un 30%, del personal encargado del servicio del resguardo, en especial el marítimo, “a consecuencia de la depuración, fallecimientos y no presentación, no obstante lo cual su rendimiento ha permitido atender al servicio sin que éste se resienta” (1936-39:23).

(2) Hace una mención especial al personal de la Compañía fallecido durante la contienda, dedicando la primera página de la misma a rememorar tanto a su director como a todos sus empleados y obreros “caídos por Dios y por España”; recuerdo que vuelve a reiterarse en la página 24 de la Memoria y en la página 87 de la segunda Nota.

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(3) “También es de justicia hacer presente el celo y abnegación con que un escasísimo número de funcionarios, llenos de fervor y de entusiasmo, trabajaron en la zona liberada [...] asimismo expresar nuestra gratitud a los empleados y obreros que después de la total liberación de España han prodigado su trabajo para lograr una normalización de servicios que hubiera permitido incluso superar los de antaño si el ambiente hostil de un mundo en lucha no hubiera frustrado el intento” (1936-39:24-25).

Los empleados de las fábricas fueron obligados a hacer horas extraordinarias, no remuneradas, para fabricar labores que eran distribuidas gratuitamente entre las tropas nacionales. En general las condiciones de trabajo empeoraron, aumentando el ritmo de trabajo, multiplicándose los turnos, trasladando de fábrica a muchos empleados, trabajando en días festivos e incrementando la jornada de trabajo de ocho a diez horas, sin reclamaciones posibles.

Escasas fueron las mejoras que consiguieron los empleados durante la contienda. Destacan la petición realizada a la CAT, a finales de 1938, desde el Servicio Nacional de Timbre y Monopolios, para crear comedores en todas las fábricas y establecimientos que superasen los cincuenta empleados. También en ese mismo período el Consejo de Administración solicita al Estado 400.000 pesetas para la creación de guarderías infantiles en las diferentes fábricas.

El funcionamiento de los talleres de faenas auxiliares fue irregular durante el conflicto. Con respecto al sistema de jubilaciones, establecido poco antes del inicio de la guerra civil, por Orden ministerial de 2 de julio de 1936, no aparece información en las Memorias de la CAT hasta terminada la contienda, cuando es restablecido por la compañía en su totalidad.

(4) Un problema pendiente, aunque ya se hace referencia a una posible solución, es el relativo al retiro del personal anciano o imposibilitado y la conveniencia de un plan para modernizar la plantilla; ello, junto con el propósito de mecanizar la producción, induce a la Compañía a realizar las peticiones correspondientes, dejando constancia en la página 26 de esta Memoria, que para cuya realización “está propicia a contribuir con el sacrificio económico que le corresponda en justicia”.

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(5) Hay modificaciones, en diciembre de 1939, en premios y retribuciones para el personal obrero. En 1940 se completa la reorganización con una mejora de haberes, cuidadosamente estudiada, para los trabajadores de las fábricas, que ya se había iniciado anteriormente para funcionarios administrativos, técnicos y subalternos.

(6) Constitución por la Compañía y numerosas Representaciones garantizadas de la Mutualidad CATYR de accidentes de trabajo.

(7) Como “sucesos principales” se indican: “la depuración, próxima ya a terminarse, y que por afectar a tan gran número de personas exigió esfuerzo considerable; el abono de haberes atrasados, efectuado en cumplimiento del Decreto de 25 de agosto de 1939; la concesión de una mensualidad extraordinaria acordada para conmemorar las fiestas de Navidad en dicho año, y respondiendo al espíritu generoso del nuevo Estado; y finalmente, la reorganización de servicios […]” (1936-39:25).

(8) Por último, se indica que la Compañía ha respetado con escrúpulo las normas para la colocación de caballeros mutilados, excombatientes, y “otras categorías justamente privilegiadas”, cooperando con el Patronato creado por Ley de 22 de julio de 1939 sobre provisión de Expendedurías, incluso con anterioridad de que esta medida tuviera rango de ley147.

3.2.6. La postguerra: los procesos de depuración del personal

Finalizada la Guerra Civil, todas las dependencias del Monopolio volvieron a ser controladas por la CAT, funcionando como lo habían hecho con anterioridad al conflicto. Las oficinas centrales permanecieron en San Sebastián hasta su regreso a Madrid en agosto de 1939.

Las alteraciones más llamativas se produjeron en el ámbito de las relaciones laborales, a consecuencia de los procesos de depuración, que afectaron a todas las escalas profesionales de la Compañía, desde los directivos, pasando

147 En la Nota de 1 de enero de 1938 hasta 31 de marzo de 1939 ya se pone de manifiesto que, desde el inicio de la guerra, la Compañía modifica libremente el criterio que hasta el momento venía aplicando para la provisión de expendedurías, dando preferencia a las personas perjudicadas por la guerra, así como a los familiares de fallecidos por la guerra o asesinados “en la zona sometida al dominio rojo”.

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por los ingenieros, médicos, técnicos, hasta los obreros de las fábricas. Estos procesos de depuración son la nota más característica del funcionamiento de la CAT durante la postguerra.

Se establecieron diferentes tipos de sanciones en función de la gravedad de las faltas148: (i) de primer orden, suponían la expulsión de la Arrendataria; (ii) de segundo orden, llevaban a la suspensión de empleo y sueldo durante un determinado periodo no superior a un año, el traslado o la inhabilitación permanente para ascensos y cargos; y (iii) de tercer orden, que implicaban la suspensión de empleo y sueldo por un máximo de seis meses, la inhabilitación temporal para ascensos y cargos o una amonestación.

La labor de investigación realizada por la Arrendataria fue impresionante, tarea que se extendió a varios años149 y le supuso disponer de importantes recursos tanto materiales como humanos. Sin embargo, la CAT ante la imposibilidad de sancionar a la mayoría de la clase obrera optó por una política de castigos selectivos y ejemplarizantes; aunque “en todos los casos en que la comisión depuradora detectó antecedentes de manifiesto izquierdismo y se demostró el liderazgo revolucionario se actuó de forma implacable y sin ningún tipo de miramientos. Porque no sólo se trataba de castigar a esa minoría, sino de castigar a los más significativos con el fin de asegurar para el futuro la sumisión, la docilidad y la férrea disciplina del personal” (Comín y Martín, 1999a:378). 148 Serían causas de imposición de sanción las siguientes: (i) los hechos que dieran lugar a la imposición de penas por los tribunales militares; (ii) haber prestado en “zona roja” servicios militares voluntariamente; (iii) haber denunciado o perseguido a superiores o compañeros de trabajo y familiares de los mismos; (iv) haber causado daños materiales a las fábricas o establecimientos de la Compañía; (v) haber abandonado su puesto de trabajo en la fábrica para prestar ayuda a la causa marxista, o no haberse presentado a su puesto de trabajo en el plazo establecido una vez liberada la ciudad; (vi) haber hecho propaganda entre el personal en contra del “Glorioso Movimiento”; (vii) la desafección muy destacada al Movimiento Nacional; (viii) la desafección al Movimiento, tanto en el trabajo como en relación con la disciplina, y la significación en la lucha social; (ix) la simple desafección; (x) el desempeño de cargos directivos, delegaciones sindicales, comités, salvo que se demostrara que la actuación realizada había sido concordante con los fines del Movimiento Nacional; y (xi) la aceptación de ascensos que no fueran consecuencia del movimiento natural del escalafón y el desempeño de cargos nuevos o prestación de servicios ajenos a los suyos (Comín y Martín, 1999b:81-82). 149 El punto álgido de las depuraciones fueron los años 1939 y 1940. Desde entonces y aunque la comisión de depuración continuó actuando durante toda la década de los cuarenta y cincuenta, los trabajos fueron disminuyendo.

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En cambio, aquellos empleados que desde el inicio se situaron al lado del Movimiento Nacional o habían mostrado una trayectoria derechista incluso antes de la contienda, vieron atendidos sus derechos y aspiraciones, asignándoles puestos de responsabilidad y las oportunas recompensas. Además a todos los empleados que habían prestado sus servicios en el Ejército, la Arrendataria les abonó sus salarios correspondientes.

La actividad sindical, que durante la guerra se había eliminado en toda la zona nacional, terminada la contienda queda controlada por el Estado a través de la Ley de Bases de la Organización Sindical de diciembre de 1940, que confiere a la Falange, a través de su Delegación Nacional de Sindicatos, la jefatura de todos los sindicatos existentes de obreros y patronos. Para Tuñón de Lara et al. (1985:429) “el nuevo régimen significó igualmente el control ideológico al ciento por ciento de todos los aparatos de reproducción de ideas por el poder, ya en forma de control estatal o de la Falange o de la Iglesia”.

3.2.7. Posguerra española: restablecimiento de las actuaciones sociales

Durante el período de posguerra, y hasta que finaliza la actividad de la CAT como empresa gestora del Monopolio del Tabaco, destaca la información sobre obras realizadas con el principal objetivo de conseguir mejoras en las condiciones para el personal de las diferentes fábricas de la Renta; ello puede apreciarse en todos los ejercicios del período analizado. De las obras y reformas realizadas destacamos entre otras: instalación de comedores para el personal obrero en las Fábricas de La Coruña, Madrid, Sevilla y Valencia en 1940 y 1941; establecimiento de lavabos y vertederos para la limpieza de los utensilios del personal femenino en la Fábrica de la Coruña en 1940; servicios higiénicos en la Fábrica de Valencia en 1940 y en la de La Coruña y Sevilla en 1941; instalación de una clínica de urgencia y vestuarios en la Fábrica de Valencia en 1940; duchas y roperos en la Fábrica de Cádiz en 1941. A ello acompaña la aprobación de un nuevo Reglamento de los servicios sanitarios de las fábricas y depósitos por Órdenes Ministeriales de 7 de junio y 6 de noviembre de 1941. En 1943, la compañía solicita una guardería infantil para la fábrica de Sevilla, donde puedan atenderse los bebés de obreras en período de lactancia; guardería que es aprobada e instalada en 1944.

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Desde la Memoria de 1940 se dedica un apartado especial al personal. Son bastantes las referencias a las mejoras que se plantean, que se justifican diciendo: “de este modo se ha procurado responder a estímulos de noble política social, que tanto importan al Nuevo Estado, y se ha atendido además a las dificultades originadas por la restricción de elaboraciones, sin causar grave detrimento a quienes durante una larga vida vinieron sirviendo a la Renta” (1940:21); entre ellas:

- Desde 1940 se estudia una reforma general de las plantillas para acomodarlas a las circunstancias del momento. Abrieron nuevos concursos para Oficiales administrativos y para Agentes de Vigilancia terrestre, en 1940; y para Agentes del Resguardo marítimo, en 1941. Se efectuó el cese del escaso personal interino que había venido prestando sus servicios durante la guerra. Aprovecha el Consejo para indicar que, cuando tenga una mayor estabilidad la relación contractual de la Compañía, se afrontará el problema del personal más adecuadamente. De hecho ya en la Memoria que corresponde al ejercicio 1942, se informa sobre la tramitación de un concurso-oposición para proveer plazas de ingenieros y de otros dos concursos en el Servicio marítimo.

- En cuanto a los salarios a partir de 1 de enero de 1940 fueron modificadas las tarifas de premios de elaboración, aumentando la asignación fija de las operarias, mecánicos a premio y los salarios del personal de plantilla. Con este nuevo sistema de retribución se pretende conseguir otro objetivo, cual es el de “corregir posibles deficiencias en la labor, provocadas por un excesivo afán de lucro en el destajo” (1940:20). Además fueron concedidos pluses provisionales para elevar las retribuciones de operarias, mecánicos y obreros de plantilla. Desde diciembre de 1940 empieza a pagarse una mensualidad extraordinaria para conmemorar las fiestas de Navidad.

- Hay que decir que se dio puntual cumplimiento a la Ley de 13 de julio de 1940, sobre descanso dominical y al pago del salario correspondiente al domingo. Esta ley tuvo como consecuencia un reajuste en algunas remuneraciones que por Orden Ministerial de 13 de junio de 1941 concedieron al personal obrero determinadas mejoras en los siguientes casos: (i) incapacidad temporal por accidentes de trabajo; (ii) durante el período de vacaciones anual de quince días; (iii) en caso de enfermedad; (iv) la hora diaria que las operarias con hijos dedicaban a la lactancia sería abonada como

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hora de trabajo150; (v) por atender las operarias, máximo ocho días, a ascendientes o descendientes por enfermedad grave comprobada; y (vi) el salario de los domingos fijado en 10 pesetas para las operarias, 20 pesetas para los mecánicos a premio, el jornal completo con el plus para el personal de plantilla y 11 pesetas más una sexta parte para los obreros suplentes.

- El personal de las Expendedurías es sometido a detalladas investigaciones con la finalidad de comprobar la normalidad de su desempeño, imponiendo graves sanciones en caso de incumplimientos, lo que permitió recoger datos de todas las Representaciones provinciales. Ante la merma que sufrieron los ingresos de estos empleados, por el racionamiento del tabaco tras la guerra, los premios de las sacas oficiales fueron repartidos equitativamente.

- Desde 1940 inicia su funcionamiento la mutualidad CATYR, realizando la compañía un ingreso de 140.000 pesetas para ese primer ejercicio, destacando en la Memoria que “dada la pequeña proporción de siniestros laborales que en nuestras dependencias ocurren, la nueva entidad, por su carácter de mutualista y sus escasos gastos constituya solución más favorable que cualquiera otra de las reglamentariamente admitidas, y por tanto, dentro de la Ley, produzca sin embargo una considerable economía en el pago de obligaciones tan sagradas” (1940:22). En los siguientes ejercicios sigue informándose del buen y rentable funcionamiento de esta mutua.

- La Orden Ministerial de 12 de noviembre de 1940 decreta el pase obligatorio a los talleres especiales de carácter auxiliar a aquellos obreros, tanto hombres como mujeres, que cumplían 67 años o estaban inutilizados para el trabajo. Las asignaciones que recibían eran: 150 pesetas al mes las operarias, el 75% de sus haberes sin plus el personal de plantilla y 260 pesetas mensuales los mecánicos a premio. Además fueron mejoradas de forma equitativa las retribuciones del personal que ya estaba en estos talleres. Con respecto al pase a esta situación pasiva de los empleados de la Renta, se señala su importancia, a pesar del coste que supone (aparece cuantificado en la Memoria por 326.266,01 pesetas), ya que ello brinda buenas perspectivas

150 Además en 1941 se elevó hasta 250 pesetas el subsidio de maternidad que recibían las operarias en los partos (con anterioridad era de 100 pesetas).

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para una mecanización futura y provechosa, sin graves repercusiones en el personal151.

- En el ejercicio 1942 fueron reguladas situaciones que hasta el momento carecían de normativa, como la relativa a los casos de enfermedad prolongada.

- Desde 1941 se viene recogiendo la idea de organizar un Economato en Madrid, pero en principio, al no poder obtenerse la autorización que lo revistiera de oficialidad, se renunció a él; no obstante en 1942 se organizó con carácter particular en las Oficinas Centrales que, con una acertada gestión, consiguió obtener beneficiosas condiciones en los suministros, tanto de artículos racionalizados como de productos libres. La Compañía se siente muy satisfecha por los precios que puede conseguir en los artículos para sus trabajadores, lo que compensa muy sobradamente el sacrificio, de todo tipo, en su organización. Desde 1943 se incrementan las operaciones con ventajas notorias y tangibles para los usuarios; la Compañía subvenciona los precios, adelanta fondos, hace frente a los gastos de establecimiento y facilita donativos, a medida que se hacen exigibles. En todas las Memorias desde el momento de su creación se destina un apartado a informar sobre la importancia y repercusión del Economato.

- La Memoria de 1941 hace referencia por vez primera a la implantación de la cuota sindical, “que ha empezado a satisfacerse con arreglo a la Ley, previas las consultas pertinentes, y con respecto a todo el personal” (1941:23).

- Debido al momento en el que se vive, se recoge en la Memoria de 1942 que “la tarea de la depuración político-social quedó virtualmente concluida, no obstante el número extraordinario de expedientes que hubo necesidad de instruir, dado el elevado contingente de personal sujeto a ese trámite; y en la actualidad apenas si queda pendiente otra cosa que la tramitación de las revisiones que se vienen solicitando” (p. 23).

151 Aprovechamos este momento para indicar la escasa información que en las Memorias se dedica a la mecanización, ya que la situación en la que se vive hace que no sea el más propicio para abordar una modernización de las fábricas.

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Nos gustaría destacar que durante todo el período de gestión de la CAT las remuneraciones de su personal son muy modestas, en el caso de técnicos y administrativos, sin paridad con la de los funcionarios públicos, ni con las habituales en la industria privada. De hecho en la Memoria de 1942 se dedica un apartado específico a poner de manifiesto esta situación: “Faltaría algo esencial en la presente Memoria si en ella no se consignara la mención destacadísima que merece la actuación eficaz y austera, como siempre, y más ejemplarmente abnegada que nunca, de nuestro personal, que sin regatear esfuerzo ha sabido poner al día los servicios, venciendo los obstáculos acumulados por el tiempo y los azares de nuestra guerra de liberación; y que manteniendo su probidad tradicional, ha soportado con retribuciones exiguas el agobio inherente al encarecimiento de la vida. La Compañía se halla identificada con estos leales servidores, a que se debe en buena parte el prestigio y la reputación intachables de que la empresa disfruta; y comprendiendo cuánto vale su labor, sólo espera que la oportunidad se brinde para acometer con animoso empeño la tarea de reorganizar las plantillas en forma que las dotaciones respondan a lo que exige la hora presente y a lo que reclaman imperativos de justicia retributiva” (pp. 25-26).

En la Memoria de 1942, debido a la situación en que se encuentra la Compañía de prórrogas anuales del contrato con el Estado, aparece un resumen de toda la trayectoria desde que es encomendada la gestión de la Renta del tabaco a la CAT en 1887 hasta la actualidad. En el apartado dedicado al personal indica: “El personal técnico, administrativo y obrero ha sufrido las amortizaciones máximas posibles, y la modestia de las remuneraciones, salvo en lo que a operarios respecta, no tiene paridad comparando con aquellas de que gozan las dependencias oficiales, ni con las que son hoy habituales en la industria privada” (p. 28); dejando constancia que desde la creación de la Compañía Arrendataria de Tabacos hasta los últimos años de su gestión se produce una importante reducción de la plantilla, que pasó de más de 30.000 obreras en 1887 a unas 4.000 en 1942.

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3.2.8. El personal obrero femenino de la CAT: las cigarreras152

El empleo de mano de obra femenina en la elaboración del tabaco data de principios del siglo XVIII con la construcción de la fábrica de Cádiz. Hasta entonces, en la de Sevilla, única factoría existente en territorio peninsular, el empleo era exclusivamente masculino (Pérez Vidal, 1959:249). La contratación de mujeres para la confección de tabacos se inicia cuando la demanda de cigarros empieza a adquirir relevancia (Rodríguez Gordillo, 1990). La principal razón, además de que el producto final elaborado por mano de obra femenina era de mejor calidad y la mayor flexibilidad de las mujeres en el mercado de trabajo, que llevó a cambiar empleo masculino por femenino fue el importante ahorro de costes que dicha medida supuso. El salario de la mujer era muy inferior al del hombre debido a que se consideraba que el salario masculino era la principal vía de ingresos para la familia, mientras que el de la mujer se entendía como un soporte complementario al ingreso del marido153.

En las Fábricas de Tabacos españolas el proceso de contratación de personal femenino se generaliza a principios del siglo XIX154 ante la sustitución del tabaco en polvo (labor que requería un trabajo duro para el cual los hombres eran más aptos), por el cigarro. Esta labor era más delicada y los hombres carecían de las habilidades requeridas para una elaboración de calidad155. Desde el momento en que la mano de obra femenina irrumpe en las distintas 152 El personal obrero femenino de las fábricas de tabacos españolas, por la labor que realizaba, era popularmente conocido con el pseudónimo “las cigarreras”. 153 Puede verse al respecto Rodríguez Gordillo (1984, 1990), Soto Carmona (1990), Candela Soto (1997), Gálvez (1997, 1998). 154 “La Renta de tabacos española siempre se fijó en la gestión de su homónima francesa, donde la mano de obra era femenina” (Gálvez, 1998:53). Además, la habilidad en el aprovechamiento y cuidado de las labores puesta de manifiesto por las cigarreras de la fábrica de Cádiz, fueron la experiencia piloto que se exportó al resto de fábricas de tabaco españolas (Candela Soto, 1997:27). 155 En opinión de algunos autores (Gálvez, 1998), aunque la principal razón que dio la Hacienda para contratar mano de obra femenina fue que las manos de las mujeres eran más apropiadas que las de los hombres para la fabricación de los cigarros, parece ser que la razón fundamental fue que se trataba de una mano de obra barata (el salario pagado a las mujeres era de uno a dos tercios el de los hombres) y flexible, pues los cigarreros también realizaron labores de idéntica calidad que las mujeres, si recibían tabacos de igual calidad.

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Fábricas de Tabacos156, va progresivamente desbancando a la masculina en la fabricación de las diferentes labores de tabaco, siendo la Fábrica de Sevilla una de las que más tardíamente apoya la opción de contratar a personal femenino, debido a que la tradición sevillana era la contraria (Rodríguez Gordillo, 1984:74). De hecho, incluso se llega a la subcontratación de la fabricación de cigarrillos a monjas, durante el bienio 1817-1819, entre otros motivos, para evitar conflictos de género en la factoría sevillana (Carmona y Gutiérrez, 2005). Gálvez (1998:51-53) comenta como se intentaba evitar en todo momento que en el mismo establecimiento trabajasen juntos hombres y mujeres157. La sustitución de mano de obra masculina por la femenina no fue fácil y fueron constantes las quejas y las revueltas.

Para Rey Reguillo (1998:2) “la fuerte presencia de la mano de obra femenina constituyó el rasgo que, en relación a otras grandes empresas industriales de finales del siglo XIX y principios del XX, definió la especificidad de las relaciones laborales en la Compañía Arrendataria de Tabacos. Fue un elemento peculiar de la industria del tabaco porque, quizás con la sola excepción del textil catalán, la incorporación de las mujeres al trabajo industrial de forma continuada e incluso con un protagonismo superior al de la mano de obra masculina constituyó una rareza en la España de su tiempo”.

De hecho, cuando la CAT inicia la gestión del Monopolio de Tabacos, las cigarreras constituían una de las concentraciones obreras más importantes del país. Señalan Comín y Martín (1999a:162), “el 1º de julio de 1887 había en las fábricas de tabacos 31.834 operarias; el número que debía existir, según Camacho (primer presidente de la CAT), en armonía con la producción, era de 26.512”. De hecho, la Fábrica de Tabacos de Sevilla en 1887 contaba con 6.626 operarias, aunque a principios del siglo XX se habían reducido a unas 4.000

156 Todas las fábricas creadas a principios de siglo XIX (Madrid, Alicante y La Coruña) lo hicieron con mano de obra femenina. 157 Aún dos siglos después, en la época de la CAT existían tareas que no realizaban las mujeres porque suponían estar en contacto con hombres. Además, unos y otros bajaban a sus puestos de trabajo por distintas escaleras y ningún obrero podía entrar en los talleres donde trabajaban las mujeres sin haber pedido permiso con anterioridad.

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empleadas158, cifra muy significativa si tenemos en cuenta la escasa participación femenina en actividades laborales, en general en todo el país159.

En la tabla que sigue aparece la evolución de las operarias de las Fábricas de Tabacos durante el periodo 1895-1935. Se observa el gran descenso que durante estos años se produce en la mano de obra femenina prácticamente en todas las Fábricas de la Renta a excepción de las de Logroño y San Sebastián, que sufren un ligero aumento.

Operarias de las Fábricas de Tabacos (1895-1935) 1895 1905 1915 1925 1935 Sevilla Madrid Alicante La Coruña Valencia Cádiz Gijón Santander San Sebastián Bilbao Logroño Tarragona

5.331 4.586 4.405 3.409 2.828 1.881 1.751 1.303 742 529 350

-

3.449 3.256 3.481 2.638 1.829 1.045 1.389 969 510 332 544

-

2.376 2.724 2.677 2.362 1.629 817

1.085 762 336 248 627

-

1.844 2.317 2.569 2.092 1.394 880

1.054 703 886 206 640

-

1.410 1.660 1.765 1.920 1.183 760 829 525 855 171 555 55

TOTAL 27.115 19.442 15.643 14.585 11.688 Fuente: Comín y Martín (1999a).

Vamos a comentar muy brevemente, siguiendo a Delgado (1892), Rodríguez Gordillo (1984), Baena (1993), Candela Soto (1997) y Rey Reguillo (1998), los distintos puestos que las cigarreras podían llegar a ocupar tras su incorporación a las Fábricas de Tabacos. Las aspirantes admitidas pasaban un mínimo de dos años como aprendizas, al lado de una operaria experta, que recibía la tercera parte del salario de la aprendiza; generalmente asignadas en talleres de labores inferiores y dirigidas por un ama de Rancho. Ascendían a operarias pasados dos años, o incluso más, debido a que a la Compañía le interesaba ampliar el periodo de aprendizaje ya que realizaban el mismo trabajo y el sueldo era inferior. Las operarias, de seis a diez, se

158 La Fábrica de Tabacos de Sevilla reunía a principios de siglo unos 5.000 empleados, por tanto un 80% de los trabajadores eran mujeres. 159 La información cuantitativa, sobre el número de empleadas a lo largo del periodo objeto de estudio, ha sido tomada de Baena (1993) y Comín y Martín (1999a).

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agrupaban en mesas de trabajo denominadas Ranchos y eran supervisadas por un ama de Rancho160, responsable tanto de controlar la hoja que debía recibir su Rancho como de la labor realizada por todas las operarias del mismo.

La suma de Ranchos creaban un Partido y un grupo de Partidos un Taller. A cargo del Partido se encontraba una Maestra161, con funciones de supervisión de las labores producidas en su Partido, de formación de las aprendizas y disciplinarias. Un puesto destacado en el Taller ocupaba la Portera de Registro162, encargada de registrar diariamente a todas las operarias para que estas no sustrajeran ningún tipo de labor, ni saliesen de los talleres, sin autorización, durante el horario de trabajo. A cargo de todas las operarias de la Fábrica se encontraba la Portera Mayor163, máxima autoridad en la escala jerárquica del personal femenino, encargada de la vigilancia general de las porterías de talleres que tuvieran a su cargo, realizaban los contrarregistros que consideraban oportunos a las cigarreras y registraban a las porteras a su cargo y maestras; además realizaban un control riguroso de todas las entradas y salidas del personal femenino fuera de las horas estipuladas, y eran las encargadas de prohibir la entrada a los talleres de todo el personal ajeno a los mismos y sin autorización. Estaban presentes cuando se abría la fábrica y vigilaban para que las obreras sólo introdujesen sus comidas, ropas de uso y útiles de fabricación.

Las cigarreras, especializadas en la elaboración de tabacos, estaban ligadas de por vida a las fábricas, siendo el oficio hereditario. Lealtad al puesto de trabajo que se explica porque en caso de abandono de la fábrica, sus hijas perdían la prioridad de entrar como aprendizas. Privilegio que la CAT siguió

160 Eran elegidas por el Jefe de la Fábrica entre las operarias que destacaban en su trabajo por el aprovechamiento y perfección de las labores, aparte de haber demostrado “buena conducta, pulcritud y dotes de mando”. 161 Para ocupar este puesto era imprescindible tener más de 25 años, saber leer y escribir, haber sido operaria un mínimo de seis años y ejercido de ama de Rancho un mínimo de dos años. Eran consideradas personal no obrero y cobraban un sueldo mensual. 162 Eran escogidas entre las Maestras que llevaban cuatro años en el puesto y no hubiesen cometido tres faltas leves. 163 Nombrada de entre las Porteras de Registro que destacaban por una conducta correcta.

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concediendo, ya que era la única manera de evitar conflictos. Lealtad de las cigarreras a la compañía que era recíproca, ya que la CAT no las despedía cuando dejaban de ser productivas, aunque le interesara, sino que eran destinadas en otros talleres, como los talleres de faenas auxiliares, ya comentados.

En las fábricas estaba muy controlada la salida de tabaco por parte de las operarias, labor que, hemos comentado, realizaban Maestras y Porteras. En el momento de abandonar la fábrica las cigarreras debían ponerse en fila para que fuesen registradas y así evitar la sustracción de tabaco y papel. A pesar de los controles y de la posibilidad de perder el trabajo y ser detenidas, algunas cigarreras sacaban labores para vender fuera y sacar un sueldo añadido. Es a partir de 1918, con la creación del sindicato, cuando empiezan las peticiones de eliminar los registros.

Bajo la administración de la CAT, las faltas de los empleados y de las operarias son calificadas en graves y leves. Como señala Pérez Vidal (1959:288) son graves “las que produzcan un perjuicio de entidad a la Renta o cedan en desprestigio de aquellos a quienes se debe obediencia”. La misma consideración tiene la falta al trabajo de una operaria, ama de rancho, portera o maestra durante ocho días consecutivos sin justificación, así como la alteración del orden en los talleres. También en caso de encontrar tabaco en los registros, era calificado como falta grave. Este tipo de faltas eran castigadas con el despido. Las faltas leves eran castigadas con amonestaciones privadas.

Con la CAT se produce cierta especialización en el trabajo, de modo que unas operarias eran las encargadas del preparado de la tripa, otras de las capas, otras del liado y otras del precintado y empaquetado. La complicación en la elaboración de cigarros requería que fuesen cigarreras expertas las que se ocupaban de estas labores.

Uno de los objetivos primordiales de la CAT en sus primeros años fue el aumento de la producción y de la productividad, con un gran interés en cuidar la calidad en la fabricación de las labores. El Reglamento de 1888 rechazaba los productos que se hubieran elaborado en mal estado, penalizándose a las operarias responsables, o incluso, a las Maestras que hubiesen permitido tales negligencias. El malestar que estas nuevas medidas

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crea, lleva a las cigarreras de la Fábrica de Sevilla a amotinarse violentamente el 23 de enero de 1896, lo que supuso el cierre de la Fábrica hasta que se restableció la normalidad, reanudándose el trabajo el 4 de febrero.

Huelgas y manifestaciones que también llevaron a cabo cigarreras en otras fábricas, como las de Madrid en 1902, 1903, 1905, 1906, las gaditanas en 1906, las de Alicante en 1908, etc. En la mayoría de los casos “no aspiraban a conseguir nuevos logros laborales, sino a mantener aquello que por derecho consideraban inalienable” (Baena, 1993:128). Desde la creación de la CAT hasta la Primera Guerra Mundial, las reivindicaciones de las cigarreras se desarrollaron en forma de huelgas espontáneas y desorganizadas. De hecho, cualquier cambio que rompiese con el sistema tradicional podía ocasionar una revuelta164. Protestas caracterizadas por la espontaneidad y rapidez con que se organizaban, así como los actos de violencia que ocasionaban, precisando la intervención de las fuerzas de seguridad (Rey Reguillo, 1998:14).

Los talleres mecánicos, para la fabricación de cigarros, se crean a partir de 1909, por lo que sucesivamente va produciéndose un descenso de las labores elaboradas manualmente. La mecanización de los cigarrillos es más tardía, hacia 1920, concretamente fue en 1921 cuando en la Fábrica de Sevilla empiezan a hacerse cigarrillos en hebra mecanizados.

La política de mecanización emprendida por la CAT, desde principios del siglo XX, va produciendo un descenso importante en el número de operarias de las Fábricas de Tabacos españolas. En concreto, en 1900 el número de 164 Una nota característica de las cigarreras era su concentración: miles de mujeres en un mismo centro de trabajo, defendiendo unos mismos intereses. Comenta Candela Soto (1997:168), “como mujeres trabajadoras, y como grupo social, las cigarreras desarrollaron una temprana conciencia social –que muestra incluso el hecho de llevar a sus hijos a la fábrica y exigir, entre sus reivindicaciones, espacios y tiempo para criarlos- que sólo puede entenderse cabalmente en el marco de construcción de esa doble identidad, que desarrollaron como obreras y como mujeres, madres, esposas y amas de casa, a lo largo de años de convivencia. En opinión de Rey Reguillo (1998:5) las cigarreras “encarnaron un cambio objetivo en las relaciones de trabajo de esta industria, configurando, poco a poco, toda una cultura laboral específicamente femenina, así como nuevas pautas organizativas y una también específica forma de movilización social y conflictiva, donde el protagonismo de las mujeres en primera línea resultó inusitado”.

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empleadas, en la Fábrica de Tabacos de Sevilla era de 4.478 operarias, cifra que se reduce a 2.841 en 1910. La reducción de mano de obra femenina fue una estrategia seguida por la Compañía para reducir costes, para lo cual se va introduciendo progresivamente la mecanización en las fábricas y siguiendo una política en la que prácticamente no se producían despidos, para evitar problemas con el personal, en especial con las cigarreras, sino que se fueron amortizando los puestos que quedaron vacantes por jubilaciones, defunciones, abandonos y otras causas justificadas; lo que produjo un descenso en el empleo manual entre 1887 y 1935 de 32.000 a menos de 12.000 cigarreras165. Candela Soto (1997:45), considera esta progresiva amortización natural de las operarias que conllevó a un espectacular proceso de envejecimiento de las plantillas, uno de los rasgos más destacados en la situación de las fábricas durante las primeras décadas de gestión de la CAT. Según Gálvez (1998:16) “esta transición (la industrialización de las fábricas de tabacos) con pocos riesgos económicos y sociales fue en parte posible gracias a la flexibilidad que presentaba la mano de obra femenina […]. Las características de la mano de obra, de las cigarreras, no sólo permitieron sino que fomentaron un sistema de producción flexible durante un periodo de adaptación a la nueva tecnología, a las nuevas necesidades del mercado y a las nuevas formas de gestión”. De hecho, desde que la CAT inicia la gestión del Monopolio del Tabaco, las únicas contrataciones que se hicieron fueron de operarias destinadas a los talleres mecánicos, debido a que la compañía prefirió contratar a nuevo personal antes que reestructurar al existente, por el

165 En las Actas del Consejo de Administración de la Compañía Arrendataria de Tabacos, sesión de 29 de septiembre de 1887, se indica: “Es notorio que existe en las fábricas un número excesivo de operarias, que tiene su origen en la facilidad que ha habido para la admisión de las mismas, no porque con ello se atendiera a necesidades de la fabricación sino por satisfacer recomendaciones o recoger con benevolencia las solicitudes de las interesadas. De este exceso se siguen graves inconvenientes, pues es causa del aumento en la producción de labores determinadas que no demanda el consumo; lo cual se convierte en un perjuicio para la Renta. Bastaría decir que en la fábrica de Madrid, por el motivo antes indicado, hay una producción que excede en más del doble a la necesaria. Ciertamente la compañía se encuentra autorizada por la ley para reducir el personal obrero a un 75 por 100 [...]; pero por razones de orden público, no podía utilizarse totalmente este derecho y di orden a los Jefes de las fábricas para que considerasen amortizada, dándome cuenta de ella, toda baja que se produzca por defunción, abandono del servicio u otra causa justificada. El procedimiento es lento pero hoy por hoy será, a mi juicio, necesario continuarlo para evitar perturbaciones hasta que se presente una ocasión favorable de llegar al límite señalado en la ley antes citada” (citado por Alonso, 1996).

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temor de encontrarse con la oposición de las empleadas ante cualquier cambio.

El personal femenino de las fábricas venía disfrutando de una serie de privilegios, como flexibilidad en los horarios de entrada166, irregularidad en la asistencia al trabajo, que se mantienen durante los primeros años de vida de la CAT. La Compañía inicia un control de asistencia al puesto de trabajo que muestra un elevado absentismo de las cigarreras que intenta controlarse, a partir del Reglamento de 1888, según el cual ocho faltas sin justificar suponían el despido inmediato. Estos despidos nunca llegaron a darse, por el poder que las cigarreras tenían en las Fábricas y los disturbios y huelgas que ocasionaban.

El proceso de mecanización de los talleres, ya aludido, conlleva la desaparición de la flexibilidad en la asistencia de las cigarreras a los talleres mecánicos, aunque no en los manuales.

Desde 1917 y debido a la necesidad de incrementar la producción por la guerra, la compañía toma medidas para potenciar la asistencia de las operarias al trabajo, fundamentalmente las de los talleres manuales, mediante la concesión de subvenciones por asistencia.

El Real Decreto de 23 de abril de 1919 establece la jornada laboral de ocho horas. Con anterioridad la Ley de 13 de marzo de 1900 había establecido como máximo en once las horas de trabajo para las mujeres y los niños. La jornada de ocho horas se cumplió con más rigor en los talleres mecánicos que en los manuales en los que se siguió manteniendo la flexibilidad horaria con la excusa de la avanzada edad de la mayoría de las cigarreras de estos talleres (Baena, 1993:83; Candela Soto, 1997:118).

Con respecto a los salarios percibidos por las cigarreras, Comín y Martín (1999a:292) señalan el incremento que se produce en los mismos, pasando el jornal diario de 2,8 a 6,7 pesetas, lo que supone que las retribuciones de las empleadas de la CAT duplicasen los de la media nacional del personal femenino. 166 Las cigarreras podían entrar en las fábricas de 8 a 10 de la mañana, horario que incluso no cumplían llegando cuando consideraban oportuno.

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La primera Asociación de Cigarreras y Tabaqueros se crea en la Fábrica de la Coruña en junio de 1917167, encargándose, entre junio de 1917 y octubre de 1918, de visitar y organizar a los de las Fábricas de Gijón, Santander, Bilbao, San Sebastián, Sevilla, Cádiz, Valencia y Alicante (Baena, 1993:141). La Federación Nacional de Cigarreras y Tabaqueros se constituye en octubre de 1918, tras la celebración de la primera Asamblea Nacional en Madrid. La huelga más importante de la Federación se produce en diciembre de 1919 con motivo de la implantación de la jornada de trabajo de ocho horas y las pérdidas salariales que esta medida ocasionaban a las cigarreras que trabajaban a destajo; exigiendo un incremento en los premios y en los sueldos. La huelga fue secundada por los obreros de todas las Fábricas, excepto la de Madrid y se mantuvo hasta el 19 de enero de 1920, ante el anuncio de la CAT de aumentar en un 25% los premios y los jornales168.

No obstante, aunque la Dirección respetaba la ideología y las asociaciones de distinto signo existentes entre las operarias de las fábricas, sólo estaba dispuesta a tratar, para atender sus quejas y peticiones, con los trabajadores individualmente; es decir, la CAT no reconoce, en los primeros años, la representatividad de los sindicatos. De hecho, según comenta Rey Reguillo (1998:53-54) la Compañía se declaró dispuesta “a cortar de raíz el proceso asociativo aun contra las recomendaciones del propio gobierno que le pide respeto para la libre sindicación”, empleando para ello los medios que tuviera a su alcance para acabar con la Federación, como amenazas de despido a las afiliadas, apoyo a las no asociadas, creando otras asociaciones, etc.

Sin embargo a partir de 1924 la situación cambia, al adquirir la Federación las acciones necesarias (veinte) para poder asistir a la Junta General de Accionistas de la CAT, estando presente en la misma hasta 1933. Sus primeras exigencias son la petición de que la Arrendataria reconozca a la Federación como representante de los empleados, y la readmisión del personal que había sido despedido por su afiliación política y societaria;

167 En opinión de Candela Soto (1997:173), “la oleada de conflictos protagonizados por las cigarreras en los primeros años del siglo XX contribuyó a reforzar la solidaridad del grupo y, probablemente, favoreció el surgimiento de las primeras asociaciones obreras del sector”. 168 La petición inicial de los empleados era un incremento del 50%.

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además de otras peticiones como acabar con los favoritismos en las admisiones en algunos centros, un nuevo Reglamento de régimen interno de las fábricas, reivindicaciones económicas y en materia de legislación laboral. Todas las peticiones fueron concedidas por la CAT (Candela Soto, 1997:185).

Uno de los logros más importantes de la Federación Tabaquera, a partir de los años treinta, fue la labor social y cultural desarrollada, con el objetivo de que sus afiliadas tuvieran una participación más activa en el sindicato. Con la finalidad de educar y formar a las obreras, es inaugurada en 1931 la Escuela de Capacitación Social. Medidas que dieron como resultado una enorme participación del personal femenino de las fábricas en centros sociales, cooperativas de consumo, bibliotecas, celebraciones, encuentros y excursiones que permitían conocerse a las operarias de los diferentes establecimientos (Candela Soto, 1997:193-194).

Para finalizar, y aunque ya hemos analizado en páginas anteriores los avances de la CAT en materias sociales y laborales, nos gustaría reiterar el hecho de que en los inicios de vida de la CAT las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo dejaban mucho que desear; las operarias comían en las mesas de trabajo, no disponían de taquillas para dejar la ropa, la falta de ventilación y aseo, el mal estado de los retretes, etc. No obstante desde el principio la Arrendataria se interesa por mejorar la situación higiénica y la seguridad de las Fábricas.

En definitiva, con la CAT se producen cambios sustanciales en aspectos laborales, en particular con la mano de obra femenina. Las cigarreras se someten a un horario y a unas condiciones de trabajo más rigurosas, aunque mejoran las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo; además de producirse importantes mejoras sociales. Hay que considerarlas unas empleadas privilegiadas dentro del mundo laboral femenino que en ese momento existía en España, en el que predominaban los salarios muy bajos169, las condiciones de trabajo ínfimas y una elevada movilidad laboral. No obstante, el cambio más significativo en los diferentes centros de la Renta de tabacos se produce con la importante reducción de la mano de obra 169 Los salarios recibidos por las cigarreras eran superiores a los ganados por la media de las mujeres empleadas en otras industrias.

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femenina a lo largo de la gestión de la CAT, que a finales del arrendamiento se había reducido a un tercio de la inicial; en palabras de Rodríguez Gordillo (1984:75) “la era de las cigarreras había concluido y, con ella, una de las etapas más significativas en la vida de las Reales Fábricas”.

3.3. LOS EMPLEADOS EN EL ANÁLISIS DE LAS MEMORIAS DE TABACALERA

Con la creación de Tabacalera, S.A., y desde la primera Memoria, son varios los apartados dedicados al Personal. En la Memoria correspondiente al primer ejercicio hay tres capítulos que tratan todo lo referente a los trabajadores de la compañía: personal, economato y fondos para socorro y previsión. Además en esta primera Memoria se deja constancia que, de acuerdo con la Ley de Bases de 18 de marzo de 1944, Tabacalera, SA., se hace cargo de todo el personal que venía prestando sus servicios en la Compañía Arrendataria de Tabacos y en la Compañía Industrial Expendedora.

Tabacalera clasifica a sus empleados en cuatro grupos (Rey Reguillo, 1998:113): (i) personal técnico, que incluía a ingenieros, arquitectos, letrados y ayudantes técnicos, subdivididos a su vez en varias categorías, como jefe de fábrica y depósito, de sección, inspector, etc.; (ii) personal administrativo, en el que estaban los jefes de sección, inspectores de representaciones, jefes de negociado, interventores, oficiales administrativos, representantes, jefes de almacén, cajeros y auxiliares; (iii) personal subalterno, que incluía a porteros, capataces y ayudantes de almacén, ordenanzas, conductores, serenos y personal de limpieza; y (iv) el personal obrero, en el que se diferencia el personal masculino: porteros, ayudantes de caja, ordenanzas, capataces, profesionales o de oficio, aprendices, mecánicos conductores de máquinas de labor, especialistas tabaqueros, vigilantes y mozos; del personal femenino: porteras, maestras de labores, encargadas de grupo, operarias, aprendizas y auxiliares de limpieza.

El modo de acceder a un puesto de trabajo, o de conseguir un ascenso era mediante concurso para el personal técnico, concurso-oposición para oficiales y auxiliares administrativos y una prueba de aptitud para el resto de trabajadores. Sin embargo, para el grupo cuarto, personal obrero, el 75% de las vacantes se reservaba en exclusiva para los familiares del personal de la

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compañía, y para el 25% restante, también en caso de igualdad de condiciones, tenían preferencia los descendientes del personal actual.

Desde los inicios, se recoge el objetivo primordial de Tabacalera de colocar al personal en situación acorde con las nuevas circunstancias, procediéndose a elevar sus retribuciones en un 25%, además de estudiar con urgencia las normas para llevar a cabo la Reglamentación de Trabajo del personal de la empresa, asunto que ya en 1945 estaba en tramitación por el Ministerio de Trabajo.

En esta primera Memoria también aparece especificado el hecho de que la Compañía se hace cargo del Economato creado por la CAT, que había reportado un gran beneficio, como lo revela el aumento constante de los asociados (más de 1.000 personas), prestándole, para ello, la ayuda económica necesaria.

Con respecto a los Fondos para Socorro y Previsión, la nueva empresa imita la actuación de la CAT de destinar una cantidad (350.000 ptas, era la aportación que venía realizando) a la Caja de Ahorros, Préstamos y Previsión de su personal, al objeto de atender al pago de una anualidad a la familia de los funcionarios fallecidos. Aparte de dicha cantidad, Tabacalera también decide destinar la cantidad de 75.000 ptas (por los nueve meses del ejercicio) a atender la concesión de socorros y donativos; importe que ya en el segundo ejercicio es aumentado hasta 500.000 ptas para la Caja de Ahorros, Préstamos y Previsión de los Empleados y 100.000 ptas para socorros al personal.

3.3.1. El Reglamento de 1946

Una primera cuestión, de especial importancia, que se aborda desde la constitución de Tabacalera es su política de personal, de la cual se deja constancia en la Memoria de 1946, cuando se dice: “tan pronto quedó constituida Tabacalera, SA y en marcha sus servicios, comenzamos a estudiar los problemas referentes al personal, […] plasmando todo ello en la Reglamentación Nacional del Trabajo en la Compañía “Tabacalera, Sociedad Anónima”, publicada en el “Boletín Oficial del Estado” correspondiente al 4 de julio de 1946” (s/n). Reglamento que, como señala Rey Reguillo (1998:109), introduce mejoras muy importantes en las condiciones de trabajo: en retribuciones, previsión social, jornada de trabajo, jubilaciones,

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vacaciones, sanidad, etc. En opinión de Diez Morante (1990:50), “por primera vez en nuestra particular historia quedaban reconocidos los derechos y obligaciones recíprocos entre el personal y la Empresa, constituyendo algo así como la Carta Magna de nuestras relaciones laborales”. Pérez Vidal (1959:296) especifica el conjunto de mejoras sociales que introduce el citado Reglamento: la retribución completa del jornal durante seis meses en caso de enfermedad; la indemnización como dote al personal femenino en caso de matrimonio; el plus de cargas familiares; el plus de carestía de vida; las gratificaciones extraordinarias; el plus por ambiente nocivo (para el personal de la moja y del taller de picaduras); el aumento por horas extraordinarias; las vacaciones y licencias; la anualidad de socorro a los familiares en caso de fallecimiento; además este Reglamento por fin concede la jubilación: el personal obrero a los sesenta y cinco años y las operarias a los sesenta. En caso de enfermedad o accidente, puede ser jubilado el personal con anterioridad a dichas edades.

De hecho, ya en el segundo ejercicio de vida de Tabacalera se producen mejoras económicas sustanciales para el personal de la compañía. Los sueldos y jornales aumentan en una respetable proporción, además de incrementos “por vivienda, manejo de fondos, índole de los servicios, razón de jornada, ambiente nocivo y mando para los casos especiales; y con carácter general y de aplicación a todo el personal por razón de quinquenios y por carestía de vida, sin perjuicio del plus de cargas familiares”.

Se establece la participación de los empleados en los beneficios de la Compañía, que se fija en un 3% anual. También aparecen regulados los beneficios del personal en caso de enfermedades y los derechos de los familiares a la percepción de una anualidad en caso de fallecimiento y se implanta el régimen de jubilaciones. La Compañía es sometida al régimen normal de seguros sociales obligatorios, lo que supone un incremento considerable de los gastos.

Hay que reseñar que en algunos de los apartados dedicados a obras se hace referencia a que algunas de ellas están relacionadas con determinados servicios que pretenden mejorar la asistencia al personal de la empresa, tales como servicios higiénicos, comedores, vestuarios, armarios roperos, etc.

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Con respecto al personal femenino de la compañía nos gustaría destacar el hecho de que a partir del Reglamento de 1946 todas las empleadas que se casaran quedaban en situación de excedencia forzosa, recibiendo una indemnización en concepto de dote. Medida que también podían escoger las empleadas casadas con anterioridad al Reglamento, recibiendo a cambio una indemnización. El objetivo no era otro que el de reducir la presencia del personal femenino en las fábricas, para evitar perturbaciones170.

3.3.2. Una década de escasa información socio-laboral

No obstante, hay que indicar que la información relativa al personal es muy escasa en estos primeros ejercicios de vida de Tabacalera171, y añadir que en la Memoria correspondiente al ejercicio 1948, desaparece el apartado que se refiere al Economato que, según podemos deducir de Memorias posteriores, se interrumpió, sin haber dejado constancia de ello, manifestando únicamente las dificultades que se daban en el desarrollo de su actividad.

Aunque primaba la preocupación de Tabacalera por la mecanización y modernización de la empresa, el tema del personal seguía estando patente, como se pone de manifiesto en las Memorias; de hecho en el Resumen del ejercicio de 1949 se recoge esta estrategia: “como se ve, vamos realizando perseverantemente un plan que permita mejorar las elaboraciones; y todo ello sin prescindir del personal obrero existente, antes al contrario conservándolo e incluso mejorando su situación; pero la mecanización progresiva de los servicios que lo consienten y la incorporación constante de los adelantos que en otros países se han acreditado, o de ensayos originales que han dado entre nosotros resultados felices, traerán como consecuencia la siempre aconsejable reducción de costos y la apetecible buena calidad de las labores, así como su presentación esmerada” (s/n).

Nos parece peculiar el inicio de la Memoria de 1950, cuya presentación y primera página está íntegramente dedicada a informar acerca del

170 De hecho, “el estereotipo de las cigarreras pendencieras con el que durante décadas se había identificado a los asalariados de esta industria pasó definitivamente a mejor vida después de la guerra, quedando arrumbado en los meros confines de la memoria literaria para uso de los profesionales de la pluma… y de pocos más” (Rey Reguillo, 1998:111).

171 Lo que puede apreciarse observando las Memorias pertenecientes al periodo 1947-1955.

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fallecimiento del que hasta ese momento había sido el Director-Gerente de Tabacalera, el señor D. José Álvarez Guerra. En estos párrafos se elogia reiteradamente la labor del fallecido. Generalmente los fallecimientos de la alta administración son mencionados al final de las Memorias, en el apartado dedicado al Consejo de Administración.

3.3.3. Desde finales de los 50: abundante información sobre el personal

A partir de la Memoria de 1956 el apartado dedicado al personal aparece con una nueva denominación: “alta administración y personal”. Hasta este momento cuando las Memorias hacían referencia al personal fundamentalmente se trataba de los obreros de las diferentes Fábricas de la Renta. A partir de este ejercicio incluye también a los altos directivos. De este apartado hemos entresacado las mejoras que nos han parecido más relevantes, entendiendo que el año 1957 supone un importante avance, y que a partir de ahí la información se hace muy abundante, síntoma de especial consideración a este tema. Algunos comentarios pueden darnos una idea de su dimensión:

- Se dedica una gran amplitud a todo este tema en la Memoria del ejercicio 1956, que, con respecto al personal comienza con el siguiente mensaje: “la Compañía ha procurado mejorar en lo posible, no sólo las condiciones de trabajo en fábricas, talleres y oficinas sino asimismo la cuantía de las remuneraciones, cuidando escrupulosamente del cumplimiento de las disposiciones legales publicadas a este respecto, y realizando otras modificaciones favorables al personal” (s/n). En la Memoria del año siguiente se dice: “la Compañía ha procurado en todo momento corresponder a la sincera colaboración de su personal adoptando cuantas resoluciones ha estimado procedentes y viables para mejorar su situación económica y laboral […] se ha procurado en lo posible favorecer la cuantía de las remuneraciones con la concesión de pagas extraordinarias voluntarias, gratificaciones y otras medidas beneficiosas que, al tiempo que sirvan de reconocimiento hacia la labor ya realizada, obren de estímulo y acicate para la futura” (1957: s/n).

También en 1957 aparece una gratificación especial para los Jefes de Sección, Inspectores de Representaciones y otros puestos de mando y confianza.

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- Desde 1956 la Compañía establece el régimen de doble turno en todas las Fábricas de la Renta.

- En 1958 el Consejo inicia estudios con la finalidad de mejorar las retribuciones, para lo cual empieza a concertarse un Convenio Colectivo de Trabajo (el primero), que queda felizmente concluido en 1959, con validez desde julio de ese año. Al respecto, la Memoria de este ejercicio dice: “Gracias a este Convenio, han sido reconocidas al personal buena parte de sus aspiraciones, con sincera satisfacción por parte de la Compañía”(s/n). Fruto de este Convenio son de destacar, entre otras mejoras, la buena acogida que tuvieron los premios de regularidad en la asistencia al trabajo.

Con el franquismo quedó erradicada cualquier posibilidad de organización de los trabajadores. Según Comín y Martín (1999a:405) “quedó rota la tradición fuertemente contestataria construida por las “cigarreras” durante décadas. […]. Si algo iba a caracterizar la vida laboral de Tabacalera durante la dictadura, ello iba a ser la fuerte integración de los asalariados en la empresa y la ausencia de una contestación obrera relevante”.

- Ante las inundaciones que se producen en Valencia, y por el comportamiento excelente de los empleados de la compañía ante esta catástrofe, a finales de 1957 el Consejo de Administración de Tabacalera concede media paga extraordinaria al personal de la Fábrica y Representación de Valencia, así como para el siguiente ejercicio son aprobadas indemnizaciones y premios al mismo personal.

- A petición de la compañía, y por la Orden Ministerial de Hacienda de 25 de octubre de 1956, fueron elevados de cuatro a cinco los quinquenios que señala la Reglamentación de Trabajo, incrementando también la cuantía con efecto de 1 de enero de 1956.

- También a propuesta de la Compañía fue aprobado, en 1956, afiliar al Instituto Nacional de Previsión, en concepto de Seguro de Vejez, a todo aquel personal obrero que no había podido adquirir la condición de beneficiario del mismo, concertándose con dicha entidad un convenio especial a tal fin. Para aquellas operarias que no pueden gozar de este beneficio se aprueba un socorro mensual que las compense hasta su fallecimiento.

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- En el apartado de Fondos para Socorros y Previsión Social, la Memoria del ejercicio 1956 indica que “la Compañía, creyendo cumplir un ineludible deber de previsión social, ha creado una Caja de Pensiones que cubrirá especialmente las necesidades que plantean la viudedad y la orfandad” (s/n). Esta entidad empezó a atender sus prestaciones desde 1 de enero de 1957. Entre ellas se encuentran, no sólo las pensiones de viudedad y orfandad, sino también premios de nupcialidad y natalidad, así como pensiones a hermanos necesitados. Esta Caja viene a sustituir a la de Ahorros y Préstamos que tenía constituida la CAT, y que continuó actuando al constituirse Tabacalera, pasando a esta nueva Caja la subvención que a la anterior se otorgaba.

- Además de la construcción de viviendas para el personal (por imperativo legal), la empresa redacta un proyecto de Reglamento para la concesión de préstamos que su personal puede disfrutar para la edificación de su propio hogar, que es aprobado a comienzos de 1958. A partir del ejercicio 1957 empieza a cuantificarse la cantidad invertida en viviendas de renta limitada (más de 5.000.000 de ptas).

- Asimismo la Compañía cuida del cumplimiento de las disposiciones legales relativas a los Médicos de empresa, dotándose adecuadamente las consultas de las Fábricas de instalaciones de rayos X y de todo el material necesario para el cumplimiento de su cometido. En 1960, y ante la eficaz labor desarrollada por los médicos de empresa, es nombrado un médico-jefe, con la función de dirección, orientación y unificación. Además de ello, la Compañía cubre voluntariamente otras necesidades del personal con la concesión de auxilios económicos en casos de enfermedad y penuria económica que no estén cubiertos por los seguros oficiales.

- En la Memoria de 1957 aparece una novedad importante: la formación del personal. Al respecto, se concluye este apartado con la siguiente alusión: “atenta asimismo la Compañía a la formación social y profesional de sus empleados y obreros, ha contribuido a la financiación de un cursillo destinado predominantemente al personal de Tabacalera, SA en la Escuela de Capacitación Social del Ministerio de Trabajo; cursillo que se desarrolló de un modo brillante y con positivos resultados” (s/n).

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- Reaparece la información relativa a los Economatos en la Memoria de 1958, indicando que se han empezado a poner en marcha, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Trabajo; iniciando su funcionamiento en el año siguiente los de Madrid, Sevilla y La Coruña.

- Además de las concesiones que aparecen en el Convenio de 1959, la Compañía por propia voluntad y con la cooperación del Ministerio de Hacienda, otorga otras mejoras al personal, enumerando algunas de éstas en la Memoria de 1960: ampliación de la edad de jubilación del personal Auxiliar Administrativo femenino a los setenta años, o el aumento de la gratificación por quebranto de moneda y de almacén a Cajeros y Guardalmacenes.

- A partir de 1961 son objeto de atención, a través de ayudas económicas, las becas de estudios, las actividades culturales de los grupos de empresa, viajes colectivos, bibliotecas, masas corales, etc., de todo lo cual se informa oportunamente. También se recoge desde el año 1963 las estancias que se organizan en residencias veraniegas y la creación de equipos deportivos.

- En 1960 se produce un importante incremento de la plantilla de personal administrativo y se crea una nueva Sección de Personal y Asuntos Sociales, con cuatro negociados, uno de los cuales queda a cargo de todo lo relativo a “Asuntos Sociales”.

- Por Ley de la Jefatura del Estado, de 21 de julio de 1962, se establece la participación del personal en la administración de las empresas que adopten la forma de sociedad. Por ello, se crean unas ternas y se eligen a tres vocales representantes del personal en el Consejo (un administrativo de Madrid, un mecánico de Logroño y un operario de faenas generales de Santander). En las siguientes Memorias se elogia la labor de estos vocales de representación laboral, “que en todo momento actúan armonizando los intereses del personal que representan con los de la Compañía, cooperando eficazmente en la labor de gestión y administración” (1969:13).

- Ante la legislación sobre salario mínimo, aprobada en 1962, la Compañía en coordinación con la Delegación del Gobierno, adoptó las medidas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones dictadas sobre el salario mínimo y sobre los seguros sociales unificados.

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- En cuanto a la Alta Dirección, la información que este apartado dedica a la misma fundamentalmente viene referida a los nombramientos y ceses que en los sucesivos ejercicios se van produciendo por motivos muy variados, fundamentalmente: fallecimientos, jubilaciones, ascensos, etc. También se informa de los premios que algunos miembros van recibiendo por el reconocimiento de sus méritos y labor realizada en la Compañía.

- En 1966 se informa de que el Consejo ha organizado y reglamentado el otorgamiento, de modo regular, de becas para estudios de los hijos de su personal y de los propios trabajadores merecedores de estas ayudas. Esta práctica queda institucionalizada en 1968, con la creación de una Comisión Mixta (integrada por vocales representantes del Estado y Compañía), por Orden Ministerial de 2 de octubre. Esta comisión se encarga de otorgar las becas para estudios, que han sido por una cuantía importante (6.367.750 ptas), y préstamos sobre el honor por 198.400 pesetas. En las siguientes Memorias, en varias ocasiones se destaca la labor de esta comisión. Además, la Memoria de 1968 señala: “Independientemente de ello, y antes de la reciente disposición de la Seguridad Social respecto de auxilios a hijos de subnormales, la Compañía venía atendiendo a esta necesidad; y ha de tratar de complementar y suplir la ayuda estatal, en aquellos casos que se estime aconsejable” (p. 11).

- Un nuevo Convenio colectivo es aprobado por Orden Ministerial de 16 de julio de 1969, con efectos retroactivos desde 1 de enero de ese año. Sobre el mismo la Memoria correspondiente a este ejercicio indica: “Aunque los aumentos salariales propiamente dichos que en él se acordaron hubieron de estar condicionados por las prescripciones legales de carácter general, la nueva ordenación que se estableció en el citado Convenio respecto de determinadas instituciones de previsión social han hecho de él uno de los más eficaces que hasta ahora se han concertado, siendo acogido con gran complacencia por nuestro personal. Nos referimos concretamente a las normas por las que se ha adaptado el régimen de prestaciones en caso de enfermedad que tenía establecido de antiguo la Compañía, al instituido por el Estado para la seguridad social, así como a la revisión efectuada en el campo de las jubilaciones. En una y otra esfera el nuevo Convenio ha venido a satisfacer justas aspiraciones de nuestros productores, representando un gran avance de previsión social” (1969:10-11).

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Capítulo III

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- A partir de 1970, fruto de un nuevo Convenio, se recogen modificaciones en la estructura de las retribuciones para que tengan posteriormente repercusión en la jubilación, incluyendo en el salario base determinadas pagas extraordinarias, aumentando considerablemente el haber de jubilación. Además se prevé una revisión automática de la cuantía de los salarios en función del incremento experimentado por el coste de la vida, según los datos oficiales del Instituto de Estadística, que ya tiene aplicación en ese mismo año.

Desde la Memoria de 1971 el capítulo dedicado al Personal aparece con un nuevo epígrafe “personal, ayudas y previsión social”, siendo la primera vez que se ilustra con fotografías, al igual que el resto de apartados de la Memoria.

3.3.4. Contrato de 1971: incremento de las prestaciones sociales

Con el contrato de 1971 hay que decir que se sigue prestando una gran atención al tema de personal, incrementándose prestaciones como las relativas a las ayudas al estudio, las subvenciones económicas a grupos de empresa, ayudas a discapacitados y otras prestaciones no cubiertas por la previsión oficial; o las ayudas de los Economatos, que expresamente se recogen, cuantificando las aportaciones realizadas (las primeras en más de 16 millones de pesetas, mientras que los beneficiarios de los Economatos se cifran en más de 23.000).

Los espectaculares cambios que se producen en las Memorias a partir del ejercicio 1972, con una cuidada presentación, una gran extensión y una alta riqueza informativa, también afecta a la partida de personal, ahora bajo el apartado “Actividades Sociales”.

En la Memoria de 1972 y en las sucesivas, dentro de este epígrafe se inserta un cuadro con la evolución en los últimos años de la plantilla, por quehaceres. Otro cuadro distribuye el personal de la Renta de Tabacos según su localización en las oficinas centrales, las fábricas, depósitos y delegaciones y representaciones directas.

Como muestra la tabla siguiente, desde 1971 se produce un leve descenso en el número total de empleados, reducción que principalmente afecta a las

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obreras, categoría que en cinco años disminuye en más de un 8,5%. El resto de categorías prácticamente permanece constante, alguna como los administrativos incluso hasta 1972 aumenta. Este descenso y reestructuración de la plantilla se justifica en la Memoria de 1972 con las siguientes palabras: “La estructura del personal de nuestra compañía ha evolucionado de manera favorable haciendo compatible la necesaria modernización de instalaciones con la adaptación de la plantilla a nuevos quehaceres” (p. 91). A continuación resalta: “Una población laboral de estas magnitudes exige permanente atención si se quiere mantener el carácter vanguardista que en materia laboral procura la Compañía” (p. 92).

Personal activo a 31 de diciembre

CATEGORÍAS 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Técnicos Administrativos Subalternos Obreros Hombres Obreros Mujeres

110 754 238

2387 4159

108 793 224

2420 4103

107 806 224

2441 4128

112 824 233

2456 3978

108 845 280

2433 3801

106 817 297 2370 3785

TOTAL 7648 7648 7706 7603 7467 7375 Fuente: Memoria 1973:56

El 5 de mayo de 1972 se firma un nuevo Convenio sindical, con efectos desde 1 de enero, con grandes ventajas para el personal obrero y subalterno. Destacan, entre las principales medidas, la implantación de la semana “inglesa”, con reducción horaria junto con una nueva modalidad de disfrute de las vacaciones reglamentarias. Supone incrementos de retribuciones para los dos años de vigencia del Convenio.

El 23 de marzo de 1972 queda fijado oficialmente el salario mínimo interprofesional y el 21 de junio de ese mismo año aparece la disposición sobre financiación y perfeccionamiento de la Acción Protectora del Régimen General de la Seguridad Social. “En ambas ocasiones, la Compañía prestó atención cuidadosa a su cumplimiento” (1972:92).

Del apartado de “Fabricación de labores” de la Memoria de 1973 hemos entresacado el siguiente comentario que nos puede ofrecer una idea de la reestructuración que en estos años se produce en el personal de las fábricas por los estudios sobre organización emprendidos por la compañía: “El minucioso estudio realizado respecto de la organización y funcionamiento de

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Capítulo III

276

nuestras factorías, ha cristalizado en una serie de resultados que llevan consigo la necesidad de implantar en ellas una nueva estructura y una nueva articulación de los puestos y métodos de trabajo. […] Con ellas (las medidas) se pretende obtener una más racional organización del trabajo, que traerá consigo mayores posibilidades de promoción del personal; un mayor control y garantía de la calidad de las labores, y un mejor rendimiento del material mecánico y de los medios humanos que se traducirá en un incremento de la productividad. […] a pesar de reducir la jornada laboral de 48 a 45 horas, que junto con el cierre mensual de cada fábrica ha supuesto un tiempo real dedicado a la producción inferior en un 12% al de 1972, se han conseguido aumentos netos reales en los grupos de labores más importantes. Esta realidad viene a confirmar la eficacia de las medidas de programación adoptadas” (pp.42-43). Medidas que van a afectar al personal de la compañía, aunque en todo momento el Consejo destaca que se intenta un respeto absoluto a la situación laboral y económica del mismo, aunque sí se producirán modificaciones sustanciales en cuanto a categorías profesionales y a la ordenación del trabajo.

En la tabla siguiente aparece la distribución del personal, por grupos laborales, en las diferentes dependencias de la Compañía en el ejercicio 1973:

DEPENDENCIAS TOTAL TÉCNICOS ADMVOS. (*) SUBALT. (**) OBREROS

OFICINAS CENTRALES FÁBRICAS:

- Alicante - Cádiz - La Coruña - Gijón - Logroño - Madrid - San Sebastián - Santander - Sevilla - Tarragona - Valencia

DEPÓSITOS DELEGACIONES Y REPRESENTACIO

NES DIRECTAS

318

707 686 563 522 432 510 425 552 584 744 571 184

577

28

7 5 7 5 5

10 7 5 7 8 7 5 -

243

17 14 20 14 18 18 16 13 22 19 16 35

352

47 - - 1 - 2 - - - - - -

22

225

-

683 667 535 503 407 482 402 534 555 717 548 122

-

TOTAL 7.375 106 817 297 6.155

Fuente: Memoria 1973:57 (*) Administrativos (**) Subalternos

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Durante 1974 la Compañía implanta una estructura funcional, basada en una mayor especialización y división de funciones. Junto a esta reestructuración, se llevó a cabo un plan de valoración de puestos de trabajo en fábricas, mediante el cual se determinaron los contenidos reales de los puestos y su importancia relativa en la estructura. Desde el punto de vista del personal, el objetivo que se pretende es la obtención de mejoras personales y sociales para los trabajadores, incrementando sus capacidades técnicas y personales. Los empleados, ante tales reformas, en todo momento manifiestan “un amplio espíritu de colaboración y un extraordinario sentido de responsabilidad” (1974:45).

Aparte de esta información hay que indicar que sigue existiendo la que ya venía recogiéndose habitualmente sobre economatos, ayudas al estudio y otras prestaciones sociales, con la cuantía y colectivo al que benefician; resaltando en las Memorias la actuación desinteresada de la Compañía, su generosidad, el respeto riguroso de las disposiciones laborales vigentes, incluso sobrepasando lo impuesto por la legislación estatal.

En lo referente a la Comisión Mixta de Ayuda Social y Docente, ésta continúa desempeñando su función con la concesión de diversas ayudas, como las siguientes para el ejercicio 1973, que para este año suponen más de 27 millones de pesetas (p. 58):

1. Ayudas de Estudio (convocatoria febrero 72/73 y octubre 73/74 y Préstamos sobre el honor): 22.620.689 ptas.

2. Grupos de Empresa: 1.869.882 ptas.

3. Ayudas a subnormales (complementarias de la Seguridad Social y supletorias de la misma): 999.000 ptas.

4. Ayudas de aplicación analógica, circular nº 34 de 14-9-70 (estancias en sanatorios del personal jubilado y familiares del personal en activo): 266.532,80 ptas.

5. Ayudas de carácter mensual a viudas y familiares del personal de la Compañía: 172.000 ptas.

6. Atenciones varias (prótesis, enfermedad, intervenciones quirúrgicas): 1.537.715,15 ptas.

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Capítulo III

278

Además de estas prestaciones, Tabacalera concede, ante necesidades de urgencia, anticipos de sueldo, sin intereses, de hasta cuatro mensualidades, a devolver en un año; además de subvenciones para el reparto de juguetes en Reyes.

Por lo demás, podemos decir que no se vierte en este apartado mucha más información de la que venía apareciendo en las Memorias del anterior formato. Sin embargo la Memoria gana en claridad, al aparecer todos los datos (personal por categorías, por localización, prestaciones sociales) en cuadros en los que se muestra la evolución de los diferentes conceptos en los últimos años.

En el ejercicio 1976 las actividades relacionadas con la formación profesional reciben un importante impulso: impartiéndose cursos para planificadores y jefes de mantenimiento; enviando a Inglaterra e Italia a personal técnico a realizar cursos de perfeccionamiento, impartidos por los suministradores de la maquinaria instalada. También fue diseñado un plan general de formación de especialistas para las nuevas Fábricas de Logroño y Málaga.

Durante 1977 queda completado el Plan de Formación aprobado en 1974, que tenía como objetivo el logro de un mayor perfeccionamiento en el ejercicio de las funciones administrativas en los tres estadios de mandos: superiores, medios e intermedios. “Este es un aspecto al que la Compañía confiere la mayor importancia, ya que la tecnificación de las tareas directivas de todo orden constituye un requisito indispensable para la eficacia de una gestión que Tabacalera trata en todo momento de mejorar” (1977:64). Este Plan de Formación suscitó un gran interés, con un alto grado de asistencia, cifrada en el 90% del total de mandos en activo. El tiempo dedicado a la formación de los tres grupos de mandos ascendió a 10.232 horas, lo que supuso una inversión de 3.832.500 pesetas.

Con respecto a la información acerca de las actividades formativas, la Memoria del ejercicio 1978 comenta que son llevadas a cabo con la colaboración de prestigiosas instituciones, entre otras: la Cámara de Comercio, el Centro Español de Formación de Directores, la Asociación para el Progreso de la Dirección, el Centro de Estudios Comerciales, la Universidad Politécnica, la Universidad Complutense y el Centro Superior de Estudios Empresariales. Además de estas acciones formativas, se

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encuentran las llevadas a cabo en los propios centros fabriles, fundamentalmente orientadas al adiestramiento de los empleados en la utilización de los distintos tipos de maquinaria especializada y equipos; sobre promoción de ventas y relaciones humanas; control de calidad; también por primera vez son destacadas las actividades relacionadas con la formación en seguridad e higiene en el trabajo. Cursos que van variando en función de las nuevas necesidades detectadas en las distintas áreas de la Compañía, con la principal finalidad de acomodar al personal en el uso de las nuevas tecnologías incorporadas al proceso productivo de Tabacalera.

En este período, y fundamentalmente desde 1976, la sección dedicada a Actividades sociales aparece ilustrada con fotografías de cenas, de homenajes a las cigarreras, entrega de premios, entrega de juguetes a los niños, y de actividades deportivas de grupos de empresa.

El descenso moderado que se produce en la plantilla de la empresa hasta 1973, cambia de tendencia a partir de este año, produciéndose un importante incremento en el personal de la compañía, fundamentalmente por la evolución favorable experimentada en la actividad productiva y por la apertura de las dos nuevas Fábricas en Logroño y Málaga. En este período (1973-1978) hay un incremento de plantilla de 1249 trabajadores, como puede comprobarse en la tabla que sigue.

Personal activo a 31 de diciembre CATEGORÍAS 1973 1974 1975 1976 1977 1978

Técnicos Administrativos Subalternos Obreros Hombres Obreros Mujeres

106 817 297

2370 3785

104 815 300 2408 4003

103 864 301

2409 4176

116 878 281

2673 4267

125 878

296 2957 4410

114 901 287

3010 4312

TOTAL 7375 7630 7853

8215 8666 8624

Fuente: Memorias 1978:63

Las actividades llevadas a cabo por algunos de los Grupos de Empresa son mencionadas en la Memoria de 1978, como el primer premio provincial obtenido, por la presentación de su Memoria, por el Grupo de Empresa de Cádiz; se destaca la actuación del Grupo de Sevilla por la caseta que instala en la Feria de Abril y el torneo deportivo celebrado por las Grupos de Cádiz, Sevilla y Málaga. Distinciones que lleva a la compañía a incrementar en el

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Capítulo III

280

siguiente ejercicio su aportación a los Grupos de Empresa en casi un 40%, alcanzando los cinco millones de pesetas, con la finalidad de estimular estas actuaciones. Aumento que permite la ampliación de las actividades deportivas y culturales por parte de este colectivo, lo que contribuye a mejorar la integración y colaboración entre el personal de la empresa.

Otro apartado, dentro del dedicado a actividades sociales, al que se le otorga gran relevancia por la cantidad de beneficiarios y la cuantía económica es el que corresponde al Economato Laboral, que en 1978 ya representa un coste global de cerca de 435 millones de pesetas, y en 1982 ya supera los mil millones de pesetas (en concreto 1.076 millones), con 32.483 beneficiarios. Importe que sigue incrementándose en los años que siguen. Con respecto a la información que en las Memorias se vierte sobre el Economato, nos ha llamado la atención la que aparece en 1984, cuando se dice que por Orden Ministerial de 16 de julio de 1984 son eliminadas la mayor parte de las discriminaciones que existían en la normativa del Economato Laboral para el reconocimiento de los beneficiarios y que afectaban principalmente al personal femenino. Con anterioridad, en ningún momento en las Memorias, ni de la CAT ni de Tabacalera, se comenta nada con respecto a este tipo de discriminación por sexo.

Las ayudas acordadas por la Comisión Mixta de Acción Social y Docente experimentan un espectacular crecimiento en apenas diez años, como muestra la siguiente tabla. De los conceptos que integran este apartado, el capítulo de Ayudas de Estudio sigue siendo el de mayor entidad, tanto por la cuantía (casi 138 millones de pesetas) como por el colectivo afectado, con una ayuda media de 17.500 pesetas por alumno beneficiario.

Prestaciones sociales de diversa índole que Tabacalera concede a sus empleados, y que en 1980 ascienden a más de 100.000 pesetas por empleado y año.

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Ayudas acordadas por la Comisión Mixta de Acción Social y Docente (en pesetas)

CONCEPTOS 1973 1982 Incremento

Ayudas de Estudio 22.620.689 137.928.828 509,7%

Grupos de Empresa 1.869.882 12.000.000 541,8%

Ayudas a subnormales 999.000 22.393.783 2141,6%

Ayudas aplicación analógica circular nº 34 de 14-9-70 y ayudas de carácter mensual a viudas y familiares del personal de la Compañía

438.532,8

5.063.108

1054,56% Ayudas varias 1.537.715,15 2.510.860 63,29%

TOTAL 27.464.818,95 179.896.579

Fuente: Elaboración propia, a partir de las Memorias de 1973 y 1982.

3.3.5. Años ochenta: Énfasis en las relaciones laborales

A principios de los ochenta toma gran relevancia la preocupación de la Compañía por la salud e higiene de sus trabajadores. Ante el interés de Tabacalera por impulsar los servicios de medicina preventiva y facilitar los reconocimientos periódicos de los trabajadores, en 1980 adquiere una Unidad Móvil de Reconocimientos, con la finalidad de prestar estos servicios con la tecnología clínica más avanzada. Unidad Móvil que inicia sus servicios en mayo de ese mismo año, con la función principal de “apoyar y potenciar la labor de los Servicios Médicos de Empresa de cada uno de los centros, proporcionándoles unos medios técnicos que por su elevado coste no se pueden instalar en todos ellos” (p. 74). Unidad que ya en ese ejercicio realizó más de 600 prestaciones, y en el siguiente diversos tipos de pruebas médicas; además de la prestación de servicios en el campo de la higiene industrial desde el mes de octubre, realizando un total de 426 pruebas de muestreo de polvo y de medición de luz y ruido en diferentes Fábricas de la compañía. En 1982, ya realiza aproximadamente 7.000 pruebas médicas de distinto tipo, destacando la Memoria de este ejercicio la fotoseriación del 53% de la población laboral y los electrocardiogramas practicados a un 13% de los empleados mayores de 45 años.

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Capítulo III

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Dentro de las actividades relacionadas con la seguridad industrial, en la Memoria de 1980 se destaca la adquisición y puesta en funcionamiento de un moderno equipo de dosimetría de ruidos en la Fábrica de Sevilla, así como la puesta en marcha de programas de protección de radiación ambiental en las fábricas de cigarrillos y la instalación de dosímetros termoluminiscentes personales para la medida de la radiación a 320 empleados.

Durante los primeros años de la década de los ochenta nos encontramos con una gran estabilidad en la plantilla de Tabacalera; en tres años no varía el total de empleados, como podemos observar en la tabla que sigue, produciéndose en el último trienio de nuestro estudio un moderado descenso del personal de la compañía.

Personal activo a 31 de diciembre CATEGORÍAS 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Técnicos Administrativos Subalternos Obreros Hombres Obreros Mujeres En proceso de incorporación

133 943 306

3236 4262

-

132 921 305

3307 4197

-

136 909 291

3222 4138

-

136 880 283

3184 4073

140

138 880 277

3154 4016

231

163 982 312

3085 3920

152

161 1030 316 3055 3889

67

184 1108 311

3008 3862

37

TOTAL 8880 8862 8696 8696 8696 8614 8518 8510 Fuente: Memorias 1983:83 y 1986:31

Desde la Memoria correspondiente al ejercicio 1892, aparece información desglosada de la plantilla de Tabacalera por grupos de edad y sexo. Se observa cómo, aunque cada vez existe menos diferencia en el reparto de la plantilla por razón de sexo, todavía en 1983 el porcentaje de mujeres en plantilla supera al de hombres (un 51,8% de mujeres y un 48,2% de hombres), distribución que de hecho se invierte en el ejercicio siguiente, cuando el personal masculino supera al femenino (un 50,6% de hombres y un 49,4% de mujeres); excepto en fabricación que durante todo el periodo el personal obrero femenino supera al masculino. Sin embargo en 1986, último año de nuestro estudio, el número de mujeres en plantilla vuelve a superar al de hombres.

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Distribución de la plantilla de Tabacalera por sexo (%)

Año 1982 1983 1984 1985 1986

Mujer 52 51.8 49.4 48.9 50.9

Hombre 48 48.2 50.6 51.1 49.1

Fuente: Memorias Tabacalera (1982-1986)

La información sobre las actuaciones de la compañía en materia de selección del personal aparece por vez primera en la Memoria de 1981. Al respecto se comenta que son 3.278 la personas que se presentan para cubrir los 371 puestos de trabajo convocados; de las cuales 2.107 corresponden a procesos de selección interna, que cubren 353 puestos de trabajo y 1.171 a acciones de reclutamiento externo, para 18 puestos de trabajo. Estas cantidades muestran que la mayor parte de las vacantes y nuevos empleos son cubiertos por promoción interna. Promoción que como expresa esta Memoria “ha supuesto un ascenso de grupo laboral […], lo que implica una creciente permeabilidad entre el personal y, en consecuencia, un mayor estímulo para su esfuerzo y capacitación” (1981:72)172.

En la Memoria de 1983 aparece un apartado, dentro del capítulo dedicado al “Personal y Actividad Social”, destinado a “Gastos de Personal”, en el que se especifican el total de gastos de esta partida en ese ejercicio (18.635.000 pesetas). Gastos que la compañía divide en tres conceptos: masa salarial, seguridad social y gastos de personal jubilado.

Otro nuevo epígrafe, titulado “Relaciones Laborales” aparece en la Memoria de 1984. En el mismo Tabacalera enfatiza el hecho de que “el establecimiento de un marco adecuado de relaciones laborales, como base necesaria para un desarrollo eficaz de la gestión empresarial, constituye, sin duda, uno de los objetivos prioritarios de la Compañía. En línea con este propósito, se ha intensificado, con resultados satisfactorios la política de información y

172 Aunque nuestro análisis de la información acerca del personal finaliza con la Memoria de 1986, nos ha llamado la atención que por primera vez en la Memoria de 1987, en el apartado de selección del personal, se convocan plazas de prácticas (un total de 34), y dentro de éstas cinco puestos de trabajo son para becarios. Al respecto la Compañía entiende que cubre así “un objetivo social, incorporando a titulados recientes al mundo empresarial, ofreciéndose a los becarios la posibilidad de adquirir una primera experiencia profesional a través de la contratación en prácticas” (p.58).

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Capítulo III

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participación de los representantes de los trabajadores en todos los temas relativos a la problemática social de Tabacalera, reforzándose así la labor de los Comités de Empresa y de las propias secciones sindicales. Todo ello ha permitido alcanzar un clima de mayor racionalidad y fluidez en las relaciones laborales, cuyos efectos se han dejado sentir de forma notoria en la evolución de la productividad global de la Compañía” (1984:62). En este mismo apartado se señala que la política de información de la empresa ha sido fortalecida con la institucionalización de reuniones con periodicidad mensual entre los comités de cada centro de trabajo y los directores de las dependencias.

Ante las profundas modificaciones de carácter institucional y patrimonial que derivaron para la compañía la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea, y con respecto al personal queremos traer aquí el siguiente párrafo, en línea con la nueva situación de la Compañía: “En el año 1985, la necesidad de mantener un flujo permanente de comunicación con los trabajadores se ha visto acrecentada como consecuencia del importante Cambio Institucional al que ha estado sometida la Compañía como consecuencia de nuestra integración en la CEE, y no cabe duda que el intercambio de información establecido tanto a nivel de las reuniones periódicas entre el Comité de Dirección y el Comité Intercentros como entre los Comités de las Fábricas y la Dirección de las mismas ha coadyuvado de manera decisiva a crear una actitud positiva ante las importantes transformaciones que está experimentando la Compañía” (1985:78).

En este mismo epígrafe también se destaca la circunstancia de que aunque la Ley Orgánica 11/85 de Libertad Sindical establece una serie de cotas de participación, Tabacalera no tiene dificultad alguna en aplicar el contenido de dicha ley, ya que dichas cotas estaban, con anterioridad a la promulgación de la misma, ya incorporadas a los sistemas normales de relación con los trabajadores, puestos en práctica por la Compañía.

Finalizamos este apartado con el siguiente párrafo entresacado de la Memoria de 1981, que nos sintetiza la actuación de la compañía con respecto a su empleados en los últimos años del período objeto de análisis: “Tabacalera ha venido configurando en los últimos años un modelo de relaciones laborales que, teniendo como base la claridad y la transparencia

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informativa, encuentra en la participación y en el diálogo su principal soporte” (1981:71).

3.4. CONSIDERACIONES FINALES

Las investigaciones que han adoptado la Teoría de los Stakeholders en Contabilidad han estado principalmente centradas en responsabilidad social corporativa. Todavía tenemos mucho que aprender sobre los determinantes de información a los stakeholders, es decir, porqué las empresas adaptan sus estrategias a las demandas de los stakeholders. Para abordar esta cuestión examinamos los informes anuales de una empresa española a lo largo de cien años (1887-1986). Durante nuestro periodo de observación, el entorno en el que la organización desarrolla su actividad, sufre significativos cambios económicos, sociales y políticos que afectan a las demandas de sus principales grupos de interés. Analizamos cómo los estados financieros han ido evolucionando para mostrar las respuestas organizacionales ante las demandas del stakeholders: empleados.

El análisis que hemos realizado sobre la información que las Memorias, de la Compañía Arrendataria de Tabacos y su sucesora, Tabacalera SA., proporcionan sobre los trabajadores de las empresas gestoras del Monopolio de Tabacos y demás Servicios Anejos, nos lleva a extraer las siguientes conclusiones:

Los empleados son un colectivo, tanto para la CAT como para Tabacalera, de gran interés, estratégicos, con quienes les interesa mantener buenas relaciones. En los inicios del arrendamiento a la CAT, en las Fábricas de la Renta la mano de obra es muy elevada, en los primeros años abunda la femenina, la mecanización es escasa, por lo que el proceso de fabricación es fundamentalmente manual. Por tanto, los obreros son imprescindibles para el correcto funcionamiento de las fábricas, por lo que los directivos evitan problemas con los operarios que originen huelgas, levantamientos que paralicen la producción. Este es el principal motivo por el cual las medidas, que desde un primer momento toma la CAT, para reducir al personal son adoptadas muy gradualmente con la finalidad de evitar conflictos.

Desde el principio, la CAT cumple íntegramente las normas vigentes en materia social, cuando todavía la práctica generalizada en las empresas

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españolas era lo contrario. Además de acatar las escasas leyes existentes, por propia voluntad mejora las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, anticipándose a lo establecido en la legislación. En definitiva, tanto en medidas de previsión social como de seguridad e higiene en el trabajo la CAT estuvo muy adelantada a su época. Mejoras todas debidas a la empresa gestora, ya que con anterioridad las condiciones de trabajo en las Fábricas de Tabacos españolas eran más precarias. Concesiones de la Arrendataria a sus empleados que crearon una importante lealtad entre ambos colectivos, esencial para asegurar un correcto funcionamiento de la compañía.

En palabras de Rey Reguillo (1998:37) “conviene insistir en una idea que resulta clave para valorar en su justa medida la política de cobertura laboral de la Arrendataria con respecto a sus trabajadores. Y es que, en términos comparativos, estos fueron muy por delante de los de otras industrias y sectores productivos, en general, en todo lo que tuviera que ver con la previsión social y la higiene y seguridad en el trabajo. Podría no haber un sistema moderno de jubilaciones, podría no haber pensiones de viudedad u orfandad, podrían ser desiguales las coberturas de los trabajadores fijos y las destajistas que no lo eran, pero casi nadie quedaba desamparado frente a las contingencias negativas del destino, ni los empleados ni sus propias familias”.

Información sobre el personal que en las Memorias correspondientes a los primeros años de vida de la CAT es escasa, haciéndose más abundante a partir de los años veinte. Igual ocurre tras la creación de Tabacalera; en los primeros años la información social es poca, aunque son varios los apartados que las Memorias de la compañía dedican a este colectivo. Epígrafes cuya denominación y número varía a lo largo de los años objeto de estudio. Es a mediados de los cincuenta cuando las Memorias dedican una gran amplitud a este tema, lo que muestra un incremento en el interés que este colectivo tiene para Tabacalera. Los cambios son más relevantes a partir de los setenta, cuando la cuidada presentación, gran extensión y alta riqueza informativa de las Memorias se hace extensiva al apartado del personal, ilustrado con fotografías.

Aunque cuando se crea Tabacalera la compañía ya no cuenta con el volumen de empleados que existía al inicio de vida de la CAT, los trabajadores y sus

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peticiones siguen estando presentes entre las preocupaciones del Consejo de Administración y, aunque la estrategia primordial de la empresa haya variado (mecanización y modernización de la Renta del tabaco), en todo momento se intenta premiar la labor realizada por este colectivo. Es de destacar, a diferencia de lo que ocurría con la CAT, que la respuesta de los empleados a las reformas introducidas por Tabacalera, en general era de adaptación a las mismas y de colaboración. En cada momento son llevadas a cabo las actuaciones y mejoras que se entienden más relevantes para el logro de un buen funcionamiento en la gestión del Monopolio. Medidas centradas fundamentalmente en: aumento de los salarios, participación de los empleados en los beneficios de la compañía, actividades de formación, así como sucesivas mejoras en servicios sociales (economatos, ayudas al estudio, incentivos a los grupos de empresa) y los relativos a seguridad e higiene en el trabajo (comedores, servicios higiénicos, vestuarios, etc.). Para Rey Reguillo (1998:137) “Tabacalera fue una empresa modelo y vanguardia en la política de modernización y concesiones laborales a lo largo del franquismo y también después, con la normalidad democrática”.

La política de personal se configura en Tabacalera a través de un variado conjunto de instrumentos que, incidiendo sobre los principales aspectos que conforman las actitudes hacia el trabajo, tratan en todo momento de lograr una identificación del personal con los objetivos y metas que Tabacalera persigue. Hay que tener presente que el factor humano se ha convertido en un elemento especialmente relevante para las organizaciones, siendo uno de los activos inmateriales más valiosos, siendo este uno de los motivos por los cuales las empresas realizan determinadas actuaciones encaminadas a incrementar la motivación y lealtad de sus trabajadores hacia la organización. De ahí que las acciones emprendidas en el campo social han tenido por objeto alcanzar de manera armónica estos objetivos mediante una política responsable de remuneraciones y de promoción, selección y formación del personal, complementada por avances concretos en campos tan importantes como el de la seguridad, higiene y el de las prestaciones sociales.

Tras el análisis longitudinal realizado a las Memorias de la CAT y Tabacalera, consideramos que las empresas gestoras del Monopolio de Tabacos y demás Servicios Anejos, han seguido el modelo de los stakeholders, centrado en satisfacer, además de las necesidades de los

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accionistas (modelo de los shareholders), los intereses de todos aquellos colectivos interesados en la organización, entre ellos los empleados, que es en el que hemos focalizado fundamentalmente nuestro análisis. El colectivo de trabajadores es muy importante en este negocio y con una reconocida experiencia, lo que unido a la condición de funcionario público que anteriormente ostentaba, le hace ser especialmente reivindicativo e influyente en la política empresarial. Tanto la CAT como Tabacalera, durante el período 1887-1986, tuvieron en consideración los intereses y expectativas de sus empleados, al creerlos un grupo estratégico, con poder sobre la organización, incorporando sus demandas en los objetivos y estrategias de la Compañía. Las Memorias muestran como cada vez las empresas gestoras prestan mayor atención a sus funciones sociales.

De las diferentes estrategias –proactiva, acomodación, defensa y reacción173- que según la Teoría de los Stakeholders las empresas pueden seguir para la satisfacción de estos colectivos, podemos concluir que tanto la CAT como Tabacalera, consideran que los empleados son un grupo estratégico clave para la organización, durante toda la vida del negocio, por lo que siguen una estrategia proactiva, siendo las condiciones laborales claramente mejores que en el resto de industrias, cumpliendo no sólo con las obligaciones legalmente establecidas, sino incluso por propia voluntad van introduciéndose diferentes mejoras sociales a lo largo del período. Este carácter estratégico de los trabajadores se ve difuminado a partir de la Guerra Civil Española, especialmente en la época de Tabacalera, ya en los dominios de la mecanización. Ya en investigaciones anteriores (Cámara, et al., 2009) pudimos llegar a conclusiones como ésta.

Especialmente significativo nos parece el hecho de que durante el período de estudio, 1887-1986, aparezcan dos discontinuidades en la información suministrada en las Memorias sobre los trabajadores, que quedan manifestadas en una evidente disminución de la atención informativa prestada hacia los mismos durante épocas concretas: (i) durante la gestión de la CAT, en el período que comprende la Guerra Civil española (1936-1939); y (ii) bajo la etapa de Tabacalera, desde 1947 hasta 1956, los años más

173 Seguimos las clasificación que Carroll (1979) y Clarkson (1995) establecen sobre estrategias empresariales ante los stakeholders; estrategias que ya anteriormente hemos comentado.

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representativos de la autarquía española. En ambos casos, esta ruptura en la atención informativa dedicada a los empleados podemos relacionarla con los relevantes cambios de tipo político que se producen durante estos años en España. Entendemos que este hallazgo puede suponer una aportación a la Teoría de los Stakeholders, desde el punto de vista de la contabilidad, al haber detectado que la atención informativa prestada a un determinado colectivo primario para la entidad, en el sentido que se manifiesta Freeman (1984), puede no necesariamente mantener su continuidad en el tiempo, bajo determinadas circunstancias. No obstante, esta apreciación debería ser investigada mucho más profundamente con el estudio de otros casos, para poder realizar una generalización.

Por tanto, entendemos que los trabajadores fueron cruciales para el negocio del tabaco y que, con la excepción de los periodos de inestabilidad política, la empresa adoptó hacia los mismo una estrategia de aversión al riesgo (Jawahar y McLaughlin, 2001). El Monopolio del Tabaco se hace eco de las preocupaciones y demandas de sus empleados y aumenta la información y actuaciones dirigidas hacia los mismos. Hasta 1895 la estrategia de la empresa hacia este colectivo podemos calificarla de acomodativa. Una vez que las condiciones financieras de la compañía mejoraron, durante la mayor parte del periodo, la estrategia se convirtió en proactiva, siendo las condiciones de trabajo mucho mejores que en otras industrias del país.

Podemos concluir que tanto la CAT como Tabacalera son empresas que han intentado a lo largo de toda su gestión del Monopolio de Tabacos y Servicios Anejos satisfacer los intereses no sólo de sus accionistas, sino también de otros colectivos, como sus trabajadores. En este capítulo, dedicado al análisis de la información que las empresas gestoras vierten en sus Memorias sobre sus empleados, podemos decir que se ha seguido el modelo de los stakeholders.

Entendemos que ambas sociedades se anticipan a su tiempo, en muchos aspectos, entre otros el tipo de información que suministran en sus Memorias; cumpliendo no sólo con los mínimos legalmente establecidos, sino que además proporcionan voluntariamente gran cantidad de información, en aras al logro de una mayor transparencia informativa.

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CAPITULO IV

EL MONOPOLIO DEL TABACO ANALIZADO DESDE EL INSTITUCIONALISMO

SOCIOLÓGICO. ACTIVIDADES SOCIALES Y ATENCIÓN A LOS

CLIENTES

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El Monopolio del Tabaco analizado desde el Institucionalismo Sociológico. Actividades sociales y atención a los clientes

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4. 1. LA TEORÍA INSTITUCIONAL

4.1.1. Introducción

El interés por el estudio de las instituciones en las últimas décadas ha llevado a que la Teoría Institucional haya experimentado un renacimiento, y sido incorporada en los análisis que diversos autores han hecho sobre la realidad social. Una de las vertientes de la Teoría Institucional es la sociológica enfocada al análisis de las organizaciones174.

En la actualidad el cambio en las estructuras organizativas no sólo es debido a la competencia o por motivos de eficiencia, sino que es el resultado de procesos, realizados por diferentes entidades, que hacen que las sociedades sean más homogéneas. La Teoría Institucional ha estudiado la respuesta de las organizaciones ante las presiones del entorno, la conformidad organizativa a las reglas y normas institucionales, con el objetivo de garantizar legitimidad a las organizaciones y una mayor posibilidad de supervivencia.

Esta teoría destaca la importancia de factores culturales como los símbolos, los sistemas cognitivos y las creencias normativas para el funcionamiento de las organizaciones. Existe una congruencia o isomorfismo entre el interior y el exterior de la empresa que no aparece dictado por criterios técnicos. El institucionalismo hace una distinción fundamental entre las fuentes 174 En los estudios sobre organizaciones podemos distinguir los siguientes tres períodos:

• Desde finales de la década de los treinta hasta los sesenta la organización es vista como un modelo de sistema cerrado. La empresa se considera una entidad independiente, racional y autónoma por sí misma.

• En la década de los sesenta, empiezan a considerarse las relaciones interdependientes existentes entre la organización y su entorno. Sin embargo las relaciones tenidas en cuenta eran las exclusivamente técnicas. En esta etapa la tecnología se convierte en un factor determinante. Empiezan a aparecer nuevas teorías de la organización: la contingencia, la dependencia de recursos y la ecológica.

• A partir de los setenta toma énfasis el institucionalismo sociológico en el estudio de las organizaciones. De los factores técnicos, tradicionalmente considerados, pasan a tomar relevancia los factores institucionales; elementos del entorno que se convierten en el centro de atención, éstos son los culturales (institucionales) que pueden afectar a una organización independientemente de los recursos y factores tecnológicos que posea. Se analiza cómo las organizaciones están insertadas en entornos institucionales más amplios de los que depende su vida y con los que interaccionan (Meyer y Rowan, 1977).

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Capítulo IV

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tecnológicas e institucionales de las prácticas organizativas (Meyer y Rowan, 1977).

En investigación organizativa se han hecho importantes aplicaciones de la Teoría Institucional (Meyer y Rowan, 1977; Zucker, 1977; Scott, 1987) y también se viene utilizando esta teoría en investigaciones que relacionan a la Contabilidad con el entorno (Scapens, 1994; Carmona et al., 1998; Carmona y Macías, 2001).

En el entorno organizativo adquiere relevancia la cultura, la estructura normativa, la estructura de gobierno y elementos olvidados como son los sistemas de creencias, los símbolos, los valores175, las reglas, las normas, la legitimidad y los stakeholders, que conducen, a través de presiones institucionales -coercitivas, normativas y miméticas- hacia organizaciones isomórficas en cuanto a las estrategias que formulan y a las prácticas que siguen (Fernández y Valle, 1998:93). Las empresas empiezan a incorporar departamentos hasta entonces prácticamente inexistentes como: los de Investigación y Desarrollo, los de Recursos Humanos o los de Responsabilidad Social.

Los seguidores de esta teoría consideran que las teorías anteriores, llegado un momento son limitadas, ya que únicamente toman en consideración los factores tecnológicos del entorno, olvidando los culturales. Había quedado demostrado que estos últimos podían ser tanto o más importantes que los anteriores para conseguir la supervivencia empresarial. Empieza a hablarse de entorno técnico y de entorno institucionalizado (Meyer y Scott, 1983a).

4.1.2. Estructura organizativa: entornos técnicos e institucionales

Las organizaciones se ven afectadas por sus ambientes. En la actualidad tanto los factores técnicos como los institucionales van a tener una influencia en el diseño de la estructura organizativa. Ello lleva a que diversos estudios hayan diferenciado los entornos técnicos de los institucionales; esta distinción ha

175 Hofstede (1987:4) define los valores como “tendencias generales a preferir ciertos estados de las cosas sobre otros [...] que determinan nuestras atribuciones de “bueno” y “malo”, “bonito” y “feo”, “correcto” e “incorrecto”, “normal” y “anormal”, e incluso “racional” e “irracional””.

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El Monopolio del Tabaco analizado desde el Institucionalismo Sociológico. Actividades sociales y atención a los clientes

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sido analizada por autores como Meyer y Rowan (1977); Meyer et al. (1981); Meyer y Scott (1983a) o Scott (1985, 1987).

Un entorno técnico es aquel en el que un producto o servicio se intercambia en un mercado, de modo que la organización es recompensada cuando controla de forma eficiente y efectiva los procesos de trabajo. Sobrevivirán las organizaciones que mejor se adapten a los requerimientos de dichos entornos. Los ambientes técnicos conllevan tecnologías complejas e intercambios. Un entorno institucional es aquél en el que coexisten una serie de reglas, normas, creencias y requisitos que la organización debe adoptar si quiere conseguir apoyo y legitimidad (Scott y Meyer, 1983). La supervivencia de la organización dependerá de la conformidad de ésta con las reglas y procedimientos institucionalizados, así como de su incorporación estructural. Los ambientes institucionales conllevan reglas y categorías socialmente definidos; debe estar conforme a las reglas establecidas a su alrededor e incorporarlas. Estos requisitos pueden proceder del Estado, de asociaciones profesionales o sistemas de creencias generalizados, por lo que supone una nueva visión y la consideración de ciertos actores hasta ahora olvidados (Estado y grupos profesionales); si la organización adopta tales valores puede verse favorecida. “Los ambientes técnicos manifiestan control de la producción sobre las organizaciones. En los ambientes institucionales las organizaciones son recompensadas por establecer estructuras y procesos correctos, no por la cantidad y la calidad de sus productos”( Scott y Meyer, 1983:149).

Los enfoques teóricos se centran en la idea de organización como un ente abierto y en interacción con su entorno, siendo restrictivos a considerarlo desde un único punto de vista: el técnico. Las organizaciones actúan por criterios de mercado, mediante presiones competitivas luchan por la adquisición de aquellos recursos que son escasos. De hecho, “el institucionalismo al considerar las presiones y los actores institucionales y hacer énfasis en la legitimidad como un recurso clave, es considerado un enfoque fuerte que explica los cambios contextuales y sus repercusiones en la organización” (Fernández y Valle, 1998:96).

Tanto los factores técnicos como los culturales están relacionados, siendo a veces difícil diferenciar entre uno y otro (Scott, 1985), pudiendo coexistir

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ambos ambientes. Resulta complicado distinguir ambos entornos debido a que la tecnología puede infundirse de un valor cultural, como podría darse en el caso del uso de tecnologías limpias o envases ecológicos. Así, nos encontramos con organizaciones de alto desarrollo técnico e institucional, con otras de bajo desarrollo técnico e institucional y aquellas en la que uno de los factores predomina sobre el otro.

4.1.3. Aplicación de la Teoría Institucional a las organizaciones

El término institución posee distintos significados en las diferentes disciplinas en las que es objeto de estudio. Los sociólogos emplean institución e institucionalización para referirse, en general, a la presencia de reglas autoritarias o de una organización obligatoria (Lourau, 1994; Lapassade, 1999). El significado general de institución en sociología es el de un “procedimiento176 organizado y establecido”. En opinión de Durkheim (1950), la sociología ha sido presentada como la ciencia de las instituciones.

Es un concepto que no está claro; puede emplearse para hacer referencia a asociaciones grandes e importantes, también como sinónimo de los efectos culturales o históricos, otros lo identifican con los efectos ambientales. Según Jepperson (1991:194) “la institucionalización177 indica una propiedad o estado social distinto y no debería identificarse específicamente con elementos culturales o con un determinado tipo de efecto ambiental”. Este autor define la institución como sistemas de programas o de gobierno socialmente construidos y reproducidos rutinariamente.

Veblen la definió como hábitos establecidos de pensamiento común a la generalidad del ser humano. En opinión de Hamilton, la institución es una forma de pensamiento o acción de algo prevaleciente y permanente, el cual está integrado en los hábitos de un grupo o en las costumbres de un pueblo178 (citados por Scapens, 1994:306). Otros estudiosos de la materia

176 Estos procedimientos se presentan como las reglas del juego (Jepperson, 1991). 177 El autor entiende que son términos con diferente significado: la institución es el orden o patrón social que ya ha alcanzado un cierto estado o propiedad, y la institucionalización indica el proceso que se ha seguido para lograrlo. 178 Esta segunda definición amplía el carácter social y cultural del término institución, resaltando la importancia de la conducta habitual.

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consideran que las instituciones son “normas culturales que dan significado y valor colectivo a entidades y actividades particulares, integrándolas en esquemas mayores” (Meyer et al., 1994:10). Para Lourau (1994) una norma universal o considerada como tal, es designada institución. Su existencia implica la tipificación recíproca de acciones que se han hecho habituales para determinados tipos de actores (Berger y Luckmann, 1967).

Los procesos de institucionalización redundan en organizaciones hechas a imagen y semejanza de su entorno, dentro de las cuales los sistemas contables también toman forma de acuerdo con los mitos racionalizados en aquél (Carruthers, 1995). Así, actualmente se ha formado una creencia generalizada de que las empresas que aplican determinados procedimientos contables son más racionales, modernas y emplean los medios apropiados a los fines perseguidos, previniendo de ese modo que las acusen de falta de diligencia y legitimidad (Meyer y Rowan, 1977).

Las organizaciones funcionan a través de rutinas179, que evitan tener que establecer continuamente el comportamiento de sus miembros frente a problemas repetitivos y que reducen la incertidumbre. La repetición durante períodos prolongados en el tiempo de estas rutinas constituye el mundo de las instituciones. “Las instituciones no se diseñan para que sean eficientes, sino por lo general para servir los intereses de aquellos que tienen el poder de negociación suficiente como para establecer nuevas reglas” (Tsebelis, 1990, citado en DiMaggio y Powell, 1999:23).

Los orígenes de la Teoría Institucional aplicada al área organizacional se sitúan a mediados del siglo XX. Siguiendo la clasificación de Scott (1995), y a Ruiz Rodríguez (1998), diferenciamos cuatro corrientes iniciales de pensamiento180: La Columbia School y el Modelo Institucional de Selznick

179 Podemos señalar dos tipos de rutinas: las que, en opinión de Sackmann (1992), son reliquias del pasado sin ningún significado especial y aquellas que persisten aun cuando hay mejores técnicas (Zucker, 1987). Son las segundas las que más perduran, no por los resultados que proporcionan sino por el sentido de orden que aportan (Brint y Karabel, 1991), contribuyendo de tal modo a la institucionalización de la organización. 180 Los primeros estudiosos que empiezan a relacionar el análisis de las organizaciones y la Teoría Institucional son Merton, Selznick, Gray, Hokey, Selvin, Gouldner, Blau, Lipset, Trow y

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(1957), la Propuesta Institucional de Parsons (1960), la Carnegie School (Simon, 1957) y la Teoría Cognitiva (Markus, y Zajonc 1985). Corrientes de pensamiento acerca del institucionalismo que han ido evolucionando, llegando a lo que actualmente se conoce como Teoría Neoinstitucional.

4.1.3.1. Teoría Neoinstitucional

El neoinstitucionalismo no supone una ruptura con las ideas anteriores, sino que incorpora un nuevo enfoque. El “viejo institucionalismo”181 trata de trabajos centrados prácticamente en el pilar normativo y en el pilar regulador, que más adelante desarrollaremos, mientras que el “nuevo institucionalismo” surge en un intento de explicar las diferencias que frente a retos comunes se presentaban en países distintos. El objetivo no es otro que entender por qué varían las demandas en los diversos estados y por qué los intereses se manifiestan de diferente forma (Powell y DiMaggio, 1999).

Para el viejo institucionalismo las formas cognitivas predominantes son los valores, las normas y las actitudes. Para el nuevo institucionalismo la “institucionalización es fundamentalmente un proceso cognitivo” (Zucker, 1983:25). El neoinstitucionalismo es una continuidad del institucionalismo clásico, aunque entre ambos hay puntos divergentes. El nuevo institucionalismo presta más interés a los procesos de legitimación. La diferencia fundamental es la importancia otorgada a los elementos cognitivos, incluyendo un nuevo pilar, no tenido antes en consideración, el cognitivo.

En sus inicios la Teoría Neoinstitucional empieza a relacionarse con la economía182, la ciencia política183 y la sociología. En este trabajo nos

Coleman, de la Universidad de Columbia. Su principal aportación fue “la consideración de las organizaciones como un área de estudio distinta” (Scott, 1995:17). 181 Es el nombre con el que es conocida la Teoría Institucional clásica. 182 La Teoría Neoinstitucional en economía está relacionada con las reglas y los sistemas de gobierno que se desarrollan para regular los intercambios económicos. Los niveles estructurales de la empresa suelen ser el objeto de estudio en este campo (Ruiz Rodríguez, 1998). El pionero en la materia fue Ronald Coase con su Teoría de la Firma (1937). Tanto Coase como con posterioridad Williamson (1981, 1985, 1991) plantean que determinadas organizaciones realizan sus intercambios económicos dentro de las mismas y sin someterse a los criterios del mercado. Llegan a la conclusión de que tal circunstancia es debida a los

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centraremos en el análisis neoinstitucional en sociología, en especial la rama sociológica que estudia la organización.

4.1.4. Teoría Institucional en el estudio sociológico de las organizaciones

La incorporación de la Teoría Institucional184 en el estudio sociológico de la organización se inicia en la década de los setenta, cuando empiezan a tomar relevancia los modelos culturales amplios en el diseño de las organizaciones. Los primeros trabajos que podemos señalar son los de Meyer y Rowan (1977), que destacan el impacto que los cambios en el entorno institucional tienen para las organizaciones, y el de Zucker (1977), que hace hincapié en el poder que tienen las creencias; estos autores adoptan el concepto de institución de Berger y Luckmann (1967). Destacan los aspectos cognitivos de las organizaciones, a diferencia de los planteamientos de Selznick o Parsons, centrados en los aspectos normativos.

diferentes costes de transacción que puede suponer para la empresa realizarlo de un modo u otro. Las organizaciones surgen en la medida en que los beneficios que proporcionen superen los costes de transacción en que incurren para su creación y sostenimiento (Williamson, 1981) En opinión de Williamson (1985) la competencia elimina las instituciones ineficientes. Sin embargo Zucker (1986) considera que las instituciones una vez creadas pueden subsistir aunque sean subóptimas; esta idea la mantienen autores como Akerlof (1976) o North (1986). “En un entorno turbulento como el actual, la institucionalización reduce la incertidumbre, al proporcionar estructuras confiables y eficientes para el intercambio económico” (North, 1988, citado en Powell y DiMaggio, 1999:37). El entorno se caracteriza por un comportamiento oportunista de los actores sociales y una racionalidad económica limitada. 183 Los nuevos institucionalistas en ciencia y sociología política están agrupados en dos campos: el histórico y la teoría de la elección racional. Entre los institucionalistas históricos destacan March y Olsen (1984,1989), Skocpol (1985, 1992), Hall (1986) o Thelen y Steinmo (1992). Estos autores centran su atención en los mecanismos y regímenes del mercado. Son teóricos que consideran a las instituciones como la inclusión “tanto de estructuras formales y reglas informales y los procedimientos que estructuran la conducta” (Thelen y Steinmo 1992:2). Como señala Scott (1995:29), “los institucionalistas históricos enfatizan la equifinalidad y multifinalidad de la cuestión”. Empresas con los mismos intereses pueden dar lugar a estructuras distintas y organizaciones con estructuras iguales pueden tener diferentes intereses. La teoría de la elección racional apoyada por autores como Moe (1984, 1990), Shepsle y Weingast (1987), consideran que las instituciones son “sistemas de reglas o gobierno, racionalmente construidas, establecidas por los individuos que buscan promover o proteger sus intereses” (Scott 1995:27). 184 En adelante al hablar de Teoría Institucional nos referiremos al nuevo institucionalismo.

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Otros trabajos relevantes son: el de DiMaggio y Powell (1983), que plantearon los mecanismos coercitivos, normativos y miméticos, e introducen el concepto de isomorfismo estructural, y Meyer y Scott (1983b), que señalan que toda organización está afectada por factores técnicos y por fuerzas institucionales, en mayor o menor medida, dependiendo del tipo de organización. Estos autores centran su estudio en el análisis de los procesos institucionales que afectan a las organizaciones.

En opinión de los neoinstitucionalistas sociológicos, la organización al encontrarse relacionada con su entorno va a estar inmersa en un determinado contexto histórico y cultural en el que existen determinadas normas, creencias y símbolos compartidos (Scott y Meyer, 1983). Normas, creencias, reglas, valores y símbolos, que son elementos ambientales que van a influir en el diseño de la estructura, en la realización de las actividades organizativas, tanto o incluso más que los tradicionales factores técnicos.

De hecho, cuando las normas y valores del entorno cambian, los directivos se esforzarán en preservar la legitimidad de la organización, incorporando, o aparentando incorporar, las nuevas prácticas, normas y valores (Hoque, 2005:370). Por consiguiente, y según los seguidores de la Teoría Institucional, actualmente para conseguir la supervivencia empresarial prevalece la legitimación con el entorno a la eficiencia empresarial. Para los sociólogos institucionales las conductas y estructuras que están institucionalizadas cambian más lentamente que aquellas otras que no lo están.

En el área organizativa hay diferentes aproximaciones a la sociología institucional, según el significado dado al término institucionalización. Siguiendo a Scott (1987) podemos establecer la siguiente clasificación185:

− Institucionalismo como medio para infundir valor. Aproximación debida a Selznick (1957), uno de los primeros autores que relaciona la Teoría Institucional con el estudio de las organizaciones. En opinión de Selznick (1957), la institucionalización es un medio que sirve para proporcionar valor a una determinada estructura o proceso. Con anterioridad a ésta, dicha estructura sólo tiene utilidad instrumental, adquiriendo después

185 Núñez (1999) en su tesis doctoral también sigue esta clasificación.

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determinados valores distintivos e intrínsecos. Es un proceso adaptativo que tiene lugar a lo largo del tiempo; también es un proceso histórico, por el que la organización adquiere una identidad propia, que le garantiza mayor estabilidad y supervivencia.

− Institucionalización como proceso de creación de la realidad. Esta corriente de pensamiento es debida a Berger y Luckmann (1967), quienes comparan la institucionalización como un proceso de creación de la realidad186. Consideran que “el orden social es un producto humano, o más exactamente, una producción humana constante” (Berger y Luckmann, 1994:73), que surge cuando los individuos actúan, interpretan sus acciones y las comparten con otros. El proceso recoge las acciones realizadas por los actores187, su interpretación y posterior interiorización que garantiza la persistencia cultural. Cuando una acción es repetida en el tiempo y le damos un significado parecido surge la institucionalización (Núñez, 1999).

Todo proceso de institucionalización supone una habitualización, es un acto que se repite con frecuencia, creando una pauta que luego puede reproducirse. El proceso de habitualización antecede a toda institucionalización, la cual no puede crearse en un instante, implica historicidad y control. Una institución siempre tiene una historia, un proceso por el que se produce, “es algo incipiente en toda situación social que se continúe en el tiempo” (Berger y Luckmann, 1994:77). “Por lo general todas las acciones que se repiten una o más veces tienden a habitualizarse en cierto grado” (Berger y Luckmann, 1994:79).

Toda institucionalización requiere que pueda explicarse y justificarse. Este proceso de explicación y justificación constituye la legitimación. Según Berger y Luckmann (1967), los significados institucionales deben grabarse en la mente de los individuos. Deben existir procedimientos para que no sean olvidados y puedan recordarse continuamente, incluso, si es necesario, 186 Dividen este proceso en tres momentos: externalización, sociedad como producto humano; objetivación, sociedad como realidad objetiva; e internalización, hombre como producto social (división que también realiza Scott, 1995).

187 Se definen los principales actores o stakeholders como aquellos que otorgan legitimidad a las organizaciones y que en el ámbito contable pueden referirse al Estado o a las asociaciones profesionales.

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Capítulo IV

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usando medios coercitivos y desagradables. Todo comportamiento institucionalizado involucra “roles”. Estos también tienen un carácter controlador de la institución, representan el orden institucional, posibilitan la existencia de las instituciones.

Los seguidores de esta corriente dan más importancia a las creencias compartidas que a las reglas y normas, al marco cognitivo frente al normativo. Autores como Zucker (1977) y Meyer y Rowan (1977) adoptaron estos postulados de base en sus trabajos sobre las estructuras organizativas. Actualmente la organización es una forma institucional que prevalece en la sociedad moderna y la estructura organizativa aparece configurada por elementos institucionales racionalizados o mitos racionales,188 en palabras de Meyer y Rowan (1977).

La Contabilidad, al ser un elemento del entorno institucional, podemos considerarla que es un mito racional institucionalizado (Meyer, 1986; Carruthers, 1995; Araújo, 2003), por diversos motivos; entre ellos, Núñez (1999) destaca el estatus que el contable tiene en la empresa, al ser una profesión racionalizada que requiere una habilitación, además de ser un trabajo sujeto a control. Además, el área contable de la empresa suele emplear determinadas tecnologías y programas, y aunque con los mismos no consiga mejoras de eficiencia, no puede descartarlos ya que de no aplicarlos, la organización estaría mal vista por su entorno.

− Los sistemas institucionales como elementos distintivos. Los principales seguidores de esta corriente son Meyer y Rowan (1977), DiMaggio y Powell (1983), Scott (1987). Esta tercera postura centra su atención en el estudio de la influencia que tienen los sistemas de creencias en el diseño de la estructura organizativa. Difiere de la versión anterior, que estudia las propiedades de los sistemas de creencias, en que centra su atención en el estudio de los diferentes procesos que pueden llevar a cambiar la estructura de una organización, para que ésta se ajuste a un determinado modelo institucional (Scott, 1987).

188 Reciben el nombre de mitos porque son creencias compartidas por una gran colectividad y racionales porque identifican el objetivo y luego establecen las reglas para conseguirlo.

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Los sistemas cognitivos, los sistemas de creencias, los símbolos, se encuentran entre los primeros modelos institucionales. El Estado, los medios de comunicación y la opinión pública fueron los primeros agentes encargados de crear estos modelos. Son agentes del entorno que tienen influencia para establecer la estructura organizativa de una sociedad. Influyen en dicha estructura a través de tres mecanismos: los coercitivos, miméticos y normativos (DiMaggio y Powell, 1983), como tendremos ocasión de analizar.

En el área contable, los principios y normas emanan, en algunos países, de los poderes públicos, mientras que en otros son las organizaciones profesionales las encargadas de su elaboración. Por tanto, es en entornos institucionales donde se crean estas normas, empleando diversos medios para su implantación: el poder en el caso de los organismos oficiales y la autoridad en las organizaciones profesionales (Núñez, 1999). Este enfoque sustituye las costumbres y las tradiciones por las reglas, los requerimientos y las leyes.

− Institucionalización como esferas diferenciadoras de la realidad. En esta cuarta visión, la institucionalización, como en el primer enfoque, aparece como un proceso de creación de valor más allá de su propia utilidad. Sin embargo centra su atención en la existencia de diferentes esferas institucionales, distintas lógicas institucionales: sistemas cognitivos y normativos diferenciados y especializados. Entre otros, destacan la religión, el trabajo, la familia y la política. El institucionalismo asume que el ser humano tiene tendencia a seguir las pautas que han sido exitosas para su supervivencia. Seguidores de este enfoque podemos destacar a Swidler (1986), Friedland y Alford (1999).

Una vez identificadas estas cuatro versiones de la Teoría Institucional, el problema reside en conocer qué enfoque emplear a la hora de utilizarla en un estudio determinado, ya que en realidad no hay gran diferencia entra las distintas teorías neoinstitucionales aplicadas al área organizacional.

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Capítulo IV

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4.1.5. Efectos de los entornos institucionalizados en la estructura organizativa: Isomorfismos

4.1.5.1. Procesos de isomorfismo institucional

Un principio básico del institucionalismo es que las organizaciones en entornos institucionalizados adoptan mitos y ceremonias del mismo, llegando a ser isomórficas, con la finalidad de alcanzar la legitimidad que les permite su supervivencia (Meyer y Rowan, 1977; Scott, 1987; Zucker, 1987; DiMaggio y Powell, 1983; Powell y DiMaggio, 1991). Los entornos institucionalizados pueden tener diversos efectos en la estructura organizativa, siendo éste un punto en el que no hay acuerdo entre los institucionalistas (Núñez, 1999). Vamos a seguir el planteamiento de DiMaggio y Powell (1983), quienes sostienen que cuanto más estructurado está el entorno, más homogénea es la estructura organizativa, sin que ello signifique que sea más eficiente.

Las instituciones ejercen fuertes presiones sobre las empresas para que se comporten racionalmente (Meyer, 1994). Ante tales presiones de factores del entorno, como el Estado o los grupos profesionales, las organizaciones inician un proceso de homogeneización por el que cada vez son más parecidas, con el objetivo de garantizar su supervivencia y éxito empresarial. Este proceso es conocido con el nombre de isomorfismo estructural o burocrático, que permite incrementar la homogeneización entre la organización y su entorno mediante los siguientes tres mecanismos (DiMaggio y Powell, 1983):

- La imposición, conocida como isomorfismo coactivo o coercitivo. - La imitación, conocida como isomorfismo mimético. - La autoridad, conocida como isomorfismo normativo.

El isomorfismo coactivo o coercitivo describe los procesos de cambio cuando éstos proceden de las presiones ejercidas por el campo organizativo, el Estado o la sociedad. Deriva de las presiones formales e informales ejercidas por unas organizaciones sobre otras de las que dependen y por las expectativas culturales más generales de la sociedad a la que pertenece la organización. Los grupos de presión que propician el cambio suelen ser de influencia política o cultural. Las razones para parecerse a otras

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organizaciones pueden justificarse en mandatos gubernamentales, en la dependencia respecto de una organización y en las influencias de la sociedad (DiMaggio y Powell, 1983). El entorno actúa sobre la estructura organizativa a través de la imposición (DiMaggio y Powell, 1983; Scott, 1987). El entorno impone la estructura, empleando tácticas como la fuerza, la persuasión, o mediante la imposición directa de procedimientos y estructuras estándares. Gran parte del isomorfismo coercitivo está respaldado por disposiciones legales.

Un agente muy poderoso del entorno es el Estado, que puede imponer determinadas estructuras estableciendo normas, reglas y castigos en caso de incumplimiento. El Estado ha sido uno de los primeros agentes ambientales que ha creado formas institucionales, emplea la burocracia189 para implantar racionalidad organizativa (Weber, 1944); de esta forma consigue organizaciones con estructuras homogéneas. Sobreviven las empresas que adoptan las mismas estructuras que la burocracia; además éstas le son impuestas (Núñez, 1999).

En el isomorfismo mimético es la imitación la respuesta a la incertidumbre ambiental. Este isomorfismo tiene lugar en lo que los institucionalistas denominan “campo organizativo”, que encarna un área de vida institucional integrada por los partícipes de la empresa como son los acreedores, los clientes o los competidores (DiMaggio y Powell, 1983). Las organizaciones toman como modelo a las sociedades que ya han sido legitimadas por el entorno e imitan sus diseños estructurales (Tolbert y Zucker, 1983), al ser ésta la solución más operativa: copian prácticas de otras empresas que suponen conceptualmente correctas y culturalmente apoyadas (Scott, 1995).

189 Término que según Lapassade (1999:293) puede tener tres significados: (i) en ciencia política, se trata de un sistema de gobierno en el que domina el aparato administrativo; (ii) en sociología, significa o un sistema de organización racional, o, por el contrario, implica disfunciones; y (iii) en el lenguaje popular, significa la rutina, el papeleo. La burocracia presenta las siguientes características: poder y autoridad centralizados en la toma de decisiones, distintos niveles de autoridad y poder, división del trabajo y especialización y relaciones de dominación importantes (el superior ordena, el subordinado obedece).

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La imitación suele producirse cuando las tecnologías organizacionales son emergentes o débilmente asimiladas, en caso de objetivos ambiguos o cuando el entorno crea incertidumbre simbólica o ambiental (March y Olsen, 1976). Puede darse de diversas formas: a través de los flujos de personal, mediante firmas consultoras, asociaciones o empresas que son líderes en el sector, etc. En opinión de Scott (1995), éste es el isomorfismo que mejor capta la dimensión cognitiva. Los individuos y las organizaciones intentan comportarse de la forma más convencional posible de acuerdo con su identidad, adoptando los comportamientos que menos los diferencian del resto.

Por lo general, cuanto mayor es el personal en una organización, o el número de clientes, más presionada estará la entidad para proporcionar los servicios ofrecidos por otras organizaciones; una fuerza de trabajo capacitada o una amplia base de clientes pueden propiciar isomorfismo mimético (DiMaggio y Powell, 1983). Además no son muchos los modelos en los que basarse, por lo que las empresas adoptan el modelo empleado por la compañía exitosa en el sector. En nuestro país, el relativo subdesarrollo económico y la situación política y social que ha caracterizado a España hasta la década de los setenta ha hecho que muchas empresas tengan como referencia en su actuación y organización el camino seguido por aquellas situadas en países desarrollados y con una amplia implantación internacional.

El isomorfismo normativo procede de la profesionalización o lucha entre los miembros de una determinada actividad profesional por definir las condiciones y métodos de su trabajo, a través de la educación, certificación y acreditación, para legitimarse. En este caso, los grupos de presión son los grupos profesionales. En opinión de DiMaggio y Powell (1983) hay dos aspectos de la profesionalización que son fuentes importantes de isomorfismo: (i) la educación formal y la legitimidad tienen una base cognitiva producida por especialistas universitarios; y (ii) el crecimiento y la complejidad de las redes profesionales que van más allá de la organización, a través de las cuales se difunden rápidamente los nuevos modelos. Estos grupos profesionales actúan como elementos de presión en el diseño de la estructura organizativa: no emplean la coacción o imposición, sino la autoridad como poder legitimado (Scott, 1987).

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Dadas las diversas presiones institucionales que pueden darse en una organización, Scott (1987) identifica diferentes procesos en virtud de los cuales las organizaciones adoptan estructuras conformes con dichas presiones (Capelo, 2001): (i) imposición, que es el resultado de la aplicación de la autoridad, la fuerza o el poder coactivo190; (ii) autorización, bastante probable en los sectores profesionales, cuando una empresa busca la legitimación por parte de otra organización superior; (iii) incentivación, cuando la entidad adopta el cambio con el objetivo de obtener los incentivos que ha ofrecido el agente del entorno; (iv) adquisición, se produce cuando las organizaciones adquieren diseños que les parecen más modernos, apropiados o racionales191; (v) impresión, que se da en el momento de fundación de la organización192; (vi) incorporación, mediante un proceso histórico la organización va adaptándose y haciendo propios los rasgos más sobresalientes del entorno; y (vii) derivación, caso en el que el entorno institucional se encuentra tan arraigado en la cultura organizativa que reduce la necesidad de estructuras formales. En estas condiciones es de esperar que los controles culturales sustituyan a los estructurales.

Hay que tener en cuenta que las organizaciones no siempre actúan por criterios de eficiencia, sino por criterios legitimadores: si el líder lo hace, los demás también. En opinión de Meyer y Rowan (1977), la institucionalización es el proceso por el que las estructuras concuerdan con los valores generalmente entendidos como si fueran una norma.

4.1.5.2. La legitimación

Tanto al considerar la influencia del entorno sobre la organización en su conjunto, como en las diferentes áreas organizativas, debe hacerse en un sentido amplio, teniendo en cuenta las presiones institucionales, que son las que explican los comportamientos y respuestas organizativas con el objetivo de alcanzar la legitimidad, recurso fundamental para el institucionalismo. 190 Esta forma se corresponde con el isomorfismo coactivo. 191 Puede producirse por isomorfismo mimético o normativo. 192 La causa de que dichas condiciones se impriman responde más a cuestiones cognitivas, dadas por sentado, que a consideraciones racionales.

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La legitimación es un concepto que no está muy definido a pesar de su importancia en la Teoría Institucional. Parsons (1960) es el primero que se interesa en la correspondencia que deben seguir los valores adoptados por las organizaciones con los valores sociales más amplios si quieren ser legítimas y tener derechos reconocidos socialmente. Según este autor, la legitimidad es la congruencia entre los valores que la organización persigue y los que están presentes en el entorno del que forma parte.

Otros autores (Berger et al., 1973) se centran en los aspectos cognitivos de la legitimación, concretamente en las teorías o explicaciones que relacionan los medios con los fines. Scott y Meyer (1983, 1994) consideran que la legitimación de las organizaciones se refiere al grado de apoyo cultural que reciben. Por lo general, podemos considerar que una organización obtiene legitimidad de su entorno cuando tiene el visto bueno de todos aquellos que la rodean. Como señala Macías (2000:28), una organización completamente legítima en la realidad no puede existir, pues desde el momento en que existan alternativas, la opción que elija la organización siempre será cuestionada por algún grupo social.

El logro de la legitimidad es fundamental cuando se opera en entornos institucionales. Término que puede tener diferentes acepciones, entre las que distinguimos: (i) legitimación legal o racional, referida a la legalidad de ciertas reglas y el derecho que tienen los que gobiernan en virtud de esas reglas; (ii) legitimación tradicional, referida a la consagración por costumbres santificadas, y (iii) legitimación carismática, que hace alusión a una creencia popular en el carácter extraordinario de una persona particular.

Distintos trabajos han clasificado los tipos de legitimidad (Aldrich y Fiol, 1994; Scott, 1995 y Suchman, 1995); todos ellos, en opinión de Fernández y Valle (1998), tienen en común dos aspectos: en primer lugar, que la legitimidad implica dar por supuesto una norma y su posterior difusión (Scott, 1995); y en segundo, el reconocimiento y aceptación por parte de los actores institucionales de que la organización, a través de su actuación, se ajusta a las exigencias del contexto social (Aldrich y Fiol, 1994). Como señala Suchman (1995:574) una organización obtiene legitimidad cuando “existe una percepción generalizada de que las acciones de la entidad son deseables y apropiadas dentro del sistema social”. Por tanto, las distintas prácticas

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adoptadas por las organizaciones, en diferentes áreas (como gestión de recursos humanos, medio ambiente, I+D, ámbito contable, etc.) es un proceso de obtención de legitimidad y apoyo social.

4.1.6. Los pilares institucionales

Los estudiosos de las organizaciones han identificado a los sistemas reguladores, normativos y cognitivos como los pilares de las instituciones (Scott, 1995), debido a que las principales presiones que afectan a las organizaciones y que pueden suponer cambios son las coercitivas, las normativas y las miméticas. Pilares que según la importancia otorgada a cada uno van a dar lugar a diferencias importantes entre los analistas.

Pilar regulador

Toda institución necesita de una estructura reguladora de su comportamiento. Los defensores del pilar regulador conceden primacía a los procesos reguladores, tales como normas, controles y sanciones. La institución es considerada “un sistema de reglas establecidas, defendido por la supervisión, el control y el poder sancionador”. (Scott, 1995:37). Los principales mecanismos de control son los coactivos. Los componentes fundamentales del pilar son: la fuerza, el miedo y la conveniencia. Implica la imposición de sanciones que conducen hacia el isomorfismo coercitivo.

En ocasiones necesita de la intervención de una tercera parte neutral, papel que por lo general es otorgado al Estado, organismo encargado de hacer las reglas y hacerlas cumplir (Ruiz Rodríguez, 1998). Señalan Berger y Luckmann (1967) que a estos mecanismos de control se recurre cuando el proceso de institucionalización aún no ha sido completado con éxito.

A este pilar pertenecen los institucionalistas económicos, fundamentalmente Scott. La legitimidad es interpretada como la conformidad con las reglas. “Una organización legítima es aquella legalmente establecida; que se establece y actúa según los requisitos legales o cuasi legales” (Scott 1995:47).

Pilar normativo

Este pilar incluye tanto valores como normas que son los que prescriben la forma en que debe ordenarse la vida social. Los sistemas normativos definen

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metas, objetivos y la forma más adecuada de conseguirlos. Valores y normas que pueden ser aplicados a toda la colectividad o a un determinado grupo; en este último caso se denominan “roles limitados” (Scott 1985:38). En opinión de Berger y Luckmann (1967) todas las conductas institucionalizadas implican roles. Las reglas normativas conceden derechos, privilegios y licencias, pero también órdenes, deberes y responsabilidades.

Surge como consecuencia de la profesionalización y supone un importante vehículo para la definición y promulgación de reglas, generando el isomorfismo normativo. A este grupo pertenecen gran parte de los sociólogos institucionalistas actuales: Berger y Luckmann, Durkheim, Parsons o Selznick. Aquí la legitimidad es considerada como la obligación moral, más allá de los requisitos legales.

Pilar cognitivo

Hace hincapié en los elementos cognitivos de las instituciones, centrándose en el análisis de las dimensiones cognitivas del hombre. Defienden que “lo que media entre los estímulos externos y la respuesta de los individuos es la interiorización de una serie de símbolos” (Scott 1985:40). Símbolos tales como palabras, signos o gestos que determinan el significado atribuido a los objetos y a las acciones. De los diferentes elementos, los más importantes son las reglas cognitivas, según las cuales cada persona trata de forma distinta las cosas, los eventos, las ideas (Ruiz Rodríguez, 1998).

La ciencia cognitiva fue introducida en el estudio organizacional por Simon (1945) y March y Simon (1958), entre otros, quienes empiezan a estudiar la importancia que tiene la incertidumbre para las organizaciones y como ésta se reduce mediante rutinas. Ya en los años sesenta, Berger y Luckmann consideraban a las instituciones como “construcciones cognoscitivas”. Los seguidores de este pilar consideran que todo comportamiento sigue una rutina. Las rutinas, los comportamientos habituales para algunos estudiosos de la Teoría Institucional, son los rasgos centrales en las instituciones (Scott 1995).

Este pilar está ligado a la presión mimética, que explica la imitación entre organizaciones pertenecientes a un mismo campo en entornos turbulentos,

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con el objetivo de lograr sobrevivir. El pilar cognitivo es el elemento distintivo entre el neoinstitucionalismo y el institucionalismo clásico193.

Esta concepción sobre las instituciones es la seguida por antropólogos como Geertz y sociólogos como Berger, Meyer, Zucker y DiMaggio y Powell. Este enfoque interpreta la legitimidad como la adopción de modelos, de comportamientos ya aceptados como correctos.

Cada pilar destaca unos aspectos culturales sobre otros. El pilar regulador enfatiza los acuerdos, las reglas y las leyes; los teóricos normativos destacan los valores compartidos y las expectativas; mientras que los cognitivos hacen hincapié en las categorías, distinciones y tipificaciones culturales.

También divergen en cuanto a su visión con respecto a las estructuras sociales. Los teóricos normativos y reguladores consideran que cada organización posee una estructura única, mientras que los teóricos cognitivos creen que la misma estructura puede darse en muchas organizaciones, proceso conocido como isomorfismo estructural.

4.1.7. Otras perspectivas de la Teoría Institucional

Aunque el institucionalismo enfatiza que las reglas y rutinas nos llevan al orden y minimizan la incertidumbre, la creación y ejecución de acuerdos institucionales no se salvan de caer en conflictos y contradicciones. Los efectos institucionales no deben asociarse estrechamente con las explicaciones de estabilidad, no puede considerarse que sean irrelevantes para el cambio, ya que las instituciones pueden ser poderosas fuentes de estabilidad y cambio.

El sustrato cultural tanto de algunas rutinas como de algunas estructuras organizativas justifica que determinadas rutinas, procedimientos o estructuras, permanezcan en las organizaciones a pesar de las presiones recibidas del exterior y aun cuando éstas sean más ineficientes (Powell, 1991); así se dan casos en los que, al percibirse que las presiones institucionales externas amenazan elementos culturales como los valores y creencias de la

193 El institucionalismo clásico únicamente considera a los pilares normativo y regulativo.

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organización, la respuesta es el desarrollo de comportamientos no aquiescentes (Slack y Hinings, 1994).

Entre los temas escasamente analizados por el análisis institucional podemos encontrar los relativos a los intereses, al poder y a la desinstitucionalización. La institucionalización no es un proceso irreversible, “a pesar del hecho de que las instituciones, una vez formadas, tienden a persistir” (Berger y Luckmann, 1994:107), ya que, por lo general, adoptan la creencia de que las cosas se hacen de una determinada forma, porque esa es la única manera de hacerlo.

Una cuestión escasamente estudiada por los institucionalistas son los diferentes modos en que las organizaciones responden a su entorno institucional. La Teoría Institucional se centra en el análisis de efectos del entorno institucional como son la conformidad y el isomorfismo, no teniendo en cuenta que la organización puede responder de una forma activa a las presiones institucionales y resistirlas (Oliver, 1991; Goodstein, 1994; Macías, 2000; Capelo, 2001).

Las organizaciones no tienen por qué conformarse a las presiones institucionales. Entre sus elecciones estratégicas pueden plantearse aceptar el cambio o bien responder activamente a las presiones institucionales en función de: (i) la habilidad de resistencia194; (ii) el deseo de resistencia195; y (iii) el grado de institucionalización de la práctica o del cambio que se difunde (Fernández y Valle, 1998). Dependiendo de sus intereses deberán decidir entre la conformidad o su resistencia a dichas presiones. Esta nueva dimensión de la Teoría Institucional ha sido estudiada por autores como DiMaggio (1988); Powell (1991) o Scott (1991). Podemos concluir con Oliver (1991), que las organizaciones no responden de forma uniforme a las

194 Es la capacidad de la organización para emprender respuestas estratégicas contra las presiones impuestas; depende del grado de incertidumbre del entorno, el grado de dependencia con respecto a los constituyentes claves y el tamaño organizativo. Cuanto mayores sean los niveles de incertidumbre y el grado de dependencia, menor será la posibilidad de rechazar las presiones institucionales. Con respecto al tamaño la relación es inversa, siendo las organizaciones más grandes las que tienen más capacidad de respuesta. 195 Si las prácticas que se difunden son incoherentes con los objetivos de la empresa, el nivel de resistencia será mayor.

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presiones institucionales, adoptando estrategias diversas que dependen de la naturaleza de la presión.

Oliver (1991) propone un nuevo marco teórico que amplía la Teoría Institucional, al asumir que las respuestas organizativas ante las presiones del entorno pueden ser heterogéneas. Argumentando la posibilidad de que las organizaciones sean disconformes con el entorno institucional, valora las diferentes opciones según el modo en que contribuyen a la legitimación de la organización, distinguiendo cinco tipos de respuestas ante las presiones (Capelo, 2001): (i) aquiescencia o ajuste con la presiones ambientales; (ii) compromiso o cumplimiento parcial, intentando lograr un equilibrio entre los intereses particulares de la organización y las exigencias del entorno; (iii) evitar de alguna forma la satisfacción total de esa conformidad mediante una fachada de aquiescencia, o bien el control o la necesidad de someterse a las presiones; (iv) desafío, rechazo de las presiones institucionales; e (v) intento de manipulación o influencia sobre las presiones que llegan del entorno.

Macías (2000) amplía el desarrollo anterior y contempla la posibilidad de que una misma organización responda de manera diferente a presiones institucionales aparentemente idénticas.

4.1.8. La contabilidad como rutina institucionalizada

Un aspecto importante para la Teoría Institucional ha sido el análisis de la función que desempeñan las rutinas organizativas, incluidas las contables, en la legitimación de las actividades que realiza la sociedad frente a terceros (Meyer y Rowan, 1977; Powell y DiMaggio, 1991; Hopwood y Miller, 1994; Carmona et al., 1998; Macías, 2000; Casasola, 2007). Entre los trabajos que han aplicado la Teoría Institucional a la contabilidad, destacamos los de Loft (1986), Hoskin y Macve (1988), Hopwood y Miller (1994), Scapens (1994), Abernethy y Chua (1996), Carmona et al. (1998), Hopwood (2000) y Potter (2005). Investigaciones en las que se enfatiza que la contabilidad es, no simplemente una técnica, sino también y fundamentalmente una práctica social e institucional.

Nelson y Winter (1982) describen la Contabilidad como un conjunto altamente estructurado de rutinas, idea que también mantiene Scapens

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(1994:313)196, al considerar que la Contabilidad es una rutina característica de la conducta organizacional en la mayoría de las empresas. La Contabilidad es vista como un sistema que permite obtener información para la formación de expectativas, opiniones y, en última instancia, para la toma de decisiones. Las reglas, los procedimientos contables, proporcionan una forma de representar los hechos económicos a los miembros de la organización y a todos aquellos colectivos interesados en la misma. Como señala Scapens (1994), las prácticas contables son un esquema interpretativo que ayuda a entender las actividades de la empresa.

Una vez que las prácticas contables se han convertido en rutinas institucionalizadas, que ha sido reconocido su papel por todos los miembros de la organización, en los procesos de toma de decisiones, éstas serán utilizadas para entender la actividad organizacional197. La Contabilidad es vista como una práctica institucionalizada que interactúa entre la organización y su entorno (Miller, 1994). Para Nelson y Winter (1982), la Contabilidad concebida como rutinas institucionalizadas crea el entendimiento de actividades de acuerdo con un conjunto particular de prácticas y reglas contables, que permiten que las actividades contables organizacionales y, por tanto, las actividades de toma de decisiones pasen de generación en generación a través de procesos evolutivos.

En opinión de Scapens (1994), la Contabilidad provee algunas de las rutinas que mantienen la coherencia organizacional y proporciona legitimidad externa a las organizaciones. Como rutina institucionalizada crea entendimientos, de acuerdo con un conjunto de reglas y procedimientos contables, que permiten la toma de decisiones en un entorno como el actual. Hay que tener en cuenta que la Contabilidad no es la única, sino una más de las rutinas en las cuales se fundamentan actualmente las organizaciones.

196 Este autor en su artículo se refiere en concreto a la Contabilidad de Gestión, sin embargo la consideración de tales prácticas como rutinas puede ampliarse a la Contabilidad en su conjunto. 197 La institucionalización de las prácticas contables no tiene que darse de un modo rápido, pudiendo producirse resistencias a la incorporación de los nuevos sistemas contables.

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De acuerdo con la teoría objeto de estudio, para Scapens (1994) la Contabilidad debemos entenderla como el resultado de procesos institucionales en los que los hábitos y las rutinas dan coherencia y significado a la conducta organizacional. Con los años van introduciéndose nuevos procedimientos y técnicas contables, por parte de los administradores, contables, de la profesión, que finalmente son incorporados para adaptarse a las condiciones del entorno, a través de procesos institucionales, y por tanto siendo aceptados por la entidad. Los procedimientos contables evolucionan para dar respuesta a las expectativas sociales (Carmona et al., 1998; Macías, 2000; Araujo, 2003).

En opinión de Araujo (2003) la contabilidad externa o financiera quizás sea la más apropiada para la obtención de legitimidad por parte de las organizaciones frente a sus usuarios, al reflejar cómo las acciones organizativas son congruentes con los valores imperantes en su entorno. Entre la información contable externa que elabora la empresa, destaca el Informe Anual considerado como el documento más importante por la credibilidad que proporciona, siendo el más reconocido, difundido y utilizado (Buhr, 1998; Casasola, 2007). Para Hines (1988), este informe es el principal canal de comunicación de la empresa, con el cual busca la legitimación con los miembros de la sociedad interesados en la compañía (Casasola, 2004). Gray et al. (1995) consideran que la presencia de información financiera, social y medioambiental, convierte al Informe Anual en un elemento reconciliador de la empresa hacia la sociedad.

Aunque la Teoría Institucional no ha sido generalmente aplicada en estudios relacionados con historia de la Contabilidad (Carmona y Macías, 1998), en los últimos años hemos encontrado diversas investigaciones que han utilizado este marco teórico. Destacamos las tesis doctorales de Núñez (1999), Araujo (2000), Macías (2000), Capelo (2001) y Casasola (2007), así como otros trabajos (Carmona et al., 1998 y Carmona y Macías, 2001).

4.1.9. Las actividades sociales, culturales y atención a los clientes en la gestión del Monopolio del Tabaco

Reiteramos nuestra pretensión, con esta investigación, de realizar el estudio de una gran empresa que ha gestionado desde finales del siglo XIX un Monopolio estatal que ha proporcionado al Estado importantes recursos y

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que ha atravesado a lo largo de su historia por distintas situaciones jurídicas, sociales y políticas, que creemos que puede aportar suficiente evidencia sobre la influencia y adaptación al entorno en el que se ha desarrollado su actividad.

Las organizaciones menos propensas a la institucionalización son aquellas con objetivos muy específicos y operaciones muy especializadas y técnicas. Las empresas que gestionan un Monopolio público tienen que conjugar la actividad empresarial eficiente con un fuerte control e intervención por parte del Estado. En nuestro análisis pretendemos detectar si una organización que gestiona el Monopolio del Tabaco, a lo largo de más de un siglo, ha sido propensa a la institucionalización y en qué momentos este proceso se hace más patente.

Entendemos que en nuestra investigación sobre la evolución de la información suministrada por la CAT y Tabacalera, a través de sus Memorias, como vía de comunicación de la empresa con todos aquellos colectivos interesados en la marcha de su gestión, cuyo recorrido atraviesa por distintas situaciones con gran control e intervención en algunos momentos de los poderes públicos, y en otro orden las características del producto fundamental de esta empresa (el tabaco), y la gran influencia del entorno competitivo en momentos posteriores, nos hace pensar que la versión más válida -de las diferentes aproximaciones a la sociología institucional existentes en el área organizativa-, para abordar nuestro análisis sea la de “los sistemas institucionales como elementos distintivos”.

Nuestro objetivo es identificar las principales actuaciones, recogidas en las Memorias contables, que las empresas gestoras realizan, a lo largo de todo el periodo objeto de estudio, dirigidas a la sociedad en general; como acciones medioambientales, actividades socio-culturales, deportivas, etc., con la pretensión de obtener legitimidad por parte de un colectivo tan importante definido por el entorno en el que desarrolla su actividad. En el estudio intentaremos encontrar la presencia de los isomorfismos (coactivo, mimético y normativo) a lo largo del período objeto de análisis. Según Miller (1994), el marco social e institucional es apropiado para analizar longitudinalmente las prácticas contables, estudiando las relaciones mutuas entre contabilidad y sociedad. Entendemos que con una investigación longitudinal e histórica

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como ésta, bajo la perspectiva institucional, podremos deducir que los cambios que se producen en las prácticas contables a lo largo del tiempo, son un reflejo de los cambios habidos en las preferencias de la sociedad (Carmona et al., 1998).

Nos parece oportuno también incluir en este capítulo otro colectivo, que aún no ha sido analizado, como son los clientes. Se trata de un monopolio y los clientes no pueden elegir entre diferentes compañías, excepto los que adquieran tabacos procedentes del contrabando; se trata de un producto de gran consumo, por lo que los clientes son una parte importante de la sociedad, que pueden afectar a la estrategia empresarial. Nuestro objetivo es analizar la información que en las Memorias de la CAT y Tabacalera aparece referida a las acciones que realizan estas empresas para la obtención de legitimidad frente a su clientela.

4.2. LAS ACTUACIONES SOCIO-CULTURALES A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE LAS MEMORIAS DE LA COMPAÑÍA ARRENDATARIA DE TABACOS

Con el análisis de las Memorias de la CAT, observamos como durante los primeros años de gestión de la compañía no aparece en las mismas información sobre este tipo de actuaciones, entendemos que porque no se producen, fundamentalmente porque en los primeros momentos las prioridades de la Arrendataria son principalmente de naturaleza empresarial: atender e intentar solucionar los graves problemas heredados de la etapa de gestión anterior, así como ir preparando al Monopolio para introducir las reformas que se consideraban necesarias para la consecución de unos resultados satisfactorios.

La primera actividad de tipo cultural que se señala en las Memorias de la CAT es la asistencia de la Arrendataria a todos aquellos acontecimientos de tipo industrial o cultural que tienen mayor relevancia, como: la Exposición Universal de Amberes, certamen en el que la Compañía consiguió la distinción más alta que se otorgaba: el Gran Diploma de Honor, “viniendo así a quedar sancionada la bondad intrínseca de nuestras labores, merced a la cual debe esperarse que alcancen la debida aceptación en el exterior” (1893-94:9). Memoria que continúa comentando: “Sean cualesquiera, sin embargo, los resultados que se obtengan, al Consejo le corresponderá la satisfacción de

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haber cumplido en esta parte su deber, estudiando los mercados y procurando dar en ellos a conocer nuestros productos” (pp. 9-10); la Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908, en la que también recibe un gran premio, por la calidad de sus labores; o la asistencia en 1910 a la Exposición Nacional de Valencia de todas las Fábricas de la Renta, donde le fue concedido un gran diploma de honor extraordinario y diplomas especiales de cooperación a cada uno de los establecimientos fabriles. Por tanto, y aunque en estos momentos no es una práctica tan habitual como en la actualidad, la política de la Compañía es la de acudir a Ferias de este tipo cuando se celebran, al menos con un cierto nivel.

Igualmente, las primeras atenciones sociales realizadas por la Compañía, fruto de las guerras coloniales, y en línea con lo que vienen realizando otras entidades en casos como el que se vive en el momento, son la entrega de dos donativos, que la Memoria correspondiente al ejercicio 1897-98 califica de importantes: el primero, la entrega de un donativo de 2.500 pesetas, a favor del Colegio de Huérfanos de la Guerra, “respondiendo a la especial invitación que dirigió el Sr. Presidente del Consejo de Ministros a la Compañía, a fin de que concurriese a la suscripción oficial encabezada por S.M. la Reina Regente” (p. 12); y el segundo, por 250.000 pesetas, para atender al fomento de la Marina y a los gastos bélicos. Al respecto, en la citada Memoria se indica: “al adoptar su acuerdo [el de entregar los donativos], acomodóse el Consejo a la conducta observada por otras sociedades análogas a la nuestra” (p. 12).

La Arrendataria participa en suscripciones abiertas para la construcción de monumentos en honor a determinadas personalidades de relieve. La primera Memoria en la que se hace referencia a donaciones de este tipo es la correspondiente al ejercicio 1901, en la que al final de la misma se indica que la Compañía participa con 5.000 pesetas en la suscripción establecida para erigir un monumento en memoria de D. Emilio Castelar “al par de otras entidades y asociaciones análogas” (p. 17). También en la Memoria de 1903 se destaca un donativo de 50.000 pesetas, “mediante el cual contribuya la Compañía a aumentar los fondos que vienen recaudándose para la erección del monumento que, por suscripción nacional, se eleva a D. Alfonso XII. Invitada la Compañía a concurrir a esa suscripción, invitación que igualmente se ha dirigido a otras entidades análogas que la han atendido

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entregando cantidades respetables, ha creído el Consejo que nuestra Sociedad debe seguir igual línea de conducta” (pp.17-18).

En la Memoria de 1917 aparece destacada otra actividad que podríamos catalogar de socio-cultural, y es el donativo que realiza la compañía, ante el intento de realización de una huelga general que se produce en agosto de ese año en España, para premiar “a quienes en cumplimiento de sus deberes contribuyeron al restablecimiento del orden perturbado. El Consejo de administración, asociándose en nombre de la Compañía a un movimiento tan digno de elogio y secundando la iniciativa del Banco de España, puso a disposición del Sr. Presidente del Consejo de Ministros 25.000 pesetas, para que el Gobierno las invirtiese como considerase mejor a los indicados fines” (1917:16).

Aunque no es una práctica habitual, hay que destacar que la CAT a lo largo de su trayectoria va implicándose en actividades de tipo socio-cultural, y así se informa de ello, colaborando en suscripciones, como la abierta para la construcción de la Ciudad Universitaria de Madrid en 1927, en la que la Compañía participa con 25.000 pesetas, “en atención al elevado y patriótico fin a que responde […], obra debida a la iniciativa, por todos conceptos digna de elogio, de S.M. el Rey, que la patrocina con singular cariño” (1927:18) ; o la construcción en los terrenos de la Fábrica de Tarragona de “un pequeño edificio para la instalación y custodia por el Estado de los interesantísimos objetos arqueológicos procedentes de la necrópolis romana que se descubrió al hacer las excavaciones para la cimentación de la Fábrica” (1929:17). También en este ejercicio se destaca la participación de la Compañía en la suscripción abierta para la construcción de un monumento en memoria de la Reina María Cristina.

Al igual que en años anteriores, acude en 1929 a la Exposición Internacional de Barcelona y a la Iberoamericana de Sevilla. En la Memoria correspondiente a este año se destaca especialmente la presentación, en esta última, de los nuevos ensayos de cultivo y de los elementos mecánicos que viene utilizando, “los más nuevos en la industria del tabaco, para que el público, viéndolos funcionar, se haga cargo del grado de perfección con que hoy se producen las distintas labores de la Renta. También impresionó una película, que se ha proyectado en ese local y que muestra el desarrollo que

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han tenido los procedimientos de fabricación de la Renta hasta llegar a los más progresivos” (p. 21). Como en los anteriores, en este evento la CAT recibió un importante premio por sus instalaciones.

Como se pone de manifiesto en la Memoria de 1934, a consecuencia de la agitación político-social que se produce en España en ese año, y que culminó con los sucesos revolucionarios de Asturias y Cataluña en el mes de octubre, el Gobierno quiso rendir un homenaje de gratitud a las fuerzas armadas que sofocaron el movimiento, ordenando mediante Orden ministerial de 19 de octubre de 1934, que la Arrendataria “pusiera a disposición de los Ministerios de Guerra, Gobernación y Hacienda un importante donativo de cigarros y cigarrillos de varias clases, para su distribución a las fuerzas del Ejército, las dependencias del Ministerio de la Gobernación y las del Cuerpo de Carabineros” (p. 23). Además se abre una suscripción pública a favor de las fuerzas armadas, a la que acude la Compañía con un donativo de 60.000 pesetas.

En la información contable elaborada durante la Guerra Civil Española se hace referencia a la confección de una labor especial, para distribuirla gratuitamente entre los heridos de los hospitales de guerra, destacando la función que realiza la Compañía en estas difíciles circunstancias, “pensando exclusivamente en el bien general, a cuya consecución ha dedicado sin tasa sus energías y entusiasmos en el sector propio de su actividad” (Nota 2:88).

Durante la postguerra y por las circunstancias políticas del momento, se encuentran en las Memorias comentarios como los relativos a la cooperación que hizo la Compañía con la División Azul española de voluntarios: “la Arrendataria quiso asociarse a los sentimientos generales de nuestro Pueblo hacia los que en las lejanas tierras de Rusia combatían […]. A tal efecto, y a más de atender a los familiares que aquí quedaban, cooperó llena de entusiasmo a la generosa iniciativa de S.E. El Generalísimo para enviar un aguinaldo de tabaco, y contribuyó con un donativo de 10.000 pesetas a la suscripción abierta en honor de aquellos luchadores” (1941:25).

Ante determinadas catástrofes ocurridas a lo largo de la geografía nacional, la Compañía también realiza su aportación, como en el gran incendio que se produce en 1941 en Santander, que aunque apenas perjudica a los establecimientos que la Arrendataria tiene en dicha ciudad, inmediatamente

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se trasladan a la misma el Director Gerente y el Subdirector para adoptar las medidas oportunas y “transmitir a unos la felicitación por su conducta, a otros la promesa de que no se verían desatendidos , y a todos el consuelo de compartir su desgracia y de interesarse por su reparación” (1941:26). En concreto, se concedieron gratificaciones, socorros al personal damnificado, y además la Compañía participó en la suscripción abierta con 50.000 pesetas.

4.3. LAS ACTUACIONES SOCIO-CULTURALES A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE LAS MEMORIAS DE TABACALERA

Al igual que ocurre en la CAT, en las Memorias correspondientes a los primeros años de vida de Tabacalera no aparece información sobre actuaciones de tipo socio-cultural realizadas por la Compañía. Entendemos que este tipo de actividades en este momento no se vienen haciendo, fundamentalmente porque en este periodo son otros los intereses, fundamentalmente económicos, que prevalecen, tanto para la empresa como para la economía nacional.

Creemos que puede incluirse en este apartado un nuevo epígrafe que se inserta en la Memoria de 1948, bajo el título de “Nicotina”, en el que se hace referencia a la adquisición de una serie de equipos que realizan la función de extraer ese subproducto, que puede venderse, proporcionando una serie de ingresos, y que además, ayudará tanto a la industria como a la agricultura nacional, ya que es un artículo muy preciado como insecticida. No obstante en este momento no se comenta nada sobre los beneficios que la reducción de la nicotina en el tabaco tiene para la salud.

Destacamos el hecho de que determinados establecimientos pertenecientes al Monopolio de Tabacos sean destinados a otros menesteres, como el caso del edificio en el que se encontraba ubicada la Fábrica de Tabacos de Sevilla, que por Decreto de 15 de junio de 1942 se dispuso su traspaso al Ministerio de Educación Nacional para destinarlo a servicios universitarios, de lo que no se informa en las Memorias hasta la de 1950, año en el que el edificio empieza a compartirse por el Ministerio de Educación y el Monopolio, hasta la construcción de una nueva fábrica en Los Remedios en 1966.

Es a partir de los años setenta, ante el desarrollo de la economía nacional, y como consecuencia de la transformación que experimenta la vida social del

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país, cuando se incrementa sustancialmente en las Memorias la información sobre las actuaciones socio-culturales de Tabacalera, lo que pone de manifiesto la relevancia que, a partir de un determinado momento, adquieren este tipo de políticas para las sociedades en general, y en nuestro caso en particular.

Son continuas, en las Memorias de los años setenta, las referencias a la necesidad de mejorar la calidad de los tabacos, el predominio de las marcas con filtro, así como de reducir los contenidos de nicotina y alquitrán en las ligas por el perjuicio que estas sustancias causan en la salud de los consumidores. Además, también se inician por iniciativa de la empresa campañas de moderación del consumo, la primera en 1972, fruto del alto consumo de tabaco detectado por parte de la población española, en un riguroso estudio de mercado realizado.

De la lectura de las Memorias de estos años se observa un importante cambio de atención por parte de la Compañía, con una “renovada filosofía de trabajo basada no sólo en la satisfacción de las necesidades existentes sino en una preocupación permanente por la población española en su conjunto, con la máxima amplitud en sus orientaciones sociales” (1972:78). En concreto, la principal preocupación de la sociedad en este momento es el hecho de que algunos consumidores fumen en exceso. Ante este problema: “sólo dos acciones concretas pueden realizarse para corregir esta situación: recomendar moderación e investigar para lograr productos más benignos” (1972:78). Para alcanzar esa primera estrategia, de moderación del consumo, se realiza una campaña publicitaria en otoño de ese mismo año, en la que se destacan los deseos de mejora y superación de la Compañía, y los trabajos de investigación. Para la segunda, se llevan a cabo programas técnicos “a través de un contacto permanente con los investigadores de la Universidad española y la dedicación de crecientes esfuerzos a la investigación científica y tecnológica propia” (1972:78-79).

Un nuevo apartado aparece en la Memoria de 1973, denominado “actividades de investigación”, donde se indica que se crea un Laboratorio Central con dos actividades específicas: Investigación de base y Control de calidad. La primera incluye todo lo relativo a la investigación general sobre el tabaco, así como el ensayo y desarrollo de nuevas ligas, modificación de

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las existentes, nuevos materiales, procedimientos, etc. En definitiva, “se pretende prestar una atención prioritaria a todo lo que pueda ir encaminado a disminuir la nocividad de los cigarrillos, bien sea reduciendo el contenido de nicotina, alquitranes, etc., por los distintos procedimientos actualmente en fase de estudio en el mundo, bien aumentando la potencia de limpieza de humo de los filtros” (p. 44). Se han hecho pruebas con un nuevo tipo de filtro que ha sido patentado. En el Centro de Control de Calidad, aparte de supervisar el trabajo de los laboratorios instalados en las distintas fábricas se realizan las actividades propias para aumentar el nivel de calidad “que responde ya a niveles internacionales” (p. 45). Se empieza a utilizar la máquina de fumar, un aparato que reproduce condiciones normales de consumo.

Siguen realizándose claros esfuerzos publicitarios, lo que se pone de manifiesto en las Memorias, para “comunicar a la sociedad española los elementos positivos del Monopolio y la preocupación de su Compañía Gestora por el incremento no discriminado del consumo” (1973:49).

Una cuestión trascendental en la Memoria de 1973, relacionada con la actividad exportadora de la Compañía, da lugar al siguiente comentario: “consciente de que una empresa de nuestra entidad no podía permanecer al margen de la voluntad exportadora manifestada en todos los sectores productivos del país, Tabacalera, SA decide durante el año 1973 crear un órgano especializado que, dentro de la misma empresa, se encargase de coordinar y promover la gestión de las exportaciones, hasta ese momento dispersa en varios departamentos. Nace así el Gabinete de Exportación de Tabacalera, SA” (p. 53). Destaca como el más importante paso para la incorporación de la sociedad en los mercados mundiales, el acuerdo con Weltab, SA, compañía belga filial de Philip Morris Europa, S.A., para la producción bajo licencia de los cigarrillos Ducados en Bélgica.

También en 1974 se firman tres contratos para la fabricación en España, bajo licencia, de las más importantes marcas de cigarrillos americanos: Winston, Marlboro, Chesterfield y LM, que ocuparon en dicho ejercicio los cuatro primeros puestos de importaciones de cigarrillos y algo más del 25% del mercado de rubio. Ello tiene repercusión en la Balanza de Pagos; incrementa el valor añadido de la empresa y del país en la obtención de estos productos.

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Contribuirá a crear puestos de trabajo, ahorrar divisas y a mejorar los estándares tecnológicos de la Compañía. Además, se amplía, con gran éxito, la gama de tabacos nacionales, con la introducción de uno de los productos que serían estrella para el negocio tabaquero español: Fortuna. El Fortuna se llegó a colocar en el primer puesto de ventas en el mercado español de cigarrillos rubios. Su lanzamiento, por calidad, presentación, etc, es uno de los grandes éxitos de Tabacalera.

Un nuevo apartado titulado “la informática en nuestra organización” aparece por primera vez en la Memoria de 1974198. Esta sección, ilustrada con los servicios informáticos de la Compañía, recoge toda la actividad que se desarrolla de acuerdo con los objetivos previstos por el Plan General de Informática de la empresa, que tendrá como etapa final la implantación de un Sistema de Información Integrado. Se crea dentro del área económico-financiera, la División de Sistemas de Información y Control, adaptando, de esta manera, la organización de Tabacalera a las exigencias de la más moderna técnica de gestión empresarial; destacando al ordenador como el instrumento básico y fundamental. Este apartado sigue siendo especialmente amplio en los ejercicios siguientes.

Por primera vez en las Memorias de Tabacalera, desde 1975, se dedica un apartado específico a “Actividades promocionales”. Esta sección aparece ilustrada con fotografías de los distintos acontecimientos en los que participa la Compañía, así como de las actividades que realiza. Entre otros destacamos los siguientes (1975:45-49):

• La Compañía patrocinó, en colaboración con la Federación Española de Vela, los Trofeos Fortuna I y II, que sirvieron para seleccionar al equipo español que posteriormente intervino en la “Admiral’s Cup”; principal regata de cruceros que se celebra en Europa. En esta competición España logra la mejor clasificación de su historia, un sexto puesto, haciéndose acreedora del Trofeo de la Hispanidad. Por su parte, la Federación Española de Vela otorgó a Tabacalera la Medalla de Oro y el Ancla de Oro como agradecimiento a la colaboración prestada por la Compañía al mayor y mejor desarrollo del deporte náutico. De la misma forma, bajo el patrocinio de Tabacalera, se

198 A partir de la Memoria de 1975 esta apartado aparece con otra denominación: “El Sistema de Información en la Empresa”.

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instituyó el Primer Trofeo Sombra de Motocross que fue celebrado en el Circuito del Vallés en Barcelona. A partir de estos momentos Tabacalera participa habitualmente en estos y otros eventos deportivos.

• Por otra parte, se continuó celebrando, en colaboración con la Revista Actualidad-Tabaquera, el II Concurso Nacional de Decoración de Escaparates, que se inició en 1974. Además se informa sobre la intensa labor de apoyo a las expendedurías llevada a cabo por la Compañía, mediante el envío de diferentes materiales publicitarios para su colocación en los puntos de venta. También, durante 1975, la Compañía ha estado presente en las Ferias y Exposiciones más significativas celebradas en el ámbito del Monopolio, con objeto de mantener y mejorar su imagen en el país. En ellas se obtuvieron importantes galardones. A nivel internacional, las marcas Fortuna y Ducados obtuvieron Medallas de Oro en la 9ª Edición de los Trofeos Monde Selection, establecidos para premiar a los mejores productos derivados del tabaco.

En la Memoria del año siguiente, entre las actividades promocionales, la Compañía destaca la campaña publicitaria de tipo institucional llevada a cabo en las fiestas de Navidad con la finalidad de crear imagen de empresa, con un spot denominado “Encuentro” de un minuto de duración emitido los días 24 y 31 de diciembre a las once de la noche y el 31 también justo antes de las campanadas (1976:48-49).

También se destaca que Tabacalera se hace acreedora en ese año de las siguientes Menciones (1976:49): “mención honorífica a la Memoria de Tabacalera, S.A. de 1975, concedida por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona; Premio Nacional de Relaciones Públicas; y Diploma de expositor más distinguido en la Feria Nacional de Castilla y León”.

Por primera vez, en la Memoria de 1976, se hace referencia a la política de racionalización de consumo energético que emprende la Compañía, poniendo en marcha un plan de revisión del consumo en todas las instalaciones fabriles.

Entre las actividades promocionales, la Memoria de 1977 destaca el patrocinio de la Compañía, a través de la marca Ducados, en colaboración

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con la Federación Española de Automovilismo, del Equipo Nacional de Fórmula 3. También, al igual que el año anterior, en la Navidad se hace “una acción publicitaria de Navidad, encaminada a crear imagen de empresa por medio de la emisión en Televisión de un spot denominado Coro” (1977:47). Finalmente se destaca el hecho de que “por segundo año consecutivo Ducados consiguió el trofeo Tanit como Mejor Imagen de Marca” (1977:47).

Un nuevo apartado de la Memoria de 1978 es el denominado Investigación de Mercados. Esta sección se justifica con el siguiente comentario: “para conseguir un conocimiento más amplio y actual de los hábitos, opiniones y actitudes de los consumidores, tanto reales como potenciales, la Compañía llevó a cabo durante 1978 un conjunto de investigaciones que consolidó y amplió la línea iniciada en años anteriores” (1978:48). Merece especial mención el Estudio General de Base sobre el mercado del tabaco, basado en entrevistas personales con cuestionario estructurado, realizándose 3.000 entrevistas, entre octubre y diciembre. Entre los resultados del estudio se destaca que “fuma el 45% de la población española mayor de 16 años. De cada 4 fumadores, 3 son hombres y 1 mujer. El hábito de fumar está más extendido entre la población joven, ya que mientras el porcentaje de fumadores es el 62% para la población comprendida entre 16 y 25 años, tan sólo fuma el 27% de la población superior a los 65 años” (1978:49).

Se dedica un apartado a informar sobre la implantación de un Sistema Integrado de Gestión, “a través del cual se ha conseguido una integración prácticamente automática de las diferentes Aplicaciones, creándose al propio tiempo una Base de Datos que no sólo facilita información sobre las realizaciones efectuadas, sino que además permite generar previsiones y simulaciones teniendo en cuenta diferentes escenarios alternativos. Este sistema integrado de gestión, que permite un análisis a nivel de producto, sección de coste, dependencia y Compañía, y que facilita las contrastaciones de situaciones a corto, medio y largo plazo, proporciona información relevante con una periodicidad mensual y contiene todos los elementos de estudio necesarios para detectar las causas de las desviaciones producidas con respecto a las magnitudes previamente programadas” (1978:59). Este sistema en los siguientes años es objeto de sustanciales mejoras, con la puesta en práctica de nuevas aplicaciones encaminadas “a lograr un Sistema de Información que garantice la eficacia de la toma de decisiones” (1980:67).

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La Carta del Presidente de 1979 hace exclusivamente referencia a la finalidad de la información de la Memoria. Así se señala: “Tabacalera, consciente de una información empresarial amplia, clara y rigurosa, ha elaborado su Memoria con una doble finalidad, de una parte como información debida a quienes participan con su capital y trabajo en la vida de nuestra Sociedad, de otra como testimonio de su quehacer, ante la opinión pública, objetivos ambos que hemos tratado de cumplir con la máxima responsabilidad” (p.5). Es muy significativa esta referencia sobre los destinatarios de la información, no sólo propietarios y trabajadores, sino también la opinión pública, y la necesidad de la misma. También se indica: “es por ello, que este año, hemos hecho un nuevo esfuerzo por mejorar y ampliar la información, esfuerzo que se enmarca dentro de ese afán de perfeccionamiento que constantemente nos anima” (p.5).

En la Memoria de este ejercicio se destaca como los productos de Tabacalera siguen estando presentes en importantes acontecimientos deportivos: “Sombra patrocinó la zona de meta de la Vuelta Ciclista a España, Florida patrocinó un Torneo Internacional de Tenis y Boncalo un Campeonato de Golf. Ducados estuvo presente en acontecimientos deportivos del motociclismo y el automovilismo con el Racing Team Ducados-Víctor Palomo y la Escudería Arym” (1979:50).

Tabacalera se hizo acreedora de las siguientes menciones: “Premio a la mejor Memoria de 1979, concedido por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona; Premio a Ducados Internacional, como una de las 100 mejores ideas de 1979, concedido por la Revista Actualidad Económica; Premio a la Memoria de Tabacalera, concedido por la Revista Actualidad Económica, como una de las 20 mejores editadas en 1979; Accésit a la mejor Publicidad Exterior, concedido a la realizada por Farias nº 1” (1979:51). El apartado a ello dedicado aparece ilustrado con fotografías de estos acontecimientos.

Otro hecho importante, que da lugar a un apartado de la Memoria, es el relativo al Programa de Ahorro Energético. Al respecto se dice: “la Administración se dirigió una vez más, ante los sectores industriales solicitando de los mismos que se intensificaran las acciones encaminadas al logro de un mayor ahorro energético. La Dirección General del Patrimonio

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del Estado dio respuesta inmediata a esta demanda recabando la puesta en marcha de un programa de ahorro energético en todas las empresas de su ámbito” (1979:57). Por ello, los Servicios del Área Industrial elaboraron un programa de ahorro de energía que fue presentado y aprobado por el Consejo en diciembre. Estos ahorros ya se hacen patentes en el siguiente ejercicio, alcanzándose una reducción del 11% en el consumo de combustibles, del 7% en fuerza y el 8,5% en alumbrado. Plan de Ahorro Energético que en 1981 ya supone una reducción de 22 millones de pesetas en la facturación de consumo de energía de las fábricas de Tabacalera.

La Memoria de 1980 hace especial referencia a “la entrada de Tabacalera con dos productos de la máxima calidad en el segmento de baja nicotina, constituye asimismo un acontecimiento que merece ser especialmente destacado” (p.28): BN, en tabaco negro y Nobel, en tabaco rubio. Ambos productos “suponen un avance tecnológico de verdadera importancia, cumpliendo los más rigurosos controles exigidos, de acuerdo con los estándares internacionales para las labores de esta denominación” (pp. 28-29). Sobre esto en la Memoria del siguiente ejercicio se indica: “dentro de esta trayectoria de adecuación de la oferta a la demanda y de adaptación tecnológica debe situarse el lanzamiento al mercado de las labores de baja nicotina BN y Nobel, cuando la sensibilización de los fumadores españoles hacia el tema de la salud había creado el clima receptivo que debe acompañar a todo esfuerzo de carácter industrial” (1981:24); añadiendo más adelante: “con este nuevo producto (Nobel), que cubre una necesidad objetiva para un sector creciente de la población fumadora, Tabacalera revela su sensibilidad ante las circunstancias cambiantes del mercado, al tiempo que pone nuevamente a prueba su capacidad industrial en un sector de la oferta caracterizado por los más elevados estándares tecnológicos” (p. 44).

La Compañía sigue asistiendo y exponiendo sus labores en las principales ferias nacionales celebradas, como la Expo-Ocio de Madrid, la Feria Iberoamericana de Sevilla, la Feria Internacional de Barcelona, la Feria de Castilla y León celebrada en Valladolid y la Feria Nacional de Muestras de Zaragoza.

En esta Memoria se destaca la celebración entre los días 3 y 12 de octubre de 1980 de la Exposición Filatélica de América y Europa: ESPAMER-80, “un

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acontecimiento de obligada referencia dentro del capítulo de actividades promocionales referidas a ese importante sector de nuestra actividad que se refiere a la venta de signos de franqueo […], y del éxito que acompañó a su celebración puede servir de muestra la venta de casi 5 millones de series de la Serie Especial, denominada precisamente ESPAMER-80, entre los filatélicos de todos los países” (p.55).

Se realizan diferentes campañas publicitarias, tanto para el lanzamiento de nuevos productos, a través de los medios de televisión, prensa y publicidad en los puntos de venta, como para el mantenimiento de los ya existentes, fundamentalmente a través de los medios de prensa.

También en este año se hace acreedora de una serie de premios y menciones: (i) “premio Ampe de Oro a la mejor Campaña de Publicidad en todos los medios a Ducados Internacional; (ii) premio a los cigarrillos BN como una de las 100 mejores ideas lanzadas al mercado en 1980 concedido por la revista Actualidad Económica; (iii) premio CLYO al mejor diseño de paquete a Florida; (iv) mención por realización y fotografía a Ducados Internacional concedido en el Festival Iberoamericano de la Publicidad (FIAP) en el grupo TV y Cine; y (v) diploma concedido por la revista Actualidad Económica a Tabacalera, S.A. por la realización de una de las 20 mejores Memorias” (1980:54).

En el ejercicio 1981 reciben especial atención las actividades promocionales y publicitarias. Entre otras se destacan, la celebración de la VIII edición del Concurso de Decoración de Expendedurías, con un 60% más de participación con respecto al ejercicio anterior; la presencia de los productos de Tabacalera en las principales ferias y certámenes de ámbito nacional, como FITUR-81 de Madrid; las acciones publicitarias tanto para el lanzamiento de nuevos productos como para los ya existentes; el patrocinio de diferentes actividades deportivas, entre otras la presencia de Ducados en el mundo del automovilismo, en la XIII Copa Renault, en el Campeonato de Europa de Fórmula Alfasud, en el Campeonato de España de Rallyes y en el Rallye París-Dakar.

Otro apartado destacable de la Memoria de 1981 es el referido al Control de Calidad. Sobre este aspecto se dice: “el control de calidad viene siendo en los últimos años un elemento esencial del planteamiento competitivo de Tabacalera, S.A. Esta prioridad se pone de manifiesto en los importantes

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esfuerzos realizados en 1981 para garantizar, con el mayor nivel de exigencia, el estricto cumplimiento de las rigurosas especificaciones establecidas por la Compañía para los materiales, los productos en proceso de fabricación y los productos terminados.

La actividad en este campo se centró fundamentalmente en la prueba de nuevos materiales para mejorar la presentación de cajetillas, estuches y cartones, en la preparación de nuevas ligas con inversión en altos porcentajes de tabacos nacionales y en la utilización de nuevas técnicas de ventilación del cigarrillo. Merece destacarse la especial atención prestada al control de la calidad de nuestras labores de bajo contenido en nicotina y alquitrán […].

Tabacalera, S.A. invirtió, en 1981, un total de 33 millones de pesetas en la adquisición de aparatos de medida y equipos destinados al control de calidad […].

Por último, hay que señalar que en 1981 el Control de Calidad de Tabacalera, S.A. verificó un total de 5.285 partidas de materiales auxiliares, envases y embalajes recibidos en fábricas y que la producción sometida a “control estadístico de calidad” ascendió a 2.505 millones de cajetillas y 569 millones de cigarros, cifras que son reveladoras de la intensidad y del alcance de los sistemas de control instrumentados por la Compañía” (pp.63-64).

A partir de la Memoria de 1982 se abre un nuevo apartado, el último en las memorias, denominado “Informaciones de Carácter General sobre la Sociedad”, donde resumidamente se da información de las siguientes cuestiones: razón y domicilio social; constitución, inscripción y límite de la vida social (se suministran datos desde que es Tabacalera); objeto social; capital social; convocatoria de Juntas Generales, ampliaciones de capital y autorización para llevarlo a cabo; e información y consultas (lugar donde puede encontrarse).

Esta Memoria comienza sin Carta del Presidente, que viene a sustituirla el “Resumen del Ejercicio” que se hace, con una extensión de cuatro páginas. Se indica en la página 12, que la economía del Monopolio de Tabacos durante 1892 está configurada fundamentalmente por dos tipos de factores: (i) la permanencia, en términos generales, de las pautas básicas de comportamiento de la evolución del mercado de tabaco; y (ii) la incidencia,

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dentro del pasado ejercicio, de ciertos factores institucionales y económicos –de índole tanto nacional como internacional-, que contribuyen de manera notoria a delimitar la evolución de las magnitudes básicas. Al propio tiempo, el ejercicio económico de Tabacalera SA., refleja asimismo, de manera indirecta, la influencia de ambos tipos de factores.

En 1982 se vuelve a realizar un Estudio General de Base sobre el Mercado de Tabaco en España, que permite poner al día el realizado en 1978, y que dará una radiografía de la estructura del mercado del Tabaco en todo el territorio peninsular.

Desde este ejercicio el apartado denominado “Control de Calidad” pasa a llamarse “Control de Calidad e Investigación y Desarrollo”. La información proporcionada sobre control de calidad es similar a la de años anteriores, destacando que la inversión ya supera los 100 millones de pesetas. Con respecto a la Investigación y Desarrollo se dice: “la actividad en el campo de la Investigación y Desarrollo se centró en torno a la elaboración de nuevas ligas de tabaco, a la ampliación de la gama de labores fabricadas bajo licencia, y al desarrollo de nuevos proyectos conjuntos con otros monopolios […]. Asimismo, se dedicó especial atención al desarrollo de labores con alta participación de tabacos nacionales y de bajo contenido de nicotina y alquitrán, así como a la aplicación de nuevas tecnologías en el tratamiento del tabaco y en la elaboración de cigarrillos.

De manera especial, debe también destacarse la iniciativa emprendida por Tabacalera, S.A. para financiar –por un importe de más de 60 millones de pesetas- trabajos de investigación sobre las diferencias entre cigarrillos rubios y negros, estudio que está desarrollando el Instituto de Investigaciones Citológicas de Valencia y que puede tener una importante transcendencia de cara al futuro dado que permitirá incorporar a los procesos de fabricación las connotaciones más positivas de ambas clases de labores” (pp. 62-63).

Tabacalera está presente en el Mundial de Fútbol que se celebra en 1982 en España, tanto celebrando un Concurso Extraordinario de Decoración de Expendedurías, como fundamentalmente con el copatrocinio de Ducados en dicho Mundial.

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En 1982 se planteó un nuevo proyecto del Sistema de Información de Tabacalera adaptado a la peculiaridad orgánica de la Compañía. En el aspecto funcional, el sistema de información desarrollado da respuesta a los ámbitos Operativo (con los siguientes subsistemas: de distribución y venta, de aprovisionamiento y gestión de compras, y de producción) y Corporativo (con los subsistemas de: gestión de personal, financiero, de inversiones, de investigación y desarrollo, contable, y de planificación y control).

Hay que destacar en este ejercicio la ampliación de los medios informáticos centrales con la instalación de pantallas terminales a los usuarios de la información. La dotación también a algunas Delegaciones de medios informáticos facilita, entre otras cuestiones, la distribución directa a punto de venta sin elevación de costes. Estas aplicaciones permiten conocer en tiempo real datos de ventas por expendedor y producto, stocks, cuentas a cobrar y otras magnitudes básicas de la gestión. Se elaboran Normas de Procedimiento, que en la Memoria se especifican.

A partir de esta Memoria se añaden, dentro del Informe Económico-Financiero, dos apartados de gran relevancia, tanto a través de información cualitativa como por medio de cuadros: (1) Aportación al Estado, para poner de manifiesto la aportación relativa de la actividad del Monopolio a los ingresos del Estado, con respecto a distintos conceptos: impuesto total sobre el lujo, impuestos totales, ingresos corrientes del Estado e ingresos totales del Estado. Ello evidencia la importancia que tienen las rentas gestionadas por Tabacalera en el Presupuesto; y (2) La Aportación a la Economía, que suministra información del valor añadido (tanto a coste de los factores como a precios de mercado), así como la distribución, en porcentajes, del valor añadido bruto al coste de los factores y lo que esas cantidades pueden representar en la economía nacional; otro cuadro recoge el valor añadido por persona empleada. Para todo ello se suministra información comparativa desde el ejercicio 1978.

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Contribución del Monopolio a los ingresos del Estado (en porcentaje) Contribución: 1978 1979 1980 1981 1982

Impuesto de Lujo 9,9 16,3 23,5 30 34 Impuestos 8,5 8,4 7,8 8 8 Ingresos corrientes del Estado

7,3

7,2

6,8

6,8

6,4

Ingresos totales del Estado

6,9

6,8

6,5

6,3

5,6

Fuente: Memoria 1982:91

Aportación del Monopolio a la Economía Nacional (en porcentaje) Contribución: 1978 1979 1980 1981 1982

Al PIB a p.m. 0,98 0,99 0,98 1,08 1,06 Al PIB al c.f. 0,09 0,10 0,10 0,12 0,12

Fuente: Memoria 1982:94

También indicar como novedad informativa de 1982 que, bajo el título “Evolución reciente y perspectivas”, se incluye un balance, muy poco detallado, con información hasta final del primer trimestre del año en el que se lee la Memoria, al objeto de dar información reciente sobre la situación de la empresa. Asimismo se adjunta un cuadro en el que se expone el Programa de Inversiones, con la financiación correspondiente para el ejercicio siguiente.

Una cuestión también a resaltar de este ejercicio es la de potenciación de las posibilidades exportadoras, de cara a la incorporación a la CEE, habiéndose dado importantes pasos encaminados a poner en marcha una estrategia exportadora más permanente y de mucho mayor alcance a medio plazo. La apertura de una oficina de representación en París, el inicio de la fabricación bajo licencia y el correspondiente lanzamiento de Ducados Internacional en Alemania, así como las actividades promocionales y publicitarias en varios países europeos contribuyen, junto con los lanzamientos previstos de Fortuna en diversos países comunitarios y Ducados en Argentina, a configurar una nueva dimensión exportadora, apoyada en el sólido prestigio que han alcanzado las labores líderes de Tabacalera.

En 1983 se crea un Centro de Investigación y Desarrollo, en la Fábrica de Madrid, que se enmarca dentro del conjunto de acciones desarrolladas por la

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Compañía ante la próxima incorporación de España a la CEE, “ya que caminamos hacia un mercado más abierto y competitivo que exige una preparación adecuada que debe efectuarse con anticipación suficiente” (1981:18). Entre los objetivos de este centro, a medio y largo plazo, en la Memoria se destacan las actividades de Investigación y Desarrollo referidas a: nuevos productos y nuevas tecnologías, desarrollo de ligas, tratamiento de tabaco, control de materiales en recepción y en proceso, análisis de humos y tabacos, control de calidad de productos, desarrollo de nuevos equipos de medida, y, en general, todo lo referente al fomento de la innovación tecnológica en sentido amplio.

La Memoria de 1983 recoge información sobre “la sensibilidad de Tabacalera hacia los problemas relacionados con el tabaco y la salud, reflejada de manera explícita en la colaboración que ha prestado la Compañía a las Autoridades Sanitarias a los efectos de redacción del Proyecto de Reglamentación especial para la elaboración, circulación y comercio de tabaco y productos de tabaco, se pone asimismo de manifiesto la permanente potenciación y mejora que están registrando nuestros sistemas internos de control de calidad” (p.72).

En la Memoria de 1984 aparece un nuevo apartado dedicado a “Actividades culturales”, donde se indica: “A lo largo de 350 años de historia, el Monopolio de Tabacos ha acumulado un importante patrimonio cultural, y es propósito de Tabacalera, como empresa de carácter público, ponerlo a disposición de todos los ciudadanos” (p. 44). Ello se manifiesta en diversos programas:

• Apertura al público del Archivo Histórico de la Fábrica de Tabacos de Sevilla, que contiene “fondos documentales de la vida económica y administrativa del Monopolio desde el inicio de sus actividades en dicha ciudad a mediados del siglo XVII. El carácter singular de los testimonios que aparecen en el Archivo le confiere un importantísimo valor histórico desde el punto de vista de la reconstrucción no sólo de los aspectos económicos del Monopolio sino también de la vida y costumbres de la España de aquella época” (p. 44). Archivo que supone una importante ayuda para los investigadores.

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• La realización en Sevilla de la Exposición “Sevilla y el Tabaco”, durante los meses de abril y mayo de 1984, promovida por Tabacalera en colaboración con la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y el Rectorado de la Universidad de Sevilla. “Dicha exposición, que ha constituido un rotundo éxito, ha sido visitada por varios millares de personas, habiendo merecido cálidos elogios en todos los medios culturales sevillanos” (p. 45).

• La edición del libro “Un Archivo para la Historia del Tabaco” y la edición de un catálogo de la exposición celebrada en Sevilla, con el título “Sevilla y el Tabaco”.

Estas actividades han tenido una importante repercusión social. Al respecto, entiende Tabacalera que, con la celebración de conferencias, exposiciones, etc, que en los aspectos culturales puede y debe desarrollar una importante labor.

Es muy extensa la información dedicada en 1985 a Actividades culturales. Al respecto la Memoria de dicho ejercicio señala: “La actividad cultural realizada por la Compañía durante 1985 se ha diversificado notablemente en relación a ejercicios anteriores. El año cultural de Tabacalera podría denominársele “El año de Goya”, dado el cúmulo de actividades realizadas en torno al célebre pintor aragonés. La raíz de todo ello está en la aparición en el Archivo Histórico de la Fábrica de Sevilla de los documentos justificativos de la autoría de Goya sobre dos retratos de medio cuerpo de Carlos V y su esposa María Luisa de Parma” (p. 56), que son la base de las ilustraciones de la Memoria del ejercicio anterior. Cuando ello ocurrió se procedió a restaurar los lienzos por personal especializado del Museo del Prado y se exhibieron al público en la sala de cultura de la sede central de Tabacalera en Madrid.

Como actividad conjunta, y “con objeto de una mayor y mejor difusión de esta aportación de nuestra entidad al patrimonio cultural español, se publicó un libro titulado ‘Goya, retratos para la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla’, que sirvió al mismo tiempo de catálogo de la muestra” (1985:56). La importancia del descubrimiento de tales retratos, tuvo un gran impacto en el

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mundo cultural, solicitando el Ministerio de Cultura que ambas obras participaran en Bruselas en la amplia exposición que se hizo del pintor.

También quedan patentes en dicho ejercicio la preocupación de Tabacalera por el establecimiento de relaciones culturales con otros organismos, siendo de especial relieve la colaboración realizada con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo mediante la celebración en Tenerife de un curso sobre “Recursos de futuro en las Islas Canarias” y otro en La Coruña sobre “Historia, Economía, Cultura y Sociología del tabaco”, dirigido por el Jefe del Archivo Histórico de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla; en él intervinieron destacadas personalidades del mundo de la Universidad, del Arte y de la Cultura. También hay que destacar el apoyo, mediante becas de investigación, al estudio del pasado de la actividad tabaquera, para cuyo desarrollo se cuenta con el excelente fondo documental del Archivo Histórico ubicado en la Fábrica de Sevilla.

4.4. CONSIDERACIONES FINALES

Actuaciones dirigidas a la sociedad durante la gestión de la CAT

Analizadas las Memorias de la Compañía Arrendataria de Tabacos durante los años de su gestión (1887-1944), como empresa arrendataria del Monopolio de Tabacos en España, encontramos escasas actuaciones dirigidas a la sociedad. Durante el periodo de actuación de la CAT (desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX), entendemos que este tipo de actividades no son una práctica generalizada en las empresas españolas, incluso nos atrevemos a decir que eran bastante ocasionales. Hemos visto en el capítulo anterior como la CAT fue pionera en medidas de mejora de las condiciones laborales de sus empleados, anticipándose incluso a la legislación, por lo que consideramos que con respecto a la sociedad no hay más actividades de tipo cultural, no porque la empresa se niegue a realizarlas, sino porque no es habitual su realización. En estos años entre las estrategias empresariales no cabe la idea de que con la incorporación de este tipo de actuaciones se puede incrementar el valor de la organización.

Atenciones hacia la sociedad que se hacen en contadas ocasiones, y que generalmente se producen por:

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(i) Recomendación ministerial. Cuando el Gobierno abre una suscripción para realizar un donativo ante una catástrofe, o levantar un monumento en honor a una personalidad de relieve, invita a las empresas a participar en la misma, y en particular a aquellas en las que tiene marcada influencia, como es la CAT. Empresa que hemos visto participa en diversas suscripciones, como el donativo realizado en 1897 a favor del Colegio de Huérfanos de la Guerra, la suscripción para levantar un monumento en honor a Alfonso XII en 1903, o la labor gratuita que se fabrica durante la Guerra Civil española para repartir entre los heridos del bando nacional.

Entendemos que la Arrendataria realiza este tipo de actuaciones porque se ve en cierto modo obligada a hacerlo, al gestionar un monopolio público y ser el Estado el que toma decisiones tan relevantes como el mantenimiento del contrato de arrendamiento o la rescisión del mismo.

(ii) Seguir la conducta observada en entidades análogas. Cuando la CAT tiene constancia de que otras sociedades similares han realizado actuaciones de tipo socio-cultural, ésta también las hace. Por tal motivo, la Compañía está presente en diferentes Exposiciones como la Universal de Amberes (1894), la Hispano-Francesa de Zaragoza (1908), la Nacional de Valencia (1910), la Internacional de Barcelona (1929) y la Iberoamericana de Sevilla (1929).

Al igual que otras empresas, también participa en suscripciones, como las realizadas para ayudar a la Marina y a los gastos bélicos (1897-98), o para la construcción de monumentos en memoria de autoridades como Emilio Castelar (1901), Alfonso XII (1903) o la Reina María Cristina (1929).

Al amparo de la Teoría Institucional este tipo de actuaciones podemos asociarlas a los isomorfismos coactivo y mimético. La CAT realiza esta clase de prácticas para obtener el visto bueno, es decir, la legitimidad, de la sociedad que la rodea, en general, y del Estado (dueño del Monopolio que gestiona), en particular. Con tal finalidad es por lo que cumple con las invitaciones ministeriales a realizar suscripciones y donaciones (isomorfismo coactivo); así como imita la conducta observada en otras sociedades (isomorfismo mimético), participando en donativos, suscripciones y exposiciones.

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Actuaciones dirigidas a la sociedad durante la gestión de Tabacalera

Durante los primeros años de vida de Tabacalera SA, como empresa gestora del Monopolio de Tabacos y Servicios Anejos en España, aparece muy escasa información en las Memorias de la compañía sobre la realización de actuaciones de tipo socio-cultural. Entendemos que la causa principal de no producirse tales prácticas es la situación económica y política del entorno en el que desarrolla su actividad. La compañía inicia su cometido en un periodo complicado: los años de la posguerra, de escasez de recursos económicos, humanos y materiales; con elevadas tasas de pobreza, escasez de alimentos que llevó al establecimiento del racionamiento; infraestructuras destrozadas a causa de la Guerra Civil; pésimas condiciones en el sector industrial, elevado desempleo, etc. Señala Comellas (1990:505), que España perdió en tres años lo que había ganado en treinta, teniendo en esos momentos un nivel económico como el de principio de siglo. A lo anterior, hay que sumarle el régimen político del momento, la Dictadura del General Franco, que lleva a un aislamiento del país a escala internacional, debido a que los países de su entorno más cercano, con los que España generalmente mantenía relaciones, así como diversos organismos internacionales, se oponen al régimen dictatorial. En opinión de Fusi y Palafox (2003:297), “por su origen (guerra civil), por su naturaleza (régimen represivo, dictadura autoritaria y de poder personal), el franquismo careció siempre de legitimidad ante la conciencia liberal y democrática de su tiempo”.

Hay que esperar a la década de los setenta para encontrar continuas referencias en las Memorias sobre este tipo de actuaciones. El entorno en el que se desenvuelve la compañía no es el existente en el inicio de su gestión, sino que aunque sigue manteniéndose la Dictadura, desde finales de los cincuenta se inicia una etapa de apertura al exterior, al declarar las Naciones Unidas el fin de las hostilidades contra el régimen franquista, lo que va a permitir una mayor libertad de movimientos y de expansión económica; ello hace que se produzca un importante crecimiento económico.

Es a inicios de los años setenta cuando encontramos, por primera vez, referencias expresas en las Memorias de Tabacalera acerca de su interés “permanente por la población española en su conjunto” (1972:78). La Compañía toma nota de las principales preocupaciones de la sociedad del

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momento, a través de un estudio de mercado que realiza en 1972, y donde se pone de manifiesto el malestar de los ciudadanos porque algunos fumadores lo hacen en exceso. Responde Tabacalera realizando campañas publicitarias orientadas a conseguir la moderación del consumo de tabaco. También se inician investigaciones con la finalidad de lograr productos más benignos para la salud. Estas investigaciones llegan a ser de gran importancia para Tabacalera, que incluso destina a las mismas, a partir de 1973, un apartado específico de sus Memorias.

A partir de 1975 Tabacalera realiza importantes actividades promocionales, estando presente en los principales acontecimientos deportivos (vela, motocross, automovilismo, ciclismo, tenis, etc.) que se celebran, tanto en España como en otros países; como el patrocinio del equipo español de vela que participó en la “Admiral´s Cup”, que la hizo acreedora de una Medalla de Oro y del Ancla de Oro por parte de la Federación Española de Vela, en agradecimiento a la colaboración prestada.

En estos años se inicia la toma de conciencia y preocupación de la Compañía por los problemas medioambientales; lo que le lleva a desarrollar por vez primera en 1976, una política de racionalización del consumo energético en todos sus establecimientos fabriles. Desde el punto de vista económico este Plan de Ahorro Energético, supone en 1981 una reducción de 22 millones de pesetas en facturación de consumo de energía en las fábricas de Tabacalera.

Tal es la relevancia que este tipo de actuaciones adquieren para Tabacalera, que incluso en la Carta del Presidente de finales de los setenta se hace mención a las mismas, indicando que la Memoria de ese ejercicio (1979) ha sido elaborada con una doble finalidad: (i) destinada a los accionistas y trabajadores de la empresa, y (ii) dirigida a la opinión pública.

Desde 1982 Tabacalera dedica un apartado de sus Memorias a informar, tanto cualitativa como cuantitativamente, sobre la aportación del Monopolio a los ingresos estatales y a la Economía Nacional, datos que entiende la Compañía pueden ser de interés a los diferentes usuarios interesados en la información contable de Tabacalera.

También en las Memorias de los ochenta destaca la sensibilización de Tabacalera hacia los problemas relacionados con la salud, y ocasionados por

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el consumo de un producto nocivo como es el tabaco; participando junto con las autoridades sanitarias en la elaboración de legislación para la fabricación, transporte y comercio de tabaco.

Las actividades culturales, promovidas por Tabacalera, toman especial relevancia a mediados de los ochenta, a través de variados programas: apertura al público del Archivo Histórico de la Fábrica de Tabacos de Sevilla, realización de exposiciones, edición de libros, celebración de conferencias, etc. La Compañía entiende que con este tipo de prácticas puede desempeñar una notable labor, así como que su impacto en el mundo cultural puede ser importante.

En definitiva, y tras el análisis realizado, observamos como la preocupación de Tabacalera por realizar actividades de tipo socio-cultural, dirigidas al entorno más cercano que le rodea, se hace especialmente relevante a partir de los años setenta. Es en este momento cuando las presiones de la sociedad son incorporadas a la estrategia empresarial, adoptando las políticas necesarias para obtener la legitimidad por parte de un colectivo (la sociedad en general), que puede tener una influencia relevante en la imagen de la empresa; en especial en este caso, cuando el producto que se fabrica es nocivo para la salud de las personas.

Bajo el marco teórico de la Teoría Institucional, entendemos que tales actuaciones pueden asociarse con los isomorfismos coactivo y normativo; tanto por la presión, ya sea formal o informal, que ejerce la sociedad (isomorfismo coactivo), como porque la empresa entiende que tiene una “obligación social” que le lleva a realizar tales prácticas (isomorfismo normativo). Entendemos que, de alguna manera, también está presente el isomorfismo mimético, ya que en este período este tipo de actividades no son exclusivas de esta industria, sino que también se dan en otras empresas. Aspecto que, sin embargo, no podemos deducir de nuestro estudio, ya que en ningún momento en las Memorias de Tabacalera, al contrario de lo que ocurre en las de la CAT, se dice que se realizan estas actuaciones de tipo cultural porque otras empresas también lo hacen.

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4.5. ATENCIÓN A LOS CLIENTES E INVENTARIO DE LAS LABORES PRODUCIDAS EN LAS MEMORIAS DE LA COMPAÑÍA ARRENDATARIA DE TABACOS

Desde la primera Memoria de la CAT se hacen continuas referencias al objetivo que persigue la compañía de mejorar los productos y satisfacer los deseos de sus consumidores. Con esta finalidad, en el primer ejercicio se crearon nuevas labores de cigarrillos: Superiores, Finos y Entrefinos. En esta Memoria se comenta: “la Administración se ha preocupado de alteraciones de carácter más trascendental, preparando con mayor amplitud una reforma general de labores que por su buena calidad sean agradables al público” (1887-88:27). También en el segundo ejercicio se crean nuevas labores: dos de cigarros (una de especiales llamados Farias y otra de peninsulares superiores) y tres de picadura de hebra (Superior, Suave y Común).

El primer problema que se destaca en fabricación es el referente a las labores que se deben hacer para satisfacer las necesidades del consumo: “Una Administración solícita debe encaminar su esfuerzo a obtener el mayor rendimiento posible de las labores, simplificando éstas para que se adapten a los gustos y medios económicos de las diferentes clases sociales y den un producto líquido análogo en cada uno de los grupos fundamentales que existan; porque nada tan contrario a una organización bien entendida como crear una diversidad de labores que unas a otras se hagan perjudicial competencia, compliquen la fabricación y desnivelen la producción con el consumo” (1888-89:7).

Referido a la venta de tabacos, ya en la tercera Memoria se destaca que las labores “establecidas por la Compañía cada vez son mejor aceptadas por el público, y la de cigarrillos superiores, entre otras, ha conseguido tal favor, que aun habiendo elevado la producción de 12 (mil) hasta 40.000 millares al mes, apenas bastan para cubrir las necesidades del consumo. Los cigarros Farias han merecido también buena acogida, y los 800 millares que se elaboran tienen fácil salida. En las picaduras, la acentuada preferencia que de día en día adquiere el empaquetado mecánico aconsejaría sustituirlo en gran parte al hecho a mano […]. La venta de tabacos habanos ha ido aumentando […]. En tabacos filipinos sigue la venta estacionada, y todavía es de menos importancia la venta de tabacos canarios” (1889-90:11). En el ejercicio

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siguiente sigue destacándose la buena acogida que entre el público han tenido los cigarrillos Superiores y por este motivo tiene que aumentarse la producción hasta 64.000 millares mensuales. Además se comenta que “la Administración ha conseguido nivelar la producción con el consumo, y es casi seguro que, continuando éste, como es de suponer, en aumento, sean deficientes las fuerzas productoras de las fábricas; pero la Administración tiene fija su atención en este punto y adoptará oportunamente las disposiciones convenientes”(1890-91:8).

Las reformas que desde los inicios se producen en las labores van acompañadas de la adquisición de maquinaria: “las reformas necesarias en el procedimiento que se viene siguiendo en las elaboraciones para poner nuestra fabricación a la altura que se halla en otros países […]. Al intento de obtener por este medio la mejora de las confecciones y la mayor economía en su costo, se han realizado obras importantes; dotando a las Fábricas de nuevos elementos mecánicos” (1888-89:9). Referencias que son reiteradas en los siguientes ejercicios, con comentarios como los que se indican a continuación: “por exigirlo el consumo, hubieron de adaptarse los talleres a las nuevas necesidades […], se imprimió grande impulso a la producción mecánica, modificándose de una manera muy notable la maquinaria […], procurándose siempre mantener y aun mejorar la calidad de las labores” (1899-90:13-14). “Como a pesar de los esfuerzos para mantener el equilibrio, en cuanto a algunas labores de cigarrillos y cigarros, entre la producción y las exigencias del consumo y de los repuestos, se observa que es aquélla deficiente, sin duda porque lo son los elementos que actualmente existen, se hizo el estudio y propuesta convenientes […], para la adquisición de las máquinas que se juzgan necesarias a fin de que se pueda lograr aquel equilibrio” (1904:13).

En la Memoria de 1893-94 se hace referencia a un nuevo servicio que inicia la Compañía: la exportación de labores, estableciendo un agente y “aprovechando la oportunidad de la Exposición universal celebrada en Amberes para dar a conocer los productos de la Renta […], debe esperarse que alcancen la debida aceptación en el exterior” (p. 9).

Además se hace alusión a un nuevo producto: cigarros finos, comentando: “Atenta siempre la Administración a hacer aceptables los productos, procuró

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ir acomodando el “cigarro fino” al gusto del público, y la marcha del consumo permite esperar fundamentalmente que tendrá más aceptación que las demás labores de precio igual, que han resultado siempre mucho más costosas” (1893-94:7). En el ejercicio 1896-97 se estableció la venta en comisión de cigarrillos turcos, “los cuales, siendo bastante solicitados por determinadas clases sociales, convenía expender, a fin de facilitar su adquisición y evitar con ello introducciones y ventas fraudulentas” (p. 10).

El interés de la Arrendataria por atender las exigencias de los consumidores se hace patente con la lectura de las Memorias, encontrando en la mayoría continuas referencias a las actuaciones de la compañía dirigidas a satisfacer las demandas de este colectivo: “En fabricación […] se prepararon y aun elevaron al Sr. Ministro de Hacienda algunas propuestas, de las que se promete la Compañía han de obtener el monopolio y el consumidor muy beneficiosos resultados, y con las que se ha de conseguir, no sólo preparar el camino para nuevas y mayores mejoras, sino atender cumplidamente por lo pronto a las exigencias del consumo.

En relación con éste y en la obligación que corresponde a los gestores de la Renta de estudiar sus tendencias, encauzándolo, en cuanto sea dado, convenientemente, se proyectó, propuso y fue aprobada por Real orden de 18 de Junio una reforma en la confección de cigarrillos comunes de hebra” (1906:8-9).

En el ejercicio siguiente se dedican tres páginas a este tema, de las cuales destacamos comentarios como los siguientes: “No menor cuidado se puso en la prosecución del plan de que repetidamente se os ha hablado y que se ha trazado la Compañía para llevar los procedimientos de elaboración al grado de perfección que los adelantos modernos requieren. A tal propósito se formularon varias propuestas, relacionadas con el establecimiento de nuevos talleres, que han merecido la aprobación del Ministro de Hacienda […]. Estas autorizan una nueva manera de elaboración de cigarros marca grande y marca chica, que se denominarán “modernos”; manera que consiste en formar mecánicamente lo que en lenguaje de los talleres se llaman “tirulos”, para concluir después el cigarro a mano […]; autoriza, además, la adquisición de dos máquinas, para ensayos en gran escala, para cigarrillos mecánicos, respondiendo a las necesidades del consumo” (1907:6-7). Mejoras

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que responden “a que en ellas puedan encontrar satisfacción las legítimas aspiraciones del consumidor. Y sobre esto bueno será insistir en las ventajas que en todos sentidos ha de proporcionar la implantación del sistema denominado “semimecánico” para elaboración de cigarros marca grande y marca chica, que se titularán “modernos”, puesto que con este procedimiento […], se obtiene una labor de forma perfecta, suelta y ligera en su confección, y cómoda y agradable, por tanto, para quien fuma, y tan sobresaliente de aspecto y condición como puedan serlo las análogas que mayor reputación merezcan fuera de España” (1907:7-8).

En los dos siguientes ejercicios, se destaca la buena acogida que entre los consumidores han tenido los cigarros “modernos” elaborados por el procedimiento semimecánico: “las buenas impresiones continuaron, y el favor que del público merecieron dichas labores […], confirma al Consejo en el concepto que ha formado acerca de las condiciones y ventajas que han de reportar a la Renta y al consumidor estas confecciones” (1909:11-12). También en la Memoria de 1909 se destaca la necesidad de reforzar la producción de cigarros Marca grande, Entrefuertes y Fuertes, para atender las exigencias del consumo.

Hemos creído oportuno, elaborar un cuadro, al final de este apartado, en el que aparecen las labores que la CAT pone a la venta durante el periodo de arrendamiento del Monopolio del Tabaco, según la información que proporcionan las Memorias. Hemos seleccionado cuatro ejercicios que creemos pueden ser representativos de la evolución que ha experimentando el negocio, quedando reflejadas las diferentes situaciones económicas y políticas por la que atraviesa el país, y que van a afectar al negocio del tabaco; como son las guerras mundiales, o la guerra civil española.

Las subidas de precios de los tabacos, como la acordada en 1911 por el Estado, producen contracciones en el consumo, que la Compañía intenta solucionar mejorando la confección de sus labores, como expresamente se indica en la Memoria de 1913, en la que se hace referencia a un plan de fabricación que reforma la elaboración de cigarrillos, perfeccionándola, con la finalidad de fomentar su venta.

En este ejercicio 1913 se produce una elevación considerable en el número de marcas de cigarros procedentes de Cuba que se venden en comisión,

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pasando de 20 a 36. Además, “opinó el Consejo que debían darse facilidades al consumo para la adquisición de ciertas labores de lujo procedentes del extranjero” (p.18), como los cigarrillos turcos o egipcios y picaduras semejantes, siendo aprobada por el Ministro de Hacienda su venta en comisión. El número de marcas de cigarros cubanos y de cigarrillos preparados al estilo Oriente se incrementa en los dos siguientes ejercicios, siendo en 1915, cuarenta y cuatro las marcas cubanas contratadas en comisión y ocho los de estilo Oriente. “En todos ellos, según queda indicado, se procedió procurando responder al interés del consumo” (p.17).

La Primera Guerra Mundial también afecta a la producción y venta de labores de “todas clases y procedencias”, dedicando la página 11 de la Memoria de 1914 a cuantificar dicho descenso. Referencias al conflicto mundial que son reiteradas en los siguientes años. Al respecto, en la Memoria de 1915 se dice: “Las grandes dificultades engendradas en la guerra, con que tropezábamos para llevar a cabo la importante reforma proyectada en los cigarrillos “Superiores”, “Finos” y “Entrefinos”, fueron venciéndose en la medida de lo posible, pudiendo, al fin, comenzarse en Madrid, Valencia, San Sebastián y Logroño, y esperamos que muy pronto podrá ampliarse en términos que permitan atender con desahogo a la demanda” (p. 8). Hay limitaciones para la adquisición de maquinaria, cuestión a la que también hace referencia la citada Memoria: “se aprobó un presupuesto para la adquisición de una importante cantidad de material mecánico destinado al tratamiento de las picaduras […], pero la guerra, incomunicándonos con Alemania, ha impedido la realización completa del mencionado proyecto, al cual se busca solución con los medios que pueda proporcionarnos nuestro país, y si ello no fuera posible, acudiendo a los Estados Unidos” (p. 8-9).

Por el contrario, en 1916 se destaca el importante aumento que experimentan las ventas de labores de todas clases. Entre las causas que puedan haber influido en este alza, el descenso del contrabando aparece como la más sobresaliente: “parte muy considerable del aumento ha de atribuirse a un reflejo de la guerra misma en lo que se refiere al contrabando, que por entorpecimientos de ella derivados ha disminuido seguramente en proporción de mucha cuantía” (p.12).

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Siguen siendo continuas las referencias a la voluntad por parte de la Compañía de responder y satisfacer a sus clientes: “solicitó atención preferente y fue y sigue siendo motivo de preocupación constante y de arduo trabajo, la necesidad de responder a la creciente demanda del consumo, sobre todo en cuanto a los cigarrillos, y de éstos los “Superiores”. Fue preciso forzar la capacidad productora en estas labores sin que padecieran las restantes, y para ello hubo de moverse dentro de los elementos disponibles en nuestro país, perturbados ciertamente por la guerra, ya que no era dado contar con los que, a causa de la misma, resultaban vedados fuera de él” (1918:7-8).

Los problemas de producción con los que se enfrenta la Compañía en 1919, ante el incremento considerable del consumo, al no poder solucionarse mediante la adquisición de elementos mecánicos por la situación bélica internacional, intentan paliarse mediante la importación “de cantidades suficientes de cigarrillos y picadura lo más similares posible a las labores de producción nacional” (1919-20:14). Aunque el objetivo que se persigue es que con la producción nacional puedan atenderse las demandas del consumo como expresamente se indica en la Memoria de 1920-21: “y a ello se encaminaron todos los esfuerzos de la Compañía, aumentando en la medida que las circunstancias han permitido el rendimiento de las Fábricas; pero en la imposibilidad de hacerlo totalmente, ha completado con adquisiciones de labores extranjeras el abastecimiento preciso para satisfacer las exigencias del consumo. El plan adoptado por el Consejo para intensificar la producción nacional a medida que las circunstancias mundiales permitan la implantación de medios mecánicos de elaboración, autoriza para asegurar que en plazo breve podrá prescindirse de acudir a los mercados del extranjero” (p.7).

En 1922 se autoriza la venta de labores especiales en Ceuta y Melilla, produciéndose un importante incremento de las ventas que pasan en Melilla de unas 27.500 pesetas mensuales a 300.000, y en Ceuta de unas 3.800 pesetas mensuales a 140.000.

En la Memoria correspondiente al ejercicio 1923-24 se hace referencia a la recepción e instalación de importantes elementos mecánicos que venían esperándose desde años anteriores pero que las circunstancias exteriores lo

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imposibilitaban: “Rózase esto con el problema de la producción, a que viene prestándose atención especialísima, como habéis tenido ocasión de apreciar en nuestras reuniones anteriores […], habremos de añadir ahora como más saliente, entre lo mucho que se viene haciendo, que se ha recibido e instalado en las Fábricas respectivas el total de la máquinas y elementos mecánicos […], a saber: 105 máquinas para la elaboración de cigarrillos Superiores con picadura al cuadrado, 9 para la producción de cigarrillos en hebra, 35 tiruleras “Perfecto” para la elaboración de cigarros Marca grande y Marca chica, 110 tiruleras “DuBrul” para la producción de cigarros Entrefuertes y Fuertes, 36 máquinas de empaquetar picados y 10 de empaquetar cigarrillos” (p.10).

También en este ejercicio se simplifica el cuadro de labores de cigarrillos, siendo todos empaquetados en cajetillas prismáticas, por comodidad, ahorro de espacio en los transportes, mejor conservación de la labor y hasta higiene, “puesto que el cigarrillo así empaquetado queda completamente aislado del exterior” (1923-24:11). Las clases de cigarrillos quedan reducidas a tres: Superiores, Finos y Entrefinos.

Salvadas las limitaciones que la guerra y posguerra ocasionaron en la producción de labores, la Arrendataria retoma el ensayo de nuevos productos. Concretamente en el ejercicio 1924-25 se autorizan dos nuevas clases de cigarros: Marca media y Entrefinos cortados, y tres nuevas clases de cigarrillos, “que en breve se espera poner a la venta y que responden al propósito de facilitar al consumo las que en ciertos círculos y esferas sociales se desean y reclaman; a saber: cigarrillos especiales con picadura al cuadrado, cigarrillos especiales emboquillados con picadura al cuadrado y cigarrillos especiales emboquillados con picadura en hebra” (p-9-10).

Esta Memoria también destaca que “cesó la compra de labores en el extranjero, recurso al que es de creer no será necesario acudir en lo sucesivo como lo fue anteriormente para salvar la difícil situación creada por la perturbación que produjo la guerra. Claro que al hablar de tales labores no se alude a los cigarros de Cuba, pues estas son clases de lujo y especialísimas, que en ningún caso pueden equipararse ni hacer competencia a las labores nacionales” (1924-25:10).

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En septiembre de 1925 se inicia la fabricación de cigarrillos especiales al cuadrado, fueron puestos a la venta primero en Madrid y luego extendiéndose poco a poco al resto de provincias, manifestándose el consumo muy favorable, siendo incorporados al cuadro de labores en octubre de 1926. En la Memoria de dicho periodo también se solicita que se incorporen al cuadro de labores los cigarros Marca media y los Entrefinos cortados. En estos años (1925-26), empezaron a fabricarse cigarrillos de calidad y confección excelentes, utilizando el mejor tabaco amarillo de Oriente, siendo cuatro las clases puestas a la venta: Elegantes Orientales emboquillados oro, Elegantes Orientales emboquillados corcho, Selectos de Oriente cortos sin boquilla y Selectos de Oriente largos.

En los años que siguen se ponen a la venta nuevos productos con excelente acogida por parte del público: cigarros “Nacionales”, en 1929; cigarros elaborados con tabaco cubano “Predilectos”, “Cazadores”, “Selectos” y “Exquisitos” en cajitas de cedro esmeradamente confeccionadas y ornadas, en 1930; cigarrillos de lujo “Americanos”, “Ideales” con picadura al cuadrado e “Ideales” con picadura hebra, en 1934. En este año también sale a la venta una nueva labor de cigarrillos de tipo americano que tuvo una muy favorable acogida: “Bisonte”.

Iniciada la Guerra Civil, durante más de un año fueron sólo cinco, de las doce existentes, las fábricas de tabacos que tuvieron que abastecer a la “zona liberada”, sin embargo “el cuadro de labores que la Compañía producía en el mes de Julio de 1936, ha sido mantenido durante el periodo que nos ocupa (julio1936-diciembre 1937)” (Nota 1:7). Se produce un desplazamiento importante en el consumo de picaduras hacia el de cigarrillos, dada la escasez de papel de fumar durante la contienda. Las fábricas tuvieron que aumentar “hasta el máximo la producción y a pesar de ello son insuficientes para elaborar todo el tabaco que el mercado absorbería […], es de notoria insuficiencia en la fabricación de cigarrillos elaborados” (Nota 1:11). En especial, es creciente la demanda de cigarrillos “Bisonte” y “Americanos”, haciendo la citada Nota el siguiente comentario: “Desde la iniciación del Movimiento Nacional el consumo de estas labores en la zona liberada se ha desarrollado en tales términos que habiéndose elevado la capacidad de producción […] hasta 1.500.000 cigarrillos diarios, no basta para servir la demanda de los consumidores. La producción de estas labores de tabaco

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amarillo ha ofrecido, a lo largo de los últimos meses, dificultades considerables porque las adquisiciones de materia prima han tenido que atemperarse a las posibilidades de obtener las divisas necesarias para la importación de las clases de tabaco que entran en su composición” (p. 12).

Se mantuvo la importación de labores de lujo, incluso se autorizó la venta en comisión de nuevas marcas. Además también es de destacar que durante el periodo de guerra, se confecciona una labor especial que es distribuida gratuitamente entre los heridos de los hospitales de guerra.

La producción de cigarrillos “Bisonte” y “Americano” tuvo que suspenderse en mayo de 1938 por falta de tabacos amarillos. Al respecto se comenta: “Es de esperar que pueda en breve reanudarse la fabricación de labores de tabaco amarillo, sirviendo con ello simultáneamente la demanda del consumidor, cada vez más inclinado a ellas, y los intereses de la Renta, a la que producen mayores rendimientos por unidad” (1936-39:84).

En la Memoria correspondiente al periodo 1936-39 se hacen varios comentarios a como se ven afectadas, tanto la producción, como el cuadro de labores y el consumo por el conflicto bélico. Entre otras referencias nos gustaría destacar las siguientes: “La producción de labores en todo este periodo ha tenido que acompasarse a modalidades especiales, derivadas de múltiples factores, desde la situación de guerra hasta la escasez de papel de fumar en ocasiones, y desde la carencia de tabacos caperos hasta explicables desviaciones del consumo; todo ello sin contar con otras dificultades que han entorpecido el trabajo, y entre las cuales merece citarse la derivada de la falta de envases y empaques” (p. 16). “El ritmo habitual de incremento en el consumo y las repercusiones obligadas de la guerra, así como el ansia de satisfacer en las zonas recién liberadas deseos largo tiempo reprimidos. Determinaron considerable elevación en dicho consumo, que llegó en septiembre de 1939 a cifra nunca igualada, siquiera circunstancias posteriores de anormalidad mundial y una acertada política de previsión obligaran a establecer medidas que, aun correspondiendo al ejercicio de 1940, no deben silenciarse desde ahora por el nuevo sesgo que imprimen a esta marcha ascensional” (p. 19). “Los camiones de tabaco han entrado en las poblaciones liberadas inmediatamente después de ser ocupadas por el Ejército, y han dado con ello a sus habitantes un contraste patente entre la penuria y

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desorden que sufrían en la zona sometida al dominio rojo y la organización y abastecimiento de la Zona Nacional” (p. 80).

Terminada la Guerra española, el consumo de tabaco es regulado mediante una Instrucción, en la que se fijó una cantidad como ración semanal, que en noviembre de 1940 pasó a ser decenal. Servicio que fue consolidándose, implantándose la “Tarjeta de fumador”, haciéndose cada vez más equitativo: “y aunque la ración asignada es modesta, su distribución se efectúa con la posible puntualidad, para asegurar a cada fumador la porción a que tiene derecho […]” (1940:10). Racionamiento que se mantiene en los años siguientes, haciéndose mención al mismo en las memorias, así como los deseos de la Compañía de que se produzcan las circunstancias adecuadas para su eliminación: “Con sincero deseo de aliviar las penurias del consumidor, se ansía poder llegar a una suavización del referido racionamiento” (1942:11). En 1943 se produce una mejora en el régimen de racionamiento, permitiéndose la venta libre de labores de lujo (cigarrillos rubios importados o nacionales y cigarros habanos), e incrementándose a cuatro las raciones mensuales.

Durante la posguerra siguen los problemas con las importaciones de tabacos, adoptándose todas las medidas necesarias “para restablecer y regularizar la normalidad en los suministros, venciendo las dificultades que lleva consigo toda importación de labores de lujo, como son en su mayoría las que se venden de procedencia extranjera” (1940:15). Además la Segunda Guerra mundial también afecta al negocio del tabaco, reduciéndose el número de mercados productores de rama exótica, afectando al cuadro de labores que la Compañía puede ofrecer: “La adquisición y venta de labores confeccionadas en el Extranjero han continuado realizándose en la forma que consentían las circunstancias, ya que la incomunicación con algunas Naciones por consecuencia de la guerra mundial y los entorpecimientos subsiguientes en materia de transportes marítimos han impedido que sea normal el abastecimiento del mercado” (1941:15).

En 1942 las operaciones con Cuba vuelven a regularizarse, por lo que empiezan a llegar cigarros habanos lo que hace pensar que en un futuro próximo este segmento del mercado esté satisfecho: “abrigamos fundadas esperanzas de que en fecha próxima se pueda atender con holgura a las

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demandas del considerable núcleo de consumidores que reclama este género de labores de lujo” (1942:18).

Una nueva labor es puesta a la venta a mediados de 1943. Se trata de cigarrillos elaborados con tabaco rubio, denominados “Tritón”, cuya producción, como se señala en la Memoria del ejercicio siguiente, dada su importancia, se viene agotando con rapidez.

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4.6 INFORMACIÓN EN LAS MEMORIAS SOBRE LA ESTRATEGIA COMERCIAL DE TABACALERA

Durante los primeros años de gestión de Tabacalera son escasas las referencias que encontramos en las Memorias dirigidas a los consumidores. Entendemos que la situación política y económica en la que se encuentra inmersa la empresa y el régimen de racionamiento todavía existente, pueden estar relacionados con esta escasez de información. Sí se indican en las Memorias que la situación, respecto al cuadro de labores y precios, sigue siendo similar a la de periodos anteriores. Cualquier novedad sí es indicada, como en el primer ejercicio cuando se señala que es puesta a la venta una nueva labor de cigarrillos con tabaco rubio, denominada “Bubi”, “para dar satisfacción a los gustos del consumidor” (1945: s/n). Se comenta que la calidad del producto, su elegante presentación e interesante precio hicieron que alcanzase enseguida gran éxito. También en esta Memoria se dice que no ha sido posible suprimir el régimen de racionamiento, pero que paulatinamente va rebajándose, además de mantenerse libre la venta de cigarros de Canarias y Habanos, así como la de cigarrillos rubios, tanto peninsulares como importados. En 1949, también son puestos en régimen de venta libre los cigarros Farias, “y a tal fin fueron adoptadas las medidas pertinentes para intensificar su producción, lo que se va logrando en la medida que consienten las circunstancias, habiéndose llegado ya a duplicar la producción inicial y siendo propósito nuestro seguir prestando a esta labor el interés que merece por la gran aceptación que tiene entre los consumidores” (1949: s/n).

La falta de divisas hace que en 1949 tuvieran que suspenderse las importaciones de tabacos habanos y cigarrillos de tabaco rubio. La venta en comisión de cigarros de Cuba también quedó prácticamente suspendida por problemas en su recepción. En agosto de 1950, tras la firma de un Convenio de pagos entre España y Cuba, se reanuda la venta de cigarros cubanos.

A comienzos de los años cincuenta empieza a aparecer mayor información de interés para los clientes de la compañía. En 1950 se incluye en el cuadro de labores una clase de cigarrillos que ya se elaboraba con anterioridad a la Guerra Civil, como son los Ideales al Cuadrado; indicándose que su fabricación se incrementa a un ritmo acelerado, “e incluso con dos clases de papel para dar satisfacción al consumidor”. En este ejercicio y con la

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finalidad de modernizar la presentación de las labores, es modificado el empaque de los Cigarrillos Superiores al Cuadrado y además se les cambia el nombre por el de “Diana”. Al año siguiente se inicia la fabricación de cigarrillos tipo americano, denominados “Timonel”, en régimen de venta libre; y en 1952 aparece una nueva labor de cigarrillos de esmerada calidad y presentación: “Ganador”, que también son puestos en régimen de venta libre. Además se reanuda la fabricación de los cigarrillos Bisonte, en régimen de venta libre, con una extraordinaria aceptación por parte del público, como se indica en la Memoria del ejercicio siguiente: “Ha quedado ya consignada la gran aceptación por parte del público, de los cigarrillos “Bisonte” que compiten favorablemente con las labores de importación, siendo prueba de ello el hecho de que habiéndose distribuido únicamente entre las principales capitales e iniciada su venta en el mes de marzo, alcanzó en el ejercicio la cifra de 31 millones de cajetillas, la que supera con exceso la máxima obtenida por cualquier labor peninsular de este tipo” (1953: s/n).

Empieza, en 1950, a aparecer información sobre mecanización; mejorando las instalaciones, adquiriendo maquinaria, incluso importándola, con la finalidad de “obtener un buen proceso de fabricación de labores” y aumentar “en grado muy estimable nuestra elaboración de cigarros tan solicitados por los consumidores” (1951: s/n). Importaciones que se consiguen definitivamente en 1954, como son: 10 máquinas elaboradoras de cigarros, piezas para las máquinas liadoras de cigarrillos, 5 máquinas liadoras de cigarrillos, dos máquinas de picar rotativas, una máquina celofanadora, dos máquinas formadoras de cajitas de cartón, dos máquinas envolvedoras, y cuatro máquinas empaquetadoras. En los años siguientes continua este proceso de modernización y acondicionamiento de las fábricas con la adquisición de maquinaria de diversa procedencia.

Siguen apareciendo comentarios sobre el régimen de racionamiento, los productos que siguen bajo el mismo, y las quejas que ello suscita en los consumidores. Al respecto la Compañía indica que “viene impuesto por la fuerza de las circunstancias independientes de la voluntad de Tabacalera, cuya aspiración ideal sería la total supresión del mismo tan pronto como fuera factible, pero nadie debe desconocer las trabas que existen en el comercio internacional las cuales no permiten disponer de la rama exótica indispensable en la cuantía y calidad que las necesidades del consumo

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demandan. Por ello, aun en contra de nuestros deseos, consideramos que es inexcusable mantener este sistema en tanto que las existencias no sean lo suficientemente amplias para atender las necesidades del público, pues en otro caso pudiera agravarse en forma muy seria la situación” (1950: s/n).

Entramos en un periodo en el que Tabacalera va introduciendo nuevos productos prácticamente todos los años. En 1955 aparece una nueva labor cigarrillos rubios, tipo “King Size”, denominados “Tarifa”, y otra de cigarrillos mentolados, tipo americano, con el nombre de “Reno”, “todo ello para responder a las demandas de nuestro público, que ha mostrado su aceptación”. Al año siguiente es puesta a la venta una nueva labor de picadura para pipa, fabricada con tabaco americano, llamada “Picadura granulada”, en paquetes muy prensados. En 1957 aparece un nuevo producto que va a tener excelente acogida por parte de los consumidores, convirtiéndose en una labor muy popular: los cigarrillos, de hebra negra, denominados “Celtas”, de cuidada presentación. También se lanzan al mercado los “Cigarros Condestables”, que también tienen buena acogida por parte del público. Además se producen mejoras en las labores de cigarrillos tipo americano, al dotar las cajetillas de una tira de desgarre para facilitar su apertura; y se mejora la composición, el papel de liar y el empaque de los cigarrillos Bisonte, modernizando su presentación. En esta Memoria ya se hace un comentario sobre el deseo de la Compañía de “lanzar pronto nuevas labores de cigarrillos, con filtro, dando así satisfacción a las nuevas tendencias del mercado”. Siguen fabricando nuevas labores, lanzando al mercado en 1958 tres productos: “Celtas largos”, una nueva modalidad de cigarros “Farias” y “Ganador-filtro” que eran unos cigarrillos hebra con boquilla filtrante. Con respecto a estos últimos en la Memoria se resalta: “El éxito con que ha sido acogida por los consumidores supera todas las previsiones que sobre ella hicimos” (1958: s/n).

En los años sesenta son las labores con filtro las que van a tener mejor aceptación, por lo que la mayoría de las nuevas labores que Tabacalera pone a la venta son de este tipo. Ya en 1960 aparecen dos nuevos tipos de cigarrillos con filtro: uno de tabaco negro, llamado “Ganador-largo-filtro”, y otro de tabaco rubio: “Bisonte-largo-filtro”. En este ejercicio también se crean unos cigarrillos en hebra de tabaco negro denominados “Peninsulares-extra” y una labor de cigarros conocidos como “Finos”. Se indica en la Memoria de

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dicho ejercicio que todos los nuevos productos tienen una favorable acogida por parte del público. Otros tres nuevos productos son ofertados en 1962: “Cigarros Farias-extras”, “Cigarrillos Peninsulares-extra largos” y cigarrillos “3 Carabelas” de tipo americano. Al año siguiente aparecen dos nuevas labores de cigarrillos en hebra negra, de tamaño largo y con filtro: “Celtas extra largos” y “Ducados”. Con respecto a estos últimos en la Memoria de este ejercicio se destaca que han alcanzado un gran éxito en el mercado, por lo que “la creciente demanda de esta labor requiere intensificar ampliamente la producción, a cuyo fin estamos adquiriendo la maquinaria precisa” (1963:7-8).

A este respecto, la Memoria del ejercicio siguiente, en su primera página comenta: “Continuamos intensificando en lo posible la producción de nuestras factorías […]. Con ese fin, y prosiguiendo el proceso de modernización iniciado en años anteriores, se han adquirido nuevos elementos de fabricación, entre los que son de destacar seis equipos de prehumectación y desvenado de tabaco, veinte máquinas liadoras, cinco anilladoras celofanadoras de cigarros, y otras diversas con destino a la fabricación de cigarrillos y, muy en especial, de los Ducados, con objeto de intensificar la producción de esta labor tan bien acogida por el público” (1964:7). En este ejercicio también aparecen dos nuevas labores de picadura para pipa: una con tabaco holandés, denominada “Cibeles”, y otra con tabaco americano, de nombre “Neptuno”.

En los años que siguen continúan poniéndose a la venta nuevas producciones. En 1966, son cinco las nuevas labores que se incorporan: cigarrillos rubios largos “Faisán”, cigarrillos rubios con filtro “Un-X-2”, cigarrillos negros con filtro de gusto más suave que Ducados, denominados “Bonanza”, cigarrillos negros suaves, mentolados, con filtro “Rocío” y cigarros de tabaco negro de la más alta calidad denominados “Habanos”. Además, continúa la venta en comisión de cigarros y cigarrillos procedentes de las Islas Canarias y Cuba, así como las adquisiciones en firme de cigarrillos americanos, alemanes, franceses e ingleses para satisfacer las exigencias del turismo. Al año siguiente también se inician las importaciones de cigarrillos egipcios, y en 1970 las de cigarrillos suizos. En 1967 son lanzados al mercado los cigarros “Bohemios” y los cigarrillos rubios mentolados con filtro “Piper”. El lanzamiento y buena acogida, en 1968 de

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una nueva modalidad de cigarrillos Celtas, como fueron los Celtas largos extra con filtro, dotados de boquilla, llevaron al siguiente comentario en la Memoria de dicho ejercicio: “el bien adquirido prestigio de los Celtas, y las preferencias que hoy muestra el consumidor por las labores con filtro, ha determinado que esta nueva labor haya obtenido un gran éxito; lo que nos ha impulsado a extender la fabricación de cigarrillos emboquillados a otras factorías que no los producían, adquiriendo para ello la maquinaria precisa” (p. 8).

En los años setenta Tabacalera continúo con la estrategia de modernización de sus factorías, con la finalidad de perfeccionar la producción de sus labores y aumentar su capacidad de fabricación. Relacionado con lo anterior, en la Memoria de 1971 se hace el siguiente comentario: “Recogiendo la línea de evolución universal de la demanda hacia los cigarrillos-filtro, no sólo se ha continuado la adquisición de las máquinas liadoras necesarias a tal fin, sino que la Compañía sigue prestando la mayor atención a los modernos avances tecnológicos, cuya experimentación y ensayo están siendo acometidos” (p. 8).

En esta Memoria también se indica que una de las preocupaciones principales de la empresa es la de “arbitrar los medios necesarios para que las Expendedurías mejoren y modernicen sus instalaciones, tendentes a ofrecer una atractiva exhibición y presentación de los productos, y a la más adecuada conservación de los mismos, en beneficio del consumidor” (p. 11).

En la Memoria correspondiente al ejercicio 1972 se hace un análisis de la evolución del consumo y se indica que España ocupa el sexto lugar europeo en consumo per cápita. Así como, que los hábitos de los fumadores están muy influenciados por el carácter multinacional de los grandes productores, habiéndose producido una rápida extensión del ámbito de venta de las principales marcas. Sobre la evolución de la demanda hace el siguiente comentario: “La atención que exigen los nuevos mercados por efecto de los cambios de gustos de los consumidores obliga, por otra parte a vigilar las calidades y tipos de tabacos en competencia con las Compañías de todo el mundo que muchas veces concurren sobre los mismos tipos, contribuyendo a incrementar el grado de competencia.

El mercado de rama está parcialmente condicionado por el crecimiento sostenido de la demanda de cigarrillos con liga tipo americano, por el

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desarrollo espectacular de las ventas de cigarrillos con filtro y la necesidad de preparar ligas cada vez más suaves (con bajo contenido de nicotina y alquitrán) de acuerdo con el gusto de los jóvenes fumadores de ambos sexos, y por la elevación general del nivel de vida que permite la adquisición de cigarrillos más caros” (p. 50).

En este año, 1972, Tabacalera realiza el primer estudio de base con el objetivo de tener un mayor conocimiento de su mercado. Al respecto la Memoria de este ejercicio comenta: “La definición de una estrategia de marketing a corto plazo solamente puede establecerse en función de una exhaustiva información sobre las características del consumo. Una de las prioridades en este sentido fue la de iniciar un conjunto de investigaciones que llevasen a la Compañía a un conocimiento completo de los hábitos, opiniones y actitudes de sus clientes reales y potenciales” (p. 67). Estudio que consistió en una encuesta, mediante entrevista personal, a una muestra de 9.027 personas de las cuales fueron seleccionados 3.000 fumadores de ambos sexos. Del análisis realizado destacamos: los cigarrillos son el producto más consumido con una frecuencia media de casi un paquete diario. El 20% fuma más de 25 cigarrillos diarios y un 3% más de dos paquetes. Las proporciones de consumo entre negro y rubio son: el 81% sólo fuman cigarrillos negros, el 9% sólo rubios y un 7% fuman de ambos tipos. El 68% de las ventas corresponden a cigarrillos con filtro. Otro aspecto destacable es el hecho de que el 38% de la población fume exclusivamente cigarrillos, el 7,5% cigarrillos y cigarros, un 2% únicamente cigarros y un 0,5% son fumadores de pipa.

Los resultados del estudio permiten dividir a los consumidores en dos tipos: un sector de los fumadores serían los que muestran fidelidad a una marca determinada. Serían los fumadores tradicionales, principalmente comprendidos entre 30 y 55 años. Por otra parte estarían los que son infieles a una marca, cuyo consumo es indiferente, siendo productos con características similares: “la compra, efectuada en este caso por impulso, puede ser fácilmente condicionada a través de una promoción adecuada. Esta masa de consumidores, suponen un volumen creciente de ventas de gran número de marcas, especialmente en los grupos jóvenes de edad que se incorporan continuamente al conjunto de la población fumadora” (1972:78).

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Los datos que proporcionan esta investigación llevan a que Tabacalera realice un 1972 una campaña publicitaria de moderación del consumo dirigida a todos los fumadores. Acción que en la Memoria se señala como una de las más destacadas del ejercicio. También señala la investigación para el logro de productos más benignos como otra de las acciones que realizan para corregir esta situación de exceso de consumo. “Se pretende prestar una atención prioritaria a todo lo que pueda ir encaminado a disminuir la nocividad de los cigarrillos, bien sea reduciendo el contenido de nicotina, alquitranes, etc., por los distintos procedimientos actualmente en fase de estudio en el mundo, bien aumentando la potencia de limpieza de humos de los filtros” (1973:44).

En 1973 Tabacalera inicia la función de Control de Calidad, cuya tarea principal es la de supervisar el trabajo de los laboratorios que están instalándose en todas las fábricas. “Se controlarán los efectos y materias primas auxiliares, el tabaco en rama procedente de proveedores, el tabaco picado y los productos terminados (cigarrillos, cajetillas, cigarros, etc.) para aumentar el nivel de calidad que responde ya a niveles internacionales” (pp. 44-45).

Respecto a la política de modernización de sus instalaciones y adecuación de los productos a los gustos de los consumidores, en este año inicia una intensa tarea en este sentido: “La Compañía ha abordado con toda la dedicación que tan importante tema merece los problemas que plantean las exigencias de una fabricación capaz de satisfacer una demanda creciente y cambiante. El proceso de modernización y reforma de las instalaciones existentes en las diferentes fábricas se ha visto acelerado durante el último ejercicio de una manera muy notable” (p. 72). Es de destacar el proceso de especialización de las fábricas que pretende concentrar en los puntos más idóneos la fabricación de cada una de las marcas. Es de resaltar el hecho de que la Compañía mantenga contactos con otros centros de producción extranjeros, “aprovechando la coyuntura de transformación o implantación de maquinaria para adoptar aquellas soluciones, no solo más idóneas, sino más evolucionadas técnicamente” (1973:39). En 1973 las inversiones en maquinaria e instalaciones industriales superaron los cien millones de pesetas.

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Por primera vez en el ejercicio 1972 se produce “un hecho significativo que elegimos como punto de meditación. Las ventas de labores importadas son, en valor, superiores a las de nuestra propia producción. Es un hecho altamente significativo que demuestra la irreversible actitud de los consumidores mucho más favorable a productos de alta calidad a pesar de precios también superiores. Las acciones que hoy constituyen un imperativo de nuestra política se dirigen a la creación de nuevos tipos de labores en línea con los gustos actuales del consumidor” (p. 101).

Los cigarrillos más vendidos en España en 1973 son los Ducados, seguidos de los Celtas y los Rex. Además, Ducados es la décima marca más vendida en Europa. Durante este ejercicio ya se observa una evolución sensible de las preferencias de los fumadores hacia el tabaco rubio en general. Las ventas de cigarrillos rubios experimentan un crecimiento espectacular: las marcas importadas crecen un 34% y las nacionales un 8,5%. Las tres primeras marcas más vendidas de cigarrillos rubios son: Winston, Bisonte y Un-X-2.

La necesidad de cubrir las apetencias de los fumadores que no encontraban productos entre los ofertados por la Compañía y recurrían a los importados, llevó a la creación de nuevas labores. En 1973 aparecen en el mercado nacional cuatro nuevos tabacos: cigarrillos “Sombra”, para un sector de consumo especialmente selectivo hacia los tabacos suaves. Tuvo gran éxito desde su inicio ocupando el sexto lugar entre las marcas distribuidas. “Lola”, es un cigarrillo rubio aromático de tipo americano, que se sitúa entre las mejores marcas peninsulares y de importación. Cigarrillos “Yuste” y cigarros “Farias nº 1”. También fue modificado el envase de los cigarrillos Celtas Cortos y Un-X-2.

Lanzamiento de nuevas labores que fueron acompañadas de actividades publicitarias, que indican “una clara preocupación de la Compañía por las actividades de apoyo a la función de ventas, en un mercado en el que los gustos del consumidor se hacen especialmente sensibles a los cambios de calidad y presentación” (1973:49).

Las exportaciones experimentan un desarrollo notable a partir de 1973: “Consciente de que una empresa de nuestra entidad no podía permanecer al margen de la voluntad exportadora manifestada en todos los sectores productivos del país, Tabacalera, S.A., decide durante el año 1973 crear un

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órgano especializado que, dentro de la misma empresa, se encargase de coordinar y promover la gestión de sus exportaciones, hasta ese momento dispersa en varios departamentos. Nace así el Gabinete de Exportación de Tabacalera, S.A.” (1973:53). En ese año firmó un acuerdo con Weltab, S.A., compañía belga filial de Philip Morris Europa, S.A., para la fabricación bajo licencia de los cigarrillos Ducados en Bélgica, que fueron puestos a la venta ese mismo ejercicio. Además, continúan las ventas a Ceuta, Melilla, Andorra y Francia. Dada la importancia de éste último mercado, se realiza un replanteamiento de la política de ventas en el país vecino, apoyado con un plan de promoción de los cigarrillos Ducados por medio de unas campañas publicitarias y promocionales que se realizaron en 1974.

Tres importantes contratos son firmados en 1974, que permiten la fabricación en España, bajo licencia, de las más importantes marcas de cigarrillos rubios americanos. Los referidos contratos se celebraron con las compañías “R. J. Reynolds”, “Philip Morris” y “Ligget an Myers”, y tienen por objetivo que las marcas “Winston”, “Marlboro”, “Chesterfield” y “L. M”, que ocuparon en este ejercicio los cuatro primeros puestos en importaciones de cigarrillos y más del 25% del mercado de rubio, puedan fabricarse por Tabacalera. Al respecto la Compañía señala: “La fabricación bajo licencia, que esperamos comience a realizarse a principios de 1977, contribuirá, pues, a crear puestos de trabajo en nuestro suelo, ahorrar divisas y mejorar los standards tecnológicos de nuestra Compañía” (1974:23).

En junio de 1974 es lanzado al mercado un producto que va a generar a la Compañía un gran éxito: “Fortuna”, que fue el resultado de la política seguida por la empresa para cubrir sectores de demanda deficientemente surtidos con las labores nacionales. Con este lanzamiento se pretendía ofrecer al mercado una marca de cigarrillos rubios capaz de competir con las más importantes marcas internacionales. Por su calidad y buen precio, la demanda se inclinó inmediatamente hacia los mismos, colocándose a finales de ese mismo año, en el primer puesto de ventas de cigarrillos rubios. La Memoria de este ejercicio hace el siguiente comentario sobre los mismos: “”FORTUNA” ha sido el fruto de un cúmulo de esfuerzos concertados y dirigidos a seleccionar una liga de la más alta calidad, adaptada a las tendencias de la demanda de cigarrillos rubios en el mercado español y lograr una presentación adecuada para la misma. La aceptación por los

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consumidores de esta nueva labor de Tabacalera sobrepasa las esperanzas puestas en ella y convierten su lanzamiento en uno de los grandes éxitos de nuestra Compañía” (p. 26).

Sigue enriqueciéndose la oferta de Tabacalera, apareciendo nuevos productos, como “Boncalo”, en 1975, cigarrillos negros de alto standing, elaborados con los mejores tabacos en rama y con una cuidada presentación (es el primer cigarrillo español que lleva como envolvente exterior papel metálico, lo que le proporciona un alto grado de conservación), cubriéndose así las exigencias de un sector de fumadores que reclamaban un cigarrillo de estas características. Con este producto “se ha pretendido enriquecer la imagen de Tabacalera y prestigiar el consumo de cigarrillos negros, tanto en el mercado nacional como en futuros mercados exteriores. […] demostrando, al mismo tiempo, que posee la capacidad técnica necesaria para lanzar al mercado productos que pueden satisfacer al consumidor más exigente” (1975:39-40).

La gama de cigarrillos Fortuna se amplía en 1976 con el lanzamiento de “Fortuna Mentolado”, presentado en envase duro, y con el que pretende cubrirse el vacío existente en la oferta de cigarrillos mentolados. También en este ejercicio cambiaron su presentación la gama de Celtas, lo que fue bien aceptado por el público. Al año siguiente aparece “Florida” cigarrillo rubio con filtro. También fueron ampliados y rediseñados los cigarros Farias nº 1, con una nueva presentación en estuche de 5 unidades y una nueva labor “Farias Superiores Especiales”, en dos presentaciones: cajas de 50 y estuches de 5 unidades.

Cabe destacar la firma de acuerdos, en 1976, para la venta de los productos de Tabacalera, en las tiendas libres de impuestos de los aeropuertos españoles, así como un envío de prueba a Suiza de cigarrillos Ducados con vistas a la posible introducción de los mismos en este país. La Memoria de 1977 destaca el “éxito obtenido por nuestros productos en las Tiendas Libres de Impuestos de los Aeropuertos Nacionales, confirmando la competitividad de nuestras labores frente a los productos de más sólida imagen internacional” (p. 41). En este ejercicio se firma un acuerdo con la empresa “Oettinger-Imfx, A. F., para la distribución de cigarrillos Ducados a Suiza, obteniendo resultados situados dentro de los objetivos previstos por

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Tabacalera. También son de destacar los acuerdos con firmas extranjeras para la distribución de cigarrillos nacionales en las tiendas libres de impuestos de los aeropuertos alemanes y para la comercialización de los Ducados en Irlanda; así como, el inicio de las negociaciones para la futura distribución de labores en el Reino Unido.

Aparece “Ducados Internacional” una nueva labor puesta a la venta en 1978, de bajo contenido en nicotina y alquitrán, y en envase de lujo, “cuya presentación y calidad no tiene precedentes en el campo de la fabricación de cigarrillos negros” (1978:40).

En 1978 Tabacalera realiza el segundo estudio general de base sobre el mercado de tabaco, con la finalidad de conseguir un conocimiento más amplio y actual de los hábitos, actitudes y opiniones de los fumadores. Se realizaron 3.000 entrevistas personales con cuestionario estructurado, tanto a hombres como a mujeres, mayores de 16 años, residentes en poblaciones de más de 200 habitantes en la Penínsulas e Islas Baleares. Los resultados obtenidos, comentados en la Memoria de este ejercicio (p. 49), fueron: el 45% de la población española mayor de 16 años es fumadora. De cada 4 fumadores 3 son hombres. Los jóvenes fuman más: el 62% de la población comprendida entre los 16 y 25 años. Los cigarrillos son el producto más demandado: el 93% de los fumadores los consume, seguidos de los cigarros, el 9%, la picadura, el 3%, y la pipa, 1%. Algunos fumadores alternan los cigarrillos y cigarros. El 76% de los cigarrillos que se consumen son negros y son los hombres los que principalmente demandan este producto: el 81% de los fumadores de cigarrillos negros. Las mujeres prefieren los cigarrillos rubios, representan el 58% de los fumadores de cigarrillos rubios.

Sigue prestándose especial atención al control de calidad. Al respecto en la Memoria de 1978 se realiza el siguiente comentario: “La consolidación de la imagen de marca de nuestros productos y la “satisfacción del consumidor”, constituyen los principios básicos de los programas de acciones emprendidos. Ambos están siendo objetivos preferentes de Tabacalera, S.A., mediante un eficaz Control de Calidad en los distintos campos de actuación, como son los controles de materias, de procesos de fabricación, de productos terminados y de nuevos diseños” (p. 56).

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En la década de los ochenta los fumadores españoles empiezan a preocuparse por el tema de la salud y la búsqueda de productos más benignos. Tabacalera, cuya trayectoria ha sido la de adecuar su oferta a las necesidades de sus clientes y a las tendencias del mercado, va a responder ofreciendo productos de mayor calidad. La Memoria de 1980 señala como acontecimiento especialmente destacado el lanzamiento de dos nuevos productos de máxima calidad y dirigidos al segmento de mercado que demanda cigarrillos de bajo contenido en nicotina, como fueron: “BN”, cigarrillo negro con bajos contenidos en nicotina y alquitrán, elaborado de forma muy esmerada y de rigurosa calidad; y “Nobel”, cigarrillo rubio de bajo contenido en nicotina y alquitrán; ambos productos “suponen un avance tecnológico de verdadera importancia, cumpliendo con los más rigurosos controles exigidos, de acuerdo con los estándares internacionales para las labores de esta denominación” (pp. 28-29). También aparece una nueva labor de cigarros: “Seneca-Panetela”. Todos ellos tuvieron por parte de los consumidores una respuesta inicial muy favorable. Especialmente destacable fue el éxito de los cigarrillos Nobel, que a los nueve meses de su lanzamiento ocupaban ya el tercer puesto en el ranking de cigarrillos rubios; “con este nuevo producto, que cubre una necesidad objetiva para un sector creciente de la población fumadora, Tabacalera revela su sensibilidad ante las circunstancias cambiantes del mercado, al tiempo que pone nuevamente a prueba su capacidad industrial en un sector de la oferta caracterizado por los más elevados estándares tecnológicos” (1981:44).

Las exportaciones de productos de Tabacalera experimentan un ascenso importante en 1980; así como la firma de acuerdos con empresas internacionales para la fabricación de tabacos españoles en diferentes mercados europeos. Dos acciones son especialmente destacadas: el acuerdo para la distribución de Ducados y Ducados Internacional en el mercado francés y en las tiendas libres de impuestos de los aeropuertos franceses; y la firma de un contrato para la fabricación bajo licencia en Alemania de la labor Ducados Internacional, así como para su distribución en el mercado alemán y en otros mercados europeos. “Estos contratos avalan de manera inequívoca el prestigio alcanzado por nuestros productos en el exterior y suponen un paso de importancia decisiva para la penetración a medio plazo de nuestras marcas en los principales mercados de Europa Occidental” (1980:48). También se destaca el fuerte impulso otorgado a la investigación de

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mercados europeos de tabaco, “en los cuales nuestros productos gozan de importantes posibilidades de penetración que se verán considerablemente acrecentadas cuando nuestro país se incorpore a la Comunidad Económica Europea” (1980:56).

Continúa el lanzamiento de nuevos productos, siempre bajo el objetivo de acomodar la oferta a las preferencias de los consumidores. En 1982 son dos las nuevas labores que aparecen en el mercado español: “Royal Crown”, cigarrillo rubio tipo inglés, y “Gravina”, picadura para pipa, que por su rigurosa presentación y sus especiales características de suavidad y aroma se ha convertido, antes de un año, en la marca líder de ventas de tabaco para pipa. Al año siguiente destaca el lanzamiento de “Ducados bajo en nicotina y alquitrán” y “Fortuna lights”; convirtiéndose los primeros, a los seis meses de su lanzamiento, en la segunda marca del segmento de baja nicotina dentro del mercado de cigarrillos negros, “hecho que pone de manifiesto el acierto de su diseño y la adecuación de sus propiedades intrínsecas a las preferencias objetivas de los consumidores” (1983:50). En 1984 son tres los nuevos productos: “Diana”, cigarrillo rubio desarrollado íntegramente por Tabacalera, tanto su tecnología como diseño; “Davidoff”, cigarrillo negro de lujo elaborado con una escogida selección de tabacos curados al aire procedentes de Cuba, lo que avala su excepcional calidad; y cigarros “Entrefinos Java”, labor suave y de buena relación calidad-precio.

La oferta de tabacos sigue incrementándose con el lanzamiento en 1985 de cuatro nuevas labores: “Fortuna de Luxe”, “Ducados de Lujo”, “Ducados cigarritos” y los cigarros “Entrefinos Java Superiores”. Sobre los mismos en la Memoria de este ejercicio se realiza el siguiente comentario: “Con el lanzamiento de FORTUNA DE LUXE en el mercado de cigarrillos rubios, Tabacalera ha perseguido, por una parte, consolidar el liderazgo de la marca FORTUNA elevando su prestigio con el diseño de un nuevo empaque y una cuidada elaboración, y, por otra parte, contribuir a una mayor segmentación de precios de los cigarrillos rubios de la Compañía. La buena aceptación de esta nueva labor entre los consumidores permite afirmar que los objetivos propuestos han sido plenamente conseguidos.

En el mercado de cigarrillos negros el lanzamiento de DUCADOS DE LUJO ha reforzado el prestigio de esta marca, y constituye un importante paso para

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la proyección futura de DUCADOS en un mercado en el que la aplicación de una nueva fiscalidad con motivo de nuestra incorporación a la Comunidad experimentará importantes cambios.

En el mercado de cigarros debe destacarse el éxito del lanzamiento de DUCADOS CIGARRITOS, en sus dos versiones, lata metálica de 20 unidades y caja de madera de 50 unidades. Esta nueva marca, a los tres meses de su lanzamiento, ha logrado situarse en la decimotercera posición en el mercado de cigarros, confirmando las posibilidades de consolidarse en un futuro próximo como líder en el mercado de cigarros pequeños. Con el lanzamiento de DUCADOS CIGARRITOS, Tabacalera ha realizado un gran esfuerzo tecnológico para acomodar su oferta en el campo de los pequeños cigarros en el que se prevé una dura competencia comunitaria” (p. 47).

La Investigación y Desarrollo y el Control de Calidad siguen siendo áreas prioritarias de atención en la política de la Compañía durante los ochenta. En 1982, en el área de Control de Calidad, se destacan importantes inversiones para la modernización de las plantas de preparación de tabacos y talleres de fabricación e instalaciones, así como la instalación de nuevos instrumentos de medida para mejorar y ampliar los análisis de control de calidad; inversiones que superaron los cien millones de pesetas. En el campo de la Investigación y Desarrollo, los esfuerzos se centraron en la elaboración de nuevas ligas de tabaco, la ampliación de la gama de labores fabricadas bajo licencia y el desarrollo de nuevos proyectos conjuntos con otros monopolios. Especial atención se dedicó al desarrollo de labores con alta participación de tabacos nacionales y bajo contenido de nicotina y alquitrán, a la aplicación de nuevas tecnologías en el tratamiento del tabaco y en la fabricación de cigarrillos. La Memoria de este ejercicio también destaca la financiación de Tabacalera, que supera los sesenta millones de pesetas, para una investigación sobre las diferencias entre cigarrillos rubios y negros; estudio que “puede tener una importante trascendencia de cara al futuro, dado que permitirá incorporar a los procesos de fabricación las connotaciones más positivas de ambas clases de labores” (1982:63).

En estos años ya van haciéndose referencia a la futura incorporación de España a la Comunidad Económica Europea y cómo afectará al mercado del tabaco. Al respecto la Memoria de 1983 realiza el siguiente comentario: “la

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proximidad de nuestra incorporación a la CEE, ya que caminamos hacia un mercado más abierto y competitivo que exige una preparación adecuada que debe efectuarse con anticipación suficiente” (p. 18).

Con el objetivo de potenciar las exportaciones ante la adhesión de España a la CEE, en 1983 Tabacalera pone en marcha una estrategia exportadora más permanente y de mayor alcance a medio y largo plazo, “apoyada en el sólido prestigio que han alcanzado las labores líderes de nuestro mercado” (p. 59). En este ejercicio las ventas de cigarrillos en los mercados exteriores experimentaron un fuerte incremento del 53% sobre las del año anterior. En 1985 la marca Fortuna empieza a venderse en Francia, con una satisfactoria acogida por parte del mercado francés; se lanza Ducados en Canarias y Davidoff en Andorra, Ceuta y Melilla y en las tiendas libres de impuestos.

En 1983 finaliza el tercer Estudio General de Base sobre el Mercado de Tabaco en España, que permitió actualizar la información recogida en los análisis anteriores (1972 y 1978) y que será utilizado por la Compañía para el lanzamiento de nuevos productos. De acuerdo con dicho estudio la población fumadora mayor de 16 años es del 39,5%, porcentaje inferior al registrado en el de 1978 (45%). Fuman el 59,1% de los hombres y el 21,3% de las mujeres.

Durante el ejercicio de 1984 Tabacalera realiza un “notable esfuerzo inversor en la mejora de nuestro equipo productivo por un importe de 3.300 millones de pesetas, cifra que supera en un 30% a la del año anterior y que es la más elevada en la historia de la Compañía” (p. 11). La finalidad no es otra que la modernización de sus instalaciones industriales y de la maquinaria, con el objeto de mejorar la calidad de sus productos y hacerlos más competitivos. Las inversiones realizadas en inmovilizado material ascendieron en 1987 a 6.351 millones de pesetas, cifra que es “indicativa de las mejoras que se están produciendo en nuestras instalaciones y procesos para incrementar la productividad y potenciar la rentabilidad de nuestros negocios tradicionales” (1987:11).

En la última Memoria analizada, correspondiente al ejercicio 1987, son tres los nuevos lanzamientos: en el mercado de cigarrillos negros, “Partagás”, producto cuyo diseño y tecnología han sido íntegramente desarrollados por Tabacalera; en el mercado de cigarrillos rubios, “Fortuna extra light”, bajos

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en nicotina y alquitrán; y en el mercado de cigarros, “Ducados Panetela”, cigarros pequeños. Respecto a la variedad de productos ofertados por la Compañía, se realiza el siguiente comentario que merece destacarse: “El mercado español de tabaco elaborado es un mercado maduro en el que se comercializa una gama extraordinariamente variada de productos que en los dos últimos años se ha visto además cualitativamente incrementado tras nuestra incorporación a la Comunidad Económica Europea.

Sin embargo, Tabacalera ha mantenido la política de reforzar su posicionamiento competitivo en el mercado interior mediante el lanzamiento de nuevos productos, en un esfuerzo constante por adaptarse a las necesidades objetivas de los consumidores” (p. 36).

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4.7. CONSIDERACIONES FINALES

Desde el primer ejercicio de funcionamiento de la CAT como empresa gestora del Monopolio de Tabacos, son puestas a la venta nuevas labores con la finalidad de atender los deseos de todos los consumidores de tabaco. La adquisición de maquinaria y otros elementos mecánicos, es visto desde el principio como un elemento fundamental para obtener productos acordes a los gustos de los fumadores, y de mayor calidad, similares a los ofertados en otros países más avanzados tecnológicamente.

El cuadro de labores varía a lo largo del periodo objeto de estudio, fundamentalmente por dos motivos: (i) para adaptar la oferta a las exigencias del consumo; y (ii) por circunstancias político-económicas. La CAT intenta adaptar su producción a las demandas de sus clientes, poniendo a la venta en cada momento una variada gama de productos (picadura, cigarros, cigarrillos) y marcas, que satisfagan a todos los gustos y clases sociales. Cuadro de labores que se va a ver afectado por situaciones político-económicas inestables como la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil española. La Primera Guerra Mundial afecta a la producción y venta de labores, reduciendo el número de clases de tabacos puestos a la venta. La Guerra Civil española va a limitar la oferta de productos que realiza la CAT, suspendiéndose la fabricación de algunas labores y produciéndose el desplazamiento del consumo hacia los cigarrillos. La capacidad de producción del momento es insuficiente para servir al mercado español. En definitiva, tanto la producción, como el cuadro de labores y el consumo se ven afectados por el conflicto bélico. Durante la posguerra la escasez de productos lleva al racionamiento, limitándose la cantidad de tabaco que un fumador puede adquirir.

Tras el análisis de las Memorias de la CAT comprobamos como son continuas las referencias que la Compañía hace a un objetivo que entiende fundamental, como es satisfacer los deseos de sus consumidores. Para ello a lo largo de todo el periodo de gestión del Monopolio del tabaco, mejora sus productos, adquiere modernos elementos mecánicos, presta nuevos servicios como la exportación de labores, ensaya nuevos productos, pone a la venta nuevos tabacos, etc. Actividades que realiza de un modo continuado y que sólo se ven paralizadas por motivos ajenos a la Arrendataria como son las guerras; tanto la Primera

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Guerra mundial como la Guerra Civil española, que van a limitar la producción y venta de labores, y el consumo. Pero incluso en estos periodos difíciles queda demostrada la voluntad de la Compañía de responder y satisfacer a sus clientes, poniendo todos los medios a su alcance para lograr este fin.

En el estudio de las Memorias encontramos, en la mayoría de ellas, continuas referencias sobre las actuaciones empresariales dirigidas a atender las exigencias de sus clientes, para obtener la satisfacción de los consumidores. Por tanto, vemos que la Arrendataria intenta obtener legitimidad de su clientela, ofreciendo para ello una variedad de productos adaptados a la demanda existente.

Tras el análisis de las Memorias de Tabacalera, S.A., (1945-1986), como empresa arrendataria del Monopolio de Tabacos y demás Servicios Anejos, observamos como durante los primeros años son escasas las referencias hacia los clientes de la compañía. No obstante, cualquier novedad que les afecte sí es comentada en las Memorias, como la puesta a la venta de nuevas labores. En nuestra opinión este descenso en la información proporcionada a este colectivo, se debe a la situación político-económica (dictadura, posguerra, racionamiento) en la que se encuentra inmerso el país.

La información dirigida a los clientes empieza a ser más abundante a comienzos de los años cincuenta. En las Memorias de estos ejercicios aparecen referencias, por primera vez en Tabacalera, sobre la finalidad de la compañía de modernizar la presentación de sus labores, mejorar la calidad, ofrecer productos que satisfagan las nuevas tendencias del mercado, etc. También en estos años aparece información sobre mecanización, con la finalidad de obtener más y mejores productos, fundamentalmente cigarrillos.

En la década de los sesenta empiezan a fabricarse productos más benignos: las labores con filtro; en los setenta se realizan campañas publicitarias de moderación del consumo, e investigaciones para el logro de tabacos más benignos, actividades que se intensifican en los años ochenta, cuando se inicia la toma de conciencia por parte de los fumadores de la nocividad del tabaco y se buscan productos menos perjudiciales. Tabacalera responde lanzando labores de bajo contenido en nicotina y alquitrán.

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Por tanto, la calidad de los productos, su modernización, presentación, etc., son aspectos que están continuamente presentes en la estrategia empresarial a partir de los años cincuenta. La mecanización, mejora de las instalaciones y la maquinaria son pilares fundamentales para la obtención de una labor adecuada a las demandas de los consumidores. Los contactos con otros centros de producción extranjeros permiten adoptar la mejor tecnología, más desarrollada y evolucionada. Las nuevas tendencias del mercado son captadas por Tabacalera, ofreciendo nuevos tabacos que satisfagan a su clientela, como los cigarrillos con filtro desde finales de los años cincuenta, o los cigarrillos de bajo contenido en nicotina y alquitrán desde finales de los años setenta. Los estudios de mercado que realiza la compañía, desde los años setenta, con la finalidad de conseguir un conocimiento más amplio y actualizado de los hábitos, actitudes y opiniones de los fumadores, ponen de manifiesto que un porcentaje importante de los mismos fuma en exceso, por lo que preocupada por la salud de su clientela, la compañía realiza campañas publicitarias de moderación del consumo e inicia investigaciones para conseguir productos más benignos.

En definitiva, aunque durante los primeros años de gestión de Tabacalera, las referencias que aparecen en las Memorias sobre actuaciones dirigidas a su clientela, son escasas, por la situación política y económica que vive el país, consideramos que Tabacalera, al igual que la CAT, también intenta obtener legitimidad de este colectivo, preocupándose de que los productos ofertados sean los demandados por sus clientes, teniendo en cuenta su opinión y elevando año a año la calidad, presentación, salubridad, etc., de los mismos.

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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES

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Conclusiones

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5.1. CONCLUSIONES

Con esta investigación hemos pretendido encontrar evidencia, a través del análisis de la información fundamentalmente cualitativa que proporcionan las Memorias contables de las empresas encargadas de la gestión del Monopolio del Tabaco en España (CAT y Tabacalera, S.A.), durante el periodo 1887-1986, sobre: la atención prestada en estos documentos a sus grupos de interés estratégicos; cómo se informa en relación con el contexto institucional; y cuáles han sido los cambios fundamentales en la información contable externa a través de un análisis longitudinal. Para ello hemos acudido a tres marcos teóricos, con los que entendemos puede explicarse nuestro objetivo, realizando una triangulación teórica para apoyar el análisis descriptivo que lo soporta: teoría de la agencia, para las relaciones Estado-empresa gestora; teoría de los stakeholders, para las relaciones empleados-empresa gestora; y teoría institucional para las relaciones entorno/clientes-empresa gestora.

El utilizar diversas teorías nos ha permitido minimizar la limitación que puede suponer el someter el caso a un solo marco teórico, ante la complejidad del mundo organizacional. De forma similar a la triangulación que se realiza en otros trabajos empíricos entre fuentes de información (observación, documentos, entrevistas), en este caso la triangulación entre teorías entendemos que puede proporcionar perspectivas distintas que contribuyan a su comprensión.

Nuestro estudio abarca cien años, 1887-1986, en los que la sociedad española ha experimentado importantes cambios políticos y económicos: monarquía, república, dictadura, democracia; cambios que posiblemente afectaron en la influencia del estado sobre la empresa objeto de análisis (Núñez-Níckel et al., 2006).

Nuestras conclusiones las resumimos en tres apartados, que están en función del marco teórico utilizado y la relación que mantiene la empresa con cada uno de los grupos de interés analizados.

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Capítulo V

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Respecto a la relación Estado-empresa gestora del Monopolio de Tabacos, bajo el marco de la Teoría de la Agencia, podemos concluir:

El Estado, principal en esta relación contractual, establece un gran control sobre las empresas gestoras, agente. Este control se mantiene durante todo el periodo de arrendamiento, aunque en algunos momentos la intensidad del mismo se reduce.

Según la Teoría de la Agencia, en un “buen acuerdo contractual” deberían cumplirse las siguientes condiciones (Gago, 1996): contrato realizado de mutuo acuerdo entre principal y agente; que sea justo, equitativo e imparcial; y que aparezcan claramente especificados todos los derechos y obligaciones de las partes contratantes. En nuestro caso entendemos que no se cumplen las dos primeras condiciones, ya que algunos contratos se firman prácticamente sin negociación con la empresa arrendataria, y consideramos que no son “justos, equitativos e imparciales”, ya que siempre el más beneficiado es el Estado.

Los planteamientos más generalizados de la Teoría de la Agencia sostienen que en general el principal es el que soporta la mayor parte del riesgo y que el agente es el que suele comportarse de un modo oportunista. En nuestro caso consideramos que es el agente, Compañía Arrendataria de Tabacos y posteriormente Tabacalera, el que asume mayor riesgo en esta relación contractual; y que es el principal, Estado, el que se comporta de un modo oportunista, imponiendo las condiciones que estima convenientes al ser el titular del Monopolio de Tabacos en España.

Respecto a la actuación de la empresa gestora del Monopolio de Tabacos hacia sus empleados, bajo el marco de la Teoría de los Stakeholders, podemos concluir que:

En los informes anuales de las empresas gestoras aparecen reflejadas las demandas e influencias de sus grupos de interés, en particular de los empleados.

La Compañía Arrendataria de Tabacos y Tabacalera elaboran y difunden información en sus Memorias destinada a satisfacer los requerimientos

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Conclusiones

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informativos de los trabajadores. La empresa realiza este tipo de actuaciones, que aparecen reflejadas en sus Memorias, porque entiende que la satisfacción de estos colectivos incrementa su valor.

Los empleados son un colectivo de gran interés, estratégico, para las empresas gestoras del Monopolio de Tabacos, con quienes les interesa mantener unas buenas relaciones, por lo que estas sociedades siguen, de las diferentes estrategias enunciadas por la Teoría de los Stakeholders [Miles, et al. (1978), Carroll (1979) y Clarkson (1995)], fundamentalmente una estrategia proactiva, excepto durante la Guerra Civil española y durante los primeros años de la Dictadura, periodos en los que aparece una menor información en las Memorias dedicada a este colectivo.

Respecto a las atenciones de la empresa gestora del Monopolio de Tabacos hacia la sociedad y sus clientes, bajo el marco de la Teoría Institucional, podemos concluir que:

Durante la etapa de gestión de la CAT (1887-1945) encontramos en las Memorias escasas actuaciones dirigidas a la sociedad. Atenciones que cuando se realizan se hacen bien por recomendación ministerial (que podemos asociar con el isomorfismo coactivo) o siguiendo la conducta observada en entidades análogas (que relacionamos con el isomorfismo mimético).

En Tabacalera (1945-) las actividades de tipo socio-cultural se hacen especialmente relevantes a partir de los años setenta. Estas actuaciones las asociamos a los isomorfismos coactivo y normativo.

En la mayoría de las Memorias contables de la CAT encontramos continuas referencias sobre actuaciones empresariales encaminadas a atender las demandas de los clientes y con la finalidad de proporcionar su satisfacción. Entendemos que la Arrendataria intenta obtener legitimidad por parte de su clientela, por lo que ofrece una variada gama de productos adaptados a los gustos de sus consumidores.

Entendemos que aunque durante los primeros cinco años de gestión de Tabacalera como empresa arrendataria del Monopolio del Tabaco en España la información sobre actuaciones hacia su clientela es limitada; en

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nuestra opinión no se realizan por la situación política y económica del momento. Tabacalera es una empresa que se preocupa por atender a los fumadores e intenta adaptar su oferta a una demanda variada, teniendo en cuenta sus exigencias y opiniones; con la finalidad de obtener legitimidad por parte de este colectivo.

Vamos a continuación a desarrollar nuestros hallazgos fundamentales, que son los que nos han permitido concretar las conclusiones que hemos resumido en los párrafos precedentes, utilizando para ello el mismo esquema anterior; esto es, agrupándolos en función del stakeholder analizado a la luz de cada uno de los marcos teóricos utilizados.

– A través del análisis de los contratos habidos entre el Estado y la Compañía Arrendataria de Tabacos desde 1887 hasta 1944, y entre el Estado y Tabacalera, S.A., desde 1945 hasta 1986; así como de la información que sobre estas relaciones aparece en las Memorias de las empresas arrendatarias, bajo el marco teórico que proporciona la teoría de la agencia, podemos destacar lo siguiente: En 1887 se crea la Compañía Arrendataria de Tabacos, encargada de

gestionar el Monopolio del Tabaco en España. Desde los inicios los contratos de arrendamiento entre Estado y empresa gestora son muy detallados con la finalidad de regular minuciosamente todas las relaciones con la arrendataria. El poder de actuación de la CAT está limitado por las condiciones establecidas en los contratos; necesita pedir autorización para cualquier tipo de medida adoptada en productos, precios, adquisiciones, obras, maquinaria, etc.; excesivo control estatal, para evitar comportamientos oportunistas que se habían producido en épocas anteriores; sistema de sanciones, pudiendo incluso rescindir el contrato, en caso de incumplimiento. Entendemos que el objetivo del principal, el Estado, con este tipo de contratos es evitar o reducir el problema de agencia; que la empresa arrendataria, agente, actúe a favor de sus propios intereses. Para ello articula diferentes mecanismos que le permiten controlar a la CAT: contratos muy detallados, delegado del Gobierno en la Compañía con

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Conclusiones

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poder de fiscalización, intervención y veto, presidente del Consejo elegido por el Gobierno.

Desde los primeros años encontramos en las Memorias de la CAT, por parte de ésta, peticiones para que el Estado reforme el contrato de arrendamiento y mejore las cláusulas que entiende más perjudiciales para sus intereses:

“Fue constante propósito del Consejo […] solicitar la reforma de una ley que, habiendo en general producido importantes beneficios al Tesoro, contiene defectos revelados por la experiencia y que pugnan abiertamente con su espíritu fundamental de conseguir, mediante la acción privada, el desarrollo de la más importante Renta del Estado, toda vez que de hecho no concede estímulo ni interés alguno a esa acción. Con tal intento, y cumpliendo gustoso el Consejo el mandato de la Junta, solicitó […] un canon fijo y la mayor duración del arriendo” (1890-91:21).

Peticiones de la Compañía que junto a los buenos resultados obtenidos llevan al Estado a reformar el contrato en 1892, con la finalidad de compensar económicamente los esfuerzos realizados por la CAT, modificando el canon variable que la empresa entendía lesivo para sus intereses. A pesar de esta mejora la CAT sigue solicitando un perfeccionamiento del arrendamiento.

Los contratos de 1896 y de 1900 son a instancia del Estado, aunque el primero es bajo petición de la CAT. El objetivo del Estado es conseguir recursos para poder financiar las guerras coloniales.

El contrato de 1896 es el más favorable para la empresa gestora, el que le otorga mayores ventajas, de todos los que se van a celebrar entre Estado y CAT.

El contrato de 1900 se aprueba sin negociación previa con la CAT, ejerce mayor control sobre la gestión, reduciéndose el poder negociador de la Compañía y perdiendo las ventajas conseguidas con el contrato anterior.

Las modificaciones introducidas por el contrato de 1909 no perjudican seriamente a los intereses de la CAT, si bien la rebaja en la comisión

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Capítulo V

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percibida por la Compañía lleva al siguiente comentario en la Memoria de 1909:

“Tampoco parecía justo ni conveniente privar a la Compañía de una mayor participación cuando los desenvolvimientos de la Renta alcancen para ésta cifras muy superiores a las logradas hasta hoy” (p.7).

La Primera Guerra Mundial afectó negativamente a la gestión de la CAT por limitaciones en las importaciones. En todas las Memorias que se elaboran durante el conflicto aparecen alusiones sobre el mismo:

“En las ventas de labores de todas clases y procedencias, es digno de notarse el influjo adverso de la guerra europea. En los seis primeros meses del año la recaudación […] aumentó […]. A partir del mes de agosto, en que estalla la conflagración internacional que aflige al mundo y es y ha de ser causa de tantos trastornos en todos los órdenes de la vida, las ventas descienden […]. Veis pues que iniciado el ejercicio con un movimiento en alza que correspondía a la marcha normal de la Renta, ha sido perturbada aquella por el nefasto conflicto que ensangrienta y divide a las naciones más poderosas y civilizadas de Europa […]. Y es de tanta evidencia la causa del descenso, que, aparte de revelarla de modo patente el periodo en que se produce, viene a confirmarla el hecho de que idéntico fenómeno se manifiesta en la Renta del Timbre” (1914:11-12).

“Lo anómalo de las circunstancias, cerrando mercados de tabacos que antes venían utilizándose, obligaron a proceder acomodándose a ellas, pero siempre dentro del criterio que viene aplicándose en las compras de tan esencial primera materia […]. Si los mercados en Europa se cerraban a todo negocio posible, ya comprenderéis que no se han desaprovechado las ventajas que los de América ofrecían al refluir en ellos las consecuencias de la sangrienta lucha en nuestro continente, determinando una baja en las cotizaciones. Esas ventajas y la del cambio, que tanto tiempo nos fue adverso y es ahora favorable, han venido a compensar aumentos de gasto inevitables, fruto de la anormal situación creada por la guerra y entre los cuales es muy de notar el enorme que han experimentado los fletes y las primas de seguro en los transportes, recargados éstos además con el seguro de guerra” (1915:6-7).

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Conclusiones

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El entorno en el que se desenvuelve la CAT en este período es de inestabilidad, con dificultades económicas y sociales que, como señala Broder (2000:139), no hicieron más que agravar un caos político total. De diciembre de 1915 al Golpe de Estado de septiembre de 1923 se sucedieron dieciséis gobiernos, impotentes ante los problemas económicos.

Durante estos años se produjo un espectacular incremento de la demanda, que tiene su máximo en 1919, al que la CAT no pudo atender, debido a los extraordinarios factores coyunturales de aquellos años.

El último contrato entre Estado y CAT se firma en 1921. Este contrato se hizo sin prácticamente ningún tipo de negociación entre Hacienda y la Compañía, de lo que se dieron las oportunas quejas por parte de los consejeros.

En la primera Memoria elaborada ya dentro de este nuevo contrato, se pone de manifiesto que las condiciones del mismo son muy duras para la Arrendataria, pero no queda más remedio que aceptarlas, dejando constancia de que, no obstante, se viene facilitando la gestión por parte de los distintos Gobiernos que se han sucedido durante la vida de la Compañía:

“secundados por la Representación del Estado cerca de la Compañía, perfectamente compenetrada de que, por dicha, son concordantes los intereses del Estado y de nuestra Sociedad” (1921-22:6).

Hay que destacar que la intervención estatal tiene mayor presencia, lo que no era un hecho aislado, sino que ese mayor intervencionismo se dio en las principales empresas del país. La Compañía sufrió una merma en su poder negociador, por una pérdida de imagen, fruto del deterioro en la gestión que se produce por las dificultades acarreadas por la guerra en los aprovisionamientos tanto de hoja como de maquinaria.

Con la Dictadura de Primo de Rivera tuvieron que dimitir del Consejo de la CAT los consejeros que habían sido ministros durante la Restauración. La Dictadura perjudica seriamente a la Compañía, al hacer determinadas concesiones como las de otorgar la explotación del Monopolio en el Norte

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de África a Juan March, establecido en determinadas condiciones que permitieron actividades contrabandistas. Esta medida la Arrendataria la considera: “a su juicio, injustificada, del régimen que desde su primer contrato con el Estado venía establecido; más no tuvo la suerte de que prevaleciera su dictamen, sin duda por altas consideraciones de Gobierno que no le toca apreciar” (1927:16).

A mediados de los años veinte la CAT incluye en las Memorias un cuadro en el que se pone de manifiesto lo percibido por el Estado y por la Compañía, para que cualquier usuario de las mismas se forme una idea de los rendimientos de principal y agente. Al respecto en la Memoria de 1924-25 se hace el siguiente comentario: “Interesa, sin duda, la publicación de los precedentes datos, porque ellos ponen de relieve la enorme diferencia que hay en la proporción que en los incrementos de la Renta corresponde al Estado y a la Compañía por virtud del nuevo contrato entre ambas entidades; y es bueno que ello llegue a conocimiento de tantos y tantos como, ignorantes de los términos de ese contrato, creen que son extraordinarios los beneficios que reporta a la Compañía” (p.6).

La Guerra Civil española afecta a la gestión de la CAT al no poder realizar su actividad como en épocas normales. Dejan de elaborarse Memorias contables ordinarias, se paraliza la producción, cierran fábricas, etc. Aunque no está obligada a realizarla, la Compañía confecciona una Memoria contable de los ejercicios 1936-39, que recaba todos los datos que las circunstancias políticas del momento permiten.

En 1941, postguerra, finaliza el contrato de 1921. Hasta el contrato de 1945 no hay una renovación, produciéndose durante estos años quejas por parte de la CAT. La Compañía en las Memorias de estos ejercicios solicita un nuevo contrato y realiza un resumen de la gestión realizada desde 1887:

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Conclusiones

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“No se persigue con ello un elogio de la gestión propia; menos aún solicitar la alabanza ajena: se trata solamente, y el propósito no puede ser más natural ni más legítimo, de recordar antecedentes remotos y cercanos para mejor enjuiciar una conducta proseguida; y mirando a la obra realizada, sentir la pequeña satisfacción o la modesta vanidad de contemplar el desenvolvimiento de la empresa durante medio siglo largo de vida; que, al fin y al cabo, la historia podrá no siempre brindar enseñanzas, pero al menos sirve de aliento y de estímulo cuando a través de vicisitudes y alternativas, de obstáculos y de éxitos, se contempla en grandes líneas el panorama dilatado de una actividad de muchos años” (1942:26).

Quiere dejar constancia del desventajoso contrato para la Arrendataria desde hace más de veinte años, que ha provocado “una disociación entre los beneficios del Estado y la Compañía” (1942:29), argumentándolo con datos de aquellos ejercicios en los que las diferencias fueron más significativas, como en 1942, cuya comisión total por su gestión es del 0,497%, destacando en el resumen que de “cada 100 pesetas que entran en los estancos percibe la Arrendataria menos de 50 céntimos” (1942:29).

En 1945 se constituye Tabacalera, S.A., (por la CAT), empresa encargada de la gestión del Monopolio del Tabaco y demás servicios anejos, debido a que el Estado decide convocar un nuevo concurso de arrendamiento en vez de renovar el contrato a la CAT. El objetivo estatal no es otro que el de incrementar su participación en el capital de la empresa gestora y el grado de intervención y control. Este contrato favorece al Estado, lo que Tabacalera ya manifiesta en la primera Memoria:

“Un examen detallado de lo que el nuevo contrato dispone con relación al antiguo serviría para acentuar la nota de las ventajas que el vigente pacto reporta al Estado: pero ni parece necesario ni sería acaso oportuno por nuestra parte. En cambio, sí interesa consignar que el costo de la gestión excede apenas el 0,63%, manteniéndose la tónica ejemplar que en esta materia venía establecida” (1945: s/n).

Es de destacar, analizadas las Memorias que engloban el primer contrato de Tabacalera con el Estado (1945-1970), en comparación con las de la CAT, las escasas referencias que en las mismas se hace al Estado. Aunque

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del contrato se deduce una mayor intervención, en las Memorias dicha intervención no aparece tan claramente reflejada como ocurría con anterioridad, que para cualquier decisión se necesitaba la oportuna autorización. Además, no se observan apenas quejas de los directivos de Tabacalera ante determinadas cláusulas lesivas para la Compañía, lo que sí era bastante habitual en la etapa de gestión anterior.

En 1971 se renueva el contrato de arrendamiento a Tabacalera. El Estado incrementa su participación en el Consejo de Administración. Aunque prima la continuidad en la gestión del arriendo, es recortada la autonomía de Tabacalera y ampliada la tutela y control del Estado, así como su participación en los beneficios. El mayor poder del Estado se traduce en una mayor intervención en la gestión interna de la Compañía.

La estructura de las Memorias de Tabacalera a partir de 1972 experimenta un espectacular cambio. Se elaboran con una cuidada presentación, una gran extensión y una alta riqueza informativa, abundando las ilustraciones. Con la lectura de la Memoria de 1972 nos podemos hacer una idea de la historia que acompaña a esta empresa, encargada de la gestión del Monopolio del Tabaco y otras Rentas del Estado, desde el encargo de su gestión en 1887, y la actualidad del momento, situándola en su entorno económico y social, incluso fácilmente nos evoca la imagen de la sociedad de esta época, que ya presenta algunos ingredientes de modernidad. Esta Memoria se inicia con un poco de historia sobre el tabaco, centrándose en el periodo en el que se arrienda el Monopolio de Tabacos a la Compañía Arrendataria de Tabacos, donde se hace un rápido recorrido por los distintos contratos, rellenando las páginas fundamentalmente con reproducciones de los contratos, acciones de la CAT, y ejemplares de empaques de la Arrendataria.

En la Memoria de 1978 se hace referencia, por primera vez, a la futura incorporación de España a la Comunidad Económica Europea y como dicho hecho afectará a la Compañía:

“Tabacalera contempla con ilusión, segura de sus posibilidades, nuestra incorporación a una Comunidad Económica Europea en la que la presencia tabaquera de nuestro país debe necesariamente dejarse sentir” (p.30).

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– Tras el estudio de la información que en las Memorias de la Compañía Arrendataria de Tabacos y posteriormente de Tabacalera aparece sobre actuaciones dirigidas a los empleados de las empresas gestoras del Monopolio del Tabaco (1887-1986), siguiendo la Teoría de los Stakeholders, hemos podido deducir lo siguiente:

Los empleados son un colectivo fundamental, estratégico, en el caso que nos ocupa, siguiendo la clasificación de Goodpaster (1991) y Frooman (1999). Los trabajadores son, para las empresas gestoras del Monopolio del Tabaco, un grupo de gran relevancia, que les interesa tener satisfecho, por el poder, especialmente durante la gestión de la Compañía Arrendataria de Tabacos, que tienen en la organización.

En las Memorias, tanto de la CAT como de Tabacalera, hay continuas referencias sobre las actuaciones que estas empresas realizan con el objetivo de mantener unas buenas relaciones con sus empleados. Aparecen comentarios como los siguientes:

“La Arrendataria intentó evitar todo motivo de queja y prevenir todo conflicto, esforzándose siempre por armonizar los intereses del personal obrero con el interés de la Compañía” (1888-89:10).

“Estas Cajas [las de auxilio], […], y lo mismo que la de ahorros, merecen que la Compañía las auxilie y favorezca todo lo posible, como demostración del interés que a la misma inspira su personal. Por eso, el Consejo, coincidiendo, sin duda, con vuestros deseos, y haciéndose eco de ellos, tiene la honra de proponeros que la Compañía done a la Caja de Ahorros la cantidad de 20.000 pesetas para aumentar sus ingresos de este año, y contribuir a que sus comienzos sean indicio manifiesto de su futura prosperidad, solicitando al propio tiempo de vosotros, por lo tocante a las Cajas de auxilio, que le autoricéis para que, dentro del límite máximo de 30.000 pesetas, para todas ellas, entregue a cada una la cantidad que estime procedente, en relación al número de operarios que formen parte de dichas instituciones” (1899-00:12).

“El encarecimiento general de la vida, secuela fatal de la guerra, afectando principalmente y con verdadera gravedad a las clases humildes, solicitó vivamente el interés y la atención del Consejo, deseoso

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de procurar algún alivio al personal obrero de las Fábricas de tabacos, por el que, como por todo el de la Compañía, se preocupa constantemente” (1917:8).

“Como se ve, vamos realizando perseverantemente un plan que permita mejorar las elaboraciones; y todo ello sin prescindir del personal obrero existente, antes al contrario conservándolo e incluso mejorando su situación” (1949: s/n).

“La Compañía ha procurado mejorar en lo posible, no sólo las condiciones de trabajo en fábricas, talleres y oficinas sino asimismo la cuantía de las remuneraciones, cuidando escrupulosamente del cumplimiento de las disposiciones legales publicadas a este respecto, y realizando otras modificaciones favorables al personal” (1956: s/n).

“El establecimiento de un marco adecuado de relaciones laborales, como base necesaria para un desarrollo eficaz de la gestión empresarial, constituye, sin duda, uno de los objetivos prioritarios de la Compañía. En línea con este propósito, se ha intensificado, con resultados satisfactorios la política de información y participación de los representantes de los trabajadores en todos los temas relativos a la problemática social de Tabacalera, reforzándose así la labor de los Comités de Empresa y de las propias secciones sindicales. Todo ello ha permitido alcanzar un clima de mayor racionalidad y fluidez en las relaciones laborales, cuyos efectos se han dejado sentir de forma notoria en la evolución de la productividad global de la Compañía” (1984:62).

Nos parece significativo el hecho de que al final de la mayoría de las Memorias se dedique un párrafo a elogiar la labor realizada por los empleados en el desempeño de sus funciones.

La Compañía Arrendataria de Tabacos, desde los primeros años, se preocupa por mejorar las condiciones de seguridad e higiene en las Fábricas del Monopolio, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de sus empleados. Cumple íntegramente las escasas normas existentes en materia social, cuando la práctica generalizada de las empresas españolas era lo contrario, incluso se anticipa a lo establecido en la legislación, con acciones como: instalación de

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calefacción en las fábricas, “asilos de lactancia” para los hijos de las empleadas, “pagas de toca” para viudas y huérfanos, creación de los talleres de “faenas auxiliares”, para los operarios de más edad, electricidad en las fábricas, etc. Medidas muy apreciadas por los trabajadores, asegurando la lealtad de los mismos hacia la Compañía.

Los conflictos bélicos, tanto la Primera Guerra Mundial, como la Guerra Civil española, afectan a las actuaciones de la empresa gestora hacia sus empleados. La Primera Guerra Mundial positivamente, concediendo la CAT subidas de sueldos y subvenciones:

“El encarecimiento general de la vida, secuela fatal de la guerra, afectando principalmente y con verdadera gravedad a las clases humildes, solicitó vivamente el interés y la atención del Consejo, deseoso de procurar algún alivio al personal obrero de las Fábricas de tabacos, por el que, como por todo el de la Compañía, se preocupa constantemente” (1917:8).

Durante los años de la Guerra Civil española se produce una ruptura en la atención informativa prestada a este colectivo, por la situación política, social y económica que vive el país. La información es escasa y referida en exclusividad al personal de la CAT situada en la zona nacional, referida fundamentalmente a elogiar el trabajo realizado por este colectivo, con comentarios como el siguiente:

“También es de justicia hacer presente el celo y abnegación con que un escasísimo número de funcionarios, llenos de fervor y de entusiasmo, trabajaron en la zona liberada [...] asimismo expresar nuestra gratitud a los empleados y obreros que después de la total liberación de España han prodigado su trabajo para lograr una normalización de servicios que hubiera permitido incluso superar los de antaño si el ambiente hostil de un mundo en lucha no hubiera frustrado el intento” (1936-39:24-25).

La información relativa al personal es muy escasa en los primeros años de vida de Tabacalera, en especial en el periodo 1947-1955. Entendemos que la situación política, social y económica en la que se encuentra inmerso el país, la posguerra, va a influir en los objetivos estratégicos de la compañía.

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Desde mediados de los años cincuenta, las Memorias de Tabacalera dedican una gran amplitud a informar sobre actuaciones dirigidas al personal, como: mejora de las condiciones de trabajo en fábricas, talleres y oficinas, subida de sueldos, concesión de pagas extraordinarias voluntarias, creación de una Caja de Pensiones, formación del personal, becas de estudios para los hijos de los empleados, viajes colectivos, etc.; además de cumplir íntegramente las leyes existentes en materia social.

– Analizada la información que aparece en las Memorias contables de la Compañía Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S.A., (1887-1986), sobre actividades sociales y atención a los clientes, bajo el marco teórico que proporciona la Teoría Institucional, podemos destacar lo siguiente:

Escasez de información sobre actividades socio-culturales en las Memorias de la Compañía Arrendataria de Tabacos; entendemos que porque no son una práctica habitual en este periodo. Hay que tener en cuenta que el interés por este tipo de actuaciones, según la Teoría Institucional se inicia a mediados del siglo XX, y que nos encontramos a finales del siglo XIX, cuando la empresa se considera un sistema cerrado (Meyer y Rowan, 1977).

No obstante, aunque no son práctica habitual, la Arrendataria va implicándose en actividades de tipo socio-cultural, e informa cuando las realiza, como: presencia en acontecimientos industriales o culturales de relevancia, entrega de donativos, suscripciones para levantar monumentos en honor de personajes de relieve, etc. Actuaciones que podemos asociar al isomorfismo coactivo y mimético (DiMaggio y Powell, 1983): se realizan porque el Estado “invita” a las empresas a realizar este tipo de actividades y la CAT al gestionar un monopolio público se ve obligada a hacerlas; y porque otras empresas también las hacen:

“respondiendo a la especial invitación que dirigió el Sr. Presidente del Consejo de Ministros a la Compañía, [donativo a favor del Colegio de Huérfanos de la Guerra] a fin de que concurriese a la suscripción oficial encabezada por S.M. la Reina Regente” (1897-98:12).

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“al adoptar su acuerdo [el de entregar los donativos], acomodóse el Consejo a la conducta observada por otras sociedades análogas a la nuestra” (1897-98:12).

Durante los primeros años de Tabacalera, S.A., aparece escasa información sobre actuaciones socio-culturales en las Memorias de la compañía. Entendemos que no se producen este tipo de actividades tanto por la situación político-económica que vive el país como porque los intereses que prevalecen, tanto empresariales como del entorno, son fundamentalmente económicos y tecnológicos (Meyer y Rowan, 1977).

Es a partir de los setenta cuando en las Memorias aparece abundante información sobre actuaciones socio-culturales; porque la situación del país no es la de décadas anteriores, sino de desarrollo y crecimiento económico, y porque es a partir de estos años cuando los factores institucionales toman énfasis para las empresas y son incluidos en las estrategias organizacionales.

Desde los años setenta encontramos continuas referencias sobre “la preocupación de la compañía por la población española en su conjunto”, mejora de la calidad de los productos, actividades promocionales, actividades culturales, preocupación por el medioambiente, programa de ahorro energético, etc. Actuaciones que asociamos a los isomorfismos coactivo y normativo (DiMaggio y Powell, 1983): por la presión que ejerce la sociedad para realizar tales prácticas, y porque la empresa considera que está obligada a realizarlas.

Respecto a la atención a los clientes, desde el inicio, en las Memorias de la Compañía Arrendataria de Tabacos, encontramos continuas referencias al interés de la Arrendataria por atender las exigencias de sus clientes. Información sobre mejora de la calidad de los productos, nuevas labores, adquisición de maquinaria o nuevos servicios; con la finalidad de satisfacer los deseos de los consumidores.

El cuadro de labores se va a ver afectado por los conflictos bélicos, tanto nacionales como internacionales. La Primera Guerra mundial, afecta a la producción y venta de labores, limitando las clases de tabaco puestas a la

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venta. Sin embargo, a pesar de los problemas de producción, la Compañía intenta responder y atender sus clientes:

“solicitó atención preferente y fue y sigue siendo motivo de preocupación constante y de arduo trabajo, la necesidad de responder a la creciente demanda del consumo, sobre todo en cuanto a los cigarrillos, y de éstos los “Superiores”. Fue preciso forzar la capacidad productora en estas labores sin que padecieran las restantes, y para ello hubo de moverse dentro de los elementos disponibles en nuestro país, perturbados ciertamente por la guerra, ya que no era dado contar con los que, a causa de la misma, resultaban vedados fuera de él” (1918:7-8).

La Guerra Civil española va a reducir el cuadro de labores y aunque las fábricas aumentan al máximo la producción, ésta no es suficiente para atender la demanda. Son varios los comentarios que se hacen en la Memoria correspondiente al periodo 1936-39, sobre cómo afecta el conflicto bélico a la producción, cuadro de labores y consumo:

“La producción de labores en todo este periodo ha tenido que acompasarse a modalidades especiales, derivadas de múltiples factores, desde la situación de guerra hasta la escasez de papel de fumar en ocasiones, y desde la carencia de tabacos caperos hasta explicables desviaciones del consumo; todo ello sin contar con otras dificultades que han entorpecido el trabajo, y entre las cuales merece citarse la derivada de la falta de envases y empaques” (p. 16).

“El ritmo habitual de incremento en el consumo y las repercusiones obligadas de la guerra, así como el ansia de satisfacer en las zonas recién liberadas deseos largo tiempo reprimidos. Determinaron considerable elevación en dicho consumo, que llegó en septiembre de 1939 a cifra nunca igualada, siquiera circunstancias posteriores de anormalidad mundial y una acertada política de previsión obligaran a establecer medidas que, aun correspondiendo al ejercicio de 1940, no deben silenciarse desde ahora por el nuevo sesgo que imprimen a esta marcha ascensional” (p. 19).

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Terminada la Guerra, el consumo de tabaco es regulado por el Gobierno, fijando la cantidad que cada fumador puede adquirir. Racionamiento que se mantiene durante los años de gestión de la CAT.

Durante los primeros años de gestión de Tabacalera es escasa la información que en las Memorias se dedica a los clientes; debido a la situación política y económica en la que se encuentra inmerso el país y que afecta a la empresa: la dictadura y el régimen de racionamiento.

Desde comienzo de los años cincuenta empieza a ser más abundante la información dirigida a los clientes en las Memorias de Tabacalera. Información que va haciéndose más extensa con el paso de los años y dedicada a diferentes temas que son o pueden ser de interés para los consumidores, como: modernización de labores, nuevos productos, mejoras en la calidad, mecanización, modernización de las fábricas, mejoras en empaques, envases; labores menos perjudiciales para la salud: cigarrillos con filtro, suaves, mentolados, de bajo contenido en nicotina y alquitrán; estudios de mercado para conocer los hábitos, opiniones y actitudes de sus clientes, reales y potenciales; campañas publicitarias destinadas a moderar el consumo de tabaco, control de calidad, etc.

Encontramos en todo el periodo continuas referencias al interés de la Compañía por adecuar su oferta a los gustos de su clientela. Destacamos algunas referencias al respecto:

“lanzar pronto nuevas labores de cigarrillos, con filtro, dando así satisfacción a las nuevas tendencias del mercado” (1957: s/n).

“Continuamos intensificando en lo posible la producción de nuestras factorías […]. Con ese fin, y prosiguiendo el proceso de modernización iniciado en años anteriores, se han adquirido nuevos elementos de fabricación, entre los que son de destacar seis equipos de prehumectación y desvenado de tabaco, veinte máquinas liadoras, cinco anilladoras celofanadoras de cigarros, y otras diversas con destino a la fabricación de cigarrillos y, muy en especial, de los Ducados, con objeto de intensificar la producción de esta labor tan bien acogida por el público” (1964: 7).

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“La atención que exigen los nuevos mercados por efecto de los cambios de gustos de los consumidores obliga, por otra parte a vigilar las calidades y tipos de tabacos en competencia con las Compañías de todo el mundo que muchas veces concurren sobre los mismos tipos, contribuyendo a incrementar el grado de competencia.

El mercado de rama está parcialmente condicionado por el crecimiento sostenido de la demanda de cigarrillos con liga tipo americano, por el desarrollo espectacular de las ventas de cigarrillos con filtro y la necesidad de preparar ligas cada vez más suaves (con bajo contenido de nicotina y alquitrán) de acuerdo con el gusto de los jóvenes fumadores de ambos sexos, y por la elevación general del nivel de vida que permite la adquisición de cigarrillos más caros” (1972:50).

“con este nuevo producto [Nobel], que cubre una necesidad objetiva para un sector creciente de la población fumadora, Tabacalera revela su sensibilidad ante las circunstancias cambiantes del mercado, al tiempo que pone nuevamente a prueba su capacidad industrial en un sector de la oferta caracterizado por los más elevados estándares tecnológicos” (1981:44).

“El mercado español de tabaco elaborado es un mercado maduro en el que se comercializa una gama extraordinariamente variada de productos que en los dos últimos años se ha visto además cualitativamente incrementado tras nuestra incorporación a la Comunidad Económica Europea.

Sin embargo, Tabacalera ha mantenido la política de reforzar su posicionamiento competitivo en el mercado interior mediante el lanzamiento de nuevos productos, en un esfuerzo constante por adaptarse a las necesidades objetivas de los consumidores” (1987:36).

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